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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 379, de 18/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 379
DE MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 17
celebrada el miércoles, 18 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Aprobación del Informe de la Subcomisión para el estudio, evaluación y
control de la contaminación atmosférica, así como los efectos de ella
derivados, en las zonas del Estado español donde hay ubicadas centrales
térmicas (Número de expediente 154/000013) (Página 11138)
Comparecencia de la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga), para informar sobre:
--Los acuerdos alcanzados en la cumbre de Kyoto sobre cambio climático,
así como de las medidas a adoptar. A solicitud del Grupo de Izquierda
Unida (Número de expediente 213/000476) (Página 11147)
--Posición del Gobierno en relación con el convenio de Naciones Unidas
sobre cambio climático. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso
(Número de expediente 213/000477) (Página 11147)
--Resultado de la cumbre de las partes del convenio del cambio climático
celebrada en Kyoto, así como acciones futuras a adoptar por parte del
Gobierno. A solicitud del Grupo Catalán (Convergència i Unió) (Número de
expediente 213/000479) (Página 11147)
--Resultados de la III Conferencia de las partes del convenio de Naciones
Unidas sobre el cambio climático. Celebrada en Kyoto en diciembre de
1997. A petición propia (Número de expediente 214/000060) (Página 11147)
--Conclusiones de los informes sobre la rotura del depósito de agua de
Melilla. A petición propia (Número de expediente 214/000065) (Página 11168)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
--APROBACION DEL INFORME DE LA SUBCOMISION PARA EL ESTUDIO, EVALUACION Y
CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA, ASI COMO LOS EFECTOS DE ELLA
DERIVADOS, EN LAS ZONAS DEL ESTADO ESPAÑOL DONDE HAY UBICADAS CENTRALES
TERMICAS (Número de expediente 154/0000013).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se abre la sesión con
el primer punto del orden del día que se refiere a la aprobación del
informe de la subcomisión para el estudio, evaluación y control de la
contaminación atmosférica, así como los efectos de ella derivados, en las
zonas del Estado español donde hay ubicadas centrales térmicas.
Quisiera comentar a todas las señoras y señores diputados que la votación
correspondiente a este informe no tendrá lugar antes de las diez y media
de la mañana.
Se han presentado dos votos particulares, uno el Grupo Socialista y otro
el Grupo Popular. Para la defensa del voto particular por el Grupo
Socialista tiene la palabra su portavoz, doña Carmen Marón.
La señora MARON BELTRAN: Antes de iniciar la defensa y explicar las
razones por las cuales el Grupo Socialista ha presentado su voto
particular, quisiera solicitar el debate del informe de esta Comisión en
Pleno al amparo del artículo 6.2 de las resoluciones de Presidencia del
Congreso de 27 de junio de 1996, sin perjuicio de que este acuerdo se
haga, como dice tal artículo, en la reunión de junta de Mesa y
Portavoces.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le informo que, cuando terminen los
turnos a los que antes he hecho referencia, se someterá su propuesta a
votación de la Comisión.
La señora MARON BELTRAN: Dicho esto, inicio la intervención. Me hubiera
gustado defender en este día unas conclusiones consensuadas por los
grupos representados en esta Cámara como colofón al trabajo efectuado por
la subcomisión para el estudio sobre la situación de la contaminación
atmosférica procedente de las centrales térmicas. No dudo, señorías, de
que en todos está muy presente el deterioro de nuestro medio y tampoco
quiero dudar de la voluntad para abordarlo con propuestas que permitan a
generaciones venideras la esperanza de un ecosistema equilibrado y
saludable, pero la realidad es que en la práctica los trabajos de la
subcomisión se han quedado reducidos, se han constreñido en el tiempo y
en la actividad y, aun así, hay materia más que suficiente para hacer un
planteamiento riguroso y responsable de la situación de las centrales
térmicas en nuestro país. El informe presentado, que hasta el momento no
ha sido defendido, no cumple ninguno de los objetivos que han sido
mandatados por el Pleno y, aún más, han sido recortadas por enmiendas del
Partido Popular varias de sus propuestas iniciales.
Quiero recordar los dos objetivos que han sido fijados para la
subcomisión: Primero, que se analicen las medidas adoptadas, las
proyectadas, y el grado de cumplimiento de las recomendaciones y
directivas de la Unión Europea; segundo, que se propongan las medidas e
iniciativas complementarias que sean necesarias para corregir eventuales
daños medioambientales. (El señor Vicepresidente, Paniagua Fuentes, ocupa
la Presidencia.) Pues bien, ninguno de los dos objetivos han sido
suficientemente debatidos ni analizados, ni hay resoluciones de presente
ni de futuro que den respuesta al grave problema de contaminación
derivado de las centrales térmicas. Aunque para estas dos conclusiones no
era preciso ningún viaje --por cierto, no se ha visitado ninguna de las
centrales térmicas--, las analizaré brevemente.
La exposición de motivos está vacía de contenido y de vaguedades
genéricas, dedicando la mayor parte de su análisis a la zona de Els Ports
y El Maestrat, que, es cierto, merece atención puntual por su grave
deterioro, pero en el informe no se hace referencia a las térmicas de
Asturias, de León, de Galicia, de Andalucía, por citar, junto con
Andorra, las más contaminantes, pasando de puntillas sobre un mapa de
centrales térmicas, que, por cierto, hemos pedido y no se ha recibido.
Todos debemos tener muy claro que éste es el Parlamento de España y no de
una comunidad autónoma, para obviar que estamos tratando un problema
global y transfronterizo. En cuanto al primer mandato, lo despachan
prácticamente con un «se está cumpliendo la legislación española». ¿Dónde
están reflejados los análisis de las medidas adoptadas? Pero lo que es
más grave, ¿dónde están las proyectadas? Y en el segundo objetivo recogen
varias
medidas ambiguas que quedan al arbitrio de la buena voluntad y que no
pasan de ser meras declaraciones de intenciones. Por tanto, señorías, el
Grupo Socialista ha presentado un voto particular a la totalidad del
informe. Entendemos que es un tema tremendamente serio como para cerrarlo
sin que haya posiciones bien definidas, propuestas claras y concretas
para todo el ámbito del territorio español, abordando ahora con
responsabilidad un tema de gran trascendencia para el futuro.
Está constatado científicamente, tanto por los organismos internacionales
como por la Unión Europea, que las centrales térmicas son la principal
fuente de emisiones de SO2, de NOx y de CO2. Las obligaciones de
reducción y control de emisiones se derivan de varias disposiciones
internacionales. En primer lugar, el Convenio internacional sobre
contaminación atmosférica transfronteriza, los protocolos de Sofía y de
Helsinki, concretamente para el control de las emisiones de azufre y de
óxido de nitrógeno, Convenio sobre cambio climático I, de Río 1992 y
trasposición de varias directivas y estrategias adoptadas en el seno de
la Unión Europea, más concretamente la definida contra la acidificación,
de 12 de marzo de 1997 --bien reciente, por cierto--, que se hace eco de
manera clara de cómo las sustancias tóxicas transportadas
incontroladamente por el viento pueden transformar el dióxido de azufre
en ácido sulfúrico y los óxidos de nitrógeno en ácido nítrico, con
efectos muy graves para los ecosistemas acuáticos y terrestres al reducir
la diversidad de las especies vegetales y animales. Las concentraciones
en el aire afectan también a la salud física de las personas, sobre todo
dependientes de problemas de la función pulmonar y respiratoria.
La Comisión Europea fija topes para no superar las cargas críticas en los
ecosistemas más vulnerables, consiguiendo una reducción del 50 por ciento
donde dichas cargas fueran críticas en el año 1990. En el seno de la
subcomisión ha quedado acreditada la existencia de un grave problema de
acidificación en zonas del territorio español donde se han superado las
cargas críticas, reconociéndose igualmente en el seno de la subcomisión
la existencia de 74.000 hectáreas de ecosistemas desprotegidos, de los
cuales el 33 por ciento corresponde a Galicia y Asturias. Son datos del
Ministerio de Medio Ambiente, coincidentes con informes de la OCDE, que
llaman la atención especialmente sobre el noroeste peninsular, como zona
de alerta, siendo España, además, el tercer país mayor productor de SO2
de los países europeos de la OCDE.
Mención específica merece también el dióxido de carbono, CO2, que
procede, fundamentalmente, del uso de combustibles fósiles, gas de efecto
invernadero ligado al cambio climático y que en el protocolo suscrito en
la cumbre de Kyoto, el pasado diciembre, se marca una reducción del 8 por
ciento con relación al año 1990 para la Unión Europea. España, como país
miembro, debe mantener una posición responsable y esa acción tiene que
impulsarla ya el Gobierno.
Hay serios problemas y, por tanto, hay que adelantarse en el tiempo para
evitar que los hechos sean irreversibles. Es cierto que hubo un gran
avance en los últimos años en este campo: sistemas de desulfuración y
desnitrificación, la mezcla de carbones de importación, con menor
contenido en azufre, con los carbones nacionales, siendo conscientes,
además, de que los cambios en nuestros sistemas no pueden producirse con
la rapidez que se quisiera, sino en un proceso de transformación
sosegado, dando los pasos precisos para un futuro más saludable y
respetuoso con nuestro medio. Hay que adoptar, por tanto, medidas
globales y por ahí van las doce resoluciones que el Grupo Socialista ha
presentado.
A modo de resumen de las resoluciones reseño que en cuanto al primer
objetivo van dirigidas las medidas primera, segunda y tercera, que tienen
como finalidad una mejora de la legislación. La cuarta medida, se refiere
a la remisión de un programa nacional contra el cambio climático que, por
cierto, es una obligación derivada de acuerdo plenario de 25 de noviembre
sobre una proposición no de ley del Grupo Socialista. La quinta
resolución es relativa a la estrategia comunitaria sobre acidificación, a
la que antes he hecho referencia, intentando así cumplir los objetivos no
sólo de las medidas adoptadas, sino también de las proyectadas --como
decía el primer objetivo-- por la Unión Europea, teniendo estas medidas
que acabo de resumir otra extensión en la propuesta de resolución.
Relativas al segundo objetivo son las resoluciones sexta, séptima y
octava. Son medidas muy concretas. La sexta hace referencia a la
aplicación en las centrales térmicas de sistemas de desulfuración y
desnitrificación con el fin de mitigar las emisiones, salvaguardar así la
salud pública y minimizar el impacto ambiental, algo que parece
fundamental para el control de las emisiones. La séptima resolución
propone realizar una campaña de sensibilización para fomentar la
eficiencia y el ahorro energético. Octava, la coordinación entre
administraciones en el ámbito de la Conferencia sectorial de Medio
Ambiente, algo que parece fundamental puesto que se ha constatado que se
funciona con bastante autonomía sin haber una línea muy coordinada.
Novena, el control de emisiones en un nuevo marco legislativo, por
cierto, dado por el Gobierno tras la liberación del sector eléctrico, con
un programa nacional bien definido. Décima, un proyecto de ley sobre la
adopción de un sistema obligatorio de ecoauditoría y ecogestión por parte
de las empresas que gestionan las centrales térmicas. Decimoprimera, un
planteamiento de energías renovables que incluya medidas de eficiencia y
ahorro energético; además, ése es el camino que hay que abordar para el
futuro: tenemos que sembrar hoy para recoger mañana. Y decimosegunda,
incentivar las líneas de I+D tendentes a la reducción de las emisiones
contaminantes a la atmósfera. Con estas doce medidas entendemos que
quedan resumidas nuestras propuestas.
Decía al principio que se necesitaban respuestas globales para un
problema complejo encaminado hacia la reducción de las cargas
contaminantes y avanzar en los procesos de eficiencia, de ahorro
energético y de energías renovables. No queda otro camino. Queremos dar
esperanza para el futuro.
Señorías, éste es el momento que nos toca vivir. Esta es la situación que
tenemos y ésta es hoy nuestra responsabilidad.
Por ello creemos que con este voto particular asumimos un compromiso en
el tiempo con medidas responsables y medidas concretas. No se trata de
hurtar un debate que está en la sociedad, que interesa a los ciudadanos y
ciudadanas, dándole un carpetazo al informe de esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para la defensa del voto
particular tiene la palabra don Antonio Medina en nombre del Partido
Popular.
El señor MEDINA TOLEDO: Es cierto que el informe final de la subcomisión
tuvo una redacción urgente después de unos trabajos muy largos y extensos
en cuanto a comparecencias, estudios y documentación. Ya advirtió en su
momento el Grupo Parlamentario Popular que, si bien en aras del consenso
se elaboró ese documento, tomando como base, fundamentalmente, la
exposición de motivos de Unión Valenciana y las propuestas de resolución
del Partido Popular, incorporando algunas del grupo anteriormente
mencionado, la velocidad con que aquello se hizo, por razón de la
necesidad de los trabajos parlamentarios, hacía que avisáramos que había
unas cuestiones de fondo y de forma que debían ser precisadas y aclaradas
técnicamente. Se manifestaban algunas imprecisiones desde el punto de
vista técnico y medioambiental que necesitaban corrección. Pues bien, ése
y no otro es el espíritu que motiva los votos particulares a las
propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, que es
precisamente hacer honor a lo expuesto al final de la subcomisión. Sin
embargo, hemos observado con una cierta sorpresa que el Grupo
Parlamentario Socialista no ha presentado unas propuestas de resolución;
ha presentado un informe alternativo al informe de la subcomisión, y yo
creo que sus conclusiones se han presentado a destiempo. Porque si se
hubiesen presentado en tiempo y forma entendemos que habría sido posible
intentar lograr un mayor consenso en el texto final elaborado por la
subcomisión. Hago alusión a este tema, señor presidente, porque, pese a
lo extemporáneo de la presentación del informe del Partido Socialista en
forma de informe alternativo más que de votos particulares, nosotros
hemos hecho un esfuerzo de análisis y de intento de aproximación para, si
procede, incorporar algunas de las conclusiones del Grupo Parlamentario
Socialista al texto final. Es decir, nuestra voluntad sigue siendo la del
consenso y la de intentar lograr en éste, que es un elemento
importantísimo para nuestro país y que no puede ser asumido en contra de
ningún grupo, esa resolución final que nos una a todos.
Expuesto esto, nuestros votos particulares se explican por sí mismos, son
aspectos muy concretos. Algunos de ellos se limitan a considerar que
determinadas fuentes contaminantes --a pesar de que alguien se empeña en
no nombrarlas--, como el transporte, son fuentes muy importantes de
determinados contaminantes que deben ser consideradas en la propuesta
final y, sin embargo, no lo estaban. Hay algunas otras cuestiones de
naturaleza técnica, pero no menos importantes, como empeñarse en que
determinadas medidas contra la acidificación solamente proceden de las
centrales térmicas o de un procedimiento técnico determinado de
aplicación obligatoria en las centrales, lo cual es una imprecisión,
puesto que hay otra serie de medidas de naturaleza perfectamente lógica
que se pueden aplicar y que tienen exactamente el mismo efecto.
Por tanto, si el presidente estima que metodológicamente es adecuado, yo
daría por defendidos nuestros votos particulares y me centraría en
exponer, con un criterio amplio, dónde está ese punto de consenso que
estimamos que se puede ver en las propuestas del Partido Socialista. Esto
me lleva a un análisis, porque, lógicamente, hay que dar unas razones de
por qué si se acepta algo, no se aceptan otras cosas.
Concretamente, las tres primeras propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Socialista tienen exactamente la misma motivación, pero hay
cosas sorprendentes. El Gobierno de España no necesita adoptar un
compromiso diferente en una Comisión de Medio Ambiente respecto a la
trasposición de directivas comunitarias que están en fase de desarrollo y
que vendrán; está obligado a hacerlo, por lo que no hace falta ningún
compromiso adicional. Pero resulta que hay una serie de directivas
comunitarias que se invocan, y lo que es más sorprendente, se insta al
cumplimiento de protocolos como el protocolo de Helsinki --hoy
absolutamente fuera de vigencia por lo que les diré ahora-- cuando quien
debía haber cumplido en tiempo y forma esos compromisos era un gobierno
anterior. Es decir, hay una trasposición de directivas comunitarias que
se han terminado de completar porque antes no estaban incorporadas a la
legislación española. Esto viene a cuento de que se dice que solamente se
ha analizado la legislación española, pero si la legislación española
tiene incorporadas las directivas comunitarias, de hecho indirectamente
estamos analizando uno de los objetivos que se marcaban en los trabajos
de la subcomisión.
Decía, concretamente, que en el caso del protocolo de Helsinki, resulta
que éste marcaba, respecto a la reducción de las emisiones nacionales del
dióxido de azufre, una reducción del 30 por ciento antes del año 1992.
Entonces, aunque España, con un gobierno socialista en ese momento, no
suscribió ese convenio, el hecho es que como nación ha cumplido ese
objetivo. En este momento el Convenio de Helsinki está absolutamente
fuera de vigor, puesto que fue sustituido por el segundo protocolo de
SO2, firmado en Oslo en 1994, que ha sido ratificado por España el 7 de
agosto de 1997. Resulta sorprendente invocar el cumplimiento de convenios
o protocolos internacionales que están absolutamente fuera de vigor y
sustituidos por otros que ya están suscritos por España. Eso nos causa
estupor, parece como si tuviesen una cierta falta de información o de
coordinación en estas cuestiones.
Respecto del siguiente punto, la propuesta de resolución cuarta, en la
que se hace referencia al cambio climático y se pide que se remita, en el
plazo de seis meses, una propuesta al respecto con un programa nacional
de lucha contra el cambio climático, hay dos cosas fundamentales que
hacen totalmente inviable esa propuesta de resolución:
la posición de España no es una posición separada del resto de la Unión
Europea --así se negoció en Kyoto--, y está previsto que en junio de 1998
se apruebe la distribución de ese compromiso entre los distintos países
de la Unión. Por tanto adoptar, cuando estamos pendientes de un
compromiso europeo que nos liga a todos en seis meses, algo que está
previsto para junio de 1998, no tiene demasiado sentido. Ese es también
un objetivo del recientemente creado Consejo Nacional del Clima; por
tanto el programa nacional llegará, pero lo hará en tiempo y forma y en
la manera adecuada.
Estamos en disposición de aceptar la propuesta de resolución quinta, del
Grupo Parlamentario Socialista, si bien con una redacción que creemos más
adecuada y que podemos hacerles llegar después, porque prácticamente dice
lo mismo pero de una forma técnicamente más precisa. Concretamente,
nuestra propuesta alternativa sería: El Gobierno deberá adoptar las
medidas oportunas para la lucha contra la contaminación atmosférica que
se derive de las estrategias comunitarias, en particular de la estrategia
comunitaria contra la acidificación, teniendo en cuenta las
peculiaridades del territorio nacional y, especialmente, las
peculiaridades del sector energético. Con esa redacción, que en el fondo
viene a decir lo mismo pero creo que mejor, estaríamos en condiciones de
aceptar la propuesta de resolución quinta.
Respecto a la propuesta de resolución sexta --a pesar de que hay muchas
argumentaciones y de que en algún momento se pide algo que ni siquiera
las directivas comunitarias piden de esa forma-- creemos que no es
aceptable porque se exige a las centrales españolas límites y condiciones
que no son exigidos a las otras centrales térmicas europeas y, además, de
una forma que tampoco es la que determinan las directivas comunitarias,
pero lo más importante de todo es que para reducir el SO2 no tienen por
qué establecerse ni determinados sistemas concretos ni determinadas
tecnologías concretas. Creo que aquí se peca, quizá, de un conocimiento
no excesivamente profundo del tema.
Pensamos que la propuesta séptima, del Grupo Parlamentario Socialista, es
aceptable, pero creo que está contenida como voto particular a la
resolución quinta del informe, en los votos particulares del Grupo
Parlamentario Popular. Me explicaré. Nosotros hacemos referencia no sólo
al ahorro energético, no sólo a qué organismos tienen que hacer esa
campaña de común acuerdo, un organismo medioambiental y uno del
Ministerio de Industria y Energía, sino que hacemos énfasis en un tema
que en Canarias conocemos muy bien y es que el ahorro energético no debe
afectar única y exclusivamente a la energía propiamente dicha sino
también al agua, porque el agua en determinadas regiones tiene cada vez
más un componente energético. El agua, en sí misma, ya es un factor a
ahorrar, pero tiene implicaciones energéticas muy importantes en
determinadas regiones españolas y las tendrá más en el futuro. Por eso,
estando de acuerdo con el espíritu y el fondo de la propuesta del Partido
Socialista, creemos que es más adecuada, respecto a la propuesta séptima,
la realizada por el Grupo Parlamentario Popular.
Aceptamos sin ningún tipo de matización, tal cual está redactada, la
propuesta de resolución octava, del Grupo Parlamentario Socialista.
Respecto de la novena, creemos que tampoco es aceptable porque, de alguna
manera, late en el fondo un cierto control planificador sobre las
centrales térmicas que tienen un proceso de liberalización en su
establecimiento, derivado de la nueva Ley del sector eléctrico nacional.
Si bien esto es cierto, también lo es que en la nueva ley eléctrica se
hace referencia a que hay una sujeción a las normas de procedimiento
administrativo y a las disposiciones medioambientales, que tampoco son
--por decirlo de alguna manera-- uniformes, sino que tienen en cuenta las
peculiaridades de cada zona, a los efectos de utilización de una central,
con rigurosos controles medioambientales. Por tanto creemos que esto es
pura y simplemente una redundancia ya que la disposición, tal como está
redactada, en el fondo viene a decir: cumpla usted la legislación
vigente, para lo cual no hace falta instar al Gobierno a ninguna cosa
nueva.
Nos quedan solamente tres propuestas de resolución. La décima, que hace
referencia a los elementos de ecoauditoría, que no creemos que sea
aceptable, porque en las propias normas ISO y en todas las normas que
hacen referencia al tema de ecoauditoría a nivel europeo se hace énfasis,
en su propia concepción, en que es un acto voluntario de las empresas.
Sin embargo, la presión social y la necesidad de prestigio y de
demostración de las empresas de que además de su actividad económica son
respetuosas con el medio ambiente hacen que cada vez más, de facto, se
vaya imponiendo que las empresas de forma voluntaria establezcan
procedimientos de coauditoría en su gestión. Por tanto, si bien no
desechamos que en un futuro tal situación pueda llegarse a conseguir, en
aras de actuar homogéneamente con el resto de los países de la Unión y no
darles una cierta ventaja comparativa por mayores restricciones a
nuestras empresas, estimamos que se debe seguir manteniendo la
voluntariedad en este tipo de acciones. No estimamos, por tanto, que en
este momento sea aceptable la resolución décima, tal y como está
planteada.
Tampoco creemos aceptable la resolución decimoprimera. Si bien estamos
muy de acuerdo con el fondo de la cuestión, puesto que las energías
renovables han sido y deben ser una bandera no de un grupo en particular
sino del conjunto de la Cámara y sobradamente hemos dado muestras
fehacientes de ello, concretamente este portavoz que les habla, creemos
que el plan nacional de energías renovables en el que se está trabajando,
así como otras iniciativas que también están en estudio, lógicamente
llegarán a las mismas conclusiones que la propuesta de resolución
decimoprimera sin que parezca que al Gobierno se le insta a hacer algo
que ya está haciendo de una forma mucho más completa.
Finalmente, señor presidente, respecto a la propuesta de resolución
decimosegunda, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ella pero
creemos que la redacción como voto particular a la resolución tercera del
Grupo Parlamentario Popular es técnicamente más precisa puesto que no
habla sólo de las centrales sino de otros procesos que se tiende a
minusvalorar, como los de combustión, que
son muy importantes y que aportan tantos contaminantes y tanto CO2 como
las centrales. Por tanto creemos que, siendo aceptable el espíritu, la
letra es más precisa en la propuesta de resolución del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Tiene la palabra la señora
Marón para aceptar o rechazar las transacciones propuestas por el
representante del Grupo Popular, es decir, la quinta, octava y en parte
también la duodécima.
La señora MARON BELTRAN: Señor presidente, he escuchado con suma atención
las palabras del señor Medina, que tiene el difícil papel de defender un
informe que sabe a ciencia cierta, por sus conocimientos técnicos y su
cabal sentido de este tema, que no es fácil. Yo lo entiendo. He escuchado
con suma atención sus propuestas, pero no vamos a aceptar las
transaccionales indicadas puesto que entendemos que éste es un problema
de mayor calado, de fondo, puesto que, como he dicho al principio de mi
intervención, ni la exposición de motivos ni los contenidos de los
objetivos primero y segundo están recogidos en el informe presentado. Por
tanto, mantenemos totalmente el contenido del voto particular a la
totalidad que el Grupo Socialista ha presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para fijar la posición del
Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Chiquillo, de
Unión Valenciana.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, como punto introductorio
quiero manifestar la opinión del Grupo Mixto en consonancia con lo
planteado por la portavoz del Grupo Socialista de que esta cuestión sea
elevada al Pleno para su discusión y debate, por cuanto la importancia de
la materia que nos ocupa, puesta de manifiesto en los trabajos, los
estudios y el debate que ha habido a lo largo de bastantes meses al
respecto, creo que merece que se lleve a máximo foro de expresión
parlamentaria, que es el Pleno, para seguir incidiendo en una cuestión
que preocupa a la sociedad. Solicitamos, por tanto, que este dictamen sea
remitido a la sesión plenaria que proceda.
Entrando ya en el fondo de la cuestión, he de decir que éste es uno de
esos momentos en los que existe un sabor de boca un poco agridulce por la
conclusiones a las que se ha llegado. Hay una gran satisfacción por el
trabajo realizado desde el momento en que se tomó en consideración la
creación de esta subcomisión; hay satisfacción por cuanto que el
planteamiento de los intereses valencianos, como en su día se expresó al
formular esta petición de subcomisión para que estudiara la contaminación
atmosférica, en concreto de una parte importante de la Comunidad
Valenciana, la referente a las comarcas de Els Ports y El Maestrat, se
han tenido en cuenta; hay satisfacción porque ha sido motivo de estudio y
de interés el intentar poner encima de la mesa los problemas y sobre todo
empezar a plantear soluciones que puedan ir paliando los efectos que ha
sufrido esta comarca, tan fuertemente castigada, sus bosques y el entorno
natural en su conjunto. En Unión Valenciana, grupo que impulsó la
creación de esta subcomisión y que presentó en tiempo y forma el
dictamen, hay una cierta satisfacción porque éste ha sido la base de la
exposición de motivos, algunas de las propuestas de resolución han sido
recogidas con una mejor redacción técnica, algunas han cambiado el
objetivo final que motivó a Unión Valenciana a presentar las distintas
propuestas de resolución, pero hay un sabor que ya no es tan dulce porque
algunas de ellas no han sido consideradas y otras han sido literalmente
sustituidas con otra finalidad y otros objetivos. En líneas generales, si
se cumpliera la petición de que este debate se llevara al Pleno del
Congreso, podrían compensarse algunos aciertos con algunos desaciertos de
que adolece el informe, que con las enmiendas adicionadas en la
subcomisión por el Grupo Popular ha quedado no todo lo perfecto que
desearíamos, aunque es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo, incluso
por el Grupo Socialista, como se ha apuntado en el día de hoy, para que
quedara un documento más riguroso, que entrará más al fondo de la
cuestión y que intentará trasladar lo que era una petición original desde
la Comunidad Valenciana a una visión general del Estado, un conjunto de
iniciativas, desde el cumplimiento por parte del Estado de directivas
comunitarias hasta el último detalle, que fuera un dictamen de todos los
grupos parlamentarios. Creo que si hubiera habido mayor voluntad de
integración se podía haber hecho un informe que satisficiera a todos los
grupos parlamentarios.
Hay extremos en los que Unión Valenciana no está conforme --ya lo
manifestó en el debate en la subcomisión, pero también es verdad que hay
más puntos a favor que en contra del dictamen que posiblemente hoy va a
ser aprobado. Por tanto, desde Unión Valenciana, quiero reconocer el
trabajo que se ha realizado por los servicios de la Cámara y por las
personas que han comparecido a lo largo de varios meses ante esta
subcomisión, aunque no han sido todas las que hubiéramos deseado y sobre
todo no lo han hecho con la tranquilidad y con el tiempo que hubiéramos
deseado. Creo que ha sido importante el esfuerzo de todos los grupos
parlamentarios, la buena voluntad y predisposición de todos ellos a este
trabajo, si bien más simple o no tan profundo como el que sirvió de base
a los estudios de esta subcomisión, presentado por Unión Valencia, que se
presentó con toda la buena voluntad y el ánimo constructivo de llegar a
un punto de entendimiento para empezar a solucionar aquellas cuestiones
que tanto interesan a diversas comarcas del Estado español afectadas por
las centrales térmicas. En último lugar, uno de los objetivos
primordiales que perseguía Unión Valenciana es que no se den por cerrados
y por válidos los estudios e informes que hasta el día de hoy han
aparecido, que para nosotros no son lo perfectos y lo profundos que
desearíamos, y que se abra la puerta, con estas propuestas de resolución,
a que se siga trabajando, se siga investigando, se siga estudiando, sobre
todo en una comarca, la de Els Ports y El Maestrat, en Castellón, que
tiene unos graves problemas medioambientales --nosotros seguimos
manteniendo que en un porcentaje muy importante causados por el
defectuoso funcionamiento durante unos años, que oscilarían de los
ochenta hasta casi principios de los noventa, de la central térmica
de Andorra, en Teruel--, aunque estamos contentos porque se vayan a hacer
nuevos informes y nuevos estudios con la participación de las
administraciones autonómicas, las empresas, los grupos ecologistas y los
centros de investigación afectados. Queremos que estos informes que se
vayan a solicitar y a realizar en los próximos años no sean la excusa, el
argumento para que mientras duren se paralicen todas las actuaciones de
recuperación medioambiental por parte del Estado y de las
administraciones autonómicas, incluso por parte de la Unión Europea.
Queremos que se sigan realizando esas inversiones tan importantes para la
recuperación de la masa boscosa de diversas comarcas del Estado español
afectadas por esta contaminación, por los procesos de desertización, por
los incendios forestales y por la denominada lluvia ácida, en concreto
los ocasionados por la central térmica de Andorra en las comarcas de Els
Ports y El Maestrat, en Castellón.
Por tanto, damos nuestro apoyo en líneas generales al informe y pedimos
un esfuerzo al Grupo Parlamentario Popular para que algunas de las
propuestas presentadas en forma de voto particular por el Grupo
Socialista se incorporen, con el fin de que sea el dictamen de todos los
grupos que han estado especialmente dedicados al trabajo en la
subcomisión, sin desmerecer las aportaciones que aquí mismo se puedan
plantear por los grupos de Izquierda Unida, Catalán o Vasco o por el
diputado del Partido Aragonés, que está incluido en el Grupo
Parlamentario Popular, pero con la petición de nuevo, como he empezado
esta intervención, de que este debate se lleve al Pleno del Congreso para
que se demuestre ante la ciudadanía que es una cuestión que se ha
trabajado, que nos preocupa y a la que planteamos soluciones, en muchos
casos propuestas serias y rigurosas que la sociedad española está
demandando. Por tanto, sería un buen escaparate que los ciudadanos del
Estado español pudieran ver desde el Pleno del Congreso de los Diputados
que esta cuestión no es un punto y final, sino un punto y seguido, que
tenemos que seguir trabajando en la defensa de nuestro medio ambiente, de
nuestro entorno natural, que éste es un paso en una dirección pero que
aún hay que dar más, que es importante que se busque el consenso y que
desde el Pleno del Congreso de los Diputados se lance un mensaje de
ilusión, un mensaje constructivo y esperanzador en la defensa del medio
ambiente a todos los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, ya se ha explicado muy mucho
cómo llegamos al día de hoy. Lógicamente se trae a la Comisión un informe
que básicamente está redactado sobre las líneas iniciales que el señor
Chiquillo presentó en la subcomisión. En la última reunión en que se
debatió se introdujeron algunas variaciones y se llegó a la conclusión de
que el día de hoy se presentasen por quienes lo deseasen votos
particulares. Nos encontramos hoy en el debate para dejar listo el
informe con dos documentos. En primer lugar, en el del Grupo Popular los
votos particulares están presentados en forma de trece enmiendas
parciales a distintos párrafos, introduciendo algunas cosas y variando
otras, que mejoran técnicamente el texto, por lo que los vamos a aceptar.
