CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 348



DE MEDIO AMBIENTE



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE IGNACIO LLORENS TORRES



Sesión núm. 15



celebrada el martes, 9 de diciembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Preguntas:



--Del señor Peralta Ortega (Grupo Mixto), sobre previsiones acerca de la
terminación de la presa de Algar de Palancia (Número de expediente
181/000329) (Página 10282)



--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la ejecución de
la presa de Villamarchante (Valencia) (Número de expediente 181/000330)
(Página 10283)



--Del mismo señor Diputado, sobre valoración de la repercusión en el
medio ambiente y en la pesca de bajura de la decisión de dragar las zonas
limítrofes del puerto de Valencia para extraer arena del fondo marino con
el fin de regenerar las playas de El Saler y Pinedo (Número de expediente
181/000489) (Página 10284)



--Del mismo señor Diputado, sobre proyecto de limpieza del pantano de
Almansa (Albacete) (Número de expediente 181/000637) (Página 10286)



--Del mismo señor Diputado, sobre causas de la paralización de las obras
de regeneración y construcción del paseo marítimo de la playa de Pinedo
en Valencia (Número de expediente 181/000918) (Página 10287)

Página 10282



--Del señor Centella Gómez (Grupo Federal de Izquierda Unida), sobre
motivos del retraso del comienzo de las obras de la segunda fase del
paseo marítimo en Fuengirola (Málaga) (Número de expediente 181/000693)
(Página 10289)



--Del mismo señor Diputado, sobre estado del proyecto de construcción de
un paseo marítimo en el municipio de Manilva (Málaga) (Número de
expediente 181/000694) (Página 10290)



--De la señora Bartolomé Núñez (Grupo Socialista del Congreso), sobre la
opinión de la Confederación Hidrográfica del Segura acerca del proyecto
reformado del puerto deportivo de Guardamar (Alicante) (Número de
expediente 181/000861) (Página 10291)



--De la misma señora Diputada, sobre los trámites efectuados por la
Dirección General de Costas en relación con el proyecto reformado
elaborado por el Ayuntamiento de Guardamar (Alicante) para la
construcción de un puerto deportivo (Número de expediente 181/000862)
(Página 10291)



--Del señor Frutos Gras (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida),
sobre opinión de la ministra de Medio Ambiente acerca del proyecto de
campo de golf en la reserva de caza de las lagunas de Villafáfila
(Zamora) (Número de expediente 181/000803) (Página 10292)



Proposiciones no de ley:



--Sobre compromisos del Gobierno en relación con la financión de la
desaladora de Almería. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso
(Número de expediente 161/000608) (Página 10293)



--Sobre la construcción del paseo marítimo de Almenara (Castellón).

Presentada por el Grupo anterior (Número de expediente 161/000251)
(Página 10296)



--Relativa a la conservación de los huertos de palmeras en Alicante.

Presentada por el mismo Grupo Parlamentario (Número de expediente
161/000501) (Página 10300)



--De elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales de la
Sierra de Guadarrama. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (Número de expediente 161/000149) (Página 10302)



Se abre la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la mañana.




PREGUNTAS:



--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO MIXTO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA
TERMINACION DE LA PRESA DE ALGAR DE PALANCIA (Número de expediente
181/000329).




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Vamos a comenzar la sesión de
la Comisión.

El primer punto, que es la comparecencia de la directora general de
Calidad y Evaluación Ambiental, queda aplazado por cuanto que no ha
podido acudir.

Comenzamos directamente con las contestaciones por el secretario de
Estado de Aguas y Costas, don Benigno Blanco Rodríguez, a las preguntas
formuladas en esta Comisión.

Para formular la primera pregunta, tiene la palabra su autor, don Ricardo
Peralta.

El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor secretario de Estado, por su
presencia en la Comisión.

La primera pregunta hace referencia al tema de la presa de Algar de
Palancia. Me gustaría saber, señor secretario de Estado, cuáles son al
día de hoy las previsiones que maneja el Ministerio en relación con esta
presa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): La
previsión que tenemos en este momento respecto a esta presa es que su
fecha de finalización contractual es el 30 de septiembre de 1998. Durante
el año en curso, ejercicio de 1997, teníamos una anualidad contractual de
229.970.107 pesetas, y durante el año 1998 una anualidad de 1.170.000.000
de pesetas. La presa tuvo cierto retraso en su realización material por
la crisis públicamente conocida que pasó la empresa constructora Huarte,
S. A., pero como en estos momentos ha recobrado ya su ritmo normal, no
existe ningún dato que lleve a retrasar, con la información que tenemos
hoy día, esa fecha contractual de finalización para el 30 de septiembre
del año 1998.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Tiene la palabra el señor
Peralta.




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El señor PERALTA ORTEGA: Gracias por sus datos, señor secretario de
Estado.

Ha reconocido usted que en el proceso de construcción tuvo una incidencia
notable la crisis de la empresa constructora, ajena a la actividad de la
Administración, pero que ha incidido en el desarrollo de la presa.

Me dice usted que la fecha contractual era el 30 de septiembre de 1998.

Quiero deducir de sus palabras que esa incidencia que se produjo en su
momento no va a alterar esa fecha. Me gustaría que me confirmara si
efectivamente es así y si es voluntad de la Administración el que la
dotación presupuestaria se libre adecuadamente para que, en la medida en
que dependa de la Administración, el 30 de septiembre de 1998 sea la
fecha de terminación de esta presa.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para contestar, tiene la
palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): La
fecha de 30 de septiembre de 1998 es la vigente en este momento, y con el
plan de obras que se sigue, si no hay ninguna incidencia de aquí a
entonces, se acabará para el citado día.

En cuanto a la consignación presupuestaria, en la medida en que la
empresa vaya certificando según lo previsto en el contrato, existe
cobertura para pagar estas cantidades. Por lo tanto, es voluntad de la
Administración, si no surge ningún nuevo incidente, que se acabe durante
el próximo año, y es también voluntad de la Administración pagar el
trabajo que se realice por parte del contratista.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO MIXTO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA
EJECUCION DE LA PRESA DE VILLAMARCHANTE (VALENCIA) (Número de expediente
181/000330).




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para la segunda pregunta,
tiene la palabra don Ricardo Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Le pregunto ahora, señor secretario de Estado,
por la presa de Villamarchante. Esta presa es un proyecto muy antiguo. No
hace mucho compareció usted en esta misma Comisión y decía en relación
con Villamarchante que era una obra que se licitó a principios de los
años 60, después se paralizó totalmente la actuación y, ahora, treinta y
tantos años después, hay que reconsiderarla. Parece ser que se
reconsideró suficientemente, porque este proyecto formaba parte del
convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat
Valenciana, el 14 de enero del año en curso, en el que aparecía
específicamente la previsión de la presa de Villamarchante.

En cuanto a la publicación de esos datos, le consta a usted que, aparte
de publicidad, en relación con este convenio hubo una importante
polémica. Por ejemplo, dio lugar a que, según declaraba el alcalde de
Villamarchante, muchas empresas se dirigieran a él buscando trabajo en la
futura presa de Villamarchante. Aquí tengo una información periodística
del 7 de febrero en la que el alcalde dice que desconoce el proyecto y,
por tanto, no podía dar respuesta a las personas que se interesaban por
el asunto. Más recientemente, en relación con el tema del zoo de Valencia
y su ubicación --mire usted qué cosa más dispar-- volvió a salir el tema
de la presa de Villamarchante. Un destacado dirigente del Partido
Popular, diputado autonómico, decía que era necesario informarse para dar
opiniones; informarse, por ejemplo, de lo necesaria que es para Valencia
la presa de Villamarchante para evitar los riesgos que se anunciaban, ya
que se trata de una presa de laminación, destinada a evitar las avenidas
del medio y bajo Turia. Decía también que los valencianos estaban
contentos con un cauce embozado, con unos embalses aterrados, y viviendo
a la intemperie, sin el principal escudo que nos podía proteger, es
decir, sin la presa de Villamarchante.

A la vista de estos datos y de la importancia que tiene la presa de
Villamarchante en opiniones muy diversas, como ve usted, me gustaría
saber cuáles son los datos exactos que tiene la Administración después de
haberse firmado, el 14 de enero de este año, el convenio sobre este
proyecto.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Todavía no es un proyecto. La presa de Villamarchante es una vieja idea
que se convirtió en un proyecto hace más de treinta años, como bien ha
recordado su señoría. En estos momentos los datos más recientes,
esquemáticamente, serían los siguientes. Como sabrá S. S., se hizo una
declaración de interés general de la presa de Villamarchante, por la ley
13/1996, de 30 de diciembre, llamada popularmente Ley de acompañamiento,
aprobada a finales de 1996 para el año 1997, que ha sido el título
jurídico para que el Estado reinicie los trabajos que definan este
proyecto y, en su día, poder aprobarlo y empezar la construcción.

A su vez, en el proyecto de la cuenca del Júcar, que ha sido aprobado por
el Consejo de la cuenca en agosto de este año, y que está pendiente de la
aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, figura esta presa como
una de las infraestructuras básicas del plan. Tanto desde el punto de
vista de la habilitación al Estado de la titularidad para poner en marcha
los trabajos y realizar el proyecto, que es la declaración de interés
general, como desde el punto de vista de la previsión y la planificación
aplicable a la cuenca del Júcar, tenemos cobertura desde este año para
ambas cosas. No existe todavía un proyecto, como decía; hemos aprobado
--ha aprobado el director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, durante el año 1997, en febrero en concreto-- la autorización para
un contrato cuyo nombre es el de pliego de bases para la asistencia
técnica en la redacción de los estudios previos y de impacto ambiental
para el proyecto de la presa de Villamarchante sobre el río Turia
(Valencia), con un presupuesto de ejecución



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de 47.542.702 pesetas que pretende --se está trabajando en ello-- hacer
todos los estudios previos que lleven a definir con precisión cuál es el
proyecto constructivo y los estudios de impacto ambiental vinculados a la
construcción de esta presa en su día. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Por tanto, estamos en la fase de estudios previos, de
definición del proyecto, de hacer las evaluaciones y los estudios de
impacto ambiental. Creo que si los estudios van con normalidad durante el
año 1998, podremos llegar a tener el proyecto y, por tanto, podría
pasarse a la contratación del mismo en el próximo ejercicio de 1999.

Estamos, en consecuencia, en la fase previa de definición del proyecto
técnico concreto y de los estudios de impacto ambiental sobre el mismo.

En cuanto a la finalidad de la presa, tal como se define en el Plan
hidrológico del Júcar, y hago referencia a las palabras del diputado
valenciano del Partido Popular que usted ha citado, es una presa
destinada a la defensa de Valencia frente a inundaciones y a la
regulación media-baja del río Turia. Tiene, efectivamente, una función de
regulación de las aguas del río Turia para controlar las avenidas de agua
que se produzcan en el entorno inmediato de la ciudad de Valencia y sus
alrededores. El importe que se calcula, que no deja de ser aproximado
porque, como decía, no tenemos hecho todavía un proyecto técnico, es del
orden de 12.000 millones de pesetas.

En consecuencia, respecto a plazos, acabaremos los trabajos que hemos
empezado este año a través de ese pliego de bases, para la definición del
proyecto y la primera aproximación a la evaluación de impacto ambiental
del mismo, y estaremos en condiciones durante el año que viene, si este
estudio va bien y demuestra que se puede realizar un proyecto
técnicamente factible, de definir este proyecto técnico y, a
continuación, plantearnos la contratación y ejecución de la obra.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Le agradezco su respuesta, señor Blanco.

Efectivamente, por los datos de que se dispone --los datos a los que
usted ha hecho referencia--, es una obra declarada de interés general por
parte de la Administración central del Estado, que forma parte de las
infraestructuras básicas del Plan del Júcar, que tiene incidencia en la
seguridad de la capital, Valencia, y que tiene, sin lugar a dudas, otra
serie de efectos. Por tanto, es una obra importante y, partiendo de esta
base, me permitiría rogarle que se agilice al máximo posible el estudio
que se está haciendo --de sus datos deduzco que dura meses--, de manera
que pasemos ya del terreno de las ideas. Es verdad que las ideas se
mueven con facilidad, con más facilidad que el dinero de los
presupuestos, pero, al final, lo que cuentan son las obras; las ideas no
detienen las aguas ni evitan problemas y en mi tierra, en nuestra tierra,
últimamente hemos tenido problemas y nos vendría bien tener una mayor
seguridad. Por ello le pido que se agilicen lo máximo esos estudios que
se han encargado por parte de la Administración para que los pasos
sucesivos se puedan afrontar con la mayor celeridad posible.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Si S.

S. quiere comprobar si la agilidad con que este Ministerio impulsa la
presa de Villamarchante es suficiente, le basta con comprobar que hemos
hecho una declaración de interés general que no existía, que la hemos
incluido en un plan y lo hemos aprobado y que hemos contratado el primer
paso de toda tramitación administrativa de una gran infraestructura, como
son las hidráulicas, que es el pliego de bases para la asistencia técnica
que permita definir el proyecto.

Evidentemente, esta agilidad que se está demostrando continuará, pero la
elaboración de un gran proyecto, de una gran presa de regulación, como es
ésta, lleva sus tiempos y el acortarlos está más allá de la voluntad
política, porque una presa como la de Villamarchante hay que hacerla con
absoluto rigor técnico, con seguridad en los cálculos y en la ejecución,
y eso ninguna voluntad política puede agilizarlo más allá de lo que exige
el rigor y la seguridad de la propia infraestructura.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE VALORACION
DE LA REPERCUSION EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN LA PESCA DE BAJURA DE LA
DECISION DE DRAGAR LAS ZONAS LIMITROFES DEL PUERTO DE VALENCIA PARA
EXTRAER ARENA DEL FONDO MARINO CON EL FIN DE REGENERAR LAS PLAYAS DE EL
SALER Y PINEDO (Número de expediente 181/000489).




El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 4, tiene la palabra
don Ricardo Peralta, del Grupo Parlamentario Mixto.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Blanco, con el objeto de dotar de arena,
para su regeneración, las playas de El Saler, en Valencia, afectadas por
la incidencia del puerto de Valencia y su ampliación, a lo largo de este
año 1997 se ha repetido una operación que ya se había practicado en
alguna ocasión: sacar esa arena de otras partes mediante el dragado; en
concreto, de la playa de Las Arenas, en Valencia.

Esta operación de draga que se ha llevado a cabo en la playa de Las
Arenas es importante. Baste pensar que la zona de extracción medía 700
metros de largo, 300 metros de ancho y tres metros de espesor. Se
planteaba una operación que afectaba en total a unos 600.000 metros
cúbicos, con el objetivo de extraer una cantidad muy importante de arena.

Esa operación fue objeto de crítica, fundamentalmente por parte de
pescadores de bajura, que alegaban que como consecuencia de ella la vida
marina que se mueve en esa zona quedaría seriamente afectada y, por
tanto, la posibilidad de pesca en la medida en que ésta no tuviera
alimentación y la buscara en otras zonas. Al secretario de Estado



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le constan esas críticas y a mí me gustaría saber si son valoradas por la
Administración, si son tomadas en consideración y si ha sacado alguna
conclusión en relación con las mismas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): La
Administración valora razonablemente todas las críticas que recibe, lo
que pasa es que en algunas cuestiones como ésta de decidir de dónde se
saca la arena para obras de regeneración en una playa, cualquier solución
es susceptible de crítica. Las extracciones del fondo marino, aunque las
hacemos previa evaluación de impacto ambiental para alterar el ecosistema
oceánico lo menos posible, son criticadas y, en muchos casos, dignas de
ser criticadas. Las extracciones de la propia costa pueden ser criticadas
porque afectan al entorno del que se extraen, actividades de marisqueo,
de pesca, etcétera. En el caso concreto al que usted se refiere, le puedo
decir que existen dos estudios de impacto ambiental incorporados a los
proyectos, tanto al proyecto de regeneración de la playa de Pinedo como
al proyecto de regeneración de la playa de El Saler, uno de mayo de 1994
y otro de 1995, en los que se analizan varias posibles consecuencias
medioambientales, y ambos consideran que los proyectos son compatibles
con las actividades pesqueras que se hacen en su entorno, aunque es
verdad que en esos estudios de impacto ambiental se aconseja no hacer
coincidir las prácticas extractivas con las épocas del año de mayor
desarrollo de estas actividades.

