CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 347



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA



Sesión núm. 36



celebrada el martes, 2 de diciembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de la señora ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón), para informar sobre:



--Contenidos del Libro Blanco del Ministerio Fiscal y del Libro Blanco de
la Justicia, así como perspectivas de dicho Ministerio hacia el año
judicial 1997/1998. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (Número de expediente 213/000355).




--Previsiones del Ministerio para hacer de la justicia un servicio
público más cercano al ciudadano. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso (Número de expediente 213/000357).




--Nombramiento de don Eduardo Fungairiño como fiscal-jefe de la Audiencia
Nacional. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de
expediente 213/000367).




--Propuestas de soluciones de los problemas de la Administración de
Justicia previstas en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal y el Libro
Blanco de la Justicia, así como previsiones para el año judicial 1997-98.

A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de
expediente 213/000368).

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--Situación de colapso en la que se encuentra la sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
así como de las previsiones acerca de la creación de alguna plaza de
magistrado para dicho Tribunal. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 213/000406).




Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión para la comparecencia de la
ministra de Justicia, con el fin de informar y debatir sobre los
contenidos del Libro Blanco del ministerio fiscal y del Libro Blanco de
la justicia, así como sobre las perspectivas de dicho Ministerio hacia el
año judicial 1997-1998; comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que figura como punto primero
del orden del día.

El segundo tema del orden del día sobre el que se solicita la
comparecencia de la señora ministra de Justicia es sobre las previsiones
de dicho Ministerio para hacer de la justicia un servicio público más
cercano al ciudadano; comparecencia interesada por el Grupo Socialista
del Congreso.

El punto tercero del orden del día se refiere a la solicitud formulada
por el Grupo Socialista para que la ministra de Justicia explique el
nombramiento de don Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia
Nacional.

El punto cuarto se refiere a las propuestas de soluciones de los
problemas de la Administración de justicia previstas en el Libro Blanco
del ministerio fiscal y del Libro Blanco de la justicia, así como a las
previsiones para el año judicial 1997-1998; comparecencia solicitada por
el Grupo Popular.

Finalmente, hay una última comparecencia, interesada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, para que la ministra de Justicia
informe de la situación de colapso en la que se encuentra la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
así como de las previsiones acerca de la creación de algunas plazas de
magistrado para dicho tribunal.

La señora ministra de Justicia, por razones de eficacia y de celeridad en
la exposición, somete a la Presidencia la oportunidad de hacer una sola
intervención relativa a la totalidad de los temas objeto de las
comparecencias, naturalmente siempre que se mantenga entre ellos unos
ciertos puntos de conexión; prácticamente son los mismos en el caso del
punto primero y el cuarto y, de alguna manera, del segundo; las otras dos
son cuestiones puntuales. La Presidencia entiende oportuno, por dinamizar
el debate y por hacer más positivas las intervenciones de los grupos,
acceder a lo que el Gobierno sugiere. Si no hay inconveniente por parte
de ninguno de los grupos, para una primera intervención en la que se
aborde la totalidad de las comparecencias solicitadas, en nombre del
Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Justicia.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.

Señorías, como ha mencionado el señor presidente de la Comisión, la
comparecencia obedece a cinco peticiones correspondientes a los grupos
Popular, Federal de Izquierda Unida y Socialista, teniendo por objeto las
siguientes cuestiones: primero, las propuestas del Libro Blanco de la
justicia, a petición de los grupos Popular y Federal de Izquierda Unida;
en segundo lugar, propuestas del Libro Blanco del ministerio fiscal, a
petición de idénticos grupos; en tercer orden, perspectivas o previsiones
del Ministerio de Justicia para el año 1997-1998, también a petición de
los grupos Popular y de Izquierda Unida; en cuarto lugar, previsiones del
Ministerio de Justicia para hacer de la justicia un servicio público más
cercano al ciudadano, a petición del Grupo Socialista; en quinto orden,
nombramiento de don Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, a petición del Grupo Socialista, y, finalmente, situación de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra y previsiones de creación de alguna plaza de magistrado para
dicho tribunal, a petición del Grupo Federal de Izquierda Unida.

Me propongo en esta comparecencia dar cumplida información a SS. SS.

acerca de todas estas cuestiones, comenzando por las de carácter general
y dejando para el final de mi exposición las referentes al nombramiento
de fiscal jefe de la Audiencia Nacional y a la situación de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Para evitar enojosas reiteraciones, creo que conviene tratar de manera
conjunta los cuatro primeros puntos a que según la relación que acabo de
hacer se refieren las peticiones de comparecencia.

Entiendo que si se ha reclamado mi presencia ante esta Comisión para
tratar sobre el Libro Blanco de la justicia y sobre el Libro Blanco del
ministerio fiscal, no es para que me detenga en explicaciones sobre sus
respectivos contenidos, explicaciones que ya han sido dadas en esta
Cámara por las autoridades a quienes correspondía hacerlo, sino más bien
para que informe a SS. SS. sobre cómo encajan en las previsiones de
actuación del Gobierno las propuestas contenidas en dichos textos para
mejorar la Administración de justicia en general y el ministerio fiscal
en particular. Vista la cuestión desde otro ángulo, creo que puede
decirse que existe una sustancial coincidencia en el espíritu que anima
tanto los dos libros blancos sobre los que han querido SS. SS. que
tratemos en esta sesión como los planes de actuación del Gobierno en
materia de Administración de justicia y ministerio fiscal. Existen
también



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grandes coincidencias en el diagnóstico de los problemas, así como en las
respectivas percepciones sobre las medidas a adoptar para mejorar
sustancialmente la situación. Todo esto aconseja, en mi opinión, una
exposición de conjunto, centrada en las previsiones de actuación futura
del Ministerio de Justicia, en la que se inserten cuando proceda las
concretas referencias a las preocupaciones y propuestas contenidas en el
Libro Blanco de la justicia y en el Libro Blanco del ministerio fiscal.

He afirmado en algunas ocasiones ante esta Cámara y fuera de ella que uno
de los objetivos fundamentales de la política del Ministerio que me honro
en dirigir es el de agilizar la justicia y mejorar su eficacia. En esta
línea se ha venido trabajando desde hace año y medio en la mejora de la
dotación de medios personales y materiales, así como en el
perfeccionamiento de los instrumentos procesales a través de las
correspondientes iniciativas legislativas, y en esta línea voy a seguir
trabajando.

La preocupación por la agilidad y la eficacia de la justicia constituye
un primer punto de coincidencia fundamental entre la política del
Gobierno en materia de justicia y los criterios y propuestas contenidos
en libro blanco elaborado por el Consejo General del Poder Judicial. El
Gobierno es consciente, coincidiendo en esto plenamente con el
diagnóstico del libro blanco, de que los ciudadanos tienen una negativa
percepción de la justicia basada en la experiencia de que la respuesta
que ésta da a sus problemas es excesivamente lenta y no siempre de la
deseable calidad. La imagen del servicio público aplicada a la
Administración de justicia no es quizá muy rigurosa desde el punto de
vista de la técnica jurídica, pero debe reconocerse que, políticamente,
es una imagen de gran expresividad. Así, la justicia es un elemento
fundamental del Estado de Derecho, en cuanto garantiza en abstracto la
efectividad del imperio de la ley, tanto en las relaciones entre
particulares como en las de los ciudadanos con los poderes públicos, pero
esto no debe oscurecer la relación inmediata que existe entre la agilidad
y eficacia de la justicia y el bienestar de los ciudadanos, y desde esta
perspectiva adquiere pleno sentido acudir a la imagen del servicio
público y extraer de ella las oportunas consecuencias.

Situados en este terreno, es evidente que el Gobierno debe esforzarse por
mejorar la calidad de ese servicio público creando, dentro del ámbito de
sus competencias, las condiciones precisas para que la justicia pueda dar
una respuesta adecuada a las demandas de tutela jurídica de los
ciudadanos, una respuesta que ha de producirse dentro de unos parámetros
temporales satisfactorios y que ha de poder ser aceptada por sus
destinatarios como una solución justa y razonable a sus demandas y
controversias. El Gobierno, como ya he dicho, está trabajando en esta
dirección desde mayo del año pasado y seguirá haciéndolo en el futuro
contando ya con el valioso instrumento de análisis que el libro blanco
representa, pero, como el propio Consejo General del Poder Judicial
advierte, es preciso tomar conciencia de que la mejora de la justicia,
vista desde la perspectiva del servicio al ciudadano, es un objetivo que
sólo puede alcanzarse con una actuación coordinada y prolongada en el
tiempo de todos los poderes públicos que tienen competencias en materia
de justicia.

El Gobierno acoge con especial interés la propuesta de un compromiso
estable para la justicia que el Consejo General del Poder Judicial lanza
en su informe y comparte con éste la idea de que la mejora del servicio
público de la justicia requiere un esfuerzo común al que han de sumarse
el propio órgano de gobierno del Poder Judicial y los poderes Legislativo
y Ejecutivo del Estado y de las comunidades autónomas. No hay que olvidar
que el propio libro blanco incorpora, junto a concretos compromisos de
actuación del propio Consejo General del Poder Judicial, numerosas
propuestas cuya realización exige reformas legales y que corresponde
materializar, por tanto al Poder Legislativo, así como medidas cuya
adopción entra dentro del ámbito de las competencias del Ministerio de
Justicia y de los gobiernos autonómicos con competencias transferidas. La
amplitud del compromiso que el Consejo General del Poder Judicial
considera necesario queda patente si se tiene en cuenta que algunas de
sus propuestas requieren la colaboración, incluso, de instituciones
sociales como los colegios profesionales y las universidades, en el caso
de las referidas a modificaciones de los planes de estudio y al
reforzamiento del nivel de exigencia en la enseñanza universitaria.

Desde la orientación constructiva que caracteriza tanto los diagnósticos
y propuestas del libro blanco como la propia actitud del Ministerio en
relación con esos contenidos, paso ya a referirme de modo más concreto a
las previsiones de actuación del Gobierno en materia de justicia, con lo
que doy simultánea respuesta tanto a las peticiones de comparecencia que
se refieren genéricamente a esas previsiones como a la que
específicamente alude al objetivo concreto de hacer de la justicia un
servicio público más cercano al ciudadano, ya que éste es, precisamente,
el criterio que guía todas las actuaciones previstas a las que me voy a
referir.

Al hilo de la exposición podrá apreciarse también la notable sintonía
existente entre los planes del Gobierno y las propuestas del Libro Blanco
de la justicia, sintonía que demuestra por lo demás la excelente
disposición del Gobierno para colaborar con el Consejo General del Poder
Judicial en la mejora del servicio público de la justicia. La mejora de
la Administración de justicia, entendida desde la perspectiva del
servicio que se presta a los ciudadanos, requiere indudablemente un
esfuerzo en la dotación de medios personales y materiales. Este esfuerzo
corresponde al Gobierno del Estado y a las comunidades autónomas que
tienen transferidas las correspondientes competencias. En este orden de
cosas, quiero destacar la importante labor realizada dentro del
restrictivo marco presupuestario del presente ejercicio y anunciar que el
Ministerio de Justicia continuará trabajando en la mejora de los medios y
con mayor intensidad aún en el más favorable marco que parece van a
representar los presupuestos para 1998, todavía en tramitación. Quisiera
destacar también que tanto las actuaciones ya realizadas como las
previstas en materia de dotación de medios se sitúan en las líneas de las
propuestas del Consejo General del Poder Judicial en aspectos tan



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importantes como son el personal, inversiones reales, informática o
institutos de medicina legal.

En materia de personal, el Libro Blanco de la justicia insiste en la
necesidad de incrementar las plantillas de jueces y magistrados,
especialmente en determinados tipos de órganos y órdenes
jurisdiccionales. El Gobierno comparte este planteamiento y,
consecuentemente, durante este año 1997 se han creado y puesto en
funcionamiento 80 nuevas plazas de magistrados. Para el próximo
ejercicio, el esfuerzo se intensificará con la creación de otras 114
plazas, lo que supondrá 92 nuevos órganos judiciales unipersonales, entre
los que se incluyen 64 juzgados de lo Contencioso-Administrativo. No creo
que sea necesario insistir en la inmediata relación que existe entre el
aumento de la plantilla judicial y la mejora del servicio público de la
justicia. A mayor número de jueces y magistrados, menor será la carga de
trabajo que habrá de soportar cada uno de ellos y podrá conseguirse, por
tanto, que la decisión de los asuntos se produzca con mayor rapidez, al
tiempo que se mejore la calidad de la respuesta jurisdiccional a las
demandas de los ciudadanos. El aumento de la plantilla judicial debe ir
acompañado de una racional distribución de los nuevos efectivos. En este
sentido y en sintonía también con las propuestas del libro blanco, el
Gobierno entiende que el reforzamiento de las plantillas de los órganos
colegiados debe hacerse siempre que sea posible mediante la creación de
un cuarto magistrado en las secciones ya existentes, solución que tiene
menor coste que la creación de nuevas secciones. Este criterio ha
inspirado hasta ahora la actuación del Ministerio de Justicia en este
punto y continuará siendo aplicado en el futuro. En cualquier caso, en
esta materia de creación de nuevas plazas y distribución de las mismas,
es del todo imprescindible la estrecha colaboración entre el Ministerio
de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Para articular esta
colaboración se ha constituido una Comisión mixta Consejo-Ministerio de
Justicia para el desarrollo de la planta y demarcación judicial. El
presidente del Consejo manifestó su opinión, plenamente compartida por el
Ministerio de Justicia, de que la comisión mixta es fundamental para
realizar un seguimiento de la ejecución del libro blanco, especialmente
por la urgencia en lo que afecta a las jurisdicciones
Contencioso-Administrativa y Civil. En las reuniones celebradas hasta la
fecha se está trabajando en un plan de choque para hacer frente a los
atrasos de los tribunales superiores de Justicia, especialmente en sus
salas de lo Contencioso-Administrativo.

Igualmente, consideramos imprescindible para mejorar el funcionamiento de
la justicia y la calidad del servicio a los ciudadanos un esfuerzo en la
dotación de las plantillas de los diversos cuerpos de funcionarios al
servicio de la Administración de justicia. En estos cuerpos de
funcionarios existía un grave problema de desprofesionalización y
temporalidad que afectaba al 30 por ciento de las plantillas cubiertas
por interinos y que contribuía al deterioro del servicio prestado a los
ciudadanos. La actuación del Ministerio de Justicia se ha centrado hasta
el momento en la profesionalización de este grupo de servidores de la
justicia, reduciendo el número de interinos como consecuencia de los
concursos de traslados resueltos, que han afectado a 5.000 funcionarios
de los cuerpos auxiliares. Se han cubierto además mediante convocatoria
de oposiciones las vacantes existentes de 100 plazas de secretarios,
3.000 plazas de cuerpos de auxiliares y 131 de personal laboral. Para el
próximo ejercicio está prevista la creación de 95 nuevas plazas de
secretarios, 21 de médicos forenses, 1.000 de cuerpos auxiliares y 120 de
personal laboral, así como la dotación de 400 plazas de interinos para
equipos de refuerzo. Para la cobertura de las nuevas plazas y de las
vacantes que se produzcan se convocarán oposiciones a 1.600 plazas de
cuerpos auxiliares. Quisiera subrayar, en fin, que con las medidas ya
adoptadas en materia de personal tendremos por primera vez en muchos años
unas plantillas presupuestarias íntegramente dotadas, un número de
vacantes determinado por bajas vegetativas e imprevistos, como son las
excedencias, y un número de interinos dotados presupuestariamente, que no
excederán del 10 por ciento de plantillas. Todo ello supone estabilidad y
profesionalidad, lo que será un factor importante en la eficacia de la
Administración de justicia.

La mejora del servicio que se presta a los ciudadanos requiere igualmente
una dignificación de las instalaciones de la Administración de justicia y
una mejora en la dotación de medios materiales. En esta línea el
Ministerio, tras el saneamiento de la deuda existente, ha desplegado un
importante esfuerzo, que se ha traducido, entre otras realizaciones, en
la terminación de las obras de instalación del jurado, el inicio de las
grandes obras de los palacios de justicia de Palma de Mallorca, Oviedo y
Cáceres, y en el desarrollo de la informatización de la Administración de
justicia con los 500 millones empleados en el presente año para el
desarrollo e implantación de los programas Libra, Linde y Corte. Para el
próximo ejercicio está previsto un aumento de los créditos del capítulo
de gastos corrientes en un 40,6 por ciento, lo que permitirá una notable
mejora en los medios disponibles para el funcionamiento de los órganos
judiciales y un aumento de los créditos del capítulo de inversiones en un
21,6 por ciento para financiar los compromisos plurianuales de las
grandes obras, así como todos los proyectos que figuran en el anexo de
inversiones en las instalaciones para la creación de nuevos órganos
judiciales, incluidos los 64 juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que podrán entrar en funcionamiento el próximo año. El Libro Blanco de la
justicia concede especial importancia a la información de los órganos
judiciales, subrayando que no puede limitarse a la adquisición de equipos
informáticos, sino que requiere el desarrollo de un plan completo de
informatización general. El Gobierno comparte esta preocupación del
Consejo y por eso me parece conveniente exponer a SS. SS. cuáles son los
planes de informatización que se encuentran pendientes y qué previsiones
existen sobre su desarrollo y efectiva implantación. A este respecto, los
proyectos informáticos en desarrollo son el proyecto Libra, de
informatización de la oficina judicial, y el proyecto Corte, de apoyo
informático a la función jurisdiccional. Al tratar sobre el ministerio
fiscal, me referiré igualmente al proyecto Linde, de informatización de
las fiscalías.




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El proyecto Libra tiene por objetivo informatizar la actividad de la
oficina judicial tanto en su funcionamiento interno como en su relación
con el exterior. Su desarrollo se hará en las siguientes fases. En una
primera fase se informatizarán las actuaciones del propio órgano y su
relación con los servicios comunes de registro, reparto, etcétera. En la
segunda fase se iniciará la relación externa con otros órganos
judiciales, cualquiera que sea la instancia. En la tercera y última fase
se abordará la comunicación con sistemas externos, fiscalías, abogados,
procuradores, etcétera. En breve se espera implantar la primera fase en
75 juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 18 juzgados de lo Social
y cinco juzgados de lo Penal, todos ellos dotados de los equipos
informáticos para recibir la aplicación. Con independencia de la
implantación de esta nueva aplicación, que el próximo año podría
extenderse al 47 por ciento de los órganos judiciales, quiero destacar
también el esfuerzo realizado en la dotación de equipos informáticos,
órganos judiciales, a los que ha permitido pasar de un 53 por ciento a 1
de enero de 1996 a un 84 por ciento para final de año, estando previsto
llegar al cien por cien en dicho equipamiento durante el próximo
ejercicio.

En cuanto al proyecto Corte, de apoyo informático a la función
jurisdiccional, su objetivo es generalizar la dotación de medios
informáticos a todos los jueces y magistrados como instrumento para la
elaboración de sus resoluciones mediante el acceso a fuentes
jurisprudenciales, legislativas, bibliográficas y a cualquiera otras
bases de datos de interés. El diseño inicial del proyecto prevé para los
órganos unipersonales un ordenador personal e impresora y para los
colegiados la instalación de una red local de ordenadores personales e
impresores conectadas a un servidor que suministre la base de datos.

Dicho diseño está en funcionamiento en el Tribunal Supremo y antes del 31
de diciembre lo estará en varios tribunales de Castilla y León, Madrid,
Aragón y Andalucía. En el resto del territorio dependiente del Ministerio
de Justicia se implantará a lo largo de los años 1998 y 1999. A este
respecto, quiero agradecer públicamente la decisión del Consejo del Poder
Judicial de colaborar en el suministro de equipos informáticos dotados de
CD-ROM a los jueces y magistrados y jurisprudencia suministrados por el
centro de documentación de San Sebastián.

Otro aspecto en que el Consejo General del Poder Judicial manifiesta
especial preocupación es el de la urgente necesidad de creación de los
institutos de medicina legal. Hay que tener en cuenta que la creación de
estos institutos fue prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de
1985 y que, por tanto, se ha producido un retraso, no atribuible a este
Gobierno, de once años. Los presupuestos del Ministerio de Justicia para
1998 contienen dotación presupuestaria para la creación durante dicho año
de cinco institutos de medicina legal con sede en Madrid, Murcia,
Cartagena, Zaragoza y Burgos. Se recogen tanto las partidas
correspondientes a la cobertura de plazas de médicos forenses como el
arrendamiento de edificios y material necesario para dichos institutos.

El Gobierno mientras tanto ha aprobado un real decreto que establece un
régimen transitorio para determinados aspectos de la situación
estatutaria de los médicos forenses, modificando para ello su reglamento
orgánico. La razón de aprobar el real decreto que modifica
transitoriamente el régimen estatutario de los médicos forenses hasta la
puesta en marcha de los institutos de medicina legal es la de agilizar la
celebración de oposiciones y concursos de traslados de dichos
profesionales, en este momento congelada.

La mejora del servicio que la justicia presta a los ciudadanos requiere,
junto al esfuerzo en la dotación de medios, una modernización de los
instrumentos legales que disciplinan el acceso de los ciudadanos a la
justicia y la forma en que se produce la respuesta jurisdiccional a las
demandas de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, entiendo que el
ejercicio de la iniciativa legislativa en lo que corresponde al Gobierno
es un elemento fundamental de la mejora de la situación de la
Administración de justicia. El Libro Blanco de la justicia da prioridad a
la reforma del orden Contencioso-Administrativo y del Civil sobre el
Penal, ya que los dos primeros registran un mayor retraso, criterio
compartido por el Gobierno, que ha aprobado ya el proyecto de reforma de
la Ley de lo Contencioso-Administrativo y tras ello ha redactado el
borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. La tercera reforma
será, por tanto, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que ya se
está trabajando el Ministerio. (El señor vicepresidente, Cárceles Nieto,
ocupa la Presidencia.)
Las coincidencias entre nuestros proyectos y lo demandado por el Libro
Blanco son muy relevantes y a ellas me referiré de forma sucinta. A fin
de remediar el colapso de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, el
Gobierno aprobó el pasado 6 de junio el proyecto de ley reguladora de la
jurisdicción Contencioso-Administrativa, actualmente pendiente de
tramitación parlamentaria. En dicho proyecto de ley se prevén numerosas
medidas coincidentes con las que ahora propone el Consejo General del
Poder Judicial en su libro blanco para agilizar esta jurisdicción. El
libro blanco denuncia como una de las causas de dilación en este orden
jurisdiccional el abuso de la Administración en la utilización de la
jurisdicción Contencioso-Administrativa, consecuencia del poco respeto a
los criterios judiciales. Se afirma también en el mencionado libro blanco
que una de las tradicionales causas del retraso de esta jurisdicción se
encuentra en el incumplimiento por parte de la Administración de su
obligación de remitir el expediente administrativo completo y en plazo.

El proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes el pasado junio
establece expresas sanciones, tal y como ahora solicita el Consejo
General del Poder Judicial, para los casos en que la Administración se
retrase en la remisión del expediente administrativo al juez.

El libro blanco proclama también la necesidad de que se establezcan
mecanismos transaccionales imprescindibles para la evitación de
procedimientos ya iniciados o pendientes de iniciación. Con igual
criterio el proyecto establece en su artículo 75 la posibilidad de lograr
un acuerdo por conciliación entre las partes. De esta forma, el tribunal
podrá someter a la consideración de las partes la posibilidad de alcanzar
un acuerdo que ponga fin a la controversia. El texto prevé que el intento
de conciliación



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pueda producirse en cualquier momento anterior a la celebración de la
vista, citación para sentencia o señalamiento para votación y fallo. Al
acuerdo de conciliación judicial se le otorga la misma fuerza que a la
sentencia a efectos de ejecución forzosa.

Respecto a la denuncia del libro blanco sobre las dificultades para la
ejecución de sentencias, especialmente cuando la Administración se
resiste al cumplimiento, el proyecto de ley reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa declara que la potestad de hacer ejecutar las
sentencias corresponde exclusivamente al juez o tribunal que haya
conocido del asunto, rectificando así uno de los puntos más criticados de
la anterior ley. El libro blanco se pronuncia igualmente a favor de la
inclusión de sistemas que faciliten la resolución de recursos repetitivos
y, en concreto, de la tramitación preferente de un recurso singular entre
varios iguales, que quedarían suspendidos hasta la resolución del
primero. Se considera conveniente la extensión de los efectos de las
sentencias a supuestos idénticos al ya enjuiciado. Estas dos propuestas
ya fueron recogidas en el proyecto de ley enviado a las Cortes. Dicho
texto prevé, en el artículo 36.2, la posibilidad de que un juez o
tribunal puedan tramitar preferentemente uno o varios recursos de entre
una pluralidad de ellos con idéntico objeto. En cuanto a la delimitación
competencial entre la jurisdicción Contencioso-Administrativa y otros
órdenes jurisdiccionales, el libro blanco afirma que deben fijarse con
precisión dichos límites, lo que así se hizo en el proyecto de ley
remitido a las Cortes, en el artículo 2 e), que establece que el orden
jurisdiccional Contencioso-Administrativo conocerá de las cuestiones que
se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas.

