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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 322, de 04/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 322
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO
Sesión núm. 19
celebrada el martes, 4 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre reestructuración de los servicios de información e inicio de los
cambios legislativos oportunos para homologarlos a servicios de
información de un Estado democrático. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000533) (Página 9462)
--Sobre enajenación en favor del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) del edificio de la ayudantía militar de la Marina en dicha
localidad. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente
161/000559 (Página 9466)
--Sobre realización de un estudio de viabilidad de la utilización
compartida del campamento militar de «Els Castillejos». Presentada por
los Grupos Popular, Socialista y Catalán (Convergència i Unió). (Número
de expediente 161/000599) (Página 9467)
--Sobre protección del espacio conocido por el nombre de Punta del Seixo
Branco, en la costa de Dexo, en el Ayuntamiento de Oleiros (La Coruña).
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000643) (Página 9471)
--Sobre sustitución de personal español que realiza sus funciones en las
instalaciones USA de la base aeronaval de Rota (Cádiz) por personal
norteamericano. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000670) (Página 9473)
--Relativa a la base naval de Rota. Presentada por el Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 161/000700) (Página 9473)
--Relativa a oferta de compraventa por el Instituto de la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS) de las viviendas de Santiago Apóstol, en la
barriada de Narón (La Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto (Número de expediente 161/000692) (Página 9475)
--Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para el
reordenamiento del escalafón general de los oficiales de la escala
auxiliar. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000570) (Página 9477)
--Sobre utilización de la base aérea de Zaragoza. Presentada por el Grupo
anterior. (Número de expediente 161/000616) (Página 9479)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE REESTRUCTURACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION E INICIO DE LOS
CAMBIOS LEGISLATIVOS OPORTUNOS PARA HOMOLOGARLOS A SERVICIOS DE
INFORMACION DE UN ESTADO DEMOCRATICO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número
de expediente 161/000533).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta
sesión de la Comisión de Defensa, cuyo orden del día, que ya conocen,
consta de nueve puntos, todos ellos proposiciones no de ley. Como los
puntos 7 y 8 se refieren al mismo tema, la Mesa ha acordado que se
debatan conjuntamente, sin perjuicio de su votación, por supuesto, por
separado. Por otra parte, uno de los grupos parlamentarios pide que la
proposición no de ley número 3 se debata más tarde --la podemos debatir
al final-- porque uno de los ponentes tiene que retrasarse por razones de
desplazamiento hasta Madrid. También a petición de algunos grupos
parlamentarios, si a la Comisión le parece oportuno, vamos a realizar las
votaciones de todos los puntos al final. Calculamos que en ningún caso
antes de las siete menos cuarto.
El señor MOYA MILANES: Señor presidente, en el mismo sentido en que hacía
usted referencia a una de las iniciativas, el ponente de nuestra
proposición número 5 ha comunicado que tiene algún problema para llegar
a tiempo. Solicitamos que se debata al final, junto con la que usted ha
manifestado.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Debatimos al final ambas.
Iniciamos, por tanto, el desarrollo del orden del día con el punto número
1: Proposición no de ley sobre reestructuración de los servicios de
información e inicio de los cambios legislativos oportunos para
homologarlos a servicios de información de un Estado democrático,
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, el objetivo de esta proposición
no de ley es poner en marcha los mecanismos legales que permitan la
reestructuración de los servicios de inteligencia, modernizarlos y
homologarlos a los de un país democrático como es España. En este
sentido, creemos que recogemos el compromiso electoral del Partido
Popular, que en su programa electoral, en el folio 253, planteó la
necesidad de iniciar una reforma en profundidad de los servicios de
seguridad.
Señorías, el fin de la guerra fría está permitiendo una revisión, un
cuestionamiento del papel de los servicios de información en los países
democráticos. Hasta entonces los servicios de información se asociaban a
actividades sucias que, amparadas en el secreto, utilizaban éste en
ocasiones como escudo protector de actividades ilegales, reclutamiento de
personas incompetentes o inmorales, corrupciones, asesinatos,
extorsiones, grabaciones ilegales, etcétera. Tan es así que la afirmación
de Winston Churchill,
que vino a decir que es algo tan sucio que sólo puede hacerse por un
gentleman; o aquella más cercana, la nuestra, española: Dadme los hombres
más limpios para hacer los trabajos más sucios, evidenciaba hasta qué
punto se asociaban los servicios de información con actividades
irregulares. La concentración de poder que como una regla fatalista han
ido acumulando los servicios de información en las democracias durante la
guerra fría, con un incremento de las actividades secretas a favor, como
mucho, del Gobierno o del partido de turno, ha chocado reiteradamente con
las exigencias del propio sistema democrático. El control sistemático de
teléfonos y comunicaciones, la apertura de correspondencia, la
infiltración en asociaciones legales, la utilización del secreto para la
protección de generalidades, actividades de gente inepta o incompetente
y claramente ilegales, ha sido lo normal. El debate, pues, a la luz de
esa realidad se concreta en los siguientes interrogantes. ¿Merece la pena
mantener este tipo de maquinarías? ¿Qué utilidad tienen una vez
desaparecida la confrontación entre bloques militares? ¿Son instrumentos
eficaces para la defensa de las libertades y la seguridad?
En España el tema adquiere una particularidad en el debate general, en
relación a otros países democráticos, en función no sólo de los
escándalos que han rodeado de forma especial al Cesid en los últimos
años, sino también por la inercia autoritaria que viene arrastrando.
Todos los cambios que ha habido en España, desde 1977, han sido
justificados por la necesidad de homologar nuestras instituciones y
nuestra legislación con las de los países democráticos de nuestro
entorno. El Cesid ha sido la excepción por su estructura, dependencia y
falta de control.
En todos los países democráticos, las necesidades informativas del Estado
se satisfacen con dos servicios de inteligencia independientes; uno
dedicado a la inteligencia interior y otro a la exterior. La razón de la
existencia de dos servicios se basa en la eficacia ante las diferentes
características de ambos campos, el diferente modus operandi y la
distinta información que se persigue. Así, por ejemplo, en Estados Unidos
tenemos el FBI y la CIA; en el Reino Unido el SS y el SIS; en Francia la
DST y la DGSE; en Alemania el BFV y el BND, etcétera. Sólo en Estados
totalitarios o en los muy pequeños hay un solo servicio de inteligencia
que cubre todos los campos de información: el interior, el exterior, la
tecnología y la contrainteligencia. Se podrían citar muchos ejemplos; el
más cercano lo tenemos en el servicio de información marroquí, la DGED,
que engloba en un solo servicio a todos los servicios de interior y
exterior. La existencia de dos servicios nacionales no excluye que haya
otros servicios de carácter menor, en particular los específicamente
militares como la DIA americana, la DRN francesa, el MAD alemán, el DIS
británico, el AMAN israelí o el GRU ruso. Estos servicios, junto a los
principales, forman la comunidad de inteligencia, dentro de la cual debe
existir una coordinación que asegure el reparto de misiones y evite la
duplicación de esfuerzos. Esta comunidad de inteligencia suscita,
necesaria e inevitablemente, el problema de la coordinación entre
servicios. En Estados Unidos es el director de la CIA quien los coordina,
en el Reino Unido el Permanent Secretariat of Intelligence Services, en
Italia corresponde a un comité, etcétera. Este ejecutivo para los
servicios de información y seguridad es quien plantea todo el sistema de
la coordinación. En todos los casos, el coordinador está ligado al
presidente o al primer ministro. En España, el Cesid, al asumir las
competencias en el ámbito de la coordinación de la defensa del Estado, se
desmarca del modelo occidental, donde el servicio de inteligencia militar
ocupa un espacio propio ligado a los ministerios de Defensa. Los
servicios de información de las democracias occidentales suelen tener un
director y un segundo jefe. El primero es un político que representa la
cara visible del servicio ante la sociedad, que recibe del Gobierno
--quien le ha nombrado-- un mandado de misiones y que comparece ante el
Parlamento. El antiguo director de la CIA, el señor Turner, llamó definir
un mandato al conjunto de instrucciones y normas que, discutidas
anualmente en el Congreso, determinan los objetivos y modos de acción de
los servicios de inteligencia, de modo tal que los funcionarios de esos
servicios pueden resistir las presiones de los gobernantes cuando éstos
les piden realizar acciones posiblemente ilegales en un régimen
democrático. El segundo jefe es el técnico que conoce el mundo y los
procedimientos de la inteligencia, que gestiona el día a día del
cumplimiento del mandato, que garantiza la continuidad del servicio y la
no instrumentalización de éste en beneficio político del gobierno o
partidos. La dependencia del presidente o del primer ministro de los
servicios de información desmilitariza claramente el cometido de estos
servicios.
En España, la dependencia del Cesid es compleja. Su director depende del
Ministerio de Defensa orgánicamente, pero también funcionalmente para
todo lo relativo a la política militar y a las funciones de la política
de defensa en él delegadas por el presidente del Gobierno, según los
artículos 8.1 y 10 de la Ley Orgánica 6/1980. También funcionalmente el
Centro depende del presidente del Gobierno para las funciones de política
de defensa que le encomienda la citada ley orgánica y para las funciones
de coordinación de la acción del Gobierno en la defensa del Estado. Pero
todavía se complica aún más la dependencia al asumir también el
vicepresidente competencias. Esta confusión organizativa y la dependencia
del Ministerio de Defensa no se corresponde con la homologación de
nuestros servicios a los países democráticos.
El control de la sociedad sobre los servicios de información para evitar
su instrumentalización partidista, el despilfarro de recursos o las
actividades ilegales, determina la diferencia entre países democráticos
y no democráticos. Hasta ahora, el control de las actividades del Cesid
se ha expresado en uno interno que lo ejerce el propio Centro y otro
externo que corresponde a las instituciones del Estado. El control
interno, al no existir un estatuto propio de los agentes con todas sus
garantías constitucionales, depende de un control absoluto del director
sobre toda la estructura del Centro. En cuanto al control externo, al
estar protegido por la Ley de Secretos Oficiales los métodos de trabajo,
la organización y las actividades del Cesid, y al emplear éste fondos
reservados, los controles político, judicial y económico han revelado que
el control parlamentario
ha resultado prácticamente imposible. Solamente ha existido, en la
práctica, el control del Ministerio de Defensa y de Presidencia del
Gobierno, que como única medida de control se han limitado a depositar su
confianza en la persona del director general del Cesid.
Por todas estas consideraciones, Izquierda Unida presenta esta
proposición no de ley que viene a plantear instar al Gobierno a
reestructurar los servicios de información y a iniciar los cambios
legislativos oportunos para, por su estructura, dependencia y control,
homologarlos a servicios de información de un Estado democrático, bajo
las siguientes características: 1.º Dividir los servicios de información
en, al menos, dos servicios de inteligencia independientes. Uno dedicado
a la inteligencia interior y otro a la exterior. 2.º Ubicar la
dependencia de los servicios de información bajo responsabilidad del
presidente del Gobierno. 3.º Confiar la dirección de los servicios de
información a un director-coordinador quien, nombrado por el Gobierno, le
defina un mandato, es decir, un conjunto de instrucciones y normas que
determinen los objetivos y modos de acción de los servicios de
inteligencia, de modo tal que los funcionarios de esos servicios puedan
conocer la definición de su mandato. 4.º Los servicios de inteligencia se
coordinarán con los ministerios de las materias de que se ocupen:
servicio de inteligencia interior con el Ministerio del Interior;
servicio de inteligencia exterior con el Ministerio de Asuntos
Exteriores. De crearse otros servicios, por ejemplo, el de defensa o
tecnología, se coordinarán con los respectivos departamentos
ministeriales. 5.º Que cada servicio de inteligencia tendrá un
coordinador. Los coordinadores de cada servicio formarán el comité
interministerial de inteligencia y este comité será coordinado por el
director-coordinador mencionado en el punto 3.º y será asistido por un
secretario o segundo jefe, profesional de los servicios de información.
6.º El comité de inteligencia inteministerial será el órgano que asigne
los objetivos y las prioridades al conjunto de los servicios de
información. 7.º Que el director de los servicios comparezca anualmente
ante el Congreso para conocer y debatir la definición del mandato. 8.º
Que los funcionarios de los servicios de información tengan un estatuto
de funcionamiento con todos sus derechos constitucionales reconocidos
para, entre otros derechos, si reciben órdenes indebidas, poder
denunciarnos ante los órganos jurisdiccionales competentes. En
definitiva, dejar claro que el funcionario o contratado de los servicios
es un trabajador/trabajadora que desarrolla su función para el Estado, no
para el coordinador-director. 9.º Que los servicios de inteligencia sean
controlados políticamente por el Gobierno, Parlamento y Defensor del
Pueblo, judicialmente por los jueces y económicamente por el Tribunal de
Cuentas.
