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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 381, de 18/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 381
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles, 18 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor subsecretario de Sanidad y Consumo (Castellón
Leal), para informar sobre:
--La alarma producida por el anuncio de venta fraudulenta de carne
británica embargada a causa de la enfermedad de las «vacas locas», así
como las medidas de control sanitario y de calidad adoptadas en nuestro
país para garantizar la salud y confianza de nuestros consumidores. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente
213/000323) <11222)
--Medidas adoptadas para proceder a la identificación de todos y cada uno
de los pacientes que han podido recibir el medicamento Amerscan Pulmonate
II, en cuya fabricación pudieran haber sido utilizados los lotes
identificados por la Agencia Británica del Medicamento por su
contaminación con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
213/000517) <11222)
Comparecencia del señor ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría)
para informar sobre:
--La lista de medicamentos excluidos de la financiación por el Sistema
Nacional de Salud. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número
de expediente 213/000548) <11239)
--Las denominadas «listas negativas» de medicamentos, como resultado de
la ampliación del decreto de financiación selectivo de medicamentos. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de
expediente 212/001219) <11239)
--Criterios con los que se ha elaborado la relación de medicamentos
excluidos de la financiación pública. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 213/000553) <11239)
--Razones por las que la reciente decisión gubernamental de excluir de la
financiación pública más de mil medicamentos merece la clasificación de
«supermedicamentazo», para distinguirlo, por sus notables diferencias, de
medidas de anteriores gobiernos, e informar asimismo de los efectos que
dicha decisión va a tener sobre la salud y la economía de millones de
ciudadanos de nuestro país, especialmente los de rentas más bajas. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 213/000558)
<11239)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión de
la Comisión.
En primer lugar, por acuerdo de los portavoces de la Comisión, queremos
que conste en acta nuestra condolencia por el fallecimiento de don
Fernando Abril Martorell, un hombre conocido de todos, que ha colaborado
tanto y tan intensamente durante muchos años en pro de la sanidad, desde
el famoso informe Abril y también con su última comparecencia en esta
casa, hace menos de un año, con motivo de las reuniones de la subcomisión
para la reforma de la sanidad. Si es así el sentir de los portavoces,
quiero que conste en acta la condolencia de todos los miembros de la
Comisión. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.) Muchas gracias.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (CASTELLON
LEAL), PARA INFORMAR SOBRE:
--LA ALARMA PRODUCIDA POR EL ANUNCIO DE VENTA FRAUDULENTA DE CARNE
BRITANICA EMBARGADA A CAUSA DE LA ENFERMEDAD DE LAS «VACAS LOCAS», ASI
COMO LAS MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO Y DE CALIDAD ADOPTADAS EN NUESTRO
PAIS PARA GARANTIZAR LA SALUD Y CONFIANZA DE NUESTROS CONSUMIDORES. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
213/000323).
--MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROCEDER A LA IDENTIFICACION DE TODOS Y CADA UNO
DE LOS PACIENTES QUE HAN PODIDO RECIBIR EL MEDICAMENTO AMERSCAN PULMONATE
II, EN CUYA FABRICACION PUDIERAN HABER SIDO UTILIZADOS LOS LOTES
IDENTIFICADOS POR LA AGENCIA BRITANICA DEL MEDICAMENTO POR SU
CONTAMINACION CON LA ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
213/000517).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a dar la bienvenida a don Enrique Castellón,
subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, que comparece a
petición del Grupo Socialista del Congreso y del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Por acuerdo de la Mesa y portavoces, las dos
comparecencias pedidas por los grupos se subsumen en una. También quiero
comunicar a los miembros de la Comisión que se pospone para una reunión
posterior otra comparecencia, del subsecretario de Sanidad y Consumo, a
petición de Izquierda Unida. De acuerdo con su portavoz, se pospone para
una próxima reunión.
La comparecencia del Gobierno ante la Comisión de Sanidad y Consumo, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista, es para informar acerca de
la alarma producida por el anuncio de venta fraudulenta de carne
británica embargada a causa de la enfermedad de las vacas locas, así como
las medidas de control sanitario y de calidad adoptadas en nuestro país
para garantizar la salud y confianza de nuestros consumidores.
La del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es para dar cuenta
de las medidas adoptadas para proceder
a la identificación de todos y cada uno de los pacientes que han podido
recibir el medicamento Amerscan Pulmonate II, en cuya fabricación
pudieran haber sido utilizados los lotes identificados por la Agencia
Británica del Medicamento por su contaminación con la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob.
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Señor
presidente, señorías, es un motivo de satisfacción comparecer nuevamente
ante esta Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados
para informar a SS. SS. acerca de las noticias que aparecieron el pasado
mes de julio en diferentes medios de comunicación sobre la posible
importación de carne de vacuno procedente de otros países de la Unión
Europea, que podría estar afectada por la enfermedad denominada
encefalopatía espongiforme y sobre lo que, a mi juicio y espero que
también al de SS. SS., ha sido la rápida, rotunda y coordinada respuesta
que, ante este suceso, se ha dado por parte de las autoridades sanitarias
de nuestro país, tanto centrales como autonómicas.
Para aproximar a SS. SS. a lo que fueron estos hechos y a las acciones
que se desarrollaron a partir de los mismos, voy a efectuar a
continuación una descripción cronológica breve de los principales
acontecimientos y de las medidas que, en su caso, se tomaron por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y por las administraciones sanitarias de
las comunidades autónomas.
Como SS. SS. conocen, el día 2 de julio tuvimos conocimiento de la
declaración a la prensa, realizada por la comisaria europea señora
Bonino, sobre la sospecha de que carne de vacuno, de procedencia inglesa,
a través de una empresa de Bélgica, hubiera podido romper el embargo
fijado por la decisión de la Comisión 96/239, de 27 de marzo de 1996, que
fue modificada, como saben, por la decisión de la Comisión 96/362, de 11
de junio, y haberse destinado a países terceros y a algunos Estados
miembros entre los que se citaba a España.
Nada más recibir esta noticia, la Dirección General de Salud Pública, del
Ministerio de Sanidad y Consumo, notificó a todas las comunidades
autónomas, a través del sistema coordinado de intercambio rápido de
información, también conocido como red de alerta, así como a los
coordinadores de los servicios periféricos y jefes de los servicios de
sanidad exterior que, hasta no disponer de datos más concretos, se
procediera a la inmovilización cautelar de cualquier partida de carne de
vacuno que se localizara en el ámbito territorial de cada comunidad
autónoma, procedente de cualquier establecimiento de Bélgica o con la
marca sanitaria de dicho país. Ese mismo día 2 de julio, y ante nuevos
indicios, se extendió esta acción a las carnes procedentes de los Países
Bajos. Por tanto, en el mismo momento en que tuvimos noticia de la
supuesta importación ilegal de carne de vacuno inglesa, se puso en marcha
el mecanismo preciso para proceder a la intervención de todas las
partidas sospechosas de carne que pudieran encontrarse en territorio
español.
El día siguiente, es decir el 3 de julio, en el Comité Veterinario
permanente de la Unión, que se celebró en Bruselas, la delegación
española solicitó información a la Comisión sobre este asunto,
exigiéndola en el plazo más breve posible, dada la alarma que se había
generado en la población y el extraño procedimiento seguido por la
Comisión al informar antes a la prensa que a los Estados miembros.
Debo decir a SS. SS. que, en dicha reunión, las explicaciones dadas por
la Comisión fueron escasas e inconcretas. Quizá, como hecho relevante,
habría que señalar únicamente que los Países Bajos informaron oralmente
de que el día 23 de abril sospecharon de un envío que, procedente de
Egipto, iba con destino a Rusia. Se inspeccionó la carga de carne, con
sellos belgas, y se detectaron sellos ingleses, en concreto del
establecimiento británico número 5.058, por lo que se procedió a la
inmovilización de 142 toneladas de carne de vacuno. Esto fue notificado a
la Unidad comunitaria de Lucha contra el Fraude y a las autoridades
veterinarias belgas y británicas. Se trataba de carne congelada en
trozos, con marcas y certificados belgas de los establecimientos números
101 y 829.
La representación de los Países Bajos señaló igualmente que las
investigaciones judiciales seguirían su curso y que continuarían
informando a la Comisión y a los Estados miembros a medida que se
dispusiera de más datos. De la misma manera, en el Comité Veterinario
permanente se entregó un resumen de las conclusiones de una visita de
inspección al Reino Unido, realizada con fecha 30 de junio de 1997 por la
Comisión Europea, en el que se ponen de manifiesto deficiencias de los
controles que se realizan en el Reino Unido en relación con la carne de
vacuno. Desde este mismo día 3 de julio, insisto, es decir al día
siguiente de conocerse oficiosamente los hechos, las autoridades del
Ministerio de Sanidad y Consumo iniciaron un estrecho contacto con la
Embajada de Bélgica en España solicitando información sobre el estado de
las instalaciones y los controles que se realizan en determinados
establecimientos belgas, en concreto en lo concerniente a
establecimientos de los que he hecho mención hace un momento y de los que
se había localizado carne en España. Estos contactos se han mantenido e
intensificado durante todo el tiempo que ha durado el incidente.
También el mismo día 3 de julio, tanto desde nuestra representación
diplomática como desde los servicios de la Comisión, se nos informó de
que la supuesta implicación española en la importación irregular de carne
de vacuno inglesa se había efectuado a través de una empresa llamada
Guinaco, pudiéndose comprobar que, en realidad, se trata de una empresa
de Guinea Ecuatorial sin filiales en España, lo que nos lleva a concluir
que no ha habido ninguna empresa española implicada en este proceso.
Estos extremos se confirman en el informe que la comisaria Bonino
presentó al Parlamento Europeo en fecha 14 de julio.
Siguiendo la secuencia de los hechos, el Ministerio de la Salud Pública y
Medio Ambiente de Bélgica aportó el día 4 de julio una comunicación
escrita en la que se nos daban garantías sobre cuatro empresas belgas que
habían puesto en marcha un sistema de control integral de su producción
que permite establecer la trazabilidad de los animales
y controlar así el origen de los terneros sacrificados para carne.
Asimismo, se reseña que las empresas F-101 y F-829 están implicadas en un
procedimiento de infracción, que son precisamente sobre las que había
informado la delegación de los Países Bajos en la reunión del Comité
Veterinario permanente, al que he hecho mención hace un momento. Esta
información fue ratificada y ampliada el día 7 de julio. Las empresas
F-101 y F-829 corresponden a Travex-Gel y a Gaston Lefebvre.
A partir del día 4 de julio, se reciben en el Ministerio de Sanidad las
notificaciones de las inmovilizaciones llevadas a cabo por las
comunidades autónomas en sus ámbitos territoriales, solicitándose a
continuación, a través de la Embajada de Bélgica, la información
correspondiente a cada empresa notificada. Una vez recibidas las
garantías oportunas y previa comprobación de toda la documentación de
acompañamiento de las mercancías y de las marcas sanitarias de todas las
carnes, se procedió a ordenar la liberación de las carnes intervenidas en
las que se había comprobado su idoneidad. Así, en primer lugar, se
liberaron las carnes de procedencia holandesa y las procedentes de los
establecimientos belgas con sistema integral de producción, quedando
intervenidas sólo las procedentes del establecimiento belga F-101 que ya
he mencionado con anterioridad. Por otra parte, del establecimiento belga
F-829 no se detectó ninguna cantidad de carne en España. Estas partidas
intervenidas de carne alcanzan una cantidad total de 8.650,3 kilos y
fueron localizadas en las comunidades de Andalucía, Baleares, Cataluña y
Murcia.
Ante la falta de conformidad de las autoridades belgas para proceder a la
reexpedición de esta mercancía al establecimiento de origen, que como ya
he señalado estaba intervenido por las propias autoridades belgas, se
solicitó una inspección de la Comunidad Europea. Esta inspección se
efectuó en los primeros días del mes de septiembre y no encontró ninguna
evidencia sobre el origen británico de esta carne intervenida, es decir,
estas 8,5 toneladas, tal y como se señalaba desde la Comisión al
Parlamento Europeo en un informe del pasado 15 de septiembre de 1997.
Finalmente, el importador ha optado por destruir esta partida de carne
intervenida, lo que ha tenido lugar hace escasas semanas.
Señorías, ésta ha sido, en resumen, la situación y las acciones
realizadas, que han permitido poner de manifiesto, además, que la carne
que llegó de Bélgica no coincidía con la implicada en la exportación
fraudulenta desde el Reino Unido y que, por tanto, esa carne no entró en
España.
Como señalaba al principio de mi intervención, la respuesta dada por
nuestro sistema sanitario ha sido rápida, eficaz y contundente, lo que
pone en evidencia la idoneidad y adecuación de la red de alerta de que
nos hemos dotado y el alto nivel de coordinación existente entre las
diferentes administraciones competentes.
Igualmente, debo señalarles que desde marzo del año pasado, y en concreto
a raíz de que la Comisión adoptara la decisión de prohibir la importación
de productos cárnicos de vacuno del Reino Unido, desde la Administración
española se impartieron instrucciones específicas a las comunidades
autónomas y a los puestos de inspección fronteriza, a fin de que se
incrementaran los controles sobre los productos cárnicos procedentes u
originarios del Reino Unido. Las medidas de control establecidas se
basan, primero, en el refuerzo de los controles del mercado interior a
través de las comunidades autónomas y en concreto de sus servicios de
inspección; y, segundo, el control de fronteras a través de los servicios
de sanidad exterior para impedir que entre carne británica, bien
directamente o bien a través de terceros países. De manera que, en
definitiva, señorías, con estas medidas creemos que los controles están
perfectamente establecidos y esto es cuanto puedo informarles sobre este
asunto.
A continuación, paso a informarles sobre la segunda comparecencia que se
ha planteado en relación con la identificación de los pacientes que hayan
podido recibir el medicamento Amerscan Pulmonate II, en cuya fabricación
pudieran haber sido utilizados lotes identificados por la Agencia
Británica del Medicamento por su contaminación con la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob.
El Amerscan Pulmonate es un radiofármaco utilizado en el diagnóstico de
patologías pulmonares, fundamentalmente el embolismo pulmonar. Está
compuesto por macroagregados de albúmina obtenidos de plasma sanguíneo.
El radionucleido usado para esta preparación es en concreto el tecnecio.
La albúmina humana Zenalb 20 constituye el principio activo del
radiofármaco Amerscan Pulmonate y está producida por el Laboratorio de
Productos Biológicos del Reino Unido a partir de donaciones sanguíneas de
distintos centros regionales del Servicio Nacional de Transfusión de
Sangre de Inglaterra y Gales. Estos bancos están sometidos al control
sobre normas de calidad que determina la Unión Europea. Como producto
radiofarmacéutico, el Amerscan Pulmonate II está sometido a los controles
de seguridad, eficacia y calidad que la legislación demanda en estos
productos, incluidos en el Real Decreto 479/1993, de 2 de abril, por el
que se regulan los medicamentos radiofármacos de uso humano.
Por otra parte, las encefalopatías espongiformes transmisibles son un
grupo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central poco
frecuentes, progresivas y letales en su evolución, caracterizadas por un
período de incubación largo, que afectan a los hombres y a los animales y
causadas por un agente transmisible. En el hombre se incluye
fundamentalmente el Kuru y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica, en
su forma yatrogénica y esporádica. La nueva variante de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, que está ligada a la encefalitis espongiforme bovina,
difiere de la clásica tanto en los aspectos preclínicos de la
configuración de la proteína como en los clínicos, progresión de la
enfermedad y propio perfil clínico del paciente.
El 20 de marzo de 1996 se describen diez casos en pacientes jóvenes de
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ocurrido en el Reino Unido, con
características clínicas y patológicas que difieren de los casos de
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica. El primer caso de esta nueva
variante, previamente no reconocida, ocurrió en febrero de 1994 y se
concluyó que esta nueva enfermedad estaba probablemente asociada con la
exposición del agente de la encefalopatía
espongiforme bovina y con un período de incubación probable de entre
cinco y diez años.
Hasta noviembre de 1997 se han diagnosticado 22 casos, todos del Reino
Unido, excepto uno de Francia. Estos casos presentan un nuevo perfil
clinicopatológico, afectan casi exclusivamente a personas jóvenes, con
una medida de edad de 29 años, prolongada duración de la enfermedad
--hasta 23 meses--, ausencia de un patrón específico
electroencefalográfico y características morfológicas particulares con
presencia abundante y difusa de placas amiloideas y degeneración
espongiforme cerebral.
Como SS. SS. soben, el 18 de noviembre de 1997 se recibió una alerta de
calidad procedente del Reino Unido, en la que se informaba de la retirada
del mercado británico de los lotes 548, 554 y 556 de Amerscan Pulmonate
II, agente pulmonar con tecnetio, por confirmarse que un paciente donante
de sangre había sido diagnosticado con posterioridad de nuevas variantes
de Creutzfeldt-Jakob. Los lotes afectados fueron distribuidos entre el
mes de junio y el mes de noviembre en 13 países de la Unión europea y 34
del resto del mundo.
La Subdirección General de Control Farmacéutico, de la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios del departamento, confirmó la
presencia de dos de estos lotes, el 458 y 554, en el mercado español y el
mismo día 18 de noviembre se procedió a la inmovilización del producto.
En concreto, el producto se había distribuido entre distintos centros
sanitarios de la comunidad autónoma de Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Galicia, Madrid y País Vasco. Se habían suministrado 200 envases, de los
que fueron retirados 42. En total, 757 viales procedentes de los lotes
afectados fueron utilizados en pruebas diagnósticas, aproximadamente un
vial por paciente. Quiero resaltar que la inmovilización de este producto
respondió fundamentalmente a una medida precautoria, ya que la
información clínica disponible sobre los mecanismos de transmisión de la
nueva variante de Creutzfeldt-Jakob es en el momento actual escasa. De
hecho, en la actualidad no existen datos epidemiológicos sobre la
transmisión de la enfermedad a través de los productos medicinales
derivados del plasma humano, como es el caso del producto que nos ocupa.
En resumen, las medidas que se tomaron fueron las siguientes. Primera,
retirada inmediata del mercado de los lotes afectados. Segunda,
comunicación a las direcciones de centros y hospitales, a través de las
consejerías de salud de las comunidades autónomas e Insalud donde el
fármaco había sido distribuido, para que los médicos que habían
solicitado para sus pacientes esta prueba diagnóstica les informaran de
acuerdo con su juicio clínico y en un entorno de relación
médico-paciente. Tercera, visita de inspección a la empresa para
precintar los viales no usados, emitir el certificado para la exportación
del producto a la casa central europea para su destrucción y levantar el
acta correspondiente. Cuarta, publicación de la Circular 1/1998, de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, orientada a la
reducción del riesgo de utilización de sangre o plasma procedente de
donantes en período de incubación de la nueva variante de la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob en los medicamentos que utilicen durante el proceso
de fabricación o que contengan derivados de la sangre o plasma humano
como principio activo o excipiente.
En le momento actual, el Ministerio de Sanidad y Consumo está efectuando
un cuidadoso seguimiento de este tema, y en especial de la posible
relación e implicaciones que pudieran tener los hemoderivados y la nueva
variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Igualmente, este tema
está siendo debatido a nivel del Comité de Especialidades Farmacéuticas y
podrían ser propuestas medidas adicionales en su próxima reunión del
presente mes, en base a las recomendaciones elaboradas por el grupo de
expertos que se reunió en la Agencia Europea del Medicamento los días 15
y 16 de enero y que en resumen son las siguientes. Primero, no existen
nuevos datos que hagan sugerir que la evaluación del riesgo haya cambiado
en relación con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica. Segundo, la
nueva variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermad
emergente que presenta diferencias respecto a la enfermedad clásica; en
consecuencia están justificadas las medidas meramente precautorias de
retirada de los medicamentos que utilicen durante el proceso de
fabricación o contengan derivados de la sangre o plasma humano, como
principio activo o excipiente de donantes que con posterioridad a la
donación desarrollen la nueva variante de la enfermedad. Tercero, el
conocimiento que en el momento actual se tiene de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob y de los agentes causantes de encefalitis espongiformes
transmisibles es escaso; se precisan más estudios, tanto experimentales
como epidemiológicos, que permitan avanzar en las incógnitas que esta
enfermedad plantea en la actualidad.
En consecuencia, la medida adoptada por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, promulgando la Circular 1/1998, dirigida a reducir el riesgo
derivado de la utilización de sangre o plasma procedentes de donantes en
período de incubación de esta enfermedad en los medicamentos que utilicen
durante el proceso de fabricación o que contengan derivados de la sangre
o plasma humano, es plenamente coincidente con las recomendaciones del
grupo de expertos reunido en la Agencia Europea del Medicamento.
Para finalizar, quiero señalar a SS. SS. que a nivel de la comunidad
científica no existe un criterio uniforme sobre la información a los
pacientes a los que se ha administrado este tipo de productos, una vez
que se han retirado los lotes del mercado. Así, los comités éticos del
Reino Unido y de Francia han recomendado no informar a los pacientes, en
base a que no existe test diagnóstico ni tratamiento curativo y
considerando el escaso riesgo que supone --en estos momentos de
conocimiento científico-- adquirir la enfermedad por esta vía de
transmisión. Por el contrario, en países, como Irlanda o Suecia, han
optado por informar a los pacientes.
Como les he señalado el criterio del departamento ha sido trasladar la
decisión a las autoridades de las comunidades autónomas afectadas y, en
especial, a los centros sanitarios donde existen comités de ética
asistencial --prácticamente en todos-- para que en estos lugares,
considerando
todas las circunstancias que concurren en cada caso, se adopte la
decisión más oportuna.
Esto es cuanto puedo informarles sobre las medidas adoptadas en relación
con el medicamento Amerscan Pulmonate II y, concretamente, en lo que
respecta a los pacientes que se les ha suministrado este producto
diagnóstico.
Nada más, y muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señor subsecretario, señor presidente, van a
permitirme que en mi intervención no me ciña a lo que fue la razón
inicial que llevó a mi grupo a solicitar esta comparecencia, una
comparecencia que fue solicitada en julio de 1997, han transcurrido ocho
meses y el transcurso del tiempo y los incidentes producidos a partir de
esas fechas hacen que el tema esté totalmente superado, por lo que mi
intervención va a ir más allá del tema concreto.
Cualquiera de nosotros, a botepronto, recordamos las repetidas
informaciones periodísticas que sobre este tema se han producido desde la
fecha en que el Grupo Parlamentario Socialista presentó la solicitud de
comparecencia. ¿Cuál ha sido a juicio de mi grupo la actuación del
Ministerio de Sanidad y Consumo a lo largo de este tiempo? ¿Cuál ha sido
la actitud del Ministerio de Sanidad y Consumo? Señor subsecretario,
tengo que decirle que el mutismo y la dejadez. Me va a permitir que lea
unas palabras del señor presidente del Gobierno, del señor Aznar, en
respuesta a una pregunta formulada por mi compañero Joaquín Almunia en
sesión plenaria. El señor Aznar decía: se trata de un problema de salud
pública de los consumidores y, por tanto, es necesario lograr que los
consumidores alcancen nuevamente una confianza y, a la vez, tranquilizar
los mercados. Esta era la respuesta que el señor Aznar daba a la pregunta
a que me he referido. Sin embargo, la acción gubernativa del Ministerio
de Sanidad ha enfocado este tema desde una perspectiva de sanidad animal;
ha sido una delegación de las actuaciones obligatorias y necesarias del
Ministerio de Sanidad, prácticamente en exclusiva en el Ministerio de
Agricultura. Como me he preocupado de conocer los antecedentes
parlamentarios que en esta Cámara se han producido sobre este respecto,
muestro al señor subsecretario la información que los servicios de la
Cámara me han aportado, información que he tenido la preocupación de
leerme. Se trata de preguntas que giran en torno a medidas que, desde el
ámbito gubernativo, se han adoptado sobre esta materia, y he de decirle,
señor subsecretario, que todas ellas se refieren a actuaciones
emprendidas desde el ámbito del Ministerio de Agricultura, salvo la
citación expresa que se hace de una resolución, de 4 de julio y otra de 9
de octubre de 1996, de la Dirección general de Salud Pública, dependiente
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por las que se adoptan medidas
urgentes de supresión cautelar de determinados productos de animales
bovinos, ovinos y caprinos procedentes de Francia, Irlanda, Portugal y
Suiza. No se le escapa al subsecretario ni a ninguno de los presentes en
esta Comisión que el enfoque de un tema de esta naturaleza es muy
distinto si se formula desde el Ministerio de Agricultura a si se hace
desde el Ministerio de Sanidad o de una forma coordinada entre ambos
ministerios, que es posiblemente la fórmula de desarrollarlo. No podemos
olvidar que uno de los objetivos importantes que mueve al Ministerio de
Agricultura es hacer frente a la crisis de mercado que este problema
origina, como la que sufrió el sector ganadero español desde el momento
en que este problema apareció ante la opinión pública; parece una
actuación loable, pero, partiendo de la consideración de que éste es un
problema de salud humana, no es compatible con ese objetivo.
Permítame que le cite otro dato que, a mi juicio, es un claro indicador
de la dimensión de este problema. En España el consumo nacional de carne
ha caído en un 40 por ciento desde que surgió el problema de la
enfermedad espongiforme bovina, y éste es un claro indicador de la
incertidumbre, del desconcierto y de la desconfianza que los consumidores
españoles tienen con relación al consumo de carne de vacuno y la
constatación de que los hábitos de consumo de carne en España se han
modificado por que los consumidores han buscado alimentos alternativos.
Le cito esto porque es un claro indicador de la falta de información a
que ha estado sometido el consumidor; información al consumidor que es
competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo, y cualquier intento de
tranquilizar al consumidor por parte de ámbitos del Ministerio de
Agricultura será infructuoso porque ésta es una competencia de su
Ministerio y porque es la autoridad sanitaria la única creíble, por ser
la responsable de la salud, de su prevención y protección.
El señor subsecretario ha sido muy explícito en el relatorio de las
actuaciones que por parte del Ministerio de Sanidad se abordaron en su
momento con relación a la entrada en el mercado español de carne
procedente de terceros países. Lo único que le ha faltado ha sido
citarnos las matrículas de los camiones y el nombre de los conductores
que hacían este transporte de carne, pero no ha entrado en el fondo de la
cuestión, que es un tema de salud pública y de tranquilizar a los
consumidores españoles.
Con relación al fármaco Amerscan Pulmonate II, he de decir que mi grupo
parlamentario encuentra de nuevo una elevada inoperancia en el Ministerio
de Sanidad. Primer elemento de inoperancia, señor subsecretario, el
utilizar como interlocutor, como comunicador hacia la sociedad
preocupada, hacia los ciudadanos que, como usted sabe perfectamente, son
altamente sensibles en todos los temas que afectan a su salud, al
subdirector general de Ordenación Farmacéutica. Ese no es el ámbito que
tiene que asumir la responsabilidad de informar hacia el exterior, lo
sabe perfectamente; un subsecretario tiene un carácter funcionarial
técnico, y ésta es una responsabilidad política que necesita una
respuesta y un compromiso político.
Para la orden de retirada del fármaco por parte del Ministerio, como
decía antes, quien da cuenta es el correspondiente subdirector general,
trasladando a la opinión pública que este tipo de material ha sido
utilizado en 26 hospitales de once comunidades autónomas, y en su momento
ni tan siquiera fueron especificadas cuáles eran las afectadas; sí se
hablaba ya entonces de un número aproximado de 847 personas afectadas, lo
que no le parece a mi grupo parlamentario la forma adecuada de proceder
en una materia tan sensible como ésta. En noviembre, la propia casa
comercial que suministra este fármaco cursó aviso del posible problema, y
al día de hoy, febrero, los posibles afectados sólo tienen la
incertidumbre. Hasta el 23 de enero el Ministerio de Sanidad no había
dicho ni una palabra al respecto.
Usted ha citado que por parte del Ministerio se traslada la
responsabilidad de dar respuesta a los pacientes y de tomar decisiones a
comunidades autónomas e incluso a centros hospitalarios concretos. Le voy
a mostrar, como reflejo de esa ineficacia y de ese descontrol, unas
noticias aparecidas en la prensa gallega que, como ha citado muy bien el
señor subsecretario, es una de las comunidades autónomas donde se ha
utilizado este fármaco, información aparecida con fecha 17 de febrero de
1998.
La noticia se produce una vez que el señor conselleiro de Sanidad
comparecía ante el Parlamento autonómico para informar del presupuesto de
su departamento, ocasión en que todas las fuerzas políticas y los medios
periodísticos esperaban que el señor conselleiro aprovechara para
informar sobre este problema que afecta a pacientes y a usuarios de la
sanidad gallega. La sorpresa para grupos parlamentarios y para medios
periodísticos fue que el conselleiro de Sanidad se limitó a decir que en
este tema estaban comprobando los datos y no iban a dar información
alguna.
Intentando profundizar en esta información, los distintos medios de
comunicación se dirigen directamente a la Consellería de Sanidad, y la
respuesta que se les da --y voy a hacer una traducción del gallego al
castellano-- es: de eso no se habla por ahora. Unica explicación sobre el
fármaco infectado. Estas fueron las explicaciones que dieron ayer fuentes
de la Consellería ante la aparición de varias personas sometidas a una
gammagrafía pulmonar con un fármaco que podría estar infectado por el mal
de las vacas locas. La única persona que explicó lo sucedido fue el
director gerente del centro oncológico regional, eso sí, diciendo muy
específicamente que el intelocutor debe de ser Sanidad. Es decir, que le
llega de refilón porque Sanidad no es capaz de dar la cara.
