CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 358



INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC HOMS I FERRET



Sesión núm. 25



celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Relativa a la petición de reingreso en la empresa Astilleros y Talleres
del Noroeste, S. A. (Astano), de los trabajadores obligados a entrar en
los Fondos de promoción de empleo por la reestructuración del sector
naval de 1984 y 1988. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número
de expediente 161/000342) (Página 10546)



--Sobre futuro de la empresa pública Astilleros de Santander, S. A.

(Astander). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida (Número de expediente 161/000550) (Página 10551)



--Sobre mantenimiento en el Astillero público Astilleros de Santander, S.

A. (Astander), de la actividad de transformación de buques. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000640)
(Página 10551)



--Relativa a la adopción de medidas necesarias para superar los posibles
efectos sobre Astander derivados del cese de la actividad de
transformaciones ligado a la titularidad pública. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/000777)
(Página 10551)

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--Sobre mantenimiento del Grupo Astilleros Españoles, S. A. (Aesa), en su
composición funcionarial actual. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000732) (Página 10555)



--Relativa al posible proceso de venta de la Sociedad de Desarrollo
Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman). Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000757) (Página 10558)



--Relativa a la bajada de la tarifa eléctrica para 1998. Presentada por
el Grupo anterior (Número de expediente 161/000751) (Página 10562)



--Sobre la reducción de las tarifas eléctricas en el año 1998. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 161/000766) (Página 10562)



--Sobre recolocación de los trabajadores de la mina Eskar, de Hulleras
del Norte, S. A. (Hunosa). Presentada por el Grupo anterior (Número de
expediente 161/000249) (Página 10567)



--Sobre cumplimiento del Convenio para el desarrollo de la
electrificación rural de Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto (Número de expediente 161/000642) (Página 10568)



Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión.

En primer lugar, comunico a la Comisión que, yo diría que por unanimidad,
y espero que así se refleje en las posiciones de los distintos grupos, se
modifica el orden del día de la sesión de hoy y también el acordado para
mañana por la tarde --como saben, la comisión comienza hoy pero tiene su
continuidad mañana por la tarde--, suprimiendo el punto relativo a las
comparecencias, el número 10: Comparecencia del presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear, don Manuel Kindelán, a petición de varios grupos
parlamentarios.

También se suprime, señorías, la proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, relativa a la política industrial
del Gobierno en relación con el sector textil, que se va a ver mañana por
la mañana.

Por otra parte, sobre la proposición no de ley de Izquierda Unida,
relativa al sector eléctrico, a la bajada de tarifas eléctricas, no
teníamos la certeza, en el momento en que se conformó el orden del día,
de que se hubiera presentado en el registro. Ya tenemos conocimiento de
que se ha hecho, el Grupo de Izquierda Unida solicita que se debata junto
con las otras que se han presentado y que hacen referencia al mismo
contenido. Si ningún grupo parlamentario se opone a esta incorporación,
se debatirá así.

¿Algún grupo quiere hacer alguna observación? (Pausa.)
Muy bien, señorías.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA A LA PETICION DE REINGRESO EN LA EMPRESA ASTILLEROS Y TALLERES
DEL NOROESTE, S. A. (ASTANO), DE LOS TRABAJADORES OBLIGADOS A ENTRAR EN
LOS FONDOS DE PROMOCION DE EMPLEO POR LA REESTRUCTURACION DEL SECTOR
NAVAL DE 1984 Y 1988. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número
de expediente 161/000342).




El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar por la proposición no de ley
relativa a la petición de reingreso en la empresa Astilleros y Talleres
del Noroeste, S. A. (Astano), del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el portavoz de dicho grupo.

Señorías, quiero anunciarles que las votaciones de todas las
proposiciones no de ley no se realizarán antes de las once u once y
media, probablemente a las once estemos ya en condiciones de votar. Hasta
esa hora, con seguridad, no habrá votaciones.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor presidente, la proposición no de ley
que el Bloque Nacionalista Galego presentó en el Congreso de los
Diputados y que tiene fecha de 20 de enero de 1997 intenta paliar lo que
fue una grave injusticia social derivada de una política industrial
cuando menos errática.

Efectivamente, por el expediente de regulación de empleo número 820, del
mes de noviembre de 1984, de la Dirección General de Empleo, se hizo una
reestructuración, una reconversión, denominada eufemísticamente así, que
llevó, nada más y nada menos, a que 3.414 trabajadores del astillero más
grande del Estado español fuesen abocados a un proceso de recolocaciones
a todas luces irracional, porque provenía de un proceso de
especialización irracional de la empresa a la que pertenecían, en
concreto Astano, que quedaba especializada exclusivamente en la
construcción de lo que se conocía con el nombre de plataformas



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offshore. Además, obligaba a la empresa a una reducción continuada de
personal, creando una crisis social sin precedentes en la comarca de
Ferrol.

El decreto que posibilitaba este tipo de política industrial y laboral
conllevaba también la creación de unos fondos de promoción de empleo.

Consistían esos fondos en que los trabajadores que entrasen en ellos, es
decir, aquellos que estaban obligados a abandonar Astano, concretamente
los 3.414, tendrían que esperar a ser recolocados en un área de 25
kilómetros a la redonda y, además, serían indemnizados con el dinero
correspondiente a 20 días por año trabajado y no más de una anualidad;
eso sí, con el compromiso de que este dinero tendría que ser invertido en
parte en la nueva empresa en la que fuesen recolocados. Este tipo de
política iba acompañado, lógicamente, de un supuesto plan de
reindustrialización de la zona, que acabó convirtiéndose en un patente
fracaso. El resultado final fue que prácticamente el astillero quedó con
1.200 ó 1.300 trabajadores, a pesar del compromiso, establecido incluso
en el PEC, de que nunca bajaría de 2.200 trabajadores.

Desde entonces, los acontecimientos fueron, cuando menos,
contradictorios. Se puede decir que especialmente entre el año 1991 y
1996 la carga de trabajo del astillero, dedicado exclusivamente a
plataformas offshore, es decir, excluido de la construcción naval
tradicional, podría dar trabajo a 3.000 personas. Esto llevó consigo,
lógicamente, que el 60 por ciento del personal que trabajaba fuera
personal subcontratado. Para dar un dato elocuente, diré que entre 1991
y 1996 las horas subcontratadas, más las extraordinarias de la empresa
principal donde se hacían, más las horas de tiempo por tiempo, oscilaron
entre 800.000 y 2.300.000. Y las horas directas, esto es, las horas de la
empresa principal, en el mismo período, oscilaron entre el medio millón
y 1.500.000. Esto puede dar una idea de cuál era la situación
contradictoria y llamativa de un astillero funcionando a pleno
rendimiento, que, sin embargo, era incapaz de recolocar en la plantilla
principal a aquellos 3.400 trabajadores o a una parte de ellos que fueron
precisamente expulsados de la empresa por esta política de reconversión.

Es más, también se produjeron a partir de ahí diversos acontecimientos
que avalan la petición de reingreso de las más o menos cien personas que
hoy lo solicitan. En concreto, seis trabajadores, que, a través de una
lucha sin cuartel, consiguieron negarse a ser recolocados en la Empresa
Nacional Bazán, próxima al astillero, precisamente aduciendo que ya no
existía, cuando a ellos les obligaban a esta recolocación en Bazán, la
vigencia de la legislación reconversora; al final, tuvieron que ser
recolocados contra viento y marea, a pesar de la opinión del comité de
empresa o de la indisposición de la propia empresa pública a
recolocarlos. También están los trabajadores que fueron recolocados en la
empresa Auxini, que fracasó, como tantas otras de la reindustrialización,
y que hicieron frente común con el comité de empresa. Asimismo tuvieron
que ser recolocados aquellos doscientos y pico que estaban destinados a
emplearse en el mayor proyecto industrial que se contemplaba para la zona
como proyecto de reindustrialización, el SIV, una especie de fábrica
importante, con dinero italiano, de fabricación de vidrio. Los
trabajadores que quedaron sin ser recolocados estaban tan mal como estos
otros o incluso trabajando en las empresas auxiliares en este período de
bonanza y haciendo, lógicamente, las horas subcontratadas.

Realmente no nos basamos en criterios jurídicos para hacer esta petición,
a pesar de que está claro que, cuando se habla de que abandonaron
voluntariamente la empresa, nos referimos al hecho de que los despidos
improcedentes fueron pactados por una cantidad equivalente a siete
millones de pesetas, más o menos. Como es lógico, si no se pactaban
voluntariamente, el despido procedente sería legal. Por tanto, no valen
las sentencias jurídicas --tampoco nos apoyamos en ellas, en su
legitimidad o ilegitimidad--, sino argumentos de carácter social,
tecnológico y empresarial.

Vuelvo a repetir: 257 trabajadores recolocados porque no se pudieron
recolocar en SIV; esta recolocación se hizo por acuerdo de 23 de mayo de
1991. 54, del fracaso de Auxini, por acuerdo del 11 de marzo de 1992. Los
seis de Astano que se opusieron, a partir de sus propios esfuerzos
inicialmente, a ser recolocados en Bazán, y los 75 provenientes de
Imenosa. Y hace unos días, curiosamente, la empresa accedió a la
recolocación de dos despedidos y nada menos que por actividades
sindicales que se consideraron violentas, afiliados al sindicato
Comisiones Obreras. Milagrosamente, aparecen colocados en la empresa,
estando en la misma situación o incluso jurídicamente peor que estos cien
más o menos que piden el reingreso en Astano.

Por tanto, señorías, si el fracaso de la reindustrialización fue evidente
--sólo hay que citar la desaparición de la empresa El Cisne, la
desaparición de SIV o el no inicio de este proyecto industrial, la
desaparición de Auxini, la reducción hasta extremos ridículos de
Tilstone, el traslado a Sevilla de Euroini, y así sucesivamente--,
tendremos en cuenta que Astano sigue siendo una pieza fundamental de la
industria de la comarca.

Esta proposición no de ley, que está fechada en enero de 1997, tenía una
validez incluso total, en el sentido de que Astano estaba trabajando a
pleno rendimiento. Nos damos cuenta de que en este momento está en una
situación crítica, precisamente derivada de una política dictada por la
Unión Europea, en connivencia con el Gobierno español, que la tiene
expulsada de la construcción naval tradicional y que aspira a expulsarla
también de las plataformas offshore, con el pretexto de que tienen forma
de buques, a pesar de ser el astillero tecnológicamente más capacitado
para hacerlas, y así lo ha demostrado durante todos estos años, contra
todo tipo de impedimentos y dificultades, abriéndose vía en el mercado
internacional.

Nosotros pensamos que esta propuesta que hacemos sigue siendo válida. En
todo caso, veríamos positivo que se aceptase, aunque fuese poniendo el
reparo de que sea siempre y cuando la actividad de Astano vuelva a
despuntar o siempre y cuando sea necesario para la normal actividad del
astillero, si es capaz de seguir en la actividad offshore como hasta
ahora. Pero, por favor, que sea tenga en cuenta que, si el astillero se
salva, es legítima la petición de estos trabajadores; se hizo con otros,
no son más de cien y,



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además, es personal perfectamente cualificado. Si vuelve a haber un nivel
de subcontratación elevado, si estos trabajadores sufrieron de forma
grave los procesos de reconversión desde 1984 y fueron obligados a entrar
en los fondos, no por incapacidad o por falta de cualificación, sino por
una política dictada desde unos criterios que hoy se demuestran
terriblemente regresivos, es de justicia que paliemos esta situación
anómala desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista
tecnológico y mucho más desde el punto de vista social.

Vuelvo a repetir que esto, aunque fuera con el correctivo o con la idea
previa de que solamente se cumpliría en caso de que Astano volviese otra
vez a tener carga de trabajo suficiente, sería cuando menos una vía
abierta a la consolidación de una política justa que tiene precedentes,
el último bastante alarmante. Esperemos que ahora la recolocación no vaya
a estar reducida a aquellos que tengan influencias y que quede fuera de
cualquier tipo de posibilidad, por lo menos de intentarlo, el grupo que
lo demanda y que lleva luchando muchos años por su reingreso, cuando
además trabajaron incluso en actividades relacionadas con Astano, aunque
fuese en empresas auxiliares.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: La propuesta del Grupo Mixto, del Bloque
Nacionalista Galego, nace, como se ha explicado, del fracaso al que se ha
llegado en la política de recolocaciones fruto de los planes de ajuste
industrial en el astillero Astano, ajuste industrial que supuso, como
también se ha estado analizando, una grave crisis en cuanto a la
capacidad de producción y a la capacidad generadora de empleo y que una
cantidad ingente de trabajadores tuvieran que situarse en los fondos para
poder encontrar una recolocación, incluso provocando una reconversión
dentro de su propia formación.

Transcurrido este tiempo, todas aquellas apuestas por las que se pujó en
su momento para intentar dar una salida a esa demanda de empleo
alternativo se han visto frustradas y nos encontramos con una situación
parecida a la del momento en el cual se firmaron aquellos acuerdos de
ajuste de plantilla por parte de los sindicatos y de la empresa. Hay una
cantidad importante de trabajadores sin colocación y desde la
Administración no se puede decir que transcurrieron los tres años que
había de período de carencia en los cuales se garantizaba la vuelta a su
puesto anterior, puesto que, de alguna forma, quien provocó esta
situación fue la propia Administración con la reconversión de Astano. Sí
creemos que existe ese cordón umbilical entre la situación actual y quien
la originó y vemos el matiz que ha incorporado la proposición no de ley
del Bloque Nacionalista Galego entendiendo que esta vuelva a su trabajo
en Astano va unida intrínsecamente a una capacidad de producción
suficiente, no sólo para satisfacer la demanda de empleo de la plantilla
actual, sino de todas las personas que, siendo especialistas del sector
naval, puedan participar en un momento dado en los proyectos de
construcción de las plataformas offshore, que son las únicas que Astano
tiene autorización para construir. Nos parece que hay que hacer un
esfuerzo extraordinario para intentar comprometer a la Administración en
que no dé la espalda a los trabajadores que un día pertenecieron a esa
empresa y que, por las propias necesidades de la Administración,
actualmente están alejados de ella. Es una propuesta totalmente sensata
desde el punto de vista de que no va a suponer un crack dentro de lo que
es la gestión de mano de obra de hora de trabajo de los astilleros
actuales y desde el punto de vista de que no estamos hablando de personas
ajenas al sector naval, sino de personas que, en un momento dado, han
sido profesionales de ese sector con una demostrada capacidad
profesional.

Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar la propuesta del Bloque
Nacionalista Galego.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Borreiros.

Creo, señor Borreiros, que es la primera vez que habla en este
Parlamento.




El señor BORREIROS FERNANDEZ: Sí, es la primera vez, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Le doy la bienvenida y tiene usted la palabra.




El señor BORREIROS FERNANDEZ: Muchas gracias.

Señorías, el Grupo Socialista concibe la iniciativa que hoy se debate
sobre la empresa Astano como un aspecto más de un problema más global y
más compartido incluso por las fuerzas mayoritarias, sindicales y
políticas de Galicia y de la zona de Ferrol, que es el incumplimiento en
los últimos meses, en concreto, en este último año y medio, de lo
acordado entre la Agencia Industrial del Estado y los sindicatos
mayoritarios de Astano y de la rama del metal. No sólo eso; recientemente
los trabajadores de Astano, a instancias del pleno del comité de empresa,
apoyados por una amplia ciudadanía, ejercieron sus derechos en torno a
una serie de puntos entre los que destacaba el rejuvenecimiento de la
plantilla, cuestión que nosotros defendemos, como no podía ser de otra
manera, y que constituía un elemento esencial de los acuerdos del llamado
Plan estratégico de competitividad, firmados en diciembre del año 1995,
hace escasamente dos años.

Vista la argumentación que figura en la proposición no de ley presentada
por el Bloque Nacionalista Galego, hay que recordar que el PEC aprobado
y firmado en su día variaba de manera sustancial el propuesto
inicialmente debido al consenso con los sindicatos mayoritarios.

Astano es una empresa que mueve anualmente más de 40.000 millones de
pesetas en la zona de Ferrol, en Galicia, y da trabajo directo a un
promedio de 2.000 trabajadores, tanto propios como auxiliares, sin contar
los indirectos. Ello en un contexto, la Galicia actual, la Galicia del
señor Fraga Iribarne, que tiene el porcentaje más bajo de



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empleo industrial de los últimos tres decenios. Galicia en este momento
tiene un porcentaje de empleo industrial del 14 por ciento y no hay que
olvidar en esta Cámara que, en ese porcentaje de bajo empleo industrial,
hay más de un 10 por ciento de tejido industrial público en el total de
la industria gallega.

El análisis de la situación de Astano señala graves deficiencias e
importantes asuntos que es preciso resolver: la mayor competitividad, la
capitalización, abrir mercados, el rejuvenecimiento de la plantilla y la
consolidación como industria naval generalizada. Tenemos poco tiempo por
delante para hacer un compromiso efectivo en este aspecto.

En primer lugar, los socialistas pensamos que es necesario que en Astano
la construcción naval sea genérica, una vez que en abril se han cumplido
los diez años de prohibición por la Comisión Europea de construir buques
convencionales y ahora, cuando es responsabilidad del Gobierno actual y
de sus decisiones, ya llevamos seis meses de demora. El propio Parlamento
Europeo, en la resolución 03/93 B-4, del año 1995, abría esa posibilidad,
que supondría que la empresa Astano aumentaría la carga anualmente en
125.000 toneladas métricas de construcción y tendría posibilidad de
ayudas al 9 por ciento, ayudas que hoy le son negadas.

En segundo lugar, y entraría dentro de la proposición hoy debatida, está
el hecho de que se cumpla el rejuvenecimiento de plantilla. Hay que
recordar que en los acuerdos firmados en el año 1995, en diciembre hará
dos años, por la AIE y los sindicatos mayoritarios, se preveían 1.200
nuevos empleos en la empresa Astano.