Señorías, lo que pretende Izquierda Unida con esta proposición es encarar
una reforma que nos parece imprescindible: los servicios de inteligencia
y contrainteligencia. Hubiesen ocurrido escándalos o no, lo cierto es que
nuestros servicios de inteligencia merecen una reforma en profundidad,
una modernización. Después de la última comparecencia del ministro de
Defensa, con las preguntas que dejó sin contestar y con los interrogantes
que todavía quedan abiertos en relación con el actual Cesid, Izquierda
Unida sigue planteando la necesidad de esta reforma en profundidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? Por el
Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Muy brevemente, señor presidente, nosotros ya
tuvimos ocasión, en un debate reciente sobre el Cesid en la Comisión de
Defensa, de manifestar nuestra posición contraria a este entonces esbozo
de reforma que hacía el Grupo de Izquierda Unida y ahora reiteramos
nuestra posición discrepante.
El Grupo de Izquierda Unida está presentando un modelo claramente
alternativo al que está vigente dentro de los servicios de seguridad.
Nosotros creemos que el desdoblamiento que el Grupo de Izquierda Unida
preconiza dentro de los servicios de inteligencia redundaría en un menor
grado de eficacia y, consiguientemente, que éste no es el momento
adecuado para proceder a una reforma de esa naturaleza, sino todo lo
contrario, más bien mantener una cohesión interna que estaría lejos de
este desdoblamiento explícito, claro y rotundo que presenta la iniciativa
del Grupo de Izquierda Unida. Por otra parte, tampoco compartimos, lo
hemos dicho ya en muchas ocasiones, este cambio de dependencia que
pretende la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida en exclusiva de
Presidencia del Gobierno, por razones de fondo, operativas y tácticas
también. Finalmente, creo que conviene recordar algo que ya dijimos en la
última comparecencia del ministro de Defensa en relación con este tema.
Pusimos de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando un poco las
iniciativas que habían sido puestas en marcha con anterioridad por el
último Gobierno socialista en esta materia, tanto en lo referente al
decreto sobre reestructuración como al estatuto de personal. Creemos que
abundando en esa dirección podemos encontrar, sin duda, un grado de
eficacia mucho mayor dentro de los servicios de seguridad. Por tanto,
todas las preocupaciones que el Grupo de Izquierda Unida manifiesta en
relación con los controles políticos, la definición de un mandato,
etcétera, creo que están bien encajados actualmente dentro de lo que son
los servicios de inteligencia, en la medida en que está definido por el
propio mandato que el Gobierno hace en cuanto a las misiones a realizar.
Por otra parte, esa dependencia y esa rendición de cuentas al Gobierno me
parece que es notoria dentro de los cometidos y de las obligaciones del
Centro en relación con el cumplimiento del mandato que se le asigna. En
cuanto a los controles, por una parte tiene los de la dependencia del
Gobierno y, al mismo tiempo, los controles parlamentarios a través de su
dirección política, que es el ministro de Defensa.
Manifestando nuestras posiciones sobre esta materia en las últimas
comparecencias, no consideramos conveniente apoyar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Señor presidente, lo más rápidamente posible
resumiré el planteamiento y explicaré las razones de nuestro voto
negativo.
Lo que propone Izquierda Unida tiene un argumento, que es su Estado
democrático, sus servicios de seguridad, que probablemente poco tienen
que ver con los servicios de los Estados occidentales, hoy en día, ni de
los Estados orientales porque no existen en cuanto a lo que pretende
Izquierda Unida. Los servicios que proponen disminuyen la eficacia de los
mismos. Creo que los servicios que existen en el Estado español pueden ir
mejorando su eficacia, pero siempre dentro de los ritmos que se puedan
establecer por los diferentes gobiernos bajo los criterios del Ministerio
de Defensa. Quizá lo que se pueda deducir del planteamiento que hacemos
es la necesidad de un mayor control político sobre los mismos, control
político que puede evitar situaciones como las sucedidas con
anterioridad.
Por todas estas razones, señor presidente, vamos a dar nuestro voto
negativo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor presidente, señorías, con la brevedad a
que el orden del día impele, pero también con la suficiente extensión
como para no ser descortés con la proposición no de ley presentada por el
Grupo Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Popular expresa desde ahora
que se va a oponer a la misma basado en las siguientes consideraciones.
Si no hemos entendido mal, el Grupo Izquierda Unida propone, mediante
esta iniciativa, que el Gobierno reestructure los servicios de
información e inicie los cambios legislativos oportunos para, por su
estructura, dependencia y control, homologarlos a los servicios de
información de un Estado democrático bajo las características que ya el
portavoz de Izquierda Unida ha desglosado, en las que no vamos a
insistir. De los ocho epígrafes en que ha separado su intervención el
portavoz de Izquierda Unida, nos parece que dividir el actual Cesid en
dos servicios de inteligencia independientes, según su área funcional de
competencia interior y exterior, tal y como se promueve en la proposición
no de ley que se informa, resultaría una tarea costosa, difícil y que
pondría en entredicho, durante mucho tiempo, la eficacia de la
inteligencia en España. Ya hace más de un año que del Cesid no se habla
y, si se habla, se hace en ambientes puramente académicos, entre
comillas, señor presidente, lo que es buena señal. Nos oponemos a esta
proposición no de ley, en primer lugar, por lo que estaba diciendo
anteriormente, porque esta división significaría automáticamente dedicar
más recursos presupuestarios a la inteligencia. Aun en el caso de que se
pudiera repartir el personal del actual Centro en dos, elementos
importantes que hoy están al servicio de un único organismo, tendría que
duplicarse, como es el caso de la infraestructura y muy especialmente el
de la agrupación operativa para dar apoyo a las distintas misiones. Cada
servicio, lógicamente, debería contar con lo suyo. Es más, aun siguiendo
con la hipótesis de esta división perfecta del personal, el número de
puestos directivos, de jefaturas, de gabinetes aumentaría por necesidad,
con la consiguiente carga presupuestaria. En segundo lugar, dividir el
actual servicio en dos supondría preparar nuevo personal tanto para el
apoyo operativo como para otras funciones. Teniendo en cuenta que se
habla de auténticos especialistas, en muchos casos, dicha preparación
podría dilatarse en el tiempo, poniendo en peligro la necesaria eficacia
de la inteligencia española. De la misma forma, dicha eficacia se vería
también comprometida, ya que hay ciertos elementos que no pueden ser
trasvasados de un servicio a otro (redes de informadores, agentes,
etcétera). Dividir el Cesid supondría, a su vez, un notable esfuerzo
racionalizador, a fin de evitar duplicidades innecesarias en áreas de
difícil adscripción a un servicio u otro, como la inteligencia de señales
electromagnéticas o las enfocadas a temas económicos y de tecnología.
Con independencia de estos argumentos, señor presidente --y para
terminar--, nosotros creemos que --y cojo prestada una frase del
subsecretario de Defensa cuando hablaba del problema de la
profesionalización-- cuando enfocamos los problemas de inteligencia, debe
hacerse no desde la estética de la abdicación, sino desde una estética
del compromiso cívico con las necesidades de la defensa de España en el
momento actual y mirando hacia el futuro que las mismas tienen
planteadas. Señor presidente, es innecesario, dada la brevedad de la
intervención, recordar los antecedentes parlamentarios de las mociones
ante el Pleno del Congreso que el Grupo Popular presentó, la proposición
no de ley que nuestro grupo presentó en Comisión en el año 1985, las
intervenciones en el debate sobre el estado de la Nación del año 1994 y
más recientemente en la VI legislatura, nuestro propio programa electoral
o incluso los restantes programas electorales de otros grupos políticos
que se han ocupado del tema.
Por tanto, nosotros, a la luz de este entendimiento, que como en el
romance de García Lorca, nos hace ser muy comedidos, vamos a votar en
contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para reestructurar los
servicios de información e iniciar los cambios legislativos oportunos
para, por su estructura, dependencia y control, homologarlos a servicios
de información de un Estado democrático. (El señor Meyer Pleite pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, sabe que en este turno no hay réplica.
Si desea intervenir, me tiene que decir a título de qué porque el debate
está agotado. Cada grupo ha expresado su punto de vista, no hay enmiendas
sobre las que pueda S. S. tomar posición y no le puedo conceder el turno
de palabra para reabrir un debate que está agotado al haber intervenido
todos los grupos en el lugar correspondiente.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, por una alusión directa al
modelo de sociedad que defiende Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Señoría, eso forma parte del debate. Tengo que
decirle que sería otro debate distinto.
Las alusiones que he oído hacen referencia al planteamiento de su
iniciativa y entiendo que no hay por qué volver a entrar en ello.
El señor MEYER PLEITE: Lamento que no podamos iniciar los debates con
normalidad, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, hemos agotado el debate. Lo siento.
--SOBRE ENAJENACION EN FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
(CADIZ) DEL EDIFICIO DE LA AYUDANTIA MILITAR DE LA MARINA EN DICHA
LOCALIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000559).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día: Proposición no
de ley sobre enajenación en favor del Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) del edificio de la Ayudantía Militar de la Marina en
dicha localidad, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por el que tiene la palabra el señor
Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, lo que pretende esta iniciativa
es algo no propio solamente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda,
puesto que ya hemos tenido ocasión en otras sesiones de esta Comisión de
Defensa de plantear temas de fondo parecidos, y es qué pasa con los
edificios que se enajenan por el Ministerio de Defensa y la posibilidad
de que revierta su uso a los ayuntamientos correspondientes. En este caso
concreto estamos hablando del edificio de la Ayudantía Militar de la
Marina de Sanlúcar de Barrameda, que tiene un valor catastral de
8.500.000 pesetas y una superficie de 572 metros cuadrados, y que ya ha
sido desafectado por la gerencia de Infraestructuras de la Defensa. Lo
que se pretende es aprobar esta proposición no de ley que dice: «1.º El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la enajenación
en favor del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda del edificio de la
Ayudantía Militar de la Marina mediante la formalización del
correspondiente convenio con el Ayuntamiento de esta localidad que
determine el uso y destino del mismo de acuerdo con la Ley de 31 de julio
de 1984. Y 2.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que dé
instrucciones a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa en el
sentido de que la enajenación se produzca con la máxima rapidez y en los
términos menos gravosos para el municipio.»
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora
Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Señor presidente, nosotros vamos a apoyar esta
proposición no de ley porque, respetando la legalidad, va a facilitar la
creación de instalaciones públicas de carácter cultural que son
absolutamente necesarias para el municipio de Sanlúcar de Barrameda.
La Junta de Andalucía ha decidido financiar la construcción de una
biblioteca pública cuyo proyecto ya está redactado y las obras están a
expensas de trasladar las dependencias municipales actuales desde su sede
hasta el edificio de la antigua Ayudantía Militar de la Marina, que se
encuentra a 60 metros de la anterior. Las negociaciones empezaron hace 10
meses y, tras este tiempo de negociación, creemos que las posiciones
están muy cercanas, si mi información es correcta, están ahora mismo en
manos de los técnicos que tienen que dar forma a un posible acuerdo.
Nuestra enmienda pretende evitar interpretaciones sobre lo que significa
máxima urgencia, que es el texto de la proposición no de ley, y llevar el
plazo de negociación hasta la fecha prevista de iniciar las obras de
construcción de la biblioteca. Así evitaríamos al ayuntamiento el coste
que significa alquilar otro inmueble y el trastorno que suponen los
sucesivos traslados. Tenemos que resaltar que la moción aprobada por
unanimidad de los grupos municipales, incluido el del Partido Popular,
requería del equipo de gobierno municipal que solicitara la cesión
gratuita del inmueble al Ministerio de Defensa y que el alcalde,
escrupuloso con la legalidad vigente, como es esta proposición no de ley,
ha negociado la compra del mismo, a pesar de estar sujeto el ayuntamiento
a un plan de saneamiento que limita mucho su capacidad inversora. La
oferta de los responsables municipales de Sanlúcar está en el término
medio entre el valor catastral del inmueble y la valoración que del mismo
hace la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, por lo que
consideramos que la negociación se está produciendo en unos términos
razonables y, por tanto, aceptables, lo que a su vez facilita que el
acuerdo se firme en el plazo que nosotros proponemos. Puede incluso
beneficiar al Ministerio de Defensa ya que, en el próximo período de
sesiones, esta Cámara puede aprobar la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre este tema, que viene siendo llamada por los
ayuntamientos la bella durmiente. Si esta proposición de ley se aprueba
en el próximo período de sesiones, el edificio en cuestión, que está
catalogado como bien cultural y, además, ha sido solicitado para uso
público, tendría que ser cedido gratuitamente al municipio por parte del
Ministerio. Por tanto, nosotros pensamos que si esta enajenación se
realiza, y se realiza en el tiempo que nosotros proponemos, todo el mundo
gana. El Ministerio cobra --posiblemente si se hace después no pueda
cobrar por este inmueble--, el ayuntamiento ahorra dinero, por lo que ya
he expuesto, y el pueblo de Sanlúcar tendría la biblioteca pública que
está requiriendo.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
transaccional a esta enmienda que acaba de ser defendida; enmienda
transaccional que creo que ha sido distribuida a todos los grupos pero
que, en todo
caso y para la debida constancia, voy a leer a continuación. Dice así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una vez que el
edificio de la Ayudantía de Marina quede desalojado por la Dirección de
la Marina Mercante, proceda, a través de la Gerencia de Infraestructura,
a establecer los contactos necesarios con el Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda para, tras la obligatoria depuración física y jurídica de la
propiedad, proceder a su enajenación en los términos previstos en la Ley
y Reglamento del Patrimonio del Estado y en la normativa propia del
referido organismo autónomo. Para la defensa de esta enmienda
transaccional tiene la palabra el señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ HARO: Señor presidente, el edificio de la Ayudantía
Militar de Marina de Sanlúcar, objeto de la proposición no de ley de
Izquierda Unida, forma parte del conjunto de inmuebles de comandancias y
ayudantías militares de marina que por la disposición transitoria octava
de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y Marina
Mercante, fueron transferidos por parte del Ministerio de Defensa al
Ministerio de Fomento. La Dirección General de la Marina Mercante,
organismo dependiente del Ministerio de Fomento, ha de ir definiendo las
necesidades que tiene sobre los inmuebles que hasta ahora ocupaban las
citadas comandancias y ayudantías. En el caso particular de Sanlúcar de
Barrameda, la citada dirección ha comunicado recientemente que no es
necesario para sus fines, pero lo que se desconoce en estos momentos es
el plazo previsto para su desalojo; se está hablando de un año, pero esta
fecha no es exacta.
