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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 274, de 04/09/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 274
INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESUS POSADA MORENO
Sesión núm. 28
celebrada el jueves, 4 de septiembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de Ley de
modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante. (Número de expediente 121/000035) (Página 7902)
Dictaminar, a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, el proyecto
de Ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante. (Número de expediente 121/000035)
(Página 7902)
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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
DE MODIFICACION DE LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL
ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE. (Número de expediente 121/000035.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión de la
Comisión de Infraestructuras. Como SS. SS. conocen muy bien, esta
Comisión fue la última que se reunió en el período pasado, el 30 de
julio, presidida por don Víctor Morlán, y hoy, 4 de septiembre, se
reanudan las sesiones en esta Cámara y comienza también la Comisión de
Infraestructuras.
El punto primero del orden del día es la ratificación de la Ponencia del
proyecto de ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. ¿Se ratifica la Ponencia?
(Asentimiento.) Queda ratificada.
--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, EL
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE
PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE. (Número de expediente
121/000035.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto es el debate sobre este proyecto de
ley. La Mesa y los portavoces han acordado que el debate se realice
defendiendo cada grupo sus enmiendas, de menor a mayor, terminando el
Grupo Popular, y posteriormente habrá un segundo turno de réplica para
cada uno de los portavoces de los grupos. Por ello, sugiero que sea en
ese segundo turno en donde se manifiesten también sobre las enmiendas que
hayan podido presentar otros grupos. Cuando haya terminado el debate,
suspenderemos la sesión durante unos minutos para ordenar adecuadamente
la votación de las enmiendas. Probablemente, las votaciones no serán
antes de las seis y media.
Comenzamos el debate del proyecto de ley con la defensa de las enmiendas
presentadas por el Grupo Mixto. Tiene la palabra su portavoz, señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, la intervención de carácter
general la haremos en nombre del Bloque Nacionalista Galego y de Eusko
Alkartasuna.
El Gobierno anunció la modificación de esta Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante señalando que se trataba de dar una gran
participación a las comunidades autónomas, por tanto, de aumentar el
rango o la competencia de éstas en relación con materia de tanta
importancia económica. Al mismo tiempo, anunció también la ley hablando
de que se trataba de una transferencia de la gestión. Indudablemente, una
lectura detenida del texto que propone el Gobierno para su aprobación por
el Parlamento, en cuanto a la modificación de la ley vigente hasta hoy,
pone de manifiesto que no cambia en absoluto su carácter centralista e
incluso una concepción jerarquizada y unitaria del Estado español. Y esto
es así porque deja intacto, con todo su poder, un organismo fundamental
que estuvo succionando grandes partidas económicas de las autoridades
portuarias que están en toda la costa del Estado español, que es el Ente
Público Puertos del Estado. No hay más que dirigir la vista al grandioso
edificio que mantiene este organismo público en Madrid para poder
comprender hasta qué extremo se trata de una cabeza de gigante, que
precisamente no está en un puerto de mar. Por otra parte, el carácter
superior, ejecutor y planificador de este organismo, el Ente Público
Puertos del Estado, sigue estando tutelado políticamente por un organismo
de carácter central como es el Ministerio de Fomento, que defina y
controla en último término la política portuaria del Estado.
Este tipo de visión de conjunto sobre la ley está, además, perfectamente
testimoniada en aspectos particulares, por ejemplo, cuando sólo hace la
concesión a la comunidad autónoma de que pueda designar los miembros de
los órganos de gobierno de las autoridades portuarias en un número entre
15 y 22 según el proyecto originario, o el afán fiscalizador que se ve
como obsesión --incluso a pesar de que la estructura sigue siendo
jerarquizada, unitaria y centralista-- del Estado por fiscalizar, con su
derecho a veto --precisamente a través de representantes de la
Administración General del Estado en los órganos de gobierno de las
autoridades portuarias--, determinado tipo de materias que hacen
referencia a algún tipo de actividad económica que debe de ser avalada
con sus cinco vocales, concretamente, el capitán marítimo, el abogado del
Estado y el representante del Ente Publico Puertos del Estado.
No cabe duda que, si éste es su carácter general, la ley podía ser
mejorada, sin entrar en colisión con lo que establece el artículo 149.20
de la Constitución española de dejar como competencia exclusiva de la
Administración central la política de los puertos de interés general, a
través de una serie de enmiendas que hiciesen compatible un marco
competencial compartido, y a este fin van destinadas, en particular, las
enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, que en el boletín figuran con
los números 18 a 47. En total 30 enmiendas que, según tengo entendido,
por las palabras de la portavoz del Partido Popular, doña Mercedes
Fernández González, no serán aceptadas precisamente por su carácter
filosóficamente contrario al del proyecto del Gobierno.
Las enmiendas, en concreto, se pueden dividir en tres grandes apartados,
y a ellas me referiré así.
Hay una serie de ellas, las que están enumeradas en el boletín desde el
número 18 hasta el 30, que hacen referencia precisamente a aumentar el
marco competencial de las comunidades autónomas en la planificación y
control de la política portuaria, o a compartir con el Estado, es decir,
con el Ministerio de Fomento, y en concreto con el Ente Público Puertos
del Estado, a través del propio ejecutivo de las enmiendas autónomas o de
organismos equivalentes
dentro de su territorio, al ente público de carácter general y central.
En este sentido hay enmiendas que van destinadas a que se pueda
posibilitar la transferencia de competencias en materia pesquera, que
fue, por cierto, solicitada por unanimidad en el Parlamento de Galicia en
el año 1994, ya que representa un sector económico fundamental para el
PIB de Galicia, y es también fundamental su coordinación, planificación
y control desde dentro de la comunidad autónoma; hay otras referidas a
que en primera instancia pudiese haber por lo menos una coordinación de
la política relacionada con la Comisión de Faros, un primer nivel de
estructura en la comunidad autónoma; otras hacen mención a que, dentro de
un marco general, no sea obligatoria la aceptación de un marco sindical
para la negociación laboral; hay también otras referidas a participación
en el tema de señalización marítima, y otras que tienen relación con tres
temas de importancia crucial, una de ellas es posibilitar que por los
menos la comunidad autónoma pueda participar con sus informes en la
presencia del Estado español --a través del Ministerio de Fomento, de la
autoridad portuaria central, del Ente Público Puertos del Estado-- en los
organismos y comisiones internacionales que traten de materia marítima y
de materia relacionada con el transporte marítimo y con los puertos, y
algo que es clave, que es poder participar también en todo lo que tiene
que ver con la política intermodal en materia de transporte, con la
política portuaria, de transportes ferroviarios y transportes por
carretera, donde además ya tienen competencia determinadas comunidades
autónomas.
Otra cuestión que es también muy importante es la participación en la
política comercial internacional. A nadie se le oculta que, en el caso de
Galicia --aunque no solamente en Galicia, aunque aquí de una manera mucho
más clara-- no es posible que se pueda vivir totalmente de espaldas a la
política comercial internacional que haga, por ejemplo, el Gobierno
portugués, o autoridades portuarias de puertos tan próximos como Oporto
o como el de Viana do Castelo, en relación con Vigo. O con Marín en
Pontevedra, y también con A Coruña o el propio Ferrol. Por tanto, no es
sustituir la capacidad competencial del Estado, sino poder participar con
los propios informes en este tipo de materias. En consecuencia, las
enmiendas de la 18 a la 30 van destinadas a este tipo de marco
competencial en el que se daría participación a la comunidad autónoma que
estuviese dispuesta a ejercerlo.
Un segundo bloque de enmiendas irían destinadas a simplificar la
estructura organizativa de los entes en cuestión y la participación
claramente democrática de los órganos que tienen algo que ver con toda la
materia portuaria. Decimos esto porque la estructura funcional que ofrece
la ley es excesivamente compleja y en muchos momentos incluso
disfuncional. No se sabe muy bien para qué puede valer un consejo
consultivo, por lo que en la enmienda número 31 pedimos su supresión.
Tampoco sabemos por qué el consejo rector no va a contar con la
participación de todos los presidentes de las autoridades portuarias (a
tal fin va destinada la enmienda número 32), o por qué razón no se
establece más claramente que es una competencia de la comunidad autónoma
la posibilidad de crear organismos únicos de un sistema portuario a nivel
de la comunidad autónoma respectiva, un pool de puertos, que realmente
sería muy importante que naciese por iniciativa de la propia comunidad
autónoma y teniendo ella algo que ver en su planificación, en su control
y en su gestión.
También sería muy importante mantener el carácter de servicio público de
las autoridades portuarias en materias tan delicadas como vigilancia,
control de mercancías, carga y descarga, y por qué no, dar participación
gratuita en lo que son las infraestructuras portuarias a organizaciones
de carácter no lucrativo, no sólo como la Cruz Roja, que indica la ley,
sino otras no gubernamentales, siempre que estuviesen legalizadas o sus
actos fueran destinados a fines humanitarios.
Por fin, un tercer bloque iría destinado a paliar lo que la ley deja
incólume, que es el carácter prepotente del Ente Público del Estado y,
por derivación, de las autoridades portuarias, que van a poder seguir
actuando como islas con total insensibilidad respecto del marco en que se
mueven, especialmente en materia medioambiental y en materia de
ordenación territorial y de urbanismo. A este fin va destinada la
enmienda número 34, que aumentaría la participación autonómica y local,
dejaría claro todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio
y del urbanismo, aunque sea dentro de los servicios portuarios o de los
terrenos afectados por este servicio de la autoridad portuaria; la número
35, que iría destinada a dejar claro que los usos de dominio público
portuario no pueden ser de exclusivo hacer y deshacer, sin encomendarse
a ningún tipo de control externo de la autoridad portuaria; la número 37,
que iría destinada a eliminar el derecho de veto de los representantes
del Estado cuando se trata de participación en sociedades mercantiles y
adquisición o enajenación de acciones no superior al 5 por ciento; la 38,
que daría participación en la planificación, proyecto y ejecución de
obras y en la gestión del dominio público y del transporte precisamente
a las administraciones locales y autonómicas, y también a un organismo
autonómico que sería el equivalente del Ente Público Puertos del Estado
a nivel general, es decir, que esto no quedase sólo en manos de lo que es
la autoridad portuaria que no ha dado buenos ejemplos en los últimos años
en todas estas materias.
De igual manera en materia de enajenación o permuta, que pensamos que
también debería haber algún control de lo que serían organismos
autonómicos, a los que habría que informar en relación con estos temas.
No cabe duda de que la comunidad autónoma debía de emitir informes sobre
programas de actuación de las autoridades portuarias y sobre sus
presupuestos.
En definitiva, señorías, pensamos que no es cierto que las enmiendas del
Bloque Nacionalista Galego hiciesen inviable esta ley por
anticonstitucional. Es cierto que contempla evitar la prepotencia, evitar
las materias de competencia exclusiva, que quiere decir participación
excluyente de otros poderes políticos, ya que no posibilita que por ley
autonómica hubiese un control en determinado tipo de materias, o
posibilitar la potenciación de la política portuaria, porque mejor la
conoce precisamente quien la tiene que padecer más de cerca.
Estas enmiendas solamente harían palidecer el carácter superior y
prepotente del Ente Público Puertos del Estado, dándole un carácter más
plural y más diverso, de mayor coparticipación y más democratizado, de
más copartícipes en la planificación y control y, por tanto, en el
aumento competencial de las comunidades autónomas, por supuesto, en la
democratización de la gestión de unos puertos que deben de tener un gran
grado de autonomía de sus autoridades, pero dentro de lo que es una
materia que atañe a toda la sociedad, a la economía en general del Estado
español y muy en particular de las comunidades autónomas que tienen estos
puertos de interés general ubicados en sus territorios.
Solamente quiero añadir que hubo en principio un acuerdo entre todos los
grupos que participamos en el informe de la ponencia por el que se podría
hacer una enmienda in voce de carácter puramente técnico al punto 4 del
anexo de la ley, que consistiría en cambiar La Coruña y Villagarcía de
Arosa por A Coruña y Vilagarcia de Arousa, con dos argumentos de
justificación: el primero, el respeto a la toponimia originaria, y el
segundo el respeto a la legalidad vigente en materia lingüística, que es
la Ley 3/1983, de 15 de junio, del Parlamento de Galicia, que reza en su
artículo 10.1: «Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial
la gallega», ley aprobada por unanimidad del Parlamento que nunca fue
puesta en entredicho por ningún tribunal. El punto 10.2 dice:
«Corresponde a la Xunta de Galicia la determinación de los nombres de los
municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías
de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia.»
El señor PRESIDENTE: Me parece muy oportuna esa enmienda in voce para que
se considere por los demás grupos.
Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señores diputados, intervengo en nombre del Grupo
Vasco... (El señor García-Arreciado Batanero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rivero, un momento, por favor.