El colapso de la jurisdicción Contencioso-Administrativa se debe, entre
otras causas, a la falta de desarrollo de las previsiones orgánicas,
según se afirma en el libro blanco. A este respecto, hay que señalar que
el proyecto de ley remitido a las Cortes prevé la creación de los
juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que se pondrán en
funcionamiento entre los años 1998 y 2000, con lo que se pone fin al
incumplimiento que existía desde que la Ley Orgánica del Poder Judicial
de 1985 previó su creación. De igual forma, se prevé la creación de
juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo. Como ya he indicado,
en el año 1998 se prevé la entrada en funcionamiento de 64 juzgados de lo
Contencioso-Administrativo. Es preocupación común del Consejo y del
Ministerio que los juzgados sean cubiertos por magistrados con una
cualificación profesional adecuada, por lo que deben estudiarse, y en
ello estamos, las posibles alternativas. También se considera necesario,
y así lo entendió la Comisión mixta Consejo General del Poder
Judicial-Ministerio de Justicia para el desarrollo de la planta y
demarcación judicial, que se conozca con detalle y claridad el contenido
competencial que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo asumirán
desde su entrada en funcionamiento para evitar que desde el inicio
recaiga sobre ellos un número de asuntos excesivo que impida su correcto
funcionamiento.

En relación a la jurisdicción Civil, el libro blanco asegura que la
dilación es una de sus señas de identidad y propugna la necesidad de
reformar a fondo el proceso civil de evitar las reformas parciales. El
Ministerio de Justicia con el mismo criterio difundió el pasado abril
entre los distintos sectores profesionales y académicos más directamente
relacionados con la Administración de justicia un borrador de
anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este borrador,
que ya ha sido objeto de revisión teniendo en cuenta los numerosos
informes recibidos, será próximamente estudiado por el Consejo de
Ministros y remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial.

El texto elaborado por el Ministerio de Justicia sintoniza también con
las preocupaciones manifestadas por el Libro Blanco de la justicia en
relación con la reforma procesal civil. Así, el anteproyecto reduce
drásticamente el número de procesos especiales y establece únicamente dos
cauces procesales ordinarios. Respecto a la simplificación de actos de
comunicación de los juzgados con las partes, asunto al que también alude
el libro blanco como herramienta para agilizar esta jurisdicción, en el
anteproyecto se propone un nuevo sistema que permite eliminar la
intervención del juzgado para numerosas comunicaciones y agiliza y
simplifica las que deben hacerse con intervención del órgano
jurisdiccional.

Igualmente se encuentra plasmada en la reforma proyectada por el
Ministerio la necesidad de simplificar las subastas de bienes embargados
y de introducir sistemas de ejecución de bienes alternativos a la
subasta. A juicio del Consejo, la subasta es un sistema casi clandestino
que ha provocado toda clase de fraudes, por lo que considera
imprescindible establecer de forma alternativa otros sistemas de venta.

El anteproyecto prevé en esta línea sistemas alternativos a la subasta,
como la realización de los bienes por acuerdo de las partes o la venta
por persona especializada y conocedora del mercado en que se compran y
venden el tipo de bienes de que se trate.

El libro blanco afirma que es necesaria que la legislación contemple el
deber de colaboración del deudor y de terceros en orden a la
determinación de los bienes objeto de embargo. En este aspecto, el
Ministerio coincide con el Consejo, que ha incorporado a la reforma
proyectada el deber de colaboración del deudor para la localización de
los bienes que puedan ser embargados, deber que podrá hacerse cumplir
mediante la imposición de multas coercitivas. Se facilita igualmente, en
sintonía con la reforma recientemente aprobada, la colaboración de todos
los organismos y registros públicos y privados que puedan disponer de
datos sobre los bienes pertenecientes al deudor contra el que se haya
decretado un embargo. El libro blanco incide en que las dilaciones son
aún más importantes en la fase de ejecución de las sentencias. Habida
cuenta de las observaciones, el anteproyecto dispone que el ciudadano
pueda cobrar las deudas tras la primera sentencia, al suprimirse la
exigencia de fianza para lograr la ejecución cuando una sentencia ha sido
recurrida.

Señorías, a estas alturas de la comparecencia, debo manifestarles que soy
consciente de que aun siendo fundamentales para la mejora del servicio
público de la justicia las actuaciones en materia de dotación de medios y
de modernización legislativa, el esfuerzo no puede ni debe quedarse



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ahí. El mejor servicio a los ciudadanos exige también otro tipo de
medidas que contribuyen decisivamente a que la justicia sea más próxima
al ciudadano. En esta línea, el Ministerio de Justicia está trabajando
para la puesta en marcha en los órganos judiciales de oficinas de ayuda a
las víctimas de delitos. Así, se van a reservar espacios en los órganos
judiciales de las grandes ciudades para ubicar estas oficinas y se
firmarán convenios entre el Ministerio, comunidades autónomas y
ayuntamientos para la financiación de las mismas y para la colaboración
en ellas de las asociaciones de ayudas a las víctimas. Por otro lado, el
Ministerio de Justicia ha acogido de manera muy favorable la propuesta
contenida en el Libro Blanco de la justicia sobre creación de servicios
de información, quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento de la
justicia. El Consejo General del Poder Judicial sabe que puede contar,
por tanto, con la mejor disposición del Ministerio para poner en
funcionamiento dichos servicios, al menos en los grandes decanatos, de
forma inmediata.

Finalmente, querría aludir al plan de eliminación de barreras
arquitectónicas en los edificios judiciales que está siendo desarrollado
por el Ministerio y al que también se hace mención en el libro blanco. Se
trata de actuar sobre los edificios antiguos, ya que en los de nueva
construcción la eliminación de barreras queda recogida en el propio
proyecto.

Paso ya a referirme a las previsiones de actuación del Gobierno en
relación con el ministerio fiscal, teniendo en cuenta, con el mismo ánimo
constructivo, las propuestas contenidas en el Libro Blanco del ministerio
fiscal a que se refieren las peticiones de comparecencia. El libro blanco
es sin duda un eficaz instrumento de conocimiento de la realidad de esta
relevante institución. Constituye, por tanto, un valiosísimo punto de
referencia para la actuación del Gobierno en esta materia y, en todo
caso, un importante estímulo para la realización del propósito inicial de
este Gobierno de reforzar la función de la institución, tal como anunció
en el discurso de investidura el presidente del Gobierno. En el pasado
histórico reciente la figura del ministerio fiscal ha padecido un
deterioro de su imagen, atribuible en buena medida a la injerencia o
apariencia de injerencia del Ejecutivo a través de los nombramientos de
naturaleza política de fiscales generales. De ahí el compromiso expresado
por el presidente Aznar de nombrar para tal puesto a miembros de la
propia carrera fiscal, con el propósito de acentuar la autonomía que
exigía el adecuado funcionamiento de la Fiscalía. Ante esta Comisión
anuncié la propuesta de diálogo a las fuerzas parlamentarias en la
intención de mejorar el Estatuto orgánico del ministerio fiscal,
propuesta que tuvo respuesta en una iniciativa del Grupo de Izquierda
Unida, que desembocó en una moción aprobada por el Pleno de esta Cámara.

Los distintos puntos de la moción están siendo estudiados con objeto de
plasmar su contenido en las oportunas reformas del Estatuto orgánico.

El Gobierno comparte la preocupación de la carrera fiscal, expresada en
su libro blanco, de potenciar los principios inspiradores vigentes de la
institución, unidad, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.

También comparte el interés por las reformas de la estructura de personal
de la carrera, desde el nombramiento del fiscal general del Estado al
régimen disciplinario. Son precisamente estas cuestiones las que están
siendo estudiadas a la luz de la moción aprobada por el Pleno de esta
Cámara.

La mejora de la eficacia en la organización y funcionamiento de las
fiscalías constituye también una preocupación compartida. En este sentido
y en sintonía con las propuestas contenidas en el libro blanco se han
realizado las dotaciones de medios precisas para que puedan entrar en
funcionamiento las adscripciones permanentes y se han mejorado las
infraestructuras con la realización de diversas obras en fiscalías en
1997, especialmente en las adscripciones que se han puesto en marcha.

Otra de las preocupaciones manifestadas en el libro blanco es la de la
definición precisa de las relaciones institucionales del ministerio
fiscal, especialmente con las comunidades autónomas a las que se han
transferido competencias en materia de medios de la Administración de
justicia. El Ministerio en esta línea promoverá la elaboración de
convenios de colaboración con las comunidades autónomas que faciliten
esas relaciones.

También se manifiesta preocupación por la dotación de medios personales y
materiales a las fiscalías. En relación con los medios personales se ha
dado cobertura presupuestaria en el presente ejercicio a 127 plazas que
carecían de ella y se encontraban ocupadas por interinos y se han
convocado oposiciones para cubrir 150 vacantes. Para el año 1998 está
previsto un aumento de plantilla de 30 plazas y para 1999 la creación de
otras 40. También está previsto un aumento en la dotación de personal
auxiliar de fiscalías en 80 plazas en el próximo ejercicio. Igualmente se
han adoptado medidas de refuerzo a fin de atender situaciones especiales
o formando parte de planes de urgencia aprobados por el Consejo General
del Poder Judicial. Se ha reforzado, por las circunstancias particulares
que lo han precisado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía
especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas.

Se ha prestado una atención muy especial a la formación, con un sensible
incremento de los cursos organizados, que han sido en total 59, a los que
han asistido cerca de mil miembros de la carrera fiscal. En relación con
la dotación de medios materiales antes hice mención a SS. SS. del
proyecto Linde de informatización de las fiscalías. El proyecto se
encuentra ya implantado en 37 fiscalías de las 58 existentes y está
prevista la cobertura total en el próximo mes de enero.

Paso ya a referirme al nombramiento de don Eduardo Fungairiño como fiscal
jefe de la Audiencia Nacional, que es objeto de una de las peticiones de
comparecencia que se sustancian en esta sesión. El día 29 de mayo de 1997
el fiscal general del Estado formuló propuesta razonada y jurídicamente
fundamentada de ascenso a la primera categoría de la carrera fiscal y de
nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional de don Eduardo
Fungairiño Bringas. Presenté dicha propuesta al Consejo de Ministros del
30 de mayo de 1997, que aprobó el real decreto por el que se promovía a
la categoría de fiscal de Sala al señor Fungairiño



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y se le nombraba fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El Gobierno, pues,
nombró al candidato propuesto por el fiscal general, que además había
fundamentado jurídicamente su propuesta de manera, en mi opinión,
convincente. La trayectoria profesional, incluido el ejercicio interino
de la jefatura en los cinco meses anteriores a su nombramiento definitivo
para el mismo puesto, y su experiencia en la lucha antiterrorista hacían
al designado, fiscal entonces de la segunda categoría y con más de veinte
años de servicio en la carrera, como exige el artículo 37.1 del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal, un candidato idóneo para el cargo. No me
corresponde en este momento explicar pormenorizadamente las razones
jurídicas y de oportunidad que justificaron el ejercicio de la facultad
de propuesta por el fiscal general, pero sí manifestar ante esta Cámara,
como miembro del Gobierno, que respeto pero no comparto las discrepancias
jurídicas que se han formulado sobre la legalidad de la actuación del
fiscal general del Estado y del Gobierno, en este caso en cuanto al
ascenso de categoría del señor Fungairiño.

Hecha esta precisión, informaré a SS. SS. de que la decisión del Gobierno
de nombrar a don Eduardo Fungairiño fiscal jefe de la Audiencia Nacional
se apoya en dos criterios básicos, por un lado, el ejercicio responsable
de las atribuciones que el Estatuto orgánico del ministerio fiscal
reconoce al Gobierno y, en segundo lugar, el máximo respeto a la
autonomía del ministerio fiscal respecto del Poder Ejecutivo. El respeto
a la autonomía del ministerio fiscal obliga al Ejecutivo a reconocer un
valor muy especial al criterio expresado en las propuestas del fiscal
general del Estado. El Gobierno considera que no debe apartarse del
criterio del fiscal general en sus decisiones, salvo en el caso de que
aprecie que las propuestas del fiscal general sean abiertamente ilegales
o gravemente perjudiciales para el interés público. En aplicación de
estos criterios, el Gobierno ha respetado hasta el momento todas las
propuestas que le han sido elevadas por el fiscal general del Estado,
acreditando así su respeto por la autonomía del ministerio fiscal.

Por razones, pues, tanto jurídicas como de idoneidad indudable y no
discutida del candidato propuesto por el fiscal general, elevé al Consejo
de Ministros la propuesta de nombramiento a que se refiere la petición
del Grupo Socialista que hoy nos ocupa. Legítimamente puede decirse que
un nombramiento no gusta, que de haberse tenido la responsabilidad se
hubiera actuado de otra forma, pero ni una política determinada puede
elevarse a categoría jurídica, ni las discrepancias sobre la
interpretación del derecho, que al Tribunal Supremo en este caso
corresponde dilucidar en un sentido o en otro, deben utilizarse para la
lucha política cuando, a criterio de quien tiene la responsabilidad, hay
sobradas razones jurídicas para adoptar una determinada decisión. Desde
estas premisas quiero manifestar que el nombramiento del fiscal jefe de
la Audiencia Nacional, del que en este momento informa a SS. SS., estuvo
fundado en derecho y, como el tiempo ha demostrado, fue idóneo desde el
punto de vista de la adecuación del candidato, fiscal de reconocido
prestigio y dilatada trayectoria en la función a desempeñar.

Finalmente, para dar cuenta a SS. SS. sobre todos los puntos a que se
refieren las peticiones de comparecencia, debo informar sobre la
situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra y sobre las previsiones para la creación
de plazas de magistrado en dicha Sala. En la última década el volumen de
asuntos formalizados ante los órganos judiciales de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa se ha multiplicado por cuatro, crecimiento
previsible dada la pluralidad de administraciones públicas y su creciente
intervención en todos los ámbitos sociales. Las medidas adoptadas
quedaron durante muchos años en el papel. La Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1985, que crea los juzgados de lo Contencioso, es público y
notorio que no ha sido desarrollada. Por todo ello, el Ministerio,
conocedor de los atrasos existentes en la jurisdicción contenciosa, ha
dado y pedido a SS. SS. la máxima prioridad a la nueva ley que
actualmente está siendo debatida en esta Cámara y cuya aprobación
definitiva en el primer semestre del próximo año permitirá la puesta en
funcionamiento, como ya he anunciado a SS. SS., de 64 órganos
unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, con crédito
presupuestario en el año 1998. No obstante, comprendiendo la preocupación
por el caso concreto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Navarra, cuya situación de atraso y asuntos pendientes es especialmente
preocupante --pero no pudiendo compartir la calificación de colapso,
porque lo que existe es una dilación en la tramitación, no colapso de la
Sala en sí--, es lo cierto que la media de asuntos resueltos por plaza de
magistrado es inferior a la media nacional, aunque también la media de
asuntos ingresados por plaza es superior a la media nacional. Ante la
situación existente, se han adoptado medidas siguiendo las propuestas del
Consejo General del Poder Judicial. A propuesta del Consejo se ha
reforzado con dos auxiliares y un agente la Sala en cuestión y se ha
cumplimentado también el acuerdo de 30 de septiembre del propio Consejo
General del Poder Judicial para renovar la adscripción por seis meses a
la Sala de referencia de dos magistrados suplentes que actúan de forma
continuada. En la reunión de la Comisión mixta Consejo-Ministerio se
tratará la creación de equipos de apoyo para reforzar los tribunales
superiores con atrasos, que tendrá efectos desde el primero de enero.

Saben SS. SS. que es criterio del Consejo no aumentar las plantillas de
las salas de lo Contencioso, sino actuar a través de medidas de refuerzo.

El Ministerio de Justicia comparte este criterio con carácter general,
pero ante las peculiaridades que presenta la situación de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Navarra el Ministerio propondrá, en la
próxima reunión de la Comisión mixta para el desarrollo de la planta
judicial, la creación de tres nuevas plazas de magistrado para dicha
Sala.

Finalizo ya, señor presidente, agradeciendo a todas SS. SS. la atención
que me han prestado y quedo a disposición, como no podía ser de otra
forma, de las preguntas que quieran realizarme.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.




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Vamos a iniciar el turno de intervenciones comenzando, según el orden
reglamentario, por los grupos autores de algunas iniciativas sobre las
que se ha producido la intervención de la señora ministra en la forma
agrupada que al inicio de la sesión hemos indicado.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con su venia, señor presidente,
dividiremos la intervención de nuestro grupo en dos partes. Yo intentaré
hacer las reflexiones que nuestro grupo cree que deben efectuarse sobre
el tema general y nuestro diputado por Navarra, don Julián Fernández, se
referirá en concreto a la solicitud de comparecencia sobre la situación
de colapso en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Entenderá S. S. que hubiera sido una absoluta falta de delicadeza que
habiendo tenido sobre la mesa el Libro Blanco de la justicia, encomendado
por el Consejo General del Poder Judicial, y el Libro Blanco del
ministerio fiscal, tanto el presidente de dicho Consejo como el fiscal
general del Estado hubieran tenido ocasión de venir a esta Comisión para
exponer sus criterios y nos hubiéramos visto privados de su presencia hoy
que, vaya por adelantado, le agradecemos muy sinceramente, así como toda
la información que a lo largo de ella ha tenido a bien suministrarnos.

Pero entenderá también, señora ministra, que por parte de nuestro grupo
político --ya se le ha dicho en otras ocasiones, sobre todo en la
discusión de los presupuestos, porque no cabe la menor duda de que cuando
hemos discutido los presupuestos para el año 1998 todos los grupos y el
propio Ministerio hemos hecho referencia a sus planes y a sus
actuaciones-- tengamos que manifestar una importante disconformidad con
los planes que respecto al año 1998 tiene ese departamento para acercar
el servicio público de la justicia a los ciudadanos y, efectivamente,
para salir de la situación en que se encuentra dicho servicio público.

Su señoría ha seguido, uno a uno, los diferentes apartados del Libro
Blanco de la justicia y, después, del ministerio fiscal y, efectivamente,
con respecto a ellos ha ofertado todo un conjunto de compromisos de
solución. Pero hemos de repetir aquí lo que ya le dijimos al propio
presidente del Consejo General del Poder Judicial: que dicho Libro Blanco
de la justicia es un libro muy poco autocrítico y, fundamentalmente,
continuista.

Le pedimos a la señora ministra que reflexione acerca de un hecho muy
relevante, y es que a lo largo de los últimos años el esfuerzo en
dotación de medios personales y materiales no ha sido escaso, sino que ha
sido muy importante. Lo decimos claramente: desde el año 1982 se ha hecho
un serio esfuerzo. Sin embargo, ese serio esfuerzo no ha venido
acompañado por ninguna satisfacción en la solución de los problemas. (Se
producen interferencias por pruebas de megafonía.) Disculpe, señora
Ministra, pero es que al programa de puertas abiertas se ha unido el de
orejas abiertas y nos encontramos con esta situación.

El señor PRESIDENTE: Y de altavoces abiertos, señor Castellano.

Continúe su señoría.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Contando con esta ayuda, continuamos.

Repito que dicho programa de dotación de medios personales y materiales
es un esfuerzo que, evidentemente, ha de ser valorado en su justa medida,
y pese al incremento de plantillas, de funcionarios y a la
informatización, los problemas, como ya tuvimos ocasión de comentar en la
discusión de la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos, no
se han solucionado. Cada año se va produciendo un mayor embolsamiento de
asuntos y el colapso, que no se puede decir siquiera que se encuentra en
situación de retención, va aumentando. (Continúan las interferencias por
pruebas de megafonía.) Continuemos esta intervención edulcorada. Repito
que no se da solución a los problemas, sino que, bien al contrario, está
aumentando la bolsa de asuntos que penden tanto de la jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo como de la jurisdicción Civil como de la
jurisdicción Penal. Quizá la única jurisdicción en la que no se ha notado
ningún aumento, o en la que el aumento no es tan cuantioso, es en la
jurisdicción de lo social y en la de lo militar. Esto obliga a hacer una
reflexión, porque a lo mejor puede ocurrir que en la jurisdicción de lo
social no se produzca este embolsamiento porque gozan de un procedimiento
lo suficientemente racional y sensato que permite actuar con esa agilidad
y eficacia que tanto se buscan.

Nosotros alimentábamos la idea de que la lectura del Libro Blanco de la
justicia y del Libro Blanco del ministerio fiscal llevara a ese
Ministerio a recuperar un primer planteamiento que el Partido Popular
hizo en su día, cuando se iba a presentar a las elecciones y estaba en la
oposición, que era, en primer lugar, revisar muy seriamente las
competencias del Consejo General del Poder Judicial. De eso no hemos
vuelto a oír hablar. El Consejo General del Poder Judicial sigue teniendo
unas competencias que habrán aumentado en formación profesional de jueces
y magistrados, pero, evidentemente, en lo que se refiere a una
responsabilidad, no sólo en el gobierno de los jueces, sino en la
Administración de justicia, no se ha producido. Esto, lógicamente, lleva
a una seria reflexión. Llegaron ustedes a decir --recuérdelo, señora
ministra-- que el día que el Consejo General del Poder Judicial hubiera
asumido todas las competencias que debería asumir desaparecería casi el
Ministerio de Justicia. En esa línea, incluso se aplaudió el que hubiera
la fusión entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior
cuando la llevó adelante el anterior Gobierno. De pronto, se ha
abandonado esta filosofía. No es una cosa baladí y de carácter puramente
organizativo, sino que es una cosa muy seria que contemplemos el
desarrollo constitucional y las competencias del Consejo General del
Poder Judicial.

En todo caso, entenderá S. S. que la plantilla que hoy tenemos de jueces
y magistrados no se corresponde con la población que tiene nuestro país
ni con el número de asuntos. Cada vez que hablamos de la plantilla
olvidamos la seudoplantilla, que es la de los llamados jueces
provisionales



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o jueces sustitutos, que es bastante importante, con la cual,
efectivamente, se está tratando de parchear una situación. Esto en cuanto
a esa dotación de medios. Resumiendo, no crean ustedes que por ese
mecanismo, que además se hace con una gran escasez, se van a solucionar
los problemas.

En cuanto a las reformas legislativas que desde hace mucho tiempo se
vienen reclamando, es cierto que está hoy en la Cámara un proyecto de ley
de procedimiento contencioso-administrativo que, como usted misma ha ido
relatando, soluciona muchos problemas, pero no es bastante. En todo caso,
lo que sí le pedimos formalmente, señora ministra, es que retire cuanto
antes ese borrador de ley de enjuiciamiento civil; sinceramente, que lo
entierre, porque es trabajar sobre la misma plantilla de la antigua Ley
de Enjuiciamiento Civil, que no es que haya quedado desfasada, es que hoy
supone un enorme obstáculo para poder conseguir esa agilidad y esa
eficacia. Tengan la audacia de ir seriamente a unos procesos-tipo, un
proceso de carácter precautorio preliminar, un proceso de carácter
declarativo y un proceso de carácter ejecutor, dándoles por completo una
nueva filosofía en la que tiene que jugar un papel muy importante el
juez, visto mucho más que como dueño del procedimiento, como árbitro de
un procedimiento del que son dueñas las partes y, con una enorme
agilidad, salir de un conjunto de plazos que en el borrador que está
usted hoy sometiendo a consulta se siguen manteniendo y no sirven
absolutamente para nada porque no se respeta ni se va a respetar uno
solo.

Este borrador de la ley de enjuiciamiento civil no soluciona ningún
problema en materia de Derecho concursal. Como no ha llegado todavía el
posible proyecto, ni siquiera el boceto de proyecto de la ley de
enjuiciamiento criminal, lógicamente no nos podemos pronunciar sobre él,
pero nos tememos que va a ir connotado de la misma orientación, la
orientación del parcheo, la orientación de no atreverse a plantear unos
procedimientos absolutamente distintos.

Su alusión a nuevas oficinas de ayuda a las víctimas de los delitos y a
una posible oficina de servicio de información y quejas queda muy bien en
cuanto a terminología y puede parecer ilusionante o modernizadora, pero
no sirven absolutamente para nada. ¿Le parece a usted que hay pocas
oficinas de información y queja? Si atendemos a su memoria, el Defensor
del Pueblo recibe suficientes y yo imagino que no las recibe para
guardárselas. No está aquejado de una situación de roñosería de modo tal
que almacene los papeles, sino que se los traslada inmediatamente al
Ministerio y al Consejo, pero no sirven para nada. El Consejo tiene, a su
vez, su propio servicio de inspección al que se dirigen los ciudadanos y
tampoco sirven para nada. Puede ser que esas oficinas o servicios de
información y quejas queden bien si se quiere encontrar destino para
algunos de estos jueces que están proliferando tanto, a los que les gusta
ser jueces y no dictar sentencias, pero lo único que va a llevar
aparejada es la frustración. Sería mucho más normal que nos
preocupáramos, de una vez por todas, de un nuevo modelo de oficina
judicial.