En tercer lugar, la capitalización de la empresa. Astano no cobra primas,
en contra de lo que manifestó el vicepresidente del Gobierno,
Alvarez-Cascos, el 17 de octubre del año 1997. Astano da un déficit de
aproximadamente 4.000 millones al año y hay que contar que el 31 de
diciembre del año 1998 ya no pueden existir pérdidas.

En último lugar, hay que aumentar la capacidad tecnológica y de los
mercados. En los últimos años, ha aumentado la construcción naval
globalmente en el mundo, en Europa y en la OCDE. España no debe bajar,
pero dudamos que haya un intento serio y decisivo por parte del actual
Gobierno para que ese compromiso se haga realidad. Durante estos últimos
meses, y tengo que resaltarlo, hemos vivido desde mi punto de vista un
juego de despiste por parte de miembros del Gobierno y de personas
relacionadas con el partido mayoritario que apoya al Gobierno. Y sentimos
inquietud porque, a finales del año pasado, el nuevo presidente de la
Agencia Industrial del Estado mantuvo públicamente que no era necesario
el planteamiento que acabo de hacer, mientras que, por esas mismas
fechas, varios diputados del Partido Popular mantuvieron todo lo
contrario. El consejero de Industria de la Xunta de Galicia, presidente
del Partido Popular de A Coruña, recientemente afirmaba que este mes de
noviembre había contratos inminentes e incluso una unión estratégica
entre Astano y la Empresa Nacional Bazán. El vicepresidente del Gobierno,
señor Alvarez-Cascos, el día 15 de octubre del presente año decía en
Ferrol: «Astano tiene resueltas sus incertidumbres. Puede acceder a las
primas a la construcción naval, ya que el Gobierno no acepta su exclusión
y podrá competir en igualdad de condiciones». Contrariamente a estas
declaraciones, el ministro de Industria y Energía, en Cádiz, hace un año
decía que no se cumplían los acuerdos firmados unos meses antes con los
sindicatos por el Gobierno, porque las pérdidas eran superiores a las
previstas y precisamente ayer no ocultó --decía la prensa-- su
preocupación por el futuro de la construcción naval. Lógicamente,
nosotros estamos más preocupados. No se han cumplido los acuerdos y, en
realidad, en este momento, el Gobierno, por lo que sabemos y vemos en la
empresa Astano, hace dejación de sus responsabilidades. Está abandonando
a su inercia a una empresa que genera una importante mano de obra en una
zona en declive industrial en este momento, al mismo tiempo que significa
un porcentaje importante respecto al tejido industrial en Galicia.




El señor PRESIDENTE: Señor Borreiros, le ruego que vaya terminando.




El señor BORREIROS FERNANDEZ: Estoy acabando, señor presidente.

Existe en este momento una inmensa irresponsabilidad, no sólo del
Gobierno, sino de todas las fuerzas políticas y sindicales, y, mirando
hacia adelante y no hacia estos últimos meses ni a los años anteriores,
el Grupo Socialista apoyará todo aquello que llame positivamente la
atención sobre la virtualidad del cierre de Astano y del incumplimiento
de los acuerdos con los sindicatos mayoritarios, entre los que figuraba
el aumento de plantillas y su rejuvenecimiento. Después de escuchar la
salvedad expuesta por el portavoz del Bloque, que las personas que han
estado en los fondos va dentro del problema global de aumento de
plantillas y rejuvenecimiento y la necesidad del compromiso del Gobierno
para que Astano siga como una empresa viva, ejerciendo un peso importante
específico, económico y social en la zona de Ferrol, el Grupo Socialista
va a apoyar, con la salvedad señalada, la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Mixto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ibáñez.




El señor IBAÑEZ HARO: Señor presidente, señorías, comparezco en esta
Comisión para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.

Astano, al igual que el resto de astilleros públicos integrados hoy en la
división de construcción naval de la Agencia Industrial del Estado,
dentro de la Sociedad Estatal de Participación Industrial, ha puesto en
marcha el Plan estratégico de competitividad del período 1995/1998, que,
entre otras acciones, incluye una importante reducción de plantilla,
4.000 trabajadores para el conjunto de la división de construcción naval,
de los que 790 corresponden a Astano. Esta reducción fue acordada con los
sindicatos más representativos en el sector y permitirá disponer, en
1998, de una plantilla más ajustada a las cargas previsibles de



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trabajo, evitándose las importantes regulaciones temporales de empleo
habidas en los pasados años.

A pesar de la reducción de plantilla efectuada en Astano, de unos 2.000
trabajadores, a finales 1994, a menos de 1.500, a finales de 1996, se
siguen dando situaciones de insuficientes cargas de trabajo, que implican
la necesidad de regulaciones temporales de empleo para una parte
importante de la plantilla. Cuando Astano alcance la plantilla objetiva
establecida en el Plan estratégico de competitividad, 1.180 trabajadores,
será más fácil que quede cubierta su actividad de forma continua y se
eviten o se reduzcan a un mínimo las regulaciones temporales de empleo.

La tendencia general en el sector europeo de construcción naval es
dimensionar las plantillas fijas de los astilleros de acuerdo con los
trabajos que estrictamente hayan de realizarse por los mismos y que no
puedan subcontratarse a la industria auxiliar. Asimismo, la plantilla
debe dimensionarse para la actividad previsible durante los ciclos bajos
de la demanda, cubriéndose la punta de demanda mediante mayor
subcontratación, lo que hace que el Plan estratégico de competitividad no
pueda acoger la recolocación de los trabajadores que pide el Grupo
Parlamentario Mixto.

Por otra parte, no parece que exista motivo jurídico para el reingreso en
Astano de los trabajadores a los que se refiere la proposición no de ley,
ya que las dos demandas de reingreso presentadas ante la jurisdicción
social por sendos grupos de trabajadores (86 y 40 personas,
respectivamente, lo que hace un total de 126) han sido desestimadas. Se
han presentado dos demandas de ex trabajadores de Astano en el Juzgado de
lo Social número 1 de Ferrol. La primera es de un grupo de 86
trabajadores que, en el verano de 1996, reclaman a Astano su
reincorporación a la empresa; todos los trabajadores tienen en común la
característica de haber extinguido voluntariamente su relación laboral
con Astano. La sentencia 638/1996, dictada con fecha 11 de octubre,
clasifica a los trabajadores reclamantes en cinco grupos: un grupo de 50
trabajadores afectados por el expediente 820/1984, que cesaron en el
fondo de promoción de empleo en Astano, mediante finiquito que extinguió
las relaciones laborales por acuerdo entre ambas partes; un grupo de 16
trabajadores, que, tras permanecer en el fondo, fueron colocados en otras
empresas, causando baja en el fondo; un grupo de cinco trabajadores
integrados en el fondo, que solicitaron la indemnización, extinguiéndose
a petición propia la relación laboral; un grupo de ocho trabajadores, que
alcanzaron acuerdo en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación,
con posterior indemnización; y un último grupo de siete trabajadores, que
tienen en común haber extinguido su relación con Astano mucho antes del
año 1984 y por diferentes causas, excedencias, baja voluntaria, invalidez
etcétera. La sentencia dictada, del 11 de octubre de 1996, estima que los
demandantes carecen de razón para reclamar por despido y han desestimado
la demanda. Esta sentencia fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, que, con fecha 30 de enero de 1997, ha dictado sentencia
desestimando el recurso de suplicación.

Hay una segunda demanda, presentada por 40 trabajadores que, igual que en
el caso anterior, piden la reincorporación a la empresa. La sentencia
32/1997, dictada con fecha 23 de enero, clasifica a los trabajadores
reclamantes en cuatro grupos. El más importante de todos es el de los
trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo
820/1984, citado anteriormente, que en su momento, 31 de diciembre de
1987, cesaron en el fondo de promoción de empleo y en Astano, mediante
los correspondientes recibos de finiquito, percibiendo las cantidades
correspondientes por el cese. El segundo grupo está integrado por
trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo que,
tras permanecer en el fondo, consiguieron una nueva colocación en otra
empresa distinta, la mayoría en CASA, y que por ello solicitaron la baja
en el fondo y obtuvieron de éste el abono de las cantidades que les
correspondían. Un grupo de ocho trabajadores, que alcanzaron
conciliaciones ante el servicio de mediación y arbitraje con la empresa
demandada después de ser despedidos, y un último grupo de tres
demandantes, que tienen en común la extinción de sus relaciones laborales
con la empresa Astano por baja voluntaria e invalidez permanente. Esta
sentencia, dictada el 23 de enero de 1997, desestima la demanda y
absuelve a Astano. Además, determina que la actuación procesal de los
demandantes pone de manifiesto una notoria temeridad y les llega a
sancionar, al considerar el juez que mantienen la demanda contra toda
lógica jurídica, pues ellos mismos reconocen que han extinguido su
relación laboral con Astano.

Por todo lo expuesto, por el cumplimiento del Plan estratégico de
competitividad y por las demandas
presentadas y desestimadas, el Grupo Popular no va
a dar su voto afirmativo a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Sin embargo, no
queremos dejar en el tintero las palabras del representante del Grupo
Socialista. No se puede pasar de puntillas sobre los catorce años
anteriores en los que se ha aplicado una equivocada política en la
reconversión industrial, concretamente en el sector naval y ahora culpar
de ello al Gobierno actual. Yo me he quedado un poco estupefacto cuando
he oído decir que el Gobierno actual es el culpable de que no se hayan
recolocado estos trabajadores a lo largo de catorce años, que es el
tiempo que ha transcurrido desde su pase a los fondos hasta nuestros
días. (El señor Borreiros Fernández pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, no hay más intervenciones, no habiendo
ninguna enmienda planteada.

Señor Borreiros, ¿a qué efectos solicita S. S. la palabra?



El señor BORREIROS FERNANDEZ: Porque he sido aludido.




El señor PRESIDENTE: No ha entendido la Presidencia que esa alusión dé
lugar a ningún tipo de réplica.

La proposición no de ley se someterá a votación en su momento.




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--SOBRE FUTURO DE LA EMPRESA PUBLICA ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.

(ASTANDER). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (Número de expediente 161/000550).




--SOBRE MANTENIMIENTO EN EL ASTILLERO PUBLICO ASTILLEROS DE SANTANDER, S.

A. (ASTANDER), DE LA ACTIVIDAD DE TRANSFORMACION DE BUQUES. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000640).




--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS NECESARIAS PARA SUPERAR LOS POSIBLES
EFECTOS SOBRE ASTANDER DERIVADOS DEL CESE DE LA ACTIVIDAD DE
TRANSFORMACIONES LIGADO A LA TITULARIDAD PUBLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000777).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la siguiente proposición no de
ley, señorías, que se debatirá conjuntamente con las que figuran en los
puntos 3 y 4. Se trata de tres proposiciones no de ley que hacen
referencia a la empresa pública Astilleros de Santander (Astander).

Por el mismo orden que están planteadas vamos a conceder la palabra a los
portavoces de los grupos proponentes: el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el Grupo Socialista del Congreso y el Grupo
Parlamentario Popular y posteriormente intervendrán los grupos que deseen
fijar su posición, que lo harán conjuntamente también sobre las tres
proposiciones no de ley. Rogaría a los portavoces de cada uno de los
grupos proponentes de las iniciativas que en su intervención fijen su
posición en relación con las otras proposiciones.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: El proceso en el que están inmersos todos los
astilleros españoles tiene unas características que lo definen no sólo
como un holding concreto y específico, con unas medidas que se están
aplicando de forma global, sino que también lo distinguen por una serie
de actuaciones que se están tomando en cada uno de los astilleros de una
manera --desde nuestro punto de vista-- indiscriminada y no justificada.

En Astander nos encontramos con una de esas características. Es un
astillero que está inmerso, como el resto, en el Plan estratégico de
competitividad, en el que se contempla una serie de actividades concretas
en torno de las cuales se diseña su desarrollo comercial, su plantilla,
etcétera, con la espada de Damocles que tienen todos los astilleros, que
es situarse en una cuenta de resultados positiva el 31 de diciembre de
1998. Por lo tanto, en esta situación Astander se pone a trabajar, los
sindicatos y los trabajadores cumplen sus compromisos y, de repente, nos
encontramos que desde el Gobierno del Partido Popular --esto sí que no
tiene ningún tipo de vinculación con la etapa anterior que tantas veces
se pone de manifiesto-- al ministro que está llevando a cabo las
negociaciones con la Comisión Europea para conseguir las subvenciones
extraordinarias para el sector naval español se le ocurre introducir una
variable dentro de la negociación sin contar con los sindicatos ni con
los afectados, rompiendo así uno de los principios que estaban
contemplados dentro del Plan estratégico de competitividad y que
representaba una posibilidad de mantener en plena actividad los
astilleros de Santander. Me estoy refiriendo a la posibilidad de
transformación. Si nos atenemos a los diarios de la Comisión de las
Comunidades Europeas, en el publicado el 19 de marzo de 1997 vemos que se
recoge la propuesta hecha por el ministro de Industria en la que todavía
se recogía, en el mes de marzo, la posibilidad de que en Astilleros de
Santander continuaran las actividades de transformación y de reparación.

Se preveía, eso sí, la cláusula que ponía fin a las actividades de
construcción --el último buque que se había construido era en 1990 y
había una etapa en la que no se debía volver a construir, hasta 1997--
eliminando así la posibilidad de que pudiera hacer nuevas construcciones,
pero, mientras tanto, en marzo de 1997, la Comisión Europea reconoce
perfectamente la capacidad, la competencia y la legalidad --dentro de los
acuerdos que se han adoptado-- de que Astander pueda hacer
transformaciones y reparaciones. A lo largo de este año el ministro
considera que a Astander se le puede privar de la posibilidad de hacer
transformaciones y, de hecho, así se lo propone a la Comisión, pero no ha
sido ni un mandato ni una exigencia ni una obligación impuesta por la
Comisión Europea al Gobierno español.

Esta situación se la hemos achacado al ministro, quien, a nuestro
entender, no ha ponderado suficientemente las consecuencias que tenía
para este astillero abandonar ese sector de la producción. En ese
astillero --y en cualquier otro en el que se haya visto reducida su
capacidad de nuevas construcciones y que se están haciendo fuertes en un
producto-- la eliminación radical y unilateral de ese elemento supone un
crack en lo que es el funcionamiento cotidiano de ese astillero y supone
con seguridad que el futuro lo va a tener cuestionado totalmente. La
última reparación que se hizo en Astander fue en agosto de 1997. A pesar
de que formalmente la División de Construcción Naval sigue anunciando
dentro de sus catálogos lo que es la promoción del sector naval español
en el extranjero, incluye Astilleros de Santander al margen de las
transformaciones, no obstante, siguen llamando a la puerta de dichos
astilleros todos los armadores que tradicionalmente hacían operaciones
con el mismo, armadores que están muy satisfechos de su trabajo y que, de
alguna forma, entienden que la eliminación de esta parte de su producción
no se atiene a ninguna justificación, desde el punto de vista técnico y
de la relación calidad precio, que es el que le interesa a un armador.

Astander mantiene todavía --a pesar de los esfuerzos que está haciendo el
Ministerio de Industria por que desaparezca esa tradición y esa cultura
en la transformación de los buques-- la imagen de un astillero capaz de
hacer no sólo transformaciones pequeñas sino grandes, y capaz de poder
cumplir los compromisos de transformación



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de buques que le reclaman los distintos contratos; por lo tanto, no tiene
ninguna justificación que se le haya privado de la posibilidad de
hacerlas. Todo ello ha ocasionado la respuesta de los trabajadores y la
respuesta de toda la sociedad cántabra, que haya habido una serie de
movilizaciones, desgraciadamente, en algunas de ellas, con altercados de
orden público, que han puesto en marcha el mecanismo de la
sensibilización no sólo social sino institucional. De nuevo en este caso
se vuelve a producir una falta de sintonía de algunos de los partidos en
esa comunidad entre la interpretación sobre cuál debería ser la actuación
del Gobierno en este astillero y lo que esos mismos partidos están
planteando desde el Gobierno o desde el Parlamento. Por tanto, no tiene
sentido que estemos predicando una cosa en un lado y actuando de forma
contradictoria en otro.

Definitivamente, en el mes de noviembre pasado la Comisión Europea tenía
que hacer un análisis y una determinación sobre algunas cuestiones que
habían quedado pendientes en la negociación que hubo en marzo de 1997, y
ha sido entonces cuando desgraciadamente ya se ha recogido en la
directiva europea que el Gobierno español conviene en que Astilleros de
Santander no llevarán a cabo transformaciones mientras sigan siendo
públicos. Aquí nos encontramos con un elemento mucho más grave todavía y
es el chantaje que se está proponiendo a los trabajadores, a los
sindicatos y al conjunto de la sociedad cántabra. ¿Por qué el Gobierno
español arrebata la posibilidad de futuro de un astillero mientras que
siga siendo público? La responsabilidad accionarial de ese astillero
sigue estando en el Estado; por tanto, ¿cómo el Estado puede tomar
decisiones que perjudican gravísimamente la viabilidad futura y la
rentabilidad de un astillero y, sobre todo, mientras siga siendo público?
Lo público ya no sólo no es compartido por el Partido Popular, sino que
intrínsecamente es maligno; por tanto, provocan un proceso mucho más
rápido hacia la privatización haciéndole una travesía del desierto lo más
dura posible. El período que el Gobierno ha considerado que puede haber
entre este momento y aquel en que se pueda salir a la oferta privada no
va a ser un tránsito en el cual intentemos mejorar la gestión, su cuenta
de resultados o su imagen comercial internacional, ya que estamos
hablando de sectores totalmente dedicados a la exportación y que,
lógicamente, son muy sensibles a cualquier maniobra o a cualquier
movimiento que se pueda hacer y que afecte gravemente a su capacidad de
producción y a su imagen exterior; en vez de velar por que en ese período
de transición nos encontremos con unos astilleros fortalecidos, tal como
estaba contemplado en los propios acuerdos que firmaron los sindicatos
con el Estado y como fue asumido por este Gobierno, nos encontramos con
un período en el cual el ministro de Industria está actuando de forma
que, conscientemente, está perjudicando la viabilidad de los astilleros
y su presente. Esto es inaudito. Una cosa es que discrepemos
políticamente sobre si sectores públicos o sectores privados, si el
Estado debe ser empresario, industrial, etcétera, que son debates
políticos, y otra cosa es algo como lo actual: que el Gobierno perjudique
conscientemente a uno de sus sectores industriales y, además, lo
chantajee diciendo que eso, esa condena, ese acto totalmente pernicioso
para el astillero desaparecerá en cuanto pase a la propiedad privada.

