CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 315



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 32



celebrada el miércoles, 29 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor presidente de la Compañía Trasmediterránea (Trías
de Bes i Serra) para informar sobre el nuevo plan estratégico de la
citada compañía, con especial referencia a las rutas que se prestan con
las Islas Canarias y las Baleares, así como con Ceuta y Melilla; destino
de los fast-ferries, servicios en tierra a privatizar y las anunciadas
reducciones de plantilla. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso
(Número de expediente 212/000464) (Página 9284)



Comparecencia de la señora presidenta de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) para explicar la posición de dicha
Federación ante el proyecto de Ley del Suelo, aprobado por el Consejo de
Ministros el día 23 de mayo de 1997. A solicitud del Grupo anterior
(Número de expediente 212/000715) (Página 9300)

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Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las comparecencias que tenemos
señaladas en el orden del día de la Comisión. En primer lugar, quiero
informar a la Comisión de que la comparecencia prevista para las doce y
media del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don
Juan Fernández-Armesto Fernández España no podrá llevarse a cabo. Don
Juan Fernández-Armesto me dirigió el jueves pasado una carta que dice --y
doy lectura a ella--: Mi respetado amigo, acabo de tener conocimiento de
mi comparecencia para el miércoles 29 de octubre por la mañana. Ese día
estaré en Estados Unidos como consecuencia de mi participación en una
conferencia organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en la
que participo como ponente y a la que asistirá un buen número de
presidentes de las comisiones de valores de Hispanoamérica. Esta reunión
ha sido organizada hace meses y me resulta muy difícil cancelar mi
presencia. Tampoco resulta factible, dado que los restantes participantes
son presidentes, que me sustituya otra persona dentro de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Por esta razón, al tiempo que te expreso
mi más firme deseo de comparecer en la Comisión que presides, te rogaría
que buscaras otra fecha en la cual mi presencia no creara tantas
dificultades. Termina su carta diciéndome: No obstante lo anterior, si
estimas que la comparecencia de este miércoles 29 es de tal trascendencia
que no puede ser pospuesta, te rogaría me lo indicaras hoy mismo para
cancelar mi viaje a los Estados Unidos.

Con toda sinceridad, debo decir a la Comisión que, en efecto, considero
que la presencia aquí del señor Fernández-Armesto es necesaria. Su
comparecencia es muy importante, pero pensé que su contenido no tenía esa
urgencia que nos llevara a que suspendiera su presencia en Washington
para participar en esa conferencia. Quiero reiterar aquí las palabras del
señor Fernández-Armesto y la voluntad del presidente de la Comisión. En
Mesa y Portavoces, cuando nos reunamos, estableceremos la fecha para que
comparezca en esta Comisión.

Señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Intervengo para coincidir plenamente
con la decisión que ha adoptado el señor presidente. El señor
Fernández-Armesto hizo un esfuerzo importante para encontrarme, consiguió
hacerlo en un sitio inverosímil, me dio las mismas explicaciones y
participo de su razonamiento de que, siendo importante, su comparecencia
no era urgente y, por tanto, podíamos esperar a una fecha que entrase
mejor en sus previsiones. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Insisto en que comparecerá.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA
(TRIAS DE BES I SERRA) PARA INFORMAR SOBRE EL NUEVO PLAN ESTRATEGICO DE
LA CITADA COMPAÑIA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS RUTAS QUE SE PRESTAN
CON LAS ISLAS CANARIAS Y LAS BALEARES, ASI COMO CON CEUTA Y MELILLA;
DESTINO DE LOS FAST-FERRIES, SERVICIOS EN TIERRA A PRIVATIZAR Y LAS
ANUNCIADAS REDUCCIONES DE PLANTILLA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 212/000464).




El señor PRESIDENTE: Señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, sólo voy a decir unas palabras
para manifestar, sin que ello suponga desatención hacia la Comisión, que
nuestro grupo no desea estar presente en esta comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Entiendo que se refiere S. S. a la comparecencia que
vamos a celebrar ahora.




El señor SEDO I MARSAL: A esta primera comparecencia. (El señor Sedó i
Marsal se ausenta de la sala.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en esta primera comparecencia del día
de hoy, del presidente de la Compañía Trasmediterránea ante la Comisión
de Infraestructuras para informar sobre el nuevo plan estratégico de la
citada compañía, con especial referencia a las rutas que se prestan con
las islas Canarias y las Baleares, así como con Ceuta y Melilla; destino
de los fast-ferries, servicios en tierra a privatizar y las anunciadas
reducciones de plantilla.

Esta comparecencia ha sido pedida por el Grupo Socialista del Congreso.

Tenemos con nosotros al señor Trías de Bes a quien damos la bienvenida
cordialmente, como a todas las autoridades comparecientes, pero en este
caso con especial hincapié, ya que ésta es su antigua casa en donde ha
estado como diputado y como compañeros le agradecemos su presencia.

Tiene la palabra el señor Trías de Bes.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA (Trías de Bes i
Serra): Quiero agradecer las palabras de bienvenida, no sin cierta
añoranza, del señor presidente. Comparezco a petición del Grupo
Socialista para dar cuenta de cuanto se expone en la petición de
comparecencia y contestar a cuantas preguntas deseen formular los señores
diputados.

Muy recientemente, el día 5 de marzo de este mismo año, comparecí ante la
Comisión correspondiente del Senado y expuse detalladamente, en una larga
intervención, los ejes fundamentales del plan estratégico de la compañía.

No voy a reiterar aquella intervención puesto que está en el «Diario de
Sesiones» del Senado y sería además muy largo porque fue exclusivamente
para explicar ese plan estratégico. Hoy nos traen aquí otras muchas
cuestiones que iré desgranando y en las que me entretendré para que luego
SS. SS. me pregunten sobre ellas y yo pueda darles explicaciones al
respecto.




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El plan de empresa se elabora con el acceso de mi persona a la
presidencia de la compañía. No había un plan de empresa que comprendiera
una actuación a tres años y se elaboró en el último trimestre de 1996 un
plan de negocio --como me gusta a mí llamarle también--, un plan
estratégico que comprendiera los ejercicios de 1997, 1998 y 1999. En el
año 1997 era esencial desarrollar una política de empresa ajustada a las
previsiones de ese año en las que se volcaran las primeras actuaciones de
la empresa en relación a una reestructuración y un nuevo diseño de
finalidades a conseguir. El citado año 1997 se enmarcaba, además, en el
ejercicio en el que termina el actual contrato-programa con el Estado,
que ha durado veinte años, contrato-programa que se suscribió en 1977 y
que finaliza el 31 de diciembre de este mismo año. Es el ejercicio en el
que nos encontramos y que requería de unas actuaciones urgentes.

En 1998, otro ejercicio comprendido en el plan, era esencial prever una
serie de actuaciones dado que es el primer año de actividad de la empresa
sin subvención estatal, es decir, sin la protección del
contrato-programa, con una nueva situación y ante un nuevo marco
jurídico. Y 1999, también comprendido en plan estratégico, es el primer
ejercicio en el que la compañía y las demás navieras se van a debatir en
el mercado en libre competencia con otros armadores de la Unión Europea.

Es asimismo el año de la liberalización de cabotaje con las islas y las
plazas de Ceuta y Melilla, el primer año en el que se va a competir
abiertamente con los armadores que quieren venir de la Unión Europea.

Saben SS. SS. que hasta 1999 España está acogida a una cláusula de
salvaguarda por la que no se aplica la liberalización del cabotaje a los
armadores de la Unión Europea, cláusula que también tienen Francia e
Italia; no la tienen los griegos por el carácter específicamente
archipielágico de su país, que les llevó a suscribir una cláusula hasta
el año 2004. A partir de esa fecha se nivelarán todas las relaciones
entre los armadores de la Unión y se competirá en régimen de absoluta
libertad.

Para afrontar estos hitos: finalización del contrato, primer año de
competencia de la compañía con armadores españoles sin protección estatal
y primer año de liberalización se confeccionó este plan estratégico por
el que hoy se me pregunta. Desgrané en el Senado el plan estratégico, en
aquella comparecencia del 5 de marzo, hace muy poco tiempo, y poco habría
que añadir a lo que dije entonces. Se han ido cumpliendo las previsiones
del plan que, en grandes trazos, diseñaban una reestructuración de la
compañía que estaba sobredimensionada en gastos de personal, que buscaba
una reducción de los gastos generales, no sólo a través de la reducción
de plantilla, como es obvio, sino también a través de una reducción de
gastos de mantenimiento y de gastos superfluos. Se han ido cumpliendo,
mes a mes, hasta esta comparecencia --espero que en el futuro siga siendo
así--, con los fines y objetivos previstos en el plan. En general,
ciframos la reducción de gastos entre un 20 y un 30 por ciento de los que
hoy sufre la compañía en la aplicación del plan estratégico a tres años,
y estimamos un incremento de ingresos mediante políticas mucho más
agresivas desde el punto de vista comercial, más valientes desde el punto
de vista empresarial, saliendo del clásico objetivo de la compañía, que
era la cobertura de unas líneas amparadas en un contrato con el Estado.

Dado que el marco jurídico va a cambiar a partir del 1 de enero de 1998,
la compañía debe actuar mucho más libremente, con mayor imaginación y
como si se tratara de una empresa privada. Así lo plasmamos en el plan
estratégico a tres años y así lo estamos cumpliendo. Ha habido un
incremento de ingresos de la compañía, mes a mes, superior al 3 por
ciento, que era lo marcado en el plan estratégico, y estamos empeñados en
cumplir estos objetivos. También se ha producido una reducción de
plantilla mediante la aplicación de instrumentos legales. Nada hemos
hecho que no estuviera dentro de la más estricta legalidad que forzara
una situación que propiciara una reducción de plantilla, como quizá se
hubiera podido hacer. No hemos querido y, además, lo hemos hecho de
acuerdo con las organizaciones sindicales. Así, se pusieron en marcha las
bajas incentivadas, las jubilaciones anticipadas y todos los instrumentos
que la legislación laboral nos ofrecía para reducir esa plantilla de
forma absolutamente voluntaria. De los 2.000 empleados más o menos, en
cifras redondas, que yo me encontré al acceder a la presidencia de la
compañía, hoy hemos llegado a una plantilla de 1.543 empleados, cifra
actual que se acerca mucho a los 1.500 que se consideran idóneos en el
plan estratégico. En el plan estratégico a tres años se preveía una
plantilla idónea para la compañía de 1.500 y en estos momentos, sin haber
desarrollado más que una pequeña parte del plan, ya estamos en 1.543
personas. Estoy hablando siempre de personal de mar y de personal de
tierra. Ustedes saben que esta compañía tiene dos plantillas, la
plantilla de mar y la plantilla de tierra, que se diferencian, como es
obvio, por el objeto social de la compañía y se componen de marineros y
de personal de tierra. El aumento o disminución del personal de mar está
muy determinado por el número de buques, por las disposiciones de marina
mercante que obliga a unas tripulaciones mínimas y, por tanto, el juego
es mucho más estrecho para los administradores en cuanto a conseguir el
adelgazamiento de la compañía; los tripulantes son los que tienen que ser
y esta compañía, como es obvio, cumple estrictamente las ordenanzas que
se fijan en tal sentido. Sí es cierto que existe en mar una plantilla de
casi 1.000 personas, 933 hoy en día y 250 eventuales. Estamos condenados
a soportar la eventualidad en mar durante cierto tiempo puesto que esta
compañía esta sujeta, como es obvio y natural, a la temporalidad o
estacionalidad de sus tráficos en muchos de sus escenarios.

Con esta cifra de 1.543 personas como plantilla total yo les quería
significar que quizá ya hemos alcanzado el techo que nos proponíamos
lograr con el plan estratégico, lo cual no quiere decir que todavía
estemos sobredimensionados y que estemos hablando de reducirla a 1.500;
de 40 a 50 personas podrían hoy estar en el fiel de la balanza de si
pueden continuar en la compañía o no. No queremos forzar la situación
puesto que yo he repetido desde mi toma de posesión que no quería adoptar
medidas que no fuesen consensuadas con las organizaciones sindicales. Es
obvio que la modernización de la propia compañía obliga a disminuir
puestos de trabajo. Esta era una compañía demasiado hinchada



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en cuanto a puestos de trabajo, llevaba dos o tres años sin haber tomado
una decisión sobre cuál era la plantilla idónea para los fines que se
había marcado, y nosotros nos hemos encontrado con la situación de tener
que acudir a los instrumentos legales para poner en marcha un plan de
ajuste nada cómodo de adoptar, pero ello se ha hecho con conocimiento de
los sindicatos y sin ningún trauma. Ahora parece que las medidas que
queremos adoptar de modernización de la compañía, como, por ejemplo, la
mecanización de todo el sistema informático con un mejor sistema aplicado
a nuestras reservas o expedición de billetes, como de hecho hacen todas
las compañías de transporte del mundo, entre ellas las aéreas, van a
provocar unos excedentes de plantilla que intentaremos que sean los
mínimos e intentaremos también que la salida no sea traumática.

He de añadir que los procesos de modernización consisten muchas veces en
externalizar servicios. Se ha magnificado esta expresión con la palabra
inglesa outsourcing, pero, en realidad, es sacar fuera de la compañía
aquello que se puede prestar en el mercado, con menor coste para la
compañía y con beneficio para el usuario. Hemos hecho esta política con
contadísimos servicios que presta la compañía. Pensamos seguir
haciéndolo, la reserva de billetes fuera de la compañía es un uso
habitual y lo pensamos aplicar en la nuestra, con lo que también habrá un
excedente de mano de obra. En cuanto a la telefonía, implantar el número
902 para la atención al cliente, reserva de billetes y, en general, para
cuanta información dimane de la compañía no es una modernización
excesiva, pero también provocará unos excedentes en los servicios que hoy
los llevan a cabo. Por tanto, habrá que tomar una decisión al respecto.

Respecto a flota lo fundamental es modificar los convenios colectivos que
están vigentes. Estos convenios vencen a finales de este año y es
propósito de la empresa renegociarlos. Para ello se han establecido ya
las mesas de negociación con las organizaciones sindicales, y vamos a
negociar eso abiertamente. Yo ya me he reunido con los secretarios
generales de ambas organizaciones sindicales, naturalmente las más
fuertes en la empresa, UGT y Comisiones Obreras, y vamos a hacerlo de
forma que el resultado sea efectivo, es decir, que el año que viene nos
encontremos con unos convenios que no atenacen ni encorseten a la empresa
y que sean de futuro. Olvidemos los convenios del pasado que estaban
llenos de sedimentos históricos, como era histórico el contrato-programa
que vence este año con la compañía; olvidemos la historia de esos
convenios que viene muy ligada a los contratos con el Estado que ha
tenido la compañía, y partamos de un escenario nuevo como es la libre
competencia en un mercado abierto, en un mercado ciertamente distinto del
que se ha movido la compañía hasta ahora, y con un entorno jurídico
totalmente diferente al que ha regido hasta ahora.

La negociación colectiva no ha hecho más que empezar. No sólo queremos
cambiar en el sentido de reestructurar al máximo la dimensión de la
compañía, sino que queremos modificar los conceptos retributivos. En este
caso son conceptos retributivos muy viejos, heredados de convenios
anteriores, no ya de la etapa democrática sino de regímenes anteriores y,
por tanto, debe adoptarse una relación laboral en esta empresa
absolutamente moderna, eficaz y nueva de cara a la libre competencia
dentro de la Unión Europea. Así, hemos empezado a hablar, no se ha hecho
más que constituir las mesas de negociación, tener las primeras
impresiones y a partir de ahí se reunirán las organizaciones sindicales
y la dirección de la empresa para llegar a conclusiones. Yo estoy
convencido de que de esta negociación laboral van a resultar unos
convenios modernos, porque si hay personal sensibilizado en algún sector
es en el sector marítimo. En marina mercante se sabe perfectamente lo que
está ocurriendo en el entorno, puesto que es muy sensible a todo cuanto
se refiere al futuro laboral de este mundo. Nuestro personal de mar sabe
qué relaciones laborales tienen los marineros que están embarcados en
otras empresas extranjeras, en otros pabellones, cuál es el mundo del mar
y qué se percibe como emolumentos en ese mundo en las distintas
categorías. En un marco mucho más amplio como el que se nos avecina de
Unión Europea y de libre competencia con terceros, nuestros empleados
saben perfectamente que las cosas ya no son igual que antes y que hay que
negociar un nuevo escenario que sea justo para ambas partes: para la
empresa, a fin de que pueda desenvolverse con la libertad que requiere
una nueva situación, y para los empleados para que no pierdan poder
adquisitivo ni posibilidades de promoción dentro de la empresa.

Yo quería añadir a mis palabras, señor presidente, que cuanto hemos hecho
hasta ahora, en lo que se refiere a recursos humanos, ha sido siempre de
acuerdo con los sindicatos. Los sindicatos han sido informados
puntualmente de todos los pasos a seguir; fueron informados por el
presidente, incluso, de la redacción y elaboración del plan estratégico;
se les facilitaron los ejes esenciales del mismo a su debido tiempo; se
incorporaron sugerencias que hicieron los distintos comités de la empresa
y hemos ido aplicando de forma escrupulosa cuantos objetivos nos habíamos
marcado. Naturalmente, los planes estratégicos no son catecismos ni
reglas de tres que se deban cumplir al pie de la letra, porque el mercado
no es siempre igual, los negocios son cambiantes, las situaciones son
distintas, como se está viviendo estos días; los cambios de moneda
afectan también al combustible; los costes están sujetos a los vaivenes
del mercado y los planes estratégicos se han de aplicar de conformidad
con esos cambios que se van produciendo en la actividad económica.

Afortunadamente, la situación económica es favorable para que todos estos
cambios se puedan ir traduciendo en la empresa. Estamos viviendo un
momento bueno en nuestra economía, como SS. SS. conocen, y, por lo tanto,
toda esta reestructuración, este plan estratégico, este cambio de
escenario en el que se va a desenvolver el transporte marítimo tiene que
ir acompañado de una bonanza económica que va a facilitar muchísimo las
cosas. Yo tengo la gran esperanza de que eso sea una realidad.

Refiriéndome al cambio de marco jurídico, he de manifestar que la nueva
regulación de las líneas de interés público efectuada por el Gobierno en
el transporte marítimo establece que el Estado llevará a cabo un concurso
para



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realizar un nuevo contrato con la Administración para la prestación de
estos servicios. El decreto-ley aprobado por el Gobierno en septiembre
recoge, pues, lo que ya estaba previsto en la legislación europea, es
decir, la posibilidad de que se establezcan obligaciones de servicio
público mediante la simple autorización o contratos de servicio público
para determinadas líneas de cabotaje en las que el Estado se asegura la
comunicación. Esto no será igual que el contrato que vence este año, el
contrato-programa que ha protegido a esta compañía, porque era un
contrato a pérdidas, es decir, que el Estado cubría todas aquellas
pérdidas de explotación y de gestión que tuviera la compañía y, en
cambio, el nuevo contrato es ganado en concurso público, con unos mínimos
que solamente cubren déficit en aquellas líneas que no cubriría ningún
privado porque son deficitarias, aunque sólo lo sean algunos meses del
año. El contrato tiene otra concepción y en él el Estado se asegura que
ninguna línea va a quedar desatendida, aunque sea deficitaria en baja
temporada. Para cubrir ese déficit de baja temporada está precisamente el
contrato que se va a sacar a concurso de forma inmediata, porque el 1 de
enero tiene que empezar a regir la nueva situación.

Las bases del concurso se están elaborando, se van a publicar muy pronto,
según las noticias que tengo --si no es esta misma semana será la que
viene--, y la Compañía Trasmediterránea tiene la gran ilusión no sólo de
presentarse a este concurso, sino de ganarlo, pero, señorías, hay que
tener en cuenta que es un concurso que se publica en la Unión Europea y
puede que otros armadores tengan la tentación de venir a España a
cubrirlo.

Esta nueva situación jurídica hace que todo el plan estratégico que
elaboramos entonces y que preveíamos que pudiera servir para esta nueva
situación, va a tener que soportar ciertos ajustes en relación con lo que
resulte después del contrato. No sabemos las bases del contrato, no
sabemos todavía sus términos, no sabemos la duración del mismo, pero
ajustaremos el plan estratégico, porque es lo suficientemente flexible,
a la nueva situación jurídica. Esto es lo que quería anunciar a la
Comisión. Cierto es que el precio del contrato está en estos momentos en
la tramitación presupuestaria que SS. SS. tienen entre manos. Por lo
tanto, tampoco sabemos lo que va a resultar del debate presupuestario en
cuanto al precio final de este concurso.

La situación presenta también un escenario nuevo en relación con las
líneas que se van a cubrir, puesto que las comunidades autónomas con
competencias en la materia, como son la balear y la canaria, en lo que se
refiere al tráfico interinsular, tienen competencias absolutas, por lo
tanto, pueden celebrar también concursos para asegurarse los tráficos, de
la misma forma que el Estado o las comunidades autónomas crean
conveniente.

Los tráficos que el Estado va a sacar a concurso son los que comunican la
Península con Baleares --no el interinsular balear, porque éste está
sujeto a la competencia de la comunidad autónoma balear--, la Península
con Ceuta y Melilla y la Península con Canarias. Los tráficos
interinsulares canarios son competencia de la comunidad autónoma canaria.

Estaremos a lo que resulte de los acuerdos del Gobierno canario al
respecto, que tengo la esperanza de que se pongan en marcha muy pronto,
puesto que en la última Comisión mixta entre el Gobierno de España y el
Gobierno de la comunidad autónoma se creó un equipo de trabajo formado
por el director general de Patrimonio, el director general de la Marina
Mercante y yo para establecer las líneas generales de lo que va a ser el
futuro tráfico interinsular canario. Yo tengo la esperanza de que de todo
esto resulte una situación como la que ya ha previsto el Estado, es
decir, un nuevo contrato sacado a concurso que cubra los mínimos de
comunicación entre las líneas, para dejar todo lo demás en manos de la
libre competencia.

Quiero manifestar --y aquí hay algún diputado canario que conoce bien la
situación-- que la Compañía Trasmediterránea está compitiendo ya
abiertamente en Canarias con otros dos armadores, que la situación de
futuro es distinta a la de la Península y que allí nos adaptaremos a las
circunstancias del mercado, como es obvio. Quiero añadir que en el
estrecho de Gibraltar la competencia ha surgido, en los últimos años, de
forma brutal. Han aparecido y siguen apareciendo compañías que con uno o
dos barcos adquieren la condición de armadores y solicitan la
autorización al Gobierno para efectuar determinados trayectos o líneas,
que han hecho daño no sólo a la Compañía Trasmediterránea sino a aquellas
compañías que tradicionalmente prestaban los servicios. Los mercados se
mueven, son cada vez más complicados y, como es natural, hay que
adaptarse a ellos con políticas mucho más imaginativas y no conformarse
con poner sólo los barcos para que se llenen ya que eso era muy fácil con
un contrato que amparaba a la compañía en cualquier circunstancia.

Actualmente hay que hacer políticas comerciales agresivas e imaginativas
que abran nuevos mercados y nuevas posibilidades de negocio.

Esto es cuanto a vuelapluma y a grandes trazos les puedo ofrecer como
información a la petición de comparecencia en sus distintos apartados. En
mis contestaciones a las preguntas de los diputados podré completar,
señor presidente, cuantas cuestiones haya olvidado en esta intervención.




El señor PRESIDENTE: Queremos darle las gracias, señor Trías de Bes, por
esta primera intervención. Dado que la petición de comparecencia ha sido
formulada por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra su
portavoz, el señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Señor Trías de Bes, naturalmente nos sumamos a
la salutación cordial que el presidente de la Comisión ha hecho, y
pasamos a hablar del tema que nos concita.

Esta comparecencia que ha solicitado el Grupo Parlamentario Socialista se
enmarca en la línea de trabajo que llevamos a cabo en las Cortes
Generales en la actual VI Legislatura expresamente en los temas de
transporte marítimo. Como usted recordará dado que la dependencia directa
de la compañía es de la Dirección General de Patrimonio, en septiembre de
1996, se estimó oportuna su comparecencia ante la Comisión de Economía y
Hacienda de este Congreso de los Diputados para analizar determinados
aspectos de la compañía en aquel momento. Con posterioridad,



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el Grupo Parlamentario Socialista del Senado solicitó su comparecencia
centrándola, con mucho interés, en el análisis de las rutas marítimas que
presta la compañía en la comunidad canaria, de manera específica, en el
problema que se desató en los primeros meses de este año con el
fast-ferry «Almudaina», que, con carácter experimental y a iniciativa
propia de la compañía, se trasladó a Canarias procedente de la ruta en el
Mediterráneo, entre Baleares y algunos puntos del litoral como Tarragona,
etcétera, para probar las características de ese buque innovador orgullo
de la tecnología marítima española derivada de la empresa Bazán. Durante
un mes hubo un debate intenso entre la propia compañía y el Gobierno de
Canarias que no condujo a solución alguna y, lamentablemente, esa
experiencia no se convirtió en realidad. Por todo ello, el Grupo
Parlamentario Socialista del Senado solicitó su comparecencia, que se
produjo el 5 de marzo.

El Grupo Socialista ha analizado con extensión los contenidos del plan de
empresa de la compañía desde que se publicitó en el mes de enero, si bien
es cierto que formalmente no llegó --sería una costumbre deseable que la
compañía así lo hiciera-- al Congreso de los Diputados. Hemos tenido
acceso a él porque ha sido un documento hecho público pero que
expresamente no ha llegado al Congreso de los Diputados. En la medida en
que hemos podido acceder a los diferentes datos, hemos analizado la
adaptación progresiva y paulatina a lo largo de los meses que llevamos de
año y hemos visto que, en efecto, determinados contenidos que sugirió la
consultora que elaboró el trabajo, Price Waterhouse, se han ido adaptando
y cómo otros no se han podido ejecutar en su plenitud, cosa que nos
parece relativamente razonable.

Nosotros quisiéramos indicarle que nos encontramos francamente
preocupados por la evolución de la compañía. Entendemos que quienes
tienen responsabilidades intentan, en ocasiones, hipervalorar el trabajo
que vienen desarrollando, y quizá ello no sea malo. Pero nos preocupa
desde el punto de vista de la política de transporte marítimo, y de ahí
que hayamos solicitado su comparecencia en esta Comisión específica, en
la Comisión de Infraestructuras donde por primera vez, en la VI
Legislatura, el Congreso de los Diputados va a tener un debate con el
responsable máximo de la compañía, con las intervenciones de todos los
grupos, para analizar qué papel va a jugar la compañía en la adaptación
a estas políticas de liberalización del tráfico marítimo que van
avanzando en el seno de la Unión Europea y, naturalmente, en España, uno
de los países que la impulsó desde los comienzos de la presente década.

En esa línea de coherencia, el 17 de septiembre de 1996, el Grupo
Parlamentario Socialista preocupado por el hecho de la no definición de
las líneas marítimas de interés público en España, en sesión plenaria
defendió una proposición no de ley cuya exposición de motivos hace
referencia a la propia Compañía Transmediterránea. Se decía en la
exposición de motivos: Las relaciones contractuales de la Compañía
Transmediterránea con el Estado conservarán su vigencia hasta finales de
1997. A partir de entonces, cesará su derecho a percibir las aportaciones
vinculadas al mantenimiento de determinados servicios pero, igualmente,
desaparecerá su obligación de sostener todos aquellos que hoy se prestan.

