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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 373, de 11/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 373
INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESUS POSADA MORENO
Sesión núm. 37
celebrada el miércoles, 11 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado Montalvo) para
informar sobre:
--Cumplimiento de la Ley de Televisiones Privadas en el reciente cambio
de titularidad accionarial en Antena 3 Televisión. A petición propia
(Número de expediente 212/000773) (Página 10984)
--Actuaciones del Gobierno en materia de irregularidades en el
cumplimiento de la Ley 25/1994 por parte de algunas televisiones. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 212/001115)
(Página 10984)
--Autorización dada por el Ministerio a la compra de un paquete de
acciones de Antena 3 TV, S. A., por Telefónica de España, S.A., y los
bancos de Santander y Central-Hispano. A solicitud del Grupo Socialista
del Congreso (Número de expediente 213/000335) (Página 10984)
--Adquisición del 25 por ciento de las acciones de Antena 3 TV, S. A.,
comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
relación con el control de dicha cadena de televisión, planteamientos de
la compañía en relación con las decisiones de la Comisión Europea, y
relación
existente con el Gobierno de dicha operación de compra. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 219/000279) (Página 10984)
--Actuaciones de la Compañía Telefónica de España S. A., claramente
vinculadas a su posición de dominio de mercado y respecto de las cuales
no ha sido posible hacer comparecer al señor Villalonga. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 213/000440) (Página 10984)
--Acuerdo entre el Ministerio y la Empresa Autopistas del Mediterráneo
(AUMAR), concesionaria de la Autopista del Mediterráneo A-7, por el que
se prorroga la concesión trece años a cambio de una rebaja tarifaria en
los peajes. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de
expediente 213/000399) (Página 11002)
--Razones por las que se ha llegado a un acuerdo con las empresas
concesionarias de autopistas para aumentar el plazo de concesión de las
mismas. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(Número de expediente 213/000405) (Página 11002)
--Acuerdos alcanzados con los concesionarios de autopistas sobre rebaja
de peaje, especialmente del contenido económico de los mismos, así como
del nuevo equilibrio económico-financiero acordado. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso (Número de expediente 213/000412) (Página 11002)
--La prórroga en la concesión de la gestión de autopistas, en especial en
la A-7 y en la Sevilla-Cádiz. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto
(Número de expediente 213/000415) (Página 11002)
Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO (ARIAS-SALGADO Y MONTALVO)
PARA INFORMAR SOBRE:
--CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TELEVISIONES PRIVADAS EN EL RECIENTE CAMBIO
DE TITULARIDAD ACCIONARIAL EN ANTENA 3 TV. A PETICION PROPIA (Número de
expediente 212/000773).
--ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE IRREGULARIDADES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 25/1994 POR PARTE DE ALGUNAS TELEVISIONES. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
212/001115).
--AUTORIZACION DADA POR EL MINISTERIO A LA COMPRA DE UN PAQUETE ACCIONES
DE ANTENA 3 TV, S. A., POR TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A., Y LOS BANCOS DE
SANTANDER Y CENTRAL-HISPANO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 213/000335).
--ADQUISICION DEL 25 POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE ANTENA 3 TV, S. A.,
COMUNICACION REMITIDA A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES EN
RELACION CON EL CONTROL DE DICHA CADENA DE TELEVISION, PLANTEAMIENTOS DE
LA COMPAÑIA EN RELACION CON LAS DECISIONES DE LA COMISION EUROPEA, Y
RELACION EXISTENTE CON EL GOBIERNO DE DICHA OPERACION DE COMPRA. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
219/000279).
--ACTUACIONES DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A., CLARAMENTE
VINCULADAS A SU POSICION DE DOMINIO DE MERCADO Y RESPECTO DE LAS CUALES
NO HA SIDO POSIBLE HACER COMPARECER AL SEÑOR VILLALONGA. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 213/000440).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de
Infraestructuras con la comparecencia del ministro don Rafael
Arias-Salgado, a quien damos la bienvenida a esta Comisión.
Como hicimos ya en sesiones anteriores, vamos a agrupar una serie de
comparecencias pedidas, a fin de poder tratar el mayor número posible de
asuntos. La primera comparecencia englobará cinco: el cumplimiento de la
Ley de Televisión Privada en el reciente cambio de titularidad
accionarial en Antena 3 TV, pedida por el propio Gobierno para que
compareciera el secretario general de Comunicaciones y comparece el
ministro; las actuaciones del Gobierno en materia de irregularidades en
el cumplimiento de
la Ley 25/1994 por parte de algunas televisiones, que ha sido pedida por
el Grupo Parlamentario Mixto; la autorización dada por el Ministerio a la
compra de un paquete de acciones de Antena 3 TV, por Telefónica de España
y los Bancos de Santander y Central-Hispano, a petición del Grupo
Socialista; la adquisición del 25 por ciento de las acciones de Antena 3
TV, la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en relación con el control de dicha cadena de televisión, los
planteamientos de la compañía en relación con las decisiones de la
Comisión Europea y la relación existente con el Gobierno en dicha
operación de compra, a solicitud del Grupo Socialista y respecto a lo
cual comparece el ministro en lugar del delegado del Gobierno en
Telefónica; y las actuaciones de la Compañía Telefónica de España,
claramente vinculadas a su posición de dominio de mercado y respecto a
las cuales no ha sido posible hacer comparecer al presidente, señor
Villalonga, también a solicitud del Grupo Socialista.
En primer lugar, va a intervenir el ministro abarcando todas estas
comparecencias y después haremos la habitual intervención de los grupos
parlamentarios. Yo simplemente les recuerdo que, dada la hora que
empezamos y que en realidad son dos extensas comparecencias, hay que
tener en cuenta los tiempos y procurar ser concisos, con el fin de que se
puedan emitir todas las opiniones.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías, creo
que no incurro en una reducción excesiva de los planteamientos que
subyacen en las comparecencias solicitadas si centro mi intervención en
torno a las dos grandes cuestiones que se suscitan en las peticiones
hechas por los distintos grupos parlamentarios. Hay una primera cuestión,
que es el cumplimiento de la Ley de Televisión Privada en el cambio de
titularidad accionarial que se produjo en Antena 3 TV, y una segunda
cuestión que afecta al control de la empresa concesionaria Antena 3 TV
después del cambio accionarial a la luz de la legislación vigente, de una
parte, legislación nacional y, de otra, comunitaria.
En lo que afecta a la primera cuestión, al cumplimiento de la Ley de
Televisión Privada en la autorización previa para que se pueda producir
el cambio accionarial, tengo el gusto de trasladar a la Comisión lo
siguiente.
En la tarde del 24 de julio, a primera hora de la tarde, entraron en la
Secretaría General de Comunicaciones tres escritos: uno, de Telefónica
Multimedia, empresa participada al cien por cien por Telefónica de
España, pidiendo que se le autorizara a Prensa Regional, S. A., la compra
del 24,389 de las acciones de Antena 3 TV y a Inver 14 la compra del
0,611 de las acciones de Antena 3 TV; otro, de la sociedad Macame, del
Banco Central-Hispano y previamente accionista de Antena 3, a diferencia
del caso anterior, que solicita autorización para poder formalizar la
compra a Constructora San Bernardo del 7,139 de las acciones de Antena 3
TV; y el tercero, del Banco de Santander, también previamente accionista
de Antena 3 a través de dos sociedades, Corpoban, S. A., e Invacor, S.
A., que pide autorización para poder formalizar la compra a Renvir, S.
A., del 10,299 por ciento de las acciones de Antena 3 y a Inver, S. A.,
del 1,277 por ciento de las acciones de Antena 3 TV. El resultado de
estas solicitudes de autorización para poder formalizar la compra de
acciones es el siguiente: Telefónica Multimedia se queda con el 25 por
ciento de las acciones de la sociedad concesionaria Antena 3 TV; Macame,
del Banco Central-Hispano, suma una participación del 21,357 por ciento,
y el Banco de Santander, a través de dos sociedades participadas,
Corpoban e Invacor, queda con el 21,575 por ciento de las acciones de la
empresa concesionaria.
Esta es la comprobación que tenía que hacer y que hizo la Secretaría
General de Comunicaciones a la vista de los escritos presentados, y no se
puede pasar por encima de la naturaleza del acto administrativo de
autorización si se quiere entender todo el proceso. Esta autorización
tiene tres rasgos. En primer lugar, es una autorización previa; es decir,
sin ella no es posible formalizar el negocio jurídico de la transmisión.
En segundo lugar, es constitutiva y, por consiguiente, de formalizarse el
negocio jurídico no tendría validez. Así está establecido en el artículo
21 de la Ley de Televisión Privada de una manera explícita. En el párrafo
primero se dice: Requerirán la previa autorización administrativa los
negocios jurídicos de transmisión, y en el párrafo dos se dice: Será
registro constitutivo de los actos y negocios jurídicos mencionados en el
apartado anterior su formalización mediante documento autorizado por
fedatario público. Hay un tercer rasgo: es una autorización
administrativa reglada; es decir, la Administración está obligada a
concederla si se cumplen los requisitos que están establecidos en la Ley
de Televisión Privada. Por tanto, no es una autorización que se enmarque
en el ámbito de lo que podríamos denominar potestades discrecionales de
la Administración.
Los requisitos de esta autorización reglada están específicamente
señalados, sin ninguna posibilidad de confusión, en el artículo 19 de la
Ley de Televisión Privada y, particularmente, en el artículo 23, que es
un artículo que hace interpretación de lo que se entiende por control. Lo
leo porque tiene una importancia decisiva en esta intervención. Dice el
artículo 23: A los efectos previstos por la presente ley, serán
considerados supuestos de interposición o de participación indirecta (por
tanto, interposición o participación indirecta que tendría consecuencias
jurídicas) todos aquellos en los que mediante acuerdos, decisiones o
prácticas concertadas se produzca el resultado del control o dominación
efectiva del capital en proporción superior a la autorizada por la ley.
Por consiguiente, es el tope del 25 por ciento el que determina la línea
por debajo de la cual el acto o negocio jurídico debe ser autorizado, la
autorización administrativa debe ser otorgada, y por encima del cual la
autorización administrativa, de realizarse la oportuna comprobación, no
podría ser otorgada.
En este planteamiento, el elemento que incide en el debate político es la
rapidez en la concesión de la autorización. Aquí nos encontramos con algo
perfectamente opinable, pero, en todo caso --y ya se puso de relieve aquí
en un debate a través de la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Luis Ortiz--, es singular que se
haga la crítica de la celeridad en la concesión de una autorización
administrativa, celeridad que es tanto más exigible cuanto más importante
es el negocio jurídico que se realiza. Una celeridad para un pequeño
negocio jurídico puede ser algo más o menos discutible. Cuanto más
importante es el negocio jurídico que se realiza más significación y más
transcendencia tiene la autorización administrativa. Precisamente por la
propia magnitud financiera de la transmisión, en el caso concreto que nos
ocupa era exigible la celeridad. Así lo solicitaron, además, los
peticionarios de la autorización. Hay otras razones que explican
perfectamente por qué se puede conceder una autorización previa de una
manera rápida, si se quiere, muy rápida; si se quiere, rapidísima. En
primer término, se puede por la facilidad de la comprobación de las
participaciones accionariales. Hay en la Secretaría General un registro
de entidades concesionarias de empresas de televisión que permite una
comprobación prácticamente mecánica de las repercusiones de cualquier
autorización para realizar un negocio jurídico de transmisión de
acciones. Cabe añadir en este caso otra circunstancia, que es la propia
notoriedad de los compradores que hace todavía más fácil la comprobación
de su situación accionarial en el ámbito de la empresa concesionaria.
Señorías, en esta primera cuestión está claro que se ha cumplido
rigurosamente la Ley de Televisión Privada y que se ha concedido una
autorización administrativa de carácter previo y reglado en el marco de
lo que dispone la citada ley.
La segunda cuestión es la que afecta al control de la empresa
concesionaria después del cambio de titularidad de las acciones. Hay
aquí, como es lógico, algunos elementos para el debate. Yo puedo hacer la
exposición de hechos que se conoce a través del procedimiento
administrativo que tiene lugar en el ámbito de la Secretaría General de
Comunicaciones. A este respecto puedo afirmar, primero, que la Secretaría
General de Comunicaciones, y por tanto el Ministerio de Fomento, no
conocía en modo alguno el 24 de julio de 1997 la existencia de ningún
pacto secreto entre accionistas. El único documento que se había
presentado ante la Administración, antes del otorgamiento de la
autorización por el Ministerio de Fomento, aparte de la propia solicitud
de autorización, fue la notificación que se hizo por Telefónica de España
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en tal escrito se hablaba
única y exclusivamente del deseo de adquirir una participación en el
capital de Antena 3 Televisión, sociedad anónima, aunque la operación no
estaba formalmente culminada. Por ello, la autorización administrativa
que otorga el Ministerio de Fomento se ciñó estrictamente a la solicitud
presentada en el Ministerio de Fomento, como no podía ser de otra manera.
Si la solución tenía los requisitos, se procedía a la oportuna
comprobación y de ésta no resultaba una adecuación a los términos de la
Ley de Televisión Privada, la autorización era de concesión obligada por
parte de la Administración central del Estado. La denegación de la
autorización, que tiene carácter previo y reglado --insisto--, hubiera
sido prevaricación.
La autorización que da la Secretaría General de Comunicaciones del
Ministerio de Fomento es para la compra de una participación accionarial
en Antena 3 Televisión, sociedad anónima, que no excedía del 25 por
ciento del capital de Antena 3 Televisión, sociedad anónima.
Posteriormente, a la concesión de la autorización se formuló alguna
declaración, con fecha 7 de agosto del año 1997, por Telefónica de España
ante la Comisión Nacional del Mercado de valores de la cual se podría
deducir algún tipo de acuerdo entre accionistas. Eso sucede, como digo,
con fecha 7 de agosto, lo cual no significa que la Secretaría General de
Comunicaciones tenga conocimiento de ese escrito, que va por otro cauce
administrativo. Conocido el escrito, en el momento mismo en que se tuvo
conocimiento, el Ministerio de Fomento, con fecha 29 de agosto del año
1997, requiere a Antena 3 Televisión para que aporte toda la
documentación relativa a cualquier posible acuerdo entre accionistas o de
sindicación respecto del control en el capital de Antena 3 Televisión,
sociedad anónima, con apercibimiento de las responsabilidades en que
podría incurrirse si dicha documentación no fuere aportada. Como
consecuencia de ello, Antena 3 Televisión solicitó de sus accionistas,
entre ellos Telefónica Multimedia, que apostasen cualquier acuerdo de
sindicación. Esta documentación fue trasladada al Ministerio de Fomento y
de ella cabe deducir lo siguiente. Primero, en el procedimiento seguido
para la designación de los miembros del consejo de administración de
Antena 3 Televisión, en la junta general de la compañía celebrada el 18
de agosto, no se esgrimió ningún privilegio de carácter político para
tener una representación en el órgano gestor de la sociedad superior a la
que correspondería en función de la participación en el capital. Segundo,
según la manifestación de la sociedad concesionaria, refiriendo a estos
efectos la documentación aportada por Telefónica Multimedia, no existe en
la actualidad ningún acuerdo de sindicación entre accionistas que
atribuya a ninguna de las partícipes un privilegio político o económico.
A continuación señoría, voy a dar lectura a la contestación que, a través
del presidente de Antena 3 Televisión, se da al requerimiento que había
hecho la Secretaría General de Comunicaciones para que se aportara toda
la documentación sobre la posible existencia de acuerdos entre
accionistas. En el escrito que Antena 3 Televisión, a través de su
presidente, dirige a la Secretaría General de Comunicaciones se hacen
unas afirmaciones: Como complemento de la información precedente, donde
se hace un relato de los consejeros que han ido tomando posesión, el
firmante de este escrito pone en conocimiento de V. I. los siguientes
hechos y datos de los que tiene noticia por su participación personal en
los órganos de administración de Antena 3 Televisión sociedad anónima:
cuatro de los actuales diez consejeros de Antena 3 Televisión están
vinculados a Telefónica de España. De ellos, tres como directivos de esta
sociedad, los señores Bergia, Nieto, Mas, y otro, el señor Vilarrubí,
como miembro independiente del consejo de administración, no vinculado a
ningún accionista ni al equipo de gerencia de Telefónica de España. La
designación de estas cuatro personas como consejeros de Antena 3
Televisión, S. A., fue propuesta por Telefónica de España. Otros cuatro
consejeros han sido propuestos o están respaldados
por el Banco Central Hispanoamericano: los señores Ridruejo y Grimá,
directivos del Banco; el señor García Nieto, directivo de Endesa
--sociedad que participa junto con el Banco en la sociedad Obetago, S.
A., tenedora de acciones de Antena 3 Televisión-- y, finalmente, el señor
Calvet, director general de España de S. B. C. Worldwor. El
vicepresidente, don Rafael Jiménez de Parga, consejero desde la
constitución de la sociedad, no tiene vinculación con ninguno de los tres
accionistas principales. El señor Jiménez de Parga ha expresado su
intención de dimitir como consejero, accediendo, no obstante, a la
petición del resto de consejeros de permanecer transitoriamente en el
cargo. Don Javier Gimeno tampoco tiene vinculación alguna con los
principales accionistas, habiendo desempeñado el cargo de consejero y las
funciones de consejero-delegado de Antena 3 Televisión como profesional
independiente desde hace varios años.
El escrito del presidente del consejo de administración de la empresa
concesionaria añade: Con la conformidad de Telefónica de España y la
autorización de Banco de Santander y Banco Central Hispanoamericano, se
pone en conocimiento de V. I. que los acuerdos entre estos tres
accionistas de Antena 3 Televisión sobre la composición del consejo de
administración y la gestión social prevén lo siguiente: El objeto de los
acuerdos es constituir un núcleo accionarial de Antena 3 en apoyo a la
gestión de su consejo de administración. Sin perjuicio de los compromisos
de nombramientos de consejeros, los accionistas conservan el pleno
ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a la
titularidad de las acciones de Antena 3 que ostentan. Cada accionista se
reserva específicamente la libertad de voto en cuantas cuestiones se
someten a las juntas generales de accionistas, el derecho de censura a la
gestión social, de impugnación de acuerdos sociales y de ejercicio de
acciones de responsabilidad, así como de los demás derechos reconocidos a
los accionistas por la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos
sociales de Antena 3. El escrito continúa: El actual consejo de
administración, cuyos vocales han sido nombrados por práctica unanimidad
por la junta general de accionistas el 18 de agosto de 1997 en atención a
que el Banco de Santander no ha propuesto inicialmente ningún consejero
(los ha propuesto hace escasos días), dice cuatro propuestos por BCH;
cuatro por Telefónica; el consejero delegado, señor Gimeno; y el
vicepresidente, señor Jiménez de Parga, como persona independiente que
facilite la transición en el órgano de administración. Banco de Santander
ha expresado su intención de proponer inicialmente sólo un consejero de
Antena 3, que identificará en breve. Su nombramiento se hará cubriendo la
vacante que deje el señor Jiménez de Parga o aumentando el número de
miembros del consejo de administración. Las partes se reconocen el
derecho a proponer consejeros en número de hasta cuatro por el BCH, al
menos uno de los cuales será miembro de la comisión ejecutiva, seis
Telefónica y cuatro Banco de Santander, fijándose en catorce el número de
miembros del consejo si los tres accionistas proponen todos los
consejeros a quien tienen derecho y no existen consejeros propuestos por
otros accionistas. Fin de la cita.
Esto es, señoría, por una parte, lo que afecta a la aplicación de la Ley
de Televisión Privada en la transmisión de acciones y, por otro lado, a
la posibilidad de que hubiera existido un acuerdo entre accionistas que
supusiera un control de la entidad concesionaria superior al que permiten
las participaciones accionariales. No existe ese control, han sido
formalmente aclaradas todas las solicitudes de información que se han
hecho a Antena 3 Televisión y que ésta ha hecho a su vez a sus socios.
Por consiguiente, el Gobierno traslada a esta Comisión --y, de esta
forma, a la Cámara-- que, tanto en el caso de la autorización previa como
en la forma de funcionar la entidad concesionaria, se han cumplido en sus
más estrictos términos los preceptos legales vigentes en nuestro
ordenamiento jurídico.