Señor subsecretario, éstas son informaciones concretas sobre qué tipo de
actuación está manteniendo una administración sanitaria territorial. Pero
en la prensa gallega han aparecido también las sensaciones y los
sentimientos que reflejan en este caso concreto dos pacientes a los que
se les ha notificado ya que han sido tratados con este fármaco, y lo que
reflejan clarísimamente es una situación de incertidumbre, de inseguridad
inhumana. Además, buscando darles tranquilidad, un determinado
profesional les dice como consuelo: no se preocupen que como hay muchas
más personas. Esta es la situación, señor subsecretario, y esta situación
tiene que abordarse desde el ámbito del Ministerio de Sanidad. No puede
estar cada una de las comunidades autónomas actuando con un criterio y
una estrategia distintos y mientras tanto los ciudadanos estar con la
inseguridad de si tienen o no algún tipo de posibilidad de contagio,
independientemente de las incertidumbres científicas que en estos
momentos puedan existir al respecto. Esas incertidumbres científicas
tienen que ser también trasladadas al ciudadano, tiene derecho a
conocerlas, a saber hasta qué grado tiene riesgos su salud.
Señor subsecretario, mi grupo parlamentario le traslada no una
recomendación sino una exigencia, y yo en concreto se lo traslado como
diputada, como consumidora y como usuaria de la sanidad pública, ya que
no quiero encontrarme en una situación similar y tener el mismo tipo de
respuesta por parte de la Administración sanitaria que están teniendo
estos ciudadanos. En materia de control y tranquilidad hacia los
consumidores en el grado de riesgo o no que existe a la hora de consumir
carne de vacuno, tiene que ser la autoridad sanitaria la que dé la
respuesta, la que dé la cara, la que tranquilice a los consumidores y les
informe objetivamente.
Con relación a la utilización de este fármaco, sean ustedes diligentes y
asuman las responsabilidades correspondientes. No va a ser mi grupo
parlamentario el que siembre alarma, porque no cabe duda que éste ha sido
un accidente, pero también en estas circunstancias está forzada la
Administración sanitaria a actuar con transparencia y con coherencia,
señor subsecretario, porque con la decisión que ustedes han adoptado de
trasladar a las distintas comunidades autónomas, e incluso a los propios
centros...
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo.
La señora NOVOA CARCACIA: Sí, señor presidente.
Con esa decisión, decía, de trasladar la libertad de cómo actuar con cada
uno de los pacientes, lo único que están haciendo es crear el
desconcierto y la inseguridad, señor subsecretario, y se lo repito: se lo
formulo como diputada, como ciudadana usuaria del sistema sanitario
público y como consumidora.
El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Con mucho
gusto voy a contestar a las cuestiones que ha planteado la señora
diputada.
En relación con la primera pregunta, parece ser que acusa al Ministerio
de Sanidad de que no hemos asumido el protagonismo en un tema que es
sanitario, y yo estoy de acuerdo, en beneficio de consideraciones que
implícitamente ha dejado caer como comerciales por parte del departamento
de Agricultura.
Lo primero que tengo que decirles es que cada departamento en este país
tiene sus competencias y cada uno asumimos las que nos corresponden.
Estamos obligados a ello, y de hecho nos coordinamos, porque
evidentemente los criterios que aquí dominan --y eso también se reconoce
por parte del departamento de Agricultura-- son los sanitarios. Ahora
bien, lo que es cierto es que si en este asunto, en el cual se ha
trabajado con rapidez y se ha informado permanentemente y de forma muy
rigurosa a la
opinión pública, la acusación es que no deberíamos haber informado tan
rápidamente sino que deberíamos seguir haciéndolo sin ningún tipo de
freno, incluso después de que el problema se haya solucionado, lo que
está usted pidiendo es que no seamos eficaces, porque ciertamente si el
asunto se resolvió doce días después de las declaraciones de la señora
Bonino, todo estaba resuelto y se informó perfectamente a las instancias
a las que había que hacerlo. Es más, las notas de prensa en relación con
este asunto se emitieron desde el Ministerio de Sanidad y Consumo. Por
tanto, no cabe decir que el Ministerio no afrontó su responsabilidad en
este problema.
Ha hecho algunas precisiones acerca de que hemos dado quizá demasiados
detalles. Le puedo dar todavía más. Yo creo que es una muestra de
confianza que podemos generar en la opinión pública el hecho de que se
sepa que conocemos con precisión hasta los menores detalles de este
incidente. Ahora, si usted piensa que es mejor que nos limitemos a lo
grueso y que obviemos lo pequeño, entonces es evidente que a lo mejor
podemos dejarnos cosas en el tintero. Como eso no es así, yo creo que el
Ministerio ha hecho gala de que sabe todo sobre este tema y ha informado
todo sobre él.
Las medidas unilaterales que se han llevado a cabo frente a Francia,
Irlanda y Portugal se han tomado todas
--como dijo que no estábamos haciendo mucho-- desde el Ministerio de
Sanidad, aparte de la coordinación necesaria con el Ministerio de
Agricultura.
El director general de Salud Pública compareció tres veces ante el
Consejo de Consumidores y Usuarios para darles información, en una
reunión que con carácter periódico tenemos con dicho Consejo. Se felicitó
al Ministerio en este caso concreto por la información que se había
suministrado, y eso se puede ver en las actas de la última reunión que
tuvimos con el Consejo de Consumidores y Usuarios. Insisto, si se molesta
en preguntarles no tendrá duda alguna de que los consumidores están
satisfechos
--se puede comprobar-- con la información que se les ha suministrado
desde el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Ha citado una cifra que no corresponde al fondo de su pregunta, respecto
al descenso de un 40 por ciento en el consumo de carne. Esa cifra es
falsa y podemos demostrarlo.
Con esto le contesto a la pregunta en relación con el problema de la
carne fraudulenta supuestamente importada desde el Reino Unido.
En relación con los radiofármacos, creo que en toda su pregunta se mueve
una cierta inconsistencia; es un tema delicado y hemos tratado de
manejarlo con el máximo respeto a la información y a los pacientes
afectados. Usted ha dicho literalmente algo que no veo por dónde cogerlo.
Dice: Los pacientes tienen derecho a que se les traslade la incertidumbre
científica para que sepan exactamente cuál es su riesgo. Esta frase es
contradictoria. Si la incertidumbre científica es que no se puede saber
el riesgo, usted me está pidiendo que les traslademos lo que no se puede
saber, lo ha dicho literalmente: tienen derecho a trasladar la
incertidumbre científica a los pacientes que deben conocer el riesgo que
tienen. Justamente ésa es la incertidumbre, que en este momento los datos
técnicos y epidemiológicos indican, primero, que no se sabe con certeza,
pero que el riesgo, si existe, es cero o cercano a cero. No hay un riesgo
importante, por lo que sabemos en estos momentos.
Por tanto, se trata de una cuestión que no está cerrada y es el elemento
crucial de este tema. Por eso mismo, los comités de ética no asumen una
postura común con respecto a cómo debe manejarse este problema desde el
punto de vista de información de los pacientes. En España todavía no
tenemos un comité ético a nivel nacional, pero lo tendremos en un plazo
de tiempo no muy largo. Los comités éticos de Francia y del Reino Unido
han recomendado no informar a los pacientes por varios motivos: uno,
porque no hay test diagnóstico; dos, porque no hay tratamiento curativo,
y, tres, porque el escaso riesgo que ahora mismo demuestran los estudios
sugiere que ésta podía ser una iniciativa. No es la única y también he
reconocido que hay países que piensan que es conveniente hablar a los
enfermos.
Nosotros hemos optado --y si no le importa a la señora diputada nos
parece que es una postura perfectamente coherente, tan coherente como las
dos que han manifestado esos otros países-- por decidir que, puesto que
cada paciente es un caso distinto y muchos pacientes con esta patología
que se han hecho un escáner pulmonar están en situación probablemente muy
grave, el médico debe tomar la decisión de cómo maneja esta situación
frente a este tipo de riesgo, por lo que se conoce ahora mismo, frente a
este mismo tipo de problema que podría devenir en un paciente con unas
condiciones concretas, porque quien mejor puede asumir el tipo de
información que puede dar, en este y en otros muchos casos, es el propio
facultativo que atiende al paciente. Además, los hospitales están dotados
de comités éticos-asistenciales que pueden hacer una valoración correcta
del problema.
Yo no digo que ésta sea la solución perfecta, exacta o la mejor, porque
sobre esto, si usted se molesta en leer los textos de bioética --por
cierto ayer salió un artículo muy interesante en un medio de comunicación
de ámbito nacional-- no hay reglas fijas y hay que ser capaz de responder
de la manera más adecuada a los problemas que se van planteando.
Países como el Reino Unido y Francia han respondido de una manera
determinada, otros países como Irlanda o Suecia lo han hecho de otra, y
nosotros hemos respondido como nos parece más razonable para respetar el
derecho de los pacientes a ser informados y el derecho de los médicos a
informar, habida cuenta de las condiciones de dichos pacientes. (La
señora Novoa Carcacia pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Su señoría sabe que no hay segundo turno de réplica;
el reglamento es el reglamento. Si tiene alguna pregunta o aclaración que
hacer, por un tiempo máximo de dos minutos le doy la palabra.
La señora NOVOA CARCACIA: Con la mayor brevedad, señor presidente.
Simplemente quiero decirle al señor subsecretario que esta diputada no se
inventa dato alguno. Le he expresado
desde el primer momento que me he preocupado de recabar de los servicios
de la Cámara todos los antecedentes que sobre esta materia obran en la
misma.
En cuanto a la cifra que he citado con relación a la caída de consumo
nacional, le voy a leer el texto: En la opinión pública se ha creado una
verdadera sensibilidad en cuanto al consumo de carne de vacuno. La caída
del consumo nacional ha supuesto un 40 por ciento. Esto se refiere a una
pregunta formulada en el ámbito del Ministerio de Agricultura y con la
preocupación natural de quien la formula por la situación de crisis que
el sector ganadero español vive. Es el dato que se cita, como podrá
observar y comprobar en un «Diario de Sesiones» de esta Cámara.
Señor subsecretario, yo no he intentado establecer una duda sobre la
diligencia en la actuación del Ministerio de Sanidad, pero sí denuncio la
incapacidad de transmitir hacia la opinión pública esa información y esa
obligación que ustedes, como autoridad sanitaria, tienen de tranquilizar
a los consumidores. Porque este mismo dato del 40 por ciento de caída en
el consumo de carne de vacuno es un indicador de esa incertidumbre.
Yo le haría una petición para que usted la traslade al ministro, en el
sentido de decirle que se ocupe menos de hacer comparecencias públicas
para intentar mostrarnos su magnífica gestión en materia de reducción de
listas de espera, en materia de reducción del gasto farmacéutico que, en
definitiva...
El señor PRESIDENTE: Señora Novoa, cíñase a la cuestión y no reabra un
debate.
La señora NOVOA CARCACIA: Todo eso, en definitiva, es un puro acto de fe,
de que creamos o no, porque la manipulación de los datos todos sabemos
cómo se puede efectuar. Sólo le quiero decir una cosa: se entiende que
yo, como diputada, tengo acceso a una mayor información que el común de
los ciudadanos, y he de confesarle, señor subsecretario, que con las
actuaciones emprendidas desde su Ministerio, como consumidora, no tengo
tranquilidad alguna. Por tanto, si ése es mi sentimiento y mi estado de
ánimo, valore y calcule cuál puede ser el de un ciudadano normal de la
calle.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Respecto a
lo último, lo siento por usted como consumidora, pero los consumidores,
organizados de la forma en que lo están, sí que están satisfechos, y esto
lo puede comprobar perfectamente en el acta de la última reunión que
tuvimos con la organización de consumidores respecto a este tema.
Referente al dato del 40 por ciento, tal vez correspondió al día
siguiente o a las 48 horas después de la declaración oficiosa, por vía de
la prensa, de la señora Bonino, pero evidentemente ese dato no se
consolidó y ahora mismo es mucho más bajo. Podría darle la vuelta a lo
que usted me dice y añadirle que es un indicador de certidumbre ver cómo
este descenso teórico ha remontado desde esas impresiones iniciales,
precisamente por la actuación que se tuvo en el Ministerio de Sanidad y
Consumo, a unas cifras que evidentemente están alejadísimas de ese 40 por
ciento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor Castellón, por su
comparecencia.
Me voy a referir con brevedad al primer punto de la comparecencia con una
pregunta muy concreta. Evidentemente estamos ante una enfermedad
desconocida en su versión actual, como usted ha reconocido ya, porque se
desconoce la evolución de la variante actual de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob. No obstante, sí se conoce perfectamente su gravedad y
la mortalidad en el cien por cien de los casos.
Como usted también ha dicho, hay un plan de coordinación a nivel de la
Unión Europea en relación con un caso de enorme gravedad, permítame que
se lo diga, precisamente por el desconocimiento que se tiene de la
evolución de la enfermedad y por la inexistencia, hasta el momento, de
medidas diagnósticas y mucho menos terapéuticas. Es decir, estamos ante
un hecho muy grave, desconocido y que, por tanto, requiere esfuerzos por
parte de las administraciones de la Unión Europea, en este caso de la
española, para contribuir a su identificación.
Según mis datos, señor Castellón, solamente hay una persona en el
Instituto de Salud Carlos III encargada de la coordinación a nivel
europeo con respecto a esta enfermedad. Mi pregunta es muy concreta: ¿Qué
estudios epidemiológicos o experimentales ha puesto en marcha el
Ministerio de Sanidad para contribuir a la detección de los casos, a la
identificación de los casos? Y permítame el rigor en la palabra, porque
tiene que ver con lo que voy a decir a continuación.
La enfermedad es desconocida, el número de casos es escaso y, por tanto,
yo afirmo --y lo afirmo en este punto con criterios profesionales-- que
pueden producirse muertes por encefalopatías cuyo diagnóstico, cuya
certeza de que realmente corresponden a la enfermedad de Creutzfeld-Jakob
exclusivamente puede realizarse por la autopsia. ¿Cuántas autopsias se
han realizado en nuestro país desde que se tuvo conocimiento de que en
España podían haberse distribuido partidas de carne posiblemente
contaminadas por la enfermedad? Y hago esta pregunta que se refiere a la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero aprovecho para señalar las
gravísimas insuficiencias que hay en nuestro país acerca del medio de
control de calidad de la atención sanitaria y del medio de investigación
más importante con el que cuenta la sanidad, que es la realización de
autopsias, que prácticamente no se hace en nuestro país.
No obstante, quiero centrarme en la comparecencia que se realiza, con
carácter de urgencia, a petición de mi grupo parlamentario. Señor
Castellón, yo creo que usted es consciente de la responsabilidad que hoy
asume ante la Comisión de Sanidad, porque no estamos ante un caso de
política
sanitaria opinable, desde diferentes posiciones, por los grupos
parlamentarios, sino ante un caso estricto de salud pública en el cual el
Ministerio de Sanidad tiene que responder de sus actuaciones. Mi grupo
parlamentario no pretende contribuir a la alarma social, y solamente ha
pedido la comparecencia del Gobierno en esta Comisión ante la
constatación del enorme cúmulo de irregularidades producidas en torno a
este asunto.
Señor Castellón, la normativa vigente exige que, en relación con los
radiofármacos --fármacos de uso exclusivamente hospitalario--, haya el
conocimiento, el control y el seguimiento correspondiente por los
servicios de farmacia hospitalaria. Puedo afirmar, señor Castellón, que
los servicios de farmacia hospitalaria desconocen absolutamente el
proceso de compra y utilización de estos fármacos. De hecho, como han
puesto desgraciadamente en evidencia los acontecimientos, los servicios
de medicina nuclear de 26 hospitales públicos y privados, según sus
propios datos, han comprado, han recibido directamente del laboratorio,
sin pasar por los servicios de farmacia hospitalaria, el fármaco Amerscam
Pulmonate y supongo que el conjunto de radiofármacos que se utilizan. Es
decir, hay un primer dato del que le solicito confirmación y, en su caso,
la toma de medidas correspondientes para impedir que esto se siga
utilizando. Insisto, los servicios de farmacia hospitalaria, es decir, el
control sanitario por parte de la Administración, se ha obviado
totalmente; son los servicios directamente quienes, probablemente en una
muestra de autonomía y agilidad en la gestión hospitalaria, indican las
compras directamente al laboratorio suministrador.
No estoy hablando sin conocimiento de causa. El día 18 de noviembre, el
propio laboratorio notifica --obvio el nombre-- a un doctor de un
hospital la retirada del lote del mercado. Aquí le quiero señalar otro
hecho que me parece de enorme gravedad. Ante el conocimiento por parte
del laboratorio de que se había utilizado albúmina humana procedente de
una persona que con posterioridad desarrolló la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, el propio laboratorio, incumpliendo cualquier criterio
de transparencia en un hecho de la máxima eficacia, en la comunicación al
médico --a quien ustedes atribuyen la responsabilidad de las
decisiones--, no comunica, en absoluto, que haya contaminación de la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Se habla de la retirada del mercado,
pero no se dice en ningún momento que el motivo sea la contaminación con
esta enfermedad. Incluso se le dice: en aquellos casos en los que no
exista alternativa a dicho radiofármaco o a la prueba diagnóstica en sí,
el usuario --el médico, se supone-- deberá considerar cuidadosamente una
valoración del balance riesgo-beneficio en pacientes enfermos, y se añade
que para mayor información llame a un número de teléfono de Gran Bretaña.
Todo esto, señor Castellón, ha supuesto que, evidentemente --y de eso le
exijo confirmación también--, los servicios de medicina nuclear que
conocieron por la vía del laboratorio la existencia de lotes contaminados
que ellos habían usado, no tenían la indicación taxativa y firme de la
supresión de la utilización de dichos lotes. Eso hizo --como usted sabrá
bien--, por ejemplo, que en Hong Kong, uno de los países a los que se
distribuyó este mismo radiofármaco, según señalan los teletipos, seis
centros sanitarios continuaran empleando el mencionado suero hasta
diciembre, dado que la advertencia no explicaba los motivos por los que
el producto debía de ser reexpedido al Reino Unido.
Señor Castellón, estamos hablando de una enfermedad desconocida. Se ha
tratado en el Parlamento europeo las dimensiones de epidemia que puede
suponer en estos años la aparición de la enfermedad. Recientemente ha
habido noticias de que un paciente la ha desarrollado por un hecho tan
inusual como por un trasplante de córnea. La enfermedad tiene un período
de latencia largo, de años, como usted mismo ha reconocido. Es verdad que
en este momento no hay datos fehacientes de la posibilidad de transmisión
de la enfermedad a través de productos sanguíneos, pero que no haya datos
fehacientes, ante el nivel de desconocimiento tan importante que hay
sobre la enfermedad, no quiere decir nada más que --como usted mismo ha
reconocido-- se desconoce. El asesor del Gobierno británico para la
enfermedad de las vacas locas ha hecho recientemente declaraciones
alertando sobre el hecho gravísimo de que los bancos de sangre de Gran
Bretaña podían estar globalmente contaminados con la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, precisamente porque han recibido, de hecho, donaciones
de personas que con posterioridad han conocido que padecían la
enfermedad, es decir, cinco años, diez años.
A mí me da igual, señor Castellón, que me cite usted países que han
tomado la decisión de no informar a los pacientes. Allá ellos y allá los
grupos parlamentarios encargados del control del Gobierno. Yo acuso al
Ministerio de Sanidad de enorme irresponsabilidad por no haber comunicado
a los pacientes que pueden desarrollar esta enfermedad, por la necesidad
de hacer un seguimiento epidemiológico. Es decir, señor Castellón, ante
la constancia de que se han distribuido lotes contaminados a través de 26
hospitales, el sentido común más elemental en epidemiología exigiría que
por parte del Ministerio de Sanidad se desarrollara un programa de
seguimiento epidemiológico de los pacientes, precisamente para contribuir
al conocimiento de la enfermedad --desde el punto de vista científico de
su intervención-- y para alertar a los propios pacientes. En esto quiero
hacer especial insistencia porque el hecho grave precisamente es que es
urgente evitar que los pacientes que hayan podido recibir viales, dosis
del fármaco contaminado, que son personas que están en riesgo --no digo
que haya certeza-- de contraer la enfermedad, se abstengan de hacer
donaciones de sangre o de órganos. Este es un hecho de salud pública de
enorme trascendencia, y permítame, señor Castellón, que acuse al
Ministerio de Sanidad de una irresponsabilidad injustificable al decir
que es la relación médico-paciente y el juicio del médico el que debe
aconsejar la comunicación o no a la persona.
Están incumpliendo ustedes responsabilidades desde el punto de vista de
la salud pública, de la epidemiología y del derecho de las personas a ser
informadas del riesgo, y no haga juegos de palabras con posibles errores
terminológicos de otros diputados. Aquí de lo que se trata es de advertir
del riesgo a personas concretas que han recibido dosis del producto.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego vaya terminando.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor presidente, estamos ante un tema muy
serio. Mi grupo parlamentario ha exigido la comparecencia urgente del
Gobierno. Insisto en que no es un tema de política sanitaria para
expresar opiniones de grupo. Estamos ante un tema de salud pública de
enorme trascendencia, y permítame que le diga que quiero entrar en el
tema más serio, que es...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, permítame que le diga yo que ha
sobrepasado el tiempo reglamentario ampliamente. Intente comprender a la
Presidencia por el hecho de que le llame la atención en cuanto al tiempo
y le pida que resuma su intervención.
La señora MAESTRO MARTIN: Procuraré terminar con la máxima brevedad.
El hecho más serio de todos, señor Castellón, y quiero que desmienta
declaraciones de jefes de servicio de medicina nuclear, es que se
incumple sistemáticamente el decreto al que usted ha hecho referencia de
1993 y no se toma nota del lote administrado utilizado en cada paciente.
Es decir, la afirmación que le pido que contradiga --y no sólo que
contradiga, sino que actúe en consecuencia-- es que el Ministerio de
Sanidad, el servicio de medicina nuclear desconoce a qué pacientes ha
podido serle administrado el lote y, por tanto, no está en condiciones de
poder informar, de una manera fehaciente, de una manera precisa, las
personas concretas a las que han podido administrar este fármaco. Ese es
el problema. Se ha incumplido la normativa y ahora el Ministerio de
Sanidad dice que es a través de la relación médico-paciente como debe
comunicarse al enfermo, para encubrir que no tiene procedimiento de
informar a las personas.
Esta misma mañana he recibido en mi despacho, antes de venir a la
Comisión de Sanidad, una llamada de teléfono de un paciente --me ha
autorizado para decir su nombre, pero no lo voy a hacer-- y me ha dicho
que ha recibido litros de este fármaco en el hospital Ruber Internacional
de Madrid. Nadie se ha puesto en contacto con él y me pedía que exigiera
a las autoridades sanitarias la información de la que se dispone, de lo
que se sabe y de lo que se desconoce.
Tengo que contradecir sus palabras, señor Castellón, porque según mis
noticias se han distribuido 209 envases, usted dice que 200, de los lotes
contaminados; se han retirado 40, luego quedan 160. Cada envase tiene
cinco viales y de cada vial se pueden utilizar ocho dosis. Es decir, 160
por 40 son 6.400 personas, no ochocientas cincuenta y tantas, las que han
podido recibir este fármaco.
Este es un hecho, señor Castellón, de enorme gravedad, porque
--permítame, señor presidente-- el asunto continúa, pues ya no es
solamente el Amerscan Pulmonate, sino que otro medicamento del
laboratorio Upjohn de Suecia llamado Atgam también está contaminado con
el mal de las vacas locas. Este medicamento, Atgam, se comercializaba en
España y se ha producido una retirada del mercado mundial por parte del
laboratorio de 40.000 dosis. ¿Cuántas dosis se han utilizado en España?
¿Se ha utilizado algún lote contaminado? ¿Qué medidas se han tomado? No
repito la intervención, pero estamos ante un nuevo caso y ante las mismas
condiciones que se han producido al respecto.
Señor Castellón, permítame que desde la posición de mi grupo
parlamentario no acepte como argumento que en algún país sí y en otros no
se ha avisado a los pacientes. El Ministerio de Sanidad tiene la
obligación de avisar a todas aquellas personas que han recibido el
radiofármaco. Si no lo sabe, como me temo y ése es el motivo específico
de la solicitud de comparecencia, tienen ustedes la obligación de asumir
su culpa en este caso, habida cuenta de las irresponsabilidades en que se
ha podido caer por parte de los servicios de medicina nuclear
directamente, e indirectamente por el Ministerio de Sanidad, que no ha
controlado que la legislación se cumpliera.
Hay otro dato, señor Castellón. El fármaco Amerscan Pulmonate tiene
licencia provisional desde 1992. La Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios competente en su momento --y no le afectaba a su
Administración, sino a la anterior-- tenía siete meses de plazo, 210
días, o bien para retirar el producto del mercado o bien para tener
licencia definitiva, pero desde 1992 el fármaco está con licencia
provisional. Por tanto, mi grupo parlamentario exige que el Ministerio de
Sanidad asuma las responsabilidades, administrativas o de cualquier tipo,
en que se haya podido incurrir y, sobre todo, desde el punto de vista de
salud pública, creo que llegado este momento el Ministerio de Sanidad no
puede ocultar la cabeza debajo del ala.
Lo que ha expresado la diputada socialista tiene carácter general en las
comunidades autónomas. En Canarias hay servicios de medicina nuclear que
afirman haber utilizado el fármaco y la Consejería de Sanidad no tenía
ninguna noticia, evidentemente porque no la puede tener, ya que se está
incumpliendo la normativa que hace que la Administración sanitaria pueda
ser responsable de lo que la ley le atribuye como responsabilidad. Hay
que avisar --pero no tienen la lista completa, como tengo la seguridad de
que sucede-- a todos aquellos que hayan podido recibir dosis del fármaco
contaminado, de manera que no estemos ante el embrión de un problema de
salud pública grave en nuestro país, y esas personas, inconscientemente y
con la mejor voluntad, actúen generosamente haciendo donación de sangre y
órganos tal y como ocurrió con el donante de albúmina con el que se
fabricaron los lotes del Amerscan Pulmonate y dentro de cinco años
tengamos que lamentar que no se han tomado las medidas necesarias para
evitar que un problema puntual pueda transformarse en un problema de
salud pública.
Insisto, según mis datos, hay cinco viales por envase y ocho unidades en
cada vial, lo que supone 6.400 personas afectadas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Vamos a
intentar contestar a las distintas apreciaciones que ha hecho, que son
numerosas.
En principio, me decía que hay escaso dispositivo para llevar a cabo el
registro de los casos en relación con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
incluso ha dicho que hay sólo una persona. Hay un área dedicada a este
tema y es una persona la que acude permanentemente desde el año 1996 al
grupo europeo donde se fijan criterios en relación con esta enfermedad.
Repito, una persona es la que acude, pero hay un área destinada al
seguimiento de esta enfermedad. A todos los enfermos a los que se
diagnostica dicha enfermedad se les aplica el protocolo de vigilancia
para descartar que se trate de alguna variante y a la mayoría de ellos se
les hace autopsia.
En cuanto a la situación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en España
en estos momentos, el registro recoge todos los casos de esta enfermedad
desde el primero de enero de 1993. En 1995, España entra a formar parte
de la acción concertada europea, organizándose a través de las
comunidades autónomas un registro nacional de aquella enfermedad, como he
dicho antes, en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de
Salud Carlos III. Hasta enero de 1998 se han declarado en el registro un
total de 132 casos y todos ellos corresponden a la forma clásica de
enfermedad. La tasa global de la enfermedad se sitúa en 0,63 casos por
millón de habitantes, 0,61, en varones y 0,64, en mujeres, agrupándose
los casos en los mayores de 60 años. Los casos esporádicos son 123, de
familiares, 7, y atrogénicos, 2. A partir de estos datos obtenidos del
registro, la incidencia de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en España
se considera estable durante los años de vigilancia de la misma, es decir
desde el año 1993, declarándose una media de 25 casos anuales, comparable
con la encontrada en otros países. No les voy a aburrir con datos.
Tenemos todos los datos, desde 1993, de los distintos tipos de enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob, también por comunidades, en cada uno de los
períodos.
Con esto simplemente quiero decir que hay un área destinada a esta
cuestión, que hace un seguimiento, que hace los estudios epidemiológicos
pertinentes y que, además, no los hace de forma aislada, puesto que, como
usted conoce perfectamente, la casuística no es alta y los trabajos se
hacen cooperativamente con el resto de los países europeos.
Algunas de las preguntas que han formulado tienen contestación en la
propia intervención. Yo creo que he sido bastante claro, por lo menos lo
he intentado, aunque quizá no haya tomado nota. Este producto está
sometido, el Amerscan Pulmonate II, a los controles de seguridad,
eficacia y calidad que están legislados. También le diré que el Real
Decreto 479/1993 es trasposición de la Directiva 89/343 y además
desarrolla lo establecido en la sección VI de la Ley del Medicamento.
