CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 313



POLITICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 23



celebrada el martes, 21 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Sobre menores tutelados. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/000504) (Página 9220)



--Sobre el nuevo enfoque que debe asumir la revista «Minusval».

Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/000494)
(Página 9221)



--Sobre mantenimiento de los actuales niveles de empleo de la empresa
Ericsson. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000556) (Página 9222)



--Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas que
posibiliten que se lleve a cabo una quita del cien por cien de la deuda
que la empresa Cárnicas Molina, de Jaén, mantiene con la Seguridad Social
y con Hacienda. Presentada por el Grupo anterior. Retirada. (Número de
expediente 161/000568) (Página 9226)

Página 9220



--Para un mayor aprovechamiento social de «La Casa del Mar», de la
población de A Guarda (Pontevedra). Presentada por el Grupo anterior.

(Número de expediente 161/000669) (Página 9226)



--En relación con la situación de la población en el mundo. Presentada
por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/000657)
(Página 9227)



--Sobre condonación de las deudas contraídas con el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) mediante las sentencias condenatorias a actuaciones
fraudulentas respecto al subsidio del Plan de Empleo Rural (PER).

Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente
161/000673) (Página 9232)



--Sobre reforma de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y
racionalización del Sistema de Seguridad Social para hacer compatible la
pensión de orfandad con la realización por parte del beneficiario de
trabajos lucrativos por cuenta ajena o propia. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000679)
(Página 9235)



Se abre la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE MENORES TUTELADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 161/000504).




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señoras y señores diputados,
buenas tardes.

Vamos a iniciar el orden del día con la proposición no de ley sobre
menores tutelados, que presenta el Grupo Socialista. Antes de dar la
palabra a la portavoz, quiero decirles que todas las votaciones se harán
al concluir el debate de las distintas proposiciones no de ley, no antes
de las seis.

Para la defensa de la proposición no de ley sobre menores tutelados,
tiene la palabra doña Cristina Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Como es sabido, el internamiento en centros,
hoy denominado acogimiento residencial para menores según la Ley de
Protección Jurídica al Menor, de 15 de enero de 1996, está concebido como
una medida alternativa de protección sólo para menores de edad en
situación de desprotección; por tanto, no es aplicable a los jóvenes que
han cumplido la mayoría de edad. Debemos aspirar a atender a los menores
durante la minoría y a perseguir su desarrollo y formación integral en
todos los órdenes de la vida, con vistas a un futuro que posibilite su
plena integración social. Tenemos que tender a una formación profesional
de este grupo de menores, máxime cuando carecen de un ambiente familiar
normalizado que favorezca su autonomía y emancipación. La falta de
vivienda, de puesto de trabajo y de soporte familiar son algunos de los
condicionantes que impiden a estos jóvenes afrontar su futuro. Hay que
impulsar cualquier iniciativa que tienda a promover la cualificación
profesional de los menores tutelados para que, cuando cumplan la mayoría
de edad, puedan tener acceso a un mercado de trabajo cada vez más difícil
y competitivo.

Cuando en la conferencia sectorial de asuntos sociales, celebrada en
Sevilla en febrero, se determinó la distribución entre las 17 comunidades
autónomas de todos los fondos correspondientes al Plan concertado de
prestaciones básicas, al Plan gerontológico, al Plan gitano, al Plan de
lucha contra la exclusión, nos sorprendió que se dejaran sin establecer
los criterios para la distribución del programa relativo a menores
tutelados a los que damos tanta importancia. Efectivamente, no se había
procedido a su distribución. Según nuestras noticias, esos 200 millones
del programa de menores tutelados se han empezado a distribuir entre las
ONG que lo han solicitado, aunque parece que todavía no se ha repartido
en su totalidad.

A pesar de ser algo que pedimos en febrero, proposición no de ley que
vemos ahora, estimamos que sigue vigente su idea, que es que la
distribución de los fondos que se destinan a atender la formación, las
posibilidades de integración, y, en suma, el desarrollo integral de los
menores tutelados en la sociedad, se realice con criterios que atiendan
a la gravedad de los problemas y a la población destinataria, en el
supuesto de que tal distribución se siga realizando entre las comunidades
autónomas.

También tenemos noticia de que el Gobierno ha desarrollado,
cofinanciadamente con la Unión Europea, un proyecto, Labora, dentro de
Youth Star, para orientación, formación, ayuda al empleo y seguimiento.

Creemos que este tipo de proyectos dotados con fondos europeos tienen que
cofinanciarse con los responsables de las administraciones, autonómicas
o municipales, siguiendo los dos criterios que incluimos en nuestra
proposición no de ley: la gravedad de los problemas y la población
destinataria de los programas.

Reiteramos la importancia del programa, creemos que es muy oportuno y,
desde luego, que puede dar muy buenos resultados, pero añadimos que es
importante mantener esos dos aspectos. Por todo ello, instamos al
Gobierno, a



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través de esta proposición no de ley, a que en cualquier programa de este
tipo se tengan presentes esas dos directrices: gravedad de problemas y
población destinataria.




El señor PRESIDENTE: Los grupos no han presentado enmienda alguna a esta
proposición no de ley. ¿Hay algún grupo parlamentario que desee fijar
posiciones respecto a la misma?
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Sabanés.




La señora SABANES NADAL: Voy a intervenir con brevedad para mostrar
nuestra posición a favor de la proposición no de ley presentada por el
Grupo Socialista, porque para nosotros es importante solucionar con
continuidad cualquier proyecto con criterios objetivos. En lo que se
refiere a este programa en concreto, nos parece que su contenido expresa
con cierta objetividad los criterios de distribución de los fondos y
marca un sentido de continuidad de la proposición, por lo que vamos a
votar a favor de la iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
doña María José Camilleri.




La señora CAMILLERI HERNANDEZ: El Gobierno siempre ha tenido una especial
sensibilidad hacia los menores que por distintas razones han estado bajo
una medida de protección en centros residenciales y en el momento en que
cumplen 18 años tienen que abandonarlos necesariamente, pasan a una
situación de independencia sin tener una familia estructurada ni una casa
o la capacidad necesaria para adquirir una autonomía personal y la
necesaria integración sociolaboral.

Esta sensibilidad ante estas situaciones, como he dicho, se concretó en
la creación de un programa para menores tutelados que, en 1997, tuvo una
asignación presupuestaria de 200 millones de pesetas para abordar
distintas experiencias piloto que han tenido buenos resultados, por lo
que en el proyecto de presupuestos generales para 1998 el programa ha
tenido un incremento del crédito presupuestario del 30 por ciento, como
se puede comprobar en la aplicación presupuestaria 487 del programa 3130,
de atención a la infancia y a la familia, que asciende a 260 millones de
pesetas, con un incremento de 60 millones.

La iniciativa que presenta el Grupo Socialista pretende que el crédito
correspondiente a este programa de menores tutelados se distribuya en
función de la gravedad de los problemas de cada comunidad autónoma, y en
especial de la población destinataria de dichos programas. Mi grupo
parlamentario no estima procedente la toma en consideración de la
proposición no de ley ya que el crédito para menores tutelados no está
incluido en los fondos destinados a las comunidades autónomas y
distribuidos en la conferencia sectorial de asuntos sociales, que se
celebró efectivamente en Sevilla el pasado 11 de febrero. Unicamente para
los créditos destinados a la financiación de programas de colaboración
con las comunidades autónomas, como son el Plan concertado de
prestaciones básicas, el Plan gerontológico, el Plan gitano, el Plan
integral de lucha contra la exclusión, maltrato infantil y familias de
riesgo; como decía, únicamente a estos programas se efectúa una
distribución inicial del importe total presupuestado entre todas ellas,
de conformidad con el acuerdo adoptado al efecto en la correspondiente
conferencia sectorial.

Por todo ello, vuelvo a repetir, mi grupo parlamentario no estima
procedente la toma en consideración de la proposición no de ley.




--SOBRE EL NUEVO ENFOQUE QUE DEBE ASUMIR LA REVISTA MINUSVAL. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000494).




El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre la proposición no de ley
sobre menores tutelados, pasamos a la proposición no de ley sobre el
nuevo enfoque que debe asumir la revista Minusval, presentada por el
Grupo Socialista del Congreso.

Tiene la palabra la señora Cortajarena.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista tiene que ver con el enfoque de las
publicaciones del Inserso y cómo están vinculadas a las nuevas
transferencias que se han producido durante el año 1996 de la entidad
gestora, Instituto Nacional de Servicios Sociales. Conocemos que
solamente la gestión de La Rioja, Ceuta y Melilla está centralizada y que
el resto ya ha sido transferido. Además, en 1997 el Inserso ha cambiado
de competencias, de cometidos y hasta de denominación, llamándose en la
actualidad Imserso.

Desde el año 1974 la revista Minusval está funcionando de una forma muy
satisfactoria. Corrieron vientos de duda en el ejercicio del año 1996 ya
que las publicaciones del Instituto, que suponen 120 millones de pesetas
de gasto corriente para acometer la publicación de Minusval y de 60 y
Más, se vieron puestas en duda y se empezaron a hacer estudios en
relación a cuál podría ser su futuro. Negociaciones con organizaciones no
gubernamentales, con todas las asociaciones vinculadas al ámbito de la
discapacidad, hicieron concebir nuevamente al Ministerio la importancia
de seguir con esta publicación en la medida en que es un foco de debate,
de encuentro, de reflexión teórica en relación a lo que son las
prestaciones, las ayudas técnicas, los programas de eliminación de
barreras arquitectónicas y urbanísticas y otra serie de temas que ocupan
y preocupan grandemente a los discapacitados en nuestro país.

Viendo el primer enfoque, las nuevas competencias asumidas por las
comunidades autónomas, se trae a la Cámara una proposición no de ley con
el objetivo de que éstas tengan alguna presencia activa en la redacción
de la revista y que pueda realizarse la publicación en bilingüe en
aquellas comunidades autónomas que tienen reconocidos en sus estatutos de
autonomía la oficialidad de dos lenguas.




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A la proposición no de ley de la revista 60 y Más hubo una enmienda de
modificación, que hoy presenta también el Grupo Parlamentario Popular en
relación a la revista Minusval, que tiene tres artículos, como todos los
miembros de esta Comisión conocen. La postura que va a adoptar el Grupo
Parlamentario Socialista es la de aceptar la enmienda de modificación
porque supone una mejora técnica con la filosofía y el objetivo que
perseguíamos con esta iniciativa legislativa.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Caneda.




El señor CANEDA MORALES: Señorías, poco podemos diferenciar la posición
que tuvo este grupo de la iniciativa anterior del Grupo Socialista
respecto a la revista 60 y Más, que fue recientemente aprobada en esta
Comisión.

Estamos ante una iniciativa sobre el nuevo enfoque que debe asumir la
revista Minusval de la cual tenemos un concepto muy bueno pues desde el
inicio de su publicación, en 1974, efectivamente ha tenido un camino muy
fructífero. Se trata de una revista que se acerca a los problemas que
tienen los discapacitados y en la que participan los interesados, las
ONG, todos los agentes oficiales, y los ciudadanos en general. Creo que
en este momento es fuerte, tiene calidad y cuenta con una tirada de
40.000 ejemplares, 120 páginas, por lo que estimamos que merece la pena
estudiar las distintas formas de adaptarla a un nuevo proceso autonómico
en el que intervienen las transferencias.

La justificación de esta enmienda es la de que queremos insistir en que
la transferencia de estas materias hace que sean las comunidades
autónomas las que tienen que decidir en cualquier caso el interés o no de
la publicación en las dos lenguas oficiales, su distribución, e incluso
los puntos donde se quieren distribuir y en qué forma. Como es una
competencia transferida lo queremos respetar dándole la opción a cada
comunidad de hacerlo si así lo quiere, entre otras cosas porque es
competencia suya y no de esta Cámara. Apoyamos totalmente que se haga de
forma bilingüe. En la medida en que se le busquen solución a los costes,
este tema se irá resolviendo poco a poco para acercarnos al cumplimiento
de la Constitución y a la normalización de un Estado que es plurilingüe.

