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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 353, de 10/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 353
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 25
celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Elección de vacantes Mesa de la Comisión:
--Elección de Vicepresidente segundo y de Secretario segundo (Número de
expediente 041/000019) (Página 10422)
Comparecencia del señor Secretario General de Empleo (Pimentel Siles)
para informar sobre:
--Puesta en marcha de la proposición no de ley, aprobada por la Comisión
de Política Social y Empleo el día 27 de diciembre de 1995, así como para
conocer la situación de las negociaciones a que hace referencia dicha
proposición. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de
expediente 212/000566) (Página 10423)
--Postura que va a adoptar el Gobierno respecto al expediente de
regulación de empleo solicitado por la empresa Transportes Helguera, S.
A. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número
de expediente 212/000787) (Página 10428)
--Postura que va a adoptar el Gobierno respecto del expediente de
regulación de empleo de la empresa Sistemas e Instalaciones de
Telecomunicaciones, S. A. (Sintel). A solicitud del Grupo anterior
(Número de expediente 212/000788) (Página 10433)
--Líneas básicas del Plan de medidas urgentes para la promoción del
empleo de las personas con discapacidad. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente
212/001073) (Página 10438)
Preguntas:
--Del señor Albendea Pabón (Grupo Popular en el Congreso), sobre
expectativas de concesión de fondos por parte del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) para la creación de la escuela-taller Hespería, solicitada
en diciembre de 1996 por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
(Número de expediente 181/000881) (Página 10448)
--Del señor Rodríguez Zapatero (Grupo Socialista del Congreso), sobre
medidas ante la situación de la empresa Sistemas e Instalaciones de
Telecomunicaciones, S. A. (Sintel) (Número de expediente 181/000893)
(Página 10448)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Mixto), sobre elementos de flexibilidad
a adoptar por el Fondo de Garantía Salarial en relación con las deudas
que reclama a las diversas fórmulas de sociedades laborales por la
sucesión de las mismas a anteriores empresas (Número de expediente
181/000976) (Página 10448)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
ELECCION DE VACANTES MESA COMISION:
--ELECCION DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y SECRETARIO SEGUNDO (Número de
expediente 041/000019).
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
Señoras y señores diputados, antes de comenzar los trabajos de esta
Comisión, propongo a SS. SS. la ampliación del orden del día con la
introducción de un nuevo punto, que sería la elección de secretario o
secretaria segundo/segunda de esta Comisión, porque se recibió ayer la
renuncia de doña María Enedina Alvarez Gayol, que es miembro de esta
Mesa. Esta es la propuesta que les hago. ¿Sus señorías están conformes
con incorporar este punto nuevo al orden del día? (Asentimiento.) Por
asentimiento así queda aprobado.
Antes de proceder a la votación por llamamiento, quisiera que los
distintos grupos hagan mención de las sustituciones que se van a producir
para proceder a la adecuación de las personas que efectivamente
participan en la votación en sustitución de los que son miembros de esta
Comisión. (Pausa.)
Por el letrado se va a proceder a la lectura para que vayan emitiendo el
voto SS. SS. Quiero aclarar que estamos en el punto primero relativo a la
elección de vicepresidente segundo.
Por el señor letrado de la Comisión se procede al llamamiento de los
miembros de la Comisión, que depositan su voto en la urna preparada al
efecto.
El señor PRESIDENTE: ¿Han votado todos los miembros de la Comisión? Si
falta alguno por votar puede hacerlo en este momento.
Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido: doña Inés
Sabanés, 25 votos, y don José Antonio Amate Rodríguez, un voto. Queda
elegida vicepresidenta segunda de la Mesa doña Inés Sabanés. Puede ocupar
el cargo. (Aplausos.)
Vamos a proceder ahora a la elección del secretario segundo o secretaria
segunda de la Mesa. Por el letrado va a procederse de nuevo al
llamamiento de las señoras y señores diputados.
Por el señor letrado de la Comisión se procede al llamamiento de los
miembros de la Comisión, que depositan su voto en la urna preparada al
efecto.
Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: don
José Antonio Amate Rodríguez, 28 votos: Queda elegido secretario segundo
de la Mesa; rogamos que pase a ocupar su sitio. (Aplausos.)
Antes de proseguir con el punto siguiente del orden del día, quisiera
expresar en nombre de todos los compañeros de la Mesa y de todas SS. SS.
nuestro agradecimiento a doña Enedina Alvarez Gayol y a don Ricardo
Peralta por la cooperación y el trabajo que han desplegado a lo largo de
esta casi media legislatura en esta Mesa. Muchísimas gracias en nombre de
todos. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Simplemente quiero agradecer las palabras del
presidente en nombre de la Mesa y manifestar que estoy seguro de que las
personas que nos sustituyen contarán con el apoyo de toda la Mesa y de
todos los miembros.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (PIMENTEL SILES) PARA
INFORMAR SOBRE:
--PUESTA EN MARCHA DE LA PROPOSICION NO DE LEY, APROBADA POR LA COMISION
DE POLITICA SOCIAL Y EMPLEO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 1995, ASI COMO PARA
CONOCER LA SITUACION DE LAS NEGOCIACIONES A QUE HACE REFERENCIA DICHA
PROPOSICION. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de
expediente 212/000566).
El señor PRESIDENTE: Comparecencia del secretario general de Empleo ante
la Comisión de Política Social y Empleo para que informe sobre la puesta
en marcha de la proposición no de ley aprobada por la Comisión de
Política Social y Empleo el día 27 de diciembre de 1995, así como para
conocer la situación de las negociaciones a que hace referencia dicha
proposición, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
Tiene la palabra el señor Pimentel, a quien damos la bienvenida de nuevo
a esta Comisión.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Muchas gracias,
señor presidente. Señorías, la proposición no de ley aprobada el 27 de
diciembre de 1995 instaba al Gobierno a elaborar, mediante negociación
con el grupo de empresas y con participación de las centrales sindicales
representativas, un informe sobre posibles medidas y vías de financiación
de las mismas encaminadas a complementar las pensiones de jubilación de
los trabajadores del grupo de empresas ITT España afectados por el plan
de reconversión de las mismas y que pasaron a la condición de
pensionistas antes de cumplir los 65 años de edad. Tras la aprobación de
aquella proposición, el Ministerio mantuvo desde entonces diversos
contactos con la representación de los trabajadores y con la dirección de
la actual empresa Alcatel, heredera del grupo ITT, a fin de recoger
información que permitiera dar cumplimiento a la mencionada proposición
no de ley. Las conclusiones a que se llegó en su momento, y que según mis
informes han sido facilitadas ya en varias ocasiones al Parlamento, han
sido las que les expongo a continuación. En primer lugar, habría que
referirse al proceso de reconversión de este grupo de empresas y al
fundamento jurídico que le sirvió de base. La actual empresa Alcatel
proviene de la antigua Standard Eléctrica, que formó junto con Marconi el
grupo de empresas ITT en España. Este grupo ITT inició su proceso de
reconversión en 1984 con un acuerdo básico de reordenación suscrito por
la Administración del Estado, la Compañía Telefónica Nacional de España,
Standard Eléctrica, Marconi y el sindicato UGT. Este acuerdo tuvo su
reflejo legal en el Real Decreto de 20 de junio de 1984, por el que se
declaraba en reconversión este grupo. Como consecuencia de este marco
pactado de reconversión, las medidas laborales correspondientes al mismo
se han regido fundamentalmente por lo establecido en el propio acuerdo y
por lo dispuesto en el real decreto específico de reconversión. En virtud
de ello, en dicho proceso no estaba prevista la existencia de un fondo de
promoción de empleo, el más característico instrumento de ejecución de
medidas sociales de reconversión, ni tampoco se previó en este caso un
sistema de ayuda equivalente a la jubilación anticipada, porque hubo otro
tipo de acuerdo que a continuación expondré.
Esta situación además no fue exclusiva de este grupo de empresas, ya que
en otros sectores también sometidos a reconversión (textil,
fertilizantes, etcétera) los acuerdos de los interlocutores sociales
optaron por utilizar unos sistemas de protección específicos basados por
lo general en convenios o pactos de empresa en los que se solían
establecer sistemas de prestaciones o de jubilación complementaria. A
este primer acuerdo y expediente de regulación de empleo de 1984 sucedió
otro en 1987, tras la segregación del grupo ITT de Marconi y la creación
del grupo Alcatel. Los pensionistas que plantean en la actualidad la
revisión de sus prestaciones proceden de los colectivos que extinguieron
sus relaciones con el grupo ITT en estos procesos de reconversión,
estando subrogada Alcatel en las obligaciones generadas en estos procesos
de reconversión con respecto a estos pensionistas, cuyo número total es
de 4.655.
Para abordar el problema habrá que tener particularmente presente que en
el caso de los trabajadores excedentes del grupo ITT se aplicó un
conjunto de medidas a lo largo de distintas etapas del proceso de
reconversión (desempleo, jubilación anticipada y jubilación) que habrá
que valorar precisamente en su conjunto con respecto al total de las
medidas aplicadas a trabajadores de otros sectores en reconversión, si es
que se quiere efectuar una valoración correcta de cuál es la situación
global de un trabajador excedente del grupo ITT en relación con la de
otro trabajador sometido a reconversión. De no actuarse así, es decir, si
tomamos aisladamente la situación tan sólo de alguna de estas etapas, la
comparación no sería correcta pues, como luego se verá, los niveles de
protección objeto de comparación pueden ser más altos en algunas fases
del proceso y más bajos en otras, con lo cual la comparación aislada nos
distorsionaría la visión de la realidad.
¿Cómo funciona el sistema de protección habitual en la primera etapa,
desde los 55 a los 60 años? La ley preveía el caso típico, que era que
los trabajadores percibían las prestaciones por desempleo en toda su
duración al no descontarse las posibles prestaciones percibidas con
anterioridad a esta nueva situación. Es lo que ha venido llamándose ya
desde hace algún tiempo contador a cero. Estas prestaciones por desempleo
eran complementadas por los fondos de promoción de empleo hasta un 80 por
ciento de la remuneración bruta media de los seis meses anteriores a su
ingreso
en el fondo, permaneciendo dicha remuneración congelada durante los tres
primeros años y actualizándose en los dos siguientes, según el incremento
salarial del convenio colectivo. En paralelo, se complementaban y
actualizaban las cotizaciones a la Seguridad Social. Estos trabajadores
--y siempre hablando del sistema de protección habitual, no es el que se
aplicó en el caso de ITT-- no percibían indemnización por despido, sino
que su cuantía se ingresaba en los fondos para financiar con otras
aportaciones el sistema de prestaciones complementarias, que se hizo por
acuerdo en el caso de ITT. En esta primera etapa, 55 a 60 años, los
trabajadores percibieron las prestaciones por desempleo y un complemento
de la empresa hasta el cien por cien de las retribuciones fijas netas no
vinculadas al rendimiento. Estas cantidades se actualizaban todos los
años, desde el primero, en el mismo porcentaje que el incremento salarial
del convenio. Al cumplir los 59 años, los trabajadores recibieron una
indemnización por despido de cinco mensualidades del salario. No es el
caso habitual, en el que esa indemnización pasaba al fondo; en este caso
lo percibieron los trabajadores, y en vez de complementarse hasta el 80
por ciento, se les complementó hasta el cien por cien. En una segunda
etapa, a partir de los 60 años, en el sistema general, en el ordinario,
los trabajadores pasaban a la situación siguiente: empezaban a recibir
las ayudas equivalentes a la jubilación anticipada en el caso que así se
hubiera contemplado en el decreto correspondiente. A través de tales
ayudas se les garantizaba el 75 por ciento de la remuneración media de
los seis meses anteriores a la entrada en el régimen. Durante este
período el trabajador continuaba en situación asimilada al alta en la
Seguridad Social, actualizándose sus cotizaciones anualmente, de forma
que al llegar a los 65 años el beneficiario pudiera acceder a la pensión
de jubilación con pleno derecho.
¿Qué se hizo en ITT? Al llegar a los 60 años, los trabajadores pasaban
directamente a ser pensionistas de la Seguridad Social, con pensión
reducida del 60 por ciento por anticipación de la edad de jubilación, y
esta pensión se complementaba, hasta el cien por cien del salario bruto
que tuviera al cumplir la edad de 60 años, a través de un plan de
pensiones de la empresa o, si ello no bastaba, mediante complementos
abonados directamente por la misma. Además, al cumplir los 60 años los
trabajadores recibían una segunda indemnización por despido de nueve
meses de salario. A partir de los 65 años, los trabajadores de ITT
dejaban de percibir el complemento de empresa señalado, con lo cual sus
ingresos a partir de ese momento son los derivados de la pensión de
Seguridad Social reducida --porque hubo prejubilación en este caso-- y
los correspondientes al plan de pensiones de la empresa.
Como se ve, de este análisis comparado del conjunto del mecanismo
ordinario previsto en las normas de reconversión y el caso de ITT se
deduce la existencia de una situación global en la que el sistema general
de la reconversión se encuentra por encima del que se aplicó en ITT a
partir del cumplimiento de los 65 años, dado que en el ordinario queda la
pensión completa, y en caso de ITT queda beneficiado el trabajador por
debajo de esta edad de 65 años, es decir, en los diez años que
transcurren entre los 55 y los 65, debido a que se perciben
indemnizaciones y complementos de prestaciones más elevadas. Estas
fueron, por tanto, las características del proceso de reconversión que se
llevó a cabo en este caso, reconversión además que fue pactada y con base
de acuerdo. A partir de ello, ¿cuál es actualmente la situación? Desde
hace ya varios años, el colectivo de jubilados afectados por este proceso
ha venido reivindicando, con un apoyo sindical importante, una
modificación en las condiciones de acceso a la jubilación que en su día
se aplicaron como consecuencia del proceso descrito.
La proposición no de ley aprobada por el Congreso constituye asimismo un
intento de estudiar posibles fórmulas que pudieran dar alguna solución a
estas reivindicaciones, basándose para ello en la existencia de un
posible trato diferente de estos trabajadores con respecto a otros
afectados también por planes de reconversión. Es verdad que existió un
trato diferente al ordinario de la legislación, aunque compartido por
otros sectores a los que también se les aplicó, como ya se ha señalado, y
es también un hecho que en estos momentos los trabajadores de ITT están
percibiendo unas pensiones de jubilación inferiores a las que les habrían
correspondido de haberse jubilado a los 65 años. También es verdad que
hasta la edad de 65 años percibieron más cuantía que los trabajadores que
se sometieron a procesos de reconversión ordinaria. Pero hay que
considerar además que esta situación, esta fórmula de llevar a cabo esta
reconversión, fue fruto de un acuerdo aceptado libremente por todas las
partes, acuerdo que, si se consideran globalmente todas las etapas del
proceso, resulta equilibrado en relación con otros colectivos afectados
por procesos de reconversión, ya que, si bien la jubilación a partir de
los 65 años es de menor cuantía, en la etapa anterior, como hemos dicho,
han percibido importantes complementos, a los que no han tenido acceso
los otros trabajadores que ahora sí disponen de la pensión completa.
Por su parte, y dentro de las posibilidades actuales, el ámbito temporal
de aplicación de la normativa general sobre reconversión, que fue el Real
Decreto-ley 8/1983 y la Ley de 26 de julio de 1984, ha finalizado, por lo
que no es posible en este momento introducir modificaciones en un proceso
concluido ya hace años y que se aplicó en su momento a un número
considerable de empresas. Tampoco existen actualmente mecanismos legales
que permitan dar cobertura por parte del Estado a los complementos
solicitados. Con respecto a la Seguridad Social, la entidad gestora está
abonando a los jubilados la pensión que legalmente les corresponde en
función de las cotizaciones realizadas, siendo impensable, actualmente y
según todos los informes de que dispongo, que pueda abonar a estos
trabajadores unas cantidades que no sean las que con carácter general se
pagan a otros que se hubieran prejubilado en las mismas condiciones.
Finalmente, las posibilidades de abordar esta cuestión en el ámbito
empresarial, es decir, que pagara la empresa, son extremadamente
difíciles. La empresa Alcatel se encuentra actualmente inmersa en la
aplicación de un nuevo expediente de regulación de empleo como resultado
de sus elevados niveles de pérdida, aplicación que está siendo ya
de por sí compleja y conflictiva. De los contactos mantenidos en torno a
este tema, que no han cesado ni con el comité de empresa ni con la
empresa en ningún momento, se desprende que la empresa entiende que está
cumpliendo correctamente los compromisos asumidos en 1984 con respecto a
estos trabajadores, por lo que considera que no está jurídicamente
obligada a realizar pagos adicionales que se derivarían si se accediese a
las solicitudes de complemento de las pensiones de jubilación. La empresa
pone asimismo de manifiesto que su situación económica, que le ha llevado
a poner en marcha un nuevo proceso de reestructuración con sus
consiguientes costos laborales de indemnizaciones y prejubilaciones, no
le permite destinar nuevos recursos a incrementar los pagos de los
prejubilados en la reestructuración de 1984, centrando todos sus
esfuerzos en los nuevos planes y en las nuevas reestructuraciones
pendientes.
Por tanto, y a pesar de la voluntad de cumplir ese mandato de buscar
nuevas fórmulas, previsto en la proposición no de ley, el Ministerio, a
lo largo ya de unos años, no ha encontrado ninguna fórmula jurídica
adecuada que permitiera cumplir ese mandato. No obstante, no está cerrado
definitivamente y se mantiene en todo momento una actitud de negociación
sin que hasta ahora vislumbremos la fórmula adecuada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra doña Isabel López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor Pimentel, gracias por la información que
nos ha trasladado.
Voy a aclarar varias cuestiones. En primer lugar, he de decir que al
Parlamento, como tal no se ha enviado ninguna información. Lo que sí se
ha hecho ha sido contestar a las solicitudes de información formuladas
por algún diputado o diputada, pero no se ha planteado ningún informe de
ningún estudio, tal y como mandata la proposición no de ley.
No podemos comparar esta reconversión con cualquier otro proceso de
reconversión, por ejemplo, con la del sector textil que usted mencionaba,
aunque la reconversión de este sector fue la más baja. El problema no
consiste en comparar si fue mejor o peor la reconversión o si esta
reconversión estaba dentro de la fórmula o no. El problema en este caso
es el siguiente. Se plantea la reconversión, y a continuación los
trabajadores plantean una reivindicación, vienen a este Parlamento y, por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, se toma la
decisión por la que se insta al Gobierno para que estudie posibles
fórmulas para complementar las pensiones de estos afectados que, si no
recuerdo mal, son alrededor de 4.600. ¿Y qué sucede? Que desde que se
aprobó esta proposición no de ley, hace casi dos años, estos trabajadores
jubilados han venido a este Parlamento y se han reunido, salvo
--permítame la expresión-- con el portero, absolutamente con todo el
mundo. Han escrito a todos los estamentos de la Administración y todo el
mundo les decimos que tienen razón, que hay que aplicar esta proposición
no de ley. Y, ¿qué ocurre? Que, por un lado, les estamos diciendo que
esto hay que aplicarlo, que se tiene que realizar ese estudio y que hay
que dar una solución y, por otro lado, no avanzamos. Por tanto, como
representantes que somos del pueblo, tenemos que solucionar el problema
o, si ustedes prefieren, coger el toro por los cuernos. Ustedes nos
tienen que remitir un informe a este Parlamento en el que se diga:
nosotros hemos estado reunidos con la empresa, nos hemos reunido con los
sindicatos... Yo tengo cartas de los sindicatos a nivel confederal en las
que solicitan que se aplique esta resolución. Por tanto, yo le rogaría
que redactaran ese escrito dirigido a esta Cámara en el que dijeran que
se han reunido con la empresa y con los sindicatos y que la solución que
ven es ésta; o bien digan que no hay solución. Después de todo esto,
nosotros podremos reunirnos con los trabajadores e informarles. Aprovecho
esta ocasión para proponer a todos los grupos que cuando se elaborara ese
informe nos reuniéramos todos los grupos a la vez con los trabajadores
para que todos les explicáramos con sinceridad lo que hay. Porque lo que
no se puede hacer, al menos desde mi punto de vista, es estar mareando a
4.000 jubilados, diciéndoles que tienen razón, pero no dándosela; se la
damos de palabra pero no hacemos nada por solucionar sus problemas. Ellos
están dispuestos a buscar fórmulas y cuando dicen fórmulas ni siquiera
piden que se les aplique el 40 por ciento que han dejado de cobrar; se
puede hablar de edades distintas, de que puedan acceder a otro porcentaje
a los 70 años o a los 75, a partir de un estudio que se puede hacer
extrapolando cuándo el coste de su prejubilación es el mismo que se
hubieran jubilado a los 65 años. En definitiva, creo que hay muchas
fórmulas, pero lo primordial --y aprovecho para reiterarlo-- es que nos
envíe ese informe a esta Cámara y, a partir de ahí, los grupos
parlamentarios nos reunamos con ellos y les informemos de todo lo que
hay. Lo que no puede ser es que los estemos mareando, que estén
escribiendo cartas, que estén recogiendo firmas para que se cumpla algo
que se ha aprobado por unanimidad. Yo creo que, por el bien de este
Parlamento y por la credibilidad de todos los grupos, deberíamos hacerlo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posiciones?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Ricardo Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel, por su comparecencia.