El documento del Grupo Socialista es verdaderamente importante. No sé si
es un voto particular global. En realidad sería un texto alternativo, lo
que nos presenta la problemática de poderlo mezclar con el otro. Hay
temas que me parece que podrían haber ido desglosados. Se ha dicho por el
Grupo Popular que hay algunas resoluciones que podrían ser aceptados pero
otras no. A mí me hubiese gustado mezclar ambos textos, pero veo que ya
ha sido rechazada esta solución, por lo que en este momento procede que,
haciendo uso de lo que dice la normativa, la Comisión vote el texto
inicial con las enmiendas que se acepten y el texto alternativo que
presenta el Grupo Socialista quede como voto particular adjunto publicado
con lo que se apruebe. No veo otra solución. Ya digo que a mí me parece
que es un documento muy interesante, aunque quizá algunos párrafos estén
redactados fuera del contexto de la subcomisión; o sea, que es un
documento más técnico que parlamentario, por decirlo así. Pero si no hay
posibilidad de introducir parte del mismo en el informe de la
subcomisión, nuestro grupo no podrá votarlo. Sin embargo, aceptaremos muy
gustosos, no sólo porque es reglamentario sino porque creemos que tiene
cierto valor, que sea un documento complementario, según dice la
normativa de la Cámara, de lo que se publique en el «Diario de Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para fijar la posición de
Izquierda Unida tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor presidente, en relación al informe de la
subcomisión quiero remarcar varias cosas. Bienvenido sea la iniciativa y
bienvenidos sean los trabajos que podamos hacer posteriormente. Se
reconoce --cosa que no siempre se reconocía con claridad y rotundidad--
que hay contaminación, que no supera los límites en ningún caso pero que
no está mal reducirlos porque a lo mejor son muy altos. Primera
conclusión que consideramos positiva. En segundo lugar, se reconoce que
hay que aumentar los recursos para reforestación --también sea bienvenido
porque en otros debates no ha habido esa voluntad tan abierta para
hacerlo-- y que se tienen que implantar sistemas de sulfuración donde sea
necesario supongo que con más énfasis todavía del existente hasta ahora.
En relación a Els Ports y El Maestrat señala que hay un convenio --aparte
de que va bien en el análisis de lo que representa la contaminación--
suscrito en julio de 1994, que Endesa, según los alcaldes de la zona, ha
cumplido hasta el momento con las aportaciones que sin embargo, la
Generalitat Valenciana no ha cumplido con los acuerdos a los que llegó en
el convenio, y que las inversiones que se hicieron, a las cuales debían
contribuir Endesa, la Generalitat y los ayuntamientos, no se han
destinado a los objetivos del convenio sino a resolver déficit y
carencias en infraestructuras. Pensamos que los déficit y carencias en
infraestructuras
deben tener otro tratamiento en otro debate, y que las soluciones que se
plantean en relación a la contaminación, en el caso de la central térmica
de Andorra, deberían ir destinadas a lo que lo fueron en el convenio de
julio de 1994. Señala también que no se han destinado fondos de
recuperación ecológica en las áreas afectadas y no se ha hecho nada en
materia de energías renovables. Esto en relación al convenio suscrito
--repito-- en su momento por ayuntamientos, Endesa, Generalitat,
etcétera. Las resoluciones en referencia a todas las centrales --continuó
hablando del informe-- van en una línea adecuada. Pensamos que el
conjunto del informe es un paso adelante y por ello se debe votar
favorablemente.
El voto particular del Grupo Socialista propone doce medidas para mejorar
el texto. Nosotros vamos a apoyar la mayor parte del texto, incluida gran
parte de la exposición de motivos, porque a nuestro entender incluye
aspectos sobre el cambio climático --es una valoración empírica--, algo
en lo cual nosotros hemos insistido siempre, en la necesidad de que se
tenga en cuenta una prevención cara al futuro en relación a la
posibilidad de un cambio climático. Es acertado el último párrafo de la
página 7 que establece cautelas de los Estados miembros de la Unión
Europea sin esperar a que se demuestren científicamente todas las pruebas
que apuntan a la existencia de un peligro para el medio ambiente. Esto es
medicina preventiva; por tanto nos parece muy adecuado que se incorpore
al texto definitivo. Sin embargo, no nos entusiasma el párrafo segundo de
la página 7 que dice que la combustión de fuelóleo es la mayor fuente de
emisiones de dióxido de azufre derivadas del uso de combustibles
líquidos. En el caso de las centrales térmicas, en concreto, el fuelóleo
en España es absolutamente residual; sólo se utiliza para cubrir picos
marginales de potencia en momentos determinados. Por tanto, no es un
elemento importante en la contaminación de las centrales térmicas, en
otras contaminaciones sí. Por eso la trasposición de la directiva europea
no la consideramos un elemento tan importante en este sentido.
En la aceptación global de las argumentaciones que hace el Grupo
Socialista en su voto particular y de las medidas que propone, nos
sorprende un poco el énfasis en la propuesta de modificación de la
Directiva 88/609, de la CEE, relativa a las grandes instalaciones de
combustión y a la adaptación de la Directiva 96/61, de la CEE, sobre
prevención y control integrado de la contaminación. En esto se me
ocurriría decir jocosamente ¡qué bien sienta la oposición para hacer
recopilación de cosas que se han dicho y rectificarlas! porque rectificar
es de sabios. Cuando el diputado de Izquierda Unida García Fonseca
defendió lo mismo, le dieron ustedes desde el partido del Gobierno hasta
en el carnet de identidad, porque consideraban --y así lo dijeron-- que
nosotros éramos maximalistas, contrarios al carbón nacional, casi
enemigos de los intereses nacionales. El pobre Fonseca estaba
traumatizado por el aluvión de críticas irracionales y no razonadas que
se hicieron en su momento. Ustedes exigieron --recordarán-- un
tratamiento especial para España --por aquello de las diferencias que hay
en crecimiento económico, etcétera-- y ahora resulta que esto de la
oposición nos permite coincidir y dar leña al Gobierno, intentar al menos
ganarles en estas cosas y avanzar en el terreno del desarrollo de otros
planteamientos que son los que nosotros hemos intentado humildemente
defender siempre.
La exposición de motivos se refiere a las emisiones de las centrales
térmicas. A nuestro entender no son tan importantes las emisiones de las
centrales térmicas en relación, por ejemplo, al óxido de nitrógeno, sino
que fundamentalmente viene determinado por el transporte, que es otro
tema a tratar, pero no en relación con las centrales térmicas.
En la página 7, columna 2, el párrafo cuarto yo creo que es de manual.
Dice que se relaciona el exceso de capacidad de producción energética de
las centrales con la gestión de demanda energética. Pensamos que son
niveles diferentes y se deben tratar de forma diferente. Una cosa es el
exceso de capacidad de producción energética de las centrales y otra la
gestión concreta de la demanda energética, que debería contemplar muchas
otras cuestiones: el ahorro energético, las energías renovables,
etcétera. En definitiva, estamos de acuerdo y vamos a apoyar en lo
fundamental el voto particular del Grupo Socialista, con estas cautelas y
prevenciones que no anulan en absoluto nuestra posición favorable al
mismo.
Respecto al voto particular del Partido Popular, vamos a votar una serie
de propuestas y otras no. Por ejemplo, la exposición de motivos, no. No
es ningún consuelo que la lluvia ácida sea menor en España; por tanto,
sobra este párrafo añadido al informe inicial. Vamos a votar a favor
algunas propuestas que luego presentaremos a la Mesa, nos vamos a
abstener en otras, y vamos a votar en contra de cuatro o cinco porque nos
parece que son redundantes y que en algunos casos tienen una redacción
peor, desde el punto de vista técnico, que la del informe inicial.
El señor PRESIDENTE (Paniagua Fuentes): A fin de cumplir con el horario
previsto, las votaciones no serán antes de las 10,30.
El señor MEDINA TOLEDO: Perdón, señor presidente. Antes, llevado un poco
por la pasión del debate, cometí un error, y es que el compañero del
grupo parlamentario pero representante de otra fuerza política muy
afectada por este tema, don Antonio Serrano Vinué, me había pedido poder
fijar brevísimamente la posición del PAR. Le rogaría que subsanáramos ese
problema debido a mi falta de diligencia.
El señor PRESIDENTE (Paniagua Fuentes): No hay inconveniente por parte de
esta Presidencia. Tiene la palabra brevemente el señor diputado.
El señor SERRANO VINUE: Señor presidente, en un par de minutos quiero
manifestar que el Partido Aragonés, desde el primer momento, está
directamente afectado y tuvo un doble interés por participar de
protagonista en estos debates y en la valoración de este informe. Por una
parte, una de las grandes áreas afectadas es territorio aragonés y, por
otra, directa o indirectamente, las conclusiones del presente informe
afectarían a algo tan importante para la economía en concreto de Teruel
como es el uso del carbón nacional para la minería. Otra cuestión también
evidente es que uno de los puntos que teóricamente han sido motivo y
justificado la puesta en marcha de esta subcomisión es la central térmica
de Andorra, que radica en Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón.
Antes de nada, si me permiten, desearía dar las gracias a todos los que
gentilmente nos han remitido la documentación, que ha sido esencial:
universidades, centros de investigación, colectivos de defensa de la
naturaleza, instituciones, ayuntamientos, particulares; dar las gracias
también a aquellos que han comparecido en este Congreso a petición de
esta subcomisión, ya que sin su presencia y sin la documentación y los
datos que nos han facilitado hubiera sido materialmente imposible
redactar las conclusiones de este informe; y agradecer el esfuerzo
también a vosotros, queridos compañeros, miembros de esta subcomisión,
porque teniendo en cuenta la dificultad y complejidad de esta cuestión en
estudio se ha podido agotar los plazos y cumplir el compromiso
establecido y el objetivo que se marcaba esta subcomisión, al menos
suficientemente.
De todos los trabajos, ya sea del voto particular, ya sea del informe
base elaborado por Unión Valenciana, se desprenden tres conclusiones que
entendemos desde el PAR que son esenciales. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Por una parte, y es interesante que lo remarquemos aquí en
el momento de fijar posición y de determinar las conclusiones
principales, es un hecho innegable que desde los tribunales no se ha
podido establecer una relación causa-efecto para imputar, en este caso a
Endesa, los daños producidos en los montes Els Ports y el Maestrazgo.
Este es un dato fundamental. Ni siquiera a nivel científico, a nivel
técnico, ha habido una postura firme; en ocasiones se ha defendido
planteamientos contrapuestos y contradictorios. Es necesario que lo
remarquemos. Por otro lado, gran parte de las ayudas, de los fondos
destinados a la comarca (y me estoy centrando en lo que respecta al
Maestrazgo-Els Ports), las inversiones que iban planteadas en el plan
integral de desarrollo de la zona no han cumplido los objetivos que
inicialmente tenían establecidos, como eran: la preservación del medio
ambiente de las masas boscosas, la recuperación y la mejora ecológica de
la zona y del desarrollo sostenible de esta comarca. No se han satisfecho
suficientemente estos objetivos. Existe también la necesidad de plantear
un estudio que, en unos plazos y con una continuidad de tiempos
suficiente, permita determinar las conclusiones que en algún caso sean
definitivas, pero que no sea una excusa para aplazar o dilatar las
soluciones a este problema.
Por todo ello, la posición del Partido Aragonés es que está de acuerdo en
general pero con matices con el texto presentado por la subcomisión,
basado en un texto redactado por Unión Valenciana. En relación a los
votos particulares, deseamos y pedimos un esfuerzo en aras de conseguir
un consenso mayor. Con la presentación de las conclusiones de este
informe el debate no se cierra. En el estudio de esta problemática se
tiene que estar profundizando continuamente, por lo que sería un grave
error y una irresponsabilidad que tuviéramos esta actitud de cierre y de
finalización del debate.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, tal y como hemos
recordado al principio, se suspende la sesión hasta las diez y media, en
que se procederá a las votaciones.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Ruego a los señores portavoces comuniquen a la Mesa las sustituciones.
(Los señores portavoces comunican a la Presidencia el nombre de los
comisionados sustituidos.)
Tiene la palabra el señor Medina, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor MEDINA TOLEDO: Quiero someter a la consideración de la
Presidencia y del resto de los grupos parlamentarios el siguiente voto
particular presentado in voce, ya que, una vez conocido el texto del
Grupo Parlamentario Socialista, vemos que hay cosas, que creemos
positivas, que, en todo caso, deben añadirse a la resolución propia de la
Comisión.
Concretamente, sometemos a consideración un texto que coincide
exactamente con la propuesta octava del Grupo Parlamentario Socialista,
que dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
adopte, en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las
medidas oportunas para mejorar la coordinación de las competencias de
gestión y vigilancia por parte de las comunidades autónomas en materia de
contaminación atmosférica por centrales térmicas y acceso a la
información de los ayuntamientos afectados.
El Grupo Popular pide que se acepte como voto particular presentado in
voce y se vote como tal.
El señor PRESIDENTE: Por parte del resto de los grupos, ¿hay alguna
objeción a la propuesta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. (Denegaciones.) Entonces así será, y le ruego que facilite a
esta Mesa el texto del voto particular.
Vamos a proceder a la votación del voto particular presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo
Socialista.
Voto particular presentado por el Grupo Popular. A petición de Izquierda
Unida, vamos a separar las votaciones en
dos bloques. Procedemos ahora a la votación del primer bloque, compuesto
por los puntos números 1, 5, 9, 10, 11 y 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, tres; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los puntos citados anteriormente.
Votamos el resto de los puntos incluidos en el voto particular presentado
por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados el resto de los puntos incluidos en
el voto particular presentado por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad esta enmienda in voce.
A continuación, votamos el informe presentado con los votos particulares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe.
Por último, vamos a someter a la votación la elevación del informe al
Pleno de la Cámara. (La señora Narbona Ruiz pide la palabra.)
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, antes de que se proceda a la
votación, quisiera manifestar mi sorpresa ante el hecho de que algunos
grupos políticos presentes se vayan a oponer a que se eleven al Pleno de
la Cámara los resultados de esta subcomisión, algo que considero bastante
inusual, puesto que lo normal en el trabajo de las subcomisiones es
precisamente que sus resultados se vean finalmente en el Pleno. Dado que
además se ha producido una discrepancia profunda en cuanto a que el Grupo
Parlamentario Socialista, y entendemos que también representantes de
otros grupos, considera muy insuficientes los resultados de la
subcomisión, nos parece que el cerrar aquí el debate sería prueba de algo
que no comprendemos, dada la importancia que tiene el tema por el que se
creó la subcomisión; desde luego, sus objetivos nos parece que no han
quedado suficientemente reflejados en el informe. Por tanto, me permito
insistir y llamar la atención a la responsabilidad de los distintos
grupos antes de proceder a la votación porque, de lo contrario, esta
subcomisión habrá tenido una vida efímera y unos resultados que
consideramos tristemente insuficientes.
El señor PRESIDENTE: Vida efímera, la que se deriva de al aplicación de
los reglamentos. En este caso, además, la vida ha sido ampliada porque ha
habido una prórroga, como usted sabe, señoría, que se ha agotado para los
trabajos de esta subcomisión.
¿Algún otro grupo quiere defender su posición con respecto a esta posible
votación? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, don Luis Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Defenderla no, señor presidente, muy
brevemente explicarla.
El señor PRESIDENTE: No, fijar su posición.
El señor RECODER I MIRALLES: Fijaré la posición. No estamos de acuerdo en
que lo habitual sea que los informes de las subcomisiones vayan al Pleno
en esta legislatura, y yo creo que la excepción son los informes
presentados al Pleno de la Cámara. En segundo lugar, esta Comisión tiene
capacidad plena y en absoluto disminuye el valor del trabajo efectuado el
hecho de que su votación final termine aquí. Contrariamente, creo que la
tónica que se está siguiendo, no en el caso de las subcomisiones sino en
el de los proyectos de ley, que casi todos ellos en este momento están
terminando en el Pleno, precisamente está desvirtuando este carácter
excepcional que la avocación al Pleno de proyectos de ley o subcomisiones
debe tener. Creo que estamos en un marco perfectamente adecuado para
aprobar un informe de esta envergadura y ello, repito, no disminuye en
absoluto su valor.
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: ¿Podría leer el punto correspondiente de la
normativa?
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la lectura de la normativa que lo
ampara.
El punto 6.2 del Reglamento de la Cámara, dice: Excepcionalmente, la Mesa
podrá acordar, a propuesta de la Comisión, y previa audiencia de la Junta
de Portavoces, que el informe de una subcomisión sea objeto de debate en
el Pleno de la Cámara. (Excepcionalmente.) En tal caso, la Comisión
dictaminará el informe de acuerdo con el procedimiento previsto en el
apartado 5.º de esta resolución y el Pleno examinará dicho dictamen, así
como los votos particulares que los grupos parlamentarios mantengan para
el pleno en el plazo de 38 horas desde la votación de aquél, de acuerdo
con un procedimiento similar al seguido en la Comisión.
Este es el precepto por el que nos hemos regido para someter a votación
el informe.
Vamos a votar la propuesta de que el informe de la subcomisión sea
elevado al Pleno de la Cámara.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de que el informe sea
elevado al Pleno de la Cámara.
Señoras y señores diputados, les agradezco, en nombre de la Mesa, sus
trabajos en esta subcomisión y les comunico
que se suspende la sesión diez minutos, hasta las once horas de la
mañana, en que empezará la comparecencia de la señora ministra de Medio
Ambiente.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (TOCINO
BISCAROLASAGA) PARA INFORMAR SOBRE:
--LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN LA CUMBRE DE KYOTO SOBRE CAMBIO CLIMATICO,
ASI COMO DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO DE IZQUIERDA
UNIDA (Número de expediente 213/000476).
--POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL CONVENIO DE NACIONES UNIDAS
SOBRE CAMBIO CLIMATICO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA (Número de
expediente 213/000477).
--RESULTADO DE LA CUMBRE DE LAS PARTES DEL CONVENIO DEL CAMBIO CLIMATICO
CELEBRADA EN KYOTO, ASI COMO ACCIONES FUTURAS A ADOPTAR POR PARTE DEL
GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) (Número de
expediente 213/000479).
--RESULTADOS DE LA III CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL CONVENIO DE NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO, CELEBRADA EN KYOTO EN DICIEMBRE DE
1997. A PETICION PROPIA (Número de expediente 214/000060).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a proceder a la
reanudación de la sesión con la comparecencia de la excelentísima señora
ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino, a la cual doy la
bienvenida en nombre de la Comisión, para informar sobre los acuerdos
alcanzados en la cumbre de Kyoto sobre cambio climático, así como las
medidas a adoptar. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo de
Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Catalán (Convergència i Unió) y
por el propio Gobierno.
Quiero comunicarles a SS. SS., para que procedan al cálculo de sus
intervenciones, que el debate de esta comparecencia va a terminar a las
doce y media y a partir de ese momento se pasará al segundo punto que ha
traído hoy aquí a la ministra.
Tiene la palabra, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señorías,
comparezco en la primera parte de la comparecencia de la mañana de hoy
para, como ha dicho el presidente de la Comisión, presentar ante ustedes
(lo han solicitado varios grupos parlamentarios y también el propio
Gobierno) los resultados de la cumbre de Kyoto, que se celebró, como
saben SS. SS., el pasado mes de diciembre de 1997.
Me gustaría decir, quizá porque todos pusimos muchas expectativas en
Kyoto --y me gustaría asociar Kyoto con un símbolo de la esperanza, con
algo que quedará ya siempre unido a la política medioambiental, y en un
futuro tendríamos que referirnos a un antes y a un después de Kyoto--,
que hemos asistido, desde el punto de vista medioambiental, quizá a la
convención internacional más importante desde la Conferencia de Río de
Janeiro, no sólo por la difusión que han tenido en los medios de
comunicación (que ha producido un gran impacto social) todas las
negociaciones que allí se desarrollaron, sino porque ello ha permitido a
todos los ciudadanos tomar conciencia de esa grave amenaza ambiental que
vamos a tener durante el siglo XXI. Para paliar esos enormes efectos del
cambio climático producido por los gases de efecto invernadero se impone
la necesidad de actuar de inmediato, de tomar una serie de medidas que
luego, a nivel comunitario, a nivel de los distintos Estados, veremos
cuáles deben ser. Esto es, en definitiva, lo que ha marcado el punto de
inflexión en la cumbre de Kyoto.
Por tanto, yo diría que el hablar del antes y del después de Kyoto tiene
un significado concreto. Ustedes saben que la toma de conciencia de los
responsables políticos mundiales ante la seriedad del riesgo del cambio
climático se produce incluso antes del año 1992; ya hubo una primera
aproximación en 1990, con una resolución de Naciones Unidas de 21 de
diciembre, que creó un comité intergubernamental de negociación con el
mandato de crear un convenio marco sobre el cambio climático. Se
siguieron las negociaciones y podemos decir que una de las conclusiones
importantes de la ya aludida Conferencia de Río de Janeiro fue
precisamente que este Convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio
climático recibiera ya 155 firmas de los Estados allí presentes,
siguiendo después esa recogida de firmas. El convenio marco entró en
vigor el 21 de marzo de 1994, al hacer tres meses de su ratificación por
50 Estados.
Realmente, este convenio es importante porque tiene un objetivo último
muy claro: lograr la estabilización de los gases de efecto invernadero en
la atmósfera en un nivel que impida que haya interferencias en el sistema
climático por la acción del hombre. Ese nivel se acordó que debía
lograrse en un plazo suficiente, para lo cual se establecieron unas
condiciones determinadas, como era no estabilizar las emisiones de gases
de efecto invernadero a niveles de 1990 para el año 2000. Sin embargo, he
de decirles que lo que se produjo con este convenio --y quienes hemos
tenido la oportunidad de acudir a negociar distintos convenios
internacionales sabemos que, cuando hay intereses de distinto signo y tan
enfrentados, resulta muy difícil concretar si se quiere firmar el
convenio-- fue más un acuerdo político que un acuerdo jurídico que
realmente obligara a las partes a comprometerse de manera firme. Por eso,
como digo, tuvo que firmarse un acuerdo, que sin duda fue
importante porque sentó las bases para concreciones posteriores, pero que
necesitó de otras conferencias posteriores --les recuerdo que Kyoto es la
tercera conferencia de las partes-- para llegar a la confección del
protocolo de Kyoto, del que vamos a hablar hoy, que es un instrumento
jurídico, un instrumento legal que por primera vez da la posibilidad de
exigir ya un determinado cumplimiento de emisiones de gases de efecto
invernadero en un período determinado. Este fue el gran avance de la
primera conferencia de las partes, que se celebró en Berlín en 1995 y
que, como saben SS. SS., se conoce como el mandato de Berlín.
En esta primera conferencia de las partes --mandato de Berlín-- se crea
un grupo ad hoc, conocido como AGBM, donde empiezan a concretarse unos
objetivos determinados a través de lo que se supone que tiene que ser un
protocolo, un instrumento jurídico. Desde marzo de 1995, mandato de
Berlín, se empieza a trabajar para llegar al protocolo.
La Conferencia de Ginebra, que es la segunda conferencia de las partes,
en julio de 1996, llegó a establecer la necesidad de cuantificar unos
objetivos y de cuantificarlos por países, pero no se tomaron las
decisiones sobre cuál tenía que ser la cuantificación numérica en
relación a esos gases de efecto invernadero.
Después continuaron las negociaciones hasta llegar a los primeros días de
diciembre, en que tuvo lugar la tercera conferencia de las partes, que es
la Conferencia de Kyoto, que, a la vuelta, yo califiqué de moderadamente
satisfactoria. Es satisfactoria en la medida en que significa un paso
cualitativo, puesto que tenemos ya ese instrumento jurídico --se adopta
un compromiso cuantificado y a un plazo determinado--, pero esa
satisfacción es moderada en la medida en que el propio mandato de
negociación con el que la Unión Europea iba a esta Conferencia de Kyoto
era mucho más ambicioso que el que posteriormente se ha podido incluir en
el protocolo. De todos modos, todos ustedes saben que, cuando se quiere
llegar a acuerdo, todas las partes tienen que ceder, por lo que, sabiendo
como sabíamos que era muy posible volver de Kyoto sin un protocolo,
llegamos a la conclusión de que era mejor un protocolo con una serie de
elementos de flexibilidad que regresar sin ese protocolo. Por eso,
repito, satisfacción, pero satisfacción moderada, porque, sinceramente,
pienso que se podría haber sido aún más ambiciosos en la cuantificación
de objetivos.
Lo importante de este protocolo es que se da a 38 países desarrollados.
Luego está el grupo de los 77, que son los países en vías de desarrollo,
pero el anexo B, que es el que nos interesa a efectos de contenido del
protocolo, está formado por 38 países más la Unión Europea, que son los
que, durante el período de compromiso, van a mantener sus emisiones por
debajo de un nivel dado, que se expresa en un porcentaje del nivel de
emisión en el año de referencia.
Aunque todos ustedes lo saben, quiero decir que si el mandato de
negociación de la Unión Europea era para tres gases de efecto invernadero
hasta el año 2010, con una reducción de emisiones del menos 15 por ciento
con relación a las emisiones del año 1990 y con un período transitorio en
el año 2005 de un menos 7,5 por ciento, esta situación varía notablemente
una vez que se llega al protocolo. Por eso, lo más importante del
post-Kyoto es que estamos en una nueva fase que va a llevar a un gran
período de negociación en la medida en que, como les contaré a
continuación, muchos de los temas del protocolo han quedado abiertos,
para irse resolviendo en la cuarta conferencia de las partes, que se
desarrollará en Buenos Aires, en noviembre de este mismo año, en la que,
como les digo, el escenario será completamente distinto.
¿Por qué es completamente distinto? Porque ya no vamos a hablar de tres
gases de efecto invernadero, sino de seis. Ya no vamos a comparar la
cuantificación de emisiones de los seis gases con relación al año 1990,
sino de tres gases --los primitivos tres gases-- con relación al año
1990, pero también cabe la posibilidad de cuantificar las emisiones de
los otros tres gases que se incorporan en el protocolo a esa cesta de
gases de efecto invernadero con relación al año 1995, lo que plantea unos
problemas técnicos realmente importantes. ¿Cómo se van a cuantificar esos
gases? ¿En qué situación se encuentra cada uno de los Estados con
relación a esos gases? ¿Cómo se puede llegar a una media como la que
teníamos anteriormente, en la medida en que no hay el mismo nivel de
emisiones de unos gases que de otros, pero, sobre todo, no se va a tomar
como, digamos, baremo el mismo año de referencia? Esto no sólo indica una
modificación importante, sino que además ya no estamos hablando de un
plazo de tiempo determinado para cumplir esos límites de emisiones
cuantificadas, concretamente el año 2010 con un período transitorio en el
año 2005, sino que ahora el plazo oscila desde el 2008 hasta el 2012, por
lo que la siguiente fase de negociación es saber cuándo, entre esos años,
se va a exigir el cumplimiento exacto del límite cuantitativo que nos
demos, si en el 2008, en el 2010 o en el 2012, puesto que hay un período
de cinco años para cumplir en relación con la emisión de los citados
gases.
En tercer lugar --y esto es lo que ha quedado aún más abierto en la
negociación-- están los llamados elementos de flexibilidad. Señorías,
comprendan que en un principio habría sido estupendo que, con el mandato
de negociación de la Unión Europea, que ha sido quien ha liderado
realmente las negociaciones de cara a Kyoto, hubiéramos podido asumir
todos los Estados comprometidos en este protocolo un límite de emisiones
del menos 15 por ciento en el año 2010. Sin embargo, los puntos de
partida eran tan divergentes como que los Estados Unidos se negaban a
aceptar ningún límite cuantitativo, y como mucho podían aceptar que en el
año 2008 estabilizarían las emisiones con relación al año 1990. Japón,
que era el país anfitrión, elevó un poco su listón y aceptó llegar al 2,5
por ciento de reducciones, también en el año 2008, pero con muchas
limitaciones, puesto que hablaba de tener en cuenta también las emisiones
per cápita, luego contabilizaba las emisiones al final de una manera
distinta.
A fin de llegar a una solución, hubo que aceptar lo que se llama los
elementos de flexibilidad, que así han quedado estipulados en el
protocolo de Kyoto. En este sentido, he
de decirles cómo, para lograr que los Estados Unidos aceptaran un 7 por
ciento de reducción y Japón un 6 por ciento, igual que Canadá, Hungría y
Polonia, la Unión Europea --y aquí se rompe un poco ese principio de que
quien más contamina más tiene que reducir--, contaminando menos que los
Estados Unidos o incluso que Canadá, ha tenido que asumir un listón más
alto, y la Unión Europea se ha comprometido a reducir sus gases al menos
8 por ciento con relación a las fechas del año 1990. No piense nadie
inmediatamente que es una reducción tan drástica como del menos 15 al
menos 8. Evidentemente, se ha bajado un poco el listón de lo que el
mandato de la Unión Europea tenía previsto, pero no se puede cuantificar
igualmente, puesto que antes hablábamos de tres gases de efecto
invernadero y ahora, en este paquete, estamos hablando ya de los seis
gases, luego estamos diciendo que habrá que negociar cómo se contabilizan
estos seis gases para llegar a ese menos 8 por ciento.
En cualquier caso, se rompe un poco este principio de que quien más
contamina más tiene que reducir, pero se llega a ese acuerdo a través de
lo que he denominado los elementos de flexibilidad, que lo que van a
hacer, en definitiva, es que ya no hablemos de emisiones brutas, que es
de lo que se hablaba antes --estábamos hablando de reducción a un 8 por
ciento o a un 15 por ciento de emisiones brutas--, sino que ahora vamos a
hablar siempre de emisiones netas. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a
dar unos instrumentos, unos elementos de flexibilidad que a continuación
les voy a enumerar, que nos van a permitir descontar al nivel de
emisiones brutas la compensación que existe para, al final, fijarnos en
un objetivo cuantitativo de lo que se va a denominar emisiones netas.
Les pongo un ejemplo claro de un elemento de flexibilidad, lo que se
llama el efecto sumidero. El efecto sumidero viene a suponer que, en
función de la reforestación, en función de la política forestal que tenga
cada Estado miembro, en función, en definitiva, de la absorción de las
emisiones de CO2 que realicen por la forestación y la cantidad de bosques
que existen en un Estado, a las emisiones brutas de gases de efecto
invernadero que produce ese Estado habrá que restar lo que le detrae el
efecto sumidero de esos bosques. Esto, que puede estar bien, lo cierto es
que es muy problemático, porque, vuelvo a repetir, el período de
negociación en el que nos vamos a mover va a ser muy largo. ¿Cómo se
puede cuantificar? ¿Quién cuantifica, y con qué criterios objetivos,
cuánto reduce las emisiones de CO2, fundamentalmente, una determinada
política forestal de un Estado? Todo esto hay que negociarlo y ver si en
Argentina somos capaces --yo pienso que en Argentina no será un tema
prioritario-- de abordar ese tema de las emisiones netas con el efecto
sumidero.
Pero hay un segundo elemento de flexibilidad que también es problemático
y en el que tenemos que ser, si no muy críticos, por lo menos muy
observadores a la hora de delimitar los criterios para definir
exactamente qué es lo que se entiende por permisos de contaminación. Se
establece el derecho a comprar permiso de contaminación. ¿Qué significa
esto? Significa que entre los Estados, entre los países del anexo B --por
tanto, los treinta y ocho países más la Unión Europea--, que tienen
establecida una cuantificación de emisiones en una fecha determinada, se
les va a permitir comprar derecho de emisión, lo que significa que, si un
Estado está ya al límite de la cuota de emisión, puede comprar un derecho
a un Estado que no va a llegar a ese límite que se le ha otorgado, un
permiso a contaminar, y entonces el Estado que no v a alcanzar esa cuotas
eleva un poco la suya, sin contaminar realmente, y, en cambio, el Estado
que está casi excediendo su cuota la rebaja, en cuanto que ha comprado
ese permiso de contaminar a aquel país que no va a alcanzar su cuota.
Ya les digo que es un tema completamente nuevo y que hay que estar muy
vigilantes, porque podría llevarnos a un auténtico fraude ambiental: en
la media en que un Estado no se compromete a reducir doméstica o
internamente su nivel de emisiones, porque va a comprar permisos de
contaminar a países que no van a llegar a esa cuota, estaríamos
autoengañándonos, puesto que no estaríamos consiguiendo una política más
limpia, más ambiental en el país industrializado que más contamina,
estaríamos engañándonos en la medida en que el cambio climático se
produce, una vez más, en los temas de globalización, y estaríamos sumando
todo lo que es la contaminación y restando ficticiamente. Por eso, aquí
también hay que tener mucho cuidado, y hay muchos países que quieren
utilizarlo y otros un tanto escépticos, porque, si no existen --se
hablaba de ello incluso en Kyoto-- dos tercios de reducción de la
contaminación interna, en la política doméstica, sería casi imposible
concederles la posibilidad de comprar un permiso de contaminación. Todo
esto ha quedado también abierto y es de las negociaciones que tenemos que
plantear de cara a Argentina.