El señor PRESIDENTE: Como autor de las tres peticiones de comparecencia,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Jenaro
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Quiero darle las gracias, señor
ministro, por su comparecencia, que no hemos querido consumar hasta que
hemos podido conseguir alguna información sobre el expediente completo.
Hemos tenido que recurrir al amparo de la Presidencia del Congreso porque
su Ministerio se mostraba un poco renuente, al parecer, a enviarnos esa
información, aunque al final lo hizo. La comparecencia del presidente de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores también nos aportó la
documentación necesaria para tener la base documental que nos va a
permitir hacer posteriormente algunas afirmaciones.
Señor ministro, lo primero que se deduce de su intervención es un cierto
distanciamiento de los hechos. El Ministerio no tiene ninguna vinculación
con los actores y se ha limitado, en un exceso de rapidez y de
ingenuidad, a creer lo primero que le han dicho los actores de este
negocio, sin tener tiempo material para comprobar lo que unos y otros han
afirmado.
Lo primero que vamos a defender, señor ministro, es que cuando el pasado
24 de julio su Ministerio, de conformidad con la Ley 10/1988, de
Televisión Privada, autorizó la participación de Telefónica en el capital
social de Antena 3, a través de su filial Multimedia, la operación no se
había concluido. Me da exactamente igual que la autorización sea reglada,
previa y constitutiva; no había negocio jurídico que autorizar. En
nuestra opinión, la autorización fue tan previa que se produjo en el
vacío, lo que implica una cierta connivencia del Gobierno con la
operación descrita. Como hemos esperado para tener la documentación
necesaria, vamos a ver qué ocurre el día 24, señor presidente. Telefónica
comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que las
conversaciones iniciadas el 23 de julio --estoy hablando del día 24-- no
han terminado, no hay acuerdo y que en cuanto éste se produzca se lo van
a comunicar. Al Ministerio le dice exactamente lo mismo, señor ministro.
Le viene a decir en un fax que se pretende la adquisición del 24 por
ciento del capital que estaba en manos de Prensa Regional, S. A., y del
0,611 por ciento del capital que estaba en manos de Inver y que, a los
efectos
del cumplimiento de la ley, ninguno de los accionistas de Telefónica ni
de Telefónica Multimedia son titulares, directa o indirectamente, de
acciones en ninguna sociedad concesionaria. Su secretario general no lo
comprueba y tiene allí un esplendoroso registro de concesionarias de las
televisiones privadas que demuestra que dos importantes entidades
financieras que son accionistas de Sogecable forman parte del núcleo duro
de Telefónica y, por tanto, devienen indirectamente en la posesión de
acciones de dos sociedades concesionarias.
Pero no es eso sólo lo que me interesaba resaltar; lo que me interesaba
resaltar es que ese día no se había producido ningún acuerdo y Fomento,
ese mismo día, a través de fax, da la autorización correspondiente para
que se sustancia el acuerdo que se le ha comunicado, siempre que en el
plazo de cinco días como máximo se identifiquen las acciones nominativas
y se comuniquen a ese Ministerio. No sé los términos exactos, pero ésa
era la intención. No se había comunicado ni siquiera la identificación de
las acciones. ¿Cómo se podía entonces hacer el negocio jurídico, señor
ministro? Si no se habían identificado las acciones, ¿cómo se podía hacer
ese negocio jurídico? Si yo le digo por fax a su Ministerio que estoy en
disposición de comprar Antena 3, ¿usted me da la autorización para el
negocio, sin comprobar nada? Es más, entiendo que la condición es
suspensiva. Si no se comunica en cinco días, como le pide el Ministerio,
la autorización deviene nula, se resuelve. Pues bien, no se comunicó en
cinco días, señor ministro; se comunicó en siete. Y cuando al comunicarse
en siete días Telefónica le solicita, no obstante, al secretario general
que certifique por escrito que se ha cumplido la condición sustantiva, su
secretario general no lo hace, y no puede ser un olvido en la remisión de
información porque nos han mandado hasta los acuses de recibo de las
empresas con las que ha habido intercambio por correo.
La prueba contundente de que el acuerdo no se había alcanzado y que, por
lo tanto, su Ministerio actuó con excesivo carácter previo en una
operación que no estaba ni siquiera ultimada es que, otra vez por fax de
Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se comunica que
en el día de hoy --fechado 27 de julio-- se ha alcanzado el acuerdo
mediante el cual se produce la transmisión de acciones, etcétera. BCH le
dice lo mismo, y están aquí los hechos destacables sacados de Internet de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Banco de Santander le
dice lo mismo: En el día de hoy --fecha 27, registro de entrada en la
Comisión del Mercado de Valores el día 18-- se han culminado las
negociaciones que le comunicamos con fecha día 24 que se iniciaban entre
unos y otros para llegar a un acuerdo. De los datos enviados por
Telefónica a la Comisión y al Ministerio, por el BCH sólo a la Comisión
--no tenemos la correspondencia mantenida con el Ministerio-- y del Banco
de Santander, se deduce que esa operación no existía y que miembros
autorizados de su Ministerio la autorizaron.
En segundo lugar, me quiero referir a algo que ya he apuntado antes.
Vamos a suponer que existiese la operación y que la autorización
estuviese bien concedida, aparte de la broma que se puede hacer con la
celeridad de las administraciones en responder a unos sí y a otros no;
aquí estamos peleando como locos para quitar el silencio negativo en las
leyes, para que la Administración despierte. A algunas empresas
importantes que han pretendido personarse en este expediente no se les ha
respondido por fax sino por correo normal, con registro y acuse de
recibo, cuatro días después de la fecha en que han solicitado personarse
en el expediente. Vamos a suponer que todo era correcto. La autorización
es meridiana: siempre que en el plazo de cinco días se comunique a esta
Secretaría General la relación nominal de acciones. Insisto, eso no se
produce, y están aquí los escritos de Telefónica al secretario general
comunicándole la identificación nominal de las acciones y pidiéndole
--mala conciencia tendría-- que certifique por escrito que ha cumplido la
condición expuesta en la autorización, y su secretario general, con buen
criterio, no responde, no certifica, no dice que se ha cumplido la
condición suspensiva impuesta en la autorización. Por lo tanto, además de
reglada, previa y constitutiva, la autorización era perfectamente nula,
porque no se había cumplido en sus propios términos.
En tercer lugar, señor ministro, su Ministerio incumplió, como ya he
dicho antes, lo referido a la prohibición de tenencia de acciones de más
de una concesionaria de la televisión privada, artículo 19.2 de la ley.
Se lo advirtieron quienes quisieron personarse en el procedimiento y se
les rechazó, cinco días después, con el descarado argumento de que ya se
había concluido el expediente. ¡Cómo no se va a concluir el expediente si
le entra a usted un fax y a las dos horas cierra el expediente y autoriza
lo que le solicitan en ese fax! Se le advirtió que una de dos entidades
financieras importantes, la Caixa y BBV, que es público y notorio que
está en el núcleo de accionistas de Sogecable, pertenece al núcleo duro
de Telefónica y, por tanto, se incumple la previsión del artículo 19.2 de
la ley que prohíbe la tenencia de acciones, no del 25 o del 7 por ciento,
sino de acciones de más de una sociedad concesionaria.
Señor ministro, ha incumplido su Ministerio el artículo 19.3, referido a
la prohibición de poseer directa o indirectamente más del 25 por ciento
del capital social de una sociedad concesionaria. Aquí ha habido voluntad
de incumplirlo en el futuro y no se produce, de hecho, en ese momento.
Alega usted la inexistencia de acuerdos entre BCH, Santander y Telefónica
Multimedia, a la hora de una supuesta sindicación de sus acciones y de
una toma de control en Antena 3 superior al 25 por ciento que le permite
la ley. A este respecto asegura usted, incluso, que se han dirigido a
Antena 3 y a Telefónica, que le han asegurado con toda solemnidad que
esos acuerdos no existen, que ellos más puros y más limpios que ninguno y
su secretario general se lo cree. Pero el hecho destacable, comunicado
por Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice el 7
de agosto: Los acuerdos alcanzados entre los inversores atribuyen a
Telefónica de España la designación de la mayoría de los miembros del
consejo de administración de Antena 3 --luego, se quedó en cuatro de 10,
el 40 por ciento, superior al 25 por ciento que le permite la ley--, de
la comisión ejecutiva de esta sociedad, del consejero delegado, de la
cúpula directiva y
del 60 por ciento de los miembros del órgano de administración de GMAF,
que es otra empresa que está en este negocio pero a la que no nos estamos
refiriendo en este momento. Además, le dice algo absolutamente
sorprendente, señor ministro: Telefónica de España ha garantizado a Banco
de Santander y a Banco Central, mediante contrato formalizado en el día
de hoy, la liquidez y el mantenimiento de la inversión en Antena 3
durante el segundo año de la inversión. Sólo hay una manera de garantizar
eso, señor ministro: el compromiso de compra de las acciones; sólo existe
esa manera. Si me dice otra yo estoy dispuesto a escucharle. Pero sólo
conozco una manera de garantizar la liquidez y el mantenimiento de la
inversión, que es un pacto de recompra de las acciones. O,
alternativamente, de llegar a permitirlo la legislación aplicable, con lo
que insinúa una supuesta capacidad de cambiar esa legislación, solicitar
la admisión a cotización de las acciones en bolsas de valores españoles.
¿Por qué esta garantía y este compromiso? Porque eran reacios, tanto el
Santander como el Central-Hispano, a participar en la operación; porque
nadie se juega 50.000 millones de pesetas en su conjunto --en el caso del
Santander, 18.000, y en el del BCH, 11.000 ó 12.000-- en un negocio que,
aunque usted se encuentre absolutamente feliz de que se haya resuelto en
su Ministerio en seis horas y por fax, es inconsistente. Nadie se juega
su dinero en esas cosas. Por lo tanto, Telefónica está obligada a ofrecer
unas garantías a los dos socios inversores, que son absolutamente
contrarias a la legalidad vigente en aquel y en este momento, y se arroga
una serie de competencias que residen, afortunadamente, en esta Cámara.
Sobre el cumplimiento del artículo 21, referido a la autorización
administrativa necesaria para la transmisión de acciones, ya me he
extendido. Usted autorizó algo que estaba en diseño avanzado, en proyecto
avanzado, pero que no constituía todavía un negocio jurídico, por dos
razones: porque no estaban identificadas las acciones y porque había una
condición suspensiva que no llegó a cumplirse.
Sobre el artículo 23, referido a la prohibición de acuerdos de
sindicación de acciones que produzcan posiciones de control superiores al
25 por ciento establecido en la ley, me acabo de extender con la lectura
del hecho destacable que Telefónica comunica a la Comisión el día 7 de
agosto. Estos son los hechos, señor ministro, sacados de una información
que nos ha sido remitida por usted, por la Comisión, y de una respuesta a
una pregunta escrita planteada por nuestro grupo sobre las relaciones del
Gobierno con todas estas actuaciones.
Nosotros no hemos escuchado nada, salvo un cierto distanciamiento: estas
cosas han pasado por allí, pero las empresas me han mandado estos
papeles, y yo me lo tengo que creer porque como esto está arreglado y no
tengo opción... Nosotros hemos llegado al convencimiento de que el
Ministerio de Fomento ha mentido al Parlamento en su respuesta por
escrito a una pregunta formulada por este grupo cuando afirma que de las
gestiones realizadas con Telefónica y con Antena 3 no se deduce la
existencia de ningún tipo de acuerdo de sindicación de acciones entre los
accionistas nuevos, cuestión radicalmente desmentida por el hecho
destacable que le acabo de relatar, que no es una información comunicada
directamente a su Ministerio, de modo que están ustedes en la obligación
de acceder a esa información y de conocer esa información.
Lo segundo es que su Ministerio ha vulnerado al menos los cuatro
artículos de la Ley 10/1988, de 3 de mayo. Entiendo que esta afirmación
es rebatible y es discutible. Como el asunto está en los tribunales, el
pronunciamiento de los mismos dará la razón a quien la tenga. Si no la
tengo, no tengo inconveniente en reconocer que me he confundido, pero
sostengo que la literalidad de la Ley expresa claramente su
incumplimiento.
Lo tercero y lo peor, señor ministro, es que su Ministerio se ha sometido
a los intereses de una empresa privada, daría igual que fuese pública, en
la ejecución de actos oscuros, sospechosamente rápidos, maliciosos,
interesados, contrarios a la legalidad vigente y al interés general y
lesivos para terceros. Esa es la conclusión a la que llega mi grupo
parlamentario que, después de escuchar su comparecencia, de haber leído
su información y como resultado de otras iniciativas del mismo tenor que
se han venido produciendo en esta Cámara en los últimos meses en relación
con esta cuestión, llega a formular esas opiniones que constituyen, a mi
juicio, la más dura crítica que se pueda hacer a cualquier ministerio de
un Gobierno democrático.
El señor PRESIDENTE: Como autor de una petición de comparecencia, tiene
la palabra el diputado de Nueva Izquierda, integrado en el Grupo Mixto,
don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: La verdad es que nos encontramos con una
situación paradójica, ya que debo intervenir sobre una comparecencia en
la que el compareciente no ha hecho la más mínima alusión al tema que se
pedía porque no está relacionado en absoluto con esa cuestión, aunque,
mejor dicho, seguramente sí que está relacionado este clima que se
plantea con el fondo de la cuestión.
Por lo tanto, en esta tesitura, quiero elevar una protesta por esta
situación, porque no tengo elementos de intervención más allá de lo que a
mí se me ocurre decir ahora, que diré, y, por lo tanto, me parece que me
encuentro objetivamente en una situación de inferioridad.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, perdone que le interrumpa para decir,
por lo que es responsabilidad de la Mesa y portavoces y, por tanto, de
este presidente, que precisamente cuando se agruparon estas
comparecencias, la Mesa y portavoces éramos conscientes de que no es lo
mismo contestar una por una a cada una de las comparecencias que se piden
que agruparlas, puesto que siempre se puede perder cierta profundidad en
alguna de ellas, pero que era conveniente para la Comisión, dada la
cantidad de comparecencias que teníamos pendientes, actuar así. Por lo
tanto, así se lo transmitimos al Ministro, sabiendo que el tema central
era el que el Ministro ha recogido perfectamente.
Lo digo no para establecer ninguna polémica, sino para que quede claro en
el «Diario de Sesiones» lo que es responsabilidad
del presidente, que la acepta siempre, como debe ser.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
La verdad es que acepto gustoso sus explicaciones y me consta su buena
voluntad. Lo que sucede es que en la intervención del señor Ministro no
ha habido la más mínima alusión al tema de la comparecencia que yo
planteaba. Este es el problema de fondo, no es un problema procedimental.
Pero, para no perder más tiempo, si les parece, haré alguna alusión a los
temas de los que se ha hablado y trataré de conectarlos con los que yo
planteo.
Seguramente nos encontramos ante un indicativo de algo que motivaba esta
solicitud de comparecencia, y es que no es casualidad que se ponga el
énfasis en la propiedad de los medios de comunicación y no en los
contenidos. Yo creo que eso nos indica ya una visión política
determinada, que lo importante es la vertiente económica de los
problemas, nos preocupa la propiedad de la fábrica, por así decirlo, pero
no nos preocupa el producto que salga de ella.
Voy a hacer un breve apunte a la explicación que ha dado sobre el asunto
de Antena 3, que ha dado lugar a la intervención anterior, pues ha habido
una ligereza en la actuación del Ministerio contraria al Estado de
Derecho. Ya se han apuntado sobradamente las causas, y yo no insistiré en
ellas; queda flotando la pregunta de a qué se debe la precipitación.
Señor Ministro, cuando aludo a ligereza creo que debe entender que
utilizó un eufemismo calculado para errores imperdonables que, en
definitiva, han hecho caer un manto de oscuridad que plantea preguntas
sin respuestas y que nos remiten a que se implante la sospecha de una red
de intereses económico-político que está caracterizando la gestión de
este Gobierno en materia televisiva.
A partir de ahí, yendo al fondo de la cuestión, más allá de los elementos
puramente jurídico-administrativos, decir que se lamenta el proceso de
confusión de intereses económico-financieros con más concentración en los
medios, soy consciente de que al señor Ministro le parece una queja en el
desierto que seguramente no tiene mucho sentido.
Sin embargo --y trataré de enlazar esta afirmación con el contenido de mi
solicitud de comparecencia--, para los que consideramos que la televisión
no es solamente un elemento de enriquecimiento, de negocio, sino que es
el principal estructurador de usos culturales y de conformación de la
opinión pública en un Estado democrático de nuestra época, es muy grave
la situación que se va produciendo por esta concentración, por este
imperio de mercado que va conduciendo a un deterioro de la programación
que, en definitiva, es la que debería asegurar una opinión pública libre
y unos usos culturales que favorezcan la convivencia democrática.
Ante esta situación, entendemos que los poderes públicos, aunque siga
siendo una petición piadosa, no pueden permanecer indiferentes. La
técnica de los límites objetivos y jurídicos de la libertad de expresión
y, yendo mucho más allá, la definición positiva de un campo de libre
actuación, marcado legal y constitucionalmente para la actividad
televisiva, debería presidir esta actuación de los poderes públicos desde
dos premisas: el respeto para el telespectador, tanto individual como
colectivo en los grupos que se integra, y la defensa de sectores
especialmente desprotegidos ante el influjo de la televisión, todo ello
buscando los equilibrios propios del Estado social y democrático de
Derecho. Sin embargo, la sociedad española asiste impotente a la
degeneración del espectáculo televisivo. Eso que, si se quiere de manera
demasiado gráfica, se ha dado en llamar telebasura, pero que de alguna
manera preocupa a amplios sectores de nuestra sociedad. Concepto este de
perfiles difusos, pero que se pueden ir delimitando si tenemos en cuenta
el arsenal de legislación vigente en este momento, otra medida que sería
de desear y alguna que se apunta. Así, por ejemplo, los poderes públicos
tienen la capacidad y la posibilidad de intervenir a través de normas
como la propia Constitución, el estatuto de radiotelevisión, la Ley
General de Publicidad, la Ley de transposición de la Directiva 89/552,
etcétera. Para el futuro, se anuncia la nueva ley de trasposición.
Nosotros hemos propuesto otras medidas, como el consejo de la
comunicación, han sido también presentadas otras proposiciones de ley por
otros grupos, y esperemos que ello redunde en el futuro. Pero la
situación, en general, es de inactividad, de no beligerancia, como si en
esta materia tan sensible existieran espacios de impunidad.
Voy a limitarme a detallar algunos casos, utilizando exclusivamente
algunas de las respuestas que el Ministerio me ha venido remitiendo a
preguntas que he formulado en los últimos meses. Así, en una respuesta
sobre el período junio-diciembre del año 1996, se alude a que en
publicidad de alcohol y productos del tabaco todas las cadenas que emiten
en abierto han incumplido en alguna ocasión este precepto, que existe
publicidad indirecta y que hay tres expedientes informativos abiertos. En
cuanto a la identificación de la publicidad, hay incumplimientos
puntuales. En cuanto a interrupciones publicitarias, en todas las cadenas
que emiten en abierto, dice el Gobierno, se han detectado irregularidades
aisladas y hay solicitudes de diferentes cadenas de modificación de la
aplicación de la norma, lo cual no deja de ser curioso. Le preguntaría,
señor ministro, qué ha pasado con esas peticiones.
En cuanto al tiempo de transmisión de publicidad diaria, se dice que
Antena 3 ha infringido esta norma. En cuanto al tiempo de transmisión de
publicidad por hora, dice que todas las cadenas que emiten en abierto han
infringido en alguna ocasión el límite establecido, con un incremento en
los meses de noviembre y diciembre en dos cadenas privadas. En cuanto al
tiempo de transmisión diaria de espacios dedicados a la televenta, hay
otras dos cadenas privadas que también han incumplido los límites.
En cuanto a otra respuesta sobre el mismo tema no voy a ir detallando
fechas, pero es también del año 1996, se indica que el Gobierno ha
comunicado irregularidades a Canal Plus y a Antena 3, que ha habido
irregularidades en cuanto a la interrupción en programas deportivos
prácticamente en todas las cadenas públicas y privadas, que ha habido
interrupciones publicitarias en largometrajes, irregularidades
en Telecinco 5 y Antena 3, y que en el tiempo máximo de televenta de
nuevo dos televisiones privadas han incumplido lo previsto.
