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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 278, de 23/09/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 278
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC HOMS I FERRET
Sesión núm. 19
celebrada el martes, 23 de septiembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps),
para informar sobre:
--Proceso de privatización de la empresa Industria Española del Aluminio,
S. A. (INESPAL). A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 212/000743.)
--Plan Industrial de Alcoa para la adquisición de la empresa Industria
Española del Aluminio, S. A. (INESPAL). A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000745.)
--Situación en la que se encuentra el proceso de privatización de la
Corporación Siderúrgica Integral (CSI) y las negociaciones realizadas,
así como del futuro de la plantilla existente en la misma. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 212/000747.)
--Situación en la que se encuentra el proceso de privatización de la
Corporación Siderúrgica Integral (CSI) y negociaciones realizadas, así
como del futuro de la plantilla existente en la misma. A solicitud del
Grupo Parlamentario anterior. (Número de expediente 212/000327.)
--Proceso de privatización de la Corporación Siderúrgica Integral (CSI),
así como de las empresas que serán seleccionadas como nuevos socios
tecnológicos a efectos de asegurar los criterios de equidad,
transparencia y concurrencia necesarios. A solicitud de los Grupos
Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 213/000331.)
Comparecencia urgente del señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps), para informar sobre:
--Decisión de privatización de la empresa Industria Española del
Aluminio, S. A. (INESPAL). A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/000334.)
--Proceso de privatización de las empresas públicas Elcano, Industria
Española del Aluminio, S. A. (INESPAL) y Corporación Siderúrgica Integral
(CSI). A petición propia. (Número de expediente 214/000048.)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Disculpen el retraso, que se ha debido a causas absolutamente ajenas a mi
voluntad y atribuibles a ese tráfico que tiene Madrid y a una pequeña
manifestación que hemos tenido en las inmediaciones del Congreso. Todo
ello me ha impedido estar aquí con puntualidad. Discúlpeme también, señor
ministro, por estos minutos de retraso.
Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Industria. La Junta de
Portavoces acordó que la forma de organizar la sesión de esta mañana
sería conceder un turno de intervención al señor ministro para que
pudiera atender las informaciones que le son requeridas por todos los
puntos que hemos incorporado en el orden del día y que todos ellos hacen
referencia a materias objeto del proceso de privatización. A continuación
concederíamos la palabra a los distintos portavoces de los grupos para
que, también de forma global, refiriéndose a estas materias y aquellas
otras que el ministro hubiera expuesto ya en su inicial intervención,
pudieran consumir un turno de fijación de posición, que seguirá
posteriormente con otra intervención del señor ministro y, si SS. SS. lo
desean, por no sentirse suficientemente informadas por la cantidad de
datos que el señor ministro nos facilite esta mañana, concederíamos un
turno de réplica a petición de cada portavoz, que será concluida por una
última intervención del señor ministro.
Sin más, señorías, y deseando que esta sesión sea de interés para todos
ustedes, vamos a dar comienzo a la misma.
Señor ministro, tiene S. S. la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señorías,
buenos días a todos.
Tengo el honor de comparecer hoy ante esta Comisión de Industria para
informarles sobre el proceso de privatización de tres compañías: la
Corporación Siderúrgica Integral, CSI, hoy denominada ya Aceralia; Elcano
e Inespal.
Como todos ustedes saben, y como he tenido ocasión de exponer en
repetidas ocasiones en este mismo foro, la política de privatizaciones
que se está ejecutando responde a un triple compromiso. En primer lugar,
se trata de un compromiso electoral del Partido Popular. En el programa
electoral para las elecciones de 1996, la política de privatización de
empresas públicas en general ocupa un lugar destacado, al servicio del
objetivo de generar empleo y ahorro, porque se considera como parte --y
cito textualmente-- de un proceso de liberalización y desregulación de la
economía para que ésta aumente su potencial de crecimiento y la capacidad
de generar empleo. Es también un compromiso del Gobierno, a tenor del
contenido del programa electoral, que el Consejo de Ministros aprobó en
su sesión del 28 de junio del año pasado, el programa de modernización
del sector público empresarial del Estado, que incluye las bases del
proceso de privatización. En primer lugar, se define que por
privatización se entiende la transferencia de la propiedad de empresas
que suponga para el sector público estatal la pérdida de influencia
decisiva en la empresa de que se trate. En segundo lugar, se establece
que el proceso tendrá vocación de globalidad, sin que existan sectores o
grupos excluidos, sin perjuicio de que será tendencial para las empresas
sujetas a reestructuración o reconversión, en las que no está asegurada
su viabilidad en términos competitivos.
Hay un tercer compromiso, que es un compromiso de rigor y de eficacia. El
proceso de privatización tiene hoy una dimensión mundial. Todos los
países sin excepción, cualquiera que sea el signo político de sus
gobiernos, están inmersos en este proceso, sin límites y sin ambages, a
partir de la absoluta coincidencia de que sólo la iniciativa privada
puede mantener el dinamismo que la competencia global exige. La
privatización se convierte así en la posibilidad de asegurar el rigor y
la eficacia imprescindibles para que las empresas puedan subsistir en el
largo plazo o mejorar sus posiciones competitivas y, en definitiva,
garantizar un futuro de estabilidad, de prosperidad y de puestos de
trabajo dignos y seguros.
Los Estados en general, y España en particular, cada vez pueden ejercer
menos de empresarios, porque al margen de discusiones teóricas y de
excepciones que confirman la regla, está empíricamente demostrado que las
empresas gestionadas privadamente son, en general, más eficientes y
tienen mejores resultados a largo plazo que las
públicas. También porque es muy difícil separar el carácter de empresa
pública de la tentación de convertirla en centro financiero desde el que
subvenir a necesidades políticas ajenas a su propio objeto, o desde el
que ejecutar inversiones que muchas veces no están suficientemente
soportadas en criterios rigurosos de rentabilidad. Asimismo porque las
dificultades presupuestarias impiden disponer de los fondos necesarios
para mantener niveles de eficacia tecnológica y acometer nuevas
inversiones cuando son necesarias para estar en vanguardia. Renunciar a
estar en vanguardia hoy es renunciar a seguir existiendo mañana. También
porque, aunque no hubiese dificultades presupuestarias internas, las
normas del Tratado de la Unión Europea prohíben toda clase de ayudas de
Estado, y entre ellas se incluyen las aportaciones al capital o cualquier
otra figura de aportación o transferencia de fondos públicos --incluidos
préstamos, ventas o compras a precios distorsionados-- y cualquier otra
figura que pueda sustituirlos. En definitiva, porque no se puede perder
otra vez la oportunidad de modernizar el tejido productivo español,
dotándolo de unos instrumentos que sean semejantes a los de nuestro
entorno.
A efectos de que mi exposición resulte lo más clara posible, voy a
referirme separadamente al proceso de privatización de la Corporación
Siderúrgica, de Elcano y de Inespal. En cada caso voy a seguir una
estructura parecida. Primero me referiré a las características de la
empresa, en segundo lugar haré referencia a la cronología del proceso de
privatización, en tercer lugar explicaré los detalles de los acuerdos de
venta, para finalizar con los planes industriales que los nuevos
compradores tienen en relación con esas compañías.
En cuanto a la Corporación Siderúrgica Integral, nace en diciembre de
1993 como resultado de la fusión de las empresas Ensidesa y Altos Hornos
de Vizcaya, mediante la aportación a esa compañía de los activos
rentables y la separación de aquellos pasivos y obligaciones que
existían, y siguen existiendo para el futuro, en una compañía de las
denominadas compañías latentes que tiene como nombre HV-Ensidesa Capital
y que --les recuerdo como elemento de reflexión-- tiene todavía
obligaciones en pesetas corrientes en torno a 400.000 millones.
La actividad de la CSI es la fabricación y comercialización de todo tipo
de productos siderúrgicos: arrabio, laminación de productos planos,
productos recubiertos y transformados, chapa gruesa, alambrón, perfiles
estructurales y carriles de vía.
Los centros productivos son los siguientes: La CSI tiene 10 centros
industriales en Asturias, Navarra y País Vasco, y varias empresas
participadas entre las que destacan la ACB, la Acería Compacta de
Vizcaya, en el País Vasco, y Sidmed y Galmed, en Sagunto (Valencia). La
plantilla en estos momentos es de 11.555 trabajadores y los ingresos de
explotación del año pasado han sido de 335.000 millones de pesetas. La
evolución de los resultados netos, después de impuestos, fue en el año
1995, momento alto de ciclo siderúrgico, de 22.800 millones de pesetas,
y en 1996 de 15.500 millones. Les recuerdo que --como he dicho antes--
todos los pasivos están en una compañía latente que se venía dotando
hasta ahora con aportaciones presupuestarias.
La primera decisión que tomó el Gobierno respecto a la privatización de
la CSI, ahora Aceralia, fue, paradójicamente, paralizar el proceso
parcial de privatización emprendido por el Gobierno anterior. La segunda
decisión que tomó el Gobierno fue considerar el futuro de la CSI como un
todo, es decir, renunciando al enfoque de venta por partes diseñado por
el Gobierno anterior. La Agencia Industrial del Estado, como accionista
único y agente privatizador designado por el acuerdo del Consejo de
Ministros antes mencionado, de 28 de junio de 1996, ha seguido el proceso
de privatización que se inició con el acuerdo del consejo de
administración de la propia Agencia Industrial de 14 de febrero de este
año. Como asesor del proceso de privatización fue designado el Banco
Central Hispano.
La tercera decisión fue diseñar un esquema de privatización total que
asegurase la viabilidad y fortalecimiento futuro de la empresa. Por ello
se renunció a posibilidades como la salida total a Bolsa de la empresa,
una opción que se podría pensar que sería más cómoda desde el punto de
vista técnico y político y, a cambio, se diseña un proceso que se
desarrolla en tres fases. La primera fase, ya cumplida, es la
incorporación de un socio tecnológico, seleccionado entre las principales
compañías siderúrgicas del mundo, que toma el 35 por ciento del capital
social y debe presentar un plan industrial a 5 años. La segunda fase, en
la que se está, es la selección de los socios de acompañamiento,
empresarios españoles que añadan valor y se comprometan con el plan
industrial, que conjuntamente adquirirían entre el 10 y el 15 por ciento.
Finalmente, la tercera fase será una oferta pública de venta en Bolsa del
resto de las acciones, por tanto en torno al 50 por ciento del capital.
La primera fase, como queda dicho, ha consistido en incorporar un socio
estratégico que va a permitir a Aceralia, que es el nuevo nombre de la
CSI, superar las que entendíamos que eran las principales carencias de la
compañía, derivadas básicamente de su tamaño. La producción anual de
Aceralia se sitúa en torno a los 5 millones de toneladas de acero
integral, aproximadamente la mitad de lo que hoy se considera una cifra
razonable para poder hacer frente a un mercado como el siderúrgico,
sometido a ciclos claramente perceptibles. Aceralia está muy lejos de los
volúmenes de producción europeos, y las principales compañías existentes
en el panorama mundial están entre el triple y el quíntuplo de su volumen
de producción, en el entorno de los 12 ó 18 millones de toneladas año.
Además, en Europa ha dejado de producirse mineral de hierro y carbón a
precios competitivos, y el acero es el resultado --como todos ustedes
saben-- de la combinación de estas dos materias primas esenciales, que
hoy en día han de ser adquiridas normalmente en Norteamérica, en Brasil
o en Australia. Y desde luego no tiene la misma situación competitiva una
compañía que tiene que comprar carbón o mineral de hierro para un volumen
de producción de 15 ó 20 millones de toneladas que la que adquiere
materia prima para producir sólo 5 millones, situación en la que se
encuentra Aceralia,
a la que resultaría muy difícil por su tamaño llegar a conseguir esas
condiciones competitivas actuando de forma aislada.
Una razón añadida es la propia estructura del mercado siderúrgico,
sometido a vaivenes cíclicos que hacen que en los momentos de caída sea
necesario, a veces, vender el producto a precios más bajos. Para esto hay
que tener una solidez financiera y una capacidad económica que permita
aguantar estos ciclos sin que se resienta el futuro de la compañía.
Por todas estas razones tomamos la decisión de que la primera fase del
proceso fuera la incorporación a Aceralia de uno de los principales
actores del panorama mundial de la siderurgia, de forma que la empresa se
beneficiara de esas economías de escala, de esa potencia para hacer
frente a los vaivenes del ciclo del acero y se mantuviera en la
vanguardia tecnológica, lo que exige grandes esfuerzos en investigación.
Este denominado socio estratégico de Aceralia tendrá una participación de
un 35 por ciento en su capital social, pues no nos parece apropiado
transmitir la propiedad de la mayoría de la compañía, aún considerada
unitariamente, a un solo grupo que pudiese tomar decisiones con plena
independencia, debiendo mantener ese mismo porcentaje de participación
durante 5 años, en los cuales no podrá ser aumentado ni disminuido de
forma directa o a través de ninguna sociedad participada.
Esta primera fase de la privatización se ha completado recientemente, al
aprobar el consejo de administración de la Agencia Industrial del Estado
la oferta de la compañía luxemburguesa Arbed el pasado 28 de julio de
1997, y tras el dictamen del consejo consultivo del 30 de julio y ser
aprobada la propuesta por el Consejo de Ministros del 1 de agosto.
La aprobación de esta alianza supone la culminación de un proceso arduo
y laborioso, en el que habíamos contactado previamente con las
principales siderúrgicas del mundo occidental, habiendo invitado a
participar en el mismo a compañías de tanta relevancia como la
norteamericana US-Steel, la francesa Usinor, la italiana Riva-Ilva, la
luxemburguesa Arbed, la alemana Thyssen-Krupp, la británica British Steel
y la holandesa Hoogovens.
En cuanto a la firma del contrato de Arbed, en los próximos días
--incluso podría ser algo más ambicioso-- se va a proceder a su firma
definitiva, y en cualquier caso sujeto a la ratificación posterior del
Consejo de Ministros.
La incorporación de Arbed al accionariado de Aceralia se va a efectuar
mediante una ampliación de capital de la propia Aceralia, que emitirá
nuevas acciones que serán suscritas íntegramente por Arbed, y pasará así
a ser titular del 35 por ciento del capital una vez ampliado. La
ampliación de capital se hace con prima de emisión, de manera que el
importe total a desembolsar por Arbed será de 129.000 millones de
pesetas, que ingresará en efectivo metálico al momento de la suscripción.
Esa cantidad equivale a aceptar la valoración mínima exigida por la
Agencia Industrial del Estado, que era de 240.000 millones de pesetas
antes de la ampliación de capital. Después de esta operación, los fondos
propios de Aceralia serán de 369.200 millones de pesetas y su posición
financiera la coloca como una de las siderúrgicas más saneadas y con más
liquidez del mundo, lo que garantiza las inversiones comprometidas --se
dispone de los recursos necesarios para acometerlas-- y la retribución de
los accionistas que puedan incorporarse seguidamente al disponerse ya hoy
de los fondos suficientes para garantizar dividendos razonables en los
próximos años.
Paralelamente a la incorporación de Arbed al accionariado de Aceralia se
produce una participación de ésta en la primera, mediante la adquisición
por la CSI de un paquete accionarial del 9,5 por ciento de Arbed y de
otras participaciones en diversas compañías del grupo, tanto industriales
como comerciales, lo que asegura una presencia muy importante en zonas
como América Latina, hasta consolidar lo que entendemos que es una
verdadera alianza estratégica entre ambos grupos: CSI y Arbed. Esta nueva
alianza es la que ha sido bautizada como Aceralia.
Como complemento a todo este diseño financiero, Aceralia emitirá warrants
con derecho a una ampliación del capital del 15 por ciento. Los warrants
serán adquiridos por Arbed, de manera que sumados al actual 35 por
ciento, darían un 50 por ciento a la compañía. Pero esta ampliación, en
su caso --los warrants son derechos de opción a una futura ampliación de
capital--, sólo será posible siempre que se esté cumpliendo el Plan
industrial, en los siguientes casos: si se produjera una OPA hostil, si
Arbed llegara a un acuerdo con la representación de los trabajadores que
contemple ese cambio de participación y si el Ministerio de Industria y
Energía autoriza un nuevo Plan industrial incluyendo el acceso de Arbed
a esta ampliación. Los warrants tendrán un plazo de validez de siete años
y la única condición para su utilización es que se encuentren libres de
cargas. Inmediatamente después de su suscripción, Arbed los dejará en
prenda a favor de la Agencia Industrial del Estado para garantizar el
Plan industrial al que me voy a referir inmediatamente y que la compañía
se ha comprometido a desarrollar. La prenda sólo podrá ser levantada en
los tres supuestos que les acabo de señalar.
Mientras esté vigente el Plan industrial garantizado, es decir, hasta
final del año 2002, Arbed no podrá modificar el porcentaje de su
participación en Aceralia, salvo si hace uso de estos títulos porque se
dé alguno de los supuestos específicamente contemplados y que he
explicado. Al final del plazo de garantía tendrá libertad para comprar o
vender acciones.
Yendo al Plan industrial, quiero destacar especialmente que en la
decisión sobre la elección del socio estratégico de Aceralia se ha tomado
en cuenta prioritariamente el contenido del Plan industrial y,
fundamentalmente, los parámetros de volumen de inversiones, volumen de
empleo, compromiso de no segregación y de no fusión, de no modificación
de la estructura empresarial y de no cesión de ninguna actividad ni por
arrendamiento ni por ninguna otra consideración.
Los compromisos más destacables de este Plan industrial, cuya ejecución
está garantizada por Arbed, como ya
les he comentado, prestando una garantía de 25.000 millones de pesetas,
pignorando acciones de Aceralia y por los warrants comentados, son los
siguientes. Mantenimiento del nivel de empleo actual, considerando
Aceralia y las sociedades del grupo como un todo, salvo, como es natural,
acuerdo con los trabajadores. En este sentido es de señalar que el plan
prevé dejar sin efecto los planes de reducción de plantilla que tenía la
empresa, lo que, en la práctica, equivale a la creación de más de 1.700
empleos en relación al futuro que ya estaba dibujado. Otros compromisos
son no proceder a la fusión, segregación, cesión, venta o cierre de
instalaciones, centros de producción o empresas participadas, salvo las
de escasa importancia, y no modificar la participación en el capital de
Aceralia, que ha de ser del 35 por ciento en todo momento.
Además de todo eso, los compromisos más importantes afectan a las
inversiones. Se trata de efectuar las inversiones programadas en los
cinco años del plan, que alcanzan la cifra de 155.950 millones de pesetas
y que son más intensivas en productos planos, como corresponde, por
lógica, a la naturaleza del negocio siderúrgico. Por líneas de negocio,
estas inversiones se dirigen a productos planos, por importe de 141.200
millones de pesetas; productos largos, por importe de 6.750 millones, y
productos transformados, por importe de 8.000 millones de pesetas. Esto
totaliza los 155.950 millones comentados.
Como conclusión puedo decirles que la alianza entre Aceralia y Arbed
configura el primer productor de acero de Europa y el tercero del mundo,
pasando Aceralia a estar presente en 60 países, lo que da idea de la
importancia que supone este acuerdo para la compañía española y su reto
de internacionalización, aspecto éste que también ha sido especialmente
valorado en nuestra toma de decisión, puesto que es una apuesta firme por
la globalización de los mercados de una de las principales compañías
españolas. Todo el esquema descrito en la propia configuración del grupo
Arbed, que tiene presencia productiva en varios países, tales como
Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Brasil, refuerza este
objetivo de expansión. A través de esta operación, Aceralia refuerza
enormemente su proyección internacional, teniendo un tercio de su balance
aproximadamente invertido en activos internacionales. Asimismo, obtiene
la entrada directa o indirecta en el esfuerzo comercial internacional de
Arbed, especialmente importante en Sudamérica, los Estados Unidos y la
Europa central. La internacionalización se produce no sólo en el área
comercial, sino también en lo referente a aprovisionamientos de materias
primas, al tener acceso a explotaciones de mineral de hierro con reservas
de más de 20 millones de toneladas.
En estos momentos estamos ultimando los detalles de esta primera parte de
la operación, de cuyos resultados creo que podemos mostrarnos
satisfechos, porque hemos conseguido reforzar y consolidar la compañía,
su posición nacional y, lo que es más importante, su proyección
internacional, asegurando el mantenimiento del empleo y el equilibrio
regional en nuestro país, objetivos que han presidido la génesis y el
desarrollo del proyecto. Además, creo que debemos sentirnos orgullosos de
haber desarrollado todo el proceso con un talante de negociación
permanente, manteniendo encuentros y reuniones constantes no sólo con
todas las compañías interesadas, sino también con todas las instancias
públicas y privadas implicadas, como son los gobiernos de las comunidades
autónomas y las centrales sindicales representantes de los trabajadores.
El proceso ha estado presidido por la más absoluta transparencia y
seguridad, y regulado según las reglas precisas previamente señaladas y
conocidas por todas las partes.
Nuestro siguiente paso, en el que ahora nos encontramos, es la
incorporación de otros socios industriales españoles del sector
siderúrgico --que hemos denominado socios de acompañamiento-- que
desarrollen actividades complementarias y añadan valor al conjunto de
Aceralia y que se comprometan con el contenido del Plan industrial. Por
ello, su incorporación exige la conformidad simultánea del socio
estratégico y de la Agencia Industrial del Estado, hoy ya Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales. En estos momentos estamos en
contacto con los principales industriales siderúrgicos españoles y
empresas de distribución, y creo que en las próximas semanas quedará
ultimada esta fase con la colocación de un 14 ó 15 por ciento
aproximadamente del capital de Aceralia, que complementará el 35 por
ciento de Arbed.
La última fase del proceso de privatización será la salida a Bolsa del
resto de las acciones de Aceralia, el 50 ó 51 por ciento, si
efectivamente cerramos la segunda fase en un 14 ó 15 por ciento, teniendo
previsto que antes de fin de año tengamos completada toda la operación.
En estos momentos el futuro inmediato de Aceralia está perfecta y
claramente planificado en el Plan industrial que se ha dibujado y va a
aplicar el nuevo gestor de la compañía y que garantiza su equilibrio
territorial, la estructura empresarial, la plantilla y las cuantiosas
inversiones a realizar en los próximos cinco años. Por tanto, creo que
nos podemos mostrar satisfechos con la actual situación de la compañía y
respecto a su futuro; lógicamente, todo lo tranquilos y esperanzados que
se puede estar en el negocio siderúrgico y su más o menos previsible
devenir, que, como he dicho antes, viene caracterizado por un componente
cíclico muy relevante.