Dentro de este marco jurídico y tal y como estaba previsto en la
directiva, los Estados miembros establecieron un sistema de registro
coordinado abreviado. Este procedimiento se aplica a los medicamentos
suficientemente conocidos por la autoridad sanitaria o a aquellos que
tengan una composición e indicación similares a otro ya registrado.
Se designó un grupo de trabajo con representantes de todos los países
miembros y se nombraron ponentes y coponentes a los que se asignó la
evaluación concreta de distintos grupos de productos. Los productos
presentados a registro se incluyeron en una lista de procedimiento
coordinado cuando el componente activo era el mismo en especialidades
presentadas por más de una compañía farmacéutica. La valoración de los
productos incluidos en el procedimiento se realizaría en base a
principios de reconocimiento mutuo. Se hizo la evaluación de los
productos incluidos en el procedimiento no coordinado en cada país. En
España se designó como ponente al departamento de ingeniería química y
tecnología farmacéutica de la Universidad de La Laguna, que evaluó los
siguientes productos: de albúmina, microsueros de albúmina y
macroderivados de albúmina. El grupo de trabajo contó con la colaboración
de la Asociación de productores de radiofármacos y presentó los resúmenes
bibliográficos y todas las características del producto. Todos estos
estudios que se hacen cooperativamente con otros países europeos
garantizan que, salvo situaciones esporádicas en las que pueda detectarse
una alarma, los procedimientos se realizan correctamente.
He comentado también en mi presentación el hecho de que conocemos los
lotes, los conocemos perfectamente, y por eso se detectó que, de los
lotes en los que se nos informó desde el Reino Unido que se confirmaba
que había un paciente donante de sangre diagnosticado con posterioridad
de esta enfermedad --lotes 548, 554 y 556--, nosotros teníamos el 548 y
554. Conocemos exactamente
--discúlpenme, no lo he traído, pero se lo puedo mandar dentro de
unas horas o dentro de unos minutos--, no sólo por comunidades autónomas,
sino por hospitales, el número de viales empleados, el número de lote y
los pacientes a los que se suministró el vial. (La señora Maestro Martín:
No.) Señora diputada, lo conocemos. No le gusta. Lo conocemos. (La señora
Maestro Martín: Es mentira.) Usted confunde, señora diputada, y me va a
permitir que se lo diga, esta información que sí que tenemos, el
planteamiento ético acerca de la información al paciente, con el hecho
del seguimiento. Ha estado confundiéndolo en su intervención. Nuestra
posición, evidentemente, puede no ser la posición perfecta. De hecho, yo
he sido absolutamente franco cuando le he comentado que los países se
dividen entre los que sus comités de ética son partidarios de informar a
los pacientes y los que no lo son. Usted parece que tiene clarísimo lo
que tiene que hacer. Usted entonces estará de acuerdo con países como
Irlanda. Nosotros tampoco es que lo estemos con países como el Reino
Unido; simplemente pensamos que sobre el tema ético hay disparidad de
opiniones por motivos muy justificados y nosotros nos hemos pronunciado
por una fórmula concreta, que he explicado con profusión. Ahora bien,
esto no significa --y usted ha querido implícitamente decir que lo
significa-- que el no informar al paciente, en el caso de que se
considere así por los médicos responsables, implica
no hacer un seguimiento; no tiene nada que ver. Se puede hacer y se debe
hacer un seguimiento de los casos, por los motivos que usted ha expuesto
correctamente, pero eso no tiene nada que ver con la información que se
pueda dar al paciente. Nosotros hemos optado por una vía en este tema tan
discutible, en el que de hecho los países se dividen, y me alegro de que
usted tenga las ideas tan claras. No sé si ha estudiado usted
correctamente las implicaciones de una u otra postura, pero la cuestión
merece un estudio serio; no se puede tomar con ligereza. En cualquier
caso, la posición que ha adoptado nuestra Administración es una posición
perfectamente coherente con las que han podido adoptar otras
administraciones respecto a la información.
Usted ha vuelto a repetir: informar a los pacientes del riesgo concreto.
¿Qué quiere decir con informar del riesgo concreto, si usted misma ha
dicho que el riesgo se desconoce? (La señora Maestro Martín: No haga
juegos de palabras. ¡Qué poca seriedad!) No, es que es así, no es un
juego de palabras, es así. La decisión de informar a los pacientes debe
estar, a nuestro juicio, en el contexto de la relación médico-paciente.
Con la posición que nosotros hemos adoptado no queremos decir que estemos
copiando lo que han hecho en el Reino Unido o en Francia; simplemente
decimos que es una decisión discutible. Dudo que S. S. tenga absoluta
certeza de que la decisión que ha tomado Irlanda pueda ser correcta. Por
lo menos tenga usted la duda de pensar que el tema es delicado como para
poder abordarlo desde distintas perspectivas y la perspectiva de
abordarlo desde la relación médico-paciente no es peor que las que hayan
podido adoptar otros países. Pero, insisto, eso no excluye el seguimiento
que haya que hacer. Usted ha anticipado, y está convencida de ello, que
no tenemos la información. Tenemos la información por pacientes, sabemos
la información por hospitales y sabemos la información por comunidades
autónomas. Y el seguimiento es una cuestión que se hará --y el Ministerio
está coordinando esta labor-- sin necesidad de que los comités de ética
de los hospitales tomen la decisión que estimen oportuna en cada caso
concreto.-- (La señora Maestro Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Por un tiempo máximo de dos minutos, y le ruego que se atenga
estrictamente al tiempo, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Permítame, señor Castellón, que yo dude de por
qué cauces el Ministerio de Sanidad se informa de quiénes son los
pacientes que han recibido el lote, cuando hay declaraciones públicas a
medios de comunicación del jefe de servicio de medicina nuclear del
Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca, que ha distribuido lotes del
fármaco, y del jefe de servicio de medicina nuclear del Hospital de
Avila, de Castilla y León, que ha distribuido también el fármaco,
afirmando que no se ha apuntado el número de lote que se ha distribuido
al paciente. Dígame usted, señor Castellón, cuáles son sus fuentes de
información, si los servicios de medicina nuclear afirman que no se
apunta el lote que se administra a cada paciente. Me ha leído no sé qué
procedimientos, que, evidentemente, no vienen a cuento, señor Castellón.
Yo lo que le he preguntado es por qué el Amerscan Pulmonate tiene
licencia provisional desde 1992 y no tiene licencia definitiva, cuál es
la causa; porque no tiene licencia definitiva. La ley dice que hay 200
días de plazo desde la licencia provisional a la definitiva; si, además,
ustedes tienen datos como para dar la licencia definitiva, según se
deduce de sus palabras, ¿qué están haciendo ustedes que están
incumpliendo su propia normativa?
Señor Castellón, el real decreto de 1993 al que usted ha hecho referencia
se está incumpliendo y se está incumpliendo con consecuencias gravísimas,
como son las que tratamos esta mañana. Se está incumpliendo porque los
servicios de farmacia hospitalaria desconocen las compras directas que
hacen los servicios de medicina nuclear a los laboratorios. Por tanto,
señor Castellón, ustedes carecen de las vías reglamentarias oportunas
para poder controlar lo que está pasando con los radiofármacos en los
hospitales. Por otro lado, se está incumpliendo ese real decreto que
establece con meridiana claridad que hay que apuntar el lote del que
proviene el fármaco utilizado en cada paciente.
Señor Castellón, yo he dado una cifra que procede de sus datos: 160
envases; 40, han conseguido retirar; 160, se han administrado; 5 viales,
8 unidades. Yo he dado una cifra...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, por favor, no repita su intervención
anterior.
La señora MAESTRO MARTIN: Estoy haciendo mención a que, de datos muy
concretos que yo aporto, el señor Castellón no me ha dicho nada. Dice que
sabe cuáles son, pero yo le pregunto cuántos. Según los datos que obran
en mi poder, son 6.400 personas. También quiero preguntarle, y con esto
termino, qué estudios epidemiológicos se están realizando, porque a mí me
da igual que haya una persona en el Carlos III o que haya 50, el problema
es qué están haciendo, cuántas autopsias se han hecho a personas
supuestamente afectadas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y qué
estudios epidemiológicos se van a poner en marcha con respecto a las
6.400 personas que han recibido el suero Amerscan Pulmonate contaminado
con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Tenemos un grupo bien concreto de
personas de riesgo --estará usted de acuerdo conmigo--, sobre las cuales
es preceptivo hacer un estudio epidemiológico, para que se compruebe en
qué medida el riesgo se transforma en un hecho cierto.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Yo insisto
en que se han suministrado 200 envases, que se retiraron 42 y que, en
total, fueron utilizados 757 viales, aproximadamente un vial por
paciente. Lo siento si no le gustan, pero ésos son los datos que hay. Con
respecto al seguimiento, ya le he
dicho que hay un registro donde se hacen los estudios de los 132 casos
que se han dado en España desde el año 1993. Todos son de la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob clásica; no hay ningún caso de la variante. Se está
haciendo este seguimiento conjuntamente con otros países de la Unión
Europea. En todos prácticamente --no voy a decir en el 100 por cien;
puede ser el 90 por ciento-- se han hecho autopsias, porque el
diagnóstico anatomopatológico es la única forma de confirmarlo.
Evidentemente conocemos los pacientes porque sabemos exactamente dónde
están los lotes, por hospitales. Usted me dirá en qué consiste un estudio
epidemiológico, aparte de hacer un seguimiento, si no conoce usted el
riesgo, si evidentemente la enfermedad no se ha producido, si no tiene
usted ningún test, agradecería a S. S. que me dijera el diseño de estudio
epidemiológico que sugiere, si es que lo conoce, que se puede hacer,
aparte del seguimiento, como digo. Me gustaría conocer, y probablemente
podríamos contrastarlo con otros epidemiólogos, qué otro tipo de estudio,
de control, se puede hacer, cuando no se conoce la incidencia, y el
riesgo y el período de incubación es largo, aparte de seguir a los
pacientes.
La señora MAESTRO MARTIN: ¿Puedo contestar a una pregunta concreta que me
ha realizado?
El señor PRESIDENTE: Le agradecería que se la pasase por escrito, porque
tardábamos menos.
La señora MAESTRO MARTIN: No, no.
El primer requisito para hacer un estudio epidemiológico es precisamente
conocer a los pacientes y que ellos hayan sido informados, porque, si no,
ya me contará usted cómo va a hacer un seguimiento de alguien que
desconoce que haya recibido ese fármaco. Yo tengo llamadas de
particulares y en ningún caso, en ninguno, se ha informado a la persona
de que tiene riesgo.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Mire
usted...
La señora MAESTRO MARTIN: Por favor, señor Castellón, estoy en el uso de
la palabra, se lo recuerdo.
Hay otro dato que me permitirá usted que le diga que es muy serio. El día
10 de febrero se advierte que hay un nuevo fármaco de un laboratorio
sueco, Atgam, contaminado por la enfermedad de las vacas locas...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ya ha contestado a la pregunta.
La señora MAESTRO MARTIN: ¿Está en España? ¿Está siendo distribuido en
España? ¿Se ha retirado? ¿En qué hospitales? Es un nuevo caso que se
añade al Amerscan Pulmonate.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Número uno,
ese fármaco no está en España. Número dos, es evidente que a los
pacientes a los que se hace una gammagrafía pulmonar --y usted lo
conocerá, porque es de la profesión-- es porque tienen una enfermedad y
están sometidos a un seguimiento. No es necesario, estrictamente,
informar de este otro problema, para hacer un seguimiento de estos
pacientes. Usted lo sabe de sobra. Son pacientes que están directamente
controlados por el centro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario. ¿Grupos que
desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor subsecretario, le agradecemos su
comparecencia ante la alarma que se ha provocado por la distribución en
España de este medicamento y de carne afectada por el síndrome llamado
vacas locas.
Nuestro grupo cree que, ante una noticia de este tipo, la instrucción del
Ministerio debe ser el bloqueo y la inmovilización inmediata, incluso
ante la duda. Suponemos que esto se ha hecho, pero exigimos en todos
estos sucesos un máximo rigor, evitar las deficiencias en los controles,
actuar con rigor y eficacia en los controles de los servicios fronterizos
y exigir, si hace falta, responsabilidades a la Unión Europea. Se tendría
que hacer en coordinación con los otros ministerios implicados y a través
de la Comisión de cooperación y coordinación de salud alimentaria, puesto
que ésta existe.
En cuanto al medicamento Amerscam Pulmonate II, en su distribución, cuya
competencia y autorización corresponde al Ministerio de Sanidad, se
supone que se actúa conforme a la normativa vigente. Este medicamento ha
sido localizado, como usted ha dicho, en varias comunidades autónomas. En
el caso de Cataluña, donde también se ha localizado, los pacientes han
sido informados de su administración y de su posible contaminación. Ya
sabemos que la transmisión no es segura, pero, ante la duda, creemos que
es obligación de los servicios sanitarios comunicar al paciente la
posibilidad. En Cataluña, después de la identificación, se ha procedido a
la elaboración de un protocolo de información, cerrado, personalizado,
adecuado a cada situación particular, y a partir de ahí se hace un
seguimiento epidemiológico, a fin de poder estudiar la evolución de la
posible enfermedad y tener una total seguridad. Creemos que eso es lo que
exige el respeto y la sinceridad ética. No hay que trasladar toda la
responsabilidad a los profesionales de la medicina, como en otros casos;
a ellos les corresponderá la manera de comunicárselo a sus pacientes,
puesto que son los que los conocen directamente, pero nuestro grupo cree
que ellos deben tener el derecho a saber las consecuencias que puede
haber provocado este medicamento.
Esperemos que, en la reunión de este mes y con las explicaciones de los
expertos, se apliquen las medidas que puedan ser necesarias. Si se
precisan más estudios experimentales y epidemiológicos, que se hagan y
que se dé tranquilidad a la población.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra
el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor subsecretario por su
comparecencia.
Intervengo brevemente por no repetir algunas cuestiones anteriormente
planteadas. En primer lugar, tengo que señalar nuestra coincidencia con
parte de lo indicado por la portavoz del Grupo Socialista en relación con
el enfoque dado desde el Gobierno español al problema de las vacas locas,
desde una perspectiva más bien de sanidad animal y no tanto de sanidad
pública. Asimismo, en lo relativo a la escasa información suministrada a
los consumidores y que se ha traducido en una caída casi sinusoidal del
consumo de carne vacuna en España. Como se va también detectando en otros
problemas --y en estos momentos esto está sucediendo con otro tema--, ha
faltado una política inteligente de información al público, que hubiese
contribuido a tranquilizar a los consumidores.
El señor subsecretario se ha referido también a una serie de medidas
adoptadas desde el Ministerio de Sanidad ante el problema que nos ocupa.
Dentro de las medidas de control, ante las intoxicaciones por clenbuterol
y ante posibles apariciones de encefalopatía espongiforme bovina, resulta
esencial, entre otras medidas, la vigilancia en los almacenes
frigoríficos de carne. En Euskadi esta vigilancia se ha intensificado en
los últimos años. Ello permite al departamento de Sanidad del Gobierno
vasco conocer la situación en menos de dos horas, cuando se producen
alarmas, como ocurrió con el desvío de carne británica a través de
Bélgica; en Euskadi fue detectada en ese plazo, garantizándose que no
llegara al consumidor, aunque no se pudo garantizar totalmente el consumo
realizado por ciudadanos vascos en otras comunidades.
Para finalizar, quiero preguntar al señor subsecretario lo siguiente:
¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de vigilancia en los almacenes
frigoríficos de carne en el ámbito territorial de su competecencia?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): No se trata en esta
comparecencia, señor subsecretario, de practicar un alarmismo
innecesario, pero es que este problema de las vacas locas está alcanzando
proporciones demasiado preocupantes. Tampoco me parece que se trate en
esta comparecencia de establecer una especie de pimpampum entre los
diputados y el Ministerio, que es algo muy habitual. El Ministerio, el
Gobierno, siempre lo hace todo bien y, a partir de ahí, con decir que en
lo que propongan o digan los diputados no tienen razón está arreglado. Yo
creo que más bien se trata de que el Ministerio recoja la preocupación
que expresen los diputados en esta Comisión, y tenga por seguro que
expresan la preocupación de mucha gente.
A mí me parece que hay una responsabilidad del Ministerio, de las
autoridades sanitarias en general, y hay también responsabilidades que
son más globales o difusas, pero que son las que causan el problema. Es
la filosofía que se está aplicando últimamente en Europa y en el mundo en
general. El problema de la aparición de la enfermedad de las vacas locas
está claro que tiene que ver mucho con esta filosofía. Los criterios
productivistas, en los que la rentabilidad es el norte que se persigue,
nos llevan a que se utilicen todos los medios para conseguir producir
carne con el menor costo posible y eso es lo que hizo que no hubiera
controles suficientes y se empezaran a utilizar vísceras de animales
contaminados para producir piensos.
Hay un segundo problema, que es que, una vez que se detecta esa
enfermedad y que se comprueba que se transmite al ser humano, al que por
cierto le provoca la muerte nada menos, desde nuestro punto de vista, las
medidas que se toman, a nivel europeo, para aislar el foco e impedir la
extensión son pocas. Vuelve a aparecer el problema económico por medio y
todos sabemos que se procede a sacrificar algunos animales. Los controles
a la exportación de carne británica a mí me parece que son deficientes,
más aún tal como están las fronteras en este momento. Recuerdo un Consejo
de ministros o de jefes de Gobierno europeos en el que se decidió poner
algún tipo de control a la exportación británica de ciertos productos
cárnicos a Europa, pero de los que se permitía, por ejemplo, la
exportación a terceros países, con lo que esto conlleva.
En tercer lugar, hay un problema de ocultación, a nivel europeo y no
solamente español, para evitar la caída del consumo de carne. Hay
programas de televisión e informes de prensa que hablan de que el mal de
las vacas locas está, por ejemplo, en Alemania, en Portugal, etcétera,
pero todo eso se va ocultando. Ahora aparece un nuevo problema, que es el
del radiofármaco este del cual estamos hablando en esta Comisión,
contaminado con plasma de personas que padecían la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob y elaborado también, cómo no, en un laboratorio
británico. Aquí sí que ya se crea un nuevo problema. Se habla de que hay
757 casos detectados en el Estado español, y ya que me pareció entender
al señor subsecretario que conoce perfectamente los datos de las personas
afectadas, me gustaría que me confirmase si es cierto el dato que hoy
aparece publicado en los medios de comunicación de que, de esos 757
casos, 450 están en Galicia. Me gustaría que me confirmase ese dato.
Comparto que estamos ante una grave problema de salud y me parece que no
basta con decir que no hay problema, que no hay evidencias de transmisión
de la enfermedad por esa vía --como no se conoce, está claro que no hay
evidencias--, que los pacientes estén tranquilos o que el Gobierno
español y las comunidades autónomas, supongo que aconsejadas por el
Gobierno, deciden optar por la vía de no informar a los pacientes. Yo,
por no andar con divagaciones, tengo que decir que hoy --y estos días
pasados, también-- aparecen declaraciones de personas afectadas por la
administración de este fármaco, en las que critican duramente que no
fuesen informadas por las autoridades sanitarias. Por exponer un caso, la
madre de una niña que podría estar afectada dice que no comió en todo el
día de ayer, que anduvo dando vueltas y que se pasan la pelota de unos a
otros. Hay centros que se dedican a algún seguimiento de salud que nos
dice que reciben llamadas de personas que están asustadas, que trataron
de enterarse del
problema y que critican la profunda irresponsabilidad de la
Administración, que no se ha puesto en contacto con ellos ni los ha
informado objetivamente. Yo le digo esto para que no se conforme con que
la Organización de Consumidores y Usuarios, o quien sea, esté muy
satisfecha. La gente, en general, no lo está, por lo menos la gente que
padece este problema.
A mí sí que me parece también grave --se lo digo con todo respeto, pero
con toda energía-- que ni el Ministerio de Sanidad ni supongo que las
comunidades autónomas en general, y si no desmiéntame, no tienen previsto
ningún plan de seguimiento de estos pacientes; en este momento no lo
tienen.
Yo creo que este problema no se puede despachar simplemente con llamadas
a la calma, sino que es necesario tener en cuenta, como siempre, la
angustia y la preocupación de la gente. Desde luego el Gobierno ha de
tomar medidas más decididas en el control de la enfermedad, en sus
competencias propias, pero también hay que exigir de la Unión Europea una
actitud más contundente en el control y en la erradicación de la
enfermedad de las vacas locas. Ahí sí que conviene decir que cueste lo
que cueste y a quien cueste, porque si no estaremos durante mucho tiempo
repitiendo cuestiones semejantes.
Creo, y usted lo compartirá, que los intereses económicos no deben
prevalecer sobre la salud humana y que el Ministerio, en colaboración con
las comunidades autónomas, quien tenga competencias en cada momento, debe
poner a disposición de los afectados todos los medios necesarios para
efectuar un adecuado seguimiento de la enfermedad y que la angustia y la
desconfianza que padecen muchas personas en la actualidad desaparezca.
También le digo, señor subsecretario, que para eso no basta con la
autosatisfacción, sino que hay que intentar poner más medidas de las que
se han puesto hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señor subsecretario, por su
prolija exposición y, sobre todo, porque no se haya dejado arrastrar por
un cierto tono de dramatismo o por un apasionamiento casi operístico en
alguna de las intervenciones anteriores. Digo lo del apasionamiento casi
operístico porque el registro del tono de voz en algunos momentos ha
alcanzado magnitudes de cierta envergadura.
Mi grupo desde luego que compartió la preocupación sobre el alcance de
las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la posible
importación de carne de vacuno procedente de algunos países de la Unión
Europea. No sé si el tiempo transcurrido --parece que no-- ha servido
para despejar cualquier duda sobre la actuación, sin duda rápida, rotunda
y coordinada, de la Administración, pero en todo caso, si el tiempo no lo
ha hecho, su presencia y su intervención hoy a mi grupo le ha convencido
completamente. No compartimos, ni mucho menos, la afirmación que ha hecho
algún grupo de que la acción de protección de los consumidores es
responsabilidad única y exclusiva de su departamento. Más bien nosotros
pensamos que la protección de los consumidores es una política integral
de cualquier Estado moderno y que esa visión compartimentalizada de esa
política de protección está afortunadamente muy superada en todos los
países de la Unión Europea. Afortunadamente, los consumidores son mucho
más conscientes, en su generalidad, de lo que parece ser algún portavoz
en esta Comisión.
Desde el día 2 de julio de 1997, en que se tuvo conocimiento de la
declaración a la prensa de la señora Bonino, se han producido diversos
acontecimientos y mi grupo tiene serias dudas sobre si, hablando de salud
pública y protección a los consumidores, constituye la declaración a la
prensa la vía más adecuada o la más eficaz para advertir siquiera sobre
esa posibilidad a países miembros de la Unión Europea. Nos parece muy
poco riguroso ese proceder. El objetivo, en todo caso, no debe ser
generar más alarma o más polémica, sino proteger eficazmente a los
consumidores. Y si a eso se suma una cierta negligencia en las
actuaciones de la Comisión --parece ser que Holanda había informado ya en
abril, es decir, más de dos meses antes, de la existencia de partidas de
carne contaminadas, fraudulentamente introducidas en algunos países de la
Unión Europea--, no parece que el proceder de la Comisión en este caso
fuera el más adecuado.
En todo caso, y pese a ello, lo que nos queda claro es la rápida
respuesta del Gobierno y del Ministerio de Sanidad y Consumo y la
utilización eficaz del procedimiento previsto al efecto, que es nuestro
sistema coordinado de intercambio rápido de información, la llamada red
de alerta. Ya el mismo día 2 de julio se decreta la inmovilización de
todas las partidas de carne existentes en nuestro país con alguna
procedencia siquiera dudosa, y creo que eso es suficiente muestra de cuál
es el compromiso en este caso del Ministerio de Sanidad y también de
otros ministerios.
A mi grupo le interesa destacar especialmente que no se ha visto
involucrada ninguna empresa española en todo este problema de llegada de
carne de vacuno procedente presuntamente de países con problemas de vacas
locas, lo cual contribuye, y es bueno que lo resaltemos, a la confianza
de los consumidores en la convicción de que ninguna empresa española se
ha prestado a un juego que pudiera lesionar los intereses y la salud de
los ciudadanos. Esto choca precisamente con algunas declaraciones que el
propio portavoz del señor Santer tuvo a bien realizar, el viernes 4 de
julio, en las que decía que, en esa mafia que parecía trabajar el negocio
de las subvenciones comunitarias y que afectaba a las vacas locas,
participaban, quizá de buena fe, exportadores españoles, cosa que resultó
absolutamente falsa y que no es de recibo en esta retahíla de
despropósitos de destacados miembros de la Comisión Europea. En todo
caso, se produjeron, como usted bien ha dicho, inmovilizaciones
inmediatas por parte de las comunidades autónomas, se recabó información
de cada caso concreto y de cada partida y se revisó toda la documentación
de acompañamiento. Por tanto, el sistema funcionó, señor subsecretario, y
se condujo a la inmovilización definitiva de una partida de poco más de
8.000 kilos de carne, después de que la inmovilización había afectado a
numerosas
toneladas en la mayor parte de las comunidades de nuestro país.
Como conclusión de esta primera intervención, a mi grupo le interesa
señalar que nuestra red de alerta, en este tema concreto de las vacas
locas, ha funcionado eficazmente y felicitamos por ello a los
responsables profesionales y a los responsables políticos. El Gobierno ha
actuado con evidente premura en un asunto que la exigía y lo ha hecho
además tomando primero medidas para proteger a los consumidores; ha
puesto al ciudadano primero y después ha tomado aquellas actuaciones
administrativas o diplomáticas que la situación también exigía. Lo
importante era proteger al consumidor y después efectuar todas las
actuaciones que se consideraran pertinentes en relación con otras
administraciones, actuaciones que mi grupo apoya sin reparos,
especialmente, la protesta oficial cursada a las autoridades de la
Comisión Europea por el procedimiento, que sólo cabe calificar de
impropio, y ahora que está tan de moda, también de desleal, cuya lejanía
en el tiempo no merma su gravedad. Esperamos que no se repita por la
propia credibilidad de las instituciones europeas, en primer lugar, y por
la necesaria e imprescindible colaboración que es exigible en materia
como ésta.
Dicho esto, señor subsecretario, mi grupo respalda y solicita que no se
baje la guardia en relación con estos temas. La colaboración y
cooperación con las comunidades autónomas y con la inspección de la
sanidad exterior han de potenciarse al máximo mientras persistan las
secuelas, siquiera psicológicas, de esta enfermedad y en prevención de
cualquier problema que pueda poner en riesgo la salud de nuestros
ciudadanos. Es necesaria una vigilancia exhaustiva y, desde luego, el
objetivo es que no se produzcan problemas, ni de vacas locas ni de
comisarias imprudentes.
Mi grupo entiende que se actuó con transparencia en la información, que
es bueno que esta información sea rigurosa y fiable, que ésa es la
principal salvaguardia para nuestros productores y para nuestros
consumidores, porque la información, o no toda la información, puede dar
lugar a elevar el nivel de protección de nuestros ciudadanos. Y no hay
más que ver los titulares de prensa que se vienen produciendo en los
últimos meses en relación con estas cuestiones. Por citar algunos, a
título indicativo, a esta Comisión, son del siguiente tenor: cientos de
británicos morirán en los próximos siete años; la bomba de relojería de
las vacas locas; los consumidores de hamburguesas serán los más
afectados, o las vacas locas matarán a cientos, quizás miles, de personas
al año. A nosotros, este alarmismo, en absoluto demostrado, nos genera la
preocupación de que esa información, que a veces se demanda
pretendidamente y no dudamos que con buena intención, se convierta en una
especie de batiburrillo de informaciones inconexas y sin evidencia
científica, que, lejos de aportar crédito y seguridad a las actuaciones
de las administraciones y de los consumidores, generan polémicas
absolutamente innecesarias.
En relación con la segunda de las cuestiones planteada y por ir
resumiendo, mi grupo parlamentario entiende que la actuación del
Ministerio se corresponde con las recomendaciones que los expertos
realizan sobre esta cuestión y quiere señalar expresamente el riesgo de
confusión que se tiende a producir en estas cuestiones respecto a lo que
son recomendaciones políticas y lo que son recomendaciones o criterios
estrictamente científicos. Nosotros defendemos la posición que su
Ministerio ha adoptado en relación con que sean los criterios
estrictamente científicos, y no otro tipo de consideraciones que parecen
presidir actuaciones de otros grupos, los que muevan a los responsables
ministeriales y a los profesionales sanitarios a desarrollar una serie de
actuaciones. Por eso, esa inmediata inmovilización de los lotes que había
en España constituye una medida precautoria --sin duda en esta cuestión
es mejor prevenir que lamentar--, que está absolutamente justificada por
la ausencia de una información epidemiológica sobre la transmisión de
esta enfermedad y sobre sus otras características.
Coincidimos en la necesidad de que la información al paciente se haga por
los canales profesionales y no por los periódicos de difusión nacional.