Por otro lado, la comunidad que quiera --con ello respondemos al punto 2
de la enmienda-- puede acordar la forma en que va a estar en el consejo
editorial, lo cual será siempre positivo porque podrá aportar sus puntos
de vista al nuevo sistema de esta revista cuya publicación en bilingüe
consideramos que es positivo.

Respecto al tercer punto de nuestra enmienda, recoge cualquier incremento
de coste porque tiene que tener una adaptación. Al margen de la
contribución que puedan realizar las comunidades, en la forma en que lo
estimen, contemplamos la apertura a la publicidad, puesto que en algunos
sectores se reclama como medio de mejorar la calidad y, sobre todo, para
adaptarse a los cambios que cualquier revista de prestigio pueda
necesitar.

Estimamos, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, que nuestra
enmienda no afecta a la filosofía de la iniciativa pero que introduce
algunas mejoras, por lo que, en consecuencia, apoyamos esta proposición
no de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición? Por el Grupo
Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Amorós.




La señora AMOROS I SANS: La proposición no de ley origen de este debate
le permite a nuestro grupo parlamentario poner de manifiesto algunas
reflexiones en relación a cómo deben responder el Estado o sus organismos
administrativos a la realidad plurilingüística y pluricultural que
configura el Estado español.

En esta Comisión, concretamente el 17 de abril de 1997, tuvimos ocasión
de debatir una proposición no de ley, también impulsada por el Grupo
Socialista, sobre la conveniencia de realizar la revista 60 y Más en las
lenguas cooficiales de las comunidades autónomas con competencias
transferidas en el tema del Inserso.

Señorías, señor presidente, es bueno y beneficioso para todos y todas que
los partidos de ámbito estatal, que a lo largo de tantos años se habían
mostrado poco sensibles a un principio constitucional de propiciar el
carácter pluricultural y plurilingüístico fomenten esta proposición no de
ley, pues solamente los organismos públicos vinculados a las comunidades
autónomas han sido los que han desarrollado políticas para hacer efectivo
este principio constitucional al que hemos hecho referencia.

Nos parece oportuno que el Grupo Socialista traiga a esta Cámara esta
proposición no de ley y nos parece oportuna también la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, en la medida en que establece un cauce que puede
facilitar su aplicación real. Consecuentemente, nuestra posición va a ser
favorable a que el Grupo Socialista asuma la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Sabanés Nadal.




La señora SABANES NADAL: Nuestro grupo va a apoyar también la proposición
no de ley presentada por el Grupo Socialista, porque tenía inicialmente
el objetivo de mejorar la difusión y la participación de las comunidades
autónomas, lo cual también redundaría en su calidad y en sus contenidos.

Aceptada la enmienda del Grupo Popular por el grupo proponente, nosotros
vamos a apoyar el consenso para contribuir a mejorar la difusión y la
distribución en un nuevo marco de competencias.




--SOBRE MANTENIMIENTO DE LOS ACTUALES NIVELES DE EMPLEO DE LA EMPRESA
ERICCSON. PRESENTADA POR EL GRUPO



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PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número
de expediente 161/000556).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día:
proposición no de ley sobre mantenimiento de los actuales niveles de
empleo de la empresa Ericcson, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra la
señora Sabanés para su defensa.




La señora SABANES NADAL: La proposición no de ley que hoy vamos a
defender tiene, como habrán observado SS. SS., fecha 13 de mayo de 1997.

No tendría mucha vigencia en las actuales circunstancias de haberse
cumplido de forma más satisfactoria o más continuada la voluntad que
todos los grupos expresaron en esta Cámara en la comparecencia del señor
secretario General de Comunicaciones, a finales de mayo, y de haberse
concretado con mayor rotundidad el papel que el propio secretario general
asignaba a cualquier administración responsable de diálogo, de
potenciación del empleo y de compromiso con el mantenimiento del tejido
industrial.

Decía el señor secretario general: Con respecto a Ericcson, lo que se ha
hecho es, a través de la norma no escrita --y nunca mejor dicho, la
expresión «no escrita»--, encarecer a sus representantes que agoten todas
las vías de diálogo y encarecerles también para que aseguren el trabajo
con todas las empresas que contrataran o pudieran contratar. Aseguraba,
en términos generales, que preocupaba no sólo la continuidad en el empleo
de la planta de Leganés, sino también desde la óptica global del sector
de las telecomunicaciones, y decía que las medidas liberalizadoras para
el conjunto del sector que se estaban adoptando en diferentes ámbitos
iban encaminadas precisamente al mantenimiento del empleo existente, pero
también a la difícil tarea de generar empleo nuevo.

Decía al principio de mi intervención que si a estas alturas los
compromisos y voluntades expresados en aquella comparecencia se hubieran
convertido en un esfuerzo más continuado de voluntad política, no hubiera
sido necesario quizás mantener esta proposición. A pesar de ello, el 23
de junio se firmó un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, en el
marco diseñado por la dirección de Ericsson en su proyecto 2005 y desde
la perspectiva de lo pactado en el acuerdo Ericsson 2000, lo que ya
significaba inicialmente un ejercicio de corresponsabilidad entre todas
las partes. El acuerdo trataba de definir los contenidos básicos de
futuro y de carácter estratégico y sus implicaciones sobre los aspectos
industriales y de empleo. Se asumía, en un proceso global de negociación,
tanto el análisis del contenido industrial de Ericcson como el proyecto
Infocom, el drenaje de la plantilla con medidas laborales y, finalmente,
si era necesario, la externalización. Se asumía este concepto como la
resultante de la aplicación de dos acuerdos sin estar prefijada su
cuantificación y, en todo caso, en función de una negociación global y
del resultado de todas las medidas anteriores.

En la actualidad nos encontramos con un conflicto laboral y social por la
preocupación que existe en las zonas afectadas, en el sur de la Comunidad
de Madrid, en donde la opinión generalizada es que, cumplimentada la
escisión, el interés prioritario de la empresa fundamentalmente se centra
en la externalización y, por tanto, en el proceso de traspasar parte de
la producción a la multinacional SCI y a otras todavía por determinar.

Por tanto, el problema en origen sigue siendo el mismo y la preocupación
también. ¿Cómo se va a garantizar finalmente que estas industrias a las
que Ericsson va a traspasar su producción pueden mantener no sólo el
empleo, sino el actual nivel de implantación industrial a medio y largo
plazo? Y que no ocurra, como en otros procesos de similares
características, donde al final y una vez producida la externalización
entran procesos que debilitan no sólo los aspectos laborales, sino la
propia implantación industrial en esa u otras zonas.

Nuestro grupo ha mantenido la proposición no de ley que viene a poner por
escrito aquello sobre lo que ya existían acuerdos básicos entre todos los
grupos y donde la propia Comunidad de Madrid y su Gobierno tienen un
compromiso importante de actuación. Con esta proposición queremos
garantizar el compromiso político del Gobierno de asegurar, en el marco
de las posibilidades de actuación, que exista el diálogo y el esfuerzo
necesarios para buscar soluciones a un problema que afecta no sólo a un
número importante de trabajadores, sino a la viabilidad económica y al
futuro de zonas muy importantes a efectos industriales y económicos.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista tiene presentada una enmienda.

Para su defensa tiene la palabra la señora López i Chamosa.




La señora LOPEZ I CHAMOSA: Nosotros hemos presentado una enmienda --se la
hemos comentado con anterioridad a la proponente-- que tiene el siguiente
sentido. La empresa Ericsson pretende la externalización del proceso
industrial. Aquí se plantea el siguiente problema. Ericsson es una
multinacional sueca, con todo lo que supone ser una multinacional
europea, con una política, una tradición, en la que la negociación
colectiva, los temas sociales, las negociaciones con sus comités de
empresa han sido importantes. La empresa se ha planteado reducir los
acuerdos sociales y las condiciones de trabajo que disfrutan los
trabajadores, y, como no lo puede hacer de otra manera, lo que pretende
es segregar su parte industrial y quedarse sólo con lo relativo a
tecnología y desarrollo. Estimamos que el contenido de esta iniciativa es
precisamente evitar esto. Nosotros estamos de acuerdo con el objetivo de
impedir que en nuestro país empiecen a entrar multinacionales con una
tradición de trabajar en países del Tercer Mundo en donde no se respetan
las condiciones de los trabajadores, ni la negociación colectiva ni otras
condiciones. Por consiguiente, apoyamos esta iniciativa e introducimos,
sobre todo, el que se mantengan la actividad industrial y los niveles de
empleo. Cualquier gobierno pretende el bien de un país, y nosotros
estimamos que el mayor bien de un país es la actividad industrial, que es
la que genera riqueza.




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En ese sentido, apoyamos esta iniciativa y, lógicamente, esta enmienda.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Villaseñor.




El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Señor presidente, antes de entrar en
el tema de la moción, quiero hacer un pequeñísimo preámbulo diciendo que
nadie está más interesado que este grupo y el Gobierno en que se mantenga
y se cree empleo estable, empleo de calidad. Ese es un supuesto previo a
cualquier cuestión que nos planteamos en esta Cámara al respecto, y que
ya dejó claro nuestro presidente en el discurso de investidura. Como ha
transcurrido un cierto tiempo, va para año y medio, desde que el Partido
Popular tiene la responsabilidad del Gobierno en España, y como hay un
refrán castellano que dice que obras son amores y no buenas razones, yo
invito a todos a que, cuando hablemos de temas de empleo, miremos lo que
ha hecho este Gobierno en el poco tiempo que lleva al frente de esta
responsabilidad y lo compare con etapas anteriores. Entonces podríamos
llegar a la conclusión, como decía al principio, de que nadie está más
interesado que nosotros en el mantenimiento del empleo y en lograr que
mejore la calidad del empleo, una vez que hemos heredado una situación de
poco empleo o de empleo precario para una amplia cantidad de
trabajadores.

Entrando en la cuestión relativa a la proposición, tengo que plantear
algo de lo que todos los aquí presentes somos conscientes, y es que
Ericsson es una empresa privada; una empresa privada a la que, dejando
aparte su carácter multinacional o no, no le influye la aplicación de la
legislación laboral existente en el país. Por tanto, tanto con Ericsson
como con cualquier otra empresa española o multinacional con factorías en
España este Gobierno es muy sensible y se ha preocupado de realizar las
gestiones tan pronto ha tenido conocimiento de que esta empresa de
carácter privado --repito-- tenía unos planes de reestructuración, de
reordenación y reorganización de sus actividades. Naturalmente, las leyes
laborales obligan a todos, obligan a los empresarios, obligan a los
trabajadores, obligan a los diputados presentes en esta sala y obligan al
Gobierno. Y porque voluntaria y democráticamente nos hemos dado unas
determinadas leyes laborales, porque voluntaria y democráticamente hemos
marcado unas reglas del juego, lo que no podemos pretender es hacer
demagogia y tratar de introducir por la vía del Parlamento unas
actuaciones que puedan incluso en algún momento convertirse en
contraproducentes y producir el efecto contrario al deseado. ¿Por qué
digo esto? Pues digo esto porque esta proposición no de ley tiene por
fecha de presentación, si no me equivoco, el día 13 de mayo de 1997. ¿Y
qué es lo que pretende esta proposición no de ley? Esta proposición no de
ley es muy escueta en su formulación: «El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que adquiera el compromiso político de entrevistarse con la
empresa Ericsson a fin de que se mantengan los niveles actuales de
empleo. En el mismo sentido y de cara a cualquier negociación que pueda
matizar la situación actual, el Gobierno deberá tener en cuenta la
opinión de los representantes de los trabajadores.» Pues bien, señorías,
eso precisamente es lo que ha estado haciendo el Gobierno, pero no a
partir del 13 de mayo, fecha en la que se presenta esta proposición no de
ley, y mucho menos a partir del 20 de octubre, fecha en la que el Grupo
Socialista presenta su enmienda. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno?
Pues se lo voy a decir. El Gobierno, a finales de marzo, a través del
Ministerio de Fomento, recibe información de la empresa de que va a
llevar a cabo unos planes de reordenación de la actividad con los que
pretende no sólo trabajar para abastecer el mercado nacional, sino crear
trabajo y, por tanto, ocupar mano de obra bien directa bien
indirectamente para obtener productos que después se exporten fuera. En
consecuencia, si esos productos se van a fabricar aquí y se van a
exportar, si se va a crear empleo aquí y se va a establecer una vía de
cara a realizar una actividad tan sometida a las rápidas mutaciones de la
tecnología moderna que están produciendo desocupación en el sector, la
empresa está buscando fórmulas que permitan producir más, aunque para que
eso sea viable sea necesaria una reordenación de su actividad. Y como
resulta que es una empresa privada y la legislación establece que sólo en
momentos concretos pueden intervenir bien la jurisdicción, bien la
Administración, y afortunadamente en estos momentos no hace falta que
intervengan ni los juzgados de lo Social ni, con arreglo a la legislación
vigente que nos hemos dado nosotros, la Administración, el Gobierno,
celoso de lo que es el deber de un buen Gobierno que se preocupa por el
incremento de riqueza en el país y por la generación de empleo, lo que
hace es poner en marcha unos mecanismos que creen las condiciones
adecuadas y necesarias para que se produzca un diálogo social fructífero
entre empresas y trabajadores, en este caso entre la empresa Ericsson y
los sindicatos más representativos en esa empresa, Comisiones Obreras y
UGT.