Hay un tercer tema que podríamos comentar, que es lo que se ha denominado
el mecanismo de desarrollo limpio, que realmente se planteó a las cinco
de la mañana del último día. Era una reivindicación que permanentemente
hacían los países en vías de desarrollo y que, al final, consiguieron
colocar dentro del protocolo, pero también sin ninguna delimitación y sin
ninguna concreción. Vendría a ser como un desarrollo de lo que se llama
la aplicación conjunta, el joint implementation, que significa que los
países en vías de desarrollo y los países desarrollados pueden establecer
programas conjuntos de transferencia de tecnologías limpias del país
desarrollado a un país en vías de desarrollo, y en el fondo del sistema
de limpieza lo que se va a hacer es precisamente consentir que cuando un
país invierta en un proyecto determinado de transferencia de tecnología,
como ayuda a no emitir gases de efecto invernadero a aquel país en donde
se va a desarrollar ese proyecto, se le descuente cuota de emisión. Es
decir, a cambio de realizar un proyecto en un país que no está
contaminado, que no está llegando a su cuota, se le permite al país que
invierte descontar su propia cuota de emisión.
Esto también ha planteado muchísimos problemas, porque ya existe el GEF,
que es un instrumento o un fondo de protección de la naturaleza que, en
definitiva, lo que hace es articular la posibilidad de que unos países
transfieran tecnología verde a otros países. Por eso, lo que no se
entiende es cómo hay que establecer un sistema de desarrollo
limpio en este momento cuando tenemos un instrumento, como es el GEF, que
a lo mejor no está siendo suficientemente explotado. Por eso les digo que
éste es otro de los temas que se han contemplado como posibilidad de
elementos de flexibilidad, pero que, desde luego, tampoco han sido
desarrollados. En este momento hay algunos países que tienen verdadero
interés en que este mecanismo de desarrollo limpio se resuelva cuanto
antes, pero es problemático, porque transferir tecnología está muy bien,
pero saber cómo y quién va a descontar y cuánto descuenta de la cuota de
emisión del que transfiere tecnología todavía está por ver.
Con todo esto, señorías, pueden ustedes entender que el gran problema que
se plantea aquí, acercándonos ya a nuestro país, a la Unión Europea, es
que si la Unión Europea, acogiéndose al Convenio de cambio climático y al
protocolo, tiene la posibilidad, y así lo ha hecho, de aceptar un
objetivo común, pero al mismo tiempo de repartir la carga entre todos los
Estados de la Unión Europea, lo que se denominó la burbuja comunitaria,
no es igual el reparto de la carga que antes había sido negociado con las
condiciones que les he comentado, que establecer un nuevo reparto de la
carga en unas situaciones técnicas tan complejas como las que les he
enumerado a ustedes: primero, de cambio de escenario, por las razones que
les he apuntado, y, segundo, por el desarrollo que tienen que tener estos
elementos de flexibilidad que todavía están sin definir y sin concretar.
Por tanto, realmente lo que la Unión Europea ha iniciado en este momento
lo iniciamos ya en una primera lectura en el Consejo de Ministros, tres
días más tarde de finalizar la Conferencia de las partes en Kyoto, en
diciembre de 1997, y lo vamos a seguir abordando en el próximo Consejo de
Ministros de la Unión Europea, el 23 de marzo de este año. A lo que hay
que llegar es a establecer ese nuevo reparto de la carga para saber, al
final, hasta dónde nos vamos a encontrar cada uno de los Estados
comunitarios comprometidos con una cifra cuantificada de limitación de
emisiones de gases de efecto invernadero, que ya no son tres, sino que
son seis, por lo que les digo que empieza un gran momento de debate y de
negociaciones hasta que podamos concretar todo ello.
Este protocolo, asimismo, habla --no consiguió establecerlo con carácter
obligatorio, como algunos Estados hubieran deseado-- del establecimiento
de unas políticas y de unas medidas sectoriales a nivel común; en
principio, hubiera gustado que se hubiera incluido un determinado tipo de
medidas en el protocolo, pero no ha sido posible, porque también se
oponían los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Lo
que sí se hizo fue llegar al acuerdo de que, dentro de la Unión Europea,
se establecerá una estrategia de cuáles deben ser las políticas
medioambientales, las políticas sectoriales que tienen que ayudar a crear
estas limitaciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Desde
luego, lo que sí está claro es que, mientras todo esto se produce --yo
les decía al principio de esta intervención que lo importante es actuar
ya para evitar los negativos efectos del cambio climático en los próximos
50 ó 60 años--, es necesario que cada uno de los Estados, concretamente
los Estados de la Unión Europea, empecemos a actuar en un desarrollo de
políticas determinadas. Y es aquí, señor presidente, señoras y señores
diputados, donde se inicia la creación del Consejo Nacional del Clima,
por Decreto de 6 de febrero --de este mismo mes, por tanto--, en el que
se establece como objetivo primordial la creación de una estrategia
frente al cambio climático.
Quiero decirles que este Consejo Nacional del Clima, que en sus orígenes
era una Comisión Nacional del Clima, pero al que se le ha dado un
carácter, si quieren, un poco más amplio en cuanto a sus funciones, es un
órgano colegiado del Gobierno, está formado por nueve ministerios, a
nivel de secretarios de Estado, lo preside en este caso la ministra de
Medio Ambiente y, como les digo, el objetivo fundamental es elaborar,
desarrollar y hacer también el seguimiento de una estrategia española
frente al cambio climático. La circunstancia y el momento no podían ser
más adecuados para revalidar este instrumento colegiado del Gobierno y
empezar a actuar ya para paliar esa amenaza global del siglo XXI cuyas
causas, como acabo de decir, son los gases de efecto invernadero que se
emiten a la atmósfera. Por tanto, para prevenir, para paliar esos enormes
defectos, había que actuar ya, hemos creado este Consejo y creemos que
con ello planteamos a la sociedad española el mayor foro de debate
público sobre cambio climático. La oportunidad creemos que es
precisamente ésta, el momento post-Kyoto, en el que tenemos que
desarrollar todo este protocolo y tenemos que comprometernos con unas
políticas concretas y unas medidas determinadas. Queremos sensibilizar a
todas las instituciones públicas, a todos los sectores implicados, de una
u otra forma, porque la gran amenaza, el problema serio del cambio
climático nos afecta a todos.
Por tanto, sería bueno que ya, desde este momento, adaptáramos todos
nuestra mentalidad a que cuando ponemos medidas en medio ambiente no
estamos yendo nunca contra el desarrollo económico, contra el desarrollo
industrial, sino que nuestra intención es cambiarlo de sentido, que se
haga un desarrollo no de espaldas a la naturaleza. Por eso, España ha
asumido ese compromiso, ha creado este Consejo Nacional del Clima, cuya
primera reunión constituyente va a ser el próximo lunes día 23; en ella
daremos cuenta a los miembros de este Consejo de cuáles han sido los
compromisos de Kyoto, cuáles son los objetivos que perseguimos con este
Consejo Nacional del Clima y crearemos, sobre todo, que nos parece de
sumo interés, unos grupos de trabajo que podrán oscilar entre cuatro y
seis, uno de ellos --creo que esto es importante de destacar-- tiene que
tener como papel fundamental lo que denominaríamos unas relaciones
institucionales entre el propio Consejo Nacional del Clima y el grupo de
trabajo que se reúne con este objetivo en la conferencia sectorial, así
como, por otra parte, el grupo de trabajo que con este mismo objetivo
desarrollará sus funciones dentro del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Para que estén íntimamente coordinados los tres es por lo que vamos a
establecer un grupo de trabajo que lleve estas relaciones
institucionales.
No quiero ahondar mucho más en el contenido de este Consejo Nacional del
Clima del que, sin lugar a dudas, podrán ustedes tener puntual
desarrollo. Cuantas veces deseen que les pueda informar de cómo estamos
trabajando, con mucho gusto acudiré a la Cámara para explicarlo. Pero sí
quiero decirles que las políticas y las medidas sectoriales que se
tomarán en cuenta van a afectar fundamentalmente a algunos sectores.
Primero, habrá que empezar por analizar cuáles van a ser los sectores que
más contaminan, que más gases de efecto invernadero están emitiendo a la
atmósfera. En segundo lugar, habrá que analizar también si los
instrumentos legales y políticos de que gozamos realmente son adecuados
para empezar a paliar esos efectos tan negativos y, en tercer lugar,
pasar a establecer ya, en la estrategia frente al cambio climático,
cuáles deben ser las medidas concretas para atajar esos graves problemas.
En definitiva, señorías, tenemos que actuar desde ese conocimiento
científico, desde el rigor que nos tiene que mover en todo este tipo de
planteamientos, puesto que también hay que hacer estudios económicos
sobre cómo, sin frenar el desarrollo económico de nuestro país, somos
ambiciosamente exigentes en las medidas ambientales. Creemos que, sin
frenar el desarrollo económico, vamos a ser capaces de reorientarlo y, en
definitiva, tendrá más posibilidades y más ventajas, porque serán más
competitivas, aquellas empresas que utilicen tecnologías verdes, acabarán
creando más puestos de trabajo. Quiero recordarles que en este momento ya
hay una cifra de empresas dedicadas al medio ambiente en el mercado
mundial, con una inversión de 280.000 millones de dólares, y se espera
que, de aquí al año 2010, se llegue a 640.000 millones de dólares de
inversión en empresas que se dedican al medio ambiente, lo cual lleva a
un aumento muy importante en el empleo, concretamente en el empleo
relacionado con la industria medioambiental. Por eso, creo que se
mejorará la competitividad empresarial, llegaremos a un uso mucho más
eficiente de los recursos energéticos y, en definitiva, estaremos, con
auténtica solidaridad, demostrando que, efectivamente, somos capaces de
actuar hoy pensando ya en el mañana.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su exposición.
Ruego que todos los grupos que deseen fijar su posición con respecto a la
intervención de la señora ministra lo soliciten. Recuerdo a todos los
asistentes que en esta Comisión no se permite fumar; posiblemente alguno
de los asistentes no lo sepa.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, don Luis Recoder, por un tiempo máximo de diez
minutos, en aplicación estricta del Reglamento.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, intentaré ajustarme a lo
que dispone el Reglamento. Le ruego, de todas formas, que me avise cuando
me esté acercando a los diez minutos.
Señora ministra, muchas gracias por su comparecencia, aunque tardía, ante
esta Comisión; que sea tardía no es culpa suya, es que enero no es un mes
hábil parlamentariamente. En cualquier caso, se ha producido ya y es una
comparecencia que nuestro grupo solicitó, como hicieron otros grupos
parlamentarios, porque consideramos que el tema que se ha tratado en la
Cumbre de Kyoto, la tercera Conferencia de las partes del Convenio de
Naciones Unidas sobre el cambio climático, es una cuestión del máximo
interés político, es una cuestión, por tanto, que a los grupos
parlamentarios, al menos al nuestro, interesa mucho poder conocer a fondo
y debatirla. Pienso que, gracias a Dios, es una cuestión que cada vez
interesa más a los ciudadanos.
Sin más preámbulos, les quiero manifestar que al menos este grupo
parlamentario no se puede sentir satisfecho del resultado de esa tercera
Conferencia de las partes del convenio de cambio climático, que se
celebró en el mes de diciembre en Kyoto.
También debo decirle que a nosotros no nos gusta mantener ni defender
posiciones catastrofistas en el tema medioambiental; al contrario.
Siempre hemos intentado ver el lado bueno de las cosas, constatar que, a
pesar de las dificultades, se va avanzando, pero, en este caso, nos
parece que el acuerdo alcanzado es claramente insuficiente para afrontar
un problema de envergadura como el del cambio climático con garantías de
hecho. Con ello, estoy haciendo una crítica, si se quiere, general,
global, a los gobiernos que se encontraron allí. No creo que sea
precisamente culpa nuestra; cuando digo culpa nuestra, quiero decir que
no es culpa ni del Gobierno español ni de la Unión Europea, que fue, de
entre el conjunto de los países occidentales, quien planteó una propuesta
más valiente y más comprometida; no era la más comprometida, pero sí que
lo era dentro del conjunto de los países occidentales.
Entiendo que, aun diciéndole que no es culpa nuestra, sí que tenemos
alguna responsabilidad en el tema y en el resultado final de la
conferencia de Kyoto, pero, de alguna forma, si comparamos nuestra
posición con la de Estados Unidos o con la de Japón, obviamente, la
posición europea es mucho más responsable; por tanto, la de Japón y la de
la Unión Europea es mucho más irresponsable que la nuestra.
Su señoría hacía referencia al compromiso de Río. Desde Río han cambiado
muchas cosas. En Río, como usted decía, se hizo un compromiso muy leve,
un convenio que fijaba un objetivo de reducción de emisiones en el año
2000 a nivel del año 1990, pero ya se sabía entonces que incluso esta
medida sería muy difícil de cumplir, y la realidad ha dado la razón a
quienes eran más pesimistas. Pero, desde luego, desde el año 1992 hasta
finales de 1997, cuando se celebró la conferencia han pasado muchas
cosas: fundamentalmente, que la falta de evidencias que se arguyó en ese
momento para adoptar un compromiso más serio para combatir el cambio
climático, en cierta forma, ha sido desmontada no para las evidencias que
puedan manifestar expertos y sabios a través de seminarios, conclusiones
y artículos publicados en la prensa, sino por el propio informe del panel
intergubernamental sobre cambio climático, que en el año 1996 concluye
que el cambio climático en la Tierra es un hecho científico y, además,
que el
balance de la evidencia sugiere que la actividad humana es la causa,
advirtiendo, sin querer ser catastrofista, que, al ritmo de calentamiento
a que se está llegado, durante el próximo siglo XXI, el calentamiento de
la Tierra pudiera ser mayor que el producido en los últimos 10.000 años,
que era de 3,5 grados. Por tanto, ha habido un cambio importante en las
evidencias, lo cual se ha notado en Kyoto, pero se debería haber notado
mucho más.
Hay países que todavía están planteando dudas acerca de la evidencia del
cambio climático. Hay quien afirma que los ciclos climáticos han
producido mayores alteraciones que las actuales o que las previstas;
pero, por ejemplo, no hay duda alguna de que, en la actualidad, la
actividad humana está siendo la principal responsable de estos cambios,
que son culpables o, cuando menos, meros cómplices el dióxido de carbono
y, en menor medida, el metano, los CFC y el óxido nitroso, que se están
acumulando en la atmósfera como agentes del efecto invernadero. Desde
nuestro punto de vista, incluso ante la duda, debería prevalecer el
principio de prevención ante el riesgo de problemas graves.
Debo reconocer también, señora ministra, que algún aspecto positivo ha
tenido Kyoto; usted ha mencionado alguno. En primer lugar, los gobiernos
del mundo se han sentado a discutir el tema del cambio climático y,
además, lo han hecho sobre la base de que se trata de un problema grave
sobre el que hay que actuar, constatando mayoritariamente, creo yo, que
es un problema que irá a más y, por tanto, que obligará a una mayor
implicación de los gobiernos, todo lo cual es un aspecto importante de la
cumbre de Kyoto.
En segundo lugar, pienso que, al menos en los países occidentales, existe
--y la cumbre de Kyoto ha contribuido a ello-- una concienciación
creciente acerca de la gravedad del problema. Todos sabemos que los
gobiernos pueden dudar más o menos a la hora de actuar, y se ha puesto ya
de manifiesto el resultado y en los prolegómenos de la conferencia. Pero,
en todo caso, los gobiernos democráticos son terriblemente sensibles a lo
que piensan sus opiniones públicas, y Kyoto, al menos, ha conseguido
también que la magnitud del problema llegara a los ciudadanos, lo que nos
parece importante.
Y la tercera cuestión, y usted sí que se ha referido a ello, es que por
primera vez se han fijado unos objetivos concretos que hay que cumplir;
unos objetivos cuyo cumplimiento habrá que vigilar, pero que los
ciudadanos van a exigir y, además, se establecen mecanismos de
penalización a quienes no los cumplan, todo lo cual nos parece también
importante y digno de destacarse.
En cuanto al compromiso concreto de la cumbre, a lo que obliga a la Unión
Europea y a lo que nos obliga a nosotros como Estado español, deseo hacer
unas consideraciones al respecto.
En primer lugar, estoy de acuerdo en la perversidad del mecanismo de
compra de contaminación; es algo que desde Río ya se venía manifestando.
Si no recuerdo mal, entonces fueron los norteamericanos quienes lo
pusieron encima de la mesa y desconozco si en este momento también es una
propuesta norteamericana, pero, en cualquier caso, era un intento de
traslado de un mecanismo que ellos ya vienen aplicando interiormente
desde hace mucho tiempo. Es un mecanismo perverso, que hay que vigilarlo,
que hay que concretarlo y sobre el que hay que establecer formas de
control para que no suponga una conculcación de los principios del
acuerdo.
En segundo lugar, obviamente, como consecuencia del acuerdo adoptado en
Kyoto, vamos a tener que readaptar el compromiso comunitario en relación
a la distribución interna de las posibilidades de contaminación. España,
en su momento, tenía la posibilidad de crecer un 17 por ciento; en su
momento quiere decir con la perspectiva de la oferta comunitaria inicial
de reducción del 15 por ciento al año 2010. En este momento, usted nos
explicaba que la reducción será del 8 por ciento, no de 3 sino de 6
gases, y, además, en un período flexible comprendido entre los años 2008
y 2012. Quisiera saber si nos puede decir algo más sobre cuál va a ser la
posición de la Administración española, porque es algo que va a tener que
resolverse dentro de este período del mandato británico, por lo que
estamos ante las expectativas del comienzo de un debate.
Permítame, señoría, que haga un paréntesis. El mecanismo de reparto
interno de emisiones adoptado por la Unión Europea encierra cierta
perversidad en sí mismo. En el momento en el que lo negoció el anterior
Gobierno, pasamos sobre él como de puntillas, pero hay algunas
consideraciones que deberíamos efectuar o, cuando menos, tener en cuenta
a efectos de reflexión política interna de las fuerzas políticas o del
conjunto del Parlamento. Estamos hablando de unos índices de emisión de
5,56 toneladas/habitante/año; por tanto, si multiplicáramos este índice
de emisiones por el número de habitantes del planeta, pasaríamos de 6.800
millones de toneladas de emisiones/año, a 33.000 millones de toneladas.
Lo dejamos aquí. Quizás no vale la pena que lo comentemos más, pero, en
cualquier caso, es un dato a tener en cuenta ante nuestra reivindicación
de poder emitir más, y constatemos que ello sitúa nuestra posición en un
punto de cierta debilidad.
En cuanto a las obligaciones, quisiera plantear lo siguiente. Aprobamos
hace unos meses una proposición no de ley que obligaba al Gobierno a
presentar en seis meses un programa para el cumplimiento del convenio de
cambio climático. Quisiera saber también, señora ministra, cómo está la
elaboración de este programa.
Supongo que debemos enmarcar la creación del Consejo Nacional del Clima
dentro del cumplimiento del convenio. Del compromiso adquirido por el
Gobierno o del mandato del Parlamento al propio Gobierno, pero si nos
pudiera decir alguna cosa más, creo que también sería muy interesante.
En cuanto al nuevo compromiso, también afectado a la Unión Europea,
aparte de los reajustes internos que debamos efectuar dentro de la propia
Unión, nuestro grupo parlamentario cree que, a pesar de que la exigencia
derivada de Kyoto es inferior en relación con la Unión y, por lo tanto,
en relación con nuestro propio país, es bueno, es conveniente e incluso
es necesario que no por ello bajemos la guardia y que no nos fijemos unos
objetivos de reducción menos ambiciosos. Por tanto, si en un momento
determinado
el compromiso al cual llegamos en el seno de la Unión nos posibilita
incrementar en un 17 por ciento nuestras emisiones, al menos debe ser
éste el tope máximo de emisiones que nos debemos fijar, aunque la propia
Unión Europea, como fruto de este proceso de reajuste, nos permita ir más
allá. Entiendo que esto sería un compromiso especialmente importante por
parte de nuestro país a la solución de este problema.
Señor presidente, no me ha llamado la atención, lo cual le agradezco, por
lo que termino aquí ésta mi primera intervención.
El señor PRESIDENTE: No ha hecho falta, señor portavoz, porque usted, con
su habitual prudencia, administra muy bien el tiempo.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra su
portavoz, doña Presentación Urán.
La señora URAN GONZALEZ: En primer lugar, quisiera agradecer a la señora
ministra su comparecencia en esta Comisión y, desde luego, decirle que
para nosotros, para nuestro grupo parlamentario la conferencia de Kyoto
no es un símbolo de la esperanza, sino que más bien es el símbolo de la
incapacidad que han tenido los gobiernos del mundo en ponerse de acuerdo
en unos objetivos que no son máximos, sino mínimos, para conseguir que
seamos capaces de cambiar, de dar un giro importante al destrozo que
estamos haciendo los seres humanos en nuestro planeta y, en concreto,
para frenar el cambio climático que se está produciendo por nuestra
propia contaminación.
Verdaderamente, nos parece que ha sido la cumbre del fracaso. Es cierto
que ha servido para una toma importante de conciencia de los ciudadanos,
pero realmente esa toma de conciencia de la ciudadanía no se ha
transmitido a sus propios gobiernos y han demostrado una vez más que la
conciencia de los gobiernos de todo el mundo que han participado en la
conferencia está muy por debajo de las necesidades de supervivencia y de
protección de nuestro planeta.
Es cierto que hay que actuar de inmediato, pero, desde luego, bajo
nuestro criterio, el resultado de la cumbre de Kyoto no va a permitir esa
actuación inmediata, sino que más bien lo que está permitiendo es que se
continúe en la misma línea en la que se venía haciendo hasta ahora. Los
mecanismos adoptados han sido lo suficientemente flexibles como para que
no se produzca una situación que realmente pueda operar un cambio
significativo en la actuación de los Estados y en la contaminación que se
produce hasta ahora.
Es bueno que, en vez de hablar de tres gases de efecto invernadero, se
vaya a hablar de seis, pero volvemos a aplazarlo una vez más a una
conferencia posterior para poder matizar.
Es bueno que se vayan abriendo ventanas y que se puedan ir haciendo
mínimos y tímidos avances, pero, por otro lado, se dejan después
elementos tan sumamente flexibles que van a permitir que los Estados que
contaminan más, gracias a que hay Estados subdesarrollados que contaminan
menos, puedan realmente seguir sin tomar ninguna determinación y sin
comprometerse a hacer un esfuerzo que permita emitir gases menos
contaminantes o que permita rebajar las dosis de contaminación.
Yo creo que también ha quedado patente en esta conferencia que el peso
incluso de la propia Unión Europea frente a los intereses económicos de
los Estados Unidos, Japón y Canadá es casi nulo. Ellos llevaron una
determinada posición, como es lógico, señora ministra, porque tenían la
obligación, porque así se lo pedían sus opiniones públicas y no podían
quedar tan mal en la conferencia de Kyoto. Estaban dispuestos a
flexibilizar, pero, desde luego, los objetivos que la Unión Europea
llevaba marcados y el peso específico que tenía que haber tenido en las
negociaciones para conseguir objetivos más ambiciosos ha quedado
demostrado que han quedado bastante por debajo y que nuestra incidencia
con el resto del mundo es bastante escasa.
No voy a entrar en las medidas que nos ha planteado como flexibles en el
tema del protocolo firmado y sí que quería entrar mucho más en los temas
que nos competen a la Unión Europea y a nuestro propio Estado.
Señorías, el resultado de la cumbre de Kyoto establece unos mínimos y, a
partir de ahí, nosotros tenemos la obligación, tanto a nivel de la Unión
Europea como del propio Estado español, de al menos mantener los
criterios iniciales que nos habíamos fijado para llevar a la cumbre de
Kyoto. Es decir, si la Unión Europea se había fijado una reducción de un
15 por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero, ha de
mantener esa reducción y, por lo tanto, hacer el esfuerzo que corresponda
para conseguir que en el año 2010 hayamos obtenido esa rebaja del 15 por
ciento. Pero es más, señora ministra, usted ha hablado del reparto, del
efecto burbuja que se había planteado en la Unión Europea, en el sentido
de que nuestro país, dentro de ese reparto, dentro de esa burbuja tendría
la posibilidad de aumentar el efecto de los gases invernaderos en un 17
por ciento. Desde luego, nuestro grupo parlamentario no comparte
absolutamente para nada ese criterio y, desde luego, creemos que esa
demanda por parte del Gobierno español de poder aumentar el efecto de los
gases invernaderos en un 17 por ciento con el anterior reparto ha
significado que seamos una rémora para el planteamiento que tenía que
llevar la Unión Europea. Señora ministra, estamos en condiciones
inmejorables, como Estado, para poder exigir a los demás y para podernos
exigir a nosotros mismos no aumentar las emisiones de gases. Si la
postura del Estado español, del Gobierno español es la de no aumentar la
emisión de gases de efecto invernadero, estaremos obligando a que el
resto de los países de la Unión Europea tomen medidas mucho más
ambiciosas y drásticas. Tenemos, o deberíamos tener, una incidencia mayor
en este sentido. Nuestro país reúne unas condiciones excepcionales para
poder hacerlo perfectamente y, por lo tanto, consideramos que la posición
que debe mantener el Gobierno español es la de no aumentar la emisión de
gases, aunque el reparto nos lo permita, ni tan siquiera llegar al 17 por
ciento, que nos lo hubieran permitido con el reparto anterior. Debemos
mantenernos. Nuestro desarrollo económico
e industrial no tiene por qué sustentarse sobre una mayor emisión de
gases de efecto invernadero, aunque nos lo permita el protocolo y aunque
nos lo permita el reparto de la Unión Europea.
A partir de ahí, señora ministra, yo creo que deberíamos abordar cuáles
van a ser las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio y, desde
luego, nuestro grupo parlamentario no va a perder la oportunidad de
plantearle algunas de las cosas que consideramos importantes.
Nos gustaría que nos explicara cómo va a incidir el Ministerio de Medio
Ambiente con el de Industria, a pesar de que haya hablado usted ya de la
creación de ese Consejo Nacional del Clima, que va a servir para marcar
la estrategia y los objetivos frente al cambio climático, pero hay temas
que no pueden esperar. Está en marcha ya, se está aplicando una
liberalización del secor eléctrico y no tardará mucho en aplicarse la
liberalización del sector de hidrocarburos, con lo cual, señora ministra,
estamos corriendo el riesgo de un mayor consumo, de un mayor aumento de
las emisiones precisamente de los gases de efecto invernadero. Nos
gustaría que nos explicara cómo piensa el Ministerio de Medio Ambiente
incidir sobre estos temas, en concreto para evitar ese aumento de las
emisiones que nos pueden perjudicar tanto.
También nos gustaría saber qué va a hacer el Ministerio de Medio
Ambiente, porque, señora ministra, si hay una reducción --nosotros
mantenemos esa teoría-- en los precios energéticos, va a aumentar el
consumo de la demanda energética y, por tanto, se producirá una mayor
contaminación. Estamos en una situación económica en la que volvemos otra
vez a perder la oportunidad, precisamente por esa mejora económica, de
incluir ecotasas para aquellas sobreexplotaciones en consumo que dañen el
medio ambiente y, en concreto, que puedan aumentar el efecto de los gases
invernadero. Manteniendo la postura de aumentar las emisiones estamos
volviendo a perder la oportunidad de desarrollar un tejido industrial.
Como usted decía en su intervención, hay muchos millones de dólares en
beneficios para aquellas empresas que se dedican a investigar o a
trabajar en mejoras tecnológicas para no perjudicar el medio ambiente.
Señora ministra, volvemos a perder la oportunidad en nuestro país de
desarrollar un tejido industrial a través de las energías renovables y,
en concreto, a través de la energía fotovoltaica. Si estas empresas
estuvieran siendo respaldadas y ayudas por el propio Gobierno, podríamos
estar exportando tecnología de energía fotovoltaica, porque está lo
suficientemente desarrollada como para que se pudiera producir, pero
desde luego todo esto se puede venir abajo si persistimos en la posición
de reclamar que nuestro Estado aumente sus emisiones de gases.
Para terminar, señora ministra, nos gustaría que nos dijera, porque no
creo que el Consejo Nacional del Clima tenga que debatir sobre este tema,
para cuándo tiene planteado el Ministerio que se pueda extender la
certificación energética sobre edificios; en concreto, si hay fechas
fijadas, además de sumarme a la petición de información que hacía el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el
futuro de esa solicitud al Gobierno para que hiciera el plan sobre cambio
climático, que se aprobó por unanimidad en las Cortes Generales. Nos
gustaría que nos indicara por qué camino va.
Usted ha hablado en su intervención de la necesidad de actuar frente al
cambio climático, y ha anunciado que se crea un Consejo Nacional del
Clima que va a intentar obtener objetivos, para lo que necesita hacer un
análisis, estudiar sectores, etcétera. Cuando usted decía que hay que
actuar ya, ¿significa actuar dentro de diez años? El cambio climático no
puede esperar tanto tiempo. Necesita de actuaciones en el plazo de un
año, que es lo máximo que nos podemos permitir para que nuestro país, que
es uno de los que puede sufrir las mayores consecuencias del cambio
climático, sea pionero y no furgón de cola, sea el que se ponga a la
cabeza en la defensa de la reducción de los gases de efecto invernadero.
Nuestra forma de vida tiene mucho que ver con la situación del cambio
climático. Hablamos de agricultura y hablamos de turismo. El propio panel
intergubernamental de expertos dice que no solamente el aumento de las
temperaturas sino el aumento del nivel del mar puede producir desastres
insalvables. Señora ministra, el turismo de nuestro país se puede ver muy
afectado precisamente por esas subidas de los niveles del mar que ya se
notan en nuestras cosas, y sobre todo en las costas del Levante, y
tendríamos que empezar a tomar medidas drásticas para evitar que tenga
una incidencia tan sumamente negativa en uno de nuestros pilares
económicos, el turismo, y en otro de nuestros pilares, que es la
agricultura. No hace falta recorrerse el país para saber que tenemos
zonas en las que avanza la desertificación de una manera apabullante y
que cada vez es menos posible la recuperación en grandes zonas de nuestro
territorio, que van a quedar totalmente inservibles no solamente para el
cultivo sino para las personas que habitan en esas zonas. Tenemos graves
problemas de agua que no sólo tienen que ver con sobreexplotaciones, que
también tienen que ver con los cambios climáticos. Se producen
catástrofes agravadas por otras situaciones, pero que tienen que ver con
el cambio climático. Sin pretender ser catastrofistas, la verdad es que
es más seguro prevenir aunque no estemos seguros, porque cuando no se
previene y se actúa tarde ya no tiene solución. Y éste no es sólo nuestro
criterio, sino también el de los expertos.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene
la palabra su portavoz, la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Agradecemos, señora ministra, su comparecencia
esta mañana, aunque lamentamos que no se haya producido con mayor
rapidez, teniendo en cuenta que en el mes de enero, aunque no se celebran
sesiones en el Pleno del Congreso, los ministros que desean comparecer lo
hacen y, de hecho, han comparecido. Teniendo en cuenta que el contenido
de su intervención ha sido en casi un 90 por ciento la explicación de los
acuerdos alcanzados en Kyoto, que hemos tenido en estos dos meses
suficiente tiempo para conocer, así como para conocer también la opinión
de personas que participaron en dicha cumbre nos resulta insuficiente de
cara a lo que habíamos
solicitado, que no era sólo información sobre la cumbre de Kyoto sino
también sobre las medidas en relación con el cambio climático del actual
Gobierno. Por lo tanto, de acuerdo con la proposición no de ley
socialista, aprobada por unanimidad en noviembre, espero que dentro de
tres meses, que es cuando cumpliría el plazo establecido en la misma para
que el Gobierno traiga al Parlamento un programa de medidas concretas,
tengamos ocasión en la Comisión de Medio Ambiente o en el Pleno del
Congreso de conocer los avances en esta materia, que desde luego en estos
momentos yo diría que son claramente insuficientes.