Tengo que decirle, señor Pimentel, que cumplir la ley es lo básico. Aquí
no estamos, desde el principio, partiendo de que haya un incumplimiento
de la ley, esto lo sabe usted perfectamente. Lo que decíamos era que la
ley que se había aplicado en este caso concreto, el real decreto de
reestructuración que se dictó en su día para el grupo de empresas ITT,
basado en el real decreto-ley de reconversión, creo recordar --estamos
hablando de hace mucho tiempo-- pocos meses antes de que apareciera la
Ley de Reconversión del 1984, se cumplió en los términos en que estaba
previsto.
Pero no es menos cierto --y creo que usted lo ha reconocido-- que
efectivamente hubo un real decreto específico para este grupo de
empresas, dentro de ese marco general, y que ese real decreto específico
contenía disposiciones específicas que eran distintas de las que se
contemplaban en el abanico de medidas de la legislación general y que
eran distintas de las que se solían aplicar --aunque puede haber algún
otro proceso en que no se aplicaran-- en los procesos de reconversión.
Pero, por ejemplo, ha hecho usted referencia al tema de las jubilaciones
anticipadas, que era una medida que se solía contemplar con carácter
general en los procesos de reconversión, pero en éste no. Es verdad que
se aplicaron otras y que las que se aplicaron eran las que se preveían en
la legislación específica, por supuesto. Pero a lo largo de su
intervención ha dicho que es evidente que los ya pensionistas de ITT hoy
tienen unas pensiones reducidas y distintas de las que con carácter
general se cobraron en los procesos de jubilación, aunque en el período
entre 55 y 65 años pudieran tener unas prestaciones superiores, etcétera.
Esta realidad es la que motiva la inquietud que han manifestado los
afectados durante todos estos años y esa realidad es la que subyace en el
acuerdo de esta Comisión. No pedimos que se cumpla la ley, porque la ley
se ha cumplido. Pedimos algo que es más complicado, y es que se mejore la
ley. Ya veo por sus gestos, señor Pimentel, que usted cree que ello es
difícil. ¡Claro que es difícil! Lo sabemos. Pero ahí es donde se
demuestra quizá la verdadera valía. Porque para cumplir la ley en un
Estado de Derecho hay muchos mecanismos: los tribunales, por ejemplo. A
nosotros se nos pide intentar hacer algo más y es ahí donde tenemos que
intentar demostrar la verdadera capacidad
--insisto-- de encontrar soluciones. En la medida en que esa
proposición no de ley, que es la base de esta discusión, se hizo a
instancias de mi grupo y a instancias mías, en concreto, quiero dejar muy
claro que nosotros no creemos que sea la Seguridad Social la que tenga
que correr con el costo, si hay algún costo en esta operación, que
lógicamente lo habría. Pero este tema no debe solucionarse a cargo de la
Seguridad Social; la Seguridad Social tiene una legislación, la cumple,
la ha cumplido y, por tanto, no es la responsable. Además, no creemos que
sea justo que un problema concreto, de una empresa concreta y de unos
trabajadores de una empresa concreta tengan que repercutir sobre el
conjunto de los trabajadores y de la Seguridad Social, no. Nosotros
creemos que donde hay que realizar un esfuerzo es en el ámbito de la
empresa, porque la empresa, que tuvo en su día unos problemas concretos,
en los comienzos de los años 80, salió adelante, entre otras cosas,
gracias a la aportación de estos trabajadores, que aceptaron un plan de
reconversión.
Me dice usted que la empresa hoy está en una situación difícil. No
olvidemos que estamos casi en el año 1998 y la empresa sigue funcionando
y tiene expectativas de continuar funcionando en el futuro. Eso, sin
lugar a dudas, señor Pimentel, es, en parte, el resultado de los
esfuerzos que se hicieron en el año 1984 y que se hicieron, en parte
también, sobre las expectativas de futuro de estos trabajadores que hoy
son pensionistas.
Me dice usted que hoy la Administración está teniendo que intervenir en
relación con la empresa porque hay nuevos expedientes y, en general, por
la dinámica de las empresas, que tienen que estar muy en contacto con la
Administración. Yo creo, señor Pimentel, que en este acuerdo que se tomó
en su día por la Comisión de Política Social y Empleo tienen ustedes la
posibilidad de conseguir que la empresa asuma uno de sus elementos
integrantes de la viabilidad futura, y es que intenten compensar
mínimamente a quienes hicieron una aportación significativa para que hoy
la empresa siga funcionando y siga teniendo expectativas de
funcionamiento. Es en el ámbito de la empresa donde tiene que encontrar
solución este problema, no creo que tenga que ser por la vía de la
Administración del Estado, ni de la Seguridad Social, pero sí creo que en
ese ámbito hay posibilidades.
Tengo que decirle, señor Pimentel, que más allá de que literalmente se
elabore un informe, yo he recibido respuestas y considero que lo que
usted me dice es, en alguna medida, un informe oral de lo que se ha hecho
hasta ahora, y le tomo la palabra en el sentido de que el asunto no está
cerrado, y que aunque hoy no se haya encontrado solución, la
Administración sigue comprometida en los esfuerzos por intentar que se
consiga. Esta solución, finalmente, tendría que ser un acuerdo en el
ámbito de la empresa, por parte de ésta y de los representantes
sindicales y, también, por la representación de los trabajadores
afectados. Yo creo que es en ese terreno, señor Pimentel, en el que
tienen que seguir haciendo esfuerzos.
Tiene el apoyo y el aliento de esta Comisión para intentar encontrar una
solución, que le reconozco que es difícil, pero también creo que en la
medida en que por parte de la Administración se ha profundizado en el
estudio del tema, se reconoce que, efectivamente, hay una parte de razón
en estos trabajadores. Intentar que esa parte de razón pueda alcanzar una
cierta compensación nos justificaría a nosotros, que en su día todos los
grupos de esta Comisión sacamos adelante ese tema, y sería un éxito
importante para la actual Administración. Yo, desde luego, le animo a que
continúe en esos esfuerzos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Ante todo quería darle la bienvenida al señor
Pimentel y agradecerle su comparecencia sobre un tema que es muy
delicado, puesto que estamos tratando de un colectivo de 4.000 y pico
jubilados. Pero también tomamos sus palabras en el sentido de que no
están cerradas las puertas y que hay que buscar alguna fórmula para dar
una solución a este colectivo, entendiendo que dar solución no siempre es
dar la razón, sino dar una respuesta para que, de una vez por todas, no
se les vaya, como dice la diputada socialista, mareando de un lado a otro
y que vayan sin saber a qué atenerse.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán ofrecemos toda la colaboración que
sea necesaria para buscar entre todos la fórmula para poder dar una
solución a estos jubilados. Simplemente he de decirle que, a veces,
cuando se realiza
cierto tipo de reconversiones, hay que tener en cuenta que siempre van a
repercutir en personas. Esta es una de las cuestiones que tendríamos que
ir vigilando entre todos y todas, tanto en los sindicatos como en las
empresas, como desde los estamentos administrativos: siempre recaen sobre
personas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra
don Pedro Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Quería agradecer al señor secretario general
de Empleo su comparecencia y sus palabras, que vienen a ser
clarificadoras respecto a la posición del Ministerio, posición que, por
otro lado, no satisface a nuestro grupo parlamentario, en la medida en
que el compromiso que la proposición no de ley que estamos analizando
llevaba consigo se cumple hoy a través de este informe oral, que nosotros
asumimos como tal, pero que, en cualquier caso, estamos de acuerdo con
algún interviniente anterior en que se tendría que hacer por escrito, por
un lado, y, por otro, sin ambigüedad.
Entendemos que si el Ministerio no ha encontrado hasta ahora la fórmula
para resolver este tema, no puede seguir manteniendo la posición de que
sigue abierto. Sigue abierto ¿a qué? Tendrá que decirse en concreto a qué
sigue abierto. ¿A que haya una solución? ¿Cuándo? Se puede, sin duda,
alguna, no encontrar solución para un colectivo que era de 4.000 y pico
pensionistas, que hoy posiblemente no lo será, porque algunos de ellos
habrán fallecido en el transcurso de estos trece años de espera, como es
lógico. Se puede no dar solución concreta, lo que no se puede hacer es
mantenerles sine die en esa expectativa. Es necesario hablar claro con
ellos y cerrar el tema, porque, desde mi punto de vista, es peor el
remedio que la enfermedad. Si en algún momento hubo algún punto de salida
falsa al problema, si en la resolución de la proposición no de ley a
finales de 1995 hubo un cierto punto de demagogia --sálvese quien pueda--
parlamentaria o de alegría a la hora de dar expectativas y soluciones que
hoy, después de dos años, no se encuentran, tendremos la responsabilidad
de dar marcha atrás y poner punto final a esta tragicomedia que entre
todos hemos conseguido elaborar, porque es una tragicomedia, como
describía la portavoz del Grupo Socialista, el que estén constantemente
estos pensionistas reclamando nuestra atención y que nosotros tengamos
que seguir dándoles indefinidamente largas.
Yo creo, no obstante, que se debe hacer un esfuerzo con la empresa para
que se habiliten fórmulas que sean posibles. Ellos plantean una salida de
compromiso a su larga reivindicación, no solamente en los términos que
planteaba la representante del Grupo Socialista, sino también incluso
planteando la no retroactividad de cualquier tipo de solución que se
pueda aportar, etcétera. Por tanto, estamos hablando de una
reivindicación muy modesta. Se trata de hacer más que nada un gesto para
que el reconocimiento de una situación de cierta inequidad en la solución
de sus pensiones se pueda conseguir para el futuro. Me parece que sería
necesario que el Ministerio hiciese un nuevo esfuerzo con la empresa y
que, en todo caso, lo hiciese con plazo, con término fijo y que
resolviese, finalmente, lo que fuera con un informe por escrito y que
zanjase definitivamente el problema, a satisfacción o no, tanto de los
interesados como de los grupos, que somos todos, además, los que estamos
instando una solución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor Pimentel, por sus explicaciones,
que creo que han sido claras. Además, a nuestro modo de entender,
responde a la solicitud del informe de la proposición no de ley del año
1995. Lo que ocurre es que, como han dicho todos los portavoces, éste es
un tema especialmente complicado y también el Ministerio es humano y
cuando se quiere seguir ampliando un plazo para seguir estudiando es
porque, efectivamente, se está tratando de personas y además de personas
jubiladas. Las tres cosas han quedado claras. Se ha dado un informe y se
ha explicado con detalle cuál es el proceso que ha habido de estudio de
este problema desde el Ministerio.
Por otro lado, se han dejado claras las dificultades, porque cuando se
dice que hay que buscar medidas para financiar, se pueden buscar en tres
frentes y los tres se han explicitado: o los pone el Estado, lo que
legalmente tiene difícil anclaje, o los pone la Seguridad Social, lo que
sería una injusticia desde el punto de vista de incumplimiento de la
legislación misma, puesto que no podría tener unas condiciones
diferenciadas para unos y para otros, y la tercera posible financiación
tendría que venir de Alcatel. También se ha estudiado ese problema,
porque se dice que Alcatel, al estar inmersa en una nueva regulación, al
estar soportando regulaciones anteriores y tener ahora que hacer grandes
esfuerzos por la situación de pérdidas que está viviendo en este momento,
también alega su dificultad. Pese a todo, dice usted que se puede seguir
pensando en intentar encontrar esta solución. Yo me adhiero a todos los
grupos cuando dicen que debía ser con una fecha limitada y debía tenerse
ese informe diciendo sí o no, porque lo peor es seguir manteniendo esa
esperanza.
Dicho esto, también la explicación que ha dado es muy clara en el sentido
de que hay que contemplar todo el expediente, toda la reconversión en su
amplitud en el tiempo --esto hay que explicárselo así a los afectados-- y
no sólo a partir de 1985, porque al final simplemente se cambiaron
percepciones por cotizaciones. Quizá porque fue un mal acuerdo y no se
planteó bien en ese momento, ahora nos encontramos con una situación de
inferiores pensiones, pero si se hubiesen aplicado, como en otros
procesos de reconversiones, las indemnizaciones y complementos a
cotizaciones de los años 1955 y 1965, seguro que las jubilaciones
estarían ahora en las mismas condiciones. Habiendo tenido consecuencias
negativas para los afectados, no cabe la menor duda de que nace de un
acuerdo que tuvo una diferencia. Hubo tres tipos de reconversiones en
esos años, las generales, las específicas y las que afectaron a la
mayoría, que no tuvieron ninguna ayuda, las de las pequeñas empresas,
autónomos, etcétera. No se puede, a posteriori,
pretender igualar todos los casos de una forma exhaustiva. Respondieron a
una ley específica, con unas condiciones específicas, y ahí se
contemplaba un período amplio de tiempo y se pensaba, como así parece ser
por los datos aportados, que en el conjunto del tiempo esas condiciones
eran sensiblemente iguales a las del resto de las reconversiones. Creo
que habría que hacer ese informe con esas perspectivas, dando un tiempo
límite y claro a ver si hay algún tipo de financiación que, como se ha
dicho con anterioridad, podría ser soportada casi exclusivamente por la
propia empresa, ver si esto es factible y, si no, dejar zanjado este tema
como en 1995, en lo que ahora mismo parece que todos los grupos estamos
de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las observaciones o preguntas que
han formulado los distintos grupos, tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Me hago eco de la
inquietud de SS. SS. y, por supuesto, tomo nota de la esperanza que se
abrió a un importante colectivo de 4.655 trabajadores a raíz de la
proposición no de ley aprobada en diciembre, hace ya prácticamente dos
años. La proposición no de ley pedía un informe sobre posibles medidas y
vías de financiación de las mismas. Hoy tomo nota de la petición y,
aparte de este informe oral, remitiremos un informe escrito vía oficial a
través del presidente de la Comisión sobre los contactos y las
posibilidades.
No es sólo un problema económico, es un problema complejo, porque
convendrán SS. SS. que, en cuestiones sociales, hay que ser ecuánimes y
prudentes y no hay que abrir precedentes que podrían traer dificultades.
Al final, en la intervención del Grupo Popular, se ha preguntado quién
paga esto, y también lo ha hecho el representante del Grupo Mixto. Hay
tres posibilidades: Estado, Seguridad Social o empresa, pudiendo englobar
la Seguridad Social dentro del concepto de Estado. Si paga la Seguridad
Social o el Estado, existe la posibilidad de que cualquier trabajador que
haya sufrido un proceso de prejubilación con una pensión menor pueda
venir diciendo que hay un precedente y que se le dé. Supongamos, por otra
parte, que accediéramos a que pague la empresa, que tiene una base humana
razonable, y una proposición no de ley tiene un mandato en sí que debe
motivar a un Gobierno; podrían venir otros colectivos similares que
tuvieron otro proceso distinto de reconversión y les quedó la pensión
completa, pero no se beneficiaron de las condiciones de los años 1955 a
1965, y decir a SS. SS. que fueron perjudicados porque, aunque tienen la
pensión completa, es más el dinero que se ha cobrado a lo largo de todos
los años, porque durante diez años estuvieron percibiendo cuantías
inferiores, por lo que solicitan a SS. SS. una proposición no de ley para
equilibrar los años en que perdieron poder adquisitivo frente a otras
reconversiones. Deberíamos tener en cuenta esta otra cuestión.
Por último, hay otro tema que pesa muchísimo. Aquí hay un acuerdo de
trabajadores y empresarios, con una percha legal que agradezco muchísimo,
no tan sólo en nombre de este Gobierno, sino del Gobierno que se ocupó de
todo este proceso, o de la Admnistración en su continuidad, bajo el
mandato de la ley. Aquí hay un acuerdo de empresarios y sindicatos,
empresarios y trabajadores, que hay que cumplir por muchos motivos. En
primer lugar, si nos acostumbramos a incumplir los acuerdos, difícilmente
llegarán a acuerdos las partes. En cuanto a la empresa, si ahora le
hacemos pagar unos complementos, después de haberlos pagado en un momento
dado, el Gobierno no tiene competencia para presionar a una empresa. Sus
señorías saben que, en la autonomía de las partes, no existe esa
posibilidad de cara al Gobierno y, si existiera, decir que pague más en
un momento dado y, una vez cerrado, pedirle que vuelva a pagar más no
tendría mayor autoridad moral que un simple comentario.
Compartiendo las inquietudes de SS. SS. y entendiendo que entre todos
quizá hayamos abierto unas expectativas a un grupo de jubilados que
intentan complementar su jubilación, tomo nota de la petición que se ha
hecho desde diversos grupos, desde luego la del grupo proponente, el
Grupo Socialista, y presentaremos un informe que intentará ser más
concluyente que esta intervención oral. También tenía interés en oír las
distintas intervenciones de SS. SS., puesto que son los dueños de esta
proposición no de ley y también lo serían de una modificación de la ley
si consideran SS. SS. que es tan extraordinariamente importante el
complemento para estos 4.655 trabajadores. Al fin y al cabo, SS. SS. son
dueños de elaborar proposiciones no de ley o leyes que modifiquen estos
textos, leyes que, por supuesto, este Gobierno o cualquier otro estaría
obligado a cumplir. De todas formas, cumpliré el mandato del informe
escrito y procuraremos ser más taxativos o cerrar algo más las
posibilidades de esas medidas financieras para complementar estas
pensiones.
--POSTURA QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO DEL EXPEDIENTE DE
REGULACION DE EMPLEO SOLICITADO POR LA EMPRESA TRANSPORTES HELGUERA, S.
A. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número
de expediente 212/000787).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente solicitud de comparecencia
del secretario general de Empleo, esta vez formulada por el Grupo de
Izquierda Unida, para que explique la postura que va a adoptar el
Gobierno respecto del expediente de regulación de empleo solicitado por
la empresa Transportes Helguera, Sociedad Anónima. Tiene la palabra de
nuevo el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): La empresa
Transportes Helguera presentó el pasado 19 de junio de 1997, ante la
Dirección General de Trabajo, una solicitud de autorización de extinción
de las relaciones laborales de 243 de los 973 trabajadores que componían
su plantilla. Basaba su solicitud en causas económicas y organizativas,
contempladas en el artículo
51 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Las causas
económicas alegadas por la empresa eran las pérdidas sufridas desde 1991,
tanto por la empresa promotora, Transportes Helguera, como por otra
empresa, Uniexpress-España, que en el año 1996 se integró en la anterior.
Ambas empresas experimentaron, en el período 1991-1996, unas pérdidas
acumuladas de 14.000 millones de pesetas, de los cuales 7.734 eran de
Transportes Helguera y 6.813 millones eran pérdidas de Uniexpress,
pérdidas que se han ido enjugando mediante ampliaciones de capital,
reducción de reservas y absorción de préstamos. Las pérdidas continuaron
después de la integración de ambas empresas, estimándose que en el
ejercicio 1996-1997 alcanzan ya los 1.632 millones de pesetas, dado que
la cifra de gastos sigue siendo superior a la de ingresos. Con la
integración de Uniexpress en Transportes Helguera se perseguía, por otra
parte, elevar la facturación y consolidar cuotas de mercado. Sin embargo,
y así lo aduce la empresa, ello requería establecer una nueva
organización productiva que soslayase los solapamientos que en su
actividad produce la integración de dos empresas que actúan en el mismo
sector, de forma que la nueva organización pudiera ser el motor que
condujese a la nueva empresa a iniciar resultados positivos en un futuro
y, en consecuencia, a disminuir y compensar las deudas contraídas. Por
ello, en la solicitud del expediente de regulación se alegaban también
causas organizativas.
Tras la presentación del expediente se abrió, como SS. SS. saben, y según
estipula la ley, un período de consultas entre la empresa y la
representación legal de los trabajadores. Dicho período de consultas, sin
embargo, terminó sin acuerdo el día 5 de agosto, volviendo la empresa a
reiterar su petición inicial ante la Dirección General de Trabajo, si
bien en este nuevo escrito se solicitaba la extinción de relación laboral
de 240 trabajadores, en lugar de los 243 iniciales. A partir de ese
momento, correspondía a la Dirección General de Trabajo valorar el
expediente y pronunciarse sobre el mismo. Por ello, tras considerar los
informes solicitados, tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, como a las comunidades autónomas afectadas por el expediente, la
Dirección General de Trabajo dictó resolución el 12 de agosto de 1997,
accediendo a la solicitud de la empresa. La resolución valoró los hechos
alegados, tanto en lo que se refiere a las continuas pérdidas sufridas
desde 1991, como a la cifra de gastos superiores a la de ingresos, o a la
existencia de solapamientos en determinadas áreas de actividad, como
consecuencia de la integración de las estructuras de las dos empresas. En
función de ello, la extinción de los contratos de una parte de la
plantilla, en lo que tenía de reducción de costes sociales y de
racionalización de estructuras, se vio como una medida que podía
contribuir, dentro del espíritu de la legislación vigente, a superar la
situación económica de la empresa, finalidad con la que el artículo 51
del Estatuto de los Trabajadores condiciona la posibilidad de despido
colectivo.