El día 17 de abril se produce un encuentro en el Ministerio de Trabajo
con representantes de Comisiones Obreras y UGT. Conocido el punto de
vista de los representantes de los trabajadores, el 25 de abril --esto
es, una semana después-- se produce el encuentro del Gobierno con la
empresa para instarla a que haga todos los esfuerzos posibles a fin de
abrir un proceso de diálogo flexible y que se esfuerce al máximo para
lograr el mantenimiento del empleo. El 28 de mayo se produce la
comparecencia del secretario general de Telecomunicaciones en la Comisión
de Infraestructuras, y en ella intervienen el Grupo Socialista, el Grupo
de Izquierda Unida y el Grupo Popular. Todos los grupos coinciden en el
sentido de recibir la información que les proporciona el Gobierno y
alentar para que continúen esas negociaciones. En el mes de junio se
produce un acuerdo entre las partes como consecuencia de la buena
voluntad de las mismas --estoy seguro que algo habrán influido también
las acertadas y eficaces gestiones de los distintos ministerios de este
Gobierno--, un acuerdo que suscriben los sindicatos más representativos
de la empresa y la propia empresa. En ese acuerdo, bajo el principio de
abrir una negociación basada en la buena fe, se establece



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un mecanismo de negociación para llevar adelante un plan negociado, un
plan pactado entre las partes con el horizonte temporal que sea posible.

Y en ese proceso es en el que se está, señorías, y no debe de ir tan mal
ese proceso cuando tanto empresa como trabajadores saben y tienen
constancia de que el Ministerio de Trabajo les tiene ofrecida la
posibilidad de intervenir siempre que lo requieran las partes; lo que no
está es a resultas de que en un momento se apriete por un lado y en otro
momento se apriete por otro. En definitiva, estamos en un Estado de
Derecho donde hay una legislación que tenemos que cumplir todos. El
Gobierno, por una parte, ya ha intervenido, cuando se presentó la
proposición en el mes de mayo ya se habían producido todos los contactos
del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Trabajo, y se está
debatiendo en un momento en el cual de alguna forma ha cuajado un acuerdo
de procedimiento de negociación. Creo que lo realmente eficaz es que los
mensajes que reciban ambas partes sean mensajes positivos, sean mensajes
tendentes a posibilitar el acuerdo y no a distorsionarlo. Cuando se ha
llegado a ese acuerdo, cuando esa negociación está abierta, el Congreso
de los Diputados no puede cortocircuitarla intentando mandatar al
Gobierno a que haga lo que por ley no puede hacer.

En consecuencia, cumplido el objeto de la proposición no de ley y no
siendo relevante la enmienda presentada, que lo único que trata de hacer
es quitarle la extemporaneidad absoluta que padece esta proposición no de
ley al discutirla ahora en octubre, el Grupo Popular defiende con el
mayor de los intereses el mantenimiento del empleo, la viabilidad de la
empresa y las perspectivas de futuro de ir ganando cuotas de empleo de
calidad. Todos tenemos un especial interés en facilitar que las empresas
se implanten en esa zona de Madrid, y hay actuaciones que tal vez buscan
un protagonismo que no va a producir unos efectos adecuados. Alentemos
todos, mandemos todos el mensaje a los negociadores de que es su
obligación --la de ambos-- seguir negociando, y si en algún momento se
produce una situación límite, el Gobierno les tiene ofrecida la
posibilidad de intervenir, de tratar de mediar, de tratar de ayudar para
que, igual que se consiguió en junio que se firmase ese acuerdo, se
consiga ahora un desarrollo eficaz de ese acuerdo y una negociación
fructífera que permita la creación de empleo y que no se produzca el
espantamiento de las empresas, ya que precisamente una de las
posibilidades que se está barajando en esas negociaciones que tiene
abiertas Ericsson es la incorporación a esa zona tan necesitada de Madrid
de otras empresas multinacionales. El mejor servicio que podemos hacer a
los trabajadores de Ericsson en particular, a la empresa Ericsson para su
viabilidad y expansión y a las empresas que para el futuro puedan
implantarse en esa zona de la Comunidad de Madrid o en cualquier otro
punto de España es la creación de un clima adecuado. Con la prudencia y
sensatez con que está actuando el Gobierno, hagamos desde esta Cámara el
servicio de no crear imágenes que distorsionen una realidad que es la de
la negociación sensata y lógica entre dos partes que están llamadas a
entenderse, todos debemos dar facilidades a ese entendimiento.

Naturalmente, mi grupo no va a plantear al Gobierno que haga lo que ya ha
hecho, sería un contrasentido. En todo caso, teniendo en cuenta que el
Gobierno ha intervenido y que por los resultados hasta ahora obtenidos
parece que la solución puede ser eficaz, nos gustaría que esta Comisión
retirara la proposición, que era lo que yo en principio pensaba plantear
a la representante del Grupo de Izquierda Unida. Además, mi grupo
felicita al Gobierno por su eficaz actuación, que ha permitido que se
abran unas negociaciones que no se habían abierto; no se había producido
ningún tipo de acuerdo hasta que no se han producido estas dos
intervenciones del Gobierno. El Gobierno intervendrá cuando las partes lo
demanden y la legislación laboral establece unos sistemas de mediación,
arbitraje y conciliación al que pueden recurrir las partes cuando lo
consideren oportuno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANES NADAL: En primer lugar, mi grupo acepta la enmienda
planteada por el Grupo Socialista.

En segundo lugar, nada más lejos de nuestra intención que la proposición
no de ley interfiera en un proceso de negociación. Yo no sé si no está
informado, pero los trabajadores del comité de Ericsson estaban hoy
encadenados en la sede de la Asamblea de Madrid; por tanto, el proceso de
negociación del que estamos hablando evidentemente está encontrando
problemas de una enorme importancia en estos momentos. La proposición no
de ley recoge de forma absolutamente coherente y objetiva los contenidos
de la comparecencia que a tal efecto se efectuó a finales de mayo, en los
que todos estábamos de acuerdo, incluyendo la representante en aquel
momento del Partido Popular, Ana Mato. Es que lo que pedía al Gobierno la
representante del Partido Popular de palabra es exactamente lo que hoy
traducimos en una proposición no de ley. Y pedía además una especial
sensibilidad y coordinación entre las administraciones. La proposición no
de ley trata nada más de recoger esos extremos.

Si le plantea tanto problema el segundo punto de la proposición, sería lo
único que nuestro grupo aceptaría retirar, pero dejando constancia del
compromiso político que el secretario general nos dijo aquí, que es algo
que quería hacer y que quería seguir haciendo. Se trata simplemente de
ayudar y de introducir ese criterio.

Por tanto, en aras al consenso, nosotros estaríamos dispuestos a retirar
en todo caso el punto segundo de la proposición no de ley, pero
mantenemos la proposición no de ley en un momento extremadamente
importante para seguir sosteniendo los criterios que en su momento
asumimos todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. (El señor
Martínez-Villaseñor García pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Villaseñor, dada la generosidad que
ha tenido la presidencia en cuanto al tiempo anteriormente concedido, le
doy la palabra únicamente para responder a la propuesta de aproximación
que le ha formulado la señora Sabanés.




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El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Voy a ser muy breve. Intervengo
exclusivamente para decir que en el espíritu coincidimos; en lo que no
coincidimos es en la forma. Cuando hay un proceso de negociación abierto,
suscrito, firmado y aceptado por las partes es contraproducente que haya
una intromisión ajena sin que esa intervención haya sido demandada por
ambas partes. No sindicalicemos la vida parlamentaria. Cada uno tenemos
una función. Los sindicatos están en su función de negociar y establecer
los criterios y las fórmulas que consideren más adecuadas para conseguir
sus objetivos, pero no podemos trasladar al Congreso de los Diputados
métodos que no son propios de una Cámara de representantes de la
soberanía popular.

Coincidimos en el objetivo, pero estamos en la idea de que eso ya lo está
haciendo el Gobierno y de que los trabajadores y la empresa tienen la
oferta formal del Gobierno de mediar, de tratar de aproximar, de ayudar
a que esa negociación llegue a buen puerto, que creo que es el objetivo
tanto de Izquierda Unida como del Grupo Socialista como, desde luego, de
los representantes del Grupo Popular en esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Concluye así el debate sobre la proposición no de
ley acerca del mantenimiento de los actuales niveles de empleo de la
empresa Ericsson.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS QUE
POSIBILITEN QUE SE LLEVE A CABO UNA QUITA DEL CIEN POR CIEN DE LA DEUDA
QUE LA EMPRESA CARNICAS MOLINA, DE JAEN, MANTIENE CON LA SEGURIDAD SOCIAL
Y CON HACIENDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente
161/000568).




El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a adoptar las medidas oportunas que posibiliten que se lleve a
cabo una quita del cien por cien de la deuda que la empresa Cárnicas
Molina, de Jaén, mantiene con la Seguridad Social y con Hacienda, ha sido
retirada por el grupo proponente, Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




--PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO SOCIAL DE «LA CASA DEL MAR» DE LA
POBLACION DE A GUARDA (PONTEVEDRA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente
161/000669).




El señor PRESIDENTE: Pasamos, a petición del propio grupo, a debatir la
proposición no de ley para un mayor aprovechamiento social de «la Casa
del Mar» de la población de A Guarda (Pontevedra), presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: La justificación de esta proposición no de ley,
para un mayor aprovechamiento social de la Casa del Mar en el municipio
de A Guarda (Pontevedra), tiene que ver con la realidad social de este
municipio. En la actualidad la pesca supone con mucho el motor tanto
social como económicamente más importante de la localidad de A Guarda,
generando más de 1.000 puestos de trabajo directos sobre una población de
unos 10.000 habitantes e incidiendo directamente en la economía del
conjunto de la comarca del Bajo Miño, tanto en puestos de trabajo
directos como indirectos.

Después de varias reconversiones, podemos afirmar hoy que esta localidad
dispone de la flota de palangre de superficie más grande de Europa, sin
olvidar su potencial pesquero en el banco canario sahariano, sus barcos
y gamelas que faenan al día, así como su importancia en el marisqueo
tanto a flote como a pie. La situación en la que se encuentra este sector
vital para la comarca y para el municipio, en donde las pesquerías se
realizan cada vez más lejos, donde las tripulaciones son cada vez menos
cerradas en el ámbito familiar o local al convertirse éstas en
actividades cosmopolitas, crean problemas nuevos a los trabajadores de
este sector que merecen una atención por parte de las administraciones.

