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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 284, de 02/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 284
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO
Sesión núm. 16
celebrada el jueves, 2 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Defensa (Morenés Eulate)
para informar sobre:
--Previsiones de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa acerca de
próximas operaciones de enajenación de bienes inmuebles. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 212/000748) (Página 8156)
--Adjudicación a la consultora Arthur Andersen y al Banco de Negocios
Natwest Markets de un informe sobre la enajenación de instalaciones y
propiedades de Defensa. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/000342) (Página 8162)
Preguntas:
--Del señor Meyer Pleite (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre medidas para extremar los
controles en los establecimientos militares, así como investigación para
depurar responsabilidades por el fallo en el sistema de seguridad de la
base militar de Araca (Vitoria), el día 5 de mayo de 1997. (Número de
expediente 181/000741) (Página 8169)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario anterior), sobre
previsiones acerca de entablar contactos con la Generalidad Valenciana y
el Ayuntamiento de El Toro (Castellón) para tratar del futuro de las
instalaciones del Centro de Transmisiones número 6, declaradas sin
interés militar. (Número de expediente 181/000825) (Página 8170)
--Del mismo señor Diputado, sobre garantías del mantenimiento de las
instalaciones del Centro de Transmisiones número 6, sito en la localidad
de El Toro (Castellón), hasta que se decida su uso futuro de carácter
civil. (Número de expediente 181/000826) (Página 8170)
Comparecencia del señor Subsecretario de Defensa (Menéndez Menéndez),
para explicar el empleo del tiempo de ocio en los cuarteles. A petición
propia. (Número de expediente 212/000723) (Página 8172)
Preguntas:
--Del señor Meyer Pleite (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre sustitución de trabajadores
españoles de la base aeronaval de Rota (Cádiz), que ejercen sus servicios
en el comedor Camp Mitchell, por trabajadores norteamericanos. (Número de
expediente 181/000697) (Página 8175)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario anterior), sobre
actuaciones del Ministerio de Defensa tras las resoluciones del Consejo
General del Poder Judicial, estimatorias del recurso del teniente coronel
auditor José María Llorente. (Número de expediente 181/000806) (Página 8177)
--Del mismo señor Diputado, sobre posible actuación del Ministerio de
Defensa en relación con el contenido de la revista «Mando». (Número de
expediente 181/000809) (Página 8180)
--Del señor Fernández Sánchez (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre actuación de las Fuerzas Armadas
ante una concentración no violenta frente al cuartel de Aizoain el día 2
de julio de 1997. (Número de expediente 181/000858) (Página 8182)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (MORENES EULATE)
PARA INFORMAR SOBRE:
--PREVISIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA ACERCA DE
PROXIMAS OPERACIONES DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/000748.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo al
desarrollo de esta sesión, cuyo orden del día, como habrán podido
comprobar, tiene dos bloques claramente diferenciados. En primer lugar,
hay un bloque de dos comparecencias y de tres preguntas, que serán
contestadas por el secretario de Estado de Defensa, don Pedro Morenés,
aquí presente y a quien damos la bienvenida a la Comisión; en segundo
lugar, hay otro bloque, que en principio hemos previsto que pueda empezar
hacia las once y media, con una comparecencia y cuatro preguntas, que
serán contestadas por el subsecretario de Defensa.
Vamos a proceder, por tanto, al desarrollo del orden del día, según
estaba previsto, con la comparecencia del director de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa ante la Comisión de Defensa para dar cuenta
de las previsiones del citado organismo acerca de próximas operaciones de
enajenación de bienes inmuebles. Con arreglo a lo que la Mesa decidió en
su momento y con lo que es, por otra parte, práctica habitual en la
Comisión, la comparecencia va a estar a cargo, como ya hemos anunciado,
del secretario de Estado de Defensa, don Pedro Morenés, que tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): En relación
con las previsiones del organismo autónomo acerca de las próximas
operaciones de enajenación de bienes inmuebles, entendemos que el sentido
de la exposición que se nos ha solicitado es, específicamente, comentar
aquellos aspectos que la Gerencia de Infraestructura piensa, en el
próximo futuro, llevar a la ejecución que tiene encomendada de acuerdo
con la legislación a la que está sometida, y no tanto --entendemos-- el
hablar de los proyectos que tenga la Dirección General de Infraestructura
del Ministerio en relación con lo que sean ámbitos de gestión más amplios
que los propios que tiene encomendados en estos momentos.
Conocen SS. SS. que el proceso de enajenación de bienes inmuebles
propiedad del Ministerio de Defensa está
sujeto a una serie de limitaciones que impiden determinar con exactitud
qué bienes han sido desafectados y podrán ser realmente vendidos, y qué
precios obtendrá por aquellos que se enajenen. Debido al origen
expropiatorio de algunos de ellos y la calificación urbanística de
equipamiento militar que caracteriza a gran parte del patrimonio del
Ministerio de Defensa, lleva aparejado que el período que va desde su
declaración de desafectación hasta la firma de un convenio y su
liquidación abarque más de cuatro años de tiempo medio.
El origen expropiatorio de muchos bienes de Defensa que hoy constituyen
el patrimonio inmobiliario es de, prácticamente, principios de este
siglo, lo que además obstaculiza el proceso de identificación de terceras
personas que pudieran tener un derecho preferente sobre el bien.
Asimismo, el procedimiento de subasta, que rige con carácter general para
las enajenaciones del patrimonio del Estado, implica un proceso de
publicación, convocatoria, adjudicación y cobro del precio que se dilata
en el tiempo de manera importante. Entre los años 1993 a 1996 se
desafectaron propiedades con una extensión de casi 29 millones de metros
cuadrados. En función de los tiempos de depuración indicados es de
esperar que una buena parte de este patrimonio pueda estar en condiciones
de enajenación a partir del año que viene. Durante 1997 se han suscrito
ocho convenios con diversos ayuntamientos, por un importe de 650 millones
de pesetas. Teniendo en cuenta las consideraciones que acabo de
mencionar, las previsiones de ingresos para los próximos años son las
siguientes. Con cierta fiabilidad podemos hablar de los primeros dos años
porque, como ya he dicho, la necesidad de tener cuatro años para saber
exactamente cuál es la situación jurídica de los bienes nos lleva a no
poder hacer cábalas sobre cuáles podrían ser los resultados económicos o
cuáles de estos bienes podrían tener posibilidad de entrar en el mercado.
Para el año 1998 hemos calculado que serían 13.000 millones de pesetas, y
para el año 1999 serían 10.000 millones de pesetas por la vía que tenemos
ahora establecida de utilizar el sistema de la Gerencia de
Infraestructura. Estas cifras son meramente indicativas y dependerán del
resultado final de los convenios que se suscriban, así como de la
evolución del mercado inmobiliario en los próximos años.
Dentro del grupo de bienes inmuebles que vamos a sacar al mercado
destacan por su volumen económico para los próximos años fundamentalmente
tres, que son: los terrenos de la Hípica Esteban Infantes, en Valladolid,
cuya valoración técnica asciende a 1.100 millones; la antigua Pirotecnia
Militar de Sevilla, cuya valoración técnica asciende a 3.000 millones, y
el acuartelamiento de San Lamberto, en Zaragoza, cuya valoración técnica
asciende a 1.000 millones de pesetas.
Las previsiones a más largo plazo son difíciles de evaluar, ya que
dependerán de la agilización de los procesos de depuración y enajenación
y de la definición del modelo final que se adopte para las Fuerzas
Armadas en cuanto a los acuartelamientos y bienes inmuebles que quedarán,
en su caso, desafectados por no ser de utilidad operativa para las
Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, que es
el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
estar aquí hoy con nosotros.
A nosotros nos preocupa mucho que el Ministerio de Defensa, que tiene mil
quinientos millones de metros cuadrados --lo cual le convierte en el
primer terrateniente de España--, esté dando pasos para intentar
privatizar la gestión del suelo concediendo esa gestión a una empresa
privada, en este caso a Arthur Andersen, con un espíritu de excesiva
recaudación precisamente para que este dinero se pueda dedicar a la
profesionalización de las Fuerzas Armadas, no con un criterio aceptable
desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de
intentar negociar con el patrimonio adquirido, muchas veces por cesión de
los propios ayuntamientos en su día al Ministerio de Guerra; es decir,
para literalmente hacer un negocio con estos inmuebles.
Creemos que lo que se tendría que hacer es una gestión política con el
conjunto de los ayuntamientos del Estado español en el sentido de
diferenciar claramente lo que han sido las cesiones gratuitas en su día,
con un fin determinado de defensa, por parte de los ayuntamientos, y
negociar a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
una solución global en esa enajenación, en esa cesión de todos los
inmuebles y que no se haga negocio con ellos.
Esa doble preocupación la seguimos manteniendo a partir de su
comparecencia; es decir, nos preocupa, primero, que se privatice la
gestión del suelo del Ministerio de Defensa a partir de esa consideración
de 1.500 millones de metros cuadrados que le convierten en el primer
terrateniente del Estado español, y, segundo, que se pretenda hacer un
negocio con un suelo que en su día fue cedido por la mayoría de los
ayuntamientos con ese carácter finalista para uso de la defensa. En el
momento en que todos estos patrimonios se van enajenando y ya no tienen
ese interés, lo lógico y lo sensato sería que se iniciara esa negociación
con los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y
Provincias, y, a partir de ahí, ir resolviendo el conjunto de todas estas
instalaciones que ya no sirven para la defensa. Lo contrario nos parece
sencillamente un intento desesperado recaudatorio por parte del
Ministerio de Defensa, pero que no cuida estos aspectos que son
esenciales.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, que dividirá su tiempo entre los dos peticionarios de
intervención, en primer lugar tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Tras agradecer al compareciente su intervención,
hemos de decirle que nos ha defraudado profundamente. Creo que ha sido
una intervención que no ha tenido el más mínimo componente político, que
no ha mostrado la más mínima sensibilidad a los problemas
existentes y que se ha limitado a esbozar unos datos en general ya
conocidos y que aportaban poco.
De su intervención me quedo con unas palabras textuales que he anotado
entrecomilladas, y es que para el futuro se hacen cábalas. Ya sé que es
una expresión coloquial, pero que nos remite a ese componente mágico que
tendría la expresión de hacer cábalas. Lo que sucede es que entendemos
que se produce una cierta trastocación mágica entre lo que deben ser
fines de utilidad social, fines políticos, y lo que supone simplemente
una administración tecnocrática que no reconoce, como digo, las
necesidades sociales.
La Ley de Gerencia de Infraestructuras de la Defensa sin duda es una ley,
como ustedes saben, importante en sus consecuencias; desde su creación,
según reconoce el Gobierno, ha llegado a gestionar y gestiona alrededor
de cien millones de metros cuadrados, cantidad enormemente importante;
era una ley temporal que fue prorrogada, y que sin duda es una mala ley
en algunos aspectos. Es una ley que pretende dar solución a un problema
concreto, que es la desafectación de bienes que anteriormente tenían uso
militar, bienes que seguramente se van a multiplicar en el futuro, pero
que no atiende a criterios de utilidad social. Solamente, digamos, es un
elemento de retroalimentación económica, que en algún aspecto podía ser
útil, pero que seguramente se podía dudar de su utilidad para el fin que
era creado, porque si se trataba de asegurar dinero para nuevas
infraestructuras del mismo tipo de aquellas que se vendían, hoy nos
encontramos que en la práctica van a hacer falta cada vez menos
cuarteles, cada vez menos instalaciones militares y hay una cierta
tendencia a no utilizar esos bienes. Que el dinero que se obtenga por
este concepto se utilice para otras finalidades del Ministerio de
Defensa, que podían además ser oscuras desde el punto de vista del
control parlamentario, no nos parece adecuado. Luego indicaré por qué
digo esto en concreto.
La realidad social indica que hay una enorme cantidad de bienes
inmuebles, de terrenos --pero lo más grave son los bienes inmuebles--,
ubicados en centros urbanos, algunos de un gran valor inmobiliario, otros
situados estratégicamente, incluso ubicados en lugares que son referentes
de la vida de una ciudad, como comandancias de Marina, que permanecen
cerrados durante años y años y en muchos casos sometidos a unas
condiciones de deterioro realmente alarmantes.
Por más explicaciones que se den, el ciudadano no va a poder entender
--yo creo que esto es una reflexión democrática importante-- cómo,
mientras existen necesidades públicas acuciantes, mientras los
ayuntamientos fuertemente endeudados en muchas ocasiones no pueden
comprar los bienes de la gerencia, esos locales están cerrados y se
deterioran, cuando en muchos casos, como ya se ha indicado, esos terrenos
fueron cedidos para ese uso.
Hay una proposición de ley presentada por el Grupo Popular en el Boletín
de fecha 23 de diciembre de 1996 que no ha seguido su curso
parlamentario, en la que yo croe que se reconocía algo de eso, pero
figuraban preocupantes alusiones a la posibilidad de utilizar el dinero
obtenido de la venta de bienes inmuebles para otros fines distintos de
los que en principio pedía la ley. También nos gustaría saber si el Grupo
Popular va a perseverar en la defensa de esta ley.
También hay un acuerdo del debate del estado de la Nación en el que el
Pleno de esta cámara acordó instar al Gobierno para que promoviera
acciones que pidieran la reversión gratuita a los ayuntamientos. Deduzco
de esta intervención que el Gobierno no piensa hacer ningún caso al
Congreso de los Diputados en ese acuerdo.
Por tanto, ¿qué hacer? Para nosotros es inevitable que se produzcan
cambios en la ley; para Nueva Izquierda es importante que se distinga el
tipo de bienes. No se va a poder mantener la situación de una misma ley
que acoja bienes inmuebles de un gran valor inmobiliario con carreteras
cerradas, no tiene mucho sentido, y sin ninguna duda se deben procurar,
siempre que sea posible, acuerdos con comunidades autónomas y
ayuntamientos; que haya proyectos de utilidad social o pública que puedan
dar lugar incluso a la reversión gratuita o a algún tipo de negociación
que no se fije estrictamente no ya en el precio del mercado o en el valor
catastral, sino que se hagan en condiciones claramente favorables a esas
comunidades autónomas y ayuntamientos, siempre que aseguren la ejecución
de unas obras, siempre que aseguren la adecuación de los espacios
existentes a utilidad pública.
Finalmente, me gustaría preguntar al compareciente, ya que no ha habido
una alusión directa a ellos, por los bienes existentes en el País
Valenciano. Fundamentalmente, le rogaría que indicara las previsiones
--ha habido noticias muy contradictorias en los últimos meses-- sobre los
cuarteles de Alicante, de Alcoy, del antiguo regimiento Tetuán XIV de
Castellón, el sector aéreo de Valencia, en la calle Benavente esquina a
Burriana, y también los numerosos bienes desafectados o inutilizados en
la población de Manises.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Realmente, es imposible entender este debate
si no tenemos en cuenta que hay una ley del año 1984 a todas luces
desafortunada, porque consiste, ni más ni menos, en que una parte de la
Administración del Estado, cual es el Ministerio de Defensa, al margen de
la Administración general, y en particular del Ministerio de Economía y
Hacienda, se pueda convertir, a través de un organismo autónomo, en una
especie de gerencia mercantil y de negocio; además, de negocio con
algunas propiedades que, como dijo ya el señor secretario de Estado,
tenían una grave disputa desde el punto de vista jurídico. A nadie se le
oculta que gran parte de estos bienes fueron expropiados en su momento o
entregados por los ayuntamientos gratuitamente y ahora no van a revertir
en los ayuntamientos ni tampoco en los vecinos que fueron expropiados en
los años cuarenta, en los años treinta, en fin, a partir de comienzos del
siglo XX.
Esto es más grave todavía porque convierte a una parte de la
Administración en negociante mercantil con otras partes de la
Administración, como pueden ser las comunidades autónomas o los
ayuntamientos. Esta situación es
peor en el caso de comunidades autónomas con graves problemas económicos,
con graves problemas de carácter infraestuctural; en concreto, en
ciudades que padecen un declive industrial gravísimo.
El señor secretario de Estado tiene que ser consciente --y, si no,
haremos todo lo posible para que lo sea, como hicimos desde que llegamos
a este Congreso de los Diputados-- de que no se puede mantener
prácticamente hipotecadas en su futuro por más tiempo a ciudades con
85.000 habitantes, por bienes de Defensa desafectados que ocupan más de
un cuarto de su espacio urbano, sin hablar de su espacio de carácter
rural. Es imposible que ayuntamientos o comunidades autónomas en esta
situación puedan hacer frente a subastas que supondrían miles de millones
de pesetas en el caso de los solares, incluso si van por un precio en
relación con el que tienen estas sociedades en declive, que claramente no
van a poder afrontar. Es más, hay algo que no se tiene en cuenta en el
caso de Galicia, y que es grave: que tampoco los compradores privados van
a tener esa capacidad. Ya me dirá el señor secretario de Estado cómo se
puede hacer frente, en una ciudad como Ferrol, desde el punto de vista
público o desde el punto de vista privado, a los metros cuadrados que
tiene el cuartel de Infantería que va a ser desafectado.
Podríamos entender todo esto con el argumento de que a Defensa le hace
falta dinero; vamos a aceptar incluso ese tipo de filosofía que no
compartimos. Pero lo que se entiende muchísimo menos es la obstinación
que hay para no entregar ni siquiera bienes inmuebles que tienen un valor
cultural evidente, que están catalogados como bienes de interés cultural
y que no se entregan para otros usos para que sean cuidados debidamente.
Incluso se prefiere, después de una gran presión social, volver a situar
alguna tropa, por mínima que sea, en nombre del cuidado o vigilancia
sobre el edificio, pero sin llegar a ningún convenio o a una situación
favorable para que esos edificios de valor histórico-artístico entren a
formar parte de una importante ruta turística o a que empiecen a ser
cuidados, aunque sea progresivamente, e invertir algún dinero en las
otras administraciones públicas siempre y cuando pasaran a ser ellas
titulares o usufructuarias de esos edificios. Me estoy refiriendo al caso
del castillo de San Felipe, al que, aparte de someter a un expolio --no
solamente a sus documentos, que me imagino que estarán en algún lugar del
Ministerio de Defensa, bien en A Coruña bien en Madrid--, se dejó
deteriorar durante muchos años, dígase lo que se diga, y ahora se abre
otra vez al público, protegido por tres o cuatro soldados o artilleros, o
la catalogación que tengan, pero no se hace nada para que eso sea
transferido efectivamente a la comunidad autónoma o al ayuntamiento.
Igual podríamos decir de un monasterio como Santa Catalina, en Ares, o de
un castillo como el de La Palma, que sigue manteniendo la bandera
española, pero no se sabe muy bien con qué finalidades a largo plazo.
En definitiva, pensamos que esta política no se puede defender más que
desde la posición de unos gobiernos que consideran que el Ministerio de
Defensa es un caso aparte, que puede emplear toda la prepotencia del
mundo en el trato con las otras administraciones públicas y con la
sociedad. Por tanto, es urgente que se modifique la ley y, si no se
modifica, que se deje al margen de ella lo que tiene un valor
histórico-artístico y cultural evidente, porque se puede asegurar que, en
el caso de Galicia, y en el caso particular de Ferrol, no se va a
conseguir vender ninguno de los solares, y dudo mucho de que se pueda
hacer con ninguno de los bienes declarados de interés
histórico-artístico, porque no va a haber comprador. Sería lamentable
que, por desinterés, desfachatez e incluso por desprecio a la propia
sociedad, esto fuera a ser una especie de ruina cantada. Desde luego, en
el año y medio que llevamos aquí hemos hecho todo lo posible, desde
intentar reformar la ley, que se perdió por muy pocos votos, hasta
aprobaciones unánimes de la Comisión de Cultura, para que los bienes de
interés cultural se transfiriesen a las comunidades autónomas. No sabemos
por qué esta desrazón. Vuelvo a repetir que hay una gran insensibilidad
ya no con los solares urbanos sino con estos bienes de carácter
artístico.
Quisiera hacer una recomendación al señor secretario de Estado. Creo que
sería bueno que los cargos políticos del Ministerio de Defensa visitasen
las ciudades afectadas para poder comprobar in situ lo que es legítimo
vender, admitiendo la filosofía de la que se parte, y lo que es un
auténtico escándalo que no se podría consentir en un Estado de Derecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Mi grupo tenía la intención de haber solicitado el
tratamiento conjunto de la primera y la segunda comparecencias, porque
entendíamos que el fondo del problema era el mismo. De hecho, las
intervenciones de los portavoces de los grupos nos confirman que
estábamos en el buen camino a la hora de solicitar esto, porque
indudablemente se está mezclando una comparecencia con la otra. Yo no sé
si intervenir en este momento o, como mi petición tiene un carácter más
general y hace referencia al informe concreto que se había encargado por
el Gobierno, casi prefiero dejar mi intervención para la segunda
comparecencia.
El señor PRESIDENTE: En un principio lo estuvimos pensando, pero después
entendíamos que había aspectos diferenciados en ambas comparecencias.