Sabe la señora ministra que este modelo de servicios comunes en la
oficina judicial ha venido a ser una pequeña ayuda en el marasmo en el
que se encuentra la Administración de justicia, pero no es la solución.

Estos servicios están ya aquejados del mismo problema de estancamiento y
paralización. Fíjese usted con qué ilusión se acometió la reforma de la
Ley de Arrendamientos Urbanos y, dentro de ella, la Ley de los
procedimientos en materia de desahucio por falta de pago y pida usted que
le entreguen las estadísticas para ver en qué situación se encuentran
estos procedimientos que iban a ser de una velocidad casi vertiginosa o
meteórica.

Le hacemos estas consideraciones porque querríamos haber visto hoy, en
esta comparecencia, sin perjuicio del aprovechamiento del Libro Blanco
del Consejo General del Poder Judicial y del Libro Blanco del ministerio
fiscal que, repito, tienen poco de autocríticos y muy poco de
innovadores, en qué se plasma esa permanente apelación que hacen ustedes
a un pacto de Estado para el problema de la justicia. Desde luego, si el
pacto de Estado para dar solución al problema de la justicia tiene un
contenido tan exiguo como puede ser el de estos aumentos de plantilla, el
de estas pequeñas reformas legislativas o, en un momento determinado,
aumentar la burocracia con respecto a determinadas informaciones o
quejas, sinceramente no puede haber ningún pacto de Estado. El pacto de
Estado que nuestro grupo propone arranca de una definición nueva de lo
que tiene que ser el papel de la magistratura en el marco constitucional.

Señora ministra, no le dé a usted tanto reparo hablar del sentido público
de la justicia porque detrás de ello no hay ningún desdoro para los
jueces y magistrados. Hay un conjunto de jueces y magistrados a los que
cuando se les llama servidores públicos se sienten descalificados o
heridos, cuando lo mejor que puede merecer cualquier ciudadano es el
calificativo de haber servido al Estado con lealtad y honestidad, haber
sido un servidor público a lo largo de su vida porque es la mejor forma
de servicio a la comunidad. Hay que arrancar de una concepción mucho más
moderna. Están ustedes limitando la modernización de la justicia a los
instrumentos, a colocar todo un conjunto de ordenadores y no van por ahí
los tiros. En 1997-1998 habrá que asomarse a otras experiencias y darse
cuenta de que por ahí seguiremos parcheando y parcheando, nos seguiremos
viendo cada vez que se discutan los presupuestos y estaremos asistiendo a
unas estadísticas que nos irán diciendo que cada día es mayor el número
de asuntos que se amontonan en las salas. Tendrá razón S. S. cuando dice
que se han incumplido determinados acuerdos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1985 y de la correspondiente Ley de planta, pero es que quizá
también aquella Ley Orgánica del Poder Judicial y aquella Ley de planta
quedaron desfasadas, a pesar de su buena voluntad.

En cuanto al ministerio fiscal, el Ministerio que usted dirige sigue sin
definir un modelo. El propio Libro Blanco del ministerio fiscal se debate
en la duda acerca del llamado modelo judicializado, modelo gubernativo o
modelo parlamentario y tiene una enorme importancia el acometer
sinceramente la modernización del modelo de ministerio público, que habrá
que definir y no la ambigüedad en la



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que a lo mejor algunos miembros del ministerio fiscal se encuentran
perfectamente a gusto, aunque no parece ser que esté dando resultado.

Véase la prueba: el ministerio fiscal no es objeto de polémica por la
inoperancia de sus miembros ni por su falta de profesionalidad, sino por
las distintas concepciones y los diferentes modelos.

Voy a acabar porque sé que cada vez que interviene el Grupo de Izquierda
Unida en temas de justicia, aunque lo hacemos desde el más profundo
sentido de la responsabilidad, no suscita mucha atención. Es mucho más
llamativo que estuviéramos aquí discutiendo si somos más partidarios de
Canal Satélite plus --o como se llame-- o de la Vía Digital; o si nos
gusta mucho más Sogecable o cualquier otro tema, que son siempre más
atractivos para los medios de comunicación, pero es que nuestra
preocupación por el Ministerio de Justicia y por la Administración de
justicia está por encima de las anécdotas y nos gustaría que, de una vez
por todas, hubiera, negro sobre blanco, una propuesta seria del Gobierno
del Partido Popular en materia de Administración de justicia que pudiera
llevar a ese pacto de Estado y que no se quedara todo en lo que se está
quedando, que es pura y simplemente un parcheo para continuar en la misma
situación.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Sánchez, tiene S. S. la palabra por
cinco minutos para la cuestión puntual de la situación de la sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.




El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Voy a ser muy breve porque la señora ministra
ha contestado ya a algunas de las cuestiones que yo le quería preguntar.

La señora ministra manifiesta un optimismo importante en cuanto a que con
64 nuevos juzgados, que prevé para el año 1998, y 50 magistrados puede
solucionar el colapso que sufre el Contencioso-Administrativo. Tengo que
recordarle que en este momento hay 224.000 casos pendientes en todo el
país, por lo que estos 50 magistrados van a ser insuficientes para
resolver este volumen tan importante de casos. Hay que tener en cuenta,
además, que la media de los casos pendientes por magistrado se sitúa en
este momento en 1.098 casos/año, lo que es un ratio elevadísimo y casi
imposible de atender. Reitero lo que he dicho anteriormente en el sentido
de que veo demasiado optimismo en la ministra.

En cuanto a los planes del Ministerio para resolver el problema
específico de la Comunidad foral de Navarra, con el anuncio de la
creación de tres nuevas plazas de magistrado, muestro mi satisfacción por
la celeridad con que parece ser que se va a resolver este conflicto,
aunque también debo añadir que es tarde. Quiero facilitarle algún dato al
respecto. En Navarra, en 1988, existían 2.884 casos pendientes en la Sala
de lo Contencioso-Administrativo y hoy, en 1997, existe una acumulación
de 7.197 casos, lo que quiere decir que harían falta 17 magistrados
durante un año para resolver este volumen tan importante de casos
atrasados.

Un asunto a tener en cuenta es que el Ministerio reacciona como
consecuencia de una huelga del Colegio de Abogados de Navarra para
presionar al Ministerio a que busque soluciones a este asunto, porque el
colapso --yo sí creo que hay colapso en Navarra, aunque la ministra dice
que no-- no es una situación nueva. Esta situación es remota, pero, sobre
todo, se arrastra desde 1990, año en el que la junta de gobierno del
Colegio de Abogados de Navarra manifestó la necesidad de dotar de nuevos
magistrados a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de adoptar
medidas que hasta este momento no han llegado. Después de cien días de
gracias de este Gobierno, casi después de dos años de legislatura y con
la presión de un colectivo importante como es el Colegio de Abogados en
huelga --huelga que en este momento está suspendida hasta ver qué
decisión tomaba el Ministerio--, la medida nos satisface pero llega
tarde. Quiero asegurarle que los magistrados del
Contencioso-Administrativo de Navarra cumplen eficazmente con su labor,
como lo demuestra que el volumen de asuntos que resuelven anualmente está
por encima del ratio que establece el Libro Blanco de la justicia, que
dice que se podrían resolver unos 375 casos como media y, desde luego,
los magistrados del Contencioso-Administrativo de Navarra están por
encima de esa media. Quiero salvar, a la vista de sus palabra, esta
situación.

Deseo reiterarle, repito, mi satisfacción porque se resuelva
convenientemente este asunto y esperemos que con la mayor celeridad, si
es posible, para principios de año o entre principios de año y marzo, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Navarra cuente con tres nuevos
magistrados.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Fernández de la Vega.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Buenas tardes, señora ministra, y
muchas gracias por sus informaciones.

El Grupo Parlamentario Socialista ha efectuado dos peticiones de
comparecencia y vamos, por tanto, a centrar el contenido de nuestra
intervención fundamentalmente en ellas, empezando por la que se refiere a
las previsiones de su Ministerio para hacer de la justicia un servicio
público más cercano al ciudadano.

Sabemos, señora ministra, que a ustedes (y cuando digo a ustedes, me
refiero a usted, a su Gobierno y al grupo político que le apoya) no les
ha gustado nunca hablar de la justicia como servicio público. Usted lo ha
dicho aquí: La imagen de la justicia como servicio público no es muy
rigurosa desde el punto de vista jurídico, pero sí expresiva desde el
punto de vista político. Y quizá sea así porque en su modelo, en el
modelo de Estado fundamentalmente liberal, la justicia era considerada de
modo exclusivo como un poder del Estado encargado de aplicar las leyes
sin atender a sus posibilidades de prestación de servicios. Yo creo que
hoy, en el Estado social y democrático, la justicia, que ya no está
excluida del debate sobre el Estado del bienestar, tiene junto a su
consideración de poder del Estado, que atenerse a la vertiente de
Administración pública generadora de prestaciones de servicios a los
ciudadanos, que debe medirse, junto al criterio de legalidad, por los de



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eficacia y eficiencia. La justicia hoy ha pasado de ser sólo un poder del
Estado a ser también un servicio público, que debe ser prestado en
condiciones de calidad y eficacia. De ahí que felizmente comience a
generalizarse el concepto de servicio público de justicia, y no sólo
porque sea un término más expresivo desde el punto de vista político.

Esta es la perspectiva con la que ha abordado el tema el Grupo
Parlamentario Socialista y, para nuestra satisfacción también, la
perspectiva con la que el Consejo General del Poder Judicial ha abordado
con acierto la elaboración del Libro Blanco de la justicia, que contiene,
en nuestra opinión, un buen diagnóstico de situación y ofrece un conjunto
de soluciones para hacer frente a los problemas más graves.

Señora ministra, en su primera comparecencia ante esta Comisión nos dijo
que uno de sus objetivos era lograr una Administración de justicia ágil y
eficaz. Decía entonces: El realismo y la prudencia son los valores que
deben presidir toda acción de gobierno y resultan particularmente
necesarios cuando se trata de abordar el problema de la agilidad y
eficacia de la justicia. Hoy nos ha dicho que ésta ha sido la guía se su
trabajo. Hasta aquí estamos de acuerdo. El realismo y la prudencia son
dos virtudes imprescindibles y, desde luego, no seré yo quien las ponga
en cuestión. Para ello, usted establecía un plan y unos plazos, un
diagnóstico de situación en virtud del cual decía que no todos los temas
eran iguales, y señalaba unas prioridades; problemas que requerían
--decía usted hace un año y medio-- respuesta inmediata, los primeros,
los derivados de la aplicación del Nuevo Código Penal en materia
normativa y de medios. Pues bien, en materia normativa, no ha hecho usted
nada. Lo más importante, que era la reforma de la casación penal, no se
ha hecho, no se ha presentado. Por el contrario, se ha dedicado a
proponer a la Cámara una reforma del Código Penal que, en opinión del
Grupo Socialista, excede con mucho el mandato del propio Parlamento en
los delitos contra la libertad sexual --lo ha dicho incluso el Defensor
del Pueblo-- y los mandatos internacionales; una reforma del Código Penal
en materia de libertad sexual que nos retrotrae, en el túnel del tiempo,
al Código Penal de Primo de Rivera. Pero de esto ya tendremos tiempo de
hablar en esta Cámara y de debatirlo.

En materia de medios, en la aplicación del Código Penal, señora ministra,
tampoco ha hecho nada, quizá porque el Código Penal no pueda o no deba
aplicarse. Ni se han incrementado las plazas de magistrados de las
audiencias provinciales, que usted prometió el año pasado; ni se han
redimensionado las plantas de los juzgados de lo Penal ni la de los
juzgados de vigilancia penitenciaria. Se ha limitado usted a presentar un
proyecto de ley sobre vigilancia penitenciaria y su grupo una proposición
de ley sobre la modificación del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Y mientras tanto ya llevamos casi año y medio de Código Penal
en vigor, que si se aplica mal o no hay medios o faltan normas, mejor,
porque, en definitiva, ese Código Penal mejor es que fracase; ya lo
anunciaron ustedes. Para empezar, me parece que no es éste el mejor
camino para hacer de la justicia un mejor servicio público.

En lo que se refiere a la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, otra
de las prioridades contenidas en el Libro Blanco, señora ministra, ha
tardado un año en presentar un proyecto de ley que es el mismo que en la
anterior legislatura llegó al trámite de ponencia. Es verdad que
modifican varios asuntos, pero en la anterior legislatura llegó a la
ponencia con el acuerdo de todos los grupos, incluso con el suyo. En los
cuatro o cinco cambios que ustedes introducen --que, en opinión de mi
grupo, empeoran--, el Grupo Parlamentario Socialista coincide más con las
previsiones que respecto de ese proyecto de ley hace el Libro Blanco del
Consejo General del Poder Judicial, y que ustedes podrán ver en las
enmiendas correspondientes que hemos presentado, que con el proyecto que
usted ha tardado en presentar más de un año. Desde luego, no parece que
usted o su Gobierno tengan intención de que los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo empiecen a funcionar en 1998 con las
dotaciones que han incluido en la Ley de presupuestos: 1.078 millones en
el capítulo 6 y no mucho más en el capítulo 1 para crear, dicen, 64
juzgados; no todos. No sé si van a empezar a funcionar unos y otros no.

No sé muy bien cómo se hace eso. La impresión que tenemos es que usted y
su Gobierno no prevén, no ya en 1998 ni en 1999, no sé si para el año
2000, que haya juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Es verdad que
ustedes han introducido medidas de refuerzo para la Audiencia Nacional y
para algunos tribunales superiores de Justicia, pero no para todos. Usted
sabe tan bien como yo que ésa no es la solución. Alguna de las soluciones
que se están propugnando, que en su día se combatieron, sobre todo, sin
establecer claramente los módulos de productividad, son, cuando menos,
cuestionables. Mi grupo no comparte que se pueda pagar en estos momentos
por más sentencia a magistrados que están haciendo una media de tres
ponencias a la semana, no más, cuando sabemos que en lo
Contencioso-Administrativo hay muchas sentencias que son iguales.

Estaríamos de acuerdo en ese criterio en la medida en que esos módulos se
fijasen y se siguiesen por el Consejo General del Poder Judicial, tal y
como se apuntan ya en el libro blanco. Por lo tanto, no parece que de
forma inmediata vaya a mejorar tampoco este orden jurisdiccional.

Del proyecto de ley de responsabilidad penal del menor usted no nos ha
hablado, parece que no lo quieren ni siquiera llamar así. Se comprometió
en la primera comparecencia a enviarlo a principios de este año. Estamos
a finales y sólo conocemos de él lo que dice la prensa, que el Consejo
General del Poder Judicial ya lo ha informado, pero por las previsiones
presupuestarias del año 1998, en las cuales no hay ni una sola dotación,
no parece que tampoco vaya a existir este proyecto de ley el próximo año.

Me gustaría, no obstante, que me dijera cómo llevan ustedes esos
estudios, que hace un año y medio anunciaron que iban a hacer, sobre
incremento de las cargas de trabajo de los juzgados de menores, cuántos
hay que crear según la nueva ley, necesidades en materia de equipos
técnicos, etcétera. Nos gustaría, sobre todo, que nos dijera si lo va a
presentar o no, porque hemos leído algunas declaraciones hace unos meses
diciendo que no se podría presentar porque no había dinero y costaba
mucho. Por otra parte, vemos últimamente también en los medios que el
Consejo le



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ha informado y que está entre sus intenciones presentarlo. Nos gustaría
saber qué va a pasar con él.

Para terminar con las reformas procesales, señora ministra, usted ya nos
ha dicho que tiene un borrador de ley de enjuiciamiento civil. Este era
para usted un tema prioritario y parece que ese borrador existe. Lo hemos
conocido, por supuesto, por la prensa. Usted ya ha dicho que está
sometido a consultas y a diálogos de algunos sectores. Por lo que hemos
leído también en la prensa --porque, desde luego, mi grupo no ha tenido
conocimiento de él--, en un congreso celebrado en Murcia la totalidad del
estamento judicial lo criticó radicalmente; en un congreso subsiguiente,
celebrado en Santander, lo pusieron, permítame la expresión, a caldo; en
un congreso de procesalistas de Barcelona no hubo una sola intervención a
su favor; y en un reciente congreso organizado por la Asociación
Francisco de Vitoria ha recibido todas las críticas del mundo.

El Grupo Parlamentario Socialista no ha recibido ese borrador. No sé si
usted lo habrá hablado con otros grupos. Anunció aquí, en su primera
comparecencia, la necesidad de hacer las reformas procesales con diálogo
abierto con los grupos parlamentarios. Supongo que lo habrá hecho con su
grupo, con sus socios, pero, desde luego, aquí también usted ha
incumplido lo que nos dijo. Quizá es que el consenso no incluye al primer
grupo de la oposición. En cualquier caso, si el texto es el que tenemos,
quizá sería mejor --y en esto me sumo a lo que ha dicho el portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-- que se lo repensase ya que no es
como se dice en la propia exposición de motivos ni responde a alguno de
los principios y conclusiones que el libro blanco establece y que mi
grupo comparte: ni en la casación civil, en donde difiere lo que dice el
texto que conocemos de lo que dice el libro blanco; ni en la apelación;
ni en el proceso de instancia, donde dice que las diferencias son
abismales y aparecen muchos más procesos de los que se anuncian; ni en el
tratamiento de la prueba; ni en la inmediación; ni en la concentración;
ni en la realidad; ni en los principios de impulso, de oficio o
dispositivo ni de aportación de parte; ni en materia de los intereses
difusos. Y lo mismo cabría decir con respecto de las funciones de los
secretarios judiciales que en el proceso ni son aclaradas ni potenciadas
ni reconsideradas, cuando usted sabe que ha sido una de las cuestiones
estimadas como la piedra de toque en todos los análisis de los últimos
años; ni por supuesto en la ejecución de sentencias en cuyo tema su grupo
se negó a aceptar la proposición de ley de bases en materia de ejecución
civil que presentó mi grupo y que curiosamente coincide con todos los
principios que considera hoy el libro blanco. Si el texto que conocemos
es ése, más vale que se lo repiense. Si realmente era el tema prioritario
le rogamos que se lo repiense con prudencia, como decía usted, pero
también con un poquito más de celeridad.

No le pregunto por la reforma del proceso penal porque si lo que usted
misma consideraba urgente no ha venido en año y medio a la Cámara, no
quiero ni pensar en lo que no consideraba urgente. Ya hemos oído al
fiscal del Gobierno pronunciarse sobre que es imposible atribuir las
funciones de instrucción al fiscal y potenciar el proceso acusatorio. El
ya ha dicho que no se puede hacer. Usted sabe que la ley del jurado
contenía un mandato de extender el modelo. No parece, por lo tanto, que
lo vayan a cumplir. El libro blanco también en esta materia, señora
ministra, apuesta al menos por tres cosas en las que aunque, en opinión
de mi grupo, se queda a la mitad del camino de lo que sería abordar el
auténtico proceso acusatorio, estamos de acuerdo: en la necesidad de la
doble instancia generalizada y competencias a las salas de los tribunales
superiores de Justicia; en la separación, instrucción y medidas
cautelares, y en la transitoriedad de las competencias de los juzgados de
lo Penal si se reforma el artículo 14.

Tampoco le pregunto por la reforma de la oficina judicial ni por la de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que también contiene el libro blanco. Lo
anunció usted hace año y medio y no tenemos conocimiento de todo ello.

Usted sabe como yo que hay cosas que no están funcionando: ni funciona el
control de horario, ni funcionan los relojes, ni se ha desarrollado el
reglamento de los institutos de Medicina Legal, que ahí estaban. En suma,
señora ministra, no tenemos ni una sola actuación suya ni de su Gobierno
para mejorar nada de lo que interesa a los ciudadanos. Por el contrario,
trae usted muchos proyectos de ley que benefician a las corporaciones
como, por ejemplo, el último relativo a las condiciones generales de la
contratación, en donde parece que los registradores de la propiedad salen
muy beneficiados, pero ya tendremos ocasión de debatir ese tema en esta
Cámara. Ni en lo contencioso, donde llevamos un año de retraso; ni en lo
civil, de la que mi grupo no conoce todavía nada más que un borrador del
que ha tenido conocimiento por la prensa; ni en lo penal; ni siquiera la
ley de responsabilidad penal del menor; ni para que el Código Penal
funcione mejor ni para que se aplique mejor; ni para que los jueces
tengan más fácil su trabajo a la hora de impartir también esa justicia
penal; ni para redimensionar los juzgados de vigilancia penitenciaria.

Eso sí, reformas varias sí que ha propuesto usted.

No me ha dicho nada del jurado y no sé lo que van a hacer. No sé si van a
reformar el jurado tal como estaban diciendo. Quiero decirle que las
reformas propuestas no coinciden con los problemas que suscita la ley de
jurado. No obstante, mi grupo estaría de acuerdo en una cosa, en ampliar
la ley del jurado. Señora ministra, se lo digo para que lo tenga en
cuenta. Si quiere usted modificar la ley del jurado, deberíamos ampliar
su ámbito de la actuación a un tema muy concreto: al conocimiento del
delito de prevaricación de jueces, magistrados y fiscales, porque con lo
que está ocurriendo en este país está claro que los jueces, magistrados y
fiscales no se pueden juzgar a sí mismos. Parece más lógico que lo hagan
los ciudadanos. Quizás así nos evitemos algunos de los espectáculos a los
que estamos asistiendo.

Finalmente, señora ministra, dígale a su Gobierno o a su presidente, si
es que tiene usted alguna capacidad de influencia, que para hacer frente
a las necesidades que en materia de justicia como servicio público se
derivan del libro blanco para llegar a los pactos que el propio
presidente, señor Aznar, ofreció al secretario general del Partido
Socialista, señor Almunia, hace falta incrementar las



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dotaciones del presupuesto para 1998, que, como su propio secretario de
Estado reconoció en esta Comisión, no tiene previsión alguna. Y, si no,
dígale que no engañe a los ciudadanos diciendo que están dispuestos a
pactar sobre temas del libro blanco. Todavía en el Senado tienen la
oportunidad de apoyar la enmienda socialista, que supone un incremento
prudente y realista, como usted nos pide, de 16.110 millones de pesetas,
que nos permitirían al menos poner en funcionamiento este año esos 315
órganos judiciales que el Consejo General del Poder Judicial dice que de
no ponerse en funcionamiento van a tener irremediablemente dilaciones
indebidas. Con esto acabo la primera parte de mi intervención en lo que
se refiere a la solicitud de comparecencia para entrar en la segunda
parte.

Señora ministra, si el Grupo Socialista ha traído aquí hoy el
nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional es porque no hemos
tenido políticamente una respuesta razonable de por qué el Gobierno
decidió nombrar al señor Fungairiño para un puesto de la trascendencia de
la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Desgraciadamente, la
actuación concreta de este fiscal en temas de gran trascendencia social
--y todos o prácticamente todos los temas que se tramitan en la Audiencia
Nacional la tienen-- corrobora que el Gobierno, una vez más, lejos de
cumplir lo que dice, dice una cosa y hace otra; lejos de ser coherente
con el modelo de ministerio fiscal absolutamente independiente que
propugna, actúa en tal simbiosis con él que es difícil distinguir hoy por
hoy, no ya para los iniciados, sino para cualquier ciudadano, dónde
empieza y dónde acaba la actuación no ya del fiscal del Gobierno y la de
usted como ministra, cosa que podría ser hasta legítima, no desde luego
en su concepción de ministerio fiscal, sino la del fiscal jefe de la
Audiencia Nacional y la de usted y su Gobierno.

Señora ministra, para el Grupo Socialista el nombramiento por el Gobierno
del señor Fungairiño ha sido una decisión profundamente equivocada,
incoherente con el modelo del ministerio fiscal que ustedes propugnan,
perturbadora para un funcionamiento adecuado de la Administración de
justicia, deslegitimadora de la actuación de la Fiscalía en general y, en
concreto, de la Fiscalía en la Audiencia Nacional. Y es absolutamente
irresponsable, pues lejos de acallar las acusaciones sobre politización
de la justicia que cada día están más ancladas en la sociedad,
incrementan las sospechas de su voluntad, señora ministra, de la voluntad
de su Gobierno de instrumentalizarla, de ponerla al servicio de intereses
partidistas.

Sus explicaciones jurídicas sobre el nombramiento no nos han convencido.