El señor García-Arreciado tiene la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Quiero dar por defendidas en sus
propios términos las enmiendas de la señora Lasagabaster. (El señor
Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quiero decir que aunque la intervención
general fue solamente sobre las enmiendas de la señora Lasagabaster y las
del Bloque Nacionalista Galego, también doy por defendidas las enmiendas
particulares de Unión Valenciana y de Eusko Alkartasuna.
El señor PRESIDENTE: Esta presidencia, por tanto, considera que esas
enmiendas se darán por defendidas y quedan pendientes para su votación.
Tiene la palabra ahora el señor Rivero, portavoz de Coalición Canaria.
El señor RIVERO BAUTE: Decía que a este proyecto de ley hemos presentado
enmiendas conjuntamente el Grupo Vasco y el Grupo de Coalición Canaria y,
por tanto, en esta Comisión actúo como portavoz de ambos grupos
parlamentarios.
Ya en el debate de totalidad de este proyecto de ley valorábamos
positivamente, de una forma global, el texto presentado por el Gobierno,
sobre todo por la referencia que se hacía a integrar los intereses de las
comunidades autónomos en la gestión de los puertos de interés general, y
básicamente en dos aspectos: por una parte, la mayor participación de las
comunidades autónomas en los consejos de administración de las
autoridades portuarias y, por otra parte, el nombramiento de los
presidentes de las autoridades portuarias y demás órganos de gobierno por
los gobiernos autonómicos. Pero junto a esa valoración global positiva
que hacíamos del proyecto de ley, anunciábamos también la intención de
ambos grupos parlamentarios de presentar conjuntamente una serie de
enmiendas tendentes a mejorar el texto presentado por el Gobierno, y en
algunos casos a tocar aspectos no previstos en el mismo de la ley del año
1992.
He de señalar, porque es de justicia, la buena disposición que hemos
encontrado el Grupo Vasco y Coalición Canaria tanto en el Ministerio de
Fomento como en el Grupo Parlamentario Popular, fundamentalmente a través
de la ponente doña Mercedes Fernández, para hacer un esfuerzo y llegar a
acuerdos en las numerosas enmiendas presentadas conjuntamente por vascos
y canarios. Ese esfuerzo y ese trabajo que le hemos dedicado han dado
frutos en una serie de enmiendas que luego pasaré a enumerar.
Quiero destacar igualmente la participación y la generosidad que ha
tenido el Grupo Catalán en este trabajo intenso que hemos realizado para
mejorar el proyecto de ley. Ayer anunciábamos un adelanto de nuestra
posición en la ponencia al objeto de facilitar el trabajo, dadas las
numerosas enmiendas presentadas, y hoy en la Comisión anuncio también
formalmente la ratificación de esa posición sostenida ayer dirigida a
retirar una serie importante de enmiendas. Todos los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios y el letrado tienen a disposición un
resumen de las enmiendas retiradas, por eso creo que no es necesario leer
cada una de ellas. También ratificamos la posición sostenida ayer en el
sentido de aceptar las transacciones previstas en esa segunda columna
presentadas a las enmiendas 95, 146, 101, 107, 106, 118, 121, 123 y 124,
132 y 140 y 142. Aquí quiero hacer una matización importante en el
sentido de que existe un error material en la 118. Hemos aportado ya a la
Mesa, a través del letrado, el texto correcto, y esperamos que se corrija
para la posterior votación. También anunciábamos ayer en ponencia que
manteníamos vivas para debatir hoy en Comisión las enmiendas
106, 111, 117, 128, 143, 144 y 145. Fruto de los trabajos que hemos
realizado esta mañana tengo que anunciar --espero que luego sea la
portavoz del Grupo Popular la que dé a conocer el texto definitivo que
hay acuerdos con enmiendas transaccionales a todas estas enmiendas que
hoy estaban pendientes para ser debatidas en el transcurso de esta
Comisión. Igualmente, en el informe deben quedar incorporadas de forma
literal las enmiendas 141 y 150, que están asumidas en ponencia con sus
textos originales, si bien la 141 figura como transaccional porque debe
ir recogida en una disposición adicional.
Los acuerdos básicos a los que hemos llegado ambos grupos parlamentarios,
que están recogidos en esas enmiendas transaccionales y por los que vamos
a apoyar este proyecto de ley, se concretan en los siguientes aspectos,
que entendemos que enriquecen el proyecto de ley: la posibilidad de
traspaso a las comunidades autónomas de dársenas pesqueras y espacios
náuticos deportivos, la función del presidente de la autoridad portuaria
de proponer el nombramiento de vicepresidente, el reforzamiento de su
papel decisorio frente a las funciones gestoras del director del puerto
y su capacidad de proponer criterios relativos a las condiciones de
prestación del servicio de estiba y desestiba, todo ello supone una
importante mejora de este órgano, cuya designación corresponde a los
consejos de gobierno de las comunidades autónomas. También se ha mejorado
la regularización de los plazos en las condiciones portuarias; se ha
introducido la posibilidad excepcional de instalar establecimientos
hoteleros en los puertos cuando fuera preciso, y se ha mejorado el
sistema de regulación de los cánones. Asimismo, se reconoce la
competencia de las comunidades autónomas en los vertidos y dragados de
sus puertos y en la realización de las funciones de salvamento marítimo.
Especial importancia tienen para el Grupo Canario las enmiendas más
específicas referidas a territorios alejados o territorios insulares. En
ese sentido, hablamos de las condiciones de Canarias, de Baleares, de
Ceuta y Melilla, y la necesidad de adoptar medidas legislativas que den
cohesión a todo el territorio del Estado, y fundamentalmente a los
territorios insulares entre sí. El papel del Legislativo es fundamental
a la hora de crear el marco adecuado de la España continental con unas
condiciones específicas para los territorios alejados, para los
territorios fragmentados, qué medidas específicas necesitan desde el
punto de vista legislativo que sirvan luego para propiciar los
instrumentos adecuados para resolver los problemas singulares de estos
territorios. Cuando hablamos de territorios alejados, de territorios
insulares, de su singularidad, de su especificidad, si nos referimos a
una materia como la que hoy debatimos --materia de puertos o
aeropuertos--, concretamente puertos, esa realidad, esa necesidad de
remarcar específicamente esas condiciones se hace más acuciante, puesto
que los puertos, como no se le escapa a S. S., son el instrumento clave
para posibilitar el desarrollo social y económico de los archipiélagos y
de los territorios alejados, en este caso Ceuta y Melilla. Por eso
valoramos muy positivamente el apoyo que hemos recibido en un primer
momento en este acuerdo del Grupo Vasco, del Grupo Catalán y del Grupo
Popular, en el sentido de dejar remarcado en este proyecto de ley esas
condiciones singulares. En ese sentido, se ha incorporado la
consideración de los tráficos interinsulares y de las islas con la
Península como navegación de interés público. Tema esencial e importante,
dado el proceso privatizador y liberalizador de los transportes en Europa
en el que estamos en estos momentos es la incidencia que puede tener en
los tráficos con los territorios insulares. Este es el marco adecuado
para que el Gobierno arbitre las medidas oportunas que garanticen en
cuanto a la frecuencia, precios y calidad de los servicios la conexión
con estos territorios.
Valoramos positivamente en el proyecto de ley el reconocimiento del
principio de solidaridad interterritorial con los puertos de las islas
menores; la creación de la subcomisión de transportes, puertos y
aeropuertos canarios como órgano de integración de políticas de
transportes; que se contemplen en la política tarifaria las
especialidades del archipiélago canario por la lejanía del continente
europeo y por la competencia de los puertos africanos próximos; y que se
incluyan como puertos de interés general el de Timijiraque, a construir
en la isla de El Hierro, y el de Guía de Isora. Por ese entendimiento que
ha habido con los distintos grupos políticos, por ese esfuerzo realizado
y por estas aportaciones que mejoran notablemente el proyecto de ley
presentado por el Gobierno, anunciamos nuestro apoyo a estas enmiendas
transaccionales y esperamos el de los diversos grupos políticos a las
enmiendas presentadas.
El señor PRESIDENTE: Para defender sus enmiendas, por parte del Grupo
Catalán, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, le voy a pedir permiso para ser
muy breve, aunque avance respecto a la hora tope que usted ha fijado,
porque nuestro grupo ha presentado muy pocas enmiendas. Como el proyecto
fue muy trabajado en algunos momentos con nuestro grupo, no tuvimos
necesidad de presentar enmiendas.
El proyecto de ley establece unos criterios cuya finalidad es dotar a los
puertos de interés general de una organización capaz de competir con un
sistema económico cada día más abierto y libre. Con el debate, estudio y
transacción de todas las enmiendas que se han presentado se mejora el
texto original e incluso la ley, dejando a la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante en óptimas condiciones para que el sistema portuario
obtenga altas cotas de eficacia en la gestión. No me voy a extender en
explicar lo que era la ley, lo que es ahora y cómo va aquedar, porque ya
lo hemos expresado muchas veces y tendremos que hacerlo nuevamente en el
Pleno, donde haremos el resumen final respecto a este tema.
Por lo que se refiere a las enmiendas de Convergència i Unió, hemos
presentado algunas de carácter técnico. Fue aceptada en ponencia la
número 184, que tiene un cierto valor porque define y aclara la forma de
designar a los miembros de los consejos de administración, lo cual nos
parecía importante porque aclaraba alguna duda de la redacción. La número
185 subsanaba un error y ha sido también
aceptada, así como la número 190. Como son prácticamente iguales nuestra
enmienda 180 y la 181 del Grupo Socialista --aunque el texto no es
exacto--, nos gustaría que antes de la votación hubiera una transacción
o que uno de los dos grupos retirase la suya para votar la otra. Anuncio
que no tendremos inconveniente en retirar la nuestra para que prospere la
181 del Partido Socialista. Las números 186 y 187 son dos importantes
enmiendas que se transaccionan con otras de los Grupos Vasco y Coalición
Canaria. Anuncio en este momento la retirada de la enmienda 189.
Sólo queda vida la número 188 por la que nuestro grupo tiene interés,
aunque ya lo tuvo en la discusión de la ley. Lo que se pretende es que se
regule mejor la figura de los agentes consignatarios de buques pues no
creemos que esté bien definida su forma de actuar en los puertos. Ya sé
que no va a prosperar nuestra enmienda pero hay que defenderla porque en
los puertos encontramos armadores, fletadores, porteadores y
consignatarios, de los cuales básicamente es este último el que recibe
toda la responsabilidad respecto a las mercancías. Se argumenta que
nuestra enmienda debería recogerse en otro lugar, que son relaciones
propias del Derecho mercantil fuera de la Ley de puertos. Nosotros
creemos que no. Se nos ha dicho que se podía optar por alguno de los
agentes que antes he citado, armadores, fletadores, porteadores,
consignatarios, pero que se eligió a estos últimos. Con nuestra enmienda
lo que se pretende es fijar la responsabilidad del consignatario pero
subsidiaria a la del verdadero propietario de la comercialización de las
mercancías en los puertos. Aunque sabemos que no va a prosperar, la
mantenemos y quisiéramos convencer a los grupos, desde ahora hasta la
discusión en Pleno, de la necesidad de alcanzar una transaccional para
regular este tema.
Señor Presidente, en este momento me hago portavoz de todos los grupos
porque he estudiado un poco la materia y quiero decir que nuestro grupo
presentará, si lo cree conveniente, enmiendas en el Senado a los
artículos 24 y 35 de la Ley de noviembre de 1992 porque en ellos se
define a Puertos del Estado y autoridades portuarias como entes de
derecho público y desde que se publicó la modificación de la ley hasta
ahora ha habido muchas modificaciones --valga la redundancia--, ya que la
Lofage afecta a otras definiciones. En el Senado habrá que introducir
variaciones a los citados artículos 24 y 35 para que en una misma ley no
definamos los entes de una manera y después, de acuerdo con alguna
transaccional que pueda aprobarse hoy, lo hagamos de forma distinta.
Sería conveniente, para pulir técnicamente la ley, introducir esas
enmiendas. Digo esto para dejar constancia de que en esta ponencia, en
esta Comisión --ayer lo estuvimos discutiendo, pero o veíamos la manera
de introducir una enmienda rápidamente--, hay personas que han sido
suficientemente curiosas y detallistas en este tema.
Me parece que ha dicho usted, señor Presidente, que el comentario
respecto a las enmiendas de los otros grupos se hará en la segunda
intervención. Sólo me resta agradecer a los Grupos Popular, Vasco y
Coalición Canaria los esfuerzos que hemos tenido que hacer, lamentando
que no lo hayamos logrado con otros, por cuanto nos separaban mucho los
criterios sobre la ley.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Diré que voy a ser breve, pero luego
comprobaremos cuál es en el tiempo la ocupación que hago de este turno,
señor Presidente.