No hay ningún inconveniente en que intervenga después y tendrá el tiempo
que quiera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor secretario de Estado,
gracias por su presencia esta mañana en la Comisión de Defensa.
El Grupo Parlamentario Popular ya viene expresando su preocupación desde
hace mucho tiempo, desde pasadas legislaturas, por el tema de las
instalaciones militares desafectadas. Para ello, presentó una proposición
de ley en el Congreso de los Diputados el 23 de diciembre del año pasado,
que tiene toda su vigencia. Desde luego, afirmo en
este momento, y en contestación a la pregunta formulada por el portavoz
de Nueva Izquierda en el Grupo Mixto, que, con toda seguridad, el Grupo
Parlamentario Popular mantiene lo que se ha planteado en esa proposición
de ley y está a la espera de que entre para su debate en el Pleno del
Congreso. Es decir, en el momento en que la Mesa considere oportuno que
esa proposición de ley debe de entrar, y esperemos que sea cuanto antes,
el Partido Popular la defenderá en su integridad.
Ante la comparecencia del secretario de Estado esta mañana se me plantean
varias cuestiones que me gustaría que contestase. Ha dicho el secretario
de Estado que existen graves disputas jurídicas a la hora de poder
realizar este tipo de cesiones. Me gustaría saber si el Ministerio de
Defensa está dispuesto a saltarse la ley, a prevaricar o a ser acusado de
ceder, vender o donar instalaciones, cosa que no puede hacer con la
legislación vigente.
Estamos convencidos de que en estos últimos años, sobre todo en estos
últimos dieciocho meses, se han firmado cantidad de convenios con
ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, con cesiones que se
han realizado para el uso, adecentamiento y utilización de estas
instalaciones militares. Me gustaría saber si la Secretaría de Estado
dispone de los convenios que ha firmado de manera gratuita y de las
cesiones que se han firmado durante estos últimos años para poder tener
un balance equilibrado de qué es lo que está realizando el Ministerio de
Defensa con estas instalaciones. También me gustaría saber, señor
secretario de Estado, cuántas cesiones han rechazado los municipios en
España que se les han ofrecido desde el Ministerio de Defensa. Quizá en
este tema podríamos tener una dimensión ajustada de qué es lo que está
pasando con algunas cesiones, repito, que se pretenden hacer en
ayuntamientos, cuáles se rechazan y cuáles no. Al Grupo Parlamentario
Popular le preocupa lo que está pasando con determinadas instalaciones, y
sobre todo con el tiempo que transcurre entre la desafectación y la
posible utilización por la sociedad de instalaciones que, como se ha
dicho aquí, tiene auténtico interés cultural o turístico.
Por lo que respecta a la ciudad de Ferrol, en estos momentos el castillo
de San Felipe, al que ha hecho mención el portavoz del Bloque
Nacionalista Gallego, después de haber sido expoliado, sin ninguna duda;
después de haber sido maltratado, sin ninguna duda; después de que se han
robado cantidad de cuestiones que allí existían desde que se desafectó
para el uso de la defensa desde hace años, lo que ha hecho este Gobierno
ha sido ponerle una vigilancia acordada entre la Capitanía General de la
región militar con sede en La Coruña y con el propio Ayuntamiento de
Ferrol, para que se mantengan, se limpien y se vigilen esas
instalaciones, para que no sigan teniendo una permanente ocupación de
personas que no van con los usos que se le quieren dar a estas
instalaciones.
Estoy totalmente de acuerdo también con la necesidad de que
acuartelamientos como el de Infantería o como el del Gobierno Militar, en
el casco urbano de la ciudad de Ferrol, un edificio histórico con
connotaciones importantes para la ciudad, puedan ver en un futuro próximo
los acercamientos y las conversaciones que se mantengan desde el
ayuntamiento con el Ministerio de Defensa, para tratar de recuperar unas
instalaciones, insisto, que sin duda tienen un carácter excepcional para
la ciudad de Ferrol.
Termino, señor secretario de Estado, haciendo mención a una preocupación
expresada en el Ministerio de Defensa desde el principio de la
legislatura, y compartida por el Grupo Parlamentario Popular, de agilizar
este patrimonio, de rentabilizar al máximo, porque después de la Ley de
Acompañamiento del año pasado, aprobada con los Presupuestos Generales
del Estado, lo que ha quedado muy claro es que sin hacer ningún tipo de
actividad oscura, porque está aprobada precisamente en los Presupuestos
Generales del Estado, y de acuerdo con lo expresado por el presidente del
Gobierno, lo que se pretende es que con la venta de aquel patrimonio de
que dispone el Ministerio de Defensa se pueda acometer la
profesionalización y la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, como
se ha hecho ya durante este año, ante la escasez de recursos que
sistemáticamente se pretenden reducir desde diversos grupos
parlamentarios.
Señor secretario de Estado, con todas estas preocupaciones, con la
voluntad nítida y clara del Grupo Parlamentario Popular de que nuestra
proposición no de ley salga adelante en el menor plazo posible, me
gustaría que contestara a las preguntas que le he formulado en mi
intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado de
Defensa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Quisiera
empezar diciendo que la Ley de la Gerencia de Infraestructura se concibió
como un instrumento de financiación de la infraestructura de las Fuerzas
Armadas. A pesar de la corta experiencia que tengo en este cargo, no creo
que haya una situación del Estado que cuide más el patrimonio que tiene
que las Fuerzas Armadas. Lo digo con conocimiento de causa y sin ninguna
necesidad de sentirme vinculado por mi cargo actual en Defensa. He
visitado los cuarteles que tienen en activo las Fuerzas Armadas en España
y les puedo asegurar, en primer lugar, que con recursos escasísimos, o
por lo menos escasos, para dedicarlos a lo que es mantenimiento, los
cuarteles de las Fuerzas Armadas españolas están en perfecto estado, lo
cual en principio es muy loable. En segundo lugar, permite que esos
bienes históricos que vemos que no están en manos de las Fuerzas Armadas,
que también están en determinadas ciudades españolas y que se están
cayendo, permanezcan, por lo menos hasta el momento de su desafectación
de las Fuerzas Armadas, en perfecto estado. Eso como punto número uno.
Como punto número dos, he dicho al principio de mi anterior intervención
que creía que esta pregunta tenía otro significado que la pura
literalidad que la pregunta parecía llevar aparejada. Es decir, que
íbamos a hablar más de lo que es la gestión de la infraestructura de la
defensa que de lo que es el proyecto de la Gerencia de Infraestructura
para los próximos dos años, que es a lo que me he remitido ajustándome a
la literalidad de la comparecencia. Entiendo que
quizá debería haber interpretado el sentido de la pregunta de una manera
más amplia o quizá más imaginativa.
En cuanto a las intervenciones de los señores diputados, la del señor
Meyer, aduciendo a que haya una solución global al tema de la estructura,
lo que entraña es una crítica a lo que es el concepto establecido en la
Ley de la Gerencia de que la infraestructura de las Fuerzas Armadas sirva
de bolsa financiera para lo que son actividades, entonces de
infraestructura y hoy de infraestructura y posibles derramamiento y
material, por una enmienda que hicimos el año pasado, y que serviría para
aliviar los Presupuestos Generales del Estado de una carga, que S. S.
particularmente no parece que apoya, de que exista un crecimiento
necesario para buscar un esquema de Fuerzas Armadas, que es lo que
entendemos que necesita España. Si tenemos encomendada esa misión, y la
tenemos legalmente, debemos hacerle frente de la manera más profesional y
más rigurosa que pueda existir.
La larga historia no sólo de este Gobierno sino de gobiernos anteriores,
de acuerdos con los ayuntamientos en relación con la gestión de la
infraestructura, y que suman aproximadamente 50, 60 ó 70 (tengo aquí la
lista de todos los convenios que se han firmado), demuestran que no hay
ningún tipo de insensibilidad hacia la posición de los ayuntamientos, y
tampoco, debo decirlo y se lo agradezco a la Federación Española de
Municipios, ningún tipo de insensibilidad de muchos de ellos --me temo
que no puedo decir de todos, pero sí de muchos de ellos-- hacia lo que es
la defensa de España, que parece excluirse, por la intervención de algún
diputado, de lo que es un bien social para un país, y no es nada más que
una necesidad primaria de una sociedad que quiera serlo. No me parece
prudente, ni siquiera cierto, que debamos excluir y separar la defensa de
lo que son los biene sociales y hablar de ella como si fuese algo
absolutamente extranecesario y fuera de toda consideración, como un
residuo de algo que ya no se va a precisar nunca más.
El señor Alcaraz me decía que se sentía defraudado por la intervención.
Creo que le he dado las explicaciones de por qué puedo entender que se
sienta defraudado, ya que he contestado a la literalidad de un texto, y
ahora estoy contestando exactamente a lo que él ha expuesto. Para
nosotros, primero, todas las actuaciones que tiene la defensa no están
basadas en ningún tipo de oscuridad. Vamos a seguir los cauces que nos
marca la ley en el sentido de aplicar estrictamente los procedimientos
que la ley de la contratación nos establece. Segundo, dentro de esas
posibilidades, tratar de mejorar lo que es la gestión de Defensa en
función de con quiénes tenemos que salir al mercado.
Es evidente que a nosotros nos encantaría poder ir vía presupuesto a
obtener, lograr, a conformar las Fuerzas Armadas que queremos conformar.
En la legislatura anterior y en esta legislatura --en estos momentos--,
se entiende que una buena gestión del patrimonio de Defensa, por quien lo
conoce y por quien, desde luego, adquiere ese patrimonio y lo cuida hasta
el momento de la desafectación, es el mejor sistema. Insisto otra vez, no
hay bienes que lleguen a la desafectación en estado de tan perfecta
revista como los bienes que en estos momentos mantienen las Fuerzas
Armadas. Rompo aquí gustosamente una lanza, no solamente por el
convencimiento desde el punto de vista del hecho, sino por una constante
constatación de que eso ocurre así, si bien es cierto, y ahí es donde
querría insistir, que el período que va desde la desafectación, como ya
dije al principio, hasta la venta de los posibles bienes, es un período
excesivamente largo; y es excesivamente largo precisamente por ser
especialmente cuidadosos con las relaciones que esos bienes puedan tener
con terceras personas, ayuntamientos, reversionistas y demás
causahabientes que puedan derivarse de lo que fue la primera cesión.
No se trata en ningún sentido, señor Rodríguez Sánchez, señoría, de
prepotencia, no se trata de desinterés, no se trata de desfachatez y no
se trata de desprecio. No se trata de nada de eso; no conozco una sola
situación de ésas. En las relaciones que hay entre la dirección general
de Infraestructura y la Gerencia de Infraestructura nosotros tenemos un
especialísimo cuidado, a veces contra nuestra propia obligación, diría
yo, de tener que dedicar todos nuestros recursos a la operativa de las
Fuerzas Armadas y, precisamente por el cariño que Defensa tiene a los
bienes que le han sido afectados durante tantos años, dedicamos esfuerzos
importantes, dentro de nuestras posibilidades, a que no ocurran esos
deterioros precisamente durante ese período en que ya no son bienes de
Defensa y pasarían a ser bienes de titularidad bien pública o bien
privada en el mercado. Habrá casos en los que ocurren, no se lo niego,
pero, desde luego, es totalmente ajeno a la voluntad de Defensa. Hacemos,
en ese sentido, cualquier tipo de esfuerzo que nos permiten unos
presupuestos que tratamos de sacar adelante y, en estos aspectos, ya ha
manifestado claramente S. S. que no están ustedes dispuestos a apoyarlos
en las magnitudes que nosotros pedimos.
Creemos que mientras exista la Ley de Infraestructura que permita a la
Defensa una financiación extrapresupuestaria, que le hace falta para el
proyecto que tenemos establecido; mientras no entre en vigor la ley que
el Partido Popular ha apoyado desde un principio, doy fe de que así se
nos ha indicado, lo entendemos, lo entenderemos y así nosotros también lo
estamos apoyando porque sí es verdad que hay una fase entre desafectación
y venta en la que ciertos bienes porque tengan un sentido o por su
valoración económica podrían pasar directamente a los ayuntamientos;
mientras tanto nosotros, como Gobierno, estaremos, desde luego,
cumpliendo el mandato que nos dé el Parlamento a través de la disposición
jurídica que considere oportuno sacar adelante.
Por tanto --vuelvo otra vez al fondo--, desde el punto de vista de las
Fuerzas Armadas, la obligación que nosotros tenemos --y la cumpliremos a
rajatabla-- es, primero, cumplir la ley. La ley en estos momentos nos
dice que la financiación de la Defensa, parte de ella, puede venir a
través de la gestión de infraestructuras. Eso es exactamente lo que vamos
a hacer y lo vamos a hacer, además --es el mandato que tenemos-- en unas
condiciones de eficiencia desde el punto de vista mercantil comparables a
las mejores del mercado. Segundo, ante la sensibilidad que existe de que
aquellos bienes que no tengan utilidad económica o que por su especial
condición deban tener otros fines que
no sean los específicos de su enajenación o trato mercantil, una vez que
tengamos esa posibilidad en la ley iremos a las cesiones que acordemos
con los ayuntamientos y que tengan plena justificación precisamente desde
esos criterios sociales y de preservación de los bienes culturales.
En cuanto a la intervención del diputado señor Moya, sí, efectivamente
creo que quizá esto tiene mucho más sentido desde el punto de vista de lo
que vamos a hablar más adelante. Si bien entiendo, aunque ya lo diré más
tarde, que la comparecencia siguiente es para explicar un procedimiento
de adjudicación, podemos hablar también del fondo, no tengo ningún
inconveniente; pero, tal y como está formulada, en principio
--independientemente de que luego conteste a lo que SS. SS. me
pregunten-- trataré de explicar cuál es el procedimiento de adjudicación
que se ha seguido, no como se ha dicho ahora, en esta comparecencia, para
la otorgación a determinada empresa de la gestión de un patrimonio
inmobiliario, porque eso no es así, nosotros no hemos hecho eso. Hemos
hecho un concurso para que se nos explique por los mayores expertos que
puedan existir en el mercado en este tipo de acciones cómo el Ministerio
de la Defensa y no esa particular empresa a la que se ha adjudicado ese
concurso podría desarrollar todos estos programas de eficiencia en la
gestión del patrimonio inmobiliario.
En cuanto a la intervención del diputado don Arsenio Fernández de Mesa,
efectivamente es una buena idea el perfeccionamiento de la Ley de la
Gerencia de Infraestructura porque permitirá que deterioros ciertos que
han existido por esos vanos temporales que hay entre la desafectación y
la venta, primero, se puedan evitar; segundo, podremos acelerar lo que es
la transmisión y cesión de algunos bienes de Defensa que por su especial
significación o utilidad social inmediata puedan pasar directamente y no
a través de lo que tenga que ser un trámite de cesión onerosa y venta a
los ayuntamientos, siempre que se demuestre que precisamente tienen esas
condiciones.
En cuanto a los convenios firmados, he dicho ya que son innumerables
pero, sólo por hablar de los últimos, podríamos citar los convenios
firmados con los Ayuntamientos de Baena, Barcelona, Orense, otro con
Barcelona, Toledo, Murcia, Cádiz, Oviedo y Valencia; todo eso en un año
y, exactamente, en tres o cuatro meses que llevamos en el Ministerio.
Creo que es una buena media. Los convenios son, evidentemente, asunto
bilateral, no son, en absoluto, ningún tipo de imposición, son acuerdos
entre ambas partes; por tanto, no creo que esto pueda tener un cariz
--como se ha dicho aquí-- de posición coercitiva de las Fuerzas
Armadas y del Ministerio de Defensa ante los ayuntamientos.
En cuanto a los convenios que se han rechazado, evidentemente los hay. Yo
prefiero quizá no entrar a enumerarlos, porque realmente creo que no es
una información buena sobre los ayuntamientos que en su día tuvieron la
oferta del Ministerio de Defensa para aceptar nuestros bienes y la
rechazaron, no por un tema de precios, sino por no poder hacerse cargo de
lo que era su mantenimiento. En esas situaciones conviene también pensar
qué debemos hacer; pero hay ejemplos y algunos de ellos los ha citado S.
S.
Termino diciendo que esta contestación que les he dado ahora tiene mucho
más que ver con la pregunta siguiente. Creo que ha sido el diputado señor
Alcaraz el que me ha pedido unos datos sobre Valencia, que en estos
momentos no tengo pero que le haré llegar inmediatamente, cuando termine
la sesión. No sé si me está preguntando los bienes que en estos momentos
tenemos desafectados en Valencia. (El señor Alcaraz Ramos: La situación.)
De todos los bienes de Valencia afectados y desafectados.
El señor ALCARAZ RAMOS: De esos datos sí dispongo. Me refería a la
situación actual de las negociaciones con los diversos ayuntamientos,
porque hay noticias contradictorias y declaraciones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Se los haré
llegar inmediatamente.
Nada más. Muchas gracias.
--ADJUDICACION A LA CONSULTORA ARTHUR ANDERSEN Y AL BANCO DE NEGOCIOS
NATWEST MARKETS DE UN INFORME SOBRE LA ENAJENACION DE INSTALACIONES Y
PROPIEDADES DE DEFENSA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000342.)
El señor PRESIDENTE: Aunque de hecho ya se había abordado de modo
parcial, vamos a pasar formalmente al punto dos del orden del día:
comparecencia del ministro de Defensa --en cuyo nombre sabíamos que iba a
actuar el secretario de Estado--, para informar sobre la adjudicación a
la consultora Arthur Andersen y al banco de negocios Natwest Markets de
un informe sobre enajenación de instalaciones y propiedades de Defensa;
comparecencia que ha sido solicitada por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor
presidente.
Señorías, el desarrollo del Plan Norte en el Ejército de Tierra, así como
las implicaciones que sobre la infraestructura tendrá el proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas, aconsejaba, dada la
importancia cuantitativa y cualitativa del patrimonio inmobiliario de
Defensa, el estudio de las alternativas que permitiesen optimizarlo, de
acuerdo con lo que establecen los presentes preceptos legales de
aplicación, tomando en consideración las implicaciones tanto internas
(mejora en la infraestructura, el agrupamiento en grandes unidades y la
salida de los núcleos urbanos), como externas, es decir, proceso de
planificación urbanística y carestía del suelo.
No debe olvidarse tampoco --ya lo hemos dicho en la anterior
comparecencia-- que vía Ley de la Gerencia de Infraestructura es posible
utilizar los fondos de la infraestructura precisamente para paliar las
dificultades que pudiesen surgir a lo largo del camino a la
profesionalización
y modernización de las Fuerzas Armadas y en el Capítulo 6 del presupuesto
de Defensa, muy particularmente en los grandes programas de armamento y
material, si pudiésemos alcanzar una cifra importante en la gestión más
eficiente de la infraestructura.
Es cierto que el organismo autónomo administrativo Gerencia de
Infraestructuras de Defensa desempeña, entre otras competencias, la
gestión del patrimonio inmobiliario de Defensa que ha sido previamente
desafectado y puesto a su disposición. Aun siendo conscientes de que
dentro de los parámetros jurídicos en que se mueve el citado organismo su
gestión es satisfactoria, los cambios ocurridos en el contexto en que se
opera, y a los que se alude en el párrafo anterior, aconsejan
replantearse la adecuación de la Gerencia de Infraestructura a los
objetivos actuales del Ministerio de Defensa.
En idéntico sentido, y en la dirección de plantearnos la creación de una
nueva estructura jurídica y organizativa --en este sentido, digo--, aboga
el restrictivo marco presupuestario en que se desenvuelve el Ministerio
de Defensa, que, si bien este año tiene una inflexión, para el proyecto
que tenemos delante de nosotros consideramos debería tener una mayor
amplitud financiera para poder sufragar los gastos de profesionalización
y modernización. Eso se producirá paulatinamente en el tiempo y, en
consecuencia, creemos que un nuevo acercamiento a lo que es la gestión de
los inmuebles de infraestructura de las Fuerzas Armadas es en estos
momentos conveniente siguiendo el espíritu inicial. Precisamente con el
fin de financiar las necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas
se incluyó la disposición adicional novena, que ya he comentado, de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de
Orden Social, que modificaba la Ley 28/1984, de creación de la Gerencia
de Infraestructura, permitiendo que se destinen los recursos obtenidos
por dicho organismo para financiar adquisiciones y mantenimiento de
armamento y material.
El contrato tiene por objeto la elaboración de un informe de consultoría
sobre los siguientes aspectos: primero, estudio de las diversas
alternativas económicas y organizativas en orden a una mejora sustancial
de los procedimientos de enajenación de propiedades inmuebles
desafectadas por el Ministerio de Defensa; segundo, el análisis de la
cartera inmobiliaria que en la actualidad está adscrita al organismo
autónomo administrativo Gerencia de Infraestructura de la Defensa,
dependiente del ministerio. Ello no implica, en absoluto, ninguna
privatización ni poner en manos privadas la venta del patrimonio
inmobiliario de Defensa, lo único que se pretende es realizar un examen
del actual proceso de enajenación de inmuebles que ya viene desarrollando
Gerencia de Infraestructura desde el año 1984 y que anteriormente, desde
el año 1957, venía realizando la Junta Central de Acuartelamientos, para
ver en qué medida es idóneo y se adapta satisfactoriamente a las
necesidades actuales y futuras del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas
Armadas.