En este tipo de expedientes la autoridad laboral, así lo marca la ley,
tiene acotado su campo de actuación conforme al Estatuto de los
Trabajadores. Este campo de actuación se remite a la valoración de la
concurrencia de la causa (a la situación económica de la empresa y a la
proporcionalidad de la medida), en este caso a si la disminución de
costes como consecuencia de los despidos podía contribuir a superar la
situación económica negativa. El resto de posibilidades mercantiles,
penales o administrativas en otras áreas tienen un cauce de exigencia
ante distintos órganos, y, desde luego, los órganos judiciales.
Por tanto, de los datos obrantes en el expediente se desprendía,
claramente además (y cualquier expediente de esta naturaleza, como se
pueden figurar, se toma con mucha tranquilidad y prudencia y hay debates
previos), la existencia de causa. Parece difícil negar que esta medida
podría contribuir a enderezar el rumbo de la empresa y a mantener el
resto de los empleos existentes en ella. No obstante, la Administración
tiene este marco para valorar y apreciar, pero no puede tener nunca la
total certidumbre de que esta medida por sí misma fuera suficiente para
quedar automáticamente garantizada la viabilidad de la empresa, ya que la
situación negativa de la misma tiene también otros orígenes distintos de
los laborales. Por tanto, dicha viabilidad depende también de las medidas
que la empresa adopte en otros terrenos y del efecto global que el
conjunto de todas ellas tenga sobre la marcha de la empresa.
En este sentido, hay que indicar que, en la tramitación del expediente,
la Dirección General de Trabajo mantuvo contactos con la empresa y con la
representación de los trabajadores en numerosas ocasiones --yo
personalmente los he recibido también-- para conocer su postura y
explorar las posibilidades de acuerdo. En estas reuniones no puede
decirse que la cuestión principal que se debatió fuera la existencia de
la causa y la necesidad de adoptar medidas laborales, sino las
condiciones indemnizatorias de los trabajadores, al limitarse la empresa
a ofrecer las indemnizaciones legales, previo pago por el Fondo de
Garantía Salarial de las cantidades correspondientes a los supuestos de
insolvencia. Esas fueron las causas que entendemos que concurrían
claramente en este caso, y el devenir de la empresa desde entonces sigue
marcando que quizá no fuimos capaces entre todos de darle una solución.
En todo caso, la Administración laboral tiene ceñido su campo a las
posibilidades que tiene, y no de forma impulsiva, sino entendiendo que el
mandato de la ley nos marca. En este caso entendimos que las causas
concurrían y se aprobó el expediente de regulación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor director general, efectivamente, desde
que solicitamos la comparecencia hasta hoy han surgido determinados
hechos que usted ha comentado, como la resolución misma del expediente y
otros que no ha comentado, pero que son también muy importantes y que
conviene que todos conozcamos, porque, más allá de que pudiera significar
una extensión del objeto de esta comparecencia, si vamos a tratar este
problema completamente, conviene que por su parte también se nos dé
alguna explicación de cuál es la evolución
de esta resolución respecto al expediente de regulación de empleo, en
función de los hechos que luego han sucedido.
Usted sabe que estos hechos --estamos hablando de hace muy pocos meses--
son que el 26 de noviembre pasado, hace muy pocos días, se ha producido
una solicitud de suspensión de pagos por parte de la empresa, y que esta
suspensión de pagos afecta al resto de los trabajadores de la empresa, es
decir, a 640. En concreto, estos trabajadores están en una situación
complicada, con suspensión de pago efectivo de sus salarios, a pesar de
que por parte de la empresa se les ha cursado unas cartas de vacaciones
pagadas, pero han dejado de percibir sus salarios hace aproximadamente
cuatro meses. Por tanto, la situación personal y familiar de estos
trabajadores es dificultosa. Por un lado, no se resuelve su situación
económica y, por otro, tampoco se facilita una vía para que busquen otro
tipo de soluciones. Están en esta situación de impasse, no hay una
suspensión definitiva del contrato de trabajo y, por otro lado, se da
esta situación.
La resolución del expediente de regulación de empleo, más allá de que
fuera justa, acertada o no, lo que sí es verdad es que no ha resuelto el
problema de la empresa. Pero, para poder ahondar en el problema de la
empresa, convendría hacer un poco de historia y saber cuáles eran las
razones en función de las cuales los trabajadores, en su conjunto, antes
de la resolución del expediente de regulación de empleo, basaban su
rechazo al mismo.
Los trabajadores han expresado por escrito, y de forma extensa, que la
historia de fusiones, integraciones y relaciones entre una serie de
empresas, que no son sólo Uniexpress y Helguera, sino otras muchas que a
lo largo de los años 80 han ido comprando, recomprando, vendiendo y
revendiendo lo que era la empresa inicial, ha dado lugar, al final, a que
hubiera problemas de tipo financiero y también de otro tipo. Por otro
lado, planteaban, y lo siguen haciendo, que cabe la posibilidad de que un
grupo de empresas encubierto haya desviado partidas patrimoniales,
determinados fondos, etcétera, para que, al final, los datos de tipo
económico pudieran reflejar las pérdidas que se han recogido y que han
dado causa a la solución positiva del expediente de regulación de empleo.
De alguna forma, en la medida en que no se ha atajado el problema, este
expediente de regulación de empleo ha seguido sin resolver la situación
definitiva de la empresa, porque ha seguido derivando en una no
integración de las dos empresas originarias y en una situación definitiva
de suspensión de pagos o vaya usted a saber si quiebra encubierta. En
cualquier caso, habría que conocer también la opinión del Ministerio y si
con respecto a este tema se pueden arbitrar medidas para que se vaya
aclarando definitivamente esta cuestión.
Como decíamos en una carta que le dirigimos a usted, creemos que aquí ha
habido una serie de empresas multinacionales que han operado a sus anchas
y que bien porque se trataba de realizar una operación meramente
financiera o bien porque se trataba de eliminar competencia no grata, han
dado lugar a estas consecuencias. Decíamos que era una especie de test
que tenía este Gobierno respecto a cómo iba a tratar el problema de la
participación de las empresas multinacionales en el mercado laboral
español y conviene que el Ministerio se pronuncie más allá de la
legalidad, porque la legalidad, como el papel, lo soporta todo y
legalidad hay para todas las actuaciones, tanto en un sentido menos
intervencionista como en un sentido más de tutela de los derechos de los
trabajadores, etcétera; la legalidad todo lo puede permitir, tiene sus
límites concretos, pero no son tan cerrados, ni mucho menos, y, por
tanto, el test sigue manteniéndose.
Aquí ha habido una situación que ha provocado al final el cierre de una
empresa, el despido de casi 1.000 trabajadores y, obviamente, la
preocupación a que a todos nos debe llevar este tema es que hoy no
estamos hablando de creación de empleo ni de medidas de política de
empleo, sino que estamos hablando en todo caso de mantenimiento del
empleo por la vía de evitar que haya este tipo de actuaciones, que al
final tienen como consecuencia estos resultados. En este sentido,
queremos saber si efectivamente el Ministerio tiene conocimiento de
alguna de las cuestiones que hemos mencionado en cuanto a actuaciones de
esas empresas multinacionales y qué valoración hace respecto a la
participación de algún miembro de la empresa o del banco que ha
intervenido en la última operación, el Apax Patners, por medio de algunos
responsables como don Nicolás Bonilla Villalonga y don Francisco de
Bergia González, que me imagino que seguirá siendo actualmente director
de relaciones institucionales de Telefónica y consejero delegado de
Cabitel; si tiene conocimiento de que efectivamente estas operaciones que
se han ido realizando han sido lo más transparentes posible o si más
bien, por el contrario, hay indicios como para entender que haya habido
otro tipo de motivaciones que no sean las del mantenimiento del servicio
que prestan estas empresas y, por tanto, si esa valoración pudiera ser
interesante a los efectos de conseguir una aclaración de estos temas y
una rectificación de la conducta empresarial, en el sentido de que con la
resolución de la suspensión de pagos se dé una solución definitiva a la
empresa y en cualquier caso, que se urja que la resolución del expediente
de la suspensión de pagos sea lo menos lesiva, en función de su
terminación a corto plazo, para la situación concreta de los
trabajadores, aspecto que aun siendo menor, sin duda alguna es el más
perentorio y por tanto el que conviene tener en cuenta de una forma más
inmediata.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor Pimentel, gracias por la información que
nos ha trasladado.
En primer lugar, quiero decirle que a lo largo de mi vida en el sindicato
he llevado y negociado expedientes en cantidad limitada, pero jamás he
visto un expediente como éste y además cómo ha terminado este expediente.
Cuando me puse en contacto con la Dirección General para hablar sobre
este asunto me dijeron que querían aprobar este expediente porque lo que
les movía --y así lo creo y no lo dudo-- era el mantenimiento de los 900
puestos de trabajo
que quedan. En ese contexto todo el mundo está de acuerdo --y por
supuesto la que habla--: mantenimiento de los 900 puestos de trabajo,
pero el problema es que para hacer una cosa así lo primero que hay que
plantear es un plan de viabilidad de la empresa, en qué situación están
los trabajadores que quedan, cuál es la viabilidad económica y comercial
y desde luego la industrial y qué se pretende hacer. Aquí el único plan
que se planteaba era: nos quedamos con 900; si vendemos y facturamos les
pagaremos todo, si no los primeros meses les pagaremos un poco menos y
empezaremos a pagar a la Seguridad Social dentro de seis meses; en marzo
de 1998 seguro que la empresa podrá empezar a cumplir con la Seguridad
Social, con Hacienda y con todo. Señor Pimentel, por no pagar, ni
siquiera pagaban la cuota obrera de los trabajadores que les detraían
cada mes. Los trabajadores, además de estar en las circunstancias que
decía el señor Vaquero, se han quedado en el paro, pero a salario mínimo
interprofesional, porque como sabe usted bien, si no han liquidado la
cuota obrera, no se les reconocen, hasta que haya una demanda y todo lo
demás, los salarios que les corresponden.
Leyendo el informe del inspector de trabajo con respecto a este
expediente se ve que hay que hacer lo que sugiere, y sólo le voy a leer
un párrafo pequeñito que dice: Este expediente se pidió con doce meses de
antelación --o sea, unos meses antes-- solicitando la suspensión de
contratos. Cuando se le deniega el expediente de suspensión de contratos,
en el mismo acto, se dice que se retira el expediente de suspensión de
contratos y, con la misma argumentación, con la misma memoria
explicativa, se presenta uno de rescisión de contratos de 240
trabajadores. El inspector dice: Me vale la misma argumentación por la
que denegué el otro para denegar este de aquí. Y termina el inspector
diciendo que se somete a la valoración de la dirección general si a la
vista de la misma se considera la procedencia de su remisión al
ministerio fiscal por si de las transmisiones, cesiones en la titularidad
de la empresa afectada, gestiones patrimoniales realizadas o de otras
actuaciones pudieran derivarse responsabilidades de orden penal. Este es
el informe que hace el inspector de trabajo y no se tiene en cuenta ese
informe y se aprueba el expediente y se deja a 200 trabajadores en la
calle sin decirles cuándo van a cobrar sus atrasos salariales, que los
tenían, cuándo van a poder regularizar su situación en el paro y de dónde
van a cobrar la indemnización.
Yo he hablado también con el responsable de la empresa a estos niveles y
jamás en la vida me había echado yo un gestor de una empresa a la cara
que me dijera: el problema es que si hay dinero, pagaremos; si no hay
dinero, no pagaremos. Y ése va de profesional por la vida. Si aquí
tenemos en cuenta además, como decía, que el señor Francisco Bergia es el
que gestiona durante el año fundamental como, digamos, administrador
único de la empresa cuando TNT Express España teóricamente se fusiona con
Transportes Helguera y a raíz de estas fusiones, ventas y demás es cuando
desaparece todo el capital y todo el patrimonio de la empresa y ahora se
encuentran con que la empresa no tiene absolutamente nada, que hasta los
toros con los que mueven los paquetes son de alquiler, alguna
responsabilidad habrá. Y yo pregunto, dadas las buenas relaciones entre
el presidente del Gobierno y el presidente de Telefónica, que usted
conocerá mejor que yo, con este señor, Francisco Bergia, ustedes podrían
interceder para buscar una salida pactada con los trabajadores y darles
una solución real, porque en la actualidad lo que están haciendo es
enviar cartas individuales de despido, al fin y al cabo. Alguna solución
tiene, porque si este expediente se coge por una oposición irresponsable,
la Expo, al lado de lo que se ha hecho aquí, es un juego de niños
(Risas.), o sea, que figúrese cómo se ha hecho, y esto lo tiene que
conocer. (Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Y no quiero meterme en
nada, pero hay nombres con altas responsabilidades en empresas que es
para ponernos los pelos de punta. Es para que a los accionistas de
Telefónica les pongan los pelos de punta tener un señor de relaciones
institucionales que ha hecho todo esto en esta empresa, y usted sabe
también, mejor que yo seguramente, cómo funcionan las empresas de
transportes y en qué sistemas andan. Yo no quería traer este expediente
aquí, usted lo sabe, puesto que yo hablé con usted y le pedí que, por
favor, recibiera a los representantes de los trabajadores, pero a los
representantes de los trabajadores que hay en la calle, a los despedidos;
además de a los sindicatos, a los despedidos, porque como hay varios
centros, los representantes de Cataluña son unos; los de Alicante y
Valencia son otros; los de Andalucía son otros y los de Madrid son otros,
por lo que hay que buscar una fórmula. Incluso yo le sugerí también a la
empresa, para llegar a un acuerdo, que se plasmaran en un papel
compromisos de pago para la gente que hay y, luego, agilizar lo del fondo
de garantía salarial a través de un convenio de recuperación o de la
fórmula que fuera. Le aseguro que no se trata de buscar follón de ningún
tipo, sino de buscar solución a los problemas de unos trabajadores que
están en la calle y que han quedado en condiciones inadmisibles en un
Estado de Derecho como el nuestro. Le pediría, por favor, que tomara las
medidas oportunas para reunirse con los representantes de los
trabajadores afectados y buscase una solución real que arreglara la
situación, por lo menos, en las mínimas condiciones que establece el
Estatuto de los Trabajadores. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Señor secretario, bienvenido. Yo le iba a
dar la enhorabuena, pero visto cómo se están poniendo las cosas,
sinceramente, no sé lo que hacer; no sé si darle la enhorabuena o hacerle
responsable de todos los males de una empresa privada, de su gestión y de
que se ha llevado el dinero de esa empresa. A mí me parece --ahora en
serio-- una grave irresponsabilidad.
Comenzando por el final, por la intervención de la portavoz del Grupo
Socialista, tener esa clarividencia en los hechos y traer esto al
Parlamento en vez de ir a los tribunales o al órgano que corresponda me
parece una
grave irresponsabilidad, tanto política como pública. No se puede tener
la claridad meridiana que se tiene sobre nombre y apellidos,
responsables, cuáles han sido las operaciones, qué es lo que han hecho
con ellas, y traerlo al Parlamento a hacer una discusión política del
tema. Creo que vamos a coincidir todos en que eso sí que es una grave
irresponsabilidad. (La señora López i Chamosa: No es una
irresponsabilidad.), sobre todo, cuando no se ha hecho lo anterior. Es
una irresponsabilidad cuando se trae aquí, en octubre, y después --y
contesto al señor Vaquero-- de que la decisión se ha tomado, antes de que
se pida aquí y entre en la Comisión; es convertir una cuestión
extemporánea en una petición al Gobierno sobre cuál va a ser el giro o la
opinión que el Gobierno tiene sobre determinados temas. Creo que habría
que pedir, en todo caso, otro tipo de comparecencia distinta a la que se
pide; es decir, pienso que, sin duda alguna, y por cuestión de fechas,
es, a todas luces, extemporánea. Se toma la decisión en agosto... (El
señor Cercas Alonso: Es la función de la oposición. No acabo de entender
esto.--Rumores.)
Pido el amparo del presidente, en todo caso, para poder expresarme
libremente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ballesteros, también le recuerdo que no
estamos en un debate, sino ante una comparecencia y dejemos las
peticiones por alusiones de otros grupos, porque estamos fijando posición
de su grupo respecto a la comparecencia. (El señor Hernando Fraile pide
la palabra.)
Diga, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, sería deseable que parte del
Grupo Socialista, por lo menos, se guardaran las formas parlamentarias de
mantener silencio mientras los demás intervinientes, sean de su grupo o
de otros, están en el uso de la palabra, porque nos estamos acostumbrando
en esta Comisión ya demasiadas veces a asistir a debates paralelos
mientras se producen intervenciones de mi grupo. Por tanto, creo que
usted debe de dar amparo al diputado y pedir silencio a los diputados y
diputadas de otros grupos, sobre todo, cuando hay un diputado en el uso
de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Hernando, ya sabe que, con frecuencia, en
todas las sesiones que celebra esta Comisión se hacen llamamientos al
silencio por parte de SS. SS. En esta ocasión, más que comentarios que
perturban la intervención, son espontáneos juicios que surgen, pero que
me parece que eso da también vida al debate parlamentario, y el «Diario
de Sesiones» de la Comisión y de los Plenos están llenos de expresiones
que se recogen en las intervenciones.
En consecuencia, para no seguir discutiendo sobre esta cuestión de orden,
el amparo ha sido otorgado y ruego a SS. SS. que mantengan el silencio y
que, a su vez, también se atengan al carácter de una comparecencia, tal
como está regulado en el Reglamento.
Continúe, señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Gracias, señor presidente, por su amparo
y, por supuesto, gracias al portavoz de mi grupo, que también lo ha
requerido.
Yo no quería alterar el proceder normal de una comparecencia, pero es que
ha habido alusiones incluso al presidente del Gobierno, por lo que tenía
que entrar en ese campo, aunque no quería hacerlo en ningún momento y
menos reabrir debates, porque creo que es una cuestión de un carácter
excesivamente privado como para abrir debates públicos. Solamente quería
decir, y estaba en las fechas, que había una extemporaneidad; que se
presenta por el Grupo Izquierda Unida el 23 de septiembre de 1997, entra
en la Comisión el 2 de octubre de 1997, cuando la decisión, nos ha dicho
el secretario de Estado, se ha tomado en agosto. Sobre las otras
cuestiones referidas a aspectos internos de la empresa o a lo que se
pueda hacer me parece bien que el señor Vaquero pida esta mañana o en
cualquier otro momento explicaciones al Gobierno, y supongo que ni el
Gobierno ni el secretario tendrán ningún problema en dárselas. Lo que no
se le puede pedir, y es lo que parece que ha reabierto el debate, es una
explicación sobre cuál es la gestión que dentro de la empresa se está
haciendo, de cuáles han sido las compras o las ventas. Creo que el
Gobierno no debe de responder en ningún momento de que una empresa
privada haga sus compras o sus ventas ni a quién las hace ni quién las
hace. El Gobierno ni es el fiscal ni es ningún tipo de ministerio público
que tenga que controlar la legalidad o ilegalidad de ciertas operaciones
de personas privadas, que es, de alguna forma, lo que se le estaba
pidiendo.
Quisiera decir que después de este tipo de información, no cabe la menor
duda a este grupo de que la aprobación del expediente se atuvo única y
exclusivamente a las causas por las que se solicitó y a los informes que
se dieron por la Administración, tanto por parte de la Seguridad Social
como de la Inspección, como les ha dicho el secretario. El Gobierno no
puede tomar decisiones basándose en otro tipo de informes. Puede valorar
las partes y puede cumplir la ley y el proceder del artículo 51.1 del
Estatuto de los Trabajadores, que es lo que ha hecho con buen criterio y
rigor el Gobierno en este caso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señor presidente,
por continuar y delimitar el campo que apuntaba el portavoz del Grupo
Popular, como ustedes saben, la Secretaría de Empleo, la Dirección
General de Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se
atienen a lo que es la legislación laboral, procurando que en todas sus
decisiones no tan sólo exista un cumplimiento estricto de la ley, sino
además buscando un equilibrio razonable y siempre el último fin --porque
para eso también el Derecho de trabajo tiene entre sus bases esa
finalidad--: la tutela de los derechos de los trabajadores, y en ese
ámbito estrictamente laboral, al cual necesariamente estamos ceñidos, le
podría decir, como se ha indicado por parte del portavoz del Grupo
Popular, que en ese
expediente había concurrencia de causas económicas tan evidentes como que
la empresa presentó suspensión de pagos al poco tiempo y no ha podido
continuar, en cuanto causas económicas --no voy a entrar en otras
consideraciones, aunque podría darle alguna información--, pero tanto el
grupo proponente como la portavoz socialista, que me consta no tan sólo
el interés que han tenido desde un inicio, sino las continuas reuniones y
el conocimiento al día de la realidad de la empresa y de sus
trabajadores, conocen de las causas estrictamente laborales y creo que
convendrán que, independientemente de otras consideraciones, que respeto,
no cabe duda que existían causas económicas suficientes en ese expediente
como para aprobar esa regulación de empleo.