Desde luego, hemos superado ya el debate ideológico sobre sector público
o privado, iniciativa privada y la dinamización que puede suponer un
holding unido, etcétera, y hemos pasado a una actuación totalmente
perniciosa, una actitud preconcebida, maligna intrínsecamente, hacia uno
de los astilleros, y a lo largo del día de hoy y de mañana tendremos
ocasión de ver cómo se está actuando sobre el conjunto de los astilleros.

Por todo lo dicho hemos presentado una proposición no de ley. La verdad
es que confiábamos en que desde marzo hasta noviembre el ministro de
Industria cambiase su criterio en cuanto a actuar negativamente sobre
Astander, pero, desgraciadamente, en noviembre, a pesar de que el propio
ministro reconoció que esto iba a tener una grave incidencia en el futuro
de Astilleros de Santander, se ha fortalecido en su idea original de
eliminar las transformaciones de Astander, lo que se ha confirmado, como
no podía ser de otra forma, a petición del Gobierno español; lógicamente,
la Comisión Europea acepta cualquier tipo de restricción, cualquier tipo
de abandono de producción, de abandono de capacidad de fabricación,
etcétera, todo eso es bien recibido en Bruselas, pero lo que nadie
entiende es que un Gobierno actúe contra sus propios intereses. Por
tanto, la proposición no de ley sitúa el futuro de Astander dentro del
marco del Plan estratégico de competitividad. Fíjense ustedes qué cosa
más complicada estamos proponiendo, situarnos dentro del compromiso
firmado por el Gobierno y los sindicatos. Eso es algo que venía dado
después de los ajustes anteriores; no es una situación especialmente
privilegiada para Astander ni para el resto de los astilleros.

Pretendemos situarnos dentro de ese marco para garantizar que a 31 de
diciembre de 1998 este astillero pueda estar en resultados positivos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista y para la defensa de su
proposición no de ley, tiene la palabra don Jaime Blanco.




El señor BLANCO GARCIA: Señorías, el diputado preopinante, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, ya ha hecho una pequeña
referencia a la reciente historia de Astilleros de Santander, Astander.

Efectivamente, tenemos que partir del año 1995, cuando por la División de
Construcción Naval, los sindicatos y la Agencia Industrial del Estado se
firma el Plan estratégico de competitividad. Este es el marco en el que
nos tenemos que desenvolver, porque es el acuerdo social y el acuerdo con
la Administración para el futuro de Astander. De ahí, de ese Plan
estratégico de competitividad, tenemos que saltar a la reunión del 24 de
abril en Luxemburgo, en la que participan los ministros de Industria y se
da un giro radical al futuro de estos Astilleros de Santander. En esa
reunión de 24 de abril de 1997 el ministro de Industria del Gobierno
español decide de una manera unilateral, y además lo propone él --tenemos
que subrayar este dato, es propuesto por el propio ministro de Industria
español--, que Astander deje de hacer transformaciones de buques. Un



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mes después, en mayo de 1997, en la comparecencia del ministro de
Industria en Comisión, no se hace ninguna referencia a este acuerdo. En
los objetivos del Plan estratégico de competitividad, que se han
actualizado por parte del Gobierno, no se hace ninguna referencia a este
acuerdo ni se hace ninguna mención a ese giro en la producción de
Astander y tampoco se da este dato concreto, y por tanto se oculta, a la
comisión de seguimiento del Plan estratégico de competitividad.

¿Por qué el Grupo Socialista hace tanto hincapié en la capacidad de
Astander, en que Astilleros de Santander sigan teniendo la capacidad de
transformar buques? Creo que va a quedar muy claro con unos datos de
ventas y facturación. En 1996 las cifras de ventas ascienden a 3.815
millones de pesetas, de los cuales el 79 por ciento es debido a las
transformaciones de buques. Esto da una idea, señorías, de cuál es la
actividad principal de este astillero y de que, al quitarle las
transformaciones de buques, este astillero queda sin su carga de trabajo
fundamental. Hay que decir algo más. En 1984, con la reconversión
industrial, Astander contaba con una plantilla de unos 1.300
trabajadores; en la actualidad, después de los procesos de reconversión
industrial acordados con los sindicatos, la plantilla ha sido reducida a
360 trabajadores, y esto ha sido consecuencia de un trabajo, creo, bien
hecho, hecho con reflexión y, por supuesto, con el sacrificio de los
trabajadores, para conseguir un centro que sea competitivo con el resto
de los centros no solamente españoles sino del conjunto de la Unión
Europea. ¿Creen SS. SS. que se les pueden pedir más sacrificios a los
trabajadores? Yo creo que no, que no es posible pedirles más sacrificios,
sobre todo cuando recientemente, a principios de este año, han firmado un
convenio por el que, de una manera generosa y responsable, pensando en lo
que el Plan estratégico de competitividad contemplaba, es decir, las
transformaciones y las reparaciones de buques, han querido contribuir a
consolidar Astander. ¿Creen SS. SS. que este astillero es viable sin las
transformaciones de buques cuando, como he dicho antes, éstas suponen el
79 por ciento de la facturación? Yo creo que no, que no es viable. Cabría
preguntarse: ¿es que Astander es un desastre económico, las pérdidas en
sus balances son tales que lo hacen inviable económicamente y, por tanto,
tiene que desaparecer? Yo creo que no y mi respuesta está basada en el
balance y en los resultados del año 1996, en el balance que presenta el
propio consejo de administración y que dice textualmente: En 1996 se ha
conseguido mejorar las cifras del Plan estratégico de competitividad...

el arranque del ejercicio se presenta sin desviaciones... Y sigue el
informe diciendo: El Plan estratégico de competitividad se ha venido
aplicando con buenos resultados durante todo el ejercicio 96. El efecto
sobre los costes financieros y de personal ha sido el esperado,
suponiendo una mejora sensible que debe de continuar para 1997.

La actitud del ministro, desde que se lleva a efecto la reunión de
Luxemburgo en abril de este año, y las posteriores declaraciones de
responsables del Ministerio está siendo, por citar una novela muy
conocida, la crónica de una muerte anunciada. Es la crónica de una muerte
anunciada porque ese astillero, señorías, no es posible que sobreviva sin
tener esta capacidad de transformación de buques y esta carga de trabajo.

Es el anuncio de una muerte anunciada en la que, señorías, parece que 350
trabajadores, que además son de alta cualificación en un astillero con
una mediana tecnología, no parece lógico que se dediquen única y
exclusivamente a las reparaciones de buques. Por tanto, esto va
destinado, como ha sido anunciado ya por responsables del Ministerio, a
una privatización, privatización que requeriría, naturalmente, una nueva
reducción de plantilla. Y estamos hablando de una región en Cantabria que
es Objetivo 1 y que por tanto está por debajo del 75 por ciento de la
media europea en renta per cápita, estamos hablando de una comarca que
tiene y es tradicionalmente considerada como deprimida dentro de la
propia región, de un astillero que genera una actividad económica que, de
una manera directa o indirecta, implica a unas 1.500 personas y que está
enclavado en una comarca de 15.000 habitantes. Ante esta situación yo
creo, señorías, que tienen que convenir conmigo que no es casual que
todas las fuerzas políticas de Cantabria y las fuerzas sindicales hayan
cerrado filas propugnando una salida generosa para este centro y
rechazando las medidas adoptadas por el Ministerio de Industria del
Gobierno de España.

El Parlamento de Cantabria, señorías, su Asamblea Regional, ha aprobado
varias resoluciones por unanimidad del Partido Popular, Partido
Socialista Obrero Español, Partido Regionalista, Unión del Progreso para
Cantabria e Izquierda Unida. Así, en junio de 1997, se reprueba la
decisión del ministro de Industria por la que Astander deja de realizar
transformaciones, y recientemente, en el mes de diciembre de 1997, es
suscrita por todos los grupos políticos, insisto, todos los grupos
políticos de la Asamblea Regional la siguiente proposición no de ley:
Primero, que Astander se mantenga en el sector público como única manera
de generar la actividad industrial que hasta ahora el astillero ha
tenido. Segundo, que tal como se contiene en el Plan estratégico de
competitividad y como se contemplaba en el año 1995, que se mantenga la
facturación, para lo cual ha de posibilitarse que Astander vuelva a hacer
transformaciones --tercer punto.

Por todas estas razones el Grupo Socialista ha presentado esta
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que, en el marco
del Plan estratégico de competitividad, largamente comentado, se mantenga
en el astillero público de Santander, Astander, la actividad de
transformación de buques, para lo que les pido a SS. SS. el voto
favorable a esta proposición no de ley, y en especial se lo pido a los
grupos nacionalistas, porque son muy sensibles a las decisiones y
reclamaciones que parten de los parlamentos regionales y autonómicos.

Como la Presidencia nos ha invitado a que nos pronunciemos sobre las
otras dos proposiciones no de ley, quiero decir que mi grupo va a votar
favorablemente la presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida,
puesto que va en los mismos términos que la nuestra, y en principio no
podemos votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo Popular
porque no se puede sostener que se quiera mantener la plantilla de
trabajadores, quitándoles de



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una manera tan drástica la carga de trabajo, y además porque no es
congruente con lo que su propio Gobierno, el Gobierno de Cantabria,
conformado por el Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria,
está pidiendo insistentemente, y es que en Astilleros de Santander, en
Astander, se sigan manteniendo las transformaciones y se sigan
manteniendo en el sector público.




El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra, por el Grupo Popular,
el señor Ibáñez.




El señor IBAÑEZ HARO: Señorías, intervengo para defender la proposición
no de ley que mi grupo presenta y que tiene la motivación siguiente. El
acuerdo sobre las actividades futuras de Astander, al igual que la
determinación de actividades a realizar y capacidades máximas de nuevas
construcciones de los restantes astilleros de propiedad pública, forman
parte del acuerdo del Consejo de Industria de 24 de abril de 1997 de la
Unión Europea para la aprobación del reglamento del Consejo sobre
determinadas ayudas a astilleros en curso de reestructuración, entre
ellos, los astilleros públicos españoles. Este reglamento da respaldo
legal a la percepción de 135.028 millones de pesetas de ayudas, que de
otra forma no tenían encaje en la actual normativa comunitaria
constituida por las disposiciones de la séptima Directiva, bajo las
cuales sólo podían justificarse 183.084 millones de pesetas del total de
318.112 millones de ayudas vinculadas o relacionadas con el Plan
estratégico de competitividad de los astilleros públicos. Dado que debido
a las desviaciones registradas en la ejecución del PEC para llevar a cabo
el plan son necesarias todas las ayudas anteriormente indicadas, la
aprobación del reglamento de referencia era un elemento imprescindible
para alcanzar la viabilidad de los astilleros públicos españoles con los
ajustes de capacidad y limitaciones de actividades consiguientes. En el
caso de Astander supone el cese de la actividad de transformaciones
mientras siga siendo de titularidad pública.

Hay que señalar que en los últimos tres años en Astander las
transformaciones de buques sólo han representado algo menos del 25 por
ciento de las horas totales de la actividad de este astillero, que se han
cubierto mayoritariamente con reparaciones de buques, actividad que puede
seguir realizando en el futuro. Así pues, para compensar los efectos de
la no realización de transformaciones y potenciar las reparaciones para
cubrir ese 25 por ciento de las horas totales de la actividad del
astillero mi grupo presenta esta proposición no de ley en donde dice que
por parte de la división de Construcción Naval de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales sería necesaria la realización de las
siguientes actuaciones: inversiones adicionales a las previstas
inicialmente en el PEC por valor de 400 millones de pesetas; recabar de
los organismos competentes la ejecución a su costa de los dragados
necesarios para una mayor accesibilidad del astillero y consiguiente
incremento de sus posibilidades comerciales; concesión por parte del
Ministerio de Industria de una subvención en el marco de su política de
reindustrialización contemplado en la Orden ministerial de 19 de mayo de
1997, que sería destinada a cofinanciar el dragado del puerto, uno de
cuyos grandes beneficiados Astander, ya que haría posible la recepción de
buques de mayor calado de los que ahora pueden acceder a sus
instalaciones. Otras medidas a tomar serían la reducción de los cargos
económicos corporativos a soportar por Astilleros de Santander en función
de su nueva actividad, una campaña de promoción comercial singularizada
para Astander, realizada a expensas del grupo AESA, prioridad para
Astander para la contratación de reparaciones en competencia con los
otros astilleros del grupo; el encargo de trabajo de varada y garantía de
los buques construidos en el grupo de Astilleros Españoles; la
participación en los trabajos de construcción del resto de los astilleros
del grupo, y por último una revisión de los programas de investigación y
desarrollo, así como formación previstos para adecuarlos a las nuevas
circunstancias y tramitación urgente de los mismos para acceder a los
mecanismos de subvención disponibles. Por todo ello presentamos la
siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias para superar los posibles
efectos sobre Astander derivados del cese de la actividad de
transformaciones ligados a la titularidad pública, de manera que se
mantengan los puestos de trabajo previstos en el PEC.

Quiero añadir que es criterio de mi grupo votar negativamente las
proposiciones no de ley presentadas por los grupos de Izquierda Unida y
Socialista por las razones que hemos expuesto en nuestra proposición no
de ley. Hemos de decir, además, que nadie va en contra de sus propios
intereses. No hay una petición explícita de condenar al astillero de
Astander; es que Bruselas impone limitación de capacidades y eliminación
de ciertas actividades y se trata de recibir o no ayuda para el resto del
grupo. Es un sacrificio que se ha hecho y mediante esta proposición no de
ley queremos activar el astillero de Astander con estas medidas que
consideramos muy necesarias y que se pueda llevar a cabo el Plan
estratégico de competitividad que tenía los siguientes objetivos: mejora
de los costes mediante la optimización de los aprovisionamientos y el
incremento de la productividad en todos los centros, redimensionamiento
de las plantillas para adecuarlas a la carga de trabajo previsible y
reestructuración patrimonial de las medidas que permitan las ayudas
autorizadas tras la reposición de pérdidas que se generen durante el
período de transición, que es lo que ha ocurrido en estos momentos. Es
imprescindible también para la eficacia de las medidas a aplicar la
existencia de un clima laboral adecuado y llevar a cabo los cambios
necesarios en la organización del trabajo que contribuyan a hacer
posibles los incrementos de productividad, cumplimiento de plazos,
etcétera, que los objetivos del Plan estratégico de competitividad
exigen.

Por todo lo expuesto, pedimos el voto favorable para nuestra proposición
no de ley. (El señor Navas Amores pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Señor Navas?



El señor NAVAS AMORES: Me he olvidado de anunciar el voto a las
proposiciones no de ley.




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El señor PRESIDENTE: Pues tiene la palabra para anunciar el voto.




El señor NAVAS AMORES: Vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo
Socialista porque evidentemente coincidimos en el fondo y en la forma de
su exposición, y vamos a votar en contra de la proposición no de ley del
Grupo Popular porque se circunscribe a la aceptación de la realidad
actual no para cambiarla, sino para hacer una serie de propuestas sobre
su posible viabilidad; por eso nosotros no la vamos a apoyar.




--SOBRE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. (AESA), EN SU
COMPOSICION ACCIONARIAL ACTUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000732).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es
la que figura en el número 5 del orden del día, relativa al mantenimiento
del grupo de Astilleros Españoles, S. A. (AESA), en su composición
accionarial actual, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.

Señor Navas, tiene usted la palabra para su defensa.




El señor NAVAS AMORES: Es una proposición no de ley que intenta ser
ambiciosa en cuanto que, primero, demuestra ya una clara sensibilidad
respecto a lo que está ocurriendo alrededor de la División de
Construcción Naval y, sobre todo, respecto a una de las situaciones que
más importancia van a tener en estos próximos meses en los astilleros,
como de hecho va a ocurrir, porque así lo ha anunciado el propio
Gobierno, con la privatización de Astilleros Españoles. Por tanto, esta
proposición no de ley intenta conseguir del Gobierno un compromiso de no
privatización del grupo Astilleros Españoles. Estamos hablando de un
sector que, como todos sabemos, ha sufrido a lo largo de estos años
múltiples reconversiones, que está situado en la fase de una última
reestructuración y de un último plan, que ha conseguido el apoyo de la
parte social y de los trabajadores, y se suponía --nosotros lo
pensábamos-- que la otra parte, el Estado, que es el propietario de los
astilleros, cumpliría con sus obligaciones, recogidas en el propio PEC.

Lamentablemente, nos estamos encontrando con que, por parte del Gobierno,
los astilleros se están situando en un callejón sin salida. Esto viene a
justificarse por el seguimiento que nosotros estamos haciendo de cuáles
son las condiciones y las exigencias que el propio PEC recoge y que deben
recaer en el Estado y nos encontramos con que hay una dejación notable e
importantísima de esas obligaciones. El PEC no sólo recoge la necesidad
de una unificación dentro de las regulaciones laborales, salariales y
profesionales de los distintos astilleros, sino también una serie de
obligaciones, de inversión, tecnológicas, de centralización de algunos de
los servicios, de consecución de porcentajes de ahorro, etcétera.