Es verdad que no ha entrado usted tampoco mucho en ello. El Grupo
Socialista sigue pensando que el nombramiento es ilegal, no sólo porque
el artículo 13.2 del estatuto dice de manera expresa que las propuestas
de ascenso se deben hacer conforme a los informes del Consejo Fiscal,
sino también porque el artículo 14.1.d) atribuye como competencia
exclusiva del Consejo Fiscal elaborar los informes y propuestas de
ascenso y, en este caso, tampoco la propuesta de ascenso y el informe fue
elaborado por el Consejo Fiscal; es más, el fiscal general del Estado, el
fiscal de su Gobierno, aunque terminó reconociendo que lo había hecho él,
no se atrevió ni siquiera a decir dónde. Está claro que no lo hizo en la
Fiscalía, más bien parece que el citado informe se hizo en su Ministerio
o, al menos el ejemplar que usted distribuyó, salió del gabinete de
prensa de su Ministerio; así consta en el ejemplar de que dispone mi
grupo.

Siendo grave que el nombramiento pueda ser ilegal --el tema está sub
iudice y, por tanto, los tribunales dirán lo que consideren oportuno--,
lo más grave para el Grupo Parlamentario Socialista es que, sabiendo el
Gobierno que se iba a cuestionar la legalidad, que se estaba ya
cuestionando por el conjunto de la carrera fiscal, por el Consejo Fiscal,
deciden seguir adelante rompiendo una interpretación que hasta ahora se
había hecho de manera pacífica por todos los gobiernos desde la fecha de
la aprobación del estatuto. Se venía entendiendo, sin ninguna excepción,
que para el ascenso a la categoría era necesario el dictamen favorable
del Consejo Fiscal. Y se entendió así, señora ministra, porque, entre
otras cosas, produce determinados efectos distintos del nombramiento; el
ascenso de categoría determina de manera automática pasar a formar parte
de la Junta de Fiscales de Sala, con las competencias tan trascendentales
y sensibles que se otorgan a ese órgano. Porque, además, en el modelo
consensuado de estatuto que se hizo en su día, se entendió que si bien la
Constitución atribuye al Gobierno una facultad absoluta en el
nombramiento del fiscal general del Estado, había de limitarse esa
facultad en los nombramientos de los fiscales jefes de los órganos
judiciales y, por eso, se interponía el informe favorable del Consejo
Fiscal.

Señora ministra, con independencia de estar de acuerdo o no con esta
interpretación --se puede estar o no de acuerdo con la misma y sobre todo
se puede estar o no de acuerdo con este modelo de nombramientos--, quizá
hubiera sido más prudente, dados los precedentes, modificar el estatuto,
dejar claro si ése era su modelo, que los ascensos son de la exclusiva
competencia del ejecutivo, si es eso lo que ustedes propugnan, y haber
evitado romper una interpretación, hasta ahora no cuestionada,
precisamente con el nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia
Nacional.

Al Grupo Socialista lo que le preocupa, sobre todo, es esa decisión
política. Dejemos en manos de los tribunales que hagan la interpretación
que consideren oportuna en cuanto al tema de legalidad. Señora ministra,
hagan lo que hagan, el nombramiento de un fiscal expedientado, que actúa
públicamente como jefe de los fiscales que provocan con su actuación la
mayor crisis que en la historia de la democracia vive el ministerio
fiscal es, en términos de política judicial, una decisión absolutamente
insensata e irresponsable, no sólo por lo que supone de desmoralización
para el conjunto de la carrera fiscal, que ve ascendido a la máxima
categoría un fiscal expedientado y sancionado --cuya sanción, por cierto,
ni él ni ninguno de los otros han cumplido y le diré, para que lo sepa y
para quien lo quiera oír, que algunos de ellos va diciendo que ni la
cumple ni la cumplirá porque está prescrita--; no sé si sobre eso nos
puede decir algo. Repito, no sólo es grave por la desmoralización que
supone que ese fiscal expedientado y sancionado se eleve a la máxima
categoría fiscal y se permita



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hacer bromas sobre la insignificancia de la propia sanción comparándola
con una multa de tráfico, sino porque, como era de esperar, todas sus
decisiones, señora ministra, están teñidas de parcialidad.

Ya sé que a algunos grupos, y sobre todo al suyo, no les gusta que
hablemos de determinados temas, pero mi obligación es hacerlo, porque
entendemos que, contra viento y marea, provocando el enfrentamiento
unánime de la carrera fiscal, forzando la interpretación del estatuto, su
Gobierno tenía mucho interés en nombrar a este señor como fiscal jefe;
ahora lo entendemos. Pero ¿quién responde de las actuaciones que está
realizando? En el caso Sogecable --ya sé que no les gusta que saquemos
este tema, pero lo vamos a seguir sacando, les guste o no--, por seis
veces distintas la Sala ha desautorizado no la opinión del juez, la
opinión de su fiscal, en un tema en el que el Gobierno, contra un grupo
de comunicación, ha tenido una participación directa. O su actuación
insólita y dantesca en el famoso asunto de los vídeos en donde apoya y
ampara la inicial competencia de un juez en la Audiencia Nacional, cuando
la cuestión de competencia usted sabe tan bien como yo que es una
cuestión de orden público, y es lo primero que hay que mirar, y la
adopción de decisiones gravísimas; nos dice su fiscal general del Estado
que la vio porque el ciudadano eligió el juez. Por no citar, señora
ministra, las declaraciones del señor Fungairiño en la amplia entrevista
concedida al diario chileno El Mercurio, vinculada a los militares
chilenos, en la que da su particular versión de unos hechos en los que
está interviniendo la Fiscalía que él dirige, afirmando, sin más, que las
actuaciones que se persiguen contra el régimen militar instaurado por el
golpe de Estado del general Pinochet no trataban de subvertir el orden
constitucional o inconstitucional implantado en Chile por el Gobierno de
Allende. Son declaraciones cuyo escándalo en la ciudadanía, señora
ministra, se ven incrementadas, si cabe, cuando escasos días más tarde el
presidente Aznar, en declaraciones al mismo periódico El Mercurio,
afirmaba que Pinochet pertenece a un modelo de transición democrática y
que España respeta celosamente los procesos políticos de transición en
América Latina.

Con estas actuaciones, señora ministra, no podemos evitar, no ya la
sospecha, sino la conclusión de que usted y su Gobierno han nombrado al
señor Fungairiño precisamente para, desde la Fiscalía, apoyar o amparar
operaciones como las que hemos señalado que, en nada, señora ministra,
absolutamente en nada, contribuyen a legitimar la Administración de
justicia entre los ciudadanos. De las actuaciones de este fiscal, señora
ministra, responde, le guste o no, usted y su Gobierno. Usted afirma que
el Gobierno ha ejercido sus competencias al nombrar al señor Fungairiño
como fiscal jefe y desoyendo al Consejo Fiscal porque la ley, según
usted, se lo permite; de acuerdo, podemos compartirlo o no. Podemos
compartir o no la interpretación legal y parecernos políticamente
oportuno o no. Lo que no puede decirnos es que usted y su Gobierno
ejercen competencias y no asumen las responsabilidades.

Señora ministra, unas veces por perseguir conductas que no son
consideradas delictivas en el seno de la sociedad, otras veces por dejar
de hacerlo ante el escándalo de los ciudadanos, en otras ocasiones por el
fracaso jurídico de estrategias acusatorias que conducen a la absolución
de los imputados, la realidad lanza una pregunta al aire de quién
responde de las actuaciones y dejaciones de un fiscal como éste, tan
polémicamente --por decir algo suave-- nombrado, cuyo notable celo es tan
selectivo que no nos deja espacio alguno a la duda de su falta de
imparcialidad.

Para finalizar con este tema, señora ministra, he releído atentamente su
comparecencia en esta Cámara el 20 de junio de 1996, hace casi año y
medio, y al explicarnos las líneas básicas de acción de su departamento,
de los planes y proyectos del Gobierno, nos decía que uno de los
reproches que en los últimos tiempos se han dirigido contra la justicia
era su politización, y una de las causas de esa politización era la idea
que ha calado en la opinión pública, y usted lo ha repetido hoy aquí, de
la instrumentalización del ministerio fiscal, que se había producido a su
vez por nombrar a fiscales generales del Estado, juristas procedente de
órbitas próximas al ejecutivo; que ustedes lo iban a arreglar nombrando a
un fiscal general del Estado profesional. Mire usted, la profesionalidad
no tiene más desconfianza que la política, eso para empezar; ése es un
discurso muy peligroso, señora ministra. Ustedes no sólo no lo han
arreglado, sino que han utilizado aquello mismo que usted dice; no es un
cargo de confianza cualquiera. Evidentemente ustedes han puesto de
manifiesto que no es un cargo de confianza cualquiera. Señora ministra,
se han lucido. Ustedes han llevado esa política de cargos especiales de
confianza no ya al fiscal general del Estado, no ya al fiscal del
Gobierno, sino al fiscal de la Audiencia Nacional, y con eso están
haciendo un flaco favor a la situación que en estos momentos padece la
Administración de justicia en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia, como siempre, ha tenido criterio en
este tipo de iniciativas. Creo que es notorio que la intervención de los
grupos busca que se produzca en términos de absoluta libertad; sin
embargo los debates tienen que tener un cierto orden. Comprendo que en
apoyo de la tesis sostenida por su grupo, señora Fernández de la Vega,
pueda hacer la exégesis de muchos acontecimientos, unos anteriores y
otros posteriores. En cualquier caso, la comparecencia se solicita para
una cuestión concreta, que era explicar el nombramiento del señor
Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de
que el Gobierno y la señora ministra puedan responder en los términos que
estimen pertinentes, para hacer una exégesis de actuaciones de ese
funcionario concreto del ministerio fiscal que, sin embargo, pueden ser
objeto de cualquier iniciativa que su grupo libremente estime oportuna.

Lo digo a efectos de ordenar el debate, y que quede enmarcado en los
términos en que fue planteado y en que debe desenvolverse, porque si no,
al final, estas comparecencias se convierten en un totum revolutum en las
que se viene a hablar de cualquier cosa menos de aquella que motivó la
comparecencia. (La señora Fernández de la Vega Sanz, pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.




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La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Me parece que es absolutamente
evidente, y mi grupo así lo considera, que si hemos solicitado la
comparecencia de la señora ministra para explicar el nombramiento del
señor Fungairiño, estamos hablando de las actuaciones y del nombramiento
del señor Fungairiño. Por tanto, las actuaciones que esté llevando a cabo
ese fiscal corroboran cuál es nuestra discrepancia sobre ese
nombramiento. Creemos, señor presidente, que la exposición que hemos
hecho está muy relacionada con el objeto de esa comparecencia, sin
perjuicio de que, por supuesto, respetaré cualquier regla que establezca
el señor presidente, y me atendré a lo que la señora ministra quiera
contestar.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega vuelvo a decir que a mí
me parece que lo que es bueno es que los debates tengan un cierto orden.

Es en el único punto en el que intervengo, porque es en el único en que
debo hacerlo. Después de su exposición, en la que, vuelvo a decir, he
respetado su libertad de argumentar y alegar en los términos que ha
estimado oportuno, para mantener la tesis de su solicitud de
comparecencia y de juicio sobre una actuación del Gobierno que pretende
controlar, sin embargo, vuelvo a repetir, no para este supuesto concreto,
sino en términos generales, como ha sucedido con otros grupos, y vuelvo a
apelar a SS. SS. que mantengan un orden razonable respecto a aquello que
motiva la comparecencia y el desarrollo de la misma.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Ante todo, y en nombre de mi grupo, quiero dar
la bienvenida cordial a la excelentísima señora ministra de Justicia y
con ella una triple felicitación. En primer lugar, porque, como se ha
recordado aquí, hace apenas un año que compareció por vez primera ante
esta Comisión y desde entonces es realmente admirable la capacidad de
trabajo, y en concreto de trabajo legislativo, que ha demostrado. Apenas
un año después, tenemos dos leyes aprobadas, que han emanado de ese
Ministerio, y no cuento la realizada conjuntamente con el Ministerio de
Interior, sobre la utilización de las cámaras. Me limito, por tanto, a
dos de ellas. Nueve proyectos en trámite en esta Cámara en este momento,
cuatro anteproyectos elaborados ya y que están sometidos a los
preceptivos informes de los órganos --Consejo de Estado y Consejo General
del Poder Judicial-- que deben intervenir en cada caso e, incluso, cuatro
anteproyectos más en elaboración. Los nueve proyectos en trámite en la
Cámara son: el de vigilancia penitenciaria; venta a plazos de bienes
inmuebles; cooperación jurídica internacional en materia penal; el de lo
Contencioso-administrativo, que ya ha sido aludido, al igual que el que
lleva como acompañamiento de reforma de la ley orgánica; el del
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles; el de las condiciones
generales de contratación; el de cooperación con el Tribunal
Internacional para Ruanda; el también aludido de la modificación del
título VIII del libro II del Código Penal, al que hay que añadir el de la
reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, aprobado ya por el
consejo de Ministros y sometido a los preceptivos informes; el de la
justicia de menores, que está pendiente del informe del Consejo General
del Poder Judicial, cuya celeridad no depende de su actividad, ¡qué más
quisiera la señora Ministra!; el de cooperación jurídica internacional en
materia civil y el igualmente mencionado de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Entre los anteproyectos en elaboración, de los que tenemos
noticias, está esa ley concursal a la que también, de pasada, se ha hecho
alguna alusión.

Junto a este primer motivo de felicitación, que consideramos que es de
justicia y que ni siquiera intervenciones tan absolutamente faltas de
equilibrio como la que acabamos de oír pueden ignorar, hay una segunda
que me hace evocar una intervención en esta misma Comisión, hace ahora
justamente tres años menos algunos días. Fue el 20 de diciembre de 1994,
cuando un alto cargo del Gobierno --gobierno socialista por aquella
fecha, como es lógico presuponer-- reconocía: En los dos últimos años los
medios de la justicia han quedado congelados. Es una cita textual, cuya
autora era la entonces secretario de Estado, doña María Teresa Fernández
de la Vega. Afortunadamente, con usted, señora ministra, los medios de la
justicia no han quedado congelados. Para 1998, suben un 9,6 por ciento,
cuando el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado experimentan
una subida del 3,2 por ciento. Además suben el 9,6 por ciento teniendo en
cuenta que el marco de inflación en el que se mueven estos presupuestos
no es, ni mucho menos, el de los años de los gobiernos socialistas, donde
esa inflación llevaba a que a la hora de la verdad hubiera que rebajar,
en términos reales, las oscilaciones presupuestarias.

En tercer lugar, quería felicitarle también porque en su intervención se
ha traslucido su ejemplaridad a la hora de asumir sus propias
responsabilidades de respetar las responsabilidades ajenas. No acabamos
de entender muy bien que a la hora de anunciar usted las disponibilidades
del Ministerio para facilitar ayuda a las víctimas de los delitos, se
aluda al recorrido que se produce por órganos como el Defensor del Pueblo
o el Consejo General del Poder Judicial. Sea cual sea ese recorrido y por
azaroso que sea, es obvio que no entra en su competencia ni está en su
mano mejorarlo en modo alguno.

Pero, incluso, añadiría un cuarto motivo de felicitación. En la medida en
que las críticas que, como es lógico en esta casa, que es la casa del
debate y de la crítica, se le han planteado, sirven de piedra de toque a
lo que es su ejecutoria. A la hora de la verdad, si se intenta sacar
algún elemento fuerte en esas críticas, casi me quedaría con el énfasis,
y más que énfasis arrobo, con el que se ha afirmado aquí que el Poder
Judicial ha pasado de poder a servicio público. Espero emocionado el día
en que el Poder Legislativo pase de poder a servicio público, porque
estoy seguro que experimentaré algunas sensaciones inenarrables, a juzgar
por el embeleso con el que esta afirmación de tan hondo calado ha sido
expresada. Aparte de esas joyas retóricas, las críticas que se han
aportado no parece que hayan afectado mucho a la línea de flotación de lo
que es su ejecutoria.




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Yendo a lo que es el objeto de la comparecencia, en primer lugar, mi
grupo también se satisface por esas grandes coincidencias que cualquier
lector imparcial observa entre el diagnóstico y las medidas propuestas,
por el Consejo General del Poder Judicial, un Consejo General del Poder
Judicial de composición plural y de modo de elección absolutamente ajeno
a lo que son los deseos de nuestro grupo parlamentario y del gobierno al
que apoyo, y lo que está siendo la trayectoria de su Ministerio. Lo mismo
ocurre respecto al Libro Blanco de la Fiscalía. De ambos extremos hemos
tenido ocasión de documentarnos en esta misma Comisión, con motivo de las
respectivas comparecencias de su presidente y del fiscal general del
Estado, aunque comprendo que quienes han confundido durante 14 años
gobierno y Estado, a veces no distingan bien.

La justicia hoy día en España, lo sabe todo el mundo, sufre unos
problemas largo tiempo incubados. La verdad es que le confieren a usted
una capacidad parecida a la de Hércules cuando intentan atribuirle en
sólo un año la capacidad de gestar estos problemas, incluidos los de
Navarra, que, por lo visto, arrastran desde 1990. Parece que usted ha
hecho una labor de zapa desde fuera para conseguir dejar los problemas
del 90 como estaban. Estos problemas, largo tiempo incubados,
progresivamente --yo diría que por fortuna-- son más visibles, porque el
grado de atención de la opinión pública respecto del Poder Judicial, no
sé si porque se ha convertido en servicio o no, eso ya no me atrevería a
afirmarlo, sí que se ha incrementado mucho y hace que esos problemas
afortunadamente, a modo de ver de mi grupo, sean más visibles, porque eso
facilitará, sin duda, el que su solución se haga con mayor celeridad. Hay
una mejor percepción de esos problemas y, como consecuencia, eso
facilitará, dado además en las manos en que está el Ministerio, que se
vayan resolviendo con mayor eficacia. Conviene no olvidar, por otra
parte, que son crecientes las transferencias ya a comunidades autónomas
de bastantes responsabilidades de este Ministerio. Yo como andaluz la
verdad es que no dejo de mostrar cierta preocupación al afirmarlo, porque
problemas que nunca se habían planteado en Andalucía, a poco de
realizarse las transferencias empiezan a ser noticia pública. Yo nunca
había oído en Andalucía que hubiera problemas con los abogados respecto a
la asistencia jurídica gratuita, y ya los hay, cuando la Junta de
Andalucía ha hecho públicas triunfalmente sus inversiones en justicia
hace unos días y ha camuflado que la mitad de ellas son todavía de las
que le ha brindado en bandeja este Ministerio como consecuencia de la
transferencia. Esto quiere decir que progresivamente van a ir existiendo
más responsables, no sé si para bien o para mal; en algunos casos me temo
que para mal. Por tanto, estos libros blancos son sin duda una buena
ocasión de calibrar su gestión actual. Por otra parte, me alegra que esa
confianza que el presidente del Gobierno ha puesto en que sirvan como
punto de encuentro para un pacto de Estado sobre la justicia, en lo que
al Ministerio se refiere, esté siendo tan bien atendida.

Se ha hablado aquí, por ejemplo, de los medios para la justicia. Se ha
dicho --quizá sin precisar demasiado-- que ha habido un esfuerzo serio en
medios personales desde el año 1982. Sin embargo, en otro momento
posterior de la intervención se ha dicho que ha habido exiguos aumentos.

Por parte del Grupo Socialista se ha llegado a decir: usted no ha hecho
nada. Aunque soy de letras voy a manejar algunos números. Ya lo hemos
hecho en el debate de presupuestos y voy a esforzarme por buscar nuevos
enfoques, para que se vea que no es que nuestro grupo estudie algún
perfil muy favorable. Voy a cambiar enfoques anteriores. vamos a movernos
por bienios. En cuanto a plazas de jueces y magistrados, hasta el año
1994 no contamos, porque ya dijo la secretaria de Estado que estaba todo
congelado. O sea, que para qué vamos a meternos en eso. Vamos a partir de
entonces. Bienio 1993-1994, 79; Bienio 1995-1996, 89 (un incremento del
11,24 por ciento); bienio 1997-1998, 194 (un incremento respecto al
bienio anterior del 54,2 por ciento). No creo que sea un exiguo aumento
ni creo que haya un continuismo en estas cifras. Por lo que se refiere a
los órganos judiciales, concretamente en los mismos bienios tendríamos 54
en 1993-1994; 41 en 1995-1996, con una pérdida del 24,1 por ciento, y 108
en los años 1997-1998, con un incremento del 62,1 por ciento. No creo que
éste sea un exiguo incremento. Ojalá se mantuviera en lo sucesivo esa
progresión; difícil va a ser conseguirlo. En cuanto a los cuerpos
auxiliares, esa afirmación suya de que los interinos van a quedar
reducidos a un 10 por ciento es una grata noticia, cuando es sabido la
plaga que eso suponía dentro del Ministerio de Justicia. Y me llama mucho
la atención, por el desconocimiento supino que supone de la documentación
que hemos manejado en presupuestos, que se haya afirmado que no hay ni
una sola dotación --se ha dicho-- para la ley de menores. Yo estoy
suficientemente informado, porque he asistido a los debates de
presupuestos, de que 149 plazas de laborales tienen precisamente como
finalidad atender la puesta en marcha de esta ley de menores, porque a
diferencias de las leyes que se hacían con los gobiernos anteriores ahora
los proyectos de ley, antes incluso de llegar a esta Cámara, ya tienen su
obligado acompañamiento presupuestario y no quedan, por tanto, a la
deriva.

A nuestro grupo igualmente le parecen muy positivas sus noticias sobre
informatización. Ese hecho de que el programa Libra esté ya en el 84 por
ciento de las oficinas judiciales y vaya a llegar en el año 1998 al cien
por cien; o los avances en los otros dos programas, el Corte y el Linde.

Lo mismo podría decir de los institutos de medicina legal, que por
cierto, con gran énfasis se nos ha recordado el mandato --yo casi me he
puesto firme-- de la Ley del Jurado sobre cómo hay que diseñar el
ministerio fiscal. Ahora bien, el mandato de la Ley Orgánica de 1985
sobre el instituto de medicina legal parece que no tenía validez, porque
en 12 años no se ha vuelto a saber nada de ese mandato, como tampoco se
ha vuelto a saber nada del mandato de los juzgados de lo Contencioso. Por
lo visto aquí hay mandatos y mandatos. A mí me alegra que en sólo un año
se vayan a poner en marcha cinco institutos de medicina legal, mandatos
aparte, al cabo de 12 años de no hacerse absolutamente nada en un asunto
que parece que tiene cierta importancia para que la justicia funcione
mejor.




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En cuanto a las reformas procesales, quiero felicitarla, en nombre de mi
grupo también, por su prudencia, prudencia además que no es una opinión
sólo de nuestro grupo, coincide con la opinión reiteradamente expresada
por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, especialmente
sensible a este problema, que siempre había mostrado su preocupación de
que hubiera una dotación excesiva de plazas para lo contencioso respecto
a las posibilidades de formación de los jueces que han de asumirlas. En
ese sentido hay que alabar, por una parte, que en los presupuestos de
1998, antes de que la ley llegue al trámite de ponencia, que llegará al
parecer el jueves de la semana próxima, ya hay 64 plazas previstas. Pero
además es de alabar que sean sólo 64, porque de lo contrario se hubiera
incumplido esa llamada a la prudencia del propio presidente del Consejo
General del Poder Judicial que recuerda que el problema de los juzgados
de lo Contencioso no es sólo un problema económico sino que es también un
problema de formación de los propios jueces, y eso exige su tiempo. Los
que son jueces y se han formado adecuadamente saben perfectamente que un
juez no es, como se dice castizamente, un huevo que se echa a freír;
quizá otras trayectorias puedan llevar a perder ese punto de vista.

En cuanto a lo que también ha afirmado de que estos juzgados de lo
Contencioso van a empezar desde cero, que no van a soportar la carga
excesiva que actualmente esa jurisdicción lleva consigo, nos parece
igualmente una medida muy acertada. Por eso se explica el que a la vez
sea perfectamente viable funcionalmente que entren en juego sólo 64,
puesto que lógicamente no van a tener que asumir esas cargas previas.

Cualquiera medianamente informado entenderá que la carga de litigios irá
creciendo progresivamente en esos tres años y eso justificará el aumento
progresivo de los juzgados. Inicialmente, según sabemos por el debate de
presupuestos, ya hay uno en cada provincia en todo caso, y algunos más en
aquellas que hay una carga litigiosa superior. Nos parecen unas medidas
bastante razonables y sensatas.