No puedo coincidir, desde luego no lo hago, con la portavoz socialista
cuando dice que no hemos tenido en cuenta el informe de la Inspección de
Trabajo. Por supuesto que se ha tenido en cuenta el informe de la
Inspección de Trabajo, desde la a hasta la zeta. Es un expediente rico,
amplio e intenso y en el que hay sugerencias, propuestas y
recomendaciones. Este expediente se ha tenido en cuenta de forma
decisiva, independientemente de que apunte alguna cuestión que a usted le
pudiera dar a entender algún otro tipo de actuación. Además, los hechos
nos han dado la razón en cuanto a la concurrencia de causas económicas.
La petición de comparecencia se refería a qué íbamos a hacer y yo le he
contestado lo que hemos hecho ya, que ha sido cumplir lo que se recoge en
el artículo 51, porque existía, a nuestro modo de ver y confirmado por
los hechos, concurrencia de ambas causas, sobre todo de la económica.
No voy a referirme a supuestas amistades ni a tipo de imputaciones. Si
existen posibles irregularidades mercantiles o de otro orden, hay órganos
adecuados a los que se puede acudir. No me corresponde a mí, no podría
hacerlo, abordar este tema. No sería prudente ni discreto ni sensato que
desde el área laboral abordáramos esas cuestiones. Lo que yo sí le puedo
decir es que comprendo la situación de los trabajadores. Detrás de la ley
están las personas y ahora hay trabajadores que no están cobrando y
seríamos unos irresponsables y unos insensatos si no nos creara
inquietud. En nuestro caso y según nuestra norma legal, lo que sí le
prometo es acelerar al máximo lo que esté en nuestras manos, las
cuestiones referidas al fondo de garantía salarial, cuando tengamos que
aplicarlo y llevar a cabo con prontitud todos los instrumentos legales.
Conozco el interés, sobre todo de la portavoz socialista, expresado
personalmente en numerosas ocasiones, de que recibiéramos al comité de
empresa y a los trabajadores. Sabe usted que se les ha recibido en la
secretaría. Les ha recibido la propia directora general en numerosas
ocasiones. Usted ha tenido la oportunidad de trasladar a la directora
general su propuesta, que siempre ha sido --y lo puedo decir en su
honor-- planteada desde la corrección y el conocimiento de los hechos.
Finalmente la decisión de la Dirección General de Trabajo, entendemos que
con concordancia de causa, ha sido ésa. Lamento muy sinceramente que al
final esta decisión no haya servicio hasta la fecha para lo que en última
instancia se dictó, que era el mantenimiento de la actividad económica.
Cualquier otra consideración no es de este ámbito laboral y corresponderá
a otras instancias que nuestro Estado de Derecho contempla.
--POSTURA QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO DEL EXPEDIENTE DE
REGULACION DE EMPLEO DE LA EMPRESA SISTEMAS E INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES, S. A. (SINTEL). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/000788).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
solicitud de comparecencia del secretario general de Empleo, formulada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para que explique la
postura que va a adoptar el Gobierno respecto al expediente de regulación
de empleo de la empresa Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones,
Sociedad Anónima (Sintel).
Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): El pasado 3 de
septiembre de 1997 la empresa Sintel presentó ante la Dirección General
de Trabajo la solicitud de extinción de las relaciones laborales que
afectaba a 1.411 de los 2.165 trabajadores de su plantilla. El expediente
se fundamentaba tanto en causas económicas como organizativas,
contempladas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Así, las
causas esgrimidas eran la negativa evolución de la cuenta de resultados
de la empresa, los elevados costes laborales en relación con su
competencia, el descenso de los precios de sus servicios, las
transformaciones producidas en el mercado de telecomunicación que opera
y, en general, otra serie de causas que afectaban negativamente a su
futuro como empresa.
Con la iniciación del expediente se comenzó también el preceptivo período
de consultas, el cual fue interrumpido por común acuerdo de las partes
desde el 8 de octubre hasta el 27 del mismo mes, con la finalidad de
facilitar el desarrollo de la negociación. Finalizada esta primera
prórroga, el mismo día 27 de octubre la empresa solicitó a la Dirección
General de Trabajo una nueva suspensión del expediente hasta el día 7 de
noviembre, ya que en ese plazo se proponía ofrecer a los trabajadores un
plan de bajas incentivadas. Sin embargo, el día 30 de octubre los
representantes de los trabajadores solicitaron a la Dirección General de
Trabajo que se diera por terminado el período de consultas, por lo que
dicha Dirección General dictó resolución el 12 de noviembre en el sentido
de que la representación de los trabajadores podía solicitar ya de la
empresa la terminación del período de consultas al haber cubierto ya éste
su finalidad. Posteriormente --creo que es muy importante y es la gran
novedad que supongo que S. S. también conocerá--, el día 19 de noviembre
la dirección de la empresa comunicó a la Dirección General de Trabajo su
desistimiento del expediente, por lo que éste fue archivado.
En el escrito de desistimiento la empresa manifestaba que tanto ella como
el comité intercentros habían aceptado el inicio de conversaciones para
buscar soluciones negociadas a la problemática existente en la empresa,
así como la mediación del consejero de Economía y Empleo de la Comunidad
Autónoma de Madrid, si ello fuera necesario, abriéndose a partir de ese
momento un proceso de conversaciones a lo largo de un mes. Por lo tanto,
no cabe hablar en este momento de la postura del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales sobre la resolución de un expediente de regulación de
empleo, puesto que este expediente no existe ya, al haber sido objeto de
desistimiento. Ello no significa, sin embargo, que el Ministerio ignore o
se desinterese por la situación laboral que vive la empresa Sintel, ya
que tanto antes de la presentación del expediente como durante su
tramitación se han mantenido múltiples contactos con la empresa y los
representantes de los trabajadores, a fin de seguir de cerca el
desarrollo de las negociaciones y contribuir en lo posible a lograr un
acuerdo entre las partes.
No cabe duda de que la obtención de unos acuerdos en el ámbito de una
empresa sobre cuestiones que afectan a la continuidad del empleo --lo
estamos viendo en numerosos casos-- no es tarea fácil, y somos
conscientes de que particularmente en Sintel las negociaciones han sido
hasta ahora complejas y difíciles, pero ante esta dificultad no cabe duda
que también los negociadores, sobre todo en esta última etapa, han dado
muestra de capacidad para no llegar en la negociación a un punto de
ruptura sin retorno. Por ello, en este momento en el que las
negociaciones se siguen desarrollando, lo único que puede hacer el
Ministerio es lo que está haciendo, continuar favoreciendo el desarrollo
de las mismas cuando así se lo solicitan las partes, como hasta ahora ha
venido siendo.
Espero haber dado una información global y, en este caso, haber
respondido exactamente a la cuestión que se planteaba.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor director general, este portavoz tiene un
problema, como se ve, con la solicitud de comparecencias y es que él no
pone los plazos, y la dinámica social continúa después de que se
solicitan estas comparecencias o estos instrumentos de tipo parlamentario
para que el Gobierno se pronuncie, etcétera. Estamos en la misma
situación que antes y es que mientras se ha convocado la Comisión se ha
producido una dinámica que le pone a usted fácil la comparecencia, porque
le basta con decir que ya se ha resuelto por su propia cuenta el
expediente de regulación de empleo en la medida en que ha habido
desistimiento por parte de la empresa.
En cualquier caso, no viene mal comentar todo lo que se relaciona con
este expediente, porque hay que tener en cuenta que los representantes de
los trabajadores han enunciado de forma pública que podría haber habido
--y así nos lo han hecho saber a algunos grupos parlamentarios, que hemos
transmitido esa preocupación a la directora general-- un cierto grado de
connivencia. Eso dicen ellos y nosotros así lo hemos reflejado en
nuestras cartas. Algunos componentes del Grupo Mixto y yo, como
representante del Grupo de Izquierda Unida, hemos manifestado a la
directora general la preocupación de que se despejase la duda respecto a
una cierta connivencia del Ministerio respecto a esta empresa. No cabe
duda de que esta empresa supone una preocupación, que además es lógica en
la medida en que se ha expresado incluso desde la opinión pública. Por
tanto, no estamos inventándonos nada y creo que ésta es una buena ocasión
para que esas dudas se despejen por la vía de la afirmación oral y de la
intención y también, como es lógico, por la vía de los hechos. Por tanto,
tiene que seguirse en este sentido una línea de transparencia y de
aclaración de algunos hechos.
Por ejemplo, es evidente que la facturación de esta empresa es de un 92
por ciento con respecto a Telefónica, y Telefónica tiene una relación
estrecha con el conjunto de las administraciones y con el Gobierno del
Estado en general. Por ello conviene que se vea en qué condiciones se
está realizando la marcha de esta empresa, que además tiene una dinámica
muy importante de expansión y de consolidación en el mercado
internacional, etcétera, y que se sepa que de los 35.000 millones de
facturación al año 14.000 se hacen por parte de Sintel y el resto de
forma subcontratada. Teniendo en cuenta que un 92 por ciento del conjunto
de trabajos de Sintel se realizan para Telefónica, hay una cierta
propensión a utilizar formas de descentralización de la producción,
teniendo en cuenta que los trabajos no requieren una tecnología especial,
ya que son trabajos realizados de forma manual en todo su conjunto.
Estamos hablando no de la necesidad de introducción de nuevas tecnologías
ni de la adaptabilidad de los trabajadores. Ellos dicen que la única
adaptabilidad radica en que los subcontratados empiezan de nuevo a
utilizar la fiambrera y la tienda de campaña para poder desplazarse de un
punto a otro, etcétera, en función de las nuevas condiciones de trabajo
que se han ido operando por la vía de diferir una gran parte del trabajo
--y estamos hablando de 14.000 millones de facturación-- a la
subcontratación. Estamos hablando también de las condiciones de trabajo
que se operan con los nuevos cambios en el mercado de trabajo, en función
de la consolidación en el mercado de grandes empresas en España, empresas
que, además, vienen auspiciadas, sin duda alguna, y como debe ser, en su
implantación y en su desarrollo por las medias que este Gobierno adopta y
tiene que adoptar, como es lógico, aparte de la independencia que cada
empresa tenga en sus políticas y en sus estrategias.
En cualquier caso, ha habido varias cartas a la directora general, la
última ha sido en mayo, y no se ha recibido contestación. Nosotros
creemos que si finalmente la Consejería de la Comunidad Autónoma de
Madrid ha intervenido, es un gesto importante que es de agradecer, pero
podía haber sido la Dirección General la que hubiera adoptado las medidas
que correspondían, y no ha sido así. Se ha dejado que fueran
desarrollándose los acontecimientos y no nos vale decir que el tema ya
está casi resuelto por la vía de los
hechos. El tema parece que está resuelto porque la Consejería se ha
mojado y porque los trabajadores han propiciado una movilización muy
importante, pero el tema no está resuelto, y ésta es la parte más
importante. Bajo nuestro punto de vista y según las noticias que nosotros
tenemos el tema no está resuelto. No cabe duda que hay una voluntad y una
capacidad negociadora muy importante por parte de los trabajadores; no
cabe duda que ha habido también movimientos por parte de la empresa
importantes, no solamente la retirada del expediente sino también el
cambio de la dirección de la empresa, propiciado fundamentalmente por la
caída en picado de las acciones de MasTec en la Bolsa de Nueva York, que
coincide justamente en esos momentos con ese cambio estratégico de
dirección de la empresa. En este sentido nos tememos que, en la medida en
que hay un cambio de dirección, una voluntad negociadora y una capacidad
de movilización importante por parte de los trabajadores, están puestos
los espartos para que haya una solución, pero me temo que hace falta un
impulso. ¿Por qué? Porque las negociaciones no han avanzado ni un ápice,
a pesar de que las aspiraciones de los trabajadores son francamente muy
modestas y, además, hay una voluntad de reflotar la actividad de la
empresa, que, dicho sea de paso, en ningún momento está puesta en tela de
juicio, ni por la cartera de pedidos ni por ningún elemento que nos haga
pensar en la inviabilidad de la empresa bajo ningún aspecto.
Lo que pretenden los trabajadores, en primer lugar es que, por un lado,
no se hable de despidos. Bajo nuestro punto de vista y según demuestran
las cifras, no tendría que hablarse de despidos, cosa que nuestro grupo
apoya ciertamente. En segundo lugar, pedimos que no se hable de más
externalizaciones del trabajo, es decir, que no se acuda de nuevo a la
fórmula redundante y empobrecedora del mercado de trabajo de este sector,
de la externalización y de acudir a subcontratas, que es uno de los
intentos que ha habido anteriormente por parte de la empresa, y que junto
a esto haya un incremento de las tablas salariales del IPC, ya que hay
que tener en cuenta que un oficial cobra 134.000 pesetas brutas, por
tanto, son tablas salariales muy insignifcantes, y los trabajadores están
dispuestos ha hablar de incrementos de productividad de hasta un 27 por
ciento, de incrementos de rendimientos base, a rebajar los pluses y
estudiar las necesidades de movilidad funcional e incluso geográfica.
Por tanto, creo que están puestos todos los prolegómenos para que haya un
acuerdo. Sin embargo, se han sucedido ya cinco reuniones, la mediación de
la Consejería y no hay esa posibilidad. Creo que hace falta un impulso, y
ese gesto se le ha pedido a la directora general, cosa que no debe
interferir a título de mediador en el proceso de negociación, pero
existen muchas otras posibilidades de propiciar, de incentivar y de
impulsar ese proceso de negociación, porque pensamos que es necesario que
haya un plan de futuro cierto e importante, ya que en eso va a estribar
el éxito de la operación. En este sentido preguntamos si tiene
conocimiento el Gobierno de que pudiera haber interés por parte de algún
grupo industrial de participar en Sintel de una u otra forma, de manera
que aportase también patrimonio o financiación a la marcha y viabilidad
de la empresa. Quizás, en esto estribe que las negociaciones estén un
poco paradas. En cualquier caso, independientemente de que tenga o no
conocimiento, lo que nos gustaría que nos contestase el señor director
general de Empleo, más allá de que no haya ese expediente de regulación
de empleo y lamentando que este problema se trate con un instrumento
parlamentario que es la solicitud de comparecencias, es si el Ministerio
está dispuesto a intervenir de una u otra forma sin interferir en el
impulso para que la negociación se lleve a efecto con estas condiciones:
que no haya despidos y que no haya externalización y empeoramiento del
mercado de trabajo en este sector, porque, dicho sea de paso, hay otras
muchas empresas que están en las mismas condiciones, y por tanto, en este
sentido nos gustaría saber si a partir de ahora va a haber esa voluntad
solicitada por los representantes de los trabajadores incluso antes de la
resolución del expediente de regulación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
El señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Creo que a pesar de que el señor Vaquero
diga que el instrumento de la comparecencia no se adecua en el tiempo a
lo que puede ser la solución del problema, la información que nos da el
secretario general es positiva, al menos por el seguimiento que nuestro
grupo parlamentario estaba realizando en relación al expediente de
regulación de esta empresa. Se trata de un expediente de regulación
respecto al que nuestro grupo era también sensible desde la perspectiva
de la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores; un expediente
respecto al que instituciones gobernadas por Convergència i Unió, como la
Diputación de Tarragona, mantenían un seguimiento e incluso, por las
conversaciones que habíamos sostenido en algún momento con el propio
secretario general de Empleo, nos parece que la actitud de la Dirección
General y del Ministerio en todo este proceso ha sido prudente, una
actitud de buscar una solución al problema y que en esa primera fase
seguramente pasaba por la retirada del expediente en cuestión. Por tanto,
creo que la comparecencia es oportuna y que nos permite profundizar en
esta materia, pero entendemos que la posición que el Gobierno ha
mantenido hasta ahora concuerda perfectamente con aquello que es lógico,
que es prudente y que se debe esperar de un Gobierno que actúa desde la
perspectiva del interés general.
Nosotros no vamos a entrar en el fondo del problema, en primer lugar,
porque no lo conocemos suficientemente y, en segundo lugar, porque nos
parece que el sitio adecuado para entrar en el fondo de la cuestión son
los espacios de diálogo entre la empresa, los representantes de los
trabajadores y la propia Administración. Tenemos confianza en que si se
impone el sentido común, trabajadores, empresa y Gobierno van a encontrar
soluciones a una situación que no era sostenible desde la perspectiva que
se ha planteado inicialmente. Desde esa confianza, damos
margen al Gobierno para que continúe desarrollando la postura que ha
mantenido hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Isabel López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Quiero decir que las comparecencias sirven y
son efectivas, lo que pasa es que a veces se retrasan un poco y las
circunstancias del problema cambian. La verdad es que a usted
personalmente hay que estarle agradecidos porque es el que más ha
comparecido en esta Comisión --casi lo tenemos como fijo; discontinuo,
pero fijo--, pero para traer aquí al señor ministro y que nos conteste
algunas preguntas estoy por ir a Lourdes a llevar una vela, a ver si así
lo consigo. (Risas.) No dudamos de que trabaje mucho, pero de vez en
cuando nos tendría que atender.
Yendo al tema que nos ocupa, tengo que manifestar que el compañero de
grupo que llevaba este tema, el señor Rodríguez Zapatero, no puede estar
hoy aquí por problemas de salud, pero yo voy a decir dos o tres cosas.
Nos encontramos con unas empresas que tienen unos problemas comunes, ya
que en este momento estamos hablando de Sintel, pero podríamos hablar de
Radiotrónica, donde existe el mismo problema, un expediente aprobado, un
recurso con el que no sabemos qué pasa, etcétera, o de Ericcson. Todas
ellas están relacionadas con los trabajos de Telefónica, y aquí se
esconde un problema muy concreto: que estos trabajadores tienen convenios
propios de empresa y tienen unas condiciones que no es que sean buenas,
son aceptables, pero como el propio mercado y especialmente Telefónica
están apretando para que el coste baje, ¿qué sucede? Que las empresas,
cuando tienen que bajar costes, no se calientan la cabeza, sino que
dicen: les quito tanto a los trabajadores y ya rebajo los costes. Esa es
la primera ocurrencia que tiene toda buena empresa. Entonces, aquí hay un
problema no sólo de Sintel, no sólo de Radiotrónica o de Ericcson, sino
del sector de telecomunicaciones, porque hay algunas empresas, como
Radiotrónica, que se están planteando reducir plantilla para luego
subcontratar a los mismos trabajadores que han despedido. Les dicen:
formen una cooperativa, que luego los subcontrataré, porque trabajo hay;
lo que pasa es que la empresa quiere rebajar las condiciones de los
trabajadores para que el precio del punto baje y en vez de a 1.200 esté a
800 ó 900 pesetas. Ese es el gran problema. Yo he hablado de esto con la
directora general y me consta que es consciente de la magnitud del
problema. Creo que lo que ustedes podrían hacer es no sólo fomentar, que
me consta que lo están haciendo, las negociaciones entre los
representantes de los trabajadores y Sintel, Radiotrónica, etcétera, sino
encargar un estudio del sector que aglutine estas empresas para que entre
trabajadores y empresarios consigan llegar a un acuerdo marco que recoja
las condiciones en las que se van a desarrollar estos trabajos. Esa es la
única forma en que se puede parar esto, porque si no Telefónica va a
seguir apretando con el punto para que baje, y estas empresas van a
acabar despidiendo a trabajadores en Lugo, Barcelona o Madrid y luego los
van a subcontratar por precios más baratos.
Por tanto, yo querría --y creo que ustedes también son conscientes de
esta situación-- que siguieran en esta línea y que realmente intentaran
llegar a un acuerdo marco que regulara un poco esta situación. Yo sé que
ustedes no lo pueden hacer porque no les corresponde, pero sí pueden
sugerir, fomentar y aconsejar a los representantes sindicales y
patronales que lo hagan, sobre todo cuando Telefónica, aunque no es
empresa pública, sigue en régimen de monopolio. Yo digo que el Gobierno
de una nación puede aconsejar a una empresa que sigue todavía en el
régimen que sigue; que le puede sugerir, aconsejar; yo no digo mandatar,
pero sí pedir, sugerir, recomendar, para evitar estos problemas, que ya
bastantes tenemos en otros sectores. No es comprensible que uno de los
sectores con más futuro, como es el de las telecomunicaciones, tenga los
problemas de expedientes que tiene en estos momentos. Es una cosa
incomprensible que el sector que mejor futuro tiene, que tiene mayor
garantía de viabilidad, sea el que tenga más problemas. Algo sucede y en
ese sentido iba la reflexión que quería hacer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Villaseñor.
