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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 308, de 21/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 308
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL CISNEROS LABORDA
Sesión núm. 12
celebrada el martes, 21 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la ponencia encargada de informar la proposición de Ley
orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de
Cataluña. (Número de expediente 122/000087) (Página 9074)
Emitir dictamen a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, sobre
la proposición de Ley orgánica de transferencia de competencias
ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Presentada por los Grupos Parlamentarios
Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 122/000087) (Página 9074)
Comparecencia de la señora Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (Iglesias Cano), para informar sobre la actuación y
proyectos del citado Centro. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
212/000754) (Página 9082)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA DE TRANSFERENCIA
DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN MATERIA DE TRAFICO Y CIRCULACION DE
VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (Número de
expediente 122/000087).
El señor PRESIDENTE: Vamos a celebrar la sesión número doce de esta
comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Tengo que empezar
por solicitar la autorización del pleno de la Comisión para introducir
una rectificación en el orden del día, toda vez que por una mera omisión,
probablemente atribuible a los servicios informáticos de la Cámara, no se
ha incluido el punto primero preceptivo en orden a la ratificación de la
composición de la ponencia informante de la proposición de ley orgánica
de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
¿Autoriza la comisión la introducción de este punto del orden del día?
(Asentimiento.) Muchas gracias, señores comisionados. En consecuencia, el
primer punto del orden del día consistiría en la ratificación de la
ponencia informante de la mencionada proposición de ley.
La ponencia queda integrada por don Manuel Seco Gordillo, don Ignacio Gil
Lázaro, don Jordi Pedret i Grenzner, don Josep López de Lerma i López,
don José Carlos Mauricio Rodríguez, don Jesús María López-Medel Bascones,
don Pere Jover i Presa, don Francesc Frutos Gras, doña Margarita Uría
Echevarría y doña Pilar Rahola i Martínez. ¿Queda ratificada?
(Asentimiento.) Por asentimiento queda ratificada la composición de la
ponencia.
--EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL
INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA
DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN MATERIA DE TRAFICO Y
CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA.
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN
DE CONVERGéNCIA I UNIO (Número de expediente 122/000087).
El señor PRESIDENTE: Podemos introducirnos en el trabajo del dictamen de
esta proposición de ley orgánica tomada en consideración por el Pleno de
la Cámara y presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios
Popular y de Convergència i Unió.
Al informe de la ponencia se han presentado y están vivas dos enmiendas.
La enmienda número 1 es a la disposición transitoria única y está
suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor presidente, con toda brevedad, puesto que
esta enmienda se defiende por sí misma. Leyendo su contenido creo que
queda bastante clara. Lo que nosotros pretendemos no es en absoluto
cuestionar la transferencia de esta competencia a la Generalitat de
Catalunya, por supuesto que no; lo único que planteamos es la
conveniencia de que los miembros de las agrupaciones de Tráfico de la
Guardia Civil que actualmente están destinados en Cataluña y que estén
prestando servicios en esta actividad, puedan incorporarse a la división
central de Tráfico de la Policía de la Generalitat
Mossos d'Esquadra, por supuesto realizando los concursos que sean
necesarios en igualdad de condiciones con los demás participantes.
No se trata de una integración automática, puesto que estamos ante una
transferencia que es de sustitución, pero, eso sí, ya que el Gobierno de
la Generalitat convoca concursos --por cierto, ha convocado ya sin
esperar a que esta ley sea aprobada--, que se haga en condiciones de
igualdad y que los actuales componentes de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil puedan participar en los mismos, repito, en condiciones de
igualdad con el resto de los participantes, lo cual significa sin cupos
limitativos.
Básicamente esta enmienda tiene dos objetivos que me parece que están
bastante claros. En primer lugar, pretendemos que se asegure la máxima
eficacia en el servicio del control de tráfico durante un período que,
como todos los períodos transitorios, será difícil, y con ello quiero
dejar muy claro que mi grupo no tiene ninguna duda sobre la eficacia,
sobre la profesionalidad, sobre la dedicación que en su día tendrá la
Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra, a este servicio, ninguna
duda; por tanto, que no se vea ahí ningún tipo de resquemor, de
desconfianza al respecto. Ahora bien, repito, se trata de un período
transitorio y como todos los de este tipo un período difícil. No se
olvide, además, que estamos hablando de una actividad, de un problema que
hoy día, y sobre todo en los últimos meses, está demostrando una
siniestralidad importante, y todo lo que hagamos en este sentido para
garantizar la máxima eficacia del servicio creo que será bueno.
Nos parece que es bueno que ya que hay en las provincias de Cataluña --en
Girona, para empezar y después en las que vengan-- una agrupación de
tráfico de la Guardia Civil, con personas que han demostrado a lo largo
de años su profesionalidad, su eficacia, por qué no vamos a utilizar, en
la medida de lo posible, esa eficacia, sin que ello en absoluto cuestione
el hecho de que estamos ante una transferencia de sustitución y que será
la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra la que se haga cargo de
este servicio.
En segundo lugar, señor presidente, y con ello ya acabo, estamos ante un
problema también humano, el problema de un conjunto de familias que viven
en Cataluña desde hace muchos años, que están prestando sus servicios
allí y que como consecuencia de esta transferencia de competencia,
que se dice es de sustitución, posiblemente tendrán que abandonar sus
casas, sus allegados, sus amigos e irse, como funcionarios que son de la
Guardia Civil, a otros lugares. Se me dirá que son muy pocos; se me dirá
que actualmente es un problema que solamente afecta en Girona a cincuenta
o sesenta familias. Son muy pocos de momento, pero luego vendrá Lleida,
Tarragona y Barcelona, y son varios miles los pertenecientes a la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cataluña que podrán verse
afectados por esta transferencia. Por tanto, señor presidente, creo que
éstos son temas que hay que tener en cuenta.
Para acabar, y como último argumento, resulta, y ya lo sabemos todos, que
los concursos que se han convocado para proveer las plazas de esta
división central de Tráfico de la Policía de la Generalitat, Mossos
d'Esquadra, los primeros que se convocaron para cubrir las plazas de
Girona --que si no me equivoco eran 187 reservadas a Mossos d'Esquadra--,
no se cubrieron ya como participantes ni siquiera una parte de ellos, y
en la primera criba habían
caído unos cuantos más. De manera que ya que ni siquiera se van a
cubrir las plazas reservadas para personas que proceden del cuerpo de
Mossos d'Esquadra, por qué, si no se van a cubrir estas plazas, no se
aprovecha para personas que haciendo las pruebas podrían realmente
integrarse en este cuerpo.
Por todo ello, señor Presidente, pido el voto favorable a esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Aunque la enmienda suscrita por el señor Alcaraz
tiene una formulación distinta en su literalidad de la del Grupo
Socialista, sin embargo, el emparentamiento de su objeto, entiendo, y de
sus conceptos, nos permitiría formar mejor criterio y encauzar mejor el
debate si diéramos ahora la palabra al segundo enmendante, el señor
Alcaraz, para la defensa de su enmienda número 2.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, en nombre de Nueva Izquierda
quiero indicar nuestro apoyo global al proyecto que se trae por
considerar que es un elemento importante en la estructuración del Estado
de las autonomías, y más en una comunidad autónoma como la catalana, con
una tradición de policía autonómica que entendemos debe ser reforzada y
que debe asumir el máximo de capacidad de gestión, de trabajo y de
eficacia posible. Sin embargo, defendemos esta enmienda en el sentido de
que ese extraño concepto de una especie de cupo reservado que no podría
limitarse para los actuales funcionarios de la Guardia Civil en materia
de tráfico no nos parece de recibo.
La señora Mercé Rivadulla, en el momento de la toma en consideración,
aludía, por ejemplo, a la confusión que se genera en la propia Comunidad
Autónoma de Cataluña cuando se ha debatido el tema. El señor Alberto
Fernández Díaz, presidente del Partido Popular en Cataluña nos dice, y
sale en los medios de comunicación, que la forma en que se ha realizado
ese traspaso es un verdadero ejercicio de miopía política y policial, y
añade que el Gobierno catalán es prisionero de los sectores más
nacionalistas de Convergència i Unió. Por otra parte, Convergència i Unió
nos dice que ha sido un acto absoluto de generosidad, ya que Interior no
pidió ni una sola plaza para los guardias civiles, es más, el Conseller
Pomes dice que el Ministro Oreja, al parecer, mostró su sorpresa cuando
se lo propuso el propio Conseller.
Nos encontramos, por tanto, ante una situación sin duda extraña y
contradictoria con los propios principios que deben regir una
estructuración armónica del Estado de las autonomías, por un lado, y un
funcionamiento normalizado y eficaz de la actuación policial. Por eso, la
enmienda que defiendo lo que pretende es que se tenga en cuenta la
aportación de actuales funcionarios de la Guardia Civil que demostraran
experiencia y profesionalidad en materia de tráfico y voluntad de
permanencia en el territorio de la comunidad autónoma, a reserva del
futuro desarrollo legal que matizara y desarrollara, lógicamente, estos
conceptos.
A nuestro modo de ver --y sin duda debo reiterar, como no podía ser de
otra manera, algunos de los argumentos aportados por el diputado que ha
intervenido anteriormente en nombre del Grupo Socialista--, el sistema
propuesto --y según la propia delegada del Gobierno ha dicho en algunas
declaraciones de los 1.200 guardias civiles que hay actualmente en
Cataluña 699 se tendrían que ir--, de aprobarse esta norma tal y como se
nos propone, significaría unos límites a derechos subjetivos que podrían
chocar incluso con preceptos constitucionales.
En segundo lugar, seguramente nos encontraríamos con una ocasión en que
no sólo no se aprovecharía la experiencia acumulada, una experiencia
normalmente bien vista por el conjunto de la población catalana sobre la
eficacia en el servicio de apoyo a actividades relacionadas con la
conducción, en general con la Guardia Civil de Tráfico, sino que
entendemos que es un desperdicio, como digo, de experiencia y
profesionalidad que no parece que sea lo más asumible desde el punto de
vista de los objetivos que la propia transferencia pretende.
Finalmente, nos encontramos también con situaciones humanas y familiares
complejas y complicadas, que pueden provocar situaciones indeseables de
conflicto que podrían ser malinterpretadas desde sectores que se negarían
seguramente a cualquier tipo de transferencia de esta clase. Pero por
encima de ello entendemos que, en una materia como ésta, esas situaciones
humanas y familiares deben ser tratadas de manera mucho más exquisita que
como lo hace el texto que ahora se nos remite. Por ello defendemos esta
enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra en nombre de la ponencia, el
señor López de Lerma tiene la palabra.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Efectivamente, las enmiendas que se han
mantenido y defendido en este trámite tienen como finalidad, así lo han
expresado los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Mixto,
garantizar la incorporación de miembros de la Guardia Civil en la Policía
de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, en el momento en que el Gobierno de
la Comunidad Autónoma de
Cataluña asuma las competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor.
Respecto de estas dos enmiendas, que teniendo un objetivo igual diría que
tienen redacción distinta y contenido conceptual también distinto, cabe
señalar lo que dice la Constitución en su artículo 150.2, que es el
artículo que permite al Estado transferir o delegar a las comunidades
autónomas, mediante ley orgánica, facultades que corresponden al propio
Estado; es decir, a materias de titularidad estatal que por su propia
naturaleza son susceptibles de transferencia o de delegación. Y establece
ese mismo artículo, además, que la ley preverá, en cada caso concreto, la
correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas
de control que se reserven al Estado.