El seguimiento de todo ese compendio de obligaciones por parte del Estado
viene a concretarse en una respuesta parlamentaria que se me da en
septiembre de 1997 cuando por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida se reclama al Gobierno que informe sobre qué resultados se están
obteniendo en la aplicación del PEC, qué objetivos se están cumpliendo y
qué causas pueden originar las desviaciones que se estén produciendo. La
respuesta que nos aporta el Gobierno es que la División de Construcción
Naval no dispone de información con el nivel de desglose y detalle con el
que es solicitada. Esto es en septiembre de 1997, hace prácticamente dos
meses; por tanto, esta respuesta es suficientemente alarmante para ver el
grado de implicación que tiene el Gobierno en la viabilidad futura de los
astilleros. Esto encaja perfectamente con la proposición no de ley
anterior que hemos debatido de Izquierda Unida, en la cual denunciamos
clara y contundentemente que el Gobierno ha dado la espalda a Astilleros
Españoles, no cara a su privatización sino cara a su viabilidad y cara a
posibilitar una obtención de resultados positivos a 31 de diciembre de
1998.

Hay que analizar cómo se producen las pérdidas. Tradicionalmente, en las
anteriores crisis del sector naval, se había llegado a la conclusión de
que dos de las causas más importantes de su cuenta de resultados negativa
eran la propia inactividad que tenían los distintos astilleros por no
llegar a cubrir la capacidad para la que estaban preparados y el retraso
en la entrega de las ayudas. Nos encontramos con que no tenemos un
análisis por parte de la División de Construcción Naval de qué es lo que
está pasando con los posibles desfases y desajustes, de cómo está la
capacidad de los distintos astilleros y cómo se está mejorando la
productividad, etcétera. También nos encontramos con que otra de las
causas tradicionales de las pérdidas, que es el retraso en la entrega de
las ayudas, se está volviendo a repetir y del total de pagos que el
Gobierno tenía que hacer para compensar las pérdidas que tenía pendientes
y que estaban recogidos tanto en los compromisos del Ejecutivo con los
sindicatos como en la propia directiva europea y que se deberían efectuar
entre el año 1995 y 1998, que es la vigencia del PEC --estamos hablando
de 89.104 millones de pesetas--, hasta el 31 de diciembre de 1996, sólo
se habían abonado 39.376 millones cuando, según las propias cifras del
Gobierno, esa cifra tendría que ser, como mínimo, el doble. De nuevo
estamos sometiendo a los astilleros a las mismas actuaciones en el modelo
de gestión que tuvieron lugar con anterioridad, las cuales provocaron,
lógicamente, un crack en la cuenta de resultados y una constante
incertidumbre sobre su capitalización y sobre los costos financieros,
elementos que están contemplados en el PEC. Cuando hablamos de esta
crítica a la actitud del Gobierno no estamos haciéndolo desde un discurso
lejano a sus propios compromisos, a lo que él mismo ha aceptado con los
sindicatos. Llegará el momento en el cual tengamos que hablar de otros
elementos que sí son ideológicos y que no están recogidos en el PEC. Por
tanto, cuando estamos hablando de viabilidad futura, de que los
astilleros en manos públicas están condenados al fracaso en la gestión y
están condenados a las pérdidas constantes y permanentes



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no seamos hipócritas: ésos son defectos de gestión. Es mucho más grave
cuando se han detectado con anterioridad y se vuelve a caer en los mismos
defectos. El Estado está sometiendo a una nueva reconversión a los
astilleros no recogida en ningún acuerdo, una nueva reconversión
unilateral, la cual está definiendo unos resultados catastróficos para el
año 1998, y ya entraremos más adelante en algunas de las medidas que el
Gobierno ha tomado en perjuicio de los propios astilleros públicos. No
debemos caer en el error de que lo que está contemplado en el Plan
estratégico de competitividad: la filialización de los distintos
astilleros es una confirmación de que se ha firmado su privatización. En
absoluto, se ha firmado la filialización para conseguir la
individualización de la cuenta de resultados, para conseguir que cada
astillero tenga sus propios ingresos y sus gastos y que al final pueda
salir una resultante sobre en qué situación está el 31 de diciembre de
1998. Que nadie intente convencernos, que nadie intente hacer demagogia
con ese término. Ese término exclusivamente está dado a la contabilidad
de cada astillero y nada tiene que ver con una condena intrínseca a que
los astilleros tienen que estar en un proceso previo de privatización,
porque incluso alguien puede entender que estaba recogido en los propios
acuerdos firmados con los sindicatos en el PEC, cuando no es así.

Ahora sí que pasamos a uno de los discursos más políticos. Nosotros
entendemos --se lo hemos hecho saber a los comités de empresa de todos
los astilleros de la División de Construcción Naval, en las distintas
reuniones que nuestro grupo parlamentario ha tenido con ellos-- la
necesidad de mantener unido todo el holding de la División de
Construcción Naval y no sólo en manos públicas. Una vez que rechazamos la
privatización, hacemos una loa a la necesidad de la fortaleza de la
unión, de la aportación que cada uno de los astilleros puede dar al
conjunto del holding. Se ha hecho un reparto más o menos equitativo,
fijándose en las distintas potencialidades, producciones y
especializaciones de cada astillero. Por tanto, hemos conseguido un
equilibrio en la producción, en la especialización y en la capacidad
tecnológica de cada uno de los astilleros. Eso supone que la aportación
que cada uno hace al todo es complementaria con la de los demás, no es un
holding industrial que compite entre sí, sino todo lo contrario, se
enriquece y se potencia con la aportación de cada uno de ellos. No cabe
la menor duda y es evidente, porque está recogido en los propios
documentos que el Ministerio de Industria ofrece a los posibles
armadores, a los posibles ofertantes de construcciones en el mundo, que
hay que anunciar la fortaleza y la dimensión industrial que tiene nuestro
holding de División de Construcción Naval. Ahí sí que hay un proyecto
industrial, un proyecto que se complementa, un proyecto que es capaz de
ofertar el conjunto de cualquier tipo de construcción naval. Hemos
conseguido situar, con grandísimos sacrificios no sólo de la parte
social, sino de la propia Administración, con aportación de fondos
públicos, un conjunto de astilleros que tienen una característica
principal y primordial, cual es la cohesión territorial, el hecho de
estar distribuidos a lo largo de todo el territorio y, sobre todo, en
unas zonas que han tenido una reindustrialización importantísima, una
crisis industrial en sectores tradicionales, lo que ha provocado también
una desertización industrial y una bajada drástica de los índices de
capacidad industrial. La pervivencia del sector naval es fundamental para
seguir manteniendo esa cultura tradicional de industria, de vinculación
hacia los sectores industriales de esas comarcas. A la vez, se han
situado otros astilleros en zonas donde, careciendo de una tradición
industrial, son el único elemento capaz de dinamizar industrias
auxiliares de los propios astilleros que, como todos sabemos, generan una
gran cantidad de horas de trabajo sobre industrias auxiliares. Es la
única posibilidad de que haya un motor industrial en muchas de las
comarcas castigadas por un paro galopante y en las que el Estado, en un
ejercicio de responsabilidad al margen de las ideologías, debería tener
una consideración especial para el mantenimiento de esos astilleros. No
nos engañemos, un proceso de privatización parcial como el que están
desarrollando nos va a llevar al debilitamiento del holding en su
conjunto, porque, como digo, esto es un puzzle en el cual cada pieza es
fundamental para el mantenimiento de toda la figura, y una privatización
individual situaría como siempre un compromiso temporal para mantener el
empleo, hacer alguna inversión o capitalización, y a partir de ese
momento, la incertidumbre. Estamos cansados de escuchar constantes
mensajes sobre lo que puede ocurrir sobre tal o cual astillero y
criticamos una actitud de constantes mensajes de temor hacia los
trabajadores de los astilleros y hacia las comarcas en las que están
asentados. Venimos asistiendo a discursos sobre privatización parcial,
sobre garantías de no privatización, sobre qué va a ocurrir, qué
candidato va a ser el que va a llevarse este astillero...




El señor PRESIDENTE: Señor Navas, le ruego vaya terminando.




El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, acabo ya.

Quiero decir con esto que basta ya de llenar de incertidumbre y de
zozobra a todos estos trabajadores, a todas estas comarcas, a todas estas
regiones. Tenemos que definirnos en la línea que propone nuestra
proposición no de ley y le pedimos también al Gobierno que se defina
claramente con una propuesta concreta, que no siga llenando de dudas el
futuro del sector naval español, el futuro de tantos y tantos empleos y
personas que indirectamente necesitan de ese sector para tener una
garantía de futuro.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a
esta proposición no de ley. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Cuevas.




El señor CUEVAS DELGADO: Nosotros estábamos de acuerdo con la redacción
primera de la proposición no de ley de Izquierda Unida, pero luego hemos
leído otro texto en el que se decía que se corregía un error advertido en
el texto de la proposición no de ley. No creemos que sea sólo la
corrección de un error, pues estimamos que cambia radicalmente el sentido
de la iniciativa. Hemos pasado de



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una proposición en la que se instaba a que no se privatizaran total o
parcialmente los astilleros mientras se encontrara en vigor el Plan
estratégico de competitividad a otra en la que se rechaza cualquier
privatización parcial o total del mismo. Esto es radicalmente diferente,
no es sólo un error.

Nuestro grupo quiere aclarar la posición que vamos a mantener. Hemos
presentado una enmienda en la línea de la primera proposición del Grupo
de Izquierda Unida, reforzándola con algunos mecanismos que, a nuestro
juicio, tenían la finalidad de garantizar la transparencia, el acuerdo y
el consenso de todas las partes interesadas en la viabilidad y en el
futuro de los astilleros.

Quiero explicar brevemente el sentido de esa enmienda y la posición
exacta de nuestro grupo.

Nosotros estamos de acuerdo en que es fundamental y necesario mantener la
unidad del grupo de astilleros que integran la División de Construcción
Naval de la SEPI como una cuestión no solamente estratégica, que lleva
aparejada la viabilidad de ese grupo. En el contexto de competencia
mundial y europeo éste es un aspecto fundamental. También estamos de
acuerdo en que ese grupo mantenga mayoría de capital público, sin embargo
creemos que la industria naval en España en estos momentos, de difícil
viabilidad no sólo en España sino también en Europa y en todo el mundo
teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que van a endurecer mucho
más la competencia a nivel mundial por la nueva situación creada en Corea
y en Japón, no puede cerrarse a cualquier proceso de alianzas
estratégicas en el marco europeo. Tampoco podemos cerrarnos a cualquier
proceso de participación minoritaria de capital privado en los
astilleros. Sí nos parece fundamental cumplir con el plazo previsto en el
Plan estratégico de competitividad, que es el que evaluará al final de
este proceso todas las políticas implementadas en el mismo. Decimos en
nuestra enmienda también --en caso de que sea aceptada por los demás
grupos-- que los mecanismos por los cuales se pueden abordar esos
posibles procesos de intervención de capital privado en la industria
naval tienen que hacerse de acuerdo con las administraciones autonómicas
y locales afectadas, con las centrales sindicales en proceso de diálogo,
información, etcétera, y con las garantías y cumplimiento de los
compromisos de inversión y empleo que se asumieran en dichos acuerdos.

El Grupo Popular, que en la anterior legislatura se llenaba la boca
hablando de transparencia, de que había que acordar estos procesos con
los gobiernos autonómicos y con los sindicatos, no tendría inconveniente
en aceptar esta enmienda. Desde el punto de vista de que se está
aplicando el Plan estratégico, aunque es verdad que algunos responsables
del Gobierno han dicho que no les gusta mucho, creemos que tampoco
tendría inconveniente en aceptarla. Esperamos que, mientras no se derogue
ese Plan y lo sigan manteniendo, cumplan con él.

En ese sentido, esperamos que el Grupo de Izquierda Unida reconsidere su
proposición no de ley y, en esta vía de aceptar nuestra propuesta, demos
un paso para asegurar la viabilidad futura de los astilleros, que es lo
que le interesa al pueblo español y a los trabajadores de los mismos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Ibáñez, para pronunciarse también sobre la enmienda que se ha
presentado.




El señor IBAÑEZ HARO: Señorías, han bastado veinte meses para que el
nuevo Gobierno del Partido Popular ponga en marcha un nuevo modelo de
crecimiento que empieza a dar sus frutos. Nadie, al día de hoy, puede
ocultar que en España hay crecimiento económico, crecimiento de la
productividad y creación de empleo; la mitad del empleo creado en la
Unión Europea en el último año lo ha sido en España. Esta nueva senda de
crecimiento saneado ha tenido en la industria española un protagonista
destacado. Es difícil romper con las tendencias de años anteriores, pero
se está consiguiendo. Así, crece el empleo industrial, la producción
industrial crece muy por encima del producto interior bruto y las
ganancias de productividad se reflejan en la creciente capacidad de
exportación de nuestras manufacturas. Más importante que la frialdad de
los datos, una variable resume esta compleja realidad mejorada de los
últimos meses, el clima industrial, la opinión del sector respecto al
futuro, las expectativas empresariales, en definitiva, elementos básicos
para la inversión y el empleo futuro. Estas expectativas han roto la
tendencia pesimista de años anteriores respecto a la industria española
y hoy son crecientemente optimistas.

En este contexto, no cabe negar que ha sido la política económica del
Gobierno la que ha contribuido eficazmente a este cambio de expectativas.

No cabe negar que una apuesta decidida por una política industrial
activa, como la del actual Gobierno, ha sintonizado con el mundo
industrial. Tampoco debe soslayarse que el desarrollo de una política
liberalizadora de la industria, junto con una decidida apuesta por la
modernización del sector público empresarial, están también en la base de
este cambio.

Precisamente aquello que está ayudando al crecimiento y a la mejora de
las expectativas, como el desarrollo del programa de modernización del
sector público empresarial, que se acordó en el Consejo de Ministros del
28 de junio del año 1996, implica poner en beneficio a las empresas
públicas, sanearlas y hacerlas competitivas y, en función de las
condiciones de los mercados financieros, hacer partícipe al sector
privado. Lógicamente, intentar inmovilizar el accionariado actual de las
empresas públicas es negar la mayor, es decir, la esencia del programa de
modernización.

En este proceso de saneamiento y participación privada también se
encuentra el sector público de construcción naval. De hecho, con carácter
extraordinario, recibió más de 200.000 millones de pesetas en ayudas
recientemente, con el objetivo de sanearse y situarse en condiciones de
competir. No solamente se quiere conseguir el objetivo con estas ayudas.

Debe citarse el papel que ha jugado el Plan estratégico de competitividad
y no menos importante ha sido el convenio colectivo firmado
recientemente; todo ello para hacer de los astilleros españoles centros
manufactureros solventes y con proyección hacia los mercados
internacionales y hacia el futuro.




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En este largo camino no se deben poner más obstáculos y, desde luego,
sería una gran dificultad el que la propiedad, en estos casos pública,
tuviera restricciones al manejo de sus derechos. Es decir, limitar la
movilidad de la propiedad dentro de la empresa es tanto como ir en contra
de la modernización de las empresas del sector naval porque deja en las
puertas, sin posibilidad de entrada, nuevos proyectos empresariales y de
inversión solventes y atractivos que revitalizarían definitivamente los
astilleros españoles. Nadie debería obstaculizar el futuro de estas
empresas de esta forma, porque además esto no asegura ni el futuro
productivo ni el empleo.

Hay datos definitivos de los astilleros públicos durante los últimos
quince años, cuando se perdió el 60 por ciento de su capacidad de
construcción, el 65 por ciento de sus plantillas y todos los años, sin
excepción, perdieron entre 13.000 el que menos y 60.000 millones el que
más. Luego no se puede decir que, en los últimos tiempos, el sector naval
haya sido un modelo de competitividad y de ganancia. En definitiva, no
parece lo más conveniente para el sector naval ni para sus trabajadores
que se pierdan oportunidades de entrada de nuevos accionistas interesados
en reactivar, modernizar y hacer competitivos los astilleros. Podría
ocurrir así si nos empeñáramos en instar al Gobierno a mantener la actual
composición accionarial del grupo Astilleros Españoles. Por todo lo
expuesto, el Grupo Popular va a votar en contra de la proposición no de
ley de Izquierda Unida.

En cuanto a la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista, quiero
decirle a su portavoz que, si anteriormente se nos llenaba la boca
hablando de la transparencia, ahora se nos sigue llenando la boca de la
misma manera. No vamos a aceptar la enmienda que propone porque es
reiterar el propio programa de modernización del sector público
empresarial del Estado que, como he dicho anteriormente, se aprobó en el
Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 y, aunque es en general para
el sector público del Estado y aquí se matiza que sea para la División de
la Construcción Naval, está comprendido en el sector público empresarial
del Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor Navas, para manifestar si acepta o no la
enmienda que ha propuesto el Partido Socialista, tiene S. S. la palabra.




El señor NAVAS AMORES: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no puede
aceptar la enmienda que propone el Partido Socialista, puesto que es una
proposición para otro momento, para un fin distinto del que pretende
alcanzar la nuestra. Evidentemente, nuestra proposición estaba
circunscrita al ámbito de privatizar o no los astilleros españoles y en
la propuesta del Partido Socialista se recoge cómo debería de hacerse
cualquier proceso de privatización, elemento posterior. Nosotros
estaríamos dispuestos a discutir y a consensuar, tanto con el Partido
Socialista como con el resto de los partidos, el modelo de exigencia de
un proceso de esas características, pero en este momento la proposición
no de ley de Izquierda Unida está centrada exclusivamente en la necesidad
de mantener la titularidad pública del conjunto de los astilleros y no
sobre un modelo transparente, claro, proyecto industrial, etcétera, de un
posible comprador, porque en este momento no lo planteamos.