Creo que sería bueno poder hacer una comparación: qué puertos tenemos en
la actualidad y cómo funcionan; de qué manera han evolucionado desde el
año 1992 hasta ahora; qué se nos propone y por qué; y cuál es la fase que
hemos tramitado, porque nos encontramos hoy aquí para debatir las
enmiendas después de un informe que hace la ponencia que, desde mi punto
de vista, en algunos elementos ha empeorado el impulso inicial fruto de
lo que llamaba el portavoz de Convergència i Unió, señor Sedó, una
propuesta muy trabajada con su grupo previamente a su presentación. La
fase de la ponencia ha sido muy trabajada con la parte contratante que
había quedado fuera de ese amejoramiento previo, es decir PNV y Coalición
Canaria, que se han sumado a ese contrato más amplio.
La propuesta que el Gobierno nos hace y que ha salido con el informe de
la ponencia, señor Presidente, no solamente no mejora la realidad, no
solamente no hace más útil el funcionamiento de nuestros puertos, sino
que confunde. Nosotros estamos de acuerdo en que haya más autonomía, que
es una demanda de los partidos nacionalistas, pero también en una
definición de una actuación intermodal que significa la ordenación
territorial. Esa actuación intermodal por fuerza tiene que hacer confluir
voluntades y mantener políticas de solidaridad, porque la competitividad
no lo soluciona. Estamos de acuerdo en que haya más autonomía, pero no en
los otros dos apellidos: más competitividad y libertad total tarifaria,
porque terminarán quedando los puertos grandes y potentes y desaparecerán
los pequeños o menos potentes si no se especializan y se quedan para la
parte de grano que pueda haber en esa producción. También, junto con la
competitividad, lo que pudiéramos llamar más negocio y menos solidaridad.
Nosotros no creemos que eso sea posible. Es bueno que el Estado de las
autonomías que tenemos, el Estado más federal que podamos tener mañana,
ponga en manos de las comunidades autónomas una participación en la
gestión, incluso una gestión más directa, pero no es bueno que se
desentienda de una política de ordenación territorial.
Les voy a poner tres ejemplos: en la zona de influencia del puerto de
Barcelona Zaragoza pinta muchísimo, toda la producción de Aragón sale por
el puerto de Barcelona; León tiene una producción que sale por
determinados puertos, y no está en las comunidades que tienen puerto;
Albacete tiene una producción y el puerto o la autoridad portuaria de
Cartagena va a intentar captar lo que va a entrar en competencia con
Alicante o con Valencia.
Señor Presidente, no nos encontramos ante un proyecto, un diseño global
del cual se decante después mejor gestión. Ese es uno de los errores que
contiene. En la actualidad
nos encontramos con una red global de puertos especializados y
competitivos, con un mecanismo cruzado de solidaridad que mantiene una
horquilla tarifaria y una autosuficiencia de los puertos, pero mantiene
un fondo que va a irse a inversiones que significan un desarrollo de los
más pequeños, fondo que en el año 1997 va a suponer un movimiento de más
de 2.626 millones de pesetas. No son pocos dineros para intentar invertir
en los puertos más pequeños. Por ejemplo, Avilés, va a recibir este año
de ese fondo 322 millones de pesetas; Melilla, va a recibir 376 millones;
y Pasajes. Se puede decir que se mantiene el fondo, pero es un fondín,
porque se dice que las autoridades portuarias excedentes podrán
participar en lo que ellas estimen oportuno. Sabe usted, señor
Presidente, señorías, que eso no funciona así en la economía actual, no
solamente para los beneficios de tesorería y en función de lo que quieran
aportar, si no hay una obligación de un volumen total del movimiento al
cual se tienen que comprometer solidariamente.
El funcionamiento de los puertos era autosuficiente puesto que había un
fondo de solidaridad que facilitaba una especie de actuación intermodal
desde el Plan director de infraestructuras. Esta propuesta es fruto,
señor Presidente --éste es uno de los grandes defectos--, de las prisas
y del parcheo de un acuerdo de investidura que ha llegado hasta aquí con
la voluntad de tramitar esto rápidamente. Yo todavía no entiendo por qué
esta rapidez. Decía el señor Presidente que esta Comisión es la primera
que se ha reunido en este período ordinario. ¡Y tanto que la primera!,
estamos a 4 de septiembre. Se quería celebrar en julio. No sé a qué viene
esta prisa. ¿Nos encontramos con que hay que responder a las demandas que
tienen los socios que me apoyan, o estamos de verdad ante la voluntad de
hacer la mejor regulación legal para el mejor funcionamiento de los
puertos? ¿Nos encontramos discutiendo de verdad de qué manera ensamblamos
un proyecto territorial para España, con su proyección en los puertos, en
el que todos damos nuestra opinión? No. Nos encontramos con una discusión
bilateral que se impone en la tramitación parlamentaria. La prueba está
en las enmiendas que se nos han admitido a los grupos parlamentarios que
tenemos una opinión discrepante.
En la ordenación territorial no se puede ir a las mayorías, porque el
territorio no tiene vuelta; una vez que desaparece un puerto, montarlo
otra vez es muy complicado; una vez que realizamos una actuación
determinada, la marcha atrás es muy complicada, no es posible. Por tanto,
debería haberse buscado el máximo encuentro posible en ese diseño
portuario y en esa evolución. Y si hoy podíamos llegar al consenso en una
cosa, deberíamos haberlo alcanzado.
Señor Presidente, ésa es la voluntad que ha mantenido el Grupo de
Izquierda Unida. ¿Cuáles son las enmiendas de nuestro grupo?
Fundamentalmente, tienen seis objetivos: el primero, mayor participación,
que en el funcionamiento de los puertos exista mayor presencia no
solamente de los que gobiernan las comunidades autónomas, sino, por
ejemplo, de las organizaciones sindicales y que elija a los
representantes de las comunidades autónomas el Legislativo y no el
Ejecutivo. En nuestras enmiendas números 81, 82 y 89 hablamos de un 30
por ciento de participación en el consejo de organizaciones
empresariales, de cámaras de comercio, etcétera. En suma, las enmiendas
73, 78, 81, 82 y 89 proponen una mayor participación y no sólo un
engranaje de relación entre comunidades y Estado.
El segundo objetivo de nuestras enmiendas números 75 y 76, es que haya
mayores competencias para Puertos del Estado. Fundamentalmente,
proponemos dos: que tenga competencia Puertos del Estado para diseñar y
realizar planes de limpieza marítima y dársenas portuarias y para
proponer estrategias y criterios de actuación sobre recursos humanos.
Porque en la actualidad la negociación colectiva, salarial y productiva
entre todos los puertos, aun manteniendo sus diferencias, tiene una
realidad determinada. Con esto que hoy estamos poniendo en marcha se va
a producir una lucha bestial entre la necesidad de producir y las tarifas
de cada uno de los puertos y entre las negociaciones y el personal que
ahora está funcionando. Vamos a ver una dispersión tremenda; no va a
haber capacidad, puesto que cada autoridad portuaria va a funcionar de
una forma. Hoy hay una negociación en conjunto. ¿Tan diferente es la
estiba en el puerto de Cartagena de la de Alicante? ¿Tan diferente es la
de Algeciras de la de Málaga? Yo no lo pienso así. En el caso de Málaga,
está en la misma comunidad; vamos a hablar de Gijón y A Coruña. No creo
que sean tan diferentes.
El tercer bloque de nuestras enmiendas, las número 84, 85 y 86, va
dirigido fundamentalmente al mantenimiento del fondo de inversión, del
fondo de solidaridad. Nosotros proponemos reducir la aportación de las
autoridades portuarias en el funcionamiento de Puertos del Estado; en
lugar de un 4 por ciento puede funcionar con un 3 por ciento; reducimos
esa participación. Sin embargo, incrementamos hasta un 10 por ciento la
aportación de Puertos del Estado a ese fondo de solidaridad después de la
liquidación de su funcionamiento, de su autofinanciación portuaria.
Asimismo pedimos que ese fondo de solidaridad y de financiación esté
constituido por los excedentes de tesorería que deben poner las
autoridades portuarias, pero no, como dice el proyecto del Gobierno y
figura en el informe de la ponencia, que libremente decidan, según lo que
ellos aporten, porque así no aportará nadie y siempre habrá que hacer
frente a gastos, siempre habrá inversiones que se puedan hacer un año en
lugar de aplazarlas al siguiente. Queremos que la lucha que se puede
producir entre los puertos vaya unida a una realidad que no distorsione
la estructura actual de puertos, porque podemos ir a especializaciones y
a deterioros de puertos en ventaja de otros. En el fondo hay algo
positivo en la propuesta: buscar que nuestros puertos sean competitivos
con el resto de puertos del Atlántico o del Mediterráneo que no son de
nuestro país, pero eso no se consigue sólo haciendo un puerto más
competente frente a los demás.
El cuarto bloque es el de la no liberalización concesional. La enmienda
número 88 propone que la gestión del funcionamiento en los puertos esté
hecha por las autoridades portuarias. En la actualidad hay muchas
concesiones. Yo les puedo asegurar que esas concesiones, que en muchos
casos están en régimen de monopolio privado, que es un régimen de gestión
indirecta, no han significado una reducción de tarifas pues hay un
incremento brutal en los últimos años de éstas. Por tanto, esa pretendida
concesión privada no se ha beneficiado de la reducción de las propias
tarifas.
El bloque quinto va dirigido al régimen tarafario. Nos conformamos --como
decía aquél: Virgencica, Virgencica, que me quede como estoy-- con el
régimen tarifario actual. Decimos que el Estado y el Ministerio de
Fomento pueden establecer una horquilla de esas tarifas, porque la
liberalización de las tarifas va a provocar una confrontación entre
puertos, y el problema no es si el puerto de Barcelona gana más que el de
Tarragona, o cómo el puerto de Cartagena le quita al de Alicante. El
problema es cómo los dotamos de recursos para especializarse y poder
mejorar cada uno de los puertos que en la actualidad conforman nuestra
ordenación territorial desde la oferta intermodal, que debe de ir unida
a la ferroviaria, a la aérea y a la de las propias carreteras.
Por último, en las enmiendas números 80 y 91 proponemos algo que está
ausente de la discusión actual: que el reglamento del servicio de policía
sea una de las competencias añadidas a la autoridad portuaria, artículo
37.1. En la número 91 pretendemos que ese reglamento del servicio de
policía comprometa el funcionamiento de los celadores y guardamuelles que
están encargados de una actividad determinada y que no sabemos cómo va a
quedar. Es verdad que eso debe desarrollarse a través de un reglamento,
no estamos diciendo que se haga por ley. Por cierto, muchas de las
discusiones que hemos tenido en el informe de la ponencia se deben a que
se han añadido desarrollos más reglamentarios que típicos de una ley.
Señor Presidente, después de exponer los objetivos de nuestras enmiendas,
termino diciendo que vamos a mantener un voto muy particular a tres
enmiendas aceptadas y transadas en el debate del informe de la ponencia:
la número 20 bis, que modifica el artículo 54.6 del proyecto, aceptando
una iniciativa de la parte trabajada aún no compensada por parte de
Convergència i Unió y de otros grupos, sobre lo que significa la
ampliación del plazo de las concesiones en 30 años. Decía al principio el
portavoz del Grupo Mixto que Puertos del Estado era una especie de
máquina poderosísima. Fíjense en el eufemismo. Dice este artículo que se
acaba de modificar que la concesión será decidida por la autoridad
portuaria previo informe de Puertos del Estado. Hemos convertido a
Puertos del Estado en una oficina que hace estudios, para que la
autoridad portuaria, en cada caso, autorice o no el incremento de una
concesión; concesiones que pueden estar en 25 ó 30 años. Es gracioso ver
cómo empieza el enunciado de este artículo: El plazo de vencimiento de
las concesiones será improrrogable. Pero los hados se han truncado y
después añade que salvo que el otorgamiento lo recoja y la autoridad lo
apruebe. Entonces se puede ampliar hasta 30 años, desde 25 y 30, según
las concesiones; pueden estar 55 ó 60 años. A esa enmienda vamos a
mantener el voto particular.
Por lo que atañe al artículo 20 ter, artículo 55.2, aunque tengo que
reconocer que es matizado después de hablar de las prohibiciones de las
ocupaciones de dominio público y de las edificaciones de los puertos,
dice que el Consejo de Ministro podrá autorizar por razones de utilidad
pública las instalaciones hoteleras en aquellos espacios del puerto de
interés general. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Yo sé que hay
gente que piensa que esa especie de centro de comercio o del famoso World
Trade Center puede ser una salida para algún sitio, pero nosotros
estimamos que el puerto es el puerto y los hoteles son los hoteles y, por
tanto, no creemos que hoy se pueda hacer, porque vamos a una actuación
típica de países en vías de desarrollo. En Singapur, la autoridad
portuaria gestiona todo el movimiento de actuación; pues bien, el 80 por
ciento de los negocios del puerto de Singapur son inmobiliarios,
especulativos. ¡Vaya fórmula de funcionar respecto al transporte de
mercancías!