Si me permiten, ahora pasaré a la descripción de la operación relativa a
la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante. Esta empresa se
constituyó en el año 1943 y su actividad es el transporte marítimo de
graneles, sólidos y líquidos.
En cuanto a los centros productivos, hay que decir que en el período
1991-1993 Elcano transfirió la totalidad de su flota a Lauria Shipping
Company Limited, filial domiciliada al cien por cien en las islas
Bahamas. Se trata de un grupo de tamaño pequeño en el sector, que explota
flota en propiedad --diez buques del orden de 1.121.000 toneladas-- y
alquilada --cuatro buques del orden de 375.000 toneladas--. El destino
principal de las cargas transportadas es la propia península Ibérica.
A 31 de diciembre de 1996 la plantilla de las oficinas centrales era de
43 personas y la plantilla de Lauria Shipping
en los 14 buques que operan era de 285 personas. Hay que decir que
aproximadamente la mitad de ellos son no españoles.
Los ingresos de explotación durante el año pasado fueron 16.589 millones
de pesetas y la evolución de los resultados netos después de impuestos ha
sido la siguiente: 3.600 millones de pérdidas en el año 1993,
prácticamente cero en el año 1994, 233 millones en el año 1995 y 1.157 en
1996.
El inicio del proceso de desinversión de la participación de SEPI, que es
la titular de las acciones en la Empresa Nacional Elcano de la Marina
Mercante, se aprobó por Consejo de Teneo a finales del año 1995,
designándose un asesor externo para esta operación, que fue SBC-Warbug.
Las razones básicas para la desinversión que adoptó el Consejo de Teneo,
insisto, a finales de 1995, fueron las siguientes: menores necesidades de
transporte marítimo de graneles del grupo Teneo, que podían verse
reducidas a las de Endesa y sus filiales, ante lo que ya se preveía como
desinversión de Inespal por parte de Teneo; necesidades de inversión en
Elcano para la renovación de flota y atender la demanda típica sin
disponer de plusvalías latentes en flota --recuerdo que estaba la
compañía domiciliada en Bahamas--; dificultad de financiar con capital la
adquisición de flota con backing rentable, y una baja rentabilidad
económica del negocio, menor al 4 por ciento, tanto en los competidores
como en la propia Elcano.
El perfil del comprador se definió de la forma siguiente: debía ser una
naviera nacional o extranjera sin tráficos importantes con la península
Ibérica; debería disponer de una flota complementaria a la de la empresa
nacional Elcano y debía ser, como es natural, sólido y con determinación
de crecimiento en la península Ibérica.
El 6 de septiembre del año 1996 el consejo de SEPI acuerda continuar el
proceso de privatización de esta compañía. En el proceso realizado,
SGB-Warburg procedió a contactar con 22 compañías potencialmente
interesadas, de las que 17 manifestaron su interés por continuar en el
proceso y acceder a la información de Elcano, cuaderno de venta,
preparado por el asesor.
Con fecha 16 de diciembre de 1996 se recibieron las ofertas indicativas
de interés, que fueron nueve, que finalmente, tras la realización de un
proceso de due diligence, se concretaron el 7 de marzo de 1997 en cinco
ofertas vinculantes, una de ellas retiradas posteriormente.
Una vez analizadas estas ofertas, el consejo de administración de SEPI,
de 28 de abril de 1997, optó por continuar la fase final del proceso sólo
con dos de los grupos ofertantes, que fueron L. Sheep y el Grupo Marítimo
Ibérico. Estos dos grupos han realizado inspecciones de los buques y han
tenido acceso a una nueva fase de due diligence.
Finalmente se han recibido sus ofertas definitivas el 4 de julio de 1997,
considerándose más aconsejable la oferta realizada por el llamado Grupo
Marítimo Ibérico. El 23 de julio de 1997 se firmó el contrato de
compraventa supeditado a la autorización del Consejo de Ministros, previo
dictamen del Consejo consultivo de privatizaciones. En estos momentos la
SEPI ha enviado ya el informe al Consejo consultivo y se espera que el
dictamen se conozca probablemente esta misma semana.
El grupo comprador, que se ha constituido expresamente para la compra de
Elcano, está formado por navieras españolas y portuguesas: por
Remolcadores Nosaterra, Remolcanosa, con un 40 por ciento; por Naviera
Murueta, sociedad anónima, con un 10 por ciento; y la Sociedade
Portuguesa de Navíos Tanques, S. A., Soponata, con un 50 por ciento, con
el interés común de desarrollar sus respectivos negocios navieros
integrando un gran grupo ibérico.
No me voy a extender sobre los detalles de cada una de estas empresas
pero, si SS. SS. lo desean, tengo la información disponible. El acuerdo
de venta supone que el precio del cien por cien de las acciones se fija
en 5.773,5 millones de pesetas. El plan industrial realizado por el grupo
comprador tiene las siguientes líneas básicas: mantenimiento de Elcano
como eje de la actividad de carga seca y de Soponata en carga líquida,
mantenimiento de la sociedad Elcano con su nombre, domicilio social y
equipo humano y la expansión comercial hacia clientes portugueses y de
otras nacionalidades.
Finalmente, en referencia a la privatización del grupo Inespal, he de
decir que Inespal nace en 1985 como resultado de la fusión de las
empresas de Aluminio de Galicia, Alugasa, y la Empresa Nacional de
Aluminio, Endasa. Su actividad es la producción, la transformación y la
comercialización de aluminio. Sus centros productivos son dos centros en
San Ciprían, Lugo; en Avilés, Asturias, dos centros en La Coruña; en
Sabiñánigo, en la provincia de Huesca; en Amorebieta, en Vizcaya; en
Alicante; en Linares, Jaén, y en Noblejas, Toledo. La plantilla actual es
de 4.838 trabajadores y los ingresos de explotación fueron de 144.546
millones de pesetas. La evolución de los resultados netos después de
impuestos refleja un gran componente cíclico también de este negocio y
van desde cifras positivas en el año 1989, en torno a 13.000 millones de
pesetas, a pérdidas de 25.000 millones de pesetas en los años 1992 y
1993; de 16.000 y 18.000 millones de pesetas en los años 1991 y 1994, a
unos resultados en el año 1996 de 2.374 millones.
Los primeros contactos encaminados a la desinversión de Inespal datan de
los años 1990 y 1991 y fueron realizados con Alcoa y Alcan. En 1994,
Teneo, sociedad anónima, que era entonces la tenedora de las acciones,
decide poner en venta el grupo Inespal por razones estratégicas y de
falta de competitividad y elige a partir de ahí a una asesora. Se
realizaron contactos con más de 30 empresas, nacionales y extranjeras, y
en octubre de 1995 se firmó con Alcoa una primera carta de intenciones.
Como asesor del proceso privatizador se designó a Morgan Stanley. Sin
embargo, el proceso de negociaciones se estanca debido fundamentalmente
a la imposibilidad de asegurar un coste de energía eléctrica estable y a
largo plazo acorde con las necesidades de la industria del aluminio. Este
panorama cambia con la firma, el 11 de diciembre de 1996, del protocolo
para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico
Nacional, el llamado protocolo eléctrico, que define la liberalización
del sector y permite que
los clientes cualificados, como sería el caso de Inespal, se mantengan a
tarifa hasta el año 2001, e incluso después para aquellos que el Gobierno
considere.
El 20 de febrero de 1997 se firma una nueva carta de intenciones con
Alcoa, que realiza el due diligence hasta el mes de mayo y presenta el
plan industrial el 15 de junio. El 24 de julio de 1997 el consejo de
administración de la SEPI aprueba la desinversión, y el día 29 de ese
mismo mes se firma el acuerdo privado de venta que debe ser autorizado
por Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo consultivo de
privatizaciones, para cerrar el proceso privatizador del grupo. En este
momento la SEPI tiene ya listo el informe y va a ser remitido en muy
breve plazo al Consejo consultivo.
Los aspectos más destacables del acuerdo de ventas serían los siguientes:
el ámbito del acuerdo incluye a todo el grupo Inespal, con excepción de
Inespal Conversión, sociedad anónima, Ferroperfil y Alufrance Service. La
factoría de conversión, en Linares, mantendrá su vinculación con SEPI
hasta su privatización y la de Ferroperfil, que mantiene un contrato de
suministro con Alcoa, ha sido objeto de una operación de compra por
directivos de la propia empresa, firmada el 31 de julio, y que requiere
la autorización del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo
consultivo de privatizaciones.
El precio de la compraventa es de 410 millones de dólares libres de
deuda, es decir, a un cambio --cambia todos los días-- de 155 pesetas,
estaríamos hablando de 63.550 millones de pesetas. Alcoa asume deuda de
Inespal hasta 200 millones de dólares e ingresará en la SEPI los
restantes 210 millones de dólares, hasta completar el precio acordado.
SEPI, a su vez, mantiene activos inmobiliarios por 1.800 millones de
pesetas, que es el valor estimado de mercado, y asume hasta 13.900
millones de pesetas de deuda. SEPI y Alcoa han pactado la obligación
mutua de cooperar para que los tres hornos de fundición de aluminio
puedan tener un contrato de suministro de electricidad a un precio
razonable y a largo plazo, estando Alcoa obligada a aceptar cualquier
oferta a los precios y plazos que están señalados en el contrato y que
serían similares a la actual tarifa denominada G-4. Asimismo se establece
un comité de seguimiento conjunto de la gestión por Alcoa y SEPI.
Para el cierre definitivo de la operación quedan pendientes la obtención
de las autorizaciones de la Unión Europea, aunque en principio no es
previsible que existan dificultades, y la entrada en vigor de la ley
eléctrica que posibilite concretar un contrato a largo plazo entre los
productores eléctricos y un cliente cualificado como lo es el grupo
Inespal.
En cuanto al plan industrial, los puntos claves del plan industrial de
Alcoa respecto a Inespal persiguen consolidar el grupo de aluminio
español como un sólido competidor internacional. El sector del aluminio
está experimentando un proceso de concentración a escala internacional
que va encaminado a reducir costes, ganar cuotas de mercado y afrontar
con mayores garantías por parte de las empresas los cambios del mercado.
Por ello, la valoración de la integración de Inespal en la estrategia de
Alcoa requiere un repaso de las necesidades estratégicas de uno y otro
grupo para poder determinar si la suma de esfuerzos es realmente positiva
para Inespal.
Inespal cuenta actualmente con un aceptable nivel tecnológico y una buena
gestión, pero necesita mejorar en determinados aspectos para afrontar los
cambios del sector del aluminio; en concreto, el elevado coste de la
bauxita importada, derivado de la falta de una posición fuerte ante las
fuentes de suministro de ese mineral, y unos costes energéticos
superiores a los de sus competidores y situados entre los más altos del
mundo. Este factor es muy importante, ya que los costes energéticos
suponen entre un 25 y un 35 por ciento del valor total del metal. Las
dificultades de su accionista público para invertir en la compañía es
otra de las circunstancias presentes, derivadas de las restricciones
presupuestarias y de las estrictas limitaciones de la Comisión Europea
para estas operaciones. Por su parte, Alcoa es líder mundial de la
producción de alúmina y aluminio, la empresa más rentable del sector, con
un crecimiento significativo en los últimos años. Los ingresos de
explotación se han duplicado en 10 años; en 1986 eran de 928.000 millones
de pesetas y en 1996, 10 años después, ascendieron a 1,89 billones de
pesetas. Los empleados han pasado de 54.000 a 76.900 en ese mismo
período. El valor de mercado de la empresa era 710.500 millones de
pesetas en 1988 y 1,81 billones de pesetas en el año 1996. Es decir, se
ha multiplicado por 2,5 en ocho años. Todo este proceso expansivo ha ido
acompañado de una reducción de endeudamiento, de la deuda a largo plazo
respecto a activos totales, desde el 33,2 por ciento en el año 1984 al
12,6 por ciento en el año 1996. Sin embargo, este proceso de expansión
tiene para Alcoa una asignatura pendiente: Europa, que sólo representa el
14,1 por ciento de sus ingresos, el 4 por ciento de sus beneficios de
explotación, el 9,8 por ciento de sus activos identificables y el 13,8
por ciento de sus inversiones.
La integración Alcoa-Inespal supone para Alcoa una mejora notable de su
peso productivo y comercial en Europa, dado que posibilita duplicar los
ingresos y la capacidad productiva en laminación, triplicar la capacidad
productiva en aluminio básico, incorporar la capacidad productiva en
alúmina y en hoja fina e incrementar en más de un 12 por ciento la
capacidad productiva en extrusión.
Para Inespal los efectos de la misma integración supone: no quedar al
margen de los grandes grupos productores de aluminio que se están
forjando en todo el mundo; disponer de mayor capacidad financiera
--Alcoa, de hecho, invirtió el año pasado 996 millones de dólares--;
disponer de mayor capacidad tecnológica --Alcoa destina a I+D 150
millones de dólares anuales--; disponer de mayor capacidad comercial y
disponer, también, de los anteriores factores para mantener el empleo y
las posibilidades de supervivencia futura.
En consonancia con las necesidades y ventajas enunciadas, el plan de
Alcoa para Inespal se fundamenta en diez puntos clave: Primero, convertir
Inespal en el centro neurálgico de Alcoa en Europa. Segundo, realizar
inversiones por 64.950 millones de pesetas en 10 años, lo que supone un
incremento entre un 62 por ciento y un 75 por ciento de la media de las
inversiones en Inespal de los últimos años;
en 1995 fueron de 4.723 millones de pesetas, y en 1996, de 3.439 millones
de pesetas. Quisiera recordar que para 1997 las previsiones de inversión
se sitúan entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas. Tercero, la aplicación
de 25.800 millones de pesetas de la cantidad global de inversiones antes
mencionada, esos casi 65.000 millones, en mejoras medioambientales para
equiparar los estándares de Inespal a los de Alcoa, que son superiores a
los que exige la legislación española vigente. Cuarto, mantener el grado
de sofisticación tecnológica, transferir tecnología y prácticas
operativas y dar mayor alcance a la actividad de I+D. Quinto, incrementar
la actividad a través de inversiones aplicadas a este fin que afectan a
la prensa de extrusión industrial, que está parada desde el año 1994.
También en nuevos productos de alúmina, aptos para el uso químico en San
Ciprián, y el incremento de la producción de aluminio y de productos
laminados especiales. Sexto, refuerzo de la penetración comercial y de la
internacionalización de Inespal en los principales mercados europeos.
Séptimo, estabilidad laboral. Alcoa está convencida de que su estrategia
sentará las bases para garantizar la estabilidad laboral de Inespal a
largo plazo, en concreto, manifiesta que necesitará para su plan mantener
el personal operativo y de gestión y proceder a una integración dentro de
su organización en Europa de las áreas de administración y finanzas.
Octavo, reducción de costes en aspectos tan sensibles para el futuro de
Inespal como son su materia prima, la bauxita, y la electricidad. Noveno,
traspaso a Inespal, que asumirá su gestión, de la planta de extrusión que
Alcoa tiene ya en Valls, en la provincia de Tarragona. Y, décimo,
voluntad de trabajar conjuntamente con los empleados, sindicatos y
autoridades regionales para la posterior aplicación del plan.
Este es, señor presidente, señorías, el resumen de las tres operaciones
de privatización para las que había sido convocado, a fin de dar la
correspondiente información a la Comisión de Industria del Congreso de
los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Pasamos al turno de intervención de los señores portavoces, que iniciará
el Grupo Socialista y que irá descendiendo hasta el grupo más
minoritario, cerrando este turno el Grupo Popular.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Luis Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor ministro, no voy a perder mucho tiempo
lamentándome de que esta comparecencia se produzca en los momentos en los
que se produce, cuando ya han sido tomadas todo tipo de decisiones y
cuando quizá ya sólo tuviera sentido que usted nos informase de cuál es
el estado actual y cuáles son las dificultades que impiden, por ejemplo,
en estos momentos, la formalización del acuerdo con Arbed. Eso quiere
decir que su comparecencia tenía que haberse producido en los momentos en
los que con urgencia dos grupos parlamentarios se lo pidieron, que fue en
las fechas que siguen a la toma de decisiones, primero por parte del
consejo de la Agencia Industrial del Estado y, posteriormente, por el
Gobierno de la nación. Pero, insisto, no quiero perder mucho tiempo en
esta cuestión que ha sido debatida a través de los medios de comunicación
y de manifestaciones de unos y de otros que encontraban en los medios el
único instrumento posible de comunicación, de contradicción o de
contraposición de las ideas que se tenían sobre esta cuestión.
Desgraciadamente, esta Comisión y el Parlamento han estado al margen de
un asunto que preocupa, y mucho, en muchas regiones españolas. De manera
que usted ha tenido tendencia a lo largo de este tiempo a hacer
afirmaciones contundentes, rotundas, sobre lo que significaba la
privatización de alguna de estas empresas a las que usted se ha referido
esta mañana sin que existiera la posibilidad de que nadie le
contradijera, de que nadie expresara una opinión contraria a las que
usted sostiene respecto de esta cuestión. Tenemos ahora la oportunidad de
hacerlo, si usted me lo permite, señor presidente, y espero de su
generosidad que me permita argumentar sobre aquellas cuestiones que, a
nuestro entender, hacen de alguna de estas privatizaciones un puro y
completo fiasco.
Quiero referirme, en primer lugar, alterando un tanto el orden de la
exposición del señor ministro, a la privatización de Inespal. Si hay una
privatización de empresa pública española integrada en el sector público
empresarial cuyo proceso no se haya atenido a esos tres principios que
ustedes han manejado tanto, casi hasta la saciedad, que son los de
publicidad, concurrencia y transparencia, ésa es la de Inespal. Creo que
muchos responsables políticos, no sólo del Grupo Parlamentario
Socialista, sino de otros grupos parlamentarios también, han dejado
acuñado ese concepto de nocturnidad y alevosía para la privatización de
Inespal. Es un modo coloquial de calificar una decisión que primero el
Ministerio de Industria y después el Gobierno toma respecto del abandono
de toda responsabilidad pública en esa empresa.
Respecto de todas las cuestiones que usted ha planteado en relación con
esta privatización, nosotros tenemos un interés especial en un asunto por
el que usted ha pasado como de puntillas y del que demandamos de usted,
señor ministro, una mayor precisión y concreción. Usted sabe, como todo
el mundo, que la producción de aluminio tiene un factor muy importante,
casi decisivo, en la estructura de costes que es el consumo de energía
eléctrica. Fíjese, sólo la factoría de Avilés, que es la que mejor
conozco por razones obvias, tiene una factura de 500 millones de pesetas
mensuales de energía eléctrica. Cierto es que costó trabajo en su momento
que esta factoría utilizara el input eléctrico como una tarifa
subvencionada, como es la tarifa G-4. Esta tarifa justifica en buena
medida la viabilidad de la empresa y los resultados de la misma. Quiero
recordar que la tarifa G-4 está en estos momentos a 3,8 pesetas kilovatio
y que la tarifa que ustedes consideran competitiva para el sector en el
protocolo eléctrico está en 6 pesetas kilovatio. Vamos a ver quién puede
proporcionar en el futuro energía eléctrica a Alcoa a 3,8 pesetas el
kilovatio o la Inespal privatizada. Lo que nos preguntamos, señor
ministro, es si el proceso de privatización de la empresa prevé alguna
cautela en relación con el mantenimiento de la tarifa G-4, o puede
también --especulamos nosotros con ese argumento-- que el
Gobierno se haya comprometido a cubrir la diferencia entre el coste
actual de la factura eléctrica para Inespal y el que pueda tener en el
futuro. Sin duda que ese riesgo entre la tarifa competitiva y la G-4
incidiría en que se esté privatizando ganando dinero, o quizá
perdiéndolo.
Tendríamos que conocer con exactitud y en profundidad cuál es el acuerdo
en torno al mantenimiento de esa tarifa para tener una opinión mejor
formada sobre si la operación proporciona ganancia o si, en el balance
final, puede proporcionar pérdida.
Nos preocupa esta cuestión porque en el marco de la nueva legislación
eléctrica que está promoviendo el Gobierno, y que ahora estamos
discutiendo en esta Cámara, entendemos que el mantenimiento de la G-4 no
parece posible. Y no parece posible porque, si se mantiene la G-4, es
evidente que los grandes consumidores, como pueden ser Inespal ahora,
Alcoa en el futuro, no tendrían interés alguno en hacer uso de una
condición de consumidores cualificados que les da derecho a elegir
suministrador en el marco de un contrato bilateral. Es decir, señor
ministro, si en casos como el de Alcoa-Inespal se hace difícil el
abandono de la G-4, ¿a dónde va a conducir la liberalización del sector?
Entendemos que a ninguna parte, que se quedará exclusivamente en el papel
y que eso será todo. Y si no es así, si no se mantiene la G-4 por algún
procedimiento contractual acordado, público o no, entre el Gobierno y
Alcoa, tiene que explicarnos cómo se va a producir esa reducción de las
6 pesetas kilovatio/hora, que ustedes proponen como precio competitivo de
la energía eléctrica, a 3,8 pesetas en que en estos momentos está situada
la tarifa G-4. Estas son, señor ministro, las cuestiones fundamentales
que nos preocupan en relación con la privatización de Inespal.
En lo que tiene que ver con la privatización de la Corporación
Siderúrgica Integral, quiero decir --y eso lo argumentaré al final, como
colofón de mi intervención-- que todavía es posible cambiar la pretensión
del Gobierno de sacar a Bolsa el porcentaje que quiere sacar. Sin
embargo, señor ministro, vamos a referirnos a esa operación como la
operación de privatización de la antigua CSI, hoy Aceralia.
Tengo que decirle con toda la rotundidad de la que soy capaz que el
proceso de privatización es un fracaso absoluto, llámelo usted como lo
llame, digan lo que quieran, aunque usted argumente que va a generar
empleo, que ahorra, que es un compromiso electoral del Partido Popular,
que es un compromiso del Gobierno en la dirección del rigor y la
eficacia. Por cierto, que luego ha dicho usted que sólo la iniciativa
privada puede garantizar la competitividad, y no es verdad. Esa es una
afirmación que usted puede hacer con tranquilidad, pero debe saber que es
una afirmación ideológica, que no es una afirmación que tenga respaldo
científico alguno; no tiene ninguno. Y la mejor prueba de ello es que
Arbed es una empresa pública y en los años 1994, 1995 y 1996 ha tenido
buenos resultados pero siempre, señor ministro, peores que los de la
empresa española, curiosamente; repito, años 1994, 1995 y 1996. Y después
le aduciré un conocido informe financiero de Salomon Brothers en relación
con Arbed en el que ese banco de inversiones viene a decir que los
resultados y la estructura financiera de la Corporación Siderúrgica
Integral española es notablemente mejor que la del resto de siderurgias
europeas, privadas o no. Por tanto, en este sector del que estamos
discutiendo creo que es puramente ideológico, y tiene usted todo el
derecho a decirlo, por supuesto, pero no tiene ni una sola base
científica el decir que la iniciativa privada garantiza la competitividad
mejor que la pública. ¿Para qué traer a colación Repsol? ¿Es que Repsol
es peor empresa hoy que Cepsa, por ejemplo, por utilizar una comparación
con una empresa del mismo sector? Pues no. ¿Es que Telefónica, que fue
pública hasta hace unos meses, tuvo peores resultados que empresas
privadas del sector de las telecomunicaciones? Pues tampoco. Después está
Endesa, ¡cómo no utilizar el ejemplo de Endesa! ¿Es Endesa más o menos
rentable que Iberdrola o que cualquier otra empresa del sector eléctrico
privatizada desde hace años? Creo que esa afirmación, señor ministro,
mejor se reserva para otros foros y para otros ámbitos, pero hecha en
esta Cámara rápidamente creo que hay que contradecirla porque, insisto
una vez más, es una afirmación puramente ideológica.