Por las circunstancias citadas, el Grupo Popular ha presentado esta
enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Para tomar posición respecto a la aceptación o no de
las enmiendas que acaban de ser defendidas, tiene la palabra el señor
Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Nosotros no vamos a aceptar la enmienda
transaccional del Partido Popular. Entendemos que nuestra proposición y
la intervención de la portavoz del Partido Socialista son mucho más
acordes con lo aprobado en el ayuntamiento, desde luego van en el sentido
que se le quiere dar desde Sanlúcar de Barrameda. Yo no sé si el Partido
Popular se refiere al mismo inmueble, tengo mis dudas, porque ya saben
SS. SS. que en Sanlúcar hay dos inmuebles pertenecientes a la Marina
Mercante, uno en Bajo de Guía y otro el edificio de la Ayudantía de
Marina. Por tanto, nos parece que tal y como está redactada la
proposición no de ley es mucho más clara y va más en el sentido del
acuerdo del ayuntamiento.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, entiendo que ha aceptado la enmienda
del Grupo Socialista; la transaccional, no.
El señor MEYER PLEITE: Exacto.
El señor PRESIDENTE: Advierto, por tanto, a la Comisión que la votación
que haremos en su momento será de acuerdo con la enmienda presentada por
el Grupo Socialista.
--SOBRE REALIZACION DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA UTILIZACION
COMPARTIDA DEL CAMPAMENTO MILITAR DE «ELS CASTILLEJOS». PRESENTADA POR
LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA Y CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) (Número de
expediente 161/000599).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día, puesto que el
punto 3 lo hemos dejado para el final. Proposición no de ley sobre
realización de un estudio de viabilidad de la utilización compartida del
campamento militar «Els Castillejos», presentada conjuntamente por los
grupos Popular, Socialista y Catalán (Convergència i Unió). Para su
defensa tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Señor presidente, la presentación de
esta iniciativa obedece al sentido de racionalidad que desde el Grupo
Parlamentario Popular pretendemos aplicar a cuestiones como el futuro de
las instalaciones militares, muchas veces tratadas de forma simplista y
poco objetiva, por no decir demagógica. Racionalidad que para el caso que
nos ocupa, el campamento de «Els Castillejos», se ha hecho extensiva a la
mayoría del arco parlamentario presente en la Comisión, provocando una
coincidencia de planteamientos entre los grupos Socialista, Catalán
(Convergència i Unió) y Popular, que a su vez se ha traducido en la
presentación de forma conjunta de la proposición no de ley que ahora
estamos debatiendo. Solicitamos al Ministerio de Defensa que realice un
estudio de viabilidad sobre la utilización compartida del campamento en
cuestión, petición que implica, por un lado, la convicción acerca de la
necesidad del ejército en seguir utilizando las instalaciones como campo
de maniobras para sus diferentes unidades, y, por otro, la no menos
convicción de que existen fórmulas que permitirían un aprovechamiento
civil del mismo. Pretendemos, por tanto, que el Ministerio de Defensa
defina su variable en la ecuación que permita llegar al resultado más
correcto posible.
El campamento de «Els Castillejos» no es nuevo en esta Comisión, aunque
sí resulta novedoso el tratamiento que le queremos dar. De antiguas
iniciativas presentadas a debate, pensadas --creemos-- única y
exclusivamente de cara a la galería, apostando radicalmente por el cierre
y el desmantelamiento de la instalación de un plumazo, sin tener en
consideración los aspectos no sólo militares --que los hay-- sino también
económicos, a nivel de costos, de la desafectación, del pago de la misma,
de titularidad, hemos pasado a esta proposición no de ley que hoy traemos
a discusión los tres grupos mayoritarios de la Cámara basada, como
señalaba al principio, en la racionalidad, enfocando la situación con
criterios objetivos y solicitando, en consecuencia, actuaciones lógicas
y coherentes. Todo ello, además, en la línea de lo expresado por las
administraciones locales afectadas, como
puede ser el Conseill comarcal del Baix Camp y la Generalitat, las cuales
valoran positivamente y entienden que en primera instancia hay que
apostar por la posibilidad del uso compartido civil y militar del
campamento. Somos conscientes de la importancia que tiene para el
Ministerio de Defensa como centro de prácticas y ejercicios el campamento
del «Els Castillejos». Debemos recordar que es el único campo de
maniobras existente en Cataluña que está clasificado como de interés
regional y que entre sus características destaca lo accidentado del
terreno y de su trazado. Estas circunstancias lo convierten en idóneo
para unidades a pie y muy recomendable para grupos de operaciones
especiales y unidades de montaña, sin olvidarnos tampoco del servicio que
presta a los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales de
Tremp. Si a ello añadimos que instalaciones como la de Els Castillejos
pueden ser de gran utilidad para mantener el grado de cualificación de
los miembros de las Fuerzas Armadas, exigible dentro del contexto de un
ejército profesionalizado, convendremos que actualmente se puede decir
que existe la necesidad de mantener su uso militar.
Por otro lado, no podemos ser ajenos a la realidad social, económica y
ambiental que confluye en la zona de las montañas de Prades, que es el
paraje, el lugar donde se encuentra ubicado el campamento. Se trata de un
espacio de gran riqueza natural, integrado actualmente en el PEIN, el
Plan de espacios de interés natural, y susceptible de ser declarado en
breve por la Generalitat parque natural. Paralelamente, las comarcas en
las que se integra esta zona, Baix Camp, Priorat, Alt Camp y Conca de
Barberá, están sometidas a regresiones demográficas importantes y su
economía las sitúa entre las más deprimidas de Cataluña. Por ello, no
podemos ser ajenos, no podemos ignorar las expectativas de futuro que la
posibilidad de abrir el campamento al uso civil comportaría para los
municipios afectados. Obviamente, estas expectativas, estas esperanzas se
centran en el movimiento que generarían todas las actividades turísticas
y ecológicas derivadas de la apertura a la sociedad en general de un
paraje de tal belleza natural.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que con esta proposición no de
ley avanzamos un nivel más en este proceso, que debe acabar compaginando
intereses y que debe servir también, por qué no, para reforzar, mediante
la colaboración, las relaciones entre civiles y militares; en definitiva,
que debe despejar todas las incógnitas y dar una solución a la ecuación
de compatibilidad a la que me he referido en el inicio de mi
intervención.
Somos conscientes de que el uso compartido exigiría un esfuerzo de
coordinación y de control para evitar el riesgo de accidentes, pero,
paralelamente, pensamos que entre las demandas de las administraciones
locales afectadas, centradas básicamente en la creación de algo similar
a un parque biológico, con el objetivo de recuperar las diferentes
especies de flora o fauna de la zona y en la necesidad de utilización del
campamento de maniobras por parte del Ejército --maniobras que están
limitadas a períodos muy concretos y de corta duración...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ricomá.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Termino, señor presidente.
Decía que entre estas dos opciones, entre estos dos tipos de necesidades,
se abren varias hipótesis y no podemos descartar a priori que exista
alguna que pueda colmar las demandas de ambos sectores. Precisamente de
ahí viene la necesidad, la petición expuesta en esta proposición no de
ley del estudio de viabilidad. Se trata de una petición importante por sí
sola, pero entendemos que también es una petición ejemplar en cuanto a
las actitudes políticas que la refrendan. En este sentido, no puedo negar
la satisfacción de mi grupo y la mía propia al observar la forma positiva
en que ha ido evolucionando el debate sobre el campamento militar de Els
Castellejos, en primer lugar, consiguiendo un elevado grado de consenso
político --la presentación de esta proposición no de ley por los tres
grupos que tienen representación parlamentaria en esta Cámara por la
circunscripción de Tarragona da buena prueba de ello--; en segundo lugar,
obteniendo un posicionamiento por parte de las administraciones locales
afectadas, en especial del Consell Comarcal del Baix Camp, favorable al
diálogo con el Ministerio de Defensa en aras de encontrar la solución al
uso compartido y, finalmente, llevando al terreno de los hechos
consumados esta voluntad de diálogo.
Por todo ello, sólo nos queda pedir a los grupos no firmantes de esta
proposición no de ley que se incorporen a la dinámica expuesta y que, con
su voto favorable, demos un paso más, avancemos un nivel más, en este
caso aprobando la presente proposición no de ley, la presente iniciativa,
por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez.
El señor PEREZ SEGURA: El señor Ricomá, en su extensa y exhaustiva
intervención, ya casi lo ha dicho todo, pero, en nombre del Grupo
Socialista, quisiera recalcar algunos aspectos a los efectos de fijar
nuestra postura, que no será otra que la de votar positivamente esta
proposición respecto a la que como nota, quizá no anecdótica, pero sí
original, diré que está firmada por grupos tan antagónicos como el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y el nuestro. ¿Por qué? Porque abordar la problemática de la
instalación de Els Castillejos, en la provincia de Tarragona, era una
necesidad objetiva. Muchos son los esfuerzos que se han hecho en los
últimos tiempos por parte de las administraciones locales, tanto
ayuntamientos como una administración local genuina de Cataluña, el
Consell Comarcal del Baix Camp, para dar una solución a los problemas
dimanantes de la radicación de esta instalación militar. También a los
grupos ecologistas se les tiene que atribuir, sin duda, el mérito de
luchar por sus ideas, aunque quizá faltos del grado de posibilismo
adecuado --no creo que la calificación de actitudes demagógicas sea la
adecuada en esta instancia, en esta sede--, porque ellos tienen en su
objetivo, al menos en esa zona, poner a disposición no tan sólo de los
estudiosos de los ecosistemas, sino de todos los ciudadanos, para su uso
y disfrute, el ámbito territorial que actualmente ocupa el campamento de
Els Castillejos.
Sin duda, la coordinación de usos va a ser difícil, pero, para quien no
conozca estas instalaciones, para que se haga una idea, diré que el
retrato más evidente sería lo que se puede ver en los medios de
comunicación cuando ha pasado un tifón o un ciclón por una de las
ciudades atlánticas. Las instalaciones están en estado precario; algunas
de ellas persisten, las que son usadas por el pequeño, por el mínimo
destacamento que tiene encomendada su vigilancia, su custodia. La posible
utilización de estos parajes --que están tipificados por la
Administración autonómica como espacios de interés nacional-- para
actividades de tipo económico asociadas al desarrollo ecológico de estas
montañas, puede ser efectiva. No es un brindis al sol, no es una
justificación ante un electorado, sino que realmente puede ser factible
el uso compartido y fruto de ello es nuestra posición, concordante con la
de otros grupos, que también dimana de un compromiso verbal de las
autoridades militares a estos efectos. Por tanto, anuncio nuestro voto
positivo a esta proposición de ley, como no podía ser de otra manera por
el mero hecho de ser cofirmantes de la misma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Como comprenderá, me sumo a todo lo dicho por los
compañeros que me han precedido en el uso de la palabra y, para no ser
repetitivo, voy a ir un poco hacia atrás en la historia de estos
movimientos de proposiciones no de ley en el Congreso.
Hay que tener en cuenta que ya en 1989 el Consell Comarcal del Baix Camp
aprueba solicitar el desmantelamiento del campamento de Els Castillejos.
Incluso en aquellos momentos hay una resolución del Parlamento de
Cataluña aprobando que el Gobierno catalán inste al Ministerio de Defensa
la posibilidad de desmantelar el campamento para darle un uso que no
fuese el militar. Después de aquello, en el año 1994, vienen al Congreso
unas proposiciones no de ley que no prosperan, porque, en realidad, si el
que tenía un mandato dado era el Parlamento de Cataluña, debía ser el
Gobierno catalán el que llevase adelante la proposición que se había
aprobado en Cataluña. Posiblemente los trámites que el Gobierno catalán
llevaba con el Ministerio de Defensa no eran lo rápidos que todos
querían, el tiempo iba pasando y llegó un momento en que, a causa de unas
noticias mal interpretadas, se dice que va a ser activada la presencia
militar en el campamento de Els Castillejos.