De todos modos, a raíz de esas críticas que usted comenta que han
aparecido en los medios de comunicación, y aunque ambos proyectos estaban
aprobados con sus correspondientes estudios de impacto ambiental, durante
este año hemos hecho un nuevo estudio para ver la incidencia que podía
tener la remoción y extracción de arenas en las actividades pesqueras y,
según este estudio, la pesca existente y las actividades que se realizan
en esa zona son perfectamente compatibles con las extracciones de arena.

No obstante, como somos sensibles a las críticas que recibimos y a la
afección que, aunque sea proporcionada y aceptable, provoca en el entorno
social una labor de extracción de arenas, hemos valorado como alternativa
el que esa extracción de arenas para la regeneración de esas dos playas
se haga de la cercana playa de la Malvarrosa. Indudablemente, también
esta opción puede ser criticada, pero el juego conjunto de ambas
soluciones permitiría una afección mínima y, en consecuencia, razonable
para con los intereses que se oponen o critican las labores de extracción
de arena realizadas hasta este momento.

En todo caso, y como consideración general, es evidente que, si queremos
regenerar playas, de algún sitio tenemos que sacar la arena y esto
siempre puede provocar, y de hecho provoca, alguna afección, y es labor
de los responsables políticos y de los gestores de la obra pública, en
este caso de Costas, minimizar esa afección en lo posible; pero, repito,
evitar toda afección paralizaría las obras y, en este caso, las de
regeneración de playas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Efectivamente, toda acción humana tiene sus pros
y sus contras y hay que tomar decisiones; ésa es la política. En este
ámbito concreto del que hablamos, no cabe la menor duda de que la acción
humana tiene una incidencia, tal como reconocen los distintos estudios a
los que ha hecho referencia, aunque se termine afirmando que es
compatible. Yo creo que esa incidencia es un dato a valorar y celebro que
me diga que lo han valorado y que, como consecuencia, encargaron un nuevo
estudio en este año 1997 que seguía afirmando que era compatible, aunque
ustedes han tomado algunas medidas correctoras. Más allá de la
compatibilidad teórica que pueda existir --y no cabe duda de que la
compatibilidad teórica valora muchas circunstancias, por ejemplo, la
compatibilidad a un plazo medio y largo, la propia regeneración de los
fondos marinos, etcétera-- y aunque la pesca como tal no desaparezca, esa
extracción puede tener en una temporada concreta una incidencia muy
notable, y los pescadores afectados, fundamentalmente los de la zona de
Las Arenas, valoraban el que esta operación de extracción de arena iba a
tener una repercusión importante para ellos. Creo, señor secretario de
Estado, que es necesario hacer un esfuerzo para encontrar medidas que
palien las consecuencias de este tipo de operaciones que, sin lugar a
dudas, hay que llevar a cabo. Nosotros somos partidarios de llevar a cabo
procesos de regeneración de playas, sabemos que hay que sacar arena de
algún lado y que eso tiene alguna incidencia, y lo que hay que procurar
es que sea la menor posible.

Usted ha hecho referencia a una medida correctora que es extraer también
arena de la playa de la Malvarrosa. Estoy convencido de que se puede
extraer más. Se me ocurre que debe existir la debida información para que
las cofradías de pescadores tengan previsto que en un momento determinado
se va a llevar a cabo este tipo de operación y no les coja de improviso.

Los mecanismos de actuación pública por parte de la Administración sirven
para todas las personas que se mueven en el ámbito del Derecho y, en la
medida en que está en el Boletín Oficial del Estado, todos tenemos
obligación de conocer lo que se dice en él. Sin embargo, es cierto que en
muchas ocasiones son informaciones que pasan desapercibidas para quienes
más directamente resultan afectados y, si tuvieran esa previsión
concreta, podrían tomar las medidas adecuadas para intentar paliar las
consecuencias. Por tanto, le urgiría a que en contacto con los más
directamente afectados, los pescadores, se puedan buscar medidas que
solucionen los aspectos negativos de una operación que es necesario
llevar a cabo para la regeneración de las playas.




El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Estoy
de acuerdo con S. S.




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en el sentido de que debemos estar en contacto con los administrados
afectados, en este caso las cofradías de pescadores, cuando una
determinada actividad dirigida por la Administración puede tener relación
con ellos, máxime si esto afecta negativamente a los intereses de los
mismos.

Le aseguro que hay una relación y una información permanente con las
cofradías, desde la demarcación de costas de Valencia. Otra cosa es que
siga habiendo un sentido crítico respecto a las actuaciones de la
Administración costera por parte de los pescadores. Como decía al
principio, siempre se van a modalizar en el tiempo las extracciones de
arena para que se realicen en aquellas épocas del año en que menos puedan
afectar a la actividad pesquera y las cofradías de pescadores serán
informadas convenientemente de los momentos y plazos en los que los
realizará la Administración para que lo tengan en cuenta en el desarrollo
de sus actividades.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE PROYECTO DE
LIMPIEZA DEL PANTANO DE ALMANSA (ALBACETE) (Número de expediente
181/000637).




El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 5 del orden del
día, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, don Ricardo Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Le pregunto ahora, señor Blanco, por el pantano
de Almansa.

La situación actual de este pantano, según los datos más recientes de los
que disponemos y que se fundan en un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
de Almansa el pasado mes de octubre, es la siguiente: El pantano se
encuentra colmatado de lodos en un 75 por ciento --leo lo que dice el
pleno municipal--, con los sistemas de regulación inutilizados y teniendo
que evacuar el agua a través de una tubería por el pretil de la presa,
situación que preocupa a todos los grupos municipales. La inutilización
de la presa impide, desde hace tiempo, que ésta cumpla las tres funciones
básicas de todo embalse: laminar avenidas, almacenar agua para riego y
zona húmeda. Estos días, decía el pleno municipal, hemos vivido los
almanseños los enormes peligros potenciales que representa la
inutilización de la presa del pantano que, de haber llovido un poco más
o durante más tiempo, podía haber provocado la ruptura de la presa y con
ello el corte de la vía del ferrocarril y la autovía
Madrid-Alicante-Valencia, así como los daños mucho más importantes en
cultivos en propiedad y, lo que es más preocupante, en vidas humanas.

Ante esta situación acuerdan dirigirse una vez más a la Administración
central, en concreto al Secretario de Estado de Aguas y Costas, señor
Blanco, para que en cumplimiento de sus compromisos, formulados en la
reunión mantenida en julio, dé los pasos necesarios y se produzca la
ejecución del proyecto de limpieza del pantano de Almansa.

Me gustaría saber cuál es el estado actual y las previsiones de ese
proyecto.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Me
consta el contenido del acuerdo del Ayuntamiento de Almansa, al que usted
ha hecho referencia, porque me fue remitido por el alcalde oficialmente.

Para centrar esta cuestión hay que añadir un tema que no se incorpora al
texto de ese acuerdo y es que el embalse de Almansa es de propiedad del
Ayuntamiento, no es una infraestructura estatal. Por tanto, los problemas
que pueda tener de mantenimiento o las obras que exija, son
responsabilidad del Ayuntamiento que es el propietario y no de la
Administración central del Estado, máxime cuando el Ayuntamiento es
propietario del embalse porque lo recibió de la Comunidad de Regantes de
Almansa precisamente para hacerse cargo de esas obras de limpieza y
acondicionamiento.

La situación del embalse es preocupante y basta con ver el vídeo que me
envió el alcalde sobre las últimas inundaciones de después del verano,
para ver cómo saltaba el agua por encima del embalse y para darse cuenta
de que no debe seguir así. La consideración de que es una obra municipal,
de que la situación del embalse por el grado de colmatación que tiene no
se puede mantener, es lo que me llevó a celebrar una entrevista con el
alcalde y con un diputado del Partido Popular por Albacete, el señor
Ballesteros, en julio del año pasado, para ofrecer una ayuda desde el
Estado con el fin de cofinanciar con el Ayuntamiento las obras necesarias
para la limpieza del mismo.

En estos momentos tenemos prevista en el proyecto de presupuestos
generales del Estado para el año 1998 una inversión pública para dar
cobertura, si se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento, a la
contratación para el año que viene de este proyecto. ¿Qué pasos ha dado
la Administración? El primero, por indicación mía, es que la
Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que corresponde por razones
geográficas cualquier actuación sobre el embalse de Almansa, está
poniendo al día un viejo proyecto, a la luz de los datos hidrológicos de
las avenidas que hemos sufrido en ese punto durante este año. Los
trabajos para poner al día el proyecto se empezaron ya hace casi dos
meses y se acabarán a principios del año que viene.

Me he dirigido ya a las dos personas que se entrevistaron conmigo en el
mes de julio, el diputado del Partido Popular, señor Ballesteros, que
siempre ha manifestado un gran interés por este tema, y el alcalde de
Almansa, para que me hagan una propuesta concreta de cofinanciación por
parte del Ayuntamiento. Dado que la responsabilidad, desde el punto de
vista jurídico y político corresponde al Ayuntamiento y que nuestra labor
es la de ayudar, porque es un esfuerzo financiero excesivo para las
posibilidades de las arcas municipales, estoy esperando que se concrete
por parte del Ayuntamiento qué porcentaje, hablamos de unos 650 ó 750
millones de pesetas, del coste de esa labor de limpieza del embalse
podría asumir directamente el Ayuntamiento y, en consecuencia, cuál es el
porcentaje, la



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parte del presupuesto inversor, que pide al Estado como colaborador.

No he tenido respuesta todavía, pero supongo que en las próximas semanas
o meses me llegará esa propuesta concreta por parte del Ayuntamiento y
como el proyecto lo estamos poniendo al día y lo tendremos a principios
del año que viene, si se llega a ese acuerdo de cofinanciación entre las
dos administraciones, estaríamos en condiciones de afrontar la
contratación del proyecto durante el año próximo.

Esa es la situación por nuestra parte. Repito que no es un tema de
nuestra competencia, pero comprendiendo que es un esfuerzo importante el
que supondría para el Ayuntamiento el hacer frente a sus
responsabilidades, estamos dispuestos a poner una parte porcentual del
coste de la inversión, sin concretar en estos momentos, para ayudar al
Ayuntamiento a sacar adelante sus responsabilidades respecto a ese
embalse, porque nos preocupa el grado de colmatación y la avenida de este
año demuestra que debemos afrontar entre todos, aunque la responsabilidad
en principio es del Ayuntamiento, esta obra a la mayor brevedad posible.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, en la medida en que es la
última vez que reglamentariamente asumo la palabra, me permitiría
pedirle, si le parece oportuno y si los demás afectados no tienen
inconveniente, que pueda hacer a continuación la pregunta número 11 del
orden del día y así terminaría.




El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente.




El señor PERALTA ORTEGA: Dicho eso le agradezco al señor Blanco la
respuesta que me ha dado sobre esta pregunta.

Es verdad que en el año 1991, creo recordar, el pantano pasó a ser
propiedad municipal al ser cedido por la Comunidad de Regantes de las
aguas del pantano al Ayuntamiento, pero no es menos cierto que es una
infraestructura hidráulica que cumple un papel importante y que se
encuentra en una situación preocupante.

Ha reconocido usted que la Administración municipal no está en
condiciones de asumir el costo de esa obra y por eso la Administración
central está dispuesta a colaborar en una parte que usted no concreta. Al
final siempre el problema es ver quién pone el dinero, quién da más o
menos dinero y qué parte se pone. Es evidente para todos que la
Administración central es quien puede poner más parte, más o menos
porcentaje, pero más parte porque es quien tiene la competencia
habitualmente en este tipo de operaciones. Esta clase de infraestructura
no suele ser de competencia municipal, aunque por circunstancias
históricas es así en este caso. Debe haber un criterio de generosidad,
pero no voy a indicarle lo que tiene que decir porque usted es el que
tiene que negociarlo con el Ayuntamiento. Sin embargo, estoy en
condiciones de decirle que asumiendo que es normalmente la Administración
central la que lleva este tipo de infraestructuras y costea este tipo de
operaciones, deben tener un criterio de generosidad para hacer que la
actual situación del pantano, que es preocupante, tenga solución en el
más corto plazo posible.

Creo que con buena voluntad se puede alcanzar un acuerdo y que en el año
1998 se pueda llegar a corregir una situación que no tiene que continuar
así, porque es una situación ciertamente preocupante. Si lo vemos aquí,
desde la distancia, piense usted, señor Blanco, en la situación de
quienes lo ven allí, de cerca. Por tanto, me permitiría urgirle a que se
haga uso de esa generosidad y se pueda encontrar una solución
satisfactoria y lo más inmediata posible a un grave problema.




El señor PRESIDENTE: Señor Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Quisiera hacer dos correcciones muy breves: una puntual, la cesión al
ayuntamiento fue en el año 1995 y no en el año 1991, si mis datos no
fallan, y, dos, no es muy atípica en España la situación sino al revés,
es relativamente normal que haya grandes infraestructuras hidráulicas,
presas incluidas, propiedad de ayuntamientos, de comunidades autónomas o
de comunidades de regantes. Por tanto, el Estado no tiene por qué asumir
siempre --ni es de hecho lo que sucede-- la obligación de reparar,
arreglar o, como en este caso, limpiar un pantano. En este caso, el
esfuerzo de generosidad se hace desde el Estado, porque nos parece
razonable la petición que hemos recibido desde Albacete, pero estamos
esperando --lo repito, porque interesa desde el punto de vista de esa
agilidad que S. S. me reclama para dar respuesta al problema planteado--
la oferta concreta de financiación por parte del ayuntamiento, dado que
es la entidad local la que toma la iniciativa, porque es su
responsabilidad pedir al Estado que eche una mano presupuestariamente en
la ejecución de la obra, y también debe ser ésta la que fije hasta dónde
puede realizar por sí misma el esfuerzo inversor necesario y luego el
Estado ver si él puede, y en qué plazos, complementar para que sea
financiable el total de las obras.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO MIXTO), SOBRE CAUSAS DE LA PARALIZACION
DE LAS OBRAS DE REGENERACION Y CONSTRUCCION DEL PASEO MARITIMO DE LA
PLAYA DE PINEDO EN VALENCIA (Número de expediente 181/000918).




El señor PRESIDENTE: Atendiendo a la petición del señor Peralta, del
Grupo Mixto, vamos a proceder ahora a la formulación de la pregunta
número 11. Para ello, tiene la palabra don Ricardo Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya, señor Blanco, esta especie de
examen, y ahora le pregunto por la



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playa de Pinedo y las obras de regeneración y construcción del paseo
marítimo. Este es un proyecto que ha sufrido incontables retrasos. Muchas
previsiones y poca ejecución. Finalmente se inició, en otoño de 1996
--creo recordar--, este proyecto e inmediatamente antes de este último
verano, el de 1997, se paralizaron las obras con el argumento de que era
con objeto de que no interfirieran en el período estival. Pasado el
período estival las obras no se reanudan, y cuando hace poco se
produjeron intensos oleajes que afectaron de manera notable a todas las
costas valencianas, la playa de Pinedo sufrió daños muy importantes que
afectaron a todo tipo de intereses en aquella zona y que, lógicamente,
han creado un importante malestar.

Nos gustaría saber cuáles son las causas de la paralización de este
proyecto, una vez más, y cuáles son las previsiones que tiene el
ministerio en cuanto a su continuación.