Teniendo en cuenta que desde que fueron transferidos los servicios
médicos del Instituto Social de la Marina al Centro de Atención Primaria,
toda la planta baja de las instalaciones de la Casa del Mar de A Guarda
que prestaban ese servicio sanitario quedaron vacías, teniendo en cuenta
que en la actualidad no se está aprovechando adecuadamente y dado que
entre las funciones que lleva a cabo el Instituto Social de la Marina se
encuentran varias de las que el pueblo de A Guarda está careciendo, es
por lo que el Grupo de Izquierda Unida ha planteado esta proposición no
de ley que insta al Gobierno, en primer lugar, para que se dote a esta
localidad de un centro de sanidad marítima en el que se puedan llevar a
cabo de manera permanente reconocimientos médicos de los trabajadores del
mar, reconocimientos preceptivos para el embarque, controles de las
condiciones higiénico-sanitarias de los buques, cursos permanentes
especiales de educación sanitaria. En segundo lugar, para dotar de una
guardería infantil que atienda a los hijos de los trabajadores del mar
menores de 6 años en la que se imparta la educación preescolar. Y en
tercer y último lugar, dotar de una hospedería con alojamiento y sus
respectivos servicios de atención al cliente para marinos o pescadores,
así como para los familiares que tengan su residencia familiar lejos de
la localidad de A Guarda, con el fin de que al arribar a puerto estos
marinos puedan estar con sus familias sin que ello les suponga un gran
desembolso económico.

En definitiva, señor presidente, señorías, ésta es la intención de la
proposición no de ley que hemos presentado.




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El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda presentada a esta
proposición no de ley. ¿Grupos que deseen fijar posiciones? (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i
Chamosa.




La señora LOPEZ I CHAMOSA: El Grupo Socialista va a apoyar esta
proposición no de ley porque entiende que todas aquellas medidas
encaminadas a facilitar y dotar de servicios a la gente que trabaja en el
mar, con unas situaciones tan complicadas como tienen, siempre son
necesarias.

Hay medidas como la dotación de una guardería infantil para menores de
hasta 6 años, aunque supongo que el problema está sobre todo en menores
de 0 a 3 años. En cuanto a dotar de hospedería y de alojamiento, sobre
todo a los familiares de los marinos que están embarcados, lo que les
facilitará el encuentro con menores costes porque todos sabemos la
problemática laboral que tiene esta gente, es una medida que un grupo
como el nuestro desde luego apoya. Si tuviéramos de verdad un Estado de
bienestar en nuestro país como corresponde, con una educación, con una
sanidad en condiciones que llegue a todos y cada uno de los ciudadanos de
este país, no serían necesarias estas proposiciones no de ley. Como ésa
todavía no es la situación pero sí el objetivo, iremos mientras tanto
apoyando estas proposiciones no de ley que ayudan a mejorar las
condiciones de vida de estos ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pérez Corgos.




El señor PEREZ CORGOS: La verdad es que yo desconocía quién había
titulado esta proposición no de ley, pero el propio portavoz del grupo
proponente acepta esta titulación, y como nosotros también estamos de
acuerdo --no podría ser de otra manera-- en sacar un mayor
aprovechamiento de la Casa del Mar de A Guarda, como de cualquier otro
inmueble público, tenemos necesariamente que votar en contra y oponernos
a la aprobación de esta proposición no de ley. Creemos que limitar el uso
o las actividades que se pueden desarrollar en un local público a un
colectivo determinado y no extenderlo a la totalidad de la población
sería una medida altamente discriminatoria.

Es cierto que este inmueble ha sido transferido a la Xunta de Galicia en
febrero de 1996, y se va a iniciar inmediatamente el acondicionamiento de
la planta baja de la Casa del Mar de A Guarda para la instalación de
servicios sanitarios de fisioterapia y odontología destinados, como decía
yo antes, a toda la población de A Guarda y no solamente al colectivo de
trabajadores del mar.

Por lo que se refiere a los reconocimientos médicos previos al embarque,
que son perceptivos para todos los trabajadores del mar, lo cierto es que
se están realizando en la localidad de Vigo, en el Centro de Sanidad
Marítima de Vigo. Y tengo que decir que, gracias a una gestión de un
gobierno autonómico que ha sido ampliamente revalidado en las urnas el
pasado domingo, las comunicaciones entre A Guarda y Vigo son unas
comunicaciones idóneas que no causan perjuicio especial a los usuarios de
este tipo de servicio. Por otra parte, estos reconocimientos se realizan
en la generalidad de los casos con una periodicidad de dos años por cada
trabajador del mar que necesita realizarlos.

En cuanto al control de las condiciones higiénico-sanitarias en los
buques, es actualmente una competencia de sanidad exterior. En estos
momentos se está trabajando en un proyecto de real decreto para la
transposición de la Directiva 92/99 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de
los buques. Evidentemente, habrá que estudiar las reformas de
infraestructuras que sean necesarias para prestar este servicio.

En lo que respecta a la formación, los cursos de formación sanitaria para
el colectivo de trabajadores del mar se siguen realizando en los locales
que tiene el propio Instituto Social de la Marina en A Guarda, se están
realizando también en la cofradía de pescadores de A Guarda, con una
colaboración importantísima del ayuntamiento que paga los suministros,
entre otras cosas, de energía eléctrica. El año pasado se realizaron en
A Guarda cursos en los que participó un centenar de alumnos y se espera
que en este año 1997 más o menos estemos en el mismo número.

Instalación de una guardería infantil. Realmente, el tema de educación
infantil es en la actualidad una competencia de la Xunta de Galicia, ha
sido transferida y, por lo tanto, corresponde a esa Administración. Sí
tengo que decir que en A Guarda están escolarizados, como no puede ser de
otra manera, el cien por cien de los niños mayores de 3 años. Por otra
parte, no entra dentro de las previsiones del Instituto Social de la
Marina abrir nuevas guarderías. En el caso de que se abrieran, el
criterio sería de integración, es decir, destinado a toda la población y
no solamente a este colectivo.

Finalmente, en relación con la dotación de una hospedería, hay que
señalar que las hospederías del Instituto Social de la Marina son unos
servicios muy delimitados por su coste y por su complejidad, y que existe
una en la ciudad de Vigo, próxima también a A Guarda, como antes decía.

Por otra parte, que existe un aprovechamiento social de la Casa del Mar
de A Guarda lo demuestra el hecho palpable de que en la planta alta está
ubicado el club de la tercera edad, un club de la tercera edad que tiene
más de 1.000 usuarios no sólo del municipio de A Guarda, sino de otros
cuatro municipios del Bajo Miño.

Por lo tanto, nuestro criterio es: mayor integración social y mayor
aprovechamiento social de los locales, por lo que nos tenemos que oponer
necesariamente a delimitarlo a una parte de la población.




El señor PRESIDENTE: Concluimos así el debate sobre la proposición no de
ley para un mayor aprovechamiento social de la Casa del Mar de la
población de A Guarda (Pontevedra).




--EN RELACION CON LA SITUACION DE LA POBLACION EN EL MUNDO. PRESENTADA



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POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (Número de expediente 161/000657).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día: proposición no
de ley en relación con la situación de la población en el mundo, que
presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Es para nuestro grupo una feliz coincidencia
el que se debata hoy en esta Comisión esta proposición no de ley sobre la
erradicación de la pobreza, justamente el día que el Movimiento 0,7 ha
comparecido otra vez para, según ellos, despertar las conciencias de los
miembros del Congreso de los Diputados, para erradicar la pobreza en el
mundo.

Efectivamente, en el mes de noviembre del año 1996 se celebraron las
jornadas internacionales para la erradicación de la pobreza organizadas
por la Asociación de Amigos de la Unesco del Prat del Llobregat, la
Federación Catalana de Asociaciones y Clubs Unesco y el Centro Unesco de
Cataluña. Fruto de las mismas fue la aprobación de la declaración de San
Cosme del Prat del Llobregat sobre erradicación de la pobreza, que recoge
la profunda preocupación por el estado actual del mundo, donde la pobreza
ha aumentado en vez de disminuir durante las últimas décadas y donde las
diferencias entre ricos y pobres continúan aumentando. Dicha declaración
expresa las preocupaciones y las posibles soluciones que afectan de
manera creciente a todas las sociedades del mundo, tanto en el norte como
en el sur, en oriente o en occidente.

El proceso creciente de la pobreza contemporánea es el resultado de la
lógica de un sistema global que genera simultáneamente una riqueza
inmensa e insuficiencias profundas. No se trata sólo de insuficiencias
monetarias ni de la creciente desigualdad en la distribución de las
riquezas y de las rentas, sino también de la negación de la atención a
las necesidades humanas básicas que ha generado situaciones de
marginación y exclusión social, de pérdida de identidad, de aislamiento
y discriminación que agreden la dignidad humana. Son especialmente
víctimas de este fenómeno las mujeres, los niños, los inmigrantes, los
refugiados, los pueblos indígenas, los pueblos oprimidos, las minorías,
los viejos y los enfermos.

A pesar de que la globalización tiende a una integración del mundo cada
vez mayor, en realidad la diversidad y la jerarquización de las diversas
sociedades en los diferentes Estados, en todos los continentes, provocan
un panorama heterogéneo de formas y situaciones de pobreza. En las
economías industrializadas encontramos paro y también exclusión de grupos
minoritarios importantes en conexión con la discriminación y la
xenofobia. En los países en vías de industrialización se constata la
sobreexplotación del trabajo con salarios bajos y falta de cobertura
social que afecta especialmente a las mujeres y a los niños. En países
que tienen una economía basada en la agricultura encontramos la
degradación de las condiciones de subsistencia de los agricultores, de
emigración creciente de poblaciones que van a los suburbios urbanos y de
privación de los derechos mínimos de los pueblos indígenas, comunidades
tribales y minorías étnicas.

Causas reales de esta situación son, entre otras, los principios que
promueve actualmente la Organización Mundial del Comercio, que protege la
concentración oligopólica de la producción. La actual organización del
mercado mundial de capitales está orientada a beneficiar exclusivamente
el capital financiero internacional en detrimento de las inversiones
productivas a nivel local. La gestión a largo plazo de los recursos
necesarios para resolver las necesidades fundamentales de los pueblos,
incluidas las necesidades de las generaciones futuras, exige cálculos
sociales y económicos diferentes de los del beneficio monetario
inmediato, que es lo que actualmente prevalece. Esto significa poner
totalmente en cuestión las políticas del Banco Mundial, que están en
clara contradicción con los objetivos del desarrollo sostenible.

Señorías, las estrategias efectivas para erradicar la pobreza ponen
radicalmente en crisis las formas y visiones existentes del poder
político, económico y social a todos los niveles, desde la comunidad
local hasta las instituciones multilaterales del sistema mundial. En el
ámbito local, los pueblos reivindican la autogestión, el acceso a los
mecanismos de decisión y poder, el control de sus propios recursos y la
libertad para decidir su destino y el ejercicio del derecho humano
fundamental a la autodeterminación. En el ámbito estatal, estas
estrategias conducen necesariamente a la revitalización del papel del
Estado como promotor del desarrollo equitativo y del bienestar de sus
poblaciones. Los procesos de reorganización del poder político, económico
y social tendrán que incluir también las estructuras supranacionales,
promoviendo la integración económica y política regional y
reestructurando las organizaciones multilaterales para hacerlas más
adecuadas a las aspiraciones y necesidades de los pueblos. Por todo lo
cual, señorías, se presenta la siguiente proposición no de ley:
Primero, el Congreso de los Diputados expresa, en consonancia con la
declaración de San Cosme del Prat del Llobregat, fruto de las jornadas
internacionales para la erradicación de la pobreza, la profunda
preocupación por el estado actual del mundo, donde la pobreza ha
aumentado en vez de disminuir durante las últimas décadas.

Segundo, el Congreso de los Diputados es consciente de que la
erradicación de la pobreza sólo puede conseguirse mediante
transformaciones de las grandes estructuras económicas y de las grandes
decisiones políticas. La actual globalización debe, por lo tanto, ser
respetuosa hacia las diversas actuaciones, necesidades y capacidades de
los pueblos para dar respuesta a los desafíos que lleva implícito y ha de
inscribirse en la perspectiva de la construcción de un mundo policéntrico
que permita a las regiones y países negociar libremente su integración en
el sistema mundial.