Desde el punto de vista de la defensa del bien público y del interés
general, y dado que desde el 1 de enero de 1998 las líneas de interés
general deberán ser objeto de otro tipo de tratamiento, resulta evidente
la necesidad de definir de nuevo esta clase de servicios marítimos y de
regular normativamente la concesión de los mismos. Esta proposición no de
ley se debatió en Pleno y se aprobó estableciendo que el Congreso de los
Diputados instaba al Gobierno para que, en el plazo más breve posible,
presentara ante la Cámara la norma mediante la cual se definiesen las
líneas marítimas de interés social y de interés del Estado, con especial
atención al tráfico interinsular en las comunidades archipielágicas, así
como los criterios que impregnarán los pertinentes concursos públicos
mediante los cuales se garanticen, por parte del Estado, la prestación de
los servicios que hasta el momento vienen siendo atendidos por la
Compañía Transmediterránea y que, teniendo en cuenta las políticas de
liberalización del tráfico marítimo, permitan el mantenimiento de
servicios públicos del Estado con el necesario nivel que exige la norma
comunitaria.

Aprobada esta resolución plenaria en 1996, casi un año después, el
Gobierno aprueba el real decreto-ley al que usted ha hecho referencia y
el propio ministro Rato, en determinadas declaraciones públicas, indica
que en esa línea se recoge una asignación presupuestaria de 900 millones
de pesetas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que esperemos
sea incrementado; que se abrirá un concurso, etcétera.

Este es el momento en el que nos encontramos. Nosotros entendemos que la
política de liberalización del tráfico marítimo va a traer consigo un
elevado número de pérdidas de puestos de trabajo. No podemos analizarlo
con ligereza, desde un punto de vista exclusivamente economicista y
liberalizador porque, por razones de coherencia, es obligación del Estado
garantizar el transporte de pasajeros y mercancías en nuestro país. Usted
conocerá perfectamente el contenido de estudios que tanto la asociación
de navieros españoles como la propia Dirección General de Marina Mercante
han encargado a departamentos de la universidad española que, en
síntesis, han llegado a adelantar la posible pérdida de 86.000 millones
de pesetas por el impacto de la liberalización del cabotaje, más de 9.000
empleos amenazados y, naturalmente, una parte de esos empleos están en al
Compañía Transmediterránea. El Grupo Parlamentario Socialista y diputados
socialistas de circunscripciones con una alta tradición de tráfico
marítimo se han estado preocupando, por cuanto éste es un país
esencialmente ribereño, un país donde más del 80 por ciento del tráfico
de mercancías tiene lugar a través de los puertos y, consiguientemente
son transportados por barcos; como decía, diputados socialistas de las
distintas circunscripciones, de provincias con tradición marítima se han
preocupado, se están reuniendo y están oyendo de manera directa a los
distintos comités de empresa de la compañía, como es nuestra obligación
como grupo parlamentario de la oposición y como auténticos



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servidores públicos. En la provincia de Cádiz, concretamente en
Algeciras, se celebró el pasado día 20, hace muy poco tiempo, una
asamblea en la que los diputados socialistas por la provincia de Cádiz,
doña Carmen Romero y don Salvador de la Encina, recibieron las
preocupaciones de los miembros del comité de empresa, como las hemos
recibido también los diputados socialistas por las dos circunscripciones
canarias, don Blas Trujillo y quien le habla en este momento.

El conjunto informativo, desde el punto de vista laboral, nos inquieta
notablemente porque hoy hay una realidad incuestionable. En primer lugar,
los trabajadores de las compañías no sólo están preocupados, sino
aturdidos ante las numerosas medidas que viene adoptando la empresa. En
segundo lugar, ven peligrar sus puestos de trabajo con tan exacerbada
política de externalización. Y, en tercer lugar, ante el chupinazo
institucional gubernamental, el disparo del cohete que pondrá en marcha
la privatización, aparentemente inexorable, de la compañía, se están
adoptando medidas que otorgan posiciones prevalentes a algunas navieras
para que cuando llegue la privatización plena estén en posición de
ventaja para poder acudir a esa privatización. Se lo argumentaré, señor
Trías de Bes.

Nos inquietan medidas absolutamente dispares en el tiempo. Nos preocupa,
por un lado, que los buques ro-pax, el Santa Cruz de Tenerife y el Las
Palmas de Gran Canaria, construidos por la compañía en el año 1993, que
se enmarcaron en un planteamiento de modernización de la flota con una
inversión superior a los 30.000 millones de pesetas, con capacidad de 400
pasajeros respectivamente, magníficamente situados en butacas, con una
amplia capacidad de carga, de pronto desaparecen de las rutas para las
que se diseñaron en Canarias y se adoptan medidas espectaculares como,
por ejemplo, la transformación de uno de ellos, para el transporte
exclusivo de carga, renunciando consiguientemente al de pasaje; se le
saca de las rutas internas en Canarias, se le pone en el Estrecho y se
transforma radicalmente la función esencial para la que se le destina,
con ciertos visos de peligrosidad. Tengo los datos y me gustaría que
usted los matizase y, si no fuesen correctos, los modificase.

Por otro lado, con la transformación de estos buques se ha multiplicado
prácticamente por cuatro la capacidad de pasaje de uno de ellos; se le ha
puesto en la ruta del Estrecho y tenemos dudas técnicas razonables,
aunque no es éste el momento adecuado para comentarlo, de que
posiblemente se estén violentando medidas de seguridad. Nos gustaría que
nos lo contestase por escrito. Nos preocupa el impacto que esas
transformaciones pueden tener en la propia capacidad de los buques, tal
como establecía el contrato-programa para el caso de transporte de tropa,
y los acuerdos que específicamente la Compañía Trasmediterránea ha
llevado a cabo con empresas como Opcsa, con los buques Isla Colombina e
Isla Cartuja, de los que nos gustaría que nos hablase. Le pedimos también
que nos hable de la posición de la compañía ante esa nueva empresa de
cruceros con bandera española. Nos gustaría asimismo que nos explicara
cuáles fueron las razones que condujeron a la venta del J. J. Sister por
800 millones de pesetas, cuando, parece ser, que muy pocos meses antes y
por parte de compañías especializadas, ese barco fue evaluado en unos
1.400 millones de pesetas. ¿Cómo fue posible? Además, le pedimos el
expediente de esa enajenación de un bien público en unos 500 millones de
pesetas por debajo de la evaluación económica que, insisto, parece que se
hizo por parte de esas empresas especializadas. Nos gustaría que nos
explicase razonadamente y de manera documentada las razones que le han
conducido a declarar en manifestación pública, recogida en el periódico
El País el 30 de diciembre de 1996, que la deuda del Estado con la
compañía se cifra en 50.000 millones de pesetas cuando hemos leído
declaraciones de otras personas que no la cifran en esa cantidad. Es
bueno que sepamos cuál es la realidad. Hemos leído en otro medio de
comunicación que, en el ejercicio de sus responsabilidades, los
accionistas minoritarios de la compañía, titulares de un 4 y pico por
ciento, han presentado una querella criminal. Nos gustaría conocer los
contenidos y las razones de la misma.

Nosotros tenemos una gran preocupación, insisto, por muchos aspectos de
la evolución de la compañía. Por ello le solicitamos los resultados
obtenidos en el ejercicio de 1996, específicamente por el fast-ferry
Almudaina; por el J. J. Sister, cuando estuvo arrendado a la agencia
Schembri; por el Stella Náutica, arrendado en la línea Algeciras-Ceuta;
por el Ciudad de Algeciras, arrendado para la misma línea; por los dos
buques a los que hice referencia de la naviera Jarugo, el Isla Colombina
y el Isla Cartuja. Entiendo que en esta comparecencia no va a poder
responder por el tiempo de que dispone, no porque no domine el tema, pero
espero que nos conteste por escrito por cuanto el Grupo Parlamentario
Socialista va a hacer un seguimiento exhaustivo de la compañía.

Voy terminando, señor presidente. Le queremos preguntar también el
resultado comparativo desde el punto de vista económico, es decir los
resultados actuales, de la línea Algeciras-Ceuta respecto al año 1995 y
a qué se debe el aumento en pérdidas en el año 1996 respecto de 1995 del
grupo de empresas en las que la compañía participa. Concretamente Navicom
ha pasado de perder 12 millones de pesetas en 1995, a 142 millones en
1996. Nos gustaría saber si eso es cierto. La compañía Limadet,
coparticipada también por Trasmediterránea, ha pasado de perder 173
millones en 1994, a 354 en 1995 y 423 en 1996. Queremos saber cuáles son
los resultados previstos de la agencia Schembri, de Limadet y Navicom
para los años 1997 y 1998.

Queremos saber cuánto se ha pagado en concepto de indemnizaciones por
despido del personal directivo y de los restantes miembros de la
plantilla, tanto en tierra como embarcados en los diferentes buques; en
qué situación se encuentran los litigios pendientes con Isnasa; cuál es
el resultado de la regularización del pool de compañías navieras que
prestan servicios con Ceuta y con Tánger y cuál es el resultado de la
desaparición de las tarjetas de transporte de Naviera Mallorquina.

Queremos saber también, con la mayor cantidad de datos posible, aunque no
tiene por qué ser ahora --y en este caso concreto, insisto, algunos
miembros de esta Comisión,



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como el señor Trujillo y quien les habla, por nuestra condición de
diputados socialistas canarios, tenemos muchos interés-- si es cierto que
las embarcaciones jet-foil están perdiendo dinero, qué cantidad y cuál es
la previsión de actuación al respecto.

Queremos conocer, por cuánto se tramitó hace muy poco aquí el crédito
extraordinario de Trasmediterránea para el año 1995, donde no se producen
diagnósticos paralelos entre la IGAE y la propia compañía, cuál es la
previsión del diferencial con respecto a 1997. Asimismo le solicitamos
información sobre cuál ha sido la inversión en la terminal de Barcelona
y en la de Las Palmas y cuáles son los criterios de la dirección de la
compañía para la liquidación de las cuentas del Estado.

Queremos saber si, en efecto, la compañía se ha comprometido a la
construcción de un buque especializado en cruceros y que nos explique
algo que nos tiene notablemente preocupados, señor presidente, la carga
rodada. Si históricamente --y se lo indico a modo de ejemplo-- el 80 u 85
por ciento de la carga rodada con Canarias se transporta en sus bodegas
y en una naviera privada, por ejemplo, Suardíaz, transporta un 10 o un 15
por ciento, cómo es posible que aportando Trasmediterránea un 80 por
ciento de la cartera del negocio y Vapores Suardíaz un 10 o un 15 por
ciento constituyan una nueva empresa para llevar a cabo el negocio de la
carga rodada al 50 por ciento entre cada una. Es posible que podamos
tener datos no adaptados a la realidad absoluta; por eso le preguntamos.

Queremos saber también cuál ha sido la empresa que compró el J. J. Sister
y quién es esa empresa Moviline; si en efecto se están constituyendo con
Naviera Suardíaz otras empresas mixtas en otros lugares del litoral
español, como son concretamente Tercádiz, Terpoval en Valencia y TCR en
Canarias.

Termino, presidente. Tenemos la preocupación de que por parte de la
compañía en decisiones para la constitución de empresas mixtas se esté
privilegiando a alguna empresa naviera que podrá optar, como dije hace
muy poco, preferentemente al proceso de privatización. Desde luego hay un
conjunto importante de preguntas que le he formulado y otras que
obviamente, en una intervención como ésta --que intuyo que ya es extensa,
contando con la benevolencia del presidente--, no podemos formularle, de
las que queremos contestación y que iremos formalizando por los
mecanismos que el Reglamento del Congreso de los Diputados nos permite.

Trasmediterránea, señor Trías de Bes, en los veinte años en los que ha
disfrutado del contrato-programa, ha pasado de ser una compañía que en
1977 no era nada --por ello tuvo que intervenir el Estado-- a ser hoy una
importante empresa naviera y está desviándose de manera notable de la
ruta que el dinero público le ha marcado. En efecto, en esa futura
privatización se va a correr el riesgo del troceamiento de la misma. Se
habla del fraccionamiento en tres empresas. Sobre ello también nos
gustaría saber cuál es la posición de la compañía. Naturalmente a quien
corresponda en la Administración general del Estado se le formulará la
pregunta. ¿No cree usted que la línea de trabajo actual de la compañía
está favoreciendo la disgregación de la misma y está posibilitando un
liberalismo exacerbado que violenta el principio de cohesión al que el
Estado tiene que dar permanentemente solución con la garantía del
transporte con los lugares más alejados? Créame, señor Trías de Bes, que
esta preocupación que expone este interviniente es, insisto, una
reproducción de la que tienen los transportistas, los pasajeros y los
responsables de las administraciones públicas que de alguna manera tienen
que velar por el transporte de pasajeros y mercancías en los lugares
donde ellos tienen responsabilidades, llámense Baleares, Ceuta, Melilla,
Canarias o bien otros puntos del Estado español, y créame que en cierta
medida somos también, informalmente, portavoces de la preocupación de los
trabajadores que han entregado un gran esfuerzo a lo largo de muchos años
a una compañía que ven que se va debilitando en el tiempo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura, por su documentada
intervención, que a mí me ha recordado las realizadas con motivo del
trámite de los presupuestos, por lo cual le digo al compareciente que
debe contestar a las líneas generales y mandar la información cuando
pueda sobre las preguntas a las que no pueda contestar documentadamente.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Catalunya, tiene la palabra
el señor Fernández.




El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias también al señor Trías por su
comparecencia hoy aquí.

Quiero hacer un pequeño repaso sobre lo que supone esta empresa pública,
Trasmediterránea, que si no recuerdo mal está participada con un 96 por
ciento de capital del Estado y que hoy podemos decir que es empresa
abanderada en el transporte marítimo, es la primera de España y se
encuentra entre las principales compañías de nuestro entorno europeo. En
consecuencia, nosotros llegamos a la conclusión de que usted preside una
compañía de alto interés para la economía española y también para el
Estado. Valoramos positivamente la decisión que en 1978 tomó la UCD al
nacionalizar esta compañía, porque así hoy podemos hablar de compañía
bandera.

Yo he oído con interés el relato que nos ha ofrecido el señor Trías de
Bes de cómo desde su llegada a la presidencia de esta compañía ha ido
tomando medidas para reestructurarla y sanearla. En este caso cabe pensar
que cuando la empresa pública tiene al frente una buena gestión al final
los resultados son satisfactorios. Quiero dejar clara esta idea, porque
aquí normalmente parece ser que, por lo menos desde las filas de la
derecha, cada vez que se habla de empresas públicas hay un sentimiento de
que es algo que no funciona, que no sirve y que hay que quitarse de
encima. Por tanto, insisto en que parece que son positivos los resultados
que usted nos ha estado comentando y llego a la conclusión de que la
empresa pública también funciona con unos buenos gestores al frente.

Creo que en sus palabras de hoy hay una cierta contradicción con la
exposición que usted hizo recientemente en el Senado, concretamente en
marzo, porque allí usted anunciaba que la compañía Trasmediterránea se
iba a privatizar cuando el Estado lo creyera oportuno. Hoy no he



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oído en su exposición nada de esto. No obstante, como creo que la idea
correcta y acertada es que sí tienen una decisión tomada en línea con la
privatización de Trasmediterránea, nosotros estamos preocupados con esta
decisión. Desde el Grupo de Izquierda Unida no compartimos ese
planteamiento y nos preocupa bastante cuál va a ser la situación de
futuro. Nos gustaría saber qué tipo de privatización piensan llevar a
cabo, si es una privatización global, por sectores o por actividades, y
qué alternativas se están planteando desde la presidencia de la compañía
en este terreno. En caso de que sea una privatización por sectores nos
preguntamos qué pasará con las líneas que no entren en esta
privatización. Suponemos que una vez finalizado el contrato con el
Estado, Trasmediterránea no seguirá operando en líneas o sectores
deficitarios, en líneas que hoy en día están subvencionadas para poder
mantenerse. De sus palabras de antes he podido deducir y he querido
interpretar que, con el nuevo contrato que piensan establecer, estas
líneas van a continuar. Si es posible, nos gustaría conocer cuál sería el
montante económico para mantener servicios deficitarios que son de
interés público y por cuánto tiempo se va a hacer si existe esta
previsión.

Nosotros consideramos que es vital mantener la compañía Trasmediterránea
como empresa puntera en el transporte marítimo y es importante para los
habitantes del archipiélago canario y balear, así como para Ceuta y
Melilla. Entendemos que a estos habitantes hay que ofrecerles la mejor
comunicación posible y esto está garantizado con la empresa pública. En
el caso de que ustedes estén pensando en una privatización global de la
compañía, no sé si me podrá ofrecer algunos datos para que veamos cómo se
van a mantener estas líneas con Canarias y Baleares y quisiéramos saber
si piensa que desde la empresa privada se va a poder ofrecer el mismo
servicio que el que se está prestando ahora desde la empresa pública.

También nos preocupa que después de haber reducido la plantilla un 50 por
ciento en tierra y un 36 por ciento en flota, la empresa continúe
insistiendo en reducir todavía más el nivel de empleo. Hoy usted ha
incidido bastante en esta línea argumental y creo que de sus palabras se
puede deducir que siguen peligrando empleos de la compañía
Trasmediterránea. Nosotros tenemos alguna duda sobre cierta afirmación
que usted ha hecho en el sentido de que los sindicatos han estado
participando constantemente en los programas de la empresa. Según la
información que tengo al día de hoy, los sindicatos se están viendo
relegados en todo este proceso y no están satisfechos con su nivel de
participación.

Por último quería formularle un par de preguntas por si me las puede
contestar. Cuál es la situación actual de la liquidación del contrato que
se está negociando con Patrimonio y cuál es la deuda que mantiene el
Estado con la compañía Trasmediterránea, en caso de que exista; cuál es
el origen y el resultado de la querella criminal presentada por un grupo
de pequeños accionistas por un presunto delito societario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Rivero.

El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Trías, por la comparecencia
y por la información que ha transmitido en un primer momento a la
Comisión.

Nosotros compartimos un aspecto de su intervención en cuanto al diseño y
al marco global en que la compañía que usted preside se está moviendo en
todo este proceso de la liberalización de los tráficos marítimos que
tiene que culminar el día 1 de enero de 1999 y que se articula a través
de ese plan estratégico que usted acaba de anunciar a la Comisión, cuyo
objetivo, que nosotros compartimos, es poner a la compañía en condiciones
de poder competir abiertamente con los armadores de la Unión Europea que
vamos a tener en nuestras aguas a partir de la citada fecha. Por ello nos
parece adecuado hacer un esfuerzo por sanear la empresa, modernizarla y
ponerla en situaciones de competitividad para poder conseguir esos
objetivos; al tiempo nos parece loable que ese plan estratégico sea
flexible y que, dados los vaivenes que se producen en un sector tan
complicado como el de los transportes, se vaya adaptando a las
situaciones del momento.

Nuestra preocupación estriba en si para conseguir esos objetivos de
saneamiento y de rentabilidad de la empresa para ponerla en situación de
competitividad, además de lo que usted ha manifestado sobre reducción de
plantilla y modernización, se va a ir a la disminución de algunos
itinerarios o frecuencias que en estos momentos la compañía mantiene. Nos
preocupa desde el punto de vista de los archipiélagos y de los
territorios alejados del Estado, porque entendemos que el Gobierno tiene
que hacer una política para intentar dar cohesión a todo el Estado y para
ello se requiere poner en marcha unos buenos medios de transporte tanto
aéreos como marítimos, porque en definitiva no hay alternativa al avión
o al barco para Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias.

En el mercado de la libre competencia hay algunos hechos en los últimos
tiempos que demuestran que éste no es la panacea, que no es la solución
total a los problemas del transporte; probablemente sea la opción que los
soluciona en mayor medida, pero no de forma absoluta. Tenemos una prueba
tras lo ocurrido en el mes de abril de este año con los tráficos aéreos,
con la subida de los precios en las líneas que cubrían el tráfico con las
islas Canarias. En ese sentido, hay que decir que por lo que se refiere
al tráfico marítimo tenemos una ventaja importante --no solamente la
aprobación por el Gobierno del real decreto de septiembre, que prevé la
declaración de obligación del servicio público-- y es que en el proyecto
de ley de puertos del Estado y de la marina mercante que se está
tramitando en estos momentos en el Senado y que ya ha sido aprobado en el
Congreso se prevé la declaración de obligación del servicio público para
todos los tráficos marítimos en relación con los territorios alejados. Es
esencial y es la única fórmula que nos permite garantizar los
itinerarios, las frecuencias, los precios y la calidad de los servicios
con esos territorios. En ese sentido me gustaría saber, señor presidente,
qué está haciendo la compañía que usted preside para poder afrontar este
asunto ante este nuevo marco que se abre de liberalización total cuando,
por otra parte, tenemos en el real decreto y en la ley de puertos del
Estado la



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declaración de obligación del servicio público. Me gustaría saber si su
compañía tiene evaluada, en el supuesto de que fuera la adjudicataria del
nuevo concurso, la subvención que necesitaría por parte del Estado para
poder mantener esos criterios de rentabilidad a los que usted hacía
referencia en un primer momento.

Nos interesa saber si Trasmediterránea entiende que son necesarias más
frecuencias en los itinerarios que en estos momentos está cubriendo la
empresa y qué coste supondrían. ¿Qué líneas de las que realiza hoy
Trasmediterránea no son rentables? ¿Qué criterio tiene el presidente de
Trasmediterránea sobre la rentabilidad del servicio público que presta
hoy el jet-foil entre las dos capitales canarias? ¿Tiene pensado la
compañía resolver los problemas que se producen con una frecuencia
importante de aislamiento de la isla de Hierro, unas veces imputables a
la compañía y otras, también hay que decirlo, a las malas condiciones del
puerto de la Estaca?
La línea Cádiz-Canarias y viceversa en estos momentos está moviendo
escasamente 50.000 personas a lo largo del año. Teniendo en cuenta que el
volumen de pasajeros que se mueven vía marítima entre las islas Canarias
es de seis millones al año, parece desproporcionada la relación entre las
50.000 personas entre la Península y Canarias y los seis millones que se
mueven entre las islas Canarias. ¿Por qué no funciona la línea con
Canarias con un mayor tráfico de pasajeros, cuando en los últimos meses
sabemos que hay una demanda importante, no hay pasajes para poderse
trasladar a Canarias y el pasaje está ocupado prácticamente durante
muchos meses al año por acuerdos con organizaciones de la tercera edad?
¿No será necesario añadir algún barco más a esa línea?
Sobre el proceso de privatización me gustaría saber exactamente cuál es
el plan que tiene la empresa. ¿Existen contactos con empresas privadas
interesadas en la compañía en estos momentos? ¿Ha habido contactos con
navieras que operan en las islas para llegar a acuerdos en todo este
proceso?
Estas, señor Trías, son las preocupaciones más importantes que tenemos
con respecto a su compañía. Por una parte, valoramos, como ya he dicho,
positivamente todo el proceso que se ha iniciado en aras de modernizar la
empresa y ponerla en situación de competitividad, pero, por otra,
entendemos que desde una visión de solidaridad del Estado no se pueden
tener sólo en cuenta criterios economicistas, sino que hay que considerar
criterios sociales para dar cohesión a ese territorio y que se puedan
tener unidos con la Península en frecuencias, precios y calidad de los
servicios los territorios más alejados.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Carreño.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Voy a ser muy breve, aunque por
cortesía al señor presidente, Trías de Bes, voy a hacer algunos
comentarios.

En primer lugar, quiero felicitar al presidente de la Compañía
Trasmediterránea porque en un tiempo récord desde su toma de posesión, el
31 de julio, preparó, presentó y gestionó la aprobación con la
representación sindical de un plan estratégico cuando seguramente en los
cajones o encima de la mesa de su despacho no había nada ante un tema
importante, trascendental y urgente, como era la caducidad del contrato
Estado-Compañía Trasmediterránea que desde hacía veinte años se sabía que
iba a caducar el 31 de diciembre de 1997; veinte años que con ese
ejercicio del contrato transcurrieron tranquilos para una Compañía
Trasmediterránea que, en todo caso, sabía que el déficit en inversiones
y en explotación era absorbido por las cuentas del Estado; cuentas del
Estado, las correspondientes a 1995, que han sido aprobadas por este
Congreso de los Diputados en junio de este año, con un importante retraso
sobre lo que dice el articulado del contrato entre el Estado y la
Compañía Trasmediterránea, que luego comentaré brevemente. Por tanto,
quiero felicitarle porque desde esa fecha de 31 de julio de 1997 --las
vacaciones de agosto no debieron contar-- haya conseguido ese plan
estratégico en rapidísimo plazo. También quiero felicitarle por la
evolución favorable de dicho plan, y no sólo en cuanto a la necesaria
reducción de plantilla, extremo sobre el que hoy nos ha dicho que en este
momento es de 1.543 personas, cuando según la previsión a 31 de diciembre
debiera ser de 1.500 --es decir, se va a cumplir esa previsión--, sino
fundamentalmente porque se ha dado un paso importante en la
reestructuración de una compañía que tenía una inercia derivada de esa
tranquilidad presupuestaria.

También me gustaría desearle éxito ante el triple reto que tiene a muy
corto plazo. Por un lado, le deseo éxito en la adjudicación de ese
concurso de navegaciones de interés público, en desarrollo del Real
Decreto 1466/1997, de septiembre, en el que, según mis datos, aunque se
prevé una explotación máxima de quince años, por exigencias de la Unión
Europea, se va a reducir ese plazo del contrato. Por otro lado, quiero
desearle éxito a partir del ejercicio 1998, que será el más difícil en la
historia de la compañía, porque va a darse el salto brusco y lo vemos en
el proyecto de presupuesto de la Compañía Trasmediterránea que está en
este Congreso para el año 1998, de subvención cero en inversiones y
explotación desde los presupuestos del Estado. Por último, quiero
desearle éxito para el arranque del ejercicio siguiente, en el que se
produce la liberalización del cabotaje marítimo. Quiero hacerle una
sugerencia, en la que creo que la Compañía Trasmediterránea va a tener el
apoyo de los diputados de esta Comisión y del Congreso, y es acelerar los
trámites para que la liquidación del ejercicio 1996 no tenga el desfase
que tuvieron los ejercicios anteriores para que, al menos al concluir el
contrato Estado-Trasmediterránea, se cumpla por penúltima vez --la última
será la del ejercicio 1997-- el condicionante de dicho contrato en la
fecha lo más cercana posible.

Por otro lado, he leído unas declaraciones del presidente de la Compañía
Trasmediterránea en la revista Puertos del Estado en mayo de 1997, en las
que establece una fechas para el desarrollo y cumplimiento del plan
estratégico y otras para la privatización y dice que no se pensaba en
mayo de 1997, sino que se empezará a pensar en esa privatización



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a partir del año 1998. Le agradecería que nos informase sobre este punto.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la
palabra el señor Trías de Bes.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A. (Trías de Bes
i Serra): Agradezco a los señores diputados sus intervenciones. Voy a
intentar, en el menor tiempo posible, ciñéndome en lo que pueda a la
hora, contestar a todo cuanto se me ha preguntado y voy a ir al grano.

Voy a pedir excusas, porque algunas de las preguntas que me ha formulado
el Grupo Socialista requerirían en estos momentos que yo dispusiera de la
documentación pertinente. El propio diputado ha hecho referencia a ello
y yo, con mucho gusto, remitiré por escrito los rendimientos y los
resultados de determinados buques en determinadas líneas. Como sabe el
señor Segura y por eso formula la pregunta, tenemos perfectamente
tabulados cuáles son los resultados de cada buque en cada línea y, por
tanto, esa documentación se la remitiré con mucho gusto. No podré
desvelar otros datos de tipo mercantil o de carácter comercial.

Comprenderá S. S. que lo haga así, puesto que forman parte de lo que es
el mínimo secreto que tiene que guardar un empresario respecto a sus
actuaciones de futuro de carácter empresarial o de estrategias, puesto
que si no, en un mercado competitivo como éste, estaríamos desvelando
muchas de ellas, de las que se podría aprovechar la competencia. Con esto
no quiero ocultar nada de lo que usted me ha preguntado; solamente deseo
significar que si no facilito algún dato de carácter genérico, será por
no desvelar estrategias que pudieran ser favorables para la competencia
y repercutir desfavorablemente en la Compañía Trasmediterránea.