El señor PRESIDENTE: Señor Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): He
estado visitando la playa de Pinedo después de los últimos temporales,
precisamente para valorar visualmente los daños a los que hace referencia
su señoría.

Básicamente, los motivos de la paralización son tres. Uno lo ha citado
usted, y además es normal en las obras costeras, y es que durante el
período estival, sobre todo en zonas de afluencia turística, paramos las
obras para no enturbiar el buen clima de recepción de los visitantes en
las localidades de que se trate, y dos muy específicas de esta obra, dos
que hacen referencia a fallos o contemplaciones inexactas de datos en los
proyectos aprobados en su día. En concreto, tenemos pendiente el
modificado número 1 del proyecto, que hace referencia específica a la
modificación del encauzamiento de la acequia del Rey para pasarlo a
sección abierta. Esta es una petición de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, por razones de seguridad, que obliga a modificar el proyecto,
y, en segundo lugar, a la reducción de la longitud del dique de
encauzamiento de la margen derecha del Turia, con un cambio de sección
para hacerlo menos permeable. La necesidad de realizar la modificación
correspondiente del proyecto (repito, con el número 1 desde el punto de
vista de la terminología contractual), hace que en estos momentos la
obra, en lo que afecta a estos dos extremos, no pueda continuar hasta que
se apruebe técnicamente este modificado.

Después está la cuestión que ha sido objeto de polémica pública normal,
en el sentido de continuada en el tiempo, en los medios de comunicación
locales, a la que S. S. ha hecho referencia, de qué pasa con determinadas
edificaciones existentes con finalidades de restaurante en la zona de
playa.

En el proyecto que se aprobó en su día se preveía expresamente que estaba
consignado en el precio del proyecto en su conjunto el coste necesario
para la expropiación de los terrenos en los que están ubicados los
merenderos. Sin embargo, de hecho, no estaba negociado con los
propietarios y lo que estaba previsto --aunque no consta formalmente en
el proyecto como tal, pero sí en los trabajos previos-- era hacer una
permuta con terreno adquirido tierra adentro, como usted muy bien sabrá,
para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre.

Pues bien, esta operación de permuta, que no tenía cobertura en el
proyecto en sí mismo, no se puede realizar porque la Abogacía del Estado
la considera --creo que con todo fundamento-- ilegal. No puede el Estado
adquirir bienes de dominio público para luego entregarlos, a título de
uso privado, a ciudadanos particulares. Faltaría, por decirlo así, la
causa de la demanialización de esos terrenos.

Esto plantea que hay que dar otra salida a los merenderos ubicados en
este momento en dominio público en la zona afectada por el proyecto.

¿Cuáles son las salidas posibles, y las dos han sido ofrecidas
abiertamente por la Administración? La expropiación para su demolición,
o bien el que se otorgue una concesión que permita seguir utilizando esas
instalaciones, pero a título de concesionarios, sobre dominio público.

Ambas opciones son --como usted sabrá por la prensa local y probablemente
por otras fuentes de información-- rechazadas por los propietarios
afectados, pero o se acude a la expropiación o se les otorga una
concesión para poder realizar esa actividad de restaurante para los
visitantes de la zona o no hay salida posible y habría que dejar la obra
sin hacer. A la Administración le da lo mismo, por decirlo así, porque la
finalidad perseguida, que es acabar la obra, se consigue tanto
expropiando y procediendo a la demolición de las obras como otorgándoles
una concesión para que se ubiquen en otro sitio. En manos de los
interesados está aceptar una u otra fórmula, que se les ha ofrecido ya
por escrito desde la Demarcación de Costas de Valencia. Si no aceptasen
ser concesionarios --y evidentemente la Administración no puede obligar
a nadie a ser concesionario-- procederíamos a la expropiación y a la
demolición, que es lo que está en nuestras manos unilateralmente hacer,
pero hemos dado a los afectados esa opción de que voluntariamente acepten
recibir una concesión para que puedan seguir con su actividad sin ser un
obstáculo para la continuación de las obras.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Empezaría por el comienzo de su intervención,
señor Blanco, que ha estado usted allí, recientemente --según me dice--
y ha estado visitando los daños. Pero no ha dicho usted lo que a mí me
parece evidente, que es que hay muchos daños.

La situación actual no se puede mantener mucho tiempo y creo que eso es
lo que verdaderamente nos debería interesar. Es verdad que para conseguir
eso hay que resolver problemas, problemas de los propietarios, de
modificados, etcétera, pero la situación actual no la podemos dejar mucho
tiempo, repito, y éste es un proyecto que tiene mala suerte, porque va
para largo. En general, la playa de Pinedo no está siendo bien tratada,
por circunstancias de todo tipo: circunstancias de infraestructura
física, de ubicación, etcétera, pero en ocasiones también desde la
Administración, y éste es un proyecto que bueno sería que fuésemos
capaces de encarrilarlo con celeridad, porque



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mantener la actual situación, como pudo usted comprobar cuando estuvo
usted por allí personalmente, no es lo adecuado. Pensando que va a llegar
el verano y la situación puede ser la que se contempla allí en estos
momentos, creo que mal favor haríamos a ese criterio al que ha hecho
referencia, el de procurar que no se enturbie la campaña estival pues,
tal como están las cosas, está francamente enturbiada.

Por tanto, me permitiría decirle, en cuanto a los problemas puntuales que
se planteen, a los que ha hecho referencia y respecto a los que
inicialmente pudo haber una errónea previsión o una previsión inviable
legalmente, como se ha visto, que se solucionen con la mayor celeridad
posible, porque lo cierto es que el interés general en relación con la
playa de Pinedo, más allá del de unos propietarios concretos o de otros
intereses particulares que pueda haber en la zona, es que ese proyecto de
regeneración y construcción del paseo marítimo se lleve a cabo con la
mayor celeridad posible. Es en este terreno en el que no se avanza. Se
observa con preocupación que este proyecto está nuevamente paralizado. Me
gustaría que esta razón se asumiera por parte de la Administración y,
desde esa perspectiva, se resolvieran con urgencia los problemas
puntuales, importantes para los afectados pero puntuales, que deben ceder
ante una visión del interés general.




El señor PRESIDENTE: Señor Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Una
vez más, no me queda otro remedio que aceptar el planteamiento del señor
Peralta en cuanto a que tenemos que ser ágiles, dar solución a los
problemas y acelerar, en la medida de lo posible, las tramitaciones
administrativas y las realizaciones de las obras.

A los daños no ha hecho referencia porque no era el objeto de la
pregunta, pero me atrevo a hacer un matiz. Somos responsables, e
intentamos repararlos en la medida que nos corresponde, de los daños que
causa el mar cuando se debe a inactividad de la Administración, incluso
a insuficiente o mala calidad técnica de las infraestructuras, pero no
somos responsables de los daños cuando afectan a instalaciones como estos
merenderos de los que estamos hablando, de ciudadanos que los tienen allí
resistiéndose --digámoslo de una manera suave-- a un procedimiento
administrativo para que cambien la ubicación. He llegado a leer en algún
periódico valenciano que se acusaba a la Administración de haber
incentivado los daños provocados por el último período de tormentas y de
mareas a fin de poner en una situación insostenible a los titulares de
los merenderos. Evidentemente, desde la Administración se puede mandar
más o menos, pero no se controla la naturaleza y la situación
insostenible nace de una ubicación que es la que hay que corregir.




--DEL SEÑOR CENTELLA GOMEZ (GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA), SOBRE
MOTIVOS DEL RETRASO DEL COMIENZO DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA FASE DEL
PASEO MARITIMO DE FUENGIROLA (MALAGA) (Número de expediente 181/000693).




El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 6, en nombre de
Izquierda Unida, tiene la palabra don José Luis Centella Gómez.




El señor CENTELLA GOMEZ: Hay que tener en cuenta que la pregunta que le
formulo estaba presentada y publicada en abril de 1997, pero por diversos
motivos no ha podido discutirse en esta Comisión hasta hoy. Por tanto, la
formularé desde esa perspectiva en el tiempo, para que explique los
motivos del retraso en el comienzo de las obras de la segunda fase del
paseo marítimo de Fuengirola, en Málaga.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Efectivamente, la pregunta fue formulada hace ya bastantes meses y, en
estos momentos, más que de retraso habría que hablar de feliz comienzo de
las obras de la segunda fase del paseo marítimo de Fuengirola.

Por dar cierto contenido a la contestación, retraso no hay, ha habido la
normal tramitación administrativa de un proyecto. Las fechas más
significativas que puedo darle son las siguientes. El ayuntamiento
remitió a la Administración de Costas, en diciembre de 1996, el primer
proyecto de construcción; éste fue estudiado por la dirección general y,
como suele pasar en estos casos, se hicieron observaciones para subsanar
defectos o mejorar soluciones que fueron remitidas el 8 de enero de 1997;
en febrero de 1997, se realiza una presentación de toda la documentación
necesaria para subsanar los defectos o insuficiencias detectados por el
ayuntamiento a la Demarcación de Costas en Málaga; en el Boletín Oficial
de la Provincia, del 18 de abril de 1997, se publica el correspondiente
edicto para la información pública durante el plazo de veinte días que se
dio y, una vez presentadas y estudiadas las alegaciones correspondientes,
se procede a la aprobación definitiva del proyecto el 10 de junio de este
año 1997. A partir de la aprobación definitiva, como marca la ley de
contratos, se inició el expediente de contratación, que lleva fecha en
cuanto a la providencia de inicio del 18 del mismo mes de junio; licitada
la obra, se adjudicó a la empresa Huarte el 29 de septiembre de 1997, y
se firmó el contrato, que es el último paso previo al inicio material de
la ejecución de las obras, el pasado 20 de octubre.

Creo que es una tramitación administrativa bastante rápida para lo que
son los plazos normales en la Administración. También es verdad que ha
sido así porque ese proyecto no ha presentado problemas de oposición por
parte de nadie, ni de impacto ambiental ni de críticas sociales ni de
alegaciones en información pública que obligasen a modificar el proyecto.

Por tanto, creo que no procede hablar de retraso sino que es una
tramitación bastante normal,



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incluso diría que rápida para lo que es normal. En todo caso, como decía
al principio de mi contestación, podemos felicitarnos todos de que las
obras ya se hayan iniciado materialmente.




El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores y señoras diputados que están
fumando que cumplan lo que ha sido un acuerdo de esta Comisión y que
dejen de hacerlo.

Tiene la palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Efectivamente, debemos felicitarnos por el hecho
de que las obras estén en marcha, pero es una realidad que ha existido un
desfase entre la terminación de la primera fase, que corría a cargo del
ayuntamiento, y la segunda fase. El comienzo de la obra fue anunciado
repetidas veces por la alcaldesa de Fuengirola y nos extraña que se
manifieste que no ha habido retraso. A lo mejor, en este caso el retraso
es achacable al ayuntamiento, pero lo cierto es que ha habido un desfase.

A nosotros nos gustaría, en la medida de lo posible, que en la tercera
fase del paseo marítimo no volviese a haber ese salto, porque es una
realidad que cada vez que pasa un verano con esos desfases entre las
obras de una fase y otra del paseo marítimo, al final sufre la calidad
del servicio que se presta y perjudica a la actividad turística, que es
de la que vive Fuengirola fundamentalmente.




El señor PRESIDENTE: Señor Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Debo
ratificarle que no ha habido ningún desfase ni retraso ni por parte del
ayuntamiento ni por parte de la Administración de Costas, sino el período
normal, y repito que en este caso bastante acelerado, de tramitación de
un proyecto y de un expediente de contratación.

Le puedo asegurar, porque soy sujeto pasivo de su permanente reclamación,
que la alcaldesa de Fuengirola mantiene una tensión reivindicativa frente
a la Administración central del Estado en todos los pasos que se van
dando de sucesivas fases de aprobación del paseo marítimo, incluso de la
tercera, en cuya elaboración técnica ya se está trabajando en estos
momentos, que hace que, si hubiese alguna tentación de ser lentos o tener
rémoras en la Administración, sería prácticamente imposible. Por tanto,
por parte del ayuntamiento no sólo no ha habido desfase ni rémora ni
omisión, sino que hay una amistosa presión permanente respecto a la
Administración de Costas para que las sucesivas fases del paseo marítimo
de Fuengirola no sufran ningún retraso.

Por nuestra parte, creo que con el calendario de tramitación que antes le
he detallado demostramos que no ha habido ningún retraso, sino una
diligente tramitación de expedientes que, eso sí, son todos complejos y
exigen meses por definición.




--DEL SEÑOR CENTELLA GOMEZ (GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA), SOBRE
ESTADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PASEO MARITIMO EN EL MUNICIPIO
DE MANILVA (MALAGA) (Número de expediente 181/000694).




El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra don
José Luis Centella para formular la pregunta número 7.




El señor CENTELLA GOMEZ: La siguiente pregunta también está formulada en
la misma fecha y, por desgracia, no podemos decir lo mismo que en el caso
de Fuengirola, porque todavía no solamente no ha empezado la construcción
del paseo marítimo del municipio de Manilva, sino que desconocemos el
estado del proyecto en estos momentos.

Por tanto, la pregunta, esta vez con toda vigencia, va dirigida a que se
informe del estado del proyecto de construcción del paseo marítimo de
Manilva.




El señor PRESIDENTE: Señor Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): En
este caso, tampoco hay retraso en la tramitación, lo que sí hay es una
decisión de no hacer ese paseo marítimo. Hay una decisión de no aprobar
técnicamente el proyecto porque éste, tal y como se nos propuso desde el
Ayuntamiento, conculca frontalmente lo que dispone el artículo 44.5 de la
Ley de Costas, dado que discurría en sus tres cuartas partes de trazado
--o sea que no era una cuestión de matiz, sino sustancial
cuantitativa y cualitativamente-- por zona de ribera de mar. Como usted
sabe, la Ley de Costas prohíbe ocupar con obras artificiales, paseos
marítimos por ejemplo, la ribera del mar. Al revés, la política que sigue
este ministerio, dentro de la opción medioambiental de protección,
conservación y recuperación del dominio público marítimo-terrestre, es
aprovechar todo este tipo de obras públicas para recuperar zona de
dominio público, ribera del mar, para el libre uso de todos los
ciudadanos. Por lo tanto, bajo ningún concepto vamos a aprobar nunca un
proyecto que ocupa físicamente sus tres cuartas partes en la ribera del
mar, tal y como sucede, como decía al principio, porque no sería
coherente con la protección de dominio público marítimo-terrestre y
porque sería expresamente ilegal, no teniendo ningún sentido que sea la
propia Administración estatal de Costas la que incumpla la Ley de Costas
y atente contra la protección del dominio público marítimo-terrestre que
nos impone a todos los poderes públicos la Constitución.

Evidentemente, cabe buscar soluciones alternativas. De hecho, al
ayuntamiento se le ha sugerido desde la demarcación de costas la
posibilidad de desglosar del conjunto del proyecto aquellos metros del
trazado originario del proyecto al que nos estamos refiriendo que no
discurren por la zona de ribera de mar. Si el ayuntamiento ofreciese una
solución técnica que fuese satisfactoria para sus necesidades y que no
violase tan frontalmente el apartado 5 del artículo 44 de la Ley de
Costas, como lo hace el proyecto presentado, la Administración
gustosamente lo estudiaría,



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pero en estos momentos, con el proyecto que conocemos, evidentemente no
podemos proceder a la aprobación técnica y, por lo tanto, ni siquiera
cabe plantearse cuándo comenzarán esas obras.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: La realidad es que parece ser que en el
municipio de Manilva hay una mano negra que continuamente distrae
inversiones y recursos. No sé si usted conoce dónde está situado este
municipio, pero le diré que es el último de la Costa del Sol malagueña,
que linda con la provincia de Cádiz, siendo una de las zonas con mayor
posibilidad de desarrollo turístico, toda vez que no está saturada, y
además de un desarrollo turístico controlado y acorde con el medio. Este
municipio necesita instrumentos para dar calidad a su producto turístico
y, en este sentido, el paseo marítimo es una necesidad, evidentemente
respetando, y todos estamos de acuerdo, toda la salvaguarda para que sea
un proyecto compatible con el medio.