Como usted misma nos ha explicado, el único avance ha sido bautizar de
nuevo y darle una reconfiguración desde el punto de vista de sus
participantes a la Comisión Nacional del Clima, creada en 1992, que no se
ha reunido ni una sola vez desde que ustedes están en el Gobierno y que
ahora se llama Consejo Nacional del Clima, que sigue teniendo exactamente
el mismo objetivo que tuvo la Comisión Nacional del Clima, es decir, la
elaboración de una estrategia o programa nacional en esta materia.
Programa nacional que la extinta hoy día Comisión Nacional del Clima
elaboró y aprobó en 1994 --elaboró con la colaboración de las comunidades
autónomas y del Consejo Asesor de Medio Ambiente--, estableciendo en el
mismo una serie de medidas, algunas de ellas llevadas a cabo por el
Gobierno socialista, respecto de las cuales nos gustaría saber cuál es la
razón por la cual en más de un año y medio el actual Gobierno no ha hecho
absolutamente nada. Concretamente, en el programa nacional del clima se
comprometía a que las emisiones de gases de efecto invernadero en el año
2000 en España no aumentaran en un 25 por ciento, como preveía el
entonces vigente Plan energético nacional, sino que se recondujera esa
cifra al 15 por ciento. Para conseguirlo proponía determinadas medidas
--y me referiré sólo a alguna que ya ha sido mencionada--, las relativas
a la eficiencia energética en la edificación. Así quedó incorporado en el
proyecto de ley de ordenación de la edificación, aprobado por el Gobierno
socialista en el mes de diciembre de 1995, el hecho de que las ayudas
públicas a la vivienda quedaran condicionadas a la exigencia de una
calificación o certificado energético --certificado que no supone más que
el cumplimiento pleno por parte de España de la Directiva Save,
traspuesta con anterioridad--, que tenía prácticamente culminados sus
trabajos en el inicio de 1996. Tanto es así que el vigente Plan de
vivienda, consensuado con todas las comunidades autónomas, establecía la
exigencia, en el momento de entrar en vigor, de dar la calificación
energética a todas las viviendas protegidas que pidieran financiación.
Pues bien, no ha habido por parte del actual Gobierno la menor muestra de
elaboración hasta la fecha de otra ley de ordenación de la edificación;
ha pasado año y medio y esta Cámara ha vuelto a reclamar un texto que
llegó a ser proyecto de ley y no se pudo tramitar por el anticipo de las
elecciones. Por lo que se refiere al certificado energético, según
palabras de la propia portavoz del Grupo Popular en intervenciones
anteriores, nos quedan tres años para que el certificado energético esté
en pleno vigor, de acuerdo con los trabajos que está realizando el
Ministerio de Fomento con el IDAE. Por tanto, se aleja en el tiempo una
medida que hubiera podido ser bastante inmediata. Pero es que, además,
nos encontramos con que en este último año y medio se han producido
retrocesos en un ámbito que usted ha mencionado con carácter general,
pero que en el caso de España nos parece de extraordinaria importancia,
como es el de la política forestal. En materia de política forestal, el
actual Gobierno ha reducido drásticamente los recursos presupuestarios
consignados y se han reducido también las ayudas que se han aplicado en
esta materia durante 1997. Solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía
ha dejado de recibir casi 20.000 millones de pesetas, procedentes de los
fondos europeos, para tareas de reforestación. Por tanto, en materia de
política forestal no sólo no ha habido avances, ni siquiera en lo que la
propia ministra definía como una prioridad de esta legislatura, la
aprobación de una ley de montes o de una ley de bosques, como queramos
denominarla, sino que ha habido un retroceso en cuanto a la disminución
del esfuerzo presupuestario de las distintas administraciones y la
recepción de fondos procedentes de la Unión Europea para la configuración
de sumideros de gases de efecto invernadero. Quisiera saber, también en
esa misma dirección de la utilización del suelo para lo que deben ser
sumideros de gases de efecto invernadero, cómo es posible que se haya
producido un silencio cómplice del Ministerio de Medio Ambiente frente a
la modificación de la hasta ahora vigente Ley del Suelo, dejando que el
Gobierno manifieste la vocación de que todo el suelo posible en nuestro
país sea urbanizable, algo que nos parece, desde el punto ambiental,
absolutamente desconsiderado si se tiene en cuenta entre otras cosas, que
la cubierta vegetal, la capa forestal, hace parte de las herramientas más
poderosas en relación con el cambio climático.
Este Gobierno tampoco ha llegado a aprobar ningún plan de residuos
sólidos urbanos para el conjunto del territorio nacional; plan cuyo
borrador estaba ya elaborado en 1995 y que comprendía, entre otros
programas, el relativo a los vertederos. Los vertederos son hoy una
fuente de emisión de gas metano, que es uno de los incluidos dentro del
protocolo de Kyoto, y que, necesariamente, deben de ser tenidos en cuenta
a la hora de adoptar una estrategia nacional en materia de cambio
climático. Yo he oído, señora ministra, declaraciones suyas que me
parecen muy acertadas respecto a la oportunidad de que la gente vaya en
bicicleta a trabajar, pero quisiera saber qué ha hecho este Gobierno para
mejorar la utilización de lo que pudiéramos llamar el transporte blando,
porque no hemos visto ninguna medida a lo largo de este año.
Por supuesto, también nos parecen insuficientes los esfuerzos
desarrollados en lo que se refiere a la implantación de energías
alternativas. Le recuerdo que el Parlamento de Navarra ha tomado una
resolución en cuanto a las energías renovables, que me parece muy
ambiciosa pero muy correcta, de fijarse un calendario para que el cien
por cien del consumo de energía en esa comunidad autónoma llegue a
producirse a partir de fuentes de energía renovables. Cuando hay voluntad
política, como dice Christofer Flavin en el último informe del Worldwatch
Institute, puede haber
medidas efectivas y viables en relación con la prevención del cambio
climático.
Por lo que se refiere al propio desarrollo de la cumbre de Kyoto, hay
algo que usted no ha mencionado y que yo creo que no debe ser pasado por
alto en esta Comisión. En el protocolo de Kyoto, artículo 4.6, se dice
muy claramente que cuando los países partes del convenio forman a su vez
parte de una unión regional que también ha firmado dicho convenio (es el
caso, por supuesto, de España dentro de la Unión Europea), en el caso de
que el conjunto de países de los que forma parte no cumpla los objetivos
del propio protocolo --los objetivos que haya asumido en el marco del
propio protocolo--, cada país miembro de esa unión regional tiene la
obligación --exigencia jurídica derivada de un protocolo vinculante-- de
asumir exactamente el compromiso que haya asumido la unión regional a la
que pertenece, y eso, evidentemente, se ve en el propio anejo B del
protocolo de Kyoto, donde España aparece diferenciada, como el resto de
los países europeos, con una reducción del 8 por ciento de la emisión de
gases de efecto invernadero entre el 2008 y el 2012. Por tanto, señora
ministra, usted sabe perfectamente que, además de los compromisos que
finalmente se asuman en cuanto a reparto de la carga dentro de la Unión
Europea, que sólo pueden considerarse límites máximos y supongo que en
absoluto objetivos de un Ministerio de Medio Ambiente, sino límites
máximos, España acaba de asumir el compromiso de reducir en un 8 por
ciento respecto al nivel de 1990 en el período comprendido entre los años
2008 y 2012, en el caso de que esa reducción no se produjera para el
conjunto de la Unión Europea. Por tanto, el reto es impresionante y es un
reto en el que no caben ulteriores dilaciones.
Creemos que este Gobierno ha perdido un año y medio y que no es de recibo
que ahora se diga que hay que empezar a evaluar qué sectores emiten más
--porque de eso se sabe bastante-- y, sobre todo, creemos que hay medidas
que no se han adoptado durante este último período y que hubieran
comenzado a contribuir, aunque fuera de manera modesta, a una trayectoria
distinta de nuestro modelo energético, que es francamente despilfarrador
en términos energéticos y con un gran componente de combustibles fósiles.
Usted misma ha dicho que en la cumbre de Kyoto se dejó, de alguna forma,
aparte ese principio según el cual quien contamina más es quien más
esfuerzo debe hacer; usted misma ha señalado que la Unión Europea ha
asumido un reto que en realidad no se corresponde con ese principio de
proporcionalidad. Mi grupo parlamentario le pide que tampoco España, en
lo que se refiere a su propio reto doméstico, asuma ese principio de
necesaria proporcionalidad. Es verdad que nosotros emitimos menos, en
términos de emisiones per cápita...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Estoy terminando, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa.
Quiero recordar a los asistentes que no está permitido fumar en esta
Comisión. Supongo que no lo saben porque asisten por primera vez, pero
les ruego que apaguen los cigarrillos.
Prosiga, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente, me parecía que no
había llegado a los diez minutos.
Estaba diciéndole, señora ministra, que nosotros le pedimos que ese
criterio que la propia Unión Europea ha desarrollado en su posición en la
cumbre de Kyoto en cuanto a que no debe ser tan proporcional el esfuerzo
a la propia contaminación, que el esfuerzo puede ser incluso más que
proporcional y parece una responsabilidad política de los países más
desarrollados el ir en esa dirección, se lo aplique el propio Gobierno
español en el marco de los compromisos que finalmente asuma dentro de la
Unión Europea.
Nosotros, como grupo parlamentario, haremos propuestas coherentes con lo
que fue la propuesta de nuestro programa electoral de 1996, de acuerdo
con el cual creemos que es posible y deseable que España estabilice sus
emisiones en el año 2005 respecto al nivel de 1990 y que a partir del año
2005 comience a reducir dichas emisiones. Creemos que esto es posible,
que para que se consiga es necesario actuar con gran rapidez, y en ese
sentido esperamos con toda sinceridad que el nuevo Consejo Nacional del
Clima trabaje con eficacia y no sea un órgano más de encuentro, que es en
lo que se han convertido, con bajísimos niveles de resultado, tanto la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como el propio Consejo Asesor de
Medio Ambiente. En ninguno de los dos órganos se ha tratado, hasta
después de la cumbre de Kyoto, el tema del cambio climático, pero el
problema del cambio climático tenía ya una cierta antigüedad; de hecho,
España ratificó en el año 1994 el convenio derivado de la cumbre de
Kyoto. Desde el punto de vista de la actuación política, no es de recibo
que en este año y medio no se haya adoptado ninguna decisión. Por tanto,
le instamos para que el Ministerio que usted dirige ponga un mayor
empeño. Haremos, en el trámite que corresponda, las sugerencias
pertinentes para colaborar en lo que debe ser un esfuerzo de todos los
grupos de la Cámara, para conseguir la unanimidad que obtuvo en el mes de
noviembre la petición al Gobierno de que a finales del mes de mayo
dispongamos ya de un programa de medidas concretas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, don Angel Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora ministra, por su
comparecencia.
En su intervención ha dicho que consideraba moderadamente satisfactoria
la reunión de la cumbre de Kyoto en relación a las consecuencias de la
emisión de gases de efecto invernadero. Nuestro grupo se suma a esa
consideración de la ministra al referirse a la cumbre de Kyoto sobre los
efectos de la emisión de gases de efecto invernadero, porque en relación
a ese asunto se podrá hablar con propiedad de un antes y un después de la
cumbre. Por primer
vez se ha avanzado en unos objetivos concretos que han sido asumidos por
los distintos países participantes. Se podrá estar más o menos de acuerdo
--y se ha hecho referencia a ello por parte del resto de los portavoces
de los grupos parlamentarios-- en si son suficientes las restricciones
aprobadas y asumidas por los países participantes, pero, en cualquier
caso, supone un paso trascendente en el presente y en el futuro tendente
a la solución de este grave problema que afecta a nuestro planeta.
A priori, lo que se denominó como posiciones pre-Kyoto no hacían albergar
muchas esperanzas en cuanto a los resultados que en la misma pudieran
conseguirse. Estados Unidos y Japón mostraron fuertes divergencias
respecto a la Unión Europea, que, como es bien sabido, mostraba una
postura unánime. Con estas premisas previas a la celebración de la
Conferencia nadie duda de la magnitud y del signo del cambio que ha
supuesto la consecución de dicho protocolo.
Como bien conocen SS. SS., la propuesta de la Unión Europea se estableció
previamente adoptando la postura unánime de reducir las emisiones en un
15 por ciento sobre las que se realizaban en 1990. El acuerdo final
supone para la Unión Europea la reducción del 8 por ciento, pero con la
inclusión de tres nuevos gases incorporados a la propuesta inicial. Yo
quiero llamar la atención sobre la intervención de alguno de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra porque parece que
siempre se quiere decir: y nosotros más. Yo creo que España --y este
Gobierno lo ha hecho también--, dentro de su participación en el seno de
la Unión Europea, ha demostrado claramente cuál ha sido su postura.
Entendemos que la postura unánime de la Unión Europea ha sido un tirón
muy fuerte para conseguir estos acuerdos.
La Unión Europea contempla entre sus principios la necesidad de un
reparto equitativo del esfuerzo de limitación y reducción de las
emisiones. Para España, el aumento de emisiones posible es consecuencia
de nuestra contribución relativa al problema tanto en emisiones por
habitante como por nuestro nivel relativo de riqueza, que es bastante más
bajo que el de algunos de los países de nuestro entorno.
No me voy a referir a la cuantificación de los compromisos adquiridos,
pero sí quisiera detenerme en las actuaciones contempladas en el
protocolo para poderlos cumplir. La obligación de cada país en la
elaboración de un conjunto de medidas en sintonía con las circunstancias
nacionales establece los campos y los enunciados donde actuar. Por un
lado, tenemos el aumento de la eficiencia energética en sectores
relevantes de la economía nacional. A este respecto quiero remarcar el
planteamiento que se hace con la nueva legislación sobre el sector
eléctrico español, donde se concede una alta valoración al concepto de la
energía de alta eficacia --que, como todos sabemos, es uno de los pilares
básicos del desarrollo industrial-- que está en perfecta sintonía con el
desarrollo medioambiental; las nuevas formas de energía renovable, de
tecnologías de retención de CO2, su reducción de forma progresiva en el
tiempo a la vez que se eliminan gradualmente las imperfecciones del
mercado --incentivos fiscales, tasas, exenciones obligatorias y subsidios
en aquellos sectores donde se produzcan gases de efecto invernadero--,
actuaciones en el sector del transporte, elemento, a nuestro juicio, que
afecta directísimamente a este fenómeno que estamos debatiendo, porque
quizá el uso indiscriminado de los vehículos en las últimas décadas
guarde una estrechísima relación también con estas emisiones. A esto
habrá que añadir que aparecen nuevas tecnologías como los biocarburantes,
que tienen un efecto neutro en cuanto a las emisiones de CO2 y
consideramos que será muy conveniente estudiar su posible incorporación a
este plan de desarrollo para combatir este fenómeno; también la promoción
de gestión sostenible de los bosques y las repoblaciones forestales y la
promoción de la agricultura sostenible, en consonancia con las
consideraciones sobre cambio climático, para poder acogernos al efecto
sumidero en cuanto a las retenciones de CO2.
Se ha hablado de la política sobre los bosques. Yo me voy a referir
específicamente a la política agraria porque me parece que es un momento
oportuno. A este respecto he de decir que la agricultura puede jugar un
papel de gran trascendencia. No se preocupen ustedes porque no voy a
hacer un análisis simplista como miembro que soy también de la Comisión
de Agricultura. Me voy a explicar. En uno de los diversos estudios que se
están realizando por parte de la propia Unión Europea titulado Razones
medioambientales para el relanzamiento de la agricultura productiva,
aparte de valorar los distintos papeles que puede jugar la agricultura en
asuntos como el ciclo del agua, la eliminación de metales pesados, la
eliminación de residuos orgánicos, la conservación del suelo o la
modelación del paisaje, aparece uno que yo considero que hoy tiene más
fuerza que nunca como es el que se refiere al ciclo del carbono.
No desconocen los miembros de esta Comisión la importancia que tienen los
bosques en lo que a la retirada de carbono de nuestra atmósfera se
refiere, pero quizá desconozcan la capacidad de algunos de nuestros
cultivos herbáceos a la hora de realizar semejante función. Me refiero
exactamente a aquellos que están encuadrados en el epígrafe C.3 y C.4,
que se refieren a la producción de trigo y de maíz, que se sitúan al
frente del ranking de la limpieza de nuestro ambiente. En el cuadro
elaborado en la Universidad de Edimburgo por el profesor Zelitch y Black,
y coordinado por un programa que se elabora en el seno del COPA por el
profesor español Agustín Mariné, vemos que la eliminación de la atmósfera
de CO2 de una hectárea media de trigo se sitúa actualmente en 24
toneladas/año, y de una hectárea de maíz, en 42 toneladas/año. En
contraposición a esto quiero decir que los bosques intensivos del tipo de
hayas, por ejemplo, se sitúan en 19 toneladas/año, lo que representa una
reducción bastante importante respecto a estas dos plantas, y los
extensivos, de pino, se sitúan en 6 toneladas/año. Con estas cifras es
fácil extraer consecuencias y queda constatada la trascendencia del uso
de estos cultivos como medida medioambiental.
Agustín Mariné dice en este mismo estudio, haciendo una valoración del
ciclo del carbono, que las plantas captan el carbono de la atmósfera a
partir de la molécula de
CO2 que penetra en la planta por los estomas. Con el concurso de la
energía luminosa pueden fabricarse azúcares y el oxígeno se devuelve a la
atmósfera. Este mecanismo, que es conocido por todos nosotros, se llama
fotosíntesis y podemos afirmar que es la base de la vida. Las plantas
funcionan como filtros de aire y además son los únicos que existen en la
naturaleza. Si se desactiva la producción vegetal, se abandonarán
cantidades de CO2 a la atmósfera y se agravará el temido efecto
invernadero.
Queremos hacer una llamada de atención respecto a otras políticas que
desde la Unión Europea se están empleando a llevar a cabo y que vemos que
pueden representar un cierto peligro con respecto al cambio climático.
Quiero decir respecto a este asunto que la extensión europea ahora mismo
es de 37 millones de hectáreas, lo que en base a este estudio supone
aproximadamente la retirada de unos 750 millones de toneladas anuales de
CO2 de la atmósfera del conjunto de la Unión Europea. Este apartado, que
se ha tenido en cuenta solamente en parte en el protocolo de Kyoto, se
deberá considerar como un elemento a potenciar. A todo ello habrá que
sumar la multitud de posibilidades que se pueden generar a través de la
biotecnología, con la modificación genética de plantas que puedan
favorecer directamente la eliminación de estas emisiones. Consideramos
que es todo un mundo por descubrir. Me refiero a la última reunión que se
mantuvo en el seno del Parlamento Europeo, con la participación de varios
expertos de distintas universidades europeas, y especialmente al informe
de la Universidad de Edimburgo, donde ven con grandes posibilidades el
hecho de seguir avanzando en esta línea de utilizar las plantas desde el
punto de vista de la protección medioambiental.
Sus señorías saben que estamos ante una cuestión multidisciplinar, pues
sus consecuencias van desde los efectos en nuestra industria el
transporte o la agricultura hasta la información continua a la sociedad
y, por supuesto, deberá tener una incidencia en los aspectos formativos.
Consideramos que, sin la formación de los ciudadanos, será difícil
combatir estos fenómenos propios de una sociedad avanzada. En definitiva,
la firma de este protocolo es un paso muy importante respecto al pasado,
pero con un futuro que pasa por ese esfuerzo en relación a la educación
medioambiental de la sociedad.
Termino ya, señor presidente, refiriéndome a la creación del Consejo
Nacional del Clima por parte del Ministerio de Medio Ambiente, organismo
que está llamado a desempeñar una labor importante a la hora de diseñar y
coordinar todas estas medidas encaminadas a la consecución de los
objetivos planteados en la cumbre de Kyoto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy a tratar
de responder a las intervenciones de los distintos portavoces y siguiendo
el orden en el que se han manifestado, empezaré por responder al señor
Recoder, de Convergència i Unió.
Señor Recoder, si la comparecencia es tardía --ha habido otro portavoz
que también lo ha recordado--, yo soy totalmente respetuosa con las
decisiones de esta Comisión y si ésta hubiera deseado que yo hubiera
comparecido antes, podría haberme reclamado no sólo durante el mes de
enero sino en el propio mes de febrero, puesto que el Parlamento se abrió
el día 9. Yo he comparecido cuando SS. SS. han acordado una reunión para
la Comisión. Repito que estoy dispuesta a comparecer cuantas veces sea
conveniente, si así lo consideran SS. SS. o yo misma y en ese caso
comparecería a petición propia. Por tanto, siéntanse en libertad de pedir
que comparezca cuando ustedes lo consideren oportuno. Parece que a la
Mesa de esta Comisión le pareció oportuno que compareciera el 18 de
febrero y por eso estoy aquí hoy y, además, para dos asuntos sumamente
importantes.
Quiero aclarar que creo que nadie, absolutamente nadie, se siente
satisfecho, y mucho menos plenamente satisfecho, del resultado de Kyoto;
lo que pasa es que debemos ser realistas y pensar que antes de Kyoto
estábamos mucho peor, ya que ni siquiera existía la posibilidad de
dotarnos de un instrumento jurídico. Desde el año 1990 estábamos
negociando y estudiando la importancia de prevenir las catástrofes
producidas por el cambio climático y en siete años no se había conseguido
dar un paso. En ese sentido, es esperanzador en cierta medida tener ya un
instrumento jurídico, aunque en este momento esté lleno de lagunas en la
medida en que hay que desarrollar todo lo que ha quedado pendiente. Por
eso me refería a la moderada satisfacción.
Creo que entre esas luces y sombras deberíamos tratar de ver cuáles han
podido ser los elementos positivos. En primer lugar, se ha logrado un
acuerdo y un acuerdo conminante, un acuerdo que incluye un compromiso
jurídico con sanciones. He sido totalmente sincera y les he querido
manifestar lo que sentía día a día personalmente representando al
Gobierno de España en las negociaciones, conjuntamente con la Unión
Europea, que, como les diré posteriormente, no ha tenido un papel pasivo
ni demostrado su poco peso específico, sino todo lo contrario: ha hecho
girar el resultado de Kyoto hacia la posibilidad de tener un protocolo,
lo que a las tres de la mañana del último día todavía no existía. Entre
los logros está la consecución de ese acuerdo de reducción de emisiones,
concretado en países y en un calendario determinado y aumentando de tres
a seis los gases. Luego ya tenemos algo más de lo que existía en el
convenio marco.
También ha sido positivo el logro de la conciencia social, que no era tan
clara. Eso creo que debemos agradecérselo a los medios de comunicación de
todo el mundo que estuvieron allí destacados y, se lo aseguro, en unas
condiciones realmente lamentables, porque no fueron agradables el sitio
ni el tratamiento que se dio a esta Conferencia de Kyoto. Hicieron una
labor encomiable y fueron realmente seguidos y secundados por todas las
agencias y por los directores de sus propios medios en cada uno de los
Estados. Eso ha hecho que la conciencia social ambiental haya dado un
paso de gigante; tanto es así que también veo positivamente cómo una de
las luces que la agenda política
de los jefes de Gobierno y de los jefes de Estado ha tenido un punto de
inflexión y a partir de Kyoto --por eso digo que hay un pos-Kyoto-- ya no
van a poder resistir la presión social de contemplar, dentro del
desarrollo económico y social, el desarrollo sostenible. Las agendas
políticas de los jefes de Estado y de Gobierno han quedado plenamente
influidas de la política ambiental. Será distinto el nivel de desarrollo
que cada uno de los gobiernos ponga en marcha en cada uno de los Estados
que firmen ese protocolo, pero la realidad es que el compromiso ha sido
firme y, desde luego, la opinión pública va a presionar en esa línea.
¿Que queda mucho por hacer? Soy yo quien se lo ha dicho y también les voy
a advertir de una cosa: no pongamos todas las esperanzas en la cuarta
conferencia de las partes en Buenos Aires, porque, como acabo de
contarles, son muchos los temas que han quedado abiertos y no debemos
decepcionarnos nuevamente por lo que se consiga en Buenos Aires. Es más,
se ha dicho que España no ha contribuido, pero ha sido uno de los pocos
países que ha pedido que hubiera más reuniones del grupo ad hoc antes de
noviembre de 1998 y no hemos sido escuchados, y tengo que decirles que,
dentro de lo que el mandato de Berlín otorgó como grupo ad hoc, no se ha
conseguido más que una única reunión, en junio de 1998, preparatoria de
la de Buenos Aires, y eso en contra de la opinión que también manifesté
en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. En contra de la opinión
de España, sólo se ha conseguido esa única reunión, con lo que será muy
difícil que en la misma se cierren todos los temas que les he dicho que
están ahora encima de la mesa. Por tanto, ¿adónde vamos al final, qué es
lo más positivo? Lo más positivo es que cada Estado sienta ese compromiso
de responsabilidad y ese compromiso de solidaridad con las generaciones
venideras. Ahí tenemos que ser sensibles y ver en qué consiste ese actuar
ya.
Dice el señor Recoder, y es cierto, que ha habido ciertas dudas en la
evidencia de los trastornos que produce el cambio climático y que parece
que los científicos no se ponen de acuerdo. Sí han sido unánimes en que
los efectos negativos del cambio climático se producen por malas
actuaciones del hombre, por problemas antropogénicos, y poder paliar esos
defectos sí está en nuestras manos si sabemos actuar a tiempo.
¿Qué ha sido positivo? Pues avances que se han dado como que ahora
estemos bajo la Presidencia británica, que tiene un viceprimer ministro,
el señor Prescott, que además es ministro de Medio Ambiente, que además
es ministro de Industria, que además es ministro de Ordenación del
Territorio. Esto ha hecho que sea él precisamente quien haya presentado
ayer ante el Parlamento Europeo las prioridades de la Presidencia
británica para el paquete tan importante que tiene por el momento que le
ha tocado ejercerla y, curiosamente, lo ha presentado el ministro que
también lo es de Medio Ambiente y que, por tanto, ha hablado de las
prioridades medioambientales para este período de Presidencia. Esto no
ocurría antes; luego también es un paso positivo.
También es un paso positivo que tenemos que agradecer a Kyoto que dentro
de este semestre de Presidencia británica vayamos a celebrar --es la
primera vez en la historia comunitaria-- dos consejos de ministros a los
que asistirán, juntos, los ministros de Transporte y los de Medio
Ambiente. Este es un paso muy importante, porque mientras no seamos
escuchados en directo en las distintas políticas sectoriales que también
se ponen en marcha a través de la Unión Europea, va a ser muy difícil que
las políticas medioambientales cuajen también al nivel de la Unión
Europea.
También es positivo que el 11 de mayo se vaya a producir un debate
abierto en el seno del Consejo de Ministros de Industria de la Unión
Europea para plantearse la dimensión energética del cambio climático.
Esta es otra de las novedades a las que se han visto obligados desde la
Unión Europea los consejos de ministros de Industria para pronunciarse
sobre los temas medioambientales. Asimismo, es relevante que en algunos
Ecofin se estén planteando la fiscalidad ambiental. Cuando se habla de
armonización fiscal se está hablando de las reformas fiscales, en el
sentido ambiental, que no se han puesto en marcha hasta ahora y que
tienen que llegar también por vía de directivas comunitarias. En este
sentido, la Conferencia de Kyoto ha marcado un paso y una base para la
esperanza sencillamente para seguir dando más pasos, y ahí está el
esfuerzo de cada uno para poder lograr estos compromisos.
Sobre la postura de España ante la Unión Europea tengo que decir que, en
este momento, España no puede más que acudir a los consejos de ministros
para escuchar conjuntamente lo que allí vamos a debatir todos sobre el
nuevo escenario en el que nos movemos. Tenemos que cuantificar --es lo
primero que tenemos que hacer todos los países para el próximo Consejo de
Ministros-- qué nivel de emisiones teníamos en el año 1990 y, sobre todo,
en el año 1995 en los tres gases de efecto invernadero que se han
incorporado al protocolo. Ese es el primer compromiso que tenemos para el
Consejo de marzo de este año. En segundo lugar, y antes de establecer un
nuevo reparto de la carga, habrá que saber cómo se contabilizan estos
seis gases y cómo se puede llegar a una media, teniendo en cuenta que
unos son del año 1990 y otros de 1995. Por tanto, no hay una postura
unitaria y exclusiva de España, sino que tenemos que dialogar, negociar
y, al final, tomar una decisión por consenso. Lo mismo ocurre con
relación al calendario. No es igual hablar de un compromiso firme para el
año 2010, con una previsión para el año 2005, que establecer un período
de cinco años, entre el 2008 y el 2012, porque con ello oscila bastante
la exigencia de ese cumplimiento. Todo esto al final nos va a llevar a
establecer una reflexión seria y profunda sobre los criterios de reparto,
criterios de reparto que --luego responderé a la representante de
Izquierda Unida-- no han sido los que cada Estado se ha dado, sino que el
reparto de la carga ha venido establecido por la propia Unión Europea.
Por tanto, no hemos contemplado todavía cómo y qué países van a
desarrollar los elementos de flexibilidad y aquí he oído algunas críticas
a la postura de España, que luego explicaré. No ha sido a iniciativa del
Gobierno de España. No habrán oído ustedes a este Gobierno ni a esta
ministra hablar de la necesidad de apuntarse a utilizar elementos de
flexibilidad
indiscriminadamente, como ya están haciendo algunos de los países de la
Unión Europea que se denominan ambientales, que nos llevan muchos años de
adelanto en políticas medioambientales, pero que en cuanto han visto --y
les hablo de algunos representantes que simultáneamente son ministros de
Industria y de Medio Ambiente, curiosamente-- los derroteros que ha
tomado el protocolo de Kyoto, no van a querer asumir el mismo nivel de
compromiso de emisiones brutas cuando todos los demás países vayan a
establecer un nivel muy inferior al de la Unión Europea de emisiones
netas. Por tanto, ya están pensando cómo se van a utilizar esos elementos
de flexibilidad. Comprenderán ustedes que ni siquiera se puede hablar
ahora mismo de qué va a pasar en la burbuja comunitaria, cuál va a ser el
próximo reparto de cargas, porque todavía no sabemos, a la hora de
negociar los elementos de flexibilidad, quién los va a negociar. ¿También
la Comisión para todos y va a hacer un reparto de esos elementos de
flexibilidad por países? ¿O se va a permitir que cada uno de los Estados
negocie individualmente aquellos elementos de flexibilidad que crea que
le son más convenientes?
Señorías, España no está demorando la situación, España está acelerando
el actuemos ya, pero lo que sí es cierto es que en este momento España
forma parte de la Unión Europea y como ha reconocido la señora Narbona,
está el artículo 4 del Convenio marco del año 1994 y el protocolo que
sencillamente se ha acordado, ni siquiera se ha firmado, éste sería otro
tema muy importante para hablar; el objetivo prioritario ahora mismo
sería la firma de ese convenio y la ratificación, porque mucho criticamos
todos el protocolo, pero imagínense ustedes si no es todavía mucho más
negativo que el protocolo no se firme, no se ratifique y no entre en
vigor. Por tanto, de aquí a Argentina --yo no puedo hacer apuestas, ojalá
me equivoque-- veo muy difícil que haya una firma de ese protocolo,
porque, mientras no se desarrollen todos los elementos de flexibilidad,
mientras no se defina cómo se van a cuantificar y qué criterios se van a
utilizar, es muy difícil que países como los Estados Unidos, por ejemplo,
que lo han puesto como condición sine qua non para la firma del
protocolo, asuman la firma del mismo. Por tanto, estaremos un año más sin
que el protocolo de Kyoto entre en vigor y ojalá me pudiera equivocar.