Ello no es así por cuanto la retirada del Ministerio de Defensa de la
demarcación de Tarragona hizo que el destacamento que llevaba el
mantenimiento del campamento de Castillejos fuese más bajo y hubo un
momento en el que se pidió que desde otros destacamentos que estaban en
Figueras se sustituyera a los que hacían el mantenimiento de los
edificios. Este hecho, en una interpretación incorrecta, hizo creer que
se iba a dar mucha más actividad al campamento militar de Los
Castillejos. Entonces hubo acciones rápidas, con visitas del Consell
comarcal y alcaldes de la zona al jefe de la IV Región Militar, el
general Martínez Teixido, yo mismo estuve en esa reunión, que fue muy
positiva por cuanto se demostró que el Ejército y el Ministerio de
Defensa estaban dispuestos a un uso compartido porque, verdaderamente,
ellos no tenían clasificado el campamento como zona militar de interés
regional en toda su extensión y, por tanto, un uso compartido podía ser
factible. Además a los ayuntamientos de la zona les podía favorecer por
cuanto la desafectación total comportaría toda una serie de problemas
respecto a la propiedad de los terrenos en los que está ubicado el
campamento, que son patrimonio nacional, del Ministerio de Defensa, y no
tenían capacidad para poder adquirirlos.
En principio se prepararon concentraciones de protesta que después, al
ver cómo contestaba el Ministerio de Defensa, a través del jefe de la
Región Militar y viendo que había buena voluntad, se desconvocaron e
incluso aquí en el Congreso fue retirada una proposición no de ley que
había presentada sobre ello.
Por tanto, hemos presentado conjuntamente con los demás grupos esta
proposición no de ley que, en realidad, insta al Gobierno a que active la
viabilidad de la utilización compartida. En otro momento presentaremos
otra proposición porque en la zona de Tarragona hay otro campamento que
es el de Mas Enric. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio porque es imposible
entenderse.
El señor SEDO I MARSAL: En ese caso tendremos que actuar de la misma
manera. En su momento, los grupos que hoy estamos de acuerdo en presentar
la de Castillejos, posiblemente nos pondremos de acuerdo para presentar
la de Mas Enric.
Tenemos muy claro que las administraciones locales afectadas, en este
caso los ayuntamientos y el Consell comarcal que han tenido negociaciones
con la administración militar, sigan adelante, lo aceleren y lleguen a
conclusiones cuya solución final ya veremos después cuál es. Desde aquí
lo que no quisiéramos, en ningún momento, es interferir y, por tanto,
instamos a que sigan trabajando. No ocurra como otras veces, que se les
pedía categóricamente una actitud desde este Congreso que nuestro grupo
al menos creía que no podía ser porque iba en contra incluso de lo que
había pedido el Parlament de Catalunya.
Por ello la hemos presentado conjuntamente para buscar el máximo
consenso, ya que no pudo llegarse al consenso total que hubiésemos
querido entre las formaciones que están en el Consell comarcal. Al menos
queremos que quede constancia de que no hay ninguna interferencia por
parte del Congreso de los Diputados --que algunas veces se ha dicho-- y
que lo que nosotros queremos es que siga adelante la viabilidad de esta
utilización compartida.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por la señora Lasagabaster. Para su defensa tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: He escuchado con mucha atención, como
debe ser, las intervenciones que con anterioridad se han sucedido del
señor Ricomá, del señor Pérez, del señor Sedó, en representación del
Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Catalán (Convergència i Unió).
No es la primera vez que esta diputada ha defendido la desafectación o el
desmantelamiento de campamentos militares o campos de tiro, en la
creencia generalizada de que aquellos campamentos militares y campos de
tiro que no son utilizados y que entendemos no deben de ser utilizados,
puedan revertir, vía los procedimientos adecuados y establecidos
legalmente, a los ciudadanos en sus administraciones civiles.
Una vez más, volvemos a señalar esta misma cuestión dentro de nuestra
enmienda. Creo que aquí se mezclan dos cuestiones. En este sentido, me
permitirán que utilice ciertos argumentos --a aquellos que conocen el
tema no les sorprenderá-- que proceden de determinadas formaciones
políticas con las cuales tenemos una relación de colaboración como puede
ser Esquerra Republicana de Cataluña. Han confluido dos tipos de
argumentos que no compartimos, al menos el primero de ellos, y que
señalaré en este momento. Me refiero a cuando se habla de si los
campamentos militares o campos de tiro han de tener una utilización
militar, es decir, cuál es el objetivo final de estas instalaciones
militares. En este sentido, no compartimos --como decía el señor Ricomá--
que los campamentos e instalaciones militares tengan que seguir
manteniendo una utilización militar. Esta es la importante definición que
todos debiéramos hacer respecto de este tema y de cuantos otros se
presentan en esta Comisión en relación con este objetivo. ¿Deben o no
deben tener utilización militar? Creemos que, de modo genérico, cuando se
habla de campamentos o instalaciones que no son utilizadas, no deben
seguir teniendo una utilización militar. En este caso, en concreto, bien
se ha señalado e incluso consta en la propia proposición en su apartado
exposición de motivos, que realmente su utilización es escasa y, en
algunos casos, como señalaba el señor Pérez, es como si hubiera pasado un
tifón, por no hablar de los perjuicios que se han ocasionado por no
limpiar lo que es el campo de tiro.
Es decir, partimos de la base de que no podemos compartir el objetivo
final y es que estas instalaciones, en concreto este campamento militar,
tenga que ser de utilización militar en el futuro, con lo cual la primera
diferencia es absolutamente objetiva y finalista. Le parecerá al señor
Ricomá que esto es ser simplista o demagógico, pero yo creo que es tener
una posición absolutamente legítima en cuanto a cómo deben desafectarse
aquellos campamentos que, hoy por hoy, siguen perteneciendo al Ejército.
Respeto profundamente su convicción de que tienen que seguir dentro de lo
que es el Ejército, pero permítame que comparta la opinión de otro sector
de la población que señala que, pese a las dificultades legales que
puedan existir, no estamos de acuerdo con ese objetivo final.
En cualquier caso, hay otra diferencia importante y es la diferencia
estratégica. Somos conscientes de que el desmantelamiento de una
instalación militar, ya sea campamento o campo de tiro --o las dos
cuestiones que confluyen en este tema-- puede ser mucho más difícil en
cuanto que se pretenda exclusivamente una utilización civil. Eso sería
una diferencia estratégica. Este argumento ha sido utilizado
anteriormente por alguno de los intervinientes. Podemos admitir que ese
desmantelamiento que en su momento fue pedido --como aquí se ha
señalado-- ya desde 1989 por el Parlament de Catalunya y, por supuesto,
por los ayuntamientos y por el Consell comarcal a lo largo de los muchos
años que se han sucedido, puede ser mucho más difícil si se pide
exclusivamente una utilización civil, pero la dificultad no puede
llevarnos a que al final prevalezca o se perpetúe una utilización
compartida. Nadie nos asegura con esta proposición que hoy se nos
presenta que esa utilización compartida no tenga un plazo definitivo o un
plazo perentorio; es decir, nos gustaría saber si esa utilización
compartida tiene un plazo final o simplemente es una cuestión intermedia.
En este sentido, creemos que como estrategia --aunque más difícil de
conseguir-- tiene que irse a una utilización exclusivamente civil.
Por otra parte, como ya se ha señalado antes, y curiosamente por uno de
los intervinientes y proponentes de esta proposición, el hecho de
utilizarlo de ambas formas, civil y militar, puede generar ciertas
dificultades. Si nos atenemos no sólo a lo que está señalando esta
oradora sino inclusive a la exposición de motivos, vemos que los
propósitos para los que se pretende la utilización de estas instalaciones
son absolutamente incompatibles en algunos casos. Hablar a la vez de
campo de tiro y hablar de parque natural resulta muy curioso, además de
señalar al menos la dificultad que puede llevar consigo este tema.
No estamos pidiendo una definición total y absoluta de cómo se van a
resolver las múltiples complicaciones y dificultades de este tema, sino
simplemente hablamos de un estudio de viabilidad. Nos parecería mucho más
lógico que ese estudio de viabilidad fuera para una utilización
estrictamente civil y, mientras tanto, se podrían determinar otra serie
de cuestiones. En cualquier caso, ya sea en el Parlament, ya sea en otras
instancias, los ciudadanos siempre han hablado de un desmantelamiento, y
en este sentido creemos que el mismo tiene que suponer una desafectación
a lo que es la utilización militar quedando exclusivamente un uso civil.
Ciertamente, puede haber problemas económicos, no lo dudamos, pero si la
zona puede ser importante e incluso objeto de una declaración de parque
natural y, por supuesto, de un desarrollo económico y turístico, creemos
que habrá administraciones suficientemente competentes y dedicadas a
hacer frente a estos costos económicos.
En cualquier caso, nos limitamos a las dos cuestiones: en cuanto al
objetivo final, no tiene que existir una utilización militar porque la
desafectación lo tiene que ser a todos los efectos, y en cuanto al tipo
de estrategia a seguir --y no estamos interfiriendo en nada como señalaba
el anterior
orador, no estamos interfiriendo en ninguna cuestión--, creemos que este
estudio de viabilidad tenía que haber sido planteado simplemente como
utilización estrictamente civil.
Por eso presentamos la enmienda y solicitamos a los proponentes sea
admitida la misma como complemento y, por supuesto, modificación de la
parte dispositiva de la proposición hoy objeto de debate.
El señor PRESIDENTE: Por parte de los grupos proponentes, alguno tiene
que decir si acepta o no la enmienda presentada.
El señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, intervengo para decir que no
aceptamos la enmienda presentada porque cambia totalmente lo que en estos
momentos quieren los grupos que representamos a los que están allí en el
terreno. En estos momentos se están teniendo unas conversaciones para un
uso compartido con el Ministerio de Defensa, y pedir una cosa distinta de
lo que se está realizando sería incoherente.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, advierto y aviso que esta proposición no
de ley se votará en su momento de acuerdo con el texto original
presentado por los grupos proponentes.
--SOBRE PROTECCION DEL ESPACIO CONOCIDO POR EL NOMBRE DE PUNTA DE SEIXO
BRANCO, EN LA COSTA DE DEXO, EN EL AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (LA CORUÑA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
161/000643).
El señor PRESIDENTE: Puesto que también dejamos el punto número 5 del
orden del día para el final, según acordamos al principio, pasamos al
punto número 6 del orden del día, proposición no de ley sobre protección
del espacio conocido por el nombre de Punta de Seixo Branco, en la costa
de Dexo, en el Ayuntamiento de Oleiros, La Coruña, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Más que nada por una cuestión de ubicación
geográfica que puede ayudar a entender el sentido de esta proposición no
de ley, me gustaría divulgar muy rápidamente entre los señores y señoras
diputadas unos gráficos ilustrativos de la zona a la que nos vamos a
referir en esta proposición no de ley.
Estamos ante una zona de grandes valores naturales conocida con el nombre
de costa de Dexo, en Oleiros, A Coruña, que abarca desde Punta de Mera al
Puerto de Lorbé y que las instituciones de la comunidad autónoma, en
concreto, la Consellería de Ordenación del Territorio en sus normas
complementarias y subsidiarias de planificación de las provincias de A
Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra considera espacios naturales, en
concreto y especialmente desde los acantilados de Mera hasta la Punta de
Seixo Branco que nos ocupa específicamente en esta ocasión y a Illa da
Marola. El propio Ayuntamiento de Oleiros en sus normas de planificación
o de planeamiento municipal declaró también esta zona costa protegida.
Incluso todos los grupos municipales que actúan en la corporación
llevaron en sus programas electorales en mayor o menor medida la
protección del medio ambiente y de este paraje natural tan importante
para un ayuntamiento que, todo hay que decirlo, vive fundamentalmente de
la expansión demográfica provocada por cantidad de familias que huyen del
hacinamiento urbano de una ciudad como A Coruña y que, por tanto, está en
un medio ambiente privilegiado y que mantiene incluso un urbanismo quizá
de los más notables y de los más respetuosos de Galicia.
Dicho esto, está claro que en la preservación de la variedad, de la
singularidad y de la belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje
está una de las posibilidades del futuro desarrollo tanto de este
ayuntamiento como de muchos otros, y no falta en el Estado español la
ordenación jurídica suficiente que proteja y conserve estos espacios
naturales. No me voy a referir a la Ley 4/1989, de conservación de
espacios naturales, recientemente modificada en este Congreso de los
Diputados para dotar a las comunidades autónomas de una mayor carga
competencial, y tampoco me voy a referir a las directivas europeas. Sí
voy a hacer alguna alusión a los últimos informes científicos sobre esta
costa. En concreto, en la hoja que les he dado figuran algunas de las
variedades de aves marinas que tienen cobijo en las llamadas rías
centrales de Galicia, en concreto la de Ares y la de A Coruña. Pues bien,
aparte de la principal colonia de aves marinas, hay una comunidad de
aves, que está constituida por 82 especies, de las cuales 57 son
nidificantes, estando algunas de ellas incluso en proceso de extinción.