En definitiva, sólo pretendemos dotarnos de un abanico de alternativas de
organización y de estructuras jurídicas que puedan llevar a cabo una
gestión pública de ese patrimonio de manera más eficaz que la actual.
Cuando decimos gestión pública queremos decir esencialmente que el
control de la gestión permanecerá en manos del Ministerio de Defensa, lo
que no implica que la fórmula jurídico-administrativa que se elija
incorpore métodos y órganos de gestión similares a los de una empresa
privada que se rijan por los usos y las normas del derecho mercantil, lo
que les equipararía con otros agentes del mercado, pudiendo competir en
igualdad de condiciones con ellos.
Resumiendo, el papel de la empresa adjudicataria del contrato se limita a
realizar un estudio exhaustivo del tema que permitirá al Ministerio de
Defensa y al Gobierno adaptar las decisiones políticas oportunas en orden
a mejorar la gestión del patrimonio inmobiliario de Defensa. Con el fin
de garantizar la máxima publicidad y transparencia en el proceso de
selección, se optó por el concurso público regulado en la ley de
contratos de las Administraciones públicas. La tramitación del expediente
fue por vía de urgencia para garantizar la disponibilidad de los
resultados del informe antes de que finalice el presente ejercicio, de
forma que los cambios jurídico-organizativos que eventualmente deban
realizarse sean operativos a partir del año que viene.
Dicho procedimiento permitió la publicación del anuncio convocando el
concurso público en el «Boletín Oficial del Estado» del 4 de julio de
1997, y como respuesta al mismo más de cincuenta empresas representativas
de los sectores inmobiliarios y consultoría retiraron los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas en la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras del Ministerio de Defensa.
Se presentaron al concurso quince empresas de la máxima solvencia y
cualificación nacional e internacional: AB Asesores; American Appraisal;
Andersen Consulting; Argentaria Unitaria; Chase Mannhattan Bank; Control
Presupuestario Consultores; Estudios y Proyectos Técnicos Industriales;
Ingeniería y Economía del Transporte; Leader Mix; Price Waterhouse; Acuña
y Asociados; Richard Ellis, Sociedad Anónima; Unión temporal de Empresas
Arthur Andersen y National Westminster Bank; Unión temporal de Empresas
Bankers Trust y Ernst and Young y Weatherall Green & Smith.
Los criterios de selección para el pase a la segunda fase del concurso
fueron los siguientes: primero, experiencia en gestión de patrimonios y
en mediación en el mercado, tanto mobiliario como inmobiliario; se valoró
especialmente la experiencia en este último. Segundo, el grado de
implantación nacional. Tercero, el capital humano de la empresa
licitadora y su dedicación al proyecto en sí mismo. Cuarto, valoración de
un informe preliminar, realizado por cada empresa, demostrativo del
conocimiento de la actual regulación y funcionamiento de los
procedimientos de gestión y de enajenación del patrimonio inmobiliario
del Ministerio de Defensa.
De conformidad con estos criterios, se seleccionaron seis empresas para
que presentaran la oferta. Dichas empresas fueron las siguientes: Acuña y
Asociados; Unión temporal de Empresas Arthur Andersen y National
Westminster Bank; Unión temporal de Empresas Bankers Trust
y Ernst and Young; Chase Mannhattan Bank; AB Asesores Consulting y
Andersen Consulting.
Los criterios objetivos, por orden decreciente de importancia, que
sirvieron de base para la adjudicación del contrato, fueron los
siguientes: primero, experiencia previa en proyectos de desinversión de
carteras inmobiliarias, valorándose especialmente la que se tuviera en
inmuebles propiedad de las administraciones públicas, así como en
actividades de consulting financiero e inmobiliario. Segundo, informe a
realizar por las empresas licitantes sobre los aspectos esenciales que
desarrollarían en caso de ser adjudicatarios del presente concurso,
detallando, asimismo, el personal que dedicarían a la elaboración del
informe objeto del contrato y especificando la experiencia profesional y
dedicación al mismo. Tercero, la proposición económica.
En virtud de estos criterios, para cuya aplicación se consideraron más de
cincuenta parámetros, la Junta Delegada de Compras del Ministerio de
Defensa propuso la adjudicación a favor de la unión temporal de empresas
formada por Arthur Andersen, sociedad en comandita, y National
Westminster Bank, sucursal en España, por un importe de 21 millones de
pesetas, cinco millones de pesetas menos que el presupuesto inicial del
concurso.
Los aspectos esenciales valorados en la selección de la oferta se pueden
resumir en los siguientes: la experiencia en el ámbito financiero y en el
área específica de la defensa, con la dirección y gestión del proceso de
venta de casas militares en el Reino Unido; la experiencia en el campo
inmobiliario y, en general, de consultoría de Arthur Andersen, empresa de
reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional. Arthur
Andersen realizó el diseño organizativo e implantación de la unidad de
desinversión de activos inmobiliarios del grupo Argentaria. Tercero, la
inclusión en la oferta de la subcontratación de la parte jurídico-fiscal
en el despacho Garrigues y Andersen, que permitiera la cobertura de todas
las áreas implicadas en una operación de esta naturaleza por empresas de
máxima solvencia.
El contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa adjudicataria se
firmó el 4 de septiembre, debiendo presentar la empresa el informe
definitivo el 1.º de diciembre del presente ejercicio.
La calidad y extensión del personal puesto a disposición por la empresa
adjudicataria en el desarrollo de este informe, así como el
establecimiento de un detallado plan de reuniones de trabajo y de
seguimiento de la ejecución por parte del Ministerio de Defensa, permiten
augurar que antes de finalizar el ejercicio se dispondrá de un informe
que especifique las mejoras que deben introducirse en el proceso de
gestión del patrimonio inmobiliario de Defensa, en consonancia con los
intereses generales de la sociedad.
De acuerdo con lo manifestado en la discusión parlamentaria sobre
prórroga de la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa,
entendemos que el funcionamiento de la gerencia es claramente mejorable
no tanto por la actuación de sus gestores, sino por el marco jurídico en
el que se ha desenvuelto su actividad hasta el momento.
Mientras que se han producido cambios notables en la legislación y en el
desarrollo urbanístico, la Gerencia de Infraestructura se ha visto
sometida a una legislación con una antigüedad superior a 30 años.
Precisamente el proyecto iniciado --ya lo dije-- tiende a analizar las
deficiencias a que se ve sometida la actuación de la gerencia y a
proponer aquellas soluciones que permitan una mejor gestión del
patrimonio inmobiliario de Defensa.
Respecto a la actuación de los diversos gestores del organismo autónomo,
en términos generales, ha sido satisfactoria, habiéndose enajenado 900
propiedades de un total de 1.400. En la actualidad, se hallan en un
avanzado estado las gestiones para la enajenación de otro importante
grupo de propiedades.
Las actividades realizadas por la gerencia durante el año 1997 muestran
que el organismo autónomo ha continuado su actividad sin verse afectada
por el establecimiento del futuro proyecto que se acuerde y que ahora
está en trámite de iniciación y estudio. En este sentido se espera que,
al final del ejercicio, se hayan suscrito más de 20 convenios con las
instituciones públicas, de los cuales ya di cuenta a SS. SS. con
anterioridad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Señor presidente, gracias, señor secretario de
Estado.
Mi grupo, cuando este verano tuvo conocimiento de la noticia de haber
encargado el informe sobre el que acaba de hacer exposición, presentó una
solicitud de comparecencia del Gobierno porque teníamos algunos
interrogantes, algunas preguntas que hacer sobre la naturaleza, el
alcance y el contenido de ese informe y, cobre todo, de ese encargo. Los
antecedentes en que se envolvía nuestra preocupación venían motivados en
fechas muy anteriores. Basta remontarse a junio de 1996, cuando el
presidente del Gobierno, señor Aznar, en unas extensas declaraciones,
hizo algunas alusiones explícitas, rotundas y claras, en el marco de la
defensa que hizo sobre la política de privatizaciones, a la necesidad de
ordenar, dentro del Patrimonio del Estado, concretamente el patrimonio
inmobiliario de Defensa, y proceder a la obtención de recursos derivados
de una mejor gestión y enajenación de dicho patrimonio de Defensa.
Posteriormente o en las mismas fechas, tuvo entrada en el registro la
iniciativa del Grupo Popular, iniciativa que aunque ha transcurrido más
de un año sigue en el congelador, en relación con aspectos, algunos que
ya están en vigor, referidos, por ejemplo, a la posibilidad de que los
beneficios obtenidos como consecuencia de estas enajenaciones pudieran
revertir en la compra de material de armamento, que ya se aprobó en la
Ley de acompañamiento del año 1997 y, por tanto, no tiene sentido su
permanencia en esa proposición de ley. Luego, había otra reflexión o
sugerencia relacionada con la posibilidad de levantar la prohibición de
cesiones gratuitas. Hoy se nos dice aquí que el Grupo Popular sigue
manteniendo esa posición; la proposición
de ley sigue en el congelador. En cualquier caso, nos interesa intentar
aclarar, en medio de esta confusión, cuál era la posición del Gobierno en
relación con este informe y por qué se ha solicitado el mismo.
De la lectura de la publicación en los términos que se hacía, nos
producía cierta confusión, que hoy ha desvelado el secretario de Estado,
pero comprenderá que, al ser hoy la primera comparecencia sobre este tema
y tener conocimiento solamente del titular exacto de cuál el anuncio que
se hizo, elaboración de un informe --leo textualmente-- sobre las
diversas alternativas aplicables para llevar a cabo la enajenación a
título oneroso de los bienes inmuebles que en la actualidad gestiona la
gerencia, la alusión explícita a diversas alternativas aplicables y la
alusión, explícita también, a los bienes que en la actualidad gestiona la
gerencia, podría dar a entender, sin mayores explicaciones ulteriores,
que podría haber estado el Ministerio de Defensa pensando en una
alternativa diferente a la de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa que actualmente, no se sabía si en el futuro, iba a gestionar
este patrimonio. Con el ánimo de aclarar las cosas hicimos la solicitud
de comparecencia.
Hoy ha aclarado que no se trata de una privatización en la gestión, que
no se trata de desaparición de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, que sigue manteniendo el mismo espíritu. Ha hecho una
disquisición, sobre la que luego entraré puesto que me parece que
conviene alguna aclaración posterior, en relación con la diferenciación
entre lo que es la titularidad y el control de la gestión, que ha
afirmado va a permanecer en manos públicas, por decirlo de alguna manera,
en el Ministerio de Defensa, y lo que son las alternativas de
organizaciones técnicas de gestión que, de alguna forma, entiende el
Ministerio de Defensa que en el ámbito mercantil pudieran ofrecerse para
obtener mayores recursos; éso no lo ha dicho, pero da la impresión de que
todo el estudio va orientado a propiciar nuevas técnicas de organización
o alternativas en las técnicas de organización que permitan una mayor
rentabilidad del patrimonio existente; permitir una mayor rentabilidad a
mi grupo no le escandaliza, evidentemente: si se tienen unos recursos, se
querrán rentabilizar lo más posible.
Distinta cosa son otros aspectos en los que han hecho hincapié algunos
portavoces, y en los que yo también haré hincapié, en relación con algún
determinado tipo de patrimonio de Defensa, que puede ser susceptible de
no aplicarle exclusivamente estas técnicas de operaciones privatizadoras
en el mercado libre.
Teníamos otra preocupación y era la urgencia con que el Gobierno hacía el
encargo de este informe. Hoy también nos aclara que se trata, en
definitiva, de tener previstas las reformas necesarias que pudieran
entrar en vigor para el año próximo. En un principio, también nosotros
pensamos, cuando hicieron este verano el encargo y le dieron carácter de
urgente, que podrían estar preparando, a la vista de la naturaleza de
dicho informe, alguna reforma en relación con la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa que se pudiera acompañar al hilo de la
presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Cuando
hemos hecho un examen, evidentemente somero porque llevamos muy pocos
días desde que conocimos el proyecto, tanto del proyecto de ley de
presupuestos como del proyecto de ley de acompañamiento, en ninguno de
los dos vemos que aparezca reforma alguna de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa. Sí hay una gerencia de estructura nueva
que se crea en el ámbito del Ministerio de Interior; pero en el ámbito de
Defensa no aparece ninguna alusión a la Gerencia de Infraestructura, lo
cual, de alguna manera, nos hace pensar que la urgencia que el Gobierno
tenía no la ha solucionado haciendo reformas para el proyecto de
presupuestos y proyecto de ley de acompañamiento, sino para una etapa
posterior, en su caso, ya que, según nos acaba de decir, el informe no
estará hasta el 1.º de diciembre. Todas éstas son, diríamos, las
cuestiones que están detrás de la solicitud de comparecencia.
En cuanto al contenido del informe, usted ha hecho referencia
fundamentalmente a esa necesaria distinción entre lo que debe ser la
gestión, el control y la titularidad de la gestión, que afirma va a
seguir manteniéndose en la Gerencia de Infraestructura y en el Ministerio
de Defensa y, por otra parte, la incorporación de técnicas mercantiles
que pudieran agilizar o mejorar, en definitiva, la obtención de recursos
a la hora de realizar estas enajenaciones. A nosotros nos parece
aceptable esa diferencia, es decir, no hacemos objeciones de fondo a esa
distinción. Nos hubiese parecido inaceptable, como no sabíamos cuál era
la posición del Gobierno --ésa era una de las razones fundamentales de la
comparecencia-- que detrás de ese encargo hubiese la idea de
privatización de la gestión, y usted ha aclarado que no se trata de eso.
Esperemos que por la vía de los métodos alternativos, de alguna forma no
vaya encubierta una privatización de facto; eso solamente lo veremos
cuando las actuaciones posteriores que haga el Gobierno en relación con
este tema vayan demostrando en qué ámbito se encuentra la gestión y el
control de la misma.
Están claras, y nosotros queríamos hacer hincapié en este asunto, dos
cosas: una, seguir manteniendo en el ámbito de las responsabilidades del
Estado y del Ministerio de Defensa la gestión y el control de la misma, a
través de la Gerencia de Infraestructura; y segunda, transparencia en
todo el proceso, puesto que se trata de bienes públicos, de bienes del
Estado, y el Parlamento, los grupos parlamentarios tienen derecho a
conocer de manera exhaustiva cómo se va realizando ese proceso, cómo se
va realizando esa gestión, cuáles son los métodos alternativos de gestión
o que se van incorporando a la gestión para una mayor rentabilidad de los
recursos. En ese sentido, ya le adelanto que mi grupo, desde este
momento, le solicita que, una vez que ese informe esté en poder del
Gobierno y sea conocido por el Gobierno, lo remita a los grupos
parlamentarios para que en posteriores sesiones podamos debatir y conocer
su contenido y sus alternativas.
Finalmente, en relación con algunos contenidos a que usted se ha
referido, me imagino que el informe --no sé si hace referencia a ello o
no-- será una de las preocupaciones que el Gobierno tenía, aunque
indudablemente el Gobierno, sin necesidad de haberle solicitado este
informe, debe tener un inventario de cuál es la situación actual del
patrimonio de Defensa y las distintas categorías de grupos que se pueden
considerar dentro de este patrimonio. Por
una parte, lo que puede estar enmarcado en aquellas operaciones que en el
ámbito de la enajenación, en el ámbito mercantil, tengan, si se quiere,
un contenido más claro donde los recursos que se puedan obtener a partir
de esas operaciones puedan ser más sustanciosos para el Ministerio de
Defensa y no tengan detrás ninguna implicación de otra naturaleza, tengan
algunas hipotecas de reversión solicitada por antiguos propietarios o
propiedades que tengan alguna titularidad o consideración de bien
histórico o cultural, etcétera. Quiero decir que hay distintas
categorías. Como decía anteriormente el portavoz del Grupo Mixto, las
propiedades que tengan esta consideración de bien histórico o cultural,
que no se pueden someter a la misma consideración de bienes enajenables y
privatizables, del mismo carácter que los anteriores, o también aquellos
otros que, sin ser una cosa ni otra, en convenios con los ayuntamientos,
éstos también se puedan beneficiar de manera notable con la recuperación
de este patrimonio y puedan adecuar la obtención de sus recursos para
bienes de interés social o para suelo público destinado a viviendas
protegidas o a equipamientos urbanos. En ese sentido ya se han hecho
diversas consideraciones en distintos debates en relación con esta
posibilidad para los ayuntamientos, sobre todo en unos momentos que se ha
reconocido por parte de todos los grupos que, como consecuencia del
Decreto-ley sobre medidas de liberalización del suelo, por el cual los
ayuntamientos vieron disminuidas las aportaciones de suelo en un 33 por
ciento al rebajarse la cesión de aprovechamiento del 15 al 10 por ciento
en suelo urbanizable y eliminarse en cualquier cesión determinados
supuestos en caso de suelo urbano, a través de esta vía también se podía
compensar a los ayuntamientos (en algún momento así se planteó ante la
Federación Española de Municipios y Provincias) mediante algunos
convenios en los cuales, obteniendo Defensa alguna satisfacción a la
enajenación o a la entrega de estas propiedades, fundamentalmente los
ayuntamientos vieran compensada la merma de suelo obtenible y de recursos
como consecuencia de las medidas relacionadas con la liberalización del
suelo, a través de unas negociaciones y que los ayuntamientos pudieran
compensar estas deficiencias o carencias.
Por tanto, al no haber similitud en el patrimonio de Defensa no permite
un tratamiento homogéneo, si a eso añadimos la posibilidad de cesiones
gratuitas para esos supuestos --oyaveremos si para otros supuestos
también--, la proposición del Grupo Parlamentario Popular hacía
referencia a aquellas situaciones en las que deje de existir interés
económico cierto, lo cual no deja de ser un concepto un tanto
indeterminado y aleatorio. En cualquier caso, hay un paquete de bienes
que pueden ser susceptibles de una cesión gratuita, los que pueden ser
susceptibles de una cesión de carácter muy favorable para los
ayuntamientos, aquellos que tienen un carácter más claro de privatización
de mercado y aquellos últimos que, por su consideración de valor
histórico o porque tienen alguna solicitud de reversión de antiguos
propietarios, existen algunas dificultades desde el punto de vista
jurídico. Todo esto necesita una evaluación y supongo que el informe que
se ha encargado también entrará en la evaluación de esto supuestos en la
cuantificación y tasación.
Dado el interés que ello tiene, tanto por tratarse de bienes públicos
como por las posibilidades del Ministerio de Defensa para obtener
ingresos como consecuencia de todas estas enajenaciones, el Grupo
Socialista está enormemente interesado en hacer un seguimiento exhaustivo
de este proceso y, una vez más, solicita que, realizado el informe, lo
remita a esta Cámara para tener un conocimiento más detallada del mismo
y, posteriormente seguir manteniendo iniciativas al respecto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Una de las cuestiones que más preocupa al
Bloque Nacionalista Galego es explicar racionalmente por qué acontecen
ciertos fenómenos o por qué se da determinado tipo de alternativas. En
primer lugar, sólo era inexplicable una situación como la que describí en
relación con una ciudad como Ferrol recurriendo a una explicación como la
que intentamos dar, porque si no sería un auténtico disparate, y quiero
decir al señor secretario de Estado que no hay un sólo grupo político,
por lo menos a nivel institucional, en una ciudad como Ferrol, que no
tenga reclamado cuanto yo le he dicho y el Ministerio de Defensa hace
oídos sordos no ahora, sino durante muchos años. En segundo lugar, esas
joyas arquitectónicas de valor histórico-artístico están abandonadas,
porque las sacan a pública subasta y no consiguen venderlas, pero ustedes
prefieren no darlas gratuitamente poniendo condiciones de usufructo,
transfiriendo o no la titularidad.
Digo todo esto porque ustedes plantean la solución de que se realice una
gestión privada por parte de un organismo de carácter público; añadir
ahora una gestión comercial de todos esos bienes públicos, yo creo que no
es más ni menos que un camino de opacidad muchísimo mayor, jugar con unos
bienes de titularidad pública sin que la interlocución democrática y el
diálogo sea posible. Si hasta este momento, dialogando con el Ministerio
de Defensa, no fue posible sacar ni siquiera aquello que era normal desde
el punto de vista de la sensibilidad histórica y artística, ya me dirá
qué ocurre si ahora se ocupan de ello unos gestores como intermediarios
entre la sociedad civil o la sociedad no militar y el Ministerio de
Defensa. Creo que este modelo ustedes lo copian de la Inglaterra de
Margaret Thatcher y no sé si los resultados van a ser tan suculentos como
en Inglaterra. Considero que si hay una injusticia generalizada en el
Estado español en el tratamiento de estos bienes de Defensa, derivados de
una ley y de una oposición, solamente se puede explicar si se considera
que el Ministerio de Defensa es un tema tabú y, aparte, también está el
Ministerio de Economía y Hacienda y una ley de patrimonio público que
deja todo muy clarito, no habría necesidad de nada de esto. Si ahora
ustedes le añaden una privatización de tal calibre, yo creo que estamos
profundizando en el terreno de la desigualdad, de la insensibilidad
respecto de las demandas colectivas y muchas veces por una cuestión
totalmente mezquina, porque el dinero que puede sacar el Ministerio de
Defensa de algunos bienes inmuebles de valor artístico va a ser nulo.