Dicho esto, voy a entrar en cuantas cuestiones usted ha preguntado. Ha
manifestado su preocupación por la evolución de la compañía. Esa es una
preocupación que yo comparto. Usted es buen conocedor, señor diputado, de
la Compañía Trasmediterránea, primero, como diputado y, segundo, por su
condición de canario es un usuario habitual de la misma y conoce muy bien
toda la evolución de la compañía durante estos años. Estoy preocupado por
toda esa evolución, pero no por la que se ha producido desde mi toma de
posesión sino por toda la anterior también; es decir, yo he heredado una
situación francamente complicada, en un momento muy especial, que es el
de la finalización del contrato con el Estado, que subvencionaba
absolutamente todo, pasase lo que pasase, de gastos de inversión y de
explotación, y la única preocupación que tenían los gestores de esta
compañía era que los barcos se llenaran, pero porque estaban allí, puesto
que si no se llenaban, también lo pagaba el Estado. La situación que yo
he heredado es muy distinta, es una compañía sobredimensionada en
personal. Piense usted en una cosa que además conoce bien, que más del 40
por ciento de los ingresos o de la facturación de la empresa, para ser
más precisos, se iban en gastos de personal. Esa situación, desde el
punto de vista empresarial, es francamente insostenible. Ya sé que no se
debe cargar sobre el personal la reestructuración de una empresa, Dios me
libre, jamás me hubiera atrevido a hacer eso. Lo que se ha hecho es un
plan estratégico que abarcara las distintas áreas de la empresa,
precisamente para que la reestructuración no cargara sobre las espaldas
del personal lo que no debía corresponder a éste; es decir, la hinchazón
o el sobredimensionamiento de la empresa no era culpa del personal de la
empresa y, por tanto, éste tiene que soportar lo que estrictamente le
corresponda. Son los gestores quienes deben adecuar ese peso que tienen
los gastos de personal sobre los ingresos o la facturación de la compañía
y reestructurarlo de forma que aquello sea viable. Es lo que yo he
intentado o estamos intentando hacer, porque no es fácil en un contexto
como el que tenemos, como el que hemos heredado y como el que se nos
avecina. De todos modos, soy el primero que comparte la preocupación por
la evolución de la compañía, puesto que la responsabilidad va a recaer en
gran medida también sobre mis espaldas.

Usted conoce bien la legislación actual. El Gobierno, efectivamente,
aprobó en septiembre un decreto-ley, al que se ha hecho referencia
repetidas veces, en el que se establece la posibilidad de celebrar
contratos de servicio público para regular servicios de interés público
de comunicación entre los territorios de España. Las bases del concurso
van a publicarse de forma inmediata. Usted ha dicho que el importe
consignado en los presupuestos para dicho concurso era de 900 millones de
pesetas. Es cierto, es la primera vez que se consigna en un presupuesto
una cantidad para un contrato de servicio público. Usted considera que
esa cantidad debe ser incrementada y es criterio que también comparte
este presidente. Espero que así sea. El presupuesto está en las Cámaras
y espero que salga de ellas con un incremento de esa partida. Luego me
referiré al quantum, porque algún diputado me ha preguntado sobre lo que
yo consideraba necesario que cubriera el contrato con el Estado. Aludiré
a ello, por tanto, contestando al diputado de Coalición Canaria, si me lo
permite.

Usted ha presentado un panorama francamente desolador del futuro, es
decir, que se van a perder 9.000 puestos de trabajo. Desde luego, si me
tocan todos a mí, me voy a quedar sin compañía. En el transporte marítimo
9.000 puestos de trabajo representan una cifra verdaderamente
escalofriante. Yo no creo que eso sea así, pienso que está habiendo una
reestructuración del sector que va a hacer difícil que se pierda dicho
número de puestos de trabajo. En cuanto a la compañía se refiere, voy a
intentar cumplir el plan estratégico. Ustedes saben que dicho plan
cifraba el número de la plantilla en 1.500 personas. He dado las cifras
a fecha de hoy y estamos exactamente en 1.543; si tenemos que llegar a la
cifra de 1.500, estamos hablando de 43 personas --creo que en mi
intervención inicial he dicho que era de 40 a 50--. Me parece que sobre
43 personas vamos a ponernos de acuerdo enseguida, porque no creo que sea
un debate esencial; será muy importante para esas 43 personas, pero ojalá
todas las reestructuraciones de plantilla se cifrasen en una cantidad
como ésa. Si de las reuniones del comité de empresa con la dirección de
la misma para la modificación de los convenios colectivos para el



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año que viene se deduce que la reestructuración de la plantilla en esas
43 personas va a suponer un gran cataclismo en la empresa, soy el primero
en poner ese tema en cuarentena y tratarlo detenidamente. Pero no creo
que ése sea el gran problema. Estoy convencido de que en el comité de
empresa vamos a establecer de común acuerdo una salida para esas 43
personas, porque no quiere decir que estén sujetas a despido, ni mucho
menos, sino que, a lo mejor, tienen una ubicación de trabajo en otro
lugar debido a las externalizaciones a las que usted ha hecho referencia
y que no son tan graves ni ocultan una privatización como usted ha
insinuado en su intervención. Por tanto, situemos el número de puestos de
trabajo de los que estamos hablando en la cifra de 43 y no saquemos las
cosas de contexto hablando de 9.000 empleos en juego en el sector, de los
que muchos afectarán a esta compañía.

Yo sé que ha habido tensiones entre los trabajadores de la compañía en
Algeciras, concretamente, y los directores en dicha zona. Han sido unas
tensiones que yo califico de prematuras, porque no hemos hecho nada más
que empezar a hablar. Se han puesto los elementos sobre la mesa para
poder hablar, se han constituido sólo las mesas de negociación. Sobre las
que se han puesto los instrumentos que la empresa quiere negociar, pero
no se ha cuantificado nada, no se ha acordado absolutamente nada, y se ha
producido un encierro de trabajadores que reflejaron los medios de
comunicación del sur de España la semana pasada.

No tengo nada en contra de las medidas de presión, son instrumentos
legítimos en manos de los trabajadores. Lo que sí puedo es calificar de
prematuro ese encierro, puesto que no se ha hablado todavía de lo que se
va a hacer y, por tanto, creo que una vez avanzadas las negociaciones, si
surgen cuestiones en las que se pueda discrepar y en las que se esté
frontalmente en contra, se debatirán; lógicamente estoy hablando de
cuestiones de carácter laboral, porque las de carácter político es
evidente que ya existen y no se podrían sentar los comités con la
dirección de las empresas, porque en cuestiones políticas discreparíamos
siempre.

Quiero darle un dato significativo, señor Segura, y muy concreto. El
esfuerzo que ha hecho la plantilla de Trasmediterránea en el reajuste que
se le ha pedido se puede cifrar en un 48 por ciento, es decir, desde el
30 de septiembre de 1990, que fue la fecha de la última negociación
colectiva, hasta el 30 de septiembre de 1997, hemos llegado a una
reducción en torno al 48 por ciento, un esfuerzo importante. Quería citar
estas cifras porque hacen referencia a la gestión anterior. De 1990 a
1997 ha habido un 48 por ciento de esfuerzo o de reducción que ha
soportado la plantilla de Trasmediterránea. Gran parte de ese 48 por
ciento tuvo lugar cuando mis antecesores estaban en el cargo, lo cual
quiere decir que la reestructuración de la empresa se vio con claridad
también por los que me precedieron, y se iniciaron, como usted sabe muy
bien, unas medidas de ajuste que hoy recibo y continúo para que la
compañía tenga su justa medida, pero el esfuerzo global ha sido del 48
por ciento.

En Algeciras, lugar donde se produce la protesta de los trabajadores
antes de empezar a negociar, el esfuerzo ha sido del 11 por ciento, es
decir, es donde menos ha afectado la reducción de plantillas, que siempre
se ha hecho, señor Segura, mediante instrumentos voluntarios, y el
esfuerzo que ha hecho la plantilla de Trasmediterránea acogiéndose a esos
instrumentos ha sido, de promedio durante siete años, del 48,9 por
ciento; en Algeciras solamente ha sido del 11 por ciento. No hemos
querido presionar en Algeciras, donde debe hacerse una reestructuración
porque es evidente que sobra personal, porque consideramos a dicho puerto
de extraordinaria importancia en los tráficos y en el futuro de la
compañía. Ya se verá lo que ocurra en la negociación colectiva. Pido a
los comités de empresa, y al de Algeciras muy concretamente, que la
negociación avance y que cuando surjan problemas se debatan, y si del
debate no hay una posición clara de la empresa o los trabajadores están
en contra de las medidas que se adopten, que lo manifiesten de la forma
que sea, pero no de forma anticipada, porque es absolutamente
extemporánea y puede entorpecer las negociaciones.

Dice el señor Segura que están aturdidos por las medidas que estamos
adoptando desde la empresa, por ejemplo, por las medidas de
externalización exacerbada de los servicios. Les voy a contar qué
externalizaciones de los servicios se han hecho en la compañía hasta
ahora, todas ellas previstas en el plan estratégico y, por tanto,
conocidas desde hace meses. El señor Segura tiene en sus manos el plan
estratégico --no me lo han pedido nunca, pero lo remitiré con mucho gusto
a los diputados y a la Mesa de la Comisión si lo creen conveniente-- y
conoce que las medidas están previstas ahí. ¿Qué servicios se han
externalizado? Pues el servicio de lavandería. Es absolutamente atípico
que una naviera tenga un servicio de lavandería propia. Ya sé que lo de
la lavandería es muy chocante y tiene ribetes irónicos, pero fue lo
primero que se externalizó en aplicación del plan estratégico. También se
externalizaron los servicios jurídicos, con un ahorro de cincuenta
millones de pesetas al año. Se externalizó la delegación de Mahón y la de
Ibiza, porque consideramos que la conversión de esas delegaciones en
agencias que trabajasen para la compañía pero también para terceros eran
un buen inicio para la aplicación del plan estratégico en unos lugares no
conflictivos y donde el servicio se ha continuado prestando desde que
está en manos privadas de forma correcta, normal y con un buen servicio
para el usuario. Es decir, en Ibiza y en Mahón se sigue prestando hoy un
servicio, si cabe, mejor que el que se prestaba antes, puesto que el
agente tiene mucho interés en que nuestros buques se despachen con
diligencia y rapidez y el cliente esté atendido. Eso también ha absorbido
a la mayoría de empleados de las propias delegaciones, esto es, ha
evitado que hubiera regulaciones de plantilla, dolorosas para los
trabajadores. Muchos se han acogido a bajas o a jubilaciones anticipadas,
pero otros han sido absorbidos por el nuevo agente que se ha hecho cargo
de los servicios.

¿Qué se pretende ahora? Mejorar y simplificar los sistemas y procesos
informáticos de la empresa. Ello va a conllevar también una reducción de
personal en los servicios informáticos. Veremos cuál es el volumen, la
necesidad de la empresa y los servicios que requieran un reajuste.

Todavía



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no se ha hablado de ello, sólo se recoge a título enunciativo en el plan
estratégico donde se habla de mejora y simplificación de sistemas y
procesos. Eso comportará seguro una reducción de personal, pero lo
haremos de forma absolutamente consensuada.

Qué medidas se han adoptado que les asusten o les tengan aturdidos, como
dice su señoría. No ha habido otra externalización más que las que le he
anunciado. Se van a privatizar o a externalizar --no debemos buscar otras
palabras para lo que es de hecho la privatización de algunos servicios,
como es la externalización-- la venta y el control de billetes de la
compañía. Esto lo hacen hoy día muchas compañías y muchas agencias de
viajes; es decir, billetes de la compañía los venden fuera de la compañía
muchas empresas y los sistemas por los cuales se venden los billetes son
absolutamente sofisticados y mecanizados y también se prestan desde fuera
de la compañía, ya que es un hábito normal. Si no nos modernizamos en ese
sentido y extendemos los billetes a mano mediante triplicadas fórmulas
complicadísimas, no nos vamos a adaptar al proceso de modernización. Se
exagera cuando se dice que se están externalizando tantos servicios o que
se está haciendo una externalización exacerbada de los mismos. Se están
adoptando unas medidas muy sencillas que otras empresas han tomado en el
ámbito público y en el privado y no han causado mayor alarma.

Se ha referido a medidas adoptadas por la empresa que van colocando a
otras navieras de cara al futuro --he creído entender-- en posición de
ventaja ante una posible privatización de la empresa. Se ha referido a
ello dos veces, así lo tengo anotado. Quiero tranquilizarle en este
aspecto, señor Segura. No hay medida que se haya adoptado que sitúe a
ninguna naviera en posición preeminente respecto a alguna futura
privatización.

Ha hablado de que se están constituyendo empresas mixtas como son
Tercádiz, Terpoval y TCR en Cádiz, Valencia y Las Palmas,
respectivamente. Usted sabe que son empresas de terminales de carga
polivalentes, es decir, de manipulación portuaria de mercancías, y que
estas sociedades mixtas, 50 por ciento de Trasmediterránea y 50 por
ciento de una compañía privada, las he heredado, es decir, estaban ya
constituidas. Por tanto, lo que he hecho es recoger el instrumento que se
me ha dejado y, si cabe, mejorarlo poniendo al frente de ellas a gerentes
competentes, con el debido respeto para los anteriores; yo he puesto a
personas de mi confianza al frente y son empresas con las que, si hoy las
uniéramos en forma de holding, sacaríamos todavía mejor provecho en
nuestro posicionamiento en los puertos, porque quiero significar ante la
Comisión que el negocio marítimo no estriba sólo en el transporte
marítimo, como SS. SS conocen, sino en todo aquello que lo rodea como es
la manipulación de mercancías, la operatividad portuaria y también el
posicionamiento en los puertos. Gracias a estas empresas de terminales
polivalentes de carga se está actuando con agilidad, y no se está
trabajando sólo para Trasmediterránea, se está trabajando también para
terceros, con lo que ello significa de posibilidades de ingresos para la
compañía. Sobre que se esté favoreciendo a una empresa concreta en
posición de ventaja respecto a la futura privatización, en todo caso yo
no he iniciado este proceso con la empresa a la que usted se ha referido,
yo he heredado esta situación y lo único que hago es profundizar en la
operatividad de esas empresas a las que usted se ha referido y que
existen en los puertos citados para que sean rentables y competitivas.

Por tanto, aquí no hay trato de favor a empresa alguna. Por otra parte,
que conste, señor Segura, y usted lo sabe mejor que yo, que la Naviera
Suardíaz, con la que tenemos estas empresas de manipulación portuaria, es
una naviera seria, por no decir de las más serias del sector y, por
tanto, con mayor competencia en lo que estamos llevando entre manos y
desde ese punto de vista no tiene ningún tipo de objeción técnica; al
revés, yo creo que deberíamos estar contentos por estar asociados a unas
empresas que conocen bien su negocio, que son solventes y que no ofrecen
posibilidad de problemas de tipo económico en ese aspecto. Podemos
confiar en que son sólidas y en que nos ayudarán a consolidarlas para
tener una buena posición en los puertos y afrontar así la competitividad
del futuro con mayor facilidad.

Me pide usted después, en una larga y prolija relación que voy a intentar
desgranar lo más rápidamente posible, que le aporte una serie de datos.

Yo se los facilitaré con mucho gusto. Los cambios que se han hecho en los
buques a los que se ha referido usted son modificaciones que van en
beneficio de los tráficos y en beneficio del usuario; es decir, no se ha
hecho ni una modificación que vaya en detrimento del servicio ni de línea
alguna. Usted dice que tanto el Santa Cruz de Tenerife como otros buques
han sufrido algún tipo de transformación que incluso podría poner en
peligro su seguridad. Usted sabe que eso no es verdad, que el control
real al que se someten hoy los buques por parte de la inspección de
buques y por parte de las autoridades de la Dirección General de la
Marina Mercante es tal y las inversiones en medidas de seguridad son de
tal magnitud que es imposible que en estos momentos estemos ante el
peligro de que no se hayan adoptado las medidas de seguridad oportunas.

Tanto es así que la empresa acaba de conseguir el certificado de calidad
del Bureau Veritas ISO 9002, que se acaba de otorgar a la Compañía
Trasmediterránea por la calidad en el servicio de sus buques y cumplimos
todas las normas habidas, las del Solas, las de la IMO, absolutamente
todas; en las transformaciones de buques también, porque no queremos que
se nos diga que ha estado mal hecha una transformación para luego tener
que hacer una inversión nueva que no hayamos previsto en la adaptación de
los buques. Por tanto, yo ahí quiero salir en defensa de los buques de la
compañía, porque seguimos escrupulosamente todas cuantas medidas de
seguridad se nos indican precisamente para no caer en inversiones nuevas
que luego podrían ir en detrimento de las previsiones de la compañía.

En cuanto al rendimiento del Isla Colombina y del Isla Cartuja, con mucho
gusto le remitiré por escrito la cuenta de explotación de esos dos
buques, como usted me ha solicitado, porque, como usted comprenderá, no
me esperaba una pregunta tan concreta; le enviaré esos datos por escrito
con muchísimo gusto.




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Me pregunta usted por la incipiente creación de una nueva empresa de
cruceros de bandera española. Yo creo que la imaginación en nuevos
mercados debe ponerse al servicio de la empresa. Hay que abrir nuevos
mercados, uno de los cuales, en mi opinión, es el turismo y que esta
compañía no ha explotado suficientemente. Sólo tiene un buque de cruceros
que usted conoce, el Don Juan, perteneciente a la agencia Schembri, de la
que luego hablaré porque usted ha dicho que esta compañía, participada
por Trasmediterránea al cien por cien, ha tenido grandes pérdidas; le
diré por qué razón las ha tenido. La agencia Schembri tiene un barco de
cruceros que yo he traído al Mediterráneo, porque creo que es el
escenario idóneo donde pueden desarrollarse, y me he limitado a impulsar
la creación de una futura empresa de cruceros mediante la constitución de
una UTE, una unión temporal de empresas, con cinco empresas privadas para
que estudien la viabilidad de constitución de una empresa de cruceros que
se llame Cruceros de España. He impulsado el proyecto con verdadera
ilusión y el mes pasado se firmó la unión temporal de empresas entre Sol
Meliá, Hoteles Barceló, Viajes Iberia, Air Europa, Unión Naval de Levante
y Trasmediterránea. Firmamos esta unión temporal de empresas para
estudiar la viabilidad de la constitución de una empresa de cruceros. Yo
quiero que este estudio de viabilidad esté acabado a la mayor brevedad y
se pueda constituir la empresa de cruceros a la que se refería S. S. en
su intervención lo antes posible, empresa en la que Trasmediterránea va
a tener una pequeña parte --la mayoría del capital va a estar en manos
privadas--, e iniciar una vía de negocio nueva como son los cruceros
turísticos hoy absolutamente en auge en el Mediterráneo. Yo me niego a
creer que España sea incapaz de desarrollar una actividad de cruceros
teniendo buenos hoteleros, buenas agencias de viajes, buenos operadores
turísticos, buenos navieros y buenos astilleros. Por tanto, si reunimos
todas esas condiciones en nuestro país, lo que me he limitado a hacer es
impulsar la creación de esa unión temporal para constituir una futura
empresa.

¿Por qué vendimos el J. J. Sister, que es un barco muy antiguo? Pregunta
usted por qué lo vendimos por 800 millones de pesetas cuando no sé qué
valoraciones atribuían un precio mayor. Se vendió al precio que se pudo,
en el momento que se pudo, en la situación del mercado que se pudo, al
cambio de divisa que se pudo. El barco era un pozo sin fondo de gastos,
y usted lo sabe. Estaba amarrado, cada día que pasaba era un chorro de
dinero que se perdía, el plan estratégico preveía ya la desinversión de
aquellos buques que no reuniesen por su edad las garantías suficientes
como para prestar los servicios y creímos necesario vender el J. J.

Sister, decisión de vender que, de hecho, ya habían adoptado antecesores
míos, pero que no se había llevado a la práctica, y lo vendimos en el
momento que creímos oportuno. Las fluctuaciones de los cambios monetarios
no los controla el presidente de la compañía, como usted comprenderá,
señoría. Se vendió por 800 millones de pesetas y a pesar de las
valoraciones que pudieran existir de otros tiempos, yo creo que fue una
magnífica venta y una inyección de dinero nuevo en la cuenta de
resultados que le vino muy bien a la Compañía Trasmediterránea en estos
momentos de cambio.




El señor PRESIDENTE: Señor Trías de Bes, le ruego que acelere un poco
porque, si no, se nos va a hacer muy tarde.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A. (Trías de Bes
i Serra): Voy a acabar, señor presidente, con tres puntos a los que se ha
referido el señor Segura. Gracias por su paciencia y por la paciencia de
los comisionados.

Yo le remitiré el expediente de venta, porque también me lo ha pedido, y
verá usted que se ajusta a cuanto yo he expuesto. Es un documento
concluido, que tiene un principio y tiene un fin y, por tanto, no veo
inconveniente en que pueda ser facilitado.

Su señoría pregunta a cuánto asciende la deuda del Estado con la
compañía. En estos momentos asciende, como ha manifestado muy bien el
portavoz del Grupo Popular, a dos anualidades referidas a la subvención
del contrato con el Estado del año 1996 y del año 1997; el año 1997
todavía no está cerrado, apenas queda un trimestre, pero son las dos
deudas por subvención que debe el Estado. Luego el contrato que vence el
31 de diciembre debe liquidarse, debe someterse a una liquidación y para
ello será necesario que intervengan la Dirección General del Patrimonio,
la Dirección General de la Marina Mercante y la propia compañía para
determinar la cuantía resultante de la liquidación del contrato, que será
la parte incógnita, es decir, que no puedo revelar en este momento,
primero porque no la conozco, segundo porque sería una imprudencia y,
tercero, porque luego serían mal interpretadas mis palabras en relación
con un precio y podría ser determinante incluso de un hipotético precio
de la compañía. Yo nunca he hablado de cifras concretas, aunque sé que en
los medios de comunicación han salido cifras barajando hipótesis. Hay
medios de comunicación que han dicho ¿qué vale la compañía? Y han cogido
el activo, el inmovilizado o cualquier capítulo del balance y han lanzado
al vuelo un precio. A mí se me ha preguntado acerca de si ése era el
precio y yo, señor Segura, he respondido como he podido a esas preguntas.

Nunca he querido poner el cascabel al gato, primero, porque no es mi
competencia hacerlo y, segundo, porque creo que sería extremadamente
peligroso en estos momentos. Por tanto, lo que el Estado debe a la
compañía es lo que resulte de la liquidación del contrato más dos
anualidades de subvención derivadas de dicho contrato.

Usted me ha preguntado por la querella criminal interpuesta por algunos
accionistas minoritarios contra el Consejo de Administración de la
compañía. Le voy a contestar lo que hay. En manos privadas está el 4,6
por ciento del capital de la compañía, proceso de privatización que
inició el Gobierno anterior y que llegó a esas manos privadas a través de
la Bolsa. De ese 4,6 por ciento, señoría, hay un 2 por ciento que está
organizado alrededor de una compañía que creo que se llama Transportes e
Inversiones. No voy a decir quiénes son los accionistas porque
seguramente S. S. los conocerá mejor que yo, pero ese 2 por ciento de
accionistas



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han sido los que han interpuesto una querella criminal contra el Consejo
de Administración de la compañía, porque dicen --y ése es el delito que
atribuyen a los directivos-- que ha adoptado acuerdos con abuso de
posición dominante y contrarios a los intereses de los accionistas
minoritarios. Ese es el delito del nuevo Código Penal, creo que está en
el artículo 290, si no recuerdo mal y mi memoria no flaquea, que lo hace
con mucha más frecuencia que antes.

Yo he sido citado por el juez en un procedimiento ordinario. Se alegan
por los querellantes siete «incumplimientos», entre comillas, siete
incumplimientos por parte de la compañía, ya no acuerdos sino
incumplimientos, y yo he declarado ante el juez y he rebatido esos
pretendidos incumplimientos que ha hecho la compañía, todos ellos de
carácter profundamente civil. Tan es así y tan civiles son calificados
--no los califico yo, los califican los propios querellantes--, que el
mismo día en que yo iba a declarar en el juzgado de lo penal interponían
una demanda civil por los mismos hechos ante el juzgado correspondiente
y en la jurisdicción civil pertinente. Esto está sub iudice, por lo que
no voy a hablar nada más que del hecho en sí, como usted me ha
preguntado; quizás sea por deformación profesional, pero jamás comentaré
algo que esté en estos momentos en manos de la justicia.

Me ha preguntado usted por los resultados de Navicom, Limadet y Schembri.

Navicom es una empresa participada al 50 por ciento por Trasmediterránea
y es de transporte de contenedores. Este año ha perdido dinero; en
relación con 1995 ha duplicado las pérdidas, pero no es por mala gestión,
sino por la dificilísima situación del mercado de contenedores en el
transporte marítimo, que se ha reventado con una guerra tarifaria
producida por operadores sin escrúpulos, lo que ha hecho que nosotros,
naturalmente, al mantener criterios de regeneración tarifaria, nos
resintamos. No obstante, hemos conseguido una cosa muy importante para el
futuro, puesto que, aunque nos haya causado unas pérdidas el año pasado,
hemos mantenido la fidelidad de los clientes, los cuales no se han ido a
aquellos navieros que han jugado con el desbarajuste tarifario en el
mercado, sino que han permanecido fieles a la Compañía Navicom,
transportadora, en este caso, de contenedores. Yo tengo la gran esperanza
de que la regeneración del mercado en el futuro sea un hecho y que esta
compañía gane dinero.

En cuanto a Limadet, naviera marroquí, es una compañía estratégica de
Trasmediterránea, de la cual tenemos el 50 por ciento de capital. Pierde
dinero desde hace tiempo, aunque no cantidades alarmantes; este año va a
perder más que otros, pero también es debido a que arrastra una mayor
competencia en el Estrecho, como usted sabe muy bien. Estratégicamente
nos conviene mucho tener un pie en Marruecos, porque los marroquíes están
haciendo lo mismo: están constituyendo sociedades españolas para, bajo
pabellón español, operar en el Estrecho de Gibraltar. Nosotros hemos
mantenido esta participación, creemos que estratégicamente nos conviene
y que sacaremos sus rendimientos en el momento oportuno.

Me habla usted de si se pierde dinero en el jet-foil de Canarias. El
jet-foil de Canarias lo que tiene es un coste carísimo. Usted sabe que
mantener ese servicio es muy caro, porque los barcos, las unidades que lo
hacen, gastan mucho dinero en combustible, aunque, eso sí, es muy eficaz
y está muy incorporado a la vida y al sentir de los canarios para
comunicarse entre las dos islas, hasta tal punto de que, como usted sabe,
no cogen el avión para ir de Santa Cruz a Las Palmas o viceversa, sino
que procuran ir en el jet-foil, porque es mucho más rápido y, además, se
puede hablar y se puede desayunar, es un poco como el AVE. Aunque la
línea de jet-foil sea este año sensiblemente deficitaria, nosotros la
vamos a mantener, porque creemos que es el futuro de la comunicación en
Canarias.

También es cierto que las tarifas portuarias, es decir, todo el capítulo
de impuestos y el coste de combustible, han sufrido unas variaciones que
nos han hecho aumentar los costes, pero esperamos en el futuro poder
renegociar con las autoridades canarias y portuarias para tener mejor
tratamiento en el puerto en ese servicio y poder mejorar el mismo.

También pediremos a las autoridades portuarias que mejoren las
instalaciones terminales del jet-foil, porque he leído en la prensa que
tiene muchas quejas de los usuarios por el estado en que se encuentran,
pero eso ya no forma parte de la competencia de este presidente, sino de
la autoridad portuaria competente.