De acuerdo con este artículo, a esta futura ley orgánica de
transferencias, que procede de una proposición de ley avalada por el
Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), le corresponde únicamente precisar las
competencias de ejecución de la legislación estatal que en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor se confiere a la Generalitat,
y es, por tanto, impropio de una ley orgánica de esta naturaleza,
derivada del artículo 150.2 de la Constitución, una previsión que prevea
--permítame la redundancia-- el traspaso de medios personales. En ese
sentido, no existe ningún precedente de transferencia de personal en las
distintas leyes orgánicas de transferencias de competencias. Nadie habló
ni nadie enmendó, vía personal, es decir referido a funcionarios, la Ley
orgánica de transferencia de competencias de titularidad estatal a la
Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley orgánica de transferencias de
competencias a distintas comunidades autónomas que accedieron a la
autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y que vieron
incrementado su llamado techo competencial; la Ley orgánica de
transferencia de otras competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia;
ni tampoco la Ley orgánica complementaria de la ordenación del comercio
minorista. En ninguna de estas leyes, que obviamente me puede decir que
son de distinto contenido y de distinta finalidad --en todo caso, todas
ellas se fundamentan en el artículo 105.2--, se habla de una previsión de
traspaso de medios personales. No podía haber enmiendas en ese sentido, y
no debería haberlas hoy ante esta proposición de ley, porque --reitero--
se trata de precisar las competencias de ejecución de la legislación
estatal, que en este caso lo serían en materia de tráfico y circulación
de vehículos a motor hacia la Generalitat de Catalunya, y es impropio la
previsión de traspaso de medios personales. En ninguna de estas leyes,
que son nuestros antecedentes más cercanos, repito, hay esta previsión de
transferencia de funcionarios.
Otro aspecto a considerar es que la Generalitat, en virtud de algo que es
lógico e inherente al concepto de autonomía política, que prevé, que
contempla, que desarrolla y que define nuestra Constitución, y en virtud
de sus competencias exclusivas de autoorganización, previstas
precisamente en la Constitución, artículo 148, o en su Estatuto de
Autonomía, artículo 9, tiene plena potestad para regular y organizar el
Cuerpo de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra y, por tanto,
cualquier previsión sobre esta materia en una ley orgánica estatal iba a
vulnerar --que es lo que pretenden, de hecho, las enmiendas, lo que
harían posible las enmiendas de ser aceptadas-- las competencias
exclusivas sobre autoorganización mencionadas que contempla y defiende
tanto la Constitución como el propio Estatuto de Autonomía. De acuerdo
con esa normativa, la Generalitat ha establecido los sistemas de acceso
al Cuerpo de Mossos d'Esquadra y los sistemas de provisión de los puestos
de trabajo de dicho cuerpo.
Por lo que respecta a la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de
Mossos d'Esquadra, que es el sistema que se ha autorizado en la
convocatoria para cubrir las plazas de la categoría de mosso del área
regional de tráfico de Girona --el que aquí se ha mencionado--, la
participación en las correspondientes convocatorias está reservada a los
miembros de dicho cuerpo, de acuerdo con el decreto 111/1996, de 2 de
abril, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de
trabajo del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. En ese sentido, cabe citar --y
aquí yo creo que de manera voluntaria se ha olvidado-- la existencia de
un auto dictado muy recientemente, el 8 de octubre pasado, por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en un recurso que se presentó contra el departamento de
Gobernaçio de la Generalitat en relación a la resolución por la que se
convoca concurso oposición para la provisión de puestos de trabajo de la
categoría de mosso en el área territorial de Girona, al que ha hecho
mención el digno portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En este
auto se reconoce que los puestos de una unidad especializada de la
policía autonómica han de ser cubiertos, se dice --leo textualmente--,
por efectivos del propio Cuerpo de Mossos d'Esquadra, cuando se dice que
es obvio, además, que la Administración --y cito literalmente-- demandada
--en este caso la Generalitat-- al configurar una unida especializada de
nueva creación, necesariamente debe nutrirse de sus propios efectivos. No
obstante, el Gobierno de la Generalitat, de acuerdo con la norma relativa
a la regulación de movilidad de los funcionarios que provengan de los
cuerpos policiales, ha permitido establecer qué puestos de trabajo de ese
Cuerpo de Mossos d'Esquadra pueden ser ocupados por miembros de dicho
cuerpo o bien de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este
caso, concretamente, de la Guardia Civil, obviamente con el requisito
previo de superar los procesos selectivos que se establecen. Por tanto,
lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía y lo acaba de
decir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que compete a la
Generalitat de Cataluña decidir sobre la posible incorporación de
personal de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al Cuerpo de
Mossos d'Esquadra. Lo contrario sería desconocer, sería negar las
potestades de autoorganización de la Generalitat.
Hay que hacer mención expresa a que, como aquí de pasada se ha señalado,
la implantación de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra
responde a un modelo de sustitución, y ese modelo de sustitución no fue
aprobado por el actual Gobierno del Estado de acuerdo con el Gobierno de
la Generalitat, sino que lleva fecha de octubre de 1994 y era, por tanto,
otro gobierno el estatal, no el Gobierno de la
Generalitat; y ese modelo de sustitución, acordado en la Junta de
Seguridad del 17 de octubre de 1994, se desprende, a su vez, de la Ley de
11 de julio de 1994, de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra,
aprobada, asimismo, por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Por
tanto, todos los pasos que se han ido dando se han basado en la
Constitución, se han basado en el estatuto, se han basado en la capacidad
de autoorganización de la Generalitat, se han basado en leyes del
Parlamento de Cataluña aprobadas por unanimidad y se han basado en
acuerdo de la Junta de Seguridad, integrada la misma por
representacionesdelGobiernocentral,en el año 1994 --obviamente también
hoy--, y por el Gobierno autonómico de Cataluña.
Ha sido este modelo de sustitución el que ha implicado que el ejercicio
de determinadas funciones en materia de seguridad ciudadana y protección
de bienes y personas haya dejado de realizarse por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, siendo asumidas por el personal del Cuerpo de
Mossos d'Esquadra. En ningún momento, el Gobierno del Estado de entonces
--y supongo que menos el Gobierno actual del Estado-- se cuestionó la
competencia, la eficacia, los problemas humanos y los límites de derecho
subjetivos, ni se ha querido desperdiciar experiencias ni
profesionalidades. Muy lejos de todo esto ha estado el entonces Gobierno
del Estado, el hoy Gobierno del Estado --que son de colores distintos--y
el Gobierno de la Generalitat. Han sido exquisitamente neutros, desde
esta perspectiva, y exquisitamente cómplices --si me permiten-- con lo
que señala la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los acuerdos
bilaterales y, además, con la Ley de creación de la Policía de la
Generalitat Mossos d'Esquadra --reitero--, aprobada por unanimidad en el
Parlamento de Cataluña.
Esto que hoy se produce aquí es un debate, para mí, extraño. No tiene
antecedente cuando se realiza el traspaso de los servicios del Estado al
País Vasco en materia de ejecución de la legislación estatal sobre
tráfico y circulación de vehículos. Cuando se produce esto, el 15 de
octubre del año 1982, nadie pone en duda eficacias, nadie habla de
problemas humanos ni de desperdiciar experiencias y profesionalidades; lo
que hubo fue un gran silencio, que yo debo interpretar por la vía del
respeto a la Constitución y del respeto al Estatuto de Guernika, no por
otra vía. Por tanto, no entiendo cómo hoy se nos plantean aquí cuestiones
que en 1982 jamás fueron planteadas respecto al País Vasco.
En conclusión, señor presidente, tal como venía diciendo anteriormente,
la fijación mediante ley orgánica de la previsión de traspaso de
funcionarios de la Guardia Civil a la comunidad autónoma no es procedente
por ser impropio de una ley orgánica de transferencias de competencias
por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Asimismo, la
determinación en la ley orgánica de la posibilidad de que el personal de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pueda participar en los
concursos que a tal efecto convoque la Generalitat, violaría las
competencias exclusivas de autoorganización que tiene atribuidas la
Generalitat vía Constitución, vía estatuto de autonomía, y que, además,
han sido puestas de manifiesto en el citado auto del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Jover tiene la palabra para consumir un
turno de réplica.
El señor JOVER PRESA: Voy a intervenir sin perjuicio de que
posteriormente el portavoz de mi grupo, señor Solé Tura, también añada
alguna cosa a esta intervención si el señor presidente lo permite.
Solamente quiero aclarar un par de cuestiones. Señor López de Lerma, que
quede muy claro que nosotros no planteamos una transferencia de personal,
en absoluto. Si usted se lee nuestra enmienda verá que ahí no se habla de
transferencia personal. Sabemos muy bien que ésta es una transferencia de
sustitución específica, diferente de las que prevé el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, y lo sabemos tan bien como que fue el Gobierno
socialista el que, como usted ha dicho, lo acordó en su momento. No
cuestionamos en absoluto ese acuerdo. Sabemos que ésta es una
transferencia diferente, tan diferente que no está prevista en el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, y por eso hoy estamos discutiendo
aquí, por eso tenemos que hacer una ley orgánica de las previstas en el
artículo 150.2 de la Constitución, si no, no haría falta hacerla. No
está, repito, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña; es más, el
Estatuto de Autonomía de Cataluña lo que dice es que en ningún caso se
puede transferir esta competencia, por eso no es una competencia
estatutaria, sino que es necesario hacer una transferencia del artículo
150.2 de la Constitución.
Por todo ello, señor presidente, en nuestra enmienda no planteamos una
transferencia de personal, en absoluto; sabemos que no se transfiere
entera la Guardia Civil a la Generalitat, como se hizo durante la II
República, ya sabemos que no. Si ésta fuera una transferencia de las
ordinarias, de las previstas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
señor López de Lerma, nuestra enmienda sería otra; nuestra enmienda sería
sencillamente que se aplique la disposición transitoria 6.4 del estatuto,
que dice que los funcionarios afectados por la transferencia, todos en
bloque, pasarán a depender de la Generalitat. Como sabemos que eso no es
así, como sabemos que ésta es una transferencia diferente, no prevista en
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y no de sustitución, nosotros, en
nuestra enmienda, no decimos que se transfiera el personal, lo que
decimos es que, habida cuenta de que el Gobierno de la Generalitat ya ha
escogido libre y autonómicamente un modelo, que es el modelo de crear una
división central de tráfico, cuyas plazas serán cubiertas mediante
concurso, y a este concurso podrán acceder, dice, de un lado los actuales
miembros de la policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra, y, de otro
lado, los actuales miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil (eso lo ha dicho el Gobierno de la Generalitat, no es que lo
digamos nosotros, señor López de Lerma); lo que decimos, repito, es que,
ya que se hace así, que se haga en igualdad de condiciones. ¿Por qué
establecer un cupo del 15 por ciento? ¿Por qué no del 10 o del 20 o del
30? ¿A qué se debe ese 15 por ciento? No quiero abrir un debate sobre
este 15 por ciento, que no viene al caso, pero sí decir que ha sido el
Gobierno de la Generalitat el que ha iniciado una vía, que
yo creo que es correcta, de decir: no es una transferencia de
sustitución, no hay transferencia de personal, pero los actuales
integrantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil podrán
participar en este concurso. Muy bien; estamos de acuerdo, señor López
Lerma, pero sin trámites, sin límites, sin cupos discriminatorios.
Sencillamente, que el concurso sea en igualdad de condiciones con los
demás participantes. Nosotros no planteamos otra cosa. No cuestionamos,
en absoluto, el modelo de transferencia, no cuestionamos que será la
policía de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, los que se harán cargo
de estas actividades; no lo cuestionamos en absoluto. Lo único que
decimos es que no se hagan discriminaciones, ya que se ha abierto la
posibilidad, que yo saludo y reconozco como buena, de que los actuales
integrantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil puedan
participar en esos concursos. Que participen, pero que participen en
condiciones de igualdad, insisto, sin cupos limitativos, porque eso
incluso podría plantear alguna duda en relación con lo que dice el
artículo 23 de la Constitución.
Quiero decir un par de cosas más. Aquí se ha mencionado un auto del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se ha mencionado, pero no se
ha mencionado todo lo que dice el auto y, para que quede claro, éste no
es un auto que cierre el caso, sino solamente el auto que ha dictado el
tribunal para pronunciarse sobre la demanda de suspensión cautelar del
acto impugnado; nada más. Lo único que ha dicho el Tribunal Superior es
que no procede suspender cautelarmente el acto impugnado, y ha dado una
serie de argumentos; argumentos que, como ha dicho el señor López de
Lerma, van a favor de lo que está haciendo el Gobierno de la Generalitat.