He dicho que la privatización de la CSI es un fracaso absoluto. Y lo es
tanto por razones de fondo como de forma. De fondo porque tenía dos
objetivos principales: en primer lugar, primar por encima de todo el
efecto recaudador y financiero; repito, primarlo por encima de todo, y
para verlo no hace falta más que irse al texto de lo que ustedes
denominan procedimiento para la enajenación de acciones del grupo CSI,
Corporación Siderúrgica, que son normas aprobadas por el consejo de
administración de la Agencia Industrial del Estado en su reunión del 30
de mayo de 1997. En segundo lugar, porque ustedes siempre calificaron su
propósito, y ahora siguen calificando erróneamente el resultado, como de
privatización total de la empresa. Por cierto, ahora el Gobierno
socialista francés ha puesto en circulación una idea muy sugerente que
distingue entre privatización de las empresas públicas y apertura del
capital público a los recursos privados. Son dos cosas completamente
distintas. En el primer caso, el sector público pierde todo el control de
gestión de la empresa y, en el segundo, el sector público sigue
manteniendo ese control de la gestión. Pues bien, ninguna de estas dos
cosas se ha logrado, señor ministro. Ni ustedes han alcanzado el objetivo
recaudador y financiero ni esto es en sí una privatización --para
entendernos-- pura y dura, en terminología nuestra, por supuesto.
Además, le decía que era un fracaso tanto de fondo como de forma. Y lo es
de forma porque todo el procedimiento establecido, y sobre todo cómo se
ha gestionado, ha incumplido sistemáticamente los principios que ustedes
tanto utilizan y a los que tanto apelan, los principios de publicidad,
concurrencia y transparencia. Por el contrario, señor ministro, todo el
proceso ha estado lleno de barreras de hecho a la participación de
candidatos a tomar una parte del capital de la Corporación Siderúrgica
Integral. Se lo he dicho antes pero se lo repito ahora: continúa
produciéndose una total ausencia de transparencia e información sobre los
acuerdos que de verdad se han negociado y continúan
negociándose, puesto que --usted lo ha dicho-- todavía no se han firmado
los contratos, de modo que se han ido incumpliendo, no sabemos por qué,
las fechas objetivo varias veces anunciadas. Todas estas circunstancias,
señor ministro, suscitan algunas dudas.
Quiero referirme, en primer lugar, al efecto recaudador y financiero. Que
éste era el objetivo fundamental está dicho con toda claridad, se lo
repito, en el procedimiento para la enajenación de acciones. Fíjense que
en la norma 5.ª del capítulo II de ese procedimiento se dice
textualmente, y se impone como requisito de las ofertas, que sólo se
considerarán admisibles las ofertas cuyo precio para la adquisición del
35 por ciento de las acciones no sea inferior a 84.000 millones de
pesetas, satisfecho al contado. Ahí está dicho bien claramente que un
objetivo fundamental de la privatización era el recaudatorio. Y también
en la norma 5.ª del capítulo II de procedimiento se dice que sólo
manteniendo el precio mínimo de contado podrá ofrecerse cualquier
complemento adicional.
En el anexo 3.º de ese procedimiento al que me estoy refiriendo --no
quiero separarme de él, porque creo que la mejor vía para ser objetivo es
referirse al modo en el que ustedes planteaban la privatización y su
resultado; no quiero introducir en la argumentación apreciaciones
subjetivas, por lo que me voy a referir al contenido del procedimiento
que ustedes mismos elaboraron--, cuando se habla del modelo de
documentación de oferta económica, se dice que el precio que se ofrezca
por el 35 por ciento de las acciones de CSI ha de ser pagadero al contado
y en efectivo o metálico. En caso de que se ofrezca un canje de acciones
--lo dice ese procedimiento--, uno, éstas habrán de corresponder a
acciones de la sociedad invitada, en este caso de Arbed pero no de sus
filiales, señor ministro, eso no lo dice el procedimiento: acciones de la
sociedad invitada. En segundo lugar, habrán de ser cotizadas y con
elevada liquidez en los mercados financieros, al menos en lo que se
refiere al importe de 84.000 millones del precio mínimo. Por cierto, que
hago un alto en este argumento para referirme brevemente al informe de
Salomon Brothers sobre Arbed, informe que elabora este banco de
inversiones como consecuencia de la adquisición del 35 por ciento de
Aceralia. En la cuarta página del informe que hace Salomon Brothers el 4
de agosto, analizando el documento que ustedes hicieron público y
proporcionaron a los medios de comunicación, sindicatos, partidos
políticos, etcétera, dice con toda claridad: Nótese que la valoración de
las acciones de Arbed excede significativamente la actual valoración del
mercado. Tanto, señor ministro, que nosotros nos tomamos la molestia de
acudir a la Bolsa de Luxemburgo, en la que cotiza Arbed, y encontramos
que el grupo Arbed tiene 8.849.700 acciones que cotizan en el mercado,
que lo hacían entonces a 4.290 francos luxemburgueses por acción, siendo
también verdad --algo que no permite muchas alegrías-- que esa cotización
nunca ha superado los 5.000 francos por acción, lo cual quiere decir que
no es una acción sometida a mucha volatilidad. De esa manera, el valor de
Arbed matriz en Bolsa es de 37.965 millones de francos luxemburgueses,
que equivalen a 152.000 millones de pesetas, al tipo de cambio de unas 4
pesetas por franco. En esas condiciones, el 9,5 por ciento de Arbed en
Bolsa, señor ministro, representa 15.200 millones de pesetas, y ustedes
informan que el 9,5 por ciento de Arbed a efectos de intercambio por el
35 por ciento del capital de la corporación se eleva a 36.400 millones de
pesetas. La comisión consultiva, balbuciendo algo, dijo que estaba
preocupada por el valor de las acciones de Arbed que se intercambiaban
por el capital de la corporación y se lo decimos nosotros ahora también,
y ésta es una cuestión en la que no vamos a cejar hasta tanto nos
proporcionen ustedes toda la información que justifique el valor de esas
acciones.
La norma 3 a) de ese anexo 3.º, modelo de documento de oferta económica,
dice con toda claridad: Normas generales. Si se pagara el precio mínimo
mediante el canje de acciones, éstas habrán de ser del propio socio
tecnológico, no de participadas suyas, y siempre que las mismas (las
acciones del socio tecnológico) coticen con liquidez suficiente en la
Bolsa correspondiente. Este requisito parece que se cumple; el anterior,
en modo alguno.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, le ruego que, en la medida de
lo posible, vaya terminando su intervención.
El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor presidente, haré un esfuerzo por
avanzar en esta dirección.
Con esto quiero decir, señor ministro, que nos preocupan esas cuestiones.
Nos interesa también saber --porque es una cuestión que tiene mucha
importancia; para nosotros no es trivial ni baladí-- por qué Arbed
intercambia acciones propias que en ningún caso, excepto en el de la
matriz, se corresponden con filiales que produzcan. Actualmente, todas
las filiales de Arbed en las que va a participar la corporación o
Aceralia son filiales comerciales. Nos interesa mucho saber por qué la
corporación no participa en dos productoras importantes de bienes
siderúrgicos, como son Sidmar-Stahl, de Gante, y Stahl Werke Bremen, de
la ciudad hanseática de Bremen, ya que eso tiene muchas consecuencias
después a efectos de estrategias empresariales, de productos, etcétera.
Señor ministro, si yo me encontrara en su lugar, se lo digo con toda
sinceridad y sin ánimo ninguno de ofender, estaría completamente
frustrado, porque ustedes no han privatizado la empresa, en modo alguno;
ustedes lo que han hecho es entregar el control de esa empresa sólo por
un precio que, en líquido, significa 30.000 millones de pesetas. Lo dice
el informe de Salomon Brothers. Han entregado la empresa a otra empresa
pública, dominada por un Estado que no es el español. ¿Quiere usted
decirme qué cambia, en términos de gestión, cuando se tienen esas ideas
que usted manifiesta sobre la prevalencia y la superioridad de lo privado
respecto de lo público, qué cambia que el control de la empresa sea del
Estado español o sea del Gran Ducado de Luxemburgo? Sin ninguna duda, y
nosotros lo hemos hecho saber a todo el que nos ha querido escuchar,
Arbed está mayoritariamente controlada por el Gobierno de Luxemburgo. No
hay más que abrir la memoria de Arbed y ver quién forma parte del consejo
de administración. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas
y hasta la Dirección General de Estadística del Gran Ducado están
presentes en el consejo de administración, entre otras cosas porque el
Gobierno de Luxemburgo tiene el 30 por ciento del grupo, que significa el
porcentaje de control. Señor ministro, y usted lo sabe igual que yo, ¡si
hasta el mismísimo príncipe Guillermo, del Gran Ducado de Luxemburgo,
forma parte del consejo!, lo cual habla claramente del carácter privado
de esa empresa.
De manera, señor ministro, que si seguimos por ahí, también sabrá que en
la empresa que el grupo Arbed tiene en Gante, Arbed-Sidmar, Sidmar-Stahl,
que parece ser que va a filializar a Aceralia --usted nos lo puede
aclarar en estos momentos--, Arbed tiene el 73 por ciento y el 28 por
ciento el Gobierno regional de Gante. De manera que es una empresa casi
cien por cien pública. ¿Y en Bremen, señor ministro? En la Stahl Werke
Bremen, ¿quiénes son los que ostentan el capital de la empresa? El 68 por
ciento Arbed y el 32 por ciento el Gobierno de la hanseática ciudad
Estado de Bremen. Luego es también una empresa casi al cien por cien
pública.
En otras palabras, señor ministro, no hay tal privatización. Lo siento
mucho por usted, no por mí ni por mi grupo. Hay un regalo de la
siderurgia española al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, que por
esta vía se hace con una empresa que en estos momentos, como dice Salomon
Brothers, sólo es equiparable, en positivo, a la empresa siderúrgica
finlandesa y con Hoogovens. Señor ministro, esto es así. Si las cosas no
son así, usted nos puede contradecir y nos puede explicar si se trata o
no de una privatización. Además --como reconoce el informe de Salomon
Brothers--, cualquiera que se acerque a los balances de Aceralia y a los
de Arbed saca las siguientes conclusiones, señor ministro, y no son, en
modo alguno, apreciaciones subjetivas, se corresponden con las cifras. En
primer lugar, en los últimos tres años, Arbed ha tenido los peores
resultados de la industria siderúrgica europea --una pena--; en segundo
lugar, en los últimos tres ejercicios económicos, los resultados son
considerablemente mejores en el caso de la Corporación Siderúrgica
Integral que en el caso de Arbed. Y ya no le digo nada, señor ministro,
si vamos a la estructura financiera, a los ratios recursos propios
respecto a cifra de negocio, etcétera, a lo que se quiera. La situación
de la Corporación Siderúrgica Integral es considerablemente mejor --y
usted lo sabe exactamente igual que yo-- en relación con Arbed.
También hay que explicar por qué ustedes llaman a esto una alianza
estratégica. No se trata de una alianza estratégica, señor ministro. Esta
operación no está en los libros de teorías de gestión estratégica de las
empresas. Esto, lisa y llanamente, consiste en una integración de
Aceralia en Arbed, nada más. Y hasta tal punto la operación es
beneficiosa para Arbed (tendríamos que decir eso de que a quien Dios se
lo dio san Pedro se lo bendiga) que Salomon Brothers, después de
realizada la operación que Arbed hace en Aceralia, pasa de recomendar no
comprar Arbed a recomendar comprarla. Lo dice con toda claridad, porque
con toda claridad dice también que quien sale reforzada de la operación
es Arbed, y estoy utilizando argumentos que no son míos, estoy utilizando
el folleto de Salomon Brothers, que es una entidad por la que supongo que
ustedes tendrán algún tipo de respeto (Rumores.); a lo mejor le tienen
más respeto del que yo le tengo, y no estaría mal que se lo tuvieran.
En definitiva --señor presidente, voy a ir concluyendo ya--, tienen que
explicar todavía muchas cosas en relación con esta privatización y
esperamos que sea aquí, en el Congreso de los Diputados, donde tengamos
oportunidad de discutir con usted todas las cuestiones que en el futuro
se vayan produciendo en relación con el tipo de contrato que firman,
etcétera. Hay todavía muchas cuestiones que discutir. No utilice usted
después el argumento de: no se ha referido usted a esto, no se ha
referido a lo otro, parece que no le interesa. Nos interesa todo; hoy,
nos interesa esto y esperamos que sucesivas comparecencias suyas en esta
Comisión permitan ir desvelando lo siguiente.
En último lugar, yo quiero hacerle una propuesta, señor ministro, a la
que usted debería contestarme con claridad y con nitidez. Nosotros somos
partidarios del mantenimiento de la presencia pública en esa empresa. No
vemos ningún motivo --no hay ningún motivo-- para que el Gobierno de
Luxemburgo tenga el control de la empresa y no pueda ser el Gobierno
español, acompañado de un grupo como socio tecnológico --que es como
ustedes lo llaman--, controlado por el Gobierno de Luxemburgo, el que
siga manteniendo un porcentaje importante en esa Corporación Siderúrgica
Integral. Es lo que se le ha pedido desde muchas instancias; se lo ha
pedido, incluso, el presidente del Gobierno regional del Principado de
Asturias, que es en estos momentos de su mismo criterio político. De modo
que haga usted caso al presidente del Principado de Asturias y conserve
la presencia --una presencia importante-- del patrimonio público español
y de los poderes públicos españoles en esa empresa. Se lo pide el
presidente del Principado de Asturias, señor ministro, y se lo pide
también el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Mariano Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor ministro, en primer lugar, aunque sea
brevemente, tengo que hacer referencia también a la forma, es decir, en
esta Comisión, desde el inicio de la legislatura, insistimos todos --y el
Partido Popular parecía comprometerse a ello-- en la necesidad de que se
nos proporcionara información sobre cualquier proceso de privatización,
dada la envergadura y las consecuencias que tienen este tipo de
propuestas, sobre todo para algunas regiones, ya que, desgraciadamente,
tenemos casi un monocultivo industrial, y, por tanto, cualquier actuación
en ellas puede provocar grandes incertidumbres, más en regiones que han
estado sometidas ya a planes de reconversión, de ajuste y de
modernización y que nunca han visto llegar las inversiones de
acompañamiento suficientes para evitar la pérdida de puestos de trabajo.
Por el contrario, ni ha funcionado la subcomisión que se iba a crear en
esta Comisión de Industria para seguir las privatizaciones ni las
comparecencias se han producido, en
nuestra opinión, en tiempo y forma para que pudiéramos tener información
de primera mano y evitar quizá mayores incertidumbres. Hemos tenido que
asistir desde fuera a todo el proceso y, al mismo tiempo, hemos observado
cómo se cambiaba de opinión, incluso cómo se incumplían las formas que en
teoría se daban a la propia Agencia Industrial del Estado para llevar a
cabo, por ejemplo, la privatización de la CSI, cómo se producía un
absoluto oscurantismo en todo el proceso de Inespal o cómo se defendía
una cosa y la contraria, es decir, para Inespal es maravilloso asociarse
con un grupo americano, puesto que ya los europeos podrían servir
simplemente de control del mercado, mientras que en el caso de la CSI se
defendía absolutamente lo contrario sin ningún rubor. Por lo tanto,
primera crítica a la forma. (El señor vicepresidente, Gómez Darmendrail,
ocupa la Presidencia.)
No conocemos tampoco --por lo menos, nuestro grupo no los ha recibido;
quizás otros grupos sí-- los informes del consejo consultivo al respecto.
En esta Comisión se había planteado también que tendríamos información
exhaustiva de cómo iban las cosas, pero ha pasado más de un mes y pico
desde que se cerraron los plazos, por ejemplo, en el caso de la CSI.
Vimos que había una primera opinión en dirección al grupo Usinor y luego
un cambio, de repente, hacia el grupo Arbed; al mismo tiempo, otros
grupos que podían haber estado interesados han comentado que si ellos
llegan a saber que se iban a poder cambiar las condiciones fijadas
inicialmente, quizás hubieran pujado también y hubieran participado en
ese concurso.
Aunque sea de pasada, tengo que referirme también a lo que el señor
ministro ha dedicado unos cinco o diez minutos, al discurso ideológico.
Nosotros, lógicamente, también tenemos un discurso ideológico, pero a
pesar de que no siempre se nos achaquen posturas maximalistas, quiero
decir que nosotros --y lo reitero una vez más-- creemos que es compatible
la participación conjunta del capital público y del capital privado y
desmentimos rotundamente, una vez más, la afirmación que usted ha hecho
inicialmente de que sólo la iniciativa privada --y creo que cito la frase
casi textual-- garantiza la buena gestión de estas actividades en grupos
industriales importantes. Usted dijo también que a veces la participación
pública hace que las propias presiones políticas obliguen a determinadas
inversiones o actuaciones que de otra manera no se habrían hecho. Yo creo
que esto, y más en estos tiempos, es poco sostenible, en primer lugar,
porque en todo caso es responsabilidad del Gobierno de turno que sus
actuaciones sean lo más correctas posible y las inversiones en el plano
industrial, las necesarias. Aquí ya se ha citado cómo ha habido empresas
públicas que han sido bien gestionadas --reitero el caso de Endesa y, en
términos económicos, el caso de Telefónica u otros-- que han permitido a
este Gobierno que hoy pueda estar recaudando unas sumas sustanciales,
precisamente porque esas empresas eran atractivas al ponerlas en el
mercado; pero, al mismo tiempo, podíamos poner ejemplo de lo contrario,
de cómo grupos privados han sido un desastre, y a algunos los conoce
usted directamente, como fue la maravillosa operación de KIO, Ercros y el
sector de fertilizantes. Por hablar de inversiones actuales, tengo mis
dudas de que hoy una empresa privada como Telefónica o Endesa estén
haciendo, exclusivamente con planteamientos económicos, inversiones en
actividades que no parecen muy cercanas a las que, en principio, tenían
que abordar. Y permítame que le diga que sigo pensando que Telefónica hoy
está incidiendo en repetir actuaciones de control, que antes también se
habían hecho, todo hay que decirlo, por ejemplo, en actividades en grupos
de comunicación, y respecto a Endesa yo creo que una cosa es la
diversificación y otra actuar en campos que parece que tienen otro tipo
de objetivos. Al menos yo lo valoro así. Por tanto, no es un problema de
titularidad del capital sino también de afinidad ideológica y política,
incluso de los propios empresarios, aunque éstos sean privados. Sigo
creyendo que la gestión es buena o mala, independientemente de que sea
pública o privada, y que la obligación de lo público precisamente es
intentar gestionar bien, con una ventaja sobre lo privado y es que tiene
que intentar ser rentable, pero no tiene que moverse por una ambición
desmesurada de beneficios, lo cual permite prestar servicios en sectores
que para los privados muchas veces no son atractivos, porque en la pura
lógica que usted plantea parece que lo único deseable es ganar dinero y
que, por tanto, con dedicarse a especular en Bolsa o con bienes
inmobiliarios no haría falta ningún otro tipo de actividad económica, por
lo que los servicios públicos esenciales no serían atractivos ni
rentables para la inversión.
Expresada esta primera posición que no considero ideológica sino de cómo
hay que gestionar lo público, hay que decir también que nuestro grupo
entiende, en el caso concreto de Inespal y de CSI, que estamos hablando
de sectores estratégicos. Inespal es el único grupo de empresas que entre
sus actividades tiene la fabricación y la producción de aluminio, y, por
tanto, la venta íntegra de Inespal supone que nuestro país no va a tener
ningún tipo de control en un sector que seguimos considerando que es
fundamental y estratégico, y, como aquí se ha dicho, hay muchas
incertidumbres, no conocemos el plan definitivo ni conocemos a estas
alturas las garantías del mantenimiento de la actividad, porque hay un
elemento fundamental que no se le oculta a nadie y es que ustedes no han
conseguido todavía cerrar un acuerdo sobre el precio final del
kilovatio/hora que tanto va a repercutir en los posibles beneficios del
grupo Inespal. También nos preocupan casos más concretos, además del plan
de empresa y mantenimiento de la actividad --después de que este grupo ha
sido sometido a todo tipo de reconversiones y que tiene, por lo que se
refiere a la plantilla, una dimensión adecuada en este momento-- como es
lo que sucede, por ejemplo, en Linares o en Alicante; en el caso de
Ferroperfil, aunque sólo tiene 40 trabajadores, parece que es rentable,
y nos sorprende que haya quedado fuera del acuerdo. También hay bastante
incertidumbre entre los trabajadores sobre el futuro de todas las
factorías, empezando por Galicia, que es donde tiene mayor peso, y
continuando por Avilés, etcétera. Creemos que, al día de hoy, todavía no
están despejadas las grandes incógnitas de qué va a suceder con Inespal.