En definitiva, diciendo --y lo reiteraré luego-- que España no ha hecho
ninguna reivindicación para emitir más gases de efecto invernadero --y
esto que quede claro, luego daré los datos--, lo que sí es importantes es
cumplir el compromiso. Yo ya dije --y seguramente cuando SS. SS. lo han
recordado hoy estaban tirando de hemeroteca-- antes de ir a Kyoto que
cualquiera que fuera el resultado, si se bajaba ese listón de exigencia
del más 17 por ciento --que no es seguir aumentando las emisiones de CO2,
sino que significa reducir esas emisiones de CO2--, si no tomamos medidas
concretas, llevaría a unos niveles de hasta el 45 por ciento en esa misma
fecha del año 2010, y nos exigíamos que no aumenten por encima del 17 por
ciento. Lo que ocurre es que en este momento no podemos aferrarnos a esa
misma cuantificación del más 17 por ciento, porque en ningún caso el
objetivo cuantitativo va a ser ya limitado a los tres gases, ni siquiera
en el año 2010. Luego tengamos todos la flexibilidad no a la baja, sino
del realismo de que en la nueva negociación España, que contó ya con ese
nivel de control de emisiones en lo que yo he denominado emisiones
brutas, si además se pusieran en marcha emisiones netas, tengan la
garantía, señor Narbona, de que no va a pedir, como no ha pedido hasta
ahora --y ustedes que tuvieron responsabilidades en el Gobierno anterior
saben que España no pidió, sino que se hizo ese reparto de la carga--,
más aumento de emisiones, sino que si España se comprometió, en un enorme
esfuerzo --aunque la señora Urán no lo crea-- para nuestro desarrollo
industrial y económico, a no superar en el año 2010 el nivel el 17 por
ciento de emisiones brutas, tengan ustedes la garantía de que España
mantendrá ese listón. Lo que pasa es que hemos de ser realistas y no
obsesionarnos en simplificar el objetivo del más 17 por ciento, porque ni
van a ser emisiones brutas probablemente, que serán emisiones netas, ni
van a ser de tres gases, que serán de seis, ni van a ser en el calendario
del 2010, que serán en el objetivo 2008 al 2012. Ese es el reencuentro,
el elemento negociador que tenemos que poner en marcha, pero les
garantizo que nunca a la baja. España hizo ese esfuerzo por llegar hasta
ahí, lo agradecieron los países de la Unión Europea, y en ese esfuerzo y
no más abajo es como nos vamos a quedar.
En definitiva, ¿qué es lo que importa, señorías? Yo no desprecio los
objetivos cuantitativos ni los calendarios, y que cuantos más gases de
efecto invernadero, mejor; lo que me importa realmente es que todos los
países pongamos en marcha determinadas políticas y determinadas medidas
que reduzcan esas emisiones, porque, si no se ponen en marcha, da igual
cuál sea el objetivo, porque todos estaremos condenados a no cumplirlo.
Por tanto, no vamos a bajar la guardia, señor Recoder.
A la señora Urán le diré que ya he explicado lo que he interpretado por
esa moderada satisfacción en el protocolo de Kyoto. Nunca me habrá oído
hablar del éxito de Kyoto, porque no considero que haya sido un éxito.
Ahora bien, ojalá se plasmen esos avances en la entrada en vigor de ese
protocolo, porque si no estaríamos peor, estaríamos en el pre-Kyoto, y
por eso España va a trabajar, como lo está haciendo, para que se
ratifique cuanto antes ese protocolo, para lo cual tenemos que
desarrollar, como le he dicho, las lagunas que quedan.
En cuanto a que la opinión pública se ha sensibilizado, he comentado que
es un paso muy importante y esa opinión pública estará presionando a los
gobiernos, pero simultáneamente también esa opinión pública tiene que ser
muy responsable en ese cambio de mentalidad al que todos tenemos que
cooperar, porque no solamente por leyes y por amenazas de sanciones vamos
a conseguir una conciencia ambiental. Usted sabe muy bien, señora Urán,
que en España todos nos consideramos muy ecologistas y muy defensores de
la naturaleza, pero cuando uno se para a examinar su propia conciencia
normalmente deja todavía mucho que desear. Por tanto, apoyémonos, la
opinión pública en el Gobierno y que el Gobierno también lo exija a la
opinión pública para que esas medidas se pongan en marcha cuanto antes. A
eso me refiero al hablar de la actuación inmediata.
Está muy bien que haya habido una Comisión Nacional del Clima y que se
pretendiera presentar un proyecto de ley con unas medidas concretas. Lo
cierto es que no se pudo presentar en catorce años y, por tanto, que
ahora se presente durante esta legislatura, como es el compromiso que
hemos asumido, creo que es bastante positivo y yo le diría que esas
políticas y esas medidas sectoriales concretas van a llevarnos a ese
principio del medio ambiente de pensar globalmente para actuar
localmente. No basta simplemente con que el Ministerio de Medio Ambiente
dé unas orientaciones de cuál tiene que ser esa estrategia nacional
frente al cambio climático, si luego quienes tienen las competencias
medioambientales transferidas, comunidades autónomas y ayuntamientos, no
ponen en marcha las medidas sectoriales de una gestión ambiental adecuada
para solucionar esos problemas del cambio climático. Por tanto, quiero
decir que la situación administrativa que tiene España nos obliga no a
demorar las negociaciones, sino a empezar, como hemos hecho, a negociar
con comunidades autónomas, con distintos sectores sociales, con la
Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la
conferencia sectorial, a través del Consejo Asesor del Medio Ambiente,
para que lleguemos a consensos que lleven a unas políticas que sean
realmente aplicables cuanto antes.
No voy a insistir más en los elementos de flexibilidad, porque yo soy la
primera que me he puesto en guardia, y ahí queda, en el «Diario de
Sesiones», cómo no estamos nosotros diciendo que España va a utilizar
todos y cada uno de esos elementos de flexibilidad, sino que los he
analizado con las cautelas necesarias para saber cuál es la postura de
España a la hora de negociar la utilización de esos elementos de
flexibilidad dentro de la Unión Europea.
Discrepo, señora Urán, del peso nulo de la Unión Europea. Yo le aseguro,
porque he vivido directamente las negociaciones, que se ha conseguido un
principio de unión política fundamentalmente por la coordinación y por la
cohesión con la que ha trabajado la Unión Europea. Eramos quince Estados
hablando al unísono, con independencia de las distintas situaciones que
cada uno viviera, quince Estados hablando con una sola voz. Es donde yo
primero he visto realizado ese principio de unión política en este caso
concreto para dialogar y debatir. Le puedo garantizar que ha sido la
Unión Europea la que ha conseguido ese cambio de actitud de países tan
importantes como Japón y como Estados Unidos para que en vez de volverse
sin aceptar ningún tipo de protocolo y diciendo que no pensaban reducir
ningún tipo de emisiones --y ahí queda el discurso del vicepresidente Al
Gore--, aun sin haber conseguido lo que hubiéramos deseado, hemos podido
mantener unos criterios y, desde luego, la Unión Europea sigue liderando
ese principio de medidas concretas contra el efecto climático.
Sobre que España es quien más ha insistido en el aumento del 17 por
ciento, que dice que es una demanda del Gobierno español, quizá, señoría,
a usted le ocurriera como a mí, que en el año 1995 no nos ocupábamos de
los temas ambientales; como yo ahora me he tenido que ocupar, desde el
año 1996, he estudiado antecedentes. Quiero decir a S. S., porque a lo
mejor no lo conoce, cómo fue el Consejo de Ministros de la Unión Europea
en diciembre del año 1995 --y no porque lo pidiera España-- el que
determinó lo que se iba a establecer en el Convenio marco de cambio
climático: La Comunidad en conjunto cumplirá con los compromisos --la
Comunidad en conjunto, porque para eso somos Comunidad-- para limitar y
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que figurarán en el
futuro protocolo. Recuerda ese mismo Consejo de Ministros de diciembre de
1995 el reparto equitativo de la carga entre los Estados miembros con
respecto al objetivo global de reducción de emisiones de la Comunidad en
su totalidad y sienta unos criterios, estableciendo la relación
coste-eficacia, que ya se dieron en el mandato de Berlín, como
diferencias en los puntos de partida, planteamientos en las estructuras
económicas, dotaciones de recursos, necesidad de mantener un crecimiento
económico fuerte y sostenible, tecnologías disponibles en cada Estado y
otras circunstancias particulares, reconociendo que cada Estado miembro
debe contribuir de forma significativa al cumplimiento de las
obligaciones del protocolo. Señorías, éste es el mandato que se da en
Berlín y que consagra el Consejo de Ministros de la Unión Europea en
diciembre del año 1995. Por tanto, ni el actual Gobierno de España ni el
anterior fueron mendigando un aumento de emisiones de CO2; creo que esto
debe quedar claro, señorías, porque lo único que se ha hecho es repetir y
mantener ese criterio sin petición de ninguno de los Estados, y fue en
marzo de 1997 cuando se cuantificó también por decisión de la Comisión,
analizados estos criterios que se daban en el Consejo de Ministros de
diciembre de 1995 y analizada por la propia Comisión la situación de cada
uno de los Estados miembros, y cuando se nos asignó a cada uno de los
Estados comunitarios una cuantía específica de limitación de emisiones: a
unos de reducción, tan drástica como el menos 40 por ciento en
Luxemburgo, y a otros de aumento o de limitación o no más allá del más
30, como es el caso de Grecia.
Señoría, creo que esto debería quedar ya claro, porque es muy fácil a lo
mejor hacer afirmaciones que yo comprendo que S. S. ha hecho porque no
estaba informada, pero cuando se tienen ya los datos y constan en las
actas de los consejos de ministros y cuando se tiene la información creo
que sería algo más que un error, y no contemplo la mala fe de S. S. para
seguir reiterando, como hemos tenido que leer a través de los medios de
comunicación, esta desinformación: que España ha pedido aumentar el 17
por ciento, que ha sido una demanda del Gobierno español y que ha
supuesto una rémora en el planteamiento de la Unión Europea. Para nada,
señoría, porque precisamente ha sido la Unión Europea la que nos ha
asignado esta cuota.
Pregunta S. S. cuáles pueden ser esas medidas que se pongan en marcha a
través del Consejo Nacional del Clima --lo han preguntado varios de
ustedes--. Ese compromiso que se asume en el Parlamento tiene total
relación con la estrategia nacional de lucha frente al cambio climático
que se va a plantear dentro del Consejo Nacional del Clima. He de
decirles que empezar a plantearlo con criterios rigurosos no significa
ninguna demora. Ojalá nos hubiéramos
encontrado todo hecho; nosotros no tenemos datos en este momento de
cuáles y cuántos son, de cada uno de los sectores industriales, los que
más contaminan y por qué razones. No hay ningún estudio hecho, no nos
hemos encontrado esos estudios cuantificados al día de hoy con un coste
económico y con unas previsiones de futuro. Por eso lo primero que
tenemos que hacer desde planteamientos realistas y rigurosos para que no
piense nadie que el clima no está cambiando --y será el Instituto
Nacional de Meteorología quien nos plantee científicamente la influencia
de esos gases de efecto invernadero en el cambio climático-- es hablar
con los sectores sociales y los distintos grupos trabajarán en las
políticas más adecuadas para sectores prioritarios. Evidentemente, todos
sabemos a priori, en un sentido vulgar, si entienden la expresión del
término, de divulgación quiero decir, qué sectores están contaminando
más. Grosso modo sabemos que es la industria y la energía; sabemos que
hay que ir al sector del transporte, en el que yo diría que todavía
tenemos más problema en España que en el sector energético. También
tendremos que hablar de la construcción, ustedes lo han planteado, y
quiero decir cómo existen esas previsiones en el sector de la
construcción para el próximo plan de vivienda. Por tanto, reconociendo
que no estamos reclamando ese aumento de emisiones, le garantizo que nos
hemos puesto en marcha en la medida en que ya el lunes próximo se crean
esos grupos de trabajo que van a tomar unas medidas muy concretas una vez
que se analicen efectivamente los sectores que contaminan y qué
instrumentos tienen al día de hoy, si son los adecuados o no para evitar
ese nivel de emisiones. Al final, he de decirle que eso es lo que
realmente importa, porque si no se toman esas medidas, desde luego da
igual cuál sea el objetivo, porque no lo cumpliríamos.
Su señoría ha hecho otra serie de preguntas que la verdad es que no voy a
poder contestar en profundidad en este momento, como es todo lo referente
a la política de costas. Evidentemente, en la medida en que el cambio
climático produce un calentamiento de la atmósfera y una elevación de los
niveles del agua del mar, un país como España, que tiene 8.000 kilómetros
de costa, puede verse más afectado; como también hay islas --y allí
estaban representadas-- que estaban contando en sus discursos cómo están
condenadas a desaparecer de aquí a 80 ó 100 años. Por eso es tan
importante, efectivamente, tomar medidas. El Ministerio --otro día
hablaremos de la política de costas-- está trabajando en esa línea, desde
luego con grandes presiones de mucha gente que no entiende porque creen
que el desarrollo tiene que ser urbanístico, precisamente en la costa, y
seguimos con el tema del deslinde y respetando esa regeneración de
playas.
Habla S. S. de la desertización. También le podré hablar en otro momento
de los programas concretos de investigación y desarrollo que estamos
poniendo en marcha. Desde luego tenemos que felicitarnos porque en España
haya un extraordinario nivel de investigadores, no desde el año 1996,
porque los investigadores ya venían trabajando y el Gobierno anterior
también había establecido convenios, algunos de los cuales hemos
continuado y otros los hemos ampliado para seguir profundizando en estos
temas de desertización que consideramos que son sumamente importantes.
Sobre la política del agua desde luego tendríamos muchísimo que hablar.
Me preguntaban incluso a la entrada por la nueva directiva de la política
del agua, pero tampoco me voy a entretener ahora en este tema porque
habrá ocasión de debatirlo en otra comparecencia.
Le preocupaba a S. S. la certificación energética de edificios. Este es
uno de los temas en los que el Gobierno está trabajando ya y se está
analizando la posibilidad para el próximo plan de viviendas de que haya
una mayor información a los usuarios, por aquello que yo decía de la
conciencia ambiental, y que sea la propia opinión pública, es decir, los
usuarios, los que demanden más eficiencia energética en los edificios. Si
conocen realmente cuál es ese nivel de eficiencia energética en los
edificios comprarán unos o comprarán otros, los comprarán a un precio o a
otro, y se está pensando establecer, igual que en los hoteles, estrellas
según la calificación energética o de mayor eficiencia energética en las
viviendas, con más o menos estrellas en función de la mejor o peor
calificación. No es una materia en la que el Ministerio de Medio Ambiente
pueda hacer más que impulsar, porque desde luego la decisión estará en el
Ministerio de Fomento, pero de ahí la importancia de trabajar
conjuntamente en el Consejo Nacional del Clima.
La señora Narbona hablaba del calendario. Si les parece que ha sido
tardío, les diré que a mediados de diciembre se celebraba la reunión de
Kyoto, el Parlamento, en principio, no tiene reuniones de Comisión en el
mes de enero y yo he estado disponible y me han citado ustedes para el
día 18 de febrero, pero ya les he dicho que en cualquier otra ocasión,
adaptando las agendas, es mi intención comparecer y lo haré cuantas veces
sea necesario. Estamos trabajando, como le digo, en poner en marcha esa
estrategia que, al final, tendrá que ser un programa plurianual de
medidas concretas, cuyos avances tendremos que ir desarrollando en el
Consejo Nacional del Clima. Yo no sé si se cumplirán esos tres meses o
no, porque al Gobierno, créame, señora Narbona, le es muy fácil imponer
incluso un programa de medidas concretas, pero la actitud de este
Gobierno no es la imposición, sino que para poder negociarlo con los
distintos agentes económicos y sociales, con todos los agentes
sectoriales implicados y las distintas administraciones, que tienen
también competencias muy directas en materia medioambiental, y los nueve
ministerios que tienen que participar en las políticas sectoriales
comprenderá que lleva un tiempo. No queremos hacer una cosa deprisa y
corriendo, sino un programa realista y serio, planteado desde el rigor,
pero basado en el diálogo y en la negociación con todos los sectores
implicados.
Desde luego, no se va a aumentar en el año 2000 un 25 por ciento de
emisiones de CO2; por tanto, estamos cumpliendo ese programa de
eficiencia energética del que S. S. hablaba y que, lamentablemente, quedó
en un proyecto de ley. Siento, créame señora Narbona, que en 14 años no
les diera tiempo más que a dejar tan importantes proyectos de ley encima
de la mesa. Por ejemplo, la ley de política forestal hemos dicho que es
una prioridad de legislatura y me
está acusando porque en 18 meses (ni siquiera se ha cumplido el 50 por
ciento de la legislatura) no la tenemos; cuando está en el Senado la
tercera ley que se ha elaborado durante la existencia del Ministerio de
Medio Ambiente. No es que me sienta satisfecha, pero creo que se han
hecho bastantes cosas. Por consiguiente, habrá que examinar la prioridad
de legislatura y hacer un balance cuando termine la misma, pero no cuando
ni siquiera hemos llegado al 50 por ciento. En cualquier caso, mantengo
esa prioridad en la reforestación y en la estrategia forestal.
Concretamente, el 21 de marzo del presente año tendrá S. S. conocimiento
del borrador de estrategia nacional de política forestal, en el que
venimos trabajando, una vez más, con distintos sectores, con distintas
mesas de trabajo; no elaboramos desde el Ministerio una política forestal
ni siquiera encargando asistencias técnicas, sino concertándola y
dialogando con otros muchos sectores que conocen de la materia.
Con relación a la Ley del Suelo, los debates en el Consejo de Ministros
son secretos. Por tanto, señora Narbona, al final las decisiones son
colegiadas, pero le aseguro que el Ministerio de Medio Ambiente sí ha
alzado su voz en la Ley del Suelo y después tienen ustedes todo el
trámite parlamentario para introducir las modificaciones que consideren
oportunas.
Parece que usted se sonreía en el tema del transporte blando. Sabe muy
bien que las competencias son las que son y que ni siquiera en el
transporte blando se puede imponer una legislación básica. Por tanto, se
puede impulsar la utilización de determinado transporte, se puede sugerir
la incentivación de determinado transporte, la desincentivación de otro
transporte más contaminante, pero no tenemos en todo la capacidad de
establecer una legislación básica y, sobre todo, hace falta luego el
desarrollo por parte de quienes tienen la competencia.
Estoy completamente de acuerdo con el artículo 4.6 que plantea S. S.,
porque el objetivo común que se establece es del 8 por ciento, a partir
del protocolo de Kyoto, para la Unión Europea. Ya he dicho --no voy a
insistir--, que no sabemos cómo se va a cuantificar ese 8 por ciento,
puesto que el escenario es completamente distinto, pero de lo que supongo
que me quiere hablar S. S. es de la doble responsabilidad que hemos
aceptado todos los Estados de la Unión Europea a la hora de subsumirnos
en esa burbuja comunitaria. Precisamente porque la burbuja comunitaria da
una doble responsabilidad es por lo que se ha aceptado ese planteamiento
en el protocolo; e inclusive se ha contemplado la posibilidad de que
algunos otros Estados puedan también establecer algún otro tipo de
burbujas para llegar a un objetivo común y repartirse internamente la
carga. Todavía no lo ha dicho nadie, pero existe en ese artículo que
usted ha citado la posibilidad de crearlo. Se puede hacer, no es que se
deba y lo que hace falta es comunicarlo para que se reúnan las
condiciones adecuadas. España va a esperar a saber cuál es el reparto de
la carga. Usted debe saber muy bien, señora Narbona, que no es una
demanda que ha hecho España, como ya ha quedado explicado, y en cuanto a
la no proporcionalidad, quiero decirle que no son situaciones
comparables, situaciones equiparables. La Unión Europea ha mantenido esa
no proporcionalidad rebajando el listón. La Unión Europea plantea un
menos 15 por ciento de emisiones. Digamos que le es más fácil reducirlo a
menos 8 que aumentarlo a menos 20, donde la situación hubiera sido muy
distinta. Respecto a lo que usted me pide de no proporcionalidad, no
pongamos el ejemplo de la Unión Europea con lo que ha hecho después de
Kyoto, sino que examinemos cuál será el balance final de España una vez
que se produzca el reparto de cargas en el nuevo escenario. Les aseguro,
y es compromiso que asumo ahora, que nunca será a la baja,
proporcionalmente hablando, como nos había asignado la Unión Europea.
Para terminar, quiero agradecer al señor Pintado sus palabras de
compromiso con Kyoto. En esa situación expectante ante el desarrollo de
Kyoto nos encontramos todos, colaborando en el seno de los consejos de
ministros de la Unión Europea para que se produzcan esos incentivos o
alicientes a fin de que las políticas sectoriales en cada Estado se
pongan en marcha cuanto antes y alcancemos esos objetivos de control de
emisiones.
Agradezco también esa importancia que se ha atribuido a las nuevas
tecnologías verdes, que van a potenciar muchísimo este control de
emisiones de gases de efecto invernadero. Estoy completamente de acuerdo
con la importancia que tiene la nueva política agrícola comunitaria en el
desarrollo sostenible. De ahí que estemos trabajando conjuntamente con
los ministros de la Unión Europea para que el futuro de esa política
agrícola comunitaria vaya completamente unido a los procedimientos del
desarrollo sostenible.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. (El señor Recoder i
Miralles pide la palabra.)
Señores portavoces, ya saben que esta Presidencia siempre se distingue
por su flexibilidad, pero si queremos cumplir el horario y entrar en el
segundo punto de la comparecencia de la señora ministra, estamos ya en
tiempo límite.
Creo que la señora ministra ha contestado ampliamente al objeto de la
comparecencia, incluso, si me apuran, alguna vez, excediendo los
objetivos de la comparecencia. No obstante, si tiene algo que añadir el
señor Recoder le daré la palabra, pero comprenderá que van a querer
intervenir todos. (Rumores.)
Tiene la palabra durante dos minutos, y esta vez sí que voy a ser muy
estricto.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, he sido muy moderado en mi
primera intervención. La señora ministra, en ningún caso, se excede,
porque toda la información que nos pueda brindar siempre es bien recibida
y nos aporta nuevos elementos de conocimiento a estos diputados tan
desinformados a veces. En todo caso, me parece que es una comparecencia
suficientemente esperada e importante como para que podamos solicitar
alguna aclaración o hacer algún comentario a la primera intervención de
la ministra. A estos simples efectos le pido un turno. No tenga duda
alguna de que voy a ser breve, y si quieren intervenir los demás
diputados me parece magnífico. Hasta
las cuatro de la tarde en que comenzará el Pleno tenemos tiempo de sobra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señora ministra, quiero hacer algún
comentario a raíz de su intervención.
Nos ha hecho una afirmación con la que no acabo de estar de acuerdo. Dijo
que a partir de Kyoto se incorpora en la agenda de los gobiernos el
concepto de desarrollo sostenible. Cuando volvimos de Río, en el año
1992, dijimos lo mismo. Por tanto, lo de Kyoto ha de servir para hacer
más patente esta necesidad, pero no es algo nuevo. El resultado ya lo
hemos visto.
Sobre el Consejo Nacional del Clima, me parece muy importante lo que nos
ha dicho, pero ha hecho una afirmación en su primera intervención que
luego ha repetido en la segunda. Más o menos ha dicho que el Consejo va a
analizar qué hay en el cambio climático. Se puede analizar no para llegar
a un mayor convencimiento del problema, sino a lo que puede afectar al
territorio del Estado el cambio climático, pero siempre y cuando no
suponga un retraso en la adopción de medidas, porque las evidencias --lo
decíamos anteriormente-- son suficientes. Según el panel de
internacional, 2.500 científicos emiten un informe en el año 1996 y nos
dicen cosas tan importantes como que en el siglo XXI la temperatura media
del planeta se va a incrementar en 3,5 grados; y para establecer una
comparación, nos dicen, a su vez, que hace 15.000 años, en la última
glaciación, la disminución de la temperatura en relación a la actual era
de 3/5 grados; por tanto, un incremento de 3,5 grados es muy importante.
Nos ponen de manifiesto también cuáles van a ser las consecuencias,
algunas que nos afectan muchísimo a nosotros, como ha dicho algún
interviniente: inundación de zonas costeras, en un país como el nuestro,
eminentemente turístico, es fundamental; variaciones del clima, en la
agricultura las repercusiones son muy importantes; patrones climáticos
extremos, estamos hartos durante los últimos tiempos de batir récords,
señora ministra, el mes de febrero más caluroso de los últimos 35 años,
el mes de agosto más lluvioso --algo parece que está sucediendo--;
extensión del desierto, etcétera. Por tanto, que analicen, pero que no
pierdan el tiempo, que lo importante es tomar medidas.
Otra cuestión que creo que es importante es el hecho de que lo vaya a
presidir la ministra y que vayan a formar parte, me parece que nos ha
dicho, que hasta siete o nueve ministros. Está muy bien, pero que le
hagan caso y que se den cuenta de que el tema del cambio climático y el
del medio ambiente, ya para extendernos, es algo muy importante, porque
no es cuestión de criticar a su Gobierno, sino que es extensible a muchos
gobiernos de muy distintos ámbitos. Este tema no llega a ser todavía lo
suficientemente importante, porque no existe una conciencia suficiente de
que hay que actuar. Cambio climático, pero también medioambiental.
La semana pasada tuvimos un debate en esta Comisión de una ley que usted
nos mandó aquí, la tercera, si no recuerdo mal, la Ley de Residuos, e
incluimos una disposición final creando por primera vez una ecotasa
circunscrita al tema de los aceites usados. Todos sabemos que hubo
sangre, sudor y lágrimas para poder incluir una enmienda de esta clase y
parece ser que no vamos a entrar en Maastricht por incluir una previsión
de este tipo.
Es decir, llegamos al convencimiento de que, quizás, habrá que revisar
los planes de estudio en las escuelas de economía o de negocios, porque
hay una visión absolutamente unilateral o muy cerrada de lo que es el
crecimiento. Y los responsables económicos de todos los gobiernos, no
sólo del suyo, deben empezar a creerse esto que usted afirmaba, que es
muy importante: el tema del crecimiento sostenible como un elemento
fundamental del bienestar social. Bienestar social no es sólo crecimiento
económico, sino que es mucho más.
Otra cuestión con la que no estoy de acuerdo con usted es el tema del 17
por ciento. Nos decía que el Gobierno español nos lo pidió. Como usted
misma ha dicho muy bien, usted no estaba aquí, quiero decir que no estaba
aquí trabajando en temas de medio ambiente en la anterior legislatura y
seguramente la señora Urán tampoco, pero yo sí que estaba y recuerdo la
génesis. Es decir, el Gobierno español solicitó un incremento de las
emisiones y, además, fue tema de debate reiterado en esta Comisión.
Además, el señor Borrell, cuando conseguimos el incremento del 17 por
ciento, nos lo vendió como un éxito y nos riñó a los que teníamos alguna
duda al respecto. Por tanto, sí que lo pidió el Gobierno español en su
momento.
No me voy a perder en un tema que ya hemos tratado, que es cómo va a
afectar a la redistribución interna de la Unión Europea el acuerdo de
Kyoto. En todo caso, sí que reclamo una vez más que cualquier límite
máximo que nos permita la Unión Europea sea tenido simplemente como un
límite máximo y que todo el esfuerzo del Gobierno vaya en conseguir una
reducción muy superior a la autorizada.
Le recuerdo que en relación con la proposición no de ley el Gobierno
tiene la obligación de presentar un programa de eficiencia energética de
la edificación, de eficiencia energética en vehículos, una estrategia de
reforestación y una serie de medidas de apoyo a las energías renovables,
y esto vamos a tener que plantearlo también de aquí a tres meses.
Por último, tenemos un problema --coincido igualmente con usted-- de una
baja conciencia todavía social en el tema del medio ambiente. Esta baja
conciencia va acompañada muy a menudo de una poca autoexigencia en este
tema. Creo que todos podemos hacer algo para extender esta conciencia y
para extender asimismo la actuación por parte de los gobiernos. Yo quiero
recordar, simplemente lo dejo dicho en esta Comisión, que usted se
refería a las competencias que tienen las comunidades autónomas. Pues
bien, ha salido un estudio muy reciente donde se dice que la comunidad
autónoma que más invierte en medio ambiente, pero no sólo globalmente,
85.000 millones de pesetas, sino también por habitante y en función de la
extensión territorial que tiene, es Cataluña y que la que menos invierte
es Madrid. No utilicemos un parámetro simplemente
global, porque hay otros elementos a considerar, pero también quiero
decir que en el tema del cambio climático las comunidades autónomas no
que invierten muy poco, sino que no invierten nada para combatirlo, es
decir, para mejorar la calidad de la atmósfera, son Andalucía, Canarias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y La Rioja. O sea, que
aquí hay de todo, es algo que es extensible y yo, en cualquier caso, como
miembro del partido que gobierna en Cataluña, ofrezco toda nuestra
experiencia en este tema que, por lo que se deduce de los datos, vamos un
poco más adelantados.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, le pediría que fuera incluso más breve
que el portavoz que le ha precedido en el uso de la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Voy a ser muy breve, entre otras cosas porque el
señor Recoder ha hecho hincapié, fundamentalmente, en algunos temas que
compartimos como grupo parlamentario y que por lo tanto, no voy a
reiterar, aunque me sume a una parte de su intervención.
Señora ministra, no voy a repetir lo que ha dicho el señor Recoder, pero
la demanda que se ha hecho por parte del Estado español del aumento de
las emisiones de gases de efecto invernadero ha quedado fundamentalmente
ahí, por mucho que usted lea el acuerdo de la Comisión. Le tengo que
recordar que las comisiones de ministros son parte de los gobiernos del
Estado y, por tanto, de la Unión Europea. Los ministros representan a sus
Estados y no creo que ninguno vaya a mantener una posición distinta de lo
que piense el resto del Gobierno. Representan al Gobierno y, por lo
tanto, es lo que defienden.
Con independencia de esto, señora ministra, usted hablaba de que la
opinión pública ha de ser corresponsable y de actuar de manera
medioambientalmente correcta, además de que la conciencia de los
gobiernos tenga que aumentar. Le pongo un ejemplo, señora ministra. Como
decía el señor Recoder, estamos terminando el debate de la Ley de
Residuos en esta Cámara, proyecto de ley que ustedes nos han traído.
Simplemente quiero decir que, cuando se ha planteado que se haga una
recogida selectiva de los residuos en origen, que significa única y
exclusivamente que las personas, las viviendas, que todo el mundo haga
como mínimo dos selecciones --la materia orgánica por un lado y el resto
por el otro--, se ha negado esa posibilidad y se argumentaba que
tendríamos que tener unas determinadas infraestructuras que hoy no se
poseen y que la gente no iba a entender el tener no sé cuántos bidones o
no sé cuántos cubos de basura en su casa.
Señoría, está claro que la opinión pública no se sensibiliza única y
exclusivamente porque se aprueben leyes. Pero las leyes contribuyen a que
la opinión pública, a que las personas en general tomen de una manera más
rápida conciencia de la necesidad de respetar en mayor medida el medio
ambiente. No son incompatible, sino todo lo contrario, son suplementarias
y complementarias, junto con una mayor información y junto con un
planteamiento mucho más amplio en cuanto a los programas de
sensibilización de cara a la opinión pública. Si concienciamos a la
opinión pública pero no le ponemos los medios para que practique aquello
que le estamos diciendo que tiene que practicar, difícilmente lo van a
poder llevar a la práctica, a no ser que se las ingenien y se lo terminen
montando ellos por su propia cuenta.
Es necesario que avancemos en ese sentido. Pero es necesario y, desde
luego, lo quiero reiterar, porque me parece totalmente importante, a
través del Consejo Nacional del Clima. Con esto, señora ministra, no
quiero decir que no se tenga que ser riguroso en los planteamientos, que
no se tengan que analizar las situaciones, que no se tengan que hacer
estudios económicos. Tenemos información suficiente para empezar a
plantear cuestiones concretas y específicas y sólo se nos dice que vamos
a analizar, que vamos a ver, que vamos a estudiar. Sin embargo, el cambio
climático se está produciendo ya y lo que a nuestro grupo parlamentario
le preocupa profundamente es que con tanto análisis, con tanto estudio,
lleguemos al tiempo en el que tendríamos que estar aplicando políticas
decididas y contundentes sin tener todavía los análisis terminados, los
estudios realizados, esperando a ver qué es lo que sucede en el resto del
mundo.
Por último, está claro que los protocolos, las cumbres, cuando los
Estados los firman y los ratifican son de obligado cumplimiento. Si
nosotros estamos convencidos, como Estado que forma parte de la Unión
Europea, de que es necesario tomar medidas y actuar, no tendremos por qué
esperar a que se tenga que firmar el protocolo. Podemos empezar a tomar
esas medidas sin necesidad de que se tengan que adoptar de manera global
por todos los países. Seamos serios en estos temas y, a pesar de los
pesares, empecemos a actuar como usted decía, señora ministra, ya, y
empezar a actuar ya significa tomar medidas ya.
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, con toda brevedad, por favor.