El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Señor secretario de Estado, mi grupo
le agradece su comparecencia y la información que nos ha dado y recoge lo
que ha dicho. Cuando venimos a estos trámites parlamentarios, no venimos
con prejuicios ni con posturas preconcebidas a explicar las posiciones
más o menos lógicas y en muchos casos, como en intervenciones que me han
antecedido, ajenas al planteamiento de la convocatoria, que no hacen
referencia a la misma y que, por tanto, no han podido ser respondidas por
parte del secretario general de Empleo. Desde hace año y medio vemos que
hay un Gobierno que gobierna, naturalmente dentro de la legalidad. Sólo
faltaba que desde esta Cámara se sugiera o se trate de inducir al
Gobierno a que adopte no sé qué medidas que ya sabemos --dicen-- que no
se pueden adoptar, pero que el Gobierno, de todas maneras, las adopte
--no sabemos cuáles-- para establecer unas fórmulas al margen de la ley
que condicionen la actividad del Gobierno. Nosotros venimos sin esos
prejuicios y, después de su comparecencia, mi grupo no puede por menos
que decir que se encuentra muy satisfecho del estado de tramitación del
expediente, puesto que se ha producido el desistimiento que nos ha
comunicado el secretario general de Empleo. La explicación ha sido
prolija y nos ha dado detalles no desde que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida --entonces Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya--
plantea la cuestión con una iniciativa parlamentaria el 23 de septiembre,
sino que en su comparecencia nos dice que ya el 3 de septiembre la
Dirección General de Empleo comienza a actuar, como es su obligación, en
cumplimiento de la ley, en virtud de una solicitud de expediente. Además,
también se nos dice por parte del secretario general de Empleo que ha
habido gestiones y actuaciones anteriores incluso a ese momento en el que
se inicia formalmente el expediente.
A diferencia de otras épocas, nosotros estamos acostumbrados a ver que en
este año y medio el Gobierno está haciendo posible que se abran cauces de
diálogo entre las partes, y en la mayoría de los casos este diálogo entre
las partes, este diálogo social está produciendo el efecto deseado,
llegar a la resolución de los problemas.
Este es un caso paradigmático. Efectivamente, el 23 de septiembre se
plantea la iniciativa por parte de Izquierda Unida. En ese momento está
vigente. En este momento, cuando se produce la comparecencia ya no ha
lugar a que hablemos de qué postura va a tomar el Ministerio cuando éste
ya se encuentra con que se ha producido la desestimación.
En consecuencia, nos felicitamos y felicitamos al Gobierno por la
eficacia de su actuación. Por tanto, manifestamos --ya lo hemos hecho en
otras ocasiones-- nuestra postura proclive a todo lo que sean actuaciones
como las que está teniendo el Gobierno favorecedoras del diálogo social,
favorecedoras del encuentro entre las partes interesadas, favorecedoras
de la solución de los conflictos. Adelante y enhorabuena.
Afortunadamente, podemos decirlo muchas veces. Adelante al Gobierno y
enhorabuena por la eficacia en sus gestiones.
Entrar en otros planteamientos de que en determinados sectores hay una
caza de brujas o que hay una empresa privada que tiene una determinada
posición en el mercado no en régimen de monopolio, es salirnos del tema
específico de la comparecencia, porque eso ocurría en otros tiempos, con
otros gobiernos, y, pese a todo, había problemas sustanciales importantes
que no se resolvían.
Señor secretario de Estado, si de verdad queremos que los problemas se
solucionen, todos los grupos parlamentarios deberíamos expresar, en este
caso concreto, como ha dicho el señor Campuzano, nuestra satisfacción
porque el problema está en vías de solución y porque administrativamente
se haya planteado la desestimación.
Por tanto, adelante, enhorabuena, siga trabajando el Gobierno en esa
línea y esperemos que los problemas, que son complejos, encuentren el
cauce adecuado en esas negociaciones. Y si en otro momento hace falta
llegar a la mediación, de acuerdo. No obstante, como bien saben los
representantes políticos aquí presentes, para llegar a la mediación no
basta con que lo demande una parte, deben demandarlo las dos.
Afortunadamente, en este caso se ha llegado a la mediación, y si se tiene
que llegar al arbitraje, si las partes lo demandan, se llegará a
arbitraje.
En definitiva, aliento al Gobierno a que siga cumpliendo las leyes porque
las tiene que cumplir, y a que, aparte de eso, todas sus gestiones,
afortunadamente en la mayoría de los casos eficaces, sigan desplegándose
por parte del Ministerio, dignamente representado en esta comparecencia
por el secretario general de Empleo, porque no empece ni desdice nada que
el compareciente sea el secretario general de Empleo o el ministro. En
definitiva, no creo que tengamos queja en esta Comisión de la frecuencia
con que se producen las comparecencias y de la atención que presta el
Ministerio en su conjunto. En unas ocasiones, el señor ministro
comparece, en otras lleva a cabo otras actividades, y el esfuerzo y el
trabajo del ministro y todo su equipo hacen posible que tengamos unas
relaciones laborales que han mejorado en calidad respecto de otras
épocas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): En cuanto a la
frecuencia de mis comparecencias le puedo decir que desde el Ministerio
nos sentimos halagados, aunque a veces nos supone un esfuerzo extra la
comparecencia en estas comisiones. No sé si enriqueceremos a SS. SS.,
pero el Gobierno, modestamente, queda enriquecido con sus aportaciones,
opiniones y con sus críticas compartidas en algunos casos y en otros
muchos no compartidas desde el Gobierno.
Yo prefiero ver la situación actual como lo ha hecho el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Popular.
Efectivamente, no estamos ante un problema solucionado definitivamente,
pero esta desestimación del expediente es un paso positivo, es el inicio
de una solución, y convendrán conmigo que en el replanteamiento de toda
la situación a que se había llegado tienen que ver la acción de los
trabajadores y las movilizaciones; por supuesto, también tiene que ver la
acción, creo que positiva, del consejero de Madrid don Luis Blázquez,
también tienen que ver las opiniones de los grupos políticos, pero
también tiene que ver algo, modestamente, el Ministerio de Trabajo, una
pequeña cuota, porque, como usted sabe, el intento de mediación y diálogo
ha sido permanente a lo largo de todos estos meses, se han mantenido
múltiples reuniones básicamente con la directora general de Trabajo y
modestamente también con este secretario general de Empleo.
Por tanto, por ceñirme a la petición, la retirada del expediente es una
noticia positiva, hay un avance de las partes, usted mismo lo ha
reconocido, hay una disposición a negociar determinados aspectos por
parte de los trabajadores, también se ve esa sensibilidad en la empresa,
y yo espero que con este nuevo paso en positivo podamos llegar a un
acuerdo que sea razonable. Sin querer entrar en ello porque no
corresponde, no cabe duda de que las cosas nunca son casuales, estamos
ante un sector que tiene dificultades en numerosas empresas. En este
caso, como ya se ha indicado, salvo que haya algunos datos objetivos que
avalen esta suposición, nunca es positivo achacar o no las causas de esta
situación a determinadas empresas. yo creo que hay que tomarlo con mucha
serenidad, estudiando cada caso e ir solucionándolo como hasta ahora, y
esperemos que también se haga así en esta empresa y que el problema se
pueda solucionar.
Por tanto, ante la filosofía última del vaso medio vacío o medio lleno,
en este caso empiezo a verlo medio lleno, que es una forma positiva de
ver los problemas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender por tres minutos la sesión.
(Pausa.)
--LINEAS BASICAS DEL PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA LA PROMOCION DEL
EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) (Número de expediente
212/001073).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pasamos a la última de las comparecencias solicitadas, en este caso por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Secretario
General de Empleo, para informar de las líneas básicas del Plan de
medidas urgentes para la promoción del empleo de las personas con
discapacidad.
Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Transcurridos los
diez primeros años de aplicación de la Lismi en el año 1992, se llevó a
cabo un balance. Voy a hacer un poco de historia de cuáles han sido los
precedentes políticos y administrativos y las actuaciones del Ministerio
dentro de este reciente acuerdo, sobre el impacto y grado de cumplimiento
que ha tenido la ley en ese período.
Los análisis que sobre su desarrollo se efectuaron, tanto por parte de
las asociaciones de discapacitados, como por las administraciones y por
el propio Congreso de los Diputados, en el que se constituyó una ponencia
sobre el problema de los minusválidos, valoraron positivamente el impacto
de la ley. Consideraron, sin embargo, que era necesario dar un nuevo
impulso a las políticas de integración de las personas con discapacidad,
que incorporasen nuevos planteamientos y los recientes avances producidos
en el sector. Se decidió entonces elaborar un plan de acción que
recogiera las nuevas estrategias, adaptándolas a las recomendaciones más
significativas de los organismos internacionales y asumiendo las
principales demandas y aspiraciones de las organizaciones representativas
del colectivo de personas con discapacidad. Este plan de acción, cuya
elaboración se basó en el compromiso político de todos los grupos del
Congreso, la intervención activa de las administraciones competentes y la
participación corresponsable de las organizaciones más representativas
del sector, fue aprobado en febrero de 1996, con un ámbito de aplicación
que llega hasta el año 2002. Se trata de un plan marco que, mediante
estrategias comunes, pretendía articular de forma integrada toda la línea
de actuación, susceptible de favorecer en diferentes ámbitos una mayor
integración de las personas con discapacidad.
Este plan de acción se organizaba en cinco grandes capítulos o planes
sectoriales, que deberían ser desarrollados por las autoridades
competentes en cada uno de los ámbitos de actuación. El primero de los
cinco campos era la promoción de salud y prevención de las deficiencias.
El segundo, la asistencia sanitaria y rehabilitación integral. El
tercero, la integración escolar y educación especial. El cuarto,
participación e integración en la vida económica. Y el quinto,
integración comunitaria y vida autónoma.
El desarrollo del apartado cuatro, participación e integración en la vida
económica, comprende el plan de medidas urgentes para la promoción del
empleo en las personas con discapacidad, del que les voy a hablar en esta
comparecencia, por entender que es el plan sobre el que ha sido
solicitada nuestra comparecencia; pero queríamos enmarcarla dentro de una
política global para la atención del discapacitado.
Todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene el trabajo como
factor de integración social de cualquier persona adulta, y con más razón
para las personas con discapacidad. El problema es que dado el alto grado
de paro que hay en nuestro país a nivel general, en el caso de los
discapacitados aún se hace más acuciante. La falta de información, los
prejuicios empresariales sobre las posibilidades de los discapacitados y,
a veces, la imposibilidad de la adecuada formación profesional que han
tenido estas personas, han dificultado su integración en el mercado de
trabajo, actuando como factores de exclusión laboral y social. De ahí la
importancia de desarrollar, desde los poderes públicos, políticas de
apoyo específicas para este colectivo, a fin de hacer realidad el
principio de igualdad de oportunidades consagrado por la Constitución.
Por ello, el 3 de diciembre de 1996, el ministro de Trabajo se
comprometió públicamente a elaborar un plan de empleo para las personas
con discapacidad. Con este objetivo se constituyó en enero de 1997, una
comisión mixta entre representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y del Consejo Español de Representantes de Minusválidos, Cermi.
Se asumió como documento base para llevar a cabo la negociación el plan
de medidas urgentes elaborado con anterioridad por el Cermi. El plan a
aprobar debía avanzar un conjunto de medidas que necesariamente habrían
de ser coherentes con las políticas de fomento de empleo que para la
población en general se estaba elaborando en esos momentos; es decir,
debían tener en cuenta tanto lo establecido en las diversas medidas
encontradas en el programa plurianual de empleo, el futuro plan nacional
de empleo que habrá que presentar el próximo año, como el contenido de
los acuerdos alcanzados entre los interlocutores sociales,
fundamentalmente el acuerdo interconfederal para la estabilidad en el
empleo, así como los planteamientos de política integral que para el
colectivo de discapacitados se había acordado en el plan de acción para
las personas con discapacidad, aprobado en 1996.
Los trabajos de la comisión mixta terminaron en el mes de octubre, con la
elevación al ministro de un anteproyecto de acuerdo que finalmente se
firmó el 15 de octubre de 1997, con la denominación textual de acuerdo
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo Español de
Representantes de Minusválidos, por el que se establece un plan de
medidas urgentes para la promoción del empleo de las personas con
discapacidad.
Las medidas que en virtud de este acuerdo se van a desarrollar
constituyen un avance parcial y con un calendario más inmediato que
deberá ser completado en los próximos meses. Dichas medidas se
estructuran en cuatro grandes apartados. En el primero de ellos, referido
a la participación institucional, se recogen propuestas tendentes a
revitalizar
la participación activa de las organizaciones de discapacitados. Se les
dota de mayor presencia en los órganos consultivos de discapacitados,
reestructurando para ello el Real Patronato de prevención y atención a
personas con minusvalías y creando el Consejo estatal de personas con
discapacidad. Se establecen cauces para que los intereses y la
perspectiva del movimiento asociativo llegue a otros órganos consultivos
de la Administración, como el Consejo General de Formación Profesional y
el Consejo Económico y Social. Se propician acuerdos con otras
administraciones, autonómicas y locales, que permitan el desarrollo
conjunto de acciones en favor del empleo de las personas con
discapacidad.
Las propuestas contenidas en el segundo apartado sobre intermediación
laboral tratan de relanzar servicios de intermediación especializados
para este colectivo, a través de medidas tales como la actualización del
registro de trabajadores minusválidos demandantes de empleo y la
implantación progresiva en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo
de expertos en este ámbito; el replanteamiento de la imprescindible
coordinación y colaboración entre los equipos de valoración de
discapacitados, del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, el
Imserso y las oficinas del Instituto Nacional de Empleo, Inem; la
incorporación de las ONG de discapacitados y, en general, de todas las
entidades públicas o privadas interesadas en las acciones de
intermediación, a través de los instrumentos regulados en el Real Decreto
735/95.
En el apartado tercero, sobre formación profesional, el acuerdo plantea
un mejor aprovechamiento de los actuales medios formativos por parte de
este colectivo de personas, mediante una mayor adaptación y flexibilidad
de los cursos de formación ocupacional, una mayor participación de las
ONG de discapacitados en programas experimentales o a través de
contratos-programa, la elaboración de programas específicos para este
colectivo en el marco del Acuerdo nacional de formación continua, la
potenciación y consolidación de los contratos formativos, con apoyo
suplementario para los discapacitados, con medidas tales como la no
limitación del número de aprendices en los centros especiales de empleo,
la ampliación de cuatro a seis años para poder formalizar contratos en
prácticas, y un etcétera que SS. SS. sin duda conocen.
El apartado cuarto reconoce un conjunto de medidas, en el ámbito de la
contratación e inserción laboral, cuyo objetivo es corregir las
principales disfunciones detectadas en las distintas modalidades de
inserción laboral existentes para discapacitados. Así, en lo relativo al
empleo protegido, se propugna una mayor flexibilidad en la composición de
la plantilla de los centros especiales de empleo, se modulan las
subvenciones en función del porcentaje de trabajadores discapacitados y
se extienden, asimismo, las subvenciones del costo salarial a los
contratos a tiempo parcial. En el empleo semiprotegido se van a regular
las nuevas modalidades del empleo con apoyo, así como medidas específicas
que incentiven la contratación colectiva de trabajadores con
discapacidad.
En cuanto al empleo ordinario, se actualizarán las subvenciones por
contratación indefinida y se extenderán a los contratos de tiempo
parcial. Se establecerán, asimismo, programas específicos de control y
seguimiento de la cuota de reserva del 2 y el 3 por ciento y se ofrecerán
medidas alternativas al cumplimiento de dicha cuota en determinados
casos.
En lo referente al empleo autónomo, se actualizarán las subvenciones para
los discapacitados que deseen iniciar un trabajo por cuenta propia y se
restablecerá para ello el pago único de las prestaciones por desempleo.
Por último, en el empleo público se promocionarán fórmulas más flexibles
que reactiven el acceso de los discapacitados al empleo en las
administraciones públicas.
La mayoría de las propuestas aprobadas que les he mencionado hasta ahora
tienen un plazo determinado para ser desarrolladas, plazo que consta en
el texto del acuerdo. A efectos de impulsarlas, se contempla la creación
de una comisión mixta de seguimiento constituida por representantes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Cermi. Esta comisión mixta
ha celebrado ya dos reuniones, el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de
este año, en las que se ha analizado el desarrollo que se está efectuando
de las mismas y las posibles alternativas para su cumplimiento.
La situación actual y las perspectivas inmediatas en torno a este proceso
son las siguientes. En el ámbito normativo, se requieren una serie de
modificaciones en diferentes leyes y reales decretos. Para efectuar
alguna de estas modificaciones se está utilizando de forma inmediata la
presentación de enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, sobre las que precisamente hoy se
está trabajando en el Senado. Las enmiendas presentadas hacen referencia
a distintas normas, de las que destacaré las más importantes, porque son
extensas y como voy a leer alguno de los artículos no quisiera aburrir a
SS. SS.: Artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, ampliando el plazo
de cuatro a seis años para poder formalizar un contrato en prácticas con
una persona discapacitada. Esta previsión se recoge, asimismo, en el
proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo
y el fomento de la contratación indefinida, procedentes del Real Decreto
8/97, y cuya tramitación se está ultimando en el Parlamento. Artículo 44
de la Ley 42/94, de conformidad con la disposición adicional sexta, sobre
la extensión y prórroga de las medidas del programa de fomento de empleo
a todos los discapacitados, cualquiera que sea su situación anterior.
Artículo 42.2 de la Lismi --artículo importante--, sobre composición de
las plantillas de los centros especiales de empleo. El artículo 38.1 de
la Lismi, sobre medidas alternativas, de cumplimiento de la cuota de
reserva en el 2 por ciento en empresas ordinarias de más de 50
trabajadores. Se establece para este colectivo la modalidad de pago único
para las prestaciones por desempleo, posibilidad que había sido eliminada
por la Ley 22/92, y se habilita también al Gobierno para que en el plazo
de un año establezca una nueva relación en la regulación de la relación
laboral de minusválidos que trabajen en centros especiales de empleo,
mediante la modificación del Real Decreto 1368/85.
Estamos valorando alternativas --y cuando digo «estamos» es que estamos
trabajando en ello y la opinión de SS. SS. puede arrojar alguna luz al
respecto-- y estudiando la posibilidad de modificar parcialmente varios
reales decretos o incluir todas las modificaciones en un único real
decreto. Las normas afectadas serían: Decreto 2273/85, en el que se
efectuarían modificaciones parciales en los centros especiales de empleo;
Decreto 2274/86, en lo referente a comercialización de productos de los
centros ocupacionales; Real Decreto 2317/93, con modificaciones parciales
en los contratos formativos; Real Decreto 1451/83, a fin de actualizar
las cuantías de las subvenciones para contratación indefinida.
En el ámbito de la gestión administrativa se están desarrollando, por
parte de los organismos competentes, las siguientes actuaciones. En el
Instituto Nacional de Empleo se están trabajando en aquellas medidas de
potenciación de los servicios públicos de intermediación laboral, a los
que me he referido anteriormente: registro de minusválidos, resolución
conjunta Inem-Imserso, participación de las ONG. En el Inem se están
gestionando también las medidas de formación profesional recogidas en el
acuerdo; relación Cermi-Consejo General de Formación Profesional,
tratamiento de la formación de discapacitados en el futuro, programa
nacional y posibilidad de programas experimentales y contratos-programa.
El Inem también ha incorporado en sus previsiones presupuestarias el
incremento económico de las medidas que implican un mayor gasto, así como
contratos indefinidos, autoempleo y formación profesional. Por su parte,
el Imserso está elaborando las propuestas de empleo con apoyo.
En el ámbito de la coordinación-colaboración entre las administraciones y
los organismos, tanto el Imserso como el Inem se encargarían de trasladar
las propuestas a los organismos y administraciones competentes: Consejo
General de Formación Profesional, Consejo Económico-Social, gobiernos
autónomos y Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo,
algunas medidas serán llevadas en su momento a las conferencias
sectoriales de asuntos laborales, replanteando resoluciones conjuntas en
el Imserso y contratos-programa.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está trabajando
ya en la reestructuración del Real Patronato y en la creación del consejo
estatal de personas con discapacidad. Se ha comprometido, asimismo, a
tratar con el Ministerio de Administraciones Públicas la promoción de
medidas más flexibles en el acceso y mantenimiento de empleo público. Si
hay una ley que obliga a todos los ámbitos creadores de empleo de este
país, debe dar ejemplo en primer lugar la Administración Pública, y ése
va a ser uno de los objetivos que va a tener este ministerio. La propia
secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, ha denunciado en
numerosas ocasiones públicamente el incumplimiento, también por parte de
la Administración, de estas cuotas de reserva.