Si sobre esto no hay un criterio coincidente, lo que sí considera el
Grupo Parlamentario Popular es que muchas veces que demandamos --y otros
grupos lo han hecho, incluso a través de iniciativas parlamentarias-- la
promoción de grupos, de comisiones de ética, de trabajos en esta
dirección, que permitan instrumentalizar mejor este tipo de nuevas
cuestiones, desde el punto de vista sanitario, hay que darles contenido y
cuando llega un acontecimiento de estas características --desafortunado
acontecimiento, por otra parte-- parece ser que aquellos que demandan una
mayor participación de estas comisiones de ética, de estos trabajos y de
esta línea de actuación en materia sanitaria, pretenden que sean los
responsables ministeriales los que llamen directamente a los ciudadanos.
A este diputado desde luego le gustaría que, en un caso como éste, le
comunicara cualquier situación de riesgo su propio médico y no un
funcionario del Ministerio de Sanidad, y entiendo que ésa es una opinión
compartida por todos y cada uno de nosotros, lo cual no quiere decir que
el Ministerio de Sanidad no esté en contacto con todos los profesionales
o con todos los gestores hospitalarios que puedan tener algún tipo de
protagonismo en esta cuestión. (Rumores.)
Por tanto, doble recomendación, que sigamos actuando en la línea de
establecer todas las cautelas y medidas, no solamente de orden
administrativo, sino también de orden normativo --y me consta que su
Administración está poniendo en marcha algunas iniciativas de estas
características-- y, sobre todo, que reforcemos la credibilidad en la
actuación ética y profesional como uno de los mecanismos más importantes
y más beneficiosos para encarar lo que sin duda constituye un reto
sanitario, un reto que tiene una dimensión y que no conviene sacar de sus
propias casillas. En relación con el primero de los casos, en España no
se ha registrado ni se ha detectado --y creo que al final eso se nos ha
pasado a todos-- ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina, ni de
la enfermedad asociada a ella que afecta a los humanos, la nueva variante
de la Creutzfeldt-Jakob, y pienso que eso es importante. De los 24
ciudadanos que se han visto
afectados por este motivo en Europa, ninguno pertenecía a nuestro país. Y
sobre las patologías habituales de la Creutzfeldt-Jakob estamos en una
situación estable, que no llama al dramatismo, sino a la continuidad en
las políticas efectuadas y a la garantía de que la información que se dé
sea rigurosa, por los canales profesionales, y no por las apelaciones o
por los llamamientos políticos, que en algunos casos están fuera de
lugar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Agradezco
las intervenciones y las preguntas de los señores diputados e intentaré
contestar brevemente a todas ellas.
Decía el representante de Convergència i Unió, y nosotros lo creemos así,
que, ante la sola duda, tenemos que proceder a tomar medidas, en este
caso, inmovilización de las partidas pertinentes. Lo hacemos, como ha
comentado recientemente el portavoz del Grupo Popular, porque nos
interesa, primero, proteger al ciudadano y luego ya tomaremos las medidas
pertinentes en otros contextos.
En relación con el radiafármaco sí le aseguro que hemos actuado conforme
a la normativa, y el comportamiento que se ha tenido en Cataluña acerca
de cómo informar a los pacientes es perfectamente coherente con el
planteamiento que se ha hecho desde el Ministerio, que considera es una
decisión que tiene que valorarse, no tomarse decididamente por el médico,
pero sí valorarse en esta instancia. Cuando usted ha dicho, a mí me
parece que correctísimamente, que se ha mandado una información adecuada
a cada situación particular, eso es justamente a lo que yo me refería de
enfrentarse al problema. Ha habido países que han opinado que sí, otros
que no, pero nuestro punto de vista es que hay que adecuarlo a
circunstancias particulares de cada paciente.
Coincido también, lo he repetido antes, con lo que acaba de decir el
portavoz del Grupo Popular, en que es una información que debe
comunicarse en cualquier caso vía profesional, atendiendo a las
especificaciones propias de cada caso.
Comentaba el señor diputado representante del PNV la cuestión de la
perspectiva de sanidad animal versus la perspectiva de salud pública. Yo
en la contestación que hice a la señora diputada socialista insistí mucho
en que hemos mantenido la iniciativa desde el punto de vista de la salud
pública, hemos intentado ser muy rápidos, hemos intentado comunicar, y lo
hemos hecho con los consumidores, de hecho lo hemos realizado en los
primeros días, y creemos que el tema desde el punto de vista de nuestro
país se ha dado por zanjado en un tiempo muy breve y con todas las
calificaciones pertinentes.
Sí creemos que el acto que pudo haber sobre la comercialización de carne
de vacuno se ha visto revisado --y eso yo creo que es un buen signo-- por
tanto se han disminuido los temores, precisamente porque la información
fue rápida y eficaz. En caso contrario la situación no hubiese sido la
que realmente es en estos momentos.
En cuanto a las medidas que me ha planteado en relación con la vigilancia
en los almacenes, debo decir que el Ministerio de Sanidad y Consumo no
tiene competencia propia para las inspecciones a almacenes sino que la
misma radica en las comunidades autónomas. El Ministerio sí trabaja en
las fronteras, y a este respecto ya comenté en la primera intervención
que tuve que estamos extremando, como parte de las medidas que se han
tomado después de este incidente, el control en las fronteras a través de
los servicios de sanidad exterior para impedir que entre carne británica,
bien directamente o bien a través de terceros países.
En relación con la intervención del diputado señor Vázquez debo decir que
no es automático, nosotros no decimos simplemente que ninguno de los
planteamientos que se nos hacen son correctos. De hecho, yo estoy
totalmente de acuerdo en que tenemos que proceder al seguimiento de estos
casos, lo que sucede es que en algún supuesto nos dicen que hagamos el
seguimiento pero automáticamente o por anticipado se nos niega incluso la
posibilidad de que podamos hacerlo, imputándonos que desconocemos
absolutamente los actos. Estoy totalmente de acuerdo con las preguntas
que se han hecho incitándonos a que hagamos el seguimiento, que parece
que es el comportamiento correcto. Es lo que vamos a hacer, pero desde
luego que no se nos impida ya directamente hacerlo sobre la base de que
no disponemos de información suficiente.
Preguntó también el señor diputado sobre los datos de Galicia. Los viales
consumidos en la Comunidad Autónoma de Galicia son 207, y como ha habido
antes ciertas dudas acerca de cuántos viales puede utilizar un paciente,
le diré que se puede utilizar un vial en más de un paciente pero la
situación real es que el producto tiene una vida muy corta por lo que es
habitual que se utilice un solo vial por paciente. ¿Por qué? Porque se
utiliza preferentemente en el diagnóstico de urgencia del embolismo
pulmonar y no es probable que se produzcan al mismo tiempo dos embolismos
pulmonares y se atiendan de urgencia. Por ello, aunque técnicamente es
posible utilizar un vial para más de un paciente, lo normal es que se
utilice uno sólo por paciente.
En relación con los planteamientos del portavoz del Grupo Popular,
estamos absolutamente de acuerdo con que el proceder de la Comisión en el
tema de la información tal y como se presentó no fue el correcto.
Reclamamos por las vías procedentes y nos quejamos de la forma en que
había tenido lugar esta comunicación, y desde luego no estamos dispuestos
a que este tipo de cuestiones se planteen como se ha hecho, lo que ha
dado lugar a una situación de cierta alarma incómoda para todos, y nos ha
tocado trabajar intensamente durante esos doce días para que el tema se
resolviese. Al final la propia Comisión reconoció que mucha información
que se había vertido respecto a nuestro país no era cierta, había sido
precipitada.
Simplemente quiero decir que en esta materia, igual que en otras, para el
Ministerio de Sanidad y Consumo ahora, y cada vez más en el futuro, la
cooperación con las comunidades autónomas es esencial, y seguiremos
trabajando en esta línea. El funcionamiento de la red de alerta es un
ejemplo de cómo funciona esta cooperación y los resultados
hasta la fecha yo creo que son magníficos en cuanto a la cooperación que
se mantiene con las comunidades autónomas.
Por otra parte, y como ya he contestado a la señora diputada de
Convergència i Unió, nuestro planteamiento respecto a la información a
los pacientes es que siempre deben utilizarse los canales profesionales,
y ésta es nuestra posición, independientemente de lo que se haga en otros
países. (El señor Vázquez Vázquez, don Guillerme, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Un minuto, señor presidente. Es
para aclarar un dato, a ver si yo entendí perfectamente. Si se utilizaron
207 viales usted lo que nos dice es que habría 207 pacientes afectados.
Pregunto.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): He
comentado que normalmente la estimación que hacemos es uno por paciente,
pero tampoco puedo saber en este momento si en un servicio han llegado
más pacientes que eran susceptibles de una gammagrafía pulmonar y, por
tanto, se ha utilizado el mismo vial para más de uno. Normalmente no es
así.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Le digo esto porque la
subdirectora de farmacia de la Xunta de Galicia dice que hay 450
afectados. Lo digo por contrastar un poco estos datos.
El señor PRESIDENTE: Terminada la comparecencia del señor subsecretario,
y antes de pasar al segundo punto del orden del día, hacemos un receso de
cinco minutos, entre otras cosas por abrir las ventanas porque hace mucho
calor.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (ROMAY BECCARIA)
PARA INFORMAR SOBRE:
--LA LISTA DE MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DE LA FINANCIACION POR EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número
de expediente 213/000548).
--LAS DENOMINADAS «LISTAS NEGATIVAS» DE MEDICAMENTOS, COMO RESULTADO DE
LA AMPLIACION DEL DECRETO DE FINANCIACION SELECTIVO DE MEDICAMENTOS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 212/001219).
--CRITERIOS CON LOS QUE SE HA ELABORADO LA RELACION DE MEDICAMENTOS
EXCLUIDOS DE LA FINANCIACION PUBLICA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 213/000553).
--RAZONES POR LAS QUE LA RECIENTE DECISION GUBERNAMENTAL DE EXCLUIR DE LA
FINANCIACION PUBLICA MAS DE MIL MEDICAMENTOS MERECE LA CLASIFICACION DE
«SUPERMEDICAMENTAZO», PARA DISTINGUIRLO, POR SUS NOTABLES DIFERENCIAS, DE
MEDIDAS DE ANTERIORES GOBIERNOS, E INFORMAR ASIMISMO DE LOS EFECTOS QUE
DICHA DECISION VA A TENER SOBRE LA SALUD Y LA ECONOMIA DE MILLONES DE
CIUDADANOS DE NUESTRO PAIS, ESPECIALMENTE LOS DE RENTAS MAS BAJAS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
213/000558).
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con el segundo punto
del orden del día que es la comparecencia del señor ministro de Sanidad y
Consumo, don José Manuel Romay Beccaría, para informar de la lista de
medicamentos excluidos de la financiación por el Sistema Nacional de
Salud. Esta petición de comparecencia ha sido hecha por los grupos
parlamentarios Socialista, Popular, Federal de Izquierda Unida y Mixto.
Agradecemos al señor ministro su comparecencia en la Comisión y sin más
preámbulos le damos la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
presidente, señorías, comparezco ante esta Comisión de Sanidad y Consumo
del Congreso de los Diputados, como se ha señalado, a petición de los
grupos parlamentarios Popular, Socialista, Federal de Izquierda Unida y
Mixto, para explicar a SS. SS. los criterios con que se ha elaborado la
relación de medicamentos que el Gobierno propone excluir de la
financiación pública.
Dado que el contenido de la petición de comparecencia es prácticamente el
mismo que motivó otras iniciativas parlamentarias es posible que tenga
que reiterar algunos argumentos que ya expuse ante SS. SS. en otras
ocasiones. No obstante, entiendo que esta comparecencia debe permitir
aclarar algunos extremos y enriquecer el debate que se ha generado en
torno a este tema, al que puedo asegurar que otorgamos la máxima
importancia, como no podía ser de otra forma.
En diversas ocasiones he tenido oportunidad de transmitir a SS. SS. la
inquietud de los responsables sanitarios, de todos los responsables
sanitarios, ante el crecimiento del gasto sanitario público farmacéutico,
que ha venido elevándose en los últimos años de forma muy importante y,
en todo caso, muy por encima del crecimiento del índice de precios al
consumo, con un diferencial que en el período
1986-1996 ha estado en cifras muy altas, con un crecimiento acumulativo
anual del 14,5 por ciento, pasando de 249.000 millones de gasto en 1986,
a 888.000 millones en 1996. En otras palabras, España gasta en farmacia
casi el 25 por ciento del presupuesto sanitario, cifra muy por encima de
la media de los países de la Unión Europea que está entre el 15 y 16 por
ciento, lo que no tiene, a nuestro juicio, ninguna justificación si se
analiza en el contexto del crecimiento de los gastos corrientes del
sistema o de las necesidades de salud de los ciudadanos. Afortunadamente,
durante 1997 este crecimiento del gasto farmacéutico se ha moderado,
situándose en un incremento del 5,42 por ciento con relación al año
anterior, aunque está tres puntos por encima del incremento del IPC.
He dicho en alguna otra ocasión que estamos ante un problema severo que
incide sobre las bases de la estabilidad financiera del sistema sanitario
público y, lo que quizá es más importante, que este elevado gasto
farmacéutico detrae importantes recursos económicos, limitando que se
atiendan otras necesidades de atención sanitaria prioritaria de los
ciudadanos.
El Gobierno y las comunidades autónomas, a través del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, han hecho un considerable esfuerzo para mejorar el
presupuesto del Sistema Nacional de Salud, acordando un modelo de
financiación para la sanidad pública, para el período 1998-2001, que
supone un avance considerable en la consolidación de la estabilidad
financiera de la sanidad, gracias al cual el presupuesto crece en 1998 en
386.000 millones de pesetas respecto a 1997, lo que supone más de 200.000
millones por encima de lo que hubiera crecido el presupuesto según el
modelo anterior.
Sin embargo, en sanidad, como en todo, los recursos son siempre limitados
frente a la demanda generada por las expectativas de los ciudadanos. Esta
realidad incontestable obliga a las administraciones sanitarias a buscar
fórmulas que permitan lograr la mayor rentabilidad en términos de salud a
los recursos que la sociedad, a través de sus legítimos representantes,
decide asignar para atender las necesidades sociales.
En este orden de cosas, el Gobierno tiene obligación de introducir las
medidas necesarias para lograr la máxima eficiencia en la asignación de
los recursos disponibles, al tiempo que se avanza en asegurar la equidad
del sistema y la cobertura de las necesidades de los ciudadanos. Entre
estas medidas el Gobierno está proponiendo la exclusión de la
financiación pública de un determinado número de especialidades
farmacéuticas, en concreto 588, porque las 261 restantes han sido
anuladas en los cinco últimos años, aunque es cierto que aún pueden
encontrarse residualmente en las oficinas de farmacia, en tanto no se
alcance la fecha de caducidad.
Los motivos por los que estamos planteando la exclusión en la
financiación pública de estos 588 productos farmacéuticos son los
siguientes: Primero, el acuerdo parlamentario de 18 de diciembre de 1997,
sobre consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud, en el
que dentro de las fórmulas para la racionalización de la prestación
farmacéutica se propone establecer la progresiva separación entre
registro y financiación por el Sistema Nacional de Salud para las nuevas
especialidades, al tiempo que se regula la posibilidad de financiación
selectiva en algunos medicamentos y tan sólo para determinadas
indicaciones.
Segundo, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que
antes me referí, de 27 de noviembre de 1997, sobre financiación de la
sanidad para el período 1998-2001, aprobado por unanimidad por las
comunidades autónomas que gestionan la asistencia sanitaria del Sistema
Nacional de Salud, en el que considerando que el crecimiento del gasto de
farmacia presenta una trayectoria alcista respecto de los demás gastos
corrientes del sistema, que no se justifica en base a las necesidades de
salud, el Consejo propone que se proceda a restringir la financiación
pública para los medicamentos de limitado valor terapéutico.
Tercero, la Ley del Medicamento, cuyo artículo 94.5 establece que se
revisará periódicamente y actualizará la relación de los medicamentos
incluidos en la prestación farmacéutica, de acuerdo con las disposiciones
presupuestarias, la evolución de los criterios de uso racional, los
conocimientos científicos y los criterios generales de financiación
expuestos en la misma ley. Esos criterios, a los que se refiere el
artículo 94.5, obligan a tener en cuenta la gravedad, duración y secuelas
de las patologías, las necesidades de ciertos colectivos, la utilidad
terapéutica y social del medicamento. Expresamente se autoriza la no
financiación de medicamentos cuyas indicaciones sean sintomatológicas o
para síndromes menores o de aquellos grupos cuya financiación pública no
se justifique o no se estime necesaria. En definitiva, se consagran los
principios básicos de financiación de la prestación farmacéutica, los que
aconsejan el uso racional del medicamento y una adecuada consideración de
su coste y eficacia.
A partir de este marco, el criterio básico que ha manejado el Gobierno
para la elaboración de la propuesta de lista de medicamentos que se
excluirán de la financiación pública ha sido la valoración de las
necesidades de los pacientes, para asegurar el mantenimiento de un alto
nivel de cobertura de la propia prestación farmacéutica. Se han tenido
muy en cuenta las repercusiones sobre los colectivos de pacientes más
desfavorecidos y, a estos efectos, se han introducido excepciones que
permitirán la utilización restringida de algunos medicamentos en
patologías o indicaciones concretas.
La relación de medicamentos que se propone excluir se ha elaborado en
base a criterios de carácter sanitario, con preferente atención a los
colectivos más desfavorecidos, de uso racional del medicamento y de
evolución del conocimiento científico tal y como expresamente se dispone
en la Ley del Medicamento. Además, estos criterios técnicos, en concreto
el mandato de la Ley del Medicamento, no difieren de los que utilizó el
Gobierno en el año 1993, apoyado por otro partido, cuando introdujo la
financiación selectiva de medicamentos, tal y como fácilmente puede
constatarse en la memoria del real decreto elaborado en aquella fecha. En
concreto, se dijo entonces que se manejaban como criterios el valor
terapéutico no suficientemente
demostrado en especialidades farmacéuticas destinadas a síntomas menores,
que evidentemente coinciden con los que ahora se están utilizando. Sin
embargo, en este caso la medida no se dirige a objetivos de ahorro
genéricos sino, como ya he señalado, a objetivos de carácter sanitario.
En esta ocasión, la lista que se propone, que no dudo en calificar de muy
equilibrada, parte fundamentalmente de las necesidades de los pacientes
como factor esencial y --como ya indicaba anteriormente-- afecta
solamente a 588 especialidades en alta, cuando la lista negativa anterior
afectó a 925 especialidades. En este caso están afectados 40 grupos, en
el año 1993 resultaron afectados 68. Esta lista de productos representa
el 3,7 de la factura farmacéutica, con un precio medio por envase de los
productos de 418 pesetas, cuando el precio medio de los medicamentos que
se consumen en el Sistema Nacional de Salud alcanzó las 1.660 pesetas en
1997.
Un análisis objetivo y racional del listado de medicamentos que el
Gobierno ha propuesto retirar de la financiación pública pone de
manifiesto que la priorización se ha realizado en base a los siguientes
criterios: medicamentos en los que el beneficio de los pacientes es
limitado y para los que existen otros abordajes terapéuticos más
adecuados. Este grupo representa el 35 por ciento del total de la lista;
medicamentos para el tratamiento de síntomas y síndromes menores, es
decir, para patologías leves no crónicas, en las cuales existe un alto
grado de automedicación, y representa el 25 por ciento de la lista. Estos
medicamentos no están financiados en la inmensa mayoría de los sistemas
de salud públicos europeos; sin embargo, cuando el medicamento indicado
en síntomas menores requiera su utilización en el contexto de una
enfermedad crónica, siempre estará garantizada su financiación pública,
tal y como se recoge expresamente en el proyecto de real decreto por el
que se amplía la selección de medicamentos a efectos de su financiación
por Sistema Nacional de Salud. Así, por ejemplo, se excluyen de la
financiación productos destinados al tratamiento del acné leve que se
resuelven con eficacia con medidas de carácter general y autocuidados, y,
por el contrario, los medicamentos destinados al acné moderado y al
severo permanecen incluidos dentro de la financiación pública.
Asociaciones de medicamentos a dosis fijas, cuya presentación
farmacológica resulta poco justificable, según los criterios científicos
que se utilizan actualmente en terapéutica. Este grupo de productos
supone el 40 por ciento del total de la lista y la práctica totalidad de
los mismos no se encuentra comercializada en los países europeos con
sistemas sanitarios de reconocida calidad y prestigio. En este punto
conviene insistir en que se excluyen las asociaciones de medicamentos a
dosis fijas, pero permanecen en la oferta de la Seguridad Social y, por
tanto, son financiadas públicamente, las especialidades correspondientes
como monofármacos que contienen un solo principio activo. Es el caso del
Clamoxyl mucolítico, que está compuesto de amoxicilina, que es un
antibiótico, e hidromexina, que es un mucolítico, quedando financiado el
Clamoxyl como monofármaco que es la Amoxicilina. Lo mismo se podría decir
de la Buscapina compositum, o del Nolotil compositum, ya que siguen
estando financiados tanto el Nolotil, como la Buscapina.
Por tanto, la medida que se propone adoptar, permite garantizar la
racionalidad en la prescripción y asegura el acceso de los pacientes a
los tratamientos que en cada caso precisan. Además, ningún medicamento de
los que se propone excluir requiere de un uso continuado, y en el
supuesto de que se prescribiera para enfermos crónicos tendrá garantizada
siempre su financiación pública. Con estas premisas se garantiza que la
calidad asistencial que se proporciona a los ciudadanos no se verá
afectada en ningún caso, y que de ninguna manera se actúa contra los
pacientes en general ni contra ningún colectivo en concreto. Debe
resaltarse además el hecho de que el ahorro que se consiga con esta
medida revertirá en el propio sistema sanitario. Los recursos económicos
derivados de la exclusión de estos medicamentos se destinarán a financiar
la asistencia sanitaria, es decir, a mejorar los recursos tecnológicos de
los centros sanitarios, a promover la construcción, reforma y dotación de
los hospitales, a impulsar programas de salud prioritarios, en definitiva
se dedicarán a promover la mejora general del sistema, al tiempo que se
posibilita la adecuación del arsenal terapéutico financiado con fondos
públicos. En efecto, cada año se incorporan a la prestación farmacéutica
pública varios centenares de especialidades, muchas de ellas de altas
tecnologías y precio muy elevado, lo cual permite garantizar que el
arsenal terapéutico financiado por la Seguridad Social, por el Sistema
Nacional de Salud español, se actualiza permanentemente y sin ninguna
demora, de acuerdo con los avances de la moderna investigación y del
conocimiento científico. Sin embargo, puesto que los recursos no son
ilimitados, si no se hacen revisiones periódicas de la prestación
farmacéutica en base a los conocimientos científicos en continua
evolución, no sería posible considerar la inclusión en la financiación de
todas las novedades terapéuticas con independencia de su precio. Por otra
parte, la exclusión de la financiación pública de los fármacos que se
proponen, debe contextualizarse dentro de una política integral y
coherente de medicamentos, que por primera vez se aplica por una
Administración sanitaria, y que incluye la reducción del 2 por ciento en
el margen comercial de las oficinas de farmacia, y del uno por ciento en
los distribuidores, lo que ha conducido a una disminución de casi el 4
por ciento en el precio de los medicamentos; un acuerdo con la industria
farmacéutica que reportará 39.000 millones de pesetas en 1998 para la
financiación del Sistema Nacional de Salud; el diseño e implantación de
una política de genéricos, que ha permitido existan ya más de 87
productos registrados, en las próximas semanas 31 más, que tienen ya el
conforme sanitario de la Comisión Nacional de Evaluación del Medicamento;
la introducción de precios de referencia, para lo que se ha procedido a
modificar la Ley del Medicamento; el establecimiento de programas de uso
racional del medicamento a nivel de las gerencias de atención primaria y
a las de salud; la elaboración de boletines fármaco-terapéuticos a nivel
de las áreas de salud; la dotación a los médicos de atención primaria del
Insalud de terminales autónomos informáticos, dentro del denominado
programa
Tair, lo que mejora la capacidad de control y racionalidad de la
prestación farmacéutica. Para finalizar, únicamente quiero señalar que
todos los países de nuestro entorno aplican programas de financiación
selectiva, ya sea de manera continua, como en Francia, donde de forma
sistemática se revisan los medicamentos financiados, o puntualmente, como
en el resto de los países de la Unión Europea sin excepción alguna, donde
periódicamente se amplían las listas negativas de medicamentos o las
restricciones en las listas positivas.
Muchos de los grupos de fármacos que hoy se ha considerado excluir hace
años que o bien no existen en otros países o están fuera de la
financiación pública. También quiero señalar a SS. SS. que en la
elaboración de esta lista han trabajado expertos altamente cualificados
que han manejado los criterios que anteriormente les he señalado y que
son los aceptados por la comunidad científica internacional.
En resumen, los objetivos que se persiguen son los siguientes. El primero
y más importante es promover el uso racional de los medicamentos,
financiando con fondos públicos los más eficaces y las innovaciones
terapéuticas que se incorporan al Sistema Nacional de Salud cada año y
que son varios centenares. Además, respaldar el trabajo realizado por el
Insalud y los servicios de salud de las comunidades autónomas con
competencia en asistencia sanitaria en los programas de uso racional de
los medicamentos, según los cuáles se recomienda a los médicos disminuir
o abandonar la prescripción de la mayoría de los medicamentos recogidos
en la lista. Por último, garantizar la reorientación de los recursos
hacia la búsqueda de la máxima eficiencia en términos de impacto sobre la
salud de los ciudadanos.
A lo largo del trámite de audiencia al que se someterá, como es
preceptivo, el real decreto por el que se amplía la selección de los
medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de
Salud, serán tomadas en consideración las aportaciones de sociedades
científicas y profesionales, así como de la Comisión Nacional para el Uso
Racional del Medicamento, órgano consultivo asesor en esta materia, y
estoy seguro de que, dada la calidad del trabajo que se ha hecho y el
contenido de la lista, merecerá el apoyo de estos órganos que la tienen
que informar. Además, el proyecto se someterá al informe preceptivo del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter
previo a su remisión al Consejo de Estado y su posterior elevación al
Consejo de Ministros.
En definitiva, se ha previsto un trámite de audiencia pública y consultas
muy extenso y completo, de manera que el proyecto se ajuste fielmente,
con el respaldo de la comunidad científica española, a los criterios de
uso racional del medicamento y de evolución del conocimiento científico
recogido expresamente en la Ley del Medicamento y garantizando siempre la
total cobertura en la prestación farmacéutica a todos los pacientes.
Señorías, antes de que se inicie este proceso de audiencia, como durante
el mismo, en el momento que S. S. estime conveniente, tendremos ocasión
de estudiar cualquier tipo de alegaciones que se puedan formular sobre
esta cuestión.
Con esta exposición, señor presidente, señoras y señores diputados, doy
cumplimiento al trámite de la comparecencia ante esta Comisión para
explicar el contenido de esta propuesta del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los distintos portavoces
les pido, puesto que conocen el reglamento, se atengan el máximo posible
al cumplimiento de los tiempos, ya que tengo conocimiento de que van a
intervenir todos los grupos parlamentarios y si agotamos los mismos vamos
a llegar a una hora avanzada.
Tiene la palabra, en primer lugar, la representante del Grupo
Parlamentario Socialista, señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor ministro, por su comparecencia y
por las explicaciones que acaba de facilitarnos.
Para aprovechar el tiempo que parece que el presidente va a administrar
cicateramente, habida cuenta de la importancia del asunto que trae el
señor ministro...
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, cicateramente no. Usted conoce la
generosidad de este presidente, que lo único que pide es la generosidad
también de los portavoces para que colaboren, pero por favor no abusen.
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, como conozco su generosidad,
me sorprende la advertencia previa. No obstante, no vamos a excedernos,
sin que vamos a tratar de utilizar bien el tiempo del que disponemos.
Señor ministro, he escuchado atentamente su exposición, como estamos
siguiendo atentamente las explicaciones que desde su Ministerio y desde
el Gobierno se están dando para explicar la decisión que el Gobierno ha
tomado, de la que hemos tenido conocimiento por algunos periódicos que
consiguieron esa lista de medicamentos para publicarla.
Quiero hacerle un comentario previo. Con esta medida, el Gobierno del
Partido Popular incumple absolutamente un compromiso electoral y un
compromiso expresado por el señor Aznar y los responsables de la política
sanitaria. Es un asunto grave, señor ministro, que si minimizáramos
estaríamos devaluando algunos principios que en política hay que
recordar, sobre todo cuando se incumplen. Por tanto, la primera
consideración es que es muy grave haber adoptado determinadas posiciones
ante un asunto concreto como éste, haber comprometido con los electores
la restitución a la financiación pública de los medicamentos que excluyó
el Gobierno socialista y salir ahora con una medida de esta naturaleza
sin pedir previamente excusas, como mínimo.
Le hago esta reflexión, señor ministro, porque me parece de elemental
seriedad a la hora de abordar esta cuestión y porque me empiezan a
preocupar algunos comentarios que se están produciendo desde el Gobierno,
ya que nos obligaría a situar el debate en unos términos que hemos
tratado de evitar hasta ahora. Señor ministro, si vemos el «Diario de
Sesiones» del Congreso que recoge cada ocasión en la que el Grupo Popular
se dirigió al Grupo Socialista para hablar de esta cuestión, bastaría su
lectura para sonrojar al político con más desparpajo que podamos imaginar
en la actualidad. No lo vamos a hacer y no lo estamos haciendo. Por eso
nos gustaría que se valorara esa actitud y no se permitieran algunas
imputaciones o algunos comentarios que nos están empezando a resultar
intolerables.