Por último, señor Presidente, mantenemos el voto particular a la enmienda
que se ha introducido creando una disposición adicional decimoséptima, en
donde se habla --también está muy matizado porque dice que lo aprobará el
Gobierno mediante real decreto-- de la segregación de determinadas
actuaciones. Se mencionan cosas que pueden ser razonables como, por
ejemplo, los espacios pesqueros, lo cual parece lógico, pero, luego, se
mezclan espacios destinados a usos náuticos, deportivos, etcétera, lo
cual puede llevar a una realidad extraña, como es la de crear una presión
sobre los puertos que hasta ahora no existía.
Dejo para después, señor Presidente, como muy bien ha pedido S. S.,
comentar las demás enmiendas en función de cómo queden, porque nos ha
hecho llegar la portavoz del Grupo Popular una serie de transacciones
nuevas a otras enmiendas que no fueron incorporadas en el informe de la
ponencia; en función de cómo queden, nos posicionaremos. Le hemos hecho
llegar una distribución de votaciones por separado, que también se verá
afectada, señor Presidente, en función del debate que pueda haber en la
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para ordenar luego las votaciones, al final del
debate, como ya he dicho, suspenderemos la sesión para que quede
perfectamente claro lo que se vota en cada momento.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el
señor Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Señor Presidente, antes de empezar, quiero
clarificar que nosotros hemos estado excluidos de este festival de pactos
y de acuerdos. Supongo que ya no habrá duda alguna cuando sean las
votaciones, pero deseo que quede claro desde el principio. Nosotros
hubiéramos querido aportar algo también; estamos seguros de que lo
hubiéramos conseguido. Nuestras ideas están plasmadas en estas enmiendas,
algunas de las cuales nos parecen tan inocuas que no entendemos por qué
no se acepta ninguna de ellas.
Antes de presentar las más significativas, también nos gustaría explicar
cuál es el espíritu y la intención que ha guiado la presentación de las
mismas, que no ha sido otro
que el de intentar introducir racionalidad a lo que desde nuestro punto
de vista es un pastiche difícil de entender, porque en estos momentos no
sabemos ver el alcance. A partir de ahora, si se aprueba la ley como
parece que se va a aprobar, los puertos van a tener una gestión
complicada; complicación hasta extremos difíciles de aventurar en estos
momentos, cuando estamos hablando de unas infraestructuras que son
decisivas para nuestra economía. El preámbulo de la Ley de 1992 señalaba
que en 1990 el sector del transporte marítimo aportaba anualmente al PIB
específico de transportes un 19 por ciento, que venía a ser el 1,1 por
ciento del PIB nacional, generando un empleo de 35.000 personas. No creo
que haya sufrido variaciones excesivas.
Parece, visto en su conjunto, que el objetivo único es el de salir del
paso como sea para cumplir un pacto político. De hecho, en el artículo 1
objeto de la ley prácticamente no se modifica nada respecto de la Ley de
1992, y limita su alcance, cuando la única novedad que aporta es la de
introducir un párrafo que dice: regular la designación por las
comunidades autónomas de los órganos de gobierno de las autoridades
portuarias. Nosotros proponemos que diga --luego lo veremos en nuestra
enmienda--: regular la participación de las comunidades autónomas en el
consejo de administración de las autoridades portuarias y en el consejo
rector de Puertos del Estado, redacción más acorde con el artículo 10 de
la Ley de 1992, que no se modifica, que dice a quién corresponde la
titularidad de los puertos y, por supuesto, con el ordenamiento jurídico
vigente.
Estoy seguro de que el señor Sedó está de acuerdo conmigo, aunque no sé
si lo va a decir públicamente. Parece que el objetivo único de este
proyecto es el de que los ejecutivos de las comunidades autónomas puedan
remenar les cireres, como diríamos en Cataluña. Una traducción literal
sería remover las cerezas con las dos manos. No tiene connotaciones
peyorativas, es una expresión simpática que podríamos traducir por meter
la manos en los puertos. Repito que lo único que se aporta es la
designación por las comunidades autónomas de los órganos de gobierno de
las autoridades portuarias; es decir, se satisface la voracidad de poder
de algunos sin ningún proyecto coherente de vertebración del Estado, a la
que parece haber sucumbido el Partido Popular.
Señor Presidente, tal y como va a quedar esta ley, el titular de los
puertos --que continúa constando que es la Administración del Estado--
queda en realidad ausente y en la práctica va a reinar la confusión, la
poca claridad en la gestión, en la exigencia de las responsabilidades, en
la toma diaria de decisiones, en lo que va a ser la gestión cotidiana.
Aventuramos que eso es lo que puede suceder.
Ejemplos. En el artículo 23, cuando se hace referencia a cómo va a quedar
la gestión, no sabemos a quién va a corresponder. La ley dice que a las
autoridades portuarias y a Puertos del Estado, pero si las comunidades
autónomas son las que nombran los presidentes y la mayoría de los
vocales, ¿quién es el responsable de los puertos? ¿A quién hay que exigir
responsabilidades? ¿Qué parlamentos serían los competentes para
exigirlas? ¿Los parlamentos autónomos? ¿Vamos a poder preguntar al
Gobierno del Estado en esta Cámara sobre los puertos? ¿Tendremos que
acudir a los ejecutivos de las comunidades autónomas o quizás a ambos?
Otro ejemplo. Las funciones de las autoridades portuarias. ¿No hará ya
falta que discutamos y aprobemos los presupuestos y PAIF de las
autoridades portuarias en las sesiones que destinemos a la discusión de
los Presupuestos Generales del Estado en las Cortes? ¿Vendrán ya
condicionados en esta materia?
Respecto a la composición y funciones de los consejos de administración,
mientras el titular sea el Estado debería corresponder a éste el
nombramiento de vocales y todavía se entiende mucho menos que el Estado
deba proponer sus representantes a las comunidades autónomas para que
éstas sean quienes los designen. Me gustaría saber si los que defienden
estas tesis aprueban que en un ente autonómico de similares
características las comunidades autónomas están dispuestas a que los
municipios decidan los vocales que les corresponden.
Respecto al presidente de las autoridades portuarias, ¿es vinculante para
el Gobierno del Estado el nombramiento por parte de la comunidad
autónoma? Seguramente ni los más expertos en Derecho administrativo van
a saber dilucidar con este texto, tal y como está en estos momentos, si
eso es así. Si el gobierno titular del bien no está de acuerdo con la
propuesta que se le hace y el ministro no lo nombra y no publica en el
BOE el nombramiento, ¿quién va a ser el presidente de la autoridad
portuaria? ¿Será válido el nombramiento que hayan hecho las comunidades
autónomas? ¿A partir de qué momento va a ser válido este nombramiento?
Por otra parte, abundando en la línea que comentábamos en cuanto a mayor
complicación de la gestión, se duplican organismos, consejos y comités;
no sabemos con qué funciones, se crea un nuevo consejo consultivo de
Puertos del Estado; se crea otro comité para distribuir el fondo de
contribución, otro órgano innecesario también desde nuestro punto de
vista. Paradójicamente parecen querer recuperar competencias para Puertos
del Estado mediante el artículo 25. Lo que hasta ahora estaba fijado como
objetivos generales en la ley anterior ahora pasan a ser competencias,
una incoherencia que no alcanzamos a entender cómo se puede producir.
En definitiva, señor Presidente, ¿qué pretendemos con nuestras enmiendas?
Introducir racionalidad, que el modelo sea racional, como lo es el actual
de la Ley de 1992, demasiado nueva como para modificarla tan a la ligera,
una ley que ha conseguido excelentes resultados. Si vamos a modificarla
nosotros también estamos de acuerdo con la mayor participación de las
comunidades autónomas en la gestión de los puertos, pero en la gestión de
cada puerto y en la del conjunto de los puertos. Creemos que las
comunidades autónomas se deben implicar no sólo en la gestión de los
puertos de su territorio, sino también en la del conjunto.
El representante de Izquierda Unida se ha referido anteriormente a cómo
el puerto de Barcelona tiene un hinterland más allá de lo que es
Cataluña, en Aragón. Y en el puerto de Tarragona embarcan los coches que
se están fabricando
en Aragón. Les diré más, por si alguien no lo sabe: el cava de Cataluña,
que se está produciendo en el Penedés, no se exporta ni por los puertos
de Barcelona ni por el de Tarragona, se exporta a través del puerto de
Valencia. Creo que Cataluña tiene algo que decir sobre la gestión del
puerto de Valencia, como también otras comunidades tendrían que decir
también algo respecto a los puertos de Cataluña --entre paréntesis diré
que se exporta a través del puerto de Valencia porque es en éste donde
hay más líneas marítimas con Estados Unidos, se exporta el calzado, la
cerámica y las naranjas--. Por lo tanto, quisiéramos que hubiera una
mayor implicación en la línea de lo que nosotros entendemos por Estado de
las autonomías, tema que parece no interesar al PP y a sus socios.
Díganme si no por qué no han previsto que las comunidades autónomas, como
proponemos nosotros, participen en el consejo rector de Puertos del
Estado ni en ningún organismo de los nuevos que se crean.
Creemos en esa participación de las comunidades autónomas, pero en un
modelo coherente que pueda dirimir las diferencias y conflictos en
organismos comunes de participación, donde queden claras las competencias
y titularidades de cada uno y donde se respeten adecuadamente los
principios constitucionales. Y si lo que quieren es otra cosa --el
traspaso efectivo de la titularidad o de la gestión--, ya se lo hemos
dicho varias veces, presenten una ley orgánica, nosotros estamos
dispuestos a discutirla.
Finalmente, quedan dos enmiendas excepcionales y las denomino así porque
las dos contienen la palabra «excepcionalmente». Las conocimos ayer y no
nos hemos podido pronunciar hasta ahora. Hacen referencia al posible uso
hotelero de los espacios portuarios y a la ampliación de las concesiones
hasta sesenta años. En ambos casos nos vamos a oponer. Primero, porque
siempre hemos entendido --y lo hemos demostrado a lo largo de los años
que hemos estado gestionando los puertos de interés general-- que el uso
de hoteles era demasiado privado y por ello, aunque hemos gestionado
reformas de espacios antiguos y obsoletos de diferentes puertos, éste fue
uno de los usos a los que nos negamos siempre, porque queremos que los
usos públicos que no sean estrictamente portuarios tengan un carácter más
público y no sen tan privativos. Por lo que se refiere a las ampliaciones
de las concesiones hasta un máximo de sesenta años, nos parece excesivo
cuando hasta hoy en día una central nuclear se puede amortizar en treinta
años.
Voy a hacer un repaso muy sucinto de las principales enmiendas. La
primera se refiere al objeto de la ley. Anteriormente nos hemos referido
a ello. En lugar de hablar exclusivamente de la designación de los
órganos de gobierno por las comunidades autónomas, pretendemos que se
regule la participación de las comunidades autónomas en el consejo de
administración de las autoridades portuarias y también en el consejo
rector de Puertos del Estado, porque nos parece más acorde con el
ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, la enmienda al artículo 10 va en
consonancia con esta misma intención. Por lo que se refiere a la gestión,
añadimos que Puertos del Estado actúe de acuerdo con los objetivos
generales del Gobierno en política económica y de planificación de los
transportes. Entendemos que es una redacción más clara, completa y acorde
con lo que acabamos de exponer en las consideraciones generales.
Por lo que se refiere a las competencias de Puertos del Estado --también
hemos hecho referencia a ello--, en lugar de competencias queremos
restituir lo que la Ley de 1992 ya decía, que es lo relativo a objetivos
generales de Puertos del Estado.
Por lo que respecta a funciones de Puertos del Estado, queremos eliminar
la ambigüedad del texto y, en coherencia con nuestra enmienda 166, al
artículo 37.1. q), añadir que el objeto social vaya de acuerdo con los
objetivos y funciones propios de las actividades portuarias, en lugar de
con las actividades vinculadas a la explotación portuaria, que nos parece
menos claro. En este mismo artículo, nuestra enmienda 159 va a satisfacer
lo que nos parece que es una demanda apropiada de los sindicatos y para
asegurar la coherencia del conjunto del sistema portuario en materia de
negociación colectiva. A este precepto hemos presentado también la
enmienda 160. A nuestro juicio, desaparecidas las antiguas OTP, carece de
sentido la mención a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.
También creemos que es muy conveniente que Puertos del Estado elabore
tablas de tarifas para facilitar el conocimiento y divulgación de una
información que, desde nuestro punto de vista, debe ser pública en
entornos de liberalización.
Respecto al artículo 27 bis, ya hemos anunciado antes que nos parece
innecesario duplicar y triplicar organismos y, por lo tanto, pretendemos
suprimir la creación de éste nuevo, del consejo consultivo de Puertos del
Estado, porque entendemos que si se aprueba nuestra enmienda relativa al
consejo rector de Puertos del Estado, en el que se pretende que haya una
participación efectiva de todas las comunidades autónomas, aquél es
innecesario. En ese sentido va la enmienda siguiente, la referente a la
composición del consejo rector.