Podemos decir, por tanto, a modo de conclusión que considerándolo como un
primer paso, este acuerdo ya obliga al Gobierno con fecha a determinadas
acciones, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo, otras estamos
incorporándolas en la ley y otras, donde más posibilidades tenemos de
actuación conjunta, lo haremos a lo largo del año que viene. Creemos que
con ello el colectivo de discapacitados va a disponer de una alternativa
de apoyo por parte de las administraciones que les ayude a minimizar los
obstáculos que debido a sus características especiales tienen en el
acceso y permanencia en el empleo, apoyo que además corresponde al
necesario compromiso de todos y que hemos intentado que recoja las
principales reivindicaciones del sector.
El señor PRESIDENTE: Por parte del grupo solicitante, tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Nuestro grupo ha solicitado la
comparecencia del secretario general de Empleo, señor Pimentel, para que
informe del acuerdo que hace cuestión de unas semanas alcanzó el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la totalidad de las
organizaciones de discapacitados de ámbito estatal agrupadas en el Cermi.
Es evidente que en la perspectiva histórica del trabajo que se desarrolla
entre el mundo representativo de los discapacitados y las diferentes
administraciones públicas, el que finalmente se pudiese llegar a un
acuerdo entre el Ministerio y estas asociaciones constituye ya por sí
mismo un hecho positivo. Las dificultades del propio sector en crear sus
espacios de coordinación, de definir sus propias políticas, de ser
capaces de actuar como un verdadero lobby en defensa de los intereses de
las personas discapacitadas es evidente, por tanto, el hecho de que se
haya llegado a este acuerdo indica un determinado nivel de madurez de
este mundo asociativo. Este es un hecho que nuestro grupo parlamentario
quiere destacar. Y se hace además en un momento en el que todo el mundo
que trabaja en el ámbito de los discapacitados (ONG, administraciones
públicas, grupos políticos) somos conscientes de que la Lismi es una ley
que debe entrar en un proceso de revisión y de reflexión porque,
evidentemente, su aplicación no ha sido todo lo positiva que en el año
1982 o en el año 1983 podíamos prever. Nos hemos encontrado que las
lógicas del mercado, las lógicas de nuestra sociedad han dificultado la
aplicación real de la Lismi en su perspectiva de avanzar en la
integración real de los discapacitados.
Además de esta valoración positiva de orden general, hay que decir que el
plan aborda aspectos concretos de manera positiva. Todo lo que hace
referencia --y el señor Pimentel en su intervención lo ha remarcado-- a
los procesos de integración laboral, a la participación en órganos
públicos de participación social, al terreno de la formación ocupacional,
o el desarrollo de medidas de fomento a la contratación constituyen
elementos positivos de este plan. Ahora bien, nuestro grupo sí querría
manifestar al señor Pimentel tres cuestiones.
En primer lugar, nos parece que el proceso que ha conducido a la firma de
este plan no ha sido llevado de la manera más correcta posible. Se ha
obviado de manera bastante evidente el papel fundamental que las
comunidades autónomas juegan en todo este proceso, y desde la perspectiva
de Cataluña, a pesar de la acción del Estado español, que todo el mundo
reconoce y no tan sólo por mérito de la Administración autonómica sino
por mérito del propio tejido de nuestra sociedad, que se han desarrollado
políticas especialmente interesantes en el terreno de la integración
social de los minusválidos, existe la sensación de que no se ha contado
con esa realidad, de que el plan se ha pactado a nivel estatal sin contar
con las comunidades autónomas, que además desarrollan buena parte de las
políticas de integración social de los minusválidos. Por ejemplo, en la
perspectiva del año 1998, en el caso de Cataluña, va a asumir las plenas
competencias en la gestión de las políticas activas del Inem. Este es un
elemento del plan del que nosotros discrepamos.
Hay un segundo punto de orden general del plan del que podemos discrepar,
y es que contiene en su concepción un exceso de filosofía economicista.
No entra a desarrollar --y el señor Pimentel lo ha afirmado en su
intervención-- el objetivo básico de la generación de empleo en este
sector, que es la integración social, por tanto, las propuestas que
contiene no avanzan en las cuestiones que a nuestro entender son más
acuciantes desde la perspectiva del desarrollo de la propia Lismi, desde
la perspectiva de la integración social de los minusválidos. Todo lo que
hace referencia a los equipos multiprofesionales previstos en la Lismi y
que aún no están en marcha; todo el desarrollo de los equipos de
integración laboral y social en las propias empresas previstos en la ley
que hoy tan sólo se han desarrollado en Cataluña y con las limitaciones
económicas que todo el mundo conoce; toda la reflexión sobre la necesidad
de desarrollar políticas de discriminación positiva en función de la
calidad o nivel de discapacidad de los discapacitados. Es evidente que en
situaciones diferentes se requieren políticas diferentes y el plan no
aborda en ningún momento esta perspectiva de priorización de cuáles son
los colectivos en los que debemos centrar nuestras políticas; son
elementos de orden general que a nosotros nos hacen entender que a lo
largo de 1998 debemos abrir un debate en serio, en profundidad y
políticamente amplio sobre el futuro de la Lismi, sobre la necesidad de
reformar la Lismi en un sentido que permita que los principios que en los
años 1982 y 1983 nos llevaron a aprobarla realmente se cumplan. Desde esa
perspectiva el plan puede ser positivo porque inicia un proceso de
revisión, pero evidentemente nuestro grupo, en el año 1998, va a
pretender ampliar este debate a muchísimos otros aspectos, y entendemos
que ese debate de revisión de la Lismi ha de ser generoso, con
implicación de las organizaciones de discapacitados de ámbito estatal,
pero también con las organizaciones de ámbito nacional o regional y con
participación de los gobiernos territoriales que tienen competencias en
esta materia.
Hoy no vamos a entrar en el fondo de la cuestión porque tampoco es el
objetivo de la comparecencia, pero sí vamos a entrar en cuatro aspectos
concretos del plan que, a nuestro entender, sería bueno que en las
próximas semanas y meses, en el desarrollo del mismo, se pudiesen
corregir. En primer lugar, la cifra pactada de actualización progresiva
de la cuantía de las subvenciones por contratación indefinida y su
posterior aplicación a la contratación a tiempo parcial, al menos en
aquello que nos consta que es la cifra alcanzada de acuerdo en la cuantía
de subvención por contratación a tiempo completo (650.000 pesetas),
aumentando en 150.000 pesetas aquello que venía funcionando desde 1983,
nos parece insuficiente. Es evidente que desde 1983 han pasado las
suficientes cosas para entender que subir 150.000 pesetas es escaso.
Podemos comprender las razones que han llevado al Gobierno y a los
representantes del Cermi a pactar esa cifra, pero nos parece que es una
cifra escasa. Vamos a ver, en el desarrollo de la contratación a tiempo
parcial, si somos capaces de aumentar significativamente estas
subvenciones.
En segundo lugar, nos parece que la exclusión del trabajo a domicilio en
los centros especiales de empleo que se plantea en este acuerdo, en el
caso de los disminuidos psíquicos no es de recibo, y que incluso en otros
colectivos de disminuidos deberíamos encontrar qué elementos son los que
realmente nos permiten justificar que se produzca este tipo de situación,
porque evidentemente el riesgo de marginalidad que podemos crear es más
que evidente; por tanto, esta cláusula del acuerdo con el Cermi nosotros
no la podemos compartir.
En tercer lugar, nos parece que la redefinición del actual modelo de
centro especial de empleo en relación con las personas minusválidas que
deben formar necesariamente parte de sus plantillas, tampoco tiene en
cuenta ese principio que comentaba inicialmente de entender que en
función de la calidad o el nivel de la minusvalía hay centros,
fundamentalmente de psíquicos o de personas pluridiscapacitadas, que
necesariamente deberán tener en sus plantillas más personal de apoyo,
porque, sino, es imposible que estos centros puedan desarrollar sus
funciones. Hoy mismo, en el Senado, y el señor Pimentel también lo ha
comentado, se debate la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha
planteado a la ley de acompañamiento y la propuesta de transacción que
nuestro grupo parlamentario va a presentar en el sentido de entender que
si realmente queremos que los centros especiales de empleo puedan acoger
a trabajadores afectados, ese límite del 70 por ciento que se desarrolla
en el acuerdo entre el Cermi y el Ministerio no va a permitir que los
centros que acogen a los discapacitados más afectados puedan recibir en
su seno a aquellos que no llegan al límite para estar en un centro
ocupacional. Esto lo vamos a tener que poner en relación a las
subvenciones para la creación de empleo en estos centros que son, a
nuestro entender, claramente insuficientes.
Como último elemento de crítica y, por tanto, de voluntad de modificación
de los aspectos del plan, entendemos que la comercialización de los
productos elaborados en los centros ocupacionales debemos abordarla con
muchísima prudencia. Los centros ocupacionales no responden, en ningún
caso, a un criterio de productividad; lo menos importante es lo que
producen y lo más importante es la terapia que se desarrolla en ellos en
relación a los disminuidos que están acogidos, y la introducción del
criterio de comercialización puede pervertir el objetivo último de los
centros ocupacionales.
Señor Pimentel, desde la perspectiva de entender que el plan implica un
grado de madurez del sector e introduce
modificaciones positivas, que a nuestro entender deben ser corregidas, le
planteamos tres cuestiones. En primer lugar, que el desarrollo del plan
sea pactado con las comunidades autónomas y a poder ser que el Congreso
de los Diputados tenga participación en el desarrollo del mismo; en
segundo lugar, que seamos ambiciosos en las dotaciones presupuestarias
para este conjunto de políticas, y, en tercer lugar, que el año 1998 lo
abordemos con voluntad de llegar al consenso social y político con una
reforma en profundidad de la Lismi y del conjunto de políticas que
destinamos a este sector. Nos parece que vale la pena y que, si existe
voluntad de llegar a acuerdos, el conjunto de grupos políticos y sociales
lo tenemos fácil para poder desarrollar en ese terreno una política de
amplio consenso.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Quiero decirle, señor Pimentel, en nombre de
Nueva Izquierda, que el plan de empleo para las personas discapacitadas,
que usted ha presentado aquí y que fue suscrito en el pasado mes de
octubre por parte del Ministerio junto con el Cermi, el Consejo Español
de Representantes de Minusválidos, a nosotros nos merece una valoración
positiva. Nos parece que es un intento de avanzar para hacer realidad las
previsiones y los objetivos que se contenían en la ley del año 1982,
porque cuando se cumplían diez años y se hacía un balance se notaba que
la realidad distaba mucho de lo que eran las previsiones que se marcaba
la propia ley. Aquellos objetivos siguen siendo plenamente válidos y que
si algo le falta a la ley es cumplimiento y hacerse realidad, y todo lo
que sea avanzar en esa dirección es absolutamente necesario,
imprescindible y urgente. Este plan ha sido acordado con los
representantes de las personas discapacitadas y eso nos parece que es un
dato positivo.
Agradecemos su presencia aquí para informarnos de esto, y ya le
anunciamos la voluntad de nuestro grupo, y estoy convencido de que
también será la voluntad de la Administración, de pedir su comparecencia
más adelante al objeto de poder hacer un balance más detallado de lo que
es la realidad de la aplicación. Hoy usted nos presenta un texto escrito
que a nosotros nos parece sustancialmente positivo, pero quisiéramos que
esto se hiciera realidad y ver en qué medida lo que aquí se plantea es,
efectivamente, un paso real de avance en la integración laboral y social
de las personas discapacitadas.
Me permito urgirle, señor Pimentel, que la Administración cumpla en
aquellos aspectos en los que es protagonista. Todo lo relativo al empleo
público es algo que se nos ha reconocido reiteradamente en los órganos
del Parlamento. En su intervención de hoy usted ha dicho que la propia
Administración no cumplía sus obligaciones legales, y creo que sería
bueno que se avanzara en este sentido. Me consta que incluso el propio
Defensor del Pueblo ha hecho recomendaciones específicas en relación con
este cumplimiento. Creo que todo lo que sea hacer realidad el
cumplimiento por la Administración de esa obligación legal de alcanzar
una cobertura del 3 por ciento es, sin lugar a dudas, importante para
conseguir esa integración laboral y social de los discapacitados.
De la misma manera, en el tema de los empleos en las empresas privadas se
constata un incumplimiento generalizado y, sin embargo, creo que es
importante que se siga insistiendo, siendo consciente de la dificultad
que plantea, pero también de que es posible corregirlo. El otro día se
conoció la noticia de un acuerdo firmado por la fundación ONCE con una
gran superficie comercial para la integración en la plantilla de dicha
superficie comercial de personas discapacitadas. Estamos hablando de una
empresa que trabaja de cara al público, y eso podría pensarse que es un
inconveniente añadido al empleo de estas personas; no obstante, en la
realidad se demuestra que es posible y necesario hacerlo. Fruto del
Parlamento hay una disposición legal, por tanto obligatoria para todos,
que lo impone. Nosotros creemos que la Inspección de Trabajo y la propia
Administración tiene que hacer un esfuerzo para conseguir su
cumplimiento, y nos parece positivo que en la línea de lograr ese
cumplimiento se puedan encontrar fórmulas flexibilizadoras, algunas de
las cuales se abordan en este acuerdo que se ha suscrito recientemente
entre el Ministerio y el Cermi.
En definitiva, creo que hoy tenemos que celebrar que sigamos compartiendo
los objetivos que en su día se plantearon en la Lismi, el objetivo de la
integración social y laboral de los minusválidos; que reconozcamos que se
ha producido un acuerdo importante con la participación directa de los
más afectados, y que esta comparecencia y estas reflexiones que estamos
haciendo todos nos sirvan para avanzar en hacer realidad en las empresas
de nuestro país esos objetivos que todos compartimos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: El acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Minusválidos
(Cermi), por el que se establece un plan de medidas urgentes para la
promoción del empleo de las personas con discapacidad, le merece una
valoración francamente negativa a nuestro grupo y a los sectores sociales
afectados por el mismo en Euskadi. En primer lugar, porque no se ha
contado --como ya se ha dicho anteriormente-- con acuerdos con los
gobiernos autonómicos. Esperamos que en la próxima conferencia sectorial
de asuntos sociales se presente el plan, en nuestro caso, al consejero de
Economía, Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, dado
que la conferencia sectorial de asuntos laborales se ha celebrado con
anterioridad a la firma del acuerdo.
Por otro lado, las organizaciones que desde hace años vienen trabajado
agrupadas --en nuestro caso en Lantegi Batuak--, afectadas por este
acuerdo, han mostrado su protesta, y es que hay que tener en cuenta que
es un acuerdo que se ha firmado con un conjunto de organizaciones que ni
siquiera representan el 50 por ciento del volumen de empleo especial del
Estado español.
Nos parecen sumamente preocupante algunos aspectos del plan. En el punto
4.1, cuando se realiza una redefinición del actual modelo de los centros
especiales de empleo en interconexión con las otras modalidades de empleo
de trabajadores discapacitados, nuestro desacuerdo radica
fundamentalmente en la introducción de un criterio de modulación en dos
tramos de las subvenciones económicas. Con estos dos tramos se daría la
paradoja de que las organizaciones que más empleo especial concentran,
que son las que se dirigen fundamentalmente al colectivo de personas con
discapacidades psíquicas y que cuentan en sus plantillas con un 70 ó 90
por ciento de personas con minusvalía, entrarían en el segundo tramo, es
decir, 1,5 millones por creación de empleo, y frente a esto estarían las
organizaciones que representan minoritariamente al empleo especial, que
quedan enmarcadas en el primer tramo: más del 90 por ciento de
minusválidos, con 2 millones. Esta nueva redacción que se da al plan
choca también frontalmente con el apartado 4.c) del plan para la
reactivación del empleo de las personas con discapacidad, de 13 de mayo
1994, que fue suscrito por todas las organizaciones firmantes del actual
acuerdo. Por tanto, nos parece importante la corrección de esta
modulación, que es claramente perjudicial para los intereses de las
organizaciones que representan más del 50 por ciento del empleo de
minusválidos.
También, cuando en el punto 4.9 se habla del empleo con apoyo, nos
gustaría saber a qué se refiere el término «empleo semiprotegido», puesto
que esta denominación no deja nada claro si lo que se pretende regular
son los enclaves, es decir, contratos de prestación de servicios a
empresas ordinarias por parte de trabajadores con discapacidad
contratados por un centro especial de empleo mediante la relación laboral
de carácter especial correspondiente, o si se refiere al empleo con
apoyo, es decir, trabajadores con discapacidad contratados con una
empresa ordinaria, que son apoyados por servicios de preparadores
laborales dependientes de organizaciones públicas o privadas que trabajan
en pro de la integración laboral del colectivo, o si se refiere a ambas
modalidades.
De todas maneras, por no ser muy extenso, diré que lo que nos parece más
preocupante es la falta de consenso con que se ha realizado este plan,
como he dicho, con buena parte de las empresas y organizaciones que
vienen trabajando, en nuestro caso hace años, y que incluso están
mereciendo las visitas de entidades de países nórdicos, que no creo que
sean los más atrasados en este campo; todas ellas han quedado al margen
del acuerdo, y no se ha contado, por lo menos hasta el momento, con las
comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Nuestra felicitación al secretario general de
Empleo por la suscripción de este plan se ve mediatizada por nuestro
juicio de que hubiera hecho falta un esfuerzo mayor para que la
participación fuera más completa en el ámbito del asociacionismo, aunque
a veces hay que reconocer que es difícil articularlo todo, pero hubiera
hecho falta llegar a un máximo de consenso en este aspecto y también con
las comunidades autónomas. En este caso es importante destacar que el
Ministerio cumple con su obligación de llegar a acuerdos y articular lo
que es su marco a nivel competencial. En este sentido es necesario
desarrollar y desplegar un ámbito con el máximo consenso posible.
Nosotros, estando de acuerdo con los objetivos, incluso con buena parte
de la Lismi en su conjunto, sin embargo somos críticos respecto a lo que
se ha conseguido con ella, aunque reconocemos que en buena parte ha sido
un elemento positivo, pero todavía hay muchas insuficiencias. Por tanto,
nos apuntamos a que la reforma de la misma sería conveniente abordarla en
un ámbito en el que, por parte de todos los grupos políticos del
Parlamento, se pudiera participar más en profundidad, estudiando a fondo
lo que sería el futuro de la política de integración de los minusválidos.
En cualquier caso, estamos de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo
para que se participe al máximo posible en el desarrollo de este acuerdo,
tanto a nivel legislativo como a nivel financiero, y que por parte del
Ministerio se facilite esa participación en todos los sentidos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Elvira Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Quisiera agradecer la comparecencia del
secretario general, señor Pimentel, en relación a la presentación del
plan de medidas urgentes para la promoción del empleo de las personas con
discapacidad. Creo que quienes me han precedido en el uso de la palabra
han puesto de manifiesto temas interesantes, que merecen una reflexión
colectiva por todos los grupos de esta Cámara.
En primer lugar, quiero decir que la Ley de Integración Social de
Minusválidos, que fue aprobada en el Gobierno de UCD, fue una ley muy
ambiciosa que tuvo la unanimidad de todos. En la valoración que se hizo
en el año 1992, en relación a su décimo aniversario, se vio que aspectos
relacionados con la salud, con la prevención de la discapacidad, con la
integración educativa, que era uno de los ámbitos donde nuestro sistema
educativo tenía grandes flecos, se han ido cubriendo, y la realidad es
que hoy en día la integración educativa y la integración escolar de los
discapacitados es un elemento que nadie debate ni discute, y que está
instituida en todos los centros educativos en nuestro país; que los temas
de prevención de la salud y de la prevención, sobre todo, y de la
discapacidad también, se han cubierto, pero la gran laguna que nos
quedaba a todos era el capítulo de la participación y la integración en
la vida económica.
Sin embargo, y lo ha reconocido el señor Pimentel, grandes han sido los
esfuerzos que se han hecho en estos temas. Ha habido ocho leyes que se
han aprobado por el Congreso de los Diputados que hacían referencia al
desarrollo de medidas para la contratación, la inserción laboral y un
largo etcétera.
Quiero referirme a tres elementos que son importantes en relación a este
plan. En primer lugar, coincido con los otros grupos parlamentarios que
han intervenido en la medida que el plan se ha hecho volcado
prioritariamente al planteamiento del Consejo Español de Representantes
de Minusválidos, el Cermi, pero tiene grandes lagunas y voy a decir por
qué.