Ayer compareció en el Senado un alto cargo del Ministerio y tuvo un tono
casi amenazante. Le ruego lea el «Diario de Sesiones» y considere esta
protesta.
Estamos viendo, además, la actitud del Gobierno, que no es exclusiva de
esta materia pero sí de los asuntos más difíciles, de echar la culpa
siempre a alguien. Esto ya empieza a resultar irritante, sobre todo en
una medida como ésta. No puede decirnos, señor ministro, que somos los
grupos políticos los que estamos alarmando a la población. Es una
acusación seria, grave, infundada y ofensiva para mi grupo parlamentario,
y por eso quería hacerle estas consideraciones previas, segura de que por
su talante y sensibilidad se va a rectificar esta actuación. Expliquen lo
que quieran y como quieran, pero no incurran en esos comportamientos,
máxime, como le digo, cuando algunos estamos haciendo el esfuerzo de
contención que significa no sacar y leer lo que está a disposición de
todos y que sería de una elocuencia demoledora.
Dicho esto, quiero explicarle por qué el Grupo Socialista se opone a esta
medida, por qué se va a seguir oponiendo y por qué creemos que tiene
razón todo el que está dispuesto a impedir que la medida que ustedes han
anunciado se lleve a la práctica. Voy a explicárselo con claridad, para
ver si somos capaces de desentrañar cuáles son las similitudes y las
diferencias entre unos y otros.
Señor ministro, esta medida trae causa del acuerdo de financiación
adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se
recoge el acuerdo de financiación para los próximos cuatro años que tiene
un apartado que hace referencia a las medidas de ahorro farmacéutico, las
cifra en 65.000 millones/año y dice que se examinarán en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El primer punto que llama
la atención es que esto se manda a los periódicos sin que el Consejo
Interterritorial, por mis noticias, haya tenido ocasión hasta ahora de
examinar, discutir o conocer la lista.
No hay, señor ministro, y sabe que es un asunto que discutimos y tiempo
vamos a tener de seguir haciéndolo porque es muy importante, una
financiación adicional en 1998 de 380.000 millones para la sanidad. En
relación al modelo anterior, según nuestras cuentas, hay 52.000 millones
adicionales a lo que suponía la aplicación del modelo anterior, pero sí
existe una previsión de reasignación interna de recursos que es ésta de
65.000 millones que ustedes deciden --mejor dicho se decide en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera-- recortar del gasto farmacéutico durante
cuatro años.
¿Cómo se consigue esta cantidad? Hay un asunto determinante, que es el
acuerdo que ha firmado usted con Farmaindustria, en virtud del cual,
Farmaindustria va a hacer unas aportaciones a este ahorro adicional de
65.000 millones que según nuestras cifras no alcanzan el 8 por ciento de
esa cantidad total que se va a recortar de farmacia, y luego le explicaré
por qué.
Farmaindustria va a aportar una suma que usted acaba de decir que para el
año 1998 es de 29.000, ni siquiera sostiene que para el año 1998 van a
ser 39.000. (El señor Ministro de Sanidad y Consumo, Romay Beccaría: Le
he dicho 39.000.) Entonces yo le he entendido mal. Ustedes dicen 39.000 y
yo voy a tratar de explicarle por qué nosotros pensamos que esa cantidad
es menor y el resto --hasta los 65.000 millones este año, el que viene
desde los 26.000 que ustedes dicen hasta los 65.000, el tercero y el
cuarto no se sabe porque el acuerdo con Farmaindustria sólo es para dos
años--, como explicó ayer el señor Núñez en el Senado, lo van a pagar los
usuarios.
El señor Núñez dijo, y por eso le digo que tiene interés su comparecencia
de ayer por varias razones, que, de los 381.000 millones más que hay en
Sanidad según ustedes, 65.000 se consiguen a través de financiación
selectiva y el Ministerio lo único que ha hecho, leo textualmente, ha
sido, en lugar de 65.000 millones, conseguir 30.000 de retorno de la
industria farmacéutica y trasladar a los usuarios la necesidad de que
ellos ayuden a aportar el resto de esta financiación. Es decir, ustedes
deciden recortar el gasto farmacéutico en 65.000 millones anuales;
imputan y acuerdan una parte de retorno que va a hacer la industria de
sus beneficios o como aportación a este ahorro adicional, y el resto,
señor ministro, lo van a pagar los pacientes. Eso es lo que ayer ha dicho
el señor Núñez y ésa es la realidad.
¿Cómo lo van a pagar los pacientes? Porque ustedes elaboran una lista
sobre cuya validez o utilidad terapéutica yo no voy a decir ni una sola
palabra y lo que digan los expertos será lo que aceptemos todos. Además,
yo no soy médico y no está en mi ámbito de responsabilidad pronunciarme
sobre la utilidad terapéutica de los medicamentos. Esa lista sobre la que
el Grupo Socialista todavía no se ha pronunciado, ustedes la presentan
diciendo que contiene medicamentos seguros, eficaces y de calidad, señor
ministro; esto es textual, está en todos los teletipos y en todos los
periódicos que recogieron la presentación oficial de la lista: son
medicamentos seguros, repito, eficaces y de calidad. Usted también nos
explica que va a haber excepciones para determinados pacientes y
determinadas enfermedades, lo cual avala esa consideración de que los
medicamentos son necesarios porque, si no, no habría que hacer
excepciones.
Ustedes acuerdan con la industria farmacéutica, y es un elemento esencial
del pacto, la puesta en marcha, la generalización, la utilización de una
receta oficial de la Seguridad Social. Dicen ustedes que ya estaba hecha,
pero que no debía estar puesta en marcha puesto que es objeto esencial de
ese acuerdo; objeto esencial y así lo ha reconocido Farmaindustria, señor
ministro. Aquí, en el acuerdo, se dice que se llevarán a cabo por los
órganos competentes del Sistema Nacional de Salud las actuaciones
oportunas para que, dentro de su ámbito, las prescripciones de
especialidades farmacéuticas excluidas de la financiación pública se
puedan realizar en recetas oficiales de la Seguridad Social;
recetas y actuaciones que se llevarán a cabo previa o simultáneamente a
la introducción de nuevas exclusiones. Estas actuaciones de
generalización de estas recetas son elemento esencial del acuerdo, señor
ministro. Si no se generalizan, en el punto octavo se prevé que la
aportación de 1999 de la industria se revise y, además, se prevé
finalmente que, para llevar a cabo este compromiso de la receta, se
desarrollarán mediante la adopción de los instrumentos jurídicos
adecuados.
De manera que se saca una lista diciendo que son medicamentos serios,
seguros, eficaces y de calidad; se adquiere el compromiso con la
industria de poner en marcha y generalizar una receta oficial nueva y,
además, señor ministro, se liberalizan los precios de los fármacos que
están en esa lista. ¿Y la liberalización qué significa? Pues mire, nos lo
explica el acuerdo que ha firmado usted con Farmaindustria, que dice que
el Ministerio de Sanidad --punto ocho de los expositivos--, dentro del
ámbito de sus competencias, propondrá que los porcentajes de incrementos
de precios para las especialidades farmacéuticas no financiadas con cargo
a fondos públicos estén en relación --los aumentos de precio-- y
coadyuven, especialmente en el primer año, con el esfuerzo que realiza la
industria farmacéutica por las medidas contempladas en este acuerdo. Es
decir, que lo que la industria va a aportar en virtud de este pacto, el
Ministerio lo va a poner en relación a la hora de decidir proponer la
subida de los precios.
Entonces, señor ministro, el cuadro es: se sacan de la financiación
pública unos medicamentos que el Ministerio considera seguros, eficaces,
de calidad y, por tanto, necesarios, y la prueba es que hace excepciones;
se facilita un mecanismo para que se sigan recetando igual, que es la
receta oficial que aquí se compromete el Ministerio a generalizar en el
sistema, por tanto, se pasan a la financiación privada de los pacientes
que, o porque se lo prescriba su médico o porque son medicamentos
conocidos y siguen demandando, resulta que lo van a pagar. Cuando pasa al
bolsillo de los pacientes, señor ministro --un 60 por ciento más a los
activos, un cien por cien a los pensionistas--, se liberalizan los
precios y se suben, y la prensa de estos días nos dice que la industria
ha cifrado en un 30 por ciento el aumento posible para eso medicamentos.
Señor ministro, eso no es una política de uso racional del medicamento;
eso no es despojar el vademécum actual de los medicamentos obsoletos o
que no está justificada su financiación pública; eso es obtener el
complemento necesario hasta 65.000 millones a través de trasladar lo que
hasta ahora se financiaba en el sistema público al bolsillo de los
pacientes. Eso es, señor ministro, poner a pagar a los pensionistas por
primera vez en los medicamentos que sigan demandando o que les receten
sus médicos. Eso es, señor ministro, recortar una prestación sanitaria
importante, como es la farmacéutica, no por razones de uso racional del
medicamento, sino por razones económicas. Ese es el desacuerdo, señor
ministro.
Mi grupo le ha ofrecido, en las demandas de conocer cómo se estaba
elaborando la lista, colaborar a explicar a la población qué es esto del
uso racional del medicamento, por qué hay medicamentos que no deben estar
financiados públicamente; le ha ofrecido el apoyo para explicar eso.
Ustedes lo han rehusado --hemos conocido la lista por los periódicos,
nadie nos ha llamado para pedirnos opinión--, y la medida que nos
presentan, señor ministro, tiene muchas diferencias con la lista del año
1993, muchas; entre otras, señor ministro, que no estaba vinculada a un
acuerdo con la industria farmacéutica. El decreto de financiación
selectiva entró en vigor, me parece, en mayo o junio del año 1993, nada
que ver con el debate presupuestario, nada que ver con ningún acuerdo con
la industria farmacéutica; era una medida de uso racional del
medicamento, señor ministro, que, de paso, podía ahorrar dinero, y ése
era un objetivo que nos preocupó mucho.
Ustedes lo vinculan a un acuerdo con la industria, acuerdo, señor
ministro sobre el que yo quiero hacerle alguna pregunta, si tiene la
atención de contestarla. ¿Con qué título firma usted para obligar a todo
el Sistema Nacional de Salud? ¿Por qué no firman los consejeros de las
comunidades autónomas y no comparecen en el texto del acuerdo que yo
tengo? ¿Por qué no están las comunidades autónomas en el comité de
seguimiento que es paritario entre el Ministerio y la industria? ¿Cuántos
laboratorios se han adherido a la firma del convenio, que según prevé
tenían veinte días para hacerlo? ¿Por qué, señor ministro, esta medida se
ha adoptado tan unilateralmente por el Ministerio? ¿Por qué la hacen
pública sin que la conociera nadie, sin que nadie haya tenido oportunidad
de participar? ¿Por qué, señor ministro, han modificado ustedes la Ley
del Medicamento para cambiar las competencias en la evaluación a la hora
de decidir la financiación de los medicamentos? Señor ministro, ¿por qué
a través de una enmienda en el Senado se ha suprimido la participación de
las comunidades autónomas en el proceso de decisión de financiar o no los
medicamentos? ¿Por qué, señor ministro, intentan ustedes explicar, desde
una perspectiva que resulta casi ofensiva, una decisión que tienen todo
el derecho a adoptar pero no a enmascarar?
Para gestionar mejor la sanidad, para dedicar más recursos a otras cosas,
digan ustedes que recortan la prestación farmacéutica. Si los
medicamentos son seguros, eficaces y de calidad, ¿por qué salen de la
financiación, señor ministro? ¿Por qué en un presupuesto que nos han
dicho ustedes que es el mejor de la historia de la sanidad, por qué en un
momento económico como éste, por qué cuando incluso se están planteando
bajadas de impuestos tienen ustedes que recurrir a desvestir a un santo
para vestir a otro, señor ministro, que es una cosa poco eficaz? ¿Por qué
han prescindido ustedes de cualquier diálogo, de cualquier apoyo técnico,
de cualquier legitimación social para irrumpir con esta medida, que
ustedes debían prever que iba a causar, como mínimo, preocupación? ¿Por
qué intentan que comulguemos con ruedas de molino y que se empiece a
explicar que se está asustando a la gente, que son intenciones
electoralistas, en un asunto tan serio como éste?
Los propios profesionales están discutiendo la lista, pero es que los
periódicos no son el foro, hay otros foros y otras legitimaciones. El
resultado es que no hay nadie de acuerdo con esta medida, que hay
dificultades incluso en
consejeros de su propio partido, que ha colocado usted en una posición
difícil a los grupos que apoyan la política del Gobierno y que es un
medida injusta, mal planteada, que no podemos compartir y que vamos a
combatir, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, ha agotado usted el 150 por ciento de
su tiempo.
La señora AMADOR MARTIN: Pues he terminado, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No era el ánimo de este presidente quitarle la
palabra.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Con mucho gusto
contesto a la señora Amador. Empiezo por aclararle que la medida a la que
usted se refería no está en el programa del Partido Popular. Por tanto,
todas esas imputaciones iniciales carecen de fundamento. Usted sabe que
yo estuve a favor de esa medida en el Consejo Interterritorial, tenía
responsabilidades de Gobierno, sabía lo que era gobernar en la parcela
sanitaria, entendí el sentido de una medida análoga que ustedes tomaron
el año 1993 y la apoyé en el Consejo Interterritorial. Cuando un partido
no ha tenido responsabilidades de Gobierno se puede entender que adopte
algunas posiciones maximalistas, ustedes adoptaron muchísimas antes de
llegar al Gobierno, pero se entiende menos que después de haber tenido
responsabilidades en el Gobierno no secunden propuestas análogas y
razonables como esta que estamos planteando. Por tanto, no caigan en los
mismos errores que están imputando.
Ha habido intentos de desinformación en relación con este tema. No he
sido yo, ni hemos sido nosotros los que hemos dicho que detrás de esto
estaba la privatización de la sanidad o que el Bisolvon estaba en la
cultura de nuestra sociedad; ese tipo de manifestaciones se han hecho y
ayudan poco a entender el sentido de esta medida. Hoy mismo me acaban de
decir que el presidente de la Junta de Andalucía dice que la Junta va a
pagar estos medicamentos, después de haber votado, la Junta de Andalucía,
a favor de esta medida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
(Denegaciones.) ¿No es verdad? Mejor.
La Junta de Andalucía votó a favor del acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera que incluía esta medida, señora diputada, eso es
evidente. En el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera --lo
acaba de decir su portavoz-- se dice que hay que obtener ahorro en la
prestación farmacéutica para completar el diseño de la financiación del
sistema, eso está, y que ese ahorro debe proceder de aportaciones de la
industria, de lista negativa, de genéricos, eso está también.
No me diga usted que no se ha contado con el Consejo Interterritorial,
porque no estamos todavía en ese trámite. Se ha iniciado la tramitación
de este asunto con una propuesta de quien la tiene que hacer, que es el
Ministerio de Sanidad; naturalmente que tiene que todas las entidades e
instituciones que tienen que aportar algo van a ser oídas y terminará
pasando por el Consejo de Política Interterritorial en la fase
procedimental adecuada; usted es un jurista y entiende muy bien que los
trámites se tienen que producir en el momento procedimental preciso. Y lo
que hemos hecho en este acto es iniciar la tramitación de un asunto que
va a pasar por el Consejo Interterritorial, como va a pasar por la
Comisión de Uso Racional del Medicamento, como va a pasar por todas las
instituciones y organismos que tengan algo que aportar a este asunto. No
hay nada unilateral, no hay nada de desinformación, todo eso es un a
priori, es un prejuicio, estamos en una fase en que esto no se tenía que
haber producido, es ahora cuando se tiene que producir. Nosotros abrimos
ese debate y lo hicimos transparentemente, dando a la opinión pública
toda la información sobre este asunto. En este contexto se abre el
trámite y se produce, repito, este debate, que es de máxima
transparencia, no hay nada unilateral en este proceso. Ahora es el
momento de recoger esas aportaciones y de llegar a la fase final después
de haber atendido a las alegaciones que se hagan, en la medida en que
merezcan esa atención.
Me pregunta usted si son seguros, eficaces y de calidad estos
medicamentos. ¿No eran seguros, eficaces y de calidad los medicamentos
que ustedes retiraron de la financiación pública el año 1993? Claro que
lo eran, y ustedes los retiraron de la financiación pública. A mi juicio
hicieron muy bien, está absolutamente justificado, y eran, insisto,
seguros, eficaces y de calidad, pero no con una relación de
coste-eficacia suficientemente satisfactoria. No le quiero leer lo que
usted decía sobre esta misma cuestión, con estas mismas palabras. Por
tanto, me sorprende muchísimo que sean ustedes que tomaron esta medida y
dejaron registrados y útiles para la dispensación unos medicamentos
análogos a éstos en el año 1993, los que me pregunten si son seguros,
eficaces y de calidad. Claro que lo son, claro que siguen en el registro,
claro que eso es lo que hacen todos los países europeos, claro que fue lo
que hicieron ustedes en el año 1993, y me parece que es muy incoherente
plantear cuestiones de esta naturaleza.
Ustedes fueron los que crearon la receta blanca, ustedes crearon esa
receta y ustedes arbitraron el mecanismo y la posibilidad de que estos
medicamentos no financiados se recetaran por los servicios de salud del
sistema. Fueron ustedes, no nosotros. Me sorprende muchísimo que traten
de relacionar la receta blanca y su apoyo. Farmaindustria va a aportar
este año 39.000 millones de pesetas, una cifra absolutamente desconocida
para estas cosas. Eso lo hemos conseguido nosotros, eso supone que va a
estar la receta blanca, pero es que la tenían ustedes, la habían creado
ustedes, la tenían ustedes implantada; no hemos sido nosotros los que
hemos arbitrado ese mecanismo, nosotros lo hemos asumido, porque estaba
ahí y porque entendemos que facilita la libertad de prescripción, pero lo
habían hecho ustedes, repito, no lo hemos hecho nosotros.
Comprendemos el esfuerzo de la industria farmacéutica, 39.000 millones en
un año no es una cifra pequeña. Si ellos entienden que coadyuva a ese
esfuerzo la utilización de una medida que ustedes tenían, nosotros la
hemos respetado. ¿Qué es esto si no uso racional? Es uso racional, es
preocupación por el coste-efectividad, es una obligación de los servicios
sanitarios porque son muchas y muy importantes las necesidades que,
desgraciadamente, todavía no tenemos bien atendidas a pesar de lo mucho
que hemos mejorado en la gestión de los servicios sanitarios. Y como
ustedes en el año 1993, nosotros creemos que esto hay que hacerlo para
mejorar la prestación farmacéutica, que tiene unos niveles altísimos en
nuestro país, que la hemos encontrado con niveles altísimos, que nos
estamos preocupando de contener ese crecimiento acelerado, expansivo, muy
preocupante de la prestación farmacéutica para mantener la estabilidad
del sistema y poder dedicar más recursos a otras necesidades que
consideramos prioritarias y que ustedes saben que lo son. Precisamos
avanzar en este camino y nos hemos preocupado de estas y de otras medidas
para controlar este crecimiento del gasto farmacéutico. Eso es uso
racional, y es uso racional excluir los medicamentos con asociación a
dosis fija, y es uso racional cuidar el coste-eficacia de la prestación,
que fue lo que hicieron ustedes en el año 1993 y repetimos nosotros
ahora, pero en un contexto que se sitúa más dentro de una mejor
reasignación de los recursos sanitarios que entonces.
¿Es que los pensionistas del año 1993, que se vieron privados de los
medicamentos que ustedes excluyeron, son de distinta naturaleza que
ahora? ¿La receta blanca no era igual para los pensionistas en el año
1993 que ahora? ¿Cómo nos dicen ustedes eso? La diferencia es que
nosotros estamos atendiendo mejor a los pensionistas y los estamos
atendiendo mejor desde los servicios sanitarios. Sí, señora. Mucho mejor.
No quiero insistir en cifras que dicen más que nada lo que es la mejor
atención de las personas mayores, que son los mayores demandantes de los
servicios sanitarios, y que desgraciadamente padecían largas demoras en
sus intervenciones quirúrgicas, afortunadamente reducidas, gracias entre
otras cosas a una mejor asignación de los recursos. ¿Es esto un recorte
de la prestación sanitaria? Usted se preguntaba esto en el año 1993 y
negaba que fuera un recorte de una prestación. Es una racionalización de
una prestación, una asignación de recursos y una utilización eficiente de
los mismos.
Respecto a las comunidades autónomas, vuelve usted al acuerdo con
Farmaindustria, un acuerdo que nos permite conseguir una aportación muy
importante de la industria farmacéutica a este ahorro. Naturalmente, las
comunidades autónomas lo tienen que firmar conmigo. Yo he firmado, pero
tienen que firmar todas las comunidades autónomas. Estos acuerdos los
tienen que asumir los servicios de salud. Contamos con el apoyo de la
industria para seguir adelante con esta operación.
En la política de medicamentos, en la administración farmacéutica,
estamos introduciendo novedades muy necesarias y muy sentidas en nuestro
país y entre otras está la creación de la Agencia Española del
Medicamento, un déficit muy grave que tenía nuestro país. Nos estábamos
quedando en ése, como en tantos otros aspectos de la gestión y de la
administración sanitaria, alejados de las corrientes europeas. Usted sabe
que casi todos los países de Europa tenían una agencia de medicamentos y
situaban ahí competencias muy importantes en relación con el registro de
las especialidades farmacéuticas para incorporarlas a las corrientes
europeas. Desgraciadamente aquí no la teníamos; quedábamos tres o cuatro
países y algunos con explicaciones muy fáciles de entender y con
dificultades para implantar este tipo organismos, como puede ser el caso
de Bélgica, ya no digo el de Luxemburgo, en donde estas cosas las utiliza
a través de los países del Benelux; faltaba Austria, que se apoya mucho
en Alemania; Italia y nosotros. Teníamos que hacer una Agencia Española
del Medicamento, la hemos hecho, y eso explica algunos reajustes en las
competencias que hemos tenido que plantear.
No recortamos, como no recortaron ustedes en el año 1993. Lo hacemos, en
el contexto de un enorme esfuerzo del Gobierno, por mejorar la
financiación de la sanidad. Eso no se puede discutir. Los presupuestos de
la sanidad suben el año 1998, sobre 1997, 386.000 millones. Eso significa
200.000 millones más de lo que hubieran subido con arreglo al modelo
anterior, en un contexto de restricción. Es verdad que de bonanzas
económicas y afortunadamente, gracias a eso, se puede hacer este enorme
esfuerzo, que es poner en la sanidad 386.000 millones más que el año
anterior; 200.000 millones más, de los cuales 140.000 van a salir
directamente de las arcas del Estado. De esos 386.000 de aumento del
presupuesto, 320.000 salen de las arcas del Tesoro, en un contexto de
restricciones presupuestarias, que son compatibles y, en cierta medida,
explican nuestras mejoras económicas. Eso es perfectamente compatible y
nos da mucha autoridad para poder incluso hacer esta propuesta. Nosotros
hacemos un enorme esfuerzo para mejorar la financiación de la sanidad,
que lo necesitaba; pero, al mismo tiempo, nos imponemos los servicios de
salud. Hemos sido los servicios de salud los que hemos dicho que apoyamos
este modelo de financiación. El fisco nos va a facilitar 140.000 millones
y nosotros nos comprometemos a una reasignación de recursos para poder
dedicar prioritariamente otros recursos a otras necesidades. De ahí van a
salir 65.000 millones, de la prestación farmacéutica, para poder atender
otras necesidades prioritarias, para poder seguir bajando las listas de
espera, para hacer muchas obras necesarias en los hospitales, para abrir
los centros de salud por las tardes y extender la asistencia de urgencia
en primaria. Para tantísimas cosas, como estoy seguro de que S. S.
entiende, que son preferentes a las necesidades que se atendían con este
gasto farmacéutico.
Sobre esto yo me siento muy arropado por la inmensa mayoría de la
comunidad científica, de la comunidad médica, que sabe usted que
comparten estos criterios. He dicho que con esto respaldábamos a los
servicios de salud de la Administración central y de las comunidades
autónomas, que en su inmensa mayoría coincidían en el consejo y en la
indicación a sus médicos y a sus profesionales de que utilizaran cada vez
menos estos medicamentos. Me siento muy respaldado por la comunidad
científica, por la comunidad médica, por los profesionales de nuestros
servicios, que, en su inmensa mayoría, comparten esta medida. Ya me
hubiera gustado sentirme más acompañado de otras fuerzas políticas.
Porque no se tienen que sorprender de que estemos ahora en la fase de
discusión y de negociación
sobre esto y donde se podían y se pueden hacer las aportaciones que se
estimen pertinentes.
En definitiva, señora Amador, creemos que se trata de una medida
justificada en favor del uso racional del medicamento y de una adecuada
utilización de los criterios de coste-eficacia en el manejo de los
recursos sanitarios, para una mejor atención de la población, de lo que
los sectores más desfavorecidos se verán más beneficiados. (La señora
Amador pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Señora Amador, tiene la
palabra por dos minutos, excepcionalmente, para alguna aclaración o
puntualización.
La señora AMADOR MILLAN: Señor ministro, en el acuerdo del Consejo
Política y Financiera la única previsión son medidas para ahorro de gasto
farmacéutico por 65.000 millones, que se analizarán en el Consejo
interterritorial. Usted lo va a llevar al Consejo interterritorial cuando
ya está condicionado. La lista está condicionada por este acuerdo que ha
firmado usted solo con Farmaindustria, señor ministro, está condicionada,
según ha corroborado ayer el señor Núñez al explicar de dónde salen los
dineros del recorte farmacéutico.
Le voy a decir más: con la industria farmacéutica, señor ministro, lo que
ha firmado usted es un pacto que neutraliza la política de genéricos y
que limita el impacto que para la industria van a tener todas esas cosas
que lleva un año anunciándonos. Porque, de los 29.000 millones que se
dice que van a aportar en el año 1998, que, a los efectos de este
recorte, son 15.000, porque los otros 15.000 ya los aportó el año pasado
y, una de dos, o los cuenta usted el año pasado o los cuenta éste, pero
las dos veces, no. Si los cuenta usted ahora también, entonces tiene que
subir 15.000 millones el gasto farmacéutico que nos ha dado de 1997,
porque ese gasto se ha conseguido por un retorno de la industria
farmacéutica de 15.000 millones. De manera que no los cuente dos veces;
son 15.000, no 30.000. De estos 15.000 millones, señor ministro, usted ha
firmado que de esto se deducirá el ahorro en precio de venta a
laboratorio producido en 1998 por la comercialización de medicamentos
genéricos, así como por la exclusión voluntaria de especialidades
farmacéuticas. Y, en 1999, genéricos, precios de referencia; es decir,
que si usted cumple lo que ha dicho, y va a haber genéricos, la industria
no aportaría nada. Eso es lo que ha firmado usted con la industria
farmacéutica, esto es lo que condiciona la lista de medicamentos, y esto
es lo que determina la lista que usted ha hecho. Por eso la ha hecho
solo. Por tanto, no puede compartir esa responsabilidad con las
comunidades autónomas porque no lo ha hecho usted con ellas, al menos no
con todas. Si alguna ha tenido conocimiento, a nosotros no nos consta. De
manera, señor ministro, que el acuerdo de la lista negativa sale de este
acuerdo con la industria farmacéutica, y lo condiciona.
Las diferencias con la lista del año 1993 son muchas, señor ministro.
Entre otras, el presidente de la sociedad catalana de medicina familiar
acaba de decir en un periódico, por ejemplo, para sintetizar, ya que
tengo tan poco tiempo: Todos los medicamentos que el PSOE retiró en 1993
eran prescindibles. Lo dice el presidente de la Sociedad catalana de
medicina familiar, que de esto sabe más que yo. Y resulta que ahora lo
que dicen las asociaciones de médicos de primaria es que no sé cuántos
grupos deben estar o dejar de estar. Por tanto, no me vuelva a llevar a
la lista. Nosotros aprobamos una lista, que celebro que usted apoyara,
aunque entonces créame que se le oyó poco, diciendo: esto tiene baja
utilidad terapéutica; no lo consuma. No dijimos: págueselo usted y a
precio libre. No lo consuma. Y, naturalmente, asumimos la responsabilidad
de explicar eso a la industria, a los médicos, a los pacientes, a todo el
mundo. Esa es la diferencia, señor ministro. Nosotros no recortamos gasto
farmacéutico para decir a la gente que, como eran medicamentos buenos,
los siguieran pagando.
En cuanto a la receta, señor ministro --y están ustedes muy insistentes
con esto de la receta--, hay cosas que se explican por sí solas, porque
nadie ha visto nunca esa receta, ni en los consultorios, ni en los centro
de salud. La ha visto un diputado del Partido Popular que tiene usted
sentado a su lado. No se usa esa receta, señor ministro, porque aquellos
medicamentos no siguieron recetándose igual y pagándolos los pacientes.
Como esto lo explicamos, señor ministro, la gente sabe de qué estamos
hablando cada uno. Y los pensionistas jamás han tenido que poner encima
de la mesa que pagaban unas recetas blancas, porque no las han pagado
hasta ahora.