En cuanto a la carga rodada, usted sabe que es la especialidad de la
Compañía Trasmediterránea y que el incremento de carga rodada va in
crescendo. Yo siempre he dicho que el futuro de Trasmediterránea es la
carga rodada y que el pasaje y el transportar vehículos es un negocio
complementario. El profundo y verdadero negocio de la compañía va a ser
la carga, y en eso estamos haciendo una apuesta importante, usted lo
sabe, porque en Canarias ahora mismo hemos incorporado un barco ro-ro con
mayor capacidad y estamos llevándonos un tráfico que antes no nos
llevábamos, que, como usted conoce muy bien, comunica con la isla de La
Palma. Pensamos insistir en la carga con Canarias. De ese 80 por ciento
del mercado esperamos llevarnos todavía más cuota con las acciones que
estamos llevando a cabo en estos momentos y que, por estrategia
empresarial, no voy a desvelar, pero no se preocupe S. S., que es un
empeño del presidente de la compañía y del Comité de dirección de la
misma que la carga sea el elemento central.

Yo no creo que la naviera se esté desvirtuando, como afirma S. S., con el
dinero público, sino que lo que estamos haciendo es reajustar la compañía
para, precisamente, hacerla lo más rentable posible y, desde luego, no
está en los planes del presidente el troceamiento de la misma. Yo sé que
hay pretensiones e intenciones por parte de alguna administración de
trocear de alguna manera la compañía, pero creo que, más bien, son
declaraciones de intenciones que voluntades decididas a fondo.

El gran activo de Trasmediterránea es su tamaño. Somos la quinta naviera
europea y eso no se puede trocear, porque es difícilmente troceable.

¿Cómo se trocea una compañía naviera: por líneas, por sectores, por
cargas, por pasaje, por barcos? Naturalmente, antes de adoptar la
decisión, la compañía puede colocar los barcos donde quiera, porque los
barcos son instrumentos al servicio del negocio



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y lo que haría la compañía ante un rumor de troceamiento sería desplazar
barcos de un sector a otro, con lo cual difícilmente se puede trocear. Yo
creo que el gran activo de Trasmediterránea es precisamente su tamaño, y
no es intención de la empresa el troceamiento favoreciendo el
fraccionamiento, como usted ha expuesto en su intervención en esa
liberalización exacerbada en la que usted acusa a la compañía. No hay una
posición de liberalización exacerbada; lo que hay es una preocupación
para que los transportistas, los usuarios y los trabajadores sigan
contando en el futuro con una empresa importante, de peso en el mar. Es
una compañía pequeña para el Estado, pero grande en el transporte
marítimo, porque es la primera compañía en España, la primera de bandera
y una de las más importantes de Europa.

Esto es cuanto yo puedo decirle, señor Segura. Creo que, grosso modo, he
contestado cuantas cuestiones quería conocer. Las otras respuestas las
tendrá usted por escrito como le he prometido.

Quiero agradecer a Izquierda Unida su intervención. A muchas cosas ya le
he contestado cuando lo he hecho al señor Segura, puesto que eran
preguntas que se referían a lo mismo, privatización, etcétera, pero voy
a hablar algo más de privatización.

No se está haciendo por parte de la compañía nada que pueda indicar que
se ha iniciado el proceso de privatización. No depende de la compañía
iniciar ese proceso. Esa decisión la va a adoptar el propietario, que es
el Estado, y en este caso la va a adoptar el Sepa, la Sociedad Estatal de
Participaciones, que es quien realmente tiene potestad para hacerlo. Yo
solamente voy a poner esta compañía en situación de competir en el
mercado como las mejores compañías de Europa, públicas o privadas. Y no
es una operación de maquillaje lo que estamos haciendo; es una operación
de adaptar la compañía a un marco competitivo del futuro, y, a partir de
ahí, se podrá tomar la decisión, pero ya no hablamos de fechas. Yo creo
que durante 1998 no va a poderse adoptar ningún tipo de decisión --igual
me equivoco, ojalá sea así y se pueda adoptar--, pero no corresponde al
presidente tomar ninguna medida que pueda significar el pistoletazo de
salida de la privatización porque el mandato que yo tengo es el de poner
esta compañía en condiciones, repito, de ser competitiva en el futuro y
que pueda ofrecer un servicio mejor, si cabe, que el que puedan ofrecer
nuestros competidores europeos, sobre todo de cara al 1 de enero de 1999.

Quiero tranquilizar al portavoz de Coalición Canaria en cuanto a su
preocupación. Espero que no tengamos que limitar itinerarios o
frecuencias. Digo espero porque no depende sólo de mí ni de la compañía.

Usted sabe muy bien que la competencia en estos momentos del Gobierno
canario para regular los tráficos interinsulares es un hecho y que se ha
creado un grupo de trabajo entre la Dirección General de la Marina
Mercante, el Gobierno canario, la Dirección General de Patrimonio y la
Compañía Trasmediterránea para hallar una solución al futuro de las
comunicaciones interinsulares.

Yo creo que el Gobierno canario va a hacer lo razonable, que es abrir un
concurso. Supongo que los operadores de allí nos vamos a presentar, pero
no sé en qué medida, en qué grado, si todos a todo o sólo en parte,
depende de las bases del concurso, que no están desde luego en mi mano,
que desconozco y que supongo que el Gobierno canario todavía no ha
elaborado, aunque espero que lo haga en breve porque el 1 de enero
tenemos que operar bajo un nuevo marco jurídico. Por tanto, tengo la gran
esperanza de que esa comisión de trabajo que se creó el otro día en la
Comisión Mixta Gobierno central-Gobierno autonómico canario sirva para
despejar las incógnitas que son las mismas de S. S. y que comparto.

Estamos haciendo en la compañía lo que podemos hacer, que es ajustar al
máximo con las unidades precisas los tráficos para no perder dinero,
estar en situación de adaptarnos al nuevo marco jurídico que se ofrezca,
mover lo mínimo los barcos --porque mover los barcos es caro-- y mantener
cuantos itinerarios estamos haciendo, si es posible, en el nuevo contrato
con el Estado en la comunicación Cádiz-Canarias o con el nuevo contrato
con el Estado con la comunidad autónoma que se saque a concurso en el
futuro.

¿Son necesarias más frecuencias? Si me lo pregunta a mí personalmente yo
diría que en algunas líneas sí y en otras no. Yo creo que, efectivamente,
se podría mejorar la comunicación con la isla del Hierro; además, hay un
tráfico emergente, cual es el turístico, en el que se podría profundizar,
pero son opiniones de un empresario que, si le dejaran las manos libres,
naturalmente iniciaría líneas de negocio en Canarias que no han tenido
lugar y que están un poco a la espera de lo que resulte de las
regulaciones futuras.

¿Por qué no hay más ofertas en la comunicación Cádiz-Canarias? Es un poco
lo mismo, porque estamos esperando a ver qué pasa con el futuro contrato
con el Estado, y también a ver qué pasa con la regulación de las
administraciones canarias; es decir, ¿qué ocurrirá cuando tengamos
despejado el marco jurídico de ambos escenarios? ¿Podremos decidir si
aumentamos la inversión en el tráfico Cádiz-Canarias mediante la
incorporación de alguna unidad nueva al mismo? Yo soy partidario de
invertir en flota y creo que el futuro está en manos de las compañías que
tengan flota renovada y flota nueva, y si por mí fuera ya habría hecho
esa inversión, pero comprenda que nos encontramos un poco atados de pies
y manos ante un incierto futuro jurídico que se despejará en los meses
venideros, y muy concretamente durante este trimestre. Espero que en una
próxima comparecencia pueda celebrar que se ha solucionado de la forma
que yo digo cuanto acabo de exponer.

Me decía el señor Carreño, del Grupo Popular, que una de las labores
sería incitar el celo de SS. SS. para que las percepciones de 1996 y 1997
se reciban por parte de la compañía o se liquiden por parte del Estado lo
antes posible. Le devuelvo la pelota al señor Carreño: ayúdeme a que esas
liquidaciones se efectúen cuanto antes mejor, porque irá en beneficio de
la compañía. Pero ayúdenme también, señorías, los grupos parlamentarios,
para que de la tramitación presupuestaria en esta Cámara y en la Cámara
Alta salga un presupuesto que permita celebrar un contrato en el futuro
que cubra las necesidades de la Compañía Trasmediterránea



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y sirva para que el servicio que se presta pueda mejorarse.

Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias por su paciencia.




El señor PRESIDENTE: Esta intervención final del señor Trías de Bes ha
sido suficientemente detallada para contestar absolutamente a todas las
preguntas. Vamos muy retrasados en las comparecencias, por lo cual voy a
dar un minuto parlamentario, que en ningún caso sería más de tres minutos
de reloj, para el que quiera intervenir, pero, insisto como siempre, no
para reabrir el debate, sino para algún tema que haya quedado olvidado o
alguna consideración.

Señor Segura, tiene la palabra.




El señor SEGURA CLAVELL: Soy consciente de que nos encontramos
prácticamente cerca del mediodía, que hay diferentes comparecientes a
continuación y que estamos simultaneando diferentes comisiones en una
mañana muy atareada de este miércoles. En consecuencia, agradeciendo la
posibilidad que me da el presidente, con esa diferenciación de las
cualificaciones del tiempo --tiempo real, tiempo sidéreo y tiempo
parlamentario--, voy a hacer uso del tiempo parlamentario para hacer dos
o tres matizaciones.

Reconozco y agradezco con toda sinceridad el hecho de que el presidente
de la Compañía Trasmediterránea haya intentado, en la medida de sus
posibilidades, disponibilidad de tiempo y de datos, contestar en estos
momentos a la mayor cantidad de preguntas que le he formulado. Otras,
como ha indicado, las contestará por la vía que estime oportuno.

Seguiremos un análisis permanente de la evolución de la compañía, porque
nos interesa el tráfico marítimo en España. Pero hay dos matizaciones. En
primer lugar, cuando yo hice referencia a la posibilidad de perder 9.000
puestos de trabajo no fue un comentario ligero, superficial derivado de
una improvisación. La Comisión de las Comunidades Europeas encargó en
España a un equipo multidisciplinar integrado por diferentes
departamentos de diferentes universidades españolas un estudio, y ese
estudio académico, en síntesis, alerta sobre la posibilidad de perder
86.000 millones de pesetas en concepto de pérdidas de ingresos por fletes
y en indemnizaciones por despidos en las industria auxiliar al propio
transporte marítimo. Y a este costo se le tendría que añadir la pérdida
aproximadamente de 9.000 puestos de trabajo en empresas navieras y en
otros sectores relacionados. También dice el estudio que se prevé que en
los territorios insulares, incluyendo Ceuta y Melilla, se pierdan más de
1.900 empleos en empresas navieras e industrias auxiliares. A este
impacto se ha de sumar el que produjo la primera fase de la
liberalización en cumplimiento de la entrada en vigor del reglamento
3.577/1992 y la situación del mercado, según apuntan los elaboradores de
ese informe.

Consiguientemente, se trata de un informe académico, que intuyo riguroso,
y que no se podría imputar a un comentario ligero. Trae infinitos datos
de otra índole a los que no he querido hacer referencia. Y enmarcado en
ese planteamiento le hice el comentario de que en España nos preocupa y
hay que mirar con mucho rigor la evolución progresiva y paulatina del
impacto de las medidas de liberalización del tráfico marítimo.

Segunda matización, señor presidente. Le dije que nos producía estupor
--o utilicé un término equivalente-- las decisiones que se toman en la
reconversión de determinados buques muy modernos; concretamente, el Las
Palmas de Gran Canaria y el Santa Cruz de Tenerife, que fueron buques que
empezaron a navegar en el año 1993 (es decir, buques muy jovencitos con
tan sólo cuatro años de vida), se diseñaron dentro de un plan de
inversiones de más de 30.000 millones de pesetas de la compañía, que hoy
afortunadamente disfruta de una situación de privilegio competitivo
gracias a esas inversiones. Esos buques ro-pax, con una capacidad de
carga y de pasaje, con unas tripulaciones, con unas características en el
sistema de propulsión, se diseñan para una determinada función, y de
pronto se reconvierten, se sacan de las rutas interiores en la comunidad
canaria y se multiplican por dos y por tres la capacidad de butacas, pero
no se incrementa el personal. Hasta las propias escaleras --que no es
tema a hablar aquí-- tienen unas dimensiones que impiden pasar de una
cubierta a otra sin que se crucen dos personas, y esto desde el punto de
vista de la seguridad marítima es un tema serio.

Yo le matizaría al presidente de Trasmediterránea bastante comentarios
que ha hecho en contestación a las preguntas que le formulé, que son
susceptibles de discusión. Insisto, el tiempo está agotado. He puesto
estos dos ejemplos, y lo único que quisiera es que usted supiese que el
Grupo Parlamentario Socialista va a estar permanentemente en el ejercicio
leal de oposición al seguimiento de la compañía en lo que se refiere a
los puestos de trabajo, a la potenciación de unidades como la del puerto
de Algeciras, donde juega un papel fundamental, ya que es previsiblemente
uno de los puertos más importantes de Europa, no solamente en el tráfico
con el continente africano, sino de potenciación de entradas de
mercancías en nuestro país. Y no dude de que vamos a seguir estando en
contacto con los diferentes comités de empresa a través de nuestros
diputados en las distintas circunscripciones.

Señor presidente, la última cuestión. De las muchas preguntas que le
formulé le hice una que me ha sorprendido el matiz de su contestación, y
quiero aclarárselo. He leído en prensa que un grupo de accionistas ha
llevado a cabo una actuación de naturaleza judicial contra la compañía,
y desconozco su contenido, y al contestarme a esa pregunta usted me dice
que quizás yo conozca a los accionistas. Señoría, por mi labor docente en
una escuela de náutica en este país durante más de veinte años puedo
presumir de que conozco a todos los capitanes, jefes de máquina, primeros
y segundos oficiales, y tripulantes de todas las flotas españolas; en
consecuencia, no sé a qué se podía usted referir, ¿a esas buenas
relaciones personales que mantengo con personal de la flota?



El señor PRESIDENTE: Señor Rivero, tiene la palabra muy brevemente.




El señor RIVERO BAUTE: Muy brevemente, señor presidente.




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Simplemente dos precisiones. A mí me hubiera gustado que el señor Trías
me hubiera contestado si la compañía tiene evaluado cuál es el dinero que
necesita de subvención del Estado para, en el marco del nuevo concurso
que se pretende abrir, poder mantener esos criterios de rentabilidad,
entre otras cosas porque entendíamos que podíamos echar una mano en el
proceso de aprobación de los presupuestos, ya que los 800 ó 900 millones
de pesetas son insuficientes. Coalición Canaria entiende que debe de
haber 3.000 y por eso ha presentado una enmienda en ese sentido, pero no
sabemos si nos estamos pasando por arriba o nos estamos quedando cortos.

Simplemente era por ayudarle a alcanzar esos objetivos que tiene la
empresa.

Para que la comparecencia no se quede sólo en una cuestión de fuegos
artificiales y poco práctica, entendemos que los mayores retos que en
estosmomentos tiene planteados el tráfico marítimo deben centrarse en
despejar dos incógnitas: una me parece que está adecuadamente canalizada
por parte de la dirección de la empresa, y es la modernización de la
misma para ponerla en situación de competitividad; y el segundo gran reto
es para el servicio que presta con los territorios alejados, donde hay
que combinar los criterios que antes decía de rentabilidad con los
criterios sociales; ahí es necesario sensibilizar por parte del Gobierno
y de todos los grupos políticos. La sensibilidad de los grupos políticos
que se sientan en este Congreso ya se ha manifestado en el mes de mayo
con una moción aprobada por unanimidad por todos ellos; la del Gobierno
esperamos que se plasme con las aportaciones necesarias en los
Presupuestos Generales del Estado. Confiamos en que en la Comisión
bilateral Canarias-Estado que se ha creado se puedan despejar todas esas
cuestiones que garanticen, no solamente para Canarias sino para Ceuta,
Melilla y Baleares, los itinerarios, las frecuencias, la calidad de los
servicios y --lo que es más importante-- los precios que en un régimen
liberalizado como en el que vamos a entrar no pueden estar al libre
albedrío de la libre competencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Trías, tiene la palabra muy brevemente para
contestar estas últimas intervenciones.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA (Trías de Bes i
Serra): Contestaré al señor Segura muy brevemente. No dudo de los datos
que maneja S. S., estoy seguro de que son buenos. Por la experiencia que
yo tengo sé que siempre acude a las comisiones muy documentado, y en
absoluto pongo en cuestión los papeles que maneja. Lo único que puedo
precisar es que en su segunda intervención usted ha atinado mucho más, ha
hablado de 1.900 puestos de trabajo en España no sólo de navieras sino de
todos los negocios que rodean el transporte marítimo. No conozco el
informe, pero podríamos estar de acuerdo en esas cifras, que como es
obvio siempre son opinables. Ya no son 9.000, sino 1.900 puestos de
trabajo que afortunadamente no se refieren a nuestra empresa sino a todo
en su conjunto. Para no alargar esta discusión, porque sería absurdo,
únicamente le voy a decir que en los últimos quince años España ha
perdido el 75 por ciento de su flota. No lo atribuyo a la etapa anterior
de gobierno, me estoy refiriendo a un dato absolutamente objetivo debido
posiblemente a las condiciones generales del mercado y al factor que han
jugado los segundos registros, las banderas de conveniencia, etcétera; es
decir, luchar contra esos elementos ha sido muy difícil, y lo cierto es
que España ha perdido tonelaje importante en los últimos quince años.

Habría que tomar medidas para que no desapareciera lo que nos queda, y en
eso es en lo que estamos.

En cuanto al diseño de los buques, reafirmo que los buques de una empresa
han de tener un carácter fundamental, que es su polivalencia; es decir,
han de ser buques que sean de posible utilización en otros trayectos
según las conveniencias comerciales y mercantiles. Cumplimos las normas
de seguridad incluso en las remodelaciones, donde tiene su explicación el
aumento de la capacidad de butacas, por ejemplo, y si quiere luego lo
hablamos detenidamente.

A Coalición Canaria quiero agradecerle su intervención, porque me
facilita mucho más las cosas. En un contrato con el Estado para cubrir
los servicios que otra empresa privada no cubriría en el supuesto de que
fuese totalmente libre, el importe de 1.500 millones de pesetas sería
suficiente para cubrir los servicios esenciales. Estoy extrayendo de
ellos lo que significa carga, que se liberaliza absolutamente, estoy
hablando de transporte de pasajeros para cubrir los itinerarios
esenciales y deficitarios en épocas de temporalidad baja.

Respecto al tráfico intercanario, que es el gran deficitario, estamos
hablando de más dinero, y quizá las cifras bailen porque usted ha hablado
de 3.000 millones. Creo que los trayectos deficitarios que hoy cubre
Trasmediterránea en Canarias podrían ascender a 2.800 millones de
pesetas. Es una cifra que lanzo así porque se ha barajado la cantidad de
3.000, y de ahí viene. Yo creo que 2.800 en Canarias serían suficientes,
y para el resto de tráficos del Estado, 1.500 millones de pesetas sería
lo necesario para implementar esa partida de 900 que hoy obra en los
Presupuestos Generales del Estado.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante unos instantes para
pasar a la segunda comparecencia.




--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) PARA EXPLICAR LA POSICION DE DICHA
FEDERACION ANTE EL PROYECTO DE LEY DEL SUELO, APROBADO POR EL CONSEJO DE
MINISTROS EL DIA 23 DE MAYO DE 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 212/000715).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Con un retraso por el que pido perdón a todos y muy especialmente a la
compareciente, pero los que asisten a esta Comisión saben que es
inevitable que así ocurra, pasamos



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a la comparecencia que se había pedido de la presidenta de la Federación
Española de Municipios y Provincias ante esta Comisión para explicar la
posición de dicha federación ante el proyecto de ley del suelo, aprobado
por el Consejo de Ministros el día 23 de mayo de 1997. Esta comparecencia
había sido pedida por el Grupo Socialista.

Tenemos con nosotros no a la presidenta de la Federación Española de
Municipios y Provincias, sino a doña Luisa Fernanda Rudi, presidenta de
la Comisión de Urbanismo de esta Federación, y que parece, lógicamente,
que es la más indicada para poder hacer esta comparecencia. Le damos la
bienvenida, como hacemos siempre, y en este caso --vuelvo a insistir, lo
mismo que en la comparecencia anterior-- muy especialmente, porque esta
casa ha sido su casa durante muchos años y ella la conoce muy bien. Por
ello, vamos a comenzar la comparecencia con la intervención de doña Luisa
Fernanda Rudi que tiene la palabra.




La señora PRESIDENTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (Rudi Ubeda): Señorías, buenos días.

En primer lugar, permítanme mostrar mi satisfacción, mi alegría por estar
en esta casa nuevamente, como bien recordaba el presidente de la
Comisión, en la cual he trabajado a lo largo de 10 años, aunque en estos
momentos venga en mi condición de miembro de la Federación Española de
Municipios y Provincias, a la cual pertenezco, lógicamente, por mi
condición actual de alcaldesa.

Señorías, como todos ustedes saben --y voy a intentar hacer mi primera
intervención lo más rápidamente posible como consecuencia del retraso por
la marcha de la Comisión--, la Federación Española de Municipios y
Provincias es una asociación nacional que aglutina la práctica totalidad
de las diputaciones provinciales y cabildos insulares y a más de 5.000
municipios españoles. (El señor vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la
Presidencia.) Desarrolla, fundamentalmente, un papel de representación y
defensa de los intereses generales de los entes locales ante otras
administraciones públicas y tiene una tradición en su funcionamiento --y
voy a insistir porque en distintas ocasiones reiteraré lo mismo--, desde
su creación en junio de 1980, de unidad y de consenso en la toma de
decisiones. ¿Por qué insisto en lo del consenso en la toma de decisiones?
Porque, indudablemente, al ser una asociación plural, donde estamos
representados creo que algo más de 5.000 ayuntamientos, que lógicamente
cada uno de ellos tiene gobiernos pertenecientes a distinto signo
político, el espíritu de la FEMP, desde su creación --y aquí está uno que
fue de los primeros presidentes de esa federación y seguro que lo conoce
mucho mejor que yo--, es intentar en todo momento defender los intereses
municipales cuando hay discrepancias políticas, que lógicamente las hay,
llegando al mínimo común de acuerdo posible. Este ha sido el espíritu con
el cual se ha trabajado para conseguir un documento que todos ustedes
tienen y al que luego haré referencia, en el cual se fija la posición
oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias con respecto
al proyecto de ley del suelo.

Como les decía, comparezco ante SS. SS. para exponer las posiciones que
mantiene la FEMP en materia de urbanismo en un momento de singular
importancia, como es el que representa la tramitación parlamentaria del
proyecto de ley del suelo y valoraciones.

Sus señorías conocen que en los últimos meses se ha producido un cambio
radical en el panorama urbanístico normativo español. En primer lugar, la
aprobación de la ley de medidas liberalizadoras, resultado de la
tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de
junio y, en segundo lugar, indudablemente, la aparición de la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre la Ley 8/1990 y el texto refundido de
1992. En estas circunstancias, por último, aparece también la remisión
por parte del Gobierno a las Cortes Generales del proyecto de ley del
suelo y valoraciones que hoy me trae ante esta Comisión.

Estos tres hechos, que podemos definir como auténticos acontecimientos de
enorme trascendencia tanto en el aspecto normativo como en el del departo
competencial, producen el efecto inmediato de plantear la urgencia de
clarificar dicho panorama normativo, fundamentalmente en dos direcciones.

Por una parte, la necesaria elaboración de una legislación estatal que
regule las competencias que corresponden al Estado, de acuerdo con el
contenido de la sentencia del Constitucional, y en este sentido al Estado
le compete regular cuestiones de primer orden como son el derecho de
propiedad sobre el suelo, su clasificación y el régimen de valoraciones.

Por otra, y no de menor importancia para los ayuntamientos, y en
concordancia asímismo con la propia sentencia, la necesidad de que las
comunidades autónomas que carecen de legislación en materia de suelo
procedan a elaborar y aprobar sus correspondientes leyes, y en el caso de
las comunidades autónomas que disponen o disponían ya de legislación
urbanística propia, que procedan a su adaptación al fallo constitucional.

Con su sentencia del 20 de marzo, el Tribunal Constitucional, tras siete
años de espera, ha dado por concluida una prolongada incertidumbre sobre
las nuevas vías autonómicas del urbanismo español, pronunciándose acerca
de la constitucionalidad del texto refundido a que hacía referencia de
1992, y declarando, como todos ustedes saben, señorías, la
inconstitucionalidad de una parte sustancial de sus preceptos por ser
contrarios al orden constitucional de distribución de competencias.

Al limitar el Tribunal Constitucional la competencia legislativa del
Estado al ámbito de lo constitucionalmente atribuido como exclusivo o
básico, resulta que el orden normativo urbanístico vigente ha quedado, a
nuestro modo de ver, de la siguiente manera. En primer lugar, la
legislación estatal plena o básica contenida en el Real Decreto



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legislativo 1/1992, que no ha sido cuestionada como tal o que la
sentencia ha considerado constitucional. Por otra parte, la normativa
autonómica propia que cada comunidad autónoma haya podido dictar o dicte
en uso de sus competencias. En tercer lugar, aquellos preceptos del texto
refundido de la Ley del Suelo de 1996 no afectados por la legislación
estatal plena o básica contenida en el Real Decreto legislativo de 1992
y declarada constitucional y, por último, el referido Real Decreto
7/1997, de 14 de abril.

En esta situación, el panorama normativo urbanístico vigente que les
acabo de describir, desde el punto de vista de la gestión municipal
resulta de una gran complejidad e incluso inseguridad en el momento de
decidir su aplicación, pero, indudablemente --y no puedo olvidar que me
dirijo a ustedes en mi condición de alcaldesa y representante de los
responsables municipales--, hay que ejecutar en última instancia esta
legislación y el mayor problema ha surgido en aquellos ayuntamientos --y
ha sido preocupación de la Federación Española de Municipios y
Provincias-- con planes generales de ordenación urbana vigentes que
fueron en su momento adaptados al texto refundido de 1992 y que recogen
previsiones normativas y de gestión que ahora carecen de cobertura legal
al ser declarada inconstitucional la normativa estatal en que se basaban,
ya que no están previstos algunos de los instrumentos de gestión en la
legislación estatal supletoria de 1976 y no existe normativa autonómica
propia.

En este sentido, carecerían de cobertura legal ciertos mecanismos de
distribución de los beneficios y cargas generados por la actividad
urbanizadora o determinadas previsiones de cesiones de aprovechamiento
por parte de los propietarios como deberes urbanísticos contemplados por
el planeamiento, puesto que estos instrumentos y técnicas en el suelo
calificado como urbano sólo se contemplaban en el texto refundido de
1976. Esta coyuntura sitúa a los ayuntamientos en una situación de
auténtica incertidumbre e inseguridad jurídica, incluso en muchos de
ellos, me consta, se han planteado el problema de determinar si la
declaración de nulidad por inconstitucionalidad de artículos del texto
refundido de la Ley del Suelo de 1992 conlleva la nulidad de los actos
dictados en su ejecución o cumplimiento.

A modo de recapitulación de lo anteriormente expuesto, a la luz de la
normativa vigente que se configura a partir de la sentencia del
Constitucional de 20 de marzo de 1997 se concreta y clarifica el mapa de
competencias en materia de suelo y urbanismo y queda constatada la
necesidad de disponer con urgencia de una legislación urbanística
completa, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Pues bien, a
las comunidades autónomas, y aunque éste no sea su foro, compete en
exclusiva emanar normas sobre la ordenación urbanística. La reacción de
estas comunidades, que carecían de legislación propia en esta materia
anterior a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional,
está siendo hasta la fecha bien diferente, aunque podríamos afirmar que
la mayoría intentan cubrir con la mayor rapidez posible el vacío creado
por el fallo del Constitucional.