Dice también esta respuesta que el 5 de julio de 1996, la Dirección
General de Telecomunicaciones se dirigió a las cadenas de televisión sin
que aparezca muy claro qué es lo que sucedió. Dice, sin embargo, que la
Dirección General de Televisión Española no detecta que haya incumplido
nada, cuando en respuestas anteriores del propio Gobierno sí se detecta
que Televisión Española ha incumplido la normativa vigente. Por lo tanto,
el señor López Amor en este punto contradecía al Gobierno.
De nuevo, para el período enero-junio de 1997 hay todo un catálogo de
incumplimientos. En difusión de obras cinematográficas, hay una cadena
que presenta incumplimientos. En publicidad prohibida, todas las cadenas
han emitido publicidad de bebidas alcohólicas con graduación superior a
20 grados centígrados, y en los tres últimos meses ha habido una campaña
de publicidad indirecta de productos de tabaco. En cuanto a
identificación y colocación de publicidad, todas las cadenas incumplen
puntualmente y se anuncia que se van a establecer criterios
administrativos de interpretación de la norma. Le pregunto cuáles han
sido y qué está pasando en la actualidad.
En cuanto a la interrupción publicitaria de eventos deportivos, ha habido
incumplimientos en las transmisiones deportivas que por su naturaleza no
disponen de intervalos o tiempos muertos. La Secretaría General de
Comunicaciones ha elaborado un informe para la correcta aplicación de
este precepto. Tampoco sabemos --y se lo pregunto--, qué ha pasado con
eso. Respecto a las interrupciones publicitarias en programas distintos
de los indicados en el artículo anterior, hay incumplimientos habituales
en casi todas las cadenas. De nuevo, vuelve a hablarse de un informe de
interpretación administrativa.
En lo que respecta a la publicidad en obras radiovisuales --entiendo que
son audiovisuales--, una de las cadenas la ha incumplido. Las
interrupciones publicitarias, también. El tiempo de publicidad por horas
se ha incrementado notablemente. En televenta, una cadena sigue
incumpliendo.
En cuanto a protección de menores, tras aludir a la subjetividad de este
concepto, se habla de actuaciones sancionadoras, con cuatro expedientes
sancionadores, sin que sepamos muy bien cómo ha concluido ese tema.
Posteriormente, ha habido declaraciones suyas en alguna ocasión, en el
sentido de un progreso cualitativo en la actuación del Gobierno para
exigir el cumplimiento de las normas de publicidad. Hay sanciones
económicas, muchas de las que se han impuesto las hemos conocido a través
de la prensa, a nuestro modo de ver francamente bajas. Incluso no ha
faltado en el informe del Defensor del Pueblo del año 1996 una
recomendación sobre las carencias referidas a los incumplimientos legales
de las cadenas de televisión, en lo que afecta a la protección de la
infancia y la juventud. Preguntado el Gobierno sobre el cumplimiento de
esta recomendación, alude de nuevo a una serie de piadosas intenciones, y
dice que sólo en último término se consideraría preciso recurrir al
término sancionador, aun reconociendo que se producen esas vulneraciones
de la protección de la infancia y la juventud. Y alude a una serie de
medidas.
Nos encontramos con que el propio Gobierno ha reconocido reiteradamente
incumplimientos más que notables de prácticamente todas las cadenas de
televisión privada, sobre todo las que emiten en abierto, y también de
Televisión Española, lo cual provoca auténtico sonrojo, pues debiendo ser
un ejemplo, más bien se convierte en un ejemplo de incumplimiento de la
legalidad vigente, algo que nos parece extraordinariamente grave.
Sin embargo, entendemos que, como decía al inicio de mi intervención, hay
muchos cabos sueltos, muchas alusiones a interpretaciones legales que no
queda muy claro en qué han concluido, una actividad punitiva bastante
escasa y una indefinición. Por eso, me gustaría formularle unas preguntas
finales. Esperamos que la nueva norma que tendremos que discutir de nueva
trasposición de la directiva mejore la situación, pero que se haga para
cumplirse, para que no se genere ese ámbito de impunidad. Las preguntas
finales seían: ¿Cuántos expedientes sancionadores ha tramitado el
Gobierno? ¿Cuántas sanciones se han impuesto? ¿Cuántas multas? y ¿cuál es
el montante total de las multas establecidas?
Y la última cuestión se refiere a las televisiones locales, donde ni S.
S. ni el Ministro ignoran que nos movemos en un terreno
extraordinariamente resbaladizo en este momento, desde el punto de vista
de la legalidad, de la ambigüedad jurídica. Sin embargo, no hay más que
recorrer casi todos los pueblos o ciudades de la geografía española y ver
las televisiones locales para apreciar que se incumplen notablemente las
normas vigentes, y nos encontraríamos, además, con la situación de que
hay televisiones de dudosa legalidad a las cuales no se les inspecciona.
Nos encontraríamos con la curiosa situación de que hay presión,
inspección y, en su caso, sanción sobre televisiones que, aunque lo hagan
mal en ese terreno, son legales y, sin embargo, aquellas que no está muy
clara su legalidad, no sufren ningún tipo de inspección. Son todas
preguntas importantes que preocupan a la sociedad española y le ruego que
conteste lo más pormenorizadamente posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra don Felipe Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Ministro, muchas gracias por su presencia
en esta Comisión.
Quisiera hacer referencia a las dos comparecencias subsumidas en una. La
primera, la operación de adquisición de acciones de la sociedad
concesionaria de televisión privada Antena 3 por parte de Telefónica, BCH
y Banco de Santander, y, en segundo lugar, el tema de la aplicación de la
famosa ley de televisión sin fronteras y cómo en adelante se va a aplicar
la nueva ley que todavía no hemos empezado a discutir en esta Cámara y la
importancia que tiene este tema. Porque si usted observa el primero o el
segundo tema verá que su distancia es astronómica, porque ningún
organismo ejerce el control de estas leyes desde 1994, en que se traspuso
la primera directiva, hasta estos momentos. Estamos en un desierto. De
ahí que estemos intentando
instalar la figura del consejo de la comunicación o, en su caso, que
funcione la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ahora
veremos que tampoco está funcionando en temas como el de la compra de
acciones de Antena 3, que tenía que haber funcionado ya y hasta ahora ni
se ha movido, en función de las leyes que se han aprobado, a una parte de
las cuales nosotros nos hemos opuesto.
Releo también los dos brevísimos apartados del artículo 19 de la Ley
10/1988, de Televisión Privada. En el apartado segundo dice: ninguna
persona física o jurídica podrá ser titular, directa o indirectamente, de
acciones en más de una sociedad concesionaria. Y el punto tres dice:
ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, directa o
indirectamente, del más del 25 por ciento del capital de una sociedad
concesionaria. Pues bien, en función de eso, y siguiendo las
declaraciones que se produjeron en torno a estos hechos en la fecha que
usted ha detallado, quisiéramos hacerle algunas preguntas desde un punto
de vista fundamentalmente político, puesto que estamos en una cámara
política --después también haré una excursión jurídica, por descontado,
tanto a la actuación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
como a la forma en que se ha aplicado la Ley de Televisión Privada--;
pero, en principio, quisiera enfocar el tema desde un punto de vista
político, porque en torno a estos hechos y a la posibilidad de una
sindicación secreta entre Telefónica, por una parte, y BCH-Banco de
Santander, por otra, usted opinó públicamente que el límite del 25 por
ciento podía ser cambiado y que en el futuro iba a recibir una propuesta
del Gobierno de cara a ampliarlo. Esto se hizo en el momento en que se
estaba preguntando si había un compromiso entre estos tres compradores de
cara al futuro y si ese compromiso era el que había hecho que Telefónica
apoyara y garantizara la liquidez del BCH y del Banco de Santander en un
futuro determinado.
Por tanto, yo le pregunto, ¿esta propuesta que se hizo entonces tiene
algo que ver con la posibilidad de algún acuerdo secreto, escrito o no,
entre Telefónica-BCH y Banco de Santander? En segundo lugar, ¿mantienen
ustedes la propuesta de romper este límite del 25 por ciento, que en este
caso se contempla con respecto a las televisiones privadas, pero que
también aparece en la Ley de televisión digital por satélite, al menos
hasta que termine el período de liberalización en diciembre de 1998? ¿Qué
propuesta tienen ustedes ahora con respecto a este tema? También quisiera
saber si esta propuesta está en consonancia con esta posibilidad de
acuerdo de cara al futuro para un dominio absoluto de las acciones de
Antena 3, rompiendo los límites que marca la Ley. Esta es una pregunta
muy concreta que le hago, una pregunta política, en función de las
declaraciones que usted hizo y del momento en que las hizo, porque las
hizo en ese momento y no en otro, con respecto al límite que, sin duda,
no se puede romper en un proceso de persecución de la concentración
mediática; proceso que adquiere cada vez mayor velocidad en el seno de la
Comisión Europea, del Parlamento Europeo y, en general, de todos los
organismos de la Unión Europea. Eso, por una parte.
Por otra parte, también le pregunto, de cara a la política que intenta
romper esta patología de la concentración, si usted ve lógico que
Telefónica aparezca con este porcentaje, que incluso puede aumentar mucho
en el próximo período si se cumplen las previsiones legislativas por
usted anunciadas, y que participe también con un fuerte paquete en Vía
Digital. Quisiera saber si le parece que eso es correcto, que eso es
lógico o habrá que empezar a legislar de cara a que esta concentración no
se pueda producir o no se vea aumentada en función de las declaraciones
que hizo el señor Villalonga de cara a trabajar en este sector de manera
decidida en el próximo futuro, anunciando, sin duda, lo que a nosotros
nos empieza a parecer una especie de segundo monopolio, de duopolio, de
segunda y gran concentración en función de las previsiones empresariales
de Telefónica.
Por otro lado, está el cumplimiento de la Ley de Televisión Privada.
Efectivamente, con independencia de que la autorización se haya hecho
bien o mal --ahora usted responderá y después con las pruebas se verá si
es así o no, es un problema jurídico--, también está hecho de que, a fin
de vigilar el cumplimiento de la Ley, en ésta se crea un registro de
sociedades concesionarias de carácter público en el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, hoy de Fomento, competencia que,
en todo caso, quizá haya pasado a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. En este registro se deben hacer constar todas las
modificaciones de escrituras, entre las que se encuentran aquellas que
afecten a los cambios en la titularidad de las participaciones sociales,
en definitiva las acciones.
Por tanto, no sólo es cuestión de una autorización puntual, sino que este
registro de sociedades concesionarias tiene que funcionar y si dos socios
de Antena 3, BBV y La Caixa, son al mismo tiempo socios de otra empresa
que es socia de la concesión de una de las televisiones, me da la
impresión de que no se cumple rigurosamente el artículo 19 de la Ley de
Televisiones Privadas. No basta con que se diga: el plazo de la
autorización ya ha terminado, por tanto no seguimos estudiando si el BBV
o La Caixa participan en dos televisiones. No, es que aparte del plazo
típico de la autorización está el hecho de la actuación regular del
registro de sociedades concesionarias en el seno del Ministerio de
Fomento.
También quiero hacer una pequeña excursión, teniendo como base, por
ejemplo, la Ley 12/1997, de 24 de abril, de liberalización de las
telecomunicaciones, que en su artículo 1, apartado 2, número 1, establece
que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá por objeto
salvaguardar, en beneficio de los ciudadanos, las condiciones de
competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones de los
servicios audiovisuales. Esta es una enmienda que se introdujo
posteriormente a la redacción del reglamento que se aprobó antes que la
Ley. Esto quiere decir que la Ley tiene rango superior y obliga a que se
interprete el reglamento a la luz de la Ley, lo que quiere decir que la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene que intervenir a
fondo en este tema, con sus competencias con respecto a las
telecomunicaciones en general y al tema de los servicios audiovisuales en
particular, en
función de las enmiendas que se admitieron al final del proceso. Queremos
preguntar si desde la Secretaría General de Comunicaciones se ha dejado
el terreno propicio, el terreno específico en el que tiene que funcionar,
teniendo en cuenta sus competencias, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
En función de esto, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones. La
primera, de tipo político, que ruego que usted conteste, en función de
las declaraciones que usted hizo, si se mantienen y qué consecuencias
políticas y legislativas van a tener, y en función también de los
contenidos de las leyes que he citado. En el caso de Antena 3 y las
sociedades que intervienen en el tan citado negocio, se necesita de forma
preceptiva la autorización administrativa de cara a la formalización
definitiva ante fedatario público. Eso por una parte. Por otra, se
necesita el funcionamiento regular del registro de sociedades
concesionarias, que no sabemos si funciona, si vigila, si investiga, si
tiene en cuenta las previsiones de la Ley. También, como conclusión,
pensamos que no se puede separar, de ninguna manera, el 25 por ciento,
ninguna persona física o jurídica lo puede hacer, con respecto a las
acciones de una sociedad concesionaria de televisión privada. Tenemos
serias dudas de que este límite se haya observado de manera rigurosa, tal
como le he explicado anteriormente. Pensamos también que el acto debe ser
inscrito en el registro especial de sociedades concesionarias de
televisiones privadas, que se debe considerar transferido por el
Ministerio de Fomento a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Le pregunto si se ha transferido o cómo está
funcionando este registro especial de sociedades concesionarias de
televisión privada. A partir de ahí, la transmisión, inscrita ya en el
registro especial de sociedades de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, debe inscribirse en el registro mercantil. El
incumplimiento de estas obligaciones supone, usted lo sabe perfectamente,
la comisión de una infracción muy grave de las previstas en el artículo
24 de la Ley 10/1988, que puede llegar a suponer sanción de multa entre
15 y 50 millones de pesetas. Nos da la impresión de que no se ha hecho
ninguna investigación posterior y nos da también la impresión de que en
estos momentos la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está
fuera de juego.
En segundo lugar, está el tema de la aplicación de la Ley 25/1994,
procedente de la trasposición de la Directiva 89/552, conocida como
televisión sin fronteras. Esta directiva tardó en trasponerse
aproximadamente cinco años, por tanto cinco años en los que no se pudo,
de ninguna manera, tenerse en cuenta la dinámica del resto de la Unión
Europea con respecto a la que tenía que observarse aquí, en España, por
la tardanza en la trasposición de esa directiva; tardanza que nosotros
criticamos en su momento en el Pleno del Congreso y en todos los sitios
donde tuvimos la oportunidad de hablar de ello.
En tercer lugar, el pasado 30 de junio, la Comisión Europea aprobó una
nueva directa, la 97/36, que viene a modificar la anterior y que ustedes
han traspuesto de inmediato. Al día de hoy, la Secretaría General de
Comunicaciones puede presentar algo en su haber, no mucho, ha abierto una
serie de expedientes a varias cadenas de televisión y en algunos casos
parece haber impuesto alguna sanción, a nuestro juicio sanción oportuna;
un caso muy sonado ha sido el de la campaña Duca-2 Music o el de la
emisión de publicidad en todas las cadenas de marcas que enmascaran
bebidas alcohólicas de más de 20 grados. De acuerdo. Pero la aplicación
de la Ley 25/1994, tal como estamos viendo, nadie la controla, hay una
manga ancha absoluta. Además, da la impresión de que, tal y como está
situado el ministerio y sus organismos correspondientes, nadie tiene la
misión clara de controlar unas leyes que son fundamentales en el seno de
la nueva cultura europea; son absolutamente fundamentales y nadie las
controla porque no quieren y porque no pueden.
Aquí es donde nosotros queremos insertar la figura del consejo de la
comunicación, que nos parece de enorme importancia; un consejo de la
comunicación independiente que sí cumpliría esas funciones que en estos
momentos nadie hace y que usted no puede hacer. Usted pasa absolutamente
de este debate, ni siquiera lo ha preparado, porque cree que no es de su
competencia, que no es de la competencia del Ministerio de Fomento,
porque ustedes lo sienten así objetiva y subjetivamente, pero la figura
del consejo de la comunicación ya se cae por su peso, señor
Arias-Salgado, y yo le recuerdo aquí que es necesario instaurarla y
aprobarla porque si no vamos a seguir con este vacío absoluto con
respecto a los contenidos de la televisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Una vez más, señorías, por centésima vez
aproximadamente, el Gobierno interviene en este Congreso de los Diputados
para aclarar cuestiones que SS. SS. del Grupo Socialista tienen
absolutamente claras. Pero, al final, aunque uno sea consciente de que se
está utilizando esta Cámara no para buscar la claridad, no para buscar
nuevos datos, ni siquiera para defender el interés general, que es lo que
está ocurriendo en este caso, por respeto al Parlamento, por ese respeto
que algunos no tienen porque utilizan el Parlamento como caja de
resonancia de estrategias partidistas, el Gobierno ha comparecido una vez
más para hablar de la misma cuestión.
Ya sé que el ministro de Fomento, cuya intervención valora muy
positivamente nuestro grupo, no es una persona propensa a caer en el
desaliento, pero, en ocasiones, mi grupo y yo hemos pensado que su
estrategia, señores del Grupo Socialista, pasa por cansar y aburrir al
Gobierno hasta que éste tire la toalla; si no, señor García-Arreciado, no
tienen ningún sentido las falsedades a las que estamos acostumbrados y la
reiteración de opiniones sobre un asunto que tanto preocupa al Partido
Socialista y que tan poco preocupa la opinión pública. Realmente, a los
ciudadanos no les preocupa mucho el comportamiento de una empresa privada
que, al final, tiene que rendir cuentas ante sus accionistas, que es a
los que debe preocupar su comportamiento, y no ante la generalidad de los
ciudadanos.
En cualquier caso, y por esa misma razón, quiero en esta ocasión
agradecer más expresamente si cabe al señor
ministro su comparecencia, así como la exhaustiva y rigurosa información
que nos ha facilitado durante esta mañana; una información facilitada en
una doble vertiente: en primer lugar, sobre el exacto cumplimiento de la
Ley de Televisión Privada en el momento de la compra de Antena 3 por
parte de la Compañía Telefónica y, en segundo lugar, sobre las
actuaciones realizadas en cumplimiento de los preceptos legales de
nuestro ordenamiento jurídico actualmente vigente sobre el control de la
empresa concesionaria después del cambio accionarial; explicaciones que,
como ya sabíamos, y no podía ser de otra manera, confirman el exacto
cumplimiento por parte del actual Gobierno de la legislación vigente y,
además, con la celeridad que debe caracterizar, en vísperas del siglo
XXI, a todas las administraciones públicas que estén gobernadas por
cualquier político en cualquiera de los Estados miembros de la Unión
Europea o en cualquier otro país. Además, quiero recordar al señor
García-Arreciado, que ha mencionado el tema del silencio positivo, que
precisamente ayer, en la ponencia de la Comisión de Infraestructuras,
encargada de aprobar el proyecto de ley general de telecomunicaciones, el
Grupo Popular aceptó una serie de enmiendas de distintos grupos
parlamentarios sobre la incorporación del silencio positivo, silencio
positivo que no se ha incorporado en ninguna ley de las que se han ido
aprobando durante 13 años de gobierno socialista.
En cualquier caso, señorías, volviendo al tema que nos ocupa, tengo que
decir que en la historia de nuestra televisión nunca, jamás, ha habido
ninguna operación de la que se haya hablado más, de la que se haya
informado más y que pueda calificarse como de mayor claridad y mayor
transparencia que la compra de Antena 3 por parte de la compañía
Telefónica. Se ha cumplido la ley y eso es lo que ha venido a explica
aquí el ministro esta mañana, y eso es de lo que deberíamos ocuparnos
esta mañana en este foro. De todas formas, es importante,
fundamentalmente a efectos de que ustedes hagan autocrítica, no olvidar
la etapa anterior, en la que el Gobierno socialista nunca se preocupó de
que la opinión pública conociese ni las estructuras accionariales de las
empresas ni los cambios de acciones ni si se cumplía o no la Ley de
Televisión Privada en cuanto a limitaciones accionariales. Y eso,
señorías, porque la oposición anterior del Grupo Popular, que hoy es el
primer grupo que respalda al Gobierno, siempre pidió y exigió que se
cumpliera estrictamente la ley, pero nunca, repito, emprendió una batalla
campal contra una empresa privada, por muy desafectas que le fueran sus
opiniones. Esa es la diferencia que hay entre ustedes y el Partido
Popular en su época de oposición y en estos momentos. No hay precedentes
en la historia de nuestra democracia en los que se observe que un grupo
político se dedique a investigar, a perseguir, e incluso a atacar a
empresas privadas, como está pasando en este caso.