Por tanto, no es que hagamos juegos de palabras, es que no tiene nada que
ver una medida con la otra. Señor ministro, aquellos medicamentos eran
prescindibles y nosotros asumimos la responsabilidad de explicar que no
se consumieran; ustedes ahora dicen que son seguros, eficaces y de
calidad y que, por tanto, se sigan recetando igual y a precio libre. Y
dicen eso porque se lo ha exigido la industria farmacéutica, que, según
tuvimos ocasión de oír en un debate, ha conseguido --dijeron
textualmente-- que ustedes abandonaran esa jerga de la baja utilidad
terapéutica. Es muy fácil, señor ministro, si son seguros, eficaces y de
calidad, que se mantengan en la financiación pública, ya que el momento
económico no exige esos recortes, y, si no lo son, se sacan con todos los
avales de los expertos. Y nosotros seremos los primeros en defender esa
política, pero como ustedes lo plantean no.
Finalmente, señor ministro, no me sé el programa electoral del Partido
Popular ad pedem litterae, pero el señor Aznar y el Partido Popular
prometieron mantener y mejorar el sistema sanitario público, lo han
repetido a lo largo de este año en innumerables ocasiones, en el
Parlamento hemos tenido ocasión de oír unos discursos esperanzadores en
los que ustedes decían que iban a hacer todo pero mejor, y le aseguro que
algunos estábamos encantados de que eso fuera posible, porque, como
muchas veces le hemos dicho, el sistema sanitario de este país es mucho
más importante que cualquier otra consideración. Pero resulta que ya
hemos llegado, señor ministro, y ustedes han dicho estos días que el
Sistema Nacional de Salud tiene que quedar para las cosas graves y que lo
leve tiene que ser a cargo de cada uno, explicación de la que vamos a
tener ocasión de debatir porque ya hemos visto cuál es su concepción del
sistema sanitario, que coincide, por cierto, con la expresada
recientemente por algunos representantes de la industria farmacéutica,
que han dicho que hay que subir el listón de lo que cubre y garantiza el
sistema sanitario. Esa es la cuestión, señor ministro, y ustedes lo
saben, como nosotros, si no mejor.
No hagamos juegos de palabras ni habilidades dialécticas en un asunto que
está afectando de manera muy seria a la cohesión social de este país y al
umbral de lo conseguido, que no estamos dispuestos a retroceder, y se lo
digo con todo respeto pero con toda claridad. No es cuestión de
habilidades dialécticas, señor ministro; éste es un asunto serio en el
que vamos a llegar a sus últimas consecuencias, porque no pueden ustedes
pretender darnos gato por liebre.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señora Amador,
la verdad es que lamento su esfuerzo de confusión en este asunto
(Rumores.), y siento tener que decírselo.
El acuerdo del Consejo de Política Fiscal es muy claro, prevé el ahorro
farmacéutico con medidas que suponen aportaciones de la industria,
reducciones de precios, lista negativa y genéricos, y con eso tenemos que
conseguir 65.000 millones de ahorro adicional en esta parcela de las
prestaciones. Ese es nuestro compromiso; 65.000 millones que deben salir
de aportaciones de la industria, reducción de precios, lista negativa y
genéricos, y lo vamos a conseguir.
Usted invoca argumentos de autoridad. Yo le puedo decir que el presidente
de la Sociedad Española de Farmacología Clínica también ha dicho
públicamente que, en general, hacía una valoración positiva del contenido
de la propuesta del Ministerio. Y espero que este tipo de manifestaciones
se prodiguen en el futuro. (La señora Amador Millán: Estamos de acuerdo,
sáquenla de la financiación.) No, decía que estaba de acuerdo con la
valoración que se hacía de la lista.
Lo que no entiendo es que ustedes, que hicieron lo mismo en el año 1993,
sacaron de la financiación pero dejaron en el registro, y que no niegan
los medicamentos que sacaron del registro en el año 1993, como el
Frenadol y la Couldina, por ejemplo, que están registrados; digan que no
son seguros y eficaces y que no tienen calidad. Ustedes los dejaron en el
registro, como hacemos nosotros ahora, pero se sorprenden de que nosotros
saquemos de la financiación medicamentos análogos y los dejemos en el
registro. No lo entiendo y no me diga usted que eso tiene que ver con el
acuerdo de Farmaindustria, porque por ese acuerdo pone 39.000 millones
este año. (La señora Amador Millán: A cambio de que se sigan recetando.)
Esa es una medida justificada en sí misma y es lo mismo que hicieron
ustedes.
Me habla usted de la receta blanca, y la crearon ustedes. (Rumores.) La
crearon ustedes para que se pudieran dispensar esos medicamentos desde el
sistema. ¿Qué tipo de confusión quieren ustedes introducir confundiendo
sobre esto? Si hacemos lo mismo, dejamos los medicamentos en el registro
y prevemos la utilización de la receta blanca. Es exactamente lo que
ustedes hicieron. Es una incongruencia total, que induce a confusión,
señora Amador, porque usted es una persona a quien se respeta y la gente
la oye con atención y consideración. (Varios señores diputados: ¡Claro!)
¿No eran seguros aquellos medicamentos? ¿Son prescindibles? Pues estos de
ahora son prescindibles, como aquéllos, en términos de coste-eficacia. No
se financian porque son prescindibles, en unos casos por las tres razones
que hemos manejado y que ustedes también tuvieron en cuenta --no sé si
las asociaciones estaban tan de actualidad como ahora, pero es una medida
de uso racional del medicamento--, son los medicamentos de limitada
utilidad terapéutica y los de síndromes menores, los mismos o análogos a
los que ustedes excluyeron el año 1993, que quedaron registrados y se
podían utilizar, y para eso inventaron la receta blanca.
Señora Amador, este Gobierno se ha tomado muy en serio mantener y mejorar
el Sistema Nacional de Salud, y mejorarlo exige racionalización y
priorización. Ustedes gastaban demasiado en medicamentos, en España se
gastaba mucho. ¿O no? (La señora Amador Millán: Sí, sí.) Usted le
preguntaba eso al portavoz del PP en el año 1993 y usted pensaba que se
gastaba mucho en medicamentos, ¿es que no lo piensa ahora? ¿Es que no
piensa que hay que embridar ese gasto para dedicarlo a necesidades
prioritarias? (La señora Amador Millán: Sí.) Pues eso es exactamente lo
que estamos haciendo, y lo estamos haciendo con medidas de todo tipo (El
señor Moratalla Molina: ¡Insuficientes!), que suponen una política
integral. (El señor Corominas i Busqueta: ¡Malas!) ¿Es malo bajar el
margen a los farmacéuticos? ¿Es malo introducir los genéricos en este
país? Ojalá hubiéramos encontrado implantados muchos más genéricos, que
permiten dar una prescripción de calidad a mucho menor precio. ¿Es ésa
una mala política? ¿Es una mala política lo que hemos hecho con las
oficinas de farmacia, los genéricos, los precios de referencia, que los
hemos regulado? ¿Es malo lo que estamos haciendo en la gestión de estos
servicios? Algo que nos ha permitido ya reducir el crecimiento del gasto
farmacéutico en el Insalud, del 11,57 por ciento al 4,62, lo que supone
que el Insalud se haya podido gastar 22.000 millones más; en operar
enfermos de cadera, señora Amador, que es más urgente e importante que
seguir dando estos medicamentos. Tengo que decírselo.
Y esto lo hacemos por defender el sistema público. Qué es eso de que
estamos restringiendo prestaciones o atentando contra el sistema público
cuando estamos mejorando su eficiencia, reduciendo los tiempos de demora
y mejorando la calidad de la asistencia que damos desde el sistema
público, lo estamos defendiendo y financiando en términos desconocidos en
estos años pasados, en que lamentablemente por las carencias financieras
del sistema se acumulaban deudas, retrasos o se mantenían las
instalaciones y los medios, con muchas carencias, que, desgraciadamente,
tenemos que tratar de subsanar y de suplir defendiendo, como nadie, un
sistema público en el que creemos porque tiene valores de cohesión social
y solidaridad que son irrenunciables. Justamente por eso queremos
mejorarlo, con más recursos, con una mejor
utilización de los mismos y con una mejor organización y un mejor
funcionamiento, de forma que dé mejor servicio a los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia.
Tengo la satisfacción de representar a un grupo que mantuvo la misma
posición cuando el Gobierno socialista planteó la exclusión de la
financiación pública de una relación de medicamentos y que, por lo tanto,
no tiene que avergonzarse ahora ni de la actuación de portavoces
--entonces de la oposición--, que se enfrentaron decididamente a lo que
su Gobierno está haciendo ahora, ni a grupos que tienen dificultades para
explicar cosas que van en la misma dirección. Y no por planteamientos
maximalistas, señor ministro, voy a demostrarle cómo hay propuestas de
medidas concretas de ahorro farmacéutico, mejorando la racionalidad en el
uso de los medicamentos sin limitar prestaciones sanitarias.
Señor ministro, señor presidente, Mesa de la Comisión de Sanidad, pido su
amparo ante los flagrantes incumplimientos del señor ministro --y lo
siento--, ya que en la última reunión de la Comisión de Sanidad, a la que
usted asistió, dijo que remitiría a los grupos parlamentarios en plazo
breve el acuerdo con Farmaindustria, que sorprendentemente había llegado
a los medios de comunicación antes que a los grupos parlamentarios, hecho
que se ha incumplido hasta este momento y que, como todos pueden suponer,
incapacita a los grupos parlamentarios para ejercer la función
parlamentaria y constitucional de control al Gobierno. Oscurantismo y
opacidad. No haga gestos, señor ministro. Usted se comprometió a remitir
en plazo breve algo que todavía los grupos parlamentarios desconocen,
cuando todo el mundo en este país parece que conoce exactamente cuál es
el acuerdo con Farmaindustria.
Señor ministro, el sistema sanitario público no tiene ningún problema de
estabilidad financiera, mientras no se plantee su desestabilización
financiera, a través de medidas fiscales, que, por la vía de disminuir
los ingresos del Estado, después van a plantear que no hay dinero para la
sanidad. Me remito a las declaraciones del señor Rato que aparecían
publicadas en la prensa de ayer, en el sentido de que el euro aconseja
privatizar servicios públicos como la sanidad y, por tanto, restringir
prestaciones.
Señor ministro, la exclusión de medicamentos de la financiación pública
no supone otra cosa que incrementar la irracionalidad en el uso de los
medicamentos.
Me voy a permitir, señor ministro, hacer referencia a un documento del
Ministerio de Sanidad, elaborado por sus técnicos del Ministerio y
publicado en un medio de comunicación, en el que se analizan la seguridad
y eficacia de los medicamentos excluidos. La Ley del Medicamento y la Ley
General de Sanidad atribuyen a la Administración sanitaria la
responsabilidad, no de garantizar el coste-beneficio, sino de asegurar la
calidad, la seguridad y la eficacia en la prestación farmacéutica.
¿Es cierto o no, señor ministro, que sus técnicos del Ministerio de
Sanidad analizan grupo por grupo de los excluidos? Antiespasmódicos y
anticolinérgicos: estas especialidades contienen asoaciaciones no
justificadas de principios activos. Antivaricosos tópicos: no se dispone
de información científica que avale su utilización. Corticosteroides
tópicos asociados con antibióticos: no se recomiendan estas asociaciones
porque el corticoide puede empeorar la infección. Corticosteroides
sistémicos asociados con otras sustancias: no está justificado utilizar
corticosteroides asociados a antiestamínicos. Antibióticos asociados
entre sí: esta especialidad contiene una asociación no justificada de
principios activos. Antiinflamatorios: se carece de bibliografía
científica que avale su utilización. No insisto, pero hay un listado
estricto, y he leído.
Hay informes del Ministerio de Sanidad que hablan de que evidentemente la
consecuencia lógica de estas informaciones es que están en el registro de
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios medicamentos para
cuya utilidad no existe justificación alguna. ¿Cuál es la verdad, señor
ministro? Si hay seguridad y eficacia en los medicamentos excluidos, no
es de recibo que la financiación se elimine. Si es lo que sus técnicos
del Ministerio de Sanidad, no el Grupo de Izquierda Unida, dicen, y he
leído textualmente, el Ministerio de Sanidad está incumpliendo gravemente
su principal responsabilidad en materia del medicamento, que es asegurar
a la población, a los enfermos, a los profesionales de la sanidad, que
los medicamentos que están avalados por el registro tienen realmente la
eficacia que señalan las indicaciones para las que son prescritos.
Aquí hay algo que falla. Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser
verdad. Si hay medicamentos que no sirven, es su obligación ineludible,
como máxima autoridad sanitaria, no seguir engañando a la población,
manteniendo el aval de la autoridad sanitaria a medicamentos que sus
técnicos del Ministerio de Sanidad califican con palabras durísimas,
injustificando claramente el tipo de asociaciones de medicamentos que
existen.
Yo le pido que asuma esa responsabilidad y que clarifique en función de
qué, señor ministro, como se ha dicho, usted acuerda con la industria
farmacéutica --y reconocerá que la industria farmacéutica, como cualquier
industria, evidentemente, se preocupa fundamentalmente de sus
beneficios-- este tipo de propuesta que, como usted mismo ha dicho, no ha
pasado por ningún órgano científico de la Administración o de las
comunidades autónomas que avale, desde el punto de vista estrictamente
científico, su exclusión.
Señor ministro, las medidas economicistas en sanidad salen caras, salen
muy caras. En el real decreto de revisión selectiva del medicamento que
el PSOE introdujo en 1993 se excluyeron de la financiación pública
medicamentos tan eficaces y seguros como el Hibitane, antiséptico de
reconocida eficacia y seguridad, de un precio bajísimo. ¿Sabe usted qué
ha supuesto la exclusión del Hibitane? Que en muchos enfermos crónicos,
que, merced a la capacidad antiséptica del Hibitane, podían reutilizar
sondas y otros elementos de intervención sanitaria, al excluir el
Hibitane,
tienen que comprar para cada uso una sonda, sonda que vale miles de
pesetas. (El señor vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la Presidencia.)
El economicismo sale muy caro en sanidad, porque lo que hay que ver no es
la medida contable de ahorro al final, sino el coste global del sistema
sanitario. Y evidentemente lo que ustedes plantean es, señor ministro,
como la que planteó el Gobierno del PSOE, la mayor medida de uso
irracional del medicamento. Porque usted, señor ministro, es responsable
de la calidad de la atención, en este caso, farmacéutica.
¿Quieren explicarme, como yo pedí explicaciones al PSOE, cómo es posible
que, si estos fármacos son ineficaces, injustificados, se carece de
documentación científica que avale su existencia, ustedes, como autoridad
sanitaria, permiten publicidad, que yo me permito calificar con todo
rigor de engañosa, en los medios de comunicación a personas que, por su
propia situación de ciudadanos, no son capaces de valorar la eficacia
técnica de lo que se les anuncia y se ven sometidos a la publicidad,
intensiva por supuesto, porque ya buscarán los laboratorios las medidas
necesarias para que sus ingresos no sufran en este sentido? Al mismo
tiempo, ustedes introducen el precio libre.
Señor ministro, usted sabe, o debería saber --seguro que expertos de su
Ministerio lo conocen-- la trascendencia en desigualdades en materia de
salud que supone la introducción de cualquier medida de copago en
sanidad. No voy a gastar tiempo en esto, porque todo el mundo conoce cómo
son las pensiones en este país, cuántos son los parados, qué proporción
recibe subsidio o prestación sanitaria por desempleo. A todas esas
personas se les plantea la obligatoriedad de pagar al 100 por cien los
medicamentos ineficaces, pero que ellos no van a saber si son eficaces o
no, y los medicamentos de alta eficacia que ustedes excluyen.
Dice usted que hará excepciones. ¿Es que se va a pedir carné de pobre de
solemnidad para acceder a estos medicamentos? Cuando sean síndromes
menores, no hablo de enfermedades crónicas, pero para síndromes menores
hace falta tratamiento, porque existe. ¿Quién va a valorar la pobreza de
quien reclama una atención sanitaria, el médico, el farmacéutico? ¿De qué
manera? ¿Quién se puede creer eso, señor ministro? Lo que ustedes
persiguen con esa medida es algo absolutamente conocido, y es la
exclusión de los enfermos más pobres de la llegada al sistema sanitario
público. Hay cifras, señor ministro. Vicente Navarro, experto que
compareció ante la subcomisión, hizo afirmaciones respecto a la
introducción de medidas de copago en países industrializados por la vía
de la exclusión de la población más pobre del sistema sanitario en su
conjunto, que deja de ir al médico al saber que muy probablemente va a
tener que pagar el 100 por cien del producto y va a optar por la
automedicación. Vicente Navarro dijo aquí --y todos lo pudimos escuchar--
que la introducción de formas de copago ha supuesto en Estados Unidos una
cifra de muertes al año superior al sida, precisamente por la exclusión
global del sector más pobre de la población del acceso a los servicios
sanitarios. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hay otro dato que
es mucho más modesto que el que usted va a introducir. En Canadá se
introdujo una medida de copago de un dólar y eso supuso una
disminución...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, se está saliendo de la cuestión
porque no estamos hablando del copago.
La señora MAESTRO MARTIN: ¿Cómo que no estamos hablando del copago?
Estamos hablando del 100 por cien de pago, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, no es el objeto de la comparecencia.
La señora MAESTRO MARTIN: El objeto de la comparecencia es la exclusión
de la financiación pública de medicamentos. Estoy ateniéndome, señor
presidente, al objeto estricto.
La introducción de una medida de un dólar de copago supuso la exclusión
del 7 por ciento de la población, en promedio, de los servicios
sanitarios, y entre los sectores más pobres de la población fue del 20
por ciento. Señor ministro, yo quiero una respuesta a algo que me
sorprende desde hace mucho tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le advierto que ha sobrepasado su
tiempo y ahora le pido generosidad con la Presidencia, la misma que tiene
la Presidencia con usted, en cuanto a que sintetice las preguntas que
quiere hacer al señor ministro en el breve tiempo de dos minutos.
La señora MAESTRO MARTIN: Sí, señor presidente. Termino.
Quiero una explicación porque he leído atentamente la lista y he buscado
un grupo de medicamentos de reconocida ineficacia por parte de las
autoridades científicas, por parte del consejo general de Colegios de
Farmacéuticos, como son los vasodilatadores cerebrales. Todos los que
hemos hecho estudios de medicina sabemos que estos medicamentos son
ineficaces porque no traspasan la barrera hematoencefálica. Para los no
expertos, es lo mismo que si alguien se toma algo para el dolor de muela
y el medicamento no llega a la muela, para entendernos. Voy a leer
brevemente lo que dice el consejo general de Colegios de Farmacéuticos
sobre los medicamentos de ineficacia probada. El grupo de los
vasodilatadores cerebrales tiene muchos menos ensayos clínicos bien
hechos que cualquier otro grupo terapéutico. Los resultados son tan
contradictorios que resulta imposible llegar a una conclusión definitiva.
Los vasodilatadores han sido convertidos en el prototipo de la medicación
irracional que, desgraciadamente, además de no llegar al lugar donde se
produce supuestamente su acción tienen efectos secundarios. Es decir, son
ineficaces pero tienen efectos indeseados, como la posibilidad de que se
produzca hipotensión o acumulación de sangre en zonas vasculares sanas.
Señor ministro, en este grupo de medicamentos, paradigma de los
medicamentos ineficaces, se gasta al año 32.000 millones de pesetas.
¿Puede usted justificarme por qué estos medicamentos siguen en el
registro? Esta es la línea general de mi intervención, la de cómo la
autoridad sanitaria incumple flagrantemente su responsabilidad
manteniéndolos en el registro. Pero según su lógica no sólo los mantiene
en el registro sino que además forman parte de la lista de medicamentos
financiados por la Seguridad Social. Yo me he preocupado, porque ésta es
una incógnita poderosa, de ver cuáles son estos laboratorios, y más del
50 por ciento del gasto en fármacos de estas características proceden de
laboratorios implantados en Cataluña. ¿Alguna casualidad? No lo sé. Hay
explicaciones que usted tiene que dar aquí.
Yo he presentado ayer una proposición no de ley indicando formas de
ahorro, la famosa de los envases. La famosa de los envases permitiría
reducir el gasto farmacéutico de las especialidades más recetadas al
menos en un 30 por ciento, lo que supone 32.000 millones de pesetas
tirados por la ventana; tirados por la ventana y que aumentan el gasto
sanitario porque los efectos indeseables también son consumo sanitario en
la medida que necesitan tratamiento.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino ahora mismo, señor presidente.
Señor ministro, mi grupo parlamentario reitera que la medida adoptada
supone reducción de la prestación farmacéutica en los fármacos ineficaces
que se dejan de financiar, incumplimiento de las obligaciones del
Ministerio de Sanidad de garantizar la calidad y la eficacia de
medicamentos ineficaces que se mantienen en el registro y, en cualquier
caso, trasladar al gasto individual de los enfermos el ahorro de gasto
público que, evidentemente, ha sido acordado con la industria
farmacéutica en función de los intereses. Hay un dato, señor ministro. Si
se estudian los laboratorios afectados por la exclusión de la
financiación hay laboratorios que se hunden; hay pequeños laboratorios
que se hunden porque no están en condiciones de financiar la publicidad
en medios de comunicación. Y también hay una incógnita que ojalá podamos
resolver en breve tiempo: ¿No se estará asistiendo, con la colaboración
del Ministerio de Sanidad, a una importante reestructuración interna del
sector farmacéutico con la desaparición de pequeños laboratorios que van
a ser comprados por otros? Sin ninguna duda, señor ministro, este acuerdo
beneficia a la industria farmacéutica, ustedes lo han acordado con la
industria farmacéutica y la población tiene todo el derecho, yo diría que
la obligación en función de la defensa de los intereses, de intentar no
sólo oponerse sino adoptar las medidas necesarias para impedir que esta
medida pueda llevarse a cabo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
presidente, pido disculpas por el hecho de que no haya llegado ese
acuerdo con Farmaindustria, porque yo las instrucciones pertinentes las
di y me duele que no se hayan cumplido.
Señora Maestro, es muy serio esto de la prestación farmacéutica y de su
coste, y eso de que amenaza la estabilidad financiera del sistema no es
retórica. Cualquier analista serio se da cuenta de que una parcela de la
prestación que sube acumulativamente el 14,5 anual durante los últimos 10
años, cuando los presupuestos suben menos de la mitad, supone una
situación que hay que corregir. Y si eso se compara con los países de
nuestro entorno y vemos que los sistemas sanitarios de los países
europeos con los que nos comparamos dedican al gasto farmacéutico
porcentajes mucho menores, naturalmente tenemos que convenir que estamos
ante una parcela que exige medidas, que exige reflexión y que exige tomar
muy en serio cada peseta que podamos dedicar a eso, porque no son
ilimitadas nunca las posibilidades financieras de ningún país, de ningún
Estado, por muy buena que sea la bonanza económica, que hay que
preservar, entre otras cosas porque todo es necesario para mantener el
funcionamiento del Estado y la prosperidad del país.
Este Gobierno hace un enrome esfuerzo en la financiación de la sanidad y
se toma muy en serio el reajuste interno de las prioridades y de las
necesidades. Y la prestación farmacéutica exigía estas medidas cuyo
crecimiento estaba comprometido seriamente la viabilidad financiera del
sistema y una buena asignación de los recursos. Decir que esto es
incrementar la irracionalidad en el uso de los medicamentos me parece que
no tiene fundamento alguno. Todas las medidas tienen su sentido. En un
caso se excluyen las asociaciones por las razones que se ha dicho; en
otro se excluyen unos medicamentos por su limitada utilidad terapéutica;
y en otro caso se trata de medicamentos muy eficaces pero en relación con
síndromes menores en los que no se entiende justificada la financiación
pública, ni aquí ni en ningún país de aquellos con los que nos
comparamos.
La Ley del Medicamento nos exige en la prestación farmacéutica estas
referencias al coste-eficacia que deben determinar esa revisión periódica
de los medicamentos que están en la lista negativa de la Ley del
Medicamento y que explica esto. Sin embargo, no saquemos las cosas de sus
límites. Decir que un medicamento no merece la financiación pública por
razones de coste-eficacia no quiere decir que no tenga alguna eficacia
que justifique su permanencia en el registro, pero con una adecuada
información de la población como pasa aquí, ha pasado en años anteriores
y pasa en el resto de Europa donde se separa y se distingue muy bien lo
que es el registro de las especialidades, para lo que bastan unas
determinadas características, y lo que es la financiación pública, para
lo que hacen falta otras. En eso nos sumamos a las posiciones más
avanzadas de los países de Europa con los que nos comparamos, y esto que
hacemos es perfectamente racional y justificado. Estos medicamentos
pueden seguir en el registro porque alguna eficacia tienen, pero no es
suficiente para que merezcan este otro
aval y esta otra consideración de medicamentos financiables por el
sistema público. Y no sólo son medidas de racionalidad, de
coste-eficacia. Llamarlas economicistas es no entender su sentido
profundo. Aquí no estamos tratando de ahorrar en medicamentos para que se
lo quede nadie. Estamos tratando de ahorrar en medicamentos que
consumimos mucho para mejorar los servicios públicos de salud, para
reducir las listas de espera, para mejorar los hospitales, para renovar
la tecnología. Para eso hacen falta muchos recursos que indebidamente se
estaban aplicando a una prestación farmacéutica que estaba, desde todos
los puntos de vista, en términos muy amplios.
Señoría, al elaborar la lista lo que hemos hecho ha sido tener muy en
cuenta las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, y para eso
el proyecto de real decreto tiene sus previsiones, tiene sus excepciones,
que permiten tener en cuenta esas necesidades de los enfermos crónicos.
Cuando el principio activo sea indicado se podrá seguir aplicando. Eso se
ha tenido muy en cuenta y explica que estén unos productos y que no estén
otros, juntamente con la visión de la cuestión en términos de seguridad,
calidad y eficacia, que han hecho nuestros servicios técnicos, que les ha
llevado a excluir estos medicamentos por esas tres razones que antes he
dicho. Hay asociaciones que no se consideran financiables por el sistema,
pero tampoco se las puede descalificar en términos absolutos y decir que
se excluyen todas estas asociaciones del mercado. Ese no es el caso. Si
fuera así, evidentemente se excluirían. Todavía hay algunas opiniones
contrarias, pero mayoritariamente se entiende que esas asociaciones no
deben disfrutar de la financiación pública pero tampoco merecen la
exclusión del registro. Tampoco se excluyen en otros países. En ese
contexto debe usted entender todo el contenido de la reforma en sus
términos activos y negativos.
Dice usted que el 50 por ciento de unas especialidades son de laboratorio
que están en Cataluña. Seguramente eso se corresponde con el peso que
tiene la industria farmacéutica globalmente en aquella comunidad, porque
tiene una gran implantación y seguramente más del 50 por ciento de toda
la producción farmacéutica está allí. (La señora Maestro Martín: De los
vasodilatadores, de los que no están excluidos.)
En cuanto a los envases, hace usted una propuesta que no tiene aceptación
en Europa. El único país en el que se guían por esa pauta que a usted le
parece tan buena, que es el Reino Unido, la está cambiando, está dejando
de dispensar los medicamentos de esa manera para sumarse a las pautas que
la Unión Europea ha considerado propias para este tipo de bienes que son
los medicamentos. En ese sentido, no excluyo que no tengamos que revisar
el tamaño de algunos envases, naturalmente eso se puede perfeccionar
también, pero ese modelo que tenía el Reino Unido lo está cambiando para
acercarse a los modelos europeos.
Señora Maestro, pretender que esto lo hacemos para beneficiar a la
industria farmacéutica es de una total incoherencia. Todo lo que estamos
haciendo es para racionalizar esta prestación y, desde luego, los hechos
nos avalan como un Gobierno serio en esta cuestión. No creo que la
industria farmacéutica esté deseando que la prestación, el consumo
farmacéutico del Insalud baje de un crecimiento del 11,57 por cien a un
incremento del 4,62, que le hayamos exigido cada vez crecientes
aportaciones y que el nuevo modelo de financiación incluya nuevos ahorros
en la prestación farmacéutica para contener el crecimiento del gasto. Lo
que estamos haciendo es servir a los intereses generales en nuestro país,
poniéndolos por encima de todo, defendiendo el sistema sanitario público
para que sea más eficiente, dando mucho más recursos y, al mismo tiempo,
gestionando mejor esos mismos recursos, priorizando bien para poder
operar a nuestros enfermos mucho antes y atender mucho mejor los
servicios sanitarios con todas estas medidas.
El señor PRESIDENTE: Por un minuto, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: En definitiva, señor ministro, la conclusión
que hay que sacar es que no importa que la población consuma medicamentos
ineficaces si se lo pagan ellos, cuando además la publicidad garantiza
que ese medicamento va a tener un carácter consumista. En cualquier caso,
usted ha dicho una frase, señor ministro, muy interesante. No sé si se le
ha escapado pero la atribuyo una importancia muy grande. Usted ha dicho
que muchos de estos medicamentos no existen en otros países. ¿Por qué no
existen?
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Financiados
públicamente.
La señora MAESTRO MARTIN: No existen en otros países. Yo le digo que es
verdad. Claro que no existen en otros países medicamentos que existen en
el nuestro y que no tienen justificación técnica alguna, tal y como sus
propios técnicos del Ministerio están en condiciones de avalar; ahora,
eso sí, que los consuma la población siempre que se los pague, allá
ellos. Yo le digo: allá ellos no, allá usted, autoridad sanitaria
encargada de garantizar la eficacia.