En cuanto a la CSI, compartimos lo que se ha dicho en una intervención
anterior. Después de volver al discurso de que la presencia pública en la
política industrial no tiene importancia, después del cierre con la
Agencia Industrial, con la fusión que ahora se produce con la SEPI,
auguro que dentro de poco tiempo tendremos que llegar a la fusión del
Ministerio de Industria con el de Economía u otro, porque se van a quedar
ustedes sin trabajo. Yo creo que es un error y se demuestra precisamente
porque un Gobierno como el de Luxemburgo, país muy pequeñito, resulta que
se convierte ahora en la primera potencia siderúrgica europea, y
nosotros, con una industria siderúrgica reconvertida y moderna,
prácticamente vamos a desaparecer como Estado y vamos a dejar de tener
influencia en la política siderúrgica europea. Esto supone una gran
contradicción, pero a mí no me sorprende porque, curiosamente, Asturias
históricamente, en el campo de la siderúrgica, siempre ha tenido una gran
relación con ducados, monarquías y estas cosas. Usted conoce muy bien la
historia de la siderurgia asturiana. Ya el duque de Riánsares en su época
tuvo una gran incidencia para que se expulsara --fue el caso contrario--
de la zona de Mieres a una empresa inglesa que acababa de montar su
factoría para poder utilizar su influencia y desarrollar más la zona de
Langreo. Por tanto, tenemos no sé si la suerte o la desgracia de tener
siempre relaciones con ducados y cosas de éstas, pero curiosamente con
políticas de Estado y no con grupos privados; asistimos a una
reiteración. Lo que pasa es que, puestos a elegir, prefiero que sea
nuestro Gobierno y no el Gran Ducado de Luxemburgo el que controle
nuestra siderurgia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El problema de todos estos temas es que el tiempo es el que da o quita la
razón. A mí sinceramente me gustaría equivocarme y que dentro de unos
años pudiera reconocer que no se han cumplido esas incertidumbres y que
se garantiza el empleo, se garantiza la actividad económica de la
siderurgia asturiana y su repercusión en Euskadi, y en el País Valenciano
en menor medida, pero, a la vista de los datos, parece que se ha vendido
muy barato algo que comparativamente tenía un valor superior, incluso
para el comprador, y que de hecho ha revalorizado, como aquí se ha
expuesto, el propio valor del comprador. Al mismo tiempo no tenemos un
correlato, entre la incidencia que va a tener Arbed en la CSI y la
incidencia que, al contrario, va a tener la CSI en el peso, control o
participación en la gestión de la propia Arbed. Esto es tremendo y
preocupante, porque todos hemos visto procesos recientes en Europa donde
las grandes multinacionales, cuando han tenido dificultades, han
preferido desprenderse de aquello que les quedaba más lejano o que les
creaba menos problemas hacerlo, como era el caso, por ejemplo, de
Renault. Por tanto, el efecto sede, reiterado por todos, tiene su
importancia y seguimos sin entender por qué nosotros, y creo que estamos
a tiempo --es una de las reivindicaciones de nuestro grupo--, dado que ya
hemos renunciado a tener al menos la mayoría, no mantenemos una presencia
importante del capital público, cosa que creemos que es posible y
necesaria, que permita asegurar y garantizar en iguadad de condiciones al
menos con el nuevo socio la actividad y las inversiones de la CSI.
Lo de Aceralia a mí me suena a Disneylandia. Ojalá en su día esto sirva
para potenciar de nuevo la imagen. Yo creo que a cada gestor que llega a
una gran empresa parece que le apetece mucho cambiar los logotipos,
contratar con Alberto Corazón los diseños y demás, pero al final, como no
se venda acero, le da igual. Le puedo recordar ejemplos de Renfe, Feve,
Endesa, de muchas compañías, en las que cuando llega el nuevo gestor lo
primero que se le ocurre es que la imagen es muy obsoleta y hay que
cambiarla. Ustedes han inventado Aceralia. Les agradezco que en lugar de
mandarme las condiciones del contrato que se estaba gestando, me hayan
mandado un vídeo, un compact y no sé cuántas cosas más de la nueva imagen
corporativa de CSI. Prefiero que la nueva imagen corporativa sea la de
que garantice el empleo y la actividad y que nuestro país mantenga,
insisto, y estamos a tiempo, una participación significativa que permita
actuar, porque lo del capitalismo popular no se lo cree nadie y les he
puesto ejemplos alguna vez, en su caso lo que pasó con las acciones de
Repsol y, por ponerle un ejemplo suyo, lo que pasó con la OPA de
Sevillana, que sigue siendo un escándalo que todavía se sigue
investigando, donde cada uno, a la hora de la verdad, si tiene
oportunidad, procura desprenderse de las acciones para ganar dinero, pero
no se preocupa de verdad por la actividad industrial. Puedo comprender la
parte que sacan ustedes de empresas supuestamente colaboradoras o que
posiblemente van a participar en el negocio, pero creo que queda un
paquete importante que sería necesario mantener en poder público. Por
tanto, no tengan ustedes prisa, porque creo que ni han hecho caja; lo
único que han hecho es quitarse un quebradero de cabeza. Al final de todo
esto, tanto en el caso de Inespal, como en el de CSI, como son empresas
que cuesta gestionar por su volumen, ya que son productos muy complejos
de colocar en el mercado y sujetos a muchas fluctuaciones, es más fácil
decir que las gestionen otros. Inespal ya sufrió ese proceso, una parte
fue vendida a una multinacional y luego el Estado tuvo que acudir en su
socorro para intentar salvar su actividad.
Por tanto, reitero, me gustaría equivocarme y que dentro de unos años
Aceralia, esta Disneylandia que ustedes están promocionando fuera
maravillosa, pero antes deberíamos conocer con pelos y señales el plan
industrial, de mantenimiento del empleo, qué va a suceder con los
problemas adicionales que hay todavía pendientes en las distintas
comunidades afectadas con las prejubilaciones y con los que estaban
pendientes de los procesos de reconversión. Tengo la impresión de que
estas maravillosas inversiones que anuncia Arbed, analizando los números,
las va a hacer, y ojalá sea así, pero con el propio dinero de la empresa
que compra. Sumando las cantidades creo que realmente es una gran bicoca.
Se valoran sus acciones, como aquí se ha dicho, al doble de lo que
aparentemente valen en Luxemburgo y, al mismo tiempo, se anuncian
inversiones, y con la liquidez que tiene Ensidesa en este momento, que
algunos estiman en más de 50.000 millones, va a tener que poner muy poco
dinero para invertir. Ojalá no nos encontremos
con que tengamos que vigilar que las inversiones no se hacen aquí sino en
otros sitios.
Termino por donde empecé. Están ustedes a tiempo de mantener el control
en manos de nuestro Estado, y no creo que sea ningún menoscabo para su
ideología, cuando Luxemburgo tiene el control de Arbed en este momento,
primera siderurgia, y cuando otros países como Alemania, Francia,
etcétera, mantienen su pesencia en sectores estratégicos y está claro que
la siderurgia es el primero de ellos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Quiero agradecer, en primer lugar, la
comparecencia del señor ministro en esta Comisión de Industria para
informarnos sobre los diferentes aspectos de las privatizaciones de
diversas empresas públicas, como son la Corporación Siderúrgica Integral,
Elcano e Inespal, proceso de privatización que ya nos explicó en su
comparecencia del 11 de julio de 1996 ante esta Comisión indicándonos
cuáles iban a ser los planes de modernización del sector público
empresarial español. Después de aquella comparecencia del señor ministro
hubo una intervención por parte de nuestro grupo de Convergència i Unió,
en la cual dimos nuestro visto bueno al plan de modernización que había
presentado el Gobierno ante la opinión pública, sobre la base de la
modernización del sector público empresarial español. Según este diputado
que está en el uso de la palabra lo que el Gobierno nos ha estado
explicando esta mañana es una parte de los trabajos a los que se
comprometió en su comparecencia del 11 de julio de 1996. El Gobierno ha
tomado una serie de decisiones respecto a la modernización o
privatización de diferentes empresas públicas, tanto de la Corporación
Siderúrgica Integral, como de Elcano o de la empresa de fabricación de
aluminio, Inespal.
En cuanto al proceso de modernización de la Corporación Siderúrgica
Integral, el Gobierno nos ha planteado una posibilidad de privatización
de dicha compañía sobre la base de una alianza con un socio tecnológico
que tuviese una participación del 30 por ciento; en una segunda fase el
Gobierno, a través del plan industrial, buscaría la posibilidad de que un
15 o un 20 por ciento de dichas acciones fueran adquiridas por compañías
españolas y en una tercera fase, para completar el cien por cien de la
privatización, saldría a Bolsa el 50 ó 51 por ciento de dichas acciones
y podrían ser adquiridas por todos aquellos ciudadanos españoles o
extranjeros que quisieran participar en dicha privatización. Si ésta ha
sido una opción equivocada o no, lo vamos a saber a lo largo de los
próximos años. Lo que desde el Grupo Catalán de Convergència i Unió le
podemos decir, señor ministro, es que ustedes han planteado una opción
estratégica con un socio tecnológico internacional, con unas
características determinadas y con una posición en el mercado que va a
permitir que la Corporación Siderúrgica Integral pueda globalizarse e
internacionalizarse.
Aquí a nosotros se nos plantean varias dudas que nos gustaría que usted
nos contestara en su próxima intervención. Queríamos saber cuál va a ser
el montante del total de la privatización de la Corporación Siderúrgica
Integral en cuanto a la valoración que se va a aplicar a 15 por ciento de
las acciones que va a ser adquirido por posibles socios industriales
españoles. También nos gustaría que nos adelantara si hay contactos
importantes por parte de empresas o compañías españolas para que puedan
adquirir este 15 por ciento, así como cuál sería el importe total a que
ascendería la privatización sumado el 15 por ciento y el 50 por ciento
restante que sería capitalizado a través de las bolsas españolas. Desde
nuestro grupo parlamentario también queremos señalar que sería
interesante, tal como ya manifestamos en su comparecencia del 11 de julio
de 1996, que en este proceso de privatización y modernización el Gobierno
tuviera la sensibilidad suficiente para tener en cuenta los criterios de
los poderes públicos autonómicos correspondientes, de modo que directa o
indirectamente pudieran intervenir en estas decisiones participando en
los diferentes consejos de administración, tal como nuestro grupo propuso
en dicha comparecencia. También nos gustaría saber si el Gobierno va a
tener las garantías suficientes sobre los planes de inversión que dicho
socio tecnológico ha presentado, por un importe de 150.000 millones de
pesetas. Usted ya nos ha comentado que existe una prenda en depósito
correspondiente a la ejecución del plan de trabajo, pero querríamos saber
si habrá garantías suficientes para que esos 150.000 millones de pesetas
sean invertidos a lo largo de los próximos años. Asimismo, nos gustaría
conocer cuáles han sido las condiciones por las que se ha podido llegar
a un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para que el mantenimiento
del empleo sea efectivo durante los próximos tres o cuatro años que dure
este proceso de privatización.
Respecto a la privatización o futura compra por parte de Alcoa de las
acciones de Inespal, a nuestro grupo parlamentario le gustaría saber cuál
va a ser la posición del Gobierno en función del desarrollo posterior de
la nueva regulación eléctrica respecto al precio del kilovatio/hora para
que Inespal pueda ser competitiva de cara a la internacionalización y
modernización de este sector tan importante.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto ha solicitado dividir
la intervención en razón de las materias.
El señor Rodríguez va a intervenir en primer lugar. Tiene la palabra para
hacer el turno parcial que ha solicitado.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Empezaré por decir, en nombre del Bloque
Nacionalista Galego, que estamos asistiendo a una liquidación frenética
de los grupos industriales de capital público que existían y que existen
aún en el Estado español. Sin duda esta rapidez y esta celeridad se
tienen que explicar por un oportunismo político del Gobierno con relación
a unos objetivos que se sitúan en el inicio de 1998 y también por unas
relaciones con un sector del capitalismo que, en el caso interno del
Estado español, se tiene que sentir excesivamente dependiente y propicio
a participar solamente de aquellas grandes inversiones especulativas. De
ninguna otra manera se puede entender lo que está aconteciendo.
Aunque el ministro señor Piqué justificó esta liquidación de los grupos
industriales públicos con tres argumentos: la transnacionalización de la
economía, el acceso a una tecnología más avanzada y la irremediable
situación de que estamos en un mundo globalizado, en el que hay que
competir, cabría matizar estas tres causalidades diciendo, en primer
lugar, que es llamativo que el proceso de transnacionalización tenga que
hacerse obligatoriamente a través de capital privado y el de
privatización exclusivamente a través de capital extranjero. En segundo
lugar, él mismo aceptó que algunas de estas empresas tenían una
envidiable situación tecnológica, lo cual prueba que se puede acceder a
la modernización y al avance tecnológico desde posiciones de una cierta
autonomía económica y política y quizá sería ésta la única que
posibilitara un cierto grado de control de esa tecnología, de forma que
no pase y vuelva a desaparecer. En tercer lugar, en relación con la
competencia o competitividad global de la economía, debemos decirle que
en este proceso de transnacionalización no es irrelevante desde ningún
punto de vista dónde están localizadas las empresas, como no son
irrelevantes para las transnacionales los mercados que hay que ocupar y
las conquistas que les quedan por hacer. (El señor vicepresidente, Gómez
Darmendrail, ocupa la Presidencia.)
Centrándome en el caso más importante para Galicia, que es el de Inespal,
aunque ya estamos habituados y no por chovinismo, en este momento tengo
que recordarle al señor ministro una vez más, aunque solamente sea porque
nunca se recordó en la historia económica y en el debate político en el
Estado español en los últimos años, que gran parte parte de lo que
produce el grupo Inespal en las factorías de Galicia es aluminio
comercial, nada menos que 230.000 toneladas, de las que el señor ministro
sabe que 151.000 van precisamente para que las fábricas del resto del
Estado puedan hacer los derivados del aluminio y 80.000 van fuera, en
concreto a la Unión Europea. Lo primero que uno se pregunta con esta
operación de transnacionalización privatizadora de Inespal es hasta qué
punto el grupo Alcoa no intenta situarse dentro del Estado español para
copar tan importante mercado y las posiciones, sin duda de avanzadilla,
que tiene dentro de la Unión Europea, porque las propias publicaciones a
nivel internacional del sector del aluminio, ciertamente muy
transnacionalizado y controlado por muy pocas manos, hablan de que se ha
abierto una gran fábrica en Africa del Sur, que en concreto produce el
doble que la que hay en Galicia, en San Ciprián, que existen stocks y que
garantizan, por tanto, la actual producción de aluminio y el futuro de
este material tan estratégico.
En segundo lugar le recordaría que de los 4.000 trabajadores, más de la
mitad, 2.129, pertenecen a las tres factorías de Galicia y tienen
efectivamete la experiencia privatizadora de Alcan, un precedente que
puede explicar incluso algunas de las cargas que le quedaron a la
empresa. También quiero recordarle los beneficios, por cierto
mayoritariamente pertenecientes a esas fábricas ubicadas en Galicia, que
tuvo el grupo en el año 1995 y 1996. Solamente hay dos elementos que
podrían discutirse. El primero es que no está próxima la bauxita y que un
grupo transnacional norteamericano con sus influencias en Africa o en
América Latina la tiene mucho más a mano, eso es indudable, pero el coste
de la energía en todo caso echa por tierra los argumentos que han dado
hasta ahora para el protocolo eléctrico de liberalización del sector,
porque da la casualidad que este grupo sabe usted muy bien que tenía
garantizada, efectivamente, una energía barata, la tarifa G-4, a través
de succionar lo que producía la central térmica de As Pontes; nada menos
que el 25 por ciento del total de lo que produce Galicia lo consume esa
empresa.
El acuerdo de intenciones que usted nos presenta, señor Piqué, desde
nuestro punto de vista tiene un peligro gravísimo. Cuando se nos habla de
que hay un compromiso de inversión de 63.000 millones en diez años, desde
luego sumando lo que tiene que poner también la SEPI por su cuenta, el
negocio no sé para quién es, y cabe recordar que en este tipo de acuerdos
en el futuro, y sobre todo en el futuro de un Estado español debilitado
desde el punto de vista empresarial, quien tendrá que cumplir será la
SEPI o el Estado español, y no hay garantía ninguna, por cómo se mueve
hoy la economía internacional y cómo son las reglas de juego, de que
cumpla después lo prometido. Hay algo llamativo y es que decir que de los
63.000 millones de pesetas la mitad se va a destinar precisamente a
protección medioambiental mueve un poco a la sospecha.
Para acabar yo le haría las siguientes preguntas o propuestas. ¿No es
posible transnacionalizar sin perder el control de parte del accionariado
por parte del Estado? ¿Existe una gran industria en el Estado español que
no sea creada por el capital público? ¿Qué garantías hay de que estas
industrias permanezcan cuando ningún capital privado estuvo interesado en
mantenerlas? ¿Dónde están situadas muchas de estas empresas públicas? Por
motivos de materias primas o ambientales o mano de obra barata están
situadas donde están, muchas veces en la periferia, y concretamente
Galicia. El caso de Inespal yo creo que es inexplicable sin la causalidad
medioambiental, sin la mano de obra barata y sin la producción de energía
eléctrica que estaba preparada precisamente para poder surtirla. Y por
fin, la relación de estas grandes empresas con las pequeñas empresas de
su alrededor y, por tanto, su importancia para desencadenar una cierta
actividad industrial, ¿se va a seguir cumpliendo? Realmente ¿no es un
nuevo paso para que continúe la relación del capital financiero español,
tan preocupado por telecomunicaciones y por cosas así y tan despreocupado
de la industria?
En definitiva, señor Piqué, pensamos que, efectivamente, el Gobierno está
utilizando una actitud muy oportunista en relación con un objetivo
político, el de que cuadren las finanzas, y una vocación de dependencia
y subsidiariedad respecto del capital industrial transnacionalizado, sean
con base en Estados Unidos, sea con base en la Unión Europea, muy
preocupante. Los acuerdos de venta son obligaciones para el Estado
español, pero no tienen el mismo valor para la transnacional que compra,
y un Estado debilitado no es garantía de que pueda acudir en auxilio
cuando haya realmente peligro. Recientemente se debatió una proposición
no de ley, que fue rechazada por la mayoría que hoy apoya al Gobierno,
para mantener parte del accionariado público en Inespal. Esto sin duda va
a tener consecuencias políticas, económicas y sociales, y aunque es
cierto --y usted lo argumenta con un dato sólido-- que estamos asistiendo
a un proceso de mundialización y de transnacionalización de la economía,
no es menos cierto que el caso del Estado español tiene peculiaridades y
que no todos transnacionalizan ni mundializan igual, y en este aspecto
tenemos una brutal discrepancia, aparte de que discrepemos, lógicamente,
de esa visión o de este mundo que a corto plazo se está imponiendo y
también con consecuencias graves ya se sabe para quién y para qué.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor ministro, por su comparecencia
y por su información. Intervengo en nombre de Unión Valenciana porque
creemos que es necesario analizar lo que es la constitución de este nuevo
grupo Aceralia, lo que significa la entrada del capital luxemburgués por
medio de Arbed y el futuro y las implicaciones sociales que puede tener
en las comunidades siderúrgicas esta convulsión y este gran movimiento
que va a haber en la siderurgia española, esperemos que en positivo.
Como muy bien ha dicho usted, la entrada de la multinacional
luxemburguesa Arbed supone la integración de la antigua Corporación
Siderúrgica Integral en el mercado mundial. Opera en más de 60 países, su
relanzamiento industrial, porque contempla la creación de nuevas líneas
de fabricación, su aumento de capacidad y empleo y la potenciación de
todas sus instalaciones pueden ser un paso muy importante y pueden
convertir, como usted muy bien ha dicho, la nueva Arbed-Aceralia en la
primera siderurgia europea y la tercera del mundo. De entrada, hay que
decir que hay ciertas dudas, como se ha apuntado por algunos de los que
me han precedido en el uso de la palabra, respecto a la privatización o
simiprivatización, pero en Unión Valenciana le damos un voto de confianza
y el tiempo dará o quitará la razón, sobre todo en aquello referente a la
presencia. Nosotros consideramos que el Estado español debería haberse
guardado una cierta presencia, por cuanto el sector siderúrgico es un
sector estratégico y, por tanto, esa cuestión más polémica o sobre la que
se ha polemizado por parte de algunos respecto a cuál va a ser la
composición del modelo accionarial definitivo, con o sin participación
pública, y en qué participación puede el Estado español influenciar en
esta toma de decisiones creo que en los próximos meses va a ser un
caballo de batalla.
Quiero iniciar la intervención después de este voto de confianza respecto
al paso que se da, esperemos que acertado, haciendo un poco de historia
sobre lo que ha sido la siderurgia española en los últimos quince años.
Desde la Comunidad Valenciana, como usted puede entender, es necesario
recordar cuando en los años 80 el Partido Socialista, capitaneado por
Felipe González y con Solchaga como ministro de Industria, comenzó aquel
famoso plan de reestructuración de la siderurgia integral, plan que costó
miles de millones, miles de puestos de trabajo y miles de conflictos
laborales a lo largo de los años sobre todo 1983-84, y que en el ámbito
de la Comunidad Valenciana significó el cierre de la cabecera de Sagunto,
de los Altos Hornos del Mediterráneo y que después dio lugar a la
creación de la Siderurgia del Mediterráneo y los Galvanizados del
Mediterráneo, Sidmed y Galmed, que se encuentran ahora en un momento
óptimo y en un momento de muchos interrogantes, de muchas esperanzas,
pero también con ciertos temores por este proceso que se inició poco
antes del verano con la entrada de Arbed en Aceralia.
Se ha hablado mucho (nosotros pensamos desde Unión Valenciana que de
manera imprudente), respecto al plan industrial, imprudente por parte del
vicepresidente del Gobierno, señor Alvarez-Cascos, que puede haber
sentado los cimientos para resucitar un enfrentamiento entre las
comunidades siderúrgicas, puesto que Arbed se propone ejecutar ese gran
paquete de inversiones de 156.000 millones, como usted ha apuntado y creo
que en el primer borrador que imprudentemente se ha hecho llegar a los
medios de comunicación, se ha hecho llegar a los interlocutores
sindicales y a los partidos políticos, se habla de priorizar inversiones
en unas comunidades, dejando de lado otras comunidades autónomas también
siderúrgicas y a las que les va mucho en juego este futuro de la
siderurgia que se está abriendo en el Estado español.
Este plan industrial, este borrador que se ha hecho público para el
período 1998 a 2002 siembra ciertas dudas en particular en la siderurgia
valenciana, cuando se ha dicho que Arbed se propone ejecutar sus
principales inversiones en Asturias, potenciando sus líneas de
galvanizado, que también reclama Valencia porque ya están instaladas y a
pleno rendimiento en Sagunto por parte de Sidmed y Galmed y puede crear
un enfrentamiento que creo en nada beneficiaría a la siderurgia española.
En Unión Valenciana --y también así nos lo han transmitido los
interlocutores sindicales-- pensamos que esta alianza entre la antigua
CSI y Arbed puede ser especialmente beneficiosa para Sagunto, dado que en
las plantas de Galmed y Sidmed se sirve a la poderosa industria del
automóvil, siendo una de las plantas de galvanizado más competitivas de
Europa y dicha alianza posibilitaría nuevos horizontes en la
diversificación de sus productos y una mayor demanda. Sin embargo, ese
temerario primer borrador de plan de inversiones que se ha hecho público
hace que los fantasmas del pasado, los del año 1984, vuelvan a planear
sobre Sagunto, porque las inversiones previstas se diluyen en la cornisa
cantábrica y apenas 8.000 millones llegan a Sagunto de ese montante total
de 156.000 millones.