Señorías, una empresa privada ha comprado otra empresa privada sin
ninguna infracción de la ley. El ministro de Fomento, a través de la
Secretaría General de Comunicaciones, ha cumplido estrictamente la ley,
ha actuado correctamente, de cuerdo con la legislación vigente, y,
además, se han superado otras etapas en las que se utilizaban la empresas
públicas para apoyar a empresas privadas y favorecerlas, sin que nunca se
pudiera explicar nada sobre esas cuestiones en esta Cámara por lo
impresentable de esas operaciones. Ustedes pueden continuar, si quieren,
con una batalla a la que la opinión pública no está haciendo oídos, pero,
al final, le den las vueltas que le den, ésta es una cuestión que está
superada y que se ha realizado con total rigor y con total cumplimiento,
repito, de toda la legislación vigente en estos momentos. En lo que
afecta al Gobierno, sólo habría una pregunta que hacer, y es si la ley se
ha cumplido, pregunta que ha sido contestada satisfactoriamente esta
mañana. En etapas anteriores nunca les hemos oído quejarse de ninguna
transacción privada de televisiones. Me pregunto por qué se quejan
ustedes ahora. ¿Saben ustedes por qué? Les voy a contestar. Porque
ustedes pretenden, desde la oposición, seguir ejerciendo el control
directo de los medios de comunicación como lo hicieron cuando estaban
gobernando. Tenemos la impresión, finalmente, de que en la medida que el
panorama de los medios de comunicación sea más plural, de que en la
medida que el panorama de los medios de comunicación sea más abierto,
como está siendo ahora, el Grupo Socialista estará más incómodo, pero lo
importante es que la sociedad española estará cada vez más satisfecha con
esos medios de comunicación.
En cuanto a la segunda cuestión que han planteado algunos grupos
parlamentarios, sobre el tema de los contenidos de las televisiones
públicas, tema muy importante para el Grupo Popular y que siempre hemos
defendido, quería recordarles que, a pesar del anuncio del Gobierno, con
la celeridad acostumbrada, de incluir en la incorporación de la Directiva
de Televisión sin Fronteras la creación de un consejo de medios
audiovisuales, el Grupo Popular ha presentado también en esta Cámara --ya
está en el registro-- una proposición de ley de creación de un comité
audiovisual. Esta proposición se ha presentado en la Cámara no sólo
porque es un compromiso electoral de nuestro partido, sino porque también
consideramos que es una demanda social de los ciudadanos a la que nuestro
grupo ha querido atender. Por tanto, en breve plazo tendremos ocasión de
debatir ese tema, que yo creo es muy importante para toda la Cámara y
para todos los ciudadanos.
Señor ministro, muchas gracias por su intervención, que nuestro grupo
apoya, como no podía ser de otra manera y no tenga duda de que, dado el
respeto que usted profesa a este Parlamento, tendrá que volver a
comparecer multitud de veces a instancias del Partido Socialista en
desarrollo de la batalla particular que tienen planteada.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas planteadas, tiene la
palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señorías, por sus palabras y sus intervenciones; gratitud que no
significa compartir los criterios que algunas de SS. SS. han expuesto.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha referido
fundamentalmente a cuatro cuestiones: la primera, el escrito que
Telefónica Multimedia presenta en la Secretaría
General de Comunicaciones; en segundo lugar se ha referido a la cuestión
relativa a la identificación de las acciones y a la condición suspensiva
a que se sujeta la autorización previa que confiera el Ministerio de
Fomento a los solicitantes de la transmisión accionarial; la tercera, una
específica y singular interpretación que él hace de la Ley de Televisión
Privada en lo que afecta a las participaciones accionariales
controlables, y finalmente ha leído la notificación que el día 7 de
agosto hizo la Compañía Telefónica de España a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
El error que a mi juicio subyace en el planteamiento del portavoz
socialista es que confiere al Ministerio de Fomento unas atribuciones, en
aplicación de la Ley de televisiones privadas, que el Ministerio de
Fomento no tiene, y de ahí hace después una derivación política de
acuerdo con los objetivos políticos que evidentemente se pretenden. Lo
único que yo le puedo decir es que cuando una compañía legal, inscrita en
el Registro Mercantil, presenta en la Secretaría General de
Comunicaciones a media tarde o a primera hora de la tarde --porque fue en
torno a las cinco y se puede calificar de media tarde o primera hora de
la tarde--, con fecha de 24 de julio, un escrito en el que dice: primero,
que Telefónica Multimedia, S. A., está interesada en la adquisición de
una participación en el capital social de Antena 3 Televisión; segundo,
que Telefónica Multimedia es una sociedad participada por Telefónica de
España al cien por cien; tercero, que Telefónica Multimedia ha llegado a
un acuerdo con Prensa Regional, S. A., y con Inver 14, S. A., al efecto
de adquirir participaciones representativas del 24,389 por ciento y 0,611
por ciento, respectivamente, del capital social de Antena 3; cuarto, que
de acuerdo con lo establecido en la Ley de 3 de mayo de 1988, de
Televisión Privada, los actos y negocios que impliquen la transmisión de
acciones de sociedades concesionarias requieren la previa autorización
administrativa; quinto, que a efectos del artículo de la Ley 3/1988,
Telefónica de España y Telefónica Multimedia no son titulares directa o
indirectamente de acciones de ninguna sociedad concesionaria del servicio
de televisión privada. También tengo aquí los otros dos escritos de los
solicitantes, y a la luz de estos criterios, de las afirmaciones que se
contienen en ellos y sin necesidad más allá de comprobar lo declarado en
el Registro de entidades concesionarias, que es la obligación que compete
a la Secretaría General de Comunicaciones, con arreglo a eso se concede
la autorización previa.
Es verdad, señoría, que se pone una condición, porque falta un dato en el
escrito que los tres solicitantes presentan. Le puedo mostrar el cuadro
comparativo presentado por los solicitantes de la identificación de las
acciones y del dato que falta para completar dicha identificación. En el
primer escrito, de 24 de julio, se identifican las acciones de la
siguiente manera: vendedor, Prensa Regional, S. A., número de acciones:
2.101 de la serie A; 3.750 de la serie B; 1.250 de la serie C, y 23.941
de la serie D. Inver 14, S. A., 2.443 acciones de la serie D. Al lado
figuran en el escrito los porcentajes que esas acciones que se adquieren
representan. ¿Qué falta en este escrito de solicitud, señoría?
Exactamente lo que se subsana unos días después, la numeración de las
acciones, el número que tienen las aciones, del número inicial al número
final en las series que se adquieren.
Dice usted que el escrito que concede la autorización previa introduce
una condición suspensiva, eso es absolutamente cierto, y de ahí deduce
usted una conclusión; que como la contestación en vez de producirse en el
plazo de los cinco días se produce en el plazo de siete, todo es nulo. Se
equivoca S. S., no hay nulidad, puede perfectamente no cumplirse ese
plazo de los cinco días, darse la información solicitada en las cuarenta
y ocho horas siguientes y ser perfectamente válida la autorización
administrativa. Lo que ocurre es que, tratándose de una concesión
suspensiva, la autorización previa no produce efectos jurídicos hasta que
se cumplimenta la condición o hasta que se produce el cumplimiento de esa
condición, para ser más estrictos, pero eso no implica la nulidad de la
autorización, simplemente quedan suspendidos los efectos jurídicos
durante esas cuarenta y ocho horas en que efectivamente los solicitantes
se retrasan en la aportación de los números de identificación de las
acciones. Por tanto, hay más que suficiente identificación de las
acciones en el primer escrito, y falta efectivamente un dato para poder
completar la inscripción del acto en el Registro de entidades
concesionarias. Con esto contesto a las dos primeras cuestiones.
Hay una tercera, que hace referencia a las participaciones accionariales
controlables, y aquí, señoría, puede usted consultar los tratadistas que
quiera en todo lo que afecta a la interpretación del apartado 2 del
artículo 19 como si fuera una disposición aislada o como si, por el
contrario, hubiera que introducirla en el sistema de la Ley de Televisión
Privada. Una interpretación sistemática conduce a los tratadistas que se
han ocupado de este tema a considerar que solamente es participación
indirecta, a los efectos de la ley, aquella que implica posibilidad de
control por encima del límite estricto de la participación accionarial,
porque ese artículo 19 no es una afirmación suelta que se hace en el
articulado de la ley, ese apartado 2 del artículo 19 hay que ponerlo en
relación con el artículo 23, y es altamente discutible (desde luego
ningún tratadista de los que se pueden consultar lo afirmaría con la
rotundidad con la que lo ha hecho S. S.) que el hecho de que BBV y Caixa
sean accionistas de Sogecable y al mismo tiempo accionistas de Telefónica
tenga que ver con el hecho de que Telefónica Multimedia, participada al
cien por cien por Telefónica, solicite autorización para adquirir el 25
por ciento de las acciones de Antena 3 Televisión, porque el volumen de
las participaciones de BBV y Caixa en Telefónica, que es un volumen
pequeño pero importante dada la magnitud de la compañía, y el volumen de
la participación del BBV en Sogecable no tienen los requisitos de
participación indirecta susceptible de alcanzar el más mínimo control en
la compañías concesionarias --ni en Sogecable ni en Antena 3--, a través
de una participación no ya indirecta, sino indirectísima, en la medida
que Telefónica, participada por BBV y Caixa, tiene el cien por cien de
Telefónica Multimedia. Nos movemos en un terreno opinable jurídicamente,
pues los dos supuestos son opinables y en su caso, como ha dicho S. S.,
decidirán los tribunales. Evidentemente,
hay una gran mayoría de tratadistas que se pronuncian por el hecho de que
las participaciones indirectas que prohíbe la ley son aquellas que
implican o pueden implicar un riesgo de control por encima del estricto
límite de participación accionarial que prevé el propio texto de la ley.
Finalmente, la notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
que hace Telefónica en relación con los acuerdos entre accionistas. Tiene
S. S. razón, ese criterio existe. Lo que pasa es que ese escrito existe y
se rectifica después, porque, efectivamente, esos acuerdos no se pueden
llevar a la práctica porque hubiera sido contra legem, y yo he leído a S.
S., para su tranquilidad, justamente la rectificación explícita y formal
que hacen los accionistas en relación con esos acuerdos que se notifican
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero nada hay de
subrepticio en la notificación de Telefónica a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, que, como ha indicado S. S., tiene entrada en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el 7 de agosto. Tan pronto como
la Secretaría General de Comunicaciones, en pleno mes de agosto, tiene
conocimiento de ese escrito, señoría, pone un oficio a la compañía
concesionaria para que informe sobre esos posibles acuerdos. De ahí viene
la rectificación que los accionistas de la entidad concesionaria hacen,
dando por no existentes los acuerdos a que se refería Telefónica de
España en el primer escrito a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
Estos son todos los hechos. Cuando se hace una exposición, señoría,
conviene decir todos los hechos. Yo he tenido ocasión de leerle a usted
la rectificación que los accionistas hacen y esa rectificación, señoría,
es la que vale, aunque no sea más que porque se produce con posterioridad
al escrito de notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En relación con el representante de Nueva Izquierda, inserta en el Grupo
Mixto, debo decirle que S. S. tiene razón y pido disculpas. En la lectura
de las comparecencias yo creo que ni el presidente de la Comisión ni yo
hemos caído en la cuenta de que la referencia a la ley 25 de 1994 no era
justamente la Ley de Televisión Privada, sino una ley que se refiere a la
incorporación de la primera versión de la Directiva comunitaria
televisión sin fronteras y, por tanto, su petición de comparecencia se
refiere al problema de los contenidos y de la aplicación de esa ley y no
al problema surgido como consecuencia del cambio de titularidad de
acciones en la empresa Antena 3 Televisión. Hay una agrupación, por así
decirlo, equivocada de temas. Sin perjuicio de ello, le puedo decir dos
cosas: primero, el problema del control de algunos tipos de contenido en
el ámbito de la televisión es un problema enormemente delicado, como
puede imaginar S. S., y, por tanto, ofrece enormes dificultades de
aplicación, Leyes que establecen limitaciones a los diversos tipos de
contenidos (publicidad del tabaco, del alcohol, violencia, protección de
la juventud y de la infancia, etcétera) existen en España desde
principios de la década de los ochenta. Hay una formalización, a través
de la incorporación de la directiva comunitaria en el año 1994, y al
amparo de esa normativa vigente no ha habido ninguna sanción. En
muchísimos años, y existiendo leyes vigentes en lo que afecta a los
contenidos susceptibles de un control objetivo, no ha habido ninguna
sanción. Las primeras sanciones significativas se producen por parte de
este Gobierno, en aplicación de la ley de 1994, y son 15.000.000 de
pesetas por publicidad de alcohol superior a 20 grados a la entidad
concesionaria que se llama Tele 5, aunque no sea ése su nombre mercantil;
10.000.000 de pesetas a Antena 3 Televisión; 8.000.000 de pesetas a
Televisión Española y 5.000.000 de pesetas a Canal Plus por el mismo
motivo. Esas son las primeras sanciones efectivas recaídas en el ámbito
de una administración, y le digo que han recaído sobre un elemento
fácilmente objetivable, una publicidad de alcohol superior a 20 grados,
que es exactamente lo que prohíbe la legislación española.
Hay otras prohibiciones igualmente objetivables en las que inciden todas
las entidades concesionarias y también las televisiones públicas. En
estos momentos existen otros expedientes sancionadores en marcha; pero en
el debate que se va a producir en esta Cámara sobre la creación de un
órgano superior de lo audiovisual, llámese comité radiovisual o consejo
superior de comunicación, que yo desearía se produjera con la máxima
celeridad, es deseable que todo lo que afecte al control de los
contenidos, en la medida que sea objetivable, se haga por un órgano de
esa naturaleza y no por lo que se llama en términos
jurídico-administrativos por la Administración directa del Estado. Es
deseable que se haga por un órgano de esa naturaleza. Por eso, es mucho
mejor, yo diría, que se tramitan estos expedientes sancionadores y
supongo yo que en las vulneraciones a que ha hecho referencia S. S., que
son de muy distinta gravedad, por otra parte, y que son objeto de
expedientes, es posible que caigan otras resoluciones sancionadoras, como
puede imaginar S. S., yo no me refiero en la tramitación de esos
procedimientos administrativos, sino que la Administración central el
Estado, a través de la Secretaría General de Comunicaciones, tiene un
órgano específico que vigila los contenidos para poder aplicar la ley del
año 1994. Insisto que no es algo de fácil aplicación y que, por
consiguiente, el único mecanismo adecuado que finalmente puede resultar,
y le diría también relativamente eficaz, es un consejo superior de lo
audiovisual. Puedo decir que muy recientemente he leído unas
declaraciones del presidente del Consejo Superior de lo Audiovisual
francés en las que expresaba cierto grado de pesimismo sobre el porvenir
de este tipo de órganos, sin perjuicio de que son objetivamente
necesarios, los reclama la sociedad española y nosotros debemos dar
respuesta a esa reclamación. El venía a decir lo siguiente: cuando el
órgano actúa y sanciona se le critica por actuar y por sancionar y se
dice que ejerce censura; cuando no actúa se le critica por no actuar y
por permitir que haya una excesiva publicidad, unas excesivas
interrupciones publicitarias, un exceso de violencia o un exceso, si lo
quiere usted llamar así, de telebasura. Es un problema no resuelto en
ningún lado, y como no está resuelto es por lo que la Directiva
televisiva sin fronteras se ha modificado en un breve período de tiempo.
Y le diría más, señoría: se ha modificado más con la intención de
establecer un mecanismo de protección cultural en beneficio de la cultura
europea que por la razón de controlar los contenidos
publicitarios, en buena parte, siempre no fáciles de controlar y otro
tipo de contenidos todavía mucho más difíciles de controlar. Por tanto,
yo diría: no simplifiquemos la cuestión y no le pidamos a la
Administración una actuación mecánica sancionadora cuando se produce
determinado tipo de presuntas vulneraciones o de vulneraciones
reconocidas, que en todo caso dan lugar a la puesta en marcha de
expedientes sancionadores.
En relación con la intervención de representante de Izquierda Unida le
diría lo siguiente: señoría, yo tengo --creo-- una significada vocación
parlamentaria, a mí me gusta discutir las cuestiones, y una manera de
discutir las cuestiones es plantear hipótesis de trabajo. Su señoría
recordará, cuando tuvimos aquel debate que versaba en aquellos momentos
sobre otras cuestiones, era la televisión digital, que yo planteé a S. S.
la hipótesis, en términos de hipótesis, no una declaración de vamos a
hacer o una afirmación de esto se hará, ni mucho menos; yo me permití
trasladar a S. S. una hipótesis de trabajo y de discusión: ¿cuál es la
eficacia en las sociedades de economía internacionalizada, globalizada y
de otras muchas características, de reducir los mecanismos de control, en
contra de la concentración, a un porcentaje accionarial? Eso es algo que
hoy se pone en cuestión desde muchas perspectivas y se discute; es un
mecanismo posible, está vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Su
eficacia es discutida por muchos expertos y por muchos juristas; pero,
como está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, aplicamos la ley. Yo
le dije que a corto plazo no se va a modificar el porcentaje del 25 por
ciento y, por tanto, en ninguna de las leyes que el Gobierno ha enviado
relacionada con la televisión se modifica ese precepto que limita la
participación en las sociedades concesionarias del 25 por ciento.
No hay acuerdos secretos. He leído la declaración que hace el presidente
de Antena 3 en relación con las participaciones accionariales en la
entidad concesionaria, y ahí se niega rotundamente la existencia de un
acuerdo que suponga concentración contraria a la Ley de Televisión
Privada.
Problema distinto es el que plantea S. S. en relación con Vía Digital,
porque aquí, paradójicamente, nos movemos en otro ámbito jurídico, y le
voy a explicar el porqué de la paradoja. Porque todos los contenidos que
se transmiten a través de ondas hertzianas o del cable son servicio
público, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, pero ese mismo
paquete de programación al ser transmitido por Vía Satélite deja de ser
servicio público. Esta es una de las paradojas que tenemos en el
ordenamiento jurídico y que a mí me gustaría poder resolver con el apoyo,
si fuere posible, de todos los grupos parlamentarios, porque no tiene
mucho sentido que un mismo programa sea servicio público en función de
una técnica de transmisión y deje de serlo si se aplica otra técnica de
transmisión. Hemos de resolver esa contradicción. En todo caso, la
tenemos y al estar liberalizada la televisión por satélite ya no rige el
sistema de concesión. Ni Vía Digital ni Canal Digital Satélite son
empresas concesionarias, sino que simplemente son empresas sujetas a un
régimen de pura autorización administrativa. (El señor García-Arreciado
Batanero hace signos negativos.) No lo son, señor García-Arreciado, y
usted sabe que jurídicamente no lo son. Le diré más, la contradicción en
la que estamos inmersos es una herencia porque en esa contradicción
ustedes incurrieron con dos leyes: una mantenía el concepto de servicio
público y la otra eliminaba el concepto de servicio público en función de
conveniencias ajenas a la coherencia del ordenamiento jurídico. Dejémoslo
en ese terreno.
Para terminar la contestación de las diversas cuestiones que S. S. ha
planteado en su intervención, le diría que la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones ha emitido el informe sobre todas las cuestiones a las
que S. S. se ha referido. Yo querría que tuviéramos presente dos cosas.
En primer lugar, la comisión no solamente no está fuera de juego sino que
no da abasto en estos momentos. Fíjese qué diferente es decir que está
fuera de juego a decir que no tiene hoy infraestructura suficiente para
dar cumplimiento eficiente a todo el trabajo que se le está acumulando,
por lo que tendrá que ser dotada, o autodotarse, de más medios. En
segundo lugar, no pierda usted de vista que estamos en un proceso gradual
de transferencias; es decir, las transferencias de competencias y
atribuciones, como proceso, deberá culminar el 1.º de diciembre de 1998,
fecha acordada con la Comisión Europea para la plena liberalización de
todas las telecomunicaciones. En cuanto al tema de los contenidos, del
Consejo de la Comunicación y de las diversas proposiciones de ley
presentadas en el Congreso de los Diputados me remito a lo que ya he
dicho.