En España están valorados 1.317.729 discapacitados. De éstos, 830.000 son
minusválidos físicos, 288.000 son sensoriales y 296.000 son minusválidos
psíquicos. Aquí es donde creo que entra una de las grandes lagunas que
tiene este plan. Las discapacidades psíquicas se han visto mermadas en su
actuación, priorizándose, por el contrario, medidas tendentes a favorecer
la inserción laboral de los discapacitados físicos y sensoriales, y se lo
voy a comentar. El año 1982, el título VII, en su artículo 42, establecía
que los centros especiales de empleo tendrían la plantilla total de
personas con discapacidad, y que no se tendrían en cuenta ni se
computarían las personas de plantilla que no fueran minusválidos pero que
fueran imprescindibles para el desarrollo de la actividad. El Cermi, en
el año 1994, elaboró un primer plan en el cual se establecía que el 51
por ciento tendrían que ser personas con discapacidad para los centros
especiales de empleo. Sin embargo, en el último acuerdo se ha llegado a
la cifra de un 70 por ciento de discapacitados. Nosotros creemos que no
debieran calificarse como centros especiales de empleo a empresas que
cuenten con un mínimo del 70 por ciento de trabajadores con discapacidad
en su plantilla. En el caso de los discapacitados psíquicos debiera
seguirse aplicando lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Lismi, porque
esto no les beneficia en la medida en que van a establecerse dos
tipologías de acceso a prestaciones o subvenciones para la contratación
laboral y quedarían automáticamente excluidos.
Un segundo elemento que nos parece importante es que se ha hurtado la
colaboración con las comunidades autónomas y no se ha contado
suficientemente con un debate en profundidad, es decir, puede ser un plan
urgente, pero usted sabe, señor Pimentel, que esperar uno, dos o tres
meses más en este tipo de actuaciones no va a generar ningún agravio
comparativo ni va a generar un grave problema. Por tanto, creemos que en
la complejidad de la estructura administrativa de nuestro país éste es un
ámbito que tenía que haber tenido en cuenta.
Por último, señor Pimentel, el cielo está empedrado de buenas
intenciones, y este plan de medidas urgentes es un plan de buenas
intenciones, pero hay un elemento sobre el que tiene que reflexionar el
Gobierno. Se ha hurtado a esta Cámara la posibilidad de debatir sobre qué
hacer con todo un título de la integración y la inserción laboral de los
minusválidos. Fíjese cómo ha sido que ni en la ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, a la que se han presentado enmiendas
en el Congreso, no se ha propuesto ninguna enmienda en relación a este
tema y, sin embargo, nos encontramos con la enmienda 365, que se ha
presentado por el Grupo Popular en el Senado, y que sí hace referencia a
ello. Usted, en su intervención inicial, nos ha comentado que estaban
dudando qué hacer con los centros especiales de empleo, si seguir
elaborando determinadas normativas o si hacer un real decreto de carácter
global para ellos. Me parece que hay la suficiente experiencia desde el
punto de vista de las organizaciones, muchas de ellas vinculadas con el
Cermi y otras no, es decir, está la Coordinadora de talleres de Cataluña,
de discapacitados psíquicos, que no está integrada en el Cermi; hay otras
organizaciones, por ejemplo, Talleres Gureak, que han sido pioneras, han
cumplido ya 50 años, y en Guipúzcoa, lo sabe bien el vicepresidente de
esta Comisión, la lista de paro en los discapacitados es mínima. Yo
pediría al Gobierno que reconsidere esta situación y que traiga a esta
Cámara el debate de los centros especiales de empleo, para poder hacer
aportaciones desde todos los puntos de vista, que engloben al mundo
asociativo, a la iniciativa social, a las empresas de inserción, que
también son importantes en esta materia, y que no nos hurten un debate
que es importante para el futuro de la inserción laboral de más de un
millón de potenciales trabajadores y nos permitan a todos los partidos
políticos, que somos los que ostentamos la voluntad de los ciudadanos,
hacer una valoración global.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: La valoración del Grupo Popular, como casi
todas, es positiva. Yo daría un especial aplauso a este plan por su
contenido --que luego comentaré brevemente-- y por sus conceptos.
Este plan es especialmente relevante si se ve la evolución. Desde el año
1982, en que hubo un gran intento de acercarnos a Europa en la
integración, vinieron unos años de alta sensibilidad en los que la
cultura a este respecto fue cambiando; después ha habido un
aletargamiento de la sociedad en cuanto a integración laboral, que lleva
también comprendida la educación y la formación. En la reforma laboral
general ya se contemplaban unas medidas específicas, hay un plan de
acción que hemos aprobado hace poco y también se contempla en el Plan
plurianual de empleo; esto es importante porque está reflejando una
recuperación por parte de todos de esa sensibilidad que hubo en los años
1982, 1983 y 1984 y que es absolutamente necesaria.
Otro concepto que creo que es importante es que sea abierto. Se han hecho
algunas alegaciones en cuanto a que no se ha hablado suficientemente con
las comunidades autónomas. Yo creo que este plan está incardinado en otra
serie de medidas, no está aislado; si fuera una medida aislada no
serviría de nada. Eso significa que está abierto. Se han añadido medidas
ahora en los presupuestos, pero van a seguir modificándose, se va a
seguir hablando de él en otros ámbitos, y ésta es una de las definiciones
de este plan. Era necesario y es positivo.
Se ha hecho mención por otros dos portavoces a que había un plan en 1994.
Efectivamente, es importante darnos cuenta de que existe afortunadamente
un consenso, pero ha habido años de aletargamiento en el desarrollo de la
Lismi. Era un plan que no encontraba su aplicación específica. Cuando se
introducen distintas medidas desde distintos ámbitos, ello conlleva que
entren también fondos; es muy importante que las medidas tengan
presupuesto para
aplicarse; es importante que vaya de abajo a arriba. ¿Ese plan de 1994,
que se ha modificado en bastantes cosas a la hora de establecer el
acuerdo, es la única representación que hay? Hay que hacer un esfuerzo
fundamentalmente por las asociaciones para llegar a abrirse más, a que el
Cermi sea más abarcador de todo el sector; que en este momento no lo es,
pero es importante tener un hilo sobre el que luego aportar. El espíritu
del Cermi, que había perdido gran protagonismo, tiene que recuperarlo
incorporando a más asociaciones y lo está recuperando ahora, porque se ha
dado cuenta que no representa a la totalidad que tiene que estar
representada. Estoy de acuerdo con varias de las cosas que han dicho y
que afectan específicamente a los psíquicos, y luego me referiré a ello.
Otro punto es que no se pueden tomar medidas que afecten a la integración
en el empleo sin el acuerdo de los agentes sociales, es imposible. En
este país, las relaciones laborales las marcan fundamentalmente
empresarios y trabajadores. A los tres puntos anteriores añadimos esta
guinda de que los agentes sociales se inmiscuyan. ¿Es difícil que se
cumpla el 2 por ciento? Evidentemente. Estamos todos diciendo
constantemente que el empleo lo crean las pymes, fundamentalmente, y que
no llega a ese 2 por ciento porque no tienen facilidad, no tienen la
formación adecuada, no encuentran el camino. También tienen que
participar los sindicatos, y pocas veces se ven en la lucha de los
convenios a personas con discapacidad; esto también es muy importante.
Considero que también hay que decir que es importante que este acuerdo
fuera aprobado en Consejo de Ministros, porque le da la relevancia que
tiene.
En lo que se refiere al plan en sí, creo que toca todos los elementos
porque básicamente son los generales, es decir, ahora tenemos un nivel de
empleo que es tres veces inferior a la población activa sin discapacidad.
Ese es un hecho que hay que remediar. ¿Dónde pueden estar los huecos? Se
detecta una falta de presencia institucional. El que estén en el Consejo
General de Formación Profesional, el que estén en el Consejo Económico y
Social es vital. No creo que podamos estar hablando de integrarlos
realmente si no luchamos no sólo porque las asociaciones afectadas se
abran más y sean más generales, sino porque estén representadas en los
sitios en los que se toman decisiones que les afectan. Nosotros
entendemos que esto es importante y lo aplaudimos.
En cuanto a la intermediación laboral, se hacía referencia con gran
acierto por parte de otro portavoz a que a desigualdades diferentes
tendríamos que tener medidas específicas. Estamos absolutamente de
acuerdo. Creo que en esa dirección puede ir el cambio de los servicios
públicos de empleo. Hay que tener un censo realmente elaborado, hay que
tener especialistas en este tipo de empleo de discapacitados que puedan
controlar las diferentes discapacidades y ver qué minusvalías existen
para cada empleo, y eso lo permite hoy la tecnología y la informática.
Esto hay que unirlo a la formación profesional, no hay otra vía. La
formación profesional afecta a todos; la formación continua es un
problema de la empresa normal, del trabajador sin discapacidad y también
del que tiene discapacidad, por eso entendemos que estos planes flexibles
y adaptados, la creación de contratos-programas y programas específicos
de formación continua para discapacitados son elementales y están muy
bien recogidos en este plan que nos parece de todo punto muy importante.
Por último, en cuanto a la contratación e inserción, creo que tiene
matices. Es un acuerdo que como tal puede haber tenido más peso para
quien lo ha firmado que, evidentemente en este caso se ha dado, y el peso
de los minusválidos físicos se ve. Pero entiendo que si existe ese
acuerdo lógico cuando hablamos del 70 por ciento, se sobreentiende que no
se va a perjudicar lo que existe para los minusválidos psíquicos;
entonces se tiene que remediar ese punto. Eso lo percibimos y todos los
grupos así lo vemos y no creo que ese 42.2 de la Lismi se puede afectar,
porque si no estaríamos perjudicando.
En cuanto a las cuantías creemos que serán unas cantidades fijas,
mientras que entonces se decía «hasta» cuando se hablaba, con lo cual si
miramos las medias realmente es una mejora. Luego nosotros vemos el
acuerdo positivo en ese aspecto y en cualquier caso son los afectados los
que tienen que hacer. El que se contemplen igualmente las fórmulas
flexibles para el acceso al empleo público me parece fundamental. En este
momento no sólo no es que no se cumpla, es que no hay desigualdad en la
forma de acceder, con lo cual no se está permitiendo que se acceda al
empleo público adecuadamente.
Todas estas medidas ya empezaron en 1997 incluyéndose en los presupuestos
y en 1998 el plan de acción aumentó un 25 por ciento. Además hay fuertes
cantidades económicas que lo apoyan y, fundamentalmente, está hecho todo
desde abajo, porque ahora son las comunidades las que en gran parte
tienen que aplicar esto, las que van a desarrollarlo, como así se
contempla en el plan marco, que es el plan de acción. Creo que esto puede
ser un camino para mejorar, para iniciar, para retomar algo que lleva
mucho tiempo haciéndose pero que nos queda muchísimo camino por recorrer.
Cuando hablemos de la integración y la autonomía económica del
discapacitado tenemos que pensar en ponernos en unas tasas de desempleo
mucho más digeribles por una sociedad como la nuestra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Muchas gracias,
señor presidente.
En primer lugar, quiero no sólo agradecer las intervenciones por el tono
que han tenido, sino también por la profundidad e intensidad de las
mismas, lo que evidencia un conocimiento por parte de todos los
portavoces de la materia en cuestión. También debo reseñar la importancia
política, notable y manifiesta, que los distintos grupos que han tomado
la palabra le dan a todas las políticas de promoción del empleo y a favor
del discapacitado en general. Dentro de este marco de cierto consenso en
cuanto a las prioridades, querría referirme a las dos cuestiones que han
planteado los distintos portavoces: una de procedimiento y otra de las
cuestiones de fondo.
Empezando por el procedimiento, y como ya ha indicado el portavoz del
Grupo Popular, nosotros hemos creído --y debemos tener cierta modestia--
que el Cermi tenía una entidad representativa notable con las nuevas
ampliaciones, y lo hemos considerado como entidad muy representativa del
sector, aun conociendo que dentro de la complejidad de cualquier sector
asociativo en España pudiera existir alguna asociación no representada;
no sé si estamos en un error, pero la hemos considerado representativa y
así hemos actuado. Lo hemos hecho de forma voluntaria otorgando esa
representación a Cermi porque creíamos que la teníamos. No obstante,
reconozco el procedimiento en la nueva etapa de relaciones de política de
empleo en nuestro país amparadas por la Constitución y cuyas
transferencias ya se han iniciado en formación profesional ocupacional.
Prácticamente a final de año la van a tener diez comunidades autónomas y
las políticas activas la van a tener dos comunidades autónomas a
principios de año, Galicia y Cataluña. Saben SS. SS. que se está
negociando con el País Vasco y el próximo año vamos a negociar, y espero
que ultimar, los traslados al resto de las comunidades autónomas del 151.
No es que tengamos que darle un mayor peso a las comunidades autónomas
sino que, efectivamente, en cuestión de políticas activas hay que contar
con las comunidades autónomas. Quizá hubiera sido conveniente plantear
este plan ante la conferencia sectorial; en todo caso, queda mi
compromiso de llevarlo a la próxima. Este plan tiene la ventaja --como
también se ha indicado por parte del portavoz del Partido Popular-- que
es un plan abierto y hay todavía mucho foro y mucho campo para trabajar
en coordinación con las comunidades autónomas. Quizá debíamos haber
planteado este tema --y ha sido una propuesta unánime de todos los
grupos-- también con las comunidades autónomas; en todo caso,
procuraremos a partir de ahora ir integrando esta voluntad. Dentro de un
año el plan de empleo y todo lo relacionado con la cumbre de Luxemburgo
va a tener una extraordinaria importancia, y entonces las comunidades
autónomas van a tener que ser, y no ya por voluntad graciosa de un
Gobierno, sino porque realmente van a tener la competencia en política
activa, parte muy importante en cualquier configuración normativa que
afecte a su ejecución.
Por tanto, en el procedimiento nos reiteramos en considerar a Cermi como
representativo de las asociaciones y en cuanto a las comunidades
autónomas aceptamos que quizá hubiéramos tenido que darles un mayor peso
en la negociación de este plan. De todas formas en la línea que ha
apuntado el portavoz del Grupo Popular nos comprometemos en los procesos
que quedan, que queda mucho campo todavía, a restituir ese protagonismo
que deben tener, y lo digo sin ningún tipo de duda al respecto, las
comunidades autónomas.
En cuanto a los contenidos se han tocado varios aspectos. En alguno de
ellos hay coincidencia con algunos grupos, comenzando por la intervención
del portavoz de Convergència i Unió, y reconociendo que, efectivamente,
Cataluña ha sido el territorio donde el tejido asociativo ha avanzado más
rápidamente. Existe una importantísima experiencia también en otras
tierras, pero en este caso concreto hay algunos aspectos que sí coincido
con él y en otros podría hacerle algunas matizaciones en cuanto al exceso
de filosofía economicista. Hemos utilizado como base el plan de empleo
del propio Cermi y, efectivamente, está ceñido al ámbito económico y de
empleo. Por tanto, no ha sido nuestra intención que tuviera esta
filosofía economicista. Coincido con él en la valoración positiva de la
Lismi, y este plan podría ser un primer avance para ir valorando y
modificando aquellas cuestiones que consideremos necesarias para
adaptarlas a la realidad.
En cuestiones concretas planteaba el portavoz de Convergència i Unió
cuatro cuestiones que han sido reiteradas por algunos de los portavoces
que han tomado posteriormente la palabra. En primer lugar, la
cuantificación económica. En este tema voy a utilizar las palabras del
portavoz del Grupo Popular en cuanto que en cuestiones de empleo, que
creo que es muy positivo y se ha dicho también aquí, tenemos que tener en
cuenta la opinión de los agentes sociales; por supuesto comunidades
autónomas, asociaciones, Gobierno, pero también agentes sociales.
Ha habido un acuerdo muy reciente. Han pasado por esta Cámara los
decretos 8 y 9 que regulaban tanto los nuevos contratos indefinidos como
las cuantías, y al final se acordó este incremento en subvención, que si
actualizamos el valor del año 1983 no estamos delante de un gran
incremento, hay que reconocerlo, y es una realidad que no voy a
cuestionar porque es un aspecto cuantitativo. Entendemos que no sería
conveniente modificar estas cuantías en este momento procesal cuando esta
Cámara prácticamente está aprobando estas cuestiones. No obstante y a
tenor de la importancia que se ha dado en las intervenciones de los
distintos grupos, como todavía tenemos que desarrollar, con participación
prefigurada de las comunidades autónomas, paquetes de incentivos
complementarios, por ejemplo, al contrato indefinido a tiempo parcial,
aprovechando el siguiente paquete de medidas podríamos replantearnos este
incremento de la subvención para contrato indefinido de personas con
discapacidad.
Un tema importante que se ha planteado por prácticamente la totalidad de
los portavoces es si hay o no perjuicio para las personas con
discapacidad psíquica. Ya les digo que no ha sido la intención, y si
tenemos que modificar o cambiar algo para que quede salvada esta duda lo
vamos a hacer, porque nos equivocaríamos si no lo hiciéramos.
Concretamente se ha planteado, por ejemplo, la exclusión en trabajos a
domicilio que intentábamos eliminar porque parecía, y era una petición
del sector, que en determinados casos pueden existir causas que hicieran
aconsejable que determinadas personas con discapacidad realizaran los
trabajos en domicilio. Eramos conscientes de que esta facultad de
permitir trabajo a domicilio por una parte podría poner en cuestión uno
de los principios básicos que persigue el empleo, que es la socialización
de estas personas. Sabíamos ese riesgo y hemos querido establecer todo
tipo de cautelas para evitar esa marginalidad. Si parece insuficiente,
porque es una cuestión que hemos querido hacer un poco más flexible para
cubrir determinados supuestos, si hay una petición por parte de los
grupos, como parece, con bastante unanimidad, aunque por parte de los
sectores no tanto, pues en este tema apreciamos distintas opiniones,
nosotros estaríamos dispuestos a extremar aún más las cautelas o,
incluso, llegado el caso, evitar o impedir el trabajo a domicilio al
disminuido psíquico. Pero aquí entendemos --y lo reitero-- que hay
peticiones por parte del movimiento asociativo que aconsejan que en
determinados casos es bueno permitir el trabajo a domicilio; que pongamos
todas las cautelas que tengamos que poner para que no se rompa el
principio de socialización, pero que no cerremos a cal y canto la
posibilidad de que en determinados supuestos exista ese modelo.
Ha habido un debate y una opinión casi unánime que yo querría explicar
porque prácticamente todos los portavoces se han referido a la
cuantificación de personas en el nuevo modelo de los centros especiales
de empleo. ¿Qué teníamos en la ley hasta ahora? Decíamos que con la
exclusión de determinadas personas que se consideraban por fines sociales
o terapéuticos, personas que no contabilizaban dentro de la plantilla, en
el resto vinculado a la actividad tenía que existir un cien por cien de
personas con discapacidad. Parecía, y era una petición del sector muy
importante, que rebajáramos ese tope al objeto de que pudieran
desarrollar un trabajo más cómodo en algunos casos y en todo caso que
determinadas actividades necesariamente tenían que ser desarrolladas por
personas sin esa discapacidad. En esa línea se aprobó en el acuerdo
reducir y modular el 70 y 90 modulándolo con las subvenciones. Como,
efectivamente, de la nueva redacción podía entenderse --y así se ha dicho
por todos los grupos-- que no quedaba suficientemente aclarado qué
personal se consideraba o no, se va a aprobar en el día de hoy en el
Senado una enmienda, y creo que va a haber una transacción del Grupo
Catalán, en el sentido de considerar excluidas de este cómputo a las
personas auxiliares que tiendan a apoyar con fines sociales o
terapéuticos, según la reglamentación vigente, a estas personas, con lo
cual salvaríamos el temor que han manifestado prácticamente la totalidad
de sus señorías. Eso quedará incorporado en el día de hoy. Ruego
disculpas a que lo hayamos tramitado vía enmiendas en el Senado, pues
hubiera sido más correcto --y en esto coincido-- haberlo hecho a través
de la presentación de la ley y en su trámite habitual en el Congreso de
los Diputados; al final nos ha salido así, pero no hemos querido
desaprovechar esta posibilidad para dejarlo ya incluido en la normativa.
Espero que con esta enmienda y la transacción propuesta podamos
solucionar esta salvedad que creo que con toda justicia han planteado sus
señorías.