Sagunto, usted lo sabe bien, Sidmed y Galmed solicitan en torno a 20.000
millones de inversión en ese plan industrial que garantice el futuro y
así está la prueba de la rentabilidad, la Ford, la General Motors,
Volkswagen, Nissan, Citroën o Renault tienen en común que la plancha de
sus modelos está siendo fabricada en Sagunto a plena satisfacción de
estas grandes multinacionales. En 1984 se hizo caso omiso a las
recomendaciones de un informe japonés
sobre la reconversión industrial y se sacrificó Sagunto. Nosotros
esperamos que usted, que tiene más sentido común que el vicepresidente
del Gobierno, pueda poner en ese plan industrial los cimientos para que
la siderurgia española llegue a buen puerto.
El dato usted lo conoce, la entrada de Arbed como socio mayoritario en
Aceralia puede suponer para Sidmed y Galmed, la siderurgia del
Mediterráneo, su internacionalización, tras ser hoy día una de las
plantas a nivel mundial con mejores ratios de producción, calidad y
situación geoestratégica en el corazón del arco mediterráneo, que no se
puede echar por la borda por los caprichos antieconómicos y decisiones de
una regionalización de las inversiones que puedan dar la espalda no sólo
a Sagunto, sino al futuro de la siderurgia española.
La petición es que se reconsidere este primer borrador del plan de
inversiones y se asignen a las factorías saguntinas los cerca de 20.000
millones, porque estamos hablando de más de 1.000 empleos, que usted
conoce bien y ahí está el recuerdo del año 1984.
La petición que hoy le transmito aquí es la petición que han hecho los
interlocutores sociales, los sindicatos de Sidmed y Galmed en Sagunto,
que piden una nueva línea de galvanizado, que se instale ese centro de
I+D del automóvil en la factoría saguntina, en la Comunidad Valenciana,
y que se incremente la actividad de capacidad en frío a millón y medio de
toneladas y así entre Sidmed y Galmed el complemento del galvanizado en
caliente podía dar viabilidad a una empresa que es rentable y que,
repito, en la competitividad y la productividad está al frente de las
empresas no sólo de España, sino de la Unión Europea en materia
siderúrgica.
Ese mandato que nos han hecho los interlocutores sociales y sindicales ha
tenido su reflejo en el Parlamento autonómico valenciano donde por
unanimidad de los grupos parlamentarios, en el reciente debate del estado
de la comunidad, se ha acordado solicitar del Ministerio de Industria
--de la buena cabeza y bien amueblada que tiene el ministro de
Industria-- que recoja lo que es un sentido claro y rotundo de viabilidad
económica, no de caprichos de invertir más en una región que en otra,
sino buscar la rentabilidad, la proyección, el mantenimiento de puestos
de trabajo y que se signifiquen esos compromisos en unas inversiones
mínimas de cerca de 20.000 millones, con la instalación de esa nueva
línea de galvanizado en el puerto de Sagunto, en Valencia, el aumento de
la producción de las plantas de Sidmed y Galmed hasta millón y medio de
toneladas y la creación de ese centro de investigación y desarrollo, I+D,
especializado en el sector del automóvil en la Comunidad Valenciana.
Nos preocupa sobre todo ese borrador de plan de inversiones y, por
consiguiente, nosotros solicitamos que vigile escrupulosamente que la
adopción de estas decisiones de inversión se basen única y exclusivamente
en criterios económicos de viabilidad y rentabilidad económica. Le
pedimos sensibilidad y un compromiso con la siderurgia valenciana, que en
el año 1984 no se tuvo, y que, por las palabras del vicepresidente del
Gobierno, señor Alvarez-Cascos, parece que ahora tampoco se va a tener.
Nosotros se las pedimos a usted, señor ministro de Industria y Energía,
así como que reconsidere ese primer borrador del plan de inversiones e
incluya en el mismo las demandas de Sidmed y Galmed (Siderurgia del
Mediterráneo y Galvanizados del Mediterráneo) que están cuantificadas en
cerca de 20.000 millones de pesetas, y contribuya a consolidar y relanzar
las empresas siderúrgicas valencianas, que son punteras en la Unión
Europea, que tienen excelentes ratios de producción y calidad y que los
1.000 puestos de trabajo, a la vuelta de cinco años, durante la vigencia
de ese plan industrial, sean no sólo la consolidación de esos 1.000
puestos de trabajo, sino que se creen puestos de trabajo, porque la
siderurgia valenciana, la siderurgia española, a usted se lo agradecería
muy sinceramente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Antes de dar la palabra al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, vamos a hacer una pequeña pausa
durante dos minutos.
Ruego a SS. SS. no abandonen la sala, porque reanudamos la sesión
inmediatamente. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: En primer lugar, gracias señor ministro por la
comparecencia ante la Cámara para explicar en qué momento se encuentra el
proceso de privatización de las empresas CSI --ahora Aceralia--, Inespal
y Elcano, aunque hoy parece que los grupos no hemos demostrado demasiado
interés por profundizar en el proceso que se refiere a Elcano, una
empresa importante y que nuestro grupo considera que se está cerrando de
forma positiva para los intereses generales de nuestro país.
Queremos hacer una reflexión que se refiere a nuestro agradecimiento al
ministro, como Grupo Parlamentario Popular, por el cumplimiento de un
compromiso electoral, como muy bien ha dicho él antes. El anuncio del
Partido Popular a la sociedad española sobre cuál iba a ser su política
industrial y económica de desregulación de los sectores, de
liberalización, precisamente con el objetivo de mejorar la eficiencia
económica del sistema y así tener más posibilidades de aumentar el empleo
en nuestro país, afortunadamente se está cumpliendo. Podíamos decir que
existía una buena partitura, pero hacían falta también unos buenos
músicos que supieran ejecutarla y sinceramente creemos que está
ocurriendo así.
En segundo lugar, el señor ministro ha hablado de rigor y de eficacia. Se
ha referido a la necesidad de acometer procesos de esta naturaleza porque
ello está ocurriendo en todo el mundo con carácter global, también en
nuestro país, y efectivamente es así. Ha dicho --me parece-- que
empíricamente se ha demostrado que la gestión pública no es la más
eficiente para la empresa. Ha dicho empíricamente, no creo que ha hablado
de ideología, no creo que haya hecho aquí ningún apostolado ideológico
respecto a que sea mejor la iniciativa privada o la pública, ha dicho que
los mismos hechos vienen a demostrar, como consecuencia también de ese
proceso global de privatizaciones,
que en todos los países, sean del signo que sean los gobiernos que estén
al frente de ellos, se están acometiendo procesos de esta naturaleza.
Nosotros coincidimos con usted, señor ministro, porque no estamos
hablando de cuestiones ideológicas. De hecho en nuestro país, como todo
el mundo sabe, fue un gobierno socialista el que dio lugar al mayor
volumen de privatizaciones en los últimos quince años, llegando a
privatizar por importe de 1,9 billones de pesetas y más de 70 empresas
públicas. Es decir, no es un proceso que sea patrimonio ni iniciativa del
actual Gobierno, sino que ya viene de un Gobierno anterior, un Gobierno
socialista. Sí hay algunas diferencias, fundamentales a nuestro juicio,
a la hora de comprobar cómo se está llevando el actual proceso por parte
del Gobierno sustentado por el Partido Popular, y las diferencias,
sinceramente creemos que son muy positivas para la bondad del proceso y
para sus efectos beneficiosos en el conjunto de la economía. En primer
lugar, la forma de llevarlo a cabo, la transparencia, la concurrencia y
la oportunidad de que puedan debatirse en esta Cámara --y fuera también
de esta Cámara-- las diferentes alternativas y posibilidades para cada
una de las empresas que están siendo objeto de privatización.
Puede resultar paradójico que resalte desde nuestro grupo como
especialmente positiva la transparencia del proceso cuando algún grupo
parece querer achacar a la privatización de estas empresas concretas
acusaciones de falta de transparencia, de oscuridad, o incluso de
nocturnidad y alevosía a la hora de llevarla a la práctica, como me ha
parecido escuchar antes.
Es curioso, señor ministro, porque usted no estuvo presente en esta
Cámara en la anterior legislatura, pero yo sí; estuve en la anterior
legislatura en este Congreso de los Diputados y en esta misma Comisión de
Industria, y me resulta casi imposible creer que se hagan esas
manifestaciones a la vista de lo que ocurrió la legislatura pasada. Con
esto no digo que si hay algo que mejorar en esta legislatura no sea
mejorado, pero sí me parece casi imposible creer que ahora se escuchen
algunas cosas, teniendo en cuenta la experiencia de la legislatura
pasada. ¿Por qué decimos esto? Muy sencillo. Seguramente se puede dar
mejor información de lo que es el proceso de privatización de CSI, de
Inespal, o de Elcano; seguramente se puede tratar de traer aquí al
ministro todas las semanas para que explique, casi hora a hora, el estado
de las negociaciones; seguramente se puede tratar de traer, además de al
ministro, al director general o al presidente de las empresas públicas
una vez a la semana; teóricamente es posible hacer todo eso, pero habría
que ver si operativamente es posible hacerlo con el funcionamiento de
esta Cámara. En cualquier caso, si el ministro o el Gobierno no han
venido con más frecuencia a explicar estos planteamientos se debe a que
también hay otros asuntos que tratar y, además, a que hay una operativa
parlamentaria, que se define en la Mesa y en la Junta de Portavoces. De
todos modos, creemos que la información que se ha dado hasta el momento
ha sido más que suficiente.
Por otra parte, queremos resaltar un dato que creemos es de interés.
Algunos grupos de la oposición hablan de falta de transparencia porque no
se ha producido la comparecencia en el momento adecuado. Hay que resaltar
que los acuerdos privados se han firmado en el mes de julio y el Gobierno
está compareciendo para explicar el contenido de esos acuerdos privados
en las primeras sesiones del mes de septiembre, cuando ni siquiera se han
producido los informes del Consejo consultivo de privatizaciones, que es
un control ex post, novedad de este Gobierno; ni siquiera se ha producido
el acuerdo del Consejo de Ministros y ya estamos discutiendo en esta
Cámara sobre esos acuerdos privados y sobre cómo se ha llevado ese
proceso de privatizaciones. Algún portavoz alegaba que no había habido
información suficiente y nos ha parecido oír a algún auditor, puede ser
Salomon Brothers, se refería a un procedimiento, a unas reglas, a unas
formalidades preestablecidas que precisamente garantizan que el proceso
no se somete a la arbitrariedad del Gobierno, sino que hay unas reglas,
unas valoraciones externas que deben cumplirse y, luego, son los grupos
los que tienen que valorar si se han cumplido al cien por cien, al 70 o
al 80 por ciento, pero hay reglas objetivas que permiten a los demás
grupos valorar si se está cumpliendo el procedimiento. ¿Cuándo antes se
ha visto eso en esta Cámara? ¿Cuándo hemos escuchado en esta Cámara
explicaciones sobre la privatización de Sidenor? Nunca; ni después del
Consejo de Ministros ni un año después del Consejo de Ministros. ¿Cuándo
hemos escuchado explicaciones sobre la privatización de Galerías
Preciados o de Intelhorce? En una comisión de investigación sí, pero no
es el mejor sistema para dar explicaciones a la Cámara sobre una
privatización.
Señorías, señor presidente, nos gustaría hacer de este debate un
ejercicio de rigor a la hora de contraponer argumentos y datos en
relación con las privatizaciones iniciadas por el Gobierno y ya en
trámite de finalización; como se ha dicho, pendientes de aprobación por
el Consejo de Ministros y de algunos informes posteriores, como el del
Consejo consultivo. Creemos que hay datos suficientes para que esta
Cámara ya pueda entrar a valorar si se han cumplido los objetivos que se
marcaba el Gobierno y si están siendo beneficiosos para los intereses
generales.
Querríamos comentar, en primer lugar, la privatización de la empresa CSI.
Siendo respetables las opiniones que han manifestado los portavoces de
otros grupos, a nosotros nos parece que ha sido un éxito; ha sido un
éxito el planteamiento industrial, que ha caracterizado la voluntad del
Gobierno a la hora de elegir el socio tecnológico, el socio industrial,
la alianza estratégica que interesaba a CSI, a Aceralia. Pero no lo
decimos sólo nosotros (aquí se pueden establecer muchos calificativos; se
puede decir que ha sido un fiasco o que ha sido un fracaso sin argumentar
por qué), sino que lo dicen los agentes económicos y sociales y los
analistas económicos de este país. Había dos grandes candidatos, Usinor
y Arbed, y en algunos ámbitos se opinaba que la empresa que finalmente
resultaría adjudicataria en ese proceso iba a ser Usinor. Esa, parecía la
intención de otro Gobierno, pero no de éste, porque es verdad que Usinor
ha tenido intervención en el proceso de privatización, pero antes de que
este Gobierno se ocupara de la privatización de CSI y antes de que este
Gobierno existiera como
tal, antes de que fuera un Gobierno del Partido Popular. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
¿Era transparente la situación por la cual nadie en esta Cámara conocía
que estaba en marcha un proceso de privatización de CSI orientado a un
gran grupo europeo, concretamente Usinor, incluso la forma de dividir la
sociedad CSI en diferentes sociedades, seguía el paralelismo de lo que
era la estructura empresarial de esa empresa Usinor? ¿Es transparente ese
proceso de privatización que haya tenido que enterarse esta Cámara de que
existía un proceso de privatización de CSI orientado, además, hacia un
grupo concreto, precisamente cuando entra un nuevo Gobierno y decide
someter ese proceso a criterios de transparencia y de concurrencia? Pues
tampoco a nosotros nos parece demasiado transparente.
¿Cuáles eran los riesgos del Grupo Usinor? Los que han comentado todos
los analistas, Usinor ya tiene presencia en España, participa fuertemente
en la red comercializadora española de productos siderúrgicos y ofrecía
unos riesgos serios de que, al final, Usinor pretendiera quedarse
simplemente con el mercado español, no existía una garantía de viabilidad
de CSI, ni de empleos de cara a los próximos años. Se preguntaba antes
algún grupo ¿y por qué la participación de CSI se produce en las empresas
comercializadoras de Arbed? En definitiva, porque ése es uno de los
puntos más débiles de CSI en los últimos años, que no tenía red
comercializadora propia y quizás era la única empresa europea que no
tenía esa red. Estratégicamente, nos parece acertada la decisión del
ministerio, pero, insisto, no sólo a nosotros, sino también para los
analistas económicos de este país y los agentes económicos y sociales.
En cuanto al tema de las inversiones, se puede pensar que no son todas
las que quisiéramos para crear muchísimos más empleos, o para dar lugar
a nuevas instalaciones industriales. Seguramente, cuando hay recursos
escasos siempre da la sensación de que puede faltar un mayor esfuerzo
inversor en algún área, pero vamos a ver, dentro de lo que era posible,
cuál ha sido la decisión del Gobierno.
La otra oferta establecía una previsión de inversiones de 100.000
millones de pesetas, la elegida por el gobierno establece una previsión
de 155.000 millones de pesetas, 55.000 millones de pesetas más. Es
verdad, que quizás en Sagunto puedan hacer falta más millones de los que
se han contenido en el plan industrial de Arbed, es posible, pero desde
luego, lo que se contiene en el plan de inversión de Arbed es, cuando
menos, lo mismo que se contemplaba en los planes de la propia CSI y,
desde luego, bastante más de lo que se contemplaba en el de Usinor, que
eran 2.000 millones frente a los 8.200 del plan de la CSI. Por tanto,
creemos sinceramente que la elección del socio tecnológico industrial es
acertada y se corresponde con la necesidad de velar por los intereses
generales de nuestro país y por la viabilidad de la empresa CSI-Aceralia
y el mantenimiento del empleo.
Muy pocos grupos han hablado de empleo. Se ha hablado de que Arbed
resultaba beneficiada por la operación ¡estaría bueno, que Arbed no
resultase beneficiada por la operación! ¿Cómo iba a entrar en la
operación? No conozco ni un solo caso en el mundo empresarial en el que
alguien compre algo cuando no resulta beneficioso comprarlo. Lógicamente,
tiene que resultar beneficioso para Arbed, pero es que he escuchado a
algún grupo preocuparse mucho de los beneficios que tenía esta operación
para Arbed, pero no ha analizado los posibles beneficios para la empresa
española y son muchos. De momento, el empleo, porque con los planes del
CSI que aprobó el Gobierno socialista anterior, se perdían mil y pico
puestos de trabajo y con el plan industrial que presenta Arbed no se
pierde ni un solo puesto de trabajo. Por tanto, sólo desde el punto de
vista del empleo, que para el Grupo Popular es una prioridad de su
política industrial y económica, incluso global, sólo desde ese punto
podemos concluir que el acuerdo y la alianza estratégica con Arbed es
sumamente beneficioso para nuestro país. Pero nos quedamos en la
valoración de la acción de Arbed y si esto ha sido bueno para Arbed,
evidentemente que sí, en otro caso no hubiera entrado en la
privatización, pero también ha sido bueno para la empresa española, que
forma parte de Arbed desde este momento, que forma parte de la primera
empresa europea siderúrgica y la tercera del mundo.
En definitiva, señorías, desde el punto de vista de la CSI nuestra
felicitación al Gobierno, creemos que ha sido un buen acuerdo, esperamos
que se pueda culminar en breve y que se cumpla ese plan industrial, esa
novedad respecto a lo que eran privatizaciones del Gobierno anterior, que
no se hace, como ahora se quiere poner en boca del Gobierno, para hacer
caja. Se ha dicho muchísimas veces que las privatizaciones no se realizan
para hacer caja; se hacen para garantizar precisamente la viabilidad de
las empresas que sean sometidas a ese proceso y se hace, sobre todo, para
darles posibilidad de mantener los niveles de empleo. El propio programa
de privatizaciones en su punto tres ya decía: la maximización de ingresos
para el Estado no será el único criterio a tener en cuenta para la
privatización, sino que también se tendrán en cuenta las circunstancias
económicas y sociales relevantes en cada caso. Luego no se pongan en boca
del Gobierno objetivos que no eran tales y a partir de ahí se concluya
que ha sido un fracaso porque ése no ha sido el objetivo alcanzado. No
era el objetivo principal del Gobierno la maximización de ingresos sino
la viabilidad de la empresa que está sometida a ese proceso de
privatización.
En cuanto al tema de Inespal otro tanto hemos de decir, señorías; nos
congratulamos de que exista un plan industrial, que es la novedad
respecto a privatizaciones anteriores. Antes se hacía caja, se vendía una
empresa y, a continuación, venía el cierre de instalaciones y las
reducciones de plantilla; en concreto, en el caso de CSI, por dar un dato
muy concreto, de 24.000 empleos a 12.000 prácticamente en los últimos
años. Antes también se habla de lo bien que estaba la CSI respecto a
otras empresas competidoras privadas o públicas europeas. Se olvida decir
que en los últimos siete años la CSI costó a todos los españoles 700.000
millones de pesetas. Entonces ¿a qué precio se estaba en mejor situación
que otras empresas europeas del sector? ¿A qué precio? ¿Cuánto han pagado
los españoles para ello? Yo creo, sinceramente, que demasiado, teniendo
en
cuenta la supuesta bondad en que se encontraba CSI. En consecuencia, hay
que manejar los datos con un mínimo rigor para poder establecer
situaciones comparables.
En el caso de Inespal también hay un plan industrial y, afortunadamente,
un plan industrial que vuelve a recalcar el punto básico para el Grupo
Parlamentario Popular y es el mantenimiento del empleo, de las
actividades y de las instalaciones. Además, también se ha reconocido aquí
que ya se había iniciado el proceso de privatización en el año 1995.
Sorpresa, de nuevo, señorías, porque esta Cámara no tenía noticia de que
en la legislatura anterior se hubiera iniciado el proceso de
privatización de Inespal; otra sorpresa ahora que hablamos de
transparencia. En definitiva, la decisión no ha partido del actual
Gobierno. En todo caso el actual Gobierno ha sido capaz de desatascar una
situación que el Gobierno anterior no fue capaz de resolver y, además, se
ha explicado la razón fundamental: el marco eléctrico. Las demás dudas
que se quieran establecer sobre si la solución que ha buscado el Gobierno
actual, si el protocolo eléctrico va a ser suficiente o si la ley
eléctrica que está en trámite en esta Cámara va a ser también adecuada
para garantizar los compromisos en la privatización de Inespal pueden
suscitar un debate interesantísimo, señorías, pero, de momento, gracias
a las modificaciones legislativas importantes en esta Cámara, se ha
desbloqueado una situación que el Gobierno anterior no fue capaz de
desbloquear.
El plan industrial de mantenimiento del empleo, de inversiones, de
transferencia tecnológica nos parece que es la mejor solución para una
empresa como Inespal que, trabajando y operando en un sector que tiene su
trascendencia de cara al futuro, no se encontraba con la dimensión
adecuada, como ha dicho el señor ministro, para beneficiarse de las
economías de escala, para poder acceder a los enormes recursos
financieros y tecnológicos que se necesitan para competir hoy día en el
mercado global. Sinceramente, el hecho de que haya sido la primera
empresa mundial de aluminio la que haya estado interesada en la empresa
española y que, además, pretenda hacer de la empresa española el centro
neurálgico de sus actividades en Europa nos supone una garantía adicional
que esperamos se lleve a la práctica hasta sus últimas consecuencias,
incluso aumentando las actividades a nivel de empleo de Inespal en España
y fuera de ella.
En cuanto a la empresa Elcano no incidiremos demasiado en ello porque no
ha sido abordada esta cuestión por demasiados grupos. Sí queremos
resaltar el hecho de que la empresa Elcano curiosamente nos ha parecido
escuchar al señor ministro que estaba domiciliada en Las Bahamas. Es
curioso cuántas sorpresas nos estamos llevando hoy, señorías, porque
tampoco teníamos noticia en la legislatura anterior de que las empresas
públicas tuvieran que domiciliarse en Las Bahamas para poder ser viables
empresarialmente. Nos parece más razonable el sistema que sigue el
Gobierno actual de no domiciliar las empresas en Las Bahamas sino
pretender que sean los empresarios los que las hagan rentables y sean
capaces de generar empleo.