A la portavoz del Grupo Parlamentario Popular quiero agradecerle su apoyo
y su intervención. Creo que en el debate político entre grupos
parlamentarios es positivo poner de relieve las contradicciones en que se
incurre. Tengo la convicción de que volveremos a hablar de Telefónica
Multimedia y de Antena 3, así como de las cuestiones de televisión, y
para conocimiento de SS. SS. diré que mi paciencia no tiene límites y
que, por consiguiente, estoy dispuesto a hablar de éstas y de otras
cuestiones en todas las ocasiones que sea preciso, aunque tengamos que
repetir una y otra vez los mismos planteamientos.
El señor PRESIDENTE: Respecto a qué trataremos en el futuro, he de decir
que en esta Comisión se tratará lo que traigan los grupos parlamentarios
y especialmente los grupos de la oposición. Por tanto, si inciden en este
tema, seguiremos con él porque ése es su derecho: traer los temas que les
parezcan convenientes.
Siempre damos en esta Comisión unas breves intervenciones, pero por el
tiempo que llevamos pediría que en ningún momento se pasara de los tres
minutos y, en cualquier caso, no se utilizaran más de cinco.
¿Qué portavoces quieren intervenir? (Pausa.)
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: El exquisito tono parlamentario
utilizado por el señor ministro en su intervención redime completamente
la desafortunada intervención de la señora Mato. Creo que usted se
defiende suficientemente bien y, como adversario, le aconsejo que no
permita que otros lo hagan por usted.
Con la señora Mato coincido en dos cosas sustanciales: que tenemos las
ideas perfectamente claras sobre esta cuestión y que nuestra misión es
acosar al Gobierno hasta conseguir que abandone o pierda unas elecciones.
Esa es la función que nos ha asignado el pueblo y, por tanto, ése es mi
cometido aquí.
Señor ministro, usted nos viene a decir que si me han engañado no tengo
la culpa, pero es evidente que en esta operación ha habido engaño. Quiero
tener la cortesía en respuesta a la suya de no residenciarlo en ningún
sitio, pero la información de los intervinientes en este negocio a la
Secretaría General y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es
radicalmente distinta. Primero, sobre la fecha. Usted cita un escrito de
Telefónica donde dice que el día 24 el acuerdo está cerrado. El día 27,
según un fax que tengo en mi poder, Telefónica comunica a la Comisión del
Mercado de Valores: en el día de hoy se ha culminado el acuerdo que
habíamos anunciado el día 24. En el escrito, fechado el día 27, está
tachado el número 7 burdamente con pluma, ni siquiera se han molestado en
rectificarlo en el ordenador donde se escribió la carta, y han puesto día
25. ¿Podía ser un error de fechas? No, señor ministro, porque ese mismo
día 27 el Banco de Santander y BCH se dirigen a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en los mismos términos: en el día de hoy, fecha 27 y
registro de la comisión el 28, se han cerrado los acuerdos que habíamos
comunicado en nuestro hecho destacable del día 24. Por tanto, aquí ha
habido un engaño que --como digo-- no sitúo en ninguna esfera concreta,
pero me parece que la diligencia del ministerio, en una operación en la
que es imposible negar la participación del ministerio en el patronazgo
de la misma, tenía la obligación de contrastarla.
Segundo, usted reconoce que faltaba una condición importante en el
acuerdo que lleva a su secretaría general a establecer una condición
suspensiva que no se cumple. Es como si yo voy a un banco a pedir un
crédito y me dicen que me lo dan cuando entregue un aval; evidentemente,
no puedo disponer del crédito hasta que no lleve el aval. Como usted bien
ha dicho, los efectos jurídicos de esa autorización estaban congelados.
Entonces, ¿por qué no aceptan ustedes la personación de Sogecable
alegando que el expediente se había cerrado el día 24 al estar suspendido
jurídicamente? En el escrito que mandan le dicen que no es posible
aceptar su personación porque el negocio está cerrado al igual que el
expediente.
En tercer lugar, la interpretación de la participación accionarial, y no
soy yo quien pueda discutir la doctrina que elaboren los expertos en el
asunto. Pero la ley dice lo que dice, que no se puede tener participación
accionarial ni directa ni indirecta en más de dos sociedades
concesionarias. Usted reconoce que aquí la hay, aunque no llega a lo que
nos dicen los expertos que constituye participación indirecta, que es la
mayoría de control. Liga usted el artículo 23 de la ley con el 19; no, el
artículo 23 de la ley es una aclaración del 22, que dice que se entiende
lo que en el 22 se define como participación de control y luego se define
más claramente en el artículo 23.
Eso también se lo plantea Sogecable en su escrito de personación, y no le
responden. Su secretario general sabe lo que hace, no responde a la
petición de Telefónica de certificación por escrito de que se ha cumplido
la condición suspensiva, no responde a esa petición de esta compañía, por
tanto, no lo garantiza, y tampoco responde a Sogecable en su
argumentación de que hay una probable violación del artículo 19.2. Hace
muy bien, bordea con la perfección del lenguaje jurídico, no dice lo que
no puede decir y no contesta a lo que no puede contestar.
Por último, el hecho destacable comunicado a la Comisión Nacional por
Telefónica el día 7. Dice usted que cuando tuvieron conocimiento de que
se había producido tomaron una serie de decisiones consecuencia de las
cuales se produce la rectificación. Rectificación a medias, porque si una
compañía tiene el 25 por ciento y el 40 por ciento en el consejo de
administración ya tiene más capacidad que la que le permite su base
accionarial que otra que tenga nada más que el 7 y también el 40 por
ciento, unido al hecho de que es pública y notoria la situación de
dominio de Telefónica en Antena 3. En favor de Telefónica, tengo que
decir que la está usando con una prudencia que nos satisface. La
situación jurídica es ésa: una capacidad de gestión y de dominio sobre la
compañía superior a la que se deriva de su base accionarial.
En cuanto a las garantías que ofrece Telefónica, hablando en nombre del
Banco de Santander y del Banco Central-Hispano y ofreciendo composiciones
de participación accionarial que después tienen que ser desmentidas por
los bancos porque son muy inferiores a las que Telefónica decía en su
comunicación de hecho destacable, se evidencia políticamente --no lo digo
jurídicamente-- la situación de connivencia en que los tres, desde
nuestro punto de vista, con la participación también del Ministerio, han
actuado en todo este proceso.
No nos olvidemos de lo que he dicho antes, señor ministro, Telefónica
garantiza por escrito la liquidez y el valor de las acciones. Eso sólo se
puede garantizar en documento, que no será público como es lógico, en el
que haya un pacto de recompra o una expectativa de salida a Bolsa.
De todas estas cuestiones que afectan sustancialmente a la interpretación
que el Gobierno en general y el Ministerio en particular han hecho de la
Ley 10/1988, hay una clara responsabilidad política que nosotros
manifestamos en los términos expresados anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Yo comprendo que en este tema hay incluidas tres
comparecencias, pero ruego a los demás intervinientes mayor brevedad.
Don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Tengo que ser necesariamente breve, a la vista de
la respuesta. Agradezco la sinceridad del señor ministro, lo que pasa es
que todo esto me sitúa en la tesitura de sentirme como un ingenuo Robin
Hood en otro bosque. Aquí está todo el mundo hablando de miles de
millones de pesetas y yo estoy preocupándome por si ponen un anuncio más
o menos, lo cual, según parece, tampoco es tan grave.
Podría reafirmarme en todas y cada una de las palabras que he expresado
anteriormente. Hay un problema conceptual
que parte de una determinada concepción filosófica y de una derivación en
lo jurídico, cual es el concepto del control de contenidos, que es muy
fácil igualar a censura, probablemente porque en nuestra sociedad hay una
sana sensibilidad contra la censura y porque no se ha querido tampoco
ideológicamente profundizar en algo en lo que otras sociedades sí ha
avanzado. Si se conceptualiza el establecimiento en el Estado de Derecho
de un marco lícito de programación y que dentro de ese marco la libertad
de expresión queda absolutamente asegurada, podríamos escapar del círculo
vicioso que implica que, de conceptuar la libertad de expresión
abstractamente, cualquier límite posible es una censura, lo cual me
parece que no es honesto ni serio.
Yo me alegro de que el Gobierno haya comenzado a imponer algunas
sanciones. De la intervención del ministro se confirma que el señor
López-Amor mintió en esta Cámara, porque sí que ha habido una sanción a
Televisión Española cuando él lo negó. (El señor Ministro de Fomento,
Arias-Salgado y Montalvo: ¡Todavía, no!) O había un expediente abierto
que él negó. De todas formas, la actitud del señor López-Amor nos va
acostumbrando a tantas cosas que tampoco nos sorprende. Me parece poco
ejemplificante que Televisión Española haga este tipo de cosas y
vergonzoso que sea una materia como el alcohol. En cualquier caso,
reconocerán el señor ministro y SS. SS. que haber impuesto cuatro multas,
con unas cantidades objetivamente ridículas para el montante económico
que suponen las transacciones publicitarias en las cadenas televisivas,
significa que muy poco se ha hecho, que mucho más habrá que hacer y el
Gobierno tendrá nuestro apoyo si sigue en esa línea.
Ya sé que también es fácil escudarse en la reforma de la ley y en el
consejo de la comunicación, pero le voy a pedir a la Administración algo
muy sencillo y es que aplique la ley vigente, porque no se entiende por
qué en otros ámbitos de la vida de los ciudadanos las sanciones se
aplican y aquí parece que hay un ámbito exento de aplicación con
argumentaciones en torno a la falta de objetivación, las ambigüedades de
la norma, etcétera. Que se reforme la norma o que, por vía de recurso,
los tribunales acaben decidiendo, pero aplíquese la legislación vigente.
En definitiva, se trata de evitar que Televisión se convierta en un
caballo desbocado, en un caballo sin la frontera del sentido común.
Sabemos que es muy difícil, pero en este fin de siglo renunciar a que el
poder público democrático tenga una opinión propia y quede puramente en
manos de los intereses del mercado, que es de lo que en definitiva
estamos hablando tanto en un tema como en el otro, nos conduce a un
modelo cultural de futuro bastante sombrío.
El señor PRESIDENTE: Don Felipe Alcaraz, por Izquierda Unida, tiene la
palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Usted, señor ministro, es un gran sembrador de
dudas. Usted lo llama sembrar debates, polémicas, pero usted siembra la
duda y después intenta recoger lo máximo posible en función de su propia
posición. Hoy mismo sigue sembrando, dudas en dos temas de enorme
importancia, aunque en uno de los aspectos quizá empecemos a avanzar, que
es en el consejo de lo audiovisual, o como se le quiera llamar.
La primera duda que ha sembrado es ésta, aunque sólo ha citado a una
autoridad, al presidente del Consejo Superior de lo Audiovisual francés,
y lo dice en el sentido de presionar para aumentar competencias y ganarle
la partida a la dinámica del mercado y del control de las audiencias como
becerro de oro de las televisiones. No es que cuestione el consejo de la
comunicación, sino las competencias limitadas del consejo superior de lo
audiovisual en un momento de debate en toda Europa, porque en Europa
estamos viviendo, por causas concretas e históricas, un momento de
excepción en la televisión y en sus contenidos. Estamos ante la
televisión de las cuatro c: concursos, crímenes, culebrones y culos, con
perdón, y esto no hay quien lo controle. ¿Por qué? Por lo que usted acaba
de decir. Desde 1994 existe la ley, pero usted ha dicho: ¿Cómo se va a
meter la Administración a aplicar la ley? Si no la aplica se le critica,
pero es preferible que se le critique por no aplicarla. Desde 1994 a
1998, excepto estas pequeñas multas que últimamente se han puesto --y
sólo últimamente--, la ley no existe, primero porque se traspuso una
directiva con cuatro de retraso y ya lo criticamos a fondo y, en segundo
lugar, una vez traspuesta no se cumple, ni hay condiciones objetivas ni
subjetivas para cumplirla, y usted acaba de declararlo aquí. Es de enorme
importancia --y usted ha dicho que habrá que hacerlo a la mayor brevedad
posible-- crear ese consejo de la comunicación, porque estamos
atravesando una situación de excepción en los contenidos culturales de la
televisión, donde los crímenes se han elevado a una posición estética, a
un valor estético de la televisión pública, ante la que el 92 por ciento
de los mortales en Europa estamos como media entre tres y cuatro horas.
Esto es de una enorme importancia y yo le ruego que entremos en ese
debate y que situemos, por fin, la acción del consejo de lo audiovisual o
de la comunicación en nuestro país.
En segundo lugar, usted también ha cuestionado --esta vez, sin ninguna
cita de autoridad-- el límite del 25 por ciento en la participación
accionarial para evitar patologías de la concentración. Pues bien, si
evitamos esos pequeñísimos límites que existen en España ante políticas
de pluralidad o de transparencia, que son el límite que aparece en el
artículo 19 de la Ley de Televisión Privada y en la Ley de Televisión
digital, nos vamos a encontrar con un campo sin vallado. En un momento en
el que distintas empresas han anunciado que van a por todas, aquí se va a
constituir un duopolio sobre los hechos, y si se les da vía libre a
partir de ahora, indudablemente vamos a una situación no democrática
sobre un tema de enorme importancia, como es la creación de la opinión y
la emisión de la cultura. De ahí la batalla que estamos manteniendo;
presentamos una proposición de ley contra la concentración de los medios
y, a favor de la pluralidad que fue derrotada, creo recordar que por un
voto o dos, y esperamos que se dé respuesta a esa necesidad. Si evitamos
estos límites mínimos que se mantienen en la legislación española, desde
luego vamos a la ley de la jungla, a la ley del más fuerte. Por eso hay
que tener
mucho cuidado. Yo no sé quién está cuestionando los límites en Europa,
porque, al contrario, se están pidiendo mayores límites y menor
participación en los distintos sectores que existen en el campo de lo
audiovisual.
Termino, señor presidente. Usted ha dicho que desde el punto de vista
jurídico, una cosa es servicio público y que en la transmisión por
satélite no hay servicios públicos, solamente hay servicios de interés
general. Pues bien, cambiemos el artículo 19. Solamente quitando la
palabra «concesionaria» ya se supera esa situación a la que usted ha
aludido como un obstáculo legal. Con suprimir una sola palabra --en diez
días en este Congreso de los Diputados podemos hacerlo-- no se podría
participar, como se está haciendo, en distintas televisiones con el apoyo
de una ley que, por error o por lo que sea, contiene esa posibilidad.
El señor PRESIDENTE: El señor Sedó, que antes no ha intervenido, por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), me pide intervenir muy
brevemente.
El señor SEDO I MARSAL: Respecto a la interpretación del orden del día,
yo sufrí un lapsus. Creí que el punto 5 quedaba más amplio fuera del
asunto de Antena 3. Desde el texto que dice: temas claramente vinculados
a la posición de dominio de mercado de Telefónica, quisiera hacer unas
preguntas, que incluso pueden tener una respuesta monosilábica.
En primer lugar, me gustaría saber qué opina el Ministerio, como
regulador principal, de esta investigación que la Comisión Europea ha
abierto para desenmascarar posibles abusos en los precios de la telefonía
móvil y fija, teniendo en cuenta que se considera, en cuestionarios que
ya se han hecho, que hay momentos en que una llamada desde un teléfono
fijo a un móvil puede ser seis veces superior a la de un fijo a un fijo o
a la de un móvil a un móvil, e incluso la interconexión de fijos a
móviles es catorce veces superior a la de una llamada de fijo a fijo.
En segundo lugar, quisiera saber si el regulador principal tiene
intención de intervenir en la confusión que se está produciendo con la
lucha de publicidad entre los operadores que en estos momentos están en
el mercado, porque las ofertas causan alguna disfunción, pues en estos
momentos Telefónica ofrece distintos planes en beneficio del usuario y
grandiosas ventajas, pero cuando se pide información se le contesta al
usuario interesado que todo ello está pendiente de la aprobación de la
Administración. En todo caso, si se lee la letra pequeña de la publicidad
no televisiva sino escrita, se comprueba que son ofertas a partir de las
22 horas. Es decir, que prácticamente esa gran oferta que sale por la
televisión, no diré que sea un engaño porque no lo es, pero sería
interesante que el regulador principal, por decirlo de alguna manera,
interviniese aclarándolo.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro es muy libre, naturalmente, de
contestar o no, según le parezca, pero quiero decirle al señor Sedó que
esta petición de comparecencia del Grupo Socialista que dice
textualmente: Las actuaciones de la Compañía Telefónica de España, S. A.,
claramente vinculadas a su posición de dominio de mercado y respecto de
las cuales no ha sido posible hacer comparecer al presidente, señor
Villalonga, se referían a la actuación con respecto a su toma de control
en Antena 3, no a su posición dominante en Telefónica. El ministro hará
lo que le parezca, pero no se trataba de este tema.
La señora Mato tiene la palabra.
La señora MATO ADROVER: No hemos venido en este turno, como tampoco en el
otro, a defender a nadie, en primer lugar, porque el ministro se defiende
solo, como bien dice el señor García-Arreciado, y, en segundo lugar,
porque tampoco tenemos nada que defender en este caso. Lo único que voy a
reiterar ahora es que reconozco la paciencia infinita de este ministro al
comparecer en esta Cámara porque usted estará de acuerdo conmigo en que
hemos dedicado la cuarta parte del tiempo parlamentario --y no me refiero
solamente a esta Comisión, sino al Pleno también-- a hablar de
Telefónica. Por eso me refería a la paciencia infinita del ministro.
Hay un hecho objetivo: que el centro de confrontación decidido por su
partido hoy no es ni la inflación, ni es el tipo de interés, ni son las
pensiones, ni es el empleo --me imagino que porque tampoco pueden--, sino
que es todo lo referido a la comunicación. Es verdad que ustedes están
acostumbrados a controlar los medios de comunicación durante trece años,
y trece años no se olvidan en un año y medio. En cualquier caso, es
verdad --usted lo ha comentado-- que ganaron las elecciones gracias a la
utilización de los medios de comunicación públicos, fundamentalmente
manipulando la televisión pública y convirtiendo...
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, no abramos el debate entre grupos,
porque es una comparecencia del señor ministro.
La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor presidente. Simplemente
quería destacar --y eso viene a cuento de la comparecencia del señor
ministro-- que es verdad que hasta ahora estábamos en una etapa en que se
podían manipular los medios de comunicación a través del Gobierno, y que
a partir de esta nueva etapa ya no es posible manipularlos, debido a la
política liberalizadora de las telecomunicaciones, impulsada por el
Gobierno, que nos ha traído mayor pluralismo, mayor libertad de
información y, por tanto, menor posibilidad y mayor dificultad de
controlar los medios de comunicación.
Consejo por consejo, señor García-Arreciado. Si han decidido ustedes que
ésa es su estrategia, allá ustedes, porque, igual que Telefónica tiene
que rendir cuenta ante sus accionistas, ustedes tendrán que rendir
cuentas ante sus electores.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra para terminar la
comparecencia.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, en mis
intervenciones nunca aspiro a convencer a la oposición. Como puede
comprender S. S.,
la oposición, por definición, no es susceptible de convencimiento, porque
en la medida en que yo pudiera convencer a la oposición, dejaría de
serlo. Lo que sí es razonable pensar es que el debate tiene unas
conclusiones que se pueden extraer objetivamente.
Yo no creo que haya engaño por parte de nadie, señoría. Esa es una
afirmación excesiva, que, además, yo desterraría del lenguaje
parlamentario si fuera posible. Se puede afirmar con rigor que hay
acuerdo y se puede decir también, en otro plano distinto de lo jurídico,
que quedan algunos flecos. En el lenguaje normal, incluso en los
escritos, no tiene el mismo alcance jurídico ni el mismo sentido una
solicitud a la Secretaría General de Comunicaciones que una información a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Admítalo usted, porque forma
parte de la realidad. Para engañar hace falta tener intención de engañar;
si no, puede haber error, equivocación, lo que usted quiera, pero si no
hay intención de engañar, no hay engaño. Como son dos escritos
completamente distintos, porque uno tiene por objeto solicitar una
autorización previa y otro transmitir información a los mercados, se
redactan en distintos términos. Si usted quiere equiparar ambos escritos,
a mi juicio está deformando la realidad porque tienen propósitos
distintos y coinciden en lo sustancial, que es de lo que se trata.