Por ello, desde la Federación Española de Municipios y Provincias
entendemos como positivo el hecho de que el Gobierno haya dado respuesta
con prontitud a esta necesidad presentando un proyecto de ley --y me
refiero al objeto de presentarlo, de su contenido posteriormente
hablaré-- que trata de desarrollar y regular sin demora las competencias
que le corresponden, así como también se ha acogido con satisfacción la
respuesta que desde la mayor parte de las comunidades autónomas se está
dando en este mismo sentido.

Precisamente por ello consideramos que el momento actual puede ser
propicio, desde el punto de vista funcional, para retomar la reflexión
sobre el necesario desarrollo de la dinámica descentralizadora desde las
comunidades autónomas y desde la Administración central hacia los
municipios en materia de urbanismo, suelo y vivienda. En efecto, nos
encontramos con que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como
hemos visto, supone la reserva prácticamente exclusiva de la política en
materia de suelo a las comunidades autónomas y deja en manos del Estado
normas básicas o de carácter muy genérico.

En este ámbito es donde cobra fuerza la propuesta de descentralización de
competencias urbanísticas que la Federación Española de Municipios y
Provincias defiende en el marco de lo que denominamos pacto local, que
debe culminar en un proceso de redefinición competencial que conlleva
optar por un sistema flexible y moderno de atribución de las mismas a la
administración más cercana al ciudadano, la plasmación del concepto de
autonomía local entendida como la posibilidad de ejercer sus competencias
bajo su propia responsabilidad, sin tutelas ni injerencias externas.

El principio de subsidiariedad se ha convertido en los últimos tiempos en
un verdadero lei motiv de toda reflexión acerca del ámbito de
intervención de las entidades locales. La introducción de este principio
por el Tratado de la Unión Europea ha dado pie a una fuerte corriente de
opinión que entiendo trasladable al ámbito intraestatal, y no sólo para
hacerlo valer como criterio de la distribución competencial en favor de
las comunidades autónomas que ya cuentan con los mecanismos de
determinación específicos, sino también para reforzar el principio de
descentralización que debe dar contenido a la autonomía local en el
sentido anteriormente expuesto. Pues bien, una vez clarificado, tras la
sentencia, el reparto de competencias, es claro, por tanto, que al
atribuir la competencia normativa con carácter exclusivo sobre las
materias de ordenación del territorio y de urbanismo a todas las
comunidades autónomas de acuerdo con el texto constitucional, parece,
como digo, congruente que gran parte de las cuestiones relativas a la
descentralización de competencias urbanísticas en los municipios
encuentren acogida por parte de los legisladores estatales o autonómicos
en su caso y se vean plasmados en los futuros textos legislativos.

En concordancia con el contenido y consecuencias inmediatas de la
sentencia del Tribunal Constitucional, será necesario acomodar las
actuaciones urbanísticas municipales a la nueva situación.

Pero, indudablemente, en estos momentos, para la Federación Española de
Municipios y Provincias resulta prioritario urgir a las comunidades
autónomas carentes de legislación en materia de suelo y también al
parlamento para que procedan a la elaboración y aprobación de sus
correspondientes leyes de modo inmediato, así como aquellas comunidades
autónomas que han legislado en estos años a que procedan a su adaptación
el actual panorama normativo en beneficio de una mayor seguridad
jurídica,



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de manera que permita paliar la desregulación en una materia como es la
del urbanismo que afecta de forma tan directa a la gestión de las
corporaciones locales.

En este contexto se debe aprovechar la actual coyuntura, que conllevará
en los próximos meses la promulgación de una nueva ley del suelo estatal
y de las autonómicas, para proceder a la revisión a fondo de la
distribución competencial en esta materia. Es el momento de incorporar a
los nuevos textos normativos, por parte de los legisladores tanto
estatales como autonómicos, las reivindicaciones del pacto local,
entendemos desde la FEMP. Creemos que no podemos perder la oportunidad
que nos brinda este período y a la luz del dibujo de la distribución
competencial entre Estado y comunidades autónomas que se perfila para
conseguir que el proceso de descentralización de competencias
urbanísticas comience a concretarse en el desarrollo de la legislación
estatal y autonómica.

Este proceso debe concretarse, a nuestro juicio, en la consecución, entre
otros, de los siguientes objetivos que afectan al ámbito competencial de
las corporaciones locales en materia de urbanismo, y me van a permitir
SS. SS. que aunque de manera muy breve aproveche para enumerar los
aspectos que desde la FEMP entendemos prioritarios a fin de conseguir su
incorporación en la futura legislación.

En primer lugar, la promoción definitiva del planeamiento urbanístico en
aras a conseguir primar el principio de subsidiariedad para ganar
eficacia, rapidez y coordinación administrativa, en este sentido, es hora
de que la aprobación definitiva de las figuras que corresponden al
planeamiento de desarrollo sea competencia de las corporaciones locales;
la atribución a los municipios de la competencia sobre autorizaciones de
obras en suelo no urbanizable; competencia municipal en la aprobación de
expedientes de tasación conjunta y de urgente ocupación; supresión de
licencias distintas a las municipales y participación en el dominio
público estatal y autonómico; la reforma de los jurados provinciales de
expropiación para conseguir una mayor profesionalización de los mismos y
una mejor coordinación con las actuaciones municipales; la atribución a
los ayuntamientos de competencias en la promoción y gestión de vivienda
pública, en especial la gestión de ayudas para la rehabilitación de los
centros históricos; el reconocimiento a los ayuntamientos del ejercicio
de derecho de tanteo y retracto para la adquisición de vivienda de
promoción pública, y, octavo, el informe preceptivo municipal en los
planes de infraestructuras estatales y autónomas.

Debo decirles, señorías, que estos ocho puntos que acabo de enumerar
corresponden al documento que desde la Federación Española de Municipios
y Provincias se remitió en su día al Ministerio para las Administraciones
Públicas y se está negociando con el Gobierno para llevar adelante lo que
se ha venido en denominar el Pacto local.

Aunque afecte de una manera tangencial al contenido de mi exposición,
aprovecho para recordar a SS. SS. que en estas negociaciones entre la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio para las
Administraciones Públicas hay ya un amplio principio de acuerdo en lo que
respecta a las competencias que están en poder de la Administración
central, que lógicamente es sobre las que puede decidir el Gobierno
central. Hay un segundo bloque también importante en materia urbanística,
como he ido apuntando, que está en poder de las comunidades autónomas, y
desde la Federación Española de Municipios y Provincias entendemos que se
debería residenciar en la Administración local; esa negociación no es
bilateral entre Federación Española de Municipios y Provincias y
Gobierno, sino que tendrá que ser una negociación entre partidos
políticos que posteriormente se vea refrendada en el Parlamento, tanto en
el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos.

Ya que en estos momentos tengo la oportunidad de estar en el Congreso de
los Diputados hablando en nombre de la Federación Española de Municipios
y Provincias, encarezco a todos los grupos políticos que sean ágiles, si
es posible, en la consecución de ese acuerdo de desarrollo de Pacto
local. Todos los que nos movemos en la política local y todos los
ayuntamientos, seamos del color que seamos, estaremos encantados de que
se aplique, por fin, el principio de subsidiariedad y tengamos el
rediseño o el diseño completo de lo que debe ser la administración en
España.

Dicho todo esto, voy a entrar a detallar el documento al que hacía
referencia en un principio. Es un documento que fue remitido desde la
Federación Española de Municipios y Provincias a los grupos
parlamentarios, creo que ha sido en septiembre, y recoge el contenido por
el cual hemos sido capaces de alcanzar un consenso dentro de la
federación.

Si me permiten, señorías, para que tengan la idea un poco más clara de
cómo se ha llegado a este consenso --puesto que el documento lo tienen en
su poder y supongo que todos los grupos lo habrán estudiado y lo
conocen-- les voy a explicar cuál ha sido el proceso de elaboración del
mismo, que lógicamente aparece reflejado en las actas de las distintas
reuniones que en el seno de la federación, tanto en la Comisión de
urbanismo como en la Comisión ejecutiva, se han ido produciendo.

En primer lugar, hubo una reunión de la Comisión de urbanismo de la
Federación Española de Municipios y Provincias el 24 de febrero de 1997
en la que se acordaron, entre otros, los siguientes acuerdos: dirigirse
al Ministerio de Fomento y trasladar allí la disposición de los
responsables municipales para conocer y debatir el texto del borrador de
la nueva ley del suelo. Teníamos noticia de que existía un borrador y ése
fue el primer punto de acuerdo. El segundo punto de acuerdo fue
constituir un grupo de trabajo integrado por técnicos representantes de
ayuntamientos de perfil diverso, puesto que, como les decía en un
principio, y sigo insistiendo en ello, la Federación Española de
Municipios y Provincias es una asociación de carácter plural. A este
grupo de técnicos se le encargó elaborar un documento básico que
analizara los aspectos más relevantes y de mayor incidencia en materia de
urbanismo, suelo y vivienda, de acuerdo con el diagnóstico que se pueda
realizar desde el punto de vista de la gestión y competencias
municipales.




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En el seno de la Comisión de urbanismo fue creado, como les decía, un
grupo de trabajo integrado por técnicos de ayuntamientos que forman parte
de dicha comisión y designados de acuerdo a la correspondiente
representación política de la Federación Española de Municipios y
Provincias, resultado de las últimas elecciones municipales. La relación
proporcional de la composición del grupo de trabajo que tiene la Comisión
ejecutiva de la FEMP y, por tanto, todas las comisiones de trabajo, fue
la siguiente: tres técnicos de ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular que respectivamente fueron Madrid, Pontevedra y Soria; dos
técnicos de ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista Obrero
Español, que correspondieron a Barcelona y Corvera, Asturias; uno de
Izquierda Unida, que corresponde al Ayuntamiento de Coslada, en Madrid,
y uno de Coalición Canaria, que corresponde al Ayuntamiento de Telde, en
Gran Canaria.

A dicho grupo, coordinado por los servicios técnicos de la Federación, se
le encargó la elaboración de un estudio, lógicamente técnico, en una
doble vertiente: por una parte, la incidencia en la gestión municipal de
las medidas liberalizadoras en materia de suelo aprobadas durante el
último año y, por otra parte, avanzar en el sentido de las posibles
propuestas por parte de la FEMP en la futura nueva ley del suelo. Cuando
este grupo de técnicos estaba trabajando se dio a conocer el fallo del
Tribunal Constitucional sobre el texto refundido de 1992, por cuya
incidencia se incorporó a los análisis de dicho grupo la repercusión de
la sentencia.

Siguiendo con la relación cronológica, el 13 de marzo de 1997 el
Ministerio de Fomento, contestando a la petición de la FEMP, remitió de
forma oficial el texto del denominado borrador del anteproyecto de la
nueva ley del suelo. Copia del mismo fue distribuida a todos los miembros
de la Comisión ejecutiva y a todos los integrantes de la Comisión de
urbanismo y patrimonio histórico artístico.

El día 21 de abril de 1997 hubo una nueva reunión de la Comisión de
urbanismo de la FEMP, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos.

Con respecto a la incidencia de la sentencia del Tribunal Constitucional,
en primer lugar, dirigirse a los responsables del Ministerio de Fomento
con el fin de solicitar una clarificación a la mayor brevedad posible
referente a la situación en que se encuentra la legislación aplicable y
el vacío legal en el que podían estar en ese momento los municipios que
hubiesen aplicado técnicas urbanísticas que se sustentaban en artículos
que habían sido declarados inconstitucionales. Asimismo, se acordó
solicitar un dictamen jurídico que pudiera servir de pauta de actuación
a los municipios. En tercer lugar, la FEMP instó a las comunidades
autónomas carentes de legislación en materia de suelo para que
procediesen a elaborar y aprobar sus correspondientes leyes para cubrir
el vacío legal, como les comentaba hace un momento.

Respecto a la otra parte del trabajo, la nueva legislación urbanística,
en aquella comisión se llegó a un acuerdo, constatado que en el período
transcurrido desde mediados de marzo hasta el 21 de abril los técnicos
habían trabajado por el método de ponencias, y las posturas de los
distintos ponentes se fueron perfilando y ajustando con el fin de
concretar un posicionamiento común que pudiera ser asumido, en su caso,
por los responsables políticos de la FEMP. Fruto de los diversos
documentos y posiciones mantenidas en un intento de consenso, se elaboró
un informe relativo a la posición de los ayuntamientos en cuanto a la
nueva legislación urbanística, con el título de «Comentarios al borrador
del anteproyecto de nueva ley del suelo».

En esa misma reunión de la Comisión de urbanismo, el director general de
la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, don Fernando Nasarre, compareció
ante la Comisión para dar explicaciones y dedicó gran parte de su
intervención el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional y la
legislación hasta ese momento vigente y también la incidencia de esa
sentencia en el texto del borrador del anteproyecto de ley del suelo
sobre el cual la propia federación estaba ya trabajando. En ese sentido,
reconoció que el texto del borrador tenía que ser modificado y adaptado
conforme al fallo del Tribunal Constitucional y se comprometió a remitir
a la FEMP, como así lo hizo posteriormente, el nuevo texto.

Por último y por no hacer muy largo a SS. SS. el relato de todo el
proceso de gestación del documento de consenso, les diré que, tras una
reunión intermedia del 26 de mayo de 1997, el 21 de julio, en la sesión
de la Comisión de Urbanismo de la FEMP, se analizó el último documento,
porque indudablemente los técnicos habían ido elaborado distintos
documentos que habían sido analizados por los políticos, y aprobó, por
unanimidad de todos sus miembros, el documento de enmiendas, las últimas
aportaciones al proyecto de ley del suelo y valoraciones. Este documento
tenía su base, en primer lugar, en el que habían confeccionado los
técnicos, revisados y asumido en parte por los políticos, como no podía
ser de otra manera, y también con las últimas aportaciones que en esa
Comisión realizaron un concejal de Granada en relación a los municipios
con centros históricos y zonas degradadas y el alcalde de Telde con
relación a los territorios insulares, que fueron incorporados al texto
aprobado por la Comisión.

Como es norma de funcionamiento en la Federación Española de Municipios
y Provincias, el documento de enmiendas al proyecto de ley del suelo y
valoraciones, aprobado por unanimidad por la Comisión de Urbanismo, como
suele hacerse cuando se están analizando en el Parlamento proyectos de
ley que afectan a corporaciones locales, fue aprobado posteriormente,
creo recordar que en el mes de septiembre, por la Comisión Ejecutiva de
la propia Federación Española de Municipios y Provincias y remitido a
todos los portavoces de los grupos parlamentarios antes de la aprobación
definitiva por la Comisión Ejecutiva, pero no sufrió ninguna
modificación, por cuanto en la Federación se tenía noticia de que el
plazo de enmiendas iba a finalizar en esas fechas de julio, aunque
posteriormente fue ampliado, como ustedes saben mejor que yo. Esta fue la
génesis del documento de consenso, que contiene las enmiendas que todos
los grupos integrantes de la Federación Española de Municipios y
Provincias hemos sido capaces de entender como comunes.




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No se les escapará que, al ser un organismo de composición política
plural, en algunos aspectos era sencillo llegar al consenso o la
unanimidad, puesto que tenían menos componente político, más componente
técnico y, en tanto en cuanto todos los que estamos allí lo vemos desde
el aspecto de la Administración local y hacemos política en la
Administración local, era fácil llegar al consenso. Sin embargo, todos
los proyectos de ley tienen un contenido político que no se les escapará;
de la misma manera que en el Parlamento, en muchas ocasiones, no llegan
a acuerdos, en la FEMP también teníamos el mismo planteamiento, es decir,
había aspectos sobre los cuales los distintos representantes de los
ayuntamientos, que pertenecemos a distintos partidos políticos, no nos
poníamos de acuerdo.

Siguiendo ese espíritu de consenso al que hacía referencia al principio
de mi intervención, que ha sido el que ha pervivido desde el fundación de
la Federación Española de Municipios y Provincias, se llegó a alcanzar
ese mínimo común, como lo hemos denominado, que todos ustedes tienen en
su poder y que es la posición oficial de la Federación Española de
Municipios y Provincias con respecto al contenido de la Ley del suelo.

Insisto en que de esa posición oficial se dio traslado al Parlamento.

Cuando estábamos realizando aquel trabajo, ya hubo algunas cuestiones que
remitimos al Ministerio, aunque no había acuerdo definitivo, pero sí se
vislumbrada en las líneas de trabajo. En el segundo borrador, hubo alguna
sugerencia de la Federación Española de Municipios y Provincias que ya
fue incorporada por el propio Gobierno al proyecto de ley. En cualquier
caso, insisto, una vez que tuvimos el documento de consenso y la posición
oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias, se remitió
al Parlamento.

No voy a hacer una descripción exhaustiva de cuáles son las enmiendas,
que afectan a 22 artículos, que la Federación propone puesto que todos
ustedes las tienen, simplemente voy a hacer referencia a alguna de ellas
quizá porque sean los temas que mayor polémica, mayor incidencia, han
tenido en los medios de comunicación y en la opinión pública.

La elaboración de las enmiendas a este proyecto de ley es de gran
trascendencia para el conjunto de las corporaciones locales. Como les
decía, se ha realizado con la filosofía del consenso, del diálogo y del
acuerdo que intentamos presidan --y hasta ahora se viene consiguiendo--
las actividades de la Federación y con el ánimo de incorporar al texto de
la futura ley la defensa adecuada de los intereses municipales, desde la
perspectiva que proporciona la experiencia en la gestión municipal al
aplicar la legislación urbanística ahora vigente y la labor y el esfuerzo
realizados por parte de los ayuntamientos en estos años.

La primera enmienda a la que quiero hacer referencia es respecto al
porcentaje de cesión, que ha sido el caballo de batalla de los distintos
grupos políticos. No escapará a la perspicacia de SS. SS. que éste fue
uno de los temas más conflictivos para que los componentes de la
Federación Española de Municipios y Provincias consiguiésemos llegar a un
acuerdo, porque había partidarios de que la cesión fuera del 10 por
ciento, había partidarios de que fuera del 15 por ciento e incluso, como
habrán podido analizar por el contenido de la enmienda, en algún momento
se habló de cesiones menores al 10 por ciento. No ha habido una posición
unitaria y en el texto de enmienda que se ha remitido a SS. SS. se
plantea la cesión de aprovechamiento en un 10 por ciento con carácter
general, pero que quepa la posibilidad de establecer una horquilla entre
el 5 y el 15 por ciento en los términos que establezca la legislación
autonómica y el planeamiento aplicable. Insisto, no creo que se escape a
la perspicacia de SS. SS. que es una redacción de consenso para intentar
remitir a esta casa una posición unitaria de la Federación Española de
Municipios y Provincias; posición unitaria a la que costó trabajo llegar,
pero todos nos sentimos muy satisfechos cuando fuimos capaces de
aprobarla por unanimidad.

También se contempla en las enmiendas la posibilidad de permitir a los
entes públicos realizar actuaciones que favorezcan el interés general,
así como incorporar el papel de otros agentes privados al proceso
urbanístico. En este sentido, los propietarios deberían contribuir, en
los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los
entes públicos, a los que corresponderá, en todo caso, al dirección y
control del proceso.

Asimismo, el texto de las enmiendas establece que las cesiones de
aprovechamiento a la Administración actuante deben efectuarse en terrenos
urbanizados, a fin de evitar que unos futuros y previsibles
aprovechamientos urbanísticos originen costes actuales reales, a veces
muy elevados y siempre con dificultades presupuestarias, financieras y
contables. No se les escapa a SS. SS. que la financiación de las
corporaciones locales también está en un proceso de revisión, que
indudablemente no nace ahora. Es decir, las corporaciones locales tienen
un sistema de financiación que entendemos es insuficiente y hacía ya
muchos años que desde la propia Federación se venía insistiendo en este
tema. Lógicamente, todo lo que incide en financiación de corporaciones
locales produce una gran preocupación a los administradores de ese nivel.

Por otra parte, también se contempla que las cesiones de aprovechamiento
a la Administración actuante deben efectuarse en terrenos urbanizados.

Desde nuestro punto de vista, quizá las enmiendas de la FEMP definan el
suelo urbano de una manera más precisa que el texto del proyecto de ley.

Desde la Federación, entendíamos que suelo urbano será aquel que, como
mínimo, cuente con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
agua, suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos
exista o se haya de construir. También se consideran urbanos los terrenos
que tengan su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos
dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la
ordenación que el planeamiento general establezca.

Indudablemente, es diferente la visión de los problemas que genera el
urbanismo en la gestión directa del día a día, que es lo que no nos toca
gestionar a los ayuntamientos, que cuando se está legislando. ¿Por qué se
ha intentado acotar la definición del suelo urbano desde la Federación
Española de Municipios y Provincias? Porque en muchas capitales nos
estamos encontrando con graves problemas



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de núcleos de población --en algunos sitios se llaman pedanías, en otros
se llaman barrios rurales-- que están generando construcciones ilegales;
no es algo que se haya generado en este momento, es un problema que lleva
doce o quince años, pero lo vemos con preocupación desde las
corporaciones locales y, sobre todo, pretendemos poder evitar que siga
creciendo en la misma dirección.

En cuanto a la definición de suelo no urbanizable, se propone la
condición de que sean terrenos los que estén sometidos a algún régimen
especial de protección incompatible y también por valores agrícolas y
forestales, e introdujimos la cautela --aunque el texto del proyecto de
ley lo contemplaba quisimos matizarlo más-- de: como aquellos otros que
el planeamiento general considere inadecuado para el desarrollo urbano.

Es decir, aunque creo recordar que el texto del proyecto de ley apuntaba
esta dirección, y se refería a aquellos que, en función de un
planeamiento urbanístico razonable o el que se considere adecuado en cada
Corporación municipal, no se estimen válidos para el desarrollo urbano,
se pretendía introducir una frase que fuera más contundente.

En el capítulo que el proyecto de ley dedica a los derechos y deberes de
los propietarios hay una enmienda de la Federación que introduce la
figura del promotor urbanístico. Este quizá es otro de los aspectos más
llamativos de las enmiendas presentadas por la Federación. En aras de la
brevedad no voy a ir detallando otra serie de enmiendas.

Sí debo decirles que otro de los aspectos más polémicos para llegar a un
acuerdo dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias era
la parte del texto del proyecto de ley que hacía referencia a las
valoraciones. Ahí se llegó también a unos textos consensuados que todos
ustedes tienen y repito y reitero que es la posición oficial de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Al hilo de lo que
comentaba antes sobre las dificultades financieras de los ayuntamientos,
hay un aspecto que no afecta a los criterios de valoración pero sí a la
efectividad del justiprecio. Desde la FEMP solicitábamos que en el texto
del proyecto de ley se introdujera que en todas las expropiaciones la
Administración actuante podrá satisfacer el justiprecio, por acuerdo con
el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos o aprovechamientos de
valor equivalente situados en el mismo ámbito de gestión que los
expropiados o, por acuerdo con el expropiado, mediante adjudicación de
terrenos o aprovechamientos de valor equivalente situados fuera del
ámbito de gestión. Creo que el sentido de esta enmienda está claro. Si
ustedes, señorías, se trasladan por un momento a un sillón de la alcaldía
de un ayuntamiento, entenderán perfectamente cuál es el sentido. Es
facilitar que cuando hay dificultades de tesorería los ayuntamientos
puedan pagar las expropiaciones con parte de su activo, siempre, insisto,
que ese activo sea suelo y, como bien dice el texto de la enmienda, con
terrenos situados en el mismo ámbito de gestión que los expropiados o por
adjudicación de terrenos de valor equivalente aunque estén situados fuera
del ámbito de gestión.

Con respecto a los procesos expropiatorios hay otro aspecto sobre el que
yo quería llamar la atención a sus señorías. El texto del proyecto de ley
plantea el riesgo de repetición de expedientes realizados hace mucho
tiempo. Todos somos conscientes de que los plazos que pueden transcurrir
hasta la fijación del justiprecio por vía judicial son muy largos y
lógicamente se dificulta la gestión de las corporaciones locales. En este
sentido la propuesta de enmienda de la Federación Española de Municipios
y Provincias recoge que en los expedientes expropiatorios serán
aplicables las disposiciones sobre valoración contenidas en esta ley
siempre que no se haya alcanzado la fijación definitiva del justiprecio
en vía administrativa. Es un elemento de agilización de la gestión sobre
el que yo quería llamarles la atención.

Por último, en las enmiendas de la Federación también acordamos trasladar
la preocupación de los municipios insulares dadas sus especiales
características. Fue una aportación de última hora de los representantes
de un municipio de las islas Canarias en la Comisión de Urbanismo que
solicitan del legislador la adopción de medidas que permitan preservar
dicho territorio como suelo no urbanizable rústico residual estableciendo
las correspondientes limitaciones de uso en concordancia con la
legislación urbanística. En esto también quiero detenerme aunque sea de
manera muy breve. Todo los alcaldes y los políticos que estamos en la
Administración local, sobre todo en las grandes ciudades, tenemos el
mismo problema: la degradación de los cascos históricos. Este es un
problema reiterativo y que se viene produciendo básicamente en las
capitales. Cuanto mayor es la capital mayor es el problema, y somos
muchos los ayuntamientos que estamos trabajando en programas especiales
de rehabilitación de cascos históricos. Por ello se ha introducido una
enmienda en la cual se dice que ante la realidad existente en numerosos
municipios españoles en los que existen áreas de suelo urbano con un alto
grado de recesión y degradación de su trama urbana, se solicita del
legislador la consideración de dichas situaciones arbitrando desde la
legislación urbanística las medidas básicas que permitan favorecer un
desarrollo adecuado de este suelo, así como impulsar su rehabilitación y
reactivación social y económica. Indudablemente en la degradación de los
cascos históricos no solamente influye la degradación urbanística, sino
que conlleva también una degradación social y económica, y todos tenemos
comprobado que en el momento en que se reactiva urbanísticamente una zona
sirve de motor para la reactivación social y económica.

Señorías, a modo de conclusión deseo terminar mi intervención
agradeciendo a los integrantes de esta Comisión la oportunidad que han
brindado a la Federación Española de Municipios y Provincias para exponer
estas reflexiones sobre asuntos que preocupan a los políticos que estamos
en la Administración local y, sobre todo, porque es criterio de la
Federación Española de Municipios y Provincias propiciar foros y
participar en cuantos se nos plantean acerca de los problemas de
urbanismo en este caso y en cualquiera de los problemas del ámbito de la
Administración local.

El momento actual del urbanismo nos exige a todos quizá más que nunca un
esfuerzo de colaboración y coordinación de todas las administraciones
implicadas. La existencia de competencias concurrentes entre municipios,



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comunidades autónomas y Estado nos urge, como hemos visto, a replantear
la futura legislación urbanística. En el estudio de la problemática
suscitada y en la contribución a dicha búsqueda de soluciones en este
esfuerzo común, todos los representantes, alcaldes y alcaldesas de la
Federación Española de Municipios y Provincias, de la que formo parte,
ofrecemos nuestro papel de interlocutores y defensores de los intereses
municipales en aras a la aprobación de una nueva legislación urbanística
que suponga un marco más sencillo, claro y eficaz y que sirva para
potenciar la actuación, así como la mayor eficacia y agilidad en la
gestión urbanística, que indudablemente ha de redundar en una calidad de
vida de todos los ciudadanos.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Vamos a dar comienzo a la
intervención de los grupos. En primer lugar, va a tomar la palabra doña
Cristina Narbona, por el Grupo Socialista, que ha sido el grupo
solicitante de la comparecencia.