Termino ya, señorías, señor presidente, porque, lógicamente, nuestro
grupo tiene que estar de acuerdo y satisfecho con la gestión del Gobierno
en cuanto al proceso de privatización de estas empresas que está en
marcha, que no ha terminado, insistimos, que faltan trámites importantes,
el Consejo consultivo de privatizaciones y el Consejo de Ministros. Por
tanto, esos intentos de tachar al proceso de oscuro y falto de
transparencia se caen por su propia base, incluso por el hecho de que se
hayan debatido aquí hasta el detalle expresiones y frases de auditores
externos que están interviniendo en el proceso. Comprendemos, de todas
maneras, que es difícil para algún grupo de la Cámara establecer el
debate en otro plano, es decir, hablar de empleo o de posibilidades de
futuro de esas empresas y que, por tanto, es mejor quedarse en la defensa
de principios como la transparencia o la concurrencia, que entendemos
están siendo garantizados plenamente por el Gobierno. En cualquier caso,
decía un pensador, me parece que era del siglo pasado, que es más fácil
luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos. Estimo que es
una frase que hoy viene como anillo al dedo.
Nada más. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones y a las
cuestiones planteadas por SS. SS., tiene ahora la palabra el señor
ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señorías,
quiero agradecer en primer lugar a todos los portavoces sus
intervenciones y aportaciones a un debate del que es difícil exagerar su
importancia, en tanto que se trata de operaciones de enorme significación
y muy importantes, por tanto, para el futuro de nuestro tejido
productivo. Por consiguiente, reitero mi agradecimiento inicial a todas
las intervenciones.
La última intervención del portavoz del Grupo Popular me exime de exponer
algunos argumentos que pensaba desarrollar a lo largo de mi respuesta.
Comparto plenamente todo lo que ha dicho; creo que ha dado respuesta a
algunas de las cuestiones que se han planteado, aunque quisiera ampliar
una de las reflexiones que ha hecho en su exposición y que ha marcado sus
inicios, en cuanto a que lo que se está haciendo forma parte de la
política del Gobierno, que a su vez viene incluida en los compromisos
electorales previos. Eso tiene el valor de la coherencia y de la
congruencia entre lo que se dice que se va a hacer y lo que
realmente se hace. También hay que decir que esta política está
dando resultados que, salvo aproximaciones sectarias o partidistas, desde
el punto de vista objetivo, sin duda son buenos. Nunca como ahora en
ningún ciclo expansivo precedente había habido un clima industrial como
el que estamos disfrutando. Así lo reconocen, además, todos los
organismos internacionales más relevantes, desde el Fondo Monetario a la
OCDE o la Unión Europea, que, en todo caso, insisten en desarrollar esa
política, profundizar en la misma y llevarla hacia adelante con decisión,
que es lo que estamos haciendo.
Por otra parte, también se ha dicho que no era un comportamiento
novedoso. Sí es novedoso el procedimiento y la voluntad de darle
coherencia y máxima importancia no a la financiación de los gastos
corrientes, que es lo que hacían los gobiernos anteriores, sino a los
planes industriales
y a los planteamientos modernizadores del conjunto del tejido productivo.
Por tanto, poco tengo que añadir a lo que ha dicho el señor Peón y paso
a referirme, si les parece bien a los miembros de la Comisión, a la
intervención del señor Chiquillo, de Unión Valenciana, que creo tiene un
compromiso temporal y de esta forma contribuyo a que pueda escuchar mis
razonamientos en relación con su intervención.
Ha hablado, entre comillas, de una convulsión en el sector siderúrgico.
Efectivamente, entiendo que la operación que se ha llevado a cabo con la
CSI, que se está desarrollando, pretende dar un paso cualitativo en la
evolución de la siderurgia española. La historia de la siderurgia
española se puede resumir muy brevemente en dos ejes: el primero es, en
lo que se refiere a la actividad productiva, cada vez menos capacidad de
producción, cada vez menos empleo; ésa es la historia. En lo que se
refiere a las obligaciones, embalsarlas para que las paguen todos los
ciudadanos: 700.000 millones hasta ahora, 400.000 millones pendientes.
Esa es la historia hasta ahora de la siderurgia española. Nosotros
pretendemos cambiar esa historia y que la historia de futuro sea
incrementar las capacidades de producción, invertir, mantener y, si se
puede, generar empleo, internacionalizarse, estar presente en algo en lo
que no había estado nunca la Corporación Siderúrgica Española, que era la
comercialización en muchísimos países y, al mismo tiempo también, en otro
ámbito que no corresponde a la sesión de hoy, buscar la manera de cubrir
esas obligaciones que estaban pendientes y que nunca hay que dejar de
lado cuando se habla de la actual rentabilidad de la CSI.
Tener una rentabilidad de 15.000 millones de pesetas el año 1996, después
de haber aparcado, si se me permite la expresión, más de un billón de
pesetas, requiere, como mínimo, tratarlo simultáneamente y no olvidarse
de la segunda parte. Pero ésa es la convulsión que deseamos. Queremos
cambiar la historia de la siderurgia española en términos positivos, de
expansión económica y de mentalidad industrial, y no ir decreciendo hasta
que, al final, pudiera desaparecer por consunción o, lo que es peor,
pudiera desaparecer como unidad empresarial a base de su partición y su
venta a precio de saldo --lo estoy diciendo con total conocimiento de
causa-- a diferentes accionistas, entre ellos una compañía francesa, a la
que se ha hecho repetida referencia a lo largo de la sesión de hoy, que
es Usinor. Ese era el planteamiento que tenía, como también se ha dicho,
el Gobierno anterior y que estoy en condiciones de demostrar.
En cualquier caso, usted ha dado al Gobierno un voto de confianza, que yo
le agradezco, y además ha dirigido a este ministro unos elogios, que
agradezco, entre los cuales está el sentido común y ese sentido común
hace que no tenga en cuenta, precisamente, esos elogios a la hora de
influir en la toma de decisiones que la propia siderurgia, la propia
compañía tiene que tomar en cuanto a cómo reparte territorialmente y
desde el punto de vista industrial sus recursos. Creo que lo tiene que
decidir la propia empresa; tiene que hacerse, obviamente, con criterios
empresariales, no con criterios políticos, y eso es lo que se está
haciendo.
Desde el punto de vista de las inversiones en Sidmed y en Galmed lo que
ha hecho Arbed es asumir el plan de inversiones que ya tenía previsto la
propia Corporación Siderúrgica que, por otra parte, es bastante superior
al plan de inversiones que tenía, como también se ha mencionado, la otra
principal empresa competidora, la que llegó al final del proceso, Usinor,
que era sólo de 2.000 millones de pesetas. Estamos hablando aquí de más
de 8.000 millones de pesetas, pero eso, como es natural, es revisable
sobre los análisis más profundos, sobre la propia evolución de la
realidad. Nadie está pensando en que los planes industriales son planes
inamovibles esculpidos en roca y que durante cinco años las
circunstancias del entorno y la evolución del mercado no va a obligar a
hacer cosas distintas a las que se tenían previstas. Esto forma parte de
la naturaleza de las cosas; pretender lo contrario es no saber de qué va
el mundo industrial. Sí es cierto que esas modificaciones del plan
industrial se tienen que hacer de acuerdo con los sindicatos y con la
propia Administración. En ese terreno nos podremos encontrar haciendo
planteamientos sensatos y rigurosos que a todos nos puedan llevar a la
conclusión de que, efectivamente, hay que modificar la distribución
actual, inicialmente prevista de las inversiones.
Desde luego, no hay voluntad de llegar a confrontaciones territoriales ni
a emular fantasmas del pasado a los que usted ha hecho referencia. Yo
recuerdo bien esa temporada, la primera mitad de los años ochenta, el
conflicto del cierre de Altos Hornos del Mediterráneo y las
importantísimas convulsiones sociales, laborales, de orden público que
hubo.
Tengo que decir también que, ustedes que están en la Comunidad
Valenciana, creo que se ha demostrado algo que es muy relevante como
reflexión general. A pesar de la política orientada al cierre de la
empresa pública en esa zona han surgido iniciativas muy importantes de la
propia sociedad que denotan vitalidad empresarial, denotan iniciativa y
han permitido que Sagunto recupere el pulso económico, recupere el
dinamismo que siempre ha tenido, y eso es porque existe además un clima
adecuado y unas mentalidades orientadas a este fin. Creo que es un buen
ejemplo de cómo, al final, determinados procesos de reestructuración, si
se enfocan correctamente y hay iniciativa empresarial, pueden tener
también un componente positivo a largo plazo. Por tanto, no se trata de
resucitar fantasmas; todo lo contrario, compromisos de inversiones
importantes, los que ya existían como mínimo y voluntad de negociar y
tratar lo que sea necesario para ir adecuando las situaciones a la
realidad.
En relación con la intervención del señor Rodríguez, del Bloque
Nacionalista Galego, tengo que decirle que, pese al conjunto de su
intervención que, como siempre sucede con todas las suyas, guarda
coherencia y congruencia, ha habido algo que me ha sorprendido, y se lo
digo con todo el cariño, que es llamar sospechosas a las inversiones en
medio ambiente. No he entendido muy bien el sentido. Yo creo que ahí
existe un gran esfuerzo, y todos somos conscientes, para adecuar no sólo
el actual funcionamiento de la compañía Inespal a los requerimientos
medioambientales
vigentes, sino que, dado que de aquellos que se autodota la propia
compañía compradora son más exigentes que los vigentes, se prevé también
la propia evolución de la legislación en los próximos años. De ahí ese
esfuerzo importante, que es prácticamente el 40 por ciento de las
inversiones que están previstas en los próximos diez años. Yo doy una
connotación absolutamente positiva y constructiva a ese esfuerzo. A
partir de ahí, hay una serie de consideraciones en relación al impacto
del protocolo eléctrico, y como ese tema ha sido citado por varios
portavoces, aprovecharé ahora para dar mi aproximación. Ha habido también
una referencia al carácter estratégico del aluminio y a la propia
posición de Inespal en todo ese contexto, y todo esto en el marco de este
proceso de globalización en el que se encuentra nuestro planeta, desde el
punto de vista económico, cultural y de las comunicaciones en general.
Estoy seguro, y usted y yo lo sabemos, que tenemos aproximaciones
distintas o valoramos de forma distinta las consecuencias de este proceso
de mundialización y de globalización. Quizá éste no sea el lugar adecuado
para debatir esta cuestión; desde mi punto de vista, en cualquier caso,
no hay camino alternativo. El proceso de mundialización y de
globalización de la economía es absolutamente irreversible, va a ir a más
y nos tenemos que acostumbrar a vivir en un nuevo escenario en el que
probablemente cada vez podamos utilizar menos el tipo de cambio; desde
luego, dentro de la Unión Europea ya no, pero, incluso frente a otros
bloques, cada vez se podrá utilizar menos el tipo de cambio como
instrumento de recuperación de competitividad y habrá que estar a todo
aquello que signifique reducción de costes, por un lado, y a todo aquello
que signifique diferenciar el producto más allá del precio, por otro.
Esta es la lógica en la que se inserta la privatización de Inespal que,
como he dicho en mi primera intervención --aunque probablemente como
también se ha dicho esta Cámara no tuviera conocimiento oficial de
ello--, se inició ya hace seis o siete años a través de un holding
público que después acabó dependiendo de otro holding público y, por lo
tanto, el acceso parlamentario a la información era muy complicado porque
tropezaba con enormes obstáculos. La conclusión final de este proceso, a
la que se llega a finales del año 95, antes de que entrara el nuevo
Gobierno, y que da lugar a un acuerdo de intenciones entre el propietario
de Inespal --Teneo, en aquellos momentos-- y la compañía Alcoa, era una
buena conclusión, como ha demostrado la realidad, pero lo primero que
hicimos fue paralizar eso y reabrir el proceso para tener nosotros la
seguridad y la garantía de que, efectivamente, la opción de Alcoa era la
más adecuada para garantizar el futuro de Inespal.
A eso se le puede llamar fracaso, proceso oscurantista, en cualquier
caso, a mí me parece que la semántica creativa da para mucho --y después
haré referencia a eso, porque creo que es un tema que merece también un
comentario--, pero de lo que se trata al final, el fondo de la cuestión,
a mí me parece absolutamente claro, al igual que lo que antes comentaba
de la siderurgia. Con este plan, con este accionista, con el
planteamiento que supone reforzar la presencia en el continente europeo
de Alcoa, lo que estamos haciendo es ofrecerle a Inespal un futuro
muchísimo más seguro, más adecuado, más eficiente y más competitivo que
el que hasta ahora podía tener. Ese es el fondo de la cuestión y eso es
lo que nos tiene que preocupar a todos. La transacción económica se ha
hecho en términos razonables --tengo que decir que en términos mejores de
los que planteaba ese acuerdo de intenciones del año 95 al que antes
hacía referencia-- y al elemento de ruptura respecto al estancamiento de
este proceso, que era el tema eléctrico, se le ha encontrado una vía de
solución. ¿Cuál es? Usted sabe que hasta ahora el marco eléctrico
vigente, el marco legal y estable, establece un sistema tarifario que
marca la Administración todos los años y que tiene una tarifa, la llamada
G-4, que es una tarifa privilegiada, utilizada por el sector del
aluminio, por el siderúrgico y también por el del zinc, de las
electrolisis. Son sectores muy intensivos en la utilización de energia
cuya competitividad depende básicamente, y yo diría que críticamente, del
coste de la electricidad. Evidentemente, es una tarifa fijada por la
Administración, lo cual quiere decir que siempre puede ser modificada por
una decisión administrativa y, por consiguiente, que está en manos de la
decisión política. Y éste era el gran elemento de incertidumbre para
cualquier accionista nuevo que pudiera entrar en Inespal, ya que
pensaría: hoy es así, pero ¿cómo me garantiza usted que eso va a ser así
en el largo plazo, puesto que se trata de una decisión estrictamente
política? Como es natural, se pedían garantías al vendedor de que se iba
a mantener ese precio a lo largo de los próximos veinte o veinticinco
años, porque el vendedor era a su vez de titularidad totalmente pública.
Eso, en términos de riesgo a asumir por parte del vendedor, hacía que la
operación estuviera bloqueada.
¿Qué es lo que permite el protocolo eléctrico? Lo que permite el
protocolo eléctrico es: primero, dar un marco absolutamente claro al
mantenimiento del esquema tarifario, por lo menos hasta el año 2001. Es
decir, que los clientes llamados elegibles que definía la ley eléctrica
y que definía el protocolo eléctrico pueden optar entre establecer
contratos a largo plazo o a corto plazo, o, a través del juego de ofertas
y demandas en el mercado mayorista, pueden optar por obtener el precio en
condiciones de mercado o por el mantenimiento de la sujeción al esquema
tarifario vigente. En ese sentido, hasta ahí no hay ningún problema. Es
un problema de opción empresarial que no modifica las circunstancias
actuales.
Con posterioridad, lo lógico es --y tengo que decir que se está
trabajando ya sobre varias ofertas que han dado plena confianza a Alcoa
de que eso ya va a ser posible-- que se trabaje sobre varias ofertas
sobre las cuales se establezca la venta de energía eléctrica a precios
competitivos en torno a la actual G-4 para los próximos 10, 15, 20 años,
los que fije la libre voluntad de las partes. Porque la diferencia está
en que ahora ya no va a ser producto de una decisión administrativa, que
por definición se puede cambiar en aquel momento, sino producto de un
libre contrato establecido entre partes que pactan un determinado precio
por un período largo de tiempo.
Decir en ese contexto que como el precio que ha fijado el Gobierno es de
seis pesetas y el precio de la G-4 es de cuatro a ver quién paga la
diferencia, con todos los respetos, señor Martínez Noval, es no haber
entendido el protocolo, porque ese precio es un precio de referencia que
entendemos que puede estar hoy (ya veremos lo que nos dirá el futuro,
porque nadie es capaz de adivinar los precios de mercado de ningún bien),
pero es un precio de referencia que se adecua a lo que es hoy el estado
actual de la tecnología de generación eléctrica, sobre todo a medida que
vayamos incorporando la producción, utilizando como energía primaria el
gas. Ese nivel de seis pesetas es un nivel de referencia que se establece
a partir del coste marginal de equilibrio entre ofertas y demandas en ese
mercado mayorista, pero eso significa que puede haber, hasta ahí,
multiplicidad de ofertas a precios muy inferiores. Esa es la lógica de la
situación. Se trata de buscar generadores a precios inferiores que
lleguen a un acuerdo con un gran consumidor, porque les deja suficiente
margen como para hacer un negocio y no dejarlo en manos de otro
suministrador de electricidad. Ese es el elemento que ha permitido
desbloquear la situación y que creo que permite augurar un magnífico
futuro para Inespal.
Déjenme decir, de pasada, que, como no ha habido comentario respecto al
canon, entiendo que a todos los grupos parlamentarios de la Cámara les
parecerá bien. Estoy seguro de que al Grupo Socialista sí le parecerá
bien, porque hace ya mucho tiempo que inició este proceso de
privatización y, además, era claro que no sentía ningún apego sentimental
por la compañía, porque, una vez que está domiciliada en las islas
Bahamas, se supone que este elemento de importancia estratégica de la
compañía y de necesidad de mantener el control público de determinadas
empresas industriales se diluye incluso desde el punto de vista afectivo
e intelectual.
Creo, señor Rodríguez, que el tema Inespal está ahora sobre bases
sólidas, y se lo digo con toda sinceridad. Creo que es una buena cosa
para Galicia, para el conjunto del país, para España, y espero que el
plan industrial se vaya cumpliendo con normalidad y que el ciclo (porque
eso no lo controla nadie, ni mucho menos el sector público de ningún
sitio) nos ayude, como nos tiene que ayudar lógicamente en la evolución
futura de la siderurgia, cosa que no tiene nada que ver con lo que ahora
estamos hablando.
Al señor Sánchez i Llibre quiero agradecerle sus comentarios. Ha
planteado una serie de dudas que intentaré despejarle, por ejemplo, en
cuanto al montante total de la operación de privatización. Lo que hace la
Agencia Industrial del Estado, en su momento, es fijar el valor de la
compañía en 240.000 millones de pesetas, el valor del 100 por cien de la
CSI. ¿Por qué ese valor? Hay una serie de valoraciones que se piden a
compañías solventes que establecen un abanico que sitúa ese valor de
240.000 millones, más o menos, en el promedio; por tanto, nos parecía un
buen punto de partida para la valoración global de la compañía. Lo que
sucede es que la operación de entrada del socio tecnológico con un 35 por
ciento podía tener dos alternativas que recoge el cuaderno de ventas: o
bien la compra del 35 por ciento de las acciones, lo cual significaría
gastarse en torno a 85.000 millones de pesetas para obtener el 35 por
ciento, o hacerlo vía ampliación de capital. Eso es bueno intrínsecamente
para la compañía, porque inmediatamente aumenta su valor en ciento y pico
mil millones de pesetas, porque los 240.000 millones, que era el 100 por
cien, ahora es el valor del 65 por ciento. Eso significa que, a partir de
ahí, el valor total se sitúa ya, aproximadamente, en los 360.000
millones, lo que supone que un 10 por ciento son, grosso modo, 36.000
millones; un 15 por ciento, 54.000 millones de pesetas.
Ese es el elemento de referencia del precio, de cara también a ese 14 ó
15 por ciento destinado a inversores españoles. Inversores españoles
siderúrgicos, porque aquí lo importante es que aporten valor a la
compañía, que incrementen el valor industrial y tecnológico de la
empresa. Por ello, no se ha hecho un llamamiento general, sino que se ha
llamado a todas las empresas siderúrgicas españolas que pudieran estar
interesadas en el proceso --no voy a decir nombres, pero ustedes los
conocen perfectamente--, se ha estado en conversaciones con todas ellas,
algunas han declinado, por otros intereses; por ejemplo, una de las
compañías que podría haber mostrado interés acaba de hacer una operación,
de la cual yo me congratulo, en Marruecos, participando en la
privatización de la siderúrgica marroquí y, por tanto, ha preferido
concentrar sus esfuerzos ahí. En cambio, hay otras con las que la
negociación está muy avanzada y espero que en las próximas semanas, casi
me atrevería a decir que en los próximos días, podamos tener conclusiones
francamente positivas en relación a incrementar todavía más el valor de
la CSI.
Me preguntaba usted también por los criterios de los gobiernos autónomos.
Lo cierto es que ha habido un contacto permanente con el Gobierno
asturiano, con el vasco, con el valenciano, con todos los gobiernos
afectados; hay una coincidencia básica en los criterios, y de hecho así
lo han manifestado y han mostrado su satisfacción por la forma en que se
está desarrollando el proceso. Nadie pide tampoco coincidencias al cien
por cien, pero sí hay una coincidencia en lo básico. A partir de ahí, las
decisiones de participación en el capital no le corresponden al Gobierno,
ésa es una posibilidad que siempre está abierta, en la medida en que la
compañía va a salir al mercado, pero tengo que anticiparle que, hasta
donde llega mi información, la posición de los gobiernos autónomos es
contraria a una participación en el capital futuro de la CSI.
Las garantías. Usted ha mencionado las garantías y yo he hecho referencia
a que los Warrants (que es un derecho, son una opción para futuras
ampliaciones de capital) quedan como garantía porque esa ampliación de
capital sólo se haría en determinadas circunstancias, por ejemplo para
cubrir opas hostiles; pero, además de eso, hay una garantía en prenda, se
dejan en prenda acciones de la CSI por valor de 25.000 millones de
pesetas que se perderían en caso de incumplimiento del plan industrial en
los términos acordados o de no modificación del mismo en dichos términos.
Creo que también he comentado ya un tema que le preocupaba, que era el
coste de la electricidad para Inespal y, por tanto, dejo ese tema como ya
contestado.
En cuanto a la intervención del señor Santiso, ha hecho una referencia
para mí muy interesante y atractiva, desde el punto de vista intelectual,
en cuanto al discurso ideológico y el debate entre lo público y lo
privado. En ningún momento he intentado situar el debate en estos
términos; más bien es un debate en términos de oportunidad histórica.
Creo con toda franqueza --y es mi convicción-- que en estos momentos del
estadio histórico del desarrollo de nuestro crecimiento, el protagonismo
industrial debe corresponder al sector privado. Por tanto, puedo también
aceptar sin ningún problema intelectual que en otros estadios históricos
de nuestro crecimiento económico e industrial la intervención del sector
público pueda haber sido importante.