Vuelvo a repetir, me atrevo a asegurar que a no ser que ustedes lo
regalen privadamente, no van a conseguir vender ni los monasterios ni los
castillos. Este argumento lo entiende todo el mundo, lo entiende el
Partido Popular, el gobierno municipal de Ferrol y toda la sociedad que
está harta de ver el abandono del Ministerio de Defensa sobre esa ciudad
y, al mismo tiempo, cómo no es capaz de tener un pequeño detalle que
compense de tanto abandono.
Quiero expresar mi preocupación porque creo que vamos camino de mayor
desastre en nombre de un negocio que, por lo que se ve, no sólo va a ser
para las Fuerzas Armadas, sino también para algunos grupos de carácter
privado que podrán especular mucho mejor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor secretario de Estado, yo entiendo que la
adjudicación a Arthur Andersen para que haga un informe sobre la
enajenación de instalaciones, los bienes, el valor de la desafectación,
etcétera, sencillamente es la historia de un fracaso. Desde el punto de
vista de una fuerza política como Izquierda Unida, que defiende lo
público, que defiende el Estado como parte de la gestión pública,
entendemos que privatizar parte de lo que debería hacer el Estado, es un
fracaso; esto desde el punto de vista de la defensa de lo público. Por
tanto, la Administración debería saber qué patrimonio tiene, qué bienes
desafectados pueden ser susceptibles de ser entregados de forma gratuita
o con precio simbólico a los ayuntamientos en función de que en su día
fueron cedidos de forma gratuita al Estado. Eso lo debía conocer el
Estado y la Administración; por tanto, ese gasto innecesario, esa cesión
a una empresa privada, entendemos que nada tiene que ver con lo que debe
ser intentar que la cosa pública sea defendida y gestionada por los
propios gestores de la cosa pública y no de la privada. Finalmente,
quiero decir que estaría bueno que la gestión también la llevara la
propia empresa; dejar que una empresa privada gestionara la propia cesión
o la propia venta de estas instalaciones ya no sería un fracaso, sino
casi una traición al propio Estado.
El tema de fondo, y espero que así se plantee en la nueva ley de
infraestructuras, es que aquellos terrenos que fueron cedidos en su día
de forma gratuita al Ministerio de la Guerra por parte de los
ayuntamientos reviertan también gratuitamente o con un precio simbólico;
es decir, que no se especule con esa cesión que se hizo en su día por
parte de los ayuntamientos al Ministerio de la Guerra. Por tanto, con la
idea ética de no hacer negocio con ello, se podría resolver lo que es una
reivindicación de todos los municipalistas: que en la mayoría de los
ayuntamientos del Estado hay enclaves ya desafectados en el centro de las
ciudades, que la mayoría de esos enclaves fueron cedidos de forma
gratuita y que, transcurrido el tiempo, al ser desafectados para defensa,
revierten gratuitamente o con un precio simbólico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor González Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: En primer lugar, quiero dar las gracias al señor
secretario de Estado por esta comparecencia, especialmente por la
claridad con la que ha hecho la exposición. Creo que si algún grupo ha
tenido algún tipo de duda con respecto a la comparecencia, ésta habrá
quedado absolutamente despejada, ya que en pocas ocasiones se puede
hablar de una transparencia como aquella con la que se ha manifestado el
secretario de Estado, quien ha dejado absolutamente claros los datos.
Creo que ahora difícilmente se puede seguir mareando la perdiz. Por lo
menos mi intervención va a ser muy corta, muy concreta, porque sólo voy a
reiterar una serie de datos que ha manifestado el señor secretario de
Estado.
Respecto a aquello que parece una nube que está permanentemente sobre
este Gobierno, sobre el Ministerio de Defensa y sobre los distintos
departamentos, las famosas privatizaciones de gestión, el secretario de
Estado ha dejado absolutamente claro que las privatizaciones no van a
existir bajo ningún concepto. El secretario de Estado ha dejado muy claro
que la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa seguirá gestionando y
siendo la titular de los casos que se están acometiendo. Los propios
criterios de selección de las empresas han dejado claro que el interés
del Ministerio de Defensa no es otro que optimizar los recursos, cosa que
de alguna manera hay que hacer, precisamente para potenciar
económicamente este Ministerio de Defensa si queremos llegar a esa
modernización de las Fuerzas Armadas, tanto en infraestructura como en
personal, y difícilmente se pueden hacer valoraciones de otro calibre.
Creo que las distintas intervenciones de los portavoces se han centrado
más en el primer punto del orden del día que en este segundo. Creo que
este segundo punto ha quedado tan absolutamente claro con la intervención
del secretario de Estado que no ha quedado ningún resquicio a la crítica
o la duda.
Sí he de manifestar --porque las fechas no engañan-- que la campaña en
Galicia empieza a partir de las doce de la noche de hoy, con lo cual hay
algún tipo de manifestaciones que se centran en lo que es la próxima
campaña electoral que se va a iniciar, cosa que no viene al caso en esta
Comisión de Defensa, puesto que en distintas ocasiones se ha reiterado la
fatalidad, entre comillas, del Ministerio de Defensa con respecto a
ciertas zonas de Galicia, con lo cual dejemos el tema cerrado. Tampoco me
parece justo que alguien se atribuya la posibilidad de tener el oráculo
de Delfos a la hora de vaticinar los fracasos o éxitos que se puedan
tener desde el propio Ministerio de Defensa. Quiero dejar absolutamente
claro que el Grupo Popular apoya las gestiones que se están haciendo por
parte del Ministerio de Defensa y la optimización de esos recursos no
solamente a través de la propia gestión institucional o, en este caso,
estatal, sino de recurrir a otras opiniones. Se ha visto claramente que
es bueno que haya varias opiniones, y
en este caso especializadas, para poder llegar a esa optimización y,
sencillamente, le damos la enhorabuena al secretario de Estado por la
explicación manifestada en relación con esta segunda comparecencia del
orden del día de hoy.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): De la
intervención del señor Moya me he quedado con la manifestación de que le
embarga una preocupación: que quizá no ha quedado definido --y creo que
he sido bastante claro y en eso le agradezco la intervención del Partido
Popular-- cómo será, al final, el informe que nos den los señores que han
ganado el concurso sobre orientación de gestión. Para nosotros lo más
importante es ser eficientes; ser eficientes como Gobierno, ser
eficientes como administradores. Ese es el criterio, independientemente
de si es cosa pública, es Estado o no. Creo que es muy importante tener
en la cabeza ese concepto. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a
utilizar para rentabilizar los bienes de Defensa, aquellos que tengan la
facultad de financiar a la defensa, entendida además como un bien, e
insisto en que nadie cuenta con ella como un bien social. Los bienes que
nosotros no utilizaremos para financiar esa defensa serán aquellos que
tengan una utilidad social, una utilidad que pase por encima del interés
de defensa, que no tengan un interés económico o que, aunque lo tengan,
si tienen otro interés de tipo cultural o social, podamos dárselo a
través de esa ley que el Partido Popular ha traído a la Cámara.
Por tanto, el primer punto es que la gestión privada de los bienes no
tiene nada que ver con el ámbito jurídico. Es decir, que el ámbito
jurídico puede ser administrativo o mercantil. Nosotros estamos hablando
de una gestión mercantil de las cosas y la gestión mercantil no tiene por
qué ser privada y todavía hay algunas empresas públicas, que todo el
mundo las conoce, que tienen la connotación mercantil. Nosotros estamos
buscando el equilibrio entre el Derecho administrativo, desde el punto de
vista de lo que sea Derecho administrativo, es decir, todo el proceso que
está cubierto por la Ley de 1984, y, a través de eso, tratar de buscar
los mecanismos jurídicos establecidos en la ley para poder rentabilizar,
repito, aquellos bienes que el Estado ha puesto en manos del Ministerio
de Defensa para procurar parte de su financiación. La idea de que algunos
bienes tienen otro tipo de interés: social, carencia de interés
económico, cultural, todo eso ya está establecido, primero, por la fuerza
de la propia realidad de las cosas y, segundo, por la declaración del
Ministerio de Educación y Cultura como bien de interés cultural.
Nosotros, vuelvo a decirlo, tenemos una especial sensibilidad con esas
cosas. No tratamos de vender, como decía el diputado señor Rodríguez
Sánchez, nada que pueda ser aplicado a unos determinados fines que sean
mucho más sensatos desde el punto de vista político, como parece que él
preconiza estos días, que la defensa. No tratamos de hacer eso sino de
buscar el camino, vía la ley --tenemos presentada una proposición de
ley-- y la buena gestión de los recursos, para mejorar situaciones que
han supuesto problemas a la hora de una gestión fluida de ese patrimonio,
con todos esos aspectos.
Por tanto, en relación con la idea del inventario, tengo que decir que la
Gerencia de Infraestructuras tiene un inventario de los bienes inmuebles
de Defensa; inventario detallado en cuanto a qué tipo de bienes son,
dónde están, qué valor podrían tener en el mercado y cuál es su situación
jurídica. Y a través de eso nosotros tenemos que ir a un inventario de
cuál es su situación mercantil. Su señoría se ha referido a que la
proposición de ley está en el congelador. El diputado señor Fernández de
Mesa ha dicho que está en la Mesa del Congreso de los Diputados. Lo que
yo quiero decir es que ha habido un impulso, desde luego, desde el punto
de vista del Gobierno y del Partido Popular, para que esa ley salga
adelante. No he entendido muy bien qué significa el congelador; yo creo
que es la Mesa del Congreso de los Diputados. Me alegro de que comparta
que aquellos bienes que no tengan ese interés, al que usted se refería,
tengan una rentabilidad. Es decir, nosotros estamos en el Gobierno para
gestionar eficazmente --por lo menos, ése es el punto de vista de este
secretario de Estado--, y así lo haremos, buscando la mayor eficacia
desde el punto de vista del marco jurídico en el que nos movemos ahora y
cambiando ese marco jurídico en el caso de que esa eficacia lo requiera,
sin mengua de otros principios que también informan la política general
del Gobierno.
En cuanto a la intervención del diputado señor Rodríguez Sánchez en el
sentido de que Defensa hace oídos sordos a Ferrol, tengo que decir que,
históricamente, me parece una de las declaraciones más injustas que he
oído desde que soy secretario de Estado de Defensa. Ferrol ha sido
históricamente uno de los asentamientos militares más importantes de
España, donde España se ha dejado, por razones estratégicas, por razones
de sentido histórico y por razones de sentido territorial, muchísima
parte de su esfuerzo en defensa y lo sigue haciendo. Por cierto, en la
gestión de infraestructura de unos determinados bienes de Ferrol
--algunos de ellos salen a pública subasta y la gente los compra, como ha
ocurrido hace poco--, sin mengua de que haya bienes de interés cultural y
que haya esos acuerdos que permita la ley que en estos momentos queremos
sacar adelante, creo que Ferrol no es precisamente --y así me consta
porque me lo han manifestado en ocasiones el alcalde y muchos de los
concejales de su ayuntamiento-- una ciudad de España que pueda quejarse
del tratamiento que ha recibido. Probablemente el diputado, sí; pero yo
creo que Ferrol, como pueblo, sinceramente no puede quejarse. Le
recomiendo que haga un breve análisis histórico para ver cuál es la
inversión que Defensa ha hecho en Ferrol durante los últimos años, sin
remontarnos a Carlos III, que fue el que empezó a invertir en Ferrol,
creo que es importante porque de allí vienen estas situaciones de ahora.
Respecto a la afirmación del señor Meyer, yo entiendo por qué lo dice. Es
decir, es la historia de un fracaso porque tengo la impresión de que el
señor Meyer va más a que sea una cosa de Estado que a que sea eficiente.
Lo que nosotros queremos es hacer, desde el Estado, una gestión
eficiente. Si para eso necesitamos entrar en los ámbitos del
Derecho privado, sin que signifique una privatización --porque insisto en
que no debe confundirse lo que es el Derecho privado con lo que es una
privatización--, buscaremos la eficiencia desde el punto de vista de la
gestión administrativa y política por las vías que la ley nos permita,
sean esas vías el derecho público administrativo o el Derecho privado.
Por tanto, no prejuzguemos ahora cuáles van a ser los resultados del
estudio que están preparando los señores a los que les hemos adjudicado
ese asesoramiento sobre cómo hacer una gestión mejor, con los recursos y
con las trabas que tenemos, tanto desde el punto de vista jurídico como
técnico y económico-financiero. Cuando veamos lo que estos señores nos
dicen, con la clarísima idea de que tendrá que seguir habiendo los cauces
administrativos y los cauces de las entidades de Derecho privado que en
su caso se decidan establecer, veremos si realmente al final somos
eficaces o no, no si somos Estado o no. Creo que ésa es una discusión ya
pasada y que en estos momentos el movimiento político que apoya al
Partido Popular, desde luego, no va por ahí.
Al señor González Pérez le debo agradecer las palabras de aliento que
recibo de él. Creo que efectivamente en esta situación, con la limpieza
con la que nosotros hemos expuesto aquí este asunto, no estamos huyendo
de la crítica, no estamos huyendo de las ideas, no estamos huyendo de las
consideraciones que perfeccionen este proyecto que tiene el Gobierno,
pero tampoco estamos huyendo de nuestras responsabilidades por una
contemporización con ideas que realmente no obedecen a lo que sea la
eficiencia en la gestión, desde el punto de vista de las
responsabilidades que adquiere un Gobierno en su gestión:
PREGUNTA:
--DEL SEÑOR MEYER PLEITE (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE MEDIDAS PARA EXTREMAR LOS
CONTROLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS MILITARES, ASI COMO INVESTIGACION PARA
DEPURAR RESPONSABILIDADES POR EL FALLO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA
BASE MILITAR DE ARACA (VITORIA), EL DIA 5 DE MAYO DE 1997. (Número de
expediente 181/000741.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas. En primer lugar, la que
figura en el orden del día con el número 3, presentada por el señor Meyer
Pleite, sobre medidas para extremar los controles en los establecimientos
militares, así como investigación para depurar responsabilidades por el
fallo en el sistema de seguridad de la base militar de Araca (Vitoria),
el día 5 de mayo de 1997.
Señor Meyer, tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, efectivamente, nos alarmó ese
día la falta de permeabilidad de esta instalación militar, que fue
susceptible de un atentado terrorista. Lógicamente es una preocupación de
todos. Estoy convencido de que el propio ministro de Defensa es el primer
preocupado porque las instalaciones militares en general tengan la
seguridad oportuna, y especialmente las enclavadas en el País Vasco.
Todos somos objetivos de los terroristas; todos. Es indudable que una
instalación militar está entre los objetivos de la banda criminal --se ha
visto que el último atentado de Granada estaba dirigido a un
establecimiento militar-- y no cabe duda de que la vigilancia del
perímetro de las instalaciones militares debería de tener una garantía
doble que cualquier otra instalación civil. En ese sentido, cuando ocurre
este atentado en la base militar de Araca hay una preocupación lógica en
el conjunto de la sociedad y en Izquierda Unida, que queríamos que se
sustanciara en una iniciativa parlamentaria para que por parte del
Ministerio de Defensa se nos dieran garantías de que estas instalaciones
en general, y especialmente las del País Vasco, tengan una mayor
vigilancia en lo que es su perímetro. Las instalaciones militares tienen
armamento y tienen explosivos, lo que indudablemente las convierte en un
objetivo de esta banda criminal. Por tanto, todos y todas nos tendríamos
que exigir la garantía suficiente de que no va a ser fácil el acceso de
los terroristas a estas instalaciones, y éste fue el motivo de esta
pregunta. En función de esta mala experiencia querríamos que por parte de
la Administración, en concreto del Ministerio de Defensa, se nos
comentara qué ocurrió, qué responsabilidades hay y qué sistemas se han
adoptado para que en el futuro no pueda volver a ocurrir.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): El atentado de
la base militar de Araca fue debido a un fallo humano en el control de
acceso de personal y vehículos. Teniendo en cuenta esta experiencia, en
los establecimientos militares de alto riesgo se han adoptado medidas
excepcionales de seguridad que prevengan aún más la comisión de
agresiones y atentados. La eficacia de esas medidas depende, por una
parte, de la plena concienciación del personal encargado de velar por la
seguridad, y un eficiente desarrollo del trabajo es absolutamente
imprescindible para elevar los márgenes de esa seguridad, tanto
individual como colectiva. Esa tarea de concienciación está siendo
reforzada en dichos acuartelamientos. En este sentido, y sin poder
profundizar sobre la especificidad de las medidas adoptadas en las
unidades militares por ser su publicidad la causa primera de su
ineficacia, sí puedo informar a S. S. que se lucha especialmente contra
la eliminación de las rutinas que acaban con la meticulosidad necesaria
en los correspondientes controles. Por otra parte, desde los mandos
regionales, dentro de sus competencias, se procede actualmente a dictar
normas complementarias al respecto, que serán incluidas inmediatamente en
los planes de seguridad de que disponen todas las bases, acuartelamientos
y establecimientos militares. Como ha recordado S. S. al principio de su
intervención, el atentado último que se pretendía perpretar iba a
ejecutarse en Granada; no es infrecuente
que las instalaciones militares sufran atentados en otros lugares de
España y no solamente en el País Vasco. A partir de la experiencia de
Araca, lo que se ha hecho es prevenir. Es evidente que el riesgo objetivo
es mayor por inmediatez al País Vasco, pero no es tan evidente que la
lejanía de esa zona suponga una carencia de riesgo. Por tanto, se
aplicarán estas medidas que estoy citando en todas las bases militares.
En esta línea, se ha difundido desde el cuartel general del Ejército de
Tierra, particularmente para este ejército, una nota informativa en la
que se exponían una serie de medidas relativas a la seguridad en la
protección de las instalaciones, a fin de incrementar la corrección y la
eficacia de las guardias de seguridad. En julio de 1997 se han remitido a
todos los mandos regionales unos criterios generales para la ejecución de
la seguridad en las bases, acuartelamientos y establecimientos militares,
con el objetivo de proporcionar a los componentes de este ejército un
conjunto de medidas encaminadas a regular su intervención en una serie de
supuestos que pueden afectar a la seguridad de las bases,
acuartelamientos y establecimientos militares.
En cuanto a las medidas disciplinarias oportunas sobre el personal
responsable del fallo de seguridad de la base, comunico a S. S. que se
realizó la investigación oportuna descubriendo las responsabilidades y se
tomaron las medidas disciplinarias correspondientes. La investigación se
terminó el 6 de mayo de 1997.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE ENTABLAR CONTACTOS CON LA
GENERALIDAD VALENCIANA Y EL AYUNTAMIENTO DE EL TORO (CASTELLON) PARA
TRATAR DEL FUTURO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRANSMISIONES NUMERO
6, DECLARADAS SIN INTERES MILITAR. (Número de expediente 181/000825.)
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE GARANTIAS DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO DE TRANSMISIONES NUMERO 6, SITO EN LA LOCALIDAD DE EL TORO
(CASTELLON), HASTA QUE SE DECIDA SU USO FUTURO DE CARACTER CIVIL. (Número
de expediente 181/000826.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4, pregunta del señor Peralta
Ortega, del Grupo Mixto, sobre previsiones acerca de entablar contactos
con la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento de El Toro (Castellón)
para tratar del futuro de las instalaciones del Centro de Transmisiones
número 6, declaradas sin interés militar.
Tiene la palabra el señor Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Si les parece oportuno al señor presidente y al
compareciente, podríamos unificar las dos preguntas, la número 4 y la
número 5, en una misma intervención, puesto que hacen referencia al mismo
tema.
El señor PRESIDENTE: Ningún problema. Ha sido un fallo de la presidencia
que ya lo tenía pensado, pero al estar en otra hoja no me he dado cuenta.
Adelante con las dos preguntas.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias.
Señor secretario de Defensa, muchas gracias por su presencia. A finales
del año pasado, 1996, el general jefe de la región militar se dirige al
alcalde del Ayuntamiento de El Toro y le comunica que, en virtud del
desarrollo del Plan Norte, las instalaciones ubicadas en el término
municipal de ese ayuntamiento, en concreto el Centro de Transmisiones
número 6, que pertenecía al Regimiento de Transmisiones Estratégicas
número 22, quedaría disuelto a mediados del presente año 1997. A la vista
de esta comunicación y de la oferta de una entrevista que hizo el propio
general jefe, y que fue aceptada por el alcalde, donde se le proporcionó
la información oportuna, este alcalde dirigió un escrito al Ministerio de
Defensa, en enero de este año, planteándole la situación del municipio,
un pequeño municipio del interior de la provincia de Castellón, en zona
de alta montaña, en concreto el centro de transmisiones que se encuentra
a quince kilómetros del casco urbano del municipio, a más de 1.500 metros
de altura. En ese escrito el alcalde planteaba al Ministerio de Defensa
una serie de opciones futuras en relación con las instalaciones de ese
centro de transmisiones que pasaría a ser no utilizado por parte del
ejército. Esa carta que remitió el alcalde al Ministerio de Defensa y a
algunas autoridades militares le respondió el general jefe de la región
militar diciéndole que el tema era competencia de las instancias
centrales del ministerio y, en efecto, el propio director general del
ministerio se dirigió al alcalde en el mes de abril contestándole que las
instalaciones habían sido declaradas sin interés militar, que por el
organismo competente se estaban haciendo los estudios sobre el futuro de
esa propiedad y que se mantendría puntualmente informado al ayuntamiento.