En cuanto al borrador de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ese que no
circula pero que todo el mundo conoce, como se ve luego a la hora de
criticarlo, me ha impresionado un poco la afirmación vehemente de mi buen
amigo Pablo Castellano, hermano fosor por un día, pidiendo que se
enterrara este borrador. Vamos a esperar primero a ver cómo ha quedado,
porque es que lo que va a ir a subsecretarios mañana, según hemos oído
hoy, no es el borrador que conocemos --que conozco yo, por lo menos--
sino que debe ser la reelaboración, fruto de un amplio debate ejemplar,
por otra parte. No lo hemos visto en otras leyes que hay que modificar un
año después, quizá porque no se hizo el debate antes porque había mucha
prisa para pasar a la historia haciéndose la foto con el trofeo. Pero
hubiera venido bien hacer un debate sobre el Código Penal un poquito más
calmado y a lo mejor no estaríamos cambiándolo ya por tres veces, como va
a ocurrir pronto, y no precisamente a petición aislada del grupo del
Gobierno, sino por petición claramente mayoritaria de esta Cámara. En ese
sentido, nuestro grupo espera tener conocimiento del texto reelaborado en
su día para poder opinar sobre las mejoras que sin duda este amplio
debate, de todos conocido, como aquí ha quedado documentado, habrá
aportado.

En cuanto a la Fiscalía, nuestro grupo apoya esa opción del Gobierno, del
que usted forma parte, por la profesionalización. El otro día tuvimos
aquí un detalle significativo que no pasó inadvertido, que queda en el
«Diario de Sesiones» y que quizá viene bien recordar, cuando el fiscal
general del Estado afirmó con gran naturalidad que no había recibido ni
una sola instrucción hasta el momento del Gobierno, aunque lógicamente
recordó que el Gobierno está en su pleno derecho de realizarlas cuando
estime oportuno. Recordó también que los gobiernos anteriores eran
proclives a hacerlo, e incluso recordó que la ex secretaria de Estado,
que ese día hacía de presidente de esta Comisión, había firmado varias de
las instrucciones que él había recibido. (La señora Fernández de la Vega
Sanz: Con arreglo a la ley.) Se ve que en aquella época el biministro
tenía mucho que hacer e incluso la Secretaría de Estado daba
instrucciones al fiscal general del Estado, en aquel caso, por supuesto,
no del Gobierno. Eso nos parece estupendo, porque si se ha optado por la
profesionalidad, incluso en el programa electoral, señalando que el
fiscal general del Estado va a ser un fiscal, eso, obviamente, descarga
de intervencionismos excesivos a la hora de cuidar de la política
criminal. Por cierto, no parece que en estos días los ciudadanos estén
muy descontentos de cómo va la política criminal de este país. Más bien
son los que acaban sufriendo sus consecuencias los que se muestran
descontentos e, incluso, sugieren e inventan piruetas varias para
intentar que sea menos eficaz. Yo creo que algo tiene que ver el
ministerio fiscal en todo eso, como veremos luego también al hablar de la
Audiencia Nacional.

Ya que estoy en el ministerio fiscal, las cifras en este caso son
realmente aparatosas. Volvamos a los bienios. Aquí se ha hablado de que
entre 1998 y 1999 se van a crear 70 plazas de fiscales. Muy bien, en el
bienio anterior se crearon cero plazas de fiscales; y en el anterior,
cero plazas de fiscales. No sé si es un exiguo incremento, pero para
empezar no está nada mal. Si consideramos pasar el año que viene a una
proporción similar, sería realmente preocupante.

En cuanto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la intervención del
Grupo Socialista queda debidamente escoltada por otras dos: por una
parte, la de Izquierda Unida --que, en ese aspecto, siempre sirve de
punto de referencia y sus intervenciones no pasan nada inadvertidas, por
lo menos a alguno de los miembros de esta Comisión--, y, por otra, por la
cuña publicitaria últimamente habitual en el Grupo Socialista. Lo que ha
ocurrido ahí lo sabe todo el mundo: que el Gobierno y la señora ministra
han aceptado, una vez más, la propuesta del fiscal general del Estado.

Como la aceptó a la hora de las sanciones a determinados miembros de la
Fiscalía y como la aceptó en todos los casos menos uno, que se recuerde,
en el que formalmente no es que no la aceptara, sino que, al parecer --al
menos eso se entendió en la opinión pública--, hubo cierta renuencia de
la señora ministra a aceptar una propuesta de un fiscal --precisamente
para el cargo del señor Fungairiño-- que contaba con el informe conforme
del Consejo Fiscal y,



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además, de modo abrumador. Curiosamente, nadie entonces criticó esa
ostensible renuencia de la señora ministra, que derivó al final en una
retirada de la candidatura. De eso no se quejó nadie, curiosamente. En
ese caso, el conforme al informe se evaporó y nadie volvió a hablar del
asunto.

Por último, y sin entrar, por supuesto, en excursiones de política
internacional, yo no sé cómo anda la portavoz socialista en geografía
política ni sé cuál será el papel del señor Pinochet en la transición
chilena, pero he estado en Chile suficientemente en los últimos años como
para saber que los socialistas gobiernan allí. Por tanto, si su papel no
es el adecuado en una democracia, tiempo han tenido, desde luego, de
rectificarlo. O sea, que sus compañeros socialistas no le van a quedar
muy agradecidos porque en el «Diario de Sesiones» consten esas acerbas
críticas de S. S. a sus colegas chilenos, que alguna razón tendrán para
soportar según qué situaciones.

Por último, señora ministra, igualmente nos alegramos de que la
intervención respecto al problema de Navarra sea un ejemplo de su actitud
decidida de atajar los problemas de la justicia. El propio diputado
interviniente ha llegado a decir, con sinceridad que le honra, que nos
encontrábamos ante una actuación llena de celeridad al cabo de siete
años, siete, en los que ese problema estaba en una situación muy penosa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: En nombre del Grupo Mixto y del Partido
Democrático de Nueva Izquierda le doy, por supuesto, la bienvenida y esas
cosas que siempre se le dicen a la ministra. Encantada de tenerla aquí,
como es su obligación --ya lo ha dicho usted--; y, como es la nuestra
también, le deseamos toda la felicidad del mundo. El haber intervenido
después del señor Ollero me evita el trámite de felicitaciones, piropos y
demás, porque él ya lo ha dicho todo; ya le ha expuesto a usted un mundo
ideal, ya le ha dicho lo buenísima que es, lo bien que lo hace y cuánto
legisla. Por tanto, yo paso ya de felicitarla. Más bien retomo la voz de
la oposición porque ya no quedan muchas. Habrá críticas también, pero los
que quedan por intervenir están hoy en la apuesta del Gobierno, lo cual
no quiere decir que compartan todo y creo que serán también críticos con
muchas cosas de la justicia, pero, por si acaso, esta parte, en nombre
del Grupo Mixto, quiere también hacer algunas consideraciones.

Es verdad que casi se ahorra usted la intervención de respuesta porque
nos la ha dado el señor Ollero. Ya nos ha contado todo lo que va a hacer
usted, con lo cual me he quedado ya bastante satisfecha; aunque me vaya,
creo que ya están las preguntas contestadas porque le han dado el
discurso. A mí lo que me preocupa de verdad, y lo digo sinceramente, es
que estamos hablando de un libro blanco. Todo el mundo hace libros
blancos y yo tengo la impresión de que tendrían que hacer libros negros.

El blanco parece que es una cosa pura, pero hace falta el libro negro de
cómo viven los ciudadanos la situación de la justicia, no sólo los
ciudadanos que la usan, sino los que estamos también metidos en ello: los
que legislamos, los que la viven, los que la sufren, los que la ejercen,
los que acusan, los que defienden, todos la estamos viendo muy
deteriorada. Cuando se hace el libro blanco cada uno cuenta sus penas,
pero luego las soluciones no las encontramos. Yo creo que el libro blanco
no nos descubre más que todos los bienios, me da igual que sea un bienio
negro que cinco bienios negros. Dice: éste no hizo nada, y luego lo ideal
es que nadie haga nada, y entonces nos morimos por inanición todos. Dicen
que ahora van a hacer algo. Bueno, cuando la justicia lleva retraso ya es
un fracaso. Yo no me voy a poner a defender a ningún otro Gobierno, pero
estamos viendo lo que pasa en la justicia.

Habla la señora ministra ahora de que vamos a poner un CD-Rom. Estamos en
la era de las comunicaciones pero todavía están los magistrados muchas
veces con la Ley de Enjuiciamiento Criminal agarrada con una cadena para
que no les desaparezca del despacho, así que cuando oigo que van a poner
un CD-Rom una piensa que estamos en otro mundo. Es verdad que hay veces
que no se trata sólo de medios, tiene que haber formación, tiene que
haber preparación, tiene que haber gente incluso para utilizar el CD-Rom,
tiene que haber gente para saber meterse en Internet, para hacer un buzón
electrónico, porque todavía estamos comunicándonos como en el año de la
tarara, que para llevar un procedimiento al fiscal tardamos cuatro días
cuando está en la calle Fortuny. Estas críticas son algo más que una
crítica de Gobierno o una crítica de partido; son un deseo de que eso que
siempre se ha llamado el pacto sea una forma de dar credibilidad a la
justicia.

Yo creo que lo que se ha analizado en el Libro Blanco de la justicia es
precisamente la queja, la situación de los ciudadanos; la que ellos
sufren y la que, como poder democrático, está sufriendo la justicia. Los
reflejos tanto de la Fiscalía como del Consejo General del Poder Judicial
me parecen a veces un poco egoístas, van más a su mundo que al mundo que
les rodea. Y es verdad que cubren más las deficiencias interiorizadas que
las deficiencias exteriorizadas. Para mí, sería muy cómodo quedarnos sólo
en las interiorizadas. Estamos en un proceso de deterioro de la visión
que se tiene de la justicia, y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo,
no lo digo ahora. Desde luego, en su etapa, pese a lo que opine el señor
Ollero (sea un año y medio o sean dos, cuando se quieren regatear se
ponen menos, cuando se quieren ampliar se ponen más), yo le tengo que
decir que no es verdad todo lo que dicen que se ha hecho, que no hay una
opinión distinta de la justicia, ni por lo que dice el Libro Blanco del
Consejo General del Poder Judicial ni por lo que dice la Fiscalía en su
libro blanco. Hemos tenido un nivel de deterioro de la Fiscalía tremendo.

Si lo tuvimos con el famoso don Eligio, no le quiero contar cuando vino
el señor Ortiz Urculo, que duró menos que un chocolate en la puerta de un
colegio, o cuando sugiere a Poyatos, porque eso fue una sugerencia, ya
que antes de nombrarlo se arma un follón tremendo. Al final, dicen que es
renuencia de la ministra. La renuencia fue que dijo: después del follón
que se ha armado, si encima le nombro, termino fusilada en la Plaza
Mayor. Por tanto, no fue renuencia, fue mal acierto. Después, se nombra a
otro fiscal general



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que, con todos los respetos, ya le dijimos cuando vino que no poníamos
sus condiciones personales en cuestión pero sí lo que significaba
ideológicamente y las manifestaciones que públicamente había hecho. Usted
lo dejó y está muy bien. En cuanto a Fungairiño, primero le tiene que
nombrar otra cosa para que sea apto para lo que luego le quiere nombrar,
y se arma otro cristo tremendo a la hora del nombramiento. Es decir, que
en poquito tiempo imagínese lo que ha pasado con cuatro candidatos a la
Fiscalía. Pues eso es un deterioro. No le quiero contar lo de los
fiscales rebeldes, aquella especie de toma de posición que había en la
Audiencia Nacional y, al final, el cabeza de la rebeldía aparece como
fiscal. Esas cosas perjudican la visión que se tiene de la justicia.

Cuando se dice que se cree en la independencia del ministerio fiscal no
se puede decir sólo de palabra, se tiene que demostrar, se tiene que
acreditar y se tiene que dar esa sensación a la sociedad. No digo nunca
eso de la mujer del César y no sé qué de la honradez, porque siempre que
se dicen esas cosas de las mujeres son terribles y no lo voy a utilizar,
pero es verdad que hay que dar una apariencia a la sociedad de
independencia, de respeto, y creo que eso no está reflejado.

En el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial se intenta
plantear una serie de problemas que son tan de fondo que por mucho que
haya hablado de ese bienio de buenas intenciones el señor Ollero diciendo
que viene la ley de Enjuiciamiento Criminal, la Civil, la de los menores,
que vienen todas, aquí las que han llegado han sido un desastre. Yo se lo
he dicho con todo el amor, porque trajo usted aquella de la cooperación
jurídico-penal que salió por los pelos y porque el señor de Convergència
i Unió, aunque la iba a enmendar del todo, la dejó pasar; siempre hace lo
mismo, dice: lo vamos a enmendar todo, pero lo dejamos pasar. Bueno, pues
pasó. Hace usted una reforma de la de los jueces que se dedican a la
política, metiendo un recurso de nulidad, mientras se van a la política
luego viene una nulidad por otro lado; una reforma tremenda. La lleva al
Senado, mete allí otra cosa que queda un poco fea, lo de los efectos
retroactivos de los tres años de excedencia pagada, y viene aquí, se lo
echan para atrás y cuela la ley de milagro. La capacidad legislativa no
ha sido mucha, pero la que ha venido ¡anda que no ha costado aprobarla!
Cuando se está hablando de un pacto no se trata de una pelea entre el
señor Ollero y la portavoz socialista, y con algún piropo de por medio al
compañero de Izquierda Unida. No es eso. Lo que queremos es trabajar
juntos para decir: vamos a hacer las cosas bien.

Nos ha dicho el señor Ollero que ahora va a hacer la reforma del Código
Penal porque se hizo de manera muy precipitada. Mire, me dio tiempo a mí
a estar en la legislatura del año 1989, a ser castigada en la de 1993, a
volver en la de 1996 y en todo este tiempo hemos estado discutiendo
varios proyectos de Código Penal. Pues si van a ser todas sus leyes tan
lentas como ésa, yo ya le digo que intentemos hacerlo un poco mejor
porque lo Contencioso-Administrativo explota; explotan los doscientos y
pico mil casos. He venido influenciada con eso del Contencioso porque
cuando venía para acá me ha llamado una mujer despedida por estar
embarazada --no crean que estoy contando anécdotas--, despedida
malamente, además por un señor del PP, que le tengo ahí preparado.

(Risas.) Esta señora ha tenido que ir al Tribunal Superior de Justicia a
un pleito por despido, porque es por despido por estar embarazada pero no
estar casada. Cuando venga ese juicio, cuando le salga el contencioso, el
niño estará en la mili. Bueno, ya ni en la mili, porque se habrá
profesionalizado el ejército y no estará ni en la mili. (Risas.) En
cualquier caso, hay una lentitud en cuestiones vitales y tenemos que
trabajar juntos, hacer un procedimiento de inmediatez como pasa en lo
laboral, porque la reforma de la justicia no son sólo máquinas, son
procedimientos, formación, ideas claras ante la sociedad, es control; lo
que no podemos es ir tirando cosas para atrás. Ahora, el jurado,
¿funciona mal? Pues un informe del fiscal para cargarse al jurado.

Tenemos un aspecto tan destructivo que eso está calando en la sociedad.

Por tanto, cuando leo este libro blanco y leo el del ministerio fiscal,
la verdad, no me irrita, porque como nunca he estado en el Gobierno, ni
me preocupa, pero llevo treinta años de ejercicio profesional, estoy
metida en la justicia, la vivo, la siento, incluso ahora que he tenido
que ir a Sevilla el propio magistrado de la Audiencia de Sevilla me dice:
Cristina, si estoy aquí loco porque me tengo que jubilar en enero, no me
quitan los casos, me han quitado los presos y me siguen viniendo los
asuntos. Hay una falta de sensibilidad para dar soluciones, ya sea
poniendo sustitutos o como sea. Hay que dar agilidad y a mí me parece que
eso no se está desprendiendo de su Ministerio, no se desprende ni
siquiera de este libro blanco y me gustaría que la reflexión que
hiciéramos fuera apostar de verdad por procedimientos que significaran
agilidad, protección y cumplir lo que la Constitución exige de la
justicia, no lo que los jueces quieren exigir a la justicia, sino lo que
los ciudadanos y los poderes democráticos tienen que exigir al poder
democrático de la justicia.

Nosotros presentamos una enmienda de devolución de la sección de
justicia, yo era la primera firmante, y en ella decíamos que esos
presupuestos no tenían la suficiente consistencia para poder atender lo
que contenía este Libro Blanco de la justicia y otras muchas ideas. Usted
dice que no hay medios, pero de repente nos parece con una cosa tan
exótica como darle siete millones de pesetas de subvención a la Fundación
de Justicia en el Mundo, que es la fundación de su justicia también,
mientras a otras fundaciones no les da ni una peseta cuando están también
trabajando en términos de justicia. Cuando vemos que se despilfarra por
un lado absurdamente y no se tiene, por otro, esa rentabilidad global, me
parece que no estamos en el buen camino de solucionar los problemas y
creo que eso nos perjudica a todos. No sólo creo que le vaya a perjudicar
al Partido Popular, de lo que me encargaré en lo que pueda, creo que ha
perjudicado al Partido Socialista, creo que perjudica a los ciudadanos.

No se puede utilizar la justicia por unos y por otros, no se puede
solamente estar con los jueces cuando condenan a la Mesa de HB y no
cuando condenan a otros porque les parece que entonces un magistrado
presidente está vendido al oro de no sé qué partido que le nombró, porque
eso también perjudica a la justicia. No podemos estar dando esa visión
porque yo creo en la



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justicia y creo en la independencia. Pese a todos los intentos que hay
para que no lo sea, pese a todos los desastres que se han cometido, yo
sigo creyendo en eso y me gustaría poder trabajar en este Congreso, no a
través de su Gobierno, pero sí a través del Ministerio de Justicia, para
dar salida a estos problemas, y creo que esa salida la tendríamos que dar
de otra manera, no trayendo leyes que se meten con calzador, no trayendo
leyes que no sirvan para hacer procedimientos que de verdad rentabilicen
una aplicación más seria y más eficaz de la justicia. Hay que tener en
cuenta el informe del Defensor del Pueblo, cuya protesta siempre se para
en lo que está iniciado judicialmente y tiene que rechazar muchas quejas
de indefensión de los ciudadanos porque oficialmente están en manos de la
justicia, cuando lo que les está produciendo indefensión a los ciudadanos
es la falta de celeridad, de calidad y de apoyo en la justicia. Creo que
ésta es la reflexión que deberíamos sacar de estos libros blancos, porque
no sólo se trata de conseguir medios, que los tienen que tener, sino de
saber utilizarlos. Tiene que haber fundamento en el procedimiento legal,
en la formación de los jueces y en la capacidad de disciplina de los
juzgados, de la oficina judicial, que es un tema al que estamos dándole
vueltas. Los vascos han traído proyectos y algunos los están aplicando y
les va divinamente y nosotros estamos con una falta de iniciativa en ese
sentido.

Yo no le he visto a usted ese ritmo, lo digo de verdad, aunque el señor
Ollero nos haya contado tanto. Yo no lo he visto, se lo mandarán a él,
nosotros ni siquiera tenemos acceso al libro de la Fiscalía porque creo
que han traído muy pocos y no había para todos. A mí me gustaría tener
los proyectos, todo eso que está tan criticando y que nosotros ni
siquiera podemos criticar. ¡Anda que no he oído yo críticas del proyecto
de Enjuiciamiento Civil! Pero a mí me gustaría hacer la propia y la de mi
grupo, por supuesto, y trabajaríamos mejor si tuviéramos antes más
conexión que viviendo aquí a tener que cumplir nuestro papel de denuncia
de lo que entendemos que es un auténtico deterioro social de la justicia.

Se plantea que la Fiscalía es independiente pero la estamos viendo con
grandes altos y bajos. Yo no voy a decir que reciba instrucciones,
tampoco creo que el señor Cardenal nos vaya a decir aquí: pues me llamó
el ministro y me dijo: ¡como no les metas mano! Hombre, no vamos a estar
aquí de tontos, pero la ciudadanía no tiene impresión de independencia;
es más, la da de complicidad, la ha dado desgraciadamente en la Audiencia
Nacional y en otros momentos se están dando complicidades inadmisibles
para la independencia de la justicia, y eso lo tiene que velar tanto el
Ministerio como los grupos de la oposición, y creemos que eso ha hecho un
gran daño. Yo no soy defensora de intereses individuales pero sí del
interés colectivo de la justicia y creo que ese interés colectivo
requiere que nos planteemos seriamente una reflexión sobre el libro
blanco de una manera muy distinta a la que usted ha hecho hoy, una manera
mucho más adecuada, mucho más consensuada y mucho más trabajada porque no
tiene sentido que trabaje usted por un lado para que luego venga aquí y
se lo destrocen o lo metan con calzador o con el voto de Convergència i
Unió, porque creo que ése es un mal sistema y no va a arreglar la
justicia. Si le sirve esta reflexión, aunque no sea una felicitación,
porque ya lleva usted bastante, a nosotros nos gustaría que nos tomáramos
más seriamente el tema de la justicia porque esto quiebra la credibilidad
democrática. Nos preocupa un democracia conseguida con muchos esfuerzos y
muchos años, no sé cuántos bienios le tocará, pero, en cualquier caso,
con muchos esfuerzos, y no me parece que se pueda reflejar tan malamente
una situación de indefensión como la que sienten muchos ciudadanos. Y no
lo hago desde el punto de vista catastrofista, sino desde el punto de
vista de que es más eficaz tener iniciativas, trabajar juntos, que
intentar llevar adelante la iniciativa de un grupo que, desgraciadamente,
tampoco representa la mayoría de este país --lo he repetido muchas
veces--, aunque tenga el mayor número de diputados de esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Mi cordial saludo, señora ministra de
Justicia. Agradeciéndole la información que usted nos ha facilitado al
principio de esta sesión de la Comisión, paso seguidamente, ajustándome
al motivo de su comparecencia aquí, a hacerla una serie de preguntas y
también de reflexiones, junto a otras cuestiones que ya implican juicios
de valor, en el mejor sentido constructivo que este portavoz siempre
trata de dar en nombre de su grupo, Coalición Canaria.

Con respecto al Libro Blanco del ministerio fiscal, señora ministra, en
la comparecencia del señor Cardenal hice el diagnóstico de que le traían
dos grandes preocupaciones, incluso para defender un libro que venía de
épocas anteriores a su mandato como fiscal general del Estado, anteriores
también al propio señor Ortiz Urculo. No le voy a hacer a usted ninguna
pregunta sobre la elección del fiscal general del Estado, pero sí, porque
he venido notando una gran preocupación entre los miembros de la carrera
fiscal, que es la que de verdad está clamando, sobre la reforma del
reglamento. En la memoria del ministerio fiscal se viene a denunciar una
vez más de una manera, digamos, formal la necesidad de la reforma del
reglamento. No sé qué pautas tienen en este momento, usted como ministra
de Justicia y su departamento, para impulsar este reglamento. Al final,
entiendo que tendrá que venir por conducto del propio Ministerio como
proyecto de ley, porque el propio Consejo Fiscal, como usted bien conoce,
señora ministra, ha aconsejado que debería regularse por ley este nuevo
reglamento para evitar que el mismo pudiera modificar el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal. Es una cuestión que con respecto al
reglamento considero muy perentoria, porque, desde luego, no se puede
seguir con el reglamento de 1969 que es ya una pieza obsoleta,
preconstitucional y que encima tiene un desarrollo de leyes muy
anteriores, casi del primer cuarto de siglo, y después de la Ley de 1966.

No es lógico que no se reforme un instrumento fundamental en un sistema
de Derecho democrático constitucional como es el que tiene que velar por
el principio de legalidad.




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Al hilo del informe del señor fiscal general del Estado, don Jesús
Cardenal, voy a hacerle un ruego, señora ministra. Los departamentos
ministeriales que no son el de Justicia emiten, a través de este Congreso
de los Diputados, la tramitación y por supuesto la aprobación de leyes
que no siendo promovidas por el Ministerio de Justicia generan efectos
que sí tiene que conocer, tutelar, dirigir o corregir el Ministerio de
Justicia. Me refiero concretamente a una ley que en su día aprobó este
departamento, promovida por el Ministerio de Economía y Hacienda, que es
la Ley de Ordenación del Seguro Privado. Por otro lado, el Ministerio de
Interior, cuando promueve y después aprueban estas Cortes la Ley de
tráfico y seguridad vial, va a generar a los tribunales de justicia
ocupación, tanto por vía civil como por vía penal o de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Por ejemplo, en este momento hay un caso
flagrante de incumplimiento de ambas leyes que están padeciendo tanto el
ministerio fiscal como los tribunales de justicia, me refiero a la
conducción de vehículos sin seguro obligatorio. El ministerio fiscal lo
ha denunciado en su memoria, pero por un doble motivo: porque no hay
unidad de doctrina y de criterio en el ministerio fiscal ni en los
tribunales de justicia sobre si se debe sancionar por no ir con el
certificado del seguro o por no tener seguro ese vehículo. Por tanto, le
ruego, señora ministra, que en el Consejo de Ministros sea el árbitro
para que se pongan de acuerdo los ministerios de Economía y Hacienda y de
Interior para ver cómo se sustancia este problema, porque según cifras de
Tráfico hay aproximadamente un 20 por ciento de vehículos que circulan
por las carreteras españolas sin el seguro. Al final, esto termina en el
área del Ministerio de Justicia por los incumplimientos respectivos.