No entendemos por qué se rechaza la enmienda 164, al artículo 29, puesto
que se trata de una enmienda de técnica legislativa. Se añade que al
presidente de Puertos del Estado le corresponde cualquier otra atribución
que corresponda a Puertos del Estado y no esté expresamente atribuida a
su consejo rector.
Respecto al artículo 37, funciones de las autoridades portuarias, creemos
que los presupuestos y PAIF de las autoridades portuarias deben ser
aprobados por el Gobierno y remitidos a las Cortes como los de cualquier
ente público. No entendemos por qué se hace esta excepción, seguramente
tan singular en nuestro ordenamiento jurídico.
En cuanto a la enmienda 166, va encaminada a que exista algún tipo de
control y tutela en la creación de sociedades mercantiles participadas,
porque sin ellos no nos parece adecuada, en el ámbito de entes públicos
estatales, y me gustaría saber si los entes públicos autonómicos tienen
esta libertad absoluta sin ningún tipo de control bien por parte del
Ejecutivo, bien por parte del Legislativo de las comunidades autónomas.
En cuanto a la composición y funciones de los consejos de administración,
presentamos enmiendas destinadas a paliar lo que nos parece que es un
número excesivo de vocales;
además, obviamente --ya lo hemos anunciado--, mientras el titular sea el
Estado, corresponde a éste su nombramiento. No se entiende que el Estado,
que es el titular, deba proponer sus representantes a las comunidades
autónomas para que éstas los designen. También pretendemos establecer
sistemas equilibrados de representación en la composición de los consejos
de administración de las autoridades portuarias, en la que tengan una
mayor presencia los diferentes agentes sociales y locales. Asimismo,
creemos que hay que respetar el sistema de incompatibilidades que el
proyecto contiene y añadir «de acuerdo con los criterios y objetivos del
Gobierno en esta materia, de carácter general o específicamente
portuarios», porque creemos que todos los entes públicos estatales
adaptan su política de recursos humanos a los criterios y objetivos del
Gobierno en tal materia, y estoy hablando obviamente del apartado que se
refiere a la política de personal.
Finalmente, en este artículo, pretendemos también que los proyectos de
presupuestos se aprueben con carácter previo y se remitan a Puertos del
Estado para su consolidación, informe y tramitación, por respecto al
sistema general establecido para los entes públicos en la tramitación de
sus PAIF y de los presupuestos.
En cuanto al presidente de las autoridades portuarias, presentamos una
enmienda que va en la línea de respetar las competencias constitucionales
de la Administración general del Estado y ya prevemos en ella la consulta
previa a las comunidades autónomas para su nombramiento.
Cuando hablábamos de las consideraciones generales, nos preguntábamos si
sería vinculante para el Gobierno del Estado el nombramiento por parte de
las comunidades autónomas --yo espero que se dé una respuesta a este
extremo-- y qué es lo que va a suceder si el Gobierno, que es el titular
del bien, no publica en el BOE su nombramiento. Esta es una incógnita que
puede provocar a partir de ahora algún que otro conflicto.
En cuanto al director de las autoridades portuarias, con la actual ley es
nombrado y separado por Puertos del Estado. Estamos de acuerdo en que a
partir de ahora lo sea por el consejo de administración de la autoridad
portuaria y añadimos, sin embargo, que exista el informe positivo de
Puertos del Estado. Nos parece que el titular del bien debe decir algo
sobre esta materia tan importante.
La enmienda 174, también referida al mismo artículo, va en coherencia con
nuestra enmienda anterior, porque entendemos que la comunicación a
Puertos del Estado no debe ser un simple formalismo, sino que debe
existir este informe previo.
En cuanto a la contribución de las autoridades portuarias a Puertos del
Estado, entendemos que debe existir una mayor equidad en la distribución
de cargas y por eso introducimos el concepto de aportaciones netas
calculadas como diferencia entre las cantidades que porta al fondo de
contribución y las que de él recibe. Por lo que respecta a la creación de
otro comité para la distribución del fondo ya nos hemos pronunciado
anteriormente. Presentamos una enmienda de sustitución.
En cuanto al artículo 69 bis, nuevo, el canon por la prestación de
servicios --las 50, 100 y 200 pesetas por tonelada de granel líquido,
sólido o mercancía general-- nos parece excesivo, dada la coyuntura
actual, y lo sustituiríamos por 35, 70 y 140 pesetas, que nos parece
suficiente, aunque se ha presentado una enmienda transaccional que
estamos estudiando en estos momentos para decidir al final del debate.
Estamos de acuerdo en que la actualización de los cánones se haga sobre
la base del IPC, pero añadimos que salvo que ello perjudique notoriamente
la capacidad de competencia con otros puertos de la Unión Europea.
Establecemos estas excepciones para casos concretos de competencia
insostenible, motivo por el cual proponemos este añadido.
En cuanto al artículo 70, relativo a las tarifas, añadimos «rebajas
económicamente injustificadas» para incrementar las garantías de equidad
tarifaria. Continuamos pensando --lo hemos anunciado en los últimos
meses-- que la libertad tarifaria total no es adecuada y por eso
estimamos que hay que continuar incluyendo valores mínimos que garanticen
la autosuficiencia financiera exigible y máximos que eviten prácticas
abusivas en relación con los tráficos cautivos para poder garantizar así
la inexistencia de subvenciones encubiertas y cruzadas.
Respecto a la disposición transitoria primera parece ser que vamos a
tener suerte y es la única que se va a tomar en consideración.
Pretendemos reducir a tres meses la adaptación de los órganos de gobierno
de las autoridades portuarias. En cuanto a la transitoria tercera y a los
tres años de tutela de las tarifas, en coherencia con nuestra enmienda en
contra de esta libertad tarifaria, suprimiríamos este enunciado. Si
nuestra enmienda no tuviera suerte y no saliera adelante, la
retiraríamos.
Por último, retiramos el primer párrafo de nuestra enmienda 183, pero
mantenemos el segundo, porque creemos que es necesaria una nueva
definición de los puertos de interés general. Con esta ley, después de lo
que se nos anunció ayer, parece que pasamos de 43 a 45 puertos de interés
general, sin que, según nuestras noticias, se haya hecho un análisis del
conjunto del sistema y simplemente se hace por razones de coyuntura
política. Por eso creemos que hay que fijar un plazo para que el Gobierno
presente un nuevo proyecto y haya nuevos criterios de fijación de lo que
son los puertos de interés general.
El señor PRESIDENTE: Para la contestación a las enmiendas y la
presentación de alguna otra del Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Procederé, efectivamente, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, a defender las enmiendas que nuestro grupo
ha presentado en tiempo y forma, me referiré igualmente a aquellas
enmiendas transaccionales que consideramos que modifican positivamente el
proyecto inicial remitido por el Consejo de Ministros al Congreso de los
Diputados y haré una serie de valoraciones generales en torno al proyecto
y aquellas variaciones que consideramos que han modificado
sustancialmente la Ley, hasta hoy vigente, de 1992.
No me puedo sustraer a las primeras palabras del portavoz socialista
cuando hacía referencia al acuerdo que para
el Grupo Parlamentario Popular es motivo de satisfacción, creo que de
legítima satisfacción parlamentaria, sobre este proyecto de ley que se
remite, por parte del Gobierno, el 7 de marzo. Aprovecho también este
momento para decirle al portavoz de Izquierda Unida que no creo que el
proyecto de ley haya corrido una suerte parlamentaria acelerada ni
inusitada, teniendo en cuenta que se presenta en el registro del Congreso
el 7 de marzo y que hoy estamos a 4 de septiembre. Creo que ha habido
tiempo para que todos aquellos grupos parlamentarios que tuvieron
voluntad de acercarse a la filosofía del proyecto mejorándolo con
enmiendas que entendemos que lo enriquecen lo hayan hecho y hayan entrado
en negociaciones transparentes y diáfanas con el Grupo Parlamentario
Popular. En este sentido, nosotros no podemos manifestar más que
satisfacción, porque creemos que las enmiendas transaccionales a las que
hemos llegado con el Grupo de Convergència i Unió, con el Grupo de
Coalición Canaria y con el Partido Nacionalista Vasco y una con el Grupo
de Izquierda Unida modifican el proyecto mejorándolo. En este capítulo de
negociación, mejora y sensibilidad parlamentaria, quiero decirle también
al portavoz socialista que yo no sé si esto se puede calificar como un
festival de pactos, al que él aludió diciendo que su grupo parlamentario
había quedado apartado y que no había formado parte del mismo. Yo quiero
recordar al portavoz socialista que el del año 1992 fue un festival
absolutamente en solitario, donde ningún grupo parlamentario en esta
Cámara logró introducir ninguna mejora sustancial ni siquiera mínima al
proyecto de ley que remitió entonces el Gobierno socialista, y al
proyecto de ley de 1992, hoy vigente, se presentaron, señorías, como
todos ustedes recordarán, ni más ni menos que 10 enmiendas de totalidad.
A renglón seguido, en relación a que no se entiende por qué se quiere
modificar una ley tan espléndida y que ha tenido unos resultados
excelentes, quiero recordarle que anteriores gobiernos no han sido
capaces ni siquiera de realizar el desarrollo reglamentario que en la
propia ley se establecía como prioritario. Me parece excesivo, pues,
atribuirle esas bondades a un proyecto que únicamente apoyaron los
autores del mismo. Por contra, yo creo que a través del proyecto que ha
remitido el Ministerio de Fomento a las Cortes, por el que se modifica
esta Ley de 1992, estamos avanzando y profundizando en lo que es el
Estado de las autonomías, estamos ganando competitividad --señor Ríos, es
verdad que sí-- para nuestras autoridades portuarias y nuestros puertos,
porque la modernidad marca la competitividad. Estamos convencidos de que
los puertos competitivos son puertos mejores para todos y estamos
apostando por una serie de mejoras, competenciales y en las atribuciones,
pues dando mayor protagonismo a las autoridades portuarias y
profundizando en la participación que las comunidades autónomas tienen en
la designación de los vocales estamos mejorando sensiblemente un mal
proyecto de ley.
Estamos teniendo sensibilidades que no se tuvieron entonces. Me voy a
referir a la creación de dos consejos, que algunas de SS. SS. parece que
no entienden y, por contra, recomiendan, a través de enmiendas, la
incorporación de vocales de las autonomías en órganos que el actual
proyecto no configura así. El portavoz socialista recomienda, a través de
una enmienda, que el consejo rector regulado en el artículo 28, hoy
vigente, incorpore vocales de las comunidades autónomas y nosotros
entendemos que el consejo rector tiene una filosofía y una finalidad, que
es dar cumplimiento en su seno, como órgano de gobierno, a las
atribuciones y facultades que el Ente Público Puertos del Estado tiene
por delegación o atribución del propio Ministerio de Fomento. Llama
especialmente la atención que en el artículo 28 de la ley vigente, donde
se configura el consejo rector, su composición y funciones, no haya
ninguna participación de las comunidades autónomas. Es decir, cuando el
anterior Gobierno redactó este artículo no tenía esa sensibilidad
autonómica que usted pretende que nosotros tengamos en este consejo y
que, por tanto, nos niega en otros a los que yo haré referencia a
continuación. En la actualidad, el consejo rector está integrado sólo por
el presidente del ente público y por un mínimo de cinco y un máximo de
quince vocales, designados por el Ministerio de Obras Públicas. Por más
que leo y releo, no encuentro referencia alguna a la participación de
vocales en representación de las autonomías. Con este ejemplo quiero
poner de manifiesto una extraña dualidad dialéctica en la que ustedes
incurren --y me estoy refiriendo al Grupo Parlamentario Socialista--. Nos
tratan de demonizar en determinados artículos del actual proyecto
diciendo que poco más o menos estamos al borde de la Constitución y, en
otros, donde nosotros mantenemos la estructura de competencias del Estado
porque entendemos que entre todos los puertos de interés general tiene
que haber una coordinación, que viene atribuida a través del Ente Público
Puertos del Estado, en las atribuciones que tiene en el proyecto de ley,
porque se las delega u otorga el Ministerio de Fomento, por contra,
ustedes nos quieren colocar, en determinados supuestos, como más
autonomistas y, en los que a ustedes no les conviene, tratan de eliminar
vocales en representación de las comunidades autónomas.