Pero ya dice el propio auto --y si hace falta lo leemos-- que esos
argumentos solamente son válidos en la medida en que sirven para lo que
se decide en ese momento, que es no acordar la suspensión del acto
impugnado, y no prefiguran, en absoluto, lo que se diga en su momento,
cuando haya sentencia. Digo esto para que quede claro, y el señor López
de Lerma, que conoce muy bien cómo funciona un proceso
contencioso-administrativo, sabrá muy bien que este acto lo único que
hace es aplicar lo que dice la ley de 1956, cuya regla general es la no
suspensión de los actos impugnados; nada más. El tribunal no ha dictado
sentencia sobre este tema.
Para terminar, quiero decir que creo que no es válida la referencia al
caso del País Vasco. El señor López de Lerma sabe muy bien que, en esta
materia, el Estatuto de Autonomía del País Vasco dice cosas muy
diferentes al Estatuto de Autonomía de Cataluña y que, precisamente por
eso, la transferencia de competencias al País Vasco en materia de
seguridad no se hizo mediante una ley orgánica de transferencias, sino
que está en el artículo 17.5 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y
es una cosa, insisto, completamente diferente. Por tanto, aquí las
comparaciones no valen y no procede hacerlas.
El señor PRESIDENTE: Como el señor Alcaraz renuncia a un nuevo turno,
tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Voy a intentar ordenar las diversas
ideas que ha expuesto el señor Jover y hacer la oportuna réplica.
Es cierto que el Estatuto de Autonomía del País Vasco dice algo distinto
en esta materia y precisa más que el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
pero no es menos cierto que el traspaso de servicios del Estado al País
Vasco en materia de ejecución de legislación estatal sobre tráfico y
circulación de vehículos se hace en el año 1982, gobernando el Partido
Socialista, sin que se obligue a cupos o a participaciones concretas y
sin entender como discriminatoria esa no participación de la Guardia
Civil en el cuerpo que se iba a formar, que es el calificativo que ha
utilizado el señor Jover. Es cierto, y así lo ha reconocido el señor
Jover, que en 1994 hubo un acuerdo entre el Gobierno central, presidido
por el presidente González, y el Gobierno de la Generalitat, presidido
por el presidente Pujol, sobre el modelo a desarrollar por la Policía de
la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, de acuerdo con una ley aprobada
unánimemente en el Parlamento de Cataluña, y se trata de un modelo de
sustitución, que es lo que el 17 de octubre de 1994 acordó por unanimidad
la Junta de Seguridad, integrada por representantes del entonces Gobierno
socialista del Estado y representantes del Gobierno de Convergència i
Unió en la Generalitat de Cataluña, pero allí no se planteó ese tema
porque, como digo, tampoco había el antecedente del País Vasco en cuanto
al planteamiento.
Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha dictado
una sentencia --yo ya he dicho que era un auto-- y es cierto que ha sido
dictado en función de una denuncia presentada --digámoslo así-- en
relación a un acto administrativo del Gobierno de la Generalitat. No es
menos cierto, sin embargo, que el auto profundiza en la exposición del
porqué de la denegación cuando dice que es obvio --reitero y cito
textualmente-- que la Administración demandada, la Generalitat, al
configurar una unidad especializada de nueva creación, debe nutrirse
necesariamente de sus propios efectivos. Por tanto, el auto va mucho más
allá de la simple denegación de la suspensión de un acto administrativo y
entra en el fondo de la cuestión, como no podía ser de otra manera, que
es reconocer la capacidad de autoorganización a Cataluña, a su Gobierno y
a su Parlament a través de la Constitución y de su Estatuto de Autonomía.
Respecto a si participan en condiciones de igualdad, sí lo hacen. Que
sepa, los guardias civiles que han optado por renunciar al cuerpo de
origen e integrarse en un cuerpo nuevo, han participado en los exámenes o
en la selección en igualdad de condiciones que cualquier otro mosso
d'esquadra. Por tanto, aquí no ha habido trato discriminatorio, ni han
sufrido desigualdades, ni ha habido trato a favor de nadie; simplemente
ha habido un acto, que se deberá reconocer --no quiero hablar de
generosidad-- que es distinto del que hubo en el País Vasco y que se
debería subrayar como positivo, que es el reconocimiento del Gobierno de
la Generalitat a un trabajo bien hecho por la Guardia Civil --esto está
claro-- y a la posibilidad de que miembros de la Guardia Civil se
integren en el nuevo cuerpo de Mossos d'Esquadra que va a estar en las
carreteras, en este caso, en
esta primavera, en las de Girona. Por tanto, no ha habido trato
discriminatorio, se ha hecho en condiciones de igualdad y de acuerdo con
lo que marca el Estatuto y la Constitución, de acuerdo con lo que señaló
la Junta de seguridad en su momento como modelo de sustitución, en
octubre de 1994 de acuerdo con lo que se desprende de la Ley del
Parlament de Catalunya y, obviamente, de acuerdo con el Gobierno central.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no han participado en el debate y desean
manifestarse, incluso en virtud de esa solicitud excepcional que uno de
ellos ha hecho? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Los argumentos que ha expuesto mi compañero de grupo,
señor Jover, son muy claros y si el señor López de Lerma considera que el
principio de igualdad es importante, creo que esto se puede compaginar
perfectamente con que voten nuestra enmienda, ya que lo que dice
exactamente es que tengan absoluta igualdad. El problema es que no hay
tal igualdad y los guardias civiles de Tráfico que viven en Cataluña con
sus familias son ciudadanos de Cataluña; por consiguiente, son catalanes
a efectos legales desde el punto de vista del Estatuto y deberían tener
el mismo derecho como ciudadanos que cualquier otro si desean cambiar de
cuerpo, porque es una sustitución de cuerpo y deberían tener ese derecho.
Eso es lo que se llama igualdad desde el punto de vista de los derechos
de la persona, pero no es así porque estos guardias civiles, aunque se
presenten todos y todos pasen las pruebas, no entran en el siguiente
cuerpo, puesto que hay un cupo. En consecuencia, lo que está ocurriendo
es que una parte importante de estos ciudadanos de Cataluña se ven
privados de ejercer su derecho como tales, no pueden dejar un cuerpo y
pasar a otro porque se lo impide una limitación en el número. Este es el
problema. Por consiguiente, nosotros, que estamos totalmente de acuerdo
--lo hemos dicho y lo repetimos-- con la transferencia, lo único que
solicitamos es que se trate a los ciudadanos de Cataluña exactamente en
pie de igualdad y que no haya cupos que discriminen a unos porque
pertenezcan a un cuerpo, negándoles la posibilidad de que pasen a otro,
si ésta es su voluntad. Este es el fondo del asunto, señor presidente.
Por ello nosotros pedimos que se reconsidere el tema y que si el deseo de
igualdad existe, se vote nuestra enmienda, que va en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), doña
Margarita Uría tiene la palabra.
La señora URIA ECHEVARRIA: Mi grupo no tiene enmiendas vivas en esta fase
de la elaboración de la disposición, pero sí queremos manifestar nuestra
postura en relación con la proposición que estamos debatiendo. Creemos
que es una ley de extraordinaria importancia desde el punto de vista de
una comunidad autónoma, como la catalana, que ha hecho una apuesta por la
tenencia de policía propia, y considerando que la competencia en las
materia de tráfico y seguridad vial se viene vinculando por tradición
administrativa a la seguridad pública, que es el cometido de toda policía
que se pretende con vocación de que sea integral.
En cuanto al instrumento jurídico utilizado, que es el del artículo
150.2, nos parece especialmente feliz, ya que este artículo de la
Constitución, introducido en la misma por una enmienda de mi propio
grupo, del Grupo Vasco, no siempre se ha utilizado con la previsión que
doctrinalmente se le quiso dar. Las leyes de transferencias de
competencias, llamadas Lotrava o Lotraca, con las que se pretendía
completar los estatutos valenciano o canario, o las leyes que sirvieron
para desarrollar los llamados pactos autonómicos de 1992 han sido
utilizaciones de aquel artículo a las que la doctrina ha aludido como
consecución de un propósito estimable conseguido con técnicas
discutibles. Más adecuadamente se utilizó en relación con la
transferencia o delegación de la materia de transporte terrestre. Valga
esta exposición en el momento presente para indicar que la enmienda que
presenta el Grupo Socialista nos parece absolutamente inadecuada dentro
de la técnica legislativa que se está utilizando en este momento y de que
estamos aludiendo exclusivamente a una ley utilizando el artículo 150.2,
es decir, en ella debe preverse la transferencia de lo que es la
competencia que el Estado tiene y que se reserva en el artículo
149.1.21.ª única y exclusivamente. La plasmación de la transferencia
deberá hacerse luego por la Comisión mixta de transferencias y, en
concreto, en el real decreto que se llegue a acordar en este órgano, que
es el previsto para la tramitación a la que estamos aludiendo. Que la
materia sea competencia estatal, a nuestro juicio, no supone nada en
relación con la previsión que el propio Estatuto catalán hace en relación
con la tenencia de una policía propia, que en la dicción del Estatuto se
recoge en el marco de éste y de la ley orgánica, de acuerdo con el
artículo 149.1.29.ª Por tanto, el modelo no les puede venir impuesto por
una ley estatal, sino que será la propia Generalitat de Cataluña la que
tendrá que optar por el modelo que le parezca adecuado.
Por tanto, estamos ante una ley del artículo 150.2 en la que no resulta
adecuada la previsión que por el Grupo Socialista se pretende y, por
ello, mi grupo votará en contra de esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Seco
tiene la palabra.
El señor SECO GORDILLO: Intervengo para fijar con la brevedad que
aconsejan las circunstancias la posición del Grupo Parlamentario Popular
en torno a esta iniciativa de la que es coautor junto con el Grupo
Catalán de Convergència i Unió. Me van a permitir, señor presidente, que
comience por el último argumento que han expuesto los grupos enmendantes,
también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que no es otro
que el del problema humano que puede representar.
El Grupo Parlamentario Popular comprende el problema humano que para
determinados guardias civiles se
puede plantear con motivo de la transferencia de estas competencias y la
asunción de las mismas por los Mossos d'Esquadra; comprende el problema,
lo comparte y se solidariza con aquellos guardias civiles y con sus
familiares afectados por el mismo, pero también comprende que la propia
naturaleza de un cuerpo como el de la Guardia Civil está sujeto a unas
condiciones de movilidad y de traspaso que hacen de sus miembros personas
en cierto modo desarraigadas, en la medida en que siempre están sujetas a
los cambios de destino. En consecuencia, no creo que pueda utilizarse
como argumento de autoridad el deseo de permanecer, aunque,
efectivamente, como argumento humano o moral sí tendría cabida, pero no
creo que pueda esgrimirse este motivo desde el punto de vista de la
legalidad.
Se han presentado dos enmiendas a la proposición de ley. La del Grupo
Parlamentario Socialista pretende que los miembros de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil destinados en Cataluña y que deseen
incorporarse a la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra puedan
participar en los concursos que a tal efecto se convoquen por la
Generalitat en igualdad de condiciones con el resto de los participantes.
A esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista nos opondremos por
tres razones fundamentales. La primera de ellas es una razón de
constitucionalidad. Ya se ha expresado suficientemente por el señor López
de Lerma, y por tanto no insistiré mucho, que se transfieren, en virtud
de esta proposición de ley, las competencias ejecutivas de la legislación
estatal en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y en la
medida en que la vigilancia y control del tráfico son materias que no
sólo por tradición administrativa sino también por su propia naturaleza
están vinculadas al orden público y a la garantía de la seguridad
pública, deben quedar bajo la competencia de la Policía autonómica, de
los Mossos d'Esquadra. En consecuencia y dado que la previsión del
Estatuto de Cataluña, artículo 9.1, reserva a la competencia exclusiva de
la Generalitat de Cataluña la regulación de sus instituciones, entre las
que el artículo 13, apartado 4, prevé la de la Policía de la Generalitat
Mossos d'Esquadra, estaríamos injiriéndonos en el ámbito propio de las
competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña si desde el
Congreso de los Diputados pretendiéramos determinar la composición,
contenido y desarrollo de esta institución de la Policía de la
Generalitat, Mossos d'Esquadra. En consecuencia y en primer lugar,
razones de constitucionalidad nos aconsejan oponernos a esta enmienda,
que determinaría, de prosperar, una norma legislativa de carácter
inconstitucional. En segundo lugar, nos opondremos a la misma por razones
de política legislativa y de política general, porque no parece
conveniente --no creo que sea necesario insistir mucho más en ello-- que
desde el Congreso de los Diputados debamos decirle a un Gobierno autónomo
como es el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni a ningún otro, cómo
debe organizarse o cómo debe hacer sus cosas. En tercer lugar, nos
oponemos por una razón de índole práctica. Todos hemos convenido en el
debate de esta iniciativa que se trata de una medida inteligente de la
Generalitat de Cataluña la reserva de un cupo para los guardias civiles
de la Agrupación de Tráfico que deseen incorporarse a la División de
Tráfico de los Mossos d'Esquadra, porque ello permite aprovechar la
experiencia y la profesionalidad de los guardias civiles de Tráfico.