Bastaría un programa sencillísimo de ordenador que cruce los listados de
las matriculaciones que obligatoriamente tiene que tener todo vehículo y
todo vendedor en el Ministerio de Interior, que es quien da el
correspondiente certificado del vehículo, con los listados que a través
de la Dirección General de Seguros tiene el Ministerio de Economía y
Hacienda, para que las autoridades de los ministerios de Economía y de
Interior tomaran medidas que no hagan que esté llegando una oleada de
estos problemas a los tribunales de justicia.

Con esto termino, señora ministra, la esfera del ministerio fiscal y paso
al tema de la Administración de justicia. Comienzo por las cuestiones que
ya en la memoria del Consejo General del Poder Judicial se citaban sobre
la planta. El señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, en
su comparecencia ante esta Comisión hace unas semanas, vino a denunciar
la necesidad de aumentar la plantilla de jueces y de magistrados; él
habló de que en este momento, sobre la plantilla actual, tenía unas 300
vacantes --estoy hablando en números redondos--, y que preveía un aumento
de otras 300 para atender toda la demanda que sobre todo en la
jurisdicción Contencioso-Administrativa se le estaba planteando. Esto lo
ligo con el planteamiento que se hace en el Libro Blanco de la justicia
cuando se habla de las oficinas de justicia y del plan de urgencia. Yo no
sé si el plan de urgencia que plantea el Consejo General del Poder
Judicial a la Administración de justicia, cuya titularidad usted ostenta,
sobre todo en los efectos remunerativos y económicos, le puede implicar
una repercusión muy fuerte. Me refiero a la adscripción permanente de
magistrados suplentes y sustitutos. El presidente del Consejo General del
Poder Judicial nos dice: Ante estas deficiencias de jueces y de
magistrados que tengo, si no tengo plantilla, recurro a figuras que ya
tengo en el ordenamiento actual. Una de ellas es la adscripción
permanente de magistrados suplentes y jueces sustitutos. Aquí se plantea
el régimen de la sustitución estricta en las dos variantes que se señalan
en la propia memoria del Consejo General del Poder Judicial; es decir, si
se concede con relevo de funciones o se concede sin relevo de funciones.

Si se hace sin relevo de funciones, parece que está implicando la jornada
de tarde --le pregunto, señora ministra--; si se plantea la jornada de
tarde, estaríamos hablando de la figura económico-administrativa que se
llama entre el funcionariado la prolongación de jornada. Pero eso es como
lo que ocurre con los médicos de la Seguridad Social, o se les paga por
la jornada de tarde o no la hacen. Le concreto aquí la pregunta, señora
ministra, ¿hay posibilidades de seguir abundando en esta vía, sin
perjuicio de las ampliaciones de planta y de plantilla, para que terminen
todos esos atascos que sobre todo en la jurisdicción
Contencioso-Administrativa en determinadas audiencias y juzgados se están
produciendo?
Con respecto a la planta, señora ministra, tengo que comenzar dándole las
gracias y felicitándole porque el último Consejo de Ministros, celebrado
en Santa Cruz de Tenerife, ha acordado la modificación de la Ley de
demarcación y de planta judicial de 1988, y aparte de crear un nuevo
partido judicial en Alicante se va a crear el partido judicial número 12
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Quiero darle testimonio,
señora ministra, de nuestro agradecimiento y reconocimiento por la
sensibilidad que se ha demostrado en la creación de este juzgado en la
zona de mayor desarrollo turístico de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, una de las más dinámicas en este momento dentro del Estado
español, que prácticamente había colapsado el partido judicial de
Granadilla, como usted bien conoce, y que ha obligado a agrupar en un
nuevo partido judicial los municipios de Arona, Adeje, Guía, Isona y
Santiago del Teide. A este respecto, después de dicho esto, señora
ministra, y de agradecerle su sensibilidad por la promoción y la
iniciativa que ha tomado en este asunto --y esperemos que llegue pronto
aquí la ley respectiva de la modificación de planta y de plantilla--,
quiero preguntarle si tienen previsto que este aumento de un nuevo
partido judicial en Tenerife repercuta en la necesidad de dotar y de
ampliar la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias. Le digo esto porque usted se ha referido a que es preferible
crear la plaza del cuarto magistrado en vez de crear nuevas secciones,
mucho más costosas y de mayor complicación en todos los órdenes. Sabe
usted que en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife existe una
demanda para crear una nueva sección de lo Penal o bien para ir a la
creación de un cuarto puesto de magistrado, pero esa idea existía antes
del feliz acuerdo del Consejo de Ministros del viernes pasado, en
Tenerife, en el



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que ustedes tomaron la decisión de crear este nuevo partido judicial. Mi
pregunta es si se ha previsto la repercusión que va a tener en la
Audiencia Provincial la existencia de un nuevo partido judicial, que va a
dinamizar más los expedientes, sumarios y juicios que ahí se tengan que
ver. Le digo esto por una afirmación y un temor que expuso ante esta
Comisión hace unas semanas el señor presidente del Consejo General del
Poder Judicial con respecto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en la exégesis del Libro Blanco de la justicia. El libro viene a proponer
la necesaria consideración de la imprescindible desaparición del recurso
de casación en interés de la ley. Voy a leer el párrafo porque no tiene
desperdicio, estoy plenamente de acuerdo con él y no se puede decir más
en menos: un remedio procesal, esta desaparición del recurso de casación,
de difícil encaje en el ejercicio de la potestad jurisdiccional por su
finalidad preventiva o incluso admonitoria, al margen del conflicto
judicial planteado, salvando su mantenimiento con carácter excepcional
para los recursos en materia de personal, por los efectos perversos que
para la Sala Tercera del Tribunal Supremo podría tener el acceso a la
casación ordinaria de la citada materia. Aquí nos alarmó y nos trasladó
su justificadísima alarma el señor presidente del Consejo General del
Poder Judicial, en su vertiente de presidente del Tribunal Supremo, al
decir que lo que está ocurriendo en determinadas audiencias provinciales
y en tribunales superiores de Justicia, esa oleada invasora de casos,
puede llegar a colapsar la Sala Tercera del Tribunal Supremo si no se
adoptan medidas, no en el sentido de ampliar el número de magistrados por
arriba, sino de ordenar el procedimiento en la legislación ordinaria
procedimental. De lo contrario, tarde o temprano, esos vasos comunicantes
van a trasladar el excedente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Para terminar, señora ministra, quiero plantear dos cuestiones. La
primera se refiere a los convenios que trata de promocionar el Consejo
General del Poder Judicial respecto a la oficina judicial, pero que en la
Administración pura de justicia sabe usted que afectan a su departamento
y a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de
justicia, excluyendo, por supuesto, lo que es competencia del Consejo
General del Poder Judicial. Estoy preocupado porque, como usted sabe,
este año se han transferido las competencias de su departamento a la
Comunidad Autónoma de Canarias por una decisión suya muy oportuna desde
el punto de vista competencial, sin perjuicio de las reclamaciones que el
Gobierno autónomo canario le pueda realizar en cuanto a dotación de
medios económicos o materiales, y como se habla de convenios a los que
tendrían que ir, por una parte, el Consejo General y, por otra, el
Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma, a los efectos de esos
convenios-piloto de que ha hablado en su memoria el Consejo General del
Poder Judicial, ¿puede usted decirnos algo respecto a la dinámica que
quiere usted impulsar con esos convenios, con las aportaciones
económicas, materiales o procedimentales del Ministerio de Justicia?
Quiero recordarle que en el Libro Blanco de la justicia, señora ministra,
al final se ha hecho un índice o recopilación de los inconvenientes que
se están planteando en la presente situación, tanto en lo que se refiere
a la imprecisión del reparto competencial como a las disfunciones de la
gestión y a la afectación de la independencia judicial, esto señalado con
mucha prudencia en el propio libro blanco, porque se está refiriendo a
esta independencia judicial, no a la intromisión en los actos judiciales,
sino a las cuestiones de personal no judicial, que es donde existen
solapamientos entre las competencias del Ministerio de Justicia y del
Consejo General del Poder Judicial, que generan recursos ante los órganos
y a veces hay confusionismo sobre si lo tiene que resolver un órgano u
otro y parece ser que hay quejas por parte del Consejo General del Poder
Judicial. Las propuestas que hace el libro blanco sobre las dilaciones e
ineficacias creo que muchas están ya en vía de corrección con los
proyectos de ley que nos está remitiendo aquí el Ministerio de Justicia y
nosotros, dentro del mejor sentido de cooperación y análisis crítico,
prestaremos nuestra ayuda.

La última pregunta que le hago a la señora ministra, y termino señor
presidente, es la siguiente. Como usted recuerda, en el trámite último en
esta Cámara del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
Orgánica del Consejo General del Poder Judicial decayó una figura,
introducida por una enmienda en el Senado --no se conoció en el trámite
previo en esta Cámara--, con respecto al centro de estudios jurídicos de
la Administración de justicia. Yo le instaría, señora ministra, a que
esto se resolviera, porque el artículo 434 de la Ley Orgánica 6/1985, del
Consejo General del Poder Judicial, está obsoleto y no tiene sentido
mantener en dicha Ley el centro de estudios judiciales por lo que ya ha
ocurrido con el traslado, incluso, al seno del territorio de la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Hay que hacer algo al respecto y Coalición Canaria
se brinda a apoyarlo, porque consideramos necesaria la figura del centro
de estudios jurídicos de la Administración de justicia, que ha quedado
muerto o desaparecido, por las razones que todos conocemos, al no
obtenerse el carácter de votación de ley orgánica con el texto que venía
del Senado. Había un consenso muy generalizado de los grupos
parlamentarios de apoyar esta iniciativa del centro de estudios jurídicos
de la Administración de justicia y en esta línea yo le brindo nuestro
apoyo por si el departamento entiende que tiene que tomar la decisión de
un proyecto de ley específico para la creación de este centro de estudios
jurídicos de la Administración de justicia que como portavoz de Coalición
Canaria juzgo muy conveniente y necesario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Bienvenida a esta Comisión, señora ministra,
en nombre del Grupo Vasco al que con permiso de la señora Almeida
represento yo en exclusiva.

Viene usted a comparecer por seis cuestiones distintas, algunas de ellas
acumuladas desde el mes de septiembre y, por tanto, resulta forzoso para
quienes vamos a intervenir



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la selección de los asuntos o el tratamiento casi telegráfico de los
temas. Puesto que los dos libros blancos, el del ministerio fiscal y el
de la justicia, nos fueron expuestos por el presidente del Consejo
General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado
respectivamente, me ceñiré en mi intervención a preguntarle en qué medida
sus contenidos o algunos de sus contenidos son asumidos por el Gobierno y
se van a traducir en iniciativas legislativas o de otro orden.

El criterio de mi grupo respecto al Libro Blanco del ministerio fiscal lo
he expuesto hasta la saciedad en relación con la idea de acercamiento de
la institución del ministerio fiscal a la institución parlamentaria. Ha
aludido usted a la moción aprobada en la Cámara con fecha 26 de mayo,
fruto de una interpelación del Grupo de Izquierda Unida, pero no nos ha
manifestado en qué se van a plasmar sus contenidos o qué idea tiene el
Ministerio para llevarlos a la práctica. El primero de los puntos
acordados insiste en esta idea de acercamiento a la institución
parlamentaria, aunque se traduce simplemente en el examen previo del
candidato para que puedan conocerse sus méritos o su trayectoria. Es el
segundo de los puntos acordados el que me parecía más oportuno traer
ahora a colación, puesto que dice que el estatuto fijará para el mandato
del fiscal general del Estado un período de años determinado, dentro del
cual sólo podrá ser cesado por objetivas causas regladas. Esto permitiría
--es un punto interesante que fue aprobado, repito, por la unanimidad de
todos los grupos-- entender que existe una cierta separación de la
actividad del Gobierno en relación con el fiscal general, que no estaría
tan sometido a las veleidades de lo que desde el Ejecutivo se le pueda
indicar, en el caso de que se le indique, ya que no puede ser removido de
su cargo más que por razones que estarían tasadas, y además permitiría
solucionar un problema actual, y es que no existiría la incertidumbre
respecto de cuándo el fiscal general del Estado va a dejar de serlo, y
podría cubrirse, sin los problemas que actualmente se han suscitado, la
jefatura del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que está
vacante y es la inquietud que a mi grupo le incumbe en este momento.

Al igual que en el aspecto anterior, también le indico que el Grupo Vasco
tiene en su programa electoral, y lo ha manifestado en numerosas
ocasiones, la querencia por un modelo de fiscal instructor, que aparece
también desbrozado así en el Libro Blanco del ministerio fiscal. El
fiscal general del Estado no resultó ser muy partidario de esta figura.

Me gustaría conocer desde el Ministerio qué se opina a este respecto,
puesto que en la actualidad estamos sumidos en una incertidumbre, ya que
el anteproyecto que se maneja como ley penal del menor plantea una figura
de fiscal muy instructor y, sin embargo, en el procedimiento abreviado,
es muy poco instructor, sólo la tímida figura que aparece en el artículo
785 bis y en el 5 del Estatuto del ministerio fiscal, pero es un poco más
instructor el fiscal en la Ley de Jurado. De las tres opciones posibles
nos gustaría conocer cuál es la preferida por el Ministerio y cuál es la
que piensa plasmarse en otros proyectos legislativos.

En cuanto al Libro Blanco de la justicia, debo confesarle que no sé por
dónde empezar y me centraré en los procedimientos legislativos vinculados
a las leyes procesales. Conozco que está en este momento en tramitación
en la Cámara el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa, que tuvo
incluso muy serios avisos por parte del Defensor del Pueblo, en la medida
en que su no modificación impedía o podía dificultar el ejercicio del
derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los ciudadanos. Me
dirá usted que estando ya en la Cámara el texto es tarea nuestra acortar
su tramitación, pero quisiera urgirle a que desde el Ministerio se haga
lo posible para acelerarlo, pues todos conocemos la labor que en la
tramitación de un proyecto de ley tiene el Ministerio autor de la
iniciativa y también el grupo que apoya al Gobierno, a la hora de
conseguir que vayan más o menos rápidas las distintas iniciativas.

En cuanto al proceso civil, ya se ha indicado que funciona por ahí un
anteproyecto, pero me gustaría centrarme más en el proceso penal, ya que
se contempla, o me ha parecido entenderlo así de su exposición, para
tiempos más lejanos. Los cuatro procesos que hoy existen, el de faltas,
el abreviado, el sumario o el de la Ley Jurado, nos parece que están
requiriendo unificación en cuanto al tratamiento y tienen connotaciones
colaterales de extraordinaria importancia. En este mismo momento está
constituida en el seno de esta Comisión la subcomisión para el estudio
del modelo policial. Hemos llegado al punto referido, al modelo de
policía judicial, y cuantos comparecen, sean magistrados, fiscales o
policías, no dicen que es una decisión indisolublemente unida al modelo
de proceso penal que se elija. Creo que si queremos llegar a establecer
unas conclusiones respecto del modelo policial, será necesario que en
paralelo vayamos pensando de qué modelo de proceso penal nos vamos a
dotar. La única iniciativa que en este momento está en la Cámara y que
tiene algo que ver con la modificación del proceso penal no procede del
propio Gobierno, sino que es iniciativa del Grupo Vasco y es la relativa
a la tutela cautelar penal.

Brevemente me referiré a otro de los puntos objeto de petición de
comparecencia, el servicio público de la justicia o el acercamiento de la
justicia a los ciudadanos. Siempre que se alude a esta materia y que se
habla en términos de eficacia y eficiencia, le confesaré, señora
ministra, que tengo la sensación de que todos hacemos literatura. Incluso
lo que se plasma en el libro blanco es relativamente ambiguo. A pesar de
ello, me gustaría saber si el Ministerio comparte lo que el libro blanco
plasma, si se apuesta por servicios comunes, qué se piensa de la figura
del secretario judicial, en la doble vertiente de director del proceso
que tiene atribuida y, a la vez, como posible gestor o con cometidos
encargados dentro de esta oficina judicial.

Al llegar a este tema, es inevitable, perteneciendo como pertenezco a un
partido nacionalista, enlazar con las competencias propias de las
comunidades autónomas. Me gustaría conocer si se cree y se apoya lo que
como conclusiones finales aparece en el libro blanco en relación con la
atribución competencial a las comunidades autónomas y el futuro de los
cuerpos nacionales, ya que el libro blando llega a insinuar su posible
desaparición en los casos en los que la Administración de la comunidad
autónoma haya asumido competencias en materia de personal. Se conoce



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en el Ministerio cuáles son los propósitos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en esta materia y cómo se contemplan dos escenarios posibles
para llegar a establecer un modelo de policía judicial. El más inmediato
que se considera, y así se establece en la valoración que la señora
ministra tendrá de su disposición, es que hay situaciones de partida que
no se juzgan idóneas y que encuentran limitaciones derivadas del marco
legal y procesal y de un statu quo determinado, y se plantea otro
escenario más ambicioso que englobaría cambios significativos y que
tendría como agente activo una auténtica función pública judicial. Ello
supone que consideremos las posibilidades que nos dan las transferencias
en materia de medios personales y materiales como de auténtica
competencia, no ya de gestión o de ser una oficina de gerencia del
Consejo General del Poder Judicial o del Ministerio, sino de inclusión de
potestades que nos dan la facultad de tener auténtico poder político,
auténtico poder de decidir el modelo de personal de la Administración de
justicia, por supuesto dentro de los parámetros que las leyes procesales
y constitucionales establecen.

Dicho lo anterior y saltando de tema, dentro de los seis que nos traen
hoy a esta comparecencia, me referiré al nombramiento del fiscal señor
Fungairiño. Mi grupo ha manifestado desde el primer momento su
conformidad con este nombramiento; creo que ha sido el único, además del
grupo que apoya al Gobierno, por supuesto. Lo vimos adecuado y
encontramos que era acorde con la legalidad, pese a las insistentes
opiniones que se vertían en relación con el carácter vinculante del
informe del Consejo Fiscal. Examinada la legalidad vigente, ni la
tramitación del Estatuto del ministerio fiscal, visto su proceso
parlamentario --por cierto, fue aprobado por unanimidad--, ni la más
autorizada doctrina plasmada nos permiten creer que en ningún momento se
haya considerado que el acceso a fiscal de Sala requiera, con el carácter
de vinculante, el informe del Consejo Fiscal. Sin embargo, sí tuvo ese
informe del Consejo Fiscal otro nombramiento, al que he aludido antes,
nombramiento que quedó, por cierto, abortado, el del señor Poyatos. En
aquel caso, por mucho informe del Consejo Fiscal que hubiera habido de
haberse producido, mi grupo hubiese expresado sus reparos, políticos en
este caso, por haber nombrado a una persona que había adquirido
compromisos con tribunales que, desde la perspectiva de mi grupo, lo
fueron de excepción en el régimen previgente.

Para finalizar, sólo me queda aludir a la cuestión relativa a la caótica
situación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de
Navarra. Mi grupo conoce esa situación, comparte el criterio expresado
por el diputado que ha solicitado su comparecencia en esa materia y, como
él, felicita al Ministerio por la rapidez con la que se ha intentado
atajar o paliar en alguna medida la situación por la que la Comunidad
Foral de Navarra atraviesa en ese orden jurisdiccional.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor presidente, y muchas gracias a la
señora ministra por su comparecencia y sus explicaciones, de bastantes de
las cuales nos congratulamos. Quizá, como se ha dicho anteriormente, la
intervención del señor Ollero nos permita reducir el trámite de
felicitaciones y, por el contrario, entrar en algunas reflexiones sobre
algunos motivos que nos preocupan.

El señor Ollero hacía referencia antes, creo recordar, a Hércules y lo
que nos preocuparía sinceramente, señora ministra, es que entendiese la
labor de iniciativa legislativa de su Ministerio con esa filosofía de los
trabajos de Hércules, porque Hércules, al final, también acabó mal.

Quiero decir que después del león de Nemea, los bueyes de Gerión y los
establos de Augía y demás, desde esa perspectiva, nos gustaría mucho más
que la tarea de su Ministerio, cuya capacidad de trabajo nadie discute,
se viera ajustada a esas otras figuras, también mitológicas, de Artemisa
o de Palas Atenea. Y por pasar de la mitología, en una especie de
antítesis, a lo castizo, nos gustaría que esa labor de iniciativa
legislativa se ajustase a ese refrán tan castizo de: vísteme despacio,
que tengo prisa, porque, desde luego, el Ministerio de Justicia está
elaborando proyectos a una velocidad importante, pero tengo que decirle
que, en algunos momentos, para mi grupo parlamentario supone un sinvivir.

Por lo tanto, rogaríamos que trabajásemos más esos proyectos antes de que
fueran remitidos a esta Cámara, porque estoy seguro que el tiempo que les
dediquemos antes va a contribuir a que después se les tenga que dedicar
muchísimo menos ya que ese impulso legislativo que su Ministerio asume de
una forma muy apreciable no sólo constituya esa iniciativa, sino que
pueda verse posteriormente traducida en leyes en el «Boletín Oficial del
Estado». Quizá si el señor Ollero no hubiera hablado de Hércules, yo no
hubiese hablado de Artemisa. En cualquier caso, nos gustaría que se fuese
de aquí con la idea de que apreciamos mucho ese impulso, pero entendemos
que tiene que ser un poco más sereno para que cuando los proyectos
lleguen al Congreso de los Diputados quizá los consensos estén un poco
más ajustados. Lo digo, señora ministra, reconociendo también que mi
grupo tiene una responsabilidad en ese tema. No se trata pura y
simplemente de decirles que son ustedes los que no lo hacen todo lo bien
que debieran; en cualquier caso, creo que es algo que tenemos que
tomarnos muy en serio.

Pasando de la mitología, como decía antes, a la historia sagrada
(Risas.), lo que también nos gustaría --me perdonarán mis compañeros, es
que hace tres horas que intervino la señora ministra y necesito hablar de
esta manera-- es que no nos tomásemos estos libros --el Libro Blanco del
ministerio fiscal y el Libro Blanco de la justicia-- como si fuesen dos
Tablas de la Ley que bajamos del Sinaí --de la Fiscalía General del
Estado y del Consejo General del Poder Judicial-- y mientras quien sea
baja con uno de estos libros en cada mano, aquí, los grupos
parlamentarios estamos danzando alrededor del becerro de oro, llega
Charlton Heston, se enfada y nos los tira a la cabeza. Como ha dicho la
señora ministra, son importantes instrumentos de análisis, pero desde
luego entre los libros blancos y la iniciativa legislativa o la práctica
del Gobierno hay algo



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importante, que es el Poder Legislativo, que representamos, obviamente,
aquí los grupos parlamentarios. Por lo tanto, yo creo que hay que valorar
lo que supone ese instrumento de análisis al que ha hecho referencia la
señora ministra, pero desde luego no pensemos, ya digo, que son las dos
Tablas de la Ley que descienden por el Sinaí. Lo digo porque mi propio
grupo, y yo creo que se ha visto perfectamente, en alguna votación en
este Congreso de los Diputados, ha votado en contra de alguna iniciativa
legislativa que pretendía llevar algún aspecto del libro blanco al
«Boletín Oficial del Estado». Por lo tanto, hay que apreciarlo en lo que
vale, como decía anteriormente, pero, insisto, es bueno que su
traslación, negociación o contraste se haga después obviamente con los
grupos parlamentarios y con el Poder Legislativo. Desde luego la
autonomía normativa del Consejo General del Poder Judicial no es la que
da lugar al libro blanco. La autonomía reglamentaria del Consejo General
del Poder Judicial es otra cosa, y lo digo valorando mucho ambos libros
blancos.

Aunque no podemos --y antes lo comentaba Margarita Uría, del Grupo
Vasco-- hablar de todo, sí tengo que manifestar la preocupación que tiene
mi grupo por algún aspecto, como es la situación de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa a la que aquí se ha hecho referencia. La
señora ministra --creo que ha sido valiente cuando lo ha dicho-- ha
señalado la culpabilidad no ya de su Ministerio sino de la Administración
en su conjunto, que obliga a los ciudadanos a acudir en exceso a dicha
jurisdicción, donde luego una serie de cadenas absolutamente forzadas de
recursos de casación exigen a los ciudadanos estar allí metidos en un
proceso durante años y años. Quiero decirle a la señora ministra que como
ella no ignora, muy recientemente, las Cámaras han dotado a su Ministerio
de un instrumento fundamental para evitar que esto ocurra y es obviamente
el artículo 7 de la Ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones
públicas, que atribuye a un centro directivo, integrado en el Ministerio,
y, por lo tanto, sometido a su jerarquía, la disposición de la acción
procesal en aquellos asuntos en que estén legitimados en cualquiera de
sus posiciones, activa o pasiva, el Estado o la Administración pública.