Yo no tengo por qué comparar ambos escritos, señoría, ni al Ministerio de
Fomento le corresponde comparar ambos escritos en la medida en que
aspiran a finalidades diferentes. El Ministerio de Fomento tiene que
comprobar la solicitud que se realiza con un registro del que dispone la
Secretaría General de Comunicaciones y, de conformidad con la solicitud,
se hace la comprobación; realizada la comprobación se otorga la
autorización y lo que se pide es que se complete la información
suministrada con un único dato, que es el que falta.
Me pasan una nota diciendo que en el cómputo de los plazos juegan los
días hábiles; ocurre que los días 26 y 27 son días inhábiles y que, por
consiguiente, la contestación, el cumplimiento de la condición
suspensiva, se hace perfectamente dentro de plazo.
Plantea usted otra cuestión completamente distinta, que es la existencia
o no de un interés legítimo y lo que se debe entender por expediente
administrativo, concluido a los efectos de comparecencia de un tercero en
el expediente administrativo. Esa es otra cuestión también discutible. Es
perfectamente posible que la Administración entienda que no hay un
interés legítimo, es perfectamente posible que la Administración entienda
que un expediente administrativo está concluido y que no ha lugar a la
comparecencia de un tercero, y los tribunales que sujetan la
Administración pública a un control jurisdiccional de revisión de los
actos administrativos decidirán en su momento. No hay engaño, ésa no es
una conclusión que pueda extraerse de los debates.
En segundo lugar, le pediría a S. S. que dé valor a las rectificaciones.
Si usted lee un escrito en el que Telefónica notifica a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y yo leo otro en el que hay una
rectificación, acepte usted el valor de la rectificación, no se mantenga
usted en el escrito rectificado.
Después le diré, señoría, que el Derecho mercantil permite muchas
fórmulas para distribuirse la gestión en el ámbito de una empresa. Y aquí
estamos hablando de entidades concesionarias que tienen unas normas que
están en la Ley de Televisión Privada. El problema es si esas normas se
cumplen o no y Antena 3 informa que está perfectamente acorde con todos
los requisitos que establece la Ley de Televisión Privada. Naturalmente,
si se produjeran hechos manifiestos susceptibles de comprobación de los
cuales pudiera deducirse que hay un acuerdo entre accionistas no
permitido por la ley intervendrían los órganos competentes, desde la
propia Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta, por supuesto, la
Secretaría General de Comunicaciones. Pero, hoy por hoy, esos hechos no
se han producido y de lo único de lo que tenemos constancia es de que los
consejeros representan a los accionistas en proporciones adecuadas y que
en la gestión de Antena 3 Televisión se han producido, como S. S. ha
reconocido, una prudente administración de los nuevos titulares de la
entidad concesionaria.
Saquemos las conclusiones que corresponde sacar después de un debate,
porque es difícilmente discutible el valor de los escritos que las partes
interesadas, los agentes intervinientes, presentan. No tengo ninguna
razón para poner en cuestión un escrito que viene firmado por el
presidente del consejo de administración de una compañía que se llama
Telefónica Multimedia, y como no tengo ninguna razón objetiva para poner
en cuestión este escrito, ni nadie en la Administración pública, es por
lo que se concede la autorización.
Al señor Alcaraz, de Nueva Izquierda, le diría que comparto su punto de
vista y creo que queda muchísimo por hacer. Sin embargo, me permito
trasladarle que yo procuraré aplicar la ley vigente con la máxima
prudencia. No me importaría pasarme de prudente, porque el tema es lo
suficientemente delicado para que toda la prudencia que se ponga sea
poca. Estamos abiertos, como es lógico, al control parlamentario en este
orden de cosas y yo deseo, por supuesto, que se produzca cuanto antes
--como he tenido ocasión de decir-- el debate y la tramitación de las
proposiciones de ley para que haya un órgano que pueda aplicar este tipo
de sanciones desde una independencia y una profesionalidad desvinculada
de todo planteamiento político del que siempre, como es lógico, se puede
acusar a un gobierno porque es responsable del funcionamiento de la
Administración.
Al señor Alcaraz, de Izquierda Unida, he de decirle que no me gusta
sembrar dudas. Creo que no me caracterizo por sembrarlas, lo que me
gusta, fundamentalmente, es argumentar y razonar. Desde la argumentación
y desde el razonamiento formulo hipótesis y una hipótesis de trabajo que
se plantean muchos comentaristas es cuál es la eficacia de los
porcentajes accionariales para evitar el control. En las sociedades
mercantiles de cualquier clase, incluidas las empresas concesionarias de
televisión, hay una cosa que se llama contrato de gestión y, a veces,
contrato de gestión exclusiva, y en alguna concesionaria existe contrato
de gestión exclusiva, sin superar el porcentaje accionarial. Por eso digo
que el Derecho mercantil, la ingeniería jurídica
si usted quiere, ofrece muchas posibilidades para poner límites a la
eficacia de determinado tipo de controles, lo cual no significa defender
que hay que suprimir ese tipo de controles sobre las participaciones
accionariales ni las limitaciones a las participaciones accionariales; no
significa eso. De una afirmación no se pueden deducir ciertas
conclusiones. Y de la afirmación de que es un mecanismo limitativo que
tiene una eficacia relativa no se puede deducir, porque no es legítimo,
que se está proponiendo la supresión de esa limitación. No, señoría.
Estoy discutiendo sobre la eficacia de ese mecanismo y añado que no hay
propósito de modificar los porcentajes de participación accionarial en
las empresas concesionarias. No hay ese propósito. Hay ya en esta Cámara
varias leyes que afectan a la televisión y ninguna de ellas toca ese
punto.
Las declaraciones del presidente francés del Consejo Superior de lo
Audiovisual no eran para reclamar más amplias atribuciones, ni mucho
menos, sino simplemente que el funcionamiento habitual de las sociedades
democráticas de opinión pública está sujeto a un cierto tipo de
contradicciones objetivas. Es decir, hay sectores de la sociedad que
reclaman un control y hay otros sectores de la sociedad que dicen que no
quieren ningún control. Hay quienes dicen: dejemos que esto se pueda
producir en un proceso natural de autorregulación. A mí me parece que los
tres puntos de vista son legítimos, deben entrar, lógicamente, en
discusión y ver cómo se puede llegar a una conclusión que permita, en
todo caso, mejorar algunos de los contenidos de nuestras televisiones. Yo
puedo compartir con usted que hace falta mejorar esos contenidos y le
puedo anticipar que lo comparto.
Son pocas las sanciones aplicadas; ciertamente son muy pocas. En veinte
meses se han aplicado cuatro sanciones de escasa cuantía, según S. S., yo
no sé lo que S. S. llama escasa cuantía, pero a una sanción de 15
millones de pesetas yo no la llamaría en ningún caso de escasa cuantía,
por lo menos en lo que yo puedo utilizar como punto de referencia para
determinar si una cuantía es o no importante. Desde mi perspectiva, una
sanción de 15 millones de pesetas es bastante respetable y si caen varias
de esa cuantía, imagínese S. S. lo que puede suponer en la cuenta de
resultados de una entidad concesionaria. Con esto termino de contestar a
la segunda intervención de su señoría.
En relación con las preguntas que me ha formulado el señor Sedó, tengo
que decirle que se puede compartir la opinión de la Comisión Europea en
el sentido de que los precios de conexión de la telefonía fija/móvil son
muy altos en el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, en estos
momentos, nosotros, como Gobierno y recogiendo la recomendación de la
Comisión Europea, estamos tratando de encontrar una vía para poder bajar
los precios, en particular de la conexión fijo-móvil.
En cuanto a la política publicitaria como parte de la política comercial
de las compañías de telecomunicaciones, y entre ellas la actual campaña
de Telefónica, solamente le puedo contestar en los siguientes términos:
la política comercial de cada empresa privada es libre y la obligación de
controlar la publicidad no recae en el Ministerio de Fomento. Sí le puedo
decir que la solicitud de bajada de tarifas por parte de Telefónica, en
lo que afecta a esa campaña publicitaria, está presentada en la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones y en el Ministerio de Fomento, y
nosotros estamos a la espera del informe preceptivo de esa Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones para poder presentar ante la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos la rebaja que Telefónica solicita si el
informe de la Comisión es favorable.
El señor PRESIDENTE: Aquí termina la primera comparecencia, que a su vez
reunía cinco peticiones de comparecencia.
--ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO Y LA EMPRESA AUTOPISTAS DEL MEDITERRANEO
(AUMAR), CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA DEL MEDITERRANEO A-7, POR EL QUE
SE PRORROGA LA CONCESION TRECE AÑOS A CAMBIO DE UNA REBAJA TARIFARIA EN
LOS PEAJES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de
expediente 213/000399).
--RAZONES POR LAS QUE SE HA LLEGADO A UN ACUERDO CON LAS EMPRESAS
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS PARA AUMENTAR EL PLAZO DE CONCESION DE LAS
MISMAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(Número de expediente 213/000405).
--ACUERDOS ALCANZADOS CON LOS CONCESIONARIOS DE AUTOPISTAS SOBRE REBAJA
DE PEAJE, ESPECIALMENTE DEL CONTENIDO ECONOMICO DE LOS MISMOS, ASI COMO
DEL NUEVO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO ACORDADO. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 213/000412).
--LA PRORROGA EN LA CONCESION DE LA GESTION DE AUTOPISTAS, EN ESPECIAL EN
LA A-7 Y EN LA SEVILLA-CADIZ. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
(Número de expediente 213/000415).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda comparecencia, que reúne cuatro
peticiones: la primera, del Grupo Mixto, se refiere al reciente acuerdo
entre el Ministerio y la empresa Autopistas del Mediterráneo (Aumar),
concesionaria de la autopista del Mediterráneo A-7, por el que se
prorroga la concesión trece años a cambio de una rebaja tarifaria en los
peajes; la segunda, de Izquierda Unida, es sobre las razones por las que
se ha llegado a un acuerdo con las empresas concesionarias de autopistas
para aumentar el plazo de concesión de las mismas; la tercera, del Grupo
Socialista, hace referencia a los acuerdos alcanzados con los
concesionarios de autopistas sobre rebaja
de peaje, especialmente del contenido económico de los mismos, así como
del nuevo equilibrio económico-financiero, y la cuarta, del Grupo Mixto,
sobre la prórroga de la concesión de la gestión de autopistas, en
especial de la A-7 y de la Sevilla-Cádiz.
La hora que es, y que ya preveíamos cuando nos reunimos la Mesa y los
portavoces, hizo que adoptáramos unos criterios más rígidos que en otras
comparecencias. Se acordó así, y por eso quiero que lo conozcan los
portavoces. Las intervenciones de estos portavoces las vamos a reducir a
diez minutos y, si se comparten, deben dividirse el tiempo. Además, no va
a haber ese turno de réplica que generalmente incluimos en esta Comisión.
Lo digo para que sepan que deben expresar todos sus argumentos en este
primer turno.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Como exige el
presidente, voy a comenzar por una breve intervención para poner de
relieve cuáles son las razones que pueden llevar a la construcción de una
autopista de peaje. Por resumir, y resumir mucho, yo diría que, en primer
término, y éste ha sido el propósito principal del Gobierno, está el
favorecer la inversión y, por tanto, el crecimiento económico, en un
momento en que el rigor presupuestario exige disminuir la inversión
pública. Disminuido el capítulo 6, que refleja la inversión pública que
realiza el Ministerio de Fomento, procedía poner en marcha, movilizar
capital privado para poder favorecer esa inversión y ese crecimiento
económico.
La segunda razón para construir una autopista de peaje podríamos
sintetizarla en la exigencia de ordenar el tráfico. Se trata de
descongestionar las alternativas que existen, mejorando, por tanto, la
red de infraestructuras, y todo ello con especial referencia al tráfico
pesado, que congestiona en mayor medida las carreteras ordinarias y,
además, produce un mayor desgaste de las infraestructuras del Estado e
incrementa los gastos de conservación.
Hay una tercera razón, obvia por otra parte, que es simplemente mejorar
la red de infraestructuras de que dispone en un momento determinado un
país, lo cual supone, al mismo tiempo, mejorar la cohesión territorial y
social de la sociedad.
Yo diría que en este planteamiento hay dos elementos adicionales que
explican la política de autopistas y la política de peajes del Gobierno y
del Ministerio de Fomento. En primer lugar, nosotros hemos puesto en
marcha un programa de autopistas de peaje sólo allí donde hay una
alternativa gratuita en buen estado, y, en segundo lugar, hemos iniciado
una política de peajes que tiene como punto de referencia lo que
podríamos denominar convencionalmente la media comunitaria en los peajes
que pagan los usuarios, porque era cierto que algunos de los peajes de
las autopistas españolas eran excesivamente altos y estaban por encima de
la media comunitaria sin justificación general; justificación para tramos
concretos de excesivo coste y de excesiva inversión pero sin
justificación general. Por ello se puso en marcha una modificación de la
Ley de Autopistas que entró en vigor el 1 de enero de 1997 y que
contemplaba diversas medidas, entre ellas la posibilidad de ampliar los
plazos concesionales para poder aplicar esa política de rebaja de los
peajes.
En esa política, el primer acuerdo que se cierra es con la concesionaria
Aumar, acuerdo que, resumiendo, tiene tres puntos fundamentales: se
rebajan los peajes para los vehículos ligeros en un 30 por ciento y para
los vehículos pesados en un 40 por ciento; se amplía en 13 años el plazo
de la concesión, y, por último, la concesionaria se compromete a realizar
una inversión de 5.000 millones de pesetas en tres años.
Hay un segundo acuerdo que tiene menor participación del Estado, que es
el acuerdo a que llega el Gobierno Foral de Navarra con la empresa
concesionaria Audenasa, que, como saben SS. SS., pertenece en un 50 por
ciento a la comunidad foral y en otro 50 por ciento está participada por
el Estado; ahí se llega a un acuerdo de rebaja de los peajes del 25 por
ciento para los vehículos ligeros y del 30 por ciento para los vehículos
pesados y se alarga el período concesional en 15 años. Actualmente están
en curso negociaciones con Avasa, que es la empresa concesionaria titular
de la autopista que une Bilbao con Zaragoza y existen también
negociaciones avanzadas con Acesa, que es la empresa concesionaria que
tiene la titularidad de la mayor parte de las autopistas que transcurren
por territorio de Cataluña.
Con Avasa está muy próximo el cuerdo, aunque debe darse lógica
participación a las diputaciones vascas, que, como saben SS. SS., son
quienes tienen la titularidad de las carreteras en el País Vasco. En
cuanto a Acesa, la rebaja de peajes que se puede realizar es pequeña
porque ya tiene unos peajes que se mueven en la media comunitaria, por
eso se ha optado por bajadas de tarifas en tramos muy concretos que
puedan compensarse con inversiones del Ministerio en obras de ampliación
que son necesarias. De momento, lo único que le puedo anticipar a S. S.
es que la negociación más avanzada es el de la autopista Montmajor-El
Papiol, la llamada B-30, en la que se pretende conseguir una distribución
más funcional del tráfico entre el tronco de la autopista y las calzadas
laterales de la misma, bajando las tarifas y realizando las obras
necesarias, tanto de ampliación de las vías como de nuevos enlaces para
conseguir el fin deseado.
En definitiva, señorías, ésta es la situación en que se encuentran las
negociaciones que, por su propia naturaleza, son negociaciones muy
largas. ¿Por qué son muy largas? Porque primero hay que acordar las
hipótesis de trabajo, y no es fácil. Las hipótesis de trabajo afectan al
equilibrio económico financiero de la concesión y afectan a cálculos que,
por naturaleza, son siempre discutibles: cómo va a funcionar la cuenta de
resultados, cómo va a funcionar el tráfico en la ampliación del período
concesional, etcétera. Por tanto, hasta que no se pone uno de acuerdo en
todas las coordenadas es difícil llegar a la fase final, que es
exactamente el número de años en que se amplía el período concesional y
la rebaja en sentido estricto de los peajes que tanto los vehículos
ligeros como pesados pagan al transitar por las autopistas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Así como antes hemos hecho una
exposición crítica y muy severa de la política a nuestro entender
interesada del Gobierno sobre el punto anterior del orden del día, ahora
nuestra actuación se enmarca no en una política de crítica al Gobierno,
sino de control del Gobierno, de conocimiento de cosas que nos parecen
importantes y sobre una actuación que en principio apoyamos. Lo que
ocurre es que para transformar ese apoyo, que es condicional y
transitorio, en un apoyo definitivo, necesitábamos disponer de algún tipo
de información, motivo por el cual le habíamos solicitado al Ministerio
que nos hiciera llegar los nuevos equilibrios financieros de la
concesión, porque ése es el documento que tiene la información necesaria
para evaluar en su conjunto y a largo plazo el balance coste-beneficio de
esta operación. Dos meses después, señor ministro, me mandaron el BOE, y
además con una nota que decía: Entendemos que lo que nos ha pedido es el
BOE. Señor ministro, yo tengo el BOE desde el día de su publicación y lo
que yo quería, repito, eran los equilibrios económico-financieros para
poder estudiar las consecuencias de esta operación, porque el acuerdo que
se recoge en el BOE altera fundamentalmente los elementos sustanciales
básicos de aquellos equilibrios. Y la bajada de las tarifas pudiera no
compensar a largo plazo, para el conjunto de los usuarios, la decisión
del Gobierno de firmar con Aumar los cuerdos de rebajas de tarifas, de
modificación de planes económico-financieros y algunos compromisos pobres
de inversión, y digo pobres porque ampliar por trece años la explotación
de una autovía con un compromiso de inversión de 5.000 millones de esa
concesionaria, nos parece, en principio, pobre.
Sobre el acuerdo alcanzado, en la información que pasé a mi grupo
parlamentario hacía constar que, conociendo los valores ponderados medios
de los tráficos de los vehículos ligeros y de los pesados y aplicando las
fórmulas usuales de captación de tráfico en el corredor, se podían
derivar incrementos de tráfico de los ligeros del orden del 32 por ciento
y del 45 por ciento en los pesados, que no tienen la misma duración de
trayecto. Esto daba lugar a comparar el futuro de la concesión en la
situación actual, que sería del orden de 29.500 millones anuales de
ingresos, con el derivado de las nuevas tarifas, que suponían una
disminución en los ingresos hasta los 21.500 millones. Considerando las
tasas medias de incremento del tráfico, la inflación, los períodos de
duración, etcétera, nos salía un valor actualizado neto similar. Es
decir, en principio la operación nos parecía neutra, pero con muy poca
información.
Lamento no poder ratificar un criterio solvente en la intervención de
hoy, porque desconozco los datos concretos del equilibrio
económico-financiero, que en el modelo que lo establece tiene hasta
dieciséis variables. Toda esa información, señor ministro, es la que nos
hubiera hecho falta. Sentimos que la respuesta de sus servicios al cabo
de dos meses sea remitirme el Boletín Oficial del Estado en el que se ha
publicado el acuerdo alcanzado con Aumar y no podemos decir más al
respecto, sino que mantenemos, en principio, nuestro apoyo a cualquier
actuación del Gobierno que produzca una rebaja en las tarifas y que no
podemos convertirlo en definitivo por carecer de los elementos de crítica
suficientes que tampoco han sido despejados en su intervención.
Reitero la necesidad, al menos de mi grupo parlamentario, de conocer los
términos de los equilibrios económico-financieros para poder emitir un
juicio solvente, compartido o no, sobre esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: El Grupo de Izquierda Unida va a repartir su tiempo
entre el señor Fernández y el señor Meyer.
Tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor ministro, le doy la bienvenida a esta
Comisión. Quiero empezar mi intervención recordándole que nosotros,
Izquierda Unida, en los presupuestos generales de 1997 nos opusimos en la
ley de acompañamiento a aquellos artículos que trataban sobre la
ampliación del plazo de concesión de vías de peaje, nos opusimos a las
prórrogas que en esta ley se planteaban, prórrogas que podrían llegar
hasta los 25 años. Vemos que en los acuerdos que hasta el momento ha
llegado con las concesionarias no han agotado ese margen legal que se
había anotado anteriormente, porque las prórrogas son de 13 y 15 años, 13
en el caso de Aumar y 15 en el caso de Audenasa. Nosotros manifestábamos
nuestro desacuerdo, lo fundamentábamos --y seguimos pensando lo mismo--
en que en vías, autopistas que están amortizadas después de su período de
concesión, prorrogar hasta ese plazo máximo de 25 años nos parece que es
prestar un flaco servicio a la sociedad al tener que seguir pagando por
vías amortizadas.