No entienden tampoco cuál es la bondad o la justificación de la creación
de un nuevo órgano. Yo voy a tratar de explicarles --seguramente sin
éxito-- por qué nosotros consideramos que en el proyecto debe
establecerse un órgano donde tengan participación los presidentes de
todas las autoridades portuarias en la distribución del fondo de
contribución. Nos parece que es introducir una sensibilidad muchísimo más
plural y que garantiza, desde luego, que no exista ninguna tentación
arbitraria en la atribución de inversiones que se imputen al fondo de
contribución. Por lo que se refiere al fondo de contribución, quiero
aprovechar también esta referencia para decirle al portavoz de Izquierda
Unida que no es un fondín, como me parece que dijo en su coloquial y
habitual lenguaje absolutamente plástico y gráfico, puesto que la
redacción del artículo 46 del proyecto de ley que estamos discutiendo no
es en términos potestativos, señor Ríos. Dice: «Las autoridades
portuarias contribuirán...», y lo que establecemos es una limitación, en
el sentido de que las aportaciones no deberán superar el 4 por ciento de
los ingresos de los puertos de interés general. Donde no podemos estar de
acuerdo --y sigo con la intervención del señor Ríos-- es en una enmienda
a través de la cual el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pretende
establecer la obligatoriedad de una aportación del 10 por ciento de todos
los excedentes de tesorería de las diversas autoridades portuarias para
constituir el fondo de financiación. Nosotros decimos que es bueno que
exista el fondo de financiación, que tiene una evidente finalidad de
solidaridad entre los diversos puertos de interés general de España, pero
no nos parece adecuado establecer, en términos imperativos, la obligación
de aportar el 10 por ciento del excedente de tesorería de cada autoridad
portuaria.
Creemos que a través del proyecto de ley mejoramos la estructura en lo
que a participación en los órganos de gobierno se refiere. El artículo 40
del proyecto es quizá al que todos los grupos parlamentarios han dirigido
fundamentalmente su atención y al que se ha presentado un número más
importante de enmiendas. Con la enmienda que el Grupo Parlamentario
Popular formula a este artículo --luego me referiré a la filosofía
general que persigue el proyecto y que nosotros apoyamos en su
configuración y su redacción-- pretendemos mejorar la redacción con
criterios objetivos para evitar confusión en el supuesto de participación
municipal --en el proyecto se habla de un 14 por ciento-- donde pueda
existir una confluencia de varios términos municipales o, dicho con otras
palabras, donde un puerto o una autoridad portuaria se extienda a varios
términos municipales. Enunciamos una serie de criterios objetivos,
entendiendo que los municipios en cuyo término esté localizada la zona de
servicio del puerto tendrán esa representación del 14 por ciento del
total de los miembros del consejo, pero cuando sean varios los municipios
afectados la representación corresponderá, en primer lugar, a aquel o a
aquellas que den nombre al puerto o a los puertos y, posteriormente, a
los demás, en proporción a la superficie del término municipal afectado
por la zona de servicio.
Decía que son fundamentales las diferencias en el artículo 40. Nosotros
en dicho artículo hemos hecho una apuesta, porque desde luego creemos en
el desarrollo de las autonomías y que hay que facilitar y profundizar en
la participación que éstas deben tener en la gestión de las autoridades
portuarias y eso, señorías, sin ningún género de dudas, se consigue con
una mayor participación de los vocales que son nombrados por las
autonomías. En ese respeto al hecho autonómico, señor Ríos, a nosotros no
nos parece adecuada su enmienda al artículo 40 y por tanto no la
apoyaremos. Ustedes quieren circunscribirlo más y dicen que cuando las
autonomías procedan a la designación de los vocales que dicha designación
se haga por las asambleas legislativas de las diversas comunidades
autónomas. Nosotros, respetuosos con el régimen de las autonomías,
simplemente dejamos el tema enunciado y será el órgano competente de cada
comunidad autónoma el que establezca los criterios y el que aplique, en
los supuestos de redondeo, aquellos decimales en un sentido u otro.
Aprovecho también, porque está íntimamente relacionado con el tema, para
manifestar nuestro apoyo a la enmienda que plantea el Grupo de
Convergéncia i Unió en relación a este extremo. Nosotros teníamos la
sensación de que en el proyecto se decía con claridad que eran las
autonomías las que decidían en último y en primer término, entre el
abanico que se incluye en el proyecto, de designar entre 15 y 22 vocales,
el número exacto de vocales en cada autoridad portuaria. Parece que la
redacción gramatical podía llevar a alguna duda sobre el particular y,
por tanto, nosotros aceptamos una enmienda del Grupo de Convergéncia i
Unió donde se precisa gramaticalmente, con la claridad que nosotros ya
entendíamos que se contenía en el proyecto, que esa competencia desde
luego corresponde a las propias autonomías.
Tenemos divergencias fundamentales en este artículo 40 respecto a la
composición del consejo de administración con el Grupo Parlamentario
Socialista, que formula, si no recuerdo mal, cinco enmiendas a este
artículo. Pretende que el número de vocales sea menor al que se establece
en el proyecto y, por tanto, que haya menos participación. Esta es una
lectura que supongo que no se tildará de sesgada, sino de lectura
inmediata: donde hay menos vocales hay menos participación y donde hay
más vocales hay más participación. Nosotros en nuestro proyecto queremos
que haya más participación y por eso utilizamos un abanico más amplio de
vocales.
Los criterios de asignación de vocales nuevamente nos separan
diametralmente del concepto que el Grupo Parlamentario Socialista
sostiene a través de una enmienda donde establece a partes iguales los
vocales del Estado, los vocales de las autonomías y los vocales del
ayuntamiento. Por poner un ejemplo, si ustedes en su enmienda optasen por
los 18 vocales máximos que plantean, el Estado tendría 4, las comunidades
autónomas tendrían 4, los ayuntamientos tendrían 4 y el tercio restante
correspondería a cámaras de comercio y a organizaciones empresariales
sindicales.
Creo recordar que el Grupo de Izquierda Unida formula alguna enmienda
respecto a la participación sindical. Nosotros creemos que la redacción
del artículo 40 es lo suficientemente amplia, sin prejuzgar cuotas ni
mandatos especiales, para que quienes se tengan que poner de acuerdo lo
hagan y, efectivamente, en el seno de los consejos de administración esté
la representación sindical más adecuada y circunscrita a la autoridad
portuaria de que se trate. Hablando de la autoridad portuaria de que se
trate, voy a aprovechar también para hacer una referencia a algo que ha
dicho el portavoz de Izquierda Unida y que me parece muy importante.
Nosotros creemos que en el proyecto se mejora sustancialmente la
autonomía de negociación colectiva de las autoridades portuarias. Quiero
recordar a SS. SS. que la Ley de 1992 establecía la obligatoriedad de una
ley marco que se aplicara de forma homogénea y tratando homogéneamente a
todas las autoridades portuarias de España, fuesen homogéneas o no lo
fuesen. Señor Ríos, usted ponía un ejemplo, y creo recordar que decía
literalmente que tan diferentes no serían el puerto de Gijón y el de
Algeciras (El señor Ríos Martínez: He dicho A Coruña.) o A Coruña --yo
rectifico para seguir literalmente con su ejemplo--. Créame que sí. Hay
peculiaridades en el seno de cada autoridad portuaria que aconsejan, y
nosotros en este sentido modificamos la ley vigente, que aquellas
autoridades portuarias que quieran apelar a Puertos del Estado y pedir un
convenio marco para adherirse posteriormente,
que lo hagan, y aquellas autoridades portuarias que, por el contrario,
quieran hacer uso de su autonomía negociadora en el ámbito de condiciones
laborales, que lo hagan también. Sinceramente nos parece que el proyecto
gana, porque se enriquece en esta posibilidad de elección, y que desde
luego las autoridades portuarias que no siendo iguales quieran
diferenciarse y negociar de forma diferenciada ganan también. Creo, señor
Ríos, que ganan también los sindicatos, que al final son uno de los
interlocutores más importantes en la negociación colectiva de las
diversas autoridades portuarias.
Hay también diferencias en algunas enmiendas. Creo recordar que era el
Grupo Socialista el que pretendía reforzar la figura del presidente de la
autoridad portuaria obligándole a que presidiese las sociedades estatales
de estiba y desestiba. Nosotros creemos que así no se refuerza al
presidente de la autoridad portuaria, sino que se le fuerza. Creemos que
la nueva redacción del texto del proyecto, donde se establece nuevamente
la posibilidad de elección --por eso me vino a la memoria la referencia
a las condiciones laborales que señalaba respecto a la intervención del
portavoz de Izquierda Unida--, permite que salgamos ganando. Aquel
presidente de autoridad portuaria que crea, porque lo crea su consejo de
administración, que debe presidir las sociedades estatales de estiba y
desestiba, presídalas; aquel presidente de autoridad portuaria de
aquellos consejos de administración que decidan, por las razones que
sean, que obligadamente no debe presidir esas sociedades mercantiles, que
no lo haga. Creo señorías que volvemos otra vez a apostar por la
autonomía decisoria de los consejos de administración de los órganos de
gobierno. No planteemos con términos un tanto equívocos, por no
calificarlos de torticeros, el reforzamiento de la figura del presidente,
que entendemos que sale muy reforzada de la nueva redacción que se da al
respecto en el proyecto de ley.
Por lo que se refiere al reforzamiento del Ente Público Puertos del
Estado, nosotros como grupo parlamentario que apoya al Gobierno tenemos
la sensación hoy más que nunca de que hemos acertado en este proyecto, y
fíjense de forma sintética y simplificadora en lo que les voy a decir.
Nos encontramos con que desde el Grupo Mixto --y ha hecho una referencia
a ello hoy en esta Comisión su portavoz, el diputado del Bloque
Nacionalista Galego-- se nos pide que se le quiten competencias a Puertos
del Estado. El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida nos dicen que le quitamos demasiadas competencias a
Puertos del Estado y que se deben restituir muchas de las que se
consagran en la Ley de 1992. El Grupo Parlamentario Popular, Convergència
i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria creemos, a
través de las enmiendas transaccionales a las que hemos llegado y del
apoyo al texto del proyecto en sus propios términos, que Puertos del
Estado pierde facultades, pierde funciones, y ello es lógico, porque si
estamos apostando por una mayor autonomía de gestión de las autoridades
portuarias, no se puede mantener la estructura actual, porque cuando uno
pierde competencias por un lado las gana otro por el otro. Nos parece que
en materia de recursos humanos es bueno que las autoridades portuarias
tengan competencia en la capacidad de designación de personal, en el
marco retributivo y en el marco negociador. Nos parece también que es
bueno que se pierda la competencia que hasta ahora tenía Puertos del
Estado de fijar los criterios reguladores en las relaciones económicas y
comerciales con otras autoridades portuarias y Puertos del Estado o de
varias autoridades portuarias entre sí, y también es conveniente
sustituir la actual redacción donde se le atribuían más competencias a
Puertos del Estado a la hora de aprobar informes técnicos que tuvieran
naturaleza o carácter singular. Nosotros sustituimos ese carácter más
imperativo por el de informar técnicamente los proyectos. En este
capítulo, sin duda alguna, el plan de empresa se configura como el
instrumento básico de funcionamiento, desde luego de competitividad y de
apuesta por el futuro de las autoridades portuarias y de marco de
relación entre las autoridades portuarias y el Ente Público Puertos del
Estado. Los planes de empresa tendrán, por supuesto, un marco fijado --y
quiero tranquilizar al portavoz socialista-- por el propio Ministerio de
Fomento, es decir, que no hay esas dejaciones a las que S. S. hacía
referencia en no pocas ocasiones en su intervención.
En cuanto al capítulo donde se crea el consejo consultivo --el portavoz
socialista decía que plantean su supresión porque no entienden necesario
que se cree un consejo consultivo--, a nosotros nos parece muy operativo,
porque creemos en esa mayor participación. Este consejo consultivo de
Puertos del Estado estará integrado por todos los presidentes de las
autoridades portuarias, y aquí introducimos una enmienda transaccional en
el sentido de que los presidentes de las autoridades portuarias podrán
ser sustituidos por quien designe cada consejo, siempre y cuando lo sea
a propuesta del presidente. Me había referido también con anterioridad a
la garantía que para nosotros introduce el proyecto a través del nuevo
consejo, donde se velará por una participación equitativa en las
inversiones del fondo de contribución y me quería referir también al
artículo 35, donde presentamos una enmienda transaccional con la número
79 de Izquierda Unida, que hace referencia a las posibles fusiones de
determinadas autoridades portuarias. La enmienda que se introduce se
circunscribe a la referencia de que estén en el territorio de una misma
comunidad autónoma y desde luego nos parece sensato y operativo que se
introduzca en estos términos en el proyecto, porque lo mejora sin duda.
Por lo que se refiere a la designación de los presidentes, que aparece
reflejada en el artículo 41, no podemos compartir la obligatoriedad de
que el presidente lo sea también de las sociedades estatales de estiba y
desestiba. Las dudas que plantea el portavoz socialista respecto al
nombramiento y designación del presidente nosotros no las tenemos. La
cautela que establecen en su enmienda de que si en el plazo de diez días
se le comunica a Puertos del Estado y Puertos del Estado no contesta, se
entiende que lo hace en sentido positivo entendemos realmente que no es
una enmienda --y usted me va a permitir que se lo diga-- muy elaborada ni
muy trabajada y no aporta demasiada sensatez al proyecto ni a la
filosofía argumental que seguramente S. S. pretende defender.