Exactamente igual pasa con los vertebrados, con los anfibios y con los
reptiles, muchos de ellos en estado endémico, por no hablarles de la
variedad vegetal enorme o de los hábitat naturales o de la formación
geológica, para concluir en el importante valor paisajístico de todo el
conjunto o en el valor etnográfico, histórico y artístico que tiene
también en concreto la Punta de Seixo Branco, que fue de los lugares
donde se ubicó el sistema defensivo más importante para proteger la
ciudad de A Coruña desde el punto de vista histórico.
Pues bien, era objetivo del Gobierno municipal, y en mayor o menor medida
de todos los grupos municipales, acabar convirtiendo todo este paraje al
que nos estamos refiriendo en un monumento natural. Desgraciadamente,
acabo de recibir la noticia de que diez días más tarde de presentar esta
proposición no de ley, el Ministerio de Defensa consiguió en segunda
subasta vender nada menos que 20.000 --no sé si son 20.000 metros
cuadrados o algo así porque no tengo una conciencia muy clarificada desde
el punto de vista espacial y geométrico--, por siete millones de pesetas.
Esto está afectado y no se puede construir, pero creo que es una prueba
evidente de que no se puede seguir actuando como se actúa con los bienes
de Defensa
desafectados militarmente. Yo no digo que esta venta fuese clandestina,
pero no fue en A Coruña, sino que fue realizada en Madrid y,
desgraciadamente, ahora nos encontramos con hechos consumados.
Si mantuve la defensa de esta proposición no de ley fue solamente para
llamar la atención de SS. SS. sobre que es necesaria una ley marco que
ponga orden de una vez por todas en esta cuestión. El domingo estuve en
otro paraje natural privilegiado que ya fue tema de debate en esta
Comisión. Me refiero a aquella playa de Doniños tan maravillosa y su
polígono de tiro, donde se acabó haciendo una galería por valor de 100
millones de pesetas nada menos que en lo que era y es propiedad de
Defensa, pero afectando a toda la barra dunar de la playa y cargándose,
echando escombros y arena por todas partes, un lugar que está protegido
por las normas urbanísticas, que está protegido por la Xunta de Galicia,
por Costas y por todo. Señores, yo ya no sé quién manda aquí, pero si
manda el Ministerio de Defensa, que lo digan claramente, nos ponemos
todos firmes, ¡ar! y se acabó. Vuelvo a repetir que es urgente que se
delimite de una forma clara aquello con lo que Defensa puede hacer
negocio y aquello en lo que debe cesar inmediatamente por el bien
público, por el bien de la sociedad y por el bien no solamente del paraje
natural sino de todo lo que tiene valor histórico-artístico y valor para
el ecosistema.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: La exhaustiva y prolija intervención del señor
Rodríguez sobre las características medioambientales de la zona objeto de
debate en este momento, me ahorran cualquier añadido más a su
intervención en cuanto se refiere a la necesidad de dotar a esta zona de
una protección desde el punto de vista legislativo y desde el punto de
vista de cauces administrativos adecuados para su mejor rentabilidad y
aprovechamiento medioambiental.
Estamos ante una de esas situaciones en la que, una vez que se ha
producido la desafectación por parte del Ministerio de Defensa, en el
caso concreto de la Punta de Seixo Branco, a la hora de dilucidar cuál es
el cauce administrativo adecuado para obtener el mayor aprovechamiento
desde el punto de vista medioambiental de la zona, nosotros coincidimos
con el fondo de la proposición del Grupo Mixto, que es la necesidad de
defender a Seixo Branco de la agresión medioambiental. En ese sentido
entendemos que está justificada la necesidad de buscar un cauce
administrativo adecuado para que el Seixo Branco pase a ser de
titularidad municipal, pues el espacio citado carece de aprovechamiento
urbanístico y su conservación produce beneficios por la mejora de la
calidad ambiental pero no beneficios económicos.
Por otra parte, la proposición está redactada en unos términos
razonables. Los puntos 1 y 3 no nos ofrecen ninguna dificultad. En cuanto
al punto número 2, dentro de lo que pudiese ser una enmienda in voce, mi
grupo consideraría que, aparte de figurar dentro de la redacción del
mismo la conveniencia de impulsar y colaborar con propuestas
institucionales, ya sean del Ayuntamiento o de la Xunta de Galicia,
destinadas a declarar espacio natural protegido la costa de Dexo, también
se podría añadir ahí --entendemos que sería oportuno-- la conveniente
participación del vecindario afectado, indicando que estas figuras de
espacios naturales protegidos al menos deben contar con la participación
y con la opinión de dicho vecindario, dado que buena parte de las
alternativas que allí se van a generar desde el punto de vista del
desarrollo de esta figura van a redundar sobre el mismo, que en muchos
casos tiene sobre esos terrenos unas inversiones económicas que conviene
tener en cuenta al introducir esta figura de espacio natural protegido y
que, por tanto, a la hora de considerar la figura definitiva, deberían
entrar también dentro de lo que es la cooperación con instituciones para
llegar a la declaración de espacio natural protegido.
Nosotros simplemente añadiríamos al punto 2 de la proposición no de ley,
como enmienda in voce, si el Grupo Mixto no tiene inconveniente, al
terminar lo que está entre guiones: impulsar y colaborar con las
propuestas institucionales del Ayuntamiento y/o de la Xunta de Galicia...
«y con la participación del vecindario afectado»... destinadas a declarar
espacio natural protegido la Costa de Dexo, etcétera.
Eso sería lo que añadiríamos a esta proposición no de ley que, vuelvo a
repetir, lo único que pretende es favorecer el uso racional de un espacio
desafectado. Compartimos también que ese espacio desafectado, a través
del cauce administrativo de la titularidad municipal, puede encontrar el
mejor aprovechamiento desde el punto de vista de la rentabilidad
medioambiental. En ese sentido votaríamos favorablemente, solicitando del
Grupo Mixto la mera adición de este pequeño añadido para que los
intereses de los vecinos afectados sean tenidos en cuenta por esta
eventual protección a la hora de efectuar esa declaración.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Señorías, este grupo parlamentario reconoce y
conoce en directo y sobre el terreno la realidad de los valores
ecológicos, etnográficos y culturales que este espacio natural posee en
sí mismo.
También opinamos que el fondo de la cuestión se compagina fácilmente con
las teorías y planteamientos de este grupo parlamentario, pero hay
ciertas cuestiones que conviene que no olvidemos a la hora de formular
propuestas concretas como la que hoy aquí estamos debatiendo. Después de
la exposición inicial del proponente, señor Rodríguez, yo tengo que hacer
ciertas matizaciones que no quería hacer, pero a las que me veo obligado
a recurrir dada la proposición presentada.
La cuestión es que el Gobierno bajo ningún concepto puede cometer un acto
de prevaricación y por supuesto no puede dilapidar el patrimonio del
Estado, en este caso el de Defensa. Si alguien está dispuesto a pagar
algo por alguna de las propiedades que en proceso de enajenación se
ofertan, es evidente que esa recaudación tiene que producirse simplemente
por imperativo legal. Es bien cierto que la Gerencia de Infraestructuras
de la Defensa enajena este bien y lo oferta al Concello de Oleiros que,
a su vez, manifiesta el interés por esta propiedad de la Defensa, pero
sucede que más tarde rechaza por dos veces su compra. Por tanto, cuando
uno se refiere a planes municipales de promoción ambiental, turística y
socioeconómica está cometiendo como mínimo un leve desliz, porque el
Ayuntamiento, por lo que parece, no está dispuesto a adquirir esta
propiedad. En consecuencia, no ha lugar a un convenio, no ha lugar a la
reversión, porque en segunda subasta pública este bien fue adquirido por
una sociedad limitada en las condiciones que le marcaba Defensa y también
el Ayuntamiento de Oleiros en cuanto al plan general de ordenación
urbana. Aquí queda eliminada la figura de la posible especulación que
apuntaba el señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego. Conviene
decir que en este proceso de subasta la publicidad ha sido suficiente, yo
diría que notable. Ha estado expuesto en los tablones de la Delegación de
Hacienda y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y en todos
los diarios de tirada nacional, incluido el diario de mayor tirada de
Galicia. Por tanto, no procede ni siquiera mencionar la cuestión
puramente ocultista que se señalaba. La segunda subasta, también pública
y debidamente anunciada, se celebró en Madrid debido a que la que se
había celebrado en la Plaza de la Coruña había quedado desierta, simple
y llanamente, y aquí está incluido el Concello de Oleiros, que si tanto
interés tenía por esta posesión bien pudo haberlo manifestado accediendo
a la compra o pujando en alguna de las subastas.
No tengo mucho más que añadir, pero después de ver que este bien de la
Defensa está ya en manos de otro propietario, procedería que se efectuase
una retirada de esta proposición, por cuanto no es posible actuar sobre
una propiedad privada y tampoco es posible acceder a esa reversión al
Ayuntamiento que por parte del Bloque Nacionalista Galego se está
solicitando. Por tanto, de no aclararse si hay retirada o no, nos
veríamos en la obligación de votar en contra de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Sánchez, tiene la palabra para
expresar su posición sobre la enmienda in voce presentada y la propia
posición del señor Fariñas en nombre del Grupo Popular.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Por supuesto la enmienda que presenta in voce
el Grupo Parlamentario Socialista es plenamente aceptable, pero yo creo
que en la cuestión de los bienes de Defensa lo que no se puede es hacer
una crítica a las administraciones públicas que se niegan a pagar dinero
por espacios naturales. Lo que es la trampa de esta ley --y no estoy
hablando de la trampa del Gobierno-- es que unas administraciones
públicas tienen que comprar a otras, con dinero de los ciudadanos, un
bien que a su vez es público. Que venga Dios y lo vea, porque esto es el
disparate llevado hasta las últimas consecuencias.
Si se trata además de un lugar que está afectado por Costas, en el que no
se puede construir, no entiendo cómo lo puede comprar una empresa
constructora, a no ser que tenga la esperanza de que algún día cambien
las normas urbanísticas del Concello de Oleiros, porque si no, esto es un
disparate. Lo que no se puede pedir a una corporación, cuando ya están
como están, es que gaste siete millones de pesetas en la compra de un
espacio público, porque después tendrá que gastar otros siete en comprar
no sé qué a no sé quién, y otros siete a los privados, con lo cual no hay
fondos públicos de una corporación local que resistan. Este es el fondo
del debate.
Yo estaba dispuesto a retirarla, pero casi prefiero que se vote para que
quede derrotada y, si no, para que le quede constancia al Ministerio de
Defensa de un rechazo a la política que se está haciendo con bienes que
son de propiedad pública y que además tienen un valor importante, en este
caso ecológico, y en otro es un valor histórico-artístico.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que vamos a votar de acuerdo con esa
enmienda in voce presentada por el Grupo Socialista en su momento.
--SOBRE SUSTITUCION DE PERSONAL ESPAÑOL QUE REALIZA SUS FUNCIONES EN LAS
INSTALACIONES USA DE LA BASE AERONAVAL DE ROTA (CADIZ) POR PERSONAL
NORTEAMERICANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000670).
--RELATIVA A LA BASE NAVAL DE ROTA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000700).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a los puntos 7 y 8 del orden
del día que, como anuncié al principio, los vamos a debatir conjuntamente
por tratar sobre el mismo tema, y que leo a continuación. El número 7 es:
proposición no de ley sobre sustitución de personal español que realiza
sus funciones en las instalaciones USA de la base aeronaval de Rota
(Cádiz) por personal norteamericano, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Y la
número 8 es: proposición no de ley relativa a la base naval de Rota,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Para la defensa de la primera proposición no de ley, tiene la palabra el
señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: La proposición no de ley tiene que ver con un
conflicto que se está viviendo en estos momentos en el municipio de Rota
ante el anuncio, parece que firme, que se ha publicado hoy en los medios
de comunicación, de despidos de personal español que está realizando sus
funciones en la parte de la base utilizada por las fuerzas de Estados
Unidos.
La situación en este municipio es que hay una contestación social ante el
temor, por parte del ayuntamiento y de la provincia de Cádiz, de que los
1.519 trabajadores y trabajadoras que realizan estas funciones puedan ser
sustituidos o despedidos de la base, creando un problema serio para una
ciudad que tiene una servidumbre que le impide desarrollarse en el medio
natural en que está, como es la base naval de Rota, que juega una función
fundamental tanto para las aeronaves norteamericanas como para las del
Estado español.
Es conocida la posición contraria del Grupo de Izquierda Unida a que
exista la base norteamericana en Rota, y así se lo hemos hecho llegar al
propio comité de empresa. Pero también hemos planteado con claridad que,
mientras estén, hay que mantener el actual status de los trabajadores
españoles en la base de utilización conjunta. Por tanto, compartimos el
objetivo de que no se suprima ninguno de los puestos de trabajo actuales.