--RELATIVA AL POSIBLE PROCESO DE VENTA DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (SODICAMAN). PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000757).




El señor PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones en relación con este
punto del orden del día, vamos a pasar al siguiente, que figura en la
numeración como 6, relativo al posible proceso de venta de la Sociedad de
Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman). Es una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra don José Luis Ros.




El señor ROS MAORAD: Señorías, pretendo hacer una breve intervención
desde la coherencia, la razón, el sentido común y, desde luego, en
defensa de los intereses generales de Castilla-La Mancha.

Esta intervención viene motivada porque la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) pretende vender sus acciones en la
Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha y convertir a las
diputaciones provinciales en socios mayoritarios. El Gobierno de
Castilla-La Mancha ha expresado por escrito su firme decisión de comprar
esas acciones por el precio fijado por la sociedad vendedora. Puedo
aportar, si el presidente lo considera oportuno, la carta del día 18 de
noviembre en la que el consejero de industria de Castilla-La Mancha, don
José Fernando Sánchez Bódalo, se dirige a la SEPI mostrando la
disposición del Gobierno regional para adquirir, por acuerdo de Consejo,
el 51 por ciento de las acciones de Sodicaman.

¿Cuáles son las razones que a nuestro juicio asisten al Gobierno de
Castilla-La Mancha para comprar las acciones de Sodicaman? La primera,
desde luego, es que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en
materia de planificación y desarrollo industrial en Castilla-La Mancha.

Las Sodi son un instrumento financiero, como conocen SS. SS., con forma
de sociedad mercantil pública cuyo objetivo es el desarrollo regional.

Hasta 1982 esta competencia correspondía a la Administración central,
ejercitándose a través del Instituto Nacional de Industria, hoy Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), constituyendo a tal
efecto diversas Sodi, como la de Galicia, Andalucía, Canarias, Castilla
y León, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Desde el año 1982 corresponde en exclusiva, según el artículo 31 del
Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, a la Junta de comunidades el
fomento del desarrollo económico de la región. Desde dicha fecha la Junta
de comunidades de Castilla-La Mancha es la única institución



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con competencia en materia de desarrollo industrial regional. Además, se
promulgó en el año 1994 un Real Decreto, el 394/1994, de 4 de marzo,
donde la propia Administración central determinaba que, a la vista de la
evolución de las circunstancias que configuran el entorno industrial y
económico con un mayor protagonismo y presencia de las comunidades
autónomas en dichos ámbitos resulta oportuno establecer la posibilidad de
que el INI, dejando de tener mayoría en este tipo de sociedades, facilite
la actuación de otros agentes y, en concreto, de dichas comunidades
autónomas.

En segundo lugar, Sodicaman es una sociedad para el desarrollo industrial
de Castilla-La Mancha. Se constituye con el objeto social de promover el
desarrollo industrial en la comunidad de Castilla-La Mancha. Conceder,
por tanto, los instrumentos de desarrollo industrial a las diputaciones
cuyas competencias no son de interés general para el conjunto de la
región sería una vulneración del principio de autonomía regional que la
Constitución ampara y defiende.

En tercer lugar, la Junta de comunidades se interesa por la adquisición
de la mayoría de la SEPI en Sodicaman. En ningún momento, señorías, la
Junta de comunidades de Castilla-La Mancha ha declinado o manifestado
desinterés alguno por la compra de Sodicaman; más bien todo lo contrario.

Desde diciembre de 1996 se manifiesta el compromiso expreso de adquirir
las participaciones de la SEPI. Durante el año 1997 se realizan las
valoraciones y la Junta de comunidades informa a la SEPI de la
conveniencia de incorporar accionistas privados. Por ello solicita un
plazo breve, menos de un mes, para cerrar el acuerdo con otros posibles.

Ante el apremio injustificado por parte de la SEPI, el Gobierno regional
formaliza la oferta de compra con autorización del Consejo del Gobierno
para el 51 por ciento de las acciones de Sodicaman que están en poder del
Estado.

En cuarto lugar, señorías, la venta a las diputaciones provinciales, a
juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es irregular. Las diputaciones
provinciales tienen limitadas por ley sus competencias al ámbito
provincial de su respectivo territorio y no pueden, según el estatuto de
autonomía, irrogarse competencia alguna en desarrollo industrial
regional, que es competencia exclusiva de la Junta de comunidades de
Castilla-La Mancha. Además, las diputaciones provinciales presentaron la
opción de compra sin consultar a sus respectivos plenos.

En quinto lugar, el procedimiento de venta a las diputaciones a nuestro
juicio sería irregular. La SEPI provoca concurrencia de ofertas sin
conocimiento alguno del Gobierno de Castilla-La Mancha y sin fijar
procedimiento alguno; es decir, lo hace de modo arbitrario. No se
responde a la solicitud del 4 de noviembre de 1997 en que la Junta de
comunidades de Castilla-La Mancha pide la ampliación de un plazo de un
mes, y no se responde a la oferta de adquisición de acciones que propone
el Gobierno de Castilla-La Mancha con fecha 18 de noviembre de 1997.

Por si esto era poco, señorías, el proceso de venta en modo alguno está
cerrado. En estos momentos no todas las diputaciones han presentado a sus
respectivos plenos la aprobación de compra de acciones de Sodicaman y,
por ello, la oferta de las diputaciones tiene igual firmeza que la del
Gobierno de Castilla-La Mancha. Además es necesario, como conocen también
SS. SS, el informe del Consejo consultivo de privatizaciones antes de que
se apruebe definitivamente por el Consejo de Ministros.

Les daré unos ejemplos de cuál ha sido la historia de las privatizaciones
de las distintas Sodi que hasta este momento se han producido. La
Sociedad de Desarrollo Industrial de Galicia, en la que la SEPI tenía una
participación del 51 por ciento, fue vendida a la Junta de Galicia en el
año 1994 y hoy día la composición accionarial de dicha sociedad es la
siguiente: bancos, un 8 por ciento; cajas, un 23 por ciento; SEPI, un 5
por ciento; Junta de Galicia, un 62 por ciento. En el caso de la Sociedad
de Desarrollo Industrial de Canarias, al día de hoy, una vez vendida la
SEPI --termino, presidente--, el accionariado estaría compuesto del modo
siguiente: los bancos, un 4 por ciento; las cajas, un 30 por ciento; la
comunidad autónoma, un 36 por ciento. En el caso de Castilla y León, una
vez vendida también al Gobierno regional, el accionariado sería: bancos,
un 5 por ciento; cajas, un 3 por ciento; comunidad autónoma, un 92 por
ciento. Señorías, hay precedentes que de modo evidente muestran que hasta
este momento la política que ha llevado la SEPI ha sido vender las
acciones que tenía en las distintas Sodi a favor, en coordinación y en
acuerdo con los gobiernos regionales. Alguien tendría que responder por
qué cuando el Gobierno regional de Castilla-La Mancha hace una oferta
para comprar las acciones de Sodicaman no se responde lo mismo que en
Galicia, en Castilla y León y en Canarias.

Señorías, presento a la Comisión una proposición no de ley que, en
síntesis, diga lo siguiente. Se insta al Gobierno a que el proceso de
venta de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha se
produzca en coordinación y acuerdo con el Gobierno regional de dicha
autonomía. Y, en segundo lugar, que, en tanto no se produzca ese acuerdo,
se paralicen las actuaciones que pudieran estar realizándose por la SEPI
en orden a la venta de la citada Sodi.




El señor PRESIDENTE: Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor González de
Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco
participa de los posicionamientos que acaba de manifestar el portavoz
socialista en relación al proyecto de puerto seco. Las opiniones que
tiene el Grupo Parlamentario Vasco en relación a este tema son
coincidentes con lo que acaba de manifestar el señor Ros.

Voy a intentar no ser reiterativo. El planteamiento que analiza el Grupo
Parlamentario Vasco al apoyar esta proposición es meramente industrial
porque este proyecto se consolida en base a tres grupos de interés. Un
grupo catalán, liderado por el puerto de Barcelona, del que forma parte
también el consorcio de la zona franca, y el interés se centra en
potenciar la captación de tráficos marítimos con



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origen y destino en la zona centro de España para su operación a través
del puerto de Barcelona, y de tráficos terrestres internacionales a
través del consorcio de la zona franca. Un segundo grupo, cuyo interés
está en la captación de tráficos con origen y destino en la zona de
centro de España para su operación a través del puerto de Bilbao.

Igualmente, su operatoria en puerto seco le permite solventar el grave
problema que actualmente tiene para la salida por carretera de las
mercancías del puerto sustituyendo carretera por ferrocarril. Este es un
grupo que tiene una actitud muy activa en este proyecto. Como ha
manifestado el señor Ros, es también un grupo local formado por Gran
Europa y Sodicaman, Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La
Mancha, cuyo interés es el de desarrollar la máxima actividad del puerto
seco de Azuqueca de Henares. Para ello el grupo de Bilbao actúa
coordinadamente con ese grupo local, que es el que tiene una posición más
activa.

En este tema de combinación de participaciones societarias para la toma
de decisiones por mayorías, el papel de Sodicaman resulta decisivo.

Compartimos la opinión de que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el que
tiene las competencias en materia de desarrollo industrial autonómico, y
en este sentido cofinancia el puerto seco de Azuqueca de Henares.

Compartimos también que con la legislación vigente las diputaciones
provinciales no tienen ninguna competencia en esta materia. En este
momento en que la SEPI quiere vender su participación en Sodicaman, nos
encontramos con que existe un conflicto político. Por una parte, quieren
comprar esta participación de Sodicaman el Gobierno de Castilla-La
Mancha, liderado por el Partido Socialista, y las diputaciones
provinciales, por Caja Castilla-La Mancha, lideradas por gentes del
Partido Popular.

Una vez manifestada que la opinión básica del Grupo Parlamentario Vasco
se centra en las prioridades industriales; que el tema competencial se
decanta a favor del Gobierno de Castilla-La Mancha, establecido, por
coherencia, el conflicto político con desarrollos autonómicos
manifestados también por el señor Ros, nos decantamos a favor de la
adscripción de esta venta de Sodicaman al Gobierno de Castilla-La Mancha,
ya que es éste quien tiene las competencias en materia de desarrollo
industrial autonómico.

Estimamos que de esta forma se garantizará mejor una mayoría estable de
control accionarial y que no se producirán disfunciones ni desde el punto
de vista industrial y competencial, ni desde el punto de vista de los
intereses del puerto de Bilbao. En esta hipótesis que estamos elaborando
las inversiones en infraestructuras en el puerto seco de Azuqueca de
Henares podrán desarrollarse con mayor diligencia.

En relación a la enmienda que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda
Unida, estamos de acuerdo con su contenido. En realidad, es una enmienda
de adición al texto que presenta el Grupo Socialista. Quizá desde el
punto de vista competencial, dada la referencia que ha hecho el señor
Ros, merecería algún matiz su redacción, pero en todo caso estamos
abiertos a que se estime como enmienda de adición al texto propuesto por
el Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Intentando ser lo más breve posible, quiero
decir que nuestro grupo no va a valorar quién es el responsable de la
situación pero sí quiere dejar claro que estas sociedades deben estar
controladas por la comunidad autónoma respectiva. Los precedentes del mes
de mayo de este año 1997 muestran que las acciones de una sociedad
similar han sido transferidas también a Castilla y León. Sin querer
entrar en la polémica de qué administración es la responsable de la
situación actual, nos parece que no es una situación deseable el que sean
las diputaciones las que al final tengan el control de un mecanismo de
impulso que tiene que tener siempre ámbito regional.

En base a esta cuestión, presentamos una enmienda cuyo texto literal es
el siguiente: Que a partir de la aprobación de esta proposición no de ley
la SEPI disponga los mecanismos oportunos para que el Gobierno de
Castilla-La Mancha pueda adquirir con carácter prioritario las acciones
de Sodicaman que hoy están en manos de la SEPI, al menos en las mismas
condiciones ofrecidas a diputaciones y cajas de ahorro.

Del debate producido, más allá de la lógica confrontación entre
administraciones, parece haber en este momento una disposición --no sé si
la ha habido anteriormente-- de la propia Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha a hacer una oferta de compra sobre estas acciones. Yo
creo que es positivo que las dos administraciones busquen un punto de
encuentro. Dado que las valoraciones que se utilizan son las mismas al no
existir en este momento discrepancias (insisto en que no sé si
anteriormente existían, probablemente sí y fue el motivo de esta
situación), y dado que ahora todos reconocen como válidas las auditorías
y el valor posible de la sociedad, proponemos que esta oferta ya
realizada a otras administraciones se haga en condiciones similares y con
prioridad a la comunidad autónoma, lo cual es un punto de encuentro entre
las dos posiciones de confrontación de las administraciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Ballesteros.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Parece que todos los grupos esta mañana
estaban de acuerdo con las manifestaciones del señor Ros. Evidentemente,
no
se puede estar en contra de ese discurso autonomista,
no se puede estar en contra del estatuto de autonomía, no se puede
estar en contra de las competencias que una comunidad autónoma tiene. Lo
que ocurre es que el planteamiento que el Grupo Socialista ha hecho esta
mañana aquí no es exactamente real. El planteamiento que se hace en la
proposición no de ley que se nos presenta esta mañana sobre Sodicaman no
obedece --por decirlo de una forma suave y no entrar en un debate
tendencioso-- a la realidad de lo acontecido. El párrafo tercero de la
exposición de motivos dice que la eficacia del funcionamiento de las Sodi
han dependido en gran parte del nivel de relación y coordinación



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con los gobiernos autonómicos y sus políticas de desarrollo industrial y
empresarial. En el párrafo cuarto de la citada exposición de motivos
señala que se ha incumplido esa coordinación, lo cual no es cierto. Yo
puedo hacer un relato de hechos que evidencian esta exposición de motivos
del Grupo Socialista. ¿Cómo se puede decir que no ha habido una
coordinación cuando el Grupo Socialista reconoce y el mismo Ministerio
dice que a finales de 1996 se le explica a la Junta de comunidades la
intención de vender por parte de SEPI su participación en Sodicaman,
siendo comprendido el planteamiento por el consejero. El 13 de diciembre
de 1996 --estamos hablando de hace un año--, el consejero de
administración de SEPI aprueba que se proceda a la convocatoria de
asesores. Posteriormente, se convoca y se nombra al asesor de la
operación. El 19 de mayo de 1997, a principios de este año, se presenta
a la Junta de comunidades --cuyo interlocutor entonces era el director
general de Desarrollo Industrial, don José Fernando Sánchez, que en la
actualidad es el consejero de Industria y Trabajo-- el cuaderno de venta
y se hacen sucesivos requerimientos. A esto no se le puede decir que no
sea coordinación, que no sea tener al tanto a la Junta de comunidades por
el Gobierno. ¿Qué ocurre? Que el gobierno regional no lo tiene claro. Hay
que decir que la voluntad política del señor Bono y de sus muchachos no
está clara. ¿Por qué? Porque yo creo que sus amigos no tienen claro qué
es lo que quieren hacer. Por eso, desde 1996 están bandeando en política
industrial referente a Sodicaman de un sitio a otro; no tienen claro si
quieren comprar o no, a pesar de la insistencia del Gobierno de la nación
a los diferentes consejeros. Seguramente la Consejería de Economía les
esté diciendo que las últimas experiencias, incluida Mohedano, no
aconsejan la compra de Sodicaman. Sin embargo, a Industria le apetece
este tema.

En todo caso, lo que sí tiene que quedar claro, y no puede dejarse en el
aire, es que aquí no hay ningún proceso de interferencias; si hubiese un
proceso de interferencias estatutarias, del Estatuto de la comunidad o de
competencias de la comunidad autónoma por parte de las diputaciones
provinciales, nosotros tampoco estaríamos de acuerdo con lo que se está
haciendo. Aquí lo único que ha habido, incluso reconocido en medios de
comunicación por el señor Ros en su provincia, es una desidia del
Gobierno regional, no se ha dicho así exactamente, pero sí una falta de
agilidad por parte del Gobierno regional, que ha dejado pasar el tiempo
porque no tenía esto muy claro. Tan poco claro lo tiene incluso ahora que
Izquierda Unida --y esto no sé si lo conoce el parlamentario aquí de
Izquierda Unida-- en Castilla-La Mancha, hoy Izquierda de Castilla-La
Mancha, ha venido presentando alternativas para que se incluya en los
presupuestos dinerillo para poder comprar Sodicaman y, sin embargo, el
Gobierno de Bono no ha querido incluirlas. La más reciente se ha
desestimado hace unos días en la Comisión de Presupuestos, donde no
quieren hacer consignación para esta compra.

Ahora nos encontramos con una proposición no de ley que tiene un punto
primero que ya está cumplido totalmente, porque el Gobierno de la nación
ha hecho ya lo que aquí se pide, y es que el proceso de ventas se haga de
acuerdo y en coordinación con el Gobierno regional, y ya he hecho yo el
relato de todas las gestiones que el Gobierno ha realizado con la Junta
de Comunidades. Después se pide que se paralicen para que se haga de
acuerdo con el Gobierno regional. Yo creo que esto hay que plantearlo en
términos de igualdad. Cuando no se trata de interferir competencias sino
de aumentar el capital de diputaciones --el capital que ya tienen, por
cierto-- o de cualquier otra persona pública o privada, no se puede hacer
en desigualdad. Nosotros estaríamos de acuerdo con la enmienda de
Izquierda Unida si se resalta el tema de la igualdad de condiciones a
cualquiera que desee tomar parte en ese proceso privatizador. Yo creo que
a ninguna persona, ni pública ni privada, la podemos tratar en
desigualdad, sea la comunidad autónoma, sean las diputaciones
provinciales o sea una persona privada que quiera adquirir estas acciones
del SEPI.