Por lo tanto, entiendo que lo que hoy se dice quizá no pueda decirse
dentro de uno o dos años, porque a partir de este momento ya no será pura
y simplemente cada uno de los ministerios, sino que será muy
concretamente el Ministerio de Justicia el que tenga algo que decir sobre
si se interponen recursos automáticamente, se autorizan o no autorizan
desestimientos en supuestos en que la jurisprudencia está perfectamente
consolidada en contra de los criterios de la Administración o se autoriza
ejercitar acciones en supuestos en los cuales también se conoce esa
jurisprudencia consolidada. Ese es un mérito, hay que reconocerlo, de su
Ministerio, pero a partir de ahora va a ser su gran responsabilidad
también.

Situándonos concretamente en lo Contencioso-Administrativo y desde una
perspectiva que a mi grupo le interesa sobremanera, queremos manifestar
nuestra preocupación por algunas de las líneas políticas del proyecto de
ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Quizá
debiera esperar al jueves a la reunión de la ponencia y ruego a los
compañeros de los otros grupos parlamentarios que no me lo tomen a mal,
pero aprovecho su presencia y la conexión que tiene con el libro blanco.

Digo que nos preocupa porque hay dos o tres aspectos de los que podríamos
denominar líneas políticas del proyecto que no podemos compartir, porque
para nosotros no se trata de hacer un proyecto teórico magnífico, no se
trata sólo de que el papel lo aguanta todo --aguantaría perfectamente
este proyecto-- sino de su contribución, tal y como ha llegado a las
Cortes Generales, a esa agilidad y eficacia de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si pretendemos dotarla de agilidad y
eficacia, de lo que se trata es de que los procesos funcionen, que lo
hagan con rapidez, y sinceramente a mi grupo le parece que añadir en
estos momentos a la casación la apelación, y la apelación a partir de
500.000 pesetas, que era la cifra que figuraba desde 1973, creo recordar,
va a suponer tener tres instancias procesales, que puede que den mucho
dinero a ganar a los abogados --yo no digo que no y hasta me puedo
congratular en ese aspecto--, pero desde luego creo que va a contribuir
poco a que esa jurisdicción Contencioso-Administrativa se mueva con una
auténtica agilidad y eficacia en interés de los administrados. Hay un
planteamiento de una primera instancia, una apelación prácticamente
general, se mantiene, como digo, esa cifra de 500.000 pesetas, pero es
que, además, se admite la apelación en materia de personal y después una
casación que también --todo hay que decirlo-- se admite en materia de
personal cuando supere la cifra de 25 millones de pesetas, casación,
tengo que decir, que entonces deviene prácticamente imposible, porque
habrá que encontrar un funcionario que tenga ese interés o una pretensión
respecto a la Administración pública de ese interés en cinco años no
prescritos, con lo que, prácticamente, deviene una casación imposible,
pero, en cualquier caso, entiende mi grupo que mantener tres instancias,
por muchos juzgados de lo Contencioso-Administrativo que se creen, no va
a resolver la situación de bloqueo y de atasco de dicha jurisdicción. Por
ello entendemos que sí hay procedimientos penales en los que no se admite
la doble instancia --y hemos tenido ejemplos muy recientes--, en materia
de contencioso-administrativa, donde no se impone esa doble instancia por
los convenios y los acuerdos internacionales y por el pacto de derechos
civiles y políticos, de lo que se trata es de mantener una apelación
juiciosa y para ello quizá habría que trasladar a pesetas de 1997 las
500.000 de 1973, establecer una casación más reducida y desde luego, como
ha comentado mi compañero Luis Mardones, de Coalición Canaria, introducir
el recurso de casación en interés de la ley, porque, si no, entendemos
que ese sistema no va a funcionar. ¿Que eso, desde la perspectiva
teórica, supone reducir derechos de los administrados, que no van a tener
tres instancias? Desde el punto de vista teórico, puede que tenga esa
lectura; desde el punto de vista práctico, con este proyecto, no podría
cumplirse el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al proceso
y, por tanto, el derecho a obtener una sentencia en un término razonable.

Creo que al menos a esta Cámara le corresponde ser política y valorar ese
aspecto.




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De la misma manera, señora ministra, del proyecto nos preocupa un hecho
para nosotros capital, y es que no entendemos, y se lo digo muy
sinceramente, señora ministra, en la perspectiva de 1977 hasta ahora,
período en el que se produce esta constitución del Estado de las
autonomías y una amplia descentralización administrativa e incluso
política, cómo puede enviarse un proyecto a las Cortes Generales en el
que los tribunales superiores de Justicia tienen menos competencias que
tenían las audiencias territoriales en 1973 o en 1978. No tengo la menor
duda de la capacidad jurídica del equipo técnico que ha elaborado el
proyecto, pero tiene que indicarles que, incluso en una ley de estas
características, hay aspectos políticos que son difícilmente asumibles
para mi grupo, porque una cosa es lo que todos criticábamos, que el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se había convertido en una
subaudiencia nacional, y otra cosa es que se produzca esta relación
inversa de descentralización político-administrativa y que en un poder
que continúa siendo único en todo el Estado, como es el Poder Judicial,
se produzca un camino en sentido absolutamente inverso y que el
funcionario de Correos que podía liquidar en el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña hasta anteayer ahora tenga que venir a un juzgado
central de lo Contencioso-Administrativo a Madrid. Creo, señoría, que eso
no nos interesa ni a nosotros ni a ustedes o al grupo parlamentario que
les sirve de apoyo. Nos preocupa porque no se trata del único
planteamiento reduccionista de los tribunales superiores de Justicia,
sino que aparece también combinado --y eso no es responsabilidad suya,
pero sí lo es del Consejo General del Poder Judicial y en la medida en
que se trate de una iniciativa legislativa será de su responsabilidad--
con ese planteamiento de convertir a la Sala de lo Civil o de lo Penal de
los tribunales superiores de Justicia o, permítame en este caso el
interés más directo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con
un derecho civil propio, en una Sala de apelación de las sentencias de
los juzgados de vigilancia penitenciaria, lo que no nos resulta, en modo
alguno, convincente. Nos da la impresión de que con ese efecto combinado
del planteamiento del Consejo y de la Ley de lo
Contencioso-Administrativo nos encontramos con un Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña que pierde competencias en lo
Contencioso-Administrativo y cuya Sala de lo Civil y Penal
--que, por los datos que tengo, debe ser la más activa de toda
España-- se ve --y perdóneme la expresión-- minusvalorada llevando
apelaciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Aquí nadie
pretende la supresión de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo
porque tenga menos sentencias que otras salas, ni se le pretende
transferir alguna otra competencia. Por tanto, solicitamos el respeto
para lo que, a fin de cuentas, dice el artículo 152 de la Constitución y
es que en el Tribunal Superior de Justicia culmina la organización
judicial del Estado en la comunidad autónoma, a salvo, obviamente, de la
superior competencia que tenga el Tribunal Supremo. Entendemos --y
supongo que a lo largo de la ponencia y de la tramitación de la ley habrá
ocasión de hablarlo-- que no sólo hay que mantener esas competencias del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en lo
Contencioso-Administrativo y la configuración actual de esa Sala de lo
Civil y Penal, sino que hay que configurar el Tribunal Superior de
Justicia como un tribunal también de casación en lo
Contencioso-Administrativo; de casación en interés de ley cuando se trate
de disposiciones de la comunidad autónoma y de unificación de doctrina, y
no hay que tener el más mínimo pudor en hablar de casación, en lugar de
hablar de ese eufemismo de recurso extraordinario o recurso autonómico
para unificación de doctrina, porque, a fin de cuentas, eso es lo que se
deriva del artículo 152 de la Constitución, y si hay otros tribunales
superiores que por no tener su comunidad competencia en materia de
derecho civil propio tienen otros problemas u otra situación, es cuestión
suya.

Respecto del Libro Blanco del ministerio fiscal no podemos sino encarecer
del Gobierno el cumplimiento de la proposición no de ley que fue aprobada
por el Congreso de los Diputados y en este caso, en que estamos de
acuerdo con el Libro Blanco del ministerio fiscal y se lo pudimos decir
al fiscal general del Estado hace unos días, exigir esa cierta
coherencia. Entendemos que en unos momentos en los que las adscripciones
permanentes de los fiscales no están suficientemente dotadas, cuando hay
asuntos que pueden tardar o que se están trasladando desde un juzgado de
instrucción de una capital de comarca a la Fiscalía que existe en la
capital de la provincia y que andan en viaje de ida y vuelta, perdiendo
días, semanas y prácticamente meses, cuando nos encontramos en esa
situación, no tiene especial sentido, por ejemplo, en la jurisdicción
Penal, que es la propia y originaria del ministerio fiscal, que se
pretenda un incremento de las competencias del mismo, así como también en
el proyecto de ley reguladora de lo Contencioso-Administrativo para
interponer recursos contenciosos en materia de protección de derechos.

Quizá sería mejor dotarle de medios que le permitan ejercer esa función
originaria y propia y las que tiene reconocidas en el ordenamiento
vigente el ministerio fiscal y, una vez cubiertas y satisfechas
adecuadamente esas funciones y esas necesidades, ampliar las
competencias.

Podríamos hablar de más temas, aunque no es ésa mi intención en estos
momentos. Querría reiterar el agradecimiento a la señora ministra por la
comparecencia y manifestar también nuestra satisfacción por datos que,
como ya se ha dicho, quizá nos hubiera podido dar ahora, pero que el
señor Ollero se ha adelantado y nos ha suministrado y, desde esa
perspectiva, nos congratulan. No entienda, señora ministra, las
afirmaciones que hemos efectuado como una crítica global a la labor de su
Ministerio, que apreciamos en lo que vale. Como decía anteriormente, todo
lo que sea trabajar en un proyecto antes de que sea enviado al Congreso
va a redundar en su rápida aprobación posterior. En segundo lugar, hay
leyes que pueden tener una apariencia técnica por la que quizá algún
miembro de alguna comisión a la que el Ministerio le haya encargado la
elaboración de un proyecto pueda apreciar aspectos de carácter jurídico o
cartesiano, pero la política es otra cosa. Por tanto, es bueno que en
esos equipos técnicos tengan conciencia de cuáles deben ser los
principios políticos que deben inspirar un proyecto para que aquí se
encuentren con el apoyo suficiente.




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Reitero nuestro agradecimiento y felicitación. En cualquier caso, lo que
correspondía hacer por parte de mi grupo aquí es dotar de contenido a
esta comparecencia y hacerle las manifestaciones, en cualquier caso
cariñosas, que hemos efectuado.




El señor PRESIDENTE: El señor Castellano y los señores diputados de
Izquierda Unida me han indicado que, a pesar de coincidir esta
comparecencia con la asamblea o congreso de su coalición, habían acudido
naturalmente a mantener la que ellos habían formulado. Han pedido excusas
al tener que asistir a ese congreso, por ausentarse de la Comisión,
siendo absolutamente justificada su ausencia, porque de haber conocido la
celebración de esa reunión política, como es costumbre en la Cámara, no
habríamos convocado esta Comisión, y quiero que conste en el «Diario de
Sesiones» la razón por la que el señor Castellano ha excusado hace un
rato su presencia.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): La
advertencia que ha hecho el señor presidente, respecto al portavoz de
Izquierda Unida, me la hizo antes de entrar en la Comisión el diputado
señor Castellano y hemos quedado en que, dado que tenía una razón más que
de peso para ausentarse, leería mis respuestas a su intervención en el
«Diario de Sesiones». Por eso, con el permiso de SS. SS., voy a iniciar
esta segunda parte de mi intervención contestando en la medida de lo
posible a la intervención hecha tanto por el señor Castellano como por el
señor Fernández Sánchez.

En primer lugar, querría agradecer a todos los portavoces de los
distintos grupos el tono al hablar de problemas que nos afectan a todos.

Evidentemente, en todo no pensamos igual; si pensáramos en todo igual, no
existiría la diferencia política suficiente como para establecer una
serie de partidos distintos.

El señor Castellano casi me ha reprochado a mí el sentido poco
autocrítico de los libros blancos del Consejo General del Poder Judicial
y del ministerio fiscal. Como espero que lea la respuesta, le diré que he
tenido nula participación en la redacción de ambos libros, pero sí me
consta que a través de las comparecencias efectuadas, tanto por el
presidente del Consejo General del Poder Judicial como por el fiscal
general, han sido valorados positivamente en su conjunto por todos los
grupos a los que hoy tengo el honor de dirigir mi exposición. Dentro de
esa valoración positiva es por lo que la ministra de Justicia comparece a
explicar cuáles son las líneas, sobre las que en principio ya se está
trabajando, desarrolladas en el Libro Blanco del Consejo General del
Poder Judicial y en el Libro Blanco del ministerio fiscal.

Ha hecho una reflexión sobre que en la Administración de justicia no todo
tiene que ver con un incremento de medios. Creo que eso ha sido también
lo que he sostenido en mi intervención, que no todo se solventa con
medios, sino que existen otra serie de cuestiones y, entre ellas, una
fundamental que, en mi opinión, es la del escaso número de jueces, a la
que también ha hecho referencia el señor Castellano. Ese escaso número
provoca en este momento 300 vacantes. Tanto el Consejo General del Poder
Judicial como el Ministerio son conscientes de la necesidad de proveer a
una mayor dotación de plazas judiciales. La Comisión mixta
Consejo-Ministerio está tratando de acelerar convocatorias, así como de
llevar a buen término los cursos de formación inicial en la Escuela
Judicial, con sede en Barcelona.

Al diputado, señor Castellano, no le ha gustado nada el borrador de la
ley de enjuiciamiento civil. Espero que el anteproyecto de ley de
enjuiciamiento civil le guste más. El hecho de haberlo remitido para su
debate desde el mes de abril hasta mañana, que va a la Comisión de
subsecretarios y secretarios de Estado, no ha sido con el afán de no
tener en cuenta las observaciones efectuadas, que han sido muchas y muy
importantes, sino de hacer una ley buena, un proyecto beneficioso para la
Administración de justicia. Por eso se ha acogido prácticamente el 80 por
ciento de las observaciones efectuadas por muy distintos colectivos:
desde la Audiencia Provincial de Barcelona a magistrados como Ruiz
Vadillo, en su calidad de miembro de la Real Academia de Jurisprudencia,
continuando por colegios de abogados, siguiendo por los colegios de
procuradores, tratando de integrar en el proyecto a todas aquellas
personas que, conocedoras de la situación de la Administración de
justicia, de lo que es un juzgado y de lo que en realidad lleva de
afección a la vida diaria del ciudadano, puedan aportar su punto de vista
positivo y ser integrado por parte del Gobierno y, concretamente, del
Ministerio de Justicia. Queda tiempo todavía porque va a estar en la
Comisión de subsecretarios y secretarios de Estado y, posteriormente,
pasará a informe, esta vez oficial, del Consejo General del Poder
Judicial, quien también lo tiene --tengo que decirlo-- desde el mes de
abril. Fue la primera institución a la que se envió el borrador.

Ha hecho mención S. S. a que no se resuelve la materia de Derecho
concursal. A principios de este año se produjo el nombramiento del
presidente de una sección específica de Derecho concursal, que se
comprometió a tener terminado el proyecto antes de que finalizara el año.

Es por ello por lo que no está integrado en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Respecto a la oficina de quejas y a la oficina de atención a las
víctimas, son dos propuestas muy concretas del libro blanco en las que ya
estamos trabajando. Independientemente de que puedan tener una visión más
de propaganda que de efectividad, dada la autoridad que ha elaborado el
libro blanco y pudiéndose efectuar una de sus propuestas de forma
inmediata, es obligación del Gobierno hacerlo así.

El señor Fernández Sánchez ha hablado de la situación de lo
Contencioso-Administrativo en Navarra y me ha reprochado que soy muy
optimista dada la bolsa de casos pendientes. No es que sea muy optimista,
señor Fernández, es que, además de la medida concreta a la que he hecho
referencia respecto a la creación de tres plazas de magistrados en lo
Contencioso-Administrativo, la Comisión mixta Consejo-Ministerio está
trabajando desde hace meses en el plan de choque en todas las sedes del
Tribunal Superior de



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Justicia respecto a magistrados adscritos que puedan dar solución a ese
problema. Sí quiero significar que no ha sido una reacción como
consecuencia de ninguna huelga puesto que ya se estaba trabajando en el
Ministerio en el problema concreto de la Comunidad Autónoma de Navarra,
como así reconocieron los propios abogados en sus declaraciones a la
prensa.

Señora Fernández de la Vega, comprendo que no le guste nada de lo que
hago, pero eso entra dentro de la lógica. Si le gustase, a lo mejor me
estaba equivocando. Dice S. S. que no quiero admitir el concepto de
servicio público. Creo que mi interpretación ha estado plagada de la
expresión servicio público, lo que pasa es que para mí no todo es
servicio público de la Administración de justicia. Francamente y con
rigor, creo que se pueda achacar al Gobierno que, con tal de cargarnos el
Código Penal, no hayamos dado medios materiales ni personales. No es
cierto, señora Fernández de la Vega. Se ha puesto el cuarto magistrado y
se han utilizado todos los medios materiales que, por otra parte, tuvimos
que improvisar porque no contábamos con ellos cuando llegamos al
Ministerio. Tampoco es cierto, en mi opinión, que haya tardado año y
medio en remitir a la Cámara un proyecto de ley de jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que es exactamente igual que el anterior.

Creo que existen sustanciales diferencias que lo mejoran. Recordará S. S.

cómo desde el primer momento hice notar que, existiendo un consenso en
ponencia, sería una irresponsabilidad por parte de la ministra obviar ese
consenso para reiniciar un trámite, olvidando lo que significa la
autoridad parlamentaria.

Habla S. S. de los módulos del Consejo General del Poder Judicial
respecto a cuantas sentencias deben dictar. Es un tema que está
contemplado dentro de las medidas internas del propio Consejo General del
Poder Judicial y no debo pronunciarme al respecto, ya que excede por
completo de las competencias del Ministerio de Justicia. Se ha referido a
lo que usted denomina responsabilidad penal del menor. Creo que S. S.

sabe que por ahora se llama anteproyecto de ley de justicia juvenil. El
informe del Consejo General del Poder Judicial ha llegado hace quince
días, aproximadamente. En conjunto, es muy favorable al anteproyecto
elaborado. Existe exclusivamente un problema que SS. SS. conocen y es el
tramo de edad de 16 a 18 años, tramo en el que el Consejo no es
partidario de establecer medidas especiales. Estamos estudiando esa parte
para llevarlo, posteriormente, al Consejo de Ministros. El anteproyecto
contiene una vacatio legis amplia, porque implica disposición económica
por parte de las comunidades autónomas. Por ello, no es necesario que
exista partida presupuestaria en los presupuestos de 1998 para la ley de
justicia juvenil.

Me ha preguntado por la reforma del proceso penal. Como acabo de exponer,
en este momento estamos terminando la reforma del proceso civil. Se está
tramitando la reforma de lo Contencioso-Administrativo y hemos empezado a
trabajar en la reforma del proceso penal, pero no me puedo comprometer en
este momento ante SS. SS. en una fecha concreta. Sí puedo decirles que
estamos trabajando en ello en el bien entendido de que, tanto el Libro
Blanco del Consejo General del Poder Judicial, como en el Libro Blanco
del ministerio fiscal, la opinión acerca de la instrucción es tan difusa
que en algunas ocasiones incluso llega a contradecirse.

En cuanto a la reforma de la Ley del Jurado, estamos esperando todavía
porque la proposición efectuada por las Cámaras fue que, previa consulta
al fiscal general y al Consejo, se valorase en qué puntos debía ser
modificada si es que debía serlo. Llegó la de la Fiscalía, pero no así la
del Consejo General del Poder Judicial. En conversaciones mantenidas con
el presidente del Consejo se me hizo notar que se estaba trabajando a
partir de un amplio examen de los casos habidos por el procedimiento del
jurado, para poder ofrecer una consecuencia práctica de su aplicación.

Creo que le he contestado a las cuestiones generales que S. S. ha
planteado. Sólo me queda decirle que comprendo que no le haya gustado el
nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, pero no puedo
compartir los juicios de intenciones que hace, ni que S. S. someta
continuamente al Gobierno, a través de esta ministra, a la prueba de
hechos negativos. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en opinión de
la ministra, reúne todos los requisitos legales para ser fiscal jefe de
la Audiencia Nacional. Se produjo su nombramiento ateniéndonos a la
legalidad, y se ha demostrado, a través de las actuaciones habidas, que
ha sido el adecuado. Tiene un bagaje profesional intachable y creemos,
repito, que ha sido un nombramiento adecuado. Señoría, me va a permitir
que sobre temas concretos que, por otro lado, han sido objeto de
contestaciones varias ante el Pleno de esta Cámara y del Senado, me
remita prácticamente a ellas. No ha existido ninguna interferencia en
asuntos como Sogecable o como otros que S. S. ha mencionado. Vuelvo a
insistir en que S. S. somete continuamente a la prueba del hecho
negativo, y eso se llama la prueba diabólica. No hay posibilidad de
esclarecerlo de ninguna forma.

Señor Ollero, quiero darle las gracias, pero la próxima vez no me alabe
tanto, a ver si alguno puede alabarme un poco. (Risas.) No puedo sino que
mostrar mi absoluta conformidad con todo lo que ha dicho. (La señora
Fernández de la Vega Sanz: No esperábamos otra cosa.--Risas.)
Señora Almeida, es cierto que usted es gran conocedora de los juzgados,
que los padece con frecuencia y que también sabe apreciar el trabajo que
allí se desarrolla. Con independencia de que habrá temas en los que no
podamos ponernos de acuerdo, supongo que hay otros muchos en los que sí.

La reflexión sobre las a su vez reflexiones contenidas en el Libro Blanco
de la justicia, en el Libro Blanco de los fiscales, significa por lo
menos el primer paso para una puesta en común. Yo que también conozco los
juzgados, señora Almeida, sé la serie de deficiencias que tienen, sé cómo
la lentitud es la peor lacra que tienen, sé que hacen falta más jueces
formados, y le puedo asegurar que mi intención es dar solución a esos
problemas, no es la contraria. Conozco cuáles son los problemas y la
intención que guía las medidas que estoy llevando a cabo es dar solución
a esos problemas.

El señor Mardones ha hecho una serie de preguntas.




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El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.

El señor Mardones le ha expresado a la Presidencia que se ausentaba
porque había sido convocado a otro acto parlamentario. Excusa por esa
razón su presencia en este momento, puesto que, como portavoz de su
grupo, había sido convocado por el presidente de la Cámara. Lo digo para
que conste también en el «Diario de Sesiones».

Puede continuar, señora ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): De igual
manera que he contestado al inicio de mi intervención a dos ausentes, voy
a contestar al tercero. El señor Mardones me ha hecho algunas preguntas y
algunas reflexiones. Pregunta cuándo pienso llevar a cabo la reforma del
reglamento del ministerio fiscal y cuáles son, en su caso, las pautas de
modificación del vigente. Aun cuando la reforma del reglamento está
pendiente desde hace muchos años, es lo cierto que en el tiempo ha
interferido con la proposición aprobada respecto a la modificación del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Ambas cuestiones, en mi opinión,
tienen que ir íntimamente ligadas y, por tanto, en este momento no se
está trabajando en el Ministerio en la reforma del reglamento, aunque sí
existía desde hace ocho o diez meses prácticamente un texto articulado en
el que había tenido amplia opinión el Consejo Fiscal y la secretaría
técnica de la Fiscalía. En cuanto al ruego para que ponga de acuerdo a
los ministerios de Economía y Hacienda e Interior, intentaré cumplirlo
pero no puedo asumir ningún otro compromiso.

Respecto al Libro Blanco de la justicia y a la adscripción permanente de
magistrados suplentes y jueces sustitutos, pregunta si cuento con dinero
para ello. La adscripción de magistrados suplentes y jueces sustitutos es
una de las materias que se están tratando en la Comisión mixta
Consejo-Ministerio y en la que, cuando es sin relevación de funciones,
tienen que conllevar un cumplimiento muy estricto de sus funciones en el
propio órgano jurisdiccional y una retribución adecuada. Existe dotación
de medios en el Ministerio para poder atender a la adscripción de jueces
sustitutos y, fundamentalmente, de magistrados suplentes en las secciones
de lo Contencioso-Administrativo.

El Ministerio no prevé en este momento que la creación del partido número
12 de Santa Cruz de Tenerife signifique un aumento de trabajo en las
secciones penales. Sí está planteado lo del cuarto magistrado. En
principio, con la figura del cuarto magistrado, creemos que se van a
solventar los pequeños problemas que tiene esa sección.

Respecto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa es evidente que,
estando en trámite ante esta Cámara, son SS. SS. las que disponen del
proyecto. Supongo que su trabajo irá encaminado a mejorarlo y que, en el
supuesto de que existan esas deficiencias que SS. SS. ponen de
manifiesto, serán corregidas en el trámite parlamentario.