Los trabajadores del comité de empresa han realizado multitud de
acciones, encierros en el ayuntamiento y concentraciones. La Mesa y
portavoces hemos tenido ocasión de mantener una reunión con ellos y con
las autoridades locales (con el alcalde y concejales), quienes nos han
manifestado su preocupación. Entendíamos que había que sustanciar un
compromiso en la Cámara para que se garantice a todos los efectos que no
se va a destruir ningún puesto de trabajo. En ese sentido va la
proposición, entendiendo que es un tema que interesa al conjunto de los
grupos políticos y dejando claro que nuestra intención es que no se
destruyan puestos de trabajo. Estamos abiertos a transaccionar un texto
que dé garantías y que el Gobierno exija a la administración
norteamericana que mantenga los actuales puestos de trabajo. Con esa
filosofía estamos abiertos a llegar a una transacción que dé tranquilidad
y que apoye a la Administración española ante las pretensiones
norteamericanas de reducir sensiblemente la presencia de trabajadores
españoles en la base aeronaval.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, firmante de
la segunda proposición, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Sin que sirva de precedente, y con el permiso
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, voy a hacer mías las palabras
de su portavoz en lo referente a temas laborales, y no de planteamientos
estratégicos, en los que, como todos ustedes pueden suponer, mantenemos
ciertas diferencias, al menos formales.
Mi grupo reitera la petición al Gobierno de la defensa a ultranza del
cumplimiento del tratado bilateral, en lo concerniente a los puestos de
trabajo de la base naval de Rota y de los acuerdos laborales suscritos
con los representantes de los trabajadores, que refuerzan más las
condiciones en las cuales debe realizarse la política de personal, la
política laboral de las instalaciones militares de Rota.
Es bien sabido por los miembros de esta Comisión de Defensa cuál es el
sentir, no sólo de los representantes de los trabajadores, sino también
de la corporación municipal de rota, a la que tuvimos ocasión de escuchar
en su reciente visita a esta casa. Todos los grupos políticos de la
municipalidad de Rota expresaron su preocupación por la situación que se
vive en la localidad y por los precedentes que su solución puede
conllevar para el futuro de la base militar. Sabemos que a principios del
mes de diciembre se tendrá una especie de auditoría laboral de la base en
su conjunto, y que con ella el comité conjunto hispano-norteamericano
podrá estudiar salidas con los representantes de los trabajadores; pero
estas salidas están ya un tanto prefiguradas.
La filosofía que hasta ahora han impulsado las autoridades
norteamericanas ha sido clara: incentivar las jubilaciones o las
prejubilaciones, en su caso, y las bajas laborales. Hemos visto sus
consecuencias en la resolución del conflicto del comedor Camp Michel, que
de los 24 trabajadores incluidos en el expediente de rescisión de
contratos, 16 están esperando ya la comunicación del despido. Es cierto
que el Ministerio ya ha anunciado su intención de recolocar a todos los
trabajadores despedidos en otras dependencias militares ubicadas en un
entorno de 50 kilómetros a la redonda. Esta actuación del Ministerio, no
siendo la mejor solución, debemos reconocer alivia o soluciona el drama
personal de la pérdida de un puesto de trabajo. Pero no es menos cierto
que la pérdida de puestos de trabajo en la base naval de Rota no puede
permitirse sin una escrupulosa defensa de los tratados y convenios y,
sobre todo, no puede hacerse desde la certidumbre de que las rescisiones
laborales no se producen porque haya decaído la actividad en la base,
sino cuando, y muy al contrario, se han realizado muchas horas extras por
los trabajadores amenazados con el despido.
Toda esta actividad, que dejará de ser desempeñada por trabajadores
españoles si el Ministerio no lo remedia, acabará en manos de
trabajadores estadounidenses. Esto es lo que debería evitarse, máxime
cuando Rota es un municipio profundamente afectado en tiempo y espacio
por la presencia de la base naval, cuyos puestos de trabajo son el único
beneficio directo que se recibe de la presencia de sus instalaciones.
Como en este mismo espíritu de defensa de los puestos de trabajo creo que
coincidimos todos los grupos de la Cámara, estamos dispuestos a aceptar
el texto transaccional que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Popular
hace escasos minutos, y que debe contar ya con el beneplácito de la Mesa
para su tramitación. Si es así, nuestro grupo aceptaría el texto
transaccional que se nos ha pasado para su aprobación.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el Grupo Popular ha presentado en su
momento una enmienda a estas dos proposiciones no de ley, y después ha
presentado una enmienda de la enmienda, que entiendo que es la que
podemos considerar como transaccional, y que es la que conocen todos los
grupos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ HARO: Antes de entrar en el debate de las dos
proposiciones no de ley que presentan los Grupos
de Izquierda Unida y Socialista, es de justicia destacar que el pasado
mes de junio tuvo lugar la firma del primer convenio colectivo del
personal laboral local que presta servicio a las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos en España, según recogía el anexo 8 del acuerdo bilateral
hispano-norteamericano suscrito en 1989. Digo que es de resaltar, porque
hay una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con
fecha 20 de enero de 1992, obligando a las partes al inicio de
negociaciones; pero éstas no se han producido hasta este año, en que la
inquietud y el talante negociador de este Gobierno ha hecho posible el
feliz acuerdo.
Con respecto a las proposiciones presentadas, en primer lugar hemos de
decir que en modo alguno se ha planteado la sustitución de la totalidad
de los trabajadores españoles locales que prestan servicio a la marina
norteamericana de la base naval de Rota. Aquí habría que recordar aquello
de OTAN no, bases fuera, que precisamente no es de nuestro grupo.
El pasado día 3 de septiembre se celebraron, en el seno del Comité
permanente hispano-norteamericano, las consultas previstas en el artículo
seis del anejo ocho del vigente convenio bilateral. En dicha reunión, se
acordó considerar iniciado únicamente el expediente relativo a la
reducción de 24 puestos de trabajo, sitos en el comedor del batallón
naval de construcciones, conocido como Camp Michel; reducción que, de
hecho, afecta a 19 trabajadores, si bien a tres de ellos también se les
ha ofrecido la recolocación por parte de la Comandancia de actividades
navales de los Estados Unidos en España; por lo que, si aceptan el
ofrecimiento, en principio, sólo afectará a 16 personas, que serán
recolocadas por el Ministerio de Defensa español, fruto del convenio
colectivo que cité al principio de mi intervención.
Asimismo, se ha paralizado en su inicio el proceso de reducción de otras
81 bajas, con el fin de estudiar en profundidad la posible reasignación
a otros puestos o quizá la posibilidad de jubilaciones anticipadas. Cabe
destacar que el Ministerio de Defensa no autorizará ninguna reducción que
no se encuentre dentro de las previsiones reglamentarias que están
contempladas en el anexo seis de la Orden ministerial de 17 de noviembre,
en el que se recogen tres supuestos: el cambio de la misión asignada, la
reorganización o la falta de fondos. El Gobierno está realizando las
gestiones que se interesan en ambas proposiciones no de ley, cerca de los
representantes norteamericanos, por el momento en orden a la paralización
de las reducciones pretendidas por la Administración USA, y en las que
también se les ha planteado la incompatibilidad de un sistema de
contratas para desempeñar cometidos que han sido suprimidos desde el
punto de vista de una relación laboral, sin que en ningún momento se haya
expresado la posibilidad de sustituir con personal civil norteamericano
a los trabajadores españoles que ocupan los puestos sujetos a una
hipotética reducción.
Por todo lo expuesto es por lo que presentamos la enmienda que tiene la
Mesa, que dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para
que continúe profundizando en las gestiones que viene realizando ante las
autoridades norteamericanas, en base al tratado bilateral
hispano-norteamericano, al objeto de mantener los actuales puestos de
trabajo del personal laboral local de la base naval de Rota.
El señor PRESIDENTE: Para expresar su aceptación o rechazo de esta
enmienda presentada, en primer lugar tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: De acuerdo, pero creo que se debe añadir: todos
los actuales puestos de trabajo. Con eso estaríamos de acuerdo respecto
a la enmienda en la que hemos estado trabajando todos.
El señor PRESIDENTE: Ha leído todos los actuales puestos.
El señor MEYER PLEITE: Entonces de acuerdo, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Socialista no hay ninguna objeción?
(Pausa.)
Anuncio que, en su momento, votaremos estos dos puntos del orden del día,
aunque sea por separado, de acuerdo con el texto que acabamos de leer y
que conocen todos los grupos parlamentarios.
--RELATIVA A OFERTA DE COMPRAVENTA POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LAS
FUERZAS ARMADAS (INVIFAS) DE LAS VIVIENDAS DE SANTIAGO APOSTOL, EN LA
BARRIADA DE NARON (LA CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO (Número de expediente 161/000692).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto nueve del orden del día:
Proposición no de ley relativa a la oferta de compraventa por el
Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) de las
viviendas de Santiago Apóstol en la barriada de Narón (La Coruña). Es una
iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto y, para su defensa, tiene la
palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Vamos a tratar un problema elemental y quiero
aclarar previamente algunas cuestiones.
Sin duda hace bien el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta la actual
situación política, económica y social del Estado español y, sobre todo,
los vientos que hay a nivel internacional, en dejar de ser propietario de
viviendas que estaban destinadas básicamente a sus trabajadores. Hay que
decir, de todas maneras, que debe hacerlo conforme a ciertos criterios y
principios. El primero de ellos es que tendrá deberes como propietario
con sus inmuebles, como todos los propietarios, de acuerdo con la
legislación vigente. En segundo lugar, que no cabe duda de que debe tener
en cuenta que estas viviendas, en gran parte, tienen un carácter social
y tuvieron esta iniciativa, ya que iban
destinadas a los sectores que tenían unos salarios más bajos dentro de
las Fuerzas Armadas en muchos casos. También hace bien en no cederlas
gratuitamente, pero, al mismo tiempo, habría que decir que debe hacerlo
de la forma más adecuada a la capacidad adquisitiva de sus moradores e
inquilinos.
Decimos todo esto como preámbulo para referirnos al caso de las viviendas
de Santiago Apóstol, en el Ayuntamiento de Narón (A Coruña), que son
propiedad del Ministerio de Defensa (Invifas) y que están ocupadas por
militares retirados, militares con salarios muy bajos, de los escalones
inferiores, dentro de lo que es la escala militar, y por funcionarios de
defensa con salarios muy bajos también. Realmente, muchos de ellos son
inquilinos de estas casas desde hace más de cuarenta años; y, hay que
decirlo, son casas que se encuentran en un estado lamentable, con
excesivas deficiencias, que demuestran que el propietario no estuvo a la
altura de las circunstancias en cuanto a su deber de cuidarlas por lo
menos en sus aspectos fundamentales y básicos.
Sería ilustrativo poder ver todo el dossier de prensa que sin duda los
diputados del Partido Popular de la comarca de El Ferrol conocen a la
perfección, seguramente mejor que el que les está hablando. Se trata de
instalaciones eléctricas deplorables, de tejados sin fundir, por donde
caen inmensas goteras, de instalaciones sanitarias que son de auténtica
pena, de ventanas destrozadas por su vejez, con humedades por todas
partes, con grietas e, incluso, con falta de una red de alcantarillado y
vertiendo todo a un río que está en un estado infecto. No ha habido, por
tanto, por parte del Invifas, una actuación adecuada con estos bienes
inmuebles durante muchos años.
Es cierto, además, que este tema no es nuevo en este Congreso de los
Diputados. Nos consta que, en concreto, el señor Fernández de Mesa, en la
anterior legislatura, planteó varias preguntas parlamentarias en la
dirección en que va hoy esta proposición no de ley.
Cuando el Invifas empieza el proceso de compraventa, igual que hizo con
anterioridad con las viviendas Virgen del Mar de Narón, en este caso las
tasa por un precio a todas luces abusivo, 2.400.000 pesetas, en números
redondos, más los gastos de registro, notaría, y así sucesivamente; con
lo cual se ponen, tranquilamente, en una cantidad muy próxima a los
3.000.000 de pesetas. Hubo convocatorias para la compraventa en junio y
en septiembre y hoy hay, por lo menos, unas 60 viviendas que siguen
estando ocupadas por sus inquilinos, pero no quieren acceder a la
propiedad en estas condiciones. Desean adquirirlas, pero a través de dos
vías: o bien que se baje el precio de la tasación, o bien que el Invifas
repare las deficiencias.
La proposición no de ley, por tanto, va destinada a intentar por todos
los medios que haya una vía de diálogo que posibilite una mayor
adecuación de la compraventa a tres parámetros: el lamentable estado en
que están las casas, por tanto va a haber que hacer inversiones para su
habitabilidad, y la escasez de recursos económicos de sus moradores.
Teniendo en cuenta esto, la proposición no de ley que el Bloque
Nacionalista Galego presenta reza de la siguiente manera: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno, Ministerio de Defensa e Invifas, a
realizar una nueva oferta de compraventa de las viviendas de Santiago
Apóstol en Narón (A Coruña) a los actuales inquilinos, que tenga en
cuenta el lamentable estado en que se encuentran, la ineludible necesidad
de inversiones importantes por parte de sus hipotéticos nuevos
propietarios para garantizar su habitabilidad, así como la escasez de
recursos económicos de las familias que las habitan.