Tercero, el Congreso de los Diputados es consciente de la necesidad de
establecer el marco adecuado en el ámbito europeo e internacional para
que se tengan en cuenta especialmente



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clos derechos de los pueblos, se proceda a la regeneración de la
distribución de las actividades productivas en el mercado mundial a favor
de las poblaciones trabajadoras y se establezcan políticas sociales y
económicas para establecer la gestión a largo plazo, para llegar al
efectivo cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible.

Cuarto, el Congreso de los Diputados acuerda acogerse al contenido de
dicha declaración y trasladar al Gobierno el contenido de dicha
proposición, para que adopte las medidas necesarias en el ámbito de sus
competencias y traslade al seno de la Unión Europea y de Naciones Unidas
la preocupación por la situación actual de pobreza en el ámbito europeo
e internacional.

Señorías, a esta proposición no de ley se han presentado una serie de
enmiendas por parte del Grupo Socialista. Nuestro grupo acepta la primera
como adición inmediatamente después del primer párrafo de la exposición
de motivos. También aceptamos la segunda enmienda porque entendemos que
es una enmienda técnica que mejora la redacción. No aceptamos la tercera
porque nos interesa mucho que este Congreso se defina sobre las jornadas
por la erradicación de la pobreza y la declaración de San Cosme del Prat
del Llobregat, y por tanto, no entendemos que sea lo mismo «acogerse al»
que «valora el»; no la aceptamos. En cuanto a la última, nuestro grupo la
acepta pero queda a expensas de lo que diga la portavoz del Grupo
Popular, por cuanto a nuestro grupo le interesa en gran manera que esta
proposición no de ley salga apoyada con el mayor número de votos.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista, tiene la palabra doña Matilde Fernández.




La señora FERNANDEZ SANZ: El Grupo Socialista ha presentado varias
enmiendas a esta proposición no de ley de Izquierda Unida, que valoramos
como muy positiva. Las cuatro enmiendas se dividen en dos enmiendas de
matiz y de redacción y otras dos de adición y de contenido.

La enmienda al párrafo segundo que propone sustituir «negociar
libremente» por «negociar con plena libertad y flexibilidad» ha sido
aceptada. Por lo tanto, no tengo nada más que decir. Pretendía no dejar
un mensaje tan negativo como que un pueblo pudiera estar ausente de
grados de libertad para llevar a cabo una negociación.

La enmienda al punto cuarto que pretende sustituir «acuerda acogerse al»
por «valora el» se ha presentado por puro respeto de esta diputada a esta
Cámara, porque por más que lo he intentado sólo he conseguido resúmenes
de prensa, pero no he conseguido el texto. Algunos me llamarán seria y
otros algo rígida, pero me parece difícil adherirme a un documento que,
aunque lo he buscado, sinceramente, señorías, entero no lo he encontrado;
he encontrado sólo resúmenes de prensa y por eso he hecho ese cambio. Si
veo que la mayoría de los grupos piensan que se puede acoger íntegramente
porque han estado más despiertos que yo y han conseguido el texto
completo, pues este grupo modificará su posición, por qué no.

Las otras dos enmiendas son de fondo. La primera pretende incorporar un
párrafo 1 bis, o un párrafo 2 --cambiando, por supuesto, la numeración de
los demás--, haciendo una mención a Naciones Unidas y a los informes de
desarrollo de Naciones Unidas; e incluso ubicar el debate de esta
proposición no de ley en el momento actual. El ritmo del trabajo
parlamentario ha posibilitado que esta reunión se esté celebrando entre
el viernes pasado, que fue el día internacional para la erradicación de
la pobreza, y el viernes próximo, que es el día internacional del informe
sobre el desarrollo de Naciones Unidas. Es decir, que estamos debatiendo
entre dos fechas de conmemoración internacional de algo que tiene que ver
con lo que Izquierda Unida nos plantea. El que el Grupo Socialista
incorpore el informe de desarrollo de Naciones Unidas se basa en que,
señorías, con todo mi respeto a la declaración de San Cosme del Prat del
Llobregat y a estas jornadas internacionales, cuando hablamos de pobreza
en el mundo tenemos que hablar de los organismos internacionales que
están actuando y de los informes que esos organismos internacionales
están realizando. Yo creo que junto con la OIT el organismo más
importante, a nivel mundial, que debemos apoyar para esta lucha contra la
pobreza y los informes de más interés son Naciones Unidas y el informe
sobre el desarrollo. Lo que queríamos al proponer su inclusión es que
junto con unas jornadas, que se leerán por muchas organizaciones, que se
celebran en San Cosme del Prat del Llobregat, haya un marco internacional
que es Naciones Unidas y sus informes de desarrollo, y recordar que el
próximo viernes Naciones Unidas presentará su informe de desarrollo del
año 1997, que responde a los datos mundiales del año 1996.

La segunda enmienda de adición intenta llevar la propuesta de Izquierda
Unida al plano de los compromisos concretos de todos los que estamos
aquí. Voy a leerla porque me parece de interés. La enmienda dice: El
compromiso del Congreso de los Diputados en su lucha por la erradicación
de la pobreza tendrá como políticas prioritarias, al menos, dos: en
primer lugar, el compromiso de no apoyar propuestas que conduzcan a
reducir el porcentaje del producto interior bruto dedicado al Estado del
bienestar en España (cifras de hoy a nivel internacional, 24 por ciento
de nuestro producto interior bruto) y especialmente en aquellos programas
que afectan a la erradicación de la pobreza y a la exclusión social; en
segundo lugar, el compromiso de apoyar aquellas propuestas que
evolutivamente, tal como hemos pactado con la Plataforma del 0,7 casi
todos los grupos políticos, hagan crecer el porcentaje del PIB que
dedicamos a proyectos solidarios con países en vías de desarrollo. Es
decir, una filosofía perfecta pero general que nos plantea Izquierda
Unida e incorporar una propuesta concreta de compromiso de todos los
grupos políticos.

Si me permiten, señorías, en el momento actual hay tres rasgos a los que
se está prestando especial atención. En primer lugar, que se está
extendiendo entre la población de los países más desarrollados la
conciencia de que asistimos a una intensificación de los cambios, fruto
de las innovaciones tecnológicas en marcha. En segundo lugar, que



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existe un conjunto de datos e informaciones estadísticas que revelan la
tendencia reciente hacia la acentuación de las desigualdades sociales, a
niveles nacional e internacional, y que esta tendencia empieza a
mostrarnos un crecimiento del fenómeno social que se ha dado en llamar
infraclases, dualización de la sociedad, cuarto sector o pobreza extrema.

Durante los últimos años se han hecho publicaciones de las que se espera
nuestra preocupación política. A finales de 1994, The Economist presentó
un informe que nos mostraba cómo la desigualdad de renta había llegado a
ser en países anglosajones, en concreto en Inglaterra y en el Reino
Unido, superior a la que había hace treinta y cuarenta años. El último
informe de la OIT nos dice que está creciendo la acentuación de
desigualdades salariales y de discriminaciones entre trabajadores. El
último informe de Naciones Unidas refleja un dato tremendo, que yo lo
expresaba en la primera enmienda añadido al párrafo 1 o el 1 bis, que nos
muestra de forma impactante que sólo 358 personas concentran en sus manos
más recursos y riqueza que el ingreso anual combinado de los países donde
vive el 45 por ciento de la población mundial; sólo 358 personas
concentran más riqueza que la media anual de los países donde vive el 45
por ciento de la población mundial. El informe de Naciones Unidas, que se
está presentando en este momento, subraya que en el año 1996 y desde que
tenemos los informes, que es desde 1990, el índice de desarrollo humano
decreció en 30 países; desde 1990 no había sucedido nunca que tantos
países, en concreto treinta, vieran decrecer su índice de desarrollo
humano. No les voy a agobiar con algo que estoy segura de que forma parte
de su interés, que es leer los informes de Naciones Unidas, pero hay
datos tremendos: 800 millones de habitantes no tienen suficiente para
comer, 500 sufren malnutrición, 840 siguen siendo analfabetos, 800
millones de habitantes carecen de acceso a la salud, 1.200 millones de
personas carecen de acceso al agua potable. Esto en los países en vías de
desarrollo. Pero en los países desarrollados, más de 100 millones de sus
habitantes siguen viviendo por debajo del umbral de pobreza, más de 5
millones de personas no tienen un hogar y más de 37 millones están
desempleados. Por eso el Grupo Socialista quería añadir a la oportuna y
excelente proposición no de ley de Izquierda Unida este último apartado,
en el que se busca el compromiso concreto de que nosotros no reduzcamos
globalmente (puede haber trasvase entre conceptos sociales) el porcentaje
de PIB que dedicamos al Estado del bienestar y que, año tras año, hagamos
crecer el porcentaje de PIB que dedicamos a los países en vías de
desarrollo.

Les decía que había tres causas y les he citado dos. La tercera se
encuentra en las universidades, en todos los estudios e investigaciones.

Por cierto, señora diputada, usted ha criticado el informe del Banco
Mundial. El último informe del Banco Mundial es progresista; aunque
parezca extraño es muy progre el último informe del Banco Mundial y
recoge con preocupación cómo se está produciendo cada vez más desigualdad
entre la clase trabajadora en los países industrializados y cómo un signo
de identificación del siglo XX será, por desgracia, la pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores. Pues bien, el tercer argumento y motivo
de reflexión en el mundo universitario es que hay un declive por el
interés académico y el interés político en estos temas que tienen que ver
con clases sociales y con estratificación social o movilidad social. Ese
es el último argumento por el cual el Grupo Socialista presenta estas
cuatro enmiendas, pero sobre todo las dos de adición, que pretenden
recordar que hay que apoyar a los organismos internacionales en su lucha
contra la pobreza o en su lucha por el desarrollo y que hay que, si me
permiten, no sólo ser estéticos sino descender a la arena, ser
pragmáticos y asumir compromisos. Nuestra última enmienda persigue este
compromiso de esta Cámara.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, por una cuestión de orden.

Antes de que continúe la sesión quisiera llamar la atención de la
Presidencia y de los distintos grupos de la Cámara sobre que esta
proposición no de ley está presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que concretamente viene
firmada por el diputado Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, y que ha
sido defendida por mí, que soy diputada de Iniciativa per Catalunya.

Quisiera que los distintos portavoces lo tuviesen en cuenta en sus
intervenciones. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Se acepta la petición.

¿Grupos que quieran fijar posición sobre esta proposición? Por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADES: Señor presidente, quiero anunciar nuestro
voto favorable a esta proposición no de ley promovida por Iniciativa per
Catalunya. Entendemos que el contenido de la misma, con las enmiendas del
Grupo Socialista que entendemos que mejoran el texto y que introducen
algunas concreciones importantes, supone un pronunciamiento de esta
Cámara en relación a unas jornadas que se celebraron en Cataluña y que
respondían a un planteamiento de fondo por parte de determinadas
organizaciones no gubernamentales con prestigio en Cataluña y a un
análisis de la realidad mundial que podemos compartir no en todos
extremos pero sí en la materia de fondo. Por tanto, en la medida en que
hoy el Congreso lo que hace es posicionarse en la necesidad de impulsar
políticas que erradiquen la pobreza, nosotros compartimos este
planteamiento.

A partir de este momento en esta Cámara vamos a tener posibilidad de
bajar a la arena en muchísimas de estas cuestiones. Se está tramitando ya
la ley de cooperación al desarrollo, que afronta estas cuestiones, vamos
a debatir los presupuestos, que afrontan estas cuestiones, y vamos a
debatir también los informes de la Comisión de Política Social tanto en
exclusión social como en materia de emigraciones. Por tanto, más allá de
las buenas intenciones que tiene este texto, cuando discutamos estos
otros podremos hacer un esfuerzo para concretar políticas que
efectivamente sirvan para erradicar la pobreza.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Carmen
Pardo.