En cuanto a los convenios tripartitos de oficina judicial, se han
celebrado algunos entre el Ministerio de Justicia, comunidad autónoma y
Consejo General del Poder Judicial, pero no respecto a las competencias
en el personal no judicial, porque dichas competencias están radicadas,
hoy por hoy, en el Ministerio de Justicia. Creo adecuada la observación
que ha hecho respecto al artículo 434 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y es evidente que con el último trámite de reforma de la citada
ley no pudieron salvarse una serie de cuestiones que habían sido
favorablemente resueltas mediante enmiendas en el Senado.

La primera pregunta que me ha hecho la señora Uría es en qué medida las
propuestas del libro blanco son asumidas por el Gobierno. En la medida en
que todo aquello que parezca razonable y pueda ser desarrollado, se va a
desarrollar. En primer lugar, el Ministerio y el Consejo van a trabajar
de forma conjunta. Una vez recibido el libro blanco no vamos a olvidarnos
de que existe el Consejo ni vamos a trabajar selectivamente sólo con el
criterio del Ministerio o del Gobierno. Cualquiera de las propuestas que
vayan a ser desarrolladas son previamente habladas en el Consejo General
del Poder Judicial, entre otras cuestiones porque el plan recogido en el
libro blanco, como SS. SS. conocen, es para cuatro años, y evidentemente
el que tiene que establecer cuál es la prioridad de los objetivos debe
ser el Consejo General del Poder Judicial.

Respecto a la moción, he contestado anteriormente que estamos trabajando
en la reforma, que el fiscal general no es que tenga querencia, sino que
incluso el propio Libro Blanco del ministerio fiscal cuestiona la
instrucción al fiscal. El Libro Blanco de la justicia defiende en unas
páginas la instrucción al ministerio fiscal y en otras se decanta por la
figura del juez de garantías. Como queremos hacerlo de la mejor manera
posible, estamos trabajando de forma conjunta para traer una propuesta
que sea asumible por SS. SS. y que no plantee más problemas de los que
intenta solucionar.

Pregunta S. S. para cuándo la ley de enjuiciamiento criminal. Respondo
que ya se está articulando, pero todavía le quedan meses porque es un
proyecto muy importante. Yo sé que hay cuestiones puntuales que preocupan
a SS. SS. y a mí, como son la recusación y la instrucción. A lo mejor
tiene que haber más una respuesta parcial a esos temas más puntuales que
la reforma entera, la nueva ley de enjuiciamiento criminal.

Respecto a los servicios comunes, el propio libro blanco establece que el
servicio común debe tener un tamaño adecuado. No debe estar
sobredimensionado porque se ha reconocido que cuando se da para
demasiados juzgados se muestra poco operativo. Se está trabajando en el
Ministerio en un plan más generalizado de establecimiento de servicios
comunes y yo creo que, dentro de dos meses, estará a disposición del
Consejo General del Poder Judicial para que diga si se adecua a su
proyecto.

El secretario judicial, evidentemente, tiene parte de director de la
oficina judicial, tiene parte procesal y tiene parte de gestor. Respecto
a la parte de gestor, la idea de la que partimos es que,
independientemente de la inicial formación que pueda tener la persona que
accede al secretariado judicial, debe recibir unos cursos específicos en
el Centro de Estudios Jurídicos atinentes exclusivamente a la gestión,
porque éste es uno de los factores que más huecos deja dentro de la
formación de los secretarios.




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En cuanto a los cuerpos nacionales, me gustaría hacer referencia a la
famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la administración de
justicia, que estoy segura de que S. S. conoce. Ese es, en principio, mi
punto de partida.

Sobre la caótica situación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
aparte de compartir el nombramiento del fiscal Fungairiño como jefe, creo
que he dado respuesta a S. S. en la contestación anterior.

Para terminar, y dejando a salvo películas, historias sagradas y
mitología, me ha sorprendido muchísimo, señor Silva, que me diga que se
trabaja demasiado deprisa y no en conjunto. Si lo dice, sus razones
tendrá, aunque yo creo que es cuestión también de que contrastemos
información. De cualquier manera, basta que se haya hecho la advertencia
en esta sede, para que sea completamente asumida por la ministra. Se
trabajará más deprisa y se hablará más.

Yo no he dicho en ningún momento que el libro blanco sea la solución de
todos los males; he dicho que es un punto de reflexión, que no debe ser
minusvalorado, sino que hay que empezar a andar el camino de la reforma a
través de lo establecido en él. En eso estamos absolutamente de acuerdo
S. S. y el Ministerio.

Es cierto que la situación de la jurisdicción Contencioso-Administrativa
va a verse paliada por el contenido del artículo 7 de la Ley del servicio
jurídico del Estado. Es cierto que se asume una responsabilidad mayor,
pero creemos que es bueno para la Administración de justicia y es bueno
para la abogacía del Estado, independientemente de la responsabiliad que
se asume.

Respecto a las observaciones puntuales al proyecto de ley de la
jurisdicción Contencioso-Administrativa, insisto, señoría, en que,
estando en la sede que está, tiempo hay de poder paliar la serie de
defectos que S. S. ha puesto de manifiesto. Tomo también buena nota del
encarecido llamamiento al desarrollo de un nuevo estatuto del ministerio
fiscal.

Creo haber contestado a las grandes cuestiones. Rogaría a S. S. que, si
se me ha olvidado alguna, me lo perdonaran y, con mucho gusto, volvería a
responder.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Quiero darle las gracias, señora
ministra, por todas sus explicaciones y por la información complementaria
que nos ha dado.

Es cierto que tenemos modelos distintos. El modelo de justicia que
propugna su Gobierno y el modelo de justicia que propugna el Partido
Socialista difieren. En lo que quizá no estoy tan de acuerdo, señora
ministra, es en que usted se equivoque si está en discrepancia en todo
con el Grupo Socialista. Lo que pasa es que ustedes no han tenido nunca,
ni en la oposición ni en el Gobierno, el mínimo interés en llegar a
consensos en temas que afectan a la justicia. No lo tuvieron cuando eran
oposición, les ofrecimos entonces el pacto de Estado de la justicia y
todavía estamos por ver que en una sola ocasión el Gobierno se dirija a
mi grupo para ofrecer consenso en algún tema.

Señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir
defendiendo el servicio público de la justicia. Ya sé que usted lo ha
mencionado, pero hemos observado que a su grupo sigue sin gustarle que la
justicia, además de poder del Estado, sea considerada servicio público
para los ciudadanos. Desde esa perspectiva, nosotros vamos a seguir
defendiendo que la justicia, además de Poder Judicial, sea un servicio
público y vamos a seguir luchando por ello.

Precisamente por eso, creemos que no se está haciendo absolutamente nada
por mejorar ese servicio público de la justicia, porque difícilmente se
puede hacer algo en lo que no se cree. Ahí están las opiniones de los
propios ciudadanos, los cuales tienen una desconfianza creciente y una
peor opinión del funcionamiento de la justicia. Por mucho que se esfuerce
el portavoz de su grupo en decir que la justicia está muy mal desde
siempre, es evidente que hay problemas de la justicia que no han nacido
ahora, pero también lo es que la opinión que tienen hoy los ciudadanos de
la justicia, en los dos últimos años, ha empeorado desde que ustedes han
llegado al Gobierno. Ahí están los ciudadanos, ahí está la opinión
pública, que sabe además que en estos momentos es el Gobierno el que
tiene que responder de sus actuaciones frente a los problemas que existen
en nuestra sociedad.

No voy a entrar a discutir las cifras de plazas o incremento de
dotaciones. Solamente voy a dar un dato, porque aquí siempre se están
manejando bienios y trienios (usted lo sabe, señora ministra, porque esas
cifras ya se barajaron cuando usted era vocal del Consejo General del
Poder Judicial): con el Gobierno socialista se crearon más de 1.200
plazas de jueces en este país, pero ése es un debate para el que no me
parece que sea éste el lugar ni el momento adecuados. Al portavoz del
Grupo Popular le gustaría que yo subiera a la Mesa para que se controlase
desde el Gobierno, y que el Gobierno bajase al escaño para controlar la
actuación del Gobierno al que tuve el honor de pertenecer. Con mucho
gusto lo hago cuando ustedes quieran, pero me parece que todavía no hemos
llegado a la situación de que en el Parlamento cambiemos los papeles. Es
posible que, por el camino que vamos, lleguemos a esa situación, pero, de
momento, parece ser que en nuestra democracia y en nuestro país no hemos
llegado.

Señora ministra, mi grupo le sigue pidiendo que haga algo por el servicio
público de la justicia, aunque su grupo no crea en él. Los ciudadanos se
lo van a agradecer y, desde luego, mi grupo también. Gestiones, señora
ministra; el Ministerio de Justicia tiene que gestionar. Ponga en
funcionamiento las oficinas de asistencia a las víctimas, pero no porque
lo diga el Libro Blanco de la justicia; es que la Ley de asistencia a las
víctimas que se aprobó en la anterior legislatura ya preveía la creación
de esas oficinas de asistencia a las víctimas. El reglamento se ha
aprobado durante su mandato; ponga ya en funcionamiento las oficinas.

Permita que las comisiones de asistencia gratuita se constituyan, que
están teniendo problemas de constitución, según las noticias que tiene mi
grupo, que también es una ley que se aprobó en la anterior legislatura.

Dé a los jueces los medios para que puedan aplicar las leyes que este
Parlamento aprueba, aunque a ustedes no les gusten esas leyes.




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Pague a los destacamentos de los fiscales; págueles. En su presupuesto se
habla también de las dotaciones al ministerio fiscal. Tenemos
conocimiento de que en los destacamentos de Madrid no cobran desde hace
muchos meses y los servicios se están prestando por la pura voluntariedad
de los fiscales. Traiga las leyes que usted misma ha declarado
prioritarias. En su primera comparecencia --usted lo dijo aquí y yo creo
que es opinión unánime de todos los grupos-- manifestó que uno de los
elementos fundamentales para mejorar el funcionamiento de la justicia
eran las leyes procesales, pero, de momento, sólo tenemos la Ley de lo
Contencioso-Administrativo y, desde luego, con un año de retraso.

En cuanto al nombramiento del señor Fungairiño, mi grupo sigue pensando
que políticamente ha sido irresponsable. No es un problema de que yo la
someta a usted a la prueba diabólica. Las actuaciones de un fiscal que
estaba expedientado, que contribuyó a originar una crisis, la más grande
de la Fiscalía, y que ha ascendido a fiscal con la oposición del conjunto
de la carrera fiscal, no es el mejor modo de dar ejemplo y sus
actuaciones, señora ministra, lo quiera usted o no, están teñidas de
parcialidad. Ese es el problema; no es que le someta yo a la prueba
diabólica, es que sus actuaciones están ab initio teñidas de parcialidad.

En cuanto al ministerio fiscal en general o al modelo fiscal, nos
gustaría que se aclarasen ustedes. Tráigannos --ya lo ha dicho que lo va
a hacer-- su modelo; tráigannos aquí la reforma del Estatuto del
ministerio fiscal con el modelo de fiscal en el que ustedes creen y sean
coherentes con él. Porque se dice constantemente --y aquí lo dijo el otro
día también el fiscal del Gobierno-- que el anterior gobierno dio
instrucciones al fiscal general del Estado. ¡Claro que las dio, cómo no
las iba a dar!, en aplicación del artículo 8.2 del Estatuto del
ministerio fiscal, que dice que el Gobierno interesará del fiscal general
del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes
en orden a la defensa del interés público y que la comunicación se hará
por conducto del Ministerio de Justicia, a través del fiscal general del
Estado. Evidentemente que el Gobierno socialista, en aplicación de este
artículo del estatuto, en defensa del interés público, dio instrucciones
por escrito al fiscal. Ahí están todas y la última que quiero recordar
hace referencia precisamente a la sentencia en virtud de la cual ayer se
condenó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Pero una cosa es dar
instrucciones en función de lo que dice la ley y otra cosa es defender un
modelo de independencia y luego actuar como si tal independencia no
existiera. Por eso, señora Ministra, mi grupo le anima a que definan, de
una vez por todas, el modelo de ministerio fiscal que ustedes pretenden.

Estamos dispuestos a tener un debate sobre ese tema. Creo que habría que
tenerlo para que definitivamente quedasen aclaradas las posturas que
todos defendemos. El Libro Blanco del ministerio fiscal está muy ligado a
la reforma del proceso penal, la reforma del estatuto del ministerio
fiscal indudablemente tiene que ir acompañada de la reforma del proceso
penal. Usted dice que es contradictorio lo que dice el Libro Blanco del
ministerio fiscal y el Libro Blanco del Consejo General del Poder
Judicial, pero yo no estoy preguntando lo que opinan las asociaciones de
fiscales. Lo que está deseando conocer mi grupo es el modelo que defiende
el Gobierno, al margen de lo que diga el Consejo General del Poder
Judicial y el conjunto de la carrera fiscal. Eso serviría para aclarar
muchísimas cosas y evitaría muchas de las desgracias en las que estamos
sumidos por los problemas que cada día más tiene la Administración de
justicia en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, en nombre de mi grupo quiero
trasladar nuestro ánimo a la ministra. Tenga plena confianza S. S. en que
el trabajo que está realizando está ya rindiendo sus frutos. A pesar de
que haya portavoces parlamentarios que dicen en público, siendo
magistrados, que se avergüenzan de serlo; a pesar de que haya quien dice
desde un partido político que determinado juez no puede ser juez; a pesar
de esos atropellos institucionales tan absolutamente fuera de lugar, la
imagen de la justicia ante los ciudadanos irá mejorando sin duda alguna.

Igualmente, no va a perjudicar al prestigio del señor Fungairiño lo que
de él pueda decir en estas sesiones el Grupo Socialista, porque todos los
ciudadanos saben que si el Grupo Socialista no puede ver ni en pintura al
señor Fungairiño es porque de él se dice que no está dispuesto a enterrar
los GAL. Lo saben todos los ciudadanos españoles. (Rumores.) Nuestro
grupo le anima a mantener esa vía de profesionalidad en la Fiscalía que,
por supuesto, es absolutamente compatible con dar en su momento, con un
carácter moderado y subsidiario, las instrucciones que sean del caso,
como el propio señor Ortiz Urculo dejó constancia en esta misma Comisión
indicando que él había recibido una instrucción a propósito de una
manifestación de Herri Batasuna ante la casa de una persona secuestrada.

A nuestro grupo no deja de llamarle la atención que quienes han tenido
catorce años para modificar el Estatuto del ministerio fiscal no lo han
hecho y se han dedicado a hacer eslalon sobre el estatuto teniendo un año
sin cubrir la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, por
ejemplo, o recurriendo a colocar de número dos de la carrera a quien hoy
lo es por el artificio de decir que no iba a ocupar ese puesto sino un
puesto de confianza, vengan ahora a imponer la imperiosa necesidad de que
se haga cuanto antes lo que ellos no han hecho.

Por otra parte, este portavoz no se arrepiente, en modo alguno, de haber
dado rienda suelta a su objetividad y que eso le haya llevado al
monopolio del elogio, porque quizás lo único que prueba eso es alguna
cicatería por parte de otros portavoces y cierta mezquindad. Por poner un
ejemplo de mezquindad, como español me da un poco de bochorno que se
critique que se haya contemplado en presupuestos una subvención para un
congreso mundial que va a reunir a cuarenta y cinco asociaciones
judiciales de todo el mundo, que este año es en España, que cada año es
en algún sitio y siempre encuentra, como es lógico, el patrocinio del
Gobierno porque los gobiernos por ahí, como aquí,



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no están formados por catetos y, por tanto, entienden lo que es un
acontecimiento internacional; que haya aquí quien critique el que a un
hecho de esas categorías se le dé un respaldo económico. Estoy seguro de
que otras instituciones de nuestro Estado van a estar muy por encima de
ese nivel de cicatería y van a demostrarlo cuando se celebre ese congreso
dándole el realce que en realidad se merece.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: Muy brevemente.

A estas horas comprendo que ya ni elogios ni críticas ni nada porque
estamos desarmados. Eso sí, no nos podemos ir de esta sesión con las
palabras del señor Ollero que, cuando no felicita, aprovecha para
intentar desacreditar a otros portavoces y para hablar de un grupo o de
gobiernos de catetos. Cuando se denuncia que hay una subvención...




El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, un momento.

Si la Presidencia hubiera interpretado que la alusión del señor Ollero
era a S. S., por supuesto que le habría llamado la atención.




La señora ALMEIDA CASTRO: No; ha hablado de gobierno de catetos. Como no
he estado nunca en el gobierno, no me he dado por aludida en lo de
cateta.




El señor PRESIDENTE: Parece que se refería a que en el actual Gobierno
--así lo ha interpretado la Presidencia-- no había catetos. En ese punto
ha parecido que a nadie ofendía. En otro caso, por supuesto que le
hubiera llamado la atención.




La señora ALMEIDA CASTRO: Repito que yo no me he dado por ofendida cuando
el señor diputado ha hablado de gobiernos de catetos. Quería decir que
nosotros no nos oponemos a una donación a un congreso si ese congreso
vale para algo, pero queremos destacar que hay otras fundaciones que
también van al congreso a las que no se les dan las ayudas. Cada
asociación profesional de jueces tiene una fundación, pero no todas
reciben la misma ayuda. Como estamos hablando de medios, manifiesto que
estoy encantada de que los congresos sirvan para algo y nos dejen
internacionalmente muy bien.

Se me había olvidado comentar antes el tema relativo a la creación de la
oficina de las víctimas. Ha hablado de una oficina de quejas. Me da
terror esa iniciativa porque tendrá que instalar esa oficina de quejas en
un descampado para poder aguantar las colas que pueda haber, pero la
asistencia a las víctimas es otra cosa que no tiene nada que ver con las
quejas de los ciudadanos. La asistencia a las víctimas es una obligación
legal, una obligación que se adquirió --y no quiero apuntarme ningún
tanto-- cuando estaba en el Grupo de Izquierda Unida, casi al principio
de la legislatura. Entonces defendí la Ley de protección de víctimas, lo
cual llevó a que se hiciera el reglamento, que estaba por elaborar. Son
situaciones de desprotección muy importantes en esa visión que tengo de
la justicia.

El otro día decía la ministra de Medio Ambiente que se iba a indemnizar
rápidamente a los damnificados por el depósito de Melilla. Me parece
fantástico, pero no sé de dónde sacará el dinero, sobre todo si va a
pagar la empresa constructora. Debemos comparar esto con las víctimas de
la presa de Tous, que están todavía sin cobrar indemnizaciones y sin
recibir esa ayuda. ¿Por qué? Porque hay un tema clave del que no hemos
hablado tampoco, que es la ejecución de sentencias que están en este
libro. Ese es el desastre que va a hacer hasta cambiar la estadística,
porque queda muy bien decir: he resuelto tantas sentencias, pero cuántas
ha cumplido usted. Son situaciones de las que tenemos que hablar. En ese
sentido he querido hacer la reflexión porque me parece que muchas veces
caemos en las peleas de Fungairiño sí o no, pero es importante saber que
detrás de todo eso está el descrédito y que hay descrédito cuando se dice
que Faungairiño es bueno, cuando se dice que es malo y también cuando se
dice que se nombra a una persona porque tiene un expediente intachable y
resulta --no sé cuántos fiscales sancionados hay, lo voy a preguntar un
día de éstos-- que, para uno que hay sancionado, le nombran fiscal jefe.

Tengo controlados los tres últimos: la fiscal Márquez, el fiscal Gordillo
y el fiscal Fungairiño; en cuanto a los otros, han sido sancionados por
cosas tan pequeñitas que no nos hemos enterado. Pero que nombren a uno
que se ha enterado toda la sociedad de que ha sido sancionado, tampoco me
parece que hayan buscado mucho, aunque sea muy eficaz. No me quiero meter
en cuestiones personales ni respecto de su eficacia porque he vivido
también como profesional, pero estimo que hay que cuidar más la imagen
que damos a la sociedad. En ese sentido se dirige la crítica, no por lo
personal, los nombramientos o la falta de consenso. Aunque no compartamos
el mismo modelo hay algo que sí tenemos que compartir, que es la defensa
de uno de los poderes que dan base al Estado de Derecho. Yo me siento
implicada en esa defensa. Aunque, ocasionalmente, la línea política la
decida el Gobierno de turno, no renuncio a que en esa defensa esté
aportando muchas cosas a la democracia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: Quería agradecer la recepción que la intervención
de este portavoz ha tenido por parte de la señora ministra, imágenes
aparte, porque si el señor Ollero ha dado rienda suelta a su objetividad,
como ha dicho anteriormente, quizás a mí lo que me pasa es que a veces
doy rienda suelta a mi imaginación; pero la imagen no es sino pura
transmisión de mensajes. Eso es lo importante.

Es posible, señora ministra, que yo no tenga toda la información. Ahí
puedo estar de acuerdo con usted, pero por su propia intervención y por
alguna otra información que en algún momento ha salido en los medios de
comunicación, me temo que usted tampoco la tiene toda. Quizá éste sea el
problema y será el que tendremos que atender.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): La señora
Fernández de la Vega me habla de las comisiones de asistencia jurídica.

Las comisiones de asistencia jurídica gratuita está funcionando
correctamente. Interpela sin datos, simplemente pregunta: ¿Y qué me dice
de las comisiones de asistencia jurídica? Le digo que funcionan bien y
que las hemos puesto en marcha. Dice S. S. que pague a los destacamentos
de fiscales. A los destacamentos de fiscales se les está pagando,
señoría. Si en esta sede me dice que a los destacamentos de fiscales no
se les está abonando, supongo que debe tener pruebas de ello; ruego a S.

S. que las haga llegar al Ministerio, porque debe haber algún error en
esa información que le han hecho llegar a usted.

Señoría, he traído la ley procesal de lo contencioso; va a venir la ley
procesal civil; vendrá la ley procesal criminal. Comprendo que son leyes
que pueden hacerse muy rápidamente, porque son fáciles. Lo que estoy
intentando es hacer un trabajo prelegislativo en el que se tengan en
cuenta las opiniones más diversas. Atiendo a su llamada de ánimo y traeré
las leyes lo más rápidamente posible.

Una observación. El Estatuto orgánico del ministerio fiscal no habla de
que el Gobierno interesará. El Estatuto dice: El Gobierno podrá
interesar. La diferencia para mí es fundamental. Puede o no puede, no
está obligado a hacerlo.

En último lugar, señoría, perdóneme pero yo creí que venía a hablar,
aparte de los temas puntuales, de lo que opinaba del Libro Blanco de la
justicia y del Libro Blanco del ministerio fiscal. Pero como S. S. me
reprocha el que yo le diga lo que dice el Libro Blanco y que lo estoy
estudiando, a lo mejor es que me he confundido y tenía que venir a hablar
de otra cosa.

El modelo del ministerio fiscal es un modelo que ustedes dejaron
pendiente, como dejaron pendiente el desarrollo reglamentario y S. S.

sabe que estaba redactado y consensuado con los fiscales; no se
atrevieron a traerlo. Esta Cámara ha instado a que se desarrolle y el
Gobierno, la ministra de Justicia, va a cumplir esa instancia efectuada
por quien tiene el poder de hacerlo.

Señora Almeida, las oficinas de atención a las víctimas es uno de los
temas, evidentemente, en los que estamos trabajando. Ya hay algunas
mediante convenios en Baleares. Di cuenta, hace mes y medio, ante la
Comisión mixta Congreso-Senado de la Mujer de estas oficinas. Le consta a
S. S. que con independencia de la ley, el reglamento se ha desarrollado
desde el Ministerio de Justicia. Comparto que es una de las facetas que
hay que cuidar y le agradezco el que me recuerde que usted también tiene
el derecho y el deber de defender al Poder Judicial. Se lo agradezco
porque me parece que sin un tercer poder fuerte no estaremos
construyendo, en absoluto, un Estado de derecho. Le doy expresamente las
gracias por instarme a que yo también lo haga cada vez más y le pido que,
en la medida en la que usted pueda, lo haga usted igualmente.

Señor Silva, he dicho que tenemos que contrastar información. No he dicho
que la mía fuera la cierta, sino que teníamos que contrastarla.

Creo que he respondido a todas las cuestiones. Quiero dar las gracias a
SS. SS. por haber aguantado estoicamente la larga intervención. Hasta
cuando SS. SS. tengan a bien convocarme ante esta Cámara.

Muchas gracias. Buenas tardes.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señorías, el diputado don Carles Campuzano ha hecho llegar a la
Presidencia razones justificadas que excusan la posibilidad de estar hoy
presente para mantener su pregunta. Por tanto, se modifica el orden del
día eliminando dicha pregunta, que figuraba como punto sexto del mismo, y
que, al no decaer, podrá ser incorporada a cualquier otro orden del día.

Muchas gracias, señorías, señora ministra.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho de la tarde.