Lo cierto es que en el año 1993 se empezó a redactar el proyecto del
paseo marítimo y luego se cambió. Pero la realidad es que todos los
proyectos que se han presentado --el anterior estaba incluso aprobado por
el ministerio-- al final acaban en nada. La situación actual, como usted
bien ha dicho, es que estamos en un punto muerto del cual hay que salir
sin perjuicio para el municipio de Manilva. Nosotros estamos convencidos
de que no se puede seguir alargando y de que la Administración tiene que
plantear alternativas. La que usted avanza hoy aquí debe ser estudiada,
porque lo que también resultaría injusto sería el condenar al municipio
de Manilva, a esa zona de la provincia de Málaga, a no tener desarrollo
urbanístico turístico, cuando, por otra parte, en otras zonas de la misma
provincia de Málaga, plenamente saturadas, se están aprobando otra serie
de actuaciones mucho más dañinas para el litoral que las del municipio de
Manilva.

Por lo tanto, nosotros instamos a que, en el plazo más breve posible, se
desbloquee y se defina por parte de la Dirección General cuál es el
proyecto que se aceptaría, para que, de esa manera, se pudiera proceder
a su aprobación por el ayuntamiento y a su contratación y
presupuestación. Nosotros vamos a luchar para que el año 1998 no pase sin
que este proyecto empiece a ser una realidad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Ha
hecho S. S. referencia a que en la propia costa de la provincia de Málaga
hay otros proyectos de mayor agresión para el medio. Yo puedo asegurarle
que no hay ningún proyecto aprobado, puesto en marcha, contratado o
ejecutado desde que yo soy secretario de Estado de Aguas y Costas que
ocupe ribera del mar. ¿Los ha habido antes? Sí. ¿Ha sido la
Administración de Costas agresora del propio dominio público
marítimo-terrestre que le corresponde por ley y por Constitución
defender? Sí. Pero eso no pasa ahora. No hay ningún proyecto puesto en
marcha que ocupe ribera del mar desde que nosotros tenemos la
responsabilidad de la Administración central de Costas; ninguno, no hay
excepción.

En cuanto a que Manilva puede ver enturbiadas sus posibilidades de
desarrollo turístico por el hecho de no hacer el paseo marítimo,
evidentemente, haya o no mano negra, Manilva tiene todo el derecho al
desarrollo turístico, pero no a costa de violar la Ley de Costas y menos
con la colaboración de la Administración de Costas, que es lo que se
pretendía con este proyecto. Haremos, porque no discriminamos a ningún
ayuntamiento, las obras que se nos planteen y encajen en la protección
del dominio público marítimo-terrestre, que es nuestra competencia, como
hacemos con el resto de los municipios de esa provincia y del resto de
España, pero en ningún caso violaremos, porque nuestra obligación es no
hacerlo así, lo que dispone la Ley de Costas y, en particular, la
obligación de protección y defensa de la ribera del mar, excluyendo toda
obra artificial sobre la misma de ocupación por estructuras.




--DE LA SEÑORA BARTOLOME NUNEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LA
OPINION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA ACERCA DEL PROYECTO
REFORMADO DEL PUERTO DEPORTIVO DE GUARDAMAR (ALICANTE) (Número de
expediente 181/000861).




--DE LA SEÑORA BARTOLOME NUÑEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LOS
TRAMITES EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE COSTAS EN RELACION CON EL
PROYECTO REFORMADO ELABORADO POR EL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR (ALICANTE)
PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUERTO DEPORTIVO (Número de expediente
181/000862).




El señor PRESIDENTE: Para formular las preguntas números 9 y 10, tiene la
palabra, en nombre del Grupo Socialista, doña María Luisa Bartolomé
Núñez.




La señora BARTOLOME NUÑEZ: Señor Blanco, las preguntas que hoy voy a
formularle en nombre del Grupo Parlamentario Socialista están
relacionadas con las modificaciones que se hacen a un proyecto ya
aprobado en su día de un puerto deportivo y pesquero en la población
levantina de Guardamar, en Alicante, puerto que ha sido reivindicado por
dicha población, la cual pretendía mejorar con ello su oferta
complementaria como localidad turística y dar a la vez una solución
inmediata a los múltiples problemas que afectaban al sector pesquero. Con
este motivo, se han venido realizando estudios de borradores desde
principios de los 80, hasta los últimos elaborados a principios de los
90, los cuales sufrieron modificaciones hasta llegar al proyecto aprobado
por la Consejería de obras Públicas,



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Urbanismo y Transporte de la Generalitat valenciana, redactado en 1993.

Este recogía la ejecución de la obra en dos fases, una primera autorizada
el día 24 de junio de 1994, y una segunda que englobaba la anterior, cuya
resolución favorable se emitió en julio de 1996. Este proyecto, así como
sus consecutivas modificaciones, fue consensuado entre todos los grupos
políticos con el sector pesquero y con el resto de los grupos económicos
de la ciudad, cosa que no ocurre cuando, unos meses más tarde,
concretamente el 4 de octubre de 1996, este proyecto sufre una
modificación sin previa consulta con nadie, autorizándose en una
resolución del director general de Obras Públicas, de fecha antes
mencionada, y que tiene graves consecuencias, sobre todo porque pasa de
ser un puerto con unos mil amarres a otro con menos de la mitad,
eliminando, de hecho, el puerto pesquero, ya que se le relega al nuevo
canal construido para servir como desagüe del río Segura en las riadas,
sin calado, apenas un metro, y contra la opinión de los técnicos de la
Confederación Hidrográfica del Segura que, reiteradamente, han exigido a
los pescadores la retirada de los pequeños muelles de madera y sus
embarcaciones por el efecto barrera de las riadas. Por lo tanto, la gran
ilusión del sector pesquero de tener un puerto con suficientes amarres
para no tener que utilizar otros puertos, como el de Denia, el de
Torrevieja o el de Santa Pola, se ve totalmente frustrada con esta
modificación.

Estas modificaciones afectan también a la recalificación y cambio de uso
urbanístico de una parcela de unos 31.000 metros cuadrados que se segrega
de este proyecto y que desconocemos cuál va a ser su uso, reduciendo, por
tanto, la construcción de servicios, lonja y además áreas que
complementarían un puerto deportivo y pesquero con la categoría que
merece la población y que cumpliría así las expectativas puestas en este
proyecto.

Dado que estas modificaciones afectan a más del 50 por ciento del
proyecto, consideramos que en la tramitación previa a la autorización
debiera haberse emitido un informe del Servicio Provincial de Costas,
órgano de la Administración estatal competente en la materia, en
aplicación de lo dispuesto en la Ley de Costas. Es por eso por lo que le
formulo las siguientes preguntas: ¿cuáles son los trámites, en su caso,
efectuados por la Dirección General de Costas en relación con este
proyecto, y cuál es la opinión que tiene del mismo la Confederación
Hidrográfica del Segura?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Como
sabe S. S., la mayor parte de los hechos que ha relatado afectan a un
ámbito competencial distinto al de la Administración central del Estado,
el de la comunidad autónoma, y nuestra intervención es puramente a
efectos del informe.

Las intervenciones de la Dirección General de Costas o de la demarcación
correspondiente se han traducido en los siguientes actos, en la medida en
que mi información sea correcta. Hubo dos órdenes ministeriales
delegadas, de 24 de junio de 1994 y de 20 de junio de 1996, a través de
las cuales la Dirección General de Costas informó favorablemente el
proyecto originario, aconsejando que se realizase --es nuestra única
intervención en la materia-- la correspondiente adscripción a la
Comunidad Autónoma Valenciana de los terrenos del dominio público
marítimo-terrestre necesarios. La siguiente intervención es el propio
acta de adscripción de los terrenos a la comunidad autónoma, que lleva
fecha 18 de julio del año 1996. Teóricamente, desde ese momento ya no
tenemos más intervención desde la Administración central. Hecha la
adscripción, corresponde --siempre que no se violen los términos de la
adscripción misma-- a la Administración autonómica beneficiaria de tal
adscripción la realización de las obras, administración del terreno
adscrito, etcétera. Es verdad que tuvimos intervención posterior porque
tuvimos noticia --a través de los medios de comunicación-- de que había
una reforma o variación del proyecto originario, y nos dirigimos
--exactamente el 14 de febrero de 1997-- a la Dirección General de Obras
Públicas --creo que es así-- de la Generalitat valenciana para pedirle
ese proyecto modificado, a efectos de ver si deberíamos variar para algo
el acta de adscripción o el informe favorable emitido originariamente en
los años 1994 y 1996. Recibido el proyecto y estudiado por la Dirección
General de Costas, no se ha observado que afecte para nada al acto de
adscripción --que, repito, es nuestra única intervención en la materia--
y, por lo tanto, no se ha planteado ninguna objeción ni exigencia de
modificación porque, a juicio de la propia demarcación de Alicante --que
hace el informe previo-- y de la Dirección General de Costas --que decide
al final--, la modificación introducida no afecta a los términos de la
adscripción, que --repito-- es nuestra única competencia en la materia.

En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Segura, puedo decirle que
ha informado favorablemente el proyecto de reforma del puerto deportivo
de Guardamar, poniendo una condición. Exactamente, que la rasante del
perímetro exterior de la marina proyectada se sitúa a una cota mínima de
3,5 metros sobre el nivel medio del mar, por obvias razones. Por lo
tanto, ni desde Costas ni desde Obras Hidráulicas hay en este momento
ninguna objeción al planteamiento que hace la administración con
competencia, que es la Comunidad Autónoma Valenciana, ni se prevé ninguna
nueva intervención mientras no varíen los datos a los que he hecho
referencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Benigno Blanco.

¿Considera la señora Bartolomé Núñez que han sido contestadas las dos
preguntas? (Asentimiento.) Muchas gracias, señora Bartolomé, por su
colaboración.




--DEL SEÑOR FRUTOS GRAS (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA),
SOBRE OPINION DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE ACERCA DEL PROYECTO DE
CAMPO DE GOLF EN LA RESERVA



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DE CAZA DE LAS LAGUNAS DE VILLAFAFILA (ZAMORA) (Número de expediente
181/000803).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, está aquí presente el
secretario general de Medio Ambiente, don Juan Luis Muriel Gómez, que ha
comparecido para contestar a la pregunta que en nombre de Izquierda Unida
había formulado don Francesc Frutos Gras, acerca de la opinión de la
ministra de Medio Ambiente sobre el proyecto de campo de golf en la
reserva de caza de las lagunas de Villafáfila (Zamora). Como el diputado
que iba a formular la pregunta no está presente, a pesar de que ha
comparecido el secretario general de Medio Ambiente --al cual, en nombre
de la Comisión de Medio Ambiente, le damos la bienvenida una vez más a
esta Comisión--, la pregunta se considera decaída.

Les comunico que, a continuación y antes de proceder al debate y votación
de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día, vamos a
interrumpir la sesión, que se reanudará a las once y cinco, es decir, se
va a interrumpir por un tiempo de diez minutos. También les comunico a
SS. SS. que las votaciones correspondientes a las proposiciones no de ley
que figuran en el orden del día van a tener lugar no antes de la una, por
lo que si el debate hubiera terminado antes, se volverá a interrumpir la
sesión.

Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE COMPROMISOS DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA FINANCIACION DE LA
DESALADORA DE ALMERIA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 161/000608).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el punto 12 del orden del
día, que es la proposición no de ley sobre compromisos del Gobierno en
relación con la financiación de la desaladora de Almería formulada por el
Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña
Cristina Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Señorías, la provincia de Almería es una de las
provincias que presenta en España los problemas hídricos más graves, para
cuya solución, dese hace tiempo, se trabaja en algunas actuaciones que no
han llegado aún a concretarse. Desde el Grupo Parlamentario Socialista
querríamos señalar, en particular, la previsión de construcción de una
planta desaladora en Almería capital o en su entorno que pudiera aliviar
la presión que sobre el acuífero de poniente está significando en estos
momentos el abastecimiento de la capital, que se produce, precisamente,
a través de la obtención de agua de los pozos de ese acuífero de
poniente.

Por otra parte, el acuífero de Níjar está también en una situación de
gravísima sobreexplotación, con el agravante de ser un acuífero de
carácter fósil que, a diferencia del acuífero de poniente, va reduciendo
gradualmente su capacidad de almacenamiento de agua.

En el año 1995, el anterior Gobierno aprobó un decreto, el decreto 1327,
que regula las condiciones para que se establezcan plantas de desalación
y para que el agua desalada entre a formar parte del régimen que regula
el dominio público hidráulico. En base a esta regulación todavía en
vigor, en su momento se planteó, entre otras desaladoras, el apoyo desde
la Administración central a una desaladora en Almería. Las otras
desaladoras que se barajaron en ese momento fueron concretamente la de
Cádiz, la de Sevilla, la de Málaga, y por la vía de la concesión
administrativa la de Cartagena y la de Alicante. Ninguna de estas plantas
desaladoras ha sido abordada ni desde la Administración central ni desde
el régimen concesional, como estaba previsto concretamente en las de
iniciativa privada en Cartagena y en Alicante.

Creemos que se trata de un retraso injustificable, con especiales
perjuicios en el caso de la desaladora de Almería, en la cual hubo un
concurso para la presentación de ofertas a partir del día 30 de abril de
1996 y, por tanto, el Ayuntamiento de Almería conoce desde hace ya un
tiempo más que suficiente numerosas ofertas con técnicas distintas de
desalación, técnicas basadas en la osmosis o basadas en la cogeneración
con emplazamientos diferentes y con costes distintos. Respecto de estas
ofertas, el Ayuntamiento todavía no ha procedido a una selección; según
lo que el propio alcalde declaró la semana pasada en el pleno del
Ayuntamiento de Almería, no ha llevado a cabo esa decisión y parece ser
que hay incluso otras ofertas sobre la mesa.

Sabemos que está remitida la memoria de carácter genérico, con los
contenidos esenciales de lo que sería esa planta desaladora para la
obtención de fondos estructurales, pero todavía, desde las instancias
europeas, no se ha respondido a esta petición por parte del Ayuntamiento
de Almería, avalada en su momento por el Gobierno de la nación.

Creemos que el contenido de nuestra proposición no de ley responde a este
momento de impasse en el que todavía, por una parte, no se ha
seleccionado por el Ayuntamiento la actuación concreta de la planta de
desalación a construir. El Ayuntamiento ha consignado en su presupuesto
para el año 1998 una cuantía suficiente para financiar esta planta, pero
consignando al mismo tiempo en los ingresos los recursos que procederían
de Europa; si esos recursos no llegaran a proceder de la Unión Europea,
cosa que aún no está confirmado, sería extremadamente oportuno que el
Ministerio de Medio Ambiente contemplara una dotación específica para
poder complementar la financiación que el ayuntamiento, sin duda, no
podrá abordar en solitario. Esto se vincula también a una decisión del
Parlamento de Andalucía, de hace algunos meses, en la cual, la Junta de
Andalucía se comprometía a cofinanciar esta actuación. Pero, como digo,
siempre se parte de la hipótesis de que los fondos europeos aporten una
financiación del 85 por ciento.

En la proposición no de ley que presentamos hoy hay un primer punto donde
se insta al Gobierno a que apoye, en la selección de los proyectos
alternativos para la desaladora



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de Almería, aquella solución que sea la más satisfactoria desde el punto
de vista ambiental, económico y territorial. Hay que recordar que, de
acuerdo con la legislación en vigor, es la Confederación Hidrográfica del
Sur la que debe autorizar el proyecto definitivo, y el Ministerio de
Medio Ambiente puede y debe influir para que esa selección sea la óptima
desde el punto de vista de estos tres parámetros.