La señora NARBONA RUIZ: Señora Rudi, el Grupo Socialista agradece su
presencia esta mañana con nosotros, pero ello no impide que también
reitere su protesta formal por la no comparecencia de la Presidenta de la
FEMP. Nuestra petición creemos que ha sido atendida en el contenido, en
la medida en que usted ha hecho una exposición detallada y completa de
los aspectos que la motivaban, pero creemos que cuando se solicita al
máximo responsable de una organización que venga al Congreso, no hay
ninguna excusa para que no lo haga en la fecha que le sea posible. Como
digo, esto en absoluto impide que le agradezca y le reconozca el
contenido y la profundidad de su intervención.

Queremos recordar aquí como Grupo Parlamentario Socialista que, como la
propia señora Rudi ha indicado, la Federación Española de Municipios y
Provincias constituye un ejemplo de asociación para la defensa de los
intereses de las entidades locales que ha venido funcionando de manera
muy beligerante, y tenemos que señalar que esa beligerancia queda puesta
de manifiesto en el documento de enmiendas, que constituye prácticamente
una enmienda de totalidad al proyecto de ley aprobado por el Gobierno y
que en estos momentos nos disponemos a comentar.

Naturalmente lamentamos que el Gobierno no haya consultado adecuadamente
a la Federación Española de Municipios y Provincias antes de aprobar el
proyecto de ley, como ha quedado claro en las palabras de la señora Rudi
cuando en el recorrido temporal que ha venido haciendo han aparecido tres
meses de sombra, entre el 21 de abril y el 21 de julio, momento durante
el cual, en el mes de mayo, el Consejo de Ministros aprueba un texto
sobre el que la FEMP todavía no había tenido ocasión de pronunciarse. El
pronunciamiento de la FEMP, como se nos ha explicado, es de 21 de julio
y, por lo tanto, el malestar que causó entre los alcaldes y en la
organización a nivel general fue manifiesto, un malestar que además venía
acrecentado por las reiteradas manifestaciones, incluso del Ministro de
Fomento, definiendo a los ayuntamientos como los mayores responsables de
la especulación en el mercado del suelo.

Creemos que mientras se está intentando hablar de pacto local, se está
haciendo una operación de gran calado en contra de los ayuntamientos
precisamente con la presentación de este proyecto de ley, y, desde luego,
el Grupo Socialista defiende el contenido de las enmiendas de la FEMP
porque creemos que refleja la enorme preocupación que ese texto les
comporta.

Señora Rudi, quisiera preguntarle si, en ese proceso que nos ha
detallado, algunas de las cuestiones que han desaparecido a lo largo del
debate hasta llegar al documento definitivo son lo que usted denominaba
elementos técnicos o políticos. Me refiero al hecho de que con fecha 3 de
junio el documento previo al último recogía una serie de consideraciones
de gran importancia por parte de los miembros de la Comisión, acuerdos a
trasladar a los responsables de la FEMP, entre otras cosas, mostrar el
malestar respecto de las afirmaciones contenidas en la exposición de
motivos del proyecto de ley, que desde luego tiene una enorme carga de
profundidad contra los ayuntamientos. En este documento se mostraba
también la preocupación por los posibles aspectos de
inconstitucionalidad, se solicitaba trasladar a la Comisión de Haciendas
Locales de la FEMP la preocupación por la menor repercusión en términos
de ingresos derivada de la disposición adicional segunda en cuanto a la
menor recaudación por IBI y se pedía al Gobierno que preparase un texto
refundido que pudiera evitar la inseguridad jurídica de un texto como el
que finalmente el Gobierno ha traído a esta Cámara, que ciertamente no es
un texto refundido.

Respecto de estas cuatro cuestiones, señora Rudi, quiero preguntarle, en
primer lugar, si el hecho de que hayan desaparecido entre el informe del
día 3 y el informe del día 24 de julio responde a que no eran elementos
técnicos, sino políticos; si ha pedido la FEMP algún informe jurídico
sobre la supuesta inconstitucionalidad del texto del Gobierno; si se ha
hecho algo en relación con las repercusiones fiscales de este proyecto de
ley, y, en síntesis, si el informe se ha cambiado porque desde la
Presidencia que usted ostenta en la Comisión de Urbanismo se ha
considerado que no se debía entrar en estos aspectos quizás porque fueran
políticos y no técnicos. Quisiera, en primer lugar, que me contestara a
esto.

En segundo lugar, señora Rudi, usted ha repasado las enmiendas de la FEMP
quizás concediendo más atención a aquello que ciertamente los medios de
comunicación han convertido, como usted decía, en el caballo de batalla,
el porcentaje de la mal llamada cesión de suelo a los ayuntamientos, pero
tengo que decirle que me ha sorprendido que no haya dedicado ningún
comentario a cuestiones relativas a la construcción de viviendas de
protección oficial, claramente obstaculizada por el proyecto de ley del
Gobierno y que haya pasado con rapidez sobre el aspecto que sí ha
definido como polémico; me refiero a las valoraciones del suelo. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Independientemente de si esa forma de presentar la síntesis de las
enmiendas que han sido remitidas a los grupos parlamentarios pueda
responder a su propia valoración del



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proyecto de ley en aquellos aspectos más o menos polémicos frente al
debate parlamentario, sí quisiera decirle que en estos momentos ya
sabemos lo que el Partido Popular ofrece en el trámite parlamentario
puesto que ha presentado enmiendas y podemos comparar las enmiendas de la
FEMP con las enmiendas del Grupo Popular. Quisiera saber si como
presidenta de la Comisión de Urbanismo se considera satisfecha, teniendo
en cuenta que apenas han sido recogidas por el Partido Popular dichas
enmiendas. Y voy a señalar solamente algunas cuestiones.

Por lo que se refiere a la cesión del suelo, la horquilla definida por
consenso dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias
lleva a la posibilidad de que la legislación autonómica establezca un 15
por ciento, es decir, lo que de hecho ya muchas comunidades autónomas han
establecido en sus respectivos ordenamientos, pero ese 15 por ciento o
hacia abajo, hasta el 5 por ciento, siempre con el suelo que se cede
urbanizado. Bien, ésa es la petición de la FEMP. Frente a eso, el Partido
Popular en estos momentos sigue ofreciendo que el máximo de la cesión
obligatoria sea el 10 por ciento y remite a las legislaciones autonómicas
para que en su caso establezcan quiénes costearán la urbanización de lo
que se cede. Quisiera saber si cree que esto es suficiente desde el punto
de vista de la reacción que va a comportar en los ayuntamientos. Una
propuesta de este tipo significa dejar en manos de las comunidades
autónomas la decisión sobre quién costea la urbanización de lo que se
cede y, en cualquier caso, limitar al 10 por ciento el máximo de la
cesión.

Por otra parte, respecto de la presencia de la iniciativa privada en los
procesos de urbanización, como bien sabe la señora Rudi, ésta ha sido una
reivindicación de nuestro grupo político, incluso del Partido Popular de
Valencia para mantener el modelo que allí se está desarrollando, y
finalmente en las enmiendas del Partido Popular se ha coincidido al menos
en este aspecto con la FEMP, permitiendo que la iniciativa privada que no
sea propietaria pueda ser protagonista de los desarrollos urbanísticos,
pero prácticamente aquí quedan las coincidencias. Quiero señalarle, por
ejemplo, que el Partido Popular no ha cambiado la definición de suelo no
urbanizable, donde ustedes pedían, como nos parece absolutamente lógico,
que desaparecieran esos calificativos completamente cargados de sentido,
de acuerdo con el Partido Popular, justificados y racionales en el caso
del desarrollo de la ciudad. El Grupo Popular aquí en sus enmiendas no ha
hecho ninguna concesión. En realidad no importa porque todos los demás
grupos políticos están de acuerdo en que desaparezca esa definición de
suelo no urbanizable y, por lo tanto, esto se cambiará, pero no por la
contraoferta del Partido Popular. También quisiera indicarle que, por
ejemplo, nada ofrece el Partido Popular en lo que se refiere al
tratamiento del suelo urbano no consolidado que esté dentro de
actuaciones de reforma interior, donde la FEMP, con buen criterio, pedía
que existieran mecanismos de cesión, cosa que ha desaparecido en el
proyecto de ley del Gobierno y que no ha reaparecido en las enmiendas del
Partido Popular.

También hay otras enmiendas de la FEMP relativas en particular a los
procesos de expropiación y a la reversión. Quiero señalar que, a nuestro
juicio, una de las cuestiones de mayor gravedad es la propuesta que hace
el Gobierno en su texto respecto a la posibilidad de que se dé reversión
de los patrimonios incorporados al patrimonio municipal de suelo cuando
exista una recalificación de esos terrenos. Naturalmente la FEMP pedía
que sea causa de reversión desapareciera del texto. Pues bien, sigue en
el texto y aquí nos encontramos con que los grupos nacionalistas no
parecen haber sido sensibles a esta situación, por lo menos no en número
de votos suficiente como para concitar un acuerdo parlamentario.

La Federación de Municipios pedía en materia de valoración que
desapareciese el calificativo real en el valor del suelo, cosa que desde
luego para nada desaparece en las enmiendas planteadas por el Partido
Popular, como tampoco esa referencia al valor de fincas análogas que la
FEMP pedía que desapareciera para que el valor de referencia fuera
siempre el valor catastral. No sé, señora Rudi, si estoy hablando de
aspectos técnicos o políticos, pero creo que, desde luego, desde el punto
de vista de los ayuntamientos, esto tiene una enorme trascendencia. No es
lo mismo valorar un suelo a valor catastral que valorarlo de acuerdo con
un valor de referencia que genera gran incertidumbre en estos momentos en
cuanto a su interpretación. Por supuesto, todas las referencias a
vivienda de protección oficial --numerosas-- que aparecían como no podía
ser menos en el texto de la FEMP no figuran en absoluto en las enmiendas
del Grupo Popular. Tampoco aparece algo que usted ha señalado como
importante, que es el pago en especie del justiprecio a los propietarios.

De la lectura en paralelo de las enmiendas de la FEMP y de las del
Partido Popular cabe afirmar que éste no ha tenido en cuenta estas
enmiendas, salvo en lo que se está pretendiendo hacer un cierto guiño, en
la denominada cesión obligatoria de suelo donde hay un principio de
aproximación. En cualquier caso, queda en manos de las comunidades
autónomas que cuando legislen establezcan que los suelos se cederán si se
aprueba así con la urbanización costeada por sus propietarios. Como digo,
no hay ningún cambio en la posición del Partido Popular en lo que se
refiere a la valoración del suelo.

Yo quisiera saber si ante esta circunstancia, como presidenta de la
Comisión de Urbanismo de la FEMP, usted tiene intención de reiterar al
Gobierno las sugerencias que se han hecho, si usted tiene intención de
recuperar esas preocupaciones mostradas en el informe del 3 de julio de
este año, a las que antes me refería, puesto que siguen vivas incluso
después de leer las enmiendas del Partido Popular.

Nos ha dicho que el Gobierno incorporó a su texto alguna sugerencia de la
FEMP --nos hemos quedado sin referencia del documento o de la fecha en
que se produjo, antes de la aprobación del texto-- y le agradeceríamos
que nos dijese qué sugerencia fue y si era una de las formuladas en uno
de los documentos cuya existencia puede verificar el grupo de trabajo con
clara transparencia.

Usted mencionaba antes, como una preocupación lógica en su calidad de
alcaldesa, la de que se creen núcleos de población separados en el
espacio de las áreas consolidadas.




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Esta preocupación sigue viva en la medida en que no ha cambiado. Ha
habido algún matiz del Partido Popular en lo que se refiere a la
definición de suelo urbano, pero no es suficiente ni incorpora claramente
la petición que hacía la FEMP. Ante estas circunstancias y en el momento
en que iniciamos el trámite parlamentario concierto retraso respecto a la
inicial petición de urgencia del Gobierno, quisiéramos conocer --quien
hubiera podido contestárnoslo hubiera sido efectivamente la presidenta de
la FEMP-- si la Federación tiene intenciones de plantear al Gobierno la
necesidad de que en el trámite parlamentario se tengan más en cuenta las
consideraciones que han sido formuladas por parte de esta asociación.

Reitero, señor Rudi, que el Partido Socialista entiende como
absolutamente justificadas, razonables y derivadas de una buena gestión
urbanística las propuestas que la FEMP ha hecho en el documento del 24 de
julio, y en la tramitación de las enmiendas parciales y en los debates
que ahora comienzan nosotros las tendremos en cuenta.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra don Julián Fernández.




El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señora Rudi, quiero darle la bienvenida a
esta Comisión.

Nosotros esperamos que de su comparecencia salga algo positivo, porque
consideramos conveniente que en esta Comisión se oiga también la voz de
los ayuntamientos porque, por experiencia, venimos observando que hay
grupos presentes en esta Comisión a los que parece que el municipalismo
les interesa muy poco. El tema que nos ocupa es de vital importancia
tanto para las comunidades autónomas como para los ayuntamientos, que son
los destinatarios finales del nuevo proyecto de ley que se está
tramitando y de ahí deriva la importancia que le damos a este asunto.

Como usted bien conoce, del intenso debate que se ha suscitado en el seno
de la Federación de Municipios y Provincias podemos sacar la conclusión
de que el proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a esta Cámara, y
que próximamente vamos a debatir, no convence a la Federación, a la
oposición ni a los ayuntamientos. Cuando digo que no convence a los
ayuntamientos supongo que usted tendrá la misma constancia que los grupos
de la oposición cuando los alcaldes y los ayuntamientos se dirigen a
nosotros para manifestar su malestar por las medidas que últimamente se
vienen tomando respecto a la ordenación del territorio. Podemos afirmar
que desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de la nación la
ordenación del territorio en los municipios está en un grave retroceso.

La primera medida que tomó el Gobierno del Partido Popular respecto a la
modificación del texto refundido de 1992 de la Ley del Suelo fue el
Decreto-ley 5/1996, que luego pasó a ser proyecto de ley y que ha tenido
unas consecuencias bastante nefastas para los municipios. Se conocía que
próximamente saldría la sentencia del Tribunal Constitucional en materias
que algunas comunidades habían puesto en duda y el Gobierno tenía la
intención de redactar un nuevo proyecto de ley sobre el suelo. Nosotros
entendemos que aquel proyecto de ley ha sido fatal, como la realidad ha
demostrado, en los distintos municipios y autonomías. Incluso usted por
su condición de alcaldesa lo ha podido vivir muy de cerca. Creo que en
Zaragoza ha habido muchos equipos redactores de planes generales que han
aconsejado a las corporaciones locales paralizar sus proyectos en tanto
no se aclarara la indefinición a que nos ha sometido ese famoso
decreto-ley.

Podemos afirmar que la liberalización del suelo que nos propone el PP,
por lo menos hasta ahora, está siendo un fracaso y no ha mejorado en nada
la situación del mercado de la vivienda. Este es un hecho que yo me
atrevería a calificar de innegable, porque el precio de la vivienda ha
seguido subiendo a pesar de las medidas que se han adoptado. Por eso,
calificamos de fracaso las medidas que hasta ahora ha adoptado el Partido
Popular en esta materia.

Nos preocupa seriamente la posición gubernamental en cuanto a
responsabilizar a los ayuntamientos de todos los males. Nos preocupan las
manifestaciones que desde distintos ámbitos se han venido haciendo. El
señor Nasarre pretende acabar con la especulación de los ayuntamientos,
el señor Rato acusa al ayuntamiento de impedir el abaratamiento del suelo
y el ministro de Fomento dice que la Ley del Suelo acabará con la
especulación de los ayuntamientos. Yo creo que ustedes, desde su posición
de representantes de los ayuntamientos, tenían que decir algo. No he oído
que hayan alzado sus voces en contra de estas afirmaciones, por eso nos
gustaría que en esta comparecencia usted nos explicara cuál es su punto
de vista personal ante estas afirmaciones que atentan contra los
municipios y los alcaldes de nuestros pueblos y ciudades.

El proyecto de ley de suelo y valoraciones, que mañana se debatirá en
esta Cámara, profundiza en la idea de privatizar la gestión urbanística
a fuerza de mermar las facultades de las administraciones públicas y el
problema que se nos plantea en el futuro es grave. Desde junio los
ayuntamientos reciben un tercio menos de suelo. El Partido Popular y el
Gobierno proponen ahora una banda de cero a 10 en cuanto al
aprovechamiento, lo que va a suponer una nueva merma de la participación
pública en las plusvalías que genera el suelo. Me gustaría conocer en
este terreno, aparte de lo que usted nos ha contado y la enmienda que
hemos podido leer de la Federación que establecen una banda distinta, qué
opinión le merece la propuesta del Gobierno en este tema. Entendemos que,
con esta concepción que hace el Partido Popular sobre la Ley del Suelo y
la ordenación del territorio, los ayuntamientos se van a ver privados de
patrimonios municipales de suelo, tan necesarios para la construcción de
viviendas públicas.

Quiero referirme también a los acuerdos que ha tomado la comisión de
urbanismo y patrimonio histórico de la FEMP en su reunión del pasado 21
de julio. Por unanimidad de sus miembros se aprobó un documento con
enmiendas al proyecto de ley del suelo y de valoraciones, enmiendas que
todos conocemos porque han sido remitidas a nuestros grupos. La
valoración política que mi grupo hace de la posición de la FEMP es
positiva. Sin duda alguna la aportación de la FEMP supone un serio
varapalo al texto



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del Gobierno y, lógicamente, ayuda a mejorar algunos artículos concretos
de la ley.

Queremos felicitar a las personas que han intervenido en la mejora del
texto del Gobierno, llegando, además, a la unanimidad en sus
conclusiones. Consideramos que es positiva la enmienda al artículo número
3 del título I, que habla de la participación de los ayuntamientos en el
aprovechamiento urbano, al subir la banda a la que antes me refería en un
50 por ciento. Desde nuestro punto de vista, esta medida es regresiva ya
que permite subir la banda en un 50 por ciento, llegando a un 15 por
ciento de aprovechamiento, pero también disminuirla hasta un 5 por
ciento, con lo cual mejora algo pero no lo suficiente. Consideramos
positiva también la enmienda al artículo 4.2, que potencia la actuación
pública cuando los agentes privados no alcancen los objetivos previstos;
y la enmienda número 12, que recoge la posibilidad de que en suelo
urbanizable puedan participar agentes distintos a los propietarios del
suelo, idea que se está poniendo en práctica en alguna comunidad y es
bastante interesante.

Sólo me queda desear que la FEMP, a través de sus representantes,
defienda con fuerza la posición oficial y de consenso a que han llegado
y que la militancia política de su presidenta y de usted misma no impida
ejercer todas aquellas acciones y medidas de presión que se crean
pertinentes para mejorar el texto del Gobierno en orden a lo consensuado
por la FEMP.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: En primer lugar, quisiera dar la bienvenida
más cordial ante esta Comisión a la señora Rudi, alcaldesa de Zaragoza,
presidenta de la Comisión de Urbanismo de la FEMP y, además, antigua
compañera durante muchos años de trabajos parlamentarios. Sea bienvenida
a esta Cámara, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario.

La señora Rudi nos ha expuesto algo que ya conocíamos porque, como ha
reiterado a lo largo de su intervención, la FEMP nos ha llenado de
documentos y de propuestas de enmienda durante estos últimos meses acerca
de un debate que ha sido permanente en la Cámara durante lo que llevamos
de legislatura y que en este momento se reinicia, especialmente mañana
que tenemos el debate de totalidad sobre el proyecto de ley del suelo y
valoraciones. La FEMP es una organización que tiene muchas cosas que
decir en tanto en cuanto representante de la mayoría de ayuntamientos
españoles; por tanto, agradecemos sus manifestaciones, sus opiniones y la
documentación que nos ha hecho llegar. Nuestro grupo parlamentario las ha
tenido en cuenta en el momento de elaborar sus enmiendas, como el resto
de grupos parlamentarios, aunque obviamente los hemos pasado por el
cedazo de nuestros planteamientos ideológicos, como han hecho también
todos los grupos parlamentarios.

Partimos --la señora Rudi se refería a ello-- de una situación derivada
de una sentencia del Tribunal Constitucional reciente; sentencia, en
cierta forma revolucionaria, en todo caso contundente, que ha dejado en
el cajón del olvido a la antigua Ley del Suelo aprobada durante el
mandato socialista. Esta sentencia ha tenido un elemento clave que la
define, como es delimitar muy claramente, en aquellos ámbitos donde
existe una competencia estatal, de la Administración central, el
contenido básico del derecho de propiedad, y ha venido a decir que todo
lo demás, en lo que se refiere a esta materia, es competencia de las
comunidades autónomas. Como decía muy bien la señora Rudi, ha creado un
vacío legal, porque nos ha venido a decir que el derecho estatal no tiene
carácter supletorio y que las comunidades autónomas tienen la obligación
de legislar en aquellos ámbitos donde tienen competencia. En
consecuencia, los ayuntamientos están sufriendo en este momento una
situación grave, especialmente aquellas comunidades autónomas que no
habían hecho uso de esa competencia y no disponen de legislación propia
en materia urbanística. Existe un vacío legal que hay que llenar a dos
niveles: a nivel autonómico y a nivel estatal.

Coincidimos totalmente con ustedes en la necesidad de aprobar con
urgencia una nueva ley. Es un debate, como decía hace un momento, que
estamos manteniendo de forma especialmente intensa y centrada en la nueva
ley desde la aprobación de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Quizá deberíamos haber iniciado antes los trabajos parlamentarios. Hay
algún grupo en la Cámara que ha insistido, legítimamente, en que el
debate hubiera comenzado antes, pero sabe la señora Rudi, como antigua
parlamentaria, que aquí hay un juego de mayorías-minorías y que para
aprobar una ley, en una situación en la cual ningún grupo parlamentario
dispone de mayoría absoluta, se necesita un consenso. Todo el mundo sabe
que si antes no hemos podido iniciar el debate es porque no existía un
consenso básico en esta ley, aunque en este momento podemos afirmar que
está en vías de existir. Por tanto, se inicia el debate con carácter de
urgencia y no se preocupe S. S. porque de aquí a pocos meses va a
aparecer una ley en el Boletín Oficial del Estado. ¿Va a ser mejor o
peor? Ya lo veremos. En cualquier caso, va a satisfacer una parte de las
pretensiones de los ayuntamientos integrados en la Federación Española de
Municipios y Provincias.

Quisiera plantear dos cuestiones en relación a los objetivos de esta ley.

Parece, señor Rudi, que existe una dialéctica, que deduzco de todo este
largo proceso de elaboración de conclusiones y propuestas de enmienda,
que también ha existido dentro de la Federación Española de Municipios y
Provincias, en relación a las distintas formas de entender el urbanismo
y a las soluciones presentadas por los diferentes grupos políticos para
resolver los problemas del urbanismo. A veces, estas cuestiones se
afrontan desde una perspectiva muy ideológica. Hay determinados grupos
que entienden que el urbanismo tiene que ser práctica y exclusivamente
competencia pública, mientras que otros grupos políticos estiman que el
urbanismo debe dar un mayor protagonismo a los ciudadanos privados. Tengo
la sensación de que a veces este debate nos hace perder el objetivo real
de lo que debiera ser esta ley. No debiera ser una ley que diera más o
menos competencias a unos u otros, sino



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que debería encontrar unos mecanismos eficaces, justos y equilibrados
para conseguir lo que interesa a todos los grupos políticos: que el
ciudadano pueda disponer de una oferta de vivienda más barata de la que
dispone actualmente. Este es el objetivo con que afronta nuestro grupo
parlamentario este debate.

Sobre la mesa tenemos alguna experiencia. No partimos de cero. España
tiene una legislación urbanística que arranca de los años cincuenta,
legislación que entonces fue notablemente progresista para la época, lo
que pasa es que luego no se aplicó. Pero tenemos algún modelo más
reciente. Tenemos un modelo pretérito, que es el que aprobó esta Cámara
en los años noventa --nuestro grupo no lo votó--, y que ha sido
desautorizado en dos frentes: en primer lugar, por el Tribunal
Constitucional. El Tribunal Constitucional nos ha dicho que este
Parlamento no puede aprobar una ley como aquélla porque supone excederse
de las competencias que constitucionalmente tenemos atribuidas. Primera
premisa al afrontar el debate. En segundo lugar, tenemos una ley que ha
sido desautorizada por la práctica. Si analizamos cuáles han sido los
efectos de la aplicación de la ley que aprobó en el año 1990 y el texto
refundido de 1992, veremos que ha sido una ley ineficaz para conseguir
ese objetivo que manifestaba hace un momento, que entiende nuestro grupo
parlamentario que debe ser aquél, que debe guiar la acción en política
urbanística de la Administración central, de las comunidades autónomas,
de los ayuntamientos y de todas aquellas personas que estamos, de alguna
forma, ejerciendo una responsabilidad pública, como es conseguir que la
vivienda sea más barata en este país. Desde esa perspectiva, la ley
anterior también ha sido desautorizada por los hechos.

Se ha referido S. S. a una serie de principios. No quiero entrar en un
debate con usted, sólo le voy a dar nuestra opinión sobre algunas de las
cuestiones que ha planteado. Una parte muy importante de las cuestiones
que preocupan a la Federación Española de Municipios y Provincias en
relación a la política urbanística --creo que usted también lo ha dicho--
son los temas que han de ser objeto de un diálogo bilateral entre los
ayuntamientos y las comunidades autónomas, sobre todo desde la sentencia
del Tribunal Constitucional, por tanto, poco tenemos que añadir. Ya se
entenderán ustedes, ayuntamientos, con sus respectivas comunidades
autónomas.

Ha hecho referencia S. S. a cuestiones con las que puedo estar de acuerdo
y que nos afectan más de cerca, como, por ejemplo, la reforma de los
jurados provinciales de expropiación. Es una cuestión básica de estas
políticas, cuyo objetivo es dotarnos de una mínima seguridad jurídica que
en este momento no existe a nivel de los jurados de tipo administrativo,
como pueden ser los jurados provinciales que, según la Ley de
expropiación forzosa, tienen que resolver los expedientes en ocho días,
pero que en la práctica se dilatan y se puede medir el tiempo por
anualidades. Nos podríamos extender a la jurisdicción
contencioso-administrativa, pero no hace falta que manifieste cuál es su
estado. Tengo muy presentes las manifestaciones del presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando decía, hace muy poco,
que cualquier expediente que entrara en este momento en el Tribunal no
sería visto hasta dentro de tres años, como mínimo. Es una situación
gravísima que enturbia las relaciones entre los administrados y la
Administración pública y que tendríamos que corregir.

Por último, refiriéndome a las enmiendas que ha desarrollado, que ya
conocíamos porque nos las habían planteado, no voy a hacer un repaso
exhaustivo, pero sí algunos comentarios. En cuanto a los porcentajes de
cesión, parece que ésta sea una ley cuya principal cuestión a debatir son
los porcentajes de cesión. Hablamos tanto de porcentajes de cesión porque
es algo que todo el mundo puede entender, en una ley donde nadie entiende
nada. No es que la ley sea complicadísima en sí, es que el urbanismo es
un tema muy complejo. Intentar entender todo el entramado legal y de
conceptos que se mueve a su alrededor es difícil, no sólo para los
ciudadanos de la calle sino también para los responsables urbanísticos de
los municipios y para la gente que en principio tiene una formación que
le permitía entender la materia, como pueden ser los abogados o los
arquitectos. Es un tema realmente complejo. Lo de los porcentajes de
cesión parece la cuestión clave de este proyecto de ley, pero para
nosotros no lo es. Es una cuestión que tiene la importancia que tiene.

Quisiera manifestarle dos principios con los que afrontamos este debate.

La ley que aprobemos debería permitir que las comunidades autónomas
pudieran hacer su política en relación a cuáles han de ser los
porcentajes de cesión obligatoria. Esta es la primera cuestión. La
segunda cuestión --no se lo teme a mal, se lo digo con toda cordialidad--
es que las cesiones de suelo no deben servir para financiar los
ayuntamientos, porque éste no es el objetivo previsto en ninguna de las
leyes urbanísticas que se han hecho en España en los últimos 40 años.