Por lo que respecta a los artículos 54 y 55, que no estaban inicialmente
contenidos en el proyecto y en relación a los cuales hay enmiendas
transaccionales, que nosotros vamos a apoyar, que se refieren a la
prórroga de las concesiones y a la posibilidad excepcional de que en los
espacios portuarios existan usos hoteleros, nos parece que como
excepciones son posibilidades abiertas que en nada empañan la buena
marcha de los puertos de interés general ni de las diversas autoridades
portuarias que gestionen dichos puertos.
Por lo que se refiere a los cánones, tema importante que se contiene en
el artículo 69 del proyecto de ley, introducimos, finalmente, una
enmienda transaccional a raíz de una enmienda del Grupo de Coalición
Canaria y del Partido Nacionalista Vasco. La enmienda que planteamos lo
que pretende es mejorar el proyecto, como todas las que vamos a apoyar
desde el Grupo Parlamentario Popular. Sus señorías recordarán que
nosotros establecíamos en el propio artículo 69 unas cuantías de 50, 100
y 200 pesetas como máximos que podría establecer cada autoridad
portuaria. Otros grupos solicitaban una reducción de esas cuantías porque
entendían que eran excesivas. En los debates previos hemos argumentado
siempre --y yo querría reiterarlo hoy aquí-- que no estábamos
estableciendo un mandato de máximos, es decir, que a ninguna autoridad
portuaria se le obligaba a que estableciese las 50, 100 ó 200 pesetas,
sino que ésos eran los topes que no podrían rebasar en ningún caso. La
enmienda transaccional establece que la cuantía máxima se fijará por real
decreto, por lo que se refiere al apartado a). En el apartado b), donde
se fijaba un 10 por ciento sobre el volumen de tráfico medible,
introducimos una reducción a la mitad, de un 5 por ciento. Como quiera
que habría un período en que no regiría ningún tipo de cuantías,
proponemos, al hilo de esta enmienda 128, una nueva disposición
transitoria cuarta donde decimos que hasta que por real decreto no se
fijen o establezcan las cuantías, éstas serán de hasta 40 pesetas por
tonelada de granel líquido, hasta 80 pesetas por tonelada de granel
sólido y hasta 160 pesetas por tonelada de mercancía en general, es
decir, que los máximos no obligatorios, en el sentido de que no se pueden
superar, pero no en el sentido de que se tenga que jugar a máximos, aun
así, se han rebajado de forma sustancial respecto a los máximos que se
contenían inicialmente en el proyecto de ley que había remitido el
Gobierno.
Existen también otras enmiendas transaccionales. Concretamente, en
relación a alguna que plantea el Partido Nacionalista Vasco y Coalición
Canaria, donde manifestaban alguna preocupación sobre la dualidad entre
el presidente y el director, establecemos sin ningún género de dudas que
el director tendrá esas posibilidades de iniciativa y de impulso, pero
siempre con sometimiento al presidente, que en último término es quien,
valga la redundancia, preside el órgano de gobierno de la autoridad
portuaria de que se trate.
Finalmente, ...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le recuerdo su interés por acabar
cuanto antes.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy acabando ya. Mi interés no era
personal, era por otros compañeros, señor Presidente, pero toda vez que
el Presidente me lo negó, pues ya aprovecho...
El señor PRESIDENTE: Es que me temo que sobrepasaremos las siete si
seguimos por este camino.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Quería, finalmente hacer una referencia a lo que es la política tarifaria
que se establece en el artículo 70. Nos parece que la libertad tarifaria
es muy importante porque la competitividad entre los puertos y entre las
diversas autoridades portuarias, dejando siempre un margen de diseño,
donde transitoriamente se fija esa cautela de que los márgenes no podrán
sobrepasar el 40 por ciento y remitiéndolos a una estructura posterior
que diseñará el propio Ministerio de Fomento. En este capítulo no
entiendo las enmiendas del Grupo Parlamentaria Socialista. Las dos que
plantea, a mi juicio --y créanme SS. SS. si les digo que las leí en más
de una ocasión y a diferentes horas del día para ver si la claridad se
podía imponer--, son contradictorias en sus términos; por un lado,
pretenden que no haya problemas de competencia en el sentido de que los
tráficos cautivos puedan animar a las autoridades portuarias a que eleven
las tarifas y, por otro, en la enmienda justamente anterior dicen lo
contrario. Entonces, en el capítulo de explicaciones, si pudiese ser, lo
digo por clarificar el debate parlamentario, a mí me gustaría saber cómo
se concilian esas dos enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista
aplica al artículo 70 del proyecto de ley. También me preocupa bastante
--quizá sería más adecuado decir que planteo una interrogación-- que el
Grupo Parlamentario Socialista --ya con ello finalizo, señor presidente--
presente una enmienda en el sentido de instar al Gobierno a que en el
plazo de seis meses remita unas nuevas condiciones y un nuevo diseño de
lo que se ha de entender por puertos de interés general. Yo sé que SS.
SS. no han presentado una enmienda de modificación del anexo porque no
figura en el boletín de las enmiendas. Nos ha llegado un borrador de esa
enmienda de modificación del anexo sobre la que SS. SS. trabajaron y
desde luego para nosotros era desolador, porque quedaban poquísimos
puertos de interés general; fíjese que en mi tierra no quedaba ni uno. Y
enlazando ese borrador --que no figura publicado, pero que a nosotros nos
llegó-- y la literalidad de las enmiendas que sí figuran en el boletín,
creo que no es demasiado tendencioso unir una cosa con otra.
Finalmente, me preocupa que ustedes no hayan modificado el artículo 5.
¿Por qué instar al Gobierno a que en el plazo de seis meses remita un
nuevo diseño de las características que han de atribuirse a los puertos
de interés general para luego clasificarlos como tal? Podían SS. SS.
haber modificado el artículo 5 de la ley de 1992, establecer las nuevas
condiciones, todos haríamos la prueba del nueve y veríamos si los puertos
de las sucesivas comunidades autónomas tenían encaje en el diseño de SS.
SS. como puertos de interés general o no lo tenían.
Finalizo, señor Presidente, dando por defendidas el resto de las
enmiendas que son estrictamente técnicas, que las planteamos con
remisiones a apartados en los que hubo algún error en el proyecto,
concretamente la 192; la 194 coincide exactamente con la 185 de CiU y por
tanto la retiraríamos y votaríamos la 185 de CiU; la 193 la habíamos
retirado en la ponencia; en la 195 se establece un único párrafo de
corrección estrictamente técnica, y la 196 es una modificación también
técnica de remisión a la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado de junio de 1997, conocida como la
Lofage.
Estas son las enmiendas que había presentado el Grupo Parlamentario
Popular y en esta intervención he pretendido fijar la posición de nuestro
grupo parlamentario con carácter muy general, evidentemente, pero
seguramente muy excesivo para la petición que hizo el Presidente en el
uso de los tiempos, por lo que pido disculpas y agradezco la generosidad
que se ha tenido desde la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, debo decirle que el Presidente no
ha hecho en ningún momento petición de cortedad en los tiempos, es al
revés; creo que todas las enmiendas deben defenderse y el Grupo Popular
debe contestar a cada una de las invocaciones que se han hecho por los
demás portavoces. Por tanto, no hay ninguna reducción de tiempos.
Ahora en este segundo turno, que sería un poco de réplica, sí pediría a
cada portavoz que tuviera un poco en cuenta la idea de que queremos
terminar sobre una hora determinada. Pero, insisto, que nadie recorte sus
argumentos por cuestión de tiempo.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, de forma brevísima
intervengo para fijar posición en relación con las enmiendas
transaccionadas anunciadas en ponencia sobre las enmiendas
transaccionales entre el Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco,
Coalición Canaria y Convergència i Unió.
En concreto, votaremos favorablemente, en la medida en que inciden en
perfilar mejor la participación de la comunidad autónoma o bien dejar
abierto algún camino para que esta participación se haga efectiva
conforme a cualquier tipo de reglamento o legislación de ámbito
autonómico en la materia, también porque inciden en las características
de servicio público para los transportes de carácter interinsular, las
transaccionales números 95 y 146, las números 101, 107, 116, 118, 132,
140, 142, las transaccionadas en Comisión números 106, 111, 117, 143, 144
y 145 y la 141.
Votaremos negativamente aquellas que pensamos que abren una vía a
acciones especulativas, a la incidencia de grupos privados sin un control
propio de un servicio público, a la competencia desleal, cosa muy
importante y que ya se está anunciando en determinado tipo de puertos a
la hora de montar comercios u hoteles en áreas portuarias en ciudades ya
suficientemente drenadas en las áreas comerciales pequeñas frente a las
grandes trasnacionales y porque además pensamos que el espacio portuario
no debe servir para que haya prácticas económicas monopolistas y abusivas
que nada tienen que ver con el transporte marítimo. Por este motivo,
votaríamos negativamente las números 121, 187, 123, 124, 186 y 128.
En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, votaremos favorablemente todas, excepción
hecha de las números 86, 91 y 93 en las que nos abstendremos debido a
que, desde nuestro punto de vista, se mantienen en ellas algunas
reticencias respecto del marco autonómico, o bien que definen cuestiones
que pensamos que no hay que definir en esta ley y que podrían quedar
gravemente condicionadas a un desenvolvimiento posterior de la capacidad
legislativa de determinadas comunidades autónomas; pero votaremos
favorablemente al resto, porque son un modelo distinto al que defiende el
Bloque Nacionalista Galego, pero coherente en relación con una mayor
participación de las comunidades autónomas y con el carácter de servicio
público que deben tener los servicios portuarios.
Por fin, respecto de las de Convergència i Unió en particular y que no
están integradas en las transacciones, queremos decir que votaremos
favorablemente --y no sé si me equivoco-- en concreto las números 184,
185 y votaremos negativamente a las números 186, 187 y 189, por
considerar que efectivamente entran en esta categoría que antes cité que
deja el espacio portuario abierto a determinado tipo de actuaciones que
no nos parecen suficientemente controlables y en algún caso votaremos
negativamente porque no sabemos la trascendencia práctica que esto
tendría en relación con la federación de prácticos de puertos de España,
aunque me dicen que es una enmienda retirada.
En relación con las del Grupo Parlamentario Socialista, nos abstendremos
en todas por considerar que tienen una filosofía continuista y porque a
veces no acertamos a ver el alcance de sus propuestas incluso en el caso
de la participación de las comunidades autónomas porque --y esto al
margen del Grupo Parlamentario Socialista-- pensamos que no es bueno que
se confundan órganos de carácter puramente funcional y de un determinado
nivel como son las autoridades portuarias y el órgano público de Puertos
del Estado y a su vez la comunidad autónoma tanto en su ejecutivo como en
su legislativo, que sería lógicamente el elemento equivalente al
Ministerio de Fomento, aunque se entre en otra jerarquía, y al Gobierno
o bien al Congreso de los Diputados, y pensamos que efectivamente el
consejo rector debía ser de representación de las autoridades portuarias.
Otra cosa es el control que sobre la autoridad portuaria en el terreno de
las comunidades autónomas deban ejercer los gobiernos respectivos y sus
cámaras legislativas. Nos vamos a abstener por este motivo igual que en
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que no fueron
transaccionadas, simplemente por considerar que no cambian el contenido
y la filosofía de la ley un ápice respecto de las demandas que habíamos
planteado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor
Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, unos comentarios a las
enmiendas y a lo que se ha dicho en el debate.
No podemos votar las enmiendas de Izquierda Unida --había alguna que
podía tener algún camino positivo-- porque la concepción de los dos
grupos es totalmente distinta, y por ello no podemos coincidir.
Quisiera decir al señor Ríos, que en su intervención nos ha hablado de
territorios, que lo que pretendimos con las zonas que tienen puertos en
su entorno fue incardinar el entorno en el puerto, pero esto no quiere
decir que se limite simplemente a que el puerto de Tarragona se incardine
en la zona de Tarragona --y hablo del puerto de Tarragona como ejemplo
porque es el que está en la demarcación por la que soy diputado--, eso no
quiere decir que el puerto de Tarragona no pueda estar abierto a que
desde Zaragoza, como así sucede, desde Aragón vengan las mercancías al
puerto de Tarragona. Con mucho gusto, y si verdaderamente hay tráfico de
mercancías de Cataluña que se va por el puerto de Valencia, como se ha
citado por parte del señor Sabaté como una cosa difícil, preguntándose
cómo puede ser que se vaya por Valencia, señores, felicitemos a los
responsables del puerto de Valencia; durante unos años la gestión que se
hizo desde el puerto de Tarragona para llevarse la mercancía que venía de
Aragón fue positiva, puesto que muchos coches fabricados en Aragón se
iban al extranjero por Tarragona. Si no se embarca por Tarragona, por
alguna circunstancia especial será. Por tanto, esta autonomía que pedimos
para las autoridades portuarias es un fiel reflejo. Verdaderamente, hace
unos años la gestión --después hablaré de esto-- en el puerto de
Tarragona era llevada por personas totalmente vinculadas al grupo que
entonces gobernaba.