En segundo lugar, se insta al Gobierno para que garantice, con cargo al
presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, los recursos necesarios
para completar la financiación en el supuesto de que no se obtuviera la
aportación del 85 por ciento del coste de la desaladora con cargo al
fondo de cohesión o a otros fondos estructurales.

Mantenemos estos dos puntos porque creemos que son importantes y respecto
de la enmienda que presenta el Grupo Popular, no podemos coincidir, al
menos en lo que se refiere a eludir cualquier compromiso del Ministerio
de Medio Ambiente. El Grupo Popular, en la enmienda que entiendo que
ahora será defendida por el señor Hernando, no hace ninguna alusión al
compromiso específico del Ministerio de Medio Ambiente en el caso de que
no hubiera aportación de los fondos de cohesión, cosa que, por supuesto,
es una hipótesis absolutamente razonable, pero que todavía no está
confirmada. Querríamos, por tanto, reiterar nuestro deseo de que haya un
compromiso específico para Almería.

Por lo que se refiere al apoyo desde el punto de vista ambiental,
económico y social, sí entendemos que la enmienda de modificación del
Grupo Parlamentario Popular recoge nuestro interés, y, por supuesto, el
segundo párrafo que se ha añadido, en cuanto a que se presente antes de
final de 1997 un plan hídrico específico que contemple una programación
de infraestructuras para la provincia de Almería, nos parece adecuado y
lo apoyaríamos en el caso de proceder a una votación separada de lo que
ahora constituiría una proposición con tres puntos.

Insistimos en que mantenemos nuestro deseo de que el Ministerio de Medio
Ambiente aparezca como garante último de una operación que nos parece
vital, no solamente para reducir la presión sobre el acuífero de
poniente, sino, en el caso de alguna de las ofertas realizadas, incluso
para mejorar la gravísima situación en el campo de Níjar.




El señor PRESIDENTE: Les recuerdo a las señoras y señores diputados que
en esta Comisión no está permitido fumar.

A esta proposición defendida por el Grupo Socialista se ha presentado una
enmienda del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra su
portavoz, don Rafael Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado una enmienda.

Es indudable que, desde nuestro grupo parlamentario, conocemos cuáles son
los déficit de Almería en materia hídrica, y ello desde hace bastante
tiempo. Hemos venido reivindicando, siendo miembros de la oposición, la
necesidad de acometer infraestructuras en la provincia de Almería
precisamente para poner coto a ese grave déficit hídrico y, de alguna
manera, paliarlo; no sólo es necesaria la construcción de una
potabilizadora o desaladora, sino algo que vaya más allá y que debe de
ser, a nuestro juicio, una solución integral para el conjunto de la
provincia. Ese es indudablemente el sentimiento de nuestro grupo y así lo
ha manifestado en el pasado.

En ese sentido, en junio de 1995, en esta Cámara, mi grupo presentaba, a
través de su portavoz, en esa ocasión el señor Arqueros, una proposición
no de ley precisamente encaminada a la necesidad de acometer la
construcción de diversas plantas de desalación en la provincia de
Almería. Esa proposición no de ley obtuvo el respaldo mayoritario de los
grupos parlamentarios y el anterior Gobierno adquirió una serie de
compromisos que luego no se llevaron a cabo ni se plasmaron en la
realidad de los hechos, dejando en alguna ocasión al propio Ayuntamiento
de la ciudad de Almería --como vulgarmente se dice-- colgado de la
brocha.

El Gobierno, desde mayo del año pasado, planteó como una necesidad el
hecho de construir no solamente una planta desaladora en la provincia de
Almería, en su capital más concretamente, sino también otra serie de
infraestructuras del mismo significado y sentido en otras partes de
nuestra geografía, lo mismo en Cartagena que en Melilla o en Almería.

En virtud de los cambios habidos en cuanto a la regulación de los fondos
de cohesión, se decidió acometer esas obras con cargo a los mismos. Hay
que recordar que mientras que antes los fondos de cohesión pasaban
directamente por los ministerios, es decir, iban con cargo a los
presupuestos de los distintos ministerios inversores, en esta ocasión lo
que hacen los ministerios es enviar proyectos sin necesidad de consignar
esos fondos como presupuestos propios, cosa que sí se podía hacer hasta
1995. Quizás eso explique algunas diferencias en las capacidades
inversoras que en algunos momentos se alegan por parte de algún grupo
parlamentario en la Cámara.

El Gobierno se ha comprometido claramente con Almería y se ha
comprometido claramente con la voluntad de realizar la desaladora en la
capital de Almería, superando esa situación que, como decíamos antes, se
había plasmado en los deseos de mucha gente pero que nunca se había
llevado a cabo. No hay que olvidar algún otro proyecto también que
presuntamente iba a acometer la propia Junta de Andalucía en la capital
de la provincia, en Almería, y que no vio nunca la luz.

Creo que es importante el compromiso que existe en estos momentos. Es
cierto que está pendiente todavía la resolución de Bruselas, pero, por lo
que conocemos, esa resolución va a ser positiva y se va a adoptar en
breve tiempo. Esto, a nuestro juicio, hace que esta proposición no de ley
sea, de alguna forma, inoportuna e improcedente, porque el compromiso del
Gobierno es evidente que se ha plasmado en la decisión de incluir
precisamente la desaladora de Almería para que se financie con los fondos
de cohesión. Por tanto, el Gobierno ha cumplido con todos los requisitos,
con todas las premisas y con todos sus objetivos



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en cuanto a efectuar esta obra de importante trascendencia para nuestra
provincia y para nuestra capital.

La desaladora, indudablemente, va a permitir que cerca de 20 hectómetros
cúbicos, que en estos momentos vienen a abastecer lo que es el consumo
urbano de la capital y que proceden de los pozos del Bernal, que está en
el Campo de Dalías, dejen de ser utilizados y se frene la
sobreexplotación y se reduzca la presión sobre estos acuíferos.

Por eso nosotros hemos presentado esta enmienda. Es una enmienda que
creemos que se ajusta más al tenor de lo que son las necesidades de
nuestra capital y lo que son también las necesidades de la provincia de
Almería. El Congreso debe instar al Gobierno a que mantenga su apoyo en
el proyecto de la desaladora de Almería para que obtenga el 85 por ciento
del total de la financiación con cargo al cupo que de los fondos de
cohesión tiene asignada la Administración central del Estado, y que, de
la misma forma, apoye que el proyecto que se ejecute sea el más
satisfactorio desde el punto de vista ambiental y económico. De esa
manera, señorías, hacemos que el Parlamento también se pronuncie y
respalde la acción del Gobierno en ese sentido, y que tenga más fuerza la
candidatura de la desaladora de Almería.

Además, nuestra enmienda tiene una segunda parte, y es que en la misma se
insta al Gobierno a que presente un plan hídrico para el conjunto de la
provincia de Almería. El Gobierno está redactando este plan hídrico desde
hace tiempo. Han sido consultados los distintos agentes económicos y
otros sectores importantes de la provincia de almería, a los efectos de
laborar, precisamente de acuerdo con los técnicos, un proyecto que pueda
dar una solución, fundamentalmente a medio plazo, a la situación hídrica
de Almería.

Esto es importante para Almería, y nosotros no hemos querido
desaprovechar la iniciativa del Grupo Socialista precisamente para, una
vez más, incidir en la necesidad de que esa decisión sea adoptada de la
forma más breve posible por parte de Bruselas y que, por otra parte, la
situación de Almería no se vaya solucionando parche a parche, sino que
venga en virtud de una resolución conjunta para toda la provincia. En ese
sentido, creo que son positivos los anuncios que ha hecho el propio
Gobierno de elaborar un plan para toda la provincia de Almería que dé una
solución a esa situación que viene siendo endémica, pero que se hace más
insoportable sobre todo porque la provincia de Almería vive
fundamentalmente --y a eso debe su generación de riqueza en los últimos
años-- de la agricultura y del desarrollo urbano y turístico.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra, para la posible aceptación o no de la enmienda, la
portavoz del Grupo Socialista, doña Cristina Narbona, autora de la
iniciativa.




La señora NARBONA RUIZ: Es evidente, por la exposición que ha hecho el
señor Hernando, que el Grupo Popular se preocupaba por Almería mucho más
cuando estaba en la oposición que ahora que está en el Gobierno, porque
tanto en el presupuesto de 1997 como en el de 1998, es decir,
presupuestos ya del Gobierno del Partido Popular, su grupo parlamentario
no ha aceptado una sola de las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista para que se dotaran adecuadamente infraestructuras hidráulicas
para la provincia de Almería y no solamente la desaladora de la que hoy
nos ocupamos, sino otras obras que el diputado del Grupo Popular sabe que
son de extraordinaria importancia, como la conducción entre Almanzora y
Benínar, o, mejor dicho, entre Almanzora y Almería, puesto que de Benínar
a Almería ya existe buena parte de esta conducción, y algunas otras
infraestructuras hidráulicas que, tanto en las votaciones de 1997 como en
las correspondientes al presupuesto de 1998, no han recibido el apoyo de
los parlamentarios del Grupo Popular. Por tanto, no parece que durante
este año y medio haya habido el más mínimo interés por resolver los
graves problemas de la provincia de Almería y nos gustaría que esta
situación cambiara. Como no parece que para 1998, hasta ahora, haya
habido el menor gesto, creemos que ésta es una ocasión para, por lo
menos, explicitar esa voluntad respecto de la desaladora de Almería.

Es tautológico volver a repetir aquí que se mantenga por parte del
Gobierno el apoyo que ya ha dado. Ya sabemos que en el tramo de
actuaciones de los ayuntamientos a fondos estructurales está presentada
la desaladora de Almería. Por cierto, señor Hernando, a los fondos
estructurales también con anterioridad se presentaban proyectos
financiados por la Administración central, proyectos financiados por las
comunidades autónomas y proyectos financiados por los ayuntamientos; en
esto no ha habido ningún cambio. En 1995, nosotros prenegociamos con la
Unión Europea un conjunto de desaladoras de las que ni siquiera una de
ellas se ha llegado a iniciar todavía, y el Gobierno del Partido Popular
dio de baja los concursos convocados y con las ofertas entregadas en el
caso de las desaladoras de Cartagena y de Alicante. Por tanto, ha habido
un parón absolutamente injustificado en materia de desalación, y en el
caso de la provincia de Almería este parón es especialmente grave.

Para 1998 no hay en el presupuesto del Gobierno de la nación ninguna obra
hidráulica nueva; la única obra hidráulica importante es la que comenzó
en la anterior legislatura, la depuración y reutilización de las aguas de
Poniente, pero no hay, repito, ninguna obra hidráulica nueva para la
provincia de Almería. Mucho nos tememos que aunque ahora se anuncie un
plan hídrico específico, no contemple partidas del Ministerio de Medio
Ambiente para 1998 puesto que el presupuesto ya está prácticamente
cerrado.

Hay que recordarle al señor Hernando que cuando hablan de un plan hídrico
específico para la provincia, consultado, elaborado y trabajado durante
este último año y medio, entendemos que no será diferente al Plan
hidrológico de cuenca que se llevó adelante hace dos años: desde hace dos
años, el plan hidrológico de la cuenca del sur espera ser aprobado, junto
con el resto de los planes hidrológicos, por parte del Gobierno de la
nación y, por tanto, ese plan que se anuncia para Almería no es más que
la parte



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correspondiente de un plan hidrológico de cuenca que preveía inversiones
de 140.000 millones de pesetas en la provincia para los próximos diez
años; inversiones, además, asumidas básicamente por la Administración
central del Estado.

Señor Hernando, voy a fijar posición en el sentido de decir que, respecto
de la votación de los dos puntos de la proposición que nosotros
presentamos, el primero, en el que se insta al Gobierno a que se
seleccione la mejor desaladora posible, naturalmente entendemos que
contamos con su voto porque comprende parte de la redacción de su
enmienda y, por tanto, creemos que hay un acuerdo de base que permitiría
que ese punto, si se vota separadamente, tuviera la mayoría de los votos
de esta Comisión. Lamentamos si no es así en el segundo punto, donde se
insta al Gobierno a que, en el caso de que no haya aportación de la Unión
Europea, sea el Ministerio el que complemente esa financiación.

Recordamos que lo está haciendo en el caso de Canarias, de Melilla y de
Ceuta, ¿por qué no en el caso de Almería? Naturalmente, la decisión de la
Unión Europea todavía no se conoce; no se conocía antes del verano cuando
yo presenté esta proposición, y no se conoce en estos momentos, aunque
sería muy deseable que fuera positiva, pero en el caso de que no lo sea,
insistimos, ¿no desea el Grupo Parlamentario Popular pedir al Gobierno
que el Ministerio de Medio Ambiente garantice en ese supuesto la
cofinanciación? Si es así, evidentemente, esta segunda parte de nuestra
proposición no tendrá la mayoría suficiente, lo cual sería lamentable.

Por último, quiero pedir a la mesa que se vote el segundo párrafo de la
enmienda que plantea el Grupo Popular, porque nos parece importante que
quede constancia si el grupo proponente de la enmienda lo plantea como
adición a las dos partes de nuestra proposición.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: Sencillamente quiero aclarar que no es una
enmienda de adición, es una enmienda de modificación y, por tanto,
modifica todo el texto.




El señor PRESIDENTE: Señora diputada, según el vigente reglamento, si
usted no acepta la enmienda no cabe separarla. Lo que sí se puede hacer
es pedir votación separada a su propia iniciativa, e imagino que los
grupos a lo mejor lo estiman conveniente. Entiendo que por su grupo ha
sido rechazada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

¿Desea añadir algo, señor Hernando?



El señor HERNANDO FRAILE: Quiero pedir palabra para hacer unas
aclaraciones, si es posible, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia entiende que la portavoz del Grupo
Socialista ha ido más allá de la mera aceptación o no de la enmienda,
señoría. Por tanto, tiene la palabra.

El señor HERNANDO FRAILE: Efectivamente, señor presidente, yo creo que ha
ido más allá de lo que es la aceptación de la enmienda.

Entiendo que la señora Narbona, diputada por Almería, ahora tenga prisa
por acometer determinadas obras de infraestructura en la provincia de
Almería (prisa que no tenía antes, cuando solamente era secretaria de
Estado y corresponsable en la materia), porque es cierto que ustedes han
negociado, pero es que ustedes se pasaban el día negociando; es cierto
que ustedes contaban con mucho más presupuesto, pero en la provincia de
Almería apenas se invertía en nada.

En cuanto al tema de las enmiendas, solamente quiero decirle a la señora
Narbona que usted ha votado en contra de la sección 23, por tanto, yo
entiendo que usted está en contra de que se acometa el plan de depuración
del poniente en la provincia de Almería. Esa es la interpretación
maniquea que yo puedo hacer, al igual que usted hace interpretaciones
maniqueas sobre cuáles son las intenciones... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Hernando. Ruego a las
señoras y señores diputados que se mantengan en silencio, a ser posible,
porque están dificultando la percepción de la intervención del portavoz
del Grupo Popular por parte de los taquígrafos.




El señor HERNANDO FRAILE: ... igual que usted hace interpretaciones
maniqueas sobre cuál es el sentido de mis votaciones o de las del
Gobierno en referencia a la provincia de Almería.

Los planes de cuenca están aprobados ya, me parece que falta solamente
uno y no es precisamente el plan de cuenca del sur. Es una iniciativa
importante la que pretende acometer el Gobierno y nosotros hubiéramos
deseado que hubiera obtenido hoy el respaldo mayoritario de la Cámara, en
virtud de que se hubiera aceptado nuestra enmienda. La voluntad del
Gobierno de presentar un plan hídrico para la provincia es una novedad;
es la primera vez que se presenta un plan hídrico para una provincia.