La señora NARBONA RUIZ: Muy breve, porque me sumo a todas y cada una de
las afirmaciones que han hecho el señor Recoder y la señora Urán y quiero
añadir alguna más.
Oyendo hablar a la señora ministra parece que, a partir de la cumbre de
Kyoto, ha comenzado a generarse una posición europea en el ámbito
internacional y ha comenzado a incorporarse el desarrollo sostenible en
las agendas de los países más desarrollados. Ni lo uno ni lo otro son
ciertos, señora ministra.
Los países de nuestro entorno, con los cuales tenemos que converger no
sólo en la tasa de inflación o en el tipo de interés, desde hace mucho
tiempo tienen en marcha programas de desarrollo sostenible, aplicar
impuestos ambientales, así como medidas de incentivación, que no de
imposición, de toda una serie de elementos absolutamente básicos para
prevenir el cambio climático. No hace falta en absoluto esperar ni a
nuevas reuniones, ni a nuevos trabajos para demostrar la voluntad
política de hacer lo que ya han hecho los países de nuestro entorno.
Muchas de sus medidas simplemente tendríamos que aplicarlas en España sin
grandes cambios. Luego me sumo a la petición de no
dilatar, con la excusa de un mayor rigor, la adopción de medidas
concretas.
Desde luego, la Unión Europea lleva mucho tiempo teniendo en las
reuniones internacionales --he tenido ocasión de representar a España en
varias de ellas-- una voz común. En Basilea, en el protocolo de Montreal,
en el protocolo de Biodiversidad, la Unión Europea ha tenido una sola
voz; por cierto, una voz generalmente bastante más ambiciosa y de ello
nos tenemos que congratular. Formar parte del espacio europeo en absoluto
puede servir como un pretexto para que, hasta que no se sepa cuánto nos
toca, no se adopten medidas concretas, no se creen órganos que en el
fondo son la continuación de otros que ya existieron.
Usted no me ha contestado en absoluto --no puede hacerlo-- por qué este
Gobierno se gasta menos dinero que los anteriores en repoblación forestal
ni por qué se ha perdido dinero de la Unión Europea en esta materia.
Supongo que no será porque usted no quiere imponer que haya árboles,
porque, naturalmente, cuando habla de que su Gobierno no quiere imponer
medidas, yo me temo que lo que no quiere es tomar decisiones, y no
digamos ya emplear recursos presupuestarios, puesto que la incentivación
nunca es una imposición. Se puede y se deben hacer cosas desde la
responsabilidad estatal que usted tiene, complementando por supuesto los
esfuerzos que se hagan desde las comunidades autónomas.
Me resulta sorprendente que diga que hay que hacer estudios. También me
llama mucho la atención que diga que no existen cuando hay muchísimos.
¿Cómo puede saber usted entonces que un incremento del 17 por ciento
respecto a los niveles de 1990 supone un esfuerzo enorme para España si
todavía no tenemos los datos precisos para tomar otras decisiones?
Tampoco es cierto que el reparto de la carga no es algo que solicitó el
Gobierno español. Es verdad lo que dice el señor Recoder. El Gobierno
español en la etapa socialista pidió que se tuviera en cuenta el criterio
de reparto de carga. Ese reparto de carga ha llegado a incorporarse en
los parámetros de consenso de la Unión Europea, pero en absoluto un
reparto de carga puede significar como equivalente el objetivo de un
gobierno en materia ambiental, sino un límite máximo. Insisto que en
estos momentos, con lo que hemos firmado, nuestro límite no debería ser
tanto el que fije el conjunto de la Unión, sino esa reducción del 8 por
ciento que aparece claramente como compromiso subsidiario de España en el
artículo 4.8.
Por último, señora ministra, me alegro que dé usted tanta importancia a
las reuniones internacionales. Le aconsejo que le dé más porque España
está perdiendo protagonismo en toda una serie de cuestiones de ámbito
internacional, la Unión Europea y otros organismos internacionales, ya
que el Ministerio está representado en esas reuniones muchas veces con
personas que no tienen ninguna capacidad de decisión. Eso cuando acuden a
las reuniones; reuniones de alto contenido técnico y político en las que
España está pasando desapercibida cuando no está ausente. Por lo tanto,
bienvenida la importancia que da a las reuniones internacionales porque
es necesario que haya mayor presencia de España, entre otras cosas para
cuestiones como las que usted misma mencionaba de un proyecto de
directiva europea, que si no hay una posición del Gobierno español
suficientemente consistente significará problemas gravísimos para la
agricultura española en cuanto a la repercusión de todos los costes del
agua en el contexto europeo.
Señora ministra, ni es la primera vez que la Unión Europea tiene una voz
común, ni es la primera vez que hay compromisos de desarrollo sostenible.
Ahí tiene el programa de desarrollo sostenible, que está en vigor en
Holanda desde hace bastantes años; ahí tiene las ecotasas y ahí tiene
tantas otras cosas que se pueden y se deben hacer. No se ampare usted en
que a partir de ahora hay que estudiar cómo están las cosas y escuche a
los representantes de los distintos grupos políticos que en esta Comisión
le han manifestado antes que yo su valoración crítica de una intervención
en donde lo único que ha aportado el Gobierno es la creación del Consejo
Nacional del Clima.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Intentaré
ser breve, aunque vuelven a salir cantidad de temas.
Señor Recoder, yo no podré decir nunca que se haya conseguido implicar el
concepto de desarrollo sostenible en todos los gobiernos. Pero sí le digo
que la sensibilidad que hay ahora hacia el desarrollo sostenible en los
gobiernos es mucho mayor, no le voy a decir que hace muchos años. Desde
que yo empecé a darme cuenta de los temas de medio ambiente, hace
dieciocho o veinte meses, no existía esa necesidad de implicación en las
demás políticas sectoriales de los temas de medio ambiente, no solamente
en España. No había un ministerio específico de medio ambiente, único
país de la Unión Europea que no lo tenía (en esa línea de converger ahí
parece que no pensábamos converger), y ni siquiera existía la necesidad
de hablar de política medioambiental en las demás políticas sectoriales.
Por tanto, esa prioridad va entrando.
Para no repetirme continuamente me voy a remitir también al «Diario de
Sesiones», donde muchas de las cosas que SS. SS. acaban de contemplar
ahora mismo están ya recogidas en esta mañana. Quiero decirle que esa
cumbre de Kyoto ha sido un avance en esas políticas sectoriales influidas
del medio ambiente, en cuanto que uno de los principios claros de la
presidencia británica es lo que llaman Green Europe, es decir, poner
verde Europa, darle un cariz medioambiental a la Unión Europea. Ese es
uno de los objetivos prioritarios de la presidencia británica en este
momento.
Desde luego, he reconocido que no me ocupaba desde hace unos años de la
política medioambiental, aunque sí de los temas europeos, pero no creo
recordar que ninguna presidencia europea haya dado tanta prioridad a los
temas medioambientales, luego creo que es un avance que antes no existía.
Le he puesto tres ejemplos concretos. El primero, que este mismo semestre
vamos a tener dos consejos de ministros conjuntos, Transporte y Medio
Ambiente, y también es nuevo. El segundo, que va a haber entre los
ministros de
Industria un debate abierto sobre la incidencia de la política industrial
y energética con el cambio climático, que creo también es consecuencia de
Kyoto. El tercero, no sólo que ya está en el Ecofin la armonización
fiscal, que ya lleva muchos años hablándose de ella, sino cómo podemos
replantearnos seriamente desde Europa una fiscalidad ambiental. Por
tanto, creo que esto es lo que me da a mí esa esperanza --no he dicho que
se haya conseguido-- de que se esté hablando más de desarrollo sostenible
que lo que se hablaba hace un tiempo.
Yo misma he reconocido la importancia del cambio climático en países
también como España que tiene 8.000 kilómetros de costas. Por tanto, he
hablado de islas que pueden desaparecer y hemos estado reunidos con ellos
en Kyoto. Vuelvo a reiterar que estamos tomando medidas en esa línea.
Ha reconocido usted, y es cierto, que todos los ministros de Medio
Ambiente, en cuanto nos dejan actuar en los respectivos gobiernos --y
esto es un tema recurrente en todos los consejos de ministros de la Unión
Europea--, acabamos siendo, si se me permite la expresión, los ministros
non gratos de cada gobierno. Sin querer influir ni entrar directamente en
competencias que no nos atañen directamente, sin embargo sí que tiene una
gran repercusión todo el concepto de desarrollo sostenible en todas y
cada una de las políticas sectoriales que pone en marcha cualquier
gobierno.
Creo que se está consiguiendo mayor sensibilidad hacia un cambio
ambiental. Les puedo garantizar la sensibilidad del actual presidente del
Gobierno al crear el Ministerio de Medio Ambiente, que es el mayor apoyo
con el que esta ministra cuenta en ese gabinete para poner en marcha
políticas ambientales. Un simple ejemplo fue que, con los muchos temas
que se pueden tocar a la salida de un Consejo de ministros, el día que se
creó el Consejo Nacional del Clima estuve dando cuenta personalmente de
ese acuerdo en la rueda de prensa posterior. Si este Gobierno no tuviera
ninguna regulación con los temas medioambientales, cualquier otro tema
podía haber sido materia específica de esa rueda de prensa en aquel
Consejo de ministros.
Creo que ya he dicho --me remito al «Diario de Sesiones» de hoy-- que
comprometo mi palabra, y desde luego mi gestión mientras sea ministra de
Medio Ambiente, en que siempre hablaremos de un límite máximo, el
equivalente al más 17 por ciento de emisiones de CO2; pero como quiero
ser rigurosa, también les digo que no se podrá contabilizar el más 17 por
ciento, porque, reitero, no sé si es la quinta o la sexta vez, ni será el
mismo calendario, ni será con los mismos gases, ni será con emisiones
brutas. Yo estoy hablando de emisiones brutas, no de emisiones netas. Por
tanto, hablaremos y tendrán ustedes puntual información de todas las
negociaciones que se vayan produciendo en los distintos consejos de
ministros de la Unión Europea.
Señora Urán --y también contesto a la señora Narbona-- en ningún momento,
y me remito a lo que ya he dicho en esta mañana, España ha demostrado que
va a esperar a que se firme el protocolo, entre en vigor el mismo, se
desarrollen los elementos de flexibilidad del protocolo para, a partir de
ahí, tomar medidas. Esta es una afirmación que usted y la señora Narbona
han hecho, pero, desde luego, nosotros no estamos dando largas, lo que
estamos es poniendo en marcha ese Consejo Nacional del Clima,
estableciendo grupos de trabajo y cuanto antes tengan esas políticas
claras, que tienen que ser transmitidas después a quienes tienen la
gestión ambiental como competencia las desarrollen. No es que haya que
ridiculizar el concepto de imposición, como ha querido hacerse, pero hay
que ser totalmente respetuoso con el Estado de las autonomías que está en
la Constitución española del año 1978, y no siempre esto se ha respetado.
Hay algunas leyes que incluso han sido declaradas inconstitucionales; yo
me he encontrado con dos de ellas, la Ley de Costas y la Ley 4/1989, que
eran inconstitucionales por no respetar las competencias específicas de
las comunidades autónomas. No sé si lo que se pretende es que no se pida
a este Gobierno ese tipo de intromisión en competencias ajenas. Por
tanto, estamos trabajando en esa línea de poner en marcha, cuanto antes,
esas medidas que, evidentemente, tiene que conocer también la opinión
pública, y vuelvo a reiterar, evidentemente, tiene que tener también los
medios para ponerlas en macha; medios que, en lo que corresponda al
Gobierno de la Administración central, los pondremos en marcha, pero,
reitero --y no es echar balones fuera--, sabe S. S. muy bien cómo las
competencias de gestión medioambiental están en los ayuntamientos y en
las comunidades autónomas.
Me sorprende que S. S. pueda afirmar, tan categóricamente como lo ha
hecho, que la Ley básica de Residuos niega la recogida selectiva de
residuos, cuando lo primero que hemos hecho es aplicar la Ley de envases
correctamente y va a entrar en funcionamiento el 1 de mayo de 1998 con el
desarrollo reglamentario que estamos finalizando en estos días. Por
tanto, creo que se establece esa recogida selectiva en origen, de un tipo
de basuras concreto. Y lo que me sorprenden aún más es que se nos pueda
criticar, como hacía antes la señora Narbona, que no haya un plan
nacional de residuos sólidos urbanos y muchas más cosas, cuando ni
siquiera se habían preocupado en España de actualizar la legislación
básica de residuos y de tener una ley básica de residuos al día, pues en
algunas materias se aplicaba una legislación del año 1975 que sigue en
vigor mientras no tengamos aplicada la ley cuyo proyecto estamos
debatiendo estos días en la Cámara.
Señora Narbona, creo que usted a lo mejor no ha llegado a la primera
parte de mi intervención; por no repetirlo ahora, si tiene tiempo,
reléala, porque justamente he empezado reconociendo cómo es en el año
1990, cómo se inicia el mandato de Berlín en el año 1995, cómo se
consigue toda una serie de acuerdos en consejos de ministros en el año
1995. Por tanto, que me diga usted que oyéndome a mí parece que he
descubierto el convenio del cambio climático o que me lo he inventado, la
verdad es que cualquier parecido con la realidad aquí no va a ser ni
siquiera mera coincidencia, señora Narbona. Por tanto, ya que no me
escuchó antes, le reitero que se lea mi intervención con la atención que
usted quiera prestar a la importancia que tiene el ámbito internacional
en política medioambiental para este Gobierno y, concretamente, para la
ministra que
les habla que, como sabe usted, mis competencias parlamentarias,
casualmente, estuvieron en el área de la Unión Europea y por eso tengo
una sensibilidad real, no eufemística. Lo primero que hemos hecho, cosa
que parece que al Gobierno anterior no le daba tiempo, es trasponer
directivas comunitarias, porque se puede hablar mucho de convergencia y
de convergencia ambiental, señora Narbona, pero cuando no se converge en
el cumplimiento de directivas comunitarias, cuando se dejan sin trasponer
directivas comunitarias año tras año y se aceptan hasta dos sentencias
condenatorias por no cumplir alguna directiva comunitaria, la verdad es
que hablar de convergencia ambiental deja bastante que desear. Nosotros
nos hemos puesto al día en directivas en tema de residuos y estamos
actualizando algunos de los problemas que habían planteado algunas
sentencias, como es concretamente la del caso de Santoña, y estamos
consiguiendo que la Unión Europea se dé cuenta de que hay otros modos y
otra sensibilidad ambiental en este momento.
Me sorprende que usted quiera hacer una cierta demagogia con el concepto
de imposición estatal y la repoblación forestal. Su señoría debe conocer
también que una gran competencia en repoblación forestal la tienen el
Ministerio de Agricultura y parte las comunidades autónomas. Por tanto,
creo que S. S. debe estar al corriente de cómo no se van a perder esos
fondos comunitarios y, sobre todo, cómo estamos trabajando en esa
estrategia de política forestal que, como les he comentado, el 21 de
marzo podrán conocer ustedes.
Cuando he hablado de que no hay estudios, sé bien lo que estoy diciendo;
no hay estudios de futuro de los impactos que produce el aplicar
determinadas medidas, y para aplicar determinadas medidas y ser realistas
en la consecución de esos objetivos tenemos que saber de qué medios
disponemos, desde las mejores tecnologías disponibles hasta cualquier
tipo de instrumentos legales a nuestro alcance, no solamente de
legislación básica, sino contando con las comunidades autónomas y con los
ayuntamientos para que las medidas, cuando se pongan en un plan
plurianual de estrategia frente al cambio climático, tengan el realismo
de que son asumibles, eso sí, ambiciosas, pero desde luego asumibles. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
De la directiva del agua precisamente soy yo quien ha hablado, señora
Narbona, y no porque a partir de hoy, porque S. S. me lo sugiera, yo vaya
a dar importancia a la política internacional en materia medioambiental,
sino porque llevamos trabajando mucho tiempo, desde los primeros
borradores de esa directiva, concretamente la del agua, a la que me he
referido a la entrada en esta Comisión. Concretamente, la primera lectura
la hizo el Consejo de Ministros de la Unión Europea en marzo de 1997 y
ahí ya pude manifestar cómo realmente no todas las situaciones son
homologables, y para hablar de calidad de las aguas hay que tener muy en
cuenta la cantidad de esas aguas. No se podrá hablar de igual calidad de
aguas si no se contempla la situación climatológica que tiene España, de
una España húmeda y de una España seca, puesto que no se podrán mantener
igualmente los caudales ecológicos con el mismo concepto de limpieza y de
pureza ambiental en el caudal ecológico en años de sequía que en años
como los que actualmente estamos disfrutando a esos efectos.
Y lo mismo ocurre en relación al coste que usted planteaba, que también
fue una, no de las quejas, de las observaciones que planteó seriamente
España, porque la posibilidad de --si me permite la expresión-- tener el
agua a pie de grifo, sin ninguna necesidad de obras de regulación para
llegar a esos límites que necesitamos en España para el abastecimiento,
para regadíos, para usos industriales no es la misma en España, que
necesitamos un 40 por ciento de regulación, que lo que necesita la Unión
Europea para tener esas necesidades de abastecimiento, de regadíos
industriales, satisfechas. Por tanto, es lógico que en esa situación los
costes sean más elevados en España y en algún otro país comunitario, que
en otros países que no tienen que establecer ninguna obra de regulación,
y también de todo esto se está hablando. No tenga duda S. S. de que los
técnicos nos representan en la Unión Europea, pero si usted se refiere a
que no vamos a los consejos de ministros o no vamos a las reuniones de
directivos llevando muchísimos técnicos que al final no tienen más que
hacer que el hecho del viaje --inclusive luego, a lo mejor, se dejan los
viajes sin pagar--, créame que esa política de austeridad este Gobierno
sí que la ha puesto en marcha, y por eso se va a las reuniones con los
técnicos adecuados, ni uno más, pero tampoco ni uno menos; se lleva un
informe de qué es lo que España va a plantear y se trae un informe de
cuáles son los acuerdos tomados globalmente. Quizá por eso S. S. ha visto
mermada la masiva representación que, en otros casos, acudía a esas
reuniones internacionales, pero le aseguro que la austeridad en el gasto
al final redunda en beneficio de todos los ciudadanos, porque las
políticas se ponen en marcha, se atienden esos compromisos y ese gasto,
que no se desarrolla en innecesarios viajes de muchas más personas,
redunda luego en otro tipo de investigaciones y de puesta en marcha de
políticas que son las que nos hacen falta para aumentar la conciencia
social.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--CONCLUSIONES DE LOS INFORMES SOBRE LA ROTURA DEL DEPOSITO DE AGUA DE
MELILLA. A PETICION PROPIA (Número de expediente 214/000065).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión con el debate del
siguiente punto del orden del día que se refiere a las conclusiones de
los informes sobre la rotura del depósito de agua de Melilla. Es una
comparecencia de la señora ministra hecha a petición del propio Gobierno.
Tiene la palabra, señora ministra, aunque si quiere, suspendemos la
sesión.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Agradezco
esa posibilidad que me daba el señor presidente de interrumpir la sesión.
Habida
cuenta de que ya ha avanzado tanto la mañana y la comparecencia que ahora
voy a tener ante ustedes también tiene un gran interés y no quiero
demorar mucho esta amabilidad de SS. SS. para continuar aquí en horas que
no son a lo mejor muy de trabajo, voy a empezar ya con la siguiente
comparecencia, que se refiere a la rotura del depósito de Melilla.
Quiero decir a SS. SS. que comparezco de nuevo ante esta Comisión de
Medio Ambiente con el objeto de seguir informando, tal y como me
comprometí, al Parlamento sobre los lamentables sucesos que acaecieron en
la ciudad de Melilla el 17 de noviembre del pasado año como consecuencia
de esa rotura del depósito de agua que estaba ubicado en esa ciudad.
Igualmente querría explicarles cuáles están siendo las medidas que ha
venido adoptando el Ministerio de Medio Ambiente desde esa comparecencia.
Ante todo, y antes de seguir avanzando, quisiera volver a expresar mi
solidaridad con quienes sufrieron en sus personas y en sus bienes las
consecuencias del citado hecho, porque lamentablemente tenemos la
tendencia de que se vaya borrando en el tiempo el recuerdo de aquellos
que se ven seriamente afectados por esos sucesos; las imágenes de las
catástrofes que nos impactan en un momento determinado, y concretamente a
quien les habla --tuve la ocasión de ver las consecuencias de esa
catástrofe en la misma tarde del día del trágico suceso--, acaban casi
convirtiéndose en el fotograma de una película vieja que tendemos a
olvidar. Por eso yo creo que es bueno intentar actualizar siempre en
nuestra mente dichos recuerdos, y cuando hablemos de estos hechos
conviene que los tengamos muy en cuenta para tratar de que nunca jamás
vuelvan a producirse.
Las palabras de mi anterior comparecencia celebrada a los escasos ocho
días de que ocurriera el siniestro fueron las primeras de todas ellas
para transmitir mi preocupación por impulsar el esclarecimiento total de
las causas de este suceso. Ese fue mi principal deseo entonces, lo ha
sido durante estos dos últimos meses y lo sigue siendo en la actualidad.
En dicha comparecencia ya indiqué que, en base a la información
disponible en dicho momento, se deducía sin ningún género de dudas que el
origen del accidente había sido exclusivamente un fallo humano. En
consecuencia, eliminaba cualquier causa natural, aunque a priori no
debería descartarse ninguna hipótesis. Las responsabilidades más
importantes eran las de índole penal, cuya investigación y
esclarecimiento compete a la autoridad judicial. En este sentido, como
conocen SS. SS., se están tramitando en el Juzgado de Instrucción de
Melilla número 3 las diligencias previas 1.808/97.
La presunción de inocencia, principio recogido en nuestra Carta Magna y
soporte básico de cualquier Estado de Derecho, nos obliga
consecuentemente a ser muy respetuosos con el trabajo que en el citado
procedimiento penal se está llevando a cabo. En este sentido, una vez
más, el Ministerio que dirijo manifiesta expresamente su compromiso de
colaborar con plena dedicación y total transparencia, poniéndose de nuevo
a disposición de la autoridad judicial para cualquier actuación que de
los servicios centrales del Ministerio o de los organismos que de él
dependen se demanden. Este respeto a la autoridad que viene actuando no
debe sin embargo impedir que como titular del departamento de Medio
Ambiente comparezca ante el Parlamento para explicar lo que desde la
Administración del Estado creemos que ha sucedido y, lo que aún es más
importante, para poner en conocimiento de SS. SS. las actuaciones que
como Administración pública hemos desarrollado ya, cumpliendo de este
modo el compromiso que asumí ante SS. SS. en mi comparecencia el 25 de
noviembre. Creo que de este modo queda demostrado que nuestro aparente
silencio durante estos dos meses no ha sido sinónimo de pasividad o
desinterés, sino más bien fruto de un intenso trabajo, sin interferir,
eso sí, lo más mínimo, en la importante labor que desde el ámbito
judicial se está desarrollando y a la que, permítanme que lo diga con
toda humildad, creo hemos contribuido, tratando de hacer llegar a la
opinión pública nuestra firme voluntad de conseguir la mayor
transparencia en el análisis de los hechos y en la fijación de las
responsabilidades que fuese necesario establecer, voluntad que se ha
visto confirmada por nuestros actos.
Debe pues quedar claro que mi comparecencia en el día de hoy no puede en
ningún momento considerarse como una intromisión en el actuar judicial ya
que, como es obvio, no corresponde ni al Ministerio ni tampoco a esta
Comisión fijar responsabilidades de índole penal y sí en cambio está
justificada mi comparecencia en el compromiso de responder a lo que asumí
ante SS. SS.: comparecer de nuevo en cuanto tuviera más datos que juzgara
de interés para esclarecer definitivamente lo ocurrido y derivar las
correspondientes responsabilidades a que hubiera lugar, al margen de las
responsabilidades penales. Comparezco por ello de nuevo ante las Cortes
Generales, representación genuina del pueblo español, una de cuyas
funciones es la de controlar la actuación del Gobierno, para informar
sobre los hechos que, en función de los datos que obran en poder de la
Administración, explican la rotura del depósito de Melilla, hechos que
entendemos justifican las actuaciones que el Ministerio viene adoptando.
Como recordarán SS. SS., el 25 de noviembre puse en su conocimiento que
el director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, a
indicación mía, había encargado al Instituto Técnico de Materiales y
Construcciones --Intemac-- y al Centro de Estudios de Experimentación de
Obras Públicas --Cedex-- sendos trabajos, que tenían como finalidad
determinar las causas técnicas del fallo ocurrido en la infraestructura
del depósito. Tratándose de dos centros de tan alta cualificación
profesional y pudiendo constatar sus resultados, era previsible que sus
análisis tuviesen un alto grado de fiabilidad. En aquellos momentos, el
25 de noviembre, una semana después de producirse los tristes
acontecimientos de Melilla, las afirmaciones que se hicieron ante esta
Comisión eran fruto de los primeros trabajos realizados en una simple
visión ocular. Sus conclusiones eran, en consecuencia, provisionales. Hoy
los trabajos ya se han terminado y sus conclusiones son, pues,
definitivas, según lo expresan los citados informes. Por ello, mi deseo
es que el contenido de dichos estudios no quede únicamente en poder del
Ministerio de
Medio Ambiente, para lo cual en este acto, y por eso estaba pidiendo que
se me acercaran a la mesa, pongo a disposición de SS. SS. el contenido de
ambos informes, tanto el elaborado por el Cedex como el elaborado por
Intemac, dejando la documentación referente a los mismos en poder del
presidente de la Comisión en este acto. Ambos informes, de gran
complejidad técnica como pueden juzgar SS. SS. simplemente ya por el
volumen de los mismos, son coincidentes en las conclusiones a las que
llegan, lo que nos proporciona una exacta descripción de lo que ocurrió y
una precisa información de los fallos que motivaron la rotura del
depósito.
Del contenido de dichos informes se desprende, en primer lugar, que la
cronología de los hechos fue la siguiente. El primer proyecto fue
aprobado técnica y definitivamente por la Confederación Hidrográfica del
Sur en el año 1990, con una capacidad de almacenamiento de 50.000 metros
cúbicos y con un presupuesto de ejecución que ascendía a 563.645.888
pesetas; consistía en un depósito semienterrado de hormigón armado
ejecutado in situ. La Dirección General de Obras Hidráulicas, tras
declarar temeraria una oferta realizada por otra empresa constructora,
adjudicó la obra en la cantidad de 442.688.499 pesetas el 8 de abril de
1992. El 30 de ese mismo mes se firmó el contrato y se designó al
director de la obra. El 29 de mayo se realizó el acta de replanteo y se
ordenó el comienzo de las obras al contratista. Al poco tiempo de
iniciarse las obras --es decir, seis meses más tarde--, el 23 de
noviembre de 1992, la empresa constructora a la que se había adjudicado
el proyecto presentó a la Administración una propuesta de modificado, que
justificó en base a los siguientes argumentos. En primer lugar, porque
estimaba que era necesario salvar unas galerías que aparecieron durante
la ejecución del desmonte de las zonas a las que afectaba la ubicación
del depósito. En segundo lugar, consideraba aconsejable emplear
estructuras prefabricadas de hormigón armado en la construcción del
depósito, dadas --añadía-- las características peculiares de Melilla, en
donde, al no existir áridos, es necesario recurrir a suministros de la
zona marroquí, que no son de la calidad adecuada para las características
del proyecto y ni siquiera podía estar garantizado su suministro. En
tercer lugar, entendía conveniente simplificar la solución de la
cubierta, adaptándola --decía-- a las necesidades reales de funcionalidad
para las condiciones exigidas. Y, en cuarto lugar, consideraba necesario
reajustar los diámetros de las tuberías, tanto de llegada como de salida
del depósito. La desviación presupuestaria de estas modificaciones
suponía un total de 23.099.798 pesetas.
Como se puede apreciar, el sistema ofrecido como variante del depósito
--lo que a partir de ahora se llamará el proyecto modificado número uno o
simplemente el proyecto modificado-- consistía básicamente en un depósito
construido con un sistema industrializado de elementos prefabricados de
hormigón. El ingeniero director de las obras solicitó autorización para
tramitar dicho proyecto modificado el 23 de noviembre de 1992 y el 9 de
diciembre de ese mismo año el director técnico de la Confederación prestó
su conformidad al informe del director de las obras y lo propuso a la
Dirección General, que autorizó la redacción del modificado el 22 de
abril de 1993 y lo aprobó técnica y definitivamente el 8 de noviembre del
mismo año 1993.
Sin que quede constancia en el expediente administrativo, en los informes
periciales que tienen delante SS. SS., y por las actuaciones que estos
institutos han realizado en estos dos meses, figura que el proyecto
modificado al que me vengo refiriendo fue preparado por una empresa
subcontratista de la entidad adjudicataria, que fue la que realizó los
cálculos estructurales que sustentan el nuevo proyecto. De hecho, este
proyecto modificado incluye como cálculos de estructura una fotocopia
--que es lo que su nombre indica: una fotocopia-- de los cálculos
facilitados por la empresa subcontratista a través de la empresa
adjudicataria, y la única excepción que se hace es borrar una frase; es
decir, del proyecto que pasa la empresa subcontratista se borra un frase
cuando se asume como proyecto modificado, y la frase es la siguiente: Las
conexiones empleadas no se justifican, puesto que son estándar en los
sistemas prefabricados y durante largo tiempo experimentadas en
situaciones reales. El 23 de abril de 1994, es decir, ni siquiera un año
más tarde, se terminó la obra y en diciembre del mismo año se puso en
carga el depósito.
Fijados estos antecedentes, los informes indican que los hechos que
motivaron la catástrofe se explican de la siguiente forma. El primer daño
se produjo en el fondo del cimiento del hormigón en el que se empotran,
por la parte inferior, los paneles prefabricados de la pared del
depósito. La causa de que esta estructura no resistiese la presión del
agua sobre el panel y de éste sobre la cimentación está en defectos
clarísimos del propio proyecto modificado, fundamentalmente dos. En
primer lugar, la previsión de una armadura rotundamente insuficiente en
el cimiento de hormigón. No creo que seamos ninguno expertos en la
materia, pero he traído un ejemplo gráfico que nos puede servir a todos.
Si en la zapata de cimentación tienen que figurar armaduras de este
grosor, lo que consta en la zapata de cimentación son armaduras de este
otro grosor. (La señora ministra muestra a la Comisión dos barras de
hierro de distinto grosor.) y colocadas a mucha más distancia en
centímetros de lo que tenía que haberse hecho, según las normas de
construcción propias de este tipo de infraestructura. Por tanto, el
primer error está en el cálculo de estas armaduras; el grosor de ambas es
lo suficientemente gráfico como para darnos cuenta de que aquí está la
clave del problema que se plantea en esta infraestructura, como se ve
cuando se produce la catástrofe.
Pediría que se ponga la primera transparencia porque gráficamente se ve
muy bien. El segundo grave error de cálculo se produce también en la
cimentación, y concretamente en la reducida dimensión del empotramiento
inferior del panel en la cimentación. Es decir, el panel del depósito
tiene que entrar en una garganta de empotramiento para que, junto a las
armaduras, si hubieran sido correctas, aguante, una vez que quede fijo,
esa presión que va a sufrir por el agua una vez lleno el depósito. Pues,
señorías, si la garganta del empotramiento tenía que haber sido de 60
centímetros, apenas alcanza los 30. Luego, segundo grave error en la base
de la cimentación, está clarísimo que es un
mal cálculo en ese diseño de estructuras. Ambos defectos constan en el
proyecto modificado al que me he referido, por lo que ya, desde este
momento, podemos decir que es un proyecto técnicamente incorrecto.