Desde entonces hasta ahora el ayuntamiento no ha sabido nada del tema, a
pesar de que, como es obvio y le consta al ministerio, tiene un interés
importante en esas instalaciones que podrían tener una incidencia notable
en la vida económica y en la vida cotidiana de los ciudadanos de este
municipio. Ultimamente, a través de los medios de comunicación han
aparecido distintas informaciones acerca de lo que podría ser ese centro.
Se ha hablado incluso de un posible convenio entre el Ministerio de
Defensa y la Generalitat Valenciana para destinar ese centro a vigilancia
forestal. Le hablo de informaciones que han aparecido en medios de
comunicación.
Quisiéramos saber cuáles son las previsiones que tiene el Ministerio de
Defensa en relación con esas instalaciones en concreto, si el futuro de
las mismas va a ser discutido con el Ayuntamiento de El Toro, no sólo por
ser directamente afectado al tratarse de su municipio sino porque incluso
podría tener derechos legales. En su día, según la información
de que dispongo, se trataba de propiedades municipales que fueron
expropiadas al ayuntamiento. Nos gustaría saber si también se han
adoptado las medidas oportunas para que en tanto se decide ese futuro uso
civil, de un tipo o de otro, las instalaciones que allí existen no sean
objeto de ningún tipo de perjuicio que vendría en detrimento de un
patrimonio público.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): El Centro de
Transmisiones de Vértice Salada, sito en El Toro (Castellón), tiene una
superficie de 284.545 metros, se incluye dentro de esta propiedad la
pista de acceso a la misma y cuenta con una serie de instalaciones
necesarias para el funcionamiento del mismo y el servicio del personal
allí destinado. De acuerdo con las previsiones del Plan Norte, este
centro va a dejar de ser necesario para la defensa, pero no ha sido
desafectado todavía. El Ayuntamiento de El Toro ha solicitado la cesión
de dichas instalaciones. Asimismo, la Generalidad Valenciana, al tener
allí ubicada la red de comunicaciones para emergencias, ha interesado
seguir disponiendo de suministro eléctrico en este lugar; ha interesado,
además, la cesión de la titularidad de la línea de media tensión y de la
estación transformadora. Este departamento se ha puesto ya en contacto
con la Generalidad Valenciana; no ha contactado todavía con el
Ayuntamiento de El Toro, pero está previsto que pueda ocurrir este hecho
en próximas fechas. Las conversaciones se están manteniendo a nivel de
representantes de la Consejería de la Presidencia y la Dirección General
de Infraestructura del Ministerio de Defensa, sin que hasta el momento se
haya llegado a la firma de ningún documento. En cualquier caso, toda
negociación sobre el futuro del centro de transmisiones requiere la
previa, como le dije, desafectación, declaración de alienabilidad y la
puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa del
bien en cuestión, para que por dicho organismo se negocie con los
interesados el destino de las instalaciones, de acuerdo con lo
establecido en la tantas veces hoy mencionada Ley 28/1984, de 31 de
julio, de creación del organismo autónomo Gerencia de Infraestructura.
Dado que la citada propiedad está afectada a la defensa nacional, este
departamento continuará manteniendo dichas instalaciones en tanto no se
produzca su desafectación y, una vez producido este hecho, seguirá con su
custodia hasta su entrega a los nuevos propietarios, en caso de que se
llegue a algún acuerdo sobre el futuro uso de las mismas.
Hasta este momento es lo que puedo informar a S. S. de la situación de
dicho centro.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: En relación con el contenido de su intervención
quisiera hacer algunas manifestaciones. En primer lugar, es obvio el
interés de todos por que las instalaciones se conserven en el mejor
estado posible. Nos consta que ya ha sido retirada parte de esas
instalaciones, que podríamos considerar lógico, pero que en la medida en
que se piense en su destino futuro a uso civil, algunas de ellas a lo
mejor no valía la pena llevárselas de allí, sino dejarlas donde están,
por ejemplo, según me cuentan, alguna sala de proyecciones que existía y
que no tiene demasiado sentido trasladarla de allí en la medida que se
piense en un uso civil como consecuencia del no interés, con
independencia de que la formalidad de la desafección no se haya producido
todavía. En todo caso, insisto, sí que parece claro que hay un interés de
todos, por supuesto también del ministerio, en que aquellas instalaciones
se conserven en el mejor estado posible.
En segundo lugar, ha reconocido usted que ha tomado ya contacto con la
Generalitat Valenciana pero no con el ayuntamiento. Yo le rogaría y le
urgiría a que se tome contacto con el ayuntamiento. Sin perjuicio de que
la Generalitat Valenciana es la instancia autonómica competente y
representativa de todos los valencianos, parece claro que el ayuntamiento
es el representante más inmediato de los ciudadanos más directamente
afectados y que sin lugar a dudas tiene intereses obvios en este tema.
Por tanto, oyendo al ayuntamiento junto con la Generalitat, seguramente
se pueda encontrar el uso más adecuado y más beneficioso para todos de
esas instalaciones. Desde luego, estoy seguro de que el Ministerio de
Defensa, que ha estado en el municipio de El Toro, que lo conoce y que
lógicamente lo ha disfrutado y convivido con el ayuntamiento, tendrá la
lógica correspondencia con un pequeño municipio cuya vida económica y
cuyas actividades pueden verse notablemente afectadas por el destino
futuro que se dé a esas instalaciones.
En tercer lugar, quisiera decir al secretario de Estado de Defensa que
repasen los expedientes de constitución en su día del centro de
transmisiones, porque posiblemente no se trata sólo de intereses del
Ayuntamiento de El Toro, sino de derechos que tengan que ser objeto de
respeto con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, señor
secretario de Estado, creo que cuanto antes se lleve a la práctica esa
idea que usted ha expuesto de conectar con el Ayuntamiento de El Toro,
sin lugar a dudas repercutirá en un futuro mejor para esas instalaciones
y para el conjunto de los ciudadanos más directamente afectados.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Nosotros
también tenemos interés, y lo hemos reiterado a lo largo de toda la
mañana, en que los bienes desafectados de Defensa pasen en el mejor
estado posible a sus siguientes detentadores, máxime si esos detentadores
son los ayuntamientos o representan el interés general. Como es natural,
hacemos todo lo posible y, en esa línea, con esfuerzo que incluso pueda o
deba afectar a otros fines más inmediatos de la Defensa, por esa
vinculación espiritual que nos une con los bienes y con las zonas de
España donde hemos estado viviendo durante largos años, tratamos de que
las cosas queden de la mejor manera posible, sin olvidar cuáles son
nuestras obligaciones primeras.
En cuanto al contacto con el Ayuntamiento de El Toro, urgiré en el
ministerio para que tenga lugar a la mayor brevedad posible, porque estoy
completamente de acuerdo con S. S. En cuanto a las titularidades que
pueda tener el Ayuntamiento de El Toro o cualquier otro ayuntamiento o
corporación pública sobre los bienes que en estos momentos están
afectados a Defensa, sepa S. S. que nosotros repasamos a fondo siempre
--no en determinadas ocasiones sino siempre-- cuál es el título por el
que los bienes fueron afectados a Defensa. Siendo extremadamente
respetuosos con ese título, cómo no, luego procedemos a dar la condición
jurídica que pueda tener el bien, pero en todos los casos. No solamente
lo hacemos nosotros sino que, además, lógica y legítimamente, lo hacen
también los ayuntamientos. Es decir, es una labor conjunta en la que
estamos trabajando diariamente.
El señor PRESIDENTE: Con esto terminamos la primera parte del orden del
día. Agradecemos al señor secretario su presencia aquí y la contestación
a las preguntas.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEFENSA (MENENDEZ MENENDEZ)
PARA EXPLICAR EL EMPLEO DEL TIEMPO DE OCIO EN LOS CUARTELES. A PETICION
PROPIA. (Número de expediente 212/000723.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda parte del orden del día. Hay
una primera comparecencia del jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra para explicar el empleo del tiempo de ocio en los cuarteles. Por
acuerdo de la Mesa de la Comisión va a comparecer el subsecretario de
Defensa, a quien damos la bienvenida.
El señor subsecretario, don Adolfo Menéndez, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Buenos días,
señorías. Es como siempre un placer comparecer ante ustedes, en este caso
para explicar brevemente lo que se está haciendo en relación con el
tiempo de ocio de los soldados en los cuarteles.
En el pasado mes de agosto ya hubo oportunidad de contestar a una
pregunta sobre este tema formulada por el diputado don Antonio Gutiérrez
Molina, del Grupo Parlamentario Popular, con una valoración del
Ministerio de Defensa sobre la comisión creada para buscar la mejor forma
de ocupación del tiempo libre. Aunque yo vaya a hablar básicamente del
Ejército de Tierra, porque era precisamente el jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra quien tenía prevista la comparecencia, lo que voy a
decir es absolutamente homogéneo y aplicable a los tres ejércitos porque
el procedimiento que estamos siguiendo es también homogéneo.
La principal actividad en los acuartelamientos, como es lógico, es el
adiestramiento y la instrucción, y de lo que se trata es de encontrar
ocupación para aquellas horas no lectivas o no dedicadas al
adiestramiento y la instrucción. Quedan esas horas libres y, en este
momento, una minoría de los soldados permanece en los acuartelamientos;
digo minoría porque se va reduciendo su número fundamentalmente con
motivo de dos factores. Por un lado, la no obligatoriedad de permanencia
en los acuartelamientos en los tiempos libres y, por otro lado, por la
progresiva regionalización, consecuencia de la OPLA, que hace que estén
más cerca de sus casas y al terminar las horas de trabajo salgan de los
acuartelamientos. Desde hace muchos años hay una preocupación en los
ejércitos por este recreo del soldado. Había un conocido servicio, el
servicio del recreo educativo del soldado, nombre evocador de otros
momentos literarios, y actualmente lo que hay es un plan de calidad de
vida de la tropa, establecido por el Gobierno anterior, del año 1995, que
estamos poniendo en práctica, desarrollando e impulsando. La finalidad de
este plan es, por un lado, contribuir a integrar y combinar las
actividades relacionadas con la calidad de vida, tratando de evitar el
aburrimiento, dicho sea en términos muy generales, y, por otra parte,
minimizar algunos riesgos como el consumo de alcohol, de droga, etcétera,
es decir, actividades no saludables en términos generales. Al mismo
tiempo, se trata de mantener la moral de la propia tropa integrándose
entre ellos, con las unidades, con el entorno sociocultural, etcétera.
Para el control de esas actividades contempladas en el plan, existe un
coordinador en todas las bases y acuartelamientos, que junto con un grupo
de soldados monitores se encargan de programar e impulsar todas las
actividades. Fundamentalmente hay dos grupos de actividades, de formación
y de entretenimiento. Entre las actividades de formación, que tienen gran
proyección para la futura inserción laboral de los propios soldados
cuando terminen el cumplimiento de su servicio militar o bien para los
soldados profesionales, hay cursos de formación profesional, preparación
para el ingreso en la escala básica de la Guardia Civil, para la Academia
general básica, formación ocupacional presencial y a distancia,
subvencionada esta última por el Inem y por la Fundación Laboral de la
Construcción, así como cursos de formación permanente para adultos. A
título de mero ejemplo, durante el año 1996, en el Ejército de Tierra
disfrutaron de estas actividades 26.000 soldados, como ya tuve ocasión de
exponer en una anterior comparecencia específicamente sobre el tema de
formación. Por poner un ejemplo nada más, es importante hacer constar que
se comprueba la eficacia de este tipo de actividades. Tenemos una
especialmente significativa en este momento en relación con el ingreso en
la escala básica de la Guardia Civil. En la convocatoria del año 1996 se
empezaron a impartir estos cursos e ingresaron 92 militares de tropa y
marinería profesional; en el año siguiente ingresaron 254 y esperamos que
este año ingresen 429, es decir han ingresado ya porque estos días han
terminado las pruebas y tengo el dato. Por tanto, hay una comprobación de
éxito del esfuerzo desarrollado. Por otro lado están las actividades de
entretenimiento que tienen tres núcleos. El cultural: turismo cultural,
excursiones, bibliotecas, actividades artísticas, certámenes, cursos
ocupacionales, etcétera; actividades puramente deportivas con todas las
instalaciones
que hay en los acuartelamientos: fútbol, baloncesto, polideportivos,
frontón, gimnasio, etcétera; y por último, las que podríamos llamar
puramente recreativas: cafeterías, salas de juego, vídeo, televisión,
etcétera.
Resulta conveniente destacar que la participación en todas estas
actividades dentro del plan es voluntaria y que el grado de participación
es muy variable, dependiendo de los acuartelamientos, porque está en
consonancia con el número de soldados de la unidad, el número de soldados
que pernoctan fuera o no, el clima de la zona, la distancia de la unidad
a otros centros de distracción ciudadana, etcétera. También es
preocupación nuestra --y a eso dedicamos el esfuerzo-- la calidad y la
variedad de las ofertas que se hagan. En 1996, se emplearon 156 millones
de pesetas en este plan de calidad de vida, y en este año 270 millones de
pesetas. Las diferentes actuaciones se hacen con los tres ejércitos en
coordinación con el Ministerio de Defensa. Además, estamos trabajando
para reorientar esas actividades, que en el futuro sufrirán cuando el
conjunto de la tropa sea profesional, lo cual supondrá una mayor
disponibilidad de espacios, por un lado, y, por otro, que la vida de ocio
la hagan más fuera de los acuartelamientos. Habrá que reorientar estas
actividades con la idea de mantenerlas y potenciarlas en los posible.
Un instrumento muy importante, en relación con estas actividades (les
invito a SS. SS. a que acudan a alguna de las instalaciones y vean cómo
están organizadas, porque creo que están funcionando bien; yo la última
visita que he hecho ha sido al mando de transmisiones de El Pardo, en
Madrid), son las oficinas de información al soldado, que se crearon en
1994 y que estamos potenciando. Queremos incluirlas ahora en la red de
centros de información juvenil del Instituto de la Juventud --estamos
trabajando en ello-- para conectarlo todavía mucho más con la sociedad.
En estas oficinas hay información relativa al servicio militar (derechos,
obligaciones, reclamaciones, etcétera), a posibilidades de trabajo en la
vida civil, pensando en los profesionales que ya existen, y a la
participación en actividades de ocio. También queremos conectar con otras
redes similares de carácter autonómico o de carácter local, según las
circunstancias, porque nosotros, como SS. SS. conocen bien, tenemos un
despliegue en todo el territorio nacional y hay distintas situaciones.
Procuramos, utilizando términos militares, adaptarnos al terreno. Estas
serían, expuesto muy grosso modo, las actuaciones que se están llevando a
cabo.
A modo de conclusión, quisiera señalar que con la iniciativa de este
plan, que creemos que es bueno, lo que estamos haciendo es ponerlo en
práctica y potenciarlo, teniendo en cuenta la futura plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Quiero agradecer la rápida comparecencia del
subsecretario en esta Comisión para explicar un tema como el del empleo
del ocio en los cuarteles, que no sólo ha suscitado el interés de nuestro
grupo. De ahí la pregunta del Grupo Popular a la que hacía mención el
señor subsecretario (que presenté primero en Comisión y que se me
contestó por escrito) sino también, como he tenido ocasión de ver, las
preguntas del resto de los grupos parlamentarios.
Señor subsecretario, me alegro de su comparecencia, porque ha completado
--y perdone que hable en un tono personal-- las inquietudes y el objeto
de la pregunta que le hice en su día para conocer la valoración del
Ministerio de Defensa sobre la comisión que se creó para buscar la forma
de ocupar mejor el tiempo libre en los cuarteles. Digo esto porque en la
comparecencia de hoy ha despejado y ha completado, si se me permite el
término, los extremos que en su respuesta escrita tuve ocasión de leer
hace poco. Efectivamente, está el plan de calidad de vida de tropa y de
marinería, así como los programas socioculturales a que S. S. ha hecho
mención, pero fundamentalmente los que cualitativa y cuantitativamente ha
señalado hoy, como son los programas de educación.
En la última sesión plenaria, otro diputado del Grupo Popular también
solicitó conocer la valoración del Ministerio sobre el programa de
educación permanente de adultos, de la formación profesional no
escolarizada, de la formación profesional ocupacional, así como el curso
preparatorio de acceso a la escala básica de cabos de la Guardia Civil y
el curso --que supongo que se habrá iniciado en septiembre-- de promoción
interna a la escala básica de los ejércitos que, como ha señalado, ha
demostrado el ritmo creciente, primero, de participación, y, segundo, el
índice creciente de éxito.
Le animo, señor subsecretario, para que, tal como ha señalado hoy, y como
también lo hizo en la respuesta que tuve el honor de recibir, extienda y
amplíe todas las actividades del Ministerio de Defensa para estar en
contacto con los diferentes organismos de carácter nacional y autonómico.
En mi circunscripción --Melilla-- sería bien acogido porque la ciudad
está en muy buena disposición para entablar este tipo de convenio. Estos
contactos, habida cuenta de la especial distribución zonal y el papel que
Melilla va a tener en el plan de profesionalización, serían bien acogidos
por las autoridades de la ciudad. Puedo adelantar que estarían en muy
buena disposición para mantener estos contactos, a tenor de lo que
señala, tanto en su comparecencia, como en la respuesta.
Dentro de las disponibilidades presupuestarias, tal como ha manifestado
el señor subsecretario sobre el aumento de los presupuestos con relación
a 1996 y 1997, nos gustaría que se siguiera profundizando. No cabe la
menor duda de que, como ha demostrado el señor subsecretario, esta buena
incardinación de la Oficina de Información del Soldado con las oficinas
de coordinación de información juvenil también trataría de incardinar
todavía más este tipo de actividades con las que se realizan en otras
oficinas del resto de la sociedad, para conseguir esa valoración
favorable, que ha señalado el señor subsecretario y que yo comparto, en
el sentido de que, aunque el programa de regionalización estuviera poco
tiempo en los cuarteles, no haríamos
ningún tipo de connotación aleatoria de todo el dinero. Dentro de las
disponibilidades presupuestarias que se señalan, sería poco para poder
paliar objetos indeseados de población de soldados en ciudades de ámbito
castrense, como la nuestra, pero se podrían solucionar con la utilización
favorable y óptima de este plan de ocupación del tiempo libre en los
cuarteles.
Reafirmando, una vez más, señor subsecretario, el agradecimiento personal
y de grupo que le manifiesto por la comparecencia y por las respuestas
que hemos tenido ocasión de recibir, sólo me queda agradecerle la
prontitud de las mismas y felicitarle por su actuación.
El señor PRESIDENTE: Aunque en su momento no había pedido la palabra el
Grupo Socialista, querría intervenir el señor Caballero Serrano, que
tiene la palabra.
El señor CABALLERO SERRANO: Doy las gracias al señor subsecretario por su
información, que corresponde a la pregunta parlamentaria que formulé por
escrito en su momento. En aquella ocasión, ya me referí a los
desagradables acontecimientos que se produjeron en relación con la muerte
del cabo Samuel Ferrer, en principio por el presunto responsable señor
Miravete. Hacía referencia también a unas apariciones en prensa relativas
a la intención del Ministerio de Defensa de endurecer el régimen
disciplinario del servicio militar. Reflexionaba en aquella pregunta y lo
hago también en esta ocasión diciendo que quizá los desagradables
acontecimientos que se producen, como la muerte del cabo Ferrer, y otros
de esta índole, no sólo se pueden prevenir con un endurecimiento, que a
lo mejor también es necesario, sino que tienen mucho que ver con la
utilización del ocio del que disponen los jóvenes soldados en los
acuartelamientos. En ese sentido, instaba al Ministerio a buscar otras
fórmulas que permitan que este ocio se emplee en otros temas relacionados
más con la calidad de vida y, fundamentalmente, con la no utilización de
alcohol y otras drogas.
Su explicación viene a atender mi demanda, pero quería instarle, teniendo
en cuenta todas las aclaraciones que ha hecho, a incrementar las
dotaciones presupuestarias y de materiales, para el entretenimiento y el
ocio, ese ocio que llamamos de calidad de vida de los jóvenes soldados.