Creo que la situación de Almería lo requiere, precisamente por ser la
provincia con mayor grado de desertización de toda España, y que es una
buena noticia para los almerienses. Lamento que hoy sea imposible que esa
noticia pueda ser ratificada con el apoyo de la totalidad de los grupos
de esta Cámara, como estoy seguro que así lo obtendría, por el hecho de
que la señora Narbona no acepte nuestra enmienda.




--SOBRE LA CONSTRUCCION DEL PASEO MARITIMO DE ALMENARA (CASTELLON).

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
161/000251).




El señor PRESIDENTE: El punto 13 del orden del día es la proposición no
de ley sobre la construcción del paseo marítimo de Almenara (Castellón),
presentada por el Grupo Socialista del Congreso.

Para su defensa, tiene la palabra don Francisco Arnau.




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El señor ARNAU NAVARRO: Empezaré la defensa de esta proposición no de ley
diciendo que, sin perjuicio de los datos que es preciso aportar y
detallar, pese a que hagan engorrosa esta exposición, es de señalar que
en el fondo de la misma existe un problema de ineficacia municipal y de
subordinación de los intereses generales a los intereses particulares de
unos pocos en la población de Almenara, provincia de Castellón.

Acudiendo a los datos, tengo que señalar, en primer lugar, que en 1986 el
Ayuntamiento, presidido entonces por el socialista don José Vicente
Pastor, aprobó la construcción de un paseo marítimo en Almenara,
provincia de Castellón. El proyecto de construcción del paseo marítimo de
Almenara se redactó hace diez años y se aprobó por la Dirección General
de Puertos y Costas el 6 de abril de 1989, confeccionándose una relación
de bienes que debían ser ocupados. El proyecto de construcción de dicho
paseo marítimo y la relación de bienes se sometieron a información
pública y a aprobación del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros
adoptó el acuerdo de ejecución del proyecto de construcción del paseo
marítimo de Almenara con fecha 26 de enero de 1990. Los particulares
interpusieron contra dicho acuerdo recurso de reposición, primero, y
recurso contencioso-administrativo, después, que se sustanció en la
sección sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Con fecha 25 de
noviembre de 1992 se dicta sentencia desestimando dicho recurso
interpuesto por los particulares. A continuación --y es preciso seguir la
secuencia oportuna-- el jefe del Servicio Provincial de Costas de
Castellón solicitó licencia de obras ante el Ayuntamiento de Almenara.

Esta licencia de obras fue informada favorablemente por los técnicos
municipales, por el arquitecto técnico municipal y por los funcionarios
responsables de secretaría y de intervención. Sin embargo, la comisión de
gobierno del Ayuntamiento de Almenara, compuesta ya por el alcalde de
Izquierda Unida y concejales del Partido Popular y de Unión Valenciana,
después de la correspondiente moción de censura que se interpuso contra
el alcalde socialista, denegó la licencia solicitada con fecha 24 de
febrero de 1993. Contra esta denegación se interpuso recurso
contencioso-administrativo del abogado del Estado ante la sección primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, dictando sentencia y estimándose el
recurso con fecha 23 de febrero de 1996.

Señor presidente, al menos en este procedimiento existen dos acciones
retardatarias respecto a la ejecución del proyecto de construcción del
paseo marítimo de Almenara. Por una parte, los particulares afectados, es
decir, quienes ocupan los chalets ubicados en primera fila de costa, en
la playa Casablanca, en zona además de dominio público, interpusieron el
recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros; por otra, el actual
grupo municipal de gobierno deniega la licencia de obras. Frente a esa
denegación el abogado del Estado actúa y el grupo municipal de gobierno
podía o bien cumplir la sentencia dictada a raíz del recurso planteado
por el abogado del Estado, o hacer lo que hizo, es decir, otra acción
retardataria más, presentar otro recurso frente a la sentencia que era
favorable al recurso interpuesto por el abogado del Estado. Por tanto,
hay al menos dos sentencias importantes, la que decide que el acuerdo del
Consejo de Ministros es conforme a derecho, sentencia del Tribunal
Supremo, y la que decide que el acuerdo de denegación de la licencia de
obras es contrario a derecho, sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana.

Por dar al menos los datos más importantes, diré que el actual equipo
municipal de gobierno fue procesado por presunto delito de prevaricación.

Otra sentencia, en este caso de la Audiencia Provincial de Castellón, de
29 de enero de 1997, absolvió del delito de prevaricación al alcalde y a
cuatro concejales, pero es conveniente señalar, primero, que el
ministerio fiscal fue parte en el proceso y que llegó a pedir ocho años
de inhabilitación para el actual alcalde y los cuatro concejales, y,
segundo, que la absolución se produjo fundamentalmente --tengo aquí a
mano la sentencia-- porque el delito de prevaricación requiere un dolo
específico y, en cierto modo, un dolo reforzado, en cuanto se exige que
se trate de una resolución tomada a sabiendas y con conocimiento pleno de
la injusticia de la resolución --la Audiencia se refiere en este caso a
la denegación de la licencia municipal de obras--, pero esta absolución
no quitó y no quita que el propio alcalde admitiera en el juicio la
ilegalidad de la resolución de denegación de la licencia de obras y la
correspondiente demolición de los chalets.

En base a todo esto ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio? En primer
lugar, cumplir las dos sentencias que he destacado como importantes en
todo este iter procesal e iniciar la redacción del proyecto de
construcción del paseo marítimo de Almenara, pero, sobre todo, proteger
la zona marítimo-terrestre en la que están ubicados los chalets, que
corren peligro cada vez que ocurre un temporal. Por tanto, no se trata
sólo de construir un paseo marítimo sino de proteger la vida de
determinados ciudadanos ocupantes de estos chalets, porque cuando se
produce un temporal --ha habido uno muy recientemente-- afecta
negativamente a su seguridad personal.

Es posible que en la contestación se nos diga que hay que esperar, porque
la última sentencia ha sido recurrida y, por tanto, no es firme. Nos
extrañaría que se nos dijera eso, porque en este caso, si se nos
advirtiera de que la sentencia última no es firme, los mismos que
paralizan el procedimiento se escudarían en la paralización para no
actuar. Es como si los que pudieran obstaculizar el tráfico en una
carretera pudieran escudarse en dicha paralización u obstrucción para
justificar llegar tarde a determinado evento o acontecimiento. Por tanto,
solicitamos, de todos los grupos y fundamentalmente del Grupo Popular
--porque en este caso sabemos y saben perfectamente los representantes
del Grupo Popular, que también ha intervenido en Castellón, el presidente
de la Diputación Provincial y presidente del Partido Popular en dicha
provincia-- que voten favorablemente la proposición no de ley del Grupo
Socialista en la que se insta al Gobierno a la demolición y retirada de
escombros de las edificaciones existentes en la zona marítimo-terrestre
de la playa de Almenara (Castellón) y a la posterior ejecución de las
obras de construcción del paseo



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marítimo según el proyecto ya aprobado. Votando favorablemente pensamos
que se atendería una demanda, muy justificada y avalada por los
tribunales, de los ciudadanos y ciudadanas de esta población
castellonense.




El señor PRESIDENTE: A esta propuesta no se ha presentado ninguna
enmienda.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Como Nueva Izquierda, creemos que la situación
que se plantea en este municipio de Castellón, en Almenara, ya se ha
producido en muchas partes del país, y es la necesidad de dar
cumplimiento a lo previsto en la Ley de Costas, deslindar el espacio
público y, en la medida en que en ese espacio público existan propiedades
privadas, poner término a una situación que es contraria a la ley. Lo que
se está planteando es lo que se ha llevado a cabo en otras partes del
país. Específicamente en esta localidad nos encontramos con que hay una
sentencia del Tribunal Supremo, a la que se ha hecho referencia al
defender la proposición, que confirma la legalidad de las actuaciones
decididas en su día por el Consejo de Ministros. Nos parece que este dato
es también importante y significativo.

Finalmente, creemos que estamos en presencia de una actitud claramente
obstruccionista, utilizando los recursos legales con una finalidad
claramente contraria a la del propio derecho, a la de la propia norma,
que en este caso concreto es proteger los intereses colectivos, y se
están utilizando con una clara finalidad de proteger intereses privados
en perjuicio de los intereses colectivos. Por tanto, en el caso concreto
de los ciudadanos del País Valenciano y de los ciudadanos de esta
localidad, ya que no nos queda París, por lo menos que nos quede la playa
de Casablanca, de la que podamos disfrutar. (Risas.) Manifestamos nuestro
apoyo a esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra su portavoz, doña Presentación Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Intervendré de manera muy breve, porque tanto la
exposición de motivos de la proposición no de ley, como las
intervenciones que me han precedido explican la necesidad del voto
favorable de nuestro grupo parlamentario a esta iniciativa, con
independencia de los posibles recursos que se hayan podido realizar.

Estamos hablando del cumplimiento de la Ley de Costas y del cumplimiento
de una sentencia del Tribunal Supremo que el Ayuntamiento debería de
haber acatado cuando se dictó en su momento; y desde nuestro punto de
vista, estamos hablando de la necesidad de que se preserve el espacio
marítimo-terrestre, que está claramente definido. Por tanto, vamos a
apoyar esta proposición en el convencimiento de que es lo mejor para los
ciudadanos de Almenara y para los ciudadanos y ciudadanas del País
Valenciano.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su
portavoz, don Juan José Ortiz.




El señor ORTIZ PEREZ: Empezaré por el mismo orden que las intervenciones
que me han precedido en el uso de la palabra.

No quiero repetir el análisis que ha hecho el portavoz del Grupo
Socialista, el señor Arnau, porque, efectivamente, la secuencia que él ha
explicado ha sido así. Sin embargo, quiero recordar que en 1987, con
gobierno municipal, con gobierno de la Generalitat Valenciana y con
gobierno del Estado del Partido Socialista fueron incapaces de llevar a
cabo este proyecto que ahora reclaman con tanta insistencia. Es un dato
que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el tema, pero también
hay que decir que el gobierno socialista no pudo actuar, como no puede
hacerlo en este momento el gobierno del Partido Popular en esta materia
por los recursos presentados, ya que entiendo que hay que preservar los
derechos constitucionales de los afectados y también la autonomía
municipal del gobierno del Ayuntamiento de Almenara.

Se ha dicho por parte del Grupo Socialista que hay dos cuestiones claras,
la ineficacia municipal y la defensa de intereses particulares. Le
recordaría al señor Arnau que podríamos agregar aquí también la
ineficacia del anterior gobierno socialista, porque desde 1987 hasta
ahora llevamos diez años sin que se haya llevado a efecto no sólo la
construcción del paseo marítimo de Almenara, sino ninguna actuación para
proteger la costa y regenerar la playa de Almenara. No sé por qué se
empeña el Grupo Socialista en decir que se está paralizando y retardando
la construcción de este paseo marítimo. Efectivamente, es cierto, como he
reiterado muchas veces, que llevamos diez años debatiendo este problema,
pero no es menos cierto que las edificaciones están ubicadas dentro de
dominio público, que estas edificaciones tienen una concesión
administrativa y, por tanto, están pagando sus cánones; tampoco es menos
cierto que una cláusula de la concesión administrativa permite al Estado
revertir o recuperar los terrenos de dominio público siempre que se
destinen a bien general.

Lo que ocurre, señor Arnau, y éste fue el quid de la cuestión, es que
cuando se planteó a los 19 afectados la recuperación de los terrenos de
dominio público, que además consistía en el derribo de las construcciones
existentes y la limpieza de los solares para dejarlos a disposición del
Ministerio, primero, las valoraciones que se hicieron no fueron ni mucho
menos ajustadas a la realidad y además se les descontaba a los
propietarios los gastos de derribo y de desescombro, y hay afectados que
no sólo no percibían ninguna cantidad como compensación, sino que alguno
tenía que aportar, además de perder la edificación, más de 300.000
pesetas por los gastos de derribo y limpieza de solares.

Efectivamente, hubo una sentencia que fue absolutoria para el alcalde y
cuatro concejales del grupo municipal y, además, cabe recordar, señor
Arnau, que la sentencia decía que no había prevaricación porque entendían
que el alcalde y estos cuatro concejales defendían los intereses
municipales antes que los intereses propios. Por tanto, dejemos estar la
sentencia y seamos también capaces de aceptar



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las resoluciones de los tribunales de justicia. Hay que cumplir las
sentencias, efectivamente, antes, cuando las cumplía el gobierno
socialista y ahora las tiene que cumplir también el gobierno del Partido
Popular. Usted sabe perfectamente, señor Arnau, que contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se
presentaron sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, uno por
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almenara y otro por los
afectados de las viviendas que ocupan el terreno de dominio público. Por
tanto, sería ir contra derecho, bajo mi punto de vista, aceptar esta
proposición no de ley, ya que el Ministerio de Medio Ambiente no puede
actuar con arreglo a derecho mientras no sea firme la sentencia que está
recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, hay una
cuestión en la que estoy de acuerdo con el señor Arnau y con los demás
intervinientes y es que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que actuar
en primer lugar para proteger la costa, no vaya a ser que ahora, después
del último temporal de mar, por el que hemos visto que se han visto
afectadas muchas edificaciones, construyamos el paseo marítimo sin la
verdadera protección y se nos vaya solo. Además, aparte de actuar en la
protección de la costa, no puede paralizar la redacción de un nuevo
proyecto técnico que tiene que contar con el beneplácito y el visto bueno
del equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Almenara. Bajo mi
punto de vista, sería políticamente inasumible actuar en contra del
criterio del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almenara. Por tanto,
en ese aspecto estamos de acuerdo y puedo anunciarle que el Ministerio de
Medio Ambiente, por medio de la Dirección General de Costas, tiene
prácticamente concluido el estudio para actuar y proteger la costa en la
localidad de Almenara. Usted también conoce que hace pocas fechas,
después del último temporal de mar que tuvimos, se reunió el secretario
de Estado de Aguas y Costas con todos los alcaldes afectados en la costa
de la provincia de Castellón y se llegó a unas conclusiones en las que
creo que estaremos todos de acuerdo para elaborar conjuntamente la
Dirección General de Costas con la Consellería de Obras Públicas de la
Generalitat Valenciana y los ayuntamientos afectados un plan de gestión
integral para dar solución a la problemática de la costa de Castellón.

En definitiva, señor Arnau, nuestro grupo parlamentario, por los motivos
antes expuestos, pero, sobre todo, porque entendemos que aceptar la
proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista sería ir contra
derecho y hasta podría ser, incluso, declarada nula, votaremos en contra
de la misma. No obstante y por ética parlamentaria, permítame también,
señor presidente, que conteste a los dos diputados que han intervenido
con posterioridad al señor Arnau. El señor Peralta...




El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Ortiz, le ruego que sea breve.




El señor ORTIZ PEREZ: Medio minuto, señor presidente. Creo que he
consumido menos tiempo que el portavoz del Grupo Socialista.

El señor Peralta dice que hay que cumplir la Ley de Costas.

Efectivamente, todos estamos de acuerdo --veo que el señor Peralta no se
encuentra presente en la Comisión, pero quedará debida constancia en el
«Diario de Sesiones»-- en cumplir la Ley de Costas, pero todos estaremos
de acuerdo también en que hay que respetar los derechos constitucionales
de los afectados y la autonomía del gobierno municipal.

En cuanto a la señora Urán, que ha hablado en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, decía que las sentencias que dicta el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana son recurribles
ante el órgano supremo, que es en este caso, y valga la redundancia, el
Tribunal Supremo. Por lo tanto, el Ministerio y el Gobierno acatarán,
aceptarán y cumplirán la sentencia que se dé cuando sea firme. (El señor
Arnau Navarro pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Recuerdo a las señoras y señores diputados la
obligación que tienen de cumplir los acuerdos de esta Comisión con
respecto a la prohibición de fumar.