Hacer cuestión de una medida que, como he dicho, es inconstitucional
resulta artificial e inútil y puede incluso poner en riesgo, en el
desarrollo futuro de la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, que
se reserve de nuevo un cupo de plazas para los guardias civiles de
Tráfico. Por tanto, pediría que se pensara más, que no se precipitara el
análisis de la situación creada, en aras de un mejor desarrollo en el
futuro de esta materia.
En cuanto a la enmienda defendida por el señor Alcaraz, en virtud de la
cual se pretende, sin más, el traspaso de los guardias civiles a los
Mossos d'Esquadra y que sean incorporados en dicho cuerpo cuando
acrediten experiencia, profesionalidad y deseos de permanecer en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, además de por las razones que antes hemos
apuntado, podemos rechazarla por dos argumentos fundamentales, en primer
lugar porque si ni siquiera el Congreso de los Diputados tiene potestad
para decidir cómo debe organizarse la Policía de la Generalitat, los
Mossos d'Esquadra, menos puede dejarse al libre albedrío de los miembros
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil determinar la composición
de los Mossos d'Esquadra; en segundo lugar, por una razón de principios,
porque no podemos compartir, como se hace en esta enmienda, que se ponga
en duda, siquiera sea desde el punto de vista teórico, la profesionalidad
y la experiencia de los miembros de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. No lo compartimos, por un lado porque la profesionalidad
la tienen suficientemente acreditada y se les supone, como el valor a los
soldados, desde el momento en que tienen una extensa y rigurosa
preparación en las academias; y por otro, porque la experiencia les viene
dada por la sencilla razón de que no pueden incorporarse a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil si no llevan al menos dos años en dicho
cuerpo. Por estas razones votaremos también en contra de estas enmiendas
y a favor del dictamen de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Yo creo que, pese a
la brevedad del proyecto de ley, el debate nos ha permitido profundizar
en todos sus planos, constitucionales, de los precedentes en otras
comunidades autónomas, de técnica legislativa y, por qué no, en el de la
consideración sensible de los problemas humanos y familiares implícitos
en el desarrollo de la aplicación del proyecto y, en consecuencia, parece
que cualquier demora o prolongación del debate sería superflua.
Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda número 1, suscrita por el
Grupo Parlamentario Socialista. Es una enmienda de adición de un nuevo
punto, que sería el 3, a la disposición transitorio única, que diría:
«Los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinados
en Cataluña que deseen incorporarse a la División central de Tráfico de
la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra podrán participar en los
concursos que a tal efecto se convoquen por la Generalitat en igual de
condiciones con el resto de los participantes.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 2, de adición de un segundo párrafo al
artículo 3, suscrita por el diputado del Partido Democrático de la Nueva
Izquierda, señor Alcaraz, que dice así: «El traspaso de servicios de la
Administración general del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña
incluirá la aportación de actuales funcionarios de la Guardia Civil que
demostraren experiencia y profesionalidad en materia de tráfico y
voluntad de permanencia en el territorio de la comunidad autónoma.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra; 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación del texto del informe de la ponencia.
Podemos proceder a la votación conjunta de los artículos 1, 2, y 3.
Efectuada la votación dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Pasamos a la votación de la disposición transitoria única en sus puntos 1
y 2.
Efectuada la votación dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la disposición final.
Efectuada la votación dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la exposición de motivos.
Efectuada la votación dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Había una solicitud de palabra por parte del señor Castellano; no sé si
concernía al desarrollo de la votación.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Aunque ha caído en desuso la
explicación de voto y no habiendo intervenido en la fijación de posición,
quiere mi grupo manifestar...
El señor PRESIDENTE: El señor Castellano tiene la palabra a efectos de
explicación de voto.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Mi grupo quiere manifestar que ha
votado favorablemente ambas enmiendas, la sostenida por el Grupo
Parlamentario Socialista y la sostenida por el Grupo Parlamentario Mixto,
y que salva, lógicamente, su posible responsabilidad ante el hecho de que
lo que hoy se ha votado, al desestimar ambas enmiendas, es ni más ni
menos que la privación a un conjunto de ciudadanos de un derecho
elemental a concurrir por el simple hecho de haber pertenecido a un
determinado cuerpo de la Administración, porque es evidente que fijar un
numerus clausus es privar a otros, y se les priva no por cualquier otra
razón sino por el hecho de pertenecer a un determinado cuerpo de la
Administración, porque el cupo se fija para los que pertenecen a ese
cuerpo de la Administración, y esa discriminación, desde luego, en esta
Comisión Constitucional, en relación a la proscripción de toda
discriminación por razón de nacimiento, profesión u oficio, no la
encontramos en modo alguno nada sensata ni responsable. (El señor Solé
Tura pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Solé Tura me solicita también la palabra
para explicación de voto. Se la voy a dar en un ejercicio de auténtica
liberalidad. Le ruego, señor Solé Tura, que se circunscriba a la
explicación del voto favorable y no nos replantee el debate de la
enmienda, que creo que ha quedado muy suficientemente satisfecho en el
curso de su intervención. Tiene la palabra.
El señor SOLE TURA: Señor presidente, precisamente he pedido la palabra
para explicación de voto porque el rechazo a nuestra enmienda nos hubiera
llevado seguramente a otro tipo de voto. ¿Por qué hemos votado que sí?
Porque estamos de acuerdo con lo que hay y estamos en desacuerdo con lo
que falta, porque entendemos que aquí falta un texto, un párrafo, que
sería nuestra enmienda o la enmienda que ha presentado el señor Alcaraz
con lo que tendría un contenido más exacto y más acorde con la
Constitución, puesto que la Constitución la hemos manejado para arriba y
para abajo.
Yo no entiendo, señor presidente, tal como está o, exactamente, con lo
que le falta a este texto, cómo podemos aducir el argumento de la
Constitución cuando en realidad, al no admitirse nuestras enmiendas
estamos diciendo que una persona, por el hecho de ser guardia civil, no
puede llegar a ser mosso d'esquadra, aunque quiera. ¿En virtud de qué, en
virtud de qué derecho, de qué texto? Por eso reiteramos nuestra enmienda,
pero al mismo tiempo hemos votado que sí a lo que hay, pero no a lo que
le falta. En consecuencia, mantendremos nuestra enmienda para el Pleno,
señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En los mismos términos de limitación conceptual y
temporal, el señor Trías Sagnier tiene la palabra.
El señor TRIAS SAGNIER: En el mismo ejercicio de liberalidad, le
agradezco a la Presidencia el turno para explicación de nuestro voto
favorable, que nuestro grupo considera que es muy beneficioso para
Cataluña y que además no crea ningún tipo de discriminación de unas
personas
con respecto a otras. Eso era lo que queríamos señalar en nuestra
explicación de voto favorable.
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y
CONSTITUCIONALES (IGLESIAS CANO), PARA INFORMAR SOBRE LA ACTUACION Y
PROYECTOS DEL CITADO CENTRO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDAINICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente
212/000754).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el segundo punto del orden del día
de la sesión de hoy con la presencia ante la Comisión Constitucional del
Congreso de la doctora Carmen Iglesias, directora-presidenta del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, solicitada en su día por el
señor Alcaraz, que es quien va a ejercer el derecho de ser el primer
solicitante de dicha comparecencia.
Estoy seguro de interpretar el sentir de los señores comisionados al
formular la más cálida bienvenida a la doctora Iglesias ante este ámbito
parlamentario que en gran medida debe ser aquel con el que, por su
responsabilidad y el ejercicio de sus competencias en el Ejecutivo, deba
relacionarse con una mayor intensidad y con una mayor asiduidad, de
suerte que, doctora Iglesias, bienvenida.
Como sabe sin duda, esta comparecencia fue solicitada en su momento por
el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, solicitud que
ejercerá en este momento el señor Alcaraz, pero el formato, por un
consentimiento ya largamente establecido, de este tipo de iniciativas
parlamentarias es que dejamos al albedrío de la propia autoridad que nos
acompaña que la comparecencia se inicie por las preguntas del grupo que
la ha solicitado o bien, como viene siendo la práctica más general y
probablemente más útil porque ilustra a las señoras y señores diputados
para la posterior formulación de preguntas y cuestiones suscitadas por su
intervención, que se inicie por una exposición por parte de la autoridad
compareciente sobre el objeto propio de la iniciativa, de suerte que si
éste es su deseo, daría en este momento a doña Carmen Iglesias la
palabra.
La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Iglesias Cano): Muchas gracias a todos por concederme el honor de estar
hoy aquí entre ustedes. Creo que es la primera vez, si los archivos no
engañan, que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tanto en
su anterior faceta como Centro de Estudios Constitucionales, como en la
de ahora, comparece en esta casa. Por tanto, es un honor estar en este
Parlamento y más en esta sala, ya que, cuando me han dicho que llevaba el
nombre de Olózaga, no he podido evitar un cierto gusto de encontrarme en
ella, pues es el nombre de uno de los padres del liberalismo español y,
como bien saben SS. SS., el padre de la Constitución del año 1837, que es
precisamente uno de los puntos de referencia de toda la tradición liberal
española. Por tanto, soy yo la que estoy verdaderamente agradecida y es
para mí un honor estar hoy entre sus señorías.
Voy a ser muy breve, pero me van a permitir una pequeñísima exposición.
La mayoría de todos ustedes conocen bien el Centro y además han estado en
él, en cierta medida ha sido una casa a la que han podido ir con gran
libertad y pluralidad, pero me van a permitir unas breves referencias que
servirán simplemente para orientarnos.
En primer lugar, en la nueva etapa bajo mi dirección en este año la
actividad del Centro tenía dos objetivos sencillos sobre los que hemos
estado trabajando, por un lado, una redefinición de su estructura y de
sus funciones para acomodarse a la realidad político-constitucional, que
ha quedado cumplida con el decreto que salió en agosto de este año; por
otro, la potenciación, siempre en una labor de continuidad y al mismo
tiempo de impulso e innovación, de las funciones desempeñadas hasta
ahora, articulando algunas propuestas de actuación nuevas.
Quería recordar que el Cesco o Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales ahora es un organismo de estudios e investigación que,
como saben bien SS. SS. depende del Ministerio de la Presidencia y que
realiza muy fundamentalmente funciones de apoyo a las instituciones que
así lo desean, tanto individuales como públicas, en materia de Derecho
público. La función principal del Centro, como heredero de toda una serie
de organismos anteriores que habían cumplido también esta función creo
que brillantemente en su momento, como fue el Instituto de Estudios
Políticos y el Instituto de Estudios Administrativos, diríamos que es la
posibilidad de reflexionar sobre temas politológicos y constitucionales y
plasmar eso en una importante labor editorial que le ha conferido, como
bien saben ustedes, un destacado prestigio en sus publicaciones --hemos
traído catálogos y algunas últimas publicaciones que están a disposición
de SS. SS.-- en el panorama académico nacional e internacional.
Yo diría que el Centro contribuyó en su momento a posibilitar y potenciar
la formación de una doctrina constitucional española que a comienzos de
los 80 estaba casi por hacer. De alguna manera es algo similar, salvando
las distancias, a lo que en años anteriores había hecho también el
Instituto de Estudios Políticos con toda la sección administrativa que se
plasmaba en esa magnífica revista de Administración Pública, que sigue
siendo una de la joyas del Centro. En torno a esa revista se articularon
una serie de disposiciones legales que han sido fundamentales para la
evolución política posterior del país. Si me permiten, diría que el
contenido de fondo del Centro sería movilizar, por así decir, la teoría y
la tradición para los problemas contemporáneos, es decir, marcar el
énfasis en un análisis objetivo, distanciado y al mismo tiempo profundo,
de problemas que, a veces, en el día a día y en la urgencia de la vida
cotidiana no se puede hacer. Movilizar esas ideas y crear debates acerca
de los problemas de la arquitectura institucional y constitucional que
hemos ido creando en España creo que es uno de los puntos básicos en que
se apoya el Centro.