También quiero instarle a que por parte del Ministerio de Defensa se
utilicen el resto de organizaciones sociales. Me estoy refiriendo a todo
el movimiento asociativo juvenil que tiene una buena oferta de
actividades formativas y de ocio, y también a los ayuntamientos y
concejalías de juventud de los municipios donde se encuentran enclavados
los acuartelamientos, ya que puede ser un buen recurso para favorecer las
actividades socioculturales.
Mi experiencia en el ámbito de las actividades juveniles demuestra que es
muy difícil que desde la sociedad civil, o desde lo que es el movimiento
asociativo, se puedan ofrecer esas actividades y tengan repercusión. Por
tanto, les instamos a que, en la medida de lo posible, se colabore y se
coordine fundamentalmente con este movimiento asociativo.
El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señor Gutiérrez
Molina, muchas gracias por sus palabras. En cualquier caso, agradezco
también el impulso de que sigamos en este camino, en el que evidentemente
hay un grado de consenso importante. Contesto también al señor Caballero
juntando las dos cuestiones, que casi es la misma.
Uno de los compromisos que el Gobierno asumió --no como consecuencia del
accidente del sargento Miravete, que ha sido una casualidad, sino que el
Gobierno tenía ya elaborado su texto antes de que se produjera el mismo--
fue endurecer el régimen, desde el punto de vista disciplinario, en
relación con el alcohol; compromiso que se ha cumplido con la aprobación
el pasado viernes, creo recordar ahora, de la nueva ley disciplinaria que
esta Cámara conocerá dentro de poco y que SS. SS. pueden contribuir a
mejorar con su trabajo.
En cualquier caso, es obvio que nosotros no pensamos que ésa sea, y
compartimos con S. S. la opinión, la única solución. Lo que pasa es que
sí es una solución importante para dejar claro el régimen jurídico, dejar
claro los responsables, dejar claro que se puede perder la carrera, como
ocurre con la nueva ley, por estos incidentes, y, sobre todo, dejar claro
que, con independencia de la posible reinserción social que está en la
cancelación de las sanciones militares, quede constancia --sin atacar el
tema de la reinserción-- en las hojas de servicio de que hay incidentes
de este tipo cuando hay un riesgo.
La calidad de vida va mucho más allá que el tema del alcohol, pero el
ocio, como es bien sabido, es la madre de todos los vicios y hay, por
tanto, que combatirlo y en eso coincidimos plenamente y cualquier idea
nos viene muy bien.
Queremos incardinarnos en el resto de los trabajos y de las
organizaciones administrativas, tanto estatales como autonómicas o
municipales, para desarrollar esas actividades y creo que, aunque la
situación es muy diferente en cada sitio, no hay, sino todo lo contrario,
unas excelentes relaciones en casi todos los municipios. Muchas veces lo
que ocurre es que las iniciativas que se toman en acuartelamientos
concretos no son llamativas o no ven la luz pública, pero todos los días
se hacen muchas cosas que dependen muchas veces también de las personas,
del modo de entendimiento, etcétera, y que nosotros, desde luego,
queremos impulsar.
Por último, coincido con SS. SS., en ambos casos, en que hay que dedicar
todo el presupuesto que se pueda a estas materias, que son muy
importantes, y aprovecho la ocasión para decir que, para poder dedicarlo,
es necesario tenerlo. Agradezco, por tanto, el impulso que SS. SS., en la
tramitación correspondiente de los presupuestos, puedan dar para
incrementar los presupuestos del Ministerio de Defensa, que no siempre se
dedican a comprar armamento, aunque eso sea lo más visible; hay otras
muchas actividades que desarrolla el Ministerio, como pueden ser éstas,
que tienen una importancia vital y que sin recursos presupuestarios no se
pueden acometer.
En definitiva, asumimos sus propuestas y les aseguramos que vamos a
continuar en este empeño, en la medida de nuestras disponibilidades.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR MEYER PLEITE (GRUPO IU-IC), SOBRE SUSTITUCION DE TRABAJADORES
ESPAÑOLES DE LA BASE AERONAVAL DE ROTA (CADIZ), QUE EJERCEN SUS SERVICIOS
EN EL COMEDOR CAMP MITCHELL, POR TRABAJADORES NORTEAMERICANOS. (Número de
expediente 181/000697.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7 del orden del día: Pregunta del
señor Meyer Pleite, sobre sustitución de trabajadores españoles de la
base aeronaval de Rota (Cádiz), que ejercen sus servicios en el comedor
Camp Mitchell, por trabajadores norteamericanos.
Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor subsecretario, como usted conoce bien, hay
una preocupación en Rota en relación con el destino de los 1.519
trabajadores y trabajadoras españoles que están en las instalaciones
norteamericanas haciendo todo tipo de servicios. Hay una preocupación
porque parece que es intención de la Administración norteamericana
sustituir parte de los trabajadores españoles por personal norteamericano
o por subcontratas.
Esto dio lugar a que en el Ayuntamiento de Rota se realizara una
manifestación multitudinaria, que el comité de empresa hiciera acciones
de protesta en la entrada de la base y nosotros mismos hayamos
presentado, como Izquierda Unida, una proposición no de ley instando al
Gobierno en relación con la protección del futuro de estos trabajadores,
para que mientras estén los norteamericanos en la Base de Rota --como es
público y notorio, Izquierda Unida está en contra de esa presencia--, por
lo menos, no les salga gratis su presencia; hay que tener en cuenta,
además, que, por acuerdo bilateral, el Ayuntamiento de Rota no recibe
nada, absolutamente ninguna compensación.
Sin entrar en las cuestiones del acuerdo bilateral y que, en su día,
también exigiremos compensaciones para el entorno de Rota, para el
entorno de la provincia de Cádiz, que verdaderamente tiene una
servidumbre importante a través de esta instalación militar, nosotros
entendíamos que el anuncio, solamente el anuncio de esta sustitución de
trabajadores españoles en este comedor por norteamericanos podía ser el
comienzo de unos movimientos por parte de la Administración
norteamericana que, desde nuestro punto de vista, son inaceptables. Ya se
han comunicado, fuera de este problema del comedor, 24 despidos de
trabajadores españoles. Parece que el Ministerio de Defensa acepta estos
despidos y nos gustaría, sin perjuicio de que, más adelante, en estas
iniciativas podamos sustanciar el debate de fondo --cuál es la suerte, en
general, de los trabajadores y trabajadoras españoles de la base--, que
se nos informara sobre este anuncio de sustitución, que no sabemos si se
ha sustanciado o no, de trabajadores españoles por trabajadores
norteamericanos en este comedor de Camp Mitchell. Parece ser que una
delegación del ayuntamiento de Rota tiene anunciada su visita al Congreso
de los Diputados para tener una entrevista con los portavoces de defensa.
Espero que en esta visita podamos dar tranquilidad a los trabajadores y a
los representantes municipales.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): No sólo conozco
perfectamente la situación, sino que fui el primero, en el mes de julio,
antes de ninguna manifestación ni otra circunstancia, a iniciativa del
diputado señor Ibáñez, en recibir al alcalde y al comité de empresa y en
diseñar una estrategia para acometer el problema. Esa manifestación,
donde todas las fuerzas políticas locales participaron, nos da fuerza
porque supone que todos estamos en principio de acuerdo en esa línea.
Voy a exponer los datos que tenemos en este momento de cómo está la
situación, haciendo previamente alguna precisión. Como S. S. conoce bien,
el régimen jurídico por el que se rigen los trabajadores de Rota está
fundado, en primer lugar, en el acuerdo del año 1988, que no sólo
afectaba a Rota, sino también a Zaragoza y a Torrejón. Aunque sé que la
posición de S. S. y de su grupo es que las bases americanas no deben
existir, no puedo dejar de señalar una cierta contradicción en decir, por
un lado, que deben dejar de existir y después pretender que existan y que
nos garanticen todo. Tengo que manifestar que es contradicción
dialéctica, en absoluto una crítica.
No es verdad que Rota no reciba ninguna compensación. No digo ya por vía
de tratado porque, en definitiva, estos días había, como S. S. sabe,
alguna actuación sindical prevista que se paralizó simplemente porque la
VI Flota entraba; y, si no entraba la VI Flota, Rota perdía,
naturalmente, una actividad económica que es muy importante y muy
beneficiosa.
En el año 1991, el Gobierno socialista firmó un convenio parcial, para
algunos aspectos, con los trabajadores de Rota, y se dictó una sentencia,
en el año 1992, en el contexto de ese acuerdo de 1988, concretamente en
el artículo 6 de ese anejo 8.o, que coloca al Ministerio de Defensa en
medio, entre los trabajadores, por un lado, y el verdadero empleador, que
son los americanos. En ella se obliga a negociar un convenio colectivo.
Mucho antes de esta visita de julio, este Gobierno firmó con los
representantes de los trabajadores en Rota ese convenio colectivo.
Por tanto, de entrada y mucho antes de este incidente, los trabajadores
de Rota, gracias a la gestión de este Gobierno --si me permite S. S. que
nos apuntemos un tanto--, ya tenían un convenio en el que en algunos
temas no hubo acuerdo, pero un convenio global, que supone una protección
mayor para incidentes como éste u otros que en el futuro se puedan
producir.
En el convenio había un matiz nada más cuando lo fuimos a registrar en la
Dirección General de Trabajo, que ya está resuelto también de acuerdo con
los trabajadores, porque se concedían unas pagas de anticipo a los
trabajadores
fijos y no a los eventuales, y eso consideraba Trabajo que vulneraba el
principio de igualdad; ya se ha encontrado una nueva redacción que se va
a registrar.
En relación con el incidente, efectivamente recibimos al alcalde, que ha
solicitado también entrevista con el señor ministro de Defensa. A su vez,
el ministro de Defensa el pasado día 30 también estuvo con la alcaldesa
de Cádiz tratando este tema. Pusimos en marcha inmediatamente los
mecanismos institucionales a través de la Dirección General de Política
de Defensa, comité conjunto, etcétera. En este momento, la situación, muy
brevemente, es la que expongo y el compromiso del Ministerio es seguir
trabajando seriamente para conseguir las mejores condiciones posibles en
esta tesitura, advirtiendo que, naturalmente, en el propio convenio de
1988 la decisión de la plantilla corresponde y compete a los americanos y
lo que está ocurriendo en Rota está en un plan global, de todo el mundo;
no obstante, ese convenio de 1988 establece unos mínimos, con unos
porcentajes que no se pueden sobrepasar, de relación entre trabajadores
americanos y españoles, en este caso locales, que naturalmente vamos a
hacer que se respeten. Los propios trabajadores, en esa reunión que yo
tuve en el mes de julio, me manifestaban que no se trataba tampoco de ir
a la mayor inconscientemente, sino que en el caso de que tuviera que
haber reducciones, que las hubiera en las mejores condiciones posibles;
algunas de esas consecuencias ya se han producido.
Muy resumidamente diré que en el Camp Mitchell
--que es el asunto que motiva la pregunta de S. S.-- había prevista
la desaparición, en principio, de 19 puestos de trabajo y hemos
conseguido ya en este momento la recolocación de cinco en la propia
actividad de la base naval USA. Por otra parte, había 13 suspensiones
temporales de empleo, por nueve meses, de trabajadores destinados en la
cafetería de la terminal aérea y hemos conseguido, de momento, que, en
tanto duren las obras que motivaron la solicitud oficial de suspensión,
estas personas desempeñen su trabajo provisionalmente en un comedor
habilitado al efecto.
Hemos conseguido también que se paralicen los procesos de reducción en
curso, que llevaban aproximadamente a un número de 81 bajas, con el fin
de que los americanos estudien en profundidad y con detenimiento, puesto
por puesto, si esa reducción es necesaria o no y en el contexto, por
supuesto del convenio firmado en 1988 y del resto de la legislación
aplicable.
Por otra parte, el día 19 de este mes terminó el plazo establecido por la
actividad naval USA para la admisión de solicitudes en el programa de
bajas incentivadas; es decir, aquellos que se quieren ir, pero con unas
condiciones razonables, que era lo que los sindicatos querían, como me
manifestaron en julio.
La sección USA ha comunicado a la española que han presentado solicitud
de acogerse a este programa 94 trabajadores; por tanto, según una primera
estimación efectuada por la oficina de recursos humanos de Rota, de los
105 puestos de trabajo que están en juego, 81 más 24 del Camp Mitchell,
con las matizaciones que he hecho ahora podrían suprimirse 36, que se
permutarían por trabajadores que van a este sistema de bajas
incentivadas. Queda ya, por tanto, reducido el número.
Seguimos en la negociación. Estamos en comunicación permanente con los
trabajadores, con el ayuntamiento, así como con el resto de las fuerzas
políticas para el apoyo necesario, y creemos que con sosiego, con
tranquilidad y serenidad podremos resolver satisfactoriamente el
problema. Cuando hablo de satisfactoriamente, digo con los criterios de
sensatez que antes he expuesto. Quiero advertir que algunas de las
manifestaciones que se han producido son perfectamente legítimas, pero
diré que cuando a mí se me comunicó manifesté que sería mejor esperar a
tener ya los datos concretos, que avancemos un poco más en la
negociación, porque si no, naturalmente, las actitudes agresivas
dificultan la negociación.
Comparto el criterio de S. S., que manifesté al alcalde y a los
representantes sindicales en julio, en el sentido de que puede ocurrir
que, efectivamente, los americanos, que son, como S. S. sabe, un amigo
leal, eficaz y generoso, diría, de España en muchas circunstancias, y
nosotros también un aliado serio y sólido, y generoso también en muchas
circunstancias, pueden estar pensando en tocar varios temas, de los que
éste sería uno más. Hay que ir poco a poco, seguir los caminos
institucionales e ir peleando sobre el terreno.
Esta es la situación en este momento. Naturalmente, el Ministerio tiene
plena disponibilidad a asumir sus responsabilidades, repito, siempre que
no entendamos por responsabilidades comprometerse a lo imposible, cosa
que este Gobierno y, desde luego, este subsecretario no hace, porque me
gusta tratar de cumplir mi palabra y, por tanto, no prometo lo que está
fuera de mi mano.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor subsecretario, lo que usted ve como una
contradicción le voy a aclarar que no es tal. Izquierda Unida hace suyo
el slogan de: Otan no, bases fuera. Lo seguimos haciendo. Pero lo que en
estos momentos está en entredicho no es la suerte de la base, sino la de
1.519 trabajadores. Es decir, que nosotros no tendríamos ningún reparo,
en el momento en que el Gobierno español --sea cual sea-- decida el
desmantelamiento de las bases norteamericanas, en empezar a discutir el
futuro de esos trabajadores en relación con los compromisos contraídos.
Pero éste no es el problema que nos ocupa. El problema es que estos
trabajadores dependen de la Administración norteamericana; si ésta los
pone en la calle, los pone en la calle. Es la Administración
norteamericana la que decide, en última instancia, por acuerdo bilateral,
el futuro de estos trabajadores. Esto, sencillamente, no nos parece que
tenga que ver con el interés nacional; tiene que ver con el interés de
Norteamérica, pero no con el interés del Estado español.
Lo que nosotros creemos es que a los norteamericanos no les puede salir
gratis su presencia en España y que tengan una base aeronaval de primera
magnitud en la entrada del Mediterráneo; no les puede salir gratis. No
pueden, digamos, hacer de la presencia de los trabajadores en España
sencillamente una moneda de cambio para no sé qué. Creo que no es de
recibo. Por tanto, como hay una servidumbre militar importante, el
Gobierno debería garantizar que la suerte de estos trabajadores no la
tenga en su mano los norteamericanos, sino que sea el Estado español el
que, precisamente por ese interés nacional, haga prevalecer, el que
defienda el interés de los puestos de trabajo, porque muchos de los 1.519
trabajadores llevan muchos años en ese puesto de trabajo. Desde luego,
sería una indignidad que esos trabajadores fueran sustituidos por
trabajadores norteamericanos.
Manteniendo nuestra posición de fondo, creemos que los pasos que se deben
dar --y si se están dando, como usted dice, me parece muy bien-- son que
esos 1.519 puestos de trabajo no se pierdan y que esos trabajadores no
sean sustituidos por personal norteamericano ni por contratas o
subcontratas norteamericanas.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): En ese objetivo
último estamos absolutamente de acuerdo. Además, no hay posibilidad, de
acuerdo con los pactos, de esa sustitución automática, porque está
pactado y los pactos han de cumplirse; por tanto, tenemos la
argumentación jurídica para potenciar esa posición ante los americanos.
Cosa distinta es que, admitiendo las legítimas diferencias políticas, y
si negamos la mayor, no estoy de acuerdo con que a los americanos les
esté saliendo gratis tener la base en Rota. España, gracias al impulso
dado --que no creo que sea mérito de ningún Gobierno, sino de los últimos
desde la transición--, ha conseguido colocarse en el lugar internacional
que le corresponde. Eso supone una serie de compromisos recíprocos en los
que España está y recibe de sus aliados también muchas compensaciones,
algunas tangibles y otras intangibles, pero no por eso menos importantes.
Lo que está absolutamente claro, señoría, es que si no hubiera base en
Rota, siendo el empleador el americano, no habría 1.519 trabajadores. Me
parece de una obviedad que no admite dialéctica posible. Otra cosa es que
en el convenio el Ministerio de Defensa, precisamente para defender los
intereses de esos trabajadores y de España, cuando el Gobierno anterior,
en el año 1988, pactó ese acuerdo en relación con las bases, esté
colocado en el ínterim entre los trabajadores y su empleador que, como
usted bien dice, son los americanos.
Hacemos todo lo que podemos, y creo que en eso estamos absolutamente de
acuerdo. Quien decide la plantilla son los norteamericanos, porque son
los que emplean, pero no la pueden decidir de cualquier manera; ese
convenio está bien construido y hay una serie de procedimientos y una
serie de comunicaciones que hay que cumplir. Cuando yo tuve la primera
reunión en julio --porque es inevitable que la gente se inquiete y es
lógico, porque afecta a sus vidas personales-- les manifesté, en aquel
momento, que tuviésemos un poco de tranquilidad, porque, evidentemente,
los americanos no pueden hacer eso de cualquier manera, tienen que
hacerlo con arreglo a los procedimientos que hay establecidos en el
convenio. En ese cauce institucional estamos metidos ahora.
Creo que entre todos estamos por el buen camino. Mantenemos,
naturalmente, una discrepancia política en relación con la posición de
las bases americanas en España. En todo caso, el compromiso del
Ministerio de Defensa es, dentro de sus competencias, en el contexto del
convenio, hacer todo lo posible para que el problema, si efectivamente
los americanos quieren llegar a una reducción, se resuelva cumpliendo
estrictamente el convenio, y mucho mejor si podemos hacerlo por encima
del convenio, mejorando la situación de los que voluntariamente --se han
apuntando más de los que estamos previstos-- se quieran ir o buscando
otras alternativas.
En todo caso, no me parece justo que se diga, en términos generales,
sobre el Gobierno de España --cualquiera que sea--, que no se preocupa,
porque ya he dicho que el Gobierno anterior firmó un convenio parcial en
el año 1991 y fue luego incapaz de cumplir una sentencia del año 1992 que
le obligaba a negociar, pero éste tiene ya un convenio colectivo, firmado
en junio, que protege, naturalmente, a los trabajadores y que supone,
para esta tesitura u otras --no se lo puedo exponer de memoria, porque no
lo tengo en la cabeza--, una serie de soluciones; o sea, que no es que se
produzca un vacío absoluto.
Creo que hay coherencia, creo que hay continuidad institucional, como la
debe haber en materia de defensa y de política exterior, aunque
circunstancialmente estemos hablando, y yo lo tengo muy en cuenta, de la
vida de 1.500 personas, porque la zozobra afecta a todas. Repito una vez
más que desde la sensatez y con el impulso de todos podremos solucionar
de la mejor manera posible el conflicto, pero siempre --perdone, señoría,
que me reitere-- sin excesos que pueden dificultar una mejor solución;
por supuesto, con el respeto más absoluto al legítimo ejercicio de sus
derechos por parte de los ciudadanos, de las organizaciones sociales,
sindicales, etcétera.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IU-IC), SOBRE ACTUACIONES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA TRAS LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL, ESTIMATORIAS DEL RECURSO DEL TENIENTE CORONEL AUDITOR JOSE
MARIA LLORENTE. (Número de expediente 181/000806.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 8: Pregunta del señor Peralta Ortega,
sobre actuaciones del Ministerio de Defensa, tras las resoluciones del
Consejo General del Poder Judicial, estimatorias del recurso del teniente
coronel auditor José María Llorente.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias al subsecretario de Defensa por su
presencia.
Conoce, sin lugar a dudas, el señor subsecretario que a primeros del
pasado año 1996, el entonces juez militar decano
de Zaragoza, teniente coronel auditor José María Llorente, dirigió un
escrito al jefe de Estado Mayor de la Región Militar Pirenaica Oriental,
solicitándole que unos determinados militares que habían sido condenados
por la comisión de novatadas fueran cambiados de destino, con la
intención de que no pudieran tomar represalias contra los compañeros que
les habían denunciado.