Otra cosa es que tenemos mal resuelto el tema de la financiación
municipal, y los ayuntamientos han recurrido a mecanismos que les daban
leyes sectoriales, pero, en principio, la ley no lo prevé para esto. Hay
que tener en cuenta que podemos estar pervirtiendo el objetivo real de
algo que es deseable, como que los ayuntamientos puedan hacer sus
patrimonios municipales de suelo para desarrollar sus propias políticas
de vivienda.

Otro tema que nos ha planteado es la cesión de suelo urbanizado. Tengo
alguna duda, señora Rudi, y se la manifiesto clara y sinceramente. Este
es un país con realidades de desarrollo urbano muy distintas. Tenemos
zonas altamente urbanizadas y ocupadas por el desarrollo humano y zonas
semidesiertas. No hace falta que nos vayamos de una punta a otra del
territorio. En su comunidad autónoma usted tiene las dos realidades
perfectamente ubicadas. También tenemos realidades muy distintas en
cuanto a la aplicación de la política urbanística al territorio. ¿Qué
quiero decir? Voy al grano. Hay comunidades autónomas donde se ha optado
por una gran intensidad de ocupación del suelo, es decir, muchos pisos,
uno encima de otro. Y hay comunidades autónomas que hemos optado por un
desarrollo más armónico pero con menor intensidad, es decir, menos metros
cuadrados de techo sobre metro cuadrado de suelo. La obligación de ceder
suelo urbanizado puede llevarnos



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al caso donde no salgan los números. Podemos estar aprobando una ley que
teóricamente sea muy interesante, como pasó con la ley socialista, que
teóricamente era una ley innovadora pero ineficaz. Nos podría pasar ahora
exactamente lo mismo. Una persona que se enfrenta con una promoción tiene
que tener claro en primer lugar que le van a salir los números. Si las
ocupaciones son bajas sobre el territorio y encima tiene que ceder suelo
urbanizado, quizá no salgan los números. Tengámoslo en cuenta y aprobemos
una ley lo suficientemente flexible como para que no entorpezca las
distintas opciones en materia de política urbanística.

Estoy totalmente de acuerdo con la Federación Española de Municipios y
Provincias cuando se intenta reforzar el carácter público de la dirección
y control de la política de suelo. Hay que retocar el artículo 4 del
proyecto de ley para que sea una acción básicamente de control y de
dirección pública, otra cosa es que los ciudadanos privados tengan un
papel protagonista en el mismo.

Agradezco sinceramente a la señora Narbona el eficaz trabajo que ha
realizado de comparación de las enmiendas de los distintos grupos
parlamentarios. Es realmente brillante ver la cantidad de datos que salen
de la libreta de la señora Narbona. Se lo agradezco porque nosotros no lo
hemos podido hacer todavía. El éxito del famoso modelo valenciano, tan
defendido por el Partido Socialista y por la señora Narbona, todavía está
por ver. Es un modelo teórico, distinto, pero no hemos tenido tiempo de
evaluarlo. No tenemos ninguna preocupación al respecto, pero no nos
sentimos entusiastas con él porque, repito, todavía no se pueden evaluar
los resultados.

Por último, y termino señor Presidente, respecto a las valoraciones,
estamos totalmente de acuerdo con la Federación Española de Municipios y
Provincias cuando critica este nuevo concepto del valor real que
introduce el proyecto de ley. Pensamos que el concepto es terriblemente
inestable, inconcreto, perverso en sí mismo, y todo aquello que hagamos
para introducir en el sistema valores de referencia más estables
redundará en beneficio de todos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Ante todo, y aunque sea obvio, mi gratitud y mi
satisfacción a la señora Rudi por su presencia ante nosotros. Es una pena
que esta presencia sea tan breve que se limite a la comparecencia de hoy.

En todo caso, nuestra gratitud y nuestra felicitación por la objetividad
de su exposición.

No sabía cuál era la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista al
pedir esta comparecencia, pero ahora ya lo sé. Se trata de poner en
evidencia y capitalizar un hipotético descontento o confrontación entre
la Federación Española de Municipios y Provincias como asociación que
agrupa a los municipios de este país, al Gobierno y al grupo
parlamentario que le apoya. Se trata, parece, de capitalizar,
evidentemente en beneficio suyo y ejerciendo legítimamente la oposición
--no discuto de ninguna manera la legitimidad de su planteamiento--, este
supuesto descontento entre el Gobierno y el Partido Popular, por una
parte, y la Federación Española de Municipios y Provincias, por otra.

Quiero decir que no va a cumplir su objetivo, no lo va a lograr, y lo
siento por ella, porque tengo un especial afecto en lo personal por la
señora diputada, pero evidentemente, no olvido su condición de adversaria
política.

No tiene sentido entender que las sugerencias que ha formulado la
Federación Española de Municipios y Provincias constituyen una enmienda
a la totalidad. La enmienda a la totalidad es la que han formulado el
PSOE e Izquierda Unida y que justamente vamos a debatir mañana; ésas son
enmiendas a la totalidad. La Federación Española de Municipios y
Provincias, en un ejercicio de objetividad y prudencia, ha formulado un
conjunto de sugerencias, que obviamente han sido incorporadas en términos
de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en buena medida, como tendré
ocasión de explicitar. No hay enmienda a la totalidad, hay un
planteamiento de sugerencias y hay sobre todo el reflejo --y éste es
importante-- de dos modelos distintos de urbanismo presentes en este país
y en los distintos grupos políticos, que al estar presentes en la
Federación Española de Municipios y Provincias se pone en evidencia que
son modelos discrepantes y distintos.

Evidentemente, hay dos datos que hay que tener sobre la mesa para valorar
en esta comparecencia las posiciones de unos y de otros. Por una parte,
la condición de asociación pluralista que es la FEMP por definición; en
segundo lugar, repito, la existencia de dos modelos de urbanismo, incluso
de propiedad urbana presentes en el mapa político de nuestro país. La
FEMP es una asociación plural. Haciendo un ejercicio importante de
consenso que es de agradecer se ha logrado esto que ha llamado la señora
Rudi el mínimo común, pero todavía --y ella ha hecho alguna referencia al
respecto-- no es del todo un mínimo común y hay una cierta ambigüedad en
algunas de las propuestas que se plantean para dar satisfacción a unos y
a otros. Me imagino que se habrá producido la aceptación de las enmiendas
de uno a cambio de la aceptación para la incorporación al capítulo global
de las propuestas de otros. En definitiva, la valoración de la
documentación que nos facilita la FEMP hay que hacerla con realismo y hay
que entender que expresa un mínimo común en algunas cosas, pero un mínimo
no tan común en otras, como es obvio, y como se ve claramente al hacer el
análisis de los distintos renglones o capítulos en que se plasma el
propio documento.

Naturalmente, en ese contexto de la FEMP, que es pluralista, se han
reflejado los dos modelos distintos de derechos de propiedad urbana y de
urbanismo presentes en el mapa político español. Hay un modelo que da un
sentido restrictivo al derecho de propiedad y a su contenido esencial,
que entiende que los derechos o facultades urbanísticas subordinadas a la
titularidad dominical, es decir, el derecho a urbanizar y el derecho a
edificar, el derecho a la edificación y el derecho a la urbanización no
forman parte del contenido esencial del derecho de propiedad, y hay una
expresión que lo dice todo en la exposición de motivos de la enmienda de
totalidad de Izquierda Unida, casi en la



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misma medida que el PSOE, cuando afirman que estas facultades son
demaniales, es decir, que forman parte del dominio público, que no
corresponden al propietario y consiguientemente que la Administración
competente las puede hacer objeto de concesión administrativa. Es decir,
se convierte el derecho de propiedad urbana en el grado límite en una
concesión administrativa. En la misma línea se mueve el Grupo
Parlamentario Socialista y la Ley 8/1990 y el texto refundido de 1992.

Frente a este modelo, otros, entre ellos el grupo al que represento en
estos momentos, entienden que estas facultades forman parte del contenido
esencial, que lo que se condiciona al cumplimiento de los deberes
urbanísticos es su ejercicio. Hay una importante distinción entre
titularidad y ejercicio. Y naturalmente estas dos distintas concepciones
del derecho de propiedad se trasladan y tienen reflejo y repercusión en
múltiples aspectos que van hasta el mismo concepto de licencia. La
licencia urbanística para nuestra tesis es una autorización
administrativa reglada; para la otra es un título atributivo de
facultades urbanísticas.

Estos dos modelos --y no sigo más-- se plasman entre otros en los
capítulos objeto de debate mañana y en esta comparecencia, porque da la
sensación, señora Narbona, de que el punto de referencia no es tanto el
documento de la FEMP como las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
con lo cual evidentemente se desvela que de lo que se trata es de
confrontar al grupo parlamentario que apoyo al Gobierno y la diagnosis o
documentación de la FEMP. Como digo son dos modelos distintos y uno de
los capítulos en los que se manifiesta esta discrepancia es en el
concepto mismo de propiedad urbana, pero sigue después el capítulo de las
cesiones, que la señora Narbona, que mide muy bien sus palabras, las ha
mencionado como las mal llamadas cesiones, porque evidentemente
arrancando de un concepto del derecho de propiedad urbano distinto,
entiende que las facultades de urbanizar y de urbanización, de edificar
y de edificación son públicas y por tanto no hay una cesión del
propietario al ayuntamiento, sino que hay una cesión del ayuntamiento o
de la Administración actuante al propietario. Por consiguiente, el
segundo tema objeto de discrepancia es el tema que llama la señora
Narbona las mal llamadas cesiones y para nosotros son simplemente las
cesiones.

Un tercer capítulo objeto de discrepancia y también fruto de la presencia
de dos modelos distintos en esta Cámara y en la FEMP es el peso de la
iniciativa privada. Como dijo el profesor García de Enterría, el
urbanismo español se enfrenta con un problema de equilibrio difícil entre
actuación pública y actuación privada. Entendiendo en todo caso que el
urbanismo es una función de carácter público, un modelo pone el énfasis
y el peso en la actuación privada y otro lo pone en la pública.

Consiguientemente --y no sigo más-- hay la confrontación de dos modelos
diferentes, insisto, en el hemiciclo de esta Cámara y en el del Senado y
en la Federación Española de Municipios y Provincias, que no tiene más
remedio que reflejarse a pesar del ejercicio de prudencia y objetividad
que ha hecho la FEMP a la hora de componer eso que ha llamado la señora
Rudi el mínimo común.

En este orden de cosas quiero ante todo afirmar que no hay confrontación
entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno y
el grupo parlamentario que le apoya. El Grupo Popular al que yo
represento en este momento ha actuado con los hechos y no con palabras.

Se ha aludido a palabras o a manifestaciones de determinadas
personalidades públicas, etcétera. Lo paso por alto, voy a los hechos, y
los hechos son que de 22 sugerencias que ha presentado la FEMP,
exactamente 11 han sido acogidas literalmente e incorporadas como
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; que en el espíritu de lo que
se dice hay al menos cuatro o cinco más y que evidentemente no tengo más
remedio que reconocer que permanecen, porque entendemos que pertenecen a
otro modelo distinto de derecho de propiedad y de urbanismo; son otra
serie de sugerencias que no nos ha parecido razonable aceptar, pero que
naturalmente, en el deseo de que en el seno del debate parlamentario que
se inicia mañana se llegue a un consenso al menos igual o parecido al de
la FEMP, estamos dispuestos a tener en cuenta en el trámite de enmiendas
de carácter parcial en el momento oportuno.

En todo caso, quiero hacer una afirmación de municipalismo frente al
planteamiento que ha hecho el representante de Izquierda Unida, en la
perspectiva del Partido Popular a la hora de, a través del Gobierno,
formalizar este proyecto de ley. Las referencias y el respeto al
planeamiento en el proyecto de ley son constantes, lo cual significa
respeto a las competencias que, en el marco de la autonomía local,
corresponden a los municipios. Es obvia la asunción, y su incorporación
al proyecto, del principio de subsidiariedad. Consiguientemente, en estos
planteamientos de globalidad en que han incurrido uno y otro grupo no
tengo más remedio que manifestar nuestra discrepancia.

Pasando al capítulo de las enmiendas en concreto --ya he dicho que
aproximadamente el 50 por ciento se han incorporado literalmente-- me
quiero referir a los tres o cuatro aspectos más llamativos. En materia de
cesiones, el modelo del Gobierno sigue siendo el mismo. No digo que
permanezca inmutable en el curso del debate parlamentario, porque
coincido con el portavoz de Convergència i Unió en que esto no se puede
convertir en el único tema del proyecto de ley del Gobierno, cuyo
objetivo es lograr un abaratamiento del suelo y de ese modo un
abaratamiento de la vivienda. No se puede convertir en el objetivo único.

Si me permiten la expresión, no podemos convertir el tema de las cesiones
en algo así como el canal de Beagle, que requiera algo así como un
arbitraje papal, que sea el reflejo de una discrepancia absolutamente
insuperable. En este contexto, el Gobierno mantiene, digamos que por el
momento, su posición: moverse en una franja entre el 0 y el 10 por
ciento, por decirlo de una manera coloquial y rápida, y que sean las
comunidades autónomas, de acuerdo con la sentencia de 20 de marzo de 1997
del Tribunal Constitucional, las que establezcan el quantum específico de
las cesiones, naturalmente en la filosofía de que las cesiones son cargas
y que en una economía de mercado se van a acabar transmitiendo
inexorablemente, más pronto o más tarde, a los adquirentes finales de las
viviendas o a los adquirentes finales de los suelos.




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En cuanto a la figura del promotor o del agente urbanizador --también en
una enmienda al artículo 4, apartado 2, hemos hecho posible un
reconocimiento casi explícito de la misma, que nos parece, y lo hemos
dicho muchas veces, el aspecto más positivo de lo que es emblemático para
el Partido Socialista, al parecer, que es la famosa ley valenciana.

En lo que se refiere a los costes de urbanización de los terrenos en los
que se materializan las cesiones nos ha parecido que el tema pertenece
más al urbanismo que al derecho de propiedad, si en este binomio,
evidentemente muy simplificado, concretamos lo que es competencia del
Estado y lo que es competencia de las comunidades autónomas, y al
pertenecer más al urbanismo --de ahí también las enmiendas a los
artículos 14 y 18-- entendemos que deben ser las administraciones
autonómicas las que, en función de las especificidades de su territorio,
de sus particularidades y de un conocimiento mayor y más profundo de la
realidad, digan en cada caso, en su propia normativa, cuándo el suelo que
se cede a los ayuntamientos debe o no debe ser urbanizado y en definitiva
a cargo de quién debe ir los costes de urbanización.

Hemos aceptado prácticamente en su integridad, con alguna salvedad
susceptible de ser reconsiderada en el debate en Comisión, la definición
de suelo urbano. No entiendo cómo la señora Narbona arremete contra ese
tema, cuando la enmienda de texto alternativo socialista lo que hace es
entender, llevando al extremo su respeto a las competencias autonómicas,
que no hay lugar a una definición en su texto de lo que es suelo urbano
urbanizable o no urbanizable, olvidando que nos movemos en este mundo en
un contexto de significantes y significados, y al significante hay que
decirle cuál es el significado correlativo. No basta con que en una norma
se diga que hay tres clases de suelo (urbano, urbanizable y no
urbanizable); supongo que habrá que decir, en términos muy generales,
cómo se define cada una de estas categorías, en términos de categorías
globales, no en la definición concreta --que evidentemente sería invadir
competencias de otras entidades, en este caso de las comunidades
autónomas--, no en la expresión y el detalle concreto de lo que es suelo
urbano, urbanizable y no urbano.

Hemos aceptado, insisto, múltiples enmiendas, aunque no voy a referirme
a ellas una a una.

Finalmente, está el tema de valoraciones, que parece que es polémico. El
Gobierno entiende, a la vista de las valoraciones que se han manejado en
expropiaciones y para otros propósitos, que hay una disparidad de
criterios de valoración, según el objetivo sea uno u otro, y que hay que
ir a un planteamiento bastante inequívoco en términos conceptuales,
aunque su aplicación práctica y concreta sea de difícil concreción qué es
el valor real, el valor de mercado. ¿Cómo se determina ese valor de
mercado? Seguramente habrá que matizarlo. Aquí estamos abiertos a
cualquier tipo de enmiendas que se puedan plantear en el terreno de la
valoración específica y detallada de los preceptos de nuestro proyecto,
pero evidentemente creemos que el que se debe de manejar es el valor real
o el valor de mercado, sin perjuicio, insisto, de que su matización o su
definición al detalle sea objeto de las enmiendas concretas.

En definitiva, voy acabando, señor presidente, creemos que no hay una
contradicción insalvable entre la posición de la FEMP y el proyecto de
ley ni hay una contradicción insalvable entre las enmiendas del grupo
parlamentario al que yo represento, en la medida en que recogen los
criterios del Gobierno y han ponderado de modo muy particular las
sugerencias de la FEMP, y el documento general de la FEMP.

No quiero caer en la tentación, señor presidente, de anticipar ahora el
debate de mañana entrando en si hemos o no obstaculizado la promoción de
viviendas de protección oficial, en si hay que mantener adverbios
determinados como el de justificadamente, o adjetivos como el de
racional, que nos parecen temas menores que son perfectamente salvables
en el debate que seguirá al debate de totalidad de mañana. Lo mismo tengo
que decir en lo que concierne a la reversión. Nosotros creemos que la
reversión es un derecho del ciudadano y que no tiene sentido cuando el
fin de interés público que justificó la expropiación se mantiene, pero
cuando no se ha producido, cuando no se ha plasmado, cuando no se ha
concretado ese fin de interés público que justificó la expropiación debe
proceder claramente el derecho a la reversión. Esto sería, insisto, señor
presidente, entrar en un debate que se inicia mañana y que sobre todo, a
este nivel de detalle, se llevará a cabo en esta Comisión en el momento
oportuno.

Yo no sé si lo que tiene que hacer la FEMP es reiterar al Gobierno o
insistirle al Gobierno, como ha sugerido la señora Narbona, erre que
erre, hasta que acepte literalmente y una a una todas las propuestas que
ha hecho la FEMP. No creo que sea ése el camino, pero es un tema que
corresponde a la FEMP y a la presidenta de su Comisión de Urbanismo. Lo
que sí quiero reiterar es que habrá aspectos donde quepa el consenso y
aspectos, seamos realistas, donde el consenso sea imposible, porque
estamos en presencia de dos modelos distintos de derecho de propiedad
urbana, de urbanismo y de presencia equilibrada o desequilibrada entre
actuación pública y actuación privada en esta área tan importante que es
el urbanismo. De ninguna manera puedo entender que el documento de la
FEMP sea, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, utilizando otra
expresión, un varapalo a la política urbanística y al proyecto de ley del
suelo del Gobierno del Partido Popular, del que es expresión este mismo
proyecto.




El señor PRESIDENTE: Para contestar las cuestiones planteadas, tiene la
palabra la señora Rudi.




La señora PRESIDENTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (Rudi Ubeda): En primer lugar y de
forma generalizada, deseo agradecer a todos los portavoces parlamentarios
las palabras amables y de bienvenida que han tenido hacia mi persona,
tanto en mi calidad de representante de la FEMP hoy por la mañana en esta
Comisión de Infraestructura del Congreso, como también en algún caso de
vieja compañera de tareas parlamentarias.




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En cualquier caso, voy a intentar respuesta a lo que creo que puedo, es
decir, contestando a aquello que es relato de hechos objetivos y de
hechos que han ocurrido. Pienso que flaco favor haría a la Federación
Española de Municipios y Provincias si entrase aquí a hacer juicios de
valor que en algún caso podrían coincidir con unos u otros portavoces
parlamentarios.

Insistía mucho en mi primera intervención en que la Federación Española
de Municipios y Provincias es una asociación plural en la cual estamos
representados todos los grupos políticos, por lo que hay algunos aspectos
en los cuales hay coincidencia, mientras hay otros --en algunas ocasiones
muchos, en otras menos-- en los cuales los criterios personales de cada
uno de los miembros de la FEMP indudablemente son divergentes. Creo que
mi presencia esta mañana aquí es como presidenta de un órgano
corporativo, de la Comisión de Urbanismo de la FEMP, y que mis
manifestaciones --y he tenido exquisito cuidado de que en mi primera
intervención así fuera y voy a seguir teniéndolo de que en la segunda
también lo sea-- no deben salirse un ápice de los contenidos debatidos y
aprobados en la Comisión de Urbanismo de la FEMP. Por eso, señores
diputados, aquellos portavoces que en sus preguntas hayan pedido
opiniones personales de la señora Rudi me permitirán que no les conteste.

No, por supuesto --por Dios, entiéndanme--, porque no las considere
oportunas, sino porque creo, insisto, que en aras de seguir manteniendo
el consenso que a base de mucho esfuerzo conseguimos en la Federación
Española de Municipios y Provincias, mi comparecencia esta mañana aquí
debe ser como la portavoz del órgano colegiado, por lo que sobre temas
que todavía no han sido vistos en el órgano colegiado, señoras y señores
diputados, podría darles mi opinión personal, pero creo que probablemente
sería de poco interés para todos ustedes.

En primer lugar, señora Narbona, ante su protesta por la no presencia
aquí de la señora Barberá, presidenta de la Federación Española de
Municipios y Provincias, lo que sí quiero decirle es que no se debe
entender --por lo menos no era ésa la intención de la señora Barberá--
como una actitud de menosprecio o de falta de interés por comparecer esta
mañana aquí, sino precisamente porque, y siguiendo la costumbre que
tenemos establecida, el funcionamiento de la Federación Española de
Municipios y Provincias se hace a través de comisiones. Cada comisión de
trabajo está presidida por un miembro de la Comisión ejecutiva de la
propia Federación y los documentos de trabajo se elaboran en las
comisiones sectoriales que, a su vez, se elevan a la Comisión ejecutiva,
que es donde se aprueban. por tanto, lo que normalmente se hace es que a
cada foro vayan la presidenta o el presidente de comisión que más conoce
el tema, que más lo ha tratado, por lo que es el que más información
puede dar. Ese ha sido el planteamiento de la señora Barberá y si se ha
pensado en alguna otra cosa, en su nombre pido disculpas porque conozco
cuál ha sido su ánimo.

Al principio de mi explicación decía que no iba a entrar en juicios de
valor ni voy a decir si el documento de la FEMP es o no una enmienda a la
totalidad. En el debate, señores parlamentarios, cada uno defenderá sus
posiciones, aunque si me permiten una reflexión personal, diré que tengo
que estar haciendo un gran esfuerzo para que no afloren en mí los diez
años de parlamentaria que he pasado en esta casa, pero voy a intentar
mantener, insisto --y les prometo lograrlo--, la posición institucional.

Por tanto, al hacer sus valoraciones políticas están en su misión,
señores parlamentarios, ustedes son los que deben discutirlo y
lógicamente el funcionamiento democrático de la Cámara, al final, con el
juego de mayorías y minorías, será el que dé contenido al texto del
proyecto de ley. Sí quiero decir que las propuestas de enmienda que se
han remitido a todos los grupos --insisto una vez más, a fuer de ser
reiterativa-- es la posición oficial de la Federación Española de
Municipios y Provincias.

Si ustedes me preguntasen, fuera de este ámbito, si yo comparto, como
alcaldesa de Zaragoza, como Luisa Fernanda Rudi, el cien por cien del
texto remitido por la FEMP, probablemente se lo tendría que contestar
--en este ámbito creo que no--, lo mismo que si se lo preguntan a
cualquier otro miembro de la ejecutiva de la Federación Española de
Municipios y Provincias, porque lógicamente, para llegar a un consenso,
todos nos vamos dejando --si me permiten la expresión-- plumas en el
camino. Probablemente representantes de otros grupos políticos que han
llegado al consenso de este texto han dejado unas, mientras
representantes de otros grupos políticos hemos dejado otras, con la cual,
insisto, la posición oficial de la Federación Española de Municipios y
Provincias son las propuestas de enmienda a 22 artículos, de los 43 ó 42
y unas cuantas disposiciones transitorias que tiene el texto del proyecto
de ley. (El señor vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a relatos objetivos de los hechos que en algún momento no me he
expresado o que quizás he omitido, ahí sí que voy a intentar aclarar lo
que no he podido dejar claro en mi primera intervención. Ha existido
diálogo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el
Gobierno en el proceso de redacción de los borradores de este proyecto de
ley y en mi primera intervención creo que he hecho referencia explícita
a una comparecencia o visita que hizo el Director General de la Vivienda,
señor Nasarre, a petición de la FEMP, a la sesión de la Comisión de
Urbanismo, de 21 de abril de 1997. Ya teníamos en nuestro poder el primer
borrador, pero para ampliar la información y porque en ese momento ya
había aparecido la sentencia del Tribunal Constitucional, el señor
Nasarre compareció ante la Comisión de Urbanismo de la Federación para
explicarnos, repito, la postura del Gobierno con respecto a la sentencia
del Tribunal Constitucional y cómo afectaba al borrador del anteproyecto.

¿Por qué me he saltado una reunión de la Comisión de Urbanismo y he
pasado de abril a julio, que es la última en la que se aprueba el
documento de propuesta de enmiendas? Hay una reunión intermedia, del 26
de mayo de 1997, y en ese momento ya se había convertido en proyecto de
ley. Sí debo de decir --y no tengo aquí el acta de la reunión de 21 de
abril, pero estoy segura de que la señora Narbona la podrá obtener a
través de cualquiera de los representantes de su grupo en la FEMP y, si



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no, se la podremos mandar desde la FEMP-- que en la comparecencia del
señor Nasarre éste nos rogó que las sugerencias que tuviéramos hechas ya,
aunque no habían seguido todo el trámite de aprobación final en Comisión
de Urbanismo y en Comisión ejecutiva sobre el primer borrador --que
lógicamente hubo que modificar posteriormente por la aparición de la
sentencia--, se las remitiésemos al Gobierno para ir adelantando. Yo creo
recordar --y hablo de memoria, señora Narbona-- que en esa Comisión de
Urbanismo hubo dos posturas y fue precisamente el representante del
Partido Socialista el que se negó a que mandásemos sugerencias al primer
borrador, para ir adelantando, puesto que --y si no recuerdo mal es el
concejal de Urbanismo de Barcelona-- el Gobierno tenía que mandarnos un
segundo borrador. Esta decisión de la Comisión de Urbanismo --y también
hablo de memoria y espero no equivocarme-- pasó a la Comisión ejecutiva
de la FEMP, que en aquellos momentos decidió --es una información que yo
no había dado anteriormente-- mandar esas sugerencias sobre el primer
borrador al Gobierno. Ese es el paso, señora Narbona, que yo antes no
había explicado, porque no había un acuerdo firme de la Comisión de
Urbanismo, pero que nos permitió ir adelantando. En esa comparecencia --y
me imagino que constará en las actas de la Comisión, que le harán llegar
los servicios de la FEMP, si son de su interés-- el señor Nasarre nos
insistió en la urgencia de que remitiésemos las sugerencias, por cuanto
el Gobierno quería aprobar el proyecto de ley para remitirlo a esta
Cámara --en aquellos momentos se hablaba de la fecha del 15 de mayo; se
aprobó, creo, algo después.

Los trabajos de la FEMP no pudieron estar a tiempo, porque han sido
complicados para llegar al consenso --se lo digo en este momento-- para
remitirlos al Gobierno en la fecha que éste nos pidió. Por eso, la labor
tanto del grupo de trabajo como de la Comisión de Urbanismo se retrasó
hasta el 21 de julio para conseguir el consenso adecuado y es por lo que
lo remitimos directamente a los grupos parlamentarios, puesto que
entendíamos que una vez que un texto se había convertido en proyecto de
ley --y creo que entendíamos bien desde la Federación Española de
Municipios y Provincias--, el ámbito es el Parlamento, ya no es el
Gobierno, ya son ustedes, señores representantes de los grupos
parlamentarios, quienes en el Congreso y en el Senado tendrán que
decidir.