La señora PARDO RAGA: Señor presidente, vaya por delante que el Gobierno
y el Grupo Popular, al que yo represento, comparten la preocupación por
el crecimiento y radicalidad que está adquiriendo la pobreza en nuestro
planeta, de acuerdo con esta proposición no de ley que ha presentado el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por tanto, nuestro
criterio es la urgente e ineludible necesidad de implantar políticas
específicas de prevención y reinserción de las personas y grupos en
situación de marginación y exclusión social que permitan, a medio y largo
plazo, llegar a los objetivos de desarrollo, integración y promoción
social sostenibles para las personas y grupos de la nueva sociedad
global. Para ello es necesario efectivamente que estas medidas se puedan
enmarcar en el ámbito europeo e internacional, en orden a hacer posible
que se tengan en cuenta las especiales necesidades y capacidades de los
pueblos en su lucha contra la desigualdad económica y social. Por tanto,
nos atrevemos a afirmar que es de obligado cumplimiento que todos los
sectores implicados se responsabilicen de las acciones necesarias para la
erradicación de los factores que contribuyen a generar esta indeseable
situación, como ha sido puesto ya de manifiesto por el resto de los
grupos.

Permítanme, no obstante, señorías, que abunde en las políticas sociales
que se están desarrollando ya en nuestro país. No podemos obviar que la
semana pasada los grupos parlamentarios hemos presentado unas
conclusiones en el seno de esta Comisión, y referente a la subcomisión de
exclusión social, pendientes de debate y posterior aprobación. En este
aspecto, el grupo proponente, es decir, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ha asumido las conclusiones del Grupo Popular, que a su vez le
admitió dos propuestas de actuaciones por considerarlas de gran interés.

En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 1998,
el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable en las asignaciones
presupuestarias destinadas a erradicar la pobreza y la exclusión social,
entre las que cabe destacar, en primer lugar, un incremento de un 28,4
por ciento de los créditos presupuestarios destinados a la formación
profesional ocupacional de los empleados. Yo creo que todos los grupos
estamos de acuerdo en que la mejor política para sacar a la gente del
sistema de exclusión social es que tengan un buen trabajo y que estén
acogidos a un salario. En segundo lugar, hay un incremento de un 53,8 por
ciento de este crédito presupuestario, del que hablábamos anteriormente,
destinado a familias en riesgo de exclusión social; precisamente este
programa para familias desfavorecidas fue ya una creación de los
presupuestos de 1997. En tercer lugar, hay un total de 826 millones que
el Instituto de la Mujer destinará a actividades a través de convenios y
al fomento de la no discriminación e integración de la mujer. A lo largo
de varias comparecencias hemos visto que la feminización de la pobreza se
agudiza. El Gobierno lo ha recogido en su tercer Plan de igualdad para
hombres y mujeres aprobado por Consejo de Ministros el 7 de marzo de
1997.

Comprobados, pues, los hechos por medio de estas cifras que acabo de
citar a SS. SS., quisiera establecer la sintonía de nuestro grupo con
esta preocupación de la proposición no de ley que trae a esta Comisión el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Quisiera
destacar la preocupación que tiene también el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en especial a través de la Dirección General de Acción
Social de Familia y Menor, en programas específicos que desarrollan estos
organismos de lucha contra la exclusión social. Así, desde la
incorporación de España a la Unión Europea se han venido gestionando los
proyectos incluidos en los programas de lucha contra la pobreza y
exclusión social, cofinanciados por la Administración central del Estado,
las comunidades autónomas y la propia Unión Europea. Quisiera recordar a
la representante del Partido Socialista que aunque es verdad que hoy
tiene tantísimo interés, en los presupuestos del año 1995 fue quitada de
los presupuestos generales la partida que había para la erradicación de
la pobreza y, por consiguiente, en los presupuestos prorrogados del año
1996. Sin embargo, en la actualidad, como ya he manifestado
anteriormente, se ha dispuesto un crédito específico para cofinanciar
proyectos de intervención social integral entre comunidades autónomas,
dirigido a colectivos y territorios en situación de exclusión y riesgo
social. En concreto fueron 218 millones para 1997 y en los presupuestos
generales que tendremos ocasión de debatir, como decía el representante
de Convergència, se aumenta a 300 millones. Quiero también destacar que
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está apoyando a aquellas
organizaciones no gubernamentales dedicadas a estas tareas a través de
las convocatorias de ayudas y subvenciones del régimen general, así como
de las correspondientes a la asignación tributaria del 0,52 del IRPF,
existiendo en concreto respecto a estas últimas un apartado muy
específico destinado a financiar programas integrales cuyo objetivo
fundamental es el de la erradicación de la pobreza y exclusión social que
para el ejercicio de 1997 cuentan con 509 millones de dotación.

En consecuencia, el Grupo Popular estima favorablemente esta proposición
no de ley que ha presentado hoy el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y en consonancia con lo que hace el grupo
proponente admitiríamos las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista
excepto la que rechaza, que si no tengo anotado mal es la enmienda número
3 de modificación del apartado 4. En aras del consenso y siendo
magnánimos vamos a intentar admitir la enmienda de adición al apartado 5,
aunque nos gustaría, señor presidente, como enmienda in voce, ya que hay
un gobierno del Partido Popular en estos momentos, cambiar la expresión
el Estado del bienestar por la sociedad del bienestar. Ya ha señalado el
representante de Convergència i Unió que se va a tramitar próximamente en
este Congreso de los Diputados una ley de cooperación, con lo cual yo
creo que se destaca que este Gobierno es sensible a los temas de
cooperación y desarrollo de los países que por desgracia no tienen una
renta



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para poder sobrevivir dignamente. Por último, quiero destacar que para el
Gobierno del Partido Popular erradicar la pobreza constituye un tema
prioritario, como bien dijo en su toma de posesión el presidente del
Gobierno.




El señor PRESIDENTE: La señora Rivadulla tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, me ratifico en la
aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista, a excepción de la
presentada al apartado 4. Quiero precisar que yo no he hablado de
informes del Banco Mundial sino de las políticas del Banco Mundial. Y
quiero también señalar a la portavoz del Grupo Socialista que, como no
podía ser menos, la declaración de San Cosme está basada en los distintos
informes y documentos de Naciones Unidas.




El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, ¿acepta la enmienda in voce
formulada por la señora Pardo en relación con la cuarta del Grupo Social?



La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, a mí me gusta más Estado
del bienestar. Todos sabemos la connotación que tiene sociedad del
bienestar. Es una enmienda formulada por el Grupo Socialista y será su
portavoz la que decida. Yo prefiero que quede Estado del bienestar, pues
sociedad del bienestar es otra cosa con la que no estamos tan de acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, del Grupo Socialista.




La señora FERNANDEZ SANZ: Si todos los grupos se sienten cómodos con la
expresión «acuerdan acogerse al contenido de dicha declaración», el Grupo
Socialista retira su enmienda para sustituir acogerse por valorar.

Retiramos esa enmienda al párrafo 4 porque hemos entendido que los grupos
aceptan el texto de Izquierda Unida.

En relación a sustituir sociedad del bienestar por Estado del bienestar,
yo creo que no es asumible porque no lo es conceptualmente. Estado del
bienestar es la suma de lo público y lo privado desde el protagonismo de
lo público, que es la decisión de la redistribución del porcentaje de la
riqueza que se dedica a esa sociedad y que distribuye entre el conjunto
de una colectividad o de un país; y sociedad del bienestar, desde el
concepto que se está acuñando por el discurso neoliberal, es la
delegación de los poderes públicos de unas responsabilidades en beneficio
de organizaciones sin fin de lucro, fundaciones y mercado. Como hoy
académicamente están perfectamente definidos estos conceptos, esta
diputada y su grupo no pueden aceptar la sustitución del término Estado
del bienestar por sociedad del bienestar.




El señor PRESIDENTE: Concluye así el debate sobre el punto 5 del orden
del día, relativo a la proposición no de ley en relación con la situación
de la población en el mundo, presentada por Iniciativa per Catalunya.

--SOBRE CONDONACION DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO (INEM) MEDIANTE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS A ACTUACIONES
FRAUDULENTAS RESPECTO AL SUBSIDIO DEL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER).

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000673).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 6 del orden del día,
proposición no de ley sobre condonación de las deudas contraídas con el
Instituto Nacional de Empleo (Inem) mediante las sentencias condenatorias
a actuaciones fraudulentas respecto al subsidio del Plan de empleo rural
(PER), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Vaquero tiene la palabra.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, señorías, tiene origen esta
proposición no de ley de mi grupo en las sentencias firmes que condenan
a unos 30 trabajadores agrícolas de un pueblo de Granada, Iznalloz, a la
devolución al Instituto Nacional de Empleo de lo percibido indebidamente
en concepto del subsidio agrícola inherente al sistema del Plan de empleo
rural, el PER. En este sentido, la delegación del Inem de Granada está
procediendo, desde hace varios meses, a retener a dichos desempleados el
total de las cantidades que mensualmente deberían percibir en concepto de
subsidio agrario en función de haber acumulado otra partida de jornadas
realmente trabajadas posterior a las que provocaron la sentenciada
práctica fraudulenta. Nosotros no ponemos en duda la legalidad y
legitimidad de dichas actuaciones administrativas, pero nos permitimos
reclamar la atención de esta Cámara, de esta Comisión, sobre el
perjudicial efecto que sobre las economías personales y familiares de
estos desempleados está suponiendo la situación de verse desprovistos de
los subsidios tan duramente devengados, sobre todo cuando se trata de
unos trabajadores desempleados en el hábitat rural de una de las
provincias más castigadas por el paro, por la precariedad y por el bajo
índice de renta per cápita como es Granada. Se da la circunstancia de que
las actuaciones así castigadas mediante sentencias firmes se produjeron
en el contexto de una situación de extrema necesidad social generalizada
en distintas zonas de nuestra geografía, fundamentalmente de Andalucía y
Extremadura, que provocó la necesidad de subvenir a las carencias
económicas y subsistenciales de multitud de nuestros conciudadanos y
conciudadanas asumida por las autoridades políticas, tanto de las
comunidades autónomas antes mencionadas como del mismo Estado, que fueron
articulando distintos sistemas, distintos métodos. Primero fue el llamado
empleo comunitario, después fue el PER, que últimamente ha ido
evolucionando hasta el actual sistema, sin duda alguna perfeccionándose
cada vez más y cambiando, por tanto, los requisitos para la adquisición
del derecho, especialmente en lo que refiere al número de peonadas reales
necesarias para



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ser beneficiario del subsidio correspondiente. La ligazón entre número de
jornadas realmente trabajadas y percepción del subsidio desde un
principio fue objeto de críticas y hasta yo diría que de un cierto boicot
por parte de los agentes sociales, de los sindicatos agrarios y de la
misma opinión pública del ámbito donde se planteaban estas ayudas o estos
programas y fue contestada de forma muy dura. Fue una época en que era
raro el día en que no aparecía en los medios de comunicación una
manifestación, un corte de carretera, la toma simbólica de una finca,
etcétera, que por cierto han sentado una jurisprudencia ciertamente
novedosa, benevolente y acorde a lo juzgado en el sentido de ser no
tolerante pero sí magnánimo con aquellos ciudadanos que se veían
envueltos en este tipo de conductas. Por tanto, había en cierto sentido
un boicot por parte de los sindicatos, de la sociedad en su conjunto, que
al mismo tiempo fue generando una evolución del sistema mismo de
cobertura de las situaciones de necesidad. En este tema convergieron
distintos elementos. Por un lado, la necesidad colectiva real y, por
otro, la dificultad del cumplimiento estricto de los términos rigurosos
de los requisitos legales. Las 60 peonadas eran excesivas para poder
acceder al subsidio y no en vano fueron evolucionando. Después se aceptó
por parte de las autoridades que efectivamente eran demasiadas, que
tenían razón aquellos que en último término habían luchado para rebajar
esa condición y fueron 40, y ahora son 35. También convergía en este tema
otro elemento que era la imposibilidad técnico-administrativa del control
de la veracidad de las situaciones personales de necesidad. Otro elemento
era una cierta aquiescencia explícita o tácita, activa o pasiva, de los
agentes sociales y de las autoridades administrativo-gubernativas de los
ámbitos provinciales y regionales. Fue todo un clima de consenso social
en función del cual se generó esta situación. La unión de estos elementos
produjo una situación en la que las responsabilidades que finalmente han
ido decantándose hacia la imputación estrictamente personal de los
antedichos sentenciados eran colectivas, del conjunto de la sociedad, y
hasta del mismo sistema imperfecto de protección social de que por aquel
entonces nos dotábamos. Sin embargo, señorías, poco a poco se ha ido
aclarando la situación. Ya la opinión pública ha ido censurando las
actuaciones fraudulentas, irregulares, de algunos particulares, así como
las imperfecciones del sistema protector. Las dos cosas ha ido censurando
la opinión pública. También los agentes sociales han concertado con los
gobiernos sucesivos los respectivos acuerdos que han dado lugar a los
correspondientes decretos de ayuda por parte de los gobiernos de turno
precisamente en el sentido de minorar el rigor de los requisitos. También
se ha ido aclarando la falsedad de algunas injustas imputaciones que se
hacían a las prestaciones como privilegiadas o discriminatorias respecto
a otras comunidades autónomas no perceptoras de estas ayudas.