Nos consta, porque así nos fue comunicado, que existe una enmienda
transaccional presentada por el Partido Popular y otra por el Grupo
Parlamentario Socialista. Parece que estamos de acuerdo en orientar la
votación sobre el texto presentado por el Partido Popular, que sitúa una
vía de diálogo y de solución a la problemática por el camino de que el
Invifas repare las deficiencias más graves de las casas y aquellas que
les correspondan, conforme a la legislación vigente, en concreto, un
decreto del año 1990.
Como se trata de un problema social, de un problema elemental y de buscar
una solución, quiero dejar claro que el Bloque Nacionalista Galego acepta
la enmienda transaccional del Grupo Popular que, además, ha sido
consultada con los otros grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a la Mesa ha llegado una enmienda
presentada por el Grupo Popular y parece que consensuada. Me voy a
permitir, señorías, llamar a esta enmienda desalentadora, porque como no
tiene ni un solo punto, la lectura de arriba abajo le hace a uno perder
el aliento. Quiero decir con esto que quizá sería bueno cuidar un poco la
redacción. A pesar de la redacción la voy a leer, aunque seguramente la
conocen ya todas SS. SS. Dice así: Que el Invifas, dentro del actual
proceso de compraventa --creo que habría que explicarlo un poco--, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1751/1990,
inicie los correspondientes expedientes para poder reparar los defectos
graves de las viviendas a que se refiere la presente proposición no de
ley --aquí debería ir un punto-- y que se consideren responsabilidad del
Invifas, una vez recibidas cuantas quejas expusieran defectos graves de
las viviendas y una vez comprobados y examinados por la delegación
correspondiente. Si se aprueba la «y» y el punto que la Mesa ha
introducido.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Si es una cuestión de redacción, en dos
minutos le podemos dar una forma adecuada, sin cambiar para nada el
contenido, si nos lo permite.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente, si quieren introducir
alguna mejora. Especialmente, entiendo que las últimas líneas quedan un
poco confusas. Creo que siempre es bueno que la Comisión presente sus
textos de forma adecuada.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor presidente, simplemente
para hacer ver que el texto es el siguiente: Que el Invifas --eso es lo
que pone--, dentro del actual proceso de compraventa, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1751/1990, inicie los
correspondientes expedientes para poder reparar los defectos graves de
las viviendas a que se refiere la presente proposición no de ley...
El señor PRESIDENTE: Hay que poner un punto ahí.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Es una cuestión de redacción.
El señor PRESIDENTE: Pediría a los portavoces que, si les parece
oportuno, en unos momentos corrijan el texto, especialmente en sus
últimas líneas, y hagan llegar a la Mesa un texto corregido, que será el
que sometamos a votación en su momento.
Tiene la palabra el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: No hay ningún inconveniente en acceder a lo que
el presidente nos solicita. Sin embargo, es verdad que la redacción es
correcta, puesto que a partir de «proposición no de ley, que se
consideren responsabilidad...», es evidente que va referido a los
defectos graves de las viviendas. Es bastante difícil colocar ahí un
punto, pero lo intentaremos.
El señor PRESIDENTE: Me permito dudar de lo de la evidencia que dice S.
S. La evidencia se supone.
En cualquier caso, les agradecería que revisen el texto, si les parece
oportuno.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EL
REORDENAMIENTO DEL ESCALAFON GENERAL DE LOS OFICIALES DE LA ESCALA
AUXILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000570).
El señor PRESIDENTE: Seguimos debatiendo los puntos del orden del día que
nos quedaban pendientes.
Punto número 3, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
adoptar las medidas oportunas para el reordenamiento del escalafón
general de los oficiales de la escala auxiliar, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para
su defensa, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Efectivamente, la determinación de la antigüedad
entre los oficiales de la denominada escala auxiliar se está viendo
alterada de forma grave como consecuencia de las sentencias dictadas por
diversos tribunales ante las reclamaciones presentadas por el personal de
dicha escala. Las resoluciones judiciales han dado lugar a la existencia
de agravios comparativos de doble índole: por un lado, entre los
recurrentes, por cuanto unos han visto estimadas sus peticiones y otros
desestimadas; y, por otro lado, porque aquellos que no recurrieron han
sido sobrepasados en el escalafón por aquellos que han obtenido sentencia
favorable.
Esto es lo que nos obliga a traer una propuesta exigiendo una
reordenación lógica del escalafón que evite agravios comparativos, lo
cual podría realizarse siguiendo el precedente existente para la escala
especial en su integración en la escala media, lo que se realizó mediante
la orden ministerial y la resolución correspondientes.
Por todas estas razones, se presenta esta proposición no de ley que viene
a decir que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a adoptar las
medidas oportunas para el reordenamiento del escalafón general de la
escala auxiliar mediante las necesarias rectificaciones de antigüedad,
escalafonando a sus componentes en los puestos que tenían cuando fueron
promocionados a su ingreso en esta escala, de manera que se les reconozca
antigüedad y efectividad de tenientes, según la fecha en que fueron
declarados aptos para el ascenso y se les reconozca la antigüedad y
efectividad de capitán.
No ocultamos que este escalafonamiento, como otros que hemos tratado,
tiene su dificultad. Es verdad también que estamos hablando de un
reducido número de personas, pero dada esa complejidad estaríamos
abiertos a cualquier iniciativa que nos permita, al menos, iniciar los
trámites para que en un corto espacio de tiempo se nos puedan presentar
distintas soluciones. En cualquier caso, creemos que es un colectivo que
merece esta reflexión y que merece, además, que entre todos seamos
capaces de buscar las soluciones que, a nuestro entender, son de
justicia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar en el debate? (Pausa.)
Advierto que por parte del Grupo Popular se ha presentado en la Mesa una
enmienda; la consideraremos como una enmienda in voce y sobre ella en su
momento expondrá su posición el grupo proponente.
En todo caso, seguiremos el orden habitual. En primer lugar, tiene la
palabra, por el Grupo Socialista, el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Esta será una intervención necesariamente
breve, porque el cambio constante de textos transaccionales hace muy
difícil adoptar una posición sobre un texto que físicamente aún no tengo.
Me lo acaban de entregar ahora mismo. He participado en la negociación
del texto y estoy de acuerdo en la filosofía que se deriva de las
conversaciones.
Está claro que nos encontramos ante una situación extraña en el ejército.
Una serie de sentencias favorables a recurrentes de la escala auxiliar
crearon unas diferencias en el seno de la misma escala, según dónde se
presentaban y según cuáles eran las sentencias de los tribunales
superiores de justicia que dictaminaban los hechos. Es decir, que la
ubicación física de las unidades consagró diferencias en el ejército en
un punto muy delicado y específico de su funcionamiento, como es el
escalafón. Esto se intentó corregir en la anterior legislatura, y el
Gobierno socialista ascendió a capitanes a los tenientes que llevaran al
menos ocho años desde la realización de su curso de aptitud para
ascender a teniente. Ahora, la proposición que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida da un paso más para corregir las
consecuencias negativas de las sentencias de los distintos tribunales
superiores de justicia, pero deben leerse, hoy en día, a la luz de la
sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación en interés de
ley, de fecha 23 de junio de 1993, que declaró erróneas las sentencias de
los tribunales superiores, pues los ascensos consagrados en los mismos
incumplían los requisitos legalmente establecidos y dificultaban el
cumplimiento de la normativa encaminada a la reorganización del ejército.
Ese es el tenor literal de la sentencia del recurso que acabo de
mencionar.
Entendiendo que la proposición no de ley va encaminada a resolver algún
problema, aunque crea otros de índole económica y que de alguna forma el
texto transaccional que ha presentado el portavoz del Grupo Popular
parece que también va en la misma dirección, el Grupo Socialista va a dar
su apoyo, esperando que en el plazo a que nos hemos comprometido a través
de la votación podamos estudiar, caso por caso, todas las reclamaciones
que la escala pueda presentar a lo largo de los próximos meses.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Amador.
La señora AMADOR GUILLEN: Señorías, esta proposición no de ley forma
parte de un conjunto de iniciativas ya debatidas en el seno de esta
Comisión y en distintas ocasiones, aunque en parecidos términos, por
distintos grupos parlamentarios, como es el caso de Izquierda Unida y lo
fue el del Grupo Popular, lo que nos indica el interés que despierta este
colectivo a la generalidad de los grupos parlamentarios.
Habría que decir que coincidimos todos en el fondo. Sin embargo, habría
que señalar dos aspectos bien distintos. Primero, como muy bien decía el
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, la determinación de la antigüedad
entre los oficiales de la escala auxiliar ha venido siendo alterada como
consecuencia de haber recaído sentencias discordantes emanadas de
diversos tribunales superiores de justicia, que han puesto fin a
reclamaciones presentadas por miembros de dicha escala en relación con la
reordenación de su antigüedad. Obviamente, la disparidad entre tales
sentencias ha tenido efectos perniciosos, puesto que, al tratarse de
sentencias firmes, tienen la condición formal y material de cosa juzgada,
implicando este último efecto que la misma cuestión objeto del fallo se
reproduzca en un nuevo proceso en aras de un elemental principio de
seguridad jurídica.
Como es natural, el juego del efecto de cosa juzgada se circunscribe al
ámbito de la competencia propia de cada tribunal superior de justicia.
Ello conlleva que las sentencias dictadas por distintos órganos
jurisdiccionales tengan contenidos contrapuestos sobre un tema
sustancialmente idéntico, con los efectos perniciosos en el orden de la
administración militar a que se ha hecho referencia, ya que al Poder
Ejecutivo, del que la administración militar es parte integrante, no le
queda sino acatar en sus propios términos el contenido de aquellos fallos
discrepantes, al ser los mismos firmes y ejecutorios y tener aquel efecto
que mencionábamos de cosa juzgada, pues según señala el artículo 118 de
la Constitución, es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones
firmes de jueces y tribunales. Por tanto, la administración militar se ha
limitado a ejecutar, en sus propios términos, aquellos fallos
discordantes.
El segundo aspecto interesante a señalar es la modificación de la Ley
17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar
profesional en lo relativo a la escala auxiliar y la posición del
Gobierno al respecto; posición que fijó el subsecretario de Defensa en la
comparecencia del pasado 10 de junio que, dicho sea de paso, fue
solicitada por el Grupo Izquierda Unida para conocer las medidas a
adoptar por este departamento en cumplimiento de la proposición no de ley
relativa a la modificación y aprobada por mayoría en el seno de esta
misma Comisión. En la mencionada comparecencia, el señor subsecretario de
Defensa manifestó, en primer término, algo que no puede olvidarse hoy
aquí, y es que esta proposición también contó con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular y que, además de ello, es históricamente este grupo
el que primero tomó la iniciativa en la defensa de este colectivo que,
por diferentes circunstancias no imputables al Gobierno del Partido
Popular, se encuentra claramente relegado y al que hay que trata de
reponer en la situación que se merece. Por todo lo cual, y sin lugar a
duda, esa proposición no de ley va a ser cumplida en los términos en que
en su momento fue aprobada por este Congreso de los Diputados.
No obstante, decía asimismo el subsecretario de Defensa que, por lo que
atañe al momento cronológico en que de facto vaya a producirse la
modificación legal, no es posible dejar de tener en cuenta que cada vez
que se modifica la normativa en materia de personal, se producen efectos
de largo alcance desde el punto de vista cronológico y, en consecuencia,
parece razonable que antes de hacer un retoque se realicen los estudios
oportunos, por lo que al estarse tratando de modificar un conjunto de
aspectos en materia de política de personal que afecta a diferentes
preceptos de la ley 17/1989, y dado que se pretende llevar a cabo una
reforma general del contenido de la misma, ha de ser en este contexto de
reforma general donde ha de incorporarse la reforma puntual que dé lugar
a la proposición no de ley. Esta fue básicamente, señorías, la
comparecencia del subsecretario de Defensa.
En conclusión, el problema, cuya gravedad no se oculta, ha de resolverse,
hoy por hoy, en el marco de una reforma global de la legislación de
personal de las Fuerzas Armadas; reforma que, por su vocación de
profundidad y lo novedoso de algunos de sus aspectos, exige contemplar
globalmente el conjunto de circunstancias a abordar, por lo que para
garantizar el mejor cumplimiento del espíritu que impregna la proposición
no de ley, resulta lo más coherente que el mandato que la misma contiene
sea plasmado en el ámbito de aquel nuevo régimen de personal militar que
se aborda en la actualidad desde el Ministerio, pues no sería razonable,
señorías, que se llevara a cabo en este momento
una reforma parcial que pudiera distorsionar las estimaciones de personal
en los diferentes empleos y que, posteriormente, hubiera de ser
modificada en el ámbito de aquella reforma general.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda in voce,
a la que hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista, en los
siguientes términos: Que se estudien las posibles soluciones a los
problemas planteados en la escala auxiliar del Ejército de Tierra por los
cambios de antigüedad y ascensos otorgados en ejecución de resoluciones
jurisdiccionales firmes, sin que en modo alguno tales soluciones
conlleven efectos económicos de carácter retroactivo ni aumento alguno
del gasto ni perjudiquen los legítimos derechos de terceros, en un plazo
de seis meses y a presentar en el Congreso.