También quiero hacer una consideración en cuanto a que podemos reconocer
que en momentos determinados de la historia de este país ha sido
necesario recurrir a las autopistas de peaje como medio para crear
infraestructuras, éramos un país retrasado con respecto a nuestro entorno
europeo, pero yo creo que esa situación ya ha sido superada,
afortunadamente. Ese era otro momento, otro período histórico, pero hoy
en España tenemos más kilómetros de autopistas de peaje por habitante y
vehículo que bastantes países de nuestro entorno europeo. En España hay
más de 6.500 kilómetros de autopistas y autovías, vías en general de gran
capacidad, frente a los 6.600 que tiene Italia o los 7.400 que tiene
Francia.
Quiere esto decir que nosotros nos reafirmamos en nuestra teoría deque
estamos en una buena situación en este tipo de vías. Por esto tenemos
serias dudas sobre cuáles son las verdaderas intenciones a la hora de
ampliar la concesión de los peajes de autopistas, máxime teniendo en
cuenta las noticias que han ido apareciendo sobre cuál ha sido el
posicionamiento que han ido tomando los empresarios de las autopistas,
que ya desde el año 1996 vienen manifestando su preocupación porque en
algunos tramos se va acabando la explotación y están llegando al fin de
la concesión. Yo no sé, señor ministro, si su política al respecto tiene
algo que ver con las presiones de estos potentes grupos, porque en este
momento, este Gobierno de derechas está en condiciones de poder prorrogar
las concesiones,
haciendo un enorme favor a los empresarios, lo que no vemos es la
justificación en cuanto a qué tipo de ventajas tienen los ciudadanos,
porque, en definitiva, se van a beneficiar de unos descuentos que
nosotros calificamos de mínimos, de pequeños frente a las grandes
ventajas que van a tener los concesionarios de autopistas. Por eso no
podemos justificar en modo alguno el que se prorroguen los plazos de
concesión de las autopistas, ya que la política debería ser distinta. En
todo caso, nosotros entendemos que la tendencia debiera ser a recuperar,
a rescatar determinados tramos de estas vías de gran capacidad.
Queda totalmente claro para nosotros que las empresas que tienen la
explotación de autopistas habrán hecho exhaustivos análisis económicos
para asegurar la viabilidad dentro del plazo de concesión, con lo cual
creemos que no hay ninguna razón que implique la prórroga de concesiones.
Es decir, el que en su momento invirtió en este tipo de operaciones tiene
la seguridad de que va a recuperar el capital que en su día expuso.
Tampoco encontramos que haya razón alguna jurídica para ampliar los
plazos, y quisiera facilitarle ciertos datos de algunos tramos de
concesiones que en este momento están vigentes. Por ejemplo, en la A-7,
la autopista del Mediterráneo, la concesión terminaba en el año 2006 y
ahora se prorroga hasta el 2019. Es decir, le faltaba un período corto de
tiempo, ocho años, para que esta vía tan necesitada dejara de ser una vía
de peaje, lo que podría ser perfectamente posible, y, en cambio, ahora
los ciudadanos que transiten por esta vía van a tener 13 años más de
peaje. La concesión de la A-8, Bilbao-Behovia, también terminaba en el
2003, estaba sólo a falta de cinco años para finalizar, y ahora también
sé que están en negociaciones para ampliar o prorrogar la concesión.
Usted antes ha mencionado que todas estas vías de gran capacidad siguen
siendo de peaje y que pueden seguir siéndolo porque hay vías
alternativas. A mí me toca viajar bastante por el País Vasco y le puedo
asegurar que la verdad es que en las vías convencionales el tránsito es
de enorme dificultad, sobre todo en el País Vasco, donde la orografía del
terreno impide que las carreteras convencionales sean demasiado aptas.
Hay concesiones, hay tramos de autopista que merecerían ser rescatadas
solamente por el mero hecho de evitar riesgos.
No sé si conoce que también hay zonas en este país en que el seguro de
automóviles es más caro, simplemente por esas dificultades, porque hay un
peligro añadido en cuanto a la circulación por ellas. Por tanto, la
política correcta de su Ministerio debería ser la tendente a facilitar
que el ciudadano pueda circular con seguridad por vías que ya existen y
por vías que ya les queda muy poco plazo para ser rescatadas; ésa debería
ser la filosofía correcta de su Ministerio.
En la autopista Burgos-Cantabria, que también tiene una mala alternativa,
hay unos tráficos muy intensos en la vía convencional y, en cambio, la
autopista tiene unos tráficos poco intensos, lo cual también demuestra la
bondad del rescate y no de la ampliación de las concesiones.
Ha hecho referencia a que ha llegado a un acuerdo en la A-15, A-68, en el
tramo Irurzun-Pamplona-Tudela --creo recordar que son 115 kilómetros--
con una concesionaria participada entre el Gobierno del Estado y la
Comunidad Foral de Navarra. Pues bien, de esos 115 kilómetros los
ciudadanos de Navarra se van a beneficiar poco. Antes, este peaje costaba
1.465 pesetas y después del convenio que se firme va a costar 1.090, con
lo cual hay 375 pesetas de ahorro en un tramo de 115 kilómetros.
Totalmente insuficiente, señor ministro. ¿Cómo se pueden justificar 15
años más de peaje para que el ciudadano se ahorre 300 pesetas en 115
kilómetros? Creo que no hay justificación.
Lo que ocurre es que ustedes llevan prácticamente dos años diciendo que
van a abaratar los peajes. Es una idea que han difundido de tal manera
que ahora, después de dos años de Gobierno, algo tienen que hacer. ¿Y qué
es lo que están haciendo? Pues después de dos años han llegado solamente
a dos acuerdos, con Aumar y con Audenasa; después de dos años, el
ciudadano puede tener la impresión de que todas las autopistas han
bajado, porque, como le he dicho en alguna ocasión, ustedes saben vender
muy bien, transmiten bien sus operaciones a la sociedad, pero yo creo
que, a pesar de que antes se había hablado de evitar la palabra engañoso,
con cierto engaño. Es más, ustedes reconocen en algún párrafo de un real
decreto que han tenido que dejar de aumentar las tarifas en las vías de
peaje porque, si están diciendo que se van a bajar, dejar que las
autopistas suban, con el índice de coste de vida o con el sistema que
tengan establecido, crearía confusión en los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, comparte usted su tiempo con el
señor Meyer. Le ruego que vaya terminando.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor presidente. Voy a ser muy breve.
Señor ministro, de trece concesiones que tienen en este momento con
autopistas, con empresarios concesionarios, solamente han establecido dos
acuerdos. Yo creo que el resultado es bastante pobre.
Pero ahora quisiera hablarle un poco de la problemática que supone la
ampliación de plazo en la autopista A-7 entre Tarragona y Alicante.
Ustedes han prorrogado por trece años mediante un acuerdo con la
concesionaria, pero tiene que tener en cuenta que este acuerdo vulnera
claramente la voluntad de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y no
solamente de ellos, sino de sus instituciones. Usted tendrá esto claro:
las Cortes Valencianas se han pronunciado en el sentido de no prorrogar,
en todo caso rebajar peajes en la medida que sea posible y proceder al
rescate de la A-7 en este tramo. Entiendo que ustedes están vulnerando la
voluntad de muchos ciudadanos que creen que esto no es lo que les
interesa; lo que les interesa es rescatar la autopista y nunca tener este
mayor tiempo de peaje.
Pero no es solamente eso, sino que en este momento se producen también
agravios comparativos. La A-7, a su paso por Tarragona, en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, suscita una honda preocupación, porque resulta que
hay ciudadanos que van a transitar por determinados tramos de autopista
pagando menos y hay otros que de
momento siguen pagando lo mismo, con lo cual se están produciendo también
agravios comparativos. Y no es solamente eso, es que en la A-7 hay
tramos, los que concurren con la nacional 340, que no tienen solución ni
aun rebajando los peajes, la 340 está saturada, no admite más posibilidad
de tráfico, es decir, que yo creo que la rebaja que ustedes han
consensuado no es suficiente; va a desviar una parte de tráfico a la
autopista, indudablemente, pero no es bastante.
Me reitero en lo que le he dicho al principio, nuestra oposición a la
prórroga de concesiones, creemos que es mucho más útil para la sociedad
liberar de peaje a las vías de gran capacidad que están próximas a
finalizar y que ésta no es la política que puede hacer que el tráfico por
las carreteras convencionales mejore.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, tiene usted la palabra, pero, a
propósito de lo que estamos hablando, está usted en tiempo de prórroga,
porque el señor Fernández ha consumido todo su tiempo. Emplee un tiempo
prudencial.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, espero que no me privatice esta
prórroga, como ha hecho el señor ministro en cuanto a uno de nuestros
accesos fundamentales en la provincia de Cádiz, que es el sur. En el
norte, el Ministerio ha optado por prorrogar la privatización en el
acceso fundamental, que es la autopista Sevilla-Cádiz, y en el sur, donde
había prevista una autovía Guadiaro-Estepona, el Ministerio, en mayo del
año pasado, la reconvirtió en una autopista de peaje, como proyecto. Por
tanto, tenemos en Cádiz el norte y el sur totalmente privatizados, y ésta
es una actuación que desde la provincia de Cádiz ha tenido una
contestación social e institucional muy fuerte, porque no se comparte esa
actuación en diputación, ayuntamientos, cámaras de comercio y
asociaciones de vecinos. Creemos que esa doble actuación por parte del
Ministerio es un error que se convierte en un verdadero obstáculo para
una provincia que tiene un 42 por ciento de desempleo, una red viaria
interprovincial muy castigada y muy retrasada, y se nos ponen dos
verdaderos tapones por el norte y por el sur. Eso tuvo en su momento una
contestación fortísima.
Desde Izquierda Unida hemos secundado todas las acciones de la plataforma
ciudadana que se creó en su momento. El 5 de noviembre de 1996
presentamos en esta Cámara una proposición no de ley que está pendiente
de debate en esta Comisión, pero que dada la magnitud del trabajo de la
misma se retrasa --incluso demasiado--, porque estamos hablando de
noviembre de 1996. Pero quería manifestarle que lo que usted presentaba
como una acción que redunda y que apuesta por el desarrollo, desde
nuestro punto de vista, se convierte en todo lo contrario; es un
verdadero error que supone un obstáculo para el desarrollo de la
provincia de Cádiz. La prórroga no se debía haber realizado; se debía
haber finalizado tal como estaba previsto en el 2006; se debía haber
actuado para rebajar las tarifas actuales y suprimirlas en el último
tramo de la autopista entre Jerez y Cádiz; no se debía convertir la
autovía Guadiaro-Estepona en una autopista de peaje; y, desde luego, la
reiteración por parte de su Ministerio --y de usted, en su exposición--
de que es lo correcto, nosotros no la compartimos, sino que nos situamos
en un punto radicalmente distinto y distante. La provincia de Cádiz
necesita de todo lo contrario, de una discriminación positiva por parte
de las administraciones, dada la situación social en que nos movemos, y
estas dos actuaciones van radicalmente en contra de cualquier despegue de
la situación social y económica de la provincia. Por lo tanto, quiero
plantear en esta intervención que la provincia ya ha hablado de esa
actuación y una parte de su voz, a la que yo pueda representar en mi
formación política, junto con otras fuerzas políticas, instituciones y
demás, sabe usted perfectamente que es totalmente contraria y distinta a
la que usted ha manifestado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo. Posteriormente intervendrá el señor Alcaraz.
El señor CHIQUILLO BARBER: Hoy nos ocupa un tema acerca del que, después
de que se aprobara el decreto a finales de octubre de 1997 (la petición
de comparecencia fue de principios de noviembre de 1997), cuando han
pasado tres meses, han entrado en vigor plenamente todas las
disposiciones contenidas en ese decreto, y se podría decir aquello de que
la suerte está echada. Por lo tanto, aunque la suerte está echada,
siempre queda el derecho a pedir información y a seguir manteniendo
nuestros planteamientos con coherencia, desde el último ayuntamiento de
la Comunidad Autónoma Valenciana hasta el Congreso de los Diputados,
pasando por las Cortes Valencianas; una coherencia tendente a que en el
año 2006 se hubiera liberalizado el peaje de la autopista A-7, que era el
plazo de expiración de esa concesión dado en su día. La autopista A-7,
como usted bien sabe, señor ministro (y hemos estado hablando antes de
empezar la Comisión), desgraciadamente es el único eje viario de calidad
que cruza de norte a sur la Comunidad Autónoma Valenciana, desde el río
Sénia, en los límites de Tarragona con Castellón, hasta el sur de la
provincia de Alicante.
Esta autopista es de pago desde mediados de los años 70, cuando se puso
en marcha. Han sido prácticamente entre 20 y 25 años de explotación a
pleno rendimiento de la empresa, con unos peajes que, como usted sabe --y
que hemos sufrido sobre todo los ciudadanos de la comunidad valenciana--,
hasta el día de entrada en vigor del decreto, han sido de los tramos de
peaje más caros de la Unión Europea cuando hablamos de autopistas de
peaje.
En estos 20 años de funcionamiento, de pleno rendimiento de Aumar y buena
explotación de esa concesión, se ha resarcido sobradamente de la
inversión que en su día se realizó y así ha sido reconocido en las
diversas cuentas de explotación que, año tras año, con suculentos
beneficios, ha ido mostrando la empresa Aumar. Además, en los últimos
años, por hacer mención sólo al período 1995-1996, el incremento de los
vehículos que ha ido in crescendo todos los años, dio como resultado el
que los beneficios de la empresa Aumar en el año 1995-1996 aumentaran un
10 por
ciento. En ese porcentaje han oscilado siempre los beneficios desde el
primer día en que se concedió la explotación, remarcando que se ha
aprovechado que durante 20 años ha sido, en concreto, el tramo
Salou-Valencia el más caro de las autopistas de toda la Unión Europea.
Los valencianos, que somos una comunidad en la que tenemos esa
infraestructura como única vía rápida, segura y cómoda de comunicación de
norte a sur con la Unión Europea, hemos aportado durante estos últimos 15
ó 20 años el 70 por ciento de los ingresos anuales a Aumar por pago de
peaje, que oscilaban entre el 50 o el 52 por ciento en el tramo
Tarragona-Valencia, el 32 por ciento en el tramo de Valencia-Alicante y
el resto es el tramo Sevilla-Cádiz.
Unión Valenciana planteó esta iniciativa tanto en ayuntamientos como en
las Cortes Valencianas pensando en que se debería de haber acabado esta
concesión en el año 2006, que se tenía que haber rescatado y liberado ese
peaje de la autopista, porque ya se había cumplido con creces el plazo de
amortización de la misma. El pago por la autorización de la A-7 supone un
coste añadido al desarrollo económico de las exportaciones valencianas,
de las industrias, y simplemente como vehículo de conexión Norte/Sur de
nuestra comunidad con Cataluña y con la Unión Europea.
Además, usted bien sabe el coste añadido que para los usuarios
valencianos supone esta A-7 y la prórroga de 13 años, hasta el año 2019,
porque no tenemos alternativa --y usted lo conoce bien, no es culpa suya,
pues es de la famosa herencia que hemos recibido--. Sabe el estado tan
lamentable en que se encuentran las carreteras nacionales que van en
paralelo a la A-7, tanto la 332 como la 340; por tanto, es la única vía
cómoda, y tenemos que seguir pagándola de nuestro bolsillo, en virtud de
este real decreto, hasta el año 2019.
En el debate de política general, y en otros debates de política general
de la Comunidad Valenciana en los últimos años se han aprobado hasta
cuatro propuestas de resolución pidiendo que en el año 2006 acabara la
concesión y que, en caso de que no fuera así, porque sus compañeros de
partido en la Comunidad Valenciana pensaban que no era viable, la rebaja
del peaje no fuera nunca inferior al 50 por ciento. Hay acuerdos
parlamentarios apoyados por su grupo parlamentario en las Cortes
Valencianas sobre que, si no pudiera rescatarse la concesión en el año
2006, la rebaja no fuera inferior al 50 por ciento. Por tanto, sí que ha
habido una cierta decepción y frustración en cuanto a esos extremos,
porque se ha ampliado la concesión, vulnerándose o no respetándose el
acuerdo de las Cortes Valencianas y de decenas de municipios del litoral
valenciano solicitando que en el año 2006 se acabara la concesión, y
además fallando la primera premisa, por el hecho de que los peajes se han
rebajado entre el 30 y 40 por ciento, dependiendo del tipo de vehículos.
Nosotros, Unión Valenciana, que solicitamos en el mes de noviembre el
informe económico financiero de su Ministerio y los estudios presentados
por la empresa hemos tenido la suerte de recibirlos el día 9 de febrero,
hace apenas tres días. De una lectura bastante rápida, contrastada y en
profundidad, pero no con la que hubiéramos deseado, aunque más que la que
ha tenido el portavoz del Grupo Socialista, que no ha tenido la suerte de
estudiar la cuestión, observamos que es verdad que esta ampliación de la
concesión a 13 años más es bastante favorable a los intereses de la
empresa, mínimamente a los intereses del Estado, pero poco a los
intereses de los ciudadanos que van a seguir pagando, aunque menos, dado
que, como el peaje era más alto, nos vamos a beneficiar, pero
mínimamente. Saldrán mínimamente favorecidos los ciudadanos, un poquito
las arcas del Estado y mucho la empresa Aumar por esta ampliación de 13
años.
Por consiguiente, creo que, como iniciaba mi intervención, la suerte está
echada desde ese acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de
1997. Simplemente queremos transmitir esta doble decepción por la
prórroga, porque la rebaja es insuficiente y, sobre todo, porque no se
han tenido en cuenta los planteamientos de las Cortes Valencianas. Hay
hasta cuatro acuerdos en esta línea de decenas de municipios del litoral
valenciano que sufren al circular por las carreteras 332 y 340 porque no
son vías alternativas cómodas y seguras, más bien todo lo contrario. Ahí
están incluso los índices de siniestralidad en esas nacionales que van
paralelas a la A-7. Por lo tanto, se ha defraudado a aquellos que durante
más de 20 años han pagado y van a seguir pagando, viendo cómo algunas de
sus expectativas se han ido por los suelos con este derecho.
Por lo tanto, la suerte está echada. Ha habido tiempo durante esos dos
años para conseguir una mejor negociación, un mejor acuerdo en defensa
sobre todo de los intereses de los ciudadanos; pero vamos a tener que
seguir pagando hasta el año 2019. Lo que sí esperamos es que, si en los
próximos años, como nosotros creemos, se va a sacar unas amplias
rentabilidades a la empresa Aumar, planteen desde el Ministerio algún
tipo de reforma de esas concesiones, puesto que siempre se puede estar a
tiempo, porque creo que de aquí al año 2000 ya han cubierto más que de
sobra las amortizaciones; del año 2000 al 2006 podrían ganar suculentos
beneficios que nosotros creemos que ya los han ingresado en las cuentas
de Aumar y del 2006 al 2019 le hemos brindado a la empresa Aumar un gran
negocio, y lo más lamentable es que lo van a seguir pagando los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, sea conciso.
El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo en nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya para manifestar la más rotunda y
enérgica protesta y repulsa ante la decisión de la prórroga de autopista.
Me voy a centrar fundamentalmente en la A-7 y en la A-4, entre Sevilla y
Cádiz, porque me parece que son las que comportan unos costes sociales
más importantes.
Yo creo que hay una idea que planea sobre el conjunto de gestión de este
Gobierno en materia de autopistas y es dar prioridad al concepto de
negocio privado por encima del valor del servicio público que se presta.
Efectivamente, el acuerdo del Gobierno en lo que afecta a la empresa
Aumar no es la primera prórroga; llueve sobre mojado en una especie de
maldición bíblica, y con los argumentos aportados
podría hacerse una especie de concesión eterna porque siempre van a
aparecer los mismos para que justifiquen, como en este caso13 años de
prórroga; un período absolutamente elevado y que deja sin capacidad de
reacción política no sólo a éste sino a futuros gobiernos.