El tercer gran error es que, además de los defectos de proyecto en el
diseño de empotramiento de esas placas en la cimentación y además del no
correcto diámetro de las armaduras en esa zapata de cimentación, existen
otros defectos en el diseño y fallos en la ejecución de los enlaces de
los paneles con la cubierta superior del depósito. Aquí ya no hablamos
solamente de la cimentación. Hemos visto dos errores en la cimentación,
pero tenemos un tercer error, esta vez en la cubierta del depósito. Es
decir, la unión superior de los paneles con la cubierta está francamente
infradimensionada. O sea, que la concepción del detalle de unión entre el
muro y la losa de la cubierta también es inadecuada para las acciones que
debe transmitir. Luego veremos cómo también se colocaron unas armaduras
notoriamente insuficientes, que no constaban en el primer proyecto y se
colocaron, pero que, como también tenían un diámetro insuficiente,
tampoco sirvieron para solucionar el problema del error de cálculo que
existía en el primer proyecto. Pero, aparte de ese error de cálculo y de,
por tanto, no existir unas armaduras adecuadas para sujetar los paneles
con la cubierta, existían lo que se llaman defectos de adherencia; es
decir, que entre las armaduras y el hormigón de relleno existían esos
defectos de adherencia, igual que entre el hormigón de relleno y el
hormigón de la losa de cubierta, lo que significaba que entre el panel
central, que estaba haciendo la cara principal del depósito, que es lo
que luego cae, y la propia cubierta existía una grieta de unos dos
centímetros, por eso que se denominan defectos de adherencia. Ese es el
tercer gran error con el que nos estamos encontrando. Sin embargo, los
informes dicen que, aunque estos últimos defectos son muy graves --esta
no sujeción correcta de los paneles con la cubierta--, no hubieran sido
determinantes si no hubieran existido los dos graves errores de cálculo
en la cimentación. Es decir, que son precisamente los errores de cálculo
en la cimentación --el grosor de las armaduras y el escaso empotramiento
del panel en la base de cimentación-- los detonantes de la tragedia que
luego hemos vivido.
Si me ponen la segunda transparencia, quizá podamos ver cómo en algún
momento durante la construcción hay alguien que se da cuenta, porque no
existe ningún proyecto de otro modificado salvo del que les vengo
hablando, de que hace falta poner en marcha algunas modificaciones para
reforzar la solidez del depósito. Es decir, se dan cuenta de que, aunque
en el expediente no consta, hace falta modificar algo para reforzar la
estructura de ese depósito, porque algo puede estar fallando. Estas
modificaciones se diseñaron y se construyeron, según también consta en
los informes, mediante un encargo a la empresa subcontratista de la
entidad adjudicataria que, como les dije antes, era quien había realizado
los cálculos originales del proyecto modificado y el suministro, a su
vez, de los materiales prefabricados y el montaje. Se le encarga y esta
entidad subcontratista realiza una nueva memoria de cálculos
estructurales el 2 de julio de 1993, que se visa por el correspondiente
colegio profesional.
Me interesa referirme a estas modificaciones introducidas durante la
construcción, porque fueron fundamentales. En primer lugar, se produce un
recrecido del cimiento. Verán ustedes en la transparencia que en la parte
baja hay lo que se llama un dado o un tacón, eso es un recrecido del
cimiento que se hace con hormigón, como intentando incrementar esa
garganta, intentando incrementar la profundidad del empotramiento, y si
antes tenía 30 centímetros piensan que con eso se va a aumentar la
seguridad del empotramiento. Al apreciar esas omisiones o defectos graves
en el cálculo inicial del proyecto realizado, las armaduras que no eran
apropiadas y un panel alojado en una fosa de empotramiento escasa,
recrecen, es decir, hacen ese recrecido del cimiento para intentar que el
empotramiento tenga ya una garganta superior.
El segundo modificado que establece, del que tampoco hay constancia en el
expediente administrativo, es en el anclaje de las placas de cubierta con
los paneles de la pared del depósito, es decir, en la unión del muro con
la cabeza del forjado, que les decía antes no había armaduras de solape,
con lo cual no se garantizaba esa transmisión de la reacción horizontal
que tiene que llevar necesariamente el muro hacia el forjado una vez que
el agua presione sobre ese panel. Entonces se añade en esa unión del
forjado con el panel de fachada una armadura suplementaria para sujetar
ambas partes; lo que pasa es que exigía otro tipo de armaduras que no se
pusieron. Por otra parte, tampoco se solventaron esos defectos de
adherencias que antes les decía entre la armadura y el hormigón de
relleno y entre el hormigón de relleno y el hormigón de la losa de
cubierta.
Pero no solamente hacen ese modificado, sino que hay un tercero, y es que
a la losa superior de la cubierta le añaden también otra losa, o sea a la
cubierta le añaden otra losa como de unos cuatro o cinco centímetros de
espesor, intentando que también haga de capa de compresión en ese forjado
superior del depósito y suelde más con los paneles. Es el tercer
modificado que se establece, del que tampoco hay constancia.
Posteriormente se añade un cuarto modificado, que es un refuerzo de la
cara exterior de los paneles con armadura de malla y gunitado, porque
también aprecia un error de diseño en las armaduras de los propios
paneles que sostienen el depósito.
La realización de estas modificaciones no se reflejó administrativamente
en expediente alguno, y sin embargo les estoy hablando de un
reforzamiento de la obra en cuatro puntos vitales, se trata de cuatro
refuerzos estructurales que claramente están demostrando las deficiencias
encontradas durante la construcción y que no son reformas o modificados
para permeabilización, sino que van realmente a reforzar la estructura de
esa obra, lo que está demostrando unos fallos o unos problemas de
resistencia detectados y, sin embargo, como digo, no hay ninguna
constancia administrativa de que exista un expediente que autorice este
tipo de modificados, lo cual denota claramente que durante la
construcción se apreciaron defectos u omisiones en el proyecto que se
intentaron subsanar con medidas técnicamente
insuficientes, pues no fueron al fondo del problema que consistía, como
les he dicho antes, en la insuficiencia de las armaduras en la zapata de
cimentación para la presión que tienen que soportar y, por otra parte, en
el canal del empotramiento en el propio cimiento.
Como consecuencia de los graves defectos en la cimentación que acabamos
de comentar --me gustaría pasar a la transparencia 3, que es la secuencia
ya de toda la sesión--, la presión lateral del agua provoca una fuerza
que genera una fisura en el hormigón. He traído una regla, porque cuando
me lo explicaron lo vi muy gráfico, no sé si sabré hacerlo tan bien como
el ingeniero que me lo estuvo explicando. Si el panel hubiera estado
suficientemente empotrado y hubiera tenido las armaduras del diámetro
adecuado, si además los paneles con la cubierta hubieran estado
perfectamente soldados con las armaduras adecuadas, que tampoco existían,
el cálculo que se había hecho de cinco metros de altura de agua en este
depósito, que tenía que soportar 1,70 toneladas por metro lineal de
fachada, sería un correcto cálculo y lo hubiera soportado. En la medida
que empezamos con que aquí no hay armaduras adecuadas y vemos también que
no existe un empotramiento adecuado, lo primero que no encontramos es que
el panel, que no está firmemente sujeto por abajo, empieza a girar, y al
empezar a girar se duplica ya la fuerza horizontal que tiene que soportar
por la parte superior, y es cuando verán ustedes en la secuencia 2 que
empieza a cimbrearse el propio panel, empieza a ceder a la presión, y a
la parte superior del techo también le cuesta mucho más soportar ya la
sujeción con este panel, porque, si mal calculada estaba para haber
tenido un adecuado cimiento, imagínense ustedes la presión que también
tiene que soportar esa cubierta. Concretamente, si se preveía, les digo,
una fuerza de 1,70 toneladas por metro lineal de fachada, como fruto de
este movimiento que les he descrito y que queda realmente suelto por
abajo, la cubierta pasa a tener que soportar 3,50 toneladas por metro
lineal de fachada, es decir, se produce un incremento del 106 por ciento
sobre lo previsto, lo cual agota la capacidad de resistencia de las
conexiones de la parte superior de los paneles a la cubierta. Eso es lo
que ya definitivamente provoca la rotura de esas conexiones con mayor
rapidez de lo previsible, porque a los dos fallos del cimiento le
añadimos el tercer fallo de la cubierta, luego están clarísimos los
defectos de diseño y los defectos de ejecución.
Tras la rotura de las conexiones de la parte superior de los paneles que
les acabo de explicar, toda la fuerza del panel en ese momento vuelve a
recaer sobre el cimiento, un cimiento que ya estamos viendo empieza a
fisurarse y que se fractura, y por eso, cuando pasa la tragedia, se dan
cuenta de que esos tacones que se habían puesto de recrecimiento están
desplazados de la propia garganta, porque, al haberse producido un
movimiento de rotación, la fuerza del agua hace que simultáneamente a la
caída de la cubierta, porque no aguanta esa presión de la fuerza del
agua, el giro se produce de tal forma que el propio tacón, el recrecido
del cimiento, se desplaza completamente, y es cuando se produce el final
de la secuencia, que el panel sale despedido por la fuerza del agua, se
desplaza incluso a 200 metros, uno de ellos afecta a una de las
viviendas, el otro trozo se queda allí mismo, en la zona, pero la presión
del agua lleva a desplazar hasta 200 metros una parte del panel.
Simultáneamente se produce también, como ven ustedes en otra secuencia,
la caída de la cubierta, porque tampoco pudo quedar sujeto desde arriba,
puesto que ya les he explicado cómo había fallado. Es cuando se produce
el derrumbamiento de la pared del depósito, simultáneamente con la caída
de las placas de cubierta y la brusca salida del agua.
Las conclusiones de todo lo anterior, que son las que se deducen de los
citados informes, son que el fallo esencial, tal y como anticipé en la
comparecencia del 25 de noviembre, se encuentra en los defectos de
concepción y diseño del proyecto realizado por la empresa suministradora
del depósito prefabricado a la empresa constructora, y que fueron
asumidos por la Administración.
Verán también ustedes que los informes afirman expresamente que no hubo
ningún fallo geotécnico, como en un principio pudo suponerse, es decir,
imputable al terreno de cimentación. Afirma también que los defectos de
ejecución en el enlace de los paneles a la cubierta y la fisura en el
hormigón a los que he hecho referencia no eran observables una vez
terminada la obra. Es decir, todo esto, y también los modificados de que
les he estado hablando, solamente se ha podido descubrir cuando el
depósito se ha roto, porque terminada la obra no se podían ver estos
modificados que se han establecido a lo largo de la construcción de la
obra y no hay constancia en ningún expediente administrativo. Añaden los
informes que las filtraciones que se produjeron durante la fase de
explotación del depósito en las juntas es un aspecto irrelevante para el
estudio de las causas de la rotura. Son suficientemente contundentes los
defectos en el diseño y en la propia ejecución del proyecto para que no
hubiera aguantado más esta estructura en pie.
También añade que la calidad de los materiales empleados --fue otro de
los temas que pedimos que se observara--, analizados cada uno
aisladamente, fue correcta y no tuvieron influencia alguna en el
accidente; dicen, incluso, que tampoco el hormigón prefabricado. Las
conclusiones de los citados informes es que el fallo esencial está, como
les comento, precisamente en defectos de la concepción y diseño de ese
proyecto.
Creo, señor presidente, que hasta aquí podríamos decir son los hechos
analizados por estos informes, que he puesto de manifiesto, y que quedan
a disposición de SS. SS., porque son los que nos dicen las causas reales
por las que se produce ese siniestro. Pero, señor presidente, señorías,
en mi opinión la actuación de la Administración, con ser importante dar
cuenta de estos hechos, no debe limitarse a informar objetivamente sobre
los mismos, sino que tenemos que ir más allá. Por eso, al margen --vuelvo
a repetir-- de las responsabilidades de carácter penal que pudieran
derivarse de los sucesos que hemos descrito, en la medida que el tribunal
que los juzgue los considere probados o tenga en consideración otros
distintos, en mi comparecencia de 25 de noviembre puse de manifiesto que,
siendo la causa de la rotura del depósito un fallo técnico o
una actuación profesional no realizada con la diligencia mínimamente
exigible, era necesario que, al margen de que se iniciasen las oportunas
diligencias penales, el Ministerio, en el ámbito de sus competencias
administrativas, no debía dejar de actuar, no podíamos tener una actitud
pasiva. En este sentido, dije que en dos campos era necesario actuar:
uno, en el ámbito de las responsabilidades de carácter administrativo, y,
en segundo lugar, en el ámbito de las responsabilidades de carácter
civil.
En primer lugar, en el marco de la exigencia de responsabilidad
disciplinaria a los funcionarios que hubieran intervenido en el proyecto
o en su ejecución. En este sentido, y por resolución de la Subsecretaría
del departamento, de 24 de noviembre --por tanto, un día antes de mi
comparecencia--, se acordó la incoación de expediente disciplinario al
autor del proyecto modificado del depósito de agua siniestrado en Melilla
y al ingeniero director de las obras; posteriormente esa incoación de
expediente fue ampliada a otro funcionario que habiendo sido el primitivo
autor del proyecto inicial, que se desecha cuando se acepta el proyecto
modificado, fue quien, como jefe de área en la Confederación Hidrográfica
del Sur, dio el conforme al proyecto modificado.
Como saben SS. SS., el régimen disciplinario de los funcionarios de la
Administración general del Estado viene regulado en el Real Decreto de 10
de enero de 1986, en el que se establece un procedimiento articulado a
través de una serie de trámites que, además de constituir garantías de
los derechos del funcionario inculpado, sirven al instructor para el
esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades
susceptibles de sanción. La observancia de estos trámites y de los plazos
previstos constituyen presupuestos de legalidad del expediente mismo. En
consecuencia, al referido acuerdo de incoación del expediente y
notificación del mismo a los interesados siguió la ampliación por un mes
para formular el pliego de cargos, dada la complejidad del asunto, y a
instancias del propio instructor.
Una vez iniciada la instrucción de los mencionados expedientes --estamos
hablando de finales de noviembre de 1997--, al haberse acordado en
sucesivos autos del Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla la
citación en concepto de imputados de estos funcionarios incursos en
dichos expedientes sancionadores, con apoyo del vigente reglamento de
régimen disciplinario, el instructor del expediente solicitó la
suspensión temporal de la citada instrucción, lo que fue aceptado por la
Subsecretaría del departamento con fecha 23 de enero. Y es que, como
saben SS. SS., la lógica jurídica y la práctica administrativa aconsejan
siempre --y así se ha venido haciendo-- la suspensión con objeto de que
la declaración de hechos probados contenida en la sentencia judicial
vincule a la resolución administrativa que se dicte en el expediente
disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que los
hechos puedan merecer en una y otra vía. En consecuencia, la exigencia de
responsabilidades administrativas de carácter disciplinario, que fueron
iniciadas con anterioridad a mi primera intervención y evidentemente
antes de que se produjera la posterior imputación penal, han quedado
momentáneamente en suspenso, en espera de lo que se produzca en el ámbito
judicial. Una vez firme la sentencia penal se finalizará dicha
instrucción en función de los hechos que se declaren probados con la
sanción administrativa que en su caso corresponda.
Por otra parte, y con relación a la responsabilidad civil, también
comenté que entendía debíamos dar un paso adicional y que me parecía
lógico determinar con precisión el alcance de las responsabilidades de
carácter civil, dado que era evidente no había habido un funcionamiento
todo lo diligentemente exigible de los servicios públicos.
Como SS. SS. bien conocen no han sido habituales, por no decir que han
sido totalmente inexistentes, los casos en que cuando se han producido
siniestros por actuaciones negligentes la Administración pública haya
indemnizado los daños y perjuicios sufridos por terceras personas con
antelación al establecimiento, con carácter firme, de responsabilidades
de carácter penal. Sin embargo, en mi anterior comparecencia expresé mi
deseo de plantear desde ahora y sin necesidad de esperar a dilatar
inútilmente en el tiempo la posible responsabilidad patrimonial de la
Administración pública respecto de los daños y perjuicios ocasionados. En
el caso de la rotura del depósito de Melilla este Ministerio entiende, de
conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, que con independencia de la
identificación de las causas del accidente, al producirse los daños por
la rotura de una instalación pública construida, en la que han existido
actuaciones negligentes, y no como consecuencia de catástrofes naturales,
estamos ante lesiones producidas como consecuencia del funcionamiento
anormal de los servicios públicos, por lo que procede se indemnicen las
lesiones que han sufrido los particulares en sus bienes y derechos,
reparando, en consecuencia, los daños y perjuicios causados; reparación
--también quiero advertirlo-- que debe realizarse sin perjuicio de
ejercitar con posterioridad y en el momento procesal oportuno la
reclamación que corresponda contra los que finalmente resulten declarados
culpables penalmente o responsables civiles subsidiarios. Con este
propósito, al que aludí expresamente en mi anterior intervención, el
Ministerio ha venido trabajando desde entonces en tres ámbitos distintos.
En primer lugar, en la valoración de los daños; la cuantificación de los
daños producidos por la rotura del depósito de Melilla se solicitó a la
Delegación del Gobierno en la ciudad de Melilla y se ha ultimado en
colaboración con la Ciudad Autónoma.
En estos momentos, la valoración actualizada de dichos daños la podemos
concretar en 1.350.408.523 pesetas. De la citada cantidad, corresponden a
perjuicios ocasionados a particulares, 433.008.523 pesetas, con el
siguiente desglose: por daños en viviendas y enseres, 86.435.009 pesetas,
de los que la Ciudad Autónoma de Melilla ya ha satisfecho 69.576.000
pesetas; por daños en locales y establecimientos, incluyendo mercancías,
242.550.634 pesetas, de los que la ciudad autónoma ya ha indemnizado
94.463.337 pesetas, por daños a vehículos, 60.022.880 pesetas. Por razón
de personas fallecidas, la ciudad autónoma ha acordado abonar en concepto
de indemnización a los herederos,
44 millones de pesetas y he de advertir que en uno de los supuestos no ha
sido posible indemnizar la cantidad estipulada por falta de
identificación de los beneficiarios de una víctima.
El resto de daños producidos corresponde a perjuicios en obras e
infraestructuras públicas, así como servicios llevados a cabo por la
ciudad autónoma, con el siguiente desglose: por reconstrucción del grupo
de vivienda situadas en el barrio de Averroes, de titularidad pública,
178.500.000 pesetas; por labores de desescombro y limpieza, 44.900.000
pesetas; por reparaciones de servicios públicos afectados, básicamente
alumbrado público, viales y canalizaciones, 62.000.000 de pesetas; por
atención del servicio de bienestar social a los damnificados, hasta el
momento actual, 32.000.000 de pesetas; y la construcción de un nuevo
depósito --que también debe ser cuantificada-- de idéntica capacidad de
almacenamiento, 50.000 metros cúbicos, 600.000.000 de pesetas. Como se
puede apreciar en esta valoración de daños, en el momento actual, y al
margen de los perjuicios ocasionados en las infraestructuras y servicios
públicos tanto del Estado como de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedan
pendientes de ser indemnizados a los terceros daños estimados por importe
de 224.969.186 pesetas, que constituye la cuantía pendiente de
reparación.
El segundo campo de actuación en el que ha trabajado la Administración,
además de en la valoración de los daños, ha sido estudiar las distintas
posibilidades de instrumentar jurídicamente la reparación de estos daños
y, señorías, tras analizar los antecedentes y solicitar los informes
jurídicos oportunos, se llegó a la conclusión, de acuerdo con los
servicios técnicos del Ministerio, que lo más adecuado, dados los
antecedentes y las específicas características del presente caso,
consistía en acordar la iniciación de oficio de un procedimiento que
determine la responsabilidad patrimonial de la Administración y, en
consecuencia, una vez que se ha hecho la oportuna evaluación de los daños
pendientes de satisfacer, de la tramitación administrativa y la emisión
de los correspondientes informes, he adoptado formalmente, por orden
ministerial, la incoación del citado procedimiento.
Los pasos posteriores serán los siguientes: publicación del acuerdo en el
«Boletín Oficial del Estado» y anuncio del mismo a la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de los medios oportunos; concesión a los presuntos
perjudicados del plazo fijado en la Ley 30/1992, para que se personen en
el procedimiento iniciado de oficio, aportando cuantas alegaciones,
documentos, información o pruebas estimen convenientes para el
reconocimiento al derecho a la indemnización; y tramitación del
expediente que, tras los preceptivos informes, dará lugar a una
resolución, concediendo la indemnización oportuna en los casos en que
resulte acreditado el derecho a la misma y el importe de los daños
sufridos.
Por último, como tercera actuación, en la medida que, como consecuencia
de la rotura del depósito de Melilla, una instalación pública pagada con
el dinero de todos los contribuyentes, ha quedado inutilizada por causas
que no pueden calificarse de fuerza mayor, sino que son consecuencia de
actuaciones negligentes, se ha producido un daño al Estado, a la Hacienda
pública y, en definitiva, a todos los ciudadanos, que debe ser igualmente
objeto de reparación. Por dicha razón y de acuerdo con los resultados
recogidos en los informes técnicos que ya hemos entregado y sin perjuicio
de lo que resulte del proceso penal en curso, he dado instrucciones al
órgano de contratación, concretamente a la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas para que, de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, inicie el
oportuno expediente para exigir a la empresa constructora del depósito
los daños y perjuicios causados al Estado como consecuencia del siniestro
ocurrido en Melilla, en la medida que pudiera ser imputables a la misma.
Por último, señorías, no quisiera terminar sin referirme no sé si es al
quinto o sexto compromiso, que adquirí en mi primera comparecencia --creo
que se han ido cumpliendo todos--, y éste era de elaborar un catálogo de
obras realizadas por el Estado para ayuntamientos, fundamentalmente obras
de abastecimiento, pendientes aún de cesión administrativa, catálogo que
en estos momentos también, señor presidente, pongo a disposición de SS.
SS. y sobre el que puedo decir que rondan casi las 1.000, concretamente
son 970 los casos que encontramos en este momento de anomalía
administrativa, sobre los cuales estamos y estableciendo ya los
procedimientos adecuados para regularizar estas situaciones que eviten,
en consecuencia, supuestos de indeterminación en cuanto a titularidad de
las obras y la identificación de los responsables de su gestión y
explotación. Pero quiero decir, señor presidente, que en ningún caso se
pueda confundir con la situación de grave riesgo que se producía en el
supuesto de Melilla. Quiero decir que no es que haya 970 melillas, para
entendernos, en la Administración en este momento, sino que hay 970
supuestos de situación administrativa irregular, algunos de décadas, casi
hasta de 30 años, y que por eso tenemos que deslindar con enorme nitidez
lo que es un problema de reparto competencial, quién ha hecho la obra,
que suele ser la Administración central, cuando la competencia del
abastecimiento municipal es competencia del ayuntamiento, y hay que hacer
esa transferencia de titularidad con lo que puede ser un problema de
inseguridad o de riesgo que para nada estoy diciendo que exista en estos
970 casos, pero que, de cualquier forma, tienen ustedes ahí a su
disposición.
Señor presidente, señorías, éste es el resumen. Por largo que haya sido,
les aseguro que es el resumen, que ha llevado muchísimas horas de trabajo
y que hemos realizado desde el Ministerio de Medio Ambiente, para tratar,
tal y como me comprometí el 25 de noviembre pasado, de esclarecer con
total transparencia y objetividad unos tristes hechos que
desgraciadamente han ocasionado 11 fallecidos y múltiples daños a
personas y bienes, tanto privados como públicos, así como he dado cuenta
de las actuaciones que hemos iniciado para tratar de paliar, en la mayor
medida posible, las consecuencias de este desgraciado accidente.
Como he indicado en la primera parte de mi exposición, las conclusiones
aportadas por los informes técnicos que
hemos encargado, confirman prácticamente al cien por cien lo que adelanté
en mi comparecencia anterior, y he tratado de explicarlas breve pero
detalladamente porque determinan que las responsabilidades más
importantes que deben analizarse en este caso son las de índole penal, lo
que exige por nuestra parte una predisposición a colaborar en todo
momento con la autoridad judicial y un exquisito respeto a las decisiones
que en el proceso penal se adopten; colaboración con la actuación
judicial que hemos tratado de cumplir y cumpliremos hasta que exista
sentencia firme, por respeto a los tribunales, a los damnificados y a los
presuntos inculpados, sin perjuicio de que, como ya he dicho también, se
hayan llevado a cabo en el ámbito de esas competencias administrativas
cuantas actuaciones hemos considerado necesarias en los términos que he
explicado a lo largo de esta intervención, para poder exigir las
responsabilidades que correspondan y reparar, en la medida de lo posible,
los daños y perjuicios que los ciudadanos, sin ningún tipo de culpa, han
tenido que sufrir en sus personas, bienes y derechos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su amplio,
exhaustivo, detalladísimo y transparente informe.
Quiero comunicar a SS. SS. que la documentación que facilita la señora
ministra a esta Comisión, estará a su disposición en la Secretaría de la
Comisión, para cuantos quieran examinarla con más detalle del ofrecido
por la señora ministra.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señora ministra, por su extensa
información.
Aunque no soy experto, puedo considerarme bastante conocedor de estos
temas, como ingeniero dedicado muchos años a la obra civil, a la obra
civil desde la Administración, y me han quedado dos o tres puntos
dudosos.
El proyecto inicial es uno, es supervisado, supongo, por la
Administración y sale a concurso, subasta o licitación. Para salir
incluso tiene actuación la Intervención del Estado, para ver si hay las
dotaciones correspondientes. Este proyecto se adjudica por una cantidad,
con una baja bastante notable. En su momento, viene un primer proyecto
modificado, y usted nos dice que se ha abierto expediente al autor del
proyecto modificado; asimismo, un expediente al director del proyecto
modificado y al primitivo autor del primer proyecto. Entonces, ¿el autor
del proyecto modificado es de la Administración o es ya del
subcontratista de la empresa principal que se queda la contrata? Es una
duda, porque, en todo caso, el expediente a este autor del proyecto
modificado si es del subcontratista, es un expediente interno que no veo
claro cómo lo tienen que hacer ustedes, pues lo que tengan que hacer ya
vendrá por la vía penal o por otro método; es otro camino.
¿Han retirado ustedes la clasificación a la empresa principal
adjudicataria, a la empresa subcontratista, a pesar de que la principal
es, para decirlo de alguna manera, una de las primeras empresas
estatales? Para hacer un símil, ahora me viene a la memoria un ejemplo
muy concreto, una empresa que tiene problemas de Seguridad Social, con
unas actas que le levanta el Ministerio de Trabajo, Hacienda le retira
rápidamente la clasificación y esta empresa no puede presentarse,
actualmente, a ningún concurso, porque por parte de la Intervención, en
el concurso se le exige la clasificación de la empresa. ¿Se han retirado
estas clasificaciones, al menos para este tipo de obras o dentro de este
catálogo hay empresas que pueden tener adjudicadas obras que posiblemente
podrían ver paralizada su clasificación? Lo que nos explica es la cosa
rápida: hacemos uno modificado, hacemos una nueva obra que parece ser
sólo cuesta 23.000.000 de pesetas más, pero no es verdad, es mucho más
porque cuando se presenta un modificado de este tipo, es que a la empresa
constructora le va económicamente muchísimo mejor que no el proyecto
inicial, por el cual ha hecho una gran baja, pero el resultado económico
todos sabemos que no iba a conseguirse. Por tanto, se presenta un
modificado que da lugar a tener un coste más bajo y, además, unos
adicionales.
Nos dice usted que no hay ninguna constancia escrita de los modificados
tercero y cuarto por parte de la Administración. ¿Es que no ha estado
presente el interventor del Estado o del organismo correspondiente en
todas estas modificaciones? Pues también debería estar expedientado,
porque no puede pagarse una certificación sin que haya pasado por la
Intervención del Estado y, si no es correcto el papeleo, también por ahí.
Me parece que ustedes han obrado bien, dinámicamente, pero es tan
complejo el tema que habrá que estudiar a fondo todo el proceso de los
informes que nos presenta. Que no vaya a pagar el director al que se le
asigna el proyecto, que, como funcionario que puede ser, asume dicho
proyecto y lo lleva hacia delante; como él confía en que hay la
supervisión de la obra (el elemento supervisor que tiene que tener la
Administración para revisar los cálculos), él los considera buenos; el
señor que está a pie de obra puede recibir y otros que verdaderamente son
responsables no. Responsables ya no sólo en el mal cálculo que hace de
este proyecto modificado, sino en el aspecto de negocio que se buscaba en
hacer un modificado que podía resultar mucho más práctico y económico
dentro de la cantidad general adjudicada y, además, presentando un valor
más alto de la modificación.
Es un tema muy complejo para entrar a hablar de él, pero quisiera saber
si verdaderamente no se limita a estos puntos de autor del proyecto
modificado, de director del proyecto modificado, al primitivo autor, sino
si se refiere también a los supervisores de obras, a la Intervención y a
la empresa subcontratista y a la principal, que, básicamente, es la que
liga el contrato con la Administración.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra doña Presentación Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señora ministra, por la exhaustiva
información que nos ha facilitado,
ya que a una persona como yo, que no tiene ni idea de cuestiones y
características técnicas, le resulta difícil de asimilar de una forma
clara. De ahí que hiciéramos la solicitud en una reunión de la Mesa y
Junta de Portavoces de que, si era posible, se nos remitiera no el
informe en sí, sino las conclusiones, para que hubiéramos podido tener
una mayor posibilidad de análisis de cuál había sido la situación que
había provocado la rotura del depósito de Melilla.
De todas formas, una conclusión a la que yo llego con todas las
prevenciones que se puedan tener en temas tan complicados y complejos
como éste es que, una vez más estamos ante el hecho de una obra que se le
hace a la Administración del Estado, con la irresponsabilidad de
pretender obtener al menos, según nuestro criterio y lo que nos ha
explicado usted, unos beneficios por encima de los que se deben
conseguir, sin tener en cuenta el riesgo o el peligro que se puede correr
con las personas, que pueden ser las que al final paguen el hecho que en
estos momentos estamos viendo.
Desde luego, es temerario que las adjudicaciones que se hacen por parte
del Estado se hagan siempre a la baja y con bajas temerarias, como en
este caso, y que después tengamos que estar viendo que hay que hacer
modificaciones en los proyectos y al mismo tiempo aumentos en los
presupuestos, con lo cual se corre siempre el riesgo de que puedan surgir
negligencias posteriores que nos lleven a una situación de estas
características.
Cuando la señora ministra nos dice que alguien se da cuenta de que hay
que reforzar la estructura de cimentación, yo no entiendo cómo se puede
ver que es necesaria esa modificación sin haber terminado el depósito,
aunque a lo mejor el depósito estaba terminado y se dieron cuenta de que
no podía aguantar la presión. Pero, desde luego, por lo que se desprende
de su intervención, parece ser que, según lo están haciendo, se dan
cuenta de la cantidad de fallos que están teniendo en las estructuras. No
entiendo cómo es posible que no se hayan hecho los cálculos adecuados por
parte de la Administración cuando se tiene que dar el visto bueno a una
modificación de un proyecto, además una modificación tan drástica como la
que se produce en este proyecto en concreto, en el depósito de la ciudad
de Melilla. Y sigo sin entender cómo es posible que las personas que
están al cargo de esta obra, dependientes de la Administración,
profesionales de la Administración, no han recibido las órdenes oportunas
para que su vigilancia o su supervisión sea correcta y adecuada y se
tenga en cuenta, no los materiales, sino cómo se está construyendo
realmente el proyecto.
No sé, señoría, si los diferentes grosores de las zapatas que usted nos
ha enseñado --desde luego, es totalmente visualizable el defecto que ahí
existe--, es un fallo del cálculo inicial o si realmente eso se ha
utilizado después en la construcción para un ahorro del dinero en el
proyecto. Por lo tanto, es posible que el cálculo esté bien, pero que
después la utilización del material no sea la adecuada, porque sabemos
que de esos fallos hay bastantes, aunque no hayan tenido repercusiones
tan graves como las del depósito de Melilla.
Por último, señoría, a mí me parece que, en estos momentos, con
independencia de cuál sea el final --tanto en las responsabilidades
administrativas como en las responsabilidades penales que se puedan
producir--, no podemos continuar lamentándonos de las desgracias que
suceden cuando ya han sucedido, y tendríamos que prever qué medidas --y
me gustaría que la señora ministra, si es posible, nos las explicara-- se
van a adoptar en la Administración para impedir que puedan volver a
suceder casos como el de Melilla; pero creo que lo más importante es que
nunca se puedan producir hechos que, aunque no ocasionen víctimas, sí
produzcan una mala construcción de las obras de la Administración pública
y nos lleven, después, a una serie de esfuerzos presupuestarios o de
inversiones por parte de aquellas administraciones que al final hayan
sido las receptoras de las obras, porque la obra no está hecha bien desde
el primer momento, y de ésas, tenemos infinidad de ellas a todo lo ancho
y largo de nuestro territorio. Me parece muy bien que hayan hecho ustedes
el catálogo y que lo vayan a revisar, pero además habría que ver qué
medidas son las que se adoptan para impedir que se puedan producir hechos
de estas características, o de otras, aunque no sean tan graves.