Por tanto, nuestro grupo va a estar de acuerdo si se transacciona por
parte de Izquierda Unida y el PSOE acepta que el segundo párrafo en lugar
de «se paralicen» diga «se adecuen». Señor Ros, estaríamos de acuerdo con
la enmienda si se acepta nuestra transacción.




El señor PRESIDENTE: Señor Ros, tiene usted la palabra para responder a
la propuesta de enmienda que hace el Grupo Parlamentario Popular.




El señor ROS MAORAD: No voy a entrar de nuevo en el debate, porque
comprendo que es muy difícil hablar de un asunto cuando no se conoce.




El señor PRESIDENTE: No debe hacerlo.




El señor ROS MAORAD: No voy a entrar en esa cuestión.

Me gustaría oír de nuevo la enmienda de adición que presenta Izquierda
Unida, porque la interpretación que escucho del portavoz del Grupo
Popular me preocupa. Esa enmienda he querido entender, señor presidente,
cuando se ha leído, que es con carácter prioritario.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia no tiene conocimiento de que haya una
enmienda de ningún otro grupo. Yo he seguido el debate y no tengo
conocimiento, insisto, de que exista enmienda de otro grupo.

¿Izquierda Unida tiene una enmienda, señor Santiso?



El señor SANTISO DEL VALLE: La hemos hecho como propuesta en el debate.




El señor PRESIDENTE: Pero no han formalizado ustedes ninguna enmienda, ni
la han expresado, ni la han ofrecido literalmente.

Señor Santiso, le ruego que comunique si la voluntad de su grupo es
presentar una enmienda.




El señor SANTISO DEL VALLE: En mi intervención quizá no se entendió, pero
quise dejar claro que hacíamos una propuesta de enmienda de adición al
texto presentado por el Grupo Socialista.




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El señor PRESIDENTE: ¿Podría hacer llegar a la mesa la propuesta de
enmienda de adición? (Asentimiento.)
Cuando la entregue a la Mesa procederemos a su lectura.

Señor Ros, le ruego que usted, ahora, se posicione en relación con la
enmienda que le han ofrecido desde el Grupo Parlamentario Popular.

¿Conoce la enmienda de Izquierda Unida?



El señor ROS MAORAD: Quiero conocerla con exactitud.




El señor PRESIDENTE: Pues vamos a hacer ahora una reproducción de la
enmienda propuesta por Izquierda Unida.




El señor ROS MAORAD: Señor presidente, si es una enmienda breve, con la
lectura de la misma, por facilitar los trabajos de la Mesa, me bastaría.




El señor PRESIDENTE: La enmienda dice exactamente: Adicionar un segundo
punto al texto de la proposición no de ley que diga que, a partir de la
aprobación de esta proposición no de ley, la SEPI disponga los mecanismos
oportunos para que el Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha
pueda adquirir, con carácter prioritario, las acciones de Sodicaman que
hoy están en manos de la SEPI, al menos en las mismas condiciones
ofrecidas a diputaciones y cajas de ahorro.




El señor ROS MAORAD: Señor presidente, preferiría que, como decía a S.

S., podamos ver la enmienda por escrito.




El señor PRESIDENTE: Vamos a reproducirla y entregarla a todos los
grupos. (El señor Peón Torre pide la palabra.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Peón.




El señor PEON TORRE: Nosotros, en el transcurso de la intervención en
este debate de nuestro representante, habíamos formulado una propuesta in
voce de aportación a la enmienda transaccional de Izquierda Unida, en el
sentido de que nos parece razonable el planteamiento, lo votaríamos
favorablemente, pero pedimos al grupo proponente que introduzca una
modificación en el segundo párrafo de su propuesta original, de manera
que donde dice «se paralicen» se diga «se adecuen», porque, en el fondo,
entendemos que no tiene sentido paralizarlo en la medida en que, sea cual
sea el destinatario final del proceso de transferencia de acciones, es
bueno seguir avanzando en el mismo.




El señor PRESIDENTE: Señor Ros, tiene la palabra.




El señor ROS MAORAD: Señor presidente, puesto que un verbo que parece que
no tiene importancia, la puede tener según cual sea el texto definitivo
que votemos, y como eso está a expensas de ese texto de la enmienda de
Izquierda Unida que debemos estudiar, yo le pediría al presidente que nos
la repartiese.




El señor PRESIDENTE: La enmienda que propone el Grupo Popular es
independiente de la que propone Izquierda Unida. En cualquier caso, es
una propuesta que ustedes deben indicar si la aceptan o no, porque si la
aceptan se someterá a votación, y, si no, no se admitirá a trámite.

Tiene la palabra el señor Peón.




El señor PEON TORRE: Señor presidente, nuestra enmienda, en cuanto a este
término, es en el supuesto de que el grupo proponente acepte la enmienda
transaccional de Izquierda Unida; en otro caso, nosotros votaríamos
negativamente la propuesta del Partido Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señorías, las cosas están de la siguiente forma. Hay
una propuesta de enmienda planteada por el Grupo Popular de sustitución
del verbo «paralicen» por «adecuar» en el punto 2 del texto de la
proposición no de ley, y hay una propuesta de enmienda de Izquierda
Unida, que va a ser ahora repartida a todos los grupos, de sustitución
del punto 2 de la proposición no de ley, al que hemos dado lectura, y el
Partido Socialista es el que debe pronunciarse sobre si acepta o no las
propuestas de enmiendas que le están formulando.

Señor Ros, le ruego que usted indique cuál es la posición de su Grupo.




El señor ROS MAORAD: Sí, señor presidente, con mucho gusto.

Yo podría aceptar la palabra adecuen siempre que se haga referencia al
punto primero de esta proposición no de ley. Es decir, «adecuen sus
actuaciones a los contenidos del punto 1 de esta proposición no de ley».




El señor PRESIDENTE: He entendido lo que usted ha querido decir, pero
trasladado a los textos concretos de los dos puntos de la proposición no
de ley, no termina de tener sentido lo que nos propone.

Señorías, puesto que se va a someter a votación la proposición dentro de
un rato, ruego a los portavoces de los grupos hablen entre ustedes y
formalicen exactamente el texto final de la enmienda para que se pueda
someter a votación.




--RELATIVA A LA BAJADA DE LA TARIFA ELECTRICA PARA 1998. PRESENTADA POR
EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000751).




--SOBRE LA REDUCCION DE LAS TARIFAS ELECTRICAS EN EL AÑO 1998. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 161/000766).




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El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar el debate de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la bajada de la tarifa
eléctrica para 1998.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Javier Fernández.




El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Señorías, en el Protocolo eléctrico se
fijaba una determinada senda de tarifa, con unas bajadas nominales que
ciertamente no respondían a que las centrales hayan cambiado su
tecnología, sean más eficientes, se haya cambiado el personal que operaba
en ellas y ni siquiera el marco normativo porque este año las tarifas han
bajado con el marco todavía vigente y el año pasado se congelaron. No
obstante, son otros los parámetros que están influyendo en esa
disminución y los esenciales son, sin duda, la bajada de los tipos de
interés y el mantenimiento de la estabilidad de los precios de las
materias primas energéticas.

Sin embargo, en ese protocolo se incluye una cláusula en virtud de la
cual, si los tipos de interés evaluados a través del mibor bajan del 6,5
por ciento, se producirían rebajas adicionales. Basándose en ello, en el
informe que en su día emitió la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico
al Consejo consultivo se establecía una banda de bajada de tarifas entre
el 4,9 y el 5,3, y el Gobierno plantea una reducción adicional a ese 2
por ciento de un 1,6 por ciento, de acuerdo con el borrador de real
decreto por el que se establece la tarifa eléctrica para 1998. Bienvenida
sea esa bajada, pero a nosotros ciertamente nos parece exigua, porque
creemos que lo único que hace el Gobierno es utilizar la bajada del mibor
para aminorar un punto y medio por encima de lo previsto, como estaba
obligado, y ni siquiera explota todo el potencial de bajada de tarifa que
proporciona la minoración de los tipos de interés, ya que esa bajada
responde solamente a las menores cargas financieras de las empresas
eléctricas por el servicio de la deuda a tipo variable, pero la deuda a
tipo fijo --si bien con alguna penalización-- debe haber sido
renegociada.

Por otra parte, cuando las empresas firmaron el protocolo y la senda
tarifaria en él contenida, sus necesidades para la retribución de
capitales estaban referidos a un mibor del 6,5 por ciento, y al disminuir
éste de forma notable, también disminuyen estas necesidades y se debería
reflejar en una mayor reducción de las tarifas. No se han exprimido todas
las posibilidades de rebaja de tarifas que abre la bajada de tipos de
interés.

Pero supongamos que el efecto de tipos de interés equivale a ese punto y
medio de rebaja adicional, poco más o menos, si uno examina detenidamente
el expediente hay otros componentes de la tarifa que permiten bajadas
adicionales. Por ejemplo, se fija en un 3 por ciento el crecimiento de la
demanda, y la demanda en este último semestre ha crecido muy por encima
del 4 por ciento y los cálculos y previsiones más realistas no pueden
establecer un incremento en esa demanda por debajo del 4 por ciento en el
próximo año. Son 1.500 gigavatios/hora a un precio medio de 13 pesetas
kilovatio/hora, cuando el de generación es inferior a cuatro
pesetas/kilovatio. En todo caso, hay una diferencia que se traduciría en
0,6/0,7 puntos de tarifa.

Más importantes son las compensaciones extrapeninsulares que se recogen
en la previsión de tarifa para 1998. El año pasado esas previsiones eran
de 19.000 millones de pesetas, ¿cómo es posible que el próximo año vaya
a ser de 42.711? En el año 1997, repito, las previsiones fueron de 19.000
y para 1998 serían 42.711 según ese borrador. Ciertamente ha habido una
incorporación de nueva potencia, pero eso sólo puede suponer unos 2.000
millones adicionales, y el resto se hace considerando que la diferencia
entre el coste extrapeninsular y el peninsular ha aumentado con el menor
coste de este último; esto es una ficción contable, porque la diferencia
son los CTC y no hay menor coste en términos reales. Pues bien, esa
diferencia de 20.000 millones en la previsión de compensaciones
extrapeninsulares son más o menos equivalentes a un punto de tarifa.

Al hablarles de los CTC quiero recordarles que en el protocolo se
incluían 295.270 millones para incentivar el consumo de carbón nacional,
concretamente 254.365 en concepto de la peseta kilovatio/hora generada
con carbón nacional y 40.911 millones para la conversión del stock de
carbón autóctono en su equivalente a carbón de importación. El stock de
carbón autóctono ha disminuido en parque de central por debajo de las
previsiones que se establecían y, por otra parte, ha habido un aumento
del precio de carbón internacional; aumento constatado y constatable en
la resolución de la Secretaría de la Energía, en virtud de la cual, y
debido a ese aumento, se disminuían en 10.000 millones de pesetas las
ayudas a las empresas eléctricas.

Otra cuestión más es la relativa, por ejemplo, a Red Eléctrica de España.

Red Eléctrica de España, en 1997, recibió 49.000 millones, con lo que
--por cierto-- repartió un dividendo extraordinario, y durante este año,
con esos 49.000 millones, ejercitaba sus funciones de operación de
ingestión técnica y mantenimiento de la red. En 1998 le corresponden
51.121 millones solamente para retribuir la actividad de transporte y
2.022 millones para la operación del sistema. Además, hay que tener en
cuenta que Red Eléctrica de España hizo una aportación recientemente de
15.000 millones por los activos de fibra óptica a Retevisión, que le van
a suponer durante 35 años 600 millones de renta anual.

Por los conceptos que he enumerado, y por algunos más, estamos hablando
de varios puntos adicionales en los que se puede rebajar la tarifa. Es
más, ayer mismo, en el Comité consultivo, se barajaba que la rebaja
adicional debía oscilar en torno a los 100.000 millones. Si suponemos que
la cifra son 80.000 millones, que está alrededor de los cuatro puntos de
tarifa, el Gobierno tiene dos alternativas: rebajar la tarifa o
incorporar esos costes a los CTC. Es decir, los CTC se fijan en 201.921
millones de pesetas en el borrador de la tarifa eléctrica para el año
1998, y si el Gobierno decide, desde luego legítimamente, que esos otros
80.000 millones no van a aplicarse a la rebaja de tarifa, lo que tiene
que hacer es incluirlos en los costes de transición a la competencia. Con
esto, el Gobierno estará haciendo todo lo posible para que aquella cifra
de 2 millones (que se consideraba que era máxima) efectivamente se cobre
por parte de las compañías.




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En todo caso, aunque sea legítimo que el Gobierno destine esos fondos a
pagar CTC, lo que debe hacer es que, a través del recibo de la luz, los
españoles se enteren de cuál ha sido su decisión y no se les hurte ese
conocimiento; que sepan lo cara que resulta esa competencia que ustedes
venden, señorías, y en aras de esa transparencia, repito, que se reflejen
esas cantidades. Piensen que el Gobierno socialista sí reflejó en el
recibo de la luz el coste de las ayudas con las que se financiaban la
minería del carbón. Creo que es lo más equitativo con ambos sectores, es
decir, si se reflejan las ayudas a la minería del carbón, que se reflejen
también las ayudas a las eléctricas, y es obligado, además, para con los
ciudadanos. En todo caso, va a resultar realmente curioso que algún grupo
parlamentario no se haga eco de esta exigencia y esa obligación de
transparencia, y desearía extraordinariamente conocer esos argumentos.

Termino ya, señoría. Al hilo de esta transparencia y de la hipocresía con
la que se viene actuando en esta materia por parte del Gobierno, quería
recordarles que hace muy pocas fechas debatimos en esta misma Cámara el
proyecto de ley eléctrica. Recuerden SS. SS. que hubo un consenso en
torno a la transitoria decimotercera, consenso que se reflejaba en
aquellos umbrales de elegibilidad de 15 gigavatios/hora, sin ninguna
precisión posterior sobre que fueran por punto de suministro o por
instalación. En el borrador del decreto de organización y regulación del
mercado de producción de energía eléctrica, que se ha remitido al Consejo
de Estado, se contempla que esa elegibilidad, esos 15 gigavatios/hora,
son por punto de suministro. Con esta restricción, más los peajes
abusivos que se recogen para el acceso a la red en el borrador del real
decreto, esa elegibilidad no va a surtir los efectos que todos
esperábamos.




El señor PRESIDENTE: Rogaría a los portavoces que intentaran concentrar
sus intervenciones, porque todavía nos quedan dos proposiciones no de ley
más.

Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Dado que luego tenemos una proposición de ley
relativa también a la aplicación de esa rebaja de tarifas eléctricas,
intentaré ser en esta ocasión más breve, y luego redundaré en algunos
argumentos.




El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, esta mañana, al comienzo de la
Comisión, hemos hecho referencia a la incorporación de la proposición no
de ley de su grupo, y ahora le damos la palabra para que pueda usted
hacer la defensa de esta proposición no de ley y, a la vez también, la
referencia a la que ha presentado el Grupo Socialista.




El señor SANTISO DEL VALLE: La verdad es que a nosotros nos hubiera
gustado que no coincidieran en el tiempo las dos, pero puesto que esto es
ya irreversible, quiero decir, simplemente, que estamos de acuerdo con
los planteamientos expuestos por el portavoz socialista en cuanto a que
las tarifas podrían rebajarse no un 3 por ciento, como se está indicando,
sino en torno a un 5 ó 6 por ciento, y ello en función de varias
cuestiones.

Es llamativo que en un marco que no es de libre competencia sino que es,
en definitiva, un marco de intervención, es en el que se va a hacer la
propuesta de reducción de tarifas para este año. Desde luego, una
reducción del 3 por ciento es absolutamente insuficiente para las
posibilidades que hoy tiene el sector, en primer lugar --como se ha
dicho-- porque los menores tipos de interés que gravitan sobre las deudas
originadas de las compañías eléctricas les han hecho situarse
financieramente en unas condiciones óptimas, muy por encima de sus
propias previsiones, del propio coste financiero que sostenían hasta
ahora; en segundo lugar, por actuaciones anteriores, como ha sido la
retirada de los balances de las compañías de los activos y pasivos
afectados por la moratoria nuclear, 729.000 millones de pesetas, retirada
hecha por el Gobierno anterior y que ha permitido un saneamiento
financiero de las compañías.

Tampoco es una cuestión menor el aumento de la demanda, que al conseguir
el aumento de las horas de actividad en las instalaciones de obtención de
electricidad reduce el coste medio del kilovatio/hora, y permite, por
tanto, unos precios por kilovatio más competitivos. Al mismo tiempo,
existe una mejora energética en la medida en que hay una mayor eficiencia
con las nuevas instalaciones que en algunos casos se están abriendo;
también ha sido un buen año hidráulico, no hay que olvidarlo, que está
permitiendo producir energía a unos costes muy inferiores a los de años
anteriores, que fueron años de sequía; existe una mejora fiscal de sus
beneficios futuros como consecuencia de la política de actualización de
balances generalizada, y una estabilidad monetaria que, junto a la
disminución en términos reales o por lo menos la estabilidad en los
precios de las materias primas importadas, les permite unas mejores
condiciones. Todos estos elementos nos llevan a hacer una evaluación que
permitiría una reducción en torno al 5 ó 6 por ciento sobre el año base.