Yo quisiera apuntar dos datos: primero, expresar algunas dudas sobre la
legalidad profunda. En las concesiones originarias no se establecía
previsión de prórroga. Nos podíamos encontrar con una interpretación que
aludiera a una nueva adjudicación al margen del procedimiento legal
establecido. Segundo, las autopistas no son sólo vías de comunicación,
son elementos vertebradores de todo el territorio. No hace falta
insistir, por ejemplo, en el valor singular que tiene toda la autopista
A-7 para vertebrar el arco mediterráneo, una zona económica y socialmente
dinámica y muy importante para el enlace de España con la Unión Europea.
Nos encontramos, por tanto, cuando hablamos de vertebración del
territorio, con algo que afecta al contenido real del autogobierno de las
comunidades autónomas afectadas en un sentido material, y luego me
referiré a las matizaciones que se quiera hacer de tipo jurídico o
competencial.
Sin duda ya se han indicado, pero yo quiero insistir, las manifestaciones
en contra de todos los partidos políticos en las zonas afectadas, incluso
del Partido Popular (podría sacarlas de esta carpeta), en Cádiz, en
Jerez, en la Comunidad Valenciana hasta las elecciones autonómicas, es
decir, del Partido Popular hasta que los pusieron firmes. Incluso como ya
se ha indicado, en la Comunidad Valenciana han seguido pidiendo el 50 por
ciento de rebaja, pero ciertamente no han tenido capacidad para imponerlo
en Madrid. El resto de fuerzas políticas también lo han apoyado. Después
de oír la intervención del portavoz del POSE simplemente diré que correré
un pudoroso velo sobre los desajustes entre lo que se dice aquí y en
otros lugares, pero no insistiré.
También ha habido numerosísimas manifestaciones, que muchas de SS. SS.
estarán recibiendo estos días, en contra de las decisiones, de
ayuntamientos afectados, con el apoyo de todas las fuerzas políticas,
pues la situación pone en peligro objetivamente vidas y el desarrollo
futuro en el tránsito por sus ayuntamientos. Hoy día, y posiblemente en
un futuro, hay ayuntamientos que empiezan a cortar algunas carreteras
como la N-332 en su paso por el casco urbano para evitar los riesgos que
provoca y como una medida de presión. Nos encontramos, por lo tanto, ante
una situación objetivamente compleja que está provocando crispación
social. Ha habido igualmente manifestaciones de asociaciones ecologistas,
de cámaras de comercio, de organizaciones empresariales. La plataforma de
Cádiz ha llegado a aglutinar a 52 colectivos y en el País Valenciano no
han cesado las movilizaciones. Ha habido acuerdos políticos explícitos,
no sólo de los ayuntamientos, sino de la Diputación de Cádiz;
manifestaciones de la Junta y del Parlamento andaluz y de las Corts
Valençianes cuatro veces, como ya se ha indicado, la última en el Pleno
del 30 de abril de 1997. Cuando yo pregunté al Gobierno sobre la
valoración que hacía de este acuerdo de las Cortes Valencianas, como
digo, en un tema fundamental para el desarrollo de la Comunidad Autónoma
Valenciana, la respuesta del Gobierno fue la siguiente: El Gobierno ha
actuado dentro de la más estricta legalidad, habida cuenta de las
competencias exclusivas que tiene atribuidas. Es cierto que, desde el
punto de vista de la distribución competencial, es impecable, pero dar
esta respuesta tan fría a lo que es un acuerdo político fundamental nos
parece, cuando menos, menospreciar al órgano de expresión del poder
valenciano. Y supone, además, por cierto, un desprestigio para el Partido
Popular en aquella comunidad autónoma.
La situación actual es que hay malos sistemas de comunicaciones
alternativas. Se ha reiterado, pero tendremos que seguir diciéndolo, me
temo, bastantes decenas de años más: accidentes en los pasos por
poblaciones. Las alternativas que se dan de creación de variantes suelen
tener un coste económico muy elevado, que entonces sí que pagamos los
ciudadanos, no Aumar, y también un coste en muchas ocasiones sobre el
medio ambiente de la zona. En ocasiones afectan, por ejemplo, a suelo
agrícola o a zonas de desarrollo turístico muy importantes.
El problema no es la rebaja, que, por supuesto, es positiva; cualquier
rebaja lo es, aunque sea insuficiente; el problema es de equidad y de
moralidad pública. Es así por varias razones. En primer lugar, porque se
perpetúa un sistema heredado de turbios intereses provenientes del
franquismo, que transfirió al sector público los riesgos y los beneficios
los reservó para unos pocos. En segundo lugar, porque se produce una
auténtica extorsión para pueblos enteros, que ven limitado su
crecimiento, cuando se trata además de unos territorios que pagan un
tributo adicional y excepcional que ahora se prorroga. En tercer lugar,
porque se hace una cínica presentación de las mejoras, cuando los
beneficios de Aumar han sido muy numerosos: en 1996, 30.000 millones de
ingresos por peajes y beneficios netos de 8.000 millones, incrementos
sostenidos en torno al 10 por ciento.
Cuando formulé una pregunta al Gobierno sobre la valoración de estos
beneficios, en su respuesta del 11 de julio de 1996 dijo que los
beneficios no se consideraban desorbitados. Decía el señor ministro hace
un momento en otro debate que las sanciones de 5 a 15 millones a
televisiones le parecían ya muy grandes. Nos sorprende que estos
beneficios, sin embargo, parezcan peccata minuta.
Los beneficios calculados por esta prórroga sobre la A-4 será de
100.000...
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego que vaya terminando.
El señor ALCARAZ RAMOS: Yo no tengo la culpa de ser el último (Risas.);
no creo que me esté excediendo en el tiempo de otros portavoces.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que sí, pero, en fin, le ruego que vaya
terminando.
El señor ALCARAZ RAMOS: Vaya esto por el malentendido del punto anterior.
Con estos datos, la pregunta que cabe hacerse es por qué Aumar no rebajó
los peajes, atendiendo a una lógica de mercado, teniendo en cuenta la
naturaleza de las vías paralelas; por qué no introdujo mejoras que ahora
sí se anuncian. La razón nos parece deleznable: para poder presionar,
para que el Gobierno pueda presentar como éxito lo que es claudicación de
lo público en un monopolio privado.
En el verano de 1996 el presidente de Aumar manifestó a la prensa de
Valencia: No apostaría ni una peseta por la liberalización de la A-7 en
el año 2006. ¿Qué sabía el presidente de Aumar que no supiéramos los
demás? No valen argumentos de beneficios sociales por rebaja. Por cierto,
¿qué garantías hay para que no se produzcan nuevas subidas en el futuro?
Los posibles beneficios siguen siendo inferiores a largo plazo a los
costes sociales. Por lo tanto, señor ministro, permítame que le diga que
esto no es la prórroga de nada bueno; es la prórroga de una vergüenza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Jiménez.
El señor JIMENEZ SUAREZ: Gracias, señor ministro por la comparecencia,
porque de alguna forma es un reflejo de su actitud, a la que nos tiene
bien acostumbrados, así como de su vocación parlamentaria.
Este es un debate reiterativo, pero no inútil, porque el Grupo Popular
espera que a fuer de repetirlo vayan comprendiendo y compartiendo los
criterios del Gobierno y del Partido Popular. Sí quisiera en este
preámbulo aplaudir la postura del Partido Socialista, compartiendo la
decisión del Gobierno, y aclararle que en la respuesta que le llegó al
señor Batanero, y de la cual yo tengo fotocopia, iban los dos estudios
económico-financieros. Ha debido ser un problema de las fotocopias,
porque he ido a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes para
interesarme por la información y me han dado fotocopia de la contestación
del 6 de noviembre de 1997 con los estudios financieros. Debió ser un
lapsus de la fotocopia, pero que conste que el Gobierno la envió y la
Secretaría de Relaciones con las Cortes también, y gustosamente se la doy
a continuación.
Asimismo, quisiera negar de antemano en el preámbulo --soy consciente de
que es una cuestión ideológica-- que no se trata de privatizar ni de
vulnerar instituciones. No hay últimas intenciones, no hay presiones, no
se hacen favores a los concesionarios y se favorece a los usuarios. No
hay engaños y sí hay interés público.
La postura del Partido Popular, que, evidentemente, comparte la del
Gobierno, la voy a sintetizar en cuatro razones. La primera es la
coherencia que ha mantenido el Gobierno desde el debate de investidura
con este tema, en primer lugar, congelando los peajes y rebajándolos el 7
por ciento en un acuerdo del 14 de marzo de 1997 y luego dictando todas
las disposiciones legales y jurídicas para permitir la novación de las
concesiones existentes, con lo cual aclaro a S. S. que no se trata de que
se estén vulnerando las concesiones existentes; la novación es una norma
legal que se puede permitir.
La segunda es que éstas son medidas administrativas, que están
incardinadas en una política económica, que, a su vez, lleva consigo la
política de transportes, la de infraestructuras y la viaria. Son muchas
teclas de un piano en el que todas dan una sintonía acorde. El invertir
en autovías, en autopistas, en conservación, en seguridad vial y dictar
actuaciones administrativas de este tipo, todo va encaminado a una
política de transporte y a una política de infraestructuras que el
Gobierno ha dictado en reiteradas ocasiones, tanto en Comisión como en
Pleno.
La tercera es una respuesta global al problema que existe. Todos sabemos
que las previsiones, la prognosis es que la movilidad se va a multiplicar
por dos en los próximos diez años, que el parque de vehículos va a crecer
un 30 por ciento y que va a llegar a los 500 vehículos por cada 1.000
habitantes, que la IMD se va a situar entre los 40.000 y 50.000
vehículos/día en las vías de gran capacidad y que estamos en un marco
económico restrictivo. En fin, con estos mimbres tenemos que hacer cestos
o con esta baraja tenemos que jugar.
El cuarto argumento es lo que lleva consigo de política social el no
rescatar las actuales concesiones y el sí negociar su novación. Los dos
mil y algo kilómetros que ahora están en concesión general del orden de
unos 2.000 empleos directos y 6.000 indirectos. Lo que se gastan las
concesionarias en mantener los 2.100 kilómetros de autovía son del orden
de 28.000 a 30.000 millones/año. Entre 12 millones y 18
millones/kilómetro se gastan en hacer el mantenimiento de las autopistas.
No se olviden que, si las rescatamos, eso es un gasto público y con
28.000 millones se pueden hacer muchas cosas. Hay que priorizar y eso es
hacer las cosas una detrás de otra.
Dentro de esta política económica y social, las empresas concesionarias
se gastan entre 8.000 y 10.000 millones en inversión nueva, suponiendo el
acuerdo con Aumar 5.000 millones de inversión nueva en accesos a la A-7.
En este sentido, me gustaría puntualizar al representante de Unión
Valenciana que el acuerdo de las Cortes Valencianas se enmarcaba en
cuatro puntos. Primero, rebaja de los peajes en torno al 50 por ciento.
Se ha rebajado el 40 y el 30, más el 9 por ciento del IVA. Segundo,
peajes a precios europeos; están a precios europeos. Tercero, la
ampliación de la concesión debe ser inferior a 15 años; es de 13 años. Y
cuarto, Aumar debe invertir 4.000 millones; invierte 5.000. Tampoco hay
que decir que se han vulnerado los acuerdos de las instituciones; el
acuerdo de las Cortes Valencianas se ha contemplado.
Por último, me gustaría poner las cosas en negativo. Imaginemos que
rescatamos todas las concesiones de autopistas. Eso supondría del orden
de un billón de pesetas. ¿Saben que eso es casi tres veces el presupuesto
del Ministerio? ¿Y cuántos kilómetros de autovías y autopistas se podrían
hacer con un billón de pesetas que supondría el rescate? Pues se pueden
hacer casi 1.000 kilómetros de autopistas y casi 2.000 kilómetros de
autovías. De alguna forma el Gobierno tiene que priorizar, y reitero que
priorizar es poner las cosas una detrás de otra y por algún sitio tiene
que empezar. También supondría rescatarlas aumentar el gasto público en
cerca de 40.000 millones de pesetas, para conservar y hacer las
inversiones nuevas que requiere la infraestructura ahora en concesión; es
decir, supone un
aumento de gasto público. Y quitémonos de la cabeza eso de que haciendo
las autopistas libres se arregla el problema. Probablemente, lo
empeoremos, porque el peaje hace un efecto disuasorio y si
liberalizáramos el peaje, todos irían por la infraestructura que tiene
más calidad y que ofrece más seguridad y se congestionaría en pocos años.
Por tanto, el efecto del peaje hace una redistribución del tráfico y
produce un efecto disuasorio que es beneficioso para la economía y para
el transporte.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Popular comparte los
criterios adoptados por el Gobierno. La respuesta que se está dando
--véase el incremento de tráfico de la A-7 desde que se adoptó este
acuerdo-- demuestra que es beneficioso para el país y para la economía.
Creemos que estamos en el buen camino y, por todos los motivos expuestos,
apoyamos al Gobierno en las decisiones que está tomando.
El señor PRESIDENTE: Para contestar y terminar ya la convocatoria, tiene
la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Me permitirán
ustedes que no haga referencia a las intervenciones de los distintos
portavoces, sino que trate los principales argumentos que se han
utilizado, por unos y otros, procurando darles contestación o, en todo
caso, expresando la opinión que me merecen.
Si este debate lo hubiéramos tenido en cualquier Parlamento de los
Estados miembros de la Unión Europea, creo, intuyo que habría causado
profunda sorpresa, profundísima sorpresa, porque el concepto de autopista
de peaje está generalmente admitido en todos los países, incluidos los
más ricos, y, por consiguiente, nadie discute ni el concepto ni el
principio. En un momento determinado, se puede discutir si tal o cual
tramo puede o no puede, debe o no debe ser autopista de peaje, pero poner
en cuestión la existencia de una red de autopistas de peaje con términos
de inmoralidad pública y otros calificativos que causarían sonrojo en
cualquier auditorio mínimamente serio, evidentemente, es algo singular, y
como tal singularidad lo acepto en este debate. Pero afirmo: es una
singularidad. Y, desde luego, ya no me quedaba más que escuchar que hacer
una autopista de peaje o llegar a un acuerdo para rebajar los peajes es
una actividad inmoral. Realmente, eso debería incluirse en el Guinness.
Se reseñaría: existe un país en el mundo donde hay representantes de la
soberanía popular que califican de inmoralidad pública la rebaja de unos
peajes en una autopista.
Señorías, el Estado español ahora no está en condiciones de asumir la
gratuidad de la actual red de autopistas de peaje; no lo está, pero por
una razón que trasciende el propio concepto de autopistas de peaje:
porque hay muchas partes del territorio nacional que están todavía
pendientes de una autovía gratuita. Por tanto, los fondos públicos tienen
absoluta prioridad para ser invertidos en esas regiones. Si dedicáramos
fondos a rescatar las autopistas de peaje, esos fondos no podrían ir a
financiar infraestructuras que son absolutamente imprescindibles para
zonas subdesarrolladas del territorio español. Esto es lo primero que hay
que tener en cuenta, porque los medios no son ilimitados, señorías. Y,
como no son ilimitados y las carencias son muchas, al final, hay que
optar.
Yo les voy a dar dos ejemplos, simplemente de reflexión. Con motivo de
las llamadas grandes movilizaciones populares --el calificativo de
grandes cabría ponerlo al menos en cuestión, desde una perspectiva
cuantitativa--, se hizo una encuesta sobre la preferencia de los
ciudadanos en el sentido siguiente: ¿Qué prefieren ustedes, que se
rebajen los peajes hoy o que se libere la autopista en el año 2006?
El 75 por ciento de los ciudadanos respondieron: que se rebajen hoy los
peajes, y el índice de contestación a la pregunta era del noventa y
tantos por ciento de los encuestados. Esa es la opinión, auscultada
también por los medios que tenemos a nuestra disposición, como son las
encuestas, que son medios limitados de conocimiento, pero medios de
conocimiento.
Segundo, un ex diputado de esta Cámara tuvo el acierto de presentar una
tesis doctoral sobre la influencia que ha tenido la autopista del
Atlántico en el desarrollo económico de Galicia. Como es una tesis
doctoral hecha por un doctorando de la Universidad de Santiago y ha sido
publicada, les recomiendo su lectura. Comprobarán que el crecimiento del
producto interior bruto en esa zona de Galicia, como consecuencia de la
existencia de esa autopista de peaje, ha sido sobresaliente; no solamente
significativo, señorías, ha sido sobresaliente. Eso es hablar y discutir
con rigor, vean ustedes lo que significa una autopista de peaje en una
zona subdesarrollada de España y los efectos que ha producido en
crecimiento, empleo, en desarrollo económico y, en concreto --porque está
cifrado-- en crecimiento del producto interior bruto de la zona. Así es
como hay que plantear las cuestiones en un debate de esta naturaleza, no
lanzar acusaciones o críticas absolutamente demagógicas que no tienen
nada que ver con lo que se produce en el mundo desarrollado y civilizado.
El representante del Grupo Parlamentario Popular ha dicho correctamente
lo que suponen los gastos de conversión de las actuales autopistas de
peaje: entre 12 y 18 millones de pesetas por kilómetro y año. Como
ustedes comprenderán, en la actual circunstancia de restricción
presupuestaria y teniendo en cuenta las prioridades que quedan todavía
por cubrirse y atender en el ámbito de las infraestructuras españolas, el
Estado español no está --insisto en ello y reitero mi afirmación-- en
condiciones de liberar las autopistas de peaje; por consiguiente, el
mejor servicio que en este contexto se puede hacer al ciudadano español
es intentar rebajar los peajes, que es exactamente lo que el Gobierno
está haciendo y lo que ha hecho en unas negociaciones, que ya he dicho
que son difíciles y que no dejan los mismos márgenes en las distintas
situaciones de las empresas concesionarias.
Quiero agradecer, en todo caso, las críticas, algunas son razonables
porque naturalmente hay muchas cuestiones que son opinables. Asimismo,
quisiera agradecer el reconocimiento de que esto es una política
razonable; es una política razonable que los ciudadanos entienden muy
bien, y usted lo sabe, señoría. Usted, el que más ha criticado
radicalmente esta política, sabe que la inmensa mayoría de los ciudadanos
entienden esta política porque son adultos,
y en democracia tenemos que presumir, y consecuentemente afirmar, que son
adultos. No creen en los Reyes Magos, señoría, por mucho que usted les
prometa, no creen en ellos; y como no creen en los Reyes Magos, lo que la
inmensa mayoría de los ciudadanos acepta es el esfuerzo que se está
haciendo para mejorar su posición como usuarios en las autopistas de
peaje. En varias intervenciones se ha planteado un cierto grado de
conflicto: ¿hasta qué punto el Estado debe dejar de actuar como
consecuencia de la opinión formalmente expresada de las distintas
instituciones territoriales? ¿Hasta qué punto? Esa es una cuestión de
responsabilidad, señorías. Si desde la perspectiva del interés general,
el Gobierno, el partido mayoritario y yo mismo entendemos que es
necesario tomar una determinada decisión, se debe tomar. Lo cual no
significa que no sirva para reflexionar y para tomar en consideración
todos los argumentos que de contrario se puedan dar y, sopesando los
distintos argumentos y razones que dan las instituciones locales, muchas
veces con gran fundamento, al final optar por una u otra decisión. Es
obligación del Gobierno, como representante del Estado, escuchar a todo
el mundo, asumir en lo que pueda las razones de las instituciones
territoriales y, finalmente, decidir de conformidad con su
responsabilidad.
Después se han hecho otras consideraciones sobre los beneficios, los
ingresos, la cuenta de resultados, etcétera. Yo les recuerdo a SS. SS.
que algunas empresas concesionarias cotizan en Bolsa, que no solamente
cotizan en la Bolsa española, sino también en bolsas internacionales, y
que cotizan bien. Eso es bueno para España, es bueno para la economía
productiva española y es bueno porque genera confianza y atrae
inversiones.
Por consiguiente, no contribuyan ustedes a poner en solfa, algunos de
ustedes --excúsenme-- algo que es objetivamente beneficioso para la
economía española, objetivamente beneficioso, porque si hay algo que
puede importar en el mundo que vivimos en estos momentos es hacer de
España el espacio físico o geográfico más atractivo posible para las
inversiones, vengan de donde vinieren, porque en esa misma medida
contribuiremos a sostener el crecimiento económico español y a crear algo
que es absolutamente imprescindible en la sociedad española que vivimos
hoy, que es crear empleo.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (El señor Fernández Sánchez
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No hay más intervenciones porque así lo acordamos en
Mesa de portavoces.
Muchas gracias, señor ministro.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.