Señor Arnau, tiene la palabra con muchísima brevedad porque usted sólo
tendría derecho a intervenir para expresar la aceptación o no de una
enmienda, que en este caso no se ha presentado. Entonces, con muchísima
brevedad, si se considera contradicho o para hacer alguna aclaración, le
concedo la palabra.




El señor ARNAU NAVARRO: Gracias por su comprensión; en cuanto que yo no
pertenezco a esta Comisión, sino a otras, seguramente su decisión está
basada en esto. Tampoco pretendo o persigo que se transgreda ninguna
norma de procedimiento de la Comisión, pero se han dicho cosas que
seguramente exigirían una contestación no por parte de quien ha planteado
esta proposición no de ley, sino por parte de cualquier diputado de la
Comisión. ¿Cómo se puede decir que en estos momentos una actuación
administrativa sería contraria a derecho? ¿Por qué? ¿Porque existe un
recurso planteado ante el Tribunal Supremo? Existe una figura jurídica
que es la de desestimiento de un recurso y esto sería lo que debería
hacer o debería aconsejar el diputado señor Ortiz al grupo municipal del
Partido Popular de la población de Almenara, en Castellón.

Por otra parte, confunde las cosas. Cierto que hubo un recurso de los
particulares en su momento --recurso de los particulares contra el
acuerdo del Consejo de Ministros--, pero con posterioridad se produjo una
sentencia contraria a los particulares y hubo una denegación, por parte
de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Almenara, de una licencia
de obras. No confunda las cosas, señor Ortiz, porque además de esto
existe, como han recordado la señora Urán y el señor Peralta, una Ley de
Costas que hay que cumplir.

Termino ya, señor presidente, agradeciendo el apoyo del señor Peralta, en
nombre de Nueva Izquierda, y de la señora Urán, en nombre de Izquierda
Unida, a esta proposición no de ley. Seguimos pidiendo al Partido Popular
y al



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Grupo Parlamentario Popular que la reconsideren y que acepten lo que
estamos proponiendo, que es en definitiva algo que demandan los
ciudadanos de esta población de Castellón. (El señor Ortiz Pérez pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Ortiz.




El señor ORTIZ PEREZ: Creo que me asiste el derecho para aclaración,
sobre todo porque he sido contradicho en mis argumentos.




El señor PRESIDENTE: Señor diputado, el trámite ya debería haber
terminado antes de la intervención del diputado del Grupo Socialista. Si
se trata de una aclaración brevísima, le concedo la palabra y esta
Presidencia dará por terminado el debate aquí. Si no, no le puedo
conceder la palabra.




El señor ORTIZ PEREZ: Gracias, señor presidente.

Exclusivamente deseo aclarar al señor Arnau que no confundo los términos
porque, efectivamente, los particulares presentaron un recurso contra el
acuerdo del Consejo de Ministros, pero también han presentado recurso de
casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana; si no lo conoce, cuando quiera le paso la copia.

Como he dicho antes y repito ahora, debemos de preservar los derechos
constitucionales de los afectados, y en eso estamos, señor Arnau.




--RELATIVA A LA CONSERVACION DE LOS HUERTOS DE PALMERAS EN ALICANTE.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
161/000501).




El señor PRESIDENTE: Punto 14 del orden del día: proposición no de ley
relativa a la conservación de los huertos de palmeras en Alicante. El
autor es el Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora
Bartolomé Núñez.




La señora BARTOLOME NUÑEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
voy a fijar la posición en relación con la proposición no de ley
presentada, relativa a la conservación de los huertos de palmeras, en la
provincia de Alicante.

Las plantaciones de palmeras datileras, una forma de cultivo secular de
esta especie tan característica del Mediterráneo, son un aspecto singular
de la historia económica y social del pueblo valenciano. Su carácter
singular se advierte aún más en su especificidad como elemento del
patrimonio cultural valenciano, objeto viviente en constante evolución y
desarrollo, mantenido mediante artes tradicionales y promocionadas por el
trabajo de la palma y la comercialización del dátil. Esta misma
singularidad y la preocupación constante por su conservación se refleja
en la pluralidad y diversidad de disposiciones legales de que ha sido
objeto a partir del momento en que comenzó a ser amenazada por procesos
de transformación social y económica, pero con independencia del
ordenamiento jurídico vigente, se ponen de manifiesto en la actualidad
factores económicos y sociales que agravan los problemas de conservación
de las plantaciones de palmeras en la provincia de Alicante. No todos los
ayuntamientos mantienen las actuaciones dirigidas a la conservación de
los palmerales ubicados en su municipio, tal y como hace, por ejemplo, el
Ayuntamiento de Elche, que es el primero en contar con una normativa al
respecto y que recientemente ha presentado una petición a la Unesco de
declaración del palmeral de Elche como patrimonio de la humanidad, y no
parece serio que el palmeral de Elche sea patrimonio y el ubicado en
cualquier otro ayuntamiento, por no tener medios económicos, esté en
condiciones no deseables. Si no se toman medidas entre todas las
administraciones, el único palmeral de Europa corre serio peligro de
extinción en algunas zonas de la provincia de Alicante. Por ello, mi
grupo presenta esta proposición y, a la vez, se alegra de conseguir un
consenso en la transaccional que todos los grupos en principio aceptamos
y que expondrá a continuación el diputado de Nueva Izquierda don Manuel
Alcaraz.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular tiene una enmienda a
esta iniciativa.




La señora BARTOLOME NUÑEZ: Tal como le había indicado anteriormente, el
Partido Popular retira esta enmienda y hemos llegado al acuerdo en la
redacción de una transaccional.




El señor PRESIDENTE: Eso le corresponde en todo caso decirlo a la
portavoz del Grupo Popular. Por eso esta Presidencia es la que concede la
palabra, cosa que usted en este momento no ha respetado.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz,
doña Isabel Díez de la Lastra.




La señora DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: El Grupo Popular retira la
enmienda que había presentado, haciendo un esfuerzo por el consenso, pues
habiendo estudiado los antecedentes, sería incidir en algo que
verdaderamente se está haciendo. Nos hemos puesto de acuerdo tanto el
Grupo Socialista como Nueva Izquierda y el Grupo Popular y se ha
presentado una transaccional precisamente en aras al consenso. La
intervención la dejo para luego, porque creo que ahora tendrá que hablar
el señor Alcaraz.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Izquierda Unida..., perdón,
del Grupo Mixto, tiene la palabra don Manuel Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Efectivamente, como han tenido la amabilidad de
indicar las dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra,
para Nueva Izquierda y como diputado de Alicante, no puede dejar de ser
un elemento de satisfacción que se presente alguna iniciativa que redunde
en la protección de un patrimonio tan



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vital y culturalmente querido como son las palmeras en nuestra tierra.

Entendíamos, desde luego, que en la proposición no de ley presentada por
el Grupo Socialista había un elemento de queja por la actuación de
algunos ayuntamientos, pero más allá de lo que se pueda plantear en esa
intervención, es entendible la posición del Grupo Popular en cuanto a
dejar a salvo el nivel competencial de cada una de las administraciones
públicas. Por ello, hemos tratado de presentar esta propuesta, que voy a
pasar a leer y que ha sido generosamente aceptada tanto por el Grupo
Socialista como por el Grupo Popular.

El texto de la proposición transaccional sería el siguiente: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias y con
pleno respeto a las de la comunidad autónoma, a colaborar con la
Generalitat Valenciana en la conservación de los huertos de palmeras de
la provincia de Alicante, así como en la promoción de su imagen y de sus
valores económicos, medioambientales y socioculturales.




El señor PRESIDENTE: Ruego que disculpen los frecuentes errores de esta
Presidencia respecto a la adscripción de los diputados del Grupo Mixto,
pero es que en la fecha en que se presentaron esas iniciativas figuraba
una adscripción que no se corresponde a la actual y yo he seguido a veces
la relación inexacta.

En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra doña
Presentación Urán.




La señora URAN GONZALEZ: A la vista de que la enmienda transaccional es
aceptada por todas las partes que la han negociado, mi grupo, que estaba
dispuesto a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, mantiene la misma posición, apoya la enmienda transaccional
y, desde luego, nos felicitamos porque realmente para el País Valenciano
es muy importante que se tomen iniciativas de este cariz, que vienen a
preservar el patrimonio cultural, económico y medioambiental de
determinados sectores que, siendo minoritarios, tiene una gran
importancia en nuestra tierra.




El señor PRESIDENTE: En realidad, señora Díez de la Lastra, usted debería
haber apoyado sus argumentos en su intervención inicial, pero como no lo
ha hecho, le concedo la palabra.




La señora DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Creía que la intervención
anterior era simplemente para expresar la retirada de la enmienda, que,
aunque la había anunciado la portavoz del Grupo Socialista, considero que
le correspondía hacerlo al propio enmendante.

El Grupo Popular coincide totalmente con la valoración no solamente de la
señora Bartolomé sino de los grupos que me han precedido en cuanto a la
importancia, en la historia cultural y económica de la Comunidad
Valenciana, del cultivo de palmeras y su interés por el tema. En un
principio no podíamos aprobar la proposición no de ley tal y como estaba
presentada, porque no estaba plenamente justificada, al ser la Comunidad
Autónoma Valenciana la competente en la materia. Es a dicha comunidad a
la que le correspondería, en su caso, demandar o recabar la colaboración
del Gobierno central.

En la provincia de Alicante hay tres zonas reconocidas tradicionalmente
como bosques de palmeras: el palmeral de Alicante, el palmeral de
Orihuela y el de Elche. Me voy a referir brevemente a las dos primeras,
pues me imagino que la mayor preocupación de la señora Bartolomé será por
el palmeral de Elche, por ser residente de allí.

El palmeral de Alicante contaba en 1979 con un proyecto de regeneración,
ordenación y plantación de nuevas palmeras con un presupuesto de 50
millones, que no se ejecutó, provocando un deterioro progresivo hasta
1995, fecha en que se procedió a su arreglo con un presupuesto de 500
millones; entonces gobernaba el Partido Socialista, tanto en el
Ayuntamiento como en la propia Comunidad Autónoma. En Orihuela, aunque
parte de este bosque de palmeras pertenece a la iniciativa privada, en su
Plan general de ordenación urbana figura el bosque de palmeras como un
jardín público, y el Ayuntamiento va adquiriendo la parte privada para
proceder a su recuperación y reordenación global. Doy estos apuntes para
ver la preocupación que ha habido en distintas ciudades de la provincia
de Alicante en el tema de las palmeras. Finalmente, está el palmeral de
Elche, sobre el que hay una serie de medidas legales, como ha dicho la
señora Bartolomé. Quiero recordar aquí, especialmente a la señora
diputada, que mediante el Decreto 2365/1984 se transfieren a la Comunidad
Valenciana las competencias referidas a la conservación y mantenimiento
de la naturaleza. De hecho, a partir del Estatuto de Autonomía en todas
las disposiciones legales y documentación referida al palmeral de Elche
no hay ninguna referencia a intervención de la Administración general del
Estado; sólo se da en la Ley 1/1986, de 9 de mayo, por la que se regula
la tutela del palmeral, y en el Decreto de 8 de marzo de 1933, que afecta
a la tutela del palmeral de Elche y por el que se dejan sin efecto los
decretos de 1933 y 1941, en los que intervenía la Administración general
del Estado. De la misma manera, el Decreto 133/1986 nos confirma la
competencia de la Comunidad Autónoma en esta cuestión. La misma
Consellería concede una subvención anual al Ayuntamiento de Elche de 8
millones de pesetas para sufragar parte de los gastos de funcionamiento
de la estación Phoenix, especializada en las investigaciones sobre la
palmera datilera, y en el Patronato del Palmeral de Elche figuran
representantes de la Consellería de Cultura, Agricultura y Pesca, Medio
Ambiente y Obras Públicas; nadie del Gobierno central.

Con esta enmienda sí que respetamos la autonomía de la Comunidad
Valenciana, que, por cierto, lo está haciendo bien y prueba de ello es
que, además de seguir el desarrollo normal de las medidas legales, la
consejera de Cultura, Marcela Miró, ha remitido ya al Ministerio de
Educación y Cultura el expediente de la Dirección General del Patrimonio
en el que se solicita la declaración, por parte de la Unesco, del
palmeral como patrimonio de la humanidad. Muestra de que éste es el
sentir general es que hace unos días precisamente el presidente de la
asociación de cultivadores de palmeras manifestaba en la prensa que la
situación



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había mejorado en los últimos dos años. Creo que con esta transaccional
se respetan las competencias autónomas de la Comunidad Valenciana y por
eso nos tenemos que felicitar, sobre todo los diputados de Alicante.




El señor PRESIDENTE: A los efectos de manifestar si acepta o no la
enmienda transaccional, aunque supongo que sí porque ya lo ha adelantado,
pero para comunicarlo de una forma definitiva, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Socialista, doña María Luisa Bartolomé Núñez.




La señora BARTOLOME NUÑEZ: Señor presidente, antes que nada, debo decirle
que no era mi intención sustituir, en el trámite de expresar la retirada
de la enmienda, a la portavoz del PP; simplemente quería aclarárselo a
usted, como presidente, que estaba en esos momentos entretenido y no se
había percatado de que habíamos aceptado previamente una transaccional.

Agradezco por supuesto el apoyo de todos los grupos parlamentarios y el
esfuerzo del Grupo Popular al retirar su enmienda. Nos congratulamos
todos de que los huertos de palmeras de la provincia de Alicante y su
protección hayan tenido el apoyo que hoy ofrece esta Comisión.




--DE ELABORACION DEL PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA
SIERRA DE GUADARRAMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000149).




El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate del punto 15 del orden del
día, que se refiere a la proposición no de ley de elaboración del plan de
ordenación de los recursos naturales de la sierra de Guadarrama, que ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Para su defensa tiene la palabra su portavoz, doña Inés Sabanés.




La señora SABANES NADAL: Voy a intervenir en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida para presentar y defender una
proposición no de ley que tiene como objetivo esencial instar al Gobierno
a impulsar un dispositivo administrativo conjunto entre los organismos
ambientales competentes del Estado y de las comunidades autónomas de
Madrid y Castilla y León para que proceda a la elaboración de un plan de
ordenación de los recursos naturales de la sierra de Guadarrama.

La sierra de Guadarrama, como es conocido, es una zona esencialmente
importante en la Comunidad de Madrid, pero que está situada entre las
provincias de Madrid, Segovia y Avila, y es sin duda uno de los espacios
de mayor valor ecológico del centro peninsular. Su proximidad con la
capital y con su entorno, de gran densidad de población, hacen de ella un
paraje muy necesario para la salud de millones de personas, pero, a su
vez y por las mismas circunstancias, hacen de ella una zona enormemente
presionada por los usos humanos, que, como es sabido, no siempre han sido
ni son en la actualidad los más adecuados para el equilibrio ecológico o
de la propia población del territorio. En los últimos tiempos la sierra
de Guadarrama ha sido objeto de múltiples actuaciones de todo tipo, pero
no siempre bien coordinadas, aisladas entre sí y también generalmente
ajenas a los objetivos sociales y condicionantes ecológicos de la zona.

Infraestructuras de transporte, hoteleras, deportivas o recreativas
pugnan por instalarse en un territorio que en muchos lugares ha alcanzado
y ha superado sus niveles de saturación. Detrás de tales iniciativas
aparecen casi siempre intereses especulativos sobre el suelo que degradan
el medio y la calidad de vida de esta zona. La última intención, no
llevada a cabo pero sí expresada, ha sido la utilización de focos para
dar continuidad al uso nocturno en la zona del Escaparate, en la
Comunidad de Madrid. Contrastando con todo ello, las comarcas de la zona
tienen grandes deficiencias en servicios sociales, en especial de
carácter ambiental, que deberían ser el fundamento de un desarrollo
sostenible basado en los recursos locales. Por otro lado, la Ley de
conservación de espacios naturales y de la flora y la fauna silvestre
prevé en su título II la preceptiva elaboración de planes de ordenación
de los recursos naturales para cualquier espacio, con independencia de
que vayan a ser protegidos o no o ya lo estén en todo o en parte.