Yo me estaba refiriendo a los envases, señor ministro, no a la
administración en envases no comerciales en los centros de salud, que me
reconocerá usted que es una medida muy eficaz desde el punto de vista del
control del gasto. Es algo mucho más simple. Obligue usted a la industria
farmacéutica a que el tamaño de sus envases comerciales se corresponda
con las necesidades de los tratamientos para los que están indicados, que
es una medida de la autoridad sanitaria y que respeta el envase comercial
--sacrosanta, por Dios, empresa privada--, no obligándole a consumir dos
envases cuando con uno es suficiente o a comprar cantidades absolutamente
inadecuadas.
Hay algo a lo que usted no me ha contestado y le vuelvo a preguntar:
¿Cuál es la razón, desde el punto de vista de eficacia de los
medicamentos o, como usted prefiera, del coste-eficacia, de mantener
32.000 millones de pesetas de gasto de la sanidad pública en
vasodilatadores cerebrales, prototipo de medicamentos ineficaces? El
consejo general de Colegios de Farmacéuticos dice esto en
ningún sitio. Justificación técnica no la hay, justificación económica la
hay, ¿pero dónde está el criterio de coste-eficacia en el mantenimiento
de la financiación de estos productos? Hay que explicar, señor ministro,
esos 32.000 millones de pesetas al año tirados por la ventana y con
efectos secundarios. Aquí hay cosas que explicar, porque evidentemente el
acuerdo de la industria farmacéutica tiene enormes sombras y ésta es una
de las más espesas. Hace falta explicarlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Yo no he dicho
que estos medicamentos no existan en otros países, he dicho que no
estaban financiados por los sistemas públicos de otros países. Hay países
en los que hay más medicamentos que aquí y otros en los que hay menos. Lo
que yo he dicho es que éstos, en su inmensa mayoría, no estaban
financiados por los sistemas públicos de otros países. Y no me saque
usted afirmaciones que no he hecho. (La señora Maestro Martín: Ahí está
el «Diario de Sesiones».) El «Diario de Sesiones» no me desmentirá. No
existen financiados por los sistemas públicos de otros países. La
selección se ha hecho con los criterios que he expuesto, buscando las
razones de coste-eficacia, de protección de los colectivos más
desfavorecidos, de uso racional en cuanto a las asociaciones a dosis
fijas y de síndromes menores, que también es un criterio generalmente
aceptado por los países de nuestro entorno. Eso nos ha llevado a una
lista negativa de estas características que, junto con la aportación de
la industria de sus beneficios, los genéticos que crecientemente vamos a
ir introduciendo y las demás medidas que se tomen nos van a permitir el
ahorro de los 65.000 millones en la prestación farmacéutica necesarios
para una mejor financiación de la sanidad y una mejor prestación de
servicios que consideramos prioritarios para los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora
Almeida. Consciente de que se reparte el tiempo con su compañero, el
señor Chiquillo, y de que debe ajustarse estrictamente al tiempo.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señor presidente, una es consciente de casi
todo, así que va a repartir el tiempo.
En esta Comisión, en la que --como dije el otro día-- soy un poco
advenediza y que parece que sólo se puede dedicar a las cuestiones
médicas o a las cuestiones de sanidad, una está aprendiendo mucho porque,
por un lado, tiene la conciencia de ser una ciudadana y, por otro lado,
de ser una responsable política, y lo que yo no quería, después de lo que
se está oyendo, es ser por un lado una irresponsable política y por otro
lado una perjudicada ciudadana. Creo que hablar en esa doble condición
favorece en un tema como éste. Hay otros que son más científicos, hay
otros que son más médicos y entran dentro del turno de palabra que ha
hecho Angeles Maestro de manera muy experta por su propia condición de
médica y por los conocimientos del medicamento en sí.
A mí lo que me preocupa es que usted lo explica todo muy bien --aunque a
veces se ríe demasiado cuando hablan otros diputados, cosa que no me ha
gustado, como cuando ha oído hablar a la señora Amador-- pero no le ha
entendido mucha gente, no le ha entendido ni su propio partido. Ayer
oíamos cómo apesadumbrado el señor Fernández-Miranda le acusaba de hacer
una política continuista y decía: Con lo que yo me tuve que pelear aquí
todos los días contra el PSOE, hablando del medicamentazo, y ahora tengo
que hacer lo mismo con otro supermedicamentazo. El pobre se quejaba de su
continuismo y de que algunos funcionarios del Ministerio tenían la foto
dedicada de doña Angeles Amador. ¡Hombre! Tampoco les vamos a quitar las
fotos dedicadas porque no es un problema. A mí me parece que las fotos
son recuerdos amorosos --digo amorosos, de respeto--, no son fidelidades
ideológicas, y en ese sentido que no las quiten. Como digo, al hablar de
los medicamentos hay algo que no entendemos, y además no lo entendemos
desde la racionalidad, y es lo que les han dicho a los consumidores. Hay
también acuerdos políticos como el de Farmaindustria que --como ha dicho
doña Angeles Maestro-- no nos han mandado todavía para informarnos de lo
que de verdad está acordado.
Luego está el porqué no se recetan los medicamentos. Nosotros no vamos a
ser tan exigentes desde Nueva Izquierda como ha sido Angeles Maestro.
Vamos a dejar que haya en el registro algo como los geles, que dicen que
si te los das pierdes peso. Yo me tendría que dar toneladas, pero hay
algunas que se resignan y como esto es muy psicosomático y la medicina no
es una ciencia cierta a lo mejor adelgazan. Yo dejo que lo pongan en el
registro, pero eso no quiere decir que me lo tenga que mandar el médico
de la Seguridad Social porque me va a decir: Cristina, esto es una
tontería, ¿para qué te lo vas a dar? Ahí está la racionalidad y la
responsabilidad.
Lo que sí quiero es que se retiren los medicamentos por ineficaces y no
por otra cosa, por ineficaces desde la Administración pública, que no
quiere decir que uno se los tome porque le dé la gana; que se sepa que
hay otros que los van a sustituir. Lo que no pueden es hacernos adictos
al Nolotil y al Fluimucil. Miren qué casualidad. Ayer cuando intervine en
el Pleno tenía la garganta hecha polvo, casi no pude ni hablar, tosí y
les di mucha pena a los diputados. me fue a la médico del Congreso, que
yo creo que no me quiere mantener sin hablar toda la legislatura, y me
dio unos sobres de Fluimucil, que no sabía si tomármelos o pensar que era
un medicamento inútil y me iba a tener bloqueada sin hablar hasta en esta
Comisión. Me dio el Fluimucil. Yo lo entiendo. No me dan el Clamoxyl,
doliéndome la garganta, y sin embargo me dan el Zinnat, que vale 5.000
pesetas. Me quedé pasmada. Me quita el Clamoxyl y me dan otro medicamento
que vale 5.000 pesetas ¿es para que ganen los laboratorios o es porque es
mejor? La responsabilidad política está en que si usted quiere ahorrar en
medicamentos porque son inútiles nosotros le apoyamos, porque no tengan
efecto pero no porque los quieran dar. Pero que se sigan
recetando desde la Seguridad Social, pues como el pobre paciente no
entiende y encima es un adicto, después de muchos años, al Fortasec, a la
Salvacolina, al Fluimucil, al Bisolvon y a los demás, y el médico, que sí
entiende, le diga: Aunque el ministro dice que no lo pagamos, como usted
ya está acostumbrado y le va bien, yo se lo receto y usted lo paga, eso
es una irresponsabilidad política. Nosotros no estamos por la labor de
que haya recetas de doble condición. Si ustedes piensan que ese
medicamento no se puede tomar, que no lo receten los médicos de la
Seguridad Social en ningún caso, ni con receta blanca ni con receta
negra, porque ustedes piensan que no le hace nada al paciente. Nos vamos
a quedar sólo con los enfermos graves, como cuando trajeron ustedes a
Superlópez a hacer ese estudio sobre la sanidad y sólo le interesaban los
enfermos graves. ¿Y los otros? Si a un enfermo no le dan el Fortasec, a
lo mejor termina con una deshidratación que le convierte en un enfermo
grave y entonces tenemos que gastarnos todo el presupuesto. Aquí hay algo
que no funciona. Yo no creo en la irresponsabilidad política de ningún
gobierno y de un gobierno democrático.
Por tanto, no le queremos hacer la crítica por ser del Partido Popular,
porque el Sistema Nacional de Salud no es del Partido Popular ni es del
PSOE, es de todos los ciudadanos que durante muchos años hemos aportado
nuestras cuotas y nuestras esperanzas para ir mejorando nuestras
condiciones de vida. Por eso queremos impedir que usted, en nombre del
Partido Popular, o la señora Amador, en su día, en nombre del PSOE, nos
quiera quitar esos medicamentos. ¿Que lo que quieren hacer es educarnos
mejor? Estupendo. ¿Que quieren hacernos correr un poco? La justificación
que dio usted de que yo para curarme la garganta me fuese a correr al
Parque del Oeste en vez de tomar Fluimucil no me vale, porque a lo mejor
yo no me puedo ir a correr al Parque del Oeste y aunque sea con más
perjuicios me la quiero curar así. Es ridículo que cuando vaya un
viejecito le digan: Tome usted mucha agua. Porque le va a decir: ¡Oiga!
Es que usted me está tomando el pelo. Es verdad que los hábitos de salud
se tienen que educar desde pequeños, nosotros también estamos en eso,
pero no se puede hacer todo mezclado porque la gente piensa que le está
usted tomando el pelo. Nos preocupa la situación. Usted dice: Vamos a
sacar dinero para operar más caderas. Yo quiero que saquen más dinero
para operar más caderas, pero no a costa de que tengamos que quedarnos
con la garganta hecha polvo. Lo que queremos es que usted lo saque de
otras cosas que nos parecen más inútiles, de otros presupuestos. Sobre
todo, nos gustaría que las caderas las opere usted en la Seguridad Social
y que no haga conciertos con la privada, porque las van a mejorar
entonces sus hospitales y sus clínicas van a ser las privadas a costa del
dinero que usted les da de la pública. Lo que hay que ver es cómo hacemos
una política de personal, cómo los médicos trabajan más, cómo financiamos
para que haya una mejor gestión. Eso es lo que va a agradecer la
ciudadanía, no lo que usted le dé a los demás, no lo que usted se gaste a
costa del sistema público, no lo que vaya mermando la capacidad del
sistema público. En ese sentido, creemos que usted no lo ha explicado
bien aquí o por lo menos no lo hemos entendido. Sospecho que después de
la adicción a esos medicamentos tan universales que usted nos ha estado
dando vamos a pensar que nos estaban matando poco a poco porque eran
ineficaces y los hemos tomado por las orejas, y ahora debería decir usted
que se han descubierto cosas mejores y se las vamos a dar. Eso es lo que
la gente quiere, que les dé usted la seguridad de esa protección, pero
ésa no se la ha dado.
No me gustan los enfrentamientos autonómicos y pienso que estos pactos
son integradores de políticas, pero no me gustaría que hubiera cosas
oscuras. No me gusta que cierre un laboratorio de Alcobendas porque todos
los medicamentos que han tocado son suyos y estén presentando ya una
suspensión de pagos o un despido de 200 trabajadores. Vamos a ordenar
entre todos la industria farmacéutica. Vamos a pedir --como han dicho
Angeles Amador y Angeles Maestro-- los genéricos. Los genéricos no son
una consigna que tengamos, pero como hay tantísimo consumismo en los
medicamentos, tanta presión de la industria multinacional farmacéutica,
usted tiene que buscar ayuda contra ellos, no contra nosotros, y en ese
sentido estamos dispuestos a dársela. Hay que buscar los mejores
genéricos, hay que buscar los menos posibles para que no haya tanta
oferta, pero que la que haya sea la más práctica, y conseguir el mejor
precio. De ese mejor precio puede venir un acuerdo sobre envases, una
educación racional del medicamento. Es más importante decir a los
ciudadanos que los medicamentos hacen daño también, que no hagan
colección de medicamentos. Fíjense que les hemos dicho a los ciudadanos:
Búsquense un container para tirar por un lado los cristales y por otro
los papeles, y van los hombres con sus bolsas a buscar los containers de
los cristales para tirarlos. Somos gente dispuesta a recibir la
educación, pero no a que no nos justifiquen la sustitución ni la
supresión. Creo que ése es el fallo. Es una política de recorte que
atenta contra un gran sistema de salud que no le pertenece a usted. Si
usted lo mejora todos vamos a estar agradecidos, pero yo creo que no se
mejora de la forma en la que lo ha hecho, con intereses ocultos y con una
cierta unilateralidad en la decisión que perjudica al sistema. Por eso
nosotros creemos que se ha equivocado. Además, esa política ya la
habíamos denunciado también cuando la hizo el PSOE. Para nosotros lo
importante no es quién lo ha hecho peor, sino quién lo va a hacer mejor,
y usted lo sigue haciendo tan mal o peor; y le digo peor para que no le
quede ninguna duda porque ya lo han dicho los socialistas, que hicieron
otra cosa. Si usted lo hace mejor nosotros le vamos a apoyar. Pero usted
lo ha hecho mucho peor porque ha ido a medicamentos que a los que estamos
medianamente sanos no nos van a dar, porque no vamos a tener derecho, y a
los que estamos gravísimos nos los van a dar todos porque somos
estupendos. Yo quiero que se atienda al sida, pero también quiero que se
atienda a las gripes que son duras y a otras cosas. En ese sentido se ha
hecho un flaco servicio al sistema público de salud.
El señor PRESIDENTE: Le ha dejado muy poco tiempo su compañera, señor
Chiquillo. Le pido comprensión.
La señora ALMEIDA CASTRO: No diga que es mi culpa, diga que es la suya,
porque le va a cortar.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente.
El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo en nombre de Unión Valenciana para
plantear lo que ha generado cierta alarma y preocupación, porque la falta
de transparencia de ese acuerdo del Ministerio con Farmaindustria, al que
muchos grupos parlamentarios y diputados no hemos tenido acceso, ha
generado falta de claridad y concreción, ya que no hemos tenido
conocimiento de dicho acuerdo. Si la lista de medicamentos es de
ochocientos sesenta y tantos, que al final se queda en poco más de 600,
esos productos excluidos de la financiación pública han generado una gran
preocupación pero sobre todo una gran confusión general, porque las
explicaciones oficiales han sido distintas y dispares según el
interlocutor que hablaba.
La primera pregunta que hacemos es cuál es el alcance y los objetivos que
el Ministerio pretende y si el objetivo de ese acuerdo que se firmó va a
consistir simplemente en excluir unos productos por el famoso recorte
para ahorrar en el gasto farmacéutico o si se va a poner la misma
intensidad en otras medidas que ahí se recogen para garantizar el sistema
público de la sanidad.
Es indudable que hay que hacer mención, cinco años después, a lo que se
denominó medicamentazo allá por enero o febrero del año 1993, y desde la
independencia que me permite el hecho de que entonces nos opusiéramos,
como ahora nos oponemos a algunas de las medidas que se contemplan en
este medicamentazo segunda parte, puedo decir que en aquellos argumentos
que se utilizaron se habló de una exclusión de productos y de listas
negativas, pero en 1993 era el medicamentazo y ahora es el retorno del
medicamentazo. Algún diputado ha apuntado lo que en su día dijo el
portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, que fueron palabras bastantes duras que ahora intentaré
comentar.
En Unión Valenciana pensamos que a la hora de tomar esas decisiones, que
están pendientes porque aún quedan, como ha dicho muy bien, algunos pasos
que cubrir, desde el primer momento se está viendo cómo se prima un claro
criterio economicista por encima del criterio profesional, sanitario, de
salud y de seguridad de los ciudadanos, y eso es preocupante. Este
argumento también se utilizó en 1993 por algún alto cargo del Partido
Popular para criticar la medida del Partido Socialista en el Real Decreto
83/1993, de 22 de enero, denominado por el Partido Popular medicamentazo.
Señor ministro, le pido que se nos facilite información sobre cuál es el
gasto farmacéutico medio de España respecto a los demás países y cuál es
el consumo per cápita de un ciudadano español respecto al de otros países
de la Unión Europea. Sería importante tener ese dato.
Esa medida, desde nuestro punto de vista y tal como ha sido manifestado
por asociaciones de consumidores, jubilados y pensionistas y por
farmacéuticos, puede aumentar el gasto farmacéutico al quedar excluidos
medicamentos para el tratamiento de síndromes menores más baratos que
otros sí financiados y mucho más caros. Además, el gasto farmacéutico por
persona puede dispararse y ya que estamos hablando de medicamentos en
concreto, como el otro día apuntaban algunas asociaciones de consumidores
y algunos farmacéuticos, para sustituir el Clamoxyl mucolítico --98
pesetas en la farmacia-- se recetarán dos medicamentos que costarán más
de 1.000 pesetas. Esa situación que se da en este caso concreto se puede
dar en otros productos y con ello se demuestra que no llegaríamos al
objetivo de intentar controlar el gasto farmacéutico. A lo mejor también
podría hacerse un control más férreo de la bolsa de fraude, porque es
otro de los objetivos que se marcan y parece que se olvida.
Quiero comentar brevemente que los farmacéuticos, las asociaciones de
consumidores y usuarios e incluso asociaciones de jubilados y
pensionistas han coincidido en valorar negativamente la propuesta en el
trámite en el que se encuentra en estos momentos y en que es un engaño al
usuario, una burla a los profesionales de la salud y una medida económica
absolutamente ineficaz. El dato del Clamoxyl que le acabo de citar es una
prueba y el caso puede repetirse en otros productos. Por tanto, ese
rechazo que se ha generado debe estudiarse. Hay usuarios que han
comentado que aquellos pensionistas que tienen enfermedades crónicas
pueden salir muy mal parados de esta decisión en cuanto a lo que va a
repercutir en su bolsillo directamente.
Voy a hacer referencia a una frase que es importante que se sitúe en el
debate de hoy. Hace cinco años, en 1993, se dijo por el portavoz de
Sanidad del Grupo Parlamentario Popular: el PSOE ha comenzado a
privatizar la sanidad pública y a instaurar con el medicamentazo una
sanidad para ricos y otra para pobres. Han ahondado en una película de
recortes aplicando una medida que limita las prestaciones asistenciales y
farmacéuticas. Cinco años después creo que esta frase merece un monumento
y cuando menos que se discuta sobre la misma.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo. ¿Cuáles son los objetivos del
Ministerio sobre el pacto que se firmó con Farmaindustria? Una cuestión
es la educación para un uso responsable de los medicamentos y el control
de la prescripción, en lo que estoy de acuerdo, y otra cosa muy distinta
son las medidas traumáticas que afectan directamente a unas personas que
no han participado en dicho pacto, que son las personas mayores, los
jubilados y los pensionistas, que afortunadamente gozan de más años de
vida por los avances científicos y médicos. Por tanto, el gasto sanitario
en ese colectivo está aumentando, lógico y de lo cual nos tenemos que
alegrar porque nuestros mayores viven más.
Sería de gran interés para este diputado y para Unión Valenciana que se
plantearan políticas rigurosas respecto a
los medicamentos genéricos con mayor valentía, porque estamos en la cola
de la Unión Europea respecto al porcentaje que éstos ocupan. ¿Cuáles son
los objetivos para salir de esa cola, conseguir situarnos y quedarnos en
un lugar intermedio al nivel si no de Dinamarca o de los Países Bajos,
por lo menos al nivel de Alemania, que está por encima de España en
cuanto a los medicamentos genéricos? ¿Cuáles son los porcentajes de
inversión en I+D sobre el presupuesto sanitario total para conseguir que
estas cuestiones sanitarias de farmacia estén al nivel de los países más
avanzados?
Para concluir, dejando de lado las opiniones de usuarios, consumidores,
jubilados, pensionistas y farmacéuticos que se oponen al planteamiento
del Ministerio, si se lleva a término la propuesta al cien por cien, como
se ha planteado hasta ahora, creo que significará un recorte del Estado
del bienestar y lo que es ineludible es que se va a generar un Estado del
malestar sobre aquellos que tienen una mayor dependencia de medicamentos
que pueden ser ahora excluidos de la financiación pública y que van a
seguir a su disposición en las farmacias.
Desde Unión Valenciana lo que planteamos es que vuelva usted al primer
momento procedimental, recapacite, rectifique, intente dar participación
y busque un debate consensuado por todos, porque no sólo tienen que
opinar las industrias farmacéuticas y el Ministerio; hay muchos sectores
involucrados, y con diálogo y consenso social podremos conseguir que se
destierre la palabra medicamentazo y la expresión de Estado del malestar
y un afianzamiento del Estado del bienestar, que es lo que todos estamos
buscando. Hay muchas más medidas para el control del gasto sanitario que
la de ensañarse en un recorte brutal del gasto farmacéutico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Supongo que la
señora Almeida no me reñirá por haberme sonreído cuando ella intervenía,
porque hay que reconocer que tiene gracia e incita a esa sonrisa.
No me duelen prendas, señora Almeida, en hacer política continuista
cuando creo que es lo que se debe hacer. Yo entendí justificada la medida
del Partido Socialista en 1993 y me parece que ahora se debía ampliar y
no tengo ningún inconveniente en ser continuista. Naturalmente que hago
con satisfacción las correcciones de las políticas con las que me
encontré que necesitaban ser corregidas --no había una política de
genéricos y la hemos puesto--, pero ser continuista en lo que se debe ser
no me crea ningún problema.
Señora Almeida, se retiran por las razones que hemos dicho, porque en
unos casos se refieren a síndromes menores y, sin discutir la eficacia,
no se entiende que esté justificada una financiación pública en esos
casos en ningún país con los que nos comparamos; ahí no se discute de la
eficacia. En otros casos se retiran porque el nivel de eficacia no se
considera suficiente, pero no quiere decir que tampoco haya que
excluirlos del registro y lo he repetido muchas veces. Las cosas aquí no
son siempre blancas o negras; es un problema de matices, de apreciación y
de cantidad. Eso es lo que significa la relación coste-eficacia de las
cosas que hay que tener muy en cuenta cuando se gestionan recursos tan
importantes como los que se refieren a la sanidad. Al Sistema Nacional de
Salud le damos absoluta prioridad. Todo esto lo hacemos por defenderlo,
pero usted tendrá que convenir conmigo en que tenemos un gasto
farmacéutico excesivo en España que amenazaba la estabilidad financiera
del sistema y otras prestaciones sanitarias. No podíamos seguir creciendo
al 14,5 por ciento acumulativo, el doble de lo que crecían los
presupuestos, porque eso amenazaba la calidad del propio Sistema Nacional
de Salud. Teníamos que tomar medidas de esta naturaleza, todas las que
hemos tomado en relación con la política de medicamentos, que no es esta
sola, son muchas más, como he tenido ocasión de repetir esta mañana, en
defensa de este Sistema Nacional de Salud que todos apreciamos. Ningún
laboratorio se tiene que hundir por estas medidas y créame que lo que
estamos haciendo es servir a una buena sanidad en España con los recursos
mejor asignados de lo que ocurría en el pasado.
Señor Chiquillo, esto mismo contesta a su observación de que éste es un
criterio economicista. No se le puede decir esto a un Gobierno que pone
386.000 millones más en la sanidad, que aumenta la financiación sobre el
modelo anterior en 200.000 millones en las circunstancias de restricción
de gasto público en las que estamos. Es un criterio de racionalidad en el
manejo de los recursos para una prestación tan importante como es la
sanitaria. El gasto medio farmacéutico en Europa es del 15-16 por ciento;
en el gasto sanitario total en España estamos en el 25 por ciento. Eso
nos ha exigido una reflexión muy seria sobre el gasto farmacéutico y de
ahí la atención que le hemos prestado a esta parcela de nuestras
responsabilidades, que ha dado lugar a unos acuerdos con Farmaindustria,
como he repetido muchas veces, a la reducción de los márgenes de los
medicamentos, a la introducción de la política de genéricos y a una
gestión más eficiente de esta prestación.
Es verdad que puede haber casos en los que el hecho de prescindir de una
asociación a dosis fija puede determinar el mayor coste de una
determinada atención a un enfermo, pero eso lo hacemos en aras de la
calidad, porque no íbamos a sacrificar la calidad de esa atención
aprovechándonos de la existencia de medicamentos de asociaciones a dosis
fijas. También le digo que con el conjunto de medidas que hemos tomado
esperamos obtener las economías a que nos hemos referido con carácter
general y que vamos a aplicar a atender mejor otras necesidades que
consideramos prioritarias. Naturalmente que nos preocupamos de cuidar la
prestación y de pedir y obtener de nuestros profesionales la mayor
colaboración para implantar cada vez más este tipo de medidas y conseguir
entre todos una contención de este gasto, que se puede conseguir sin
merma de la calidad de la asistencia que damos. Para eso estoy seguro de
que vamos a tener la colaboración, como estamos teniendo ya, de nuestros
profesionales.
La situación de los crónicos justamente está especialmente cuidada. Hay
excepciones en el proyecto que presentamos que los tienen muy en cuenta,
como tienen muy en cuenta a las personas mayores. Hay que convenir que
son justamente las personas mayores las más beneficiadas por la mejora de
los servicios que tratamos de conseguir con estas economías y con todo lo
que el Gobierno ha puesto a nuestra disposición para mejorar la
prestación sanitaria.
En los genéricos le puedo asegurar que vamos más deprisa que nadie.
Ciertamente encontramos una situación muy negativa. Ojalá hubiéramos
tenido muchos genéricos ya implantados en España y las economías que de
ahí se hubieran derivado hubieran reducido este volumen del coste
farmacéutico en nuestro país. Le aseguro que estamos trabajando con más
diligencia que ningún país europeo, que tenemos ya más de 80 medicamentos
genéricos aprobados y que esa cifra está creciendo semana a semana para
alcanzar los niveles que todos deseamos en ese punto.
Mire usted, esto no es ningún recorte del Estado del bienestar, esto es
una acción en defensa del Estado del bienestar, en defensa de una buena
prestación sanitaria, conteniendo un capítulo de esa prestación que
estaba en España en términos que se comparan con mucha desventaja con
países más adelantados y más potentes que nosotros. Lo que queremos es
mantener justamente estas prestaciones sanitarias dando la prioridad
adecuada a cada uno de sus aspectos y estamos tan abiertos al debate que
le hemos dado toda la difusión posible a este asunto. Nos encontramos
justamente en el trámite del debate, de las aportaciones y de las
colaboraciones. No es una decisión ya tomada por el Gobierno, es una
propuesta que se tramita ahora; naturalmente, tiene todos los avales que
nosotros hemos encontrado para que sea una propuesta racional y fundada,
pero el debate está abierto y vamos a escuchar y atender cuidadosamente
todas las observaciones que se nos hagan. (La señora Almeida Castro pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Por un minuto, señora Almeida, porque de otra forma
le quitaré la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Sí, señor presidente. Hay una cosa que no ha
contestado el ministro y es una de nuestras preocupaciones.
Está bien e incluso estaríamos dispuestos a justificarlo, aunque luego
fuéramos críticos en la exclusión, pero que se sigan dando con receta de
la sanidad pública esos medicamentos, aunque sea la receta blanca, lo
consideramos un error evidente que puede ser aprovechado por los médicos
en contra además de los propios ciudadanos. Me parece que no ha
contestado a esa cuestión y nos gustaría que lo hiciera. Al hilo de su
intervención ahora mismo, cuando le contestaba al señor Chiquillo, ha
dicho algo sobre lo que le quería preguntar, pero se me ha ido de la
cabeza. En cualquier caso, lo que sí quería decirle es que la explicación
en este momento de la receta blanca me parece una forma de no financiar
más discutible y desde luego, si hoy el proceso está abierto todavía
--siempre cuando vienen las críticas es cuando lo cierra--, quiero
pedirle también que nos oiga y oiga a todos esos colectivos antes de
tomar la decisión, y no que primero tome la decisión y luego quiera que
no le protesten los colectivos.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Mire usted,
señora Almeida, nosotros estamos seguros de que nuestros profesionales
van a hacer un uso muy razonable y muy apropiado de esa receta blanca. No
hemos querido privar ni a los profesionales ni a los pacientes de esa
posibilidad, asumiendo toda la información que hemos puesto sobre el
tapete. Estoy seguro que nuestros profesionales harán un uso muy
razonable, muy inteligente y cuidado de esa receta blanca. No hay nada
que temer en ese aspecto porque los médicos la van a usar muy
adecuadamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señor ministro, nuestro grupo parlamentario, como
ha manifestado incluso el propio presidente de la Generalitat y que
recogen los medios de comunicación, no es entusiasta de la medida
adoptada. No obstante, por lealtad al Gobierno vamos a respaldarla. Si me
permite añadir una valoración de cosecha propia, diría que lo vamos a
hacer no tan sólo por lealtad sino por responsabilidad. ¿Por qué no somos
entusiastas de esta medida? Pues, señor ministro, porque el invento no es
suyo. El invento fue del Partido Socialista en el año 1993 y en su día no
dio resultado y las mismas precauciones que nos sugirió en su momento la
medida son las que ahora hacen que nuestra valoración tenga que ser por
lo menos prudente.