Me habla de un documento de fecha 3 de julio y me dice que ha
desaparecido. No ha desaparecido, señora Narbona, lo que nunca existió,
y me explicaré. No existió como acuerdo de la Comisión de Urbanismo de la
FEMP. En estos meses se ha trabajado en muchos documentos. A lo que usted
hace referencia es a una entradilla de un documento de los técnicos.

Posteriormente, en la Comisión de Urbanismo, el acuerdo que se toma es el
de remitir el texto que ustedes tienen en su poder, acuerdo que es
posteriormente ratificado por la Comisión ejecutiva.

Algo que ha venido flotando a lo largo de las intervenciones de distintos
portavoces, creo que también del de Izquierda Unida, ha sido la
preocupación del municipalismo español por la disminución de los
ingresos. Uno esto con lo que planteaba el representante del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) diciendo que las cesiones no pueden
financiar a los ayuntamientos y no voy a entrar aquí, porque creo que no
es mi misión, en un debate sobre filosofía. Lo que sí quiero que entienda
como postura de la FEMP es que no está resuelta, como usted bien
apuntaba, la financiación de las corporaciones locales. Es un problema
que se viene arrastrando desde el año 1988 cuando se aprueba la Ley de
Haciendas Locales --y no quiero abrir un debate que, insisto, no me
corresponde-- y hay que señalar que el incremento de la demanda de los
ciudadanos no ha ido paralelo con el incremento de los recursos que los
ayuntamientos tenemos y, lógicamente, cualquier cosa que afecte a la
financiación preocupa.

En ese sentido, antes de la reunión de julio --no recuerdo exactamente la
fecha-- hay un acuerdo de la Comisión de Urbanismo de la FEMP diciendo al
Gobierno que estudie las compensaciones no solamente de la pérdida de
pasar del 15 al 10, sino en el conjunto de la financiación. Aunque no sea
del ámbito de esta Comisión, puedo decirles que hay una comisión de
trabajo mixta entre FEMP y Ministerio de Hacienda que está estudiando el
nuevo modelo de financiación. En esa vía --y entenderán que yo no tenga
tanta información porque no presido esa comisión-- se está estudiando el
conjunto de la financiación de los ayuntamientos y donde se ha derivado
que contemplen la merma de ingresos por bajar del 15 al 10.

Me preguntaba la señora Narbona si en algún momento se ha barajado la
posibilidad de un informe jurídico sobre la posible inconstitucionalidad
del proyecto de ley. Yo, señora Narbona, creo recordar que no. No tengo
aquí las actas, pero no me suena que en ningún momento se haya planteado
inconstitucionalidad de un proyecto de ley que, por otra parte, sería un
término jurídicamente poco definido. Sí se pidió --quizá no me haya
explicado con claridad en mi primera intervención-- un dictamen jurídico
sobre la situación en que se quedaban los ayuntamientos como consecuencia
de la sentencia del Constitucional. Eso sí que ha sido un terremoto en la
gestión del día a día de los ayuntamientos, sobre todo, como yo les decía
en mi primera intervención, de aquéllos cuyos planes generales los habían
adaptado al texto refundido de 1992. En el Ayuntamiento de Zaragoza hemos
podido seguir trabajando porque no estaba adaptado. Les pongo un ejemplo
gráfico. El Plan general de ordenación urbana de Zaragoza estaba aprobado
en 1986 y el anterior equipo de gobierno, mis antecesores, no lo
adaptaron y en este momento nos ha venido bien porque nos ha permitido
seguir trabajando mejor con lo que ha quedado vivo de la ley de 1992,
completado con la ley de 1976 y con los reglamentos. No les había dicho
el nombre del catedrático al cual se pidió, pero se lo puedo decir ahora.

El 20 de mayo el profesor don Jesús González Pérez entregó a la FEMP el
dictamen emitido, a instancias de esta Federación, sobre el alcance y
repercusiones de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo
en el ordenamiento urbanístico estatal, en cuanto pueda afectar a los
ayuntamientos. Ese es el dictamen jurídico que se pide.




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Me hablaba de las repercusiones fiscales. Creo que ya lo he contestado
enlazándolo con el tema de la financiación.

La señora Narbona me pide que emita opinión sobre la satisfacción de la
Federación Española de Municipios y Provincias con las enmiendas del
Partido Popular. Yo debo decirle, señora Narbona, que la Federación
Española de Municipios y Provincias como tal, es decir, ningún órgano
colegiado, ha estudiado todavía las enmiendas no del Partido Popular,
sino de ningún otro grupo. Por tanto, cuando se estudien podremos emitir
criterio sobre la satisfacción o insatisfacción en cuanto a las enmiendas
presentadas por todos los grupos parlamentarios. Si yo en este momento me
definiera sobre las presentadas por un grupo o por otro, flaco favor
estaría haciendo a mi labor de representatividad de un órgano colegiado.

Además, como usted sabe muy bien, las enmiendas han sido publicadas en el
Boletín del 23 de octubre --lo tengo aquí delante--, estamos hoy a día 29
y los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias,
además de estar aquí en Madrid, tenemos que estar en los ayuntamientos
gestionando los intereses de nuestros ciudadanos, con lo cual no nos ha
dado tiempo a contemplarlo.

Intenciones de la Federación Española de Municipios y Provincias. Le
puedo adelantar que el trámite legislativo tiene este primer paso en el
Congreso, tiene un segundo en el Senado, y, desde luego, la propuesta que
haré, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Urbanismo a la
Comisión Ejecutiva, es la de que en el momento en que este proyecto de
ley salga de esta Cámara volvamos a estudiarlo, planteemos las enmiendas
que entendamos que todavía deben de ser contempladas y las remitiremos a
los grupos parlamentarios del Senado, porque pienso que ése es el trámite
que hay que seguir.

Al señor Fernández, de Izquierda Unida, le digo lo mismo: no voy a entrar
en valoraciones sobre cuáles son los grupos que el municipalismo les
preocupa poco o mucho. Debo decirle, porque es la opinión generalizada de
la FEMP, que estamos esperanzados con el proceso del pacto local en lo
que respecta a la relación con el Gobierno, que es donde menos
competencias tienen, que es el traspaso de competencias que están en
manos de la Administración central a los ayuntamientos. En el grupo de
trabajo del pacto local hay un representante de su partido político y me
imagino que le podrá dar la misma impresión que le estoy dando yo.

Saliéndome un poco quizá del ámbito de esta intervención, antes rogaba a
todos los grupos parlamentarios que representan a los partidos políticos
que, desde luego, en la FEMP estamos muy interesados en que se llegue a
ese acuerdo de partidos para sacar adelante un pacto local, no hacerlo
comunidad a comunidad, porque es una cuestión de diseño de Estado, si
ustedes me permiten. Todos los representantes de la Federación Española
de Municipios y Provincias, independientemente del grupo político al que
pertenezcamos, estamos muy interesados, como actores de la política
municipal, en que salga adelante el pacto local.

Deseo aclararle una cuestión, señor Fernández. Me dice que por culpa del
decreto-ley ha habido paralización en algunos ayuntamientos respecto a
revisiones del plan general. Creo que el problema que ha habido, por lo
menos con el que me he encontrado en el Ayuntamiento de Zaragoza, y no
solamente en éste, sino por comentarios que hemos hecho en la propia
Federación, es que lo que ha supuesto paralización o retraso fue la
sentencia del Tribunal Constitucional, porque nos quedamos sin percha
legislativa --si me permiten la expresión-- de donde colgar estas
revisiones. Debo decirle, y se lo expongo a título de orientación --y
perdonen que lo haga en primera persona--, que el Ayuntamiento de
Zaragoza ha iniciado los trabajos de revisión y hace 15 días se han
sacado a exposición pública lo que en el argot se conoce por el avance.

¿Por qué? Porque entendemos que podemos seguir trabajando mientras los
parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, sacan adelante la
ley estatal y porque también sabemos que la comunidad autónoma está
preparando su proyecto de ley, que va a ir parejo a la ley estatal. Con
ello, le intento adelantar que ésa es la situación en que nos
encontramos. Insisto, las revisiones de los avances de planes generales
se han visto afectadas, a mi entender, por la sentencia del Tribunal
Constitucional.

Se ha referido a declaraciones de los señores Nasarre, Rato y
Arias-Salgado, y que no había manifestaciones. Yo le puedo decir, porque
fue público y consta en las actas, que en la reunión de la Comisión de
Urbanismo, de 26 de mayo de 1997, entre las cuestiones que se acordaron,
se dijo lo siguiente: Asimismo, ante las declaraciones atribuidas en
diversos medios de comunicación a responsables del Ministerio de Fomento,
en el sentido de que la nueva ley viene a acabar con la especulación de
los ayuntamientos, la Comisión de Urbanismo de la FEMP acuerda expresar
su malestar y solicita su rectificación. La Comisión de Urbanismo
entiende que, muy al contrario, los ayuntamientos españoles están
realizando enormes esfuerzos por mantener y aumentar la calidad de vida
de los ciudadanos en ésta y en todas las áreas de su competencia y
mejorar el diseño de las ciudades, así como pedir una mayor sensibilidad
y respeto en un momento en el que se inicia el proceso de tramitación de
una ley cuyos contenidos están siendo objeto de análisis en el seno de la
Federación dada su trascendencia en el conjunto de las corporaciones.

Con respecto a las personas a las que hacía referencia en estas
declaraciones, debo decirle que el señor Nasarre dijo que él no lo había
dicho, pero, en cualquier caso, no íbamos a entrar en discusión de quién
había dicho que no, sino que quedó claro cuál era la postura de la
Federación Española de Municipios y Provincias.

El señor Recoder ha planteado más reflexiones que preguntas concretas a
mi intervención. Quiero decirle que lo que los ayuntamientos necesitamos,
como todos, pero permítame que hable desde mi parcela en este momento,
son leyes que nos permitan gestionar con eficacia y con agilidad. En eso
estoy de acuerdo y creo que estaremos de acuerdo todos. Luego habrá
criterios políticos o ideológicos, modelos de propiedad, como aquí se ha
dicho, pero lo cierto, sobre todo en una materia tan compleja como es el
urbanismo y que, además, absorbe un porcentaje elevadísimo e
importantísimo de la gestión del día a día de los



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ayuntamientos, es que cuanto más clara sea la normativa, menos problemas
de interpretación nos encontraremos en los ayuntamientos y, sobre todo,
menos veces nos veremos en los tribunales, que, en muchas ocasiones, lo
que hacen es dilatar el desarrollo de las ciudades, por discrepancias
entre la interpretación que a las normativas dan los ayuntamientos o los
particulares.

Decía S. S. que de la cesión del suelo urbanizado pueden no salir los
números. Puede que tenga razón, pero le digo lo que le decía en un
principio. No quiero emitir aquí mi opinión personal, sino la consensuada
por la Federación. En cualquier caso, señores diputados, entiendan que
desde los ayuntamientos, donde siempre tenemos muchas demandas y escasa
financiación, intentamos, lógicamente, contar con el máximo posible.

Ustedes son parlamentarios y su obligación es tener una visión más amplia
y conjugar los intereses de todos en España: ayuntamientos,
administración local, autonómica, administrados, etcétera. La visión que
he traído aquí es la que me corresponde como alcaldesa y representante de
la FEMP ante esta Comisión y probablemente ustedes tengan que analizar
otros pros y otros contras.

Señor presidente, termino mi intervención como la empezaba, insistiendo
en que respecto a aquellas cuestiones a las que no he dado respuesta, que
no se entienda que no la quiero dar, sino que tendría que dar la opinión
personal de Luisa Fernanda Rudi, alcaldesa de Zaragoza, y para más señas
integrada en un proyecto político determinado, que tiene aquí sus
representantes y que creo que son ellos los que deben dar esas visiones.

Por tanto, tampoco puedo mostrar desacuerdo con algunas cuestiones
mencionadas aquí. A lo mejor no coincido al cien por cien con ellas, pero
no es mi misión en la mañana de hoy.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Como es tradición en esta
Comisión, de acuerdo con el presidente y con el conjunto de la Mesa,
existe la posibilidad de que los grupos puedan utilizar un segundo turno,
no superior a cinco minutos, como es lógico, y espero que se sujeten al
tiempo porque nos encontramos en una hora avanzada.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Lamento que sea una hora avanzada, pero aparte de
hacer alguna consideración sobre lo expuesto por la compareciente, he
sido aludida reiteradamente por el portavoz del Partido Popular. Todos
los aquí presentes saben que hay un artículo del Reglamento que prevé mi
derecho al uso de un poquito de tiempo como respuesta al señor Ortiz.

Señor Ortiz, nosotros pedimos la comparecencia de la presidenta de la
FEMP en el mes de junio; es decir, cuando todavía la FEMP no había podido
emitir un informe oficial sobre el proyecto de ley que el Gobierno ya
había aprobado. Por lo tanto, cuando pedimos esta comparecencia se estaba
produciendo un hecho que nos parecía que justificaba que pidiéramos a la
presidenta de la FEMP una valoración desde esa condición. El Gobierno
había aprobado un proyecto de ley de clara trascendencia para los
ayuntamientos y la FEMP no había tenido ocasión --como su representante
nos explica aquí esta mañana-- por las urgencias del Gobierno de emitir
una posición.

En lugar de comparecer entre los meses de junio a septiembre, lo hace en
el mes de octubre. Desde que solicitamos su comparecencia se han
producido varios acontecimientos que hay que tener en cuenta. Cómo no
vamos a tenerlos en cuenta si se han presentado enmiendas que han sido
publicadas hace algunos días en el Boletín Oficial del Estado que ponen
de manifiesto, para cada grupo parlamentario, en qué medida se ha tenido
en cuenta el contenido del informe que la FEMP pudo finalmente aprobar en
la Comisión Ejecutiva en el mes de julio. No pretendemos capitalizar
ningún enfrentamiento, ninguna confrontación. Si esa confrontación existe
en un 10, en un 20, en un 50 o en un 60 por ciento será algo que se dirá
desde la FEMP. Naturalmente, será valorado por los distintos grupos
políticos y el Gobierno hará o no hará, respecto de ese eventual
conflicto, lo que considere oportuno. Pero no le tengan tanto miedo al
conflicto. Esto también se lo tengo que decir, señora Rudi con todo
cariño. Si ha habido un proceso de debate interno y en él se han
manifestado momentos de tensión frente al Gobierno, tampoco sucede nada
porque quienes la han precedido en etapas anteriores no han tenido el más
mínimo reparo de ser muy críticos con el Gobierno socialista, aunque
fueran alcaldes socialistas.

En mi anterior condición de secretaria de Estado he tenido --entre
comillas-- que «sufrir» esa crítica absolutamente saludable. Que un
informe que pasa del órgano técnico a la Comisión que usted preside
aparque determinadas observaciones, que creemos que son de importancia,
significa que cuando el informe técnico ha llegado a la Comisión se ha
considerado oportuno en ella no reflejarlas en sus conclusiones. Esa es
de las pocas preguntas que yo le he hecho y que me doy por satisfecha con
su respuesta.

No le he preguntado si usted opinaba que esto equivalía a una enmienda a
la totalidad. Eso lo afirmo yo, como representante del Grupo
Parlamentario Socialista, porque creo que, cuando una asociación de
municipios de España presenta prácticamente a todos los artículos de un
proyecto de ley alternativas que en algunos casos significan una posición
completamente contraria a la del Gobierno, eso equivale a un enmienda de
totalidad. Pero yo no preguntaba si usted lo ve así, porque su condición
no es la de valorar si es o no una enmienda a la totalidad, y lamento que
al señor Ortiz le parezca que esto es una forma no plenamente justificada
de entrar en un debate político.

En cualquier caso, usted misma lo dice, la FEMP va a seguir trabajando en
estas enmiendas. Según el señor Ortiz les han aceptado el 50 por ciento.

Basta coger lo que dice que han aceptado del suelo urbano. Han aceptado
el 50 por ciento de esa enmienda; al final, lo que les han aceptado de
verdad es un 25 por ciento que ustedes, en esa necesidad de consenso,
valorarán si es más o menos importante y si desde la FEMP se requiere o
no plantear al Gobierno que introduzca alguna otra modificación durante
la tramitación de esta norma.

En absoluto pretendo que quede la impresión de que nosotros queremos
generar un conflicto porque éste ya



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existe y, además, entre los propios ayuntamientos de distinto signo
político, y no pasa nada. El conflicto es una cosa muy saludable y lo que
no hay que intentar, como el Gobierno ha hecho en el debate de
presupuestos, es que cuando existe un informe se diga que no servía para
nada, que es una fábula y que en 24 horas ha cambiado. ¿Por qué, si es
una opinión de un experto en un caso o de un grupo de expertos en otro?
¿Un informe se cambia en 24 horas y este otro se cambia en 21 días? Quizá
los procesos de modificación de los informes de los expertos de la FEMP,
como tiene representantes de varios partidos políticos, son un poco más
lentos.

En cualquier caso, señor Ortiz, creo que no se trataba ni siquiera de
anticipar el debate de totalidad, sino de que los grupos parlamentarios
tuviéramos la ocasión de posicionarnos respecto a un informe que la FEMP
ha tenido a bien remitirnos. En ese sentido, yo creo que el debate queda
abierto, y si en otra ocasión el grupo parlamentario que represento
solicita que comparezca la presidenta de la FEMP, lo hará en la medida
que crea que no sólo se trataba de un tema urbanístico. Usted, señora
Rudi, lo ha demostrado claramente. Usted ha hablado de pacto local y de
otras cuestiones que no eran sólo urbanísticas, y supongo que si hubiera
venido la señora Barberá hubieran sido objeto de su exposición. Se lo
agradezco muchísimo, pero creo que cuando se pide desde una comisión que
venga el máximo responsable de la FEMP es porque su presencia tiene
sentido. Es posible que en otra ocasión reiteremos esta petición.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Muchas gracias, señora Narbona.

El señor Fernández, de Izquierda Unida, tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Quiero empezar hablando de una afirmación que
ha hecho la señora Rudi sobre mi pronunciamiento anterior de que el Real
Decreto-ley 5/1996 ha paralizado el desarrollo urbanístico. Además, me he
referido a un caso concreto, al de Zaragoza. Yo conozco bastantes más.

También he tenido responsabilidades municipales y, por tanto, conozco
bastantes más casos.

Permítame que le lea con brevedad una noticia sobre Zaragoza, que dice
así: El equipo redactor del avance para la revisión del Plan general de
ordenación urbana ya advirtió el pasado mes de diciembre que el diseño de
Zaragoza, el futuro, se estaba haciendo en un momento de indefinición
legal, que es lo que yo le decía. Y sigue diciendo que ello podría dar
lugar a contradicciones, puesto que ya entonces se había anunciado para
este año una nueva reforma de la Ley del Suelo. En el momento actual
--afirman los técnicos-- el margen del régimen del suelo esta dominado
por el Real Decreto-ley 5/1996, y la supresión que hace en el mismo de la
distinción entre suelo urbanizable programado y no programado, con sólo
dos disposiciones --subrayan--, provoca numerosas lagunas e
indefiniciones legales. Por tanto, no aconsejan hacer modificaciones en
ese momento.

Esto es una realidad. Esto lo advertíamos nosotros cuando se estaba
tramitando el proyecto de ley, y estamos viendo que luego la tramitación
de los planes y modificaciones ha dado origen a una inseguridad jurídica
tremenda en los ayuntamientos.

Usted es posible que no quiera reconocerlo porque el Real Decreto-ley
5/1996 está promulgado por el Gobierno. Lo más seguro es que usted no
quiera darme la razón, pero insisto en que no solamente ha sido Zaragoza,
sino bastantes más poblaciones las que se han visto afectadas por este
real decreto-ley mal nacido, mal alumbrado y que no ha aportado nada
positivo.

También quiero referirme a una cuestión que se plantea reiteradamente
cuando se habla de cesión a los ayuntamientos de aprovechamientos. A
todos los grupos que hablan de cesiones tengo que recordarles que están
en un error tremendo porque existe jurisprudencia que habla de que a los
ayuntamientos no les ceden; los ayuntamientos lo que tienen reconocida es
una capacidad, a través del artículo 47 de la Constitución, para
participar en las plusvalías y el aprovechamiento, que es distinto; es
decir, el propietario no cede aprovechamiento al ayuntamiento, son los
ayuntamientos los que fijan el aprovechamiento de los propietarios. Otra
teoría que constantemente maneja la derecha y sus grupos afines es que se
diga que los ayuntamientos son los que reciben cesiones de los
propietarios, algo que no es cierto de ninguna de las maneras. Yo creo
que lo he dicho bien en reiteradas ocasiones, pero veo que al final voy
a tener que documentar, como mínimo, al portavoz del PP para que vaya
corrigiendo este léxico.

Cuando el señor Ortiz dice que no hay confrontación entre la FEMP y el
Gobierno, yo creo que está haciendo una versión torticera de los hechos.

En realidad la FEMP ha presentado un documento consensuado, un documento
íntegro en su conjunto, y aquí no vale decir que el Partido Popular ha
aceptado determinadas enmiendas que corresponden a las planteadas en la
Federación por su propio grupo parlamentario porque, al final, lo que
están haciendo en todo caso será romper ese consenso de la FEMP.

Por mi parte, entiendo que la Federación de Municipios está en la
obligación de defender el documento en su integridad y no sacarlo de
contexto como pretende hacer el señor Ortiz.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Señor Ortiz, tiene la palabra
brevísimamente. Le ruego, señor Ortiz, que no se reproduzca el debate por
nuevas alusiones.




El señor ORTIZ GONZALEZ: No tenga ninguna preocupación, señor presidente.

Coincido con la señora Narbona en casi todo, sobre todo en un punto, y es
que si ella no tiene miedo al conflicto yo tampoco, porque el conflicto
es la democracia. Si por conflicto se entiende que existan discrepancias,
el conflicto es la democracia y, consiguientemente, tener miedo al
conflicto es tener miedo a la democracia. No voy a incurrir en semejante
pecado capital de ninguna manera.

Estoy seguro que no hay confrontación entre la FEMP y el Grupo
Parlamentario Popular o el Gobierno; no la



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puede haber. Por eso he hecho tanto énfasis en la condición de asociación
pluralista, que es la FEMP, para manifestar que no hay confrontación.

Quien parece que pretendía una confrontación era la señora Narbona. Yo me
he limitado a decir que no creo que exista esa confrontación, pero es que
ahora añado que no es posible la confrontación. El Gobierno del Partido
Popular es un proyecto político concreto, la FEMP es una suma de
proyectos del mismo orden, de proyectos políticos en lo municipal y en lo
urbano, y se ha logrado, por la prudencia y objetividad de los que se han
reunido en el ámbito de la Comisión, lo que ha llamado la señora Rudi un
mínimo común. Entre ese mínimo común y el Gobierno no puede haber
confrontación; lo que puede haber son discrepancias, en la medida
--insisto-- en que estamos en presencia de dos modelos distintos de
derecho de propiedad y dos modelos distintos de urbanismo, que se hacen
presentes en este hemiciclo, en el del Senado, en el foro de la FEMP y en
el foro de la opinión pública, sin ninguna duda. Por tanto, no hay
confrontación. Coincido con la señora Narbona en que no hay conflicto. Yo
no tengo miedo al conflicto.

Me queda una curiosidad. Yo he dicho las enmiendas (la estadística
siempre es peligrosa en materia de enmiendas) que hemos aceptado como
consecuencia de las sugerencias de la FEMP. Me gustaría saber cuántas
enmiendas de la FEMP ha incorporado el Partido Socialista a su listado de
enmiendas. Yo he dicho las mías y me gustaría conocer las suyas. Pero
esto es mera curiosidad, señor presidente, que no pretendo que se me diga
ahora, sino que tiempo habrá para satisfacer esta curiosidad en el
trámite que se inicia mañana.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Señora Rudi, tiene usted la
palabra.




La señora PRESIDENTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (Rudi Ubeda): También de manera muy
breve.

Planteaba la señora Narbona que desde la FEMP había que ser
reivindicativos con el Gobierno y que en su etapa de secretaria de Estado
también habían sido reivindicativos alcaldes que compartían el mismo
proyecto político. Señora Narbona, ésta es una opinión subjetiva, tanto
la que yo voy a manifestar como la que usted ha expresado. En cualquier
caso, cuando se ha querido reivindicar desde la FEMP así se ha hecho, y
acabo de leer hace un momento --en contestación a la pregunta que plantea
el representante de Izquierda Unida-- el texto que se aprobó de rechazo
a manifestaciones de miembros del Gobierno, si no de primer nivel, sí de
segundo, con lo cual yo creo que es un ejemplo, por lo menos desde la
parcela de urbanismo, que es la que a mí me compete. Le puedo asegurar
que también desde la Comisión ejecutiva se plantean reivindicaciones
cuando entendemos que son justas y adecuadas.

El proceso de debate interno ha sido muy largo en la FEMP. Les he hecho
precisamente la referencia cronológica para que ustedes se fueran
situando. Empezó el 24 de febrero y ha llegado hasta el 21 de julio de
1997.

Lo que no hay en la FEMP son procesos de modificación de informes de
expertos. En la FEMP los acuerdos se toman por los concejales o por los
alcaldes que formamos parte o bien de las comisiones sectoriales o bien
de la Comisión Ejecutiva --yo no quiero entrar aquí en paralelismos ni en
comparaciones--, y no ha habido ninguna modificación de ningún informe de
expertos, sino que la Comisión de Urbanismo de la FEMP lo que aprueba
--como la Comisión de Tráfico y Transportes aprobó también una serie de
enmiendas que se mandaron a esta casa en esta legislatura con respecto al
proyecto de ley de seguridad vial-- son las propuestas de enmiendas que
queremos que los grupos parlamentarios puedan recoger, y que con los
acuerdos de la mayoría suficiente salgan adelante. Ese es el método de
trabajo que se sigue en la FEMP.

Lo que sí es cierto es que para llegar a esas propuestas de enmiendas hay
una larga elaboración, pero no son modificaciones de informes de
expertos.

Señor Fernández, si usted me habla del Ayuntamiento de Zaragoza,
permítame que le diga que algo lo conozco. No querría entrar aquí en
debate con usted sobre el Ayuntamiento de Zaragoza y sus trabajos de
revisión del plan que, entre otros aspectos, han estado dirigidos hace
más de un año por la persona que se sienta aquí. Lo que sí puedo decirle
(no voy a discutir informaciones periodísticas que, por supuesto, siempre
habría que matizar y ver lo que respondía o no a declaraciones de
técnicos) es que los trabajos de revisión del Plan general del
Ayuntamiento de Zaragoza se inician en el mes de julio de 1996, se
presenta un primer documento a la opinión pública en el mes de diciembre
de 1996, y precisamente el paro que tenemos corresponde a los meses de
enero, febrero, marzo, abril y mayo como consecuencia de la aparición de
la sentencia. Es a partir de ahí, tras los dictámenes adecuados, tanto de
los técnicos del ayuntamiento como de los propios dictámenes que pide la
FEMP, cuando entendemos que podemos continuar trabajando y cuando se ha
hecho. Ese es el planteamiento, independientemente de que el decreto de
julio de 1996 ha sido admitido por unos y fuertemente rechazado por
otros, como es público y notorio, porque eso corresponde a posturas
ideológicas.

Señor presidente, creo que no ha habido ninguna pregunta más, con lo cual
doy las gracias a SS. SS. por la oportunidad que me han dado de estar
aquí y les pido disculpas si en algún momento ha sido demasiado larga mi
exposición.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Muchas gracias, señora Rudi, por
su presencia en esta Comisión y por las explicaciones que ha dado.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta minutos de la tarde.