Por tanto, sin que se haya acabado definitivamente el problema ni se haya
llegado a un sistema perfecto, sin embargo, hoy podemos decir que estamos
en unas condiciones diferentes desde las que de alguna forma podemos
analizar con cierta óptica deformada la realidad. La conciencia social
aprecia ahora mismo, sobre todo en el ámbito desde el que parte esta
proposición no de ley, andaluz y de la provincia de Granada en concreto,
que atribuir las responsabilidades de entonces a las actuaciones
personales de algunos munícipes o de algunos jornaleros en particular es
ciertamente desmesurado, y no porque no se han ajustado a legalidad las
sentencias, la censura jurídica. Por otro lado, estas sentencias no
zanjan el problema de una forma enteramente justa en el sentido antes
mencionado. Ni la responsabilidad personal está estrictamente
desvinculada del fenómeno social descrito, ni puede nadie afirmar que
todos los culpables y estamentos implicados hayan sido tratados de igual
forma. Es curioso ver cómo entre los sentenciados no aparece ningún
empresario privado; solamente los empresarios públicos, es decir, los
munícipes, los alcaldes, etcétera, y los jornaleros. Cuestión curiosa,
como digo. Es un detalle que conviene plasmar aquí para manifestar que
efectivamente ha habido una campaña para ir clarificando las
irregularidades e ir censurando, desde el punto de vista administrativo,
esas irregularidades. En fin, una especie de campaña de escarmiento, para
decirlo de una forma gráfica --y que se me perdone quizá el exabrupto--
pero en cualquier caso lo cierto y verdad es que efectivamente se ha
conseguido un resultado. Sin embargo, la justicia choca a veces con la
justeza de la proporción de la medida y también de la imputación de las
responsabilidades. Tampoco parece creíble otro elemento, que las
actuaciones fraudulentas, irregulares, se hayan podido circunscribir a un
número escaso de pueblos de prácticamente una provincia como Granada. Por
el contrario, más bien parece conveniente resolver el pasado con
generosidad hacia todos y reconducir la situación sin dejar víctimas
innecesarias en el camino. Se irán produciendo en el futuro sentencias y
situaciones como las de los jornaleros que he comentado de Iznalloz en
distintos pueblos de Granada y puede ser que en menor número de otras
provincias. Se están produciendo sentencias que no solamente afectan a la
economía familiar y personal de los trabajadores reos de las sentencias
comentadas sino también a la economía, a los presupuestos de pueblos
como, en concreto, el municipio de Pinos-Puente que va a tener que
devolver, según esa sentencia, 990 millones de pesetas a la
Administración. Y ustedes me dirán qué tiene que hacer un pueblo de esas
características de nuestra geografía para poder compatibilizar la
correcta administración de los servicios públicos que tiene que realizar
y, al mismo tiempo, la devolución vía presupuestos de esas cantidades
indebidamente percibidas.

Por consiguiente, esta situación implica para nosotros la necesidad de
hacer un gesto generoso por parte de la Administración, un gesto generoso
con el pasado que resuelva de forma definitiva no sólo la situación
personal, que no es ése el tema, sino este fenómeno social que se produjo
en una época concreta y respecto del cual nosotros deberíamos solventar
correctamente la cuestión para resolver nuestra historia de forma
conveniente y no buscando reos, buscando cabezas de turco. Por tanto,
Izquierda Unida plantea la siguiente proposición no de ley: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a la condonación de las deudas
contraídas



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con el Inem mediante las sentencias condenatorias a actuaciones
fraudulentas respecto al subsidio del PER, tanto de los particulares como
del ayuntamiento de Pinos-Puente, así como el criterio de actuar de igual
forma con respecto a aquellos otros trabajadores y ayuntamientos que en
el futuro y por causas similares derivadas de actuaciones con respecto al
PER pudieran sobrevenir.




El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda presentada a esta
proposición no de ley. ¿Grupos que deseen fijar su posición?
Por el Grupo Socialista doña Isabel López i Chamosa tiene la palabra.




La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, nos encontramos ante una
proposición no de ley en la que lo lamentable es que tengamos que tratar
este tema hoy aquí, porque supongo que ninguno apoyamos, en ningún caso,
ningún tipo de fraude en esta situación ni en cualquier otra. Nosotros
hoy tenemos aquí una papeleta complicada, dicho en términos coloquiales
que usaríamos diariamente en la calle. No es lo mismo hoy, en esta sala
y por unos representantes del pueblo como nosotros, analizar una
situación desde la lejanía, que es muy fácil porque nos cubrimos diciendo
que vamos a defender la legalidad, el orden y la ley, y hasta nos
quedamos satisfechos; no es lo mismo, digo, que trasladarnos a una
situación crítica de unos ciudadanos de nuestro país, con un paro a los
niveles en que tendría que estar no ahora sino en los tiempos en que se
produjo la situación que luego dio pie a esta condena, que teóricamente
nos debe hacer reflexionar sobre que algo deberíamos hacer para paliarla.

A veces uno se hace la reflexión de que la ley es igual para todos. Yo
estoy convencida de que es igual para todos, pero a veces es más fácil
llegar al pequeño fraude y condenarlo que al grande. Siempre se nos
escapan por arriba, nunca por abajo. La verdad es que al menos para la
que habla es preocupante. Repito que para hablar de este tema me tengo
que trasladar a la situación en el tiempo en que se da y la precariedad
que tiene que haber. Pensemos qué no haríamos cualquiera de nosotros en
la situación de un padre de familia que se ve en la necesidad de buscar
supongo que el sustento para poder llegar a final de mes o para poder
comer una semana. Es una situación precaria que a lo mejor a muchos de
nosotros, desde nuestra posición, se nos hace difícil ver, pero es una
realidad. Pensando sólo de esa manera mi grupo va a votar esta
proposición. Ahora bien, pediríamos al proponente que donde habla de
actuaciones fraudulentas hablara de situaciones irregulares, suavizándolo
un poco, pues en realidad nos lleva a lo mismo. Y repito lo que ha dicho
el proponente, que de vez en cuando a nuestra sociedad le gustaría
encontrarse con una sentencia que condenara a algún empresario privado
que hace un montón de fraudes y que nunca se sabe cómo se puede escapar,
y el pobre trabajador que lo hace para subsistir siempre acaba pagando.

Repito que vamos a apoyar esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra don Amador
Alvarez.

El señor ALVAREZ ALVAREZ: Señor presidente, intervengo en nombre del
Grupo Popular para fijar nuestra posición en esta proposición presentada
por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la
condonación de deudas al Inem. Señorías, creo que todos conocemos la
realidad y las graves limitaciones que tiene el medio rural,
especialmente en Extremadura y Andalucía; limitaciones para el progreso
y el desarrollo. Prácticamente la mayoría de su población vive del sector
primario agrícola, y esto hace que la única fuente de ingresos que
tienen, que es ésta, a veces sea insuficiente para poder abordar las
necesidades que tienen los ciudadanos, miles de familias que han querido
quedarse a vivir en este medio donde nacieron y se criaron, pues tienen
graves dificultades. La escasez de recursos de estas personas que se
quedaron a vivir en medios rurales, especialmente en estas dos regiones,
hizo necesario poner en marcha, allá por el año 1984, el Plan de Empleo
Rural, el PER, que pretendía fomentar iniciativas locales de empleo en
los períodos entre las recolecciones de los diversos productos agrarios,
puesto que estas recolecciones temporales no proporcionaban los ingresos
necesarios para mantener con dignidad a una familia acorde con las
necesidades de la vida actual.

Desde el Partido Popular compartimos el fondo de este planteamiento
porque creemos en una sociedad justa, equitativa y solidaria. Y la
sociedad rural de Extremadura y Andalucía necesitaba entonces, y sigue
necesitando, de una actuación, de una atención generosa y extraordinaria
por parte de todos. El Gobierno actual ha demostrado ser sensible a esta
situación y ha puesto en marcha, continuando con los anteriores planes de
empleo, el Acuerdo para el empleo y la protección social agraria, el
Aepsa, que mejora el funcionamiento y la efectividad del antiguo y
pervertido PER; porque el PER efectivamente, es justo reconocerlo,
resolvió muchas situaciones de necesidad en Extremadura y en Andalucía,
pero realmente cuando tuvimos conocimiento desde nuestro grupo político
de que se estaba utilizando electoralmente por parte de alcaldes y otras
administraciones públicas, cuando se descubrían constantes anomalías e
irregularidades, compra de peonadas, fraudes en la percepción de
prestaciones, etcétera, nos vimos obligados a denunciar que esta
situación no era posible, y dimos a conocer a la sociedad lo que era la
perversión del sistema: un sistema que nacía con un sentido y un objetivo
claro de ayudar al medio rural, a las poblaciones que están viviendo
allí, se estaba pervirtiendo y se estaba convirtiendo en otra cosa. Y por
culpa de aquellos que abusaron fraudulentamente del sistema se generó en
la opinión pública el criterio de que los jornaleros extremeños y
andaluces eran unos aprovechados. Y nada más lejos de la realidad, porque
la mayoría actuaron con honradez para obtener los ingresos necesarios
para el mantenimiento de su familia, y precisamente esta proposición que
hoy nos trae el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya lo que
plantea es que se condonen las deudas, se perdonen las deudas que tienen
con el Inem aquellos que incumplieron precisamente las normas
establecidas, porque realmente lo que es injusto es que aquellos que
cumplen las normas tengan que pagar los vicios de aquellos que las
incumplen



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constantemente, aquellos que cometieron fraudes para la percepción de
prestaciones, seguramente en aquel momento aconsejados por cantos de
sirena que después les han abandonado cuando han visto que se les podía
exigir alguna responsabilidad.

Ante esta propuesta del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
podemos decir, parafraseando a aquel famoso torero del primer tercio del
siglo, que «lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible».

Desde el Grupo Popular no podemos apoyar esta iniciativa, y no podemos
apoyarla por varias razones. En primer lugar porque hay un Real Decreto,
el 1637/1995, de 6 de octubre, que se refiere al reglamento general de
recaudaciones de los recursos del sistema de Seguridad Social, que dice
textualmente: Las deudas con la Seguridad Social, incluidas las de
desempleo, sólo podrán ser objeto de condonación, exoneración o perdón en
virtud de norma con rango de ley, en la cuantía y con los requisitos que
en la misma se determinan. Por lo tanto estaríamos infringiendo una
norma, y no es precisamente el Congreso de los Diputados el que debe dar
ejemplo de incumplimiento de normativas legales, puesto que somos los
encargados, entre otras cosas, de elaborarlas y hacerlas cumplir. Y en
segundo lugar, se produciría una injusticia, a pesar de que todos
reconocemos el estado de necesidad de muchos de los que tienen que hacer
esta devolución, injusticia porque el INEM establece que el reglamento de
prestaciones por comisión de fraude en cualquier sector es de obligado
cumplimiento. Y si solamente se hiciera una condonación de deuda a los
trabajadores que han cometido fraude en el subsidio del REA, supondría
una discriminación, y sobre todo un agravio comparativo con el resto de
trabajadores que a continuación vendrían a decir por qué unos sí y otros
no.