Dada la situación que acabamos de exponer, entendemos que la sierra de
Guadarrama requiere la aplicación de esta ley a la mayor brevedad
posible, a fin de informar las planificaciones de los diferentes sectores
que se pudieran llevar a cabo. La zona en cuestión afecta a la Comunidad
de Madrid y a la de Castilla y León, siendo preciso, por tanto, la
necesaria coordinación, contando con el impulso estatal pero con el
respeto a las competencias de las respectivas comunidades autónomas. El
tema de la sierra de Guadarrama tiene especial importancia e impacto,
especialmente en la Comunidad de Madrid pero no sólo allí. Existe un
importante nivel de sensibilización social al que deberíamos atender y
escuchar para garantizar un futuro realmente equilibrado, asegurando la
pervivencia en las mejores condiciones de tan importante zona en el
centro de nuestra Península. Por tanto, nosotros entendemos que nuestra
proposición no de ley camina en esa dirección, y pedimos al resto de
grupos un esfuerzo para poder iniciar una etapa de ordenación en una zona
tan importante para la Comunidad de Madrid y para otras comunidades.




El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Socialista
y otra del Grupo Popular.

Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la
palabra su portavoz, doña María Dolores García-Hierro.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señoras y señores diputados,
intervengo en representación del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados para fijar la posición de mi grupo respecto a
la



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proposición no de ley 161/000149, de 18 de julio de 1996, presentada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, respecto a la elaboración de
un plan de ordenación de los recursos naturales en la sierra de
Guadarrama.

Dicha proposición no de ley solicita que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno a impulsar el establecimiento de un dispositivo
administrativo conjunto entre los organismos ambientales competentes del
Estado y las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla y León, que
proceda a la elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales
de la sierra de Guadarrama.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución que
incorpora como novedad que se haga previamente un estudio que permita
conocer con precisión y de manera diferenciada espacio por espacio, ya
que si bien la conservación y protección del medio natural ha de
contemplarse íntegramente, el tratamiento debe ser diferenciado y
específico de las características ecológicas y medioambientales que deben
conservarse y proteger. No tratándose de un mismo ecosistema, es básico
que se haga ese estudio pormenorizado previo a la elaboración de un plan
de ordenación de los recursos naturales de la sierra de Guadarrama. Dicho
esto, queremos dejar constancia de que nuestro grupo parlamentario
coincide básicamente tanto en el diagnóstico como en el objetivo
político-ambiental de protección y equilibrio de la zona.

La sierra de Guadarrama se encuentra situada en el centro de la península
Ibérica, en el sistema central. El conjunto de cadenas montañosas que
divide las aguas entre las cuencas del Duero y del Tajo sirve a la vez de
límite administrativo entre Segovia, Avila y Madrid. Se trata de una zona
cuyos valores ecológicos, paisajísticos, hídricos, productivos y
culturales, así como su proximidad a grandes poblaciones, hacen que no
sean nada modestos, lo que la ha hecho históricamente muy atractiva, no
sólo como espacio natural a conservar sino, lamentablemente, con otros
fines menos benévolos y más interesados.

Efectivamente, la sierra de Guadarrama, por su proximidad a un núcleo de
población tan importante como Madrid, a los nuevos usos del ocio y
disfrute turístico deportivo y gran afluencia de público (el 60 por
ciento de la población madrileña la visitan al menos una vez al año,
aproximadamente cuatro millones de personas) junto con la enorme presión
urbanística y un número muy importante de segundas residencias ocupadas
los fines de semana en más del 80 por ciento, han hecho, entre otras
razones, que haya sufrido una gran presión y un impacto ambiental y
ecológico muy negativo, a pesar de que ya en 1968 y 1970 se dictaron
normas para regular la protección de la sierra y evitar el daño
irreversible de endemismos botánicos, de su fauna protegida y
preservación de sus montes. Más recientemente, a través de normas
dictadas por la Comunidad de Madrid, ordenación y protección en el ámbito
urbanístico y territorial, y de manera más integral el plan de
ecodesarrollo de la sierra de Guadarrama, aprobado por la Asamblea de
Madrid en 1993, por unanimidad de los grupos de Izquierda Unida, Partido
Popular y PSOE, plan que tiene vigencia de 10 años y que pretendía
preservar y conservar los valores ecológicos de la sierra, a la vez que
desarrollar económica y socialmente los pueblos que la conforman. Se
trataba de iniciativas de carácter integral, que conservaran un
equilibrio y desarrollo ambiental sostenible. Lamentablemente, las
inversiones públicas se han frenado, y la iniciativa privada muestra una
vez más su afán egoísta de servirse de la naturaleza para unas élites muy
minoritarias en detrimento del desarrollo local y del medio natural.

Está claro que hay que tomar medidas urgentes para frenar las iniciativas
devastadoras y depredadoras del medio ambiente. Por ello, apoyamos y
compartimos esta iniciativa; eso sí, delimitando muy claramente qué ha de
preservar, conservar, proteger y recuperar. Dentro del marco jurídico de
competencias de las diferentes administraciones, no cabe otra posibilidad
que instar al Gobierno de la nación para que se dirija y colabore con las
comunidades autónomas de Madrid y de Castilla y León para que, de manera
coordinada y conjunta, establezca los mecanismos de cooperación,
respetando el ámbito de su autonomía y competencias que permitan hacer el
estudio de los espacios a proteger, su ordenación, la elaboración de los
respectivos planes de ordenación de recursos naturales, lo que podría
conllevar, en su caso, a la declaración de la sierra de Guadarrama como
espacio natural protegido. La situación de presión urbanística,
turística, etcétera, así lo aconseja, independientemente de su
declaración o no como espacio natural protegido.

La sierra de Guadarrama presenta un gran interés como flora, una gran
representación de endemismos ibéricos y un gran número de especies, 234,
de las cuales 169, es decir el 70 por ciento, se encuentran protegidas en
los catálogos de la comunidad y también reconocidas a nivel nacional y
europeo; además de ser urgente para sus poblaciones impulsar actividades
productivas compatibles con la conservación del medio natural público y
privado, que sean de bajo o nulo impacto ambiental. Por ello, se hace
urgente y necesaria la actuación de la Administración, en concreto, las
administraciones públicas competentes de acuerdo con la Ley 4/1989 en su
título II, Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad de Madrid, Comunidad
Autónoma de Castilla y León, y también los municipios afectados para de
esa manera establecer ese estudio y ese futuro plan de ordenación de los
recursos que haga que esos espacios, que la sierra de Guadarrama esté
realmente protegida y conservada en beneficio de las generaciones que
ahora la disfrutamos y de las generaciones venideras.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, doña Teresa de Lara.




La señora LARA CARBO: Quiero indicar, en primer lugar, que el Grupo
Parlamentario Popular retira la enmienda que había presentado al
respecto, dado que después de estudiarla detenidamente creemos que
nuestro criterio es contrario a aprobar la proposición no de ley por los
motivos que voy a citar.




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En primer lugar, creemos que en la Ley 4/1989, de Conservación de la
naturaleza, se establece que, previo a la declaración de una zona como
espacio protegido, debe efectuarse un plan de ordenación de los recursos
naturales, algo que, por desgracia, hasta el momento, se ha hecho pocas
veces, dado que ha sido bastante usual declarar un espacio protegido y a
continuación efectuar un plan de ordenación. En cualquier caso, sobre el
plan de ordenación de los recursos naturales previo a la declaración del
espacio protegido, creemos que en este momento no hay ningún espacio que
se vaya a declarar como espacio natural protegido, me imagino que se
referirán al término parque natural, que es competencia autonómica. Por
consiguiente, creemos que en estos momentos el Plan de ordenación de los
recursos naturales no tiene un sentido determinado. Siempre está bien
conservar la sierra de Guadarrama; está bien, y estamos en ello, en
conservar los espacios naturales, pero dando a cada conservación el rango
que debe tener.

Como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista en estos momentos existe
en la Comunidad de Madrid y para la sierra de Guadarrama un plan de
codesarrollo de esta sierra, que se aprobó por unanimidad de todos los
grupos en la Asamblea de Madrid. Es un plan que está en vigor, tenía
vigencia de diez años y, por consiguiente, dado que el plan de
codesarrollo de la sierra es de 1993 este plan tiene vigor hasta el año
2003; es un plan integral y, por consiguiente, creemos que este plan está
en estos momentos en vigor.

Estamos de acuerdo en que la sierra de Guadarrama es un espacio de gran
valor ecológico, es un espacio muy necesario para los madrileños y que
está sometido a algunas presiones. Creemos que la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente de
Castilla y León deben preservarla, pero en cualquier caso son sus
competencias y nosotros no estamos de acuerdo nunca en injerencias en las
competencias autonómicas. Creemos que el plan de ordenación de los
recursos naturales es una clara competencia autonómica y basado en este
aspecto nuestro voto va a ser negativo a la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra su portavoz doña
Inés Sabanés.




La señora SABANES NADAL: Para decir inicialmente que mi grupo iba a
aceptar la enmienda que ha sido retirada por el Partido Popular. Además,
iba a ofrecer una transacción entre la enmienda del Partido Popular y la
enmienda del Partido Socialista. Era un avance importante y, por tanto,
la retirada de esta enmienda, con la no aceptación de la proposición no
de ley, viene a significar lo que inicialmente había pensado mi grupo que
iba a ocurrir; por un momento hemos tenido la ilusión de que íbamos a
aprobar una proposición no de ley sobre la sierra de Guadarrama con un
compromiso importante.

En todo caso, la Ley de conservación de espacios naturales de flora y
fauna silvestres puede y hace preceptiva la elaboración de planes de
ordenación de recursos naturales para cualquier espacio, con
independencia de que vaya a ser protegido o no. Por tanto, era
perfectamente viable y además necesario, hacer un plan de ordenación.

En todo caso vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista, que
prácticamente es igual aunque añade el tema de «previo estudio», con lo
cual estaríamos de acuerdo porque además es preceptivo legalmente y, por
tanto, aceptamos la enmienda del Partido Socialista.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz doña María Teresa de Lara.




La señora DE LARA CARBO: Señor presidente, solamente para indicar a la
portavoz de Izquierda Unida que todos estamos interesados en preservar la
sierra de Guadarrama, pero que este interés debe demostrarse en la
Asamblea de Madrid y entonces el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
debe presentar esta iniciativa a la Asamblea de Madrid que es su lugar,
no el Congreso de los Diputados.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Del Hierro.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señor presidente, sólo a efectos de
aclaración.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución que, como he
dicho en mi primera intervención, literalmente recoge de la sentencia del
Tribunal Supremo cuáles son las competencias de las comunidades autónomas
y establece que cuando los límites vayan más allá de un ámbito
territorial, estamos hablando de un límite más amplio, dos comunidades
autónomas, el Gobierno de la nación podrá ordenar a mecanismos de
cooperación, coordinación y colaboración sin alterar la competencia de
aquéllas para declarar y gestionar dichos espacios.

Nosotros pedimos que colabore el Ministerio de Medio Ambiente, colaboren
las comunidades de acuerdo con lo que dice la sentencia del Tribunal
Supremo y permítase hacer ese estudio de los ecosistemas que componen la
sierra de Guadarrama para poder después evaluar si es necesaria o no la
redacción del plan rector. Nos queda constancia de que ambas comunidades
tienen un plan rector, otra cuestión es si los contenidos de ese plan se
cumplen y si el propio plan de codesarrollo de la sierra de Guadarrama se
está cumpliendo. Efectivamente, tiene vigencia de diez años pero como ya
he dicho lamentablemente las inversiones de que debería dotarse para
hacer posible el desarrollo de ese plan lucen por su ausencia.




El señor PRESIDENTE: Falta un punto del orden del día que esta
presidencia tenía conocimiento oficioso de que había sido retirado, pero
tiene que comunicarse oficialmente por la portavoz del grupo que ha
presentado la iniciativa. A estos efectos tiene la palabra doña
Presentación Urán.




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La señora URAN GONZALEZ: Señor presidente, nuestro grupo parlamentario no
retira, aplaza la iniciativa para una próxima reunión de la Comisión,
dado que existen en estos momentos conversaciones entre la dirección de
AENA y el Consell Insular de Menorca para hacer precisamente lo que
nosotros tratábamos de plasmar en nuestra iniciativa. Por tanto,
solicitamos el aplazamiento para una próxima reunión de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Así constará y, por tanto, queda aplazada la
presentación de esta iniciativa.

La sesión se va a reanudar a partir de las trece horas, según se ha
acordado, a fin de proceder a las votaciones.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Ruego a los portavoces de los grupos que comuniquen
las sustituciones a esta Mesa. ¿Por parte del Grupo Socialista?



La señora NARBONA RUIZ: María Luisa Bartolomé sustituye a Josep Sanus.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra sustitución por parte del Grupo de
Izquierda Unida?



La señora URAN GONZALEZ: Inés Sabanés sustituye a Mariano Santiso y José
Luis Centella sustituye a María Jesús Aramburu.




El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Popular?



La señora DE LARA CARBO: Don Efrén Martínez tiene las notas de las
sustituciones.




El señor MARTINEZ IZQUIERDO: Isabel Díez sustituye...




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, le ruego comunique esa lista a la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.




La señora DE LARA CARBO: Isabel Díez de la Lastra sustituye a José
Madero; José Herrera a Manuel Milián y Manuel Arqueros sustituye a
Antonio Jesús Serrano.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar,
se va a votar el punto 12 del orden del día que es la proposición no de
ley sobre compromisos del Gobierno en relación con la financiación de la
desaladora de Almería. Su autor es el Grupo Socialista del Congreso. A
esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular que ha sido rechazada. Por tanto, se va a votar la iniciativa del
Grupo Socialista. (La señora Narbona Ruiz pide la palabra.)
Señora portavoz del Grupo Socialista.




La señora NARBONA RUIZ: Había pedido votación separada de los dos puntos
de la proposición.




El señor PRESIDENTE: ¿La pide el propio grupo?



La señora NARBONA RUIZ: Sí.




El señor PRESIDENTE: Entonces se va a proceder a la votación separada de
la iniciativa del Grupo Socialista. Punto número 1 de la proposición no
de ley presentada por el Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Segundo punto de la proposición.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Por tanto, queda rechazada en su conjunto la iniciativa presentada por el
Grupo Socialista.

Punto número 13, proposición no de ley sobre la construcción del paseo
marítimo de Almenara, Castellón. El autor de la iniciativa es el Grupo
Socialista y no se han presentado enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Punto 14 del orden del día, proposición no de ley relativa a conservación
de los huertos de palmeras en Alicante. Se ha presentado una enmienda
transaccional a la proposición no de ley, de la que vamos a proceder a su
lectura: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de
sus competencias y con pleno respeto a las de la Comunidad Autónoma, a
colaborar con la Generalitat Valenciana en la conservación de los huertos
de palmeras de la provincia de Alicante, así como en la promoción de su
imagen y de sus valores económicos, medioambientales y socioculturales.

Se entiende que la iniciativa es sustituida por la enmienda
transaccional.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el texto de la
enmienda transaccional que sustituye a la iniciativa original.

Punto 15 del orden del día, proposición no de ley de elaboración del plan
de ordenación de los recursos naturales de la sierra de Guadarrama. A
esta iniciativa se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista,
que ha sido



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aceptada, y se ha retirado otra enmienda que había presentado el Grupo
Parlamentario Popular.

Por tanto sometemos a votación, en los términos ya conocidos por SS. SS.,
la enmienda presentada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Señoras y señores diputados, doy por finalizada la sesión y les agradezco
muchísimo su colaboración.

Se levanta la sesión.




Era la una y quince minutos de la tarde.