Dicho esto, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la
organización, el aparato y los instrumentos para
plasmar esta reflexión y este debate de carácter plural, como decía antes
e insisto en ello y heredando una tradición liberal que creo que es muy
importante, habría como tres pivotes, tres puntos o tres sectores donde
nuestra actividad se plasma de una manera bastante significativa.
En primer lugar, el Centro es un núcleo de documentación y yo quisiera
insistir hoy ante SS. SS. en este punto, porque creo que, de alguna
forma, se olvida. Tenemos un depósito en revistas y en libros, pero sobre
todo en revistas, y en artículos de todo tipo que nos permite --no
quisiera pecar de inmodestia, pero los profesionales que hay en el Centro
son conocidos por muchos de ustedes y creo que soy justa diciéndolo--
preparar dossieres sobre temas diferentes con una gran amplitud, con una
gran objetividad y con una gran actualidad. Es uno de los depósitos de
documentación legislativa y jurisprudencial de índole legislativa de los
mejores que hay en el país. Quisiera insistir en ello. En plazos
relativamente breves, podemos atender y estamos atendiendo tanto a título
individual como institucional a todo el que necesita alguna información
sobre este punto. Es un archivo abierto al público y, desde luego, a
disposición de las instituciones y lo ofrezco muy sinceramente a esta
Comisión. Hay cierta diferencia que no se les escapa a SS. SS. con los
gabinetes de documentación, puesto que nosotros tenemos la posibilidad, y
creo que el Centro sirve para esa articulación, de poder identificar muy
rápidamente en cada momento qué grupos universitarios o académicos están
tratando una cuestión, tanto nacional como internacionalmente, y, por
tanto, acudir a esas fuentes para la información. Este depósito es, yo
creo, una de las mayores riquezas que tenemos. Uno de los objetivos es,
precisamente, potenciarlo hacia las comunidades autónomas --luego les
comentaré algo sobre ello-- y, desde luego, está al servicio de todos
ustedes. Simplemente como dato, tenemos 24 plazas en la biblioteca.
Aunque pensaba decirlo al final, están todos ustedes invitados, con mucho
gusto, cuando quieran visitarnos. Hasta primeros de octubre, los usuarios
de esa biblioteca han sumado 15.650 consultas, es decir, que realmente
es, insisto, un depósito muy notable y me atrevo a calificarlo como uno
de los mejores del país, con diferencia. El número total de títulos de
revistas por ejemplo que tenemos es 1.520, de las cuales 649 son títulos
extranjeros; prácticamente todo lo que se publica en el mundo lo tenemos
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Este es un punto
en el que quería insistir.
Otro apartado es el de las publicaciones. Esta documentación se traduce
en parte, dando lugar a las que ha proporcionado una tradición y
prestigio al Centro verdaderamente notables. Quiero recordar que las
mejores traducciones de clásicos son las publicadas en el antiguo
Instituto de Estudios Políticos, que nosotros seguimos reeditando con
verdadero éxito y son publicaciones esperadas por los especialistas en
estas materias. Todo lo referente a problemas de vertebración del Estado
y a problemas contemporáneos está en nuestro catálogo de publicaciones y
hemos seguido impulsando, dentro del marco restrictivo que
SS. SS. conocen y que nos afecta este año, la publicación de revistas, de
trabajos y de monografías de acuerdo con los criterios de calidad y
ahorro del gasto que nos hemos visto obligados a mantener. A ese efecto
hemos reordenado las publicaciones existentes, hemos hecho convenios con
otras instituciones para que pudiéramos abordar el gran número de
publicaciones que seguimos manteniendo. Quiero mencionar la actitud tan
generosa del Boletín Oficial del Estado que nos permite editar
conjuntamente determinadas publicaciones que si no no podríamos abordar.
Hemos unificado el diseño gráfico de nuestros libros y revistas, hemos
hecho, como digo, convenios de colaboración y precisamente estamos en
trámite de firmar con el Congreso un convenio marco para realizar algunas
cosas conjuntamente, así como con el Senado, con el Tribunal
Constitucional, con el Consejo General del Poder Judicial, la Asamblea de
la Comunidad de Madrid, el Instituto Valenciano de Estudios e
Investigación y el departamento de Justicia de la Generalitat de
Cataluña; es decir, estamos intentando cubrir todo lo que podamos en
estas coediciones y en estos planes conjuntos.
Las revistas que edita el propio centro quisiera recordarles que siguen
siendo pioneras en su campo. Antes mencioné y vuelvo a citar la revista
de Administración Pública que el año próximo precisamente cumple
cincuenta años de edición y que es una referencia obligada para todos los
estudiosos de esos temas; la revista de Derecho Constitucional, que todos
conocen también y la revista de Estudios Políticos. Digamos que estas
tres serían las revistas emblemáticas que siempre ha tenido el Centro; y
luego nos encontramos también con otras dos revistas cuya publicación
hemos tenido que reducir, pero no la calidad de su contenido; una era la
revista de Instituciones Europeas, que hemos transformado en revista de
Derecho Comunitario Europeo, que parecía más acorde con las necesidades,
de acuerdo con sus directores y ampliado al consejo rector, y la revista
de Derecho Privado y Constitución, que también se mantiene como anuario y
con un carácter monográfico.
Unicamente tuvimos que suprimir en esta necesidad de ahorro, pero que,
con sinceridad, me parecía que se podía hacer perfectamente, una
relativamente recién creada revista del Centro de Estudios
Constitucionales, que se solapaba en buena medida con la revista de
Derecho Constitucional anterior y cuyos contenidos más interesantes
podíamos trasladarlos a las otras revistas en funcionamiento, sobre todo
la parte que nos afectaba de la nueva documentación que se va
incorporando, porque hemos elaborado un boletín del Centro que justo
ahora en septiembre ha entrado en Internet y el año próximo, además de
continuar, naturalmente, en el nuevo soporte informático, podremos
plasmarlo también en papel. Es decir, que quedaba cubierto perfectamente
todo eso.
Hemos creado también con la base de convenios y todas estas coediciones
una nueva colección de textos y documentos que pretende ser una colección
muy de divulgación para estudiantes universitarios y que ponga muy a mano
de este público universitario los textos y documentos jurídicos e
histórico-políticos de interés actual. Por ejemplo, para que se hagan una
idea SS. SS., en los primeros títulos tenemos Las constituciones de
España, que es bastante
útil, como digo, para este público universitario; otro, La transición
española en sus documentos, y otro, Treinta importantes sentencias del
Tribunal Constitucional, para que tengan este material.
También estamos, en relación con el Tribunal Constitucional, organizando
un posible Anuario Español de Justicia Constitucional y hemos editado el
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, sobre el cual quisiera
llamar la atención porque también una de las prioridades que nos hemos
trazado en el Centro es la relación con los países iberoamericanos. Está
previsto continuar con la publicación de este Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional en los años sucesivos, que realmente ha sido
acogido por los países iberoamericanos con verdadero interés y
entusiasmo.
No les quiero cansar con las publicaciones. Insisto en presentarles los
catálogos y nuestra participación, también, en algunas otras, por
ejemplo, en la revista de Historia Económica o en una revista de
filosofía política, en Valencia, en Doxa, es decir, que mantenemos en
todo lo posible nuestra presencia en aquellos temas que tratan el fondo
de la cuestión que antes mencionaba.
Otro de los pivotes, naturalmente, son los cursos y los estudios que
hacemos; unos estudios y unos cursos de formación que --como también
conocen, puesto que algunos de los aquí presentes han sido a veces
profesores del Centro-- son muy especializados y están regidos por el
principio de pluralidad exquisita en todos los sentidos y de un carácter
interdisciplinario. Se diferencian tajantemente de los cursos de
doctorado de las instituciones académicas porque dan una especialización
en la excelencia, que no es la misma que la de los doctorados, acogemos
tanto a estudiantes de postgrado como a funcionarios de niveles de las
distintas instituciones que desean hacer estos cursos y creo que tienen
un rigor y un prestigio bien ganados. Nosotros hemos procurado darles una
mayor articulación, combinar la columna vertebral de estos cursos con los
seminarios monográficos sobre temas concretos, procurando que no se
dispersara de tal manera que perdiera una cierta coherencia y una cierta
relación. Hemos traído, también, los trípticos que informan y el cuadro
de profesorado, que cambia, como saben, todos los años y que tienen una
gran aceptación. Tengo que decir que el número de estudiantes elegidos es
limitado porque ésa es la garantía de que el curso será de calidad y de
cuidado a los estudiantes. Además de los profesores que dan los cursos y
los seminarios, hay tutores que se ocupan de cada estudiante y de los
trabajos que realizan a lo largo del curso y, en este sentido, también
cambiamos cada año, procuramos que los mejores nombres nacionales e
internacionales, en la medida en que el presupuesto nos lo permite, pasen
por el Centro.
Por otro lado, y sin querer cansarles, tenemos toda una serie de mesas
redondas, debates, conferencias, etcétera. Para este año está previsto,
naturalmente, un ciclo de conferencias sobre Cánovas, como homenaje en el
año que estamos recorriendo y otros ciclos de conferencias sobre España
actual, perspectivas y problemática, en los que participarán algunos de
los nombres señeros de nuestro mundo académico intelectual.
Dentro de poco verán la luz las obras completas de Tomás y Valiente. Es
una labor de gran envergadura que encontré iniciada cuando llegué, que
hemos impulsado al máximo y que sigue esa línea que el Centro tampoco
debe perder de mantener vivos los textos de al menos algunos de los
grandes maestros que hemos tenido la suerte de conocer. Esa línea, como
saben ustedes, se inició con las obras completas de García Pelayo, en
tres volúmenes; las de Tomás y Valiente ocuparán ahora seis volúmenes
bastante gruesos, y posteriormente queremos acometer las de Díez del
Corral y algún otro. Habrá que hacerlo poco a poco porque estas obras sí
que nos resultan caras, pero creo que es una función que hay que hacer
para que no se pierda la memoria, que es la que --como bien sabemos--
alimenta las relaciones y la articulación de un país.
En cuanto a relaciones internacionales, naturalmente, estamos en los
foros y en las organizaciones que afectan a todo lo que trata nuestro
Centro. Sí quisiera insistir en el papel fundamental --perdón, quizá me
paso--, bueno, en la importancia que estamos dando a la pertenencia a la
Comisión Europea para la Democracia a través del Consejo de Europa, cuyas
reuniones se celebran generalmente en Venecia y a las que además van o
bien miembros del Centro especializados, o bien, a veces, expertos
académicos que no forman parte del Centro, aparte de colaborar con
informes específicos que nos han pedido sobre temas muy diversos. Por
ejemplo, basándonos en esa documentación que antes les mencionaba, que es
excepcionalmente rica, hemos realizado informes sobre protección de
minorías, descentralización política, financiación autonómica, justicia
constitucional, etcétera. En esos foros creo que hemos cumplido también
un papel importante.
Para terminar ya y no cansarles, además de esos frentes --documentación,
publicaciones, investigación, cursos--, quería insistir en que en la
reorganización, que ha consistido en acomodar, como decía al principio,
la nueva realidad política y constitucional del momento, hemos hecho
mucho hincapié --supongo que muchos de ustedes lo conocen bien-- en la
importancia que el Centro da a la vinculación con Iberoamérica. Hemos
procurado que tanto en publicaciones como en cursos, como en todas las
materias que trata el Centro, la presencia de los países iberoamericanos
esté en primera línea.