El señor PRESIDENTE: Para tomar posición respecto de esta enmienda que
acaba de ser leída, en la que advierto habría que decir ejecución de
resoluciones jurisdiccionales firmes, es decir, una pequeña corrección
ortográfica, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, aunque nuestro texto nos gusta
más, en aras de buscar una solución, teniendo en cuenta además que se
tasa el tiempo en seis meses para que se traigan al Congreso las medidas
para ayuda de este colectivo, vamos a dar nuestro voto favorable a la
enmienda in voce presentada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, se votará en su momento en los términos
de la enmienda que ya conocemos.
--SOBRE UTILIZACION DE LA BASE AEREA DE ZARAGOZA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número
de expediente 161/000616).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5, que es el último dada la
reordenación que hicimos del orden del día: Proposición no de ley sobre
utilización de la base aérea de Zaragoza, presentada también por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, esta proposición no de ley se
presentó en su día en función de una preocupación de la opinión pública
aragonesa, concretamente de la ciudad de Zaragoza, ante el temor de que
detrás de la construcción de un centro de mando y control en la base
aérea de Zaragoza, por un importe de 1.100 millones de pesetas, dotado de
altas prestaciones en su defensa, reconocido por el propio Ministerio,
pudiese esconderse la pretensión de un nuevo relanzamiento de dicha base,
atendiendo también al próximo despliegue operativo de las fuerzas OTAN en
el momento en que España forme parte plenamente de la estructura militar;
todo ello en una comunidad que en su momento luchó por conseguir que la
base aérea de Zaragoza no jugara un papel principal en el despliegue
operativo.
Esta preocupación es la que nos llevó a Izquierda Unida a plantear esta
proposición no de ley que pretende, al hilo de todas las movilizaciones
que se hicieron en su día en Aragón, en Zaragoza, en contra de la
utilización militar de esta base, instar al Gobierno: primero, a rechazar
la posible utilización de la base aérea de Zaragoza por fuerzas militares
extranjeras en el marco de la estructura militar de la OTAN, por
considerar que tal situación supondría una amenaza innecesaria para la
seguridad de la ciudadanía aragonesa y perjudicaría el desarrollo de los
vuelos civiles y comerciales en el aeropuerto de Zaragoza; y segundo, que
las operaciones de control aéreo del aeropuerto de Zaragoza dependan de
la autoridad civil como forma de favorecer la potenciación de los vuelos
civiles y comerciales.
Lo que pretendemos es que, al hilo de ese sentimiento, que nosotros
creemos importante, de movilización para que Zaragoza y su base aérea no
represente ningún peligro ni hipoteca alguna para la seguridad de los
aragoneses, mantener la proposición con ese objetivo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, esta proposición no de ley
pone en evidencia un problema que existe en este Parlamento, y es que
ante la carencia de medios de apoyo técnico al trabajo parlamentario, se
plantean con bastante frecuencia iniciativas que se basan en una
información que aparece en un periódico y que, pocos días o meses
después, es desmentida, matizada o transformada. Y a partir de una
información en la que se decía que representantes de las fuerzas
militares de Estados Unidos habían mostrado su interés en supervisar las
instalaciones de la base de Zaragoza, se presenta esta iniciativa. Todo
esto queda matizado y encauzado en los términos del convenio bilateral
con Estados Unidos que, evidentemente, plantea una serie de limitaciones
a ese tipo de medidas, pero la realidad es que los medios al servicio del
trabajo parlamentario no permiten un mejor asesoramiento técnico y nos
encontramos con proposiciones como ésta que, por cierto, es
contradictoria en sus fines con otra presentada por un diputado del mismo
grupo, el señor Ríos, que no hace mucho tiempo veíamos, en la que se nos
proponía que el eventualmente futuro mando OTAN en España se ubicase en
un lugar determinado, concretamente, en la provincia de Murcia. Aquí se
nos dice que no se haga nada en Zaragoza. Zaragoza es una base militar,
tiene un uso civil, hasta el momento parece que ambas cosas son
compatibles y deben seguir siéndolo hasta tanto la capacidad de uso civil
permita el desarrollo de unas instalaciones propias y específicas. Por lo
tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Moreno Bustos.
El señor MORENO BUSTOS: Tengo que empezar por decir, señor presidente,
que me sorprende esta iniciativa. Digo que me sorprende porque da la
casualidad de que hace cuatro meses, concretamente el 12 de junio del
presente año, el Grupo Federal de Izquierda Unida en el Parlamento
aragonés presentó la misma iniciativa. Y cuando digo la misma iniciativa
es porque ésta es copia literal, con puntos y comas, de la que hoy
estamos aquí debatiendo. Ya entonces el Parlamento aragonés la rechazó
por amplia mayoría.
Entrando en el contenido de la proposición no de ley, me llama
poderosamente la atención que ya en la exposición de motivos se hable tan
a la ligera de circunstancias que ni se han producido ni se van a
producir; se hable siempre en hipótesis y de términos tan desfasados,
pero tan rimbombantes, como amenaza contra la paz y la seguridad de la
ciudadanía.
La base aérea de Zaragoza, como ya dijo el señor ministro de Defensa hace
un par de semanas ante una pregunta formulada sobre el mismo tema, está
clasificada como de utilización conjunta con el aeropuerto, según el Real
Decreto 1167/1995, de 7 de julio, y catalogada en el despliegue del
Ejército del Aire como base aérea principal. El Gobierno, por boca de su
ministro, ya ha afirmado en innumerables ocasiones que no está previsto
alterar para nada ni su situación ni su utilización con relación a la
posible plena participación de España en la Alianza, ni siquiera al
convenio de cooperación con los Estados Unidos.
Quiero recordar, señor presidente, que las posibles actividades de la
Alianza están supeditadas a los acuerdos de coordinación en vigor y a
otros acuerdos específicos previos, bilaterales o multinacionales. El
incremento, pues, de la actividad militar OTAN no depende de la
integración en la estructura, sino de la voluntad de participación de
España en las actividades de la Alianza, que viene regulado por un
control de actuaciones fijadas mediante acuerdos técnicos firmados por
todas las naciones implicadas. Todo ello choca con declaraciones y
afirmaciones que seguramente son interesadas y que lo único que provocan
es una alarma de la ciudadanía totalmente innecesaria.
Por otra parte, estoy verdaderamente seguro de que el pueblo aragonés
desearía ver, y muy especialmente los ciudadanos de Zaragoza, que nuestro
aeropuerto fuese --y se está intentando que así sea-- uno de los
principales de Europa como terminal de cargo y tráfico de mercancías, ya
que, desgraciadamente, como aeropuerto única y exclusivamente para
pasajeros acabaría, en el futuro, desapareciendo. Por ello, no se trata
de si quien controla el espacio aéreo es la autoridad civil o la
autoridad militar, sino cómo potenciamos en mayor grado dicho aeropuerto.
Hay que decir, señor presidente, que el control del tráfico aéreo en las
bases aéreas es ejercido por controladores del Ejército del Aire y en el
caso de aeródromos de utilización conjunta entre la base aérea y un
aeropuerto, como es el caso de Zaragoza, se establece la Comisión
interministerial Defensa-Transportes, según el Real Decreto 1167/1995, de
7 de julio. Esta Comisión interministerial, de común acuerdo y
considerando el volumen, características y tipo de tráfico aéreo, decide
el sistema de control de tráfico y la modalidad más adecuada para cada
caso. En ese sentido, la Comisión interministerial Defensa-Transportes
decidió aprobar que el control del tránsito aéreo en el área terminal de
Zaragoza fuera responsabilidad del Ejército del Aire, al considerar como
suficientemente especial la superioridad del volumen del tránsito militar
sobre el civil. Desde entonces los controladores del Ejército del Aire
vienen ejerciendo su labor sin recibir ninguna queja y a plena
satisfacción, tanto de los usuarios civiles como de los militares, y sin
que esta circunstancia --y me parece importante resaltarlo-- haya
significado ninguna merma en la potenciación de los vuelos civiles y
comerciales del aeropuerto de Zaragoza, como así insinúa el grupo
proponente en su exposición de motivos.
Señor presidente, acabo recordando a SS. SS. que este tema ya es viejo y
me atrevería a decir que casi tradicional y romántico, al menos en mi
provincia. Lo que deseamos es potenciar el aeropuerto de Zaragoza en sus
usos civiles y militares. Dejemos de alarmar a una ciudadanía que hace
muchos años que ya tiene superado este problema. Por ello, el Grupo
Popular votará en contra de la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado los debates de los distintos puntos
del orden del día. Como habíamos anunciado que las votaciones se
efectuarían a partir de las siete menos cuarto, para que no quede
sorprendido ningún señor comisionado suspendemos la sesión durante cinco
o siete minutos. (Pausa.)
A petición de alguna de SS. SS. declaramos no suspendida la sesión para
leer en voz alta el texto de la enmienda. Queda redactada así. Punto uno:
Que el Invifas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Real
Decreto 1751/1990, inicie, dentro del actual proceso de compraventa de
las viviendas de Santiago Apóstol, en Narón, los correspondientes
expedientes para poder reparar los defectos graves de las mismas. Punto
dos: Que se consideren responsabilidad del Invifas los defectos graves de
dichas viviendas, una vez recibidas las quejas al respecto y comprobadas
por la delegación correspondiente. (Rumores.)
Si alguna de SS. SS. quiere hacer alguna matización, puede hacerlo.
Tiene la palabra el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Si nos permite, señor presidente, nos gustaría
revisar de nuevo el texto, porque parece ser que hay alguna
disconformidad.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia está dispuesta a todo. Suspendemos
por un momento la sesión. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Antes de proceder a las votaciones, querría decir a los portavoces de los
grupos que la tarea que tan intensamente han desarrollado esta tarde --me
refiero fundamentalmente a la presentación de enmiendas sobre la marcha,
de enmiendas in voce, y a la negociación de enmiendas transaccionales--,
si la pudieran desarrollar en tiempo y forma, siguiendo lo que marca el
Reglamento, mejoraría mucho el trabajo de la Comisión. Como no es la
primera vez que esto sucede, yo me permito rogarles que, para
satisfacción de todos, para que puedan estudiar los textos de una manera
más reposada, a ser posible, presenten las enmiendas en los momentos que
marca el Reglamento y sólo excepcionalmente echemos mano de las fórmulas
--que esta Comisión siempre está dispuesta a aceptar-- de la enmienda
transaccional o in voce. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)
¿Señor Meyer?
El señor MEYER PLEITE: A efectos de la votación, quiero comunicar que en
Izquierda Unida hay dos sustituciones. Los diputados señor Navas y señora
Sabanés sustituyen a los diputados titulares de Izquierda Unida en la
Comisión. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Rodríguez Sánchez?
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Rogaría que se leyese otra vez el texto para
que fuese escuchado universalmente. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Si no le importa, lo leeremos en el momento en que
vayamos a proceder a la votación de ese punto del orden del día.
Procedemos a la votación del punto número 1, proposición no de ley sobre
reestructuración de los servicios de información e inicio de los cambios
legislativos oportunos para homologarlos a servicios de información de un
Estado democrático. Se vota en los términos originales de la proposición
no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley número dos, sobre
enajenación en favor del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
del edificio de la Ayudantía Militar de la Marina en dicha localidad.
Se vota en los términos de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista que, en su momento, conocimos en la Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación del punto tercero del orden del día, proposición no
de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas
para el reordenamiento del escalafón general de los oficiales de la
escala auxiliar. Se vota en los términos de la enmienda transaccional
presentada inicialmente por el Grupo Popular y apoyada después por otros
grupos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar el punto cuarto, proposición no de ley sobre realización
de un estudio de viabilidad de la utilización compartida del campamento
militar de Els Castillejos. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en
contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto número cinco, relativo a la proposición no de ley sobre
utilización de la base aérea de Zaragoza, que se vota también en sus
términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la proposición no de ley sobre protección del
espacio conocido por el nombre de Punta de Seixo Branco, en la costa de
Dexo, en el Ayuntamiento de Oleiros (La Coruña). Se vota de acuerdo con
la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto siete, relativo a la proposición no de ley sobre
sustitución de personal español que realiza sus funciones en las
instalaciones USA de la base aeronaval de Rota (Cádiz) por personal
norteamericano. Se vota de acuerdo con la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto ocho, proposición no de ley relativa a la base naval de
Rota, de acuerdo con la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, votamos el punto número nueve. Proposición no de ley relativa
a la oferta de compraventa por el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (Invifas) de las viviendas de Santiago Apóstol en la barriada de
Narón (La Coruña). La votamos de acuerdo con la enmienda que leo a
continuación para conocimiento de todos los señores comisionados: Que el
Invifas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto
1751/1990, inicie, dentro del actual proceso de compraventa de las
viviendas de Santiago Apóstol en Narón, los correspondientes expedientes
para poder reparar los defectos graves de las mismas, que se consideren
responsabilidad del Invifas, una vez recibidas las quejas
correspondientes, comprobadas y examinadas por la delegación competente.
Votamos el texto tal y como acaba de ser leído.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.