Sin embargo, este Gobierno ha demostrado su preocupación y sensibilidad
con aquellos que, por carecer de medios suficientes, no podrían devolver
al INEM o a la Seguridad Social deudas contraídas con anterioridad sin
grave quebranto de esas economías francamente escasas. Somos conscientes
de esta situación, y por eso, con fecha del 25 de agosto de 1997, este
Gobierno (y no los gobiernos anteriores del PSOE, que han podido hacerlo
antes), antes de que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presentara esta proposición no de ley, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del director general del INEM, ha elaborado una
circular sobre fraccionamiento del reintegro de las prestaciones
indebidamente percibidas. Y esta circular establece, en primer lugar, que
el artículo 34 del Real Decreto 625/1985 contempla la facultad del INEM
para efectuar las correspondientes compensaciones o descuentos en
prestaciones por desempleo indebidamente percibidas. Aquí se establece la
norma, y afecta especialmente al objeto de esta proposición no de ley,
pues en las instrucciones de desarrollo de la misma se dice que si la
prestación a percibir corresponde al subsidio para trabajadores
eventuales del régimen especial agrario de la Seguridad Social...

(Rumores.)
Quería decir que con esta circular creemos que queda resuelto el problema
de fondo que planteaba esta proposición, porque establece con claridad
cuál es el efecto para poder acogerse a la devolución de estas cantidades
que no causarían trastorno. Y dice así el apartado 4.3: En los cobros
indebidos del subsidio REA, en cualquier situación del trabajador, bien
esté percibiendo el subsidio o no, se encuentre trabajando, en paro o
pase a ser pensionista, el 30 por ciento del importe mensual del subsidio
de daños de inicio del fraccionamiento más los intereses legalmente
establecidos.

Lo que planteaba la proposición en el fondo es que estos trabajadores
tuvieran facilidad para poder resolver las prestaciones cobradas
indebidamente. Creo, señor Vaquero, como portavoz de esta iniciativa, que
con la aplicación de estas normas elaboradas por el Gobierno del Partido
Popular se da cumplida satisfacción al fondo de esa proposición, y se
demuestra la atención precisa y prioritaria de este Gobierno a
situaciones de necesidad, pero siempre, como tiene que hacer cualquier
gobierno, dentro del marco de la legalidad y de la justicia.




El señor PRESIDENTE: Concluye así el debate de la proposición no de ley
sobre condonación de las deudas contraídas con el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) mediante las sentencias condenatorias a actuaciones
fraudulentas respecto al subsidio del Plan de empleo rural (PER).




--SOBRE REFORMA DE LA LEY 24/1997, DE 15 DE JULIO, DE CONSOLIDACION Y
RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA HACER COMPATIBLE LA
PENSION DE ORFANDAD CON LA REALIZACION POR PARTE DEL BENEFICIARIO DE
TRABAJOS LUCRATIVOS POR CUENTA AJENA O PROPIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000679).




El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a debatir la proposición no de
ley sobre reforma de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, para hacer compatible la
pensión de orfandad con la realización por parte del beneficiario de
trabajos lucrativos por cuenta ajena o propia, que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra don Gerardo
Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Esta proposición no de ley presentada por mi grupo
no es que venga a reabrir un debate, pero sí nos coloca ante un debate
viejo en el sentido temporal de que ya lo hemos mantenido en esta Cámara,
aunque no por ello deja de ser un debate, a juicio de este diputado,
sugerente y sobre todo un debate necesario. Un debate necesario porque,
en primer lugar, debería preocuparnos a los parlamentarios, a los
legisladores, mantener cierto rigor entre lo que aprobamos, el contenido
de las leyes y sus partes expositivas. Y lo digo porque a tenor de la
literalidad de la proposición no de ley se ve claramente que lo que en
primer lugar solicitamos es la adecuación de una



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norma dispositiva, como es la Ley de consolidación y racionalización de
nuestro sistema de protección social aprobada por este Parlamento, con la
propia exposición de motivos de la misma. En la exposición de motivos de
esa ley, aprobada además por un amplísimo espectro político en este caso,
constaba claramente la mejora sustancial del tiempo de duración de las
pensiones de orfandad y además la compatibilidad de las mismas con las
rentas salariales hasta un tope determinado. En cambio, en lo que fue el
texto del articulado se desconocía esta mejora o esta nueva modalidad,
toda vez que se mantuvo la redacción que tenía la ley en el momento de
presentación como proyecto. En su momento, por diversas disquisiciones
legítimas por parte de todos los grupos parlamentarios, no se aceptaron
enmiendas transaccionales que nuestro grupo presentó tanto en el debate
del Congreso, como en el caso del Senado.

El trámite de enmiendas que nuestro grupo pretendió era el más adecuado,
toda vez que entendíamos que los acuerdos en una materia tan sensible
como ésta debían ir acompañados de un máximo de consenso social. Y como
a ese artículo había enmiendas de otros grupos parlamentarios,
entendíamos que la fórmula de la enmienda transaccional era la mejor para
intentar conseguir un amplísimo consenso en una materia tan sensible,
reitero, como ésta. No se consiguió en su momento, señorías, y por lo
tanto nos vimos obligados desde el Grupo Parlamentario Popular a
presentar esta proposición no de ley que obedece a tres claros
principios. En primer lugar, a que nuestro sistema de protección social
alcance cada día mayores cotas, mayores grados de justicia, y creo que el
contenido de nuestra proposición no de ley se encamina hacia esa
dirección. En segundo lugar, a que nuestro sistema de protección social
sea cada día más solidario, y, evidentemente, la solidaridad bien
entendida no empieza por uno mismo, sino en este caso por los más
desfavorecidos o los más necesitados --y el colectivo de huérfanos lo
es--. Y, en tercer lugar, porque hay que hacer compatibles ese principio
de justicia social y ese principio de solidaridad con los principios de
contribución y equidad que rigen nuestro sistema de protección social.

Por lo tanto, señorías, haciendo compatibles esos principios que se
recogen en el contenido de nuestra proposición no de ley, tampoco debemos
olvidar el marco temporal en que nos movimos y nos movemos, en el momento
en que se propuso y en el momento en que estamos teniendo este debate. Es
un marco en el que todos los grupos, o al menos una amplísima mayoría de
los grupos políticos con representación parlamentaria, llegamos a un
amplísimo consenso sobre cuáles debían de ser las medidas que
garantizaran la viabilidad de nuestro sistema de protección social, que
consolidaran nuestro sistema de protección social frente a ciertos malos
augurios que algunos pretendían hacer llegar al resto de la sociedad. Y
ello --llegamos también a una conclusión-- sólo se iba a conseguir si
todos partíamos del convencimiento de que sólo un crecimiento ordenado de
nuestro sistema sería capaz de asegurar su viabilidad y su mantenimiento
para generaciones futuras. Evidentemente, ello traía consigo una segunda
conclusión que es la que este grupo tiene muy en cuenta a la hora de la
propuesta que realiza en su proposición no de ley: no se pueden ni se
deben exigir al sistema esfuerzos que pudieran poner en peligro su
viabilidad, que pudieran poner en peligro la garantía de futuro para las
generaciones de españoles que tienen que venir. Por lo tanto, esos
esfuerzos sólo se deben exigir a nuestro sistema en situaciones que
verdaderamente requieran esta protección social. Por ello, esta
proposición no de ley lo que persigue es que, si la Ley de consolidación
y racionalización de nuestro sistema de protección social de la orfandad
ampliaba la duración, con el objeto además de posibilitar ese acceso por
parte de los huérfanos durante ese tiempo y hacerlo compatible con una
formación académica o profesional hasta los 21 ó 22 años, ello debía ser
compatible con la percepción de rentas salariales. Pero si bien es cierto
que ponemos un tope, un límite a esas rentas salariales, dado que es de
justicia --y creo que ahí coincidiremos todos-- que cualquier nivel de
rentas no conlleve automáticamente la pérdida de un derecho a pensión,
tampoco nos parece justo, al menos a mi grupo, facilitar recursos a
personas que se encuentran en disposición o en situación de procurarse
los medios de subsistencia. Nos parecía injusto llevarlo hasta ese
extremo porque lo que queremos evitar es que cualquier huérfano de este
país deje de tener acceso a la necesaria formación académica o
profesional simplemente porque por la condición de huérfano no pueda
tener el nivel de rentas que le permitiera seguir con esos estudios. Y
por ello entendemos que se deben compatibilizar evidentemente las rentas
salariales con la percepción de la prestación de orfandad. Pero
convendrán conmigo, señorías, que una persona en formación no dedica la
totalidad de su tiempo (evidentemente dejando de lado el que dedique al
ocio) al trabajo, sino normalmente parte del mismo. Por ello,
establecemos un límite de referencia que haga compatible justamente esa
percepción con lo que serían trabajos esporádicos o trabajos a tiempo
parcial.

Queremos, en conclusión, señorías, que garantizando la viabilidad de
nuestro sistema adoptemos las mejoras necesarias y posibles respecto a
aquellos colectivos más necesitados, como puede ser el de los huérfanos.

Y por ello presentamos el pasado mes de septiembre esta proposición no de
ley, proposición no de ley que, como todas las proposiciones no de ley,
señorías, insta al Gobierno a que adopte algún tipo de actuación o
reforma, como es la que se contenía en la misma. En este caso, el
Gobierno ha ganado por la mano a su propio grupo parlamentario y creo que
al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara, en la medida en que
estuvieran de acuerdo con la proposición no de ley a la que he hecho
referencia, porque demostrando ese talante y esa sensibilidad social que
normalmente demuestra respecto a los colectivos más desfavorecidos de la
sociedad, ha incluido la reforma que nosotros pretendíamos en esta
proposición no de ley en la ley de acompañamiento que ya ha tenido
entrada en esta Cámara.

Por todo ello, señorías, y entendiendo el debate necesario, riguroso y,
por lo tanto, también sugerente para este parlamentario, procedemos en
este instante a retirar la proposición no de ley a efectos de su
votación. (Rumores.)



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El señor PRESIDENTE: El señor Camps ha tenido una buena ocasión para
exponer sus juicios antes de la retirada. (La señora López i Chamosa pide
la palabra.) Si está retirada, no hay nada que debatir ni fijar
posiciones, porque no hay nada sobre lo que fijar posiciones, señora
López.




La señora LOPEZ I CHAMOSA: A mí sí me gustaría...




El señor PRESIDENTE: No ha lugar, señora López i Chamosa; guarde
silencio, por favor.

Vamos a proceder a la votación de las distintas proposiciones no de ley
debatidas por el orden que han sido debatidas.

Comenzamos con la votación de la proposición no de ley sobre menores
tutelados.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Se somete a votación la proposición no de ley sobre el nuevo enfoque que
debe asumir la revista Minusval, presentada por el Grupo Socialista, a la
que se ha incorporado la enmienda que se había presentado.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Tercera proposición no de ley sobre mantenimiento de los actuales niveles
de empleo de la empresa Ericsson, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la incorporación
de una enmienda del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Sometemos a votación la proposición no de ley para un mayor
aprovechamiento social de La Casa del Mar de la población de A Guarda
(Pontevedra) presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Votación de la proposición no de ley en relación con la situación de la
población en el mundo, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, con la incorporación de las enmiendas 1,
2 y 4 del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Finalmente, proposición no de ley sobre condonación de las deudas
contraídas con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), mediante las
sentencias condenatorias a actuaciones fraudulentas respecto al subsidio
del Plan de empleo rural (PER), del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.




Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política
Social y Empleo, del martes, 21 de octubre de 1997, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.