Respecto a ese decreto de reorganización saben SS. SS. bien que el Cesco
--el Centro de Estudios Constitucionales-- se había creado en 1977 como
fusión, como dije antes, del Instituto de Estudios Políticos y del
Instituto de Estudios Administrativos; luego vimos que había habido una
serie de reorganizaciones parciales menores --unas en los años 1980, 1985
y 1996-- y sobre todo que había habido una reorganización ministerial
especialmente en Presidencia, que exigía dar coherencia a todas
reorganizaciones que habían salido. En sustancia lo que hemos hecho es
dar mayor peso al consejo rector, que creo que asciende en calidad, en
número y en excelencia, de manera que el presidente de esta Comisión
Constitucional, el presidente de la Comisión Constitucional del Senado y
un magistrado del Tribunal Constitucional son vocales natos del consejo
rector del Centro. Luego hay otros nombramientos de personalidades
del Consejo de Estado, directores de reales academias que tienen que ver
con el Centro; es decir, se trata de elevar la calidad, el número e
insisto la excelencia de ese consejo rector, reorganizándolo en el
sentido de procurar la presencia real de instituciones y personalidades
del mundo académico, investigador y docente. Creo que ha sido la
principal importancia que hemos dado al decreto de reorganización, al
igual que hemos vuelto a introducir el nombre de políticos y
constitucionales. Porque si ustedes ven todo el catálogo de
publicaciones, desde siempre --y en toda la historia del Centro ha sido
siempre así-- ése ha sido su contenido, aunque en unos determinados años
estuvo más volcado en problemas estrictamente constitucionales. (Todavía
el otro día me recordaba Jiménez de Parga que en uno de los salones del
Centro se habían fraguado un poco las bases de lo que debía ser el
Tribunal Constitucional, pero que ahora se había ampliado de tal manera
que necesitábamos adecuarlo ordenadamente.)
En fin, ésta es un poco, quizá dicho muy brevemente y de forma muy
somera, la labor del Centro. Como decía antes, nos movemos sobre todo en
ese ámbito --a veces difuso pero me parece que absolutamente necesario--
de movilizar las ideas, de movilizar la tradición, de movilizar la teoría
para abordar los problemas contemporáneos, para abordar los problemas de
arquitectura constitucional con los que constantemente nos estamos
enfrentando.
El señor PRESIDENTE: Según su criterio, una vez que demos la palabra a
los distintos portavoces de los grupos, puede responder puntualmente a
cada uno de ellos o, por el contrario, agrupar las respuestas en una sola
intervención.
La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Iglesias Cano): Agruparlas será más fácil.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, y en razón de su condición de
solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el diputado señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Quiero sumarme, sin ninguna duda, al saludo y al
agradecimiento que se han formulado a la señora directora, doctora
Iglesias, y hacerlo particularmente mío como solicitante de la
comparecencia.
La verdad es que esta comparecencia, a diferencia de las que
habitualmente se sustancian en comisiones parlamentarias, no trata tanto
de hacer un acto de control estrictamente político, aunque en la medida
en la que es un órgano dependiente de la Administración también está
sujeta a ese control, sino de intentaraportarnotoriedad al Centro y de
formular el deseo, que creo que suscribirían todas SS. SS., de colaborar
con él.
No se nos escapa la cualificación importante, humana, técnica, del
Centro, y a veces sería de agradecer que propuestas que vienen del
Gobierno, propuestas que vienen de la Administración, llegarán en más
ocasiones avaladas por informes como los que usted comenta que se
realizan. No sabemos si es que no se les hace caso, o se omite cuál es el
origen de algunas de esas ideas.
En este caso, entienda usted que esta petición de comparecencia y mi
intervención, que va a ser muy breve, son también una oportunidad de
brindarle apoyo. Un apoyo con el que seguirá contando, siempre que el
Centro se comporte según las pautas que, a nuestro entender, deben regir
lo público: eficacia y transparencia en la gestión, adecuación a sus
fines y pluralidad en su funcionamiento. Entiendo, y no tengo ninguna
razón para entender lo contrario, que estas pautas se están cumpliendo
hasta ahora. De todas formas, me gustaría que hubiera una declaración
estricta de coincidencia con estos objetivos.
Entendemos el Centro como un elemento al servicio de la profundización y
conocimiento de la Constitución, del Derecho constitucional, de la
ciencia política, como un foro de debate científico y también --y creo
que en esto todos deberíamos profundizar más en la reflexión-- como un
factor de creación y difusión de cultura constitucional. Algo que no
quede solamente reducido a los expertos o a los técnicos, sino que, de
alguna manera, ojalá, pueda impregnar al conjunto de la sociedad
española.
En su intervención ha hecho una descripción que ha enfocado y
estructurado --lo cual me parece perfectamente legítimo-- desde el tipo
de actividad que se realiza. A lo mejor, hubiera preferido esa
estructuración --esto lo digo a efectos de gusto personal, no implica
necesariamente una crítica-- a partir de cuáles son los objetivos
básicos, que supongo deben estar plasmados en algún tipo de documento que
nos gustaría conocer.
Me gustaría que profundizara en sus respuestas, si lo estima conveniente,
en esa idea de reorganización. Las reorganizaciones siempre pueden ser
necesarias, sobre todo si se basan en criterios puramente técnicos, pero
no sabemos muy bien si esta reorganización tiene algo que ver con algún
tipo de objetivo político del Gobierno o del Ministerio al que está
adscrito el Centro.
Ha aludido usted a la composición del consejo rector. Podemos compartir
ese criterio de que la existencia de unos miembros natos que provoque un
sistema de vasos comunicantes entre instituciones y Centros es oportuna,
pero también nos gustaría conocer otros criterios para el nombramiento
del resto de los miembros del consejo rector, desde ese punto de vista de
pluralidad, etcétera.
Ha hecho usted reiteradas alusiones a las limitaciones económicas que
tiene el Centro. Creo que eso es algo habitual a todos los comparecientes
de este tipo, pero dadas las fechas en las que nos encontramos, sin que
obviamente esta Comisión sea un sucedáneo de la Comisión de Presupuestos,
nos gustaría que valorara las disponibilidades económicas concretas que
le atribuye el proyecto de presupuestos en comparación con los del año
anterior y, en definitiva, que valorara también los medios humanos, no
desde la calidad que se presupone existe sino desde la cantidad, así como
los medios técnicos, por ejemplo, los niveles de informatización a los
que puedan dar lugar el centro de documentación, la biblioteca, etcétera,
y si considera suficientes los medios económicos para la realización de
actividades, más allá de la resignación que a todos los dirigentes
administrativos se les supone cuando al final tienen que operar con unos
presupuestos que les vienen dados.
Junto a la descripción que usted ha hecho de las actividades que se están
realizando ha apuntado algunas otras que se van a realizar, pero nos
gustaría que nos indicara si eso queda inserto en algún tipo de programas
genéricos, no sé si anuales o plurianuales, y si está plasmado en algún
tipo de documentos que, insisto, también nos gustaría conocer.
Ha hecho alusión, lo cual es obvio y yo incluso por razones profesionales
también lo conozco, a los sistemas de cooperación con universidades y a
dos centros de estudio. También aquí nos gustaría que valorara si esos
sistemas de cooperación son suficientes, si la relación con la Secretaría
de Estado de Universidades o con las comunidades autónomas que tienen
transferida la competencia o directamente con los departamentos
correspondientes de las diversas universidades del Estado es suficiente,
si se puede mejorar y si existe algún sistema de evaluación de la
cooperación existente y programas estables de cooperación, así como de
dónde suele surgir la iniciativa, si de los centros universitarios o del
propio Centro.
También --y esto es algo a lo que no ha hecho referencia y entiendo por
tanto que seguramente no hay un camino iniciado ahí-- nos gustaría
conocer su opinión sobre si consideraría oportuna y factible la
realización de proyectos de cooperación con enseñanzas no universitarias,
tanto en la formación y reciclaje de profesorado como en la edición de
materiales que pudieran servir, desde ese punto de vista de la difusión
de la cultura constitucional, para los niños o para los adolescentes que
están en colegios.
Finalmente, también ha hecho alusión a cooperaciones puntuales con
organismos de algunas comunidades autónomas a través de publicaciones
allí radicalizadas, algunas de las cuales son de un alto nivel y
seguramente los que estamos aquí las conocemos, pero yo creo que eso no
es exactamente lo mismo que la pregunta que le formulo y sobre si existe
en la realidad o en proyecto un programa de colaboración global con
comunidades autónomas o abierto a la integración en colaboración con
comunidades autónomas.
Con esto concluiría, no sin antes formularle un ruego. Aunque considero
que su presencia aquí es muy grata para todos, yo creo que sería útil que
tuviéramos una información más puntual y más continuada sobre las
actividades de ese boletín a que usted alude, catálogos o cualquier otra
publicación que usted considere oportuno que llegase a esta Comisión. Es
decir que, como sucede con otros organismos dependientes del Estado, y
ahora que nadie me oye, a veces de mucha menos significación que el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que nos bombardean con
una gran cantidad de información, esta Comisión recibiera puntualmente
cualquier tipo de material, información en definitiva, sobre lo que usted
realiza. Yo creo que todos los miembros de esta Comisión se lo
agradeceríamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra doña Margarita Uría.
La señor URIA ECHEVARRIA: Sólo deseo cumplir con el deber de cortesía
parlamentaria de agradecer a la doctora Iglesias su presencia en esta
Comisión.
Como ha manifestado el diputado solicitante de la comparecencia,
efectivamente ésta no es una comparecencia de control parlamentario sino
más bien de contenido informativo. En ese sentido, desde el punto de
vista de mi grupo, creo que la exposición de la señora directora ha sido
enormemente ilustrativa. Sabemos del rigor y el merecido prestigio de que
gozan los trabajos que el Centro realiza y nos gustaría aprovechar su
presencia en la Comisión para conocer los criterios de selección de temas
de estudio y cómo es posible --y en esto también coincido con lo expuesto
por el diputado señor Alcaraz-- conocer en un momento determinado en qué
está trabajando en concreto el Centro. Quizá sería bueno que hubiese una
difusión periódica de lo que allí se va realizando, no sé si a través de
esta Comisión o por cualquier otra vía, y nuestro interés sería conocer
en todo momento cuál es la situación de los trabajos que el Centro
realiza, sobre todo en qué está interesado en un momento determinado.
Unicamente me queda reiterarle una vez más la felicitación por el
merecido prestigio de que goza el Centro y darle la bienvenida a esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra don Pablo Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Como no podía ser de otra manera,
nuestro grupo se suma a la bienvenida de que está siendo objeto y también
pone de manifiesto su mejor ánimo de colaboración en la medida en que le
fuere preciso, para que, efectivamente, esa institución siga manteniendo
y acrecentando el nivel y el prestigio de que goza.
Es evidente que no se le puede exigir a una institución como la que usted
preside y gestiona otro cometido que el que usted ha puesto de
manifiesto. Lo que ocurre es que los sometidos y tareas que usted ha
puesto de manifiesto y que, lógicamente, deben estar tanto a disposición
de la Administración en general como de toda la sociedad, deben
evidentemente llamar la atención sobre cuál es el grado de disponibilidad
y de aprovechamiento en materia educativa.
No nos gustaría, y vamos notando una cierta tendencia a ello, que esa
pieza tan fundamental de convivencia y reglaje de la misma que es la
Constitución fuera objeto de un tratamiento erudito y científico
constante, pero poquito a poco acabará convirtiéndose en un referente
retórico. Decimos esto porque la propia directora con su experiencia
habrá comprobado que aquel impulso ilusionante de los años en que se
aprobó la Constitución, en que se movilizaba no sólo su instituto, sino
fundamentalmente esta Cámara para llevar hasta el último rincón, en el
último colegio, un contacto que permitiera ir exponiendo cuáles eran los
valores que la alimentan, y tratando de hacer una cosa que es fundamental
en cualquier sistema político que se precie, que es lograr el
encariñamiento de los ciudadanos con sus propios instrumentos, ha caído,
y no creo que exagere si lo afirmo, en una situación de cierta apatía. Es
evidente
que no es achacable a usted, puede ser perfectamente achacable al
Ministerio de Educación y Cultura que es quien tiene la responsabilidad
de ir rellenando de contenido las enseñanzas en este tema tan importante
que a algunos nos parece que es bastante más interesante que el binomio
de Newton, pero a lo mejor estamos equivocados en esta valoración.