En respuesta a este requerimiento, la autoridad militar que lo recibió
contestó, mediante un escrito, que rechazaba la petición que se había
formulado y, literalmente, afirmaba que este mando no considera una
necesidad del servicio la preservación del Estado de Derecho. No sólo se
limita a contestar el escrito en estos términos, sino que, además,
presenta una queja al jefe del Estado Mayor del Ejército, en la que le
solicitaba que expedientara al juez por una supuesta falta de respeto a
sus superiores jerárquicos, lo que dio lugar a que se impusiera una
sanción por falta leve al teniente coronel al que hemos hecho referencia
anteriormente. En buena lógica, no la que se ha utilizado hasta ahora,
este teniente coronel se dirige al Consejo General del Poder Judicial y
manifiesta que se siente perturbado en su independencia como consecuencia
de esa sanción. El Consejo General del Poder Judicial, también en muy
buena lógica, adopta una resolución, en la que deja sin efecto esa
sanción y acuerda dirigirse al ministro de Defensa para plantearle lo que
en su opinión, que yo comparto, era la gravedad de la afirmación que se
contenía en aquel escrito del mando militar, que decía que no formaba
parte de la necesidad del servicio la preservación del Estado de Derecho.
A nosotros nos parece que los hechos ponen de manifiesto graves
disfunciones en el funcionamiento de determinados organismos, de
determinadas autoridades del Ministerio de Defensa, por lo que nos
gustaría saber qué actuaciones se han llevado a cabo por parte del
Ministerio de Defensa, una vez que se ha tenido cumplido conocimiento de
cuál es la posición oficial de los órganos constitucionales del Estado en
relación con esas actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señor Peralta,
respondo su pregunta, distinguiendo las actuaciones concretas en relación
con el incidente singular y otras --también debe ser una fatal
casualidad, como la del otro incidente del sargento Miravete-- que
estaban ya previstas por este Gobierno y han sido aplaudidas por el
Consejo General del Poder Judicial en el informe que ha emitido sobre la
ley disciplinaria, en la que introducimos algunos cambios en esta
dirección, de los que S. S. tendrá conocimiento cuando venga el texto a
la Cámara.
En primer lugar, yo creo que el incidente no manifiesta alteraciones muy
sustanciales en algunos mecanismos institucionales, como le voy a referir
a continuación, y como, por otra parte, el propio ministro, el secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes, que han comparecido también en
relación con este incidente, y yo mismo, en otra comparecencia, hemos
explicado. Quiero decir que de dos líneas hemos tenido ya cuatro
comparecencias, perfectamente legítimas, pero que, a lo mejor, en ese
aspecto, no dan para tanto.
Hay un proceso en sí mismo, el incidente, que, por supuesto, ni que decir
tiene que comparto con S. S. que es absolutamente inaceptable, porque una
cosa mecánica, inmediata, que yo hice cuando tuve conocimiento del
incidente es dar la instrucción de que, por favor, no hagamos literatura
y nos dediquemos a hacer lo que tenemos que hacer, porque aquí hay quizás
un exceso de celo; pero el asunto es muy importante, porque las Fuerzas
Armadas tienen un plus de obligaciones por encima de los demás, que es lo
que hace que sea tan grato, porque lo cumplen, trabajar con ellos.
El propio afectado y el Consejo General del Poder Judicial no han
estimado que hubiera actividad delictiva, porque, si no, inmediatamente
se habría pasado al Ministerio fiscal, etcétera, y lo envían al
Ministerio. En cuanto recibimos en el Ministerio la comunicación del
Consejo General del Poder Judicial (antes de conocer nosotros el
incidente el propio capitán general amonestó verbalmente al coronel, que
pidió entonces disculpas), pedimos a la Asesoría Jurídica que nos
determine si hay falta grave o falta leve. La Asesoría Jurídica entiende
que pudiera concurrir una falta leve o grave, según diferentes tipologías
en el informe --está a disposición de S. S. si desea conocerlo--, pero
con el problema de que, cuando llega a nosotros la comunicación del
Consejo General del Poder Judicial, ya ha transcurrido casi un año desde
el incidente, con lo cual el plazo de prescripción, seis o dos meses,
según la falta sea grave o leve, se ha producido. Optamos por el
mecanismo jurídico que tenemos, que es la amonestación, no ya como la
anterior, un poco más inmediata, sino la amonestación formal.
Por otro lado, aquí se plantea, como usted dice y puede tener razón (por
lo menos en la suspicacia, que es legítima, y más en quien tiene que
controlar al Gobierno), la independencia de la jurisdicción militar. Hay
mucho tópico, como S. S. conoce bien, en relación con ella, y la
jurisdicción militar es exactamente igual que la jurisdicción ordinaria,
y debe de ser exactamente igual de independiente.
Le voy a exponer, en términos generales, lo concreto que ha hecho el
Gobierno en esta dirección para mejorar algún punto dudoso como éste, y
el planteamiento general que tenemos y que, en el tiempo oportuno,
conocerán las Cámaras, cuando los textos estén terminados.
Respecto al jurídico militar que ejerce funciones jurisdiccionales, hay
dos aspectos: el control de la disciplina jurisdiccional en el ejercicio
de su función (Consejo General del Poder Judicial, etcétera) y la
disciplina militar, en el sentido de que son militares (por ejemplo, el
arresto al no llevar el botón bien colocado, etcétera), pero no puede ser
que la disciplina militar perjudique la independencia de los jueces. Por
ello, este Gobierno, aprovechando el camino de la ley disciplinaria,
introduce una modificación para enviar todas esas cuestiones, primero, a
los órganos jurisdiccionales militares (Tribunal Central, etcétera, según
la jerarquía y demás), y de ahí a la Sala Quinta del Tribunal Supremo y
al Consejo General del Poder Judicial. Solución:
que el Consejo General del Poder Judicial aplaude el dictamen que emite
sobre el proyecto de ley, que recibirá esta Cámara dentro de poco. Desde
luego, a este subsecretario, que es jurista, no se le ocurriría jamás
decir a un juez lo que tiene que hacer, sino que haya claridad pública,
porque la mujer de César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo. Con la
reforma y con la aceptación del Consejo General del Poder Judicial, eso
queda resuelto, y digo que esto estaba también tramitado anteriormente,
aunque el incidente se haya producido después.
Por otro lado, y en ese mismo contexto, para que no haya duda alguna, hay
otras dos reformas en las que estamos trabajando: una puramente
instrumental; hay que reorganizar, adaptándola al Plan norte la planta de
la jurisdicción militar, y ya ha aprobado el Gobierno para su remisión al
Consejo General del Poder Judicial ese nuevo anteproyecto de ley que no
tiene mayor cuestión que la organización material. Pero otro texto muy
importante que tenemos en avanzado proceso de elaboración y que esperamos
traer pronto a esta Cámara, aunque hay que hacer las cosas con sosiego,
es la adaptación al Código Penal de 1995, en donde le expongo nada más
una línea de filosofía, porque todavía estamos trabajando en la redacción
de cada precepto.
Queremos que la jurisdicción militar, defendiendo, como yo defenderé
siempre, la necesidad de su existencia y su buen funcionamiento --y ahora
le contaré un dato--, a pesar de los desconocimientos o de las
interpretaciones erróneas que a veces se hacen, tiene que quedar para lo
que estrictamente es su misión. Por tanto, estamos haciendo un Código
Penal subsidiario plenamente del Código Penal de 1995, en el que el
Partido Popular que apoya al Gobierno manifestó, en su conjunto, algunas
reticencias. Con independencia de esto, vamos a adaptarnos de forma que
no repitamos la parte general, por supuesto remitiéndonos a lo que se
dice en el Código Penal general, con alguna matización necesaria. Tampoco
vamos a realizar una enumeración de todos los delitos, sino de los
estrictamente militares y siempre subsidiariamente en relación con el
Código Penal.
Me he referido a una anécdota porque en el debate sobre el Libro Blanco
de la justicia, y respecto a algunos aspectos, he leído en algún medio de
comunicación una referencia a que determinados órganos jurisdiccionales
militares son propuestos por el Ministerio de Defensa y que eso podía
tachar la independencia. No voy a entrar en un debate sobre el tema de la
justicia, porque no me corresponde y no está en mis competencias, pero no
es un problema militar. En los tribunales superiores de justicia de las
comunidades autónomas hay algunos magistrados en cuyo nombramiento
también hay alguna intervención administrativa.
Por consiguiente, esto es lo que ha hecho el Ministerio. Le hubiese
gustado poder instruir el expediente disciplinario porque nos parece que
el tema no es baladí; no pudimos jurídicamente. Hicimos la amonestación y
dimos la instrucción de que --repito-- no se haga literatura. Pero le voy
a decir otra cosa, con toda sinceridad, aunque no conozco al coronel
--hoy general-- afectado ni los datos concretos del incidente. Me
perdonará que me exprese en mi lengua materna, por lo que pueda ocurrir,
pero en Asturias diríamos: tampoco ye para ponerse así. Son dos líneas en
las que ha habido un exceso --naturalmente del coronel-- absolutamente
inadmisible, pero el problema no pasa de ahí. Ha habido cuatro
intervenciones parlamentarias y habrá las que SS. SS. estimen oportuno,
naturalmente, y tanto los datos como el informe de la Asesoría Jurídica y
la ley disciplinaria los tienen a su disposición con absoluta
transparencia. En definitiva, señoría, coincidimos, creo, absolutamente
en el fondo y desearíamos que con esto quedara zanjado el incidente en
cuanto a la forma, porque creo que está suficientemente aclarado, sin
perjuicio, naturalmente, de la opinión de su señoría. (El señor Peralta
Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta, muy brevemente.
El señor PERALTA ORTEGA: No tenía conocimiento de esas iniciativas a las
que ha hecho referencia el señor subsecretario, pero no me extraña, se lo
digo sinceramente. El problema no es tanto que hubiera un coronel --hoy
general-- que se dirigiese a un juez militar para decirle lo que dice
usted acerca de que la preservación del Estado de Derecho forma parte de
las obligaciones militares. El problema es que, además, piensa que el
juez le ha faltado al respeto y se dirige al superior. Y el problema
adquiere realmente gravedad cuando ese superior le da la razón e impone
una sanción. El problema no es tanto del coronel, que también. El
problema es que, por encima de él, hay quien dice que un mando militar
puede pensar que un juez está subordinado a él y puede plantear una
sanción.
Yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho respecto a la independencia
de la jurisdicción militar. Aquí hay un ejemplo concreto de un juez que
cree en ella y que actúa con arreglo a los mecanismos legales, pero hay
otros miembros de las Fuerzas Armadas que no parecen tener esa creencia,
incluso de alto rango, y que se permiten imponer sanciones. Esa es la
gravedad de los hechos. Porque yo sí que creo, efectivamente, como usted
dice, que la jurisdicción militar tiene su espacio, su papel y su
independencia. El problema grave es cuando dentro del propio Ministerio
hay quien no es coherente con eso. Eso es lo que se ha constatado en este
hecho concreto, con independencia de la literatura de ese entonces
coronel, hoy, como usted ha dicho, general, que incluso ha sido
condecorado. Recientemente la prensa hacía referencia a condecoraciones.
El resumen es que se produce un incidente que usted constata que no es
baladí, en el que --insisto-- lo grave no es tanto en el coronel cuanto
que en el propio Ministerio de Defensa se asumen las posiciones de ese
coronel, y ese incidente se salda con que el resultado final es: ninguna
actuación concreta y ascensos e incluso condecoraciones. Sinceramente, yo
acepto que ésa no es la posición oficial del Ministerio de Defensa, usted
lo ha expresado hoy aquí y, por tanto, lo doy por bueno, pero tendrá que
reconocer que, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, no es
la imagen que se transmite. Se ha producido una incidencia,
un supuesto concreto de alterar y afectar la independencia de la
jurisdicción, en este caso militar, y eso es un hecho grave que el propio
Ministerio de Defensa y el ejército tienen interés en que no se produzca
en ningún caso y que las actuaciones que se han sucedido no parece que
den fe de esa gravedad y de esa opinión judicial del Ministerio de
Defensa.
Yo deseo que las reformas legislativas que ustedes han puesto en marcha
corrijan esta situación, pero, sin lugar a dudas, tal y como se han
desarrollado los acontecimientos, da la impresión de que no basta sólo
con reformas legislativas, porque posiblemente ya existían antes y, sin
embargo, había organismos y autoridades militares que no parecían tener
claro eso de la independencia del Poder Judicial. Bueno sería que se
tomaran también todas las medidas adecuadas para que no se vuelvan a
reproducir este tipo de acontecimientos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Las reformas no
existían antes; las reformas las hace este Gobierno para bien o para mal.
Eso es obvio.
Usted dice verdad, y yo, en lo que se refiere a la posición del
Ministerio, naturalmente que estoy de acuerdo. Pero no dice toda la
verdad o no pone todos los datos en su contexto cronológico, etcétera, y
da la sensación de que es lo que no es. Ya he dicho que, como militares,
están sujetos a la disciplina y lo que puede haber habido en el capitán
general es una interpretación de que la forma en que se dirigió a él no
era la correcta desde ese punto de vista. A partir de ahí, funciona
perfectamente la institución: se produce la sanción, el recurso, la
estimación del recurso, la intervención del Consejo General del Poder
Judicial y las consecuencias correspondientes. Consecuencias, en lo que
se refiere al Ministerio, que no han podido ir más allá, desde el punto
de vista jurídico, en la medida en que llegaron en un plazo, cuando se
pronuncia el Consejo General del Poder Judicial, que no nos permitía
hacer otra cosa. Hicimos lo que jurídicamente se podía, que era la
amonestación y dar las instrucciones para que no se haga literatura. Por
tanto, extender de ahí la conclusión de que los militares no creen en la
independencia del Poder Judicial, me parece, como mínimo, respetable pero
excesivo.
Usted ha mezclado dos cuestiones que ya se han mencionado varias veces y
a las que respondieron otros órganos. Me refiero a la condecoración y al
ascenso. En primer lugar, la condecoración no es tal, porque se trata de
la integración en la Orden de San Hermenegildo, que es una medalla a la
constancia y que se concede con datos reglados, eso sí, con buena
conducta. Lo que ocurre es que cuando se hace la solicitud y se concede,
todavía el Ministerio no tenía conocimiento de ninguna de estas
circunstancias. Por tanto, no ha condecorado a alguien que supiera que
tenía un problema. En segundo lugar, aparte del incidente, e incluso si
hubiera sanción grave, una cosa es que se sancione, desde el punto de
vista disciplinario militar, y otra cosa es que una equivocación de esta
naturaleza, no digo que no importante --y he dicho que no conozco al
afectado--, institucionalmente es importante, tenga que convertir al
afectado en un mártir que pierda la carrera, etcétera. Me parece que es
una consecuencia excesiva.
En definitiva, señoría, creo que estamos absolutamente de acuerdo,
discrepando en el énfasis. Estoy seguro que las reformas que se van a
proponer --que S. S. podrá estudiar y mejorar en la redacción del texto
de la ley disciplinaria-- disiparán, no ya el problema, que creo que de
fondo no existe, sino la duda sobre la independencia, si es que alguien
la tiene, de la jurisdicción militar.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POSIBLE ACTUACION DEL MINISTERIO DE
DEFENSA EN RELACION CON EL CONTENIDO DE LA REVISTA «MANDO». (Número de
expediente 181/000809.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 9 del orden del día. Pregunta del señor
Peralta sobre la posible actuación del Ministerio de Defensa en relación
con el contenido de la revista Mando.
Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: El señor subsecretario debe conocer que, al
parecer, en los centros y cuarteles de la Guardia Civil se distribuye de
forma gratuita una revista que se denomina Mando y que, según afirma, es
una revista escrita y dirigida por guardias civiles. En esa revista, en
los números que se conocen de ella, se contienen afirmaciones realmente
preocupantes, desde duras descalificaciones a las autoridades existentes
en cada momento --fueran del anterior o del actual Gobierno-- hasta
afirmaciones absolutamente rechazables por todas las fuerzas políticas,
como calificar a la Mesa de Ajuria Enea como la Mesa de Ajuria Eta,
asunto especialmente delicado y relevante y que, desde luego, es
inadmisible. Como me consta que el Ministerio de Defensa y el Gobierno de
la nación tienen conocimiento de esto, me gustaría saber qué actuaciones
se han llevado a cabo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Si me permiten una
simple broma, en cuanto al conocimiento, diré que el estar siempre
transitoriamente y con plazo de caducidad en el ejercicio del poder debe
permitir dedicarse a leer mejor literatura, porque la verdad es que me he
llevado una sorpresa cuando he tenido conocimiento de esto.
No sé si soy yo quien tiene que responder --aunque, naturalmente, lo
asumo y voy a dar las explicaciones pertinentes--, en la medida en que la
Guardia Civil depende orgánicamente del Ministerio de Defensa, a efectos
de tramitación
de situaciones personales, etcétera, pero funcionalmente depende del
Ministerio del Interior. Digo esto porque a lo mejor era en otra Comisión
donde se debería responder. En cualquier caso, hemos hablado con la
Guardia Civil y tenemos las actuaciones que se han llevado a cabo.
Previamente quiero decir que comparto absolutamente los criterios de S.
S. no sólo en relación con esta publicación, sino con otras muchas que
aparecen a veces, que naturalmente no son publicaciones oficiales, ni
muchísimo menos, y que, como mínimo, son perturbadoras. De la
perturbación a la actuación jurídica en relación con ellas está el
cumplimiento de una serie de requisitos.
Según me informa la Guardia Civil, y se deduce de los ejemplares de la
revista que yo he estado manejando para ilustrarme y poder dar cumplida
respuesta a S. S., no se trata de una revista oficial. En relación con
los artículos, parece que en algunos se identifican los autores con
nombres y apellidos y en otros se utilizan seudónimos y, por tanto, lo
primero que se ha hecho es abrir una investigación tratando, donde
tenemos pruebas fehacientes para poder actuar jurídicamente, de
determinar qué es lo que se puede hacer y ponerlo en marcha y, donde no
hay pruebas suficientes, intentar localizar esas pruebas porque, si no,
no podemos poner en marcha los mecanismos, bien sancionadores, bien
jurisdiccionales, etcétera, que sea menester.
Como SS. SS. saben muy bien, desgraciadamente --o no desgraciadamente--,
la virtud de la democracia y de los demócratas es que siempre estamos al
albur de que quienes no son tan demócratas utilicen indebidamente los
derechos que la Constitución reconoce. Por supuesto, la intención de la
Dirección General de la Guardia Civil es actuar en cuanto tenga datos
concretos. Además, yo situaría este incidente en un contexto que nos
preocupa sobremanera y que he expuesto en otras intervenciones
parlamentarias, porque, como he dicho, la carrera militar, y en este caso
la carrera de la Guardia Civil, exige un plus de dedicación, de
generosidad, etcétera, en relación con el resto de los ciudadanos, plus
que la hace grande porque se cumple y que, en este caso, hace que el
hecho de ser transitoriamente subsecretario de Defensa constituya para mí
un verdadero honor; pero hay que exigir que se cumpla. Y lo mismo que en
el incidente anterior, en éste usted sabe que, en la fórmula de juramento
a la bandera, momento sagrado en la carrera militar, se jura, entre otras
cosas, garantizar el ordenamiento constitucional y, por tanto, con la
libertad de todos los españoles, que nos ha costado tanto trabajo y tanto
esfuerzo construir, no se puede jugar. Esta es la situación en este
momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Decía usted que compartía los criterios que yo
había expuesto en relación con esta revista e incluso ha hecho referencia
a otras. Usted ha dicho, y yo también comparto ese criterio, que los
mecanismos democráticos son utilizados por personas que no creen en
ellos; pero lo que es evidente, señor subsecretario, es que los
demócratas tenemos que impedir esto. Si usted constata que en un cuerpo
militar, como, según la legislación vigente, es la Guardia Civil, se está
produciendo la distribución de este tipo de revista; si usted hace
referencia a que existen otras, no podemos quedarnos simplemente en
afirmaciones, porque los hechos son graves y si, además, no son hechos
referidos a una revista, sino a varias, lo que implica que detrás de esto
hay una organización --la revista no la hace un señor que escribe una
carta, sino que hay quien pide artículos, consulta, organiza, publica,
selecciona, distribuye, etcétera--, son hechos de una gravedad indudable
y hechos conocidos por las autoridades de la nación desde hace meses a
través de los distintos ministerios.
Inicialmente, yo tengo la información a través de un artículo que publica
un diario de Valencia, el diario Levante, el 14 de mayo, que hace
referencia a que los hechos han sido puestos en conocimiento de las
autoridades de la nación. De esto hace ya más de cuatro meses.