Lo que digo es que ahora, con las circunstancias derivadas de la
globalización, con las dificultades para aportar recursos necesarios,
porque serían considerados como ayudas públicas, por las propias obvias
limitaciones presupuestarias que tienen los gobiernos, mi convicción es
que todo lo que avancemos en el protagonismo privado en el ámbito
industrial va en la buena dirección. Y creo que no lo piensa sólo el
Gobierno español, no lo piensa sólo este ministro, sino que lo piensan,
como ya he dicho, todos los países del mundo, sea cual fuere el color
político de sus gobiernos.
Es verdad que siempre es posible hacer referencia a algunas
participaciones de determinadas actividades por impulsos políticos, pero
creo que me concederá usted que, en cualquier caso, la tentación es mucho
mayor cuando las empresas son de titularidad pública y, sobre todo,
cuando son monopolios. Tengo que decir que además nosotros estamos
intentando hacer algo distinto de lo que había hecho, por ejemplo, el
Gobierno anterior. Nosotros procuramos no privatizar monopolios, y si
privatizamos monopolios lo hacemos ya en un marco de liberalización del
mercado. Pero cuando se privatiza el 75 por ciento de Telefónica pero no
se abre al mismo tiempo el mercado de telecomunicaciones, se está
privatizando un monopolio. Cuando se privatiza el 33 por ciento de
Endesa, pero sigue el intervencionismo de la Administración en el sector
eléctrico, se está privatizando un monopolio. Y cuando se vende Enagas,
red de transporte del gas, a una compañía privada como es Gas Natural, se
está privatizando un monopolio si al mismo tiempo no se abre el mercado
del gas. Me gustaría que fuera también un tema de reflexión en relación
a cómo se puede gobernar muchas veces para determinados intereses
particulares. Hay quien a eso lo llama gobernar para los amigos.
Algunas de las cosas las he ido contestando en mis respuestas a los
distintos portavoces. Decía S. S. que no habían llegado los informes del
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Tengo que decir que sólo existe el
de la CSI y creo que usted debería tenerlo. Si no es así, no es mi
responsabilidad, pero me aseguraré de que le llegue. En los otros casos
no se ha producido todavía ese informe porque estamos informando,
precisamente, antes de las tomas de decisión final.
He hablado suficientemente del tema del coste de la electricidad. Ha
hecho S. S. referencia a algunas plantas concretas, por ejemplo la del
Ferroperfil, en Alicante. Es un planteamiento que venía ya de lejos, que
se ha hecho de acuerdo con el propio comprador a satisfacción de todo el
mundo y de conformidad con los sindicatos. Nos parecía razonable darle
esa salida. Queda la cuestión de la planta de Linares, que desde el
principio de la negociación con Alcoa siempre quedó al margen del
proceso. Ahora va a seguir siendo propiedad de SEPI, y estamos trabajando
para encontrar la solución razonable.
Ha hecho un par de comentarios que tengo que reconocer que tienen su
intríngulis, aparte de esas referencias a que el tiempo, al final, dará
la razón a unos o a otros. Eso es así en cualquier caso y no merece
discusión. Pero ha habido un momento en que decía: cuando ustedes acaben
con el proceso que han emprendido con el sector público industrial, ¿qué
va a pasar con el Ministerio de Industria; se va a fusionar con el
Ministerio de Economía? Eso es producto de la identificación entre lo que
debe hacer un Ministerio de Industria en una economía moderna y el sector
público industrial. Le aseguro que esto no tiene que ser así. Una
política industrial moderna ya no puede basarse en la participación en
empresas públicas, en la intervención administrativa, en las
subvenciones, en los planteamientos sectoriales, como se podía basar en
el pasado. Una política industrial tiene que servir para ser coherente
con lo que buscamos como objetivo del país, que es bajar los costes de
las empresas, generar un marco en el que la actividad empresarial se
pueda desarrollar mucho más adecuadamente y ayudar a todo aquello que
aumente la capacidad de diferenciar el producto más allá del precio; por
ejemplo, la innovación tecnológica; por ejemplo, el diseño. Este tipo de
cuestiones, en la que hemos acumulado un déficit extraordinario,
creciente además en los últimos años, es uno de los puntos a los que una
política industrial moderna tiene que prestar más atención a partir de
este momento.
Una última referencia. Me decía algo que también es chocante y además con
un cierto componente gracioso, en el sentido positivo del término, que
era esa comparación entre Aceralia y Disneylandia. No entiendo mucho los
planteamientos que hacen los asesores de imagen y eso que se llama la
imagen corporativa, pero todos los expertos están de acuerdo en que una
empresa que se va a situar en el mercado de valores, que se va a
internacionalizar, lo primero que tiene que hacer es modificar su imagen
en relación a una imagen basada en un proceso de reestructuración
permanente desde hace quince años. Hasta el propio nombre, corporación,
no parece el más adecuado para una empresa de futuro. A partir de ahí, la
elección es de los expertos. No tengo más que decir; aunque sí que hemos
conseguido algo que no está mal, y es que en un brevísimo período de
tiempo todo el mundo hable ya de Aceralia. Por lo tanto, alguna razón
tendrá la compañía que ha realizado este cambio de imagen corporativa.
En cuanto a la intervención del señor Martínez Noval como portavoz del
Grupo Socialista, como se han reiterado los temas, he ido contestándole
o por lo menos lo he intentado. Ha utilizado adjetivos como fiasco o
fracaso. Yo entiendo que califique usted la privatización de Inespal como
un fiasco, porque lo que pone de manifiesto es el
fiasco de ustedes en resolver los problemas que la impedían. Entiendo muy
bien que califique la privatización de la CSI como un fracaso, porque
hemos iniciado el proceso de privatización --ahora me referiré a ello--,
y lo digo en estos términos precisos, de forma que el futuro de la CSI no
tiene nada que ver con el que el Gobierno al que ustedes daban apoyo
hasta el mes de mayo del año pasado pretendía hacer. Desde ese punto de
vista, para ustedes es un fracaso; para la CSI es un gran éxito. Y tengo
que decirle que probablemente es una de esas operaciones de las que en el
futuro vamos a poder sentirnos más orgullosos todos los ciudadanos, por
planteamiento industrial, por planteamiento laboral, por planteamiento
comercial, por presencia internacional, por muchísimos motivos. Intentar
introducir palos en las ruedas o elementos de duda en base a poner en
cuestión, introducir confusión respecto a la idoneidad, a la solvencia de
los accionistas que entran, no me parece un buen método, señor Martínez
Noval. Arbed es una gran compañía, es una compañía multinacional muy
seria, que ha hecho un proceso de expansión extraordinario en los últimos
años. Por cierto, que en ese informe de Salomon Brothers, del que usted
sólo leía algunas frases sueltas, también se dice, por ejemplo, que la
acción de Arbed está muy infravalorada porque Arbed ha acometido un
endeudamiento muy fuerte para un proceso de expansión que ha sido muy
intenso y que la evolución futura de la acción va a subir; también dice
ese informe de Salomon Brothers, por ejemplo, que el valor de la CSI con
la alianza con Arbed se incrementa más que proporcionalmente y va a ser
superior, más que proporcionalmente, al de las otras siderurgias europeas
y, por lo tanto, me parece que ése no es un camino adecuado.
Se está analizando --eso tienen que hacerlo los auditores, los
valoradores-- la composición exacta. Tengo que anticiparle que no se
inquiete usted por los contratos; en muy brevísimo plazo se le va a
quitar el motivo de preocupación. Hay que precisar exactamente todos los
intercambios accionariales que tienen, no una lógica financiera, aunque
lógicamente hay que cubrir con los valores definidos en el proceso de
privatización, sino una lógica industrial y comercial.
Decía usted que la valoración del 9,5 por ciento de las acciones de Arbed
en relación a Bolsa era distinta de la valoración que se le ha dado.
También es verdad que una valoración en función de los recursos propios
y de los propios informes de los valoradores nos dice que la valoración
que ha hecho la Agencia Industrial del Estado puede ser absolutamente
adecuada. Pero, además, hay un gran conjunto de otras participaciones en
empresas comerciales, como usted ha dicho, es verdad, pero también
industriales, algunas de las cuales usted ha mencionado, que lo que le
dan es una gran coherencia y un gran entramado industrial y comercial a
esa alianza, que hemos denominado Aceralia, entre la CSI antigua y la
entrada de Arbed.
Si puede resultar de interés, tengo aquí la lista de todas las
participaciones que le ofrezco, también la puedo leer sin ningún
problema, pero, en cualquier caso, ahí está el 25 por ciento de Sidstahl,
que usted ha mencionado, y de Europrofil, está el 35 por ciento del
capital de ASBM, el 20 por ciento del capital de Laminoi Dudelange, que
es una compañía industrial que cuenta con un tren de laminación en frío
y una línea de recubiertos, el 20 por ciento del capital de Sikel, que es
una compañía belga de recubiertos, y otras participaciones de orden
menor, cuyo detalle estaré encantado de proporcionarle, sin ninguna duda.
Usted decía: ustedes han fracasado porque el objetivo de fondo es la
recaudación. Pues mire, no, no lo hemos dicho nunca. Lo que sí hemos
hecho es fijar un valor de la compañía porque, si no hubiéramos fijado un
valor de la compañía, ustedes nos hubieran dicho: es que ustedes están
dispuestos a vender a lo que haga falta. No, no, hemos valorado la
compañía y hemos dicho: éste es el suelo a partir del cual nos vamos a
plantear la operación. Pero la ambición es completamente distinta; la
ambición ya la hemos demostrado, porque si nos hubiera interesado sólo
cobrar hubiéramos optado por Usinor, que nos pagaba el 35 por ciento de
una sola vez. En cambio, aquí hemos optado por un entrecruzamiento de
participaciones, por una mejora de la capacidad financiera, además, de la
propia compañía, por fortalecer la compañía que hoy no vale 240.000
millones, sino que vale 360.000 millones, y eso creo que es una cosa que
tiene que alegrar a todo el mundo.
Ha hecho usted una referencia --abro un pequeño paréntesis porque usted
también lo ha tratado como paréntesis-- a la semántica creativa de llamar
a las privatizaciones vergonzantes, que acaban siendo privatizaciones
totales, apertura de capital público. Muy bien, tengo que decir que eso
no estaba en el programa electoral del Partido Socialista francés cuando
se presentó a las elecciones; por lo tanto, de la misma manera que se ha
modificado en un plazo de tres meses, se puede modificar también en el
futuro.
En cuanto a los objetivos de forma, publicidad, concurrencia,
transparencia, usted los ha citado muy a menudo y ha mencionado las
barreras de hecho a otros candidatos; a mí me gustaría saber cuáles son.
Creo que he mencionado todos los candidatos, creo que son todos
conocidos, que son de suficiente entidad como para que pudieran haber
optado seriamente y, de hecho, algunos lo hicieron hasta casi el final
del proceso; algunos de ellos, efectivamente, al final no optaron porque
les parecía que las condiciones solicitadas por el Gobierno español, en
términos de valoración y en términos de garantías del plan industrial,
eran excesivas. En cualquier caso, usted ha hecho referencia
constantemente al cuaderno de venta. Eso está ahí, lo ha conocido todo el
mundo, se ha pronunciado sobre el mismo el Consejo Consultivo de
Privatizaciones, que ha pedido unas precisiones respecto a la valoración,
precisiones que yo también pido, porque, al final, las cosas tienen que
hacerse de forma absolutamente ajustada y por eso tenemos un período de
confección de los contratos definitivos que va a terminar en muy breve
plazo; pero la transparencia y la publicidad del proceso difícilmente ha
podido ser mayor y, desde luego, no resiste la más mínima comparación con
la opacidad con la que se estaba acometiendo la privatización de la
siderurgia por parte del anterior Gobierno.
Como tampoco ha hablado de la privatización de Elcano, interpreto que
también le parece bien.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Desean los portavoces volver a hacer uso de un
turno de réplica? (Asentimiento.) ¿Les parecería bien que por un tiempo
no superior a cinco minutos utilizaran ese segundo turno para poder
concluir la sesión en torno a las dos del mediodía? (Asentimiento.)
Les ruego que se ajusten a esos cinco minutos. Hagan lo que está haciendo
el sector industrial, reestructuración de costes; empiecen ustedes por
los temporales y digan todo lo que tengan que decir, pero ajústense
ustedes al marco temporal de cinco minutos.
Por cinco minutos, tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: En primer lugar, una cuestión muy general, a la
cual se ha referido el ministro, que ha utilizado el argumento de la
inclusión en el programa electoral de la privatización total de las
empresas públicas. Muy bien; en el programa electoral está también que el
destino de los fondos de las privatizaciones es cien por cien para
amortización de deuda pública. Cumplan también ese compromiso electoral
que tienen, que todos son igualmente importantes para los millones de
españoles que les dieron su apoyo, porque no distinguen entre una cosa y
otra.
En segundo lugar, mi grupo parlamentario se ha quedado todavía más
preocupado de lo que ya estaba con los argumentos que el señor ministro
ha utilizado en la cuestión del precio de la energía eléctrica para el
sector del aluminio. Señor ministro, aunque el precio competitivo se
sitúe por debajo de las seis pesetas (quiero decirle que entendemos el
protocolo eléctrico; lo hemos estudiado por delante y por detrás y por
los dos costados, lo entendemos, nos ha costado mucho trabajo pero lo
entendemos) y usted diga que es un precio de referencia, todavía a ese
precio hay que sumarle los CTC, los costes de transición a la
competencia, dos billones, el 3,85 por ciento de la tarifa de cada año
para moratoria nuclear, el 4,86 por ciento para el carbón, después vendrá
el segundo ciclo de la energía nuclear, y así sucesivamente. De manera,
señor ministro, que hay razones más que suficientes para seguir
preocupados con esta cuestión; se desvanecerían nuestras dudas si usted
nos informara detalladamente de cuál es el compromiso que han adquirido
con la empresa Alcoa en esta materia, porque nos preocupa, como a usted,
el futuro de este sector en tantas factorías como tiene diseminadas por
la geografía española.
En lo que se refiere a Aceralia, si para la CSI es un gran éxito, porque
ésa ha sido la conclusión, que es una oportunidad histórica, le tengo que
decir que no; lamento mucho decirle que no, señor ministro, lamento
entrar en este tipo de argumentos por razones obvias; yo soy asturiano y
me he dedicado a esto bastantes más horas que usted a lo largo de los
años; yo sufrí siendo diputado la reconversión de 1983-1984; por cierto,
ahora que se habla de reducciones de plantilla y reducciones de empleo,
informe a los diputados cuál ha sido la evolución de Arbed en su país.
Arbed en su país prácticamente ha tenido que reducir la producción a los
centros de Dudelange y Bellvel y punto final. Luxemburgo ha dejado de ser
en su territorio una potencia siderúrgica para pasar a ser una potencia
financiera. Todos sabemos cómo se ha conseguido eso. Pero es que aquí a
veces se escuchan voces que dicen: Es que la reducción a la mitad de la
plantilla de la siderurgia o la reducción en un tercio de la producción
ha sido sólo cuestión de la gestión pública española. No, ahí está
British Steel privatizada que pretende acometer, una vez más, de nuevo
--usted lo sabe igual que yo-- un intenso proceso de reducción de
plantilla. Tengamos en cuenta todos estos argumentos.
Nosotros no queremos poner palos en las ruedas, en modo alguno. Queremos
tener la seguridad de que lo que está ocurriendo es una cuestión que se
relaciona con la realidad de las cifras, con la realidad del valor que
una y otra compañía tienen. En modo alguno nos atribuya, señor ministro,
la voluntad de poner palos en ninguna rueda, porque no hay ningún grupo
más interesado que nosotros
--igual sí, igual los habrá sin duda, pero más, no-- en que el
futuro de la siderurgia española se despeje, se aclare, entre otras cosas
porque, señor ministro, nosotros hemos sufrido políticamente mucho en la
pelea por el futuro de esa compañía y muchas veces --para qué voy a
seguir-- soportando críticas infundadas y muy poco objetivas por parte de
algunos grupos parlamentarios de esta Cámara. Vamos a ver lo que hacen y
lo que nos dicen los auditores; esperemos recibir esas cuestiones que
usted nos promete.
También nos preocupa por qué hay ahora una compañía que está valorando,
desde el punto de vista financiero, distinta de aquella otra entidad
financiera que ustedes utilizaron para la gestión. Estoy hablando de la
diferencia entre BCH y Merrill Linch, que me parece que es la compañía
que ustedes han escogido para hacer esa valoración; es una cuestión que
nos llama la atención. Pero en lo que se refiere a la participación en
sociedades industriales de Arbed, queda claro lo que ustedes dicen en ese
documento que, lo siento mucho, señor ministro, pomposamente llaman
ustedes alianza estratégica. No lo es, insisto una vez más.
El cuaderno de venta, señor ministro, lo conozco, es cierto, pero no
porque usted me lo haya enviado, ni el presidente de la Agencia. De
manera que una cosa es que yo me haya preocupado de conocer el cuaderno
de venta, que me parece elemental para venir aquí a decirle a usted qué
es lo que pensamos, y otra cosa es que usted me lo haya enviado. No, no
nos lo ha enviado, y a mi grupo parlamentario no ha llegado ese cuaderno
de venta.
No quiero entrar en ninguna refriega sobre qué ocurrió hasta el año 1995,
qué no ocurrió, etcétera; no quiero entrar porque usted está criticando
cuestiones que no sucedieron, y aquí sólo estamos para analizar cosas que
han sucedido. Por ejemplo, yo no voy a criticar qué negociación llevaron
con Usinor; por qué, al final, esa decisión se cambió bruscamente. Usted
sabe igual que yo --voy a contar a la Comisión una anécdota-- que el día
1 de agosto, cuando se reúne el consejo de administración de la
corporación, el presidente de la misma quiere ilustrar a los consejeros
sobre
la empresa que ha sido destinataria de la adjudicación del 35 por ciento
del capital. El presidente de la empresa pone un vídeo para que los
consejeros lo vean y resultó ser un vídeo de Usinor-Sacilor. Entre risas,
bromas, etcétera, el vídeo se sustituyó rapidísimamente por el que
correspondía a Arbed, lo cual quiere decir, señor Piqué, que nosotros no
vamos a discutir cuál fue su negociación con Usinor, cómo la llevaron,
qué hicieron, si era o no correcta y por qué, al final, de la noche a la
mañana, se cambió el adjudicatario de Usinor a Arbed; no vamos a criticar
ni a discutir cosas que no sucedieron, que, en parte, es lo que usted ha
venido a hacer. Pero usted no es que haya pasado de puntillas, es que no
me ha contestado a la pregunta y yo le insisto, una vez más: esto no es
una privatización, porque quien va a controlar la empresa es una empresa
pública luxemburguesa.
De paso, quiero también decirle que Arbed controlará Aceralia, y Aceralia
no controlará nada en Arbed, nada. Ninguna de las participaciones que
figuran en el acuerdo inicial proporcionan a Aceralia ninguna
participación de control en ninguna empresa del grupo Arbed. Eso es muy
curioso, señorías, porque las escasas participaciones que Aceralia, en
términos cuantitativos, tendrá en el grupo Arbed van a estar
instrumentadas a partir de personas que la propia Arbed, con control, ése
sí, mayoritario y de gestión en Aceralia, designará. Aceralia será
controlada por Arbed, pero no controlará absolutamente nada, señor
ministro (corríjame si no, sin ningún problema), no controlará
absolutamente nada en Arbed. Luego explíqueme usted por qué a esto se le
puede llamar privatización.
Por último, usted que se ha referido también en términos críticos a la
separación en tres unidades de gestión de la corporación, largos, planos
y transformados, se habrá llevado también un buen susto cuando abre la
memoria de Arbed y ve que Arbed, como Usinor, se divide en planos, largos
y transformados. Por algo será, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Me voy a referir a cuatro cuestiones, pero
seré breve y concreto.
En primer lugar, respecto a Inespal y al coste de la energía, que creo
que es el quid de la cuestión para el futuro de la situación actual, el
acuerdo previo con Alcoa. A pesar de no tener los profundos conocimientos
del protocolo eléctrico, yo veo dos cuestiones: que la lógica lleva a
pensar que la única manera de garantizar la continuidad de una tarifa
similar a la G-4 sólo tiene dos opciones: la subvención directa o la
indirecta. Es decir, o el Estado directamente se compromete con Alcoa a
mantener ese precio --aunque ya no puede hacerlo, puesto que teóricamente
se ha privatizado y según usted mismo ha definido ya no hay un monopolio,
pero sí hay, en nuestra opinión, un duopolio en el sector eléctrico--, y
ello probablemente obligará a que las compañías eléctricas que vayan a
ser las suministradoras de energía a Inespal soliciten compensaciones de
otro tipo al Gobierno, o se tira de esos 700.000 millones de margen que
todavía hay, que algunos piensan que son el tope y otros --como las
compañías-- piensan que son el mínimo. Esta será una discusión a futuro
muy interesante para ver quién se lleva el gato al agua de esos 700.000
millones que están ahí en el protocolo eléctrico.
En segundo lugar, quizá yo interprete mal el protocolo eléctrico, pero
creo también que una de las dificultades que tiene el protocolo para las
grandes compañías consumidoras es precisamente la dificultad para poder
comprar la energía a la compañía que ellos quieran. Ponía aquí unos
ejemplos don Miguel Angel Fernández Ordóñez sobre las dificultades que
tenían grandes compañías, como Renfe, Metro de Barcelona, o Inespal misma
(al considerar los contratos como puntos de conexión y no como
compañías), para poder establecer un sistema de competencia entre ellas.
Digo como sugerencia que si ésa va a ser al final la solución, aprovechen
ustedes para mantener al menos alguna presencia pública todavía en
Inespal; si va a haber una compensación indirecta que al final vamos a
pagar, querámoslo o no, todos los consumidores --y es verdad que es
necesario buscar sistemas para que estas empresas, grandes consumidoras,
puedan seguir funcionando y creando puestos de trabajo--, que esa
repercusión pueda ser todavía intercambiada por acciones, puesto que va
a haber una aportación indirecta --insisto-- del Gobierno para poder
mantener las tarifas. (El señor vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa
la Presidencia.)
Respecto a la alianza, siento decir también que mi primera impresión es
que más que alianza es una compra
--insisto-- de una compañía pública y que quizá tiene sus ventajas,
entre comillas. Los trabajadores en lugar de manifestarse ante el
Ministerio de Industria en Madrid, se tendrán que manifestar en
Luxemburgo, con lo cual conocen mundo y ustedes se ahorran un problema de
tráfico como el que han tenido hoy. Lo cierto es que tendrán que
manifestarse ante la sede central de otro gobierno, que también ha tenido
la habilidad y la visión, a pesar de no tener producción, de mantener
--porque lo considera importante-- una presencia en el sector
siderúrgico.