Señor Ríos, usted me habla de que ahora vamos con prisas y parcheo. Le
puedo decir --se lo ha dicho ya la portavoz del Grupo Popular-- que de
esto nada de nada. Puede que no hayamos tenido, según usted, un resultado
feliz en todas las conversaciones que hemos tenido con el Grupo Popular,
incluso con la Administración, para elaborar la ley y para el estudio de
las enmiendas. Usted nos decía que era un parcheo y que venía de pactos.
Sí, venía de pactos, pero para aclarar el tema de las prisas le tendría
que decir que nosotros consideramos que cumplíamos con nuestro compromiso
porque si usted busca en las hemerotecas --y citaré después las
hemerotecas para otra cosa-- verá que era un pacto que tenía que
cumplirse a finales del año 1996; lo dimos por cumplido en cuanto que
estábamos trabajando mucho en la redacción de la ley, y tardó muchos
meses más del año siguiente, del año 1997, en fructificar. Se ha
trabajado. Puedo admitir que usted considere que no hemos logrado un
feliz resultado, según su concepción, que, digo, es distinta de la
nuestra.
Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, que también será a las
únicas que me referiré, con las demás iremos directamente a la votación,
se ha comentado aquí que son continuistas. Son continuistas de algo en lo
que a nosotros no se nos dejó jugar. Se habla de que este proyecto es un
pastiche difícil de entender, que proviene de un festival de pactos y
acuerdos. Pues sí, un festival de pactos y acuerdos, si quiere se lo
acepto; todo el festival de pactos y acuerdos que en el año 1992 fue
negado por el Grupo Socialista. No pudo haber ningún tipo de consenso y
nosotros, en aquel momento, no pudimos dejar que se nos escuchase para
introducir nuestros criterios. Esto fue en el año 1992, hubiese querido
ver qué hubiese sucedido en el año 1993, si en vez de ser el debate en el
año 1992 hubiese sido en 1993, porque en 1993 eran 159 y 17 los escaños
y se formaba la mayoría de 176 y en el año 1992 había mayoría absoluta
del Grupo Socialista. No dejaron participar prácticamente en ninguno de
estos pactos de este amplio consenso que hubiese sido muy positivo que
hubiera existido.
Señor Sabaté flaco favor le ha hecho su grupo, porque el espíritu que
usted ha demostrado a lo largo de su intervención, lo que ha defendido
hoy aquí, espero que también lo mantenga allí. Nos habla usted del
objetivo único, y ha entrado en el esquema de remenar les cireres,
remover las cerezas; esto, sin ser peyorativo --ha hablado él de que no
quería ser peyorativo--, quiere decir que cuando uno entra en algún sitio
a remenar les cireres no significa más que entra a mandar, a dominar. No
quiero creer que él se refiera a que mandar por allí debe llevar a un
camino de intereses de otro tipo, porque también podría hablar de ello.
Le quisiera decir que cualquiera de nosotros cuando se presenta a unas
elecciones lo que pretende es llegar a mandar, por tanto, a remenar les
cireres, ya sea del Gobierno central, del municipal, etcétera. Usted ha
dejado entrever una sospecha de que lo que queremos es mandar, porque
entonces colocaremos a éste, haremos esto, haremos aquello, etcétera. Me
parece que fue ayer cuando estábamos hablando de que en unas discusiones
locales que tienen en estos momentos en Tarragona con otro compañero
diputado de la zona, les sacan: Es que hace año y medio mandabais
vosotros y no hicisteis tal cosa. Yo no quisiera sacar esto, pero
anteriormente las autoridades portuarias de Tarragona y Barcelona eran
miembros significados del Grupo Socialista. Miremos hemerotecas a ver si
realmente remenaban o no las cerezas. Verá usted que sí. Vea hemerotecas
y observará que en algún caso esto no se hizo de forma positiva.
Ustedes son continuistas porque creen fervientemente en la ley; de autor
o padre de la misma se considera al señor Palau, y éste se considera
defensor a ultranza de la antigua ley, incluso llegó a decir hace poco en
un foro que él llegaba a ver la posibilidad de que los puertos tuviesen
una cierta autonomía de total gestión de los municipios, pero en la ley
de 1992 esto no entraba. (El señor Vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa
la Presidencia.) Por tanto, verdaderamente nosotros hemos llegado a unos
pactos, hemos llegado a una redacción del proyecto inicial y después, con
las enmiendas que se han ido introduciendo, que nos parece satisfactoria,
y también nos hubiese gustado mucho que en el año 1992 se hubiese hecho
la ley con un amplio consenso de ustedes, del Grupo Socialista, que en
aquellos momentos tenía la mayoría absoluta y hacía lo que creía oportuno
para los intereses globales de Estado; ahora nosotros, en nuestra
actuación, nos sentimos francamente tranquilos en cuanto a que logramos
una ley que mejora mucho la posibilidad que tienen los puertos de interés
general del Estado en la nueva forma de gestión que tendrán las
autoridades portuarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que no voy a poder hacer la primera
parte de mi intervención por falta de contrincante, no está presente en
la sala y no voy a poder rebatirle.
A efectos del «Diario de Sesiones» diré que no es bueno confundir, porque
cuando se confunde sin mala intención simplemente es una equivocación,
pero cuando se hace a sabiendas es algo que roza una forma de funcionar
que no es buena. Me refiero al fondo de contribución, que es diferente
del fondo de financiación y solidaridad. La portavoz del Grupo Popular me
decía que nosotros queríamos imponer el 10 por ciento. Nuestras enmiendas
dicen: No podrá superar el 10 por ciento de los excedentes que se
produzcan por las distintas autoridades portuarias. En el artículo 47
dice el proyecto de ley: El fondo de financiación y solidaridad --el que
queremos que se mantenga-- estará constituido por las cantidades que
voluntariamente aporten las autoridades portuarias. Miren ustedes,
voluntariamente no da nadie nada. Eso es lo que yo digo que significa
hacer un fondín, cuando no sea desfondar el fondo. Eso es lo que pone
textualmente en el proyecto y en el informe. Artículo 47, apartado 1:
fondo de financiación y de solidaridad. Por eso hemos mantenido no algo
rarísimo que pareciera que se había inventado Izquierda Unida, sino el
texto que ponía el proyecto anterior. Las autoridades portuarias
contribuirán... Y luego decía el proyecto: El fondo de financiación de
las inversiones podrá ser modificado por Puertos del Estado a lo largo
del ejercicio, en función de la evolución de cada una de las autoridades
portuarias. Por tanto, sepamos cada uno lo que estamos defendiendo, no
vayamos a ridiculizar mezclando como si estuviéramos hablando de lo
mismo. No, no. Son cosas diferentes: el fondo de contribución, que
nosotros proponemos bajar, que es la aportación que se hace por la
autoridad portuaria para el funcionamiento de Puertos del Estado, y el
fondo de solidaridad. Nosotros proponemos no que sea impositivo, poco
menos se decía que se requisaba el 10 por ciento; no, no queremos
requisar. Dice nuestra enmienda: No podrá superar el 10 por ciento. Eso
no es una requisa popular; es poner un límite, que podrá ser del 1, 2, 3
4 o del 5; no podrá superar el 10. Esa es nuestra enmienda. Pero se puede
aceptar o no. Decía el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, señor
Sedó: Nosotros no podemos votar. No, no. El lenguaje hace traición. La
perífrasis verbal es si se pueden votar. Otra cosa es que no quieran
votar, pero poder claro que pueden votar las enmiendas. Si no les
convenzo es por falta de mi capacidad de convencimiento.
Quiero hacer solamente dos precisiones, señor Presidente. La autonomía de
negociación colectiva vendida puerto a puerto no es buena, no la defiende
ningún sindicato, ni UGT ni Comisiones Obreras, porque significa
atomizar, ir contra lo que es la realidad actual. Hoy, en Europa, piden
hablar de acuerdos y de negociaciones de empresas a nivel europeo; no
piden que en cada factoría se negocie: ni lo hace la Seat ni lo hace Audi
ni lo hace ninguna empresa, atomizar centro de trabajo a centro de
trabajo; eso es lo que aprobamos con esta autonomía. Lo que estamos
defendiendo nosotros es la capacidad de negociación. (he puesto un
ejemplo que puede ser diferente por ser de comunidades diferentes, pero
también podríamos poner el de Cartagena) en condiciones salariales. En
condiciones de producción, claro que son diferentes. Porque si vamos a lo
que ellos llaman competencia, que es lo único que va a hacer funcionar,
iremos a lo que puede pasar con las grandes empresas: que la parte que se
pone en producción será muy competente y la parte sumergida será poco
competente en cuanto a salarios, siempre paga por abajo, y se va a
producir un dumping social, porque para mantener una tarifa tendremos que
pagar más barato. Yo estoy poniendo el ejemplo de dos pueblos muy
cercanos, apenas 70 ó 100 kilómetros uno de otro, con un nivel de
carestía de vida similar, con un índice de precios al consumo similar,
pero, ¿por qué? Eso es lo que estamos provocando con esta discusión: no
facilita. Y hemos de distinguir competitividad y competente. Yo estoy de
acuerdo en hacer competentes los puertos; yo estoy de acuerdo en hacer
autosuficientes los puertos. Yo no estoy de acuerdo en que cada uno entre
en una dinámica de no querer recaudar para no poder hacer frente a sus
propias necesidades. Señor Presidente, yo creo que nuestras enmiendas
irían a una filosofía diferente.
En cuanto a las prisas y sigilo, las enmiendas están publicadas el 26 de
mayo de 1997; el debate de totalidad se hizo casi finalizando junio.
Díganme ustedes si no es tramitar rápido el debate de las enmiendas aquí
y buscar articular un modelo de proyección territorial intermodal, en el
que los puertos juegan un papel y no precisamente esto. Además, yo ya les
auguro: han dado ustedes tres meses para desarrollar esta ley y dentro de
seis les preguntaremos, porque hay cosas que va a ser muy complicado
desarrollarlas por ustedes. Hay ahí un lío competencial y un lío de
funcionamiento que veremos a ver cómo se pone en marcha. Pero, en fin, se
han dado ustedes tres meses. Vamos a ver, si esto es sencillo: arrieros
somos y en el camino nos vemos; si no tendremos mucha dificultad. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Termino, señor Presidente. Nosotros vamos a votar a favor las enmienda
números 9 y 11, de Unión Valenciana, pero el resto de enmiendas no las
vamos a poder votar porque no estamos de acuerdo en la presencia de los
representantes del sector privado que ya lo están a través de las
Cámaras. Vamos a votar a favor la enmienda número 47, del Bloque
Nacionalista Galego, y nos vamos a abstener en las demás. En la primera
porque estamos de acuerdo con la filosofía de la exención de cánones
hacia lo que pudiéramos llamar ONG y actividades humanitarias; vamos a
votar a favor las enmiendas números 55 y 56, de EA, Grupo Mixto, pero no
vamos a votar las que defienden que el director del puerto pueda asumir
competencias en materia comercial, por los riesgos que eso puede suponer,
según he explicado.
En cuanto a las enmiendas del PNV y Coalición Canaria, solamente diremos,
señor Presidente, que el trámite del
informe de la ponencia ha tenido aspectos positivos. Nosotros vamos a
votar alguna de las enmiendas que se han introducido y que se han
transaccionado. Por poner un ejemplo, las enmiendas del PNV y Coalición
Canaria que mejoran el texto en cuanto a lo que son navegaciones de
interés público, en cuanto a islas, entre las distintas islas y la
península y entre Ceuta y Melilla. Creemos que eso ha mejorado. La
participación de los municipios en una representación del 14 por ciento,
creemos que ha mejorado y, por tanto, la vamos a votar a favor, y también
vamos a votar a favor, señor Presidente, las transacciones que mejoran el
texto en cuanto a dos puertos más, el de Arrecife y Puerto Rosario en Las
Palmas y también en cuanto a darse tres meses de plazo para la entrada en
vigor que, ya que estamos en el grupo que apoya al Gobierno, a ver si
cunde el ejemplo para que en las demás leyes también se den un plazo de
tres meses, que hay algunas que llevan tres años y están durmiendo el
sueño de los justos. Todo lo anterior como parte positiva.
Sin embargo, vamos a votar en contra, y anuncio, señor Presidente, que
mantendremos voto particular a lo que es la aceptación de las enmiendas
números 123 y 124, del