Ahora bien, quiero decir que tenemos una coincidencia con la propuesta
del Partido Socialista en el análisis de la situación real, y se refiere
a que es posible conseguir un ahorro del 5 ó 6 por ciento, pero tenemos
una discrepancia en la aplicación de esa posible reducción. La
discrepancia es que nosotros entendemos que hay que utilizar --y ése es
el origen real de la proposición no de ley de Izquierda Unida-- ese 5 ó
6 por ciento para promover una serie de actuaciones de eficiencia y de
ahorro energético en programas mucho más ambiciosos que los que se han
emprendido hasta ahora, y en la misma línea que países muy avanzados
están impulsando de manera generalizada. Esto permitiría, si se hace
bien, que el propio usuario, en lo que paga en su recibo, percibiera una
reducción sustancial de sus consumos, a base de una mayor aplicación de
programas de eficiencia energética.

Al mismo tiempo, quiero decir que, compartiendo el análisis de la
situación que hace el Partido Socialista en su proposición, vamos a pedir
votación separada, si es posible, del punto 3, porque lo apoyaremos, y
nos abstendremos en los puntos 1 y 2.

Por último, quiero decir que nos preocupa también que esta reducción del
3 por ciento anunciada por el Gobierno



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se va a producir de una manera, en nuestra opinión, desequilibrada; una
manera en la cual, probablemente una vez más, se va a primar a grandes
usuarios --eso con bastantes matices-- a pesar de que hay algunas
cuestiones que parece que se han intentado resolver, como eran los
problemas que la propia ley producía a compañías como Renfe o a grandes
consumidores con distintos puntos de conexión a la red. Nos preocupa que
el camino que se está emprendiendo lleva a que la reducción real, al
usuario de a pie, esté en una media del uno por ciento, no llega al dos
por ciento. Nos parece, por tanto, que hay una escasa traslación al
usuario de las posibilidades reales, con el saneamiento del sector, que
podría tener una aplicación más racional, y que el propio usuario,
lógicamente, debería ser el más beneficiado, y no dejarlo «prisionero»,
entre comillas, de unas disposiciones que se venden bien ante la opinión
pública, en el sentido de que no sube el recibo, pero, al mismo tiempo,
no se les cuenta que las reducciones podrían ser muy superiores, bien por
una aplicación directa de esa reducción, como propone el Partido
Socialista, o bien, como propone Izquierda Unida, por la vía de una
inversión mucho más fuerte y un impulso de las campañas de ahorro
energético.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Medina tiene la
palabra.




El señor MEDINA TOLEDO: Empezaré por la proposición no de ley del Partido
Socialista, dejando claro que en su exposición de motivos se tergiversan
los términos en forma tal que podíamos decir que casi equivale, con
respeto y sin ánimo de ofender, a hacerse trampas en un solitario. Me voy
a explicar. Aquí el único gobierno que ha reducido las tarifas tanto en
términos nominales como reales ha sido el Gobierno del Partido Popular.

Ustedes, en el primer párrafo de la exposición de motivos, hablan de las
tarifas en términos reales, es decir, incluyendo el efecto de la
inflación que ha ido descendiendo; pero en términos nominales, el Partido
Socialista lo único que ha hecho año tras año es subir las tarifas
eléctricas. Unicamente en su último año de gobierno, que coincidió por
aprobación con el primer año de gobierno del Partido Popular, las
congelaron. Hay que decir las cosas en sus términos reales y no confundir
cambiando la base de cálculo del párrafo primero al párrafo segundo.

Pero voy más allá. Yo diría que las argumentaciones que ustedes hacen
últimamente son realmente sorprendentes, porque se apoyan permanentemente
en los dictámenes de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que por
cierto aquí --no sé si en un gesto de nostalgia-- la llaman Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional, si bien --sea dicho en su descargo-- la
proposición de ustedes está presentada el 24 de noviembre, tres días
antes de la publicación de una ley que ya estaba aprobada y ya la
conocíamos, porque está publicada el día 10 de diciembre, cuando ya el
nombre de la Comisión es distinto. Salvando este detalle menor, lo que sí
está claro es que, cuando ustedes congelan las tarifas, la Comisión había
recomendado una bajada del uno por ciento, es decir, ustedes, muy
lógicamente, en términos de lo que hace un gobierno, toman sus decisiones
y hacen lo que estiman conveniente, no asumen al dictado lo que dice la
Comisión, como pretenden que haga en este momento el Gobierno del Partido
Popular. Por tanto, el Gobierno no ha hecho nada diferente de lo que
ustedes hacían en el pasado; en su momento, tendrían ustedes sus razones,
y en este momento, el Gobierno del Partido Popular tiene las suyas. Lo
que es cierto es que cuando ustedes proponen una bajada del 5 por ciento,
es un 5 por ciento nominal, no un 5 por ciento real, es decir, que la
bajada real de tarifas sería mayor en función de que la inflación sigue
siendo descendente. Por tanto, yo creo que es justo y es transparente que
ustedes digan las cosas siempre en la misma base de cálculo y no que
cambien los términos cuando políticamente les conviene.

Pero voy a decir otra cosa, y es que ustedes tienen una fijación obsesiva
con el tema de los CTC y aprovechan la primera ocasión para intentar
hacer una especie de cruzada contra las compañías eléctricas en el tema,
otra vez, de los dictámenes de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico. Ustedes reconocen paladinamente, en la exposición de motivos,
que la Comisión tiene una base de cálculo y unos métodos de cálculo
determinados, pero bien es cierto, y aquí hay transparencia absoluta por
parte del Gobierno, que había una memoria económica que acompañaba a la
recientemente aprobada Ley 54/1997 donde se explicaba con todo detalle
cómo habían sido calculados los CTC, y saben ustedes también
perfectamente que esos CTC, que tienen un valor máximo, que no tienen por
qué preocupar ahora --veremos en su momento la evolución de todos los
parámetros que influyen en las tarifas y en los precios a lo largo del
año--, están siempre sujetos a una liquidación que puede que no coincida
con ese valor máximo. Entonces, no hay por qué poner condiciones de
contorno y rigideces permanentes como ustedes pretenden en el tema de los
CTC.

Nosotros creemos, sinceramente, que los cálculos del Gobierno son
bastante más realistas y ponderados, ya que responden exactamente a lo
que se preveía en el protocolo eléctrico, una bajada del 2 por ciento,
que era lo pactado en el protocolo, más 1,63 por ciento aproximadamente,
que es lo previsto, como la reducción del mibor a tres meses desde el 6,5
por ciento al 5,17 por ciento. Por tanto, no entremos en la consideración
de lo que en un momento determinado se consideraba como una carga sobre
la tarifa y ahora se considera como tarifa en el tema del carbón, sino en
la realidad, y es que, por promedio al consumidor, se produce un descenso
del 3,63 por ciento.

Yo creo también que la propuesta del Gobierno de atribuir aproximadamente
un 3 por ciento al conjunto de lo que son las tarifas domésticas, las de
gas al pequeño comercio, servicios, explotaciones agrícolas y alumbrado
público, y la reducción que en este año será menor de las tarifas de alta
tensión, del orden de un 4,7 por ciento --y hay otras tarifas de grandes
consumidores como las G-4 que se mantiene y las de larga duración que
solamente bajan un 3,6 por ciento--, logran el efecto conjunto que se
pretende de una forma más favorable que como ustedes lo dicen; es decir,
la baja del 3 por ciento para familias, el poder adquisitivo



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en general y el IPC son favorables, pero a la vez se contribuye a otro de
los objetivos, que es seguir incrementando y mejorando la competitividad
industrial vía bajada sustancial de los costes de energía eléctrica.

Otro tema que me ha llamado enormemente la atención ha sido la alusión a
los consumidores cualificados. Estamos hablando de tarifas, y los
consumidores cualificados pactan precio. Por tanto, esas reducciones
adicionales son posibles, al igual que una mejora de la competitividad.

Yo creo sinceramente, por todos estos motivos, y quizá sea por las fechas
navideñas, que la propuesta de reducción del 5 por ciento es literalmente
una carta a los Reyes Magos; creemos que son las cartas a los Reyes Magos
que el Partido Socialista normalmente manda desde que está en la
oposición, pero que no mandaba cuando estaba en el Gobierno. Cuando
podían hacer esas reducciones sustanciales de tarifas no las hacían,
luego nos están pidiendo a nosotros que hagamos algo que no es sensato.

Hay que ponerse en una postura intermedia, aquella en la que se pueda
atender a todas las posibles necesidades y actuar con responsabilidad,
que es lo que se espera de un gobierno.

Respeto al tercer apartado, puesto que el primero y el segundo están
relacionados y creo que están suficientemente expuestos, en el tema de la
especificación de los costes reconocidos --y los costes de transición a
la competencia son uno de los costes permanentes del sistema-- la Ley
54/1997 dice claramente, en su artículo 17.4, que con el fin de que
exista la mayor transparencia en los precios de suministro de la energía
eléctrica, se desglosarán en la facturación del usuario de la forma que
reglamentariamente se determine al menos los importes correspondientes a
la imputación de los costes de diversificación, de garantía de
abastecimiento y a los permanentes del sistema, así como los tributos que
graven el consumo de electricidad y los suplementos territoriales cuando
corresponda. Es decir, queda claro que fiamos a un desarrollo
reglamentaria sosegado y sereno la especificación, y no creo que haya
gran inconveniente en hacer constar ese coste. A lo mejor es necesario
hacer constar otros costes permanentes del sistema, pero habrá que
valorarlo, porque, al final, el recibo eléctrico suele ser algo, que, por
muy sencillo que sea, solamente entienden los iniciados, y al resto de
los consumidores lo que le interesa saber son los grandes conceptos
generales.

Estimo, señor presidente, que también es procedente en este momento
intervenir respecto de la proposición no de ley de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Es procedente, pero hágalo con brevedad, si puede
ser.




El señor MEDINA TOLEDO: Con mayor brevedad que la que he empleado en la
anterior.




El señor PRESIDENTE: Con la que usted sea capaz.




El señor MEDINA TOLEDO: La que S. S. merece, sin duda.

En el caso de Izquierda Unida, hay otro argumento realmente singular, y
es que cuando habla de la proposición no de ley del Partido Socialista se
une a sus argumentos y reprocha que no se bajen más las tarifas. Sin
embargo, en su propuesta lo que hace es pedir que se congelen esas
tarifas. Eufemísticamente dice que para otras acciones, etcétera, pero la
realidad --yo creo que debe ser por la época-- es que estamos nuevamente
ante otra carta a los Reyes Magos con esta proposición no de ley. Estos
reyes magos eléctricos, eso sí, son reyes magos coercitivos, porque
pretenden conseguir el ahorro y la eficiencia energética a través de un
tarifazo a los consumidores, e impedirles, a través de la congelación de
las tarifas, que familiares y empresas se beneficien de una reducción de
las mismas. Yo diría que estos reyes magos eléctricos casi lo que hacen
es eufemísticamente ponernos carbón en la peor situación del caso.

Lo que sí queda perfectamente claro, a través de la exposición de motivos
de Izquierda Unida en su proposición no de ley, es que los argumentos no
sólo son utópicos, sino que no están contrastados por la experiencia, es
decir, contradicen principios económicos muy importantes y ampliamente
demostrados respecto a la elasticidad o no de la demanda de determinados
bienes y servicios, es decir, no influirá demasiado el precio. Para
decirlo en términos coloquiales y claros: ponga usted determinado precio
a la electricidad, bajen o suban determinada cuantía; pero en algunos
casos, y en función del nivel, eso no será un efecto disuasorio para el
mayor ahorro y la mayor eficiencia. El mayor ahorro y la mayor eficiencia
se consiguen por otros métodos, así como la mejora del medio ambiente,
que no es precisamente lo que ustedes proponen.

Sin embargo, contemplamos con cierta satisfacción que, por fin, Izquierda
Unida, en sus proposiciones, se acuerde del IDAE, porque antes se
olvidaba sistemáticamente de un organismo que estaba ahí, si bien en este
caso le nombra entre otros para administrar esos fondos que pretende
conseguir. Por ello, nos tememos que todavía no renuncia a la famosa
compañía pública para el ahorro y la eficiencia energética. Eso desde
nuestro punto de vista es más burocracia, más ineficiencia económica
para, teóricamente, mejorar la ineficiencia energética; es decir, nada
nuevo bajo el sol. (El señor Vicepresidente, Perales Pizarro, ocupa la
Presidencia.)
Por estos motivos, señor presidente, nuestro grupo parlamentario
rechazará las dos proposiciones no de ley, la del Partido Socialista y la
de Izquierda Unida. (El señor Santiso del Valle pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Perales Pizarro): Señor Santiso, tiene la
palabra.




El señor SANTISO DEL VALLE: He pedido la palabra simplemente para
ratificar nuestra posición y pedir votar por separado el punto tres, si
es posible, de la proposición no de ley del Partido Socialista, que es el
que podremos apoyar.

Quiero decirle al portavoz del Partido Popular que lo que no es nada
nuevo bajo el sol es la política energética que ustedes hacen.




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--SOBRE RECOLOCACION DE LOS TRABAJADORES DE LA MINA ESKAR, DE HULLERAS
DEL NORTE, S. A. (HUNOSA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000249).




El señor VICEPRESIDENTE (Perales Pizarro): El siguiente punto del orden
del día es la proposición no de ley sobre la recolocación de los
trabajadores de la mina Eskar, de Hulleras del Norte.

Tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Intervendré con la mayor brevedad posible.

Esta proposición no de ley de Izquierda Unida fue presentada el 14 de
noviembre de 1996, fruto del incumplimiento de un acuerdo existente entre
los trabajadores de minas de Eskar, Sociedad Anónima. Con motivo de un
expediente de regulación de empleo, se había alcanzado un acuerdo el 8 de
noviembre del año 1995, por el cual, en un plazo máximo de cuatro años,
después de la situación de conflictividad y un expediente de regulación
de empleo de 22 de noviembre de 1989, a partir de la desaparición de la
empresa Minas de Lieves, Sociedad Anónima, el grupo minero que estaba
integrado en Hunosa y el grupo minero Tineo, al no tener viabilidad, por
razones técnico-económicas este expediente de regulación de empleo
concluyó, lógicamente, con el envío al paro de estos trabajadores. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) El cumplimiento de este acuerdo
de 1995 se fue retrasando. Produjo un encierro de muchos días en el
Ayuntamiento de Mieres y posteriormente se retomaron las negociaciones
entre los sindicatos Comisiones Obreras y SOMA-UGT. Recientemente parece
que han alcanzado un acuerdo positivo con el Ministerio de Industria
según el cual, dentro del marco de negociación del plan del carbón, se
acuerda la incorporación paulatina de estos trabajadores a la empresa
Hunosa.

En resumen, lo que planteamos es instar al Gobierno para que este acuerdo
existente hoy, no cuando se presentó la proposición no de ley, sea lo más
ágil posible, teniendo en cuenta que el plan del carbón contempla, si
Bruselas lo permite, que por cada 11 trabajadores que se vayan del sector
por prejubilaciones ingresen otros cuatro. Creemos que hay un marco
suficiente para atender esta recolocación. De hecho hay trabajadores --en
un futuro puede suceder lo mismo-- que están en condiciones similares y
quizá también nos veamos en la necesidad de acogerlos en el marco de
estos acuerdos entre Ministerio y sindicatos.

Por ello, pido el apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley.

Insisto que en aquel momento no estaba resuelto definitivamente, y
conociendo que existe una propuesta por parte del Grupo Popular, prefiero
que sea el portavoz de su grupo el que la explique.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Landeta.

El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Voy a fijar la posición del Grupo
Popular en esta proposición no de ley. Estamos ante una cuestión que
nació hace cerca de diez años. El 8 de noviembre de 1989 se produjo una
situación de crisis en la empresa de la mina Eskar, lo que originó que la
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias dictara,
el 28 de noviembre de 1989, un expediente de regulación de empleo. La
empresa contaba en aquel momento con 152 trabajadores de plantilla y
tenía un cupo térmico de 53.700 toneladas al año. Previamente, el 15 de
noviembre de 1989, la comisión de seguimiento del nuevo sistema de
contratación de carbón térmico aprobó la inclusión de esta empresa en el
régimen especial del nuevo sistema, en el que se contemplaban las
reducciones de actividades reguladas posteriormente mediante la orden
ministerial.

Acogida esta orden ministerial, la empresa percibió ayudas por importe de
865.000 millones de pesetas, para financiar el coste del cierre en forma
de indemnizaciones para 143 trabajadores, prejubilaciones para nueve y
amortizaciones extraordinarias. En el citado expediente se menciona el
compromiso por parte de la empresa de la recolocación de la plantilla de
Eskar en otras empresas del grupo, como Minas de Lieres y el grupo minero
de Tineo. Este compromiso obligaría al grupo propietario que lo
suscribió, es decir a González y Díez, después de manifestar la
imposibilidad de recolocación del grupo en Tineo, por razones técnicas
económicas. Asimismo, se creó una comisión de seguimiento, con
representación de trabajadores y sindicatos, para vigilar el cumplimiento
de las especificaciones del expediente de regulación.

Respecto a la recolocación de los trabajadores excedentes de la empresa
Eskar, en Hunosa, a la que insta la proposición no de ley, cabe decir que
esta empresa es ajena por completo a todo lo relacionado con el cierre de
Eskar, y que su hipotética relación consistió muy posteriormente en
integrar los activos mineros de Minas de Lieres, según escritura pública
del 30 de mayo de 1996, así como aquella parte de plantilla de dicha
empresa que optó por la recolocación, tras renunciar a los derechos a
percibir las prestaciones de desempleo que venían disfrutando, sin que
ello supusiera para Hunosa una subrogación en las obligaciones de la
empresa minera Minas de Lieres, S. A.

De acuerdo con lo anterior, no parece que se le pueda exigir a Hunosa la
recolocación de estos trabajadores en los términos planteados en la
proposición no de ley, puesto que Hunosa no intervino de acuerdo con
Eskar en ningún momento. Lo que sí tenemos que decir es que,
posteriormente a la presentación de esta proposición no de ley, dentro
del marco de las negociaciones entre el Ministerio de Industria y Energía
y las centrales sindicales, y a petición de éstas, el Ministerio se
comprometió a la recolocación de los trabajadores excedentes de Eskar en
Hunosa, a medida que en esta última se fueran produciendo vacantes como
consecuencia de futuras prejubilaciones.

Por esta causa deberíamos decir que, tal como viene expuesto en la
proposición no de ley, tendríamos que votar en contra, dado que se
refiere a un acuerdo de 1989, que lógicamente no está vigente en este
momento. Por ello, solicitamos



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al proponente que se incluya un párrafo en la expresada proposición no de
ley que diga lo siguiente: En el marco de las negociaciones entre el
Ministerio de Industria y Energía y las centrales sindicales, y a
petición de éstas, el Ministerio se comprometió a la recolocación de los
trabajadores excedentes de Eskar en Hunosa, a medida que en esta última
se fueran produciendo vacantes como consecuencia de futuras
prejubilaciones.

Si se añade este párrafo que especifica precisamente el acuerdo entre el
Ministerio y sindicatos y la resolución a la que se ha llegado, este
grupo parlamentario votaría favorablemente esta proposición no de ley.

(El señor Fernández Fernández pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a reproducir la propuesta de enmienda que se
plantea, que se entregará a todos los portavoces para su conocimiento.

El señor Fernández solicita hacer uso de la palabra ahora, pero debieran
haberlo hecho antes. Saben SS. SS. que el orden de intervenciones es
siempre de menor a mayor. Por eso, la intervención de fijación de
posición de los grupos la ha concluido el Grupo Parlamentario Popular.

Esta Presidencia no quiere negarles el derecho que tienen de fijar su
posición, pero les ruego que lo hagan con brevedad, y, si el Grupo
Popular lo desea, volverá a intervenir.

Señor Fernández, tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Lo voy a hacer con brevedad.

Hace unas semanas pensábamos que esto estaba absolutamente resuelto, no
sólo para los excedentes de la misma Eskar, sino para los de Hulleras de
Langreo, Duro Felguera y otros excedentes de reordenaciones anteriores,
incluso para aquellas personas a las que se les atribuye un derecho
preferente porque son huérfanos de fallecidos en accidentes en la mina.

Con ese cupo, por llamarlo de alguna manera, de 1.061 trabajadores que se
reincorporaban a Hunosa, de acuerdo con las negociaciones que habían
sostenido las organizaciones mayoritarias de la minería y que estaban
recogidas en un preacuerdo, creíamos --insisto-- que el tema ya estaba
resuelto. Sin embargo, como consecuencia de las dudas que a ese respecto
se plantean con la posición expresada por el señor Benavides, en la carta
que remitió al Ministerio de Industria, aparecen ya los primeros
problemas. Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley, haciendo
constar nuestro deseo de que no se retrase el acuerdo definitivo para
proceder a estas incorporaciones.




--SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO (Número de expediente 161/000642).




El señor PRESIDENTE: Damos paso a la última proposición no de ley. El
Grupo Parlamentario Mixto es el autor de la misma, y hace referencia al
cumplimiento del convenio para el desarrollo de la electrificación rural
de Galicia. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Todas SS. SS. conocen que una
de las especialidades productivas de Galicia es la energía eléctrica.

Seguro que conocen que mucha de esa energía sale hacia el exterior, por
cierto, para contribuir al desarrollo de otras zonas del Estado. Sin
duda, serán también conocedores de que esa ventaja comparativa, es decir
disponer de abundante energía eléctrica, no sólo no supuso un estímulo
para la creación de un importante tejido industrial, sino que amplias
zonas de Galicia cuentan con una deficiente infraestructura y, por tanto,
con un servicio eléctrico muy deficiente. Esto sucede no sólo en zonas
rurales o alejadas de los centros urbanos, sino que también existen
problemas de suministro en este tipo de zonas centrales. También todo el
mundo conoce en Galicia realidades tan escandalosas como que aún existen
muchas localidades donde los vecinos, por poner un ejemplo, para proceder
a ordeñar sus vacas han de hacerlo por turnos porque, de lo contrario,
saltan las instalaciones.

Desde el año 1991, para intentar corregir esta situación, la Xunta de
Galicia puso en marcha el denominado Plan Mega, mejora eléctrica de
Galicia. En ese plan coparticipaban la Xunta, las empresas eléctricas y,
en teoría, la Administración central. No es el momento de discutir si el
plan estuvo bien o mal concebido. En todo caso, desde el año 1991, la
Xunta afirma haber invertido aproximadamente 20.000 millones de pesetas
en este plan sin que la Administración central aportase las «cantidades
previstas», entre comillas.

Para corregir esta no participación del Gobierno central en la adecuada
electrificación de Galicia, el 10 de abril de 1996, la Xunta firmó un
convenio con el Ministerio de Industria y Energía mediante el que éste se
comprometía a aportar 18.000 millones de pesetas entre los años 1996,
1997 y 1998. Ese convenio --creo que es así-- en la actualidad está
incumplido, lo que no ayuda precisamente a conseguir el objetivo de
lograr que la electrificación de Galicia alcance los niveles adecuados a
las necesidades actuales. Esperamos que todos los grupos parlamentarios
apoyen esta proposición no de ley, de manera que se impulse el
cumplimiento de este convenio y que la firma del mismo no suponga un acto
más de propaganda sin contenido real alguno, a lo que por desgracia
estamos demasiado acostumbrados en Galicia.

En una reciente comparecencia en el Parlamento de Galicia, un alto cargo
de la Consejería de Industria afirmaba que, por supuesto, se va a cumplir
el convenio firmado con el Gobierno central y nosotros esperamos que así
sea. Porque ese convenio no se cumplió, porque la electrificación de
Galicia es una urgencia y porque para esa tarea creemos que es necesaria
y de justicia la participación del Gobierno central con su aportación
económica, es por lo que presentamos la siguiente proposición no de ley.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para dar cumplimiento íntegro al convenio para el desarrollo
de la electrificación rural de Galicia, suscrito entre el Ministerio de
Industria y Energía y la Xunta de



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Galicia el 10 de abril de 1996, en lo que se refiere tanto a la cantidad,
18.000 millones, como al plazo temporal previsto, 1998.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Muy brevemente. Simplemente, para expresar el
apoyo de Izquierda Unida a esta proposición no de ley, entendiendo que la
electrificación rural es una de la asignaturas pendientes, sobre todo en
zonas de la cornisa cantábrica, por las características de su población
y su dispersión. Por tanto, expresamos nuestra coincidencia con los
planteamientos sobre la necesidad del cumplimiento de este acuerdo que
propone el Bloque Nacionalista Galego.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra doña Carmen Silva. Bienvenida a la Comisión, pues es su primera
intervención en esta Comisión.




La señora SILVA REGO: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo para
fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la
proposición no de ley, presentada por el Grupo Mixto, sobre cumplimiento
del convenio para el desarrollo de electrificación rural de Galicia.

Como se menciona en la exposición de motivos de la proposición no de ley,
en el año 1996 el Ministerio de Industria, del que era titular don Juan
Manuel Eguiagaray, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, firmó
un convenio con el Gobierno de Galicia con la finalidad de alcanzar
parámetros de calidad en el suministro de energía eléctrica en Galicia,
de forma específica en aquellas zonas más periféricas de la red que, por
las características de dispersión de las poblaciones en el ámbito rural,
no son rentables para las empresas.

En el período anterior a la firma del convenio, la actitud del Gobierno
del Partido Popular en la Xunta de Galicia fue de claro enfrentamiento y
presión hacia el Gobierno del Estado, gobernado en aquel entonces por el
Partido Socialista, al que se culpaba del retraso en la finalización de
las obras por no tener aportado el dinero correspondiente. Cuando se
firma finalmente el convenio con el Ministerio de Industria, la Xunta de
Galicia se muestra complacida por esta actuación y anuncia que, con esto,
se finalizará el Plan Mega, de mejora eléctrica de Galicia. Hoy,
finalizado 1997, para nuestra sorpresa, el Gobierno central, Gobierno del
Partido Popular, no ha cumplido estos compromisos que tiene como fecha de
finalización 1998, como ustedes saben muy bien. El Gobierno de Galicia ha
olvidado continuar exigiendo el cumplimiento del compromiso, siendo
insostenible la situación en las zonas rurales de Galicia aún hoy, tanto
a nivel de suministro a los hogares, con unos niveles mínimos de calidad,
como a nivel de desarrollo de los sectores productivos tradicionales que,
como ustedes muy bien saben, tienen un peso social muy importante en
nuestra comunidad y son la principal actividad en el medio rural,
desempeñando además un papel amortiguador social del empleo al dar
trabajo al 24 por ciento de los ocupados gallegos.

Por tanto, se da la paradoja de que, siendo una comunidad autónoma
excedentaria en energía, no cuenta con un suministro con unos mínimos
parámetros de calidad que faciliten el crecimiento económico, la mejora
de la productividad, la calidad de los productos, la utilización de
nuevas tecnologías en estos sectores productivos en las zonas rurales.

Todo ello dificulta la inversión empresarial en estos sectores
productivos en los que es necesario, de forma específica, hacer esfuerzos
extras que permitan solucionar la situación en la que se encuentran. Es
fundamental, pues, dar prioridad a la inversión en la mejora de la
electrificación rural de Galicia, dando cumplimiento al convenio firmado
en 1996, cuando nosotros éramos Gobierno.

Vamos a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el
Grupo Mixto porque el futuro del mundo rural gallego depende, entre otras
variables, de lograr niveles de calidad en la electrificación y porque el
no desarrollo de estos sectores productivos tradicionales supondría un
agravante en la ya difícil situación económica.




El señor PRESIDENTE: Por último, por el Partido Popular, tiene la palabra
el señor Pérez Corgos.




El señor PEREZ CORGOS: Efectivamente, el día 10 de abril de 1996, el
ministro en funciones señor Eguiagaray, reconociendo que el marco legal
estable no había sido justo con Galicia al no considerar los mayores
costes en que incurren las empresas que distribuyen en Galicia, firmaba
el convenio al que se refiere la proposición no de ley que ahora mismo
estamos debatiendo.

La Comunidad Autónoma de Galicia, señorías, tiene una estructura
socioeconómica y demográfica básicamente rural, una gran dispersión de
población, encontrándose en su territorio el 50 por ciento de las
entidades locales de población existentes en España lo que, unido al bajo
consumo específico de energía eléctrica y a las adversas condiciones
orográficas y climatológicas, ha hecho que fueran insuficientes los
tremendos esfuerzos realizados por la Xunta de Galicia para dotar a dicha
comunidad de unas infraestructuras de distribución eléctrica en el área
rural que equiparen los parámetros de calidad a la media nacional.

A fin de dar solución definitiva a este problema, la Xunta de Galicia
promovió el Plan Mega, plan 1991-1994, en colaboración con el Ministerio
de Industria y Energía y con las empresas eléctricas que distribuyen en
Galicia. Los estudios técnicos que sirvieron de base para la elaboración
del Plan Mega fijaban unas necesidades de inversión de 67.000 millones de
pesetas del año 1990.

Han sido muchos, señor presidente, señorías, los esfuerzos que se han
realizado y han sido muchas las circunstancias que han cambiado desde la
firma del convenio el día 10 de abril de 1996. Desde esa fecha, se han
producido muchos cambios en el sector eléctrico, que han culminado con la
publicación de la Ley del Sector Eléctrico y sus correspondientes
decretos de desarrollo. Estos cambios



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empezaron con el protocolo para el establecimiento de una nueva
regulación del Sistema Eléctrico Nacional, que afectaba a las empresas
acogidas al Real Decreto 1.538/1997. Se disponía de una cuantía máxima de
10.000 millones de pesetas para dada año de coste reconocido adicional,
con objeto de retribuir planes de mejora en la calidad del servicio de
las empresas distribuidoras, de acuerdo con el artículo 46.2 de la Losen,
siempre que en dichos planes participen las comunidades autónomas.

En este contexto, la normativa al amparo de la cual se firmó el convenio
con la Xunta de Galicia, en 1996, que contemplaba un reconocimiento
excepcional de nuevas inversiones en distribución a tensiones inferiores
a 36 kilovoltios, con objeto de mejorar la calidad del suministro y la
electrificación rural en Galicia, ha sido adaptada en 1997 mediante el
reconocimiento adicional de las cuantías concretas en la retribución de
la distribución de menos de los 36 kilovoltios citados.

A la Xunta de Galicia le corresponden 3.321 millones de pesetas para
1997, es decir, la tercera parte del total de las 17 comunidades
autónomas. Por ello se hace necesario que el convenio firmado por el
Ministerio y la Xunta de Galicia sea analizado para posibilitar su
aplicación en este nuevo contexto, realizando la interpretación correcta
que corresponde, de acuerdo con lo previsto en la normativa actual, y
que, a su vez, sea compatible con el cumplimiento del mismo.

Señorías, a la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, por
el Bloque Nacionalista Galego, formulamos una enmienda transaccional in
voce que diría lo siguiente: 1.--El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que continúe apoyando la mejora en la electrificación de
Galicia a través del convenio firmado el pasado 16 de abril de 1996.

2.--En el desarrollo de la nueva Ley del Sector Eléctrico y, en concreto,
en el desarrollo normativo que afecta a la distribución eléctrica, se
tenga en cuenta las especificidades propias de Galicia de forma que las
retribuciones a las empresas distribuidoras de Galicia permitan el
adecuado desarrollo y mantenimiento de la red eléctrica gallega, haciendo
innecesarios en el futuro más apoyos públicos para la mejora de la
calidad.

Si se acepta esta enmienda transaccional, estaríamos dispuestos a votar
a favor de la proposición no de ley planteada. En otro caso, tendríamos
que oponernos a su aprobación.

Quiero informarle, señor presidente, que el texto de esta transaccional
ha sido entregado ya al portavoz del grupo proponente y con mucho gusto
se lo facilitaremos a la Mesa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, para que comunique
la aceptación de la enmienda transaccional que se le ha ofrecido, tiene
la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): El Bloque Nacionalista Galego
va a aceptar la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Popular porque, aun cuando con una formulación más ambigua,
propone en su punto primero que se dé cumplimiento al convenio firmado en
abril de 1996 entre la Xunta y el Ministerio de Industria y en su punto
segundo que se tenga en cuenta que en el desarrollo normativo de la nueva
Ley del Sector Eléctrico se considere la especificidad de Galicia a la
hora de desarrollar y mantener la red eléctrica.

Esperemos que la aprobación de esta iniciativa tenga efectos concretos y
positivos y que no se quede en papel mojado. Nosotros, desde luego, señor
presidente, vamos a hacer un seguimiento del cumplimiento del convenio y,
por supuesto, si no se cumple, no lo duden, lo volveremos a denunciar.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las
proposiciones no de ley.

Ruego que el letrado y los miembros de la Mesa colaboren para certificar
el número exacto de diputados de los grupos parlamentarios que están
presentes en la Comisión (Pausa.) Están presentes 17 diputados del Grupo
Popular, 14 del Grupo Socialista, 3 de Izquierda Unida, 3 de Convergència
i Unió, 1 del Partido Nacionalista Vasco, ninguno de Coalición Canaria y
2 del Grupo Mixto.

Vamos a someter a votación la primera proposición no de ley relativa a
petición de reingreso en la empresa Astilleros y Talleres del Noroeste
(Astano) de los trabajadores obligados a entrar en los fondos de
promoción de empleo por la reestructuración del sector naval de 1984 y
1988, del Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a someter a votación la primera proposición no de ley sobre la
empresa pública Astilleros de Santander (Astander), del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre el mismo tema.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
sobre la adopción de medidas necesarias para superar los posibles efectos
sobre Astander derivados del cese de la actividad de transformación
ligado a la titularidad pública.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




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Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida sobre el mantenimiento del grupo de Astilleros Españoles, S. A.

(AESA), en su composición accionarial actual. A esta proposición no de
ley se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista que no ha sido
aceptada por el grupo titular de la misma. Por lo tanto, vamos a someter
literalmente el texto de la proposición.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso relativa al posible proceso de venta de la Sociedad de
Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman).

Señorías, como consecuencia del acuerdo que han alcanzado los distintos
portavoces de los grupos proponentes de algunas enmiendas y el titular de
la iniciativa, el texto que se ha hecho llegar a la Mesa y que se
someterá a votación es el siguiente. La proposición no de ley tendrá dos
puntos. El primero dice que el proceso de venta de la Sociedad de
Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha se produzca en coordinación
y acuerdo con el Gobierno regional de dicha autonomía. El segundo punto
expone que, en tanto no se produzca este acuerdo, las actuaciones de la
SEPI en orden a la venta de Sodicaman se adecuen al contenido de esta
proposición no de ley. Este será el texto que se somete a la votación de
la Comisión.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Pasamos a votar el punto 7, proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la bajada de la tarifa eléctrica para 1998. Ha
solicitado votación separada el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y
propone que se voten los puntos 1 y 2 y, en segundo lugar, el 3. No
habiendo ninguna observación, vamos a someter a votación el 1 y el 2 de
la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 22; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votamos el punto 3 de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida sobre la
bajada de las tarifas eléctricas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley sobre recolocación de los trabajadores de la mina
Eskar, de Hulleras del Norte, S. A., presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Se ha presentado una enmienda de adición a la proposición no de ley,
conocida por todos los grupos parlamentarios. Habiendo sido aceptada, la
sometemos a votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Por último, sometemos a votación la proposición no de ley sobre
cumplimiento para el desarrollo de la electrificación rural de Galicia,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

El Grupo Popular ha propuesto una enmienda transaccional, que ha sido
aceptada.

Sometemos a votación la proposición no de ley en los términos de la
enmienda del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Eran las doce y quince minutos del mediodía.