A mí me queda otra duda de fondo. Hablamos siempre de las grandes
ventajas de la Unión Europea --que yo defiendo, así como la necesidad de
ir a un proceso de convergencia europea de equilibrio y de alianza
europea--, y, sin embargo, vemos maravillosamente bien que nos dediquemos
a vender a empresas americanas en el caso de Inespal. Yo creo que sigue
faltando una estrategia industrial europea, precisamente un proceso de
mundialización de la economía y seguimos compitiendo entre países
comunitarios, intentando robarnos el mercado mutuamente. Eso sí creo que
es peligroso y es un ejemplo de lo que está sucediendo, en mi opinión, a
grosso modo, en el caso de Arbed, que legítimamente es una empresa que
busca expandirse, no sé si también territorialmente, puesto que los
antiguos territorios de Ensidesa son casi tan grandes como los de
Hamburgo, por tanto, a lo mejor necesita algún día también territorios,
y no nos importa que el Gobierno asturiano tenga ahora que desplazarse a
Luxemburgo para negociar. Termino diciendo que a mí me parece un éxito
para Arbed. Es probable --no lo sé, habría que ver otros factores-- que,
industrialmente, a corto plazo, sea una solución,
la menos mala de las posibles, pero usted también ha dicho una cosa muy
interesante cuando se refería a la intervención del señor Chiquillo;
usted ha dicho: los planes industriales no son una roca. Es decir, que
usted explica que, por una parte, mantienen el empleo, que se va a
reducir menos empleo, pero todos sabemos que las circunstancias del
mercado, los avatares a los que puede verse sometida la siderurgia ponen
entre paréntesis la estabilidad de esas grandes inversiones previstas hoy
y el mantenimiento del empleo en el tiempo. En consecuencia, es necesario
establecer las máximas garantías, sabiendo que, aun así, siempre habrá
dificultades.
Por tanto, pongamos esto en sus justos términos, entre otras cosas, en
relación con la decisión última sobre las inversiones, y el señor
Chiquillo --y el que les habla también-- apuntaba que en Valencia hay un
pequeño problema: que está presente Usinor y habrá dificultades para
poder apostar por otra compañía que es precisamente la competidora. Esa
es una de las dificultades que están ahí y que habrá que resolver, y
espero que no se gasten mucho en abogados, porque creo que Usinor va a
pelear seriamente las consecuencias de esto. Sin defenderles --no tengo
nada que defender--, quiero decir que nuestro grupo tiene una gran
ventaja: que como no ha gobernado, no se siente corresponsable de nada ni
se le pueden achacar algunas cosas en relación con las cuales estuvimos
en contra. Pero eso tampoco nos sirve como argumento y creo que ustedes
abusan de ese tipo de argumentos: que antes se hizo peor, que antes se
privatizó más. Lo que nos importa a todos, y sobre todo a nuestro grupo,
es el futuro, qué se hace hoy y qué pasa con el futuro de regiones como
Asturias.
Por último, termino con el asunto de I+D. Una de las grandes dificultades
que tiene nuestro país es que los empresarios no invierten en I+D. Usted
sabe como yo que, comparativamente, estamos casi a la mitad de las
inversiones privadas de cualquier país europeo en I+D; que ha sido el
sector público el que ha conseguido mantener el tirón y mantener una
cierta inversión en I+D, y que incluso la dimensión de la CSI y empresas
similares ha permitido tener todavía un cierto nivel de I+D. Una de las
grandes asignaturas pendientes es conseguir que la empresa privada no
descargue en el Estado la inversión en I+D, aprovechándose indirectamente
de esas inversiones. Creo que es un gran reto para su Ministerio y para
otros.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: También voy a ser muy breve.
No me extraña que le resultase un poco llamativo al señor ministro que
haya hablado cáusticamente de las inversiones prometidas por Alcoa en
materia medioambiental, pero no le puede llamar a engaño. Desde una
perspectiva como la nuestra, estamos tan habituados a promesas de
carácter propagandístico que en los puntos del compromiso de Alcoa que ha
leído el señor ministro --yo no tengo el documento-- llama la atención
que incluso figure algo que parece que es una observancia política.
Parece que dijeron: como en el Estado español tiene mucha importancia el
ámbito regional, pongan ustedes que se van a llevar bien con las
autoridades de la comunidad autónoma y del ayuntamiento. Lo que quiero
decir es que, desgraciadamente, estamos en un mundo --y no es de nuestro
agrado que sea así-- donde la apariencia tiene un valor fundamental, y yo
creo que lo malo es tener que vivir de apariencias en negocios tan
importantes y en cuestiones que después tienen una gran trascendencia
desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial. Yo
no puedo acreditar que una empresa transnacional vaya a hacer una
inversión de tal calibre si es que no se ve obligada por las
circunstancias legales del país al que va. Como aquí parece que es una
iniciativa de la empresa, permítame que dude de esas intenciones. Sin
embargo, no dudo --además, eso se puede contrastar-- de que el Estado
español, y en concreto la SEPI, dejará perfectamente garantizada la
inversión prometida, precisamente en función de deshacerse de lo que
políticamente consideran los que hoy gobiernan un muerto o algo de no muy
fácil digestión.
En segundo lugar, tengo que decir que el proceso de globalización es
inevitable en este momento, pero el proceso de globalización está
interferido políticamente. Yo creo que está muy dirigido; tan interferido
está que no conduce a una relación nada equilibrada, basada en elementos
mínimamente objetivos; es, desde el punto de vista del ecosistema,
disparatada y, desde el punto de vista de las sociedades, de los pueblos,
de las naciones, yo creo que conduce al desastre. Nada más hay que ver el
proceso de transnacionalización para la ex Unión Soviética. A mí,
francamente, no me gustaría verme allí. El proceso de
transnacionalización en Alemania no es como el nuestro, yo creo que el
lío digital se está resolviendo de una manera distinta, con una
participación de capital público distinta. En Francia también sucede algo
distinto. Italia tiene peculiaridades que no son exactamente las del
Estado español. A mí me parece que el Estado español se parece
excesivamente al de Argentina, y esto le preocupa al Bloque Nacionalista
Galego. Incluso negando la mayor, que hay que oponerse al proceso de
transnacionalización bajo nuestro punto de vista, aunque sé que es
inevitable, existen muchas maneras de jugar dentro de él.
En tercer lugar, usted mismo dijo una frase interesante, «que el ciclo
nos ayude», pues que Dios nos coja confesados, digo yo. (Risas.) Y a
esperar a ver qué pasa.
Del canon no hablamos, porque si tenemos que hablar de cómo se destruyó
la flota del Estado español, tendríamos que empezar hablando de algo que
trajo unas consecuencias alucinantes, por ejemplo, para la construcción
naval. Alemania no desmanteló la flota y Estados Unidos, que yo sepa,
tampoco.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Quiero reiterar nuestra satisfacción y, después de
escuchar las intervenciones de los demás grupos, remarcar que para
nuestro grupo la satisfacción
es aún mayor por el hecho de comprobar que en los tres casos que hoy
hemos comentado y debatido se trata de privatizaciones ya iniciadas por
el Gobierno anterior, con un enfoque que no era el que al Grupo
Parlamentario Popular le parecía el adecuado, como ya hemos expuesto en
nuestra intervención inicial, y que, en cualquier caso, el proceso de
privatización en los tres casos supone una mejora clara, evidente, de los
planteamientos del Gobierno socialista, fundamentalmente en lo que
respecta al nivel de empleo, al nivel del mantenimiento de las
actividades y al nivel de inversiones previsto por cada uno de los grupos
que acceden a la titularidad de estas empresas.
Es verdad que es mejor hablar del presente y del futuro que del pasado,
lo que ocurre es que cuando el presente tiene su base fundamental en lo
que se hizo en el pasado, es inevitable hacer una mera referencia. En
cualquier caso, está claro que esas cosas no es que no sucedieran, como
algún portavoz ha dicho, es que nunca debieron suceder, pero,
evidentemente, sí sucedieron. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, que no se nos ponga ni en nuestras palabras ni en nuestros
programas cosas que no existen. En el programa electoral del Partido
Popular no se dice, en ningún caso, que los ingresos por privatizaciones
sean al cien por cien destinados a la financiación de la deuda pública;
no es cierto, dice «preferentemente». Digamos las cosas como son y no
alteremos permanentemente las posiciones de otros grupos políticos,
porque es una mala manera de debatir con rigor y con seriedad.
Por último, señorías, nosotros entendemos que sí es una privatización lo
que se ha producido en el CSI, sobre todo porque el propio programa base
en el que se sustenta así lo dice. El punto quinto establece que, a los
efectos de este acuerdo, se entiende por privatización la transferencia
total o parcial de la propiedad de empresas, participación en capitales
sociales, acciones, activos o unidades de negocio y, en todo caso, cuando
la misma suponga para el sector público estatal la pérdida de influencia
decisiva --insisto, influencia decisiva-- en la empresa de que se trate.
Por tanto, con arreglo al propio plan que el Gobierno está cumpliendo es
claramente una privatización y cumple los objetivos que el plan se marca.
Y cuando remarcamos el término de influencia decisiva también queremos
mostrar la posición de nuestro grupo respecto de alguno de los argumentos
que se han escuchado en este debate, en el sentido de que se perdía toda
influencia. Una cosa es perder la influencia decisiva y otra cosa es
perder toda influencia. Tenemos entendido, señorías, y quizás el ministro
nos lo pueda confirmar, que Aceralia, la antigua CSI, tendrá un miembro
en el Consejo de Administración de Arbed, del Arbed multinacional. (El
señor Martínez Noval: ¡Uno entre veinte!) Creemos que es una mala manera
de perder influencia estar en el órgano donde se toman las decisiones,
cosa bien diferente a lo que se ha hecho en los últimos años, que era
entregar las empresas, incluso algunos monopolios, como ha dicho el
ministro, a personas que no tenían que dar explicación alguna a ningún
grupo ni a ninguna persona dependiente del Gobierno central, lo que en
Arbed, repito, no va a ocurrir.
Por último, señorías, quiero reiterar nuestra felicitación al ministro y
decirle que sinceramente apreciamos, por primera vez en muchos años en
esta Cámara, que existe política industrial y que parte de esa política
industrial pasa fundamentalmente por una política de privatizaciones que
va orientada al mantenimiento del tejido industrial, a su mejora e
incluso a la mejora del nivel de empleo de la industria en nuestro país.
Si me permite el señor presidente, quisiera hacer una última reflexión
sobre algo que también se ha dicho y que entiendo que es más una
acusación a esta Cámara que al ministro, en el sentido de que el
parlamento ha sido marginado de este debate por no haberse producido
antes esta comparecencia. Incluso se ha puesto como ejemplo de lo que no
debe ser un proceso de privatización, que debería someterse a la
transparencia, lo que ha ocurrido con Inespal. Señor presidente, yo
simplemente me he tomado la molestia de acudir a los antecedentes que
obran en mi despacho de los debates que ha habido en esta Cámara sobre
Inespal en esta legislatura, el primero el 11 de julio de 1996, con la
primera comparecencia del ministro, explicando el plan de
privatizaciones. Se habló concretamente de Inespal y se aventuró que no
iba a haber un inversor español en condiciones de acceder a la
titularidad de esta empresa sino que debería ser una multinacional.
Posteriormente, en respuesta a un diputado socialista precisamente, se
manifestó por el Gobierno que existían negociaciones para la venta de
Inespal, que se iniciaron ya hace años y que existían razones
tecnológicas, financieras y de mercado para seguir apostando por esa
operación. También se indicó entonces que en el año 1994 se había
contratado una consultora especialista del sector para iniciar los
contactos y se habló de nuevo de que, en cualquier caso, la alternativa
pasaría por una multinacional. El 11 de diciembre de 1996 se produjo una
nueva comparecencia del ministro para informar sobre el tema de Inespal,
donde también se adelantó que se estaban desarrollando las negociaciones
desde hacía muchísimo tiempo, que existía un problema de definir un nuevo
marco eléctrico para garantizar precisamente al grupo interesado la
viabilidad de su proyecto empresarial. Finalmente, el 9 de abril de 1997,
el presidente de la SEPI compareció en esta Cámara y adelantó, entre
otras muchas cosas --estoy resumiendo por la brevedad del tiempo a la que
me tengo que someter, señor presidente-- que a medios de 1995 se concluyó
un marco de negociaciones con Alcoa, dando lugar a la firma de un acuerdo
de intenciones y dijo también que no había sido posible concretarlo por
los problemas del marco eléctrico --estoy hablando de abril de 1997,
comparecencia del presidente del SEPI--; se habló también de que estaba
ya firmado un acuerdo de intenciones, de 20 de febrero de 1997, y que
como puntos fuertes de ese acuerdo de intenciones estaban la compra de
Inespal por Alcoa, una auditoría temporal de 1997 para formalizar la
operación, la realización de una auditoría de Inespal por parte de Alcoa
y la presentación de un borrador de un proyecto industrial donde se
apueste por el mantenimiento del empleo, con un horizonte de cinco años.
Y aclaró el presidente de SEPI que este acuerdo de intenciones firmado en
febrero --insisto,
la comparecencia era en abril, en esta Cámara-- sólo obligaba a la
exclusividad durante unos meses para seguir con la negociación con este
grupo interesado. Por último, estableció como horizonte temporal para la
firma del acuerdo definitivo mediados de junio de este año. Al final se
hizo en julio, y en la primera ocasión en que esta Cámara, esta Mesa y
Junta de Portavoces han tenido ocasión de solicitar del ministro, vigente
ya el nuevo período de sesiones, que dé las explicaciones oportunas, se
ha hecho y creo que con fortuna, a la vista de la riqueza del debate de
esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Por último, y para concluir el debate de esta
mañana, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señorías,
quiero agradecerles de nuevo a todos sus réplicas y sus comentarios.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Peón su intervención, que
comparto y que me exime de utilizar algún argumento en relación a lo que
se ha dicho.
Quiero decirle al señor Rodríguez que al final ha hecho una reflexión que
comparto respecto a lo que ha sucedido con la flota mercante en nuestro
país. La verdad es que en este tema el balance entre lo que disponíamos
en los años setenta y ochenta y la situación actual de la marina mercante
es negativo. Le anticipo que estamos trabajando en una esquema de apoyo
al sector de la construcción naval que permita una cierta recuperación de
la flota en términos europeos y, por tanto, en el ámbito de la Unión
Europea y en el ámbito de la discusión en el próximo Consejo de Ministros
de Industria de la Unión, tema sobre el cual la propia Comisión está
trabajando.
Lo que he dicho de que el ciclo nos ayude es, desde mi punto de vista,
una obviedad. Además, ojalá la meteorología sea buena para nuestra
agricultura. Esas son cosas que marca la Providencia y yo no he utilizado
ninguna referencia a la Divinidad, celebro que usted lo haya hecho. En
cualquier caso, prefiero expresarme en términos agnósticos porque
responde más a mis propias creencias.
En relación con la intervención del señor Santiso, voy a hacer un
comentario sobre algo que ha dicho al final, que nada tiene que ver con
este debate, por lo menos directamente, pero que probablemente sí
merecería algún día un debate en profundidad en esta Cámara. Me refiero
a la política de I+D, porque ha dicho una gran verdad en términos de que
el esfuerzo empresarial en nuestro país en I+D es muy inferior al que
debiera ser y, por tanto, es necesaria una reflexión de eso que llamamos
el conjunto del sistema ciencia-tecnología-industria en el que las
administraciones, los poderes públicos juegan un papel, los organismos
públicos de investigación, otro, las universidades, otro, pero también el
mundo empresarial, y probablemente uno de nuestros principales problemas,
además de que gastamos poco en I+D como país, es que no gastamos
adecuadamente y que tiene demasiado peso la I o tiene demasiado peso el
sistema ciencia y todavía no hemos sido capaces de ser suficientemente
eficaces en transferir esos conocimientos básicos a la práctica y, por
tanto, a la mejora de la competitividad empresarial. Le anticipo también
que en el seno de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
estamos trabajando a fondo en este tema, y espero que podamos disponer de
conclusiones para enfocar ese problema de una forma distinta y más
ambiciosa en los próximos meses.
En relación con los temas concretos que ha tratado y en cuanto al
carácter directo o indirecto de las subvenciones eléctricas, en principio
hay que decir --ya lo he señalado-- que hasta el año 2001 va a haber la
posibilidad de acogerse a la tarifa G-4 y que ésta se va a mantener hasta
aquel momento porque el esquema tarifario se mantendrá, pero no es una
subvención del Gobierno en sentido estricto, no está en los presupuestos;
es una subvención del conjunto de los consumidores, es un problema de
precios relativos y, por tanto, es el conjunto de los consumidores el que
está primando a través de la tarifa unos precios que permiten a Inespal
y a otras compañías ser competitivas; si no, no lo serían y, en
consecuencia, es un sacrificio que se le pide a los ciudadanos, que tiene
una clara contrapartida en términos industriales o de empleo. Pero no
parece que ése sea un esquema sostenible en el futuro ni que deba serlo,
y de ahí lo que usted llama la subvención indirecta. Precisamente la
introducción de competencia en generación es lo que debe permitir que ya
no existan esas subvenciones cruzadas entre los diferentes niveles de
tarifa.
También ha hecho un comentario en relación con la falta de estrategia
europea en este terreno, cosa que yo lamento igual que usted. Ya dijimos
en su momento que no había un grupo español que pudiera estar en
condiciones de hacerse cargo con garantías del futuro de una Inespal
globalizada, pero, lamentablemente, tampoco ha sido posible encontrar un
grupo europeo, y a partir de ahí creo que hemos optado por la mejor de
las alternativas disponibles. Realmente, los planes industriales no están
esculpidos en piedra, no son una roca, ni tan siquiera los planes
quinquenales, que también se iban adaptando a la realidad. Lo que sí hay
es un esquema de garantías, que he mencionado, que me parecen
suficientemente serias, y una coherencia del propio planteamiento
industrial que liga con una preocupación que ha manifestado tanto usted
como el portavoz del Grupo Socialista sobre si es una alianza estratégica
o no lo es, o si se trata de una pura compra. El punto de partida de la
operación, el punto de partida sobre el que había un consenso
absolutamente generalizado, incluidos los sindicatos y los gobiernos
autónomos, es que la CSI necesitaba un socio estratégico, y en eso
estábamos todos de acuerdo, un socio que aportara tecnología. En
principio, el planteamiento era: eso se puede conseguir en base a que ese
socio tecnológico compre una parte del capital, o se puede conseguir
mediante un planteamiento más ambicioso. Y hemos escogido el
planteamiento más ambicioso, pero el objetivo de fondo era la entrada de
un socio tecnológico, que además puede establecer participaciones
cruzadas, presencias en los consejos de administración que no hay que
despreciar porque eso significa un acceso a la información que en
absoluto es irrelevante, y eso es lo que nos permite pensar en la
configuración de algo más que una pura compra, en algo más que en la pura
entrada de un socio tecnológico mediante la compra de acciones; nos
permite pensar en una alianza empresarial; alianza empresarial que se
produce con una compañía que se ha dicho reiteradamente que es pública.
Es verdad que hay una participación pública en Arbed, pero también es
verdad que no hay una mayoría pública en Arbed. No metamos a la Monarquía
en esto, debe ser el hijo del Gran Duque el que estaba en el consejo de
administración, también se ha hecho referencia a otro preclaro noble,
pero no metamos a la Monarquía en esto. Sí tengo que decir que la
presencia del Ministerio de Economía, del de Finanzas o del Instituto de
Estadística se debe a que la posición del Gobierno luxemburgués en el
capital de Arbed --y así me lo ha manifestado por escrito de forma
oficial el Gobierno luxemburgués a través de mi colega-- tiene como único
objetivo el control financiero, pero no la participación en la gestión ni
en el planteamiento estratégico de Arbed. Arbed es una compañía que se ha
ido haciendo muy importante y grande y es verdad que, como muchas otras
siderurgias europeas, ha ido reduciendo su empleo y su actividad
industrial en la propia Luxemburgo. Hay que decir que casi no cabe una
siderurgia en Luxemburgo, pero también que esa reducción de empleo y de
presencia industrial en Luxemburgo tiene dos matizaciones que, en cambio,
no podemos hacer en relación a la CSI, que también ha reducido empleo y
capacidad industrial hasta ahora. Eso lo ha compensado Arbed con una gran
implantación industrial fuera porque ése es el futuro; el futuro es estar
implantado en diversos países teniendo una presencia comercial
absolutamente globalizada. Arbed ha crecido y se ha expansionado, cosa
que no ha podido hacer la CSI, que iba reduciendo capacidad, cada vez era
más pequeña, iba cerrando los altos hornos de Vizcaya, iba reduciendo
capacidad en Asturias y no hacía nada de puertas afuera. Ahora
pretendemos que tenga capacidad de hacer cosas de puertas afuera.
Eso me sugiere una segunda reflexión respecto a este punto. Una de las
críticas que se suelen hacer cuando entran accionistas extranjeros en el
capital de una compañía nacional, aquí o en cualquier otro país, es que,
cuando el ciclo es bueno, no pasa nada, pero cuando el ciclo es malo,
ante la toma de decisión respecto a dónde hay que recortar capacidades o
plantillas, se toma la decisión de proteger a los suyos primero. El hecho
de que cada vez haya menos aparato industrial y menos empleo industrial
en Luxemburgo, en lugar de ser un motivo de preocupación, es un motivo de
tranquilidad para la propia presencia industrial de Arbed en conjunción
con la CSI en forma de Aceralia. Por tanto, creo que tampoco nos debería
preocupar eso excesivamente, sólo en determinados momentos del debate y
porque obviamente hay temas que hay que discutir siempre, pero creo que
la aportación positiva a cualquier tipo de debate industrial está
precisamente en hablar del futuro. Como en estos temas que hoy hemos
tratado podemos hablar del futuro con esperanza, ahí es donde yo quisiera
situar también las próximas discusiones y reflexiones. Desde luego, no
tengo duda no ya del interés del Grupo Parlamentario Socialista sino de
que S. S., que antes ha hecho referencia a su origen asturiano, también
comparte mi ilusión y mi esperanza por el futuro de la siderurgia.
El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos podido celebrar un debate con rigor
y seriedad en torno a esas tres privatizaciones. Le agradecemos, señor
ministro, todas sus intervenciones.
Quisiera informar a la Comisión que el próximo día 30 se va a convocar la
ponencia que va a analizar el informe sobre la ley del sector eléctrico,
y el día 2 se convocará la Comisión, mañana y tarde, para dictaminar el
proyecto de ley. El día 8 de octubre volverá a convocarse la Comisión de
Industria para hacer la sesión de control, con proposiciones no de ley y
preguntas.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.