Simplemente nos gustaría saber cuál es el grado de aprovechamiento que en
concreto el Ministerio de Educación y Cultura está haciendo en esta
institución, de cara tanto a los que imparten las disciplinas a lo largo
de todas las instituciones docentes, como de cara a los propios alumnos.
Es evidente que no ignoramos la utilización que se hará por parte del
consejo de rectores, de las universidades e incluso por parte del
Gobierno, aunque a veces parece ser que no se hace mucha, porque algunas
que otras leyes de las que vienen aquí debieran de haber sido debidamente
informadas para evitar alguna que otra aberración. Parece ser que no se
ha estimado preciso o a lo mejor es una tarea que se nos quiere dejar a
nosotros, bastante menos preparados para ello.
En suma, eso es lo que nos preocupa, ver cómo puede esta Cámara, los
grupos políticos, el propio Poder ejecutivo y sus instituciones recuperar
un minimum, no digo ya de curiosidad sino de preocupación porque toda la
ciudadanía conozca algo tan importante como la constitución, hacia la
cual, yo creo que es usted absolutamente consciente de ello, no sólo hay
una situación de cierto abandono en cuanto a su teorización --podemos
decir-- en los centros, de enseñanza, sino en cuanto al vaciamiento
político y social de la misma en las últimas prácticas políticas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Solé
Tura tiene la palabra.
El señor SOLE TURA: Debo empezar sumándome a lo que han dicho mis colegas
de Comisión, felicitándole por su presencia aquí, doctora Iglesias, y
esperando que este encuentro sea el primero de otros que deban venir para
informarnos mutuamente. Creo que es bueno que nos veamos la Comisión
Constitucional y un centro cuyo principal eje es el de los estudios
constitucionales.
Prácticamente, podría decir que me sumo a lo que han dicho mis colegas y
aquí casi podría terminar mi intervención, pero quisiera hacer alguna
reflexión en voz alta porque, como usted sabe perfectamente, el Centro
que usted dirige ahora ha pasado por avatares muy diferentes en la
historia reciente de nuestro país. En realidad, es un centro que surgió
como intento de órgano de producción ideológica del régimen anterior,
luego evolucionó y no se llamó Centro de Estudios Constitucionales hasta
que tuvimos una Constitución. Creo que el cambio de nombre, quería
subrayar eso, que por fin teníamos una Constitución, por lo que dejó de
llamarse Centro de Estudios Políticos para llamarse Centro de Estudios
Constitucionales, y veo que ahora se ha hecho la síntesis entre los dos.
En realidad, no sólo es la historia, sino que el propio Centro
precisamente por lo que ha tenido detrás y también por su propia
estructura y dependencia orgánicas, siempre ha planteado problemas.
Digamos que nunca se le ha visto con exactitud como lo que es o lo que
debería ser; siempre ha habido la reticencia, incluso por parte de muchos
profesionales, de pensar si sería o no un centro al servicio del Gobierno
del que depende.
Creo que todos los colegas que me han precedido en el uso de la palabra,
y estoy seguro de que usted también, conocen este problema y, por
consiguiente, están en condiciones de superarlo, pero es algo que ha
pendido siempre sobre la visión que se ha tenido del Centro de Estudios
Constitucionales, ahora Políticos y Constitucionales. Por consiguiente,
el problema está en hasta qué punto hay o no una dependencia del
Gobierno. Conociéndola a usted, estoy convencido de que puedo estar
tranquilo, pero no sé hasta qué punto se puede encontrar un equilibrio
duradero entre la necesaria independencia como centro que es y la
dependencia orgánica y económica. Este es un problema muy serio que nos
lleva a otro, que es el de hasta qué punto el Centro está en condiciones
--creo que debe estarlo e, insisto, conociéndola a usted, estoy seguro de
que las cosas van exactamente en ese sentido-- de respetar la integración
y el pluralismo, hasta qué punto el Centro cumple con creces con estos
dos grandes objetivos de asegurar pluralismo e integración.
Dicho esto, creo que los grandes desafíos que, a mi parecer, tiene el
Centro --que usted ya ha expuesto en gran parte, o sea, que en algunas
cosas no añado nada a lo que usted ha explicado--, aparte de la necesidad
de abrirse no sólo a la profesión sino al público, de modo que sea un
centro realmente más abierto en el sentido exacto de la palabra, son, por
ejemplo, la modernización del acceso a los documentos. Creo que es un
gran tema, cada vez más importante, que este acceso sea cada vez más
fácil.
Otro gran desafío es que el Centro se extienda fuera del ámbito estricto
de Madrid. Creo que debe ser un centro que no sólo conecte con otras
instituciones, sino que esté presente en otras partes del país, no porque
tenga instituciones de carácter sucursal, sino por su actividad.
Como tercer gran desafío está el de una relación muy sólida, muy abierta
y continuada, con las universidades. Esto lo han dicho ya los
intervinientes anteriores, pero creo que ahí están las claves del
presente y del futuro del Centro.
También es muy importante la relación con las comunidades autónomas. Es
un tema que no deberíamos abandonar ni un segundo, porque es necesario
que se produzca una cooperación entre todas las fuentes de producción
teórica que existen ya en algunas comunidades autónomas; si no, existe el
riesgo de que cada uno vaya por un camino diferente y, al final, resulte
que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acabe siendo, como
antes decía, un camino único, ni siquiera por voluntad política, sino
simplemente por la falta de presencia que pueda existir en esta relación
con otras autonomías.
Estoy muy de acuerdo con usted cuando ha subrayado la importancia de
nuestras relaciones con América Latina --creo que ése es un tema
absolutamente fundamental-- y también con respecto a nuestra presencia,
cada vez mayor, en las grandes instituciones europeas.
Usted ha señalado nuestra presencia en la Comisión de Venecia. Pues bien,
yo creo que éste es un tema clave, porque, como usted sabe, la Comisión
de Venecia está actuando hoy como un gran asesor de problemas
constitucionales en, prácticamente, los países que más lo necesitan, es
decir, en los países del Este, y muy especialmente en los que más
conflictos han tenido. Hoy casi todos saben que en la Comisión de Venecia
tienen un punto de referencia y creo que es importante que nosotros
estemos ahí con la mayor presencia posible.
El último de los grandes desafíos, el de los problemas contemporáneos,
que usted lo ha citado al final, creo que debería, si es posible,
desarrollarlo un poco más. Pienso que el Centro tiene que dedicarse con
especial ímpetu al análisis y a la aportación de reflexiones y de
posibles evoluciones de los grandes problemas contemporáneos, que son
jurídicos, pero no sólo jurídicos, y que necesitan que las experiencias
se mezclen.
Yo, como miembro del Consejo de Europa que soy, tengo responsabilidades
en este aspecto y hace muy poco hemos tenido un simposio con diputados de
la duma rusa. Esto se lo pongo como ejemplo. Fue una reunión enormemente
importante, que también nos enseñó mucho a nosotros, es decir, ¿hasta qué
punto podemos nosotros aportar nuestros conocimientos, o nuestra propia
experiencia, o lo que ha sido la forma de nuestra transición y hasta qué
punto ellos también nos pueden aportar cosas?; porque, a veces, nosotros
mismos tendemos a encerrarnos aquí pensando que hemos construido un
extraordinario edificio y que con esto ya vale, pero creo que incluso el
gran edificio que hemos construido necesita ser examinado y reparado
continuamente y, quizá, las soluciones nos pueden venir de lugares que
nos parecen improbables.
Dicho esto, que ya ve que no es nada diferente de lo que usted misma nos
ha citado, le quería insistir en algo que ha mencionado el señor Alcaraz
sobre la necesidad de tener un mayor conocimiento de cuáles son los
objetivos básicos y los criterios de reorganización.
Terminaría con una simple reflexión, que es que, sinceramente, me ha
parecido que el consejo rector, por lo menos por lo que usted ha citado,
tiene un componente demasiado institucional. Ese es mi parecer. Creo que
el consejo rector debería ser un consejo propiamente rector, o sea que
dirija, para lo cual puede tener, efectivamente, representaciones
institucionales, pero no sólo esto, yo creo que se necesita una mayor
presencia de los grandes sectores que hoy están moviendo al mundo de la
política y de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Trías Sagnier.
El señor TRIAS SAGNIER: Como no podía ser menos, mi salutación más
sincera y afectuosa a la doctora Iglesias por esta comparecencia que,
como han dicho mis compañeros, no es tanto de control, sino una
comparecencia por la que los miembros de la Comisión Constitucional
tenemos la oportunidad de conocer más directamente la labor que está
desarrollando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y por
ser ésta, además, la primera vez que comparece su directora o cualquier
director que haya habido antes en el Centro, que todavía no habían venido
a esta Comisión.
Doctora Iglesias, en lo que usted ha explicado, yo me uno esencialmente a
todas las sugerencias, preguntas y profundización que han hecho mis
compañeros, tanto el señor Alcaraz como la señora Uría, el señor
Castellano o el señor Solé Tura. Sinceramente, yo creo que su biografía,
plena de servicios al Estado y a la Corona, es más que un aval de la
actuación independiente que usted ya está desarrollando y que, sin duda,
va a seguir desarrollando en un centro a veces tan poco conocido y tan
importante como es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Yo me uno a las peticiones anteriores de esa labor de divulgación, porque
creo que sería muy interesante que se diese a conocer más en las
universidades y, como ha dicho mi compañero el señor Solé Tura, en las
comunidades autónomas, aunque ya he visto, y me congratulo de ello
también como catalán, que existe una amplia colaboración con la Comunidad
Autónoma de Cataluña, esencialmente con el departamento de Justicia. Pero
también sería interesante quizá que hubiese un mayor contacto con el
Parlamento. Bien es verdad que la presencia en su consejo rector de los
presidentes de la Comisión Constitucional tanto del Congreso como del
Senado puede ser el inicio de esa mayor colaboración.
Quiero resaltar la labor del Servicio de Publicaciones del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales con algunas revistas realmente
magníficas, porque no pueden ser calificadas de otro modo, como la
Revista de Administración Pública, que efectivamente ahora va a cumplir
su cincuenta aniversario; en ella nos hemos educado y hemos estudiado
todas aquellas personas que de alguna manera tenemos relación con esa
rama del derecho.
Quizá sería interesante profundizar en alguna otra publicación que,
probablemente por su propio lastre histórico, unas veces positivo y otras
negativo, tiene una existencia más lánguida. Yo creo que las
publicaciones de las obras completas son muy importantes, tanto las de
García Pelayo, ya hecha, como las que se están haciendo ahora del
profesor Tomás y Valiente y del profesor Díez del Corral, porque ayudará
a profundizar en la doctrina constitucional española, en esa doctrina
liberal que le es tan grata a nuestra directora --y con esto quisiera
acabar mi intervención--, que es una especialista en ese pensamiento
liberal constitucional español y que obtuvo un premio importante en
Francia por una publicación, editada en España, que se llama «El
pensamiento de Montesquieu, política y ciencia natural». Aunque algunos
se hayan empeñado (probablemente con una defectuosa interpretación de sus
propias palabras) en decir que Montesquieu está acabado o que había
muerto, él es la base y el inicio del pensamiento constitucional moderno,
no solamente en España sino en todos los países donde la división de
poderes es algo trascendente y fundamental para la convivencia
democrática.
Nada más, doctora Iglesias. Le reitero nuestra bienvenida y nuestro
agradecimiento por darnos a conocer mucho más de primera mano las
publicaciones y toda la actuación del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Iglesias, si no estuviera en condiciones
de responder a los extremos concretos planteados por los señores
diputados en sus preguntas --me estoy refiriendo muy concretamente a las
del señor Alcaraz-- por el mayor nivel de concreción o de detalle de
algunas de las cuestiones, podría, con la mayor brevedad posible, eso sí,
facilitar la respuesta escrita a algún asunto concreto, como el
presupuestario, porque es presumible que usted no esté en condiciones de
contestar con la exactitud que el señor diputado requería.
La doctora Iglesias tiene la palabra.
La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Iglesias Cano): Muchas gracias a SS. SS. por las amables y brillantes
palabras que han pronunciado. Realmente, he de repetir que estar hoy
entre ustedes es para el Centro y para mí personalmente uno de los actos
más importantes, que espero efectivamente que se repita y que podamos
establecer algún tipo de contacto más permanente.