Dicho esto, pienso que por responsabilidad, por coherencia y por
transparencia política, debo fijar mi posición respecto a las
valoraciones y los comentarios que el principal partido de la oposición
viene efectuando sobre este tema. Lo hago como siempre desde el respeto
y, si se me permite la expresión, desde la simpatía que tanto mi grupo
parlamentario como esta portavoz profesan a la portavoz socialista, la ex
ministra doña Angeles Amador. No puedo evitar sentirme perpleja después
de haberla oído, por lo menos tan perpleja, señora Amador, como quizá se
sienta usted después de ver y comprobar que el partido que sustenta al
Gobierno aplica ahora las medidas que usted aplicó en el año 1993 y que
entonces fueron objeto de dura crítica. Yo entiendo su reacción,
humanamente la comprendo, incluso podríamos decir que comprendo que la
tentación de pagar con la misma moneda debe ser fuerte, quizá incluso
podríamos encontrar muchos refranes: aquellas aguas trajeron estos lodos.
Mire, señora Amador, políticamente pienso que cuando el partido que está
en la oposición ha sido Gobierno debe actuar con mayor responsabilidad.
El discurso político debería ser otro.
Se puede estar o no de acuerdo en si para preservar el Sistema Nacional
de Salud es preciso aplicar recortes en
cuestiones menores, recortes que no hay que olvidar suponen ahorros que
deben servir para que se reinviertan en el propio sistema. El ahorro que
ahora nos propone el Ministerio de Sanidad y el Gobierno es un ahorro
finalista y esto hay que repetirlo, explicarlo y divulgarlo en todos los
sentidos y en todos los medios de comunicación, porque de otro modo es
muy fácil caer en un alarmismo, jugar con los sentimientos de las
personas, hablar de los pobres jubilados, hablar de las clases más
desfavorecidas. Este discurso, al que la sociedad es sensible, se presta
a gran demagogia. Que esto lo hagan grupos que no gobiernan puede
entenderse o puede entenderse incluso que lo hagan los grupos que, si me
permite la expresión, pienso que tienen escasas probabilidades de
gobernar nunca, pero que lo hagan los que saben lo que es tener esa
responsabilidad me preocupa más. A este juego mi grupo parlamentario no
va a prestarse.
Nosotros vamos a respaldar la medida del Gobierno y lo vamos a hacer
desde la crítica y desde un seguimiento de primera línea, en el sentido
de que si llegamos a la conclusión que estas medidas --que no son fáciles
de adoptar, que no son populares, que evidentemente sería mejor poder
ahorrárnoslas y que nadie desea aplicarlas porque sí, para disfrutar en
ello-- hay que tomarlas por necesidad para contener este crecimiento del
gasto farmacéutico, que está muy por encima de lo que el sistema puede
soportar, si todo esto se hace por estos motivos, de lo que tenemos que
asegurarnos es de que se consiguen los fines que se persiguen. Es
imprescindible que paralelamente a estas medidas podamos ir constatando
día a día que se consigue este ahorro. Señor ministro, aquí le pedimos
que la acción del Gobierno sea clara, contundente y transparente. Si hay
que tomar medidas paralelas a la de la financiación selectiva de
medicamentos, que se tomen. Hay que evitar los efectos de desplazamiento
de la prescripción, hay que concienciar a médicos y a ciudadanos, hay que
educar, aunque quizás el Gobierno o los que nos dedicamos a la política
no seamos los más adecuados para concienciar a los ciudadanos, y hago un
paréntesis; por ejemplo, las declaraciones del subsecretario o las del
director general de Farmacia que hizo en los medios de comunicación, aun
siendo verdad, han dado un juego mediático que no es el deseable.
Probablemente si grupos de médicos, de farmacéuticos o profesionales de
la sanidad dijesen que es verdad que muchas veces pueden sustituirse
medicamentos de estos de baja utilidad terapéutica por hábitos o por
formas de vida más sanas, la sociedad o la población lo entendería mejor
que cuando esto lo dicen los políticos. A veces las recomendaciones
tienen que darlas las personas apropiadas y muchas veces no lo somos
nosotros, porque si lo hacemos los políticos, siempre tiene un matiz
tendencioso y en estas cosas hay que ir a buscar simplemente la verdad.
¿Es cierto o no es cierto que estos medicamentos son de baja utilidad
terapéutica? ¿Es verdad o no es verdad que científicamente hay unos
hábitos de conducta que pueden mejorar la salud? Pues eduquemos a la
población, eduquemos en las escuelas, seamos todos ciudadanos más
responsables porque somos más educados.
Alguien ha dicho --no sé si ha sido doña Cristina Almeida-- que es
importante además que eduquemos y que concienciemos a la gente de la
necesidad de evitar el fraude. Esto también hay que decirlo. En una
encuesta que publicaba el Centro de Investigaciones Sociológicas
correspondiente al mes de diciembre, cuando se preguntaba a la población
qué criterios tenían acerca de si se utilizaban mal las recetas de los
pensionistas, había un porcentaje muy elevado de la población que
consideraba que sí. Decían que sí cuando se preguntaba: ¿usted conoce a
personas que hagan mal uso de estas recetas? Y también decían que sí
cuando la pregunta era: ¿usted conoce a personas que están de baja sin
que sea justificado? Pues seamos consecuentes. Actuar con nobleza y
educar a la población no es ni patrimonio de ningún grupo político ni
responsabilidad exclusiva de nadie y ni siquiera se puede decir que sea
responsabilidad del Gobierno. En esto tenemos la obligación y la
responsabilidad de colaborar todos, de ser serios, de criticar lo
criticable, pero sin hacer demagogia.
Termino, señor presidente, reiterándole al señor ministro que aunque sea
desde las reservas va a contar con nuestro respaldo. Seremos muy
concretos y muy precisos en ver si los objetivos que se pretenden se
consiguen. Esperamos que así sea para el bien del sistema y para el
conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado. (La señora
Amador Millán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, ¿para qué me pide la palabra?
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, para contestar muy brevemente
las alusiones directas que la portavoz de Convergència i Unió me ha
realizado.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia interpreta que ha sido un debate de
guante blanco por parte de la portavoz de Convergència hacia la señora
Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Yo valoro mucho su apreciación, como siempre,
señor presidente, pero insisto en pedir la palabra para contestar alguna
alusión que se me ha hecho.
El señor PRESIDENTE: Sin abrir debate y por un tiempo de un minuto, tiene
la palabra.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente quiero contestar la intervención de la portavoz de
Convergència i Unió, a la que es ocioso expresar no sólo mi respeto sino
mi mayor consideración; por tanto, me referiré exclusivamente al tono de
su intervención.
Yo entiendo muy bien que Convergència i Unió esté apoyando al Gobierno,
esté apoyando la política sanitaria del Gobierno y esté apoyando esta
medida que, como ya he dicho en mi anterior intervención, es consecuencia
del acuerdo de financiación, el acuerdo de financiación de la sanidad que
Convergència i Unió defiende, y entiendo
muy bien por qué lo defiende. Lo que no puedo entender es que desde
Convergència i Unió, y en esta materia, se nos den lecciones de
responsabilidad, de nobleza y de que hay que educar a la población. Yo
tengo que rechazar ese planteamiento, porque me resulta absolutamente
ofensivo. Educar a la población, sí; contribuir a engañar a la población,
no. Y como tenemos legítimo derecho a interpretar las decisiones del
Gobierno como nosotros las interpretamos, tenemos derecho a exponer por
qué.
Finalmente, yo no contesto con la misma moneda en ningún tipo de
actuación política, y bastaría para eso echar un vistazo al «Diario de
Sesiones» para que la señora Riera viera que nada tiene que ver ni el
fondo ni la forma de la oposición que hace el Grupo Socialista y desde
luego su portavoz con lo que recibió cuando tenía la responsabilidad de
gobernar.
El uso racional del medicamento que nosotros defendemos no consiste en
trasladar financiación pública al bolsillo privado. Consiste --y lo diré
una vez más-- en asumir la responsabilidad de explicar a la gente que hay
medicamentos que no hay que tomar porque no sirven. Ese es un
planteamiento que con acierto o con error nosotros defendimos entonces y
defendemos ahora, y lo que ahora se hace es retirar de la financiación
pública medicamentos cuya eficacia se defiende para que se sigan
consumiendo y pagando por los bolsillos de los ciudadanos. Esa es una
diferencia sustancial, que es la que yo, con todo respeto a la actuación
de otros grupos, defiendo, como es mi derecho y también mi obligación.
(La señora Riera i Ben pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señora Amador, en la segunda parte de lo que acaba
de decir estamos totalmente de acuerdo. Discrepamos en que lo que usted
considera finalidad de entonces tenga que ser finalidad distinta de
ahora, además, con un matiz. Si no lo tengo mal entendido --usted sabe
que yo no estaba entonces en estas Cortes--, cuando usted propuso lo que
le acuñaron los otros con el término de medicamentazo, el ahorro que su
Gobierno calculó como estimado simplemente se sacaba del Sistema Nacional
de Salud. El ahorro que ahora se supone debe salir de estas medidas se
reinvierte en el propio sistema. En tal sentido mi grupo piensa que, de
ser cierto, la finalidad es mejor.
Permítame sólo que le haga un comentario, señora Amador, y en ningún
momento quiero entablar una polémica con usted, porque ya le he dicho que
todos mis comentarios los hago desde el profundo respeto y manifiesta
simpatía, pero permítame que añada una cosa a lo que usted ha dicho
antes: Dentro de las razones que usted tiene para entender que nosotros
demos soporte al Gobierno hay otra bastante significativa, que es la de
decir que nosotros, nuestro grupo parlamentario, también le apoyamos a
usted en su momento, cuando todos los demás le atacaron.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señorías, dado lo avanzado de la hora, voy a
ser muy breve.
La posición del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tanto en este Parlamento como al
frente de su responsabilidad en el departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco, es colaborar en la racionalización del consumo farmacéutico y no
sólo en la mera participación en medidas de ahorro. Por ello, estamos a
favor de un proceso de racionalización de la prestación farmacéutica en
la medida en que favorece la salud de los ciudadanos. En todo caso,
entendemos que la financiación selectiva debe ir acompañada de medidas
complementarias y, en este sentido, como hemos dicho en alguna otra
ocasión, planteamos un decidido desarrollo de los genéricos, introducción
de protocolos farmacológicos para que un medicamento considerado de baja
utilidad terapéutica no tenga alternativa financiada, establecimiento de
precios de referencia, control de fraude, etcétera. Pero estamos en
contra de que se adopten medidas de restricción farmacéutica en la
intención de conseguir un ahorro en el gasto sanitario, aunque dicho
ahorro vaya destinado a satisfacer otras necesidades sanitarias. Hay que
recordar que la experiencia demuestra que los ahorros previstos en el
plan anterior, el de 1993, no se producen en la práctica; es más,
transcurrida una primera fase, los medicamentos excluidos son sustituidos
por otros más caros si no hay otro tipo de medidas complementarias.
Los criterios generales señalados por el Ministerio para la exclusión se
nos presentan inicialmente correctos: asociaciones de medicamentos a
dosis fijas, medicamentos de bajo beneficio para los pacientes,
medicamentos para tratamientos de síntomas y síndromes menores, etcétera.
No obstante, en la lista presentada por el Ministerio no son excluibles
todos los medicamentos que se relacionan ni la lista incluye, en nuestra
opinión, algunos que no debieran financiarse con cargo al sistema estatal
de salud. El departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, a través de su
consejero de Sanidad, presentará en el Consejo Interterritorial de Salud
modificaciones a la lista en el sentido señalado.
Por otro lado, nos parece un tanto lamentable que la confección del
listado provisional, hasta ahora, de medicamentos excluidos de
financiación se haya producido sin contar con la participación previa de
la Comisión Nacional para el Uso Racional del Medicamento, órgano
consultivo de la Administración en esta materia, y preguntamos por qué se
ha hecho pública sin haber realizado esta consulta.
También nos parece lamentable e insolidario que el Ministerio no haya
recabado, en esta fase previa, la participación de las comunidades
autónomas con competencias farmacéuticas para confeccionar esta lista
provisional de medicamentos, y por eso le pregunto por qué. El Gobierno
Vasco --tengo que dejarlo claro-- no ha participado ni en su discusión ni
en su elaboración; solamente tuvo acceso a esta lista el día anterior a
la rueda de prensa del Ministerio, donde se presentó lo que todavía es
proyecto --como se ha señalado-- de financiación selectiva.
Finalmente, no puedo acabar sin destacar que fue el partido Socialista
quien inició la dinámica que actualmente
estamos debatiendo, y en este momento estamos viendo que está combatiendo
este asunto con gran demagogia. No nos parece de recibo su actitud y así
quiero señalarlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia, comparecencia que era urgente y necesaria porque
últimamente dos iniciativas presentadas por el Gobierno han creado
inquietudes muy grandes en diversos sectores de la sociedad, según dice
la mediática. De lo que no cabe la menor duda es de que el ambiente está
revuelto.
Una iniciativa ha sido el tema que nos concita hoy aquí, cual es el
proyecto de real decreto-ley del medicamento, popularmente llamado
medicamentazo y por algunos supermedicamentazo, que ha llevado la
intranquilidad por algunas personas, consciente o inconscientemente,
especialmente a los pensionistas y a los parados. No voy a explicar en
qué consiste la exclusión de la financiación pública de esos 869
fármacos, que equivale, como usted ha dicho, a un 3,7 por ciento de la
factura farmacéutica del Estado, pero hay que advertir que 281 son
medicamentos que apenas existían en el mercado y que entre los 588
restantes hay fármacos muy conocidos.
Otra medida que ha originado un desasosiego, pero que hoy no es objeto de
trato parlamentario, lo será en su momento la iniciativa sobre la
reducción escalonada de los márgenes farmacéuticos, por lo que puede
afectar a las farmacias rurales y de barrios. En una visión que
pudiéramos llamar macroscópica parece que a los jubilados y a los parados
les han caído todas las chinitas, porque, por un lado, les afecta el
medicamentazo y, por otro, si saliese adelante el proyecto de ley sobre
los márgenes escalonados de farmacia, veremos los fantasmas de
situaciones concursales, suspensiones de pago, quiebras y concursos en
las pequeñas farmacias, que, no olvidemos, tienen una protección y un
reconocimiento en el artículo 1.º de la ley de ordenación farmacéutica.
Pero vamos a limitarnos con toda brevedad, porque aquí ya se ha dicho de
todo, a lo que es el objeto del debate.
Yo quisiera advertir, y que no se enfade mi estimada ex ministra doña
Angeles Amador porque la aprecio muchísimo, que esto es repetición de la
misma película pero con personajes alternativos. Es lo mismo, y volverá a
ocurrir si el poder vuelve al PSOE, y sucesivamente si vuelve el PP; es
lógico. El estado de bienestar es una conquista que hay que reconocer que
fundamentalmente la desarrolló el PSOE, y no se limita ni quiere
contenerse en la defensa de lo que son sus postulados. Pero hay que
reconocer que el primer medicamentazo lo hizo el PSOE y que la primera
reducción a las pequeñas farmacias también fue hecha por el PSOE, pero yo
no quiero discutir nada de eso porque, como siempre digo, Jesús aprecia
mucho a los ángeles.
Coalición Canaria estima, dejando a un lado los reproches recíprocos de
los grandes partidos, que era necesario la adopción de medidas como ésta
en un país en que el gasto farmacéutico es el más alto de Europa
--888.000 millones de pesetas--, donde hay un exceso de productos
farmacéuticos de escasa eficacia, donde hay tendencia a un consumo
injustificado y hasta, en ocasiones, almacenamientos innecesarios y
abusivos. Sabemos también que esto no es preocupación única del Estado
español y que otros países de la Unión Europea están en la misma línea:
Francia, Italia, Portugal, Grecia, etcétera.
Este real decreto nace con el propósito de conseguir un ahorro en el
gasto farmacéutico. Aquí se ha explicado, aunque no muy bien porque como
han dicho los portavoces de otros grupos políticos no tenemos el
documento original, pero no cabe la menor duda de que se ha hablado de
39.000 millones para Farmaindustria y que para los usuarios serán unos
33.500 millones, que al final del año 1998 no va a ascender a esta cifra
porque, de salir adelante, como esperamos, este real decreto, entraría en
vigor a mediados de año, por tanto, la segunda partida se quedaría en
unos 17.000 millones de pesetas.
¿Qué criterios se han utilizado para la supresión de estos medicamentos?
Se ha explicado que ha sido la eliminación de todos aquellos que podrían
paliar los efectos de enfermedades conocidas como de trastornos o
síndromes menores, productos que tienen una eficacia limitada, productos
inútiles, como dijo la señora Almeida al referirse al Fluimucil que por
lo visto se lo dieron ayer y no le sirvió para nada, y medicinas con
fórmulas asociadas. Criterios estos que, según ha dicho el señor
ministro, han sido respaldados por las autoridades científicas.
Además, se ha declarado que la recaudación que se pretende obtener no va
a ser genérica, que se va a perder en el presupuesto de gastos del Estado
español. Va a ser un destino finalista y, repito, no genérico. Va a
mejorar la sanidad a través de la apertura de quirófanos, recortes de los
tiempos de espera, mayor número de mamografías, etcétera.
No han faltado críticas que han llamado a este criterio economicista,
pero debemos reconocer --aunque yo estoy conforme con que es un criterio
exclusivamente economicista por los argumentos que se han señalado
ahora-- que no ha habido mucha comunicación en esta fase de presentación
del proyecto de real decreto. En esta fase que viene ahora, que son tres
meses, esperamos que se oiga la opinión de todos los sectores afectados
por el llamado medicamentazo. Y afecta a muchos sectores, como son los
farmacéuticos, los médicos, también los parados, los jubilados, los
trabajadores y los sindicatos; se ha llegado a recurrir hasta al Defensor
del Pueblo, se han presentado recursos. El patio está con una gran
algarabía y cuanto antes se inicien estas conversaciones o contactos será
mucho mejor.
Coalición Canaria confía en ese diálogo con sectores afectados y pensamos
que, pasado este período de crispación, como tanto el PSOE, como el PP,
CiU, PNV y demás grupos políticos que constituyen el Grupo Mixto tienen
interés en la defensa del Estado del bienestar, debemos considerar entre
todos mejorar la racionalidad del sistema sanitario. Esperamos que se
introduzcan de una vez, con una mayor cifra, los llamados genéricos; que
se establezca la anhelada y eficaz tarjeta magnética que va a permitir el
conocimiento
sanitario y económico del usuario, y, por último, que se consiga lo que
es importante para todos los españoles: que la sanidad no se aproveche
como trampolín político; la sanidad es para todos, políticos y no
políticos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Señor ministro, señoras y señores diputados, muy
brevemente, casi de forma telegráfica, porque a lo largo de la mañana se
han dicho seguramente todas las cuestiones que se tienen que decir. Se
han dicho cuestiones, por parte de la oposición, que a mí me ha sonrojado
porque creo que ha habido una falta de rigor y de seriedad en lo que es
la crítica política a cualquier iniciativa que puede presentar el
Gobierno.
Hay que poner de manifiesto, y quiero agradecer la intervención del
ministro, la urgencia en su comparecencia ante esta Comisión, porque los
ciudadanos, lógicamente, querían tener contestación a algunas preguntas
que se han hecho en los medios de comunicación, y porque el Gobierno
tenía interés en explicar el cómo y el porqué de lo que se denominan las
listas negativas de los medicamentos, aquellos que no van a ser
financiados por la Seguridad Social.
También quiero hacer una llamada de atención a lo que a lo largo de esta
mañana se ha planteado como responsabilidad política. Si hoy ha habido un
ejemplo de responsabilidad política, ésa la ha dado el ministro. El
ministro ha hecho referencia a su intervención en el Consejo
Interterritorial de Salud cuando era consejero de Sanidad, cuando tenía
responsabilidades de Gobierno, y otros han hecho demagogia sobre algunas
manifestaciones que ha hecho algún miembro del Partido Popular, a las que
creo que en este momento no es recomendable hacer referencia, pero sí lo
es hacer una llamada a la responsabilidad.
Como decía y telegráficamente, señor presidente, a lo largo de las cosas
que se han dicho, si hay que establecer la diferencia entre la iniciativa
del Gobierno actual y la del Gobierno anterior respecto al hecho en sí de
las listas negativas o financiación selectiva de los medicamentos, hay
que decir que, en principio, puede ser visto como algo parecido, pero
creo que hay una clara diferencia. Aquello fue una medida --se dice--
para el uso racional del medicamento, pero también es evidente que era
una medida desde el punto de vista de la financiación del sistema. Y
nosotros decimos que si es una medida para la financiación del sistema,
esta medida, valga la redundancia, se acompaña de otras. Y otras son las
que ha tomado el Gobierno a lo largo del año 1996: el decreto de márgenes
de las oficinas de farmacia; el acuerdo con Farmaindustria que se acaba
de renovar hace unos días y que fue motivo de comparecencia, también hace
unos días, en esta Comisión; la implantación de los genéricos, y los
precios de referencia.
Todas esas medidas constituyen un conjunto que en sí, lógicamente, van a
aportar una mejor financiación del sistema, y que además, como ha dicho
muy bien el ministro, se acordó en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. La preocupación sanitaria del Gobierno de la nación, desde el
punto de vista de lo que es el gasto social, se pone en evidencia con los
números. En el año 1998, el 56 por ciento del gasto social del Estado,
sin tener en cuenta la Seguridad Social, se dedica a sanidad; el 13,3 por
ciento del gasto público es destinado a sanidad; que aquí nadie la quiera
ver en peligro, porque se está intentando engañar a los ciudadanos del
Estado del bienestar.
Si se establecen criterios de por qué se lleva a cabo esta ampliación del
decreto --el decreto que en su momento pueda firmar el Consejo de
Ministros-- se establecen tres fundamentales, señor presidente: criterios
de uso racional del medicamento, criterios de conocimientos científicos y
criterios también de financiación presupuestaria, como no puede ser
menos.
No se puede llevar a cabo una buena política sanitaria sin tener en
cuenta el gasto que significa. Y se ha dicho a lo largo de esta mañana
que el 22 o el 25 por ciento del gasto sanitario es el gasto
farmacéutico. Estamos algo así como seis o siete puntos por encima de
otros países. Se ha dicho también que hay listas negativas en los países
de la Unión Europea; además, hay listas positivas, lo dijimos en otra
comparecencia, en otros países de la Unión Europea que aquí ni se
plantean, para que se vea la diferencia entre lo que es la prestación
farmacéutica en algunos otros países respecto a lo que es el en nuestro
país. ¿Y qué fundamento tiene esto, si se quiere mirar sólo desde el
punto de vista economicista de la financiación, entrando en un terreno
que no nos gusta? Que aquí, como he dicho antes, hay varios criterios a
la hora de llevar a cabo esta financiación selectiva. El fundamento es
mejorar otras prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud,
mejorar la atención al paciente, modernizar y actualizar las inversiones
sanitarias, que hemos visto que en los últimos años estaban poco
atendidas, y, por supuesto, la repercusión en la mejora en la prestación
farmacéutica.
Y hay que preguntar cuál fue la finalidad de aquel decreto de
financiación selectiva del año 1993. Fue mejorar el déficit público. Aquí
no sale ningún fondo económico de la sanidad. Todos los recursos
económicos van a la sanidad y por eso el presupuesto del Sistema Nacional
de Salud, el presupuesto del Ministerio de Sanidad en el año 1998 es de
cuatro billones de pesetas. Ha sido un hito en la incorporación de
recursos económicos lo que ha supuesto el aumento del presupuesto en el
año 1998.
Esas son las verdades, señor presidente, pero se quiere manipular y
tergiversar, y se hace una llamada al consenso y al acuerdo. Hemos estado
año y medio debatiendo sobre política sanitaria, ése era el momento del
consenso y del acuerdo y han salido corriendo porque no querían acuerdo
alguno, no querían consenso alguno, porque pretendían creer que el
acuerdo y el consenso, la mejora del sistema sanitario en nuestro país,
podía ir en beneficio del Gobierno.
Nosotros sólo tenemos una finalidad desde el punto de vista de la
sanidad: la consolidación y modernización del sistema sanitario y que los
ciudadanos tengan un buen sistema, y por supuesto, desde el punto de
vista de la prestación farmacéutica, todo el mundo sabe que los
pensionistas no van a contribuir, es decir, que los pensionistas que
reciban las recetas que prescribe el médico van a contribuir en cero
pesetas, y los trabajadores en activo van a contribuir con el 40 por
ciento, que es con lo que estaban contribuyendo. Esa es la realidad de
las cosas, señor presidente. Yo creo que si dijera alguna cuestión más
haría repetición de lo que han dicho los portavoces y, sobre todo, de la
brillante intervención que ha tenido el ministro desde la responsabilidad
de Gobierno y desde el punto de vista de lo que es atender a la cuestión,
como decía anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Puede contestar el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Voy a contestar
a todos los portavoces intervinientes en esta última fase del debate.
A la señora Riera le quiero agradecer su respaldo, aunque crítico;
siempre se aprende con las críticas. Respecto al acicate que anuncia para
ese seguimiento de estas medidas en orden a conseguir los objetivos que
nos hemos propuesto todos y que están en el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, le puedo asegurar que vamos a participar en
ese seguimiento con todo interés; vamos a tratar de evitar por todos los
medios los efectos de desplazamiento que se hayan podido producir en
ocasiones anteriores, y estoy seguro que para ello vamos a contar con los
médicos de nuestro sistema y con los ciudadanos del país, también con los
prescriptores de opinión pública, y con todos los que ejercitamos las
competencias de los servicios de salud, que vamos a realizar los
esfuerzos necesarios para evitar cualquier situación fraudulenta, como
estoy seguro que ya hacen. Por tanto, cuente con nuestra disposición para
estar en línea con esa labor de seguimiento que S. S. nos solicitaba y le
agradezco su colaboración y ofrecimiento para trabajar en todas estas
materias.
Al señor Caballero también le agradezco su apoyo, aunque sea crítico.
Estoy de acuerdo con S. S. en que estos ahorros ciertamente no se
producirían si no existieran medidas complementarias. Y creo que la
situación en la que ahora mismo nos encontramos es mejor que la del año
1993, porque se han introducido en el sistema otras medidas relacionadas
con la prestación farmacéutica que deben favorecer que la decisión que
ahora tomamos tenga los efectos que esperamos. Vamos a hacer ese
seguimiento al que antes me refería al contestar a la señora Riera.
Le agradezco también su opinión y la valoro respecto a que los criterios
de exclusión entienden que son los correctos, y naturalmente las
observaciones concretas que nos pueda hacer el consejero de Sanidad del
País Vasco en esta fase de tramitación del asunto serán estudiadas con la
atención que se merecen.
Se nos pregunta por qué no se hicieron todas esas consultas antes de
hacer pública la lista. Pues porque duplicaríamos el trámite. Si hacemos
todas las consultas antes de publicar la lista, entonces ¿para qué están
las consultas? La tramitación ordinaria y normal de este asunto es que el
Ministerio hace su propuesta, oye a todos los que tiene que oír,
organismos y comisiones, y termina pasando por el Consejo
Interterritorial; con eso damos satisfacción a todos cuantos participan
en este proceso, sin duplicar los trámites como ocurriría en caso
contrario. Agradezco mucho la valoración que ha hecho, sin cortapisas, de
algunas posiciones expresadas en relación con la demagogia que se ha
advertido en algún caso en determinados grupos políticos ante esta
cuestión, ya que no es una opinión interesada la que avala esta posición.
Al señor Gómez le agradezco su apoyo igualmente crítico. Le puedo decir
que la situación de los jubilados nos ha preocupado extraordinariamente y
ha preocupado a todos los que han intervenido en la elaboración de la
lista; hay excepciones concretas dirigidas a estos colectivos más
desfavorecidos, porque nada nos preocuparía más que perjudicarlos; por el
contrario, estamos convencidos de que esta medida de contención de gasto
--que estaba absorbiendo muchos recursos necesarios, especialmente para
las personas mayores, que son los grandes demandantes de los servicios
sanitarios-- nos va a permitir seguir mejorando la asistencia sanitaria
en cuestiones que consideramos ciertamente prioritarias a las relativas
al medicamento a que se refería la señora Almeida. Por tanto, cuente que
compartimos totalmente con S. S. esa sensibilidad.
Aprecio en lo que vale su opinión global en el sentido de que era
necesario la adopción de medidas como ésta y le repito lo que acabo de
decir al señor Caballero: estamos en la fase de oír todas las opciones y
de recoger todas las valoraciones que se puedan hacer en esta fase del
procedimiento y creo que estamos actuando con toda transparencia y con
toda naturalidad, sin tratar de hurtar ese debate en ningún sentido.
Al señor Villalón le agradezco, como no podía ser menos, el apoyo del
Grupo Popular a la acción del Gobierno, que es indispensable y
fundamental para que podamos seguir intentando y procurando por todos los
medios mejorar este Sistema Nacional de Salud, ese Estado de bienestar
que creo que el Gobierno está dando pruebas de tener el mayor interés en
potenciar, como resulta de la mejora evidente de financiación de la
sanidad que se produce este año, en circunstancias presupuestarias bien
difíciles, como es conocido de todos los sectores de opinión del país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Le agradecemos su
comparecencia.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.