Sinceramente, yo admito que la investigación que se pueda estar llevando
a cabo, que quiero creer que se está llevando a cabo, tenga que hacerse
con discreción y que requiera tiempo, pero no basta con decir que se
comparte mi opinión y que los demócratas tenemos que soportar que haya
otros que utilicen mecanismos democráticos. No; la disciplina y la
prudencia política en relación con la institución de las Fuerzas Armadas,
porque voluntariamente han aceptado integrarse a prestar servicios en
unas condiciones determinadas, exige que estos hechos se investiguen y se
depuren las responsabilidades con el máximo rigor, porque, sin lugar a
dudas, los hechos son realmente graves, y yo estoy convencido de que el
Gobierno de la nación, por su compromiso con el orden constitucional, no
puede permitir que estos hechos se sigan produciendo. El que haya
revistas que, al parecer, se distribuyen gratuitamente en los cuarteles
de la Guardia Civil --por lo que se refiere a ésta-- y otras, a las que
usted ha hecho referencia, que no sé dónde ni de qué manera se
distribuyen y que contienen afirmaciones que usted califica de
perturbadoras --yo utilizaría un calificativo más grave, pero me basta
con ése--, me hace estar en condiciones de exigir al Ministerio que abra
una investigación inmediatamente y que corrija esta situación con
celeridad porque es insostenible.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Yo he dicho que
hemos abierto una investigación, pero no he constatado --ésa es una
afirmación que hace usted-- que la revista tenga nada que ver con algo
oficial. Yo no puedo evitar que alguien monte una empresa --no lo puedo
evitar inmediatamente; después, por los resultados, le explicaré-- y se
dedique a la distribución no sé cómo, y no me consta que se reparta
automáticamente.
Cuando me refería a otras publicaciones, me refería a otras de muy
diferente índole y no sólo en el ámbito de lo militar, y no quiero entrar
en detalles para que no haya malentendidos.
Pero en el contexto democrático la libertad de expresión es sagrada, con
sus límites dentro del ordenamiento constitucional. Usted dice que se
notificó en mayo a las autoridades. ¿A qué autoridades? ¿A las
jurisdiccionales, a las administrativas, al Ministerio de Defensa, a la
Guardia Civil? Porque autoridades de la nación hay un montón, con
competencias distintas y con mecanismos institucionales distintos a la
hora de corregir estas actuaciones.
En cualquier caso, yo no voy, ni muchísimo menos, a excusar nuestra
responsabilidad. Lo que yo le digo es que cuando nosotros tenemos
conocimiento --ya he dicho que no sé si soy el más indicado, porque
realmente es un tema de la Guardia Civil--, me pongo en contacto con la
Guardia Civil. La Guardia Civil tiene una investigación abierta y, desde
luego, en cuanto se detecte --pero de una forma jurídicamente factible--
alguna incorrección en cuanto a la disciplina, no dude S. S. que se
corregirá.
Le agradezco que comparta --en este caso con este subsecretario y creo
que, naturalmente, también con el Gobierno de la nación-- ese aprecio por
lo que la disciplina representa, no sólo en sí misma, como instrumento
fundamental para la mecánica del funcionamiento de los ejércitos, sino
como plus moral, repito, que el militar acepta generosamente en beneficio
de la comunidad cuando asume el desarrollo de su trabajo.
--DEL SEÑOR FERNANDEZ SANCHEZ (GRUPO IU-IC), SOBRE ACTUACION DE LAS
FUERZAS ARMADAS ANTE UNA CONCENTRACION NO VIOLENTA FRENTE AL CUARTEL DE
AIZOAIN EL DIA 2 DE JULIO DE 1997. (Número de expediente 181/000858.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Fernández Sánchez,
sobre actuación de las Fuerzas Armadas ante una concentración no violenta
frente al cuartel de Aizoain el día 2 de julio de 1997.
Señor Fernández Sánchez, tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Bienvenido, señor subsecretario. Aunque las
preguntas que le formulaba mi grupo, y yo mismo, iban dirigidas al
ministro de Defensa, pienso que si el ministro ha declinado estar aquí
hoy con nosotros lo ha hecho en el uso de su responsabilidad.
En primer lugar, yo quería hacerle un breve relato de los hechos, que
fueron los siguientes. El día 2 de julio del año en curso, en las
inmediaciones del acuartelamiento de Aizoain, un grupo de insumisos y de
personal de los medios de comunicación --dentro de ese grupo había
reporteros gráficos-- se concentraron ante el cuartel, yo creo que fuera
del recinto militar, porque estaban fuera de lo que es la barrera de
acceso al propio recinto. Sobre las 12,15 horas de ese día 2 de julio, la
unidad de seguridad del acuartelamiento de Aizoain invita a los insumisos
y demás personal a abandonar el acuartelamiento; no el acuartelamiento
propiamente dicho, sino el camino de acceso al mismo. En ese mismo
instante, la USA --la unidad de seguridad del acuartelamiento--
interviene de forma indiscriminada golpeando a insumisos y periodistas,
con el balance de varios contusionados, entre ellos periodistas que
cubrían el acto. Nosotros tenemos que decir que reprobamos las agresiones
producidas por parte de la unidad de seguridad del cuartel de Aizoain, al
considerar que su actuación fue absolutamente desproporcionada al cargar
contra un colectivo de personas que estaban en plan pacífico. Teniendo en
cuenta que el 2 de julio es una fecha presanferminera, yo me atrevería a
afirmar que estaban con un talante más festivo que de otro tipo.
Entendemos que en ningún momento se produjo situación alguna de peligro
para la seguridad del acuartelamiento al tratarse de un grupo reducido de
personas, y yo creo que eso está totalmente constatado.
Nosotros no llegamos a entender la actuación de la USA, no llegamos a
entender por qué no se llamó a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las
fuerzas de orden público, al tratarse de una concentración civil. Yo no
sé si es que el Ministerio de Defensa considera que las Fuerzas Armadas
deben intervenir en este tipo de funciones. También nos preguntamos por
qué se golpea con saña a un reportero de la Agencia Efe --que trataba,
única y exclusivamente de hacer su trabajo-- y por qué se detiene en el
acuartelamiento a cuatro periodistas, aparte de varios de los
concentrados.
El resultado es que esta aventura de la unidad de seguridad del
acuartelamiento, con el comandante Blanco al frente, deja una estela de
varios contusionados y heridos. El herido de mayor gravedad es el
reportero gráfico de Efe, Jesús Diges. Según el parte médico de ese día
emitido por el hospital Virgen del Camino, el periodista sufre fisura en
el metacarpiano del dedo medio de la mano derecha, contusiones en el
labio inferior, frente, zona occipital y rodilla izquierda. Después de
escayolarle el brazo, el periodista ha estado 45 días de baja por esos
tristes y lamentables acontecimientos. También hay otras personas que
tuvieron que pasar por las unidades hospitalarias para que fueran
reconocidas por las contusiones que sufrieron. La siguiente pregunta que
nos hacemos es si a la insumisión y a los colectivos pacifistas, desde el
Ministerio de Defensa, se les piensa combatir por la vía de la fuerza.
Creo que ésta es una reflexión que tenemos que hacer; espero que usted me
conteste.
Asimismo le debo preguntar por qué un comandante la emprende a golpes con
un periodista que se había identificado. Fue el propio comandante el que
le parte la mano al periodista; eso está constatado, no hay la menor
duda. Yo creo que usted también conocerá que los detenidos pasaron dos o
tres horas retenidos dentro de las instalaciones militares y que allí,
incluso, fueron golpeados.
Por último, nos gustaría saber qué medidas va a tomar el Ministerio. ¿Van
a abrir una investigación en serio? ¿Se depurarán responsabilidades?
Nosotros esperamos que así sea.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario de Defensa, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señoría, en primer
lugar, ni el Ministerio
de Defensa ni este Gobierno van a combatir --es una expresión bélica que
no comparto-- a nadie con la fuerza, sino con la razón, la razón del
Derecho en este caso, como trataré de exponer a S.S. inmediatamente. De
eso puede estar absolutamente seguro. En segundo lugar, usted ha descrito
hechos que considera incontestables, que quizá no lo sean tanto; la
información que yo tengo no coincide exactamente. Inmediatamente pasaré a
contar los hechos tal como se han producido, desde el punto de vista de
la información de la que yo dispongo, la de la unidad. Además, aparte de
las alusiones a la festividad o al carácter pacífico de la actuación,
usted ha dicho que se les invitó --y la expresión me parece correcta,
porque es cortés y los militares suelen serlo-- a que abandonasen el
lugar.
Me gustaría hacer una precisión conceptual previa, y en definitiva
política, en la que seguramente, desde el respeto, discrepamos. Señoría,
en un Estado de Derecho, el mero acto de incumplir la norma es ya en sí
mismo un acto de violencia, de violencia pequeña, porque la democracia y
la tolerancia empiezan por decir --si usted me lo permite, en mi
opinión-- buenos días y buenas tardes, y luego viene todo lo demás. Por
tanto, la afirmación categórica que se desprende de su intervención en el
sentido --digamos simplista-- de que las Fuerzas Armadas hicieron una
agresión violenta frente a una actuación pacífica --que no discuto--
debería ser matizada. Porque, en el caso concreto de la insumisión, S. S.
sabe que, en un Estado democrático y libre como es el español, todos los
ciudadanos tenemos dos opciones: cumplir, conforme al artículo 30 de la
Constitución, con el derecho y el deber que tenemos de defender a España
con las armas o bien optar por la objeción de conciencia. Ambas opciones
son legítimas. Lo que ninguno podemos hacer, ni Gobierno ni ciudadanos,
es incumplir la ley. Por consiguiente, quien se manifiesta insumiso en
ese aspecto está poniendo en tela de juicio la libertad de todos, en
definitiva.
Por último, y antes de pasar a los hechos tal y como a mí me los han
descrito, me gustaría decirle que hace escasamente media hora, en alguna
medida, prácticamente se ha dado respuesta a por qué las fuerzas que
están encargadas de vigilar los recintos militares --sobre todo como
éste, situado, como S. S. sabe, en Pamplona-- tienen que impedir que
nadie entre y haga fotografías, como se estaban haciendo, por razones
obvias. Porque no vale decir, repito, hace media hora que en Araca ha
habido un fallo humano, y ahora, cuando los responsables de la seguridad
toman las medidas oportunas y razonables en función de las circunstancias
--aunque a lo mejor no me compete a mí decirlo-- para evitar que nadie
entre y que nadie haga fotografías, que se estaban haciendo, criticar esa
actuación. Hay una contradicción lógica en esa argumentación.
Los hechos, tal y como las unidades nos informan, se habrían desarrollado
de la siguiente manera, que es en definitiva lo que usted ha descrito,
pero enfatizando una vez más otros aspectos.
El día 1.o de julio, sobre las 11,50 horas, un grupo de unas veinte
personas accedieron a las inmediaciones del acuartelamiento por la
carretera de acceso al mismo, no haciendo caso a las indicaciones de Zona
militar. Prohibido el paso, carteles que en todas las instalaciones
militares son públicos y notorios, y que no están naturalmente de adorno,
ni a las señales de dirección prohibida (que también es una norma
jurídica porque no puede circular uno en coche como quiera ni saltarse
los semáforos en rojo), existentes para impedir el paso al personal no
autorizado, carretera que se encuentra, además, flanqueada por una
alambrada.
Los manifestantes avanzaron por la carretera y cuando habían recorrido
unos 50 metros, ya dentro de la zona de seguridad, colocaron tres medios
bidones lastrados con hormigón y unidos con cadenas, exhibiendo pancartas
alusivas a la insumisión y a la desobediencia (jurídicamente hablando, si
se ataca al ordenamiento jurídico se ataca también a la Constitución),
impidiendo de esta forma el acceso al acuartelamiento y vulnerando la
seguridad del mismo. En un momento determinado, el jefe de la unidad de
seguridad del acuartelamiento --que es el responsable de la seguridad,
como su propio nombre indica-- se dirige a los manifestantes
advirtiéndoles reiteradamente que se encontraban en zona militar y que
debían retirarse, haciendo caso omiso los allí concentrados, quienes
voceaban a la vez que elevaban el volumen de un radiocasete que portaban.
Al ir a retirarlo, el oficial fue empujado. Ante esta actitud, se produjo
la intervención de la unidad de seguridad, que se encontraba debidamente
identificada con los brazaletes reglamentarios, haciendo uso de las
defensas de dotación.
Resultaron heridos cuatro soldados, que en su relato no aparecen como
heridos; también hubo cuatro soldados heridos y un manifestante, que
resultó ser un periodista que no iba identificado como tal y que fue
atendido en el botiquín del acuartelamiento. No se detuvo a ninguno de
los manifestantes; fueron retenidas cinco personas que no abandonaron la
zona, tres de las cuales portaban cámaras fotográficas con las que,
además de al personal de seguridad, habían hecho fotos del
acuartelamiento. Fueron conducidos a la barrera del acuartelamiento a la
espera de la Guardia Civil (a la que efectivamente se había llamado,
porque no tenemos ninguna intención ni muchísimo menos de convertir a la
Fueras Armadas en fuerzas de orden público, como su S. S. comprenderá)
que llegó unos veinte minutos después de iniciados los hechos, y cuyo
grupo de policía judicial se hizo cargo de los detenidos y del material
retenido, lo cual nos da otro indicio de que las instituciones han
funcionado, y si la policía judicial ha funcionado, en su caso también
funcionarán los formalismos jurisdiccionales competentes a cuyas
resoluciones, por supuesto, nos atendremos.
Los detenidos fueron identificados por la policía judicial. De ellos, uno
estaba reclamado por deserción y los otros cuatro resultaron ser también
periodistas no identificados. La actuación de la unidad militar no fue,
en nuestra opinión, violenta ni desproporcionada, sino en todo caso
--repito-- sujeta a la actuación de los órganos jurisdiccionales
pertinentes. En cualquier caso, señoría, en estos incidentes siempre hay
una cuestión de medida en la que naturalmente no hay ninguna intención
por parte del Ministerio de Defensa de agresividades innecesarias, ni
siquiera de
las necesarias, en determinadas ocasiones media un intento festivo, sin
duda alguna, en el contexto del 2 de julio, de provocar un incidente y de
afectar a la seguridad. Usted comprenderá fácilmente, como el diputado
Willy Meyer ha puesto de manifiesto hace poco en relación con Araca, que
la identificación fotográfica de determinados sitios, del personal de
seguridad y de las instalaciones, tiene un riesgo añadido bastante
evidente.
Estos son los hechos tal y como nosotros los conocemos en este momento.
Ignoro si ahora, y quizá usted pueda informarme, hay abierta alguna
actuación jurisdiccional en relación con los mismos, y manifiesto una vez
más, naturalmente desde el más absoluto respeto a la opinión ajena, que
en un Estado de Derecho es un atentado contra la libertad de todos no
cumplir las normas y más aún proclamarlo agresivamente, provocando esta
clase de incidentes que, en el mejor de los casos, siempre acaban mal;
aunque no haya heridos, desde el punto de vista del choque personal de
quienes están implicados no son incidentes agradables.
No ha habido ningún ejercicio de funciones de orden público por parte de
las fuerzas de seguridad del acuartelamiento que se limitaron a llamar a
las fuerzas de orden público, y sí ha habido, por supuesto, el ejercicio
de sus funciones de garantizar la seguridad del recinto porque si no
estaríamos --yo el primero y ustedes supongo que también porque lo
compartimos, como acaba de exponer S. S., el diputado Willy Meyer--
exigiendo responsabilidades por la negligencia, que puede llevar en
determinados sitios a riesgos que no son baladíes.
Termino, señoría, recordando un incidente que apareció hace unos dos
meses en la prensa, cuyos perfiles concretos --y pido disculpas-- no
recuerdo ahora con precisión. En alguna actuación de los grupos que giran
alrededor de ETA, unos de los actuantes, pistola en mano, resultó ser un
insumiso, lo cual no se puede elevar a la categoría de generalizar,
naturalmente, y afirmar que todos son violentos, pero sí se puede
utilizar para ponderar un poco las argumentaciones cuando se pretende --a
mi juicio y con todo respeto-- maniqueamente deducir de este incidente
que las Fuerzas Armadas se exceden, son brutales, ejercen competencias de
orden público, etcétera, y que frente a ellas no hay más que unos
beatíficos ciudadanos bien intencionados celebrando una fiesta con motivo
del día de San Fermín.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Quiero aclarar al señor subsecretario algunos
conceptos. Yo hice el servicio militar en este acuartelamiento, por tanto
lo conozco bastante bien. En este caso los hechos se producen en la zona
de aparcamiento, no se producen dentro de las instalaciones del cuartel,
y es una zona por la que habitualmente transitan todas aquellas personas
que quieren pasar por ahí; es una zona absolutamente abierta. A pesar de
que sí constan las señales a que el señor subsecretario hacía referencia,
es una zona por donde transita personal civil, van a pasear por allí y
normalmente no hay ningún inconveniente.
Me sorprende bastante que el señor subsecretario nos hable de que hay que
combatir con la razón, no con la fuerza, pero la verdad es que en este
caso yo creo que la razón no fue la nota predominante, sino lo que se
utilizó fue la fuerza, y la fuerza bruta. De hecho, en una concentración
de veinte personas se detienen a siete, y cuatro de esas siete personas
son periodistas. Parece increíble. Usted decía que no se habían
identificado, pero había dos reporteros gráficos que iban con sus cámaras
y creo que estaban totalmente identificados. Se conocía perfectamente que
eran reporteros, que eran periodistas que estaban haciendo su trabajo, y
considero que está usted justificando muy mal el acto que se ha cometido,
no solamente con el colectivo de insumisos sino también contra el
colectivo de los medios de información. La libertad de opinión que usted
decía antes, y la libertad de información que debe ser una premisa
democrática que debemos defender todos con el mayor ahínco, en este caso
no se ha cumplido; se ha incumplido totalmente porque no se ha dejado a
los medios informativos, que estaban allí de servicio, realizar su
trabajo. No obstante, también le tengo que decir --y le voy a poner un
ejemplo-- que el ahínco en cuanto a la contundencia de la actuación de
las fuerzas de seguridad fue tal que incluso a algún periodista le
rompieron las gafas, pero no de un pisotón, sino que las cogieron y
metieron las varillas por los ojos de las propias gafas. Es decir, ha
sido un acto que ustedes no se lo pueden tomar con la ligereza con que
nos está relatando los hechos, sino que es un acto preocupante; es un
acto preocupante que el estamento militar intervenga en una concentración
civil con esa contundencia.
No sé si usted conoce los datos, pero Navarra es la comunidad en la que
menos personas han solicitado su ingreso en el Ejército profesional, y
eso probablemente va muy unido con la imagen que tiene esta comunidad del
Ejército; y con medidas de este tipo, con actuaciones de este tipo, esa
imagen no se mejora.
Pienso que ustedes deben reflexionar sobre este hecho y sí deben abrir un
expediente, sí deben conocer en profundidad qué ha ocurrido. Además, el
propio comandante que dirigía esta unidad, según sus palabras, dijo que
él había sido sancionado no sé si con 10 ó 15 días por un hecho que se
produjo anteriormente y que en esta ocasión le iban a sancionar pero por
un motivo distinto; la primera vez alguien del colectivo de insumisos se
había colado, es decir, habían fallado los servicios de seguridad y se le
habían pasado dentro del acuartelamiento, con lo cual el propio
comandante estaba reconociendo que en este caso iba a actuar con
contundencia y que se estaba arriesgando; por tanto, creo que es un hecho
importante.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Sánchez, vaya terminando por favor.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor Presidente.
Quizá única y exclusivamente decir que las consecuencias de esta
actuación han sido tremendas porque el que cuatro periodistas se vean
involucrados y sean apaleados
es un hecho detestable. El señor subsecretario parece que no quiere
compartirlo conmigo, pero creo que por lo menos sí debería hacer una
valoración más acorde con lo que en realidad pasó.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señor Fernández,
parece que hay discrepancia en la interpretación de los hechos. Repito
que ignoro si hay otras actuaciones jurisdiccionales, etcétera, y, en
todo caso, acataremos en la forma que resuelva quien corresponde. Acepto
el matiz de la ubicación, si usted me acepta que el personal civil pasea,
pero normalmente no pone bidones lastrados.
No acepto que se pretenda deducir de esto que las Fuerzas Armadas impiden
la libertad de expresión, porque no sabían que eran periodistas; he dicho
que si se están haciendo fotografías, desde luego es objetivamente un
atentado a la seguridad, más si usted conoce el acuartelamiento y la
ubicación, y de acuerdo con lo que su propio grupo acaba de preguntar en
relación con Araca, en ese contexto a mí, lo he dicho públicamente en la
Comisión Mixta Congreso-Senado que estudia la profesionalización, me
importa igual que al Gobierno, que en las futuras Fuerzas Armadas
profesionales todos los españoles que quieran puedan venir a desarrollar
su trabajo, todos, de cualquier parte del territorio nacional. Lo
importante es que todos tengamos ese derecho y ese deber constitucional
reconocido sin andar con estadísticas arriba o abajo, de si tres vienen
de un sitio o del otro. No creo que la imagen de las Fuerzas Armadas en
Navarra haya sufrido; sí creo, sin embargo, que sufrió objetivamente en
el caso de Araca, porque hubo un fallo, una negligencia personal.
Por tanto, manteniendo la discrepancia, creo que la pregunta queda
contestada.
Muchas gracias, señor Fernández Sánchez.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario, por su
presencia aquí.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.