Si les parece, para no cansarles, voy a agrupar la respuesta a ciertas
cuestiones, puesto que algunas han coincidido; lo haré en la medida en
que pueda contestar con más exactitud.
Voy a empezar, si me perdonan, por algo que a mí me toca muy directamente
como docente, que además amo la profesión y creo en ella, que es lo que
primeramente ha planteado don Pablo Castellano, también el señor Solé
Tura y un poco todos los que han intervenido, que es la enseñanza de la
Constitución.
Una de las primeras cosas que cuando he llegado al centro me impresionó,
y que supongo recordarán ustedes, fue un artículo de periódico, titulado:
La Constitución hace novillos (que publicó uno de los grandes periódicos,
no recuerdo ahora cuál, pero que yo lo recorté con mucho cuidado), donde
se llegaba a la conclusión de que no se conocía para nada la
Constitución. Es una de las primeras cosas que tomé como algo en lo que
el Centro tenía que iniciarse, no solamente por supuesto en la relaciones
con las universidades, que eso es relativamente fácil para la gente que
nos movemos en los medios académicos universitarios, sino con las
enseñanzas no universitarias. Realmente me ha llegado muy a fondo esa
pregunta, porque presenté al Senado (pero lo haría ampliable con
muchísimo gusto a esta Cámara), un poco porque estamos con el Senado no
sólo de vecinos sino de compañeros en muchas cuestiones (algunas las
estamos intentando hacer conjuntamente) un proyecto para la enseñanza de
la Constitución a profesores de enseñanza media, involucrando al
Ministerio de Educación a través de los ICE. Aquí tengo el proyecto y
estoy esperando, porque de nuevo tropezamos con las limitaciones
presupuestarias, ya que el Centro no puede hacer esto, ni tampoco tiene
la capacidad para movilizar todo eso, pero estamos justo en ello, creo
que irá a buen puerto y pretendemos hacer en jornadas continuadas unos
seminarios de tres, cuatro días, que además les sirvan a los profesores
de enseñanza media para su propio currículum.
Además, es una enseñanza sobre la que el señor Castellano ha empleado la
palabra encariñamiento; exactamente eso; no se trata sólo de enseñar
formalmente, sino de transmitir lo que podríamos llamar los valores
intangibles que están detrás de nuestra Constitución y toda una historia
y unos avatares que son los que merece la pena que sean algo acogido e
interiorizado por las nuevas generaciones. Ese es un tema por el que
además agradezco toda la colaboración que la Cámara pueda prestar ya de
entrada con su propio apoyo, porque ha sido una de mis preocupaciones.
También estamos dando vueltas alrededor de si podíamos hacer algo con la
radio, a través de las ondas; la televisión es otro mundo bastante
complicado en el que no se puede entrar, pero tenemos en nuestra época la
suerte de vivir con unos medios tan fabulosos de comunicación que no los
podemos desaprovechar, haciendo que al mismo tiempo sea algo ameno.
También hablé con algunos amigos periodistas que se han interesado, que
han sido asiduos de esta Cámara, para ver si podíamos montar algo --ése
es un proyecto que está sobre la mesa, pero está menos adelantado que
este otro de la enseñanza-- que fuera a través de la historia, de manera
que pudiéramos unir episodios históricos pasados. La Historia no se
repite literalmente, pero sí que se repiten situaciones parecidas con
motivaciones constitucionales actuales. Por eso, bienvenido sea todo el
apoyo de esta Cámara, y desde luego puedo asegurar que es una de las
prioridades y de los desafíos, porque creo que hay que abrir el Centro a
un público que no lo conoce. Ese es el punto en el que quisiera insistir.
Otro de los puntos, con lo que creo respondo a varias de SS. SS., es el
de la reorganización. En la reorganización hemos seguido, como decía
antes, el objetivo de ampliar todo lo posible las instituciones y
personalidades, no solamente instituciones, sino que luego hemos puesto
un número de vocales, no superior a diez, para que puedan entrar
personalidades que no pertenecen a instituciones pero que están
interesadas por los temas constitucionales, que además son renovables
cada dos años, y pueden ser prorrogables hasta cuatro, precisamente para
que el Centro tenga una cierta circulación.
El señor Solé Tura ha hecho mención a todo ese pasado del Centro y yo no
resisto la tentación, como historiadora, de contestarle a ese punto,
porque ha aludido además varias veces a tradición e innovación. Creo
mucho en ese equilibrio, creo que solamente se puede crear sobre lo que
ya está y en los intersticios que las cosas nos ofrecen ir mejorando en
la medida de lo posible. Concretamente, sobre lo que mencionaba el señor
Solé Tura de que el Instituto de Estudios Políticos fue creado en su día
como órgano de producción ideológica del antiguo régimen, creo que muy al
principio de los cuarenta, ocurren las paradojas de la historia, que bien
conocen SS. SS. Ese centro desde el principio sirvió --con la cantidad
además de directores de distinto tipo que pasaron--, por así decir, de
refugio de muchos ilustres profesores y de muchos ilustres nombres que
todos conocemos. El profesor Tierno Galván dio ahí sus clases; el
profesor García Pelayo también antes de irse a Venezuela; el profesor
Carande, en la época que estuvo separado de la cátedra, en ese momento de
la postguerra, también recibió refugio allí; se hacían traducciones, se
hacían
publicaciones. Es decir, de alguna manera estamos con un organismo --y yo
como historiadora lo vivo con cierto apasionamiento-- donde se da esa
paradoja de la realidad apasionante de las consecuencias no intencionadas
de la acción, de que las cosas, por su propia dinámica, resultan
diferentes de lo que se ha propuesto.
Cuando yo entré en la universidad el año 1963, creo recordar, en el
Instituto de Estudios Políticos se daban unos seminarios de una
pluralidad, de una libertad de expresión y de pensamiento que ya empezaba
a darse en la universidad, pero no con la riqueza que se daba en el
propio Instituto, y luego el Centro se ha mantenido en lo mismo.
Es cierto que el equilibrio entre una dependencia orgánica y económica y
la independencia de criterio puede ser delicado, pero el hecho es que el
Centro y el anterior Instituto lo ha mantenido, y yo espero sinceramente
que esto sea así permanentemente, no sólo porque en este momento esté yo
de directora. Esta reorganización que hemos hecho era necesaria, porque,
si recuerdan ustedes, en el decreto de 1977 todavía el centro dependía
del ministro adjunto al presidente encargado de la coordinación
legislativa; luego, como digo, hubo modificaciones parciales muy
confusas: en un momento aparecía como vicepresidente de ese consejo
rector el director, en otros momentos posteriores aparecía el secretario
de Presidencia, luego en la época en que fue ministro de Relaciones con
las Cortes don Virgilio Zapatero --que por cierto es un asiduo del
Centro-- él se hizo un poco cargo del Centro. O sea, que hay una mezcla
que simplemente hemos reorganizado con arreglo a unos criterios de
coherencia que me parece que son bastante estables y creo que de alguna
forma garantizan, por esa pluralidad, el que se mantenga esa
independencia de hecho.
No sé si con esto contesto a varias de las preguntas, pero estoy, no hace
falta decirlo, a la completa disposición de SS. SS. para después ampliar
cualquier otra cosa.
Los tres puntos que señalaba el señor Alcaraz, eficacia y transparencia,
adecuación a sus fines, y pluralidad, creo sinceramente que se están
manteniendo. El cuadro de profesores, las publicaciones, la multiplicidad
de los directores de colecciones, de los directores de revistas, creo que
atestiguan ampliamente este carácter.
Una de las cosas en la que estoy totalmente de acuerdo y en la que
quisiera insistir, es que no es sólo un asesoramiento, sino que está
abierto a toda la sociedad, a todas las instituciones, y yo creo que
efectivamente el Centro es bastante desconocido. No recibimos tantas
peticiones de informes de la Administración. Tenemos casi más actividad,
por ejemplo, con la Comisión de Venecia y con las universidades que con
otros órganos de la Administración. Por eso insistía en la importancia de
ese depósito documental que nos permite unas elaboraciones que quizá no
nos piden con demasiada frecuencia, pero que estamos dispuestos a
proporcionar en la medida de nuestras fuerzas.
En cuanto a si existe programa de colaboración (otro punto importante que
han tratado algunas de SS. SS.) con las comunidades autónomas, nuestra
intención es crear programas estables, porque lo que había hasta ahora
casi siempre era para una actividad concreta. En eso estamos. Hemos
empezado con el departamento de Justicia de la Generalitat y también con
la Comunidad de Madrid, que por cercanía nos ha sido fácil establecerlo.
Nuestra intención es hacerlo con todas las comunidades autónomas que
podamos.
En cuanto a los objetivos, sobre los que insistía el señor Alcaraz, en
esta nueva etapa, y de forma muy clara, estamos dando un impulso mayor
con los países de toda Iberoamérica, que es un punto fundamental.
Pretendemos mantener una relación permanente con otros centros políticos
y constitucionales de distintos países y de las comunidades autónomas.
Estos serían los grandes focos a los que añadiría el tercero, que antes
mencionaba, el factor de creación de difusión de la doctrina
constitucional, que hago mío con todo entusiasmo y con toda fe, porque
creo que se pueden hacer muchas cosas.
En cuanto a transparencia, relaciones y lo que hace el Centro, estamos a
su total disposición. Aquí están nuestros catálogos. Precisamente por eso
hemos hecho ese boletín informativo, que, como digo, el año que viene
podrán recibirlo SS. SS. directamente en papel. Por equilibrios
presupuestarios, este año nos hemos limitado a engancharlo a Internet.
Con relación a la informatización del Centro, siempre nos faltan medios,
pero en este momento son suficientes para poder acometer las tareas de
las que estamos hablando.
No sé si algunas de las cosas muy importantes que han apuntado SS. SS, se
me queda en el tintero, pero las anoto todas. Tengan la seguridad de que
haré lo posible por llevarlas a cabo. Muchísimas gracias a todos. (El
señor Solé Tura pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Quería saber si en este momento es posible tener
acceso al fondo documental a través de Internet o todavía no.
El señor PRESIDENTE: Doctora Iglesias, si quiere, puede recabar el
conocimiento específico de alguno de sus colaboradores.
La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Iglesias Cano): Todavía no, porque estamos enganchados al servicio
informático de Presidencia. El señor Villagrá, que es nuestro gerente y
persona encargada de este tema, si le permiten, puede ampliar la
información. Pero en ello estamos.
El señor PRESIDENTE: Señor Villagrá, ¿tiene la bondad de incorporarse a
la Mesa?
El señor GERENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Villagrá Blanco): Se están resolviendo unos problemas técnicos con el
Ministerio de la Presidencia, con el que estamos conectados directamente.
En este momento se ha planteado un programa para entrar en Internet a
través de la red Iris,
pero todavía no están resueltos los problemas para podernos relacionar
directamente y en la extensión que S. S. solicita.
La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Iglesias Cano): Pero se hará.
El señor PRESIDENTE: Dadas las disponibilidades informáticas de la propia
Cámara, quizá alguno de los problemas que estamos planteando podrían ser
susceptibles de una solución inmediata, sin necesidad de pensar en
soporte papel.
El señor Trías Sagnier tiene la palabra.
El señor TRIAS SAGNIER: Solamente quería hacer una sugerencia, que ruego
que no se me tome como malintencionada, y es la siguiente: he oído, y yo
creo que es muy importante, que están estudiando la posibilidad de hacer
algún programa de radio o incluso algún programa de televisión. Yo le
sugeriría que si consiguen hacerlo, que sea en horas de mucha mayor
audiencia que el programa que tenemos nosotros que se denomina
Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Resumo e interpreto el sentir, explícitamente
manifestado por todos los señores portavoces intervinientes en el
desarrollo de esta Comisión, del reconocimiento y gratitud de la doctora
Iglesias por la información, muy útil, que nos ha proporcionado sobre el
funcionamiento y desarrollo de su actividad en el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. Si me permite la pequeña concesión
cinéfila, concluyamos levantando la sesión y diciendo que sea éste el
comienzo de una gran amistad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.