Señoría, esta portavoz tenía claro que, al final, aunque las
responsabilidades hayan sido suspendidas, los expedientes disciplinarios
se iban a abrir, única y exclusivamente, a personal funcionario. Desde
luego, nuestro grupo sigue manteniendo que, además de las
responsabilidades administrativas que pueda tener, en el ejercicio de su
función, el personal de la Administración pública, hay una
responsabilidad política por no vigilar que se hagan las cosas como se
deben hacer y no cumplir con los requisitos que se deben cumplir. Esa
responsabilidad no la tienen los funcionarios, esa responsabilidad la
tienen los políticos, no ellos, y los políticos, hasta ahora --que
nosotros hayamos visto--, no han asumido ningún tipo de responsabilidad
más que la administrativa o la civil. Nos parece muy bien que el
Ministerio de Medio Ambiente haya tomado medidas para que se pueda
indemnizar a los damnificados y para que se pueda conseguir que, cuanto
antes, los comercios de Melilla y las personas que han visto afectadas
sus viviendas estén en mejores condiciones y consigan su normalidad en la
vida cotidiana; pero, desde luego, las responsabilidades políticas han
quedado, como de costumbre, fuera de este trabajo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra su portavoz, doña Cristina Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, ministra, por su muy completa
exposición. Yo diría que corresponde felicitar por el trabajo que se ha
hecho por parte del Ministerio, no sólo respecto a la averiguación de los
fallos técnicos que están en el origen de la lamentable desgracia de la
rotura del depósito, sino también felicitarles por cuanto se han iniciado
actuaciones que van a llevar, al menos, a una reparación material de los
daños, puesto que la reparación humana no es posible.
Me gustaría preguntar a la señora ministra si en estos momentos prevé una
nueva comparecencia ante esta Comisión, en la Cámara, dado que no se han
cerrado todavía los procedimientos abiertos y, en particular, está
pendiente la identificación de la responsabilidad penal y de la
responsabilidad civil, en su caso, y entendemos que todavía las
valoraciones que se puedan hacer, incluso desde el punto de vista de las
responsabilidades finales de todo el proceso, quedan abiertas a la
comprobación y la sentencia final que la autoridad judicial establezca
sobre lo sucedido.
Sí que es cierto que hay informes técnicos que parecen muy concluyentes
respecto a los procesos que se han dado, a los fallos iniciales en el
diseño de la obra y a los sucesivos intentos, anónimos al parecer, por
restablecer condiciones de soporte suficiente, pero entendemos que quizá
todavía quedan cosas por saber. De hecho, no me queda en estos momentos
claro de cuanto sabemos la responsabilidad de la empresa subcontratista,
empresa que hay que recordar ha sido una filial de uno de los grupos a
nivel mundial más importantes en materia de elementos prefabricados,
concretamente del grupo Pretec, que tiene el tercer lugar en cuanto a
volumen de ventas de elementos prefabricados en todo el mundo, con
patentes danesas y noruegas, que hasta ahora no parecen haber tenido
fallos de la envergadura de lo que se ha producido en el caso de Melilla.
Digo que la responsabilidad de la empresa subcontratista será importante
ver hasta dónde llega, puesto que delimita también las responsabilidad
última de los profesionales que, basándose en la información aportada por
esta empresa subcontratista, han podido considerar en un momento
determinado que los cálculos podían ser correctos de acuerdo con esa
información.
Yo me sumo también a la pregunta formulada por el señor Sedó, en cuanto a
saber si se han adoptado medidas por parte del Ministerio respecto de la
empresa adjudicataria, y respecto de la empresa subcontratista resultaría
algo menos fácil, puesto que creo que ya no existe como tal empresa, y
por lo tanto la responsabilidad está siendo asumida plenamente en este
proceso por el grupo que resultó adjudicatario.
Quisiera saber si conoce el Ministerio en estos momentos cuántos
depósitos han sido fabricados utilizando los elementos proporcionados por
la empresa subcontratista que está relacionada con este caso, y si, por
tanto, se han podido identificar otros posibles focos de problemas
derivados de la negligencia de los errores cometidos en el caso de
Melilla.
Creo que también queda por dilucidar quién tomó las decisiones de los
refuerzos durante el proceso de construcción, puesto que, al no quedar
constancia de esas decisiones en el expediente administrativo, podría
incluso ser la propia empresa constructora la que adoptó decisiones que,
como también se ha comentado, no parecen siquiera reflejarse en las
certificaciones de pago; luego también aquí hay una incógnita que supongo
que se podrá al final dilucidar.
Quisiera preguntarle cuál ha sido el coste final de la obra, una vez
pagada, ya que se ha hecho mención a lo que han sido los datos recogidos
en el primer proyecto, en el proyecto modificado, pero ignoro en estos
momentos si el coste final de la obra ha recogido cuantías superiores y
en qué medida han quedado soportadas desde el punto de vista del
procedimiento administrativo y en qué momento se ha producido el pago a
la empresa constructora, puesto que la recepción de la obra no se ha
producido hasta fecha relativamente reciente, y supongo que el pago a la
empresa constructora se habrá dado después de dicha recepción en el año
1996.
Por lo tanto, quisiera saber si considera esta comparecencia como la
última justificada por todos estos acontecimientos o si habrá por su
parte nueva información a esta Cámara. Le reitero mi agradecimiento por
la información que nos aporta y que tendremos ocasión de analizar, y
quisiera, por último, preguntarle, cuando se refiere al catálogo que nos
aporta también, si cuando está hablando de cerca de mil anomalías se está
refiriendo a cerca de mil obras diferentes, porque me parece un número de
obras muy superior al que cabe imaginar en procesos de delimitación de
competencias.
En cualquier caso, no quiero alargar su intervención, por la hora que ya
hemos alcanzado, pero sí me gustaría que si alguna de estas cuestiones no
las puede contestar ahora, suministre la información a la Presidencia de
esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado por Melilla, don Antonio Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ MOLINA: En primer lugar, yo quisiera agradecer al
Grupo Parlamentario Popular la decisión que adoptó de que fuese yo, pese
a no pertenecer a esta Comisión, el que por ser diputado por Melilla
fijara la posición del Grupo Parlamentario Popular en la comparecencia de
la señora ministra. En particular le quiero agradecer a su portavoz, doña
María Teresa Lara, la deferencia que ha tenido para con este diputado.
Quiero agradecer también, mucho más allá de la mera cortesía
parlamentaria, la presencia y las explicaciones exhaustivas de la señora
ministra en la tarde de hoy, y digo más allá de la cortesía parlamentaria
porque, como melillenses, siempre hemos constatado la sensibilidad del
Ministerio de Medio Ambiente ante este tristísimo expediente, tristísimo
porque se genera con la pérdida de vidas humanas y porque supuso, como
bien ha precisado la señora ministra, una verdadera convulsión y alarma
en la ciudad. Es justo también reconocer, el Grupo Parlamentario Popular
se une a la felicitación que la señora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista ha explicitado esta tarde, la sensibilidad mostrada por el
Ministerio, primero, por la rapidez de las actuaciones y, segundo, por el
gesto político de tener la solidaridad suficiente para que, lo que en
principio era una alarma social importantísima, fuera yendo a su cauce en
el estado de opinión de la ciudad. Hoy nadie tiene ya la menor duda en
Melilla de que el Ministerio, y desde luego las autoridades, han hecho lo
que tenían que hacer: la inmediatez de las actuaciones y la rigurosidad
en las investigaciones.
Yo quisiera, habida cuenta de la hora, señorías, ser muy breve, pero
quiero tocar específicamente dos puntos de coincidencia con aquella
comparecencia del 25 de noviembre y es que, pese a la urgencia de la
misma, el enfoque del análisis investigador haya sido correcto, puesto
que las hipótesis que entonces se barajaban (el fallo del empotramiento,
el fallo de conexión entre paneles de fachada y placas de cubierta, el
fallo de las propias placas de cubierta, las condiciones de apoyo de la
placa, etcétera) y después de la enumeración de errores y de fallos del
contundente informe que la señora ministra ha tenido hoy la amabilidad de
contarnos, pese a la rapidez e inmediatez de aquella investigación, se
diferencia poco de los análisis finales que aquí se han expuesto hoy, con
lo cual demostraba el rigor con que estaba hecho el principio de la
investigación.
El Grupo Popular se suma también a la solidaridad que la señora ministra
acaba de expresar hoy aquí para con las víctimas y para los que de alguna
forma han sufrido algún daño, y es ocioso repetirlo en mor principalmente
de la brevedad de la intervención. También el Grupo Popular, como no
podía ser de otra manera, es respetuoso con las investigaciones
judiciales que se están llevando a cabo en este momento, y desde luego ve
con satisfacción esa disposición del Ministerio.
Nosotros admitimos también, señorías, y valoramos muy positivamente, que
ese silencio, al que ha hecho la señora ministra mención hoy (el silencio
al fin y a la postre también es una opinión), como no ha estado vacío de
contundentes actuaciones, ha hecho posible lo que yo en el principio de
mi intervención he querido poner de manifiesto: la vuelta a la serenidad
de la opinión pública, el respeto a las actuaciones y la credibilidad en
todo instante en las actuaciones del Ministerio.
En cuanto a las dudas técnicas que aquí se han generado, es indudable
que, por no ser experto en la materia y por no contar entre la rama de la
medicina ningún tipo de especialidad como la que aquí estamos tratando,
sería una frivolidad por mi parte, habida cuenta de lo enojoso del
procedimiento y de la multitud de datos técnicos que aquí se han
ampliado, intentar corregir cualquiera de los datos o iniciar algún tipo
de discusión.
Nos parecen bien las actuaciones que nos ha comunicado el Ministerio,
tanto de la valoración de daños a la que la ciudad autónoma ha
contribuido de una manera eficaz, como, sobre todo, al inicio de oficio
de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que ya lo decía
también la señora ministra en la comparecencia del 25 de noviembre. En
ese caso, me atrevería a solicitar la mayor rapidez, dentro de lo que la
norma administrativa exija, para que la concesión de esas indemnizaciones
cristalice, una vez concedido el plazo y agotados los trámites desde la
publicación del Boletín Oficial del Estado, en las personas que
verdaderamente tengan derecho. También supondría la normalización, dentro
de lo que cabe, de una situación verdaderamente lamentable que, como ha
dicho la señora ministra, cuando se atribuyen a fallos técnicos o a
actuaciones profesionales no realizadas con la diligencia mínimamente
exigible, lo único que tenemos que procurar es que dichas actuaciones no
vuelvan a producirse.
Nos parece lógico el inicio y la realización de ese catálogo que la
señora ministra acaba de realizar. Esperamos de su eficacia para que
estas situaciones sean corregidas y se ejecute una prevención de los
mismos. Reiteramos el agradecimiento y la felicitación a la señora
ministra y agradecemos la sensibilidad de mi grupo parlamentario, que ha
hecho posible que sea yo, como diputado por Melilla, quien haya llevado
el peso de la intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias a
todas SS. SS. por el tono de su intervención, que reconoce una labor que,
como ya se ha dicho, no es exclusiva de la ministra, sino de un servicio
muy bien coordinado que han prestado los diferentes técnicos y
funcionarios de cada uno de los niveles que trabajan en el Ministerio.
Queremos, como he dicho al principio de mi intervención, que catástrofes
tan lamentables no vuelvan a producirse, y en la medida en que esté en
nuestras manos poder evitarlo. Les aseguro que desde el primer momento
hemos querido esclarecer las causas, para lo que hemos acudido de
inmediato a los informes técnicos que nos tenían que dar un detalle
exhaustivo de cuáles han sido los hechos que han producido la rotura del
depósito, y determinar las responsabilidades de todo tipo que pudieran
producirse, bien entendido que, desde las competencias que tenemos en el
Ministerio de Medio Ambiente, hay unas responsabilidades que podemos
asumir. Son las responsabilidades administrativas que podemos exigir, de
orden civil o patrimonial, que hemos presentado y que ponemos en marcha
frente a la empresa constructura con determinadas acciones legales que
emprendemos, y con total respeto, transparencia y colaboración con quien
desde el Juzgado 3 de Melilla está actuando para determinar las
responsabilidades penales, a la espera de cuál sea la sentencia final que
será la que termine de dilucidar todo el tipo de responsabilidades y nos
permitirá saber, con algunas de las responsabilidades administrativas que
han quedado ahora mismo en suspenso, cuál tiene que ser el final de esta
exigencia de responsabilidades.
Respondo al señor Sedó, que preguntaba algunas cuestiones con relación al
proyecto inicial. El proyecto inicial se aprueba técnica y
definitivamente el 18 de junio de 1991, y como usted muy bien pregunta, y
yo se lo confirmo, se aprueba con todo rigor por la Dirección General de
Obras Hidráulicas. Es el proyecto 8/90 del depósito de 50.000 metros
cúbicos en Melilla. Además he dicho que consistía en un depósito
semienterrado de hormigón armado, no prefabricado, que se iba a hacer
allí mismo, in situ.
Este proyecto, que es el que se adjudica a una empresa y que da origen a
un comienzo de obras, es el que es desechado posteriormente cuando, a
iniciativa --lo he dicho también en mi intervención-- de la empresa
contratista, se le presenta al director de la obra la posibilidad de
iniciar un modificado. Es entonces el ingeniero director de las obras
--además coincide que en aquella fecha figura como autor
del proyecto modificado-- quien solicita la autorización para redactar
ese modificado; por tanto, a sugerencia de la empresa constructora, que,
a su vez, lo que presenta es un borrador de proyecto modificado que ha
hecho la empresa subcontratista, el director de la obra, que es
funcionario --por eso hemos podido actuar administrativamente frente a él
y le hemos podido abrir un expediente sancionador--, figura firmando el
proyecto modificado; pero no hace el proyecto modificado, sino que se
limita a fotocopiar, como he dicho en mi primera intervención, el
proyecto modificado que presenta la empresa subcontratista a través de la
empresa constructora, pero que evidentemente asume la Administración.
Todo esto ha quedado dicho en la primera parte de mi intervención. Por
eso los expedientes administrativos se abren al director de la obra, que
coincide con que es el director del proyecto, y además al director de la
obra en la segunda fase, porque quien figura como autor del proyecto en
el año 1993, cuando todavía no se había finalizado la obra, precisamente
cuando se inician esos modificados que no constan en ningún expediente
administrativo, para los cuales no hay ningún proyecto de modificado,
deja de ser director de la obra (el que había sido además autor de ese
proyecto modificado, y firma como tal el proyecto modificado) y pasa a
ser director el segundo funcionario, al que también le hemos abierto
expediente. Posteriormente, a su vez, hemos abierto expediente también a
quien da el visto bueno. Efectivamente, hay unos supervisores de ese
modificado en la propia Administración, señor Sedó, y quien autoriza y
supervisa es ese tercer funcionario, que, curiosamente --digo
curiosamente--, por el cargo que ocupaba entonces, había sido autor del
primer proyecto. Por eso son esos tres expedientes.
Usted me pregunta sobre la apertura de un expediente al interventor del
Estado por los otros modificados. No ha lugar, por una situación clara, y
es que los modificados --he dicho en mi primera intervención-- no se
tramitan en ningún momento administrativamente. Por tanto, no produce
ningún gasto adicional. No es ni siquiera el director de la obra el que
encarga ese proyecto. No hay ninguna certificación. Nadie sabe, hasta que
no se ha producido el accidente y los informes técnicos se ponen en
marcha y analizan la calidad de los materiales, que ha habido
modificaciones en la ejecución de la obra. Lo que se puede detectar
rápidamente es que técnicamente el proyecto modificado está mal
calculado; eso cualquier ingeniero --usted es ingeniero, yo no, me lo han
tenido que explicar-- lo ve. Los que plasman la firma en ese proyecto,
técnicamente erróneo, que asumen que estas armaduras, no zapatas, que
tenían que ser éstas --al representante de Izquierda Unida le digo que
constan ya en el proyecto y se dan por válidas y su grosor también; esta
vez no ha habido una alteración del proyecto en su ejecución-- son los
responsables. Luego de la propia lectura del primer proyecto modificado,
que ése sí que consta porque es el que hace esa empresa subcontratista y
lo asume la Administración a través de este funcionario cuyo expediente
sancionador se ha abierto, se ve claramente que técnicamente es erróneo,
porque los cálculos han estado mal hechos y se dan por válidos. Por eso
hay un tipo de responsabilidades administrativas, que son las que a
nosotros nos alcanzan; las penales es el juez quien las está
determinando. Y no ha lugar, como usted me pregunta, a abrir ningún
expediente sancionador a ningún inspector porque la Intervención no ha
intervenido, valga la redundancia, ya que no hay ningún proyecto
modificado y no se ha certificado ningún gasto y el proyecto no ha tenido
un gasto extra. (El señor Sedó i Marsal: Paga unas certificaciones de una
obra que no se realiza como debe.) No; lo que paga realmente es la
certificación de un modificado que está asumido en 23 millones de
pesetas. En los 23 millones de pesetas él asume, como Intervención de la
Administración, un modificado y lo que no hace es controlar la obra
porque para eso ya está el director de obra y el director de obra es el
que le he dicho que también está implicado en el proceso de sanción
administrativa que hemos incoado y que en este momento está en suspenso.
Por tanto, creo que ahí las cosas sí están bastante claras.
Me habla de las anomalías de los modificados. Quiero decirle, si le vale
la expresión, que los modificados están puestos en cuarentena y que hay
que avanzar mucho incluso con el problema de bajas temerarias y de la
utilización de los modificados, utilizando también la legislación a
nuestro alcance, porque no es lógico que sigamos admitiendo esa
deformación de los modificados. Yo le puedo asegurar que había 220.000
millones de pesetas que hemos tenido que convalidar de una u otra forma a
través del Consejo de Ministros, de ahí que se nos criticara que no
invirtiéramos en obra nueva, que no ejecutábamos el presupuesto del año
1997. Tuvimos que esperar convalidaciones del Consejo de Ministros sin
poder invertir en obra nueva, como nos hubiera gustado, porque había
situaciones anómalas; por ejemplo, obras terminadas que se habían
fundamentado esencialmente en modificados que se habían hecho sin
retención de crédito, pero sin que hubiera la posibilidad de que la
Intervención los diera por válidos. Por eso, cuando nos hemos hecho cargo
de esa situación en 1996, hemos tenido que acudir a la convalidación en
Consejo de Ministros para tapar todas esas anomalías. Se acudía, y
lamentablemente se sigue acudiendo --intentamos que sea menos, pero
todavía necesitamos instrumentos legales que nos permitan impedirlo-- a
esa deformación de los modificados.
Me falta contestar a la pregunta de qué hacemos con la empresa
subcontratista y con la empresa contratista. En primer lugar, quiero
decir que no hemos retirado la calificación a la empresa contratista
porque usted sabe que para retirar la calificación a una empresa
constructora los supuestos están tasados en la ley y que lo que se
necesita es una sentencia firme. Por tanto, simplemente por unos informes
técnicos, no se nos ha planteado la necesidad de presentar una retirada
de calificación a la empresa, aparte de que, con los ejemplos que he
puesto, hay un supuesto clarísimo de unas personas muy concretas que han
actuado irresponsablemente, que no han actuado con la diligencia debida.
Preguntaba la señora Urán qué se hace para exigir que se controlen las
obras. Lo único que se puede hacer es confiar en que el funcionario va a
ser responsable del cargo que está ocupando. Al final, es una cuestión de
responsabilidad
personal de cada uno y, en este caso concreto, se ha visto falta de
diligencia en determinados funcionarios y en determinados ingenieros de
unas empresas concretas, pero no a nivel de retirar la calificación de la
empresa, que, desde mi punto de vista, goza de toda solvencia. Lo que sí
hemos podido hacer, en la medida en que, como he dicho, se ha producido
un daño al Estado, a la Hacienda pública --se trata de una obra pública
que se ha venido abajo y ha quedado inutilizada--, es iniciar las
acciones legales frente a esa empresa constructora y pedir al director
general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas que ponga en marcha
ese expediente para exigir a la empresa las responsabilidades a que
hubiere lugar por daños y perjuicios y esas sanciones podrán ser
imputables o no según lo que determinen los tribunales. Nuestra actuación
ha quedado en ese nivel.
A la señora Urán debo decirle que no me extraña que le sea difícil
asimilar las conclusiones. Le aseguro que llevo bastantes horas
detrabajoenestecaso,ya que es importante, y sin meternos en
especialidades técnicas, cuando éstas son tan concluyentes como las que
he traído a SS. SS. esta mañana, es bueno que analicemos dónde ha estado
la falta de diligencia debida de esas personas concretas que actuaron en
el diseño del proyecto y en la ejecución de la obra posterior, porque nos
abre un panorama de lo que tiene que ser la responsabilidad siempre en la
actuación de cualquier persona máxime cuando es responsabilidad pública y
con unos posibles riesgos tan graves que han llevado a daños tan
tremendos como la pérdida de once vidas humanas.
Me he referido a que no seré yo quien comparta esas adjudicaciones a la
baja, y bajas temerarias, ni ese abuso de los modificados. Usted me
preguntaba qué es lo que el Ministerio está haciendo o qué es lo que va a
hacer para evitar casos como éste, debo decirle que nunca podremos decir
que tengamos la llave para que no se produzca nunca más. Ojalá. Lo que
está a nuestro alcance es --lo han visto ustedes-- poner en marcha un
procedimiento de investigación para determinar cuáles han sido
exactamente todos los hechos ocurridos y que han producido esta
catástrofe. También se han dado órdenes muy estrictas de control
exhaustivo de los modificados y esto lo saben todos los presidentes de
las confederaciones hidrográficas, para que haya un mayor control cada
día de los modificados que se van a aprobar y, desde luego, con unos
requisitos muy específicos de control de calidad por parte del Ministerio
cuando hay que aprobar un modificado, sean cuales sean las
características de este modificado.
No le oculto que vamos a ser muy exhaustivos en esta línea en la próxima
reforma que se plantea de la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas, porque es aquí también donde hay que modificar esta situación
de degeneración, si se me permite, de los modificados que están en la
cabeza del contratista el día que se le adjudica la obra y con ésos
muchas veces no se puede contar. Es una deformación cuya práctica ha
llevado a un vicio que tenemos que tratar de extirpar y por ello
modificaremos con normas muy rigurosas ese tema de modificados.
Me hace una serie de preguntas con relación a por qué no se hicieron los
cálculos adecuados y por qué se dio el visto bueno sin recalcular. Son
las preguntas que nos hacemos todos, pero precisamente como no se
hicieron hay ahora unas responsabilidades muy claras en determinadas
personas que no actuaron como debieron. Esos cálculos adecuados no se
hicieron ya en el proyecto que firmaron y que asumieron los responsables
por encima del autor de ese proyecto modificado. Ya he dicho que incluso
se asume con una fotocopia de lo que se presenta y lo único que se debe
es retirar una frase en la que se decía que las conexiones no se habían
testado porque el tipo de prefabricados que se ponían en marcha eran
industrializados y tenían una calidad comprobada por la cantidad de obras
en las que se habían utilizado. Son precisamente las conexiones las que
no se comprueban, pero algo le debió parecer extraño al director del
proyecto en la fotocopia que asume porque justamente ésa es la frase que
no aparece y es lo único que no consta de esa fotocopia.
En cuanto a la vigilancia y la supervisión, no podemos dar ninguna orden
más que las que van implícitas en el cargo que asumen y separarlos de ese
tipo de funciones cuando vemos que no responden a la confianza que se les
ha asignado.
Ya le he dicho que las armaduras son un defecto de cálculo inicial y que
están contempladas en el proyecto porque lo que se manifiesta una vez más
en el informe es que se utiliza el material adecuado, que la calidad de
los materiales que se utiliza es la correcta.
Le aseguro que no estamos simplemente lamentándonos de lo que sucede. La
actuación que ha tenido el Ministerio en este caso ha demostrado, sin
afán de protagonismo, que no nos conformamos con lamentarnos y esperar al
siguiente suceso, sino que ha tomado la decisión inmediata, con bastante
diligencia y rigor, de pedir dos informes que se puedan cotejar para
saber pericialmente qué es lo que había ocurrido; ha incoado expedientes
sancionadores a los funcionarios que han tenido relación con esta obra;
la Administración ha asumido por primera vez, como usted sabe señora
Urán, la responsabilidad patrimonial sin tener que esperar a una
sentencia condenatoria; ha tomado acciones legales frente a una empresa
que tiene una responsabilidad según se deriva de los informes técnicos y
ha laborado un catálogo de una serie de obras que requieren una
tramitación administrativa correcta para transferir titularidad. De todas
estas actuaciones se informó en una primera comparecencia, a los ocho
días de la catástrofe y, a los dos meses con informes definitivos, sin
lugar a dudas --aquí sí permítanme la inmodestia--, creo que algo hemos
influido en la agilidad --y nos felicitamos por ello-- con que el propio
juez ha tomado el asunto, puesto que no se conocía ningún caso de
responsabilidades de este nivel, o incluso a lo mejor superiores, que
pudieran producirse en otros acontecimientos en los que la Administración
también ha estado involucrada, y estoy pensando en sentencias que han
tardado en producirse bastantes años. Por tanto, creo que hemos
demostrado que no nos hemos conformado con lamentarnos, sino que estamos
actuando.
Con relación a la responsabilidad política, yo dije que siempre se
estudian las responsabilidades políticas. Lo que ha quedado claro, y por
eso era tan importante tener esos informes, es el momento en que se
produce esa obra y el momento en que no se vigila, como usted dice, para
que se haga lo que hay que hacer y cómo se debe hacer lo que hay que
hacer. Por tanto, si la obra se inicia en el año 1990 con el primer
proyecto y termina en el año 1994, y los informes técnicos han demostrado
clarísimamente dónde están las causas de esa rotura del depósito, esa
responsabilidad política que pudo haber existido, desde luego ha quedado
ya subsanada o ha quedado asumida, si usted prefiere, por unas elecciones
que se han producido después del año 1994. Las personas que podrían haber
tenido algún tipo de responsabilidad política, porque no actuaron --si es
que usted lo considera así-- con la diligencia debida en aquel momento
para exigir a esos funcionarios esa diligencia debida, ya no están en
este momento en la Administración y, por tanto, no se les puede asignar
ningún tipo de responsabilidad política.
Señora Narbona, agradezco sus palabras porque le aseguro --y usted ha
tenido también responsabilidades en estas áreas-- que sí que es cierto el
rigor y la diligencia con que hemos querido actuar en este caso tan
delicado. No me sustraigo a que haya que hacer nuevas comparecencias.
Tampoco quiero decir que sea el punto final. Si fuera necesario, y cuando
se conozcan otros planteamientos, si ustedes lo consideran oportuno, con
mucho gusto acudiría. Lo que sí le quiero decir es que en la medida en
que respecto a las responsabilidades penales no tenemos que tomar ninguna
decisión, les daría cuenta de cuál sería el resultado final de esa
sentencia. Si tiene en ese momento alguna repercusión en la
responsabilidad civil, sí que podría comunicárselo a ustedes, y ni qué
decir tiene que podríamos comunicar después de la sentencia definitiva
qué es lo que habría ocurrido con las responsabilidades administrativas,
con la continuación de ese trámite de incoación de expedientes
sancionadores a determinados funcionarios que en este momento ha quedado
en suspenso. Por tanto, quiero decirle que no tengo ningún inconveniente
en hacer lo que le acabo de decir cuando se produzca ese momento.
En estos momentos no tengo constancia de cuántos depósitos ha ejecutado
esta misma empresa subcontratista, pero si es del interés de S. S. lo
podríamos analizar. En cambio, quisiera decirle que el coste final de la
obra ya pagada es el mismo inicial más el proyecto modificado, puesto
que, como sabe S. S., el pago de la obra, salvo en el sistema de pago
aplazado, se va haciendo mediante las llamadas certificaciones, que son
las que se realizan como pagos a cuenta durante la propia ejecución de la
obra. Por tanto, no ha habido que esperar aquí a finalizar la obra, nada
más que, supongo que en el año 1994, a pagar la última certificación de
obra, pero todo lo demás se ha ido haciendo como pagos a cuenta a través
de las certificaciones, como se hace en todas las obras, salvo en las del
año pasado y también las de este año, en las que este Ministerio pondrá
en marcha el llamado sistema de pago aplazado o sistema alemán.
Quiero agradecer al diputado del Grupo Popular --que además ha conocido
más directamente que nadie lo que esta catástrofe ha producido, la
convulsión social a la que él se refería-- sus palabras, que en
definitiva indican un reconocimiento a la sensibilidad que hemos tenido
por lo que ha sufrido la ciudad de Melilla, como nos habría ocurrido en
cualquier otro punto de la geografía española, que nos ha llevado, por la
tragedia de once vidas humanas que se han perdido, a actuar con el rigor
debido pero, al mismo tiempo, imprimiendo un ritmo y una diligencia que a
alguien le puede chocar. Siempre se dice que la Administración es lenta,
pero cuando tenemos algún tipo de responsabilidad, en la medida de
nuestras posibilidades, hay que agilizar esos trámites, y le aseguro que
cuando hay voluntad, como aquí ya se ha dicho, se puede intentar.
Quiero decirle con respecto a la responsabilidad patrimonial, que a usted
le preocupaba, que esa orden ministerial tiene unos trámites concretos
que yo antes he dicho: en primer lugar, publicar la orden en el Boletín
Oficial del Estado, yo espero que esté el próximo lunes, no me quisiera
comprometer más allá, pero creo que el próximo lunes se puede tener esa
orden en el Boletín Oficial del Estado; a continuación, se dará cuenta a
la ciudad de Melilla, por los procedimientos oportunos de publicación en
los diarios de mayor tirada de la Ciudad Autónoma de Melilla; y se abre
un plazo, que suele ser de en torno a los once días hábiles, para que los
posibles damnificadaos presenten todo tipo de alegaciones que les dé
derecho a tener esa indemnización de daños y perjuicios.
Lo que sí le quiero decir es que, en la medida en que aquí queremos que
los trámites se aceleren, a todas aquellas personas que ya hayan
presentado algún tipo de documentación no se les va a exigir que, a
través de la Delegación del Gobierno, vuelvan a presentar todo el
expediente y vuelvan a iniciar los trámites; si los documentos entregados
son suficientes para considerarles con derecho a esa indemnización por
daños, no tendrán que aportar más. Una vez que se haya presentado toda
esa documentación, hay unos informes preceptivos que tampoco podemos
saltarnos y que pueden demorar un poco la agilización de esa percepción
pecuniaria de la indemnización por daños. Esos trámites fundamentalmente
son dos: el informe de los servicios del propio Ministerio de Medio
Ambiente, que por nuestra parte les garantizo que lo vamos a agilizar al
máximo --no agotaremos siquiera los plazos reglamentarios, sino que lo
haremos con rapidez--, y el informe preceptivo del Consejo de Estado que
esperemos también que se pueda agilizar, habida cuenta de la sensibilidad
que se deriva de este tema que vamos a plantearles. En cualquier caso, si
comprometo, como mucho, que antes de junio --por poner un ejemplo--,
antes del verano, podremos tener esta situación zanjada, creo que es un
compromiso asumible, con las limitaciones --ya digo-- que tiene el que no
todo depende de nosotros.
Por último, también le interesa a la Ciudad Autónoma de Melilla saber que
entre los daños que se han producido, he planteado que si existía un
depósito, que además estaba en funcionamiento, era porque el
abastecimiento a Melilla es necesario y que en este momento nos hemos
quedado
sin ese depósito, que ha producido la catástrofe, pero que estaba dando
un servicio de agua a Melilla. Esto quiere decir que con toda rapidez
estamos estudiando otra ubicación para un nuevo depósito, que
construiremos en varias fases. Creo que la primera de estas fases
podríamos a lo mejor contratarla a lo largo de este año; me gustaría
poder decir que hacia el verano, pero también le indico que hay un
proceso que queremos agilizar de selección de terrenos, licitación de una
obra y posterior adjudicación. El Ministerio se compromete, a través de
sus presupuestos, tanto a procurar esta indemnización por daños como a la
cobertura de este depósito, sin perjuicio, como ya ha quedado patente, de
la repercusión que pueda tener, a través de las acciones legales
correspondientes, en quienes al final pudieran haber tenido una
responsabilidad, ya sea penal o civil subsidiaria, que determinará el
juez.
Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Quiero agradecerle, en nombre de toda la Comisión de Medio Ambiente del
Congreso de los Diputados, su comparecencia en la sesión de hoy.
No habiendo más asuntos para tratar, se da por finalizada la sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.