Me nacen dudas --y aquí sí, igual que en los otros dos aspectos lo tengo
claro-- sobre la bondad o no de regular la comercialización de los
productos fabricados en los centros especiales de empleo. Por una parte,
nos encontramos ya con que en algunos centros se están vendiendo los
productos para ayudar a financiar las actividades propias; en otros no se
están vendiendo, bien porque el producto no tiene un mercado o bien
porque así entienden los promotores. También es el caso de que la
legislación actual lo permite o no está contemplado en la financiación
esa venta de productos, y ha habido una petición del sector para que se
permitiera esa comercialización al objeto de poder incorporar ese flujo
financiero con la finalidad última del plan que es promocionar el empleo
en personas con discapacidad. En ese sentido, hemos visto bien la firma
de una forma más genérica y hablar de con qué cautelas se puede abrir esa
vía de comercialización. Ahora bien, también entiendo la reserva que se
plantea, lo entiendo con igualdad de oportunidades, que por una parte si
al final potenciamos o le damos demasiado énfasis a la posibilidad de
comercialización quizá la mentalidad de los sectores pudiera derivar
hacia hacer centros de empleo, buscar una competitividad en el mercado y,
por tanto, priorizar en productos y en calidades aquello que se vende
frente a aquello que no se vende. Efectivamente ese riesgo existe, y
también existe, por otra parte, el riesgo de que las pequeñas empresas
que lo rodean pudieran sufrir en un caso hipotético algún tipo de
competencia desleal.
Yo voy a continuar, porque todavía tenemos un marco --en último caso el
acuerdo no se fija exactamente sino que nos marca una línea--. Voy a
abrir un debate interno en el que podrán participar SS. SS., si lo tienen
a bien, con las asociaciones a ver de qué forma podemos introducir ambos
efectos, que haya posibilidad de una financiación, pero con cautelas; que
no modifiquemos o no se prostituya en este caso la finalidad última de
los centros, que no es económica sino que es preventiva.
El portavoz de Convergència i Unió terminaba diciendo que el plan de
desarrollo no lo hemos pactado hasta ahora con las comunidades autónomas;
lo vamos a hacer en conferencia sectorial. Por el Congreso no sé cómo
hacerlo, no sé si hay una propuesta concreta, salvo la estricta
comparecencia periódica, para evaluar el seguimiento del plan o la
presentación de propuestas por parte de los grupos. No sé exactamente
cómo articular la participación del Congreso, se lo digo con total
sinceridad, al igual que sí veo el marco adecuado para que lo hagan las
comunidades autónomas, que es en la conferencia sectorial, que en asuntos
laborales cada día tendrá mayor peso.
En cuanto a que seamos ambiciosos en los presupuestos, ya se ha indicado,
ya hay unos incrementos sensibles, siempre insuficientes, pero son
sensibles en estos dos últimos años; hay un marco en la política de
empleo, que es un marco que me parece importante, que es la cumbre de
Luxemburgo. En este caso ha sido a petición, además, de España, donde se
han incorporado dentro del concepto de igualdad de oportunidades,
igualdad de oportunidades con las personas discapacitadas; no tan sólo es
la voluntad de todos los grupos sino incluso la orientación común de toda
la política de empleo europea la que nos aconseja que intensifiquemos en
esta línea.
Ha habido una única petición por dos ponentes, pero en todo caso muy
específica del señor Peralta, en cuanto a que insistamos en el
cumplimiento de las cuotas de reserva establecidas que, efectivamente, no
se han cumplido, en unos casos por motivos justificados, en otros casos
injustificados, pero es la constatación de un hecho su incumplimiento. El
sector --y creo que es una prueba de realismo-- ha dicho: por una parte
vamos a exigir a la Administración que sea más rigurosa en las
inspecciones y en el cumplimiento de este objetivo y, por otra parte,
vamos a
dar la posibilidad de establecer alternativas en los supuestos de que no
se puedan cumplir. Así, sabe usted que volveríamos otra vez a topar con
el concepto de comercialización del producto de estos centros especiales
de empleo. Y aunque el cielo está empedrado de buenas intenciones, no
tengo otra arma a mi alcance que el deseo, porque es algo clamoroso.
Estoy hablando en nombre de la Administración, que es la primera que
incumple las cuotas, y en este caso realmente la autoridad moral muchas
veces se diluye. En ese sentido ya estamos no sólo afirmándolo en
público, que ya desde una administración es un paso, sino negociando con
las administraciones públicas para ver qué modificaciones hay que hacer
en la legislación, porque también cuando se regula el acceso público a la
Función pública hay unas pruebas objetivas, y muchas veces tendremos que
establecer fórmulas incluso administrativas para garantizar que existan y
que esos métodos de acceso público al funcionariado no impidan estas
realizaciones.
El señor Caballero, del Grupo Vasco, ha realizado una valoración
negativa; lo lamento. Pero en cuanto a las críticas que ha aportado en
dos temas muy concretos, supongo que el resto del plan sí le agrada, hay
un avance, pero hay determinadas cuestiones que le han merecido esas
valoraciones. Espero haberle dado razón y, desde luego, el deseo de
modificación en cuanto a la participación de las comunidades autónomas.
Reitero que el Cermi hemos considerado que tiene esa representatividad.
En el caso de que usted tenga conocimiento de sectores de determinada
entidad que no se sientan representado, le agradecería que nos lo hiciera
llegar. Espero también que la enmienda que se va a presentar en el Senado
con su transacción de hoy pueda aclararle la duda que tenía de si las
personas con discapacidad psíquica, que necesitan más personal de apoyo,
podrían salir perjudicadas por la modulación que habíamos establecido en
los centros especiales de empleo.
El señor Vaquero, al que agradezco su intervención, también se ha
interesado por el consenso máximo en todas las políticas de personas con
discapacidad, que iniciaremos con comunidades autónomas y, sin duda
alguna, con agentes sociales, que me parece una aportación muy
importante. Cuando hablo de agentes sociales, aunque sea saltándome el
turno de intervenciones, hay que hacerlo con técnicas administrativas,
con edificio normativo, evidentemente, pero también en la negociación
colectiva. Es decir, cada día tiene más peso, más marco autonómico; y
estas cuestiones también es bueno que se señalen desde ámbitos políticos
y administrativos, porque los agentes sociales tienen un peso muy
importante.
En cuanto a la intervención de la portavoz socialista, espero haberle
aclarado alguna de las cuestiones que se han centrado en aspectos de
participación de comunidades autónomas, en los centros especiales de
empleo. Creo que ella ha sido la única persona que ha planteado el
procedimiento normativo, por haberlo planteado en el Senado.
Teníamos que haberlo hecho en el Congreso pero, por lo menos, vamos a
conseguir que entre en vigor desde el próximo año.
Por último, quiero destacar de la intervención del portavoz del Grupo
Popular no sólo la incorporación de la participación de los agentes
sociales en la negociación, sino la unión que ha hecho de que se pueda
entender que los disminuidos con discapacidad psíquica que tengan algún
tipo de agravio frente a otros, se pueda solucionar en el texto. Quiero
compartir con él que ha habido una mejora económica dentro del acuerdo.
Antes se hablaba hasta una cuantía, y ahora directamente fijamos cuantía
única y superior a la que existía. Por tanto, sí hay esa mejora
económica. En todo caso, creo que hay un avance importante con la firma
del plan, y espero que en el procedimiento, sobre todo con comunidades
autónomas, vayamos perfeccionando lo que ahora, en algunos casos, ya es
realidad, y, en otros casos, todavía queda en buenas intenciones que
debemos plasmar.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR ALBENDEA PABON (GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE
EXPECTATIVAS DE CONCESION DE FONDOS POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO (INEM) PARA LA CREACION DE LA ESCUELA-TALLER HESPERIA, SOLICITADA
EN DICIEMBRE DE 1996 POR EL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA)
(Número de expediente 181/000881).
--DEL SEÑOR RODRIGUEZ ZAPATERO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO), SOBRE MEDIDAS ANTE LA SITUACION DE LA EMPRESA SISTEMAS E
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, S. A. (SINTEL) (Número de expediente
181/000893).
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO MIXTO), SOBRE ELEMENTOS DE FLEXIBILIDAD
A ADOPTAR POR EL FONDO DE GARANTIA SALARIAL EN RELACION CON LAS DEUDAS
QUE RECLAMA A LAS DIVERSAS FORMULAS DE SOCIEDADES LABORALES POR LA
SUCESION DE LAS MISMAS A ANTERIORES EMPRESAS (Número de expediente
181/000976).
El señor PRESIDENTE: Concluyen así las comparecencias solicitadas y
previstas en el orden del día, y entramos en las preguntas. La primera de
ellas ha sido retirada por el señor Albendea Pabón, del Grupo Popular, y
la segunda ha sido formulada por el señor Rodríguez Zapatero.
Señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Señor presidente, queríamos retirarla
porque no está aquí quien ha formulado la pregunta.
El señor PRESIDENTE: La pregunta formulada por el señor Rodríguez
Zapatero queda igualmente retirada.
Por último, pasamos a la pregunta formulada por don Ricardo Peralta
Ortega, del Grupo Mixto, sobre elementos de flexibilidad a adoptar por el
Fondo de Garantía Salarial en relación con las deudas que reclaman las
diversas fórmulas de sociedades laborales por la sucesión de las mismas a
anteriores empresas.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, sabe usted perfectamente que el
Fondo de Garantía Salarial cumple una finalidad muy importante a la que
nuestro país viene obligado por normativa internacional; hay algún
convenio de la OIT que regula el tema, hay directivas de la Comunidad
Europea, etcétera, que, en definitiva, tratan de garantizar a los
trabajadores una parte, al menos, de las deudas que, por razón de
salarios o de indemnización, hayan generado como consecuencia de
actuaciones empresariales y en base a su prestación de servicios
laborales. Para poder cumplir con ese objetivo, el Fondo de Garantía
Salarial, en nuestro país la institución que cubre esta finalidad, se
nutre financieramente de dos vías, una de ellas con carácter fundamental,
que son las cuotas que pagan los propios empresarios, y una segunda, las
recuperaciones que haga el Fondo de Garantía Salarial de los créditos que
ha pagado a los trabajadores. Esto implica que si por la vía de las
cotizaciones en general todas las empresas pagan una cantidad igual, por
la vía de las recuperaciones aquellas empresas que gravan al Fondo de
Garantía Salarial con unos créditos especiales tienen una obligación
especial. El Fondo de garantía Salarial subroga los créditos y, en la
medida en que hace efectivo esos créditos, recupera parte de los créditos
que ha satisfecho él mismo.
A nosotros no nos parece mal esta fórmula, nos parece que es adecuada.
Otra cosa es que permita cubrir adecuadamente las necesidades financieras
del Fondo de Garantía Salarial. A tenor de los datos que conocemos, esto
plantea dificultades; de ahí que el Fondo de Garantía Salarial se vea
obligado a abordar sus obligaciones con unos plazos, en nuestra opinión,
extraordinariamente largos, que habría que hacer un esfuerzo por reducir;
ese esfuerzo, con independencia de medidas administrativas, parece ser
que va en la línea de dotarle financieramente de manera adecuada. En
alguna ocasión nosotros habíamos planteado la posibilidad de que se
elevara la cotización al Fondo de Garantía Salarial que pagan las
empresas. Cabrían otras fórmulas distintas, pero el marco general que hay
en estos momentos a nosotros nos parece adecuado.
Se plantea un supuesto especial, y son aquellos casos de empresas que han
cesado en su actividad, despidiendo trabajadores, dejando deudas
salariales, en que los propios trabajadores deciden continuar la
actividad empresarial y utilizan para ello una parte del patrimonio de
las anteriores empresas. En este supuesto, si se aplica la normativa
vigente, nos encontraríamos con que se produce una subrogación
empresarial y, por tanto, las nuevas entidades empresariales tienen que
abordar y asumir las deudas dejadas por las anteriores. Insisto en que
esto es la aplicación de la normativa general a un caso concreto. Caben
dos posibilidades: cuestionar la normativa general, que no soy partidario
de ello, o buscar fórmulas específicas, una fórmula específica que
atienda a la realidad de una sociedad anónima laboral, de unos
trabajadores que deciden continuar la actividad empresarial; sería con
criterios de flexibilidad conlos que abordaría el Fondo de Garantía
Salarial estos casos concretos. En otro tipo de fórmulas, por ejemplo,
cuando se trata de deudas de la Administración pública, deudas
tributarias, se prevé no sólo la responsabilidad de la entidad
empresarial, sino la responsabilidad incluso de administradores o de
socios en relación con este tema. Cabría la posibilidad, de cara a
garantizar las deudas del Fondo de Garantía Salarial, de que en estos
casos concretos se buscara la ampliación a esas deudas de ese tipo de
plus de responsabilidad que se contempla por la legislación actual en
algunos casos concretos. Es una fórmula que se la planteo a efectos de
que se pueda considerar, de cara a conseguir una mejor situación
financiera del Fondo de Garantía Salarial.
En definitiva, la pregunta haría referencia a esa segunda posibilidad:
¿Qué criterios de flexibilidad puede abordar el Fondo de Garantía
Salarial en aquellos supuestos --supuestos específicos, la pregunta hace
referencia a las diversas fórmulas de sociedades laborales--, es decir,
en aquellos casos en que los trabajadores, de cara a continuar prestando
servicios una vez que la empresa los ha despedido y ha desaparecido,
deciden hacer frente con parte del patrimonio empresarial anterior? Si se
aplica la normativa, asumirían responsabilidades anteriores y, sin
embargo, es un criterio que puede conducir a la imposibilidad de que esos
proyectos de sociedades laborales puedan continuar adelante. Nos consta
que hay determinados criterios de flexibilidad y nos gustaría saber qué
se piensa, por parte de la Administración, en relación con ese tema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Su pregunta
aborda cuestiones distintas de las que nominalmente me constaban.
Efectivamente, los análisis de fuentes financieras del Fondo de Garantía
Salarial son estrictamente las que S. S. ha planteado. Quería decirle que
la propia evolución del empleo va a hacer posible, lo ha ido haciendo
paulatinamente ya a lo largo de este año, un recorte muy sensible en el
período que media entre la culminación de los procedimientos y el cobro,
que llegó a ser superior, como usted sabe, en algunos períodos, al año.
Estamos ahora mismo en ocho meses y espero terminar el próximo año en un
plazo comprendido entre los tres y cinco meses, con lo cual habremos
logrado acelerar este cobro de forma muy importante. En este caso puedo
decir que, a lo largo de 1998, el sistema financiero va a se equilibrado.
Es decir, no tendríamos que hablar de incremento de cuota, porque
tendríamos un sistema equilibrado, donde las entradas pueden cubrir
perfectamente las salidas. Existe ese retraso inicial que tendremos que
ir avanzando y solucionando, y espero que podamos hacerlo a lo largo de
1998.
En otras cuestiones como modificaciones legales que no afectarían al puro
ámbito laboral sino que tendrían repercusiones
en legislación mercantil, como son responsabilidades de administradores y
otro tipo de cuestiones, no me meto porque no es mi foro.
Centrándonos en la pregunta, sabe S. S. que cuando parte de los
trabajadores de una empresa que solicita la declaración de insolvencia
muestran su voluntad en constituirse como sociedad laboral con la
finalidad de continuar total o parcialmente la actividad que realizaba
dicha empresa y preservar así su empleo, el Fondo de Garantía Salarial
actúa contribuyendo a facilitar la constitución y viabilidad de la nueva
sociedad laboral. Para ello, aunque jurídicamente se trata --y
jurídicamente es así-- de una sucesión de empresas, dadas las
características especiales de la sociedad laboral y la conveniencia de
que la Administración fomente este tipo de sociedades, el Fondo de
Garantía Salarial opta por no oponerse a la declaración de insolvencia de
la empresa anterior facilitando así el pago de las prestaciones del
Fogasa derivadas de tal declaración de insolvencia a los trabajadores y
facilitando también la continuidad empresarial y el mantenimiento de los
puestos de trabajo.
En consecuencia, una vez declarada la insolvencia, el Fondo de Garantía
Salarial abona a todos los trabajadores que lo soliciten las prestaciones
que legalmente les corresponden. En el caso de los trabajadores que
deciden constituir la sociedad laboral a partir de la empresa anterior,
dichos trabajadores pueden optar por no solicitar las prestaciones del
Fogasa, preservándolas para el futuro, o por solicitarlas, en cuyo caso
les serían abonadas.
Una vez constituida la sociedad laboral, aquellos trabajadores que
formando parte de ella han recibido las prestaciones, deben devolver al
Fondo las cantidades satisfechas. En este caso, el Fondo de Garantía
Salarial flexibiliza al máximo esta devolución a fin de facilitar la
continuidad empresarial y salvaguardar el empleo de los integrantes de la
nueva sociedad laboral. Para ello, el Fondo firma con estos trabajadores
un convenio de devolución en los términos establecidos en la orden de 25
de agosto de 1985, que permite el aplazamiento de la deuda contraída,
fraccionándola a lo largo de ocho años, con un plazo inicial de carencia
de seis meses. Por tanto, el Fondo de Garantía Salarial utiliza todos los
elementos de flexibilidad que actualmente están autorizados, y no le está
permitido, como a otros organismos, las condonaciones parciales de deuda,
sino únicamente la utilización de estos mecanismos de aplazamiento y
flexibilización que, entiendo, era a los que se refería S. S. en la
pregunta.
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene turno de aclaración o
réplica.
El señor PERALTA ORTEGA: Procuraré ser breve.
Señor Pimentel, ha dicho usted en la respuesta que si los trabajadores
deciden constituirse en sociedad anónima laboral, el Fondo de Garantía
Salarial no plantea problemas a la declaración de insolvencia. Parece
obvio; la declaración de insolvencia es una declaración judicial en
función de las circunstancias, y una vez que se produce la declaración de
insolvencia, los trabajadores tienen acceso a las prestaciones del Fondo
de Garantía Salarial.
Yo quiero creer que con esta declaración que hace usted da por zanjada
una polémica que hubo en su día. Hubo un momento determinado en que el
Fondo de Garantía Salarial no quería pagar las prestaciones a los
trabajadores de una sociedad anónima laboral alegando que había
continuidad, etcétera. Doy por supuesto que con su respuesta da por
zanjada esa polémica y reconoce el hecho, pero, afirma usted: se produce
la subrogación y hay que devolver las cantidades. Es verdad, ésa es la
situación legal, ésa es una fuente de financiación del Fondo de Garantía
Salarial y creo que tenemos que garantizar la financiación del Fondo de
Garantía Salarial.
Fíjese usted, señor Pimentel, que su respuesta implica que los
trabajadores que perciben el crédito del Fondo de Garantía Salarial, a
continuación tienen que devolverlo. Con lo cual quiebra uno de los
principios fundacionales del Fondo de Garantía Salarial: es un seguro
empresarial financiado por los empresarios. Hay supuestos en que la
financiación corre por cuenta de los trabajadores; en estos supuestos.
Insisto, es la legalidad vigente y hay que cumplirla. Yo no planteo
ninguna condonación de deuda, no me parece adecuado mientras no
garanticemos la suficiencia financiera del Fondo de Garantía Salarial.
Pero podríamos pensar en fórmulas distintas que fueran coherentes con ese
origen del Fondo: seguro empresarial. Por eso le decía alguna. Usted me
dice: no es de mi competencia. No es de su competencia directa, pero
forma usted parte del Gobierno y, por tanto, puede usted plantear que, a
lo mejor, convendría buscar fórmulas que fueran más coherentes con lo que
es el Fondo de Garantía Salarial e impidieran que en algunos casos
determinados --éste en concreto-- los propios trabajadores que perciban
algunas prestaciones del Fondo de Garantía Salarial tengan que pagar esas
prestaciones, con lo cual son ellos en definitiva los que se las pagan.
Es una idea que le he sugerido en este punto concreto, en la posibilidad
de buscar fórmulas flexibilizadoras. Me ha dicho usted algunas de las que
utilizan, yo le planteo una en relación con este tema. Me ha hablado
usted de un plazo de carencia de seis meses; créame, de verdad, que ese
plazo de carencia inicial es corto. Cuando nace cualquier negocio, es
evidente que nace con números rojos; todos, sea fórmula empresarial pura,
sea fórmula de sociedad laboral, porque, al principio, son todo gastos y
no hay ingresos hasta un momento determinado posterior. El plazo de
carencia inicial de seis a que usted ha hecho referencia es un plazo
corto. Yo no sé si los ocho años como tope máximo es adecuado o no lo es,
quizá también sea corto, pero, desde luego, en el plazo inicial resulta
complicado que la empresa pueda generar los créditos necesarios para
empezar a atender obligaciones, aparte de todas las que implica la marcha
de la empresa.
Desde ese punto de vista, en relación con las sociedades anónimas
laborales, teniendo en cuenta que en este caso concreto se produce ese
cierto falseamiento de la realidad original del Fondo de Garantía
Salarial y son los propios trabajadores quienes pagan, cualquier fórmula
de flexibilidad
que se pueda abordar, máxime si es con una cierta racionalidad económica
--hay que tener en cuenta que el comienzo es complicado-- sería
bienvenida por parte de quienes se ven afectados por esa realidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere contestar el señor Pimentel? (Denegaciones.)
Concluye así el orden del día de hoy y damos las gracias en particular al
señor Pimentel por su magnífica disponibilidad siempre para las
comparecencias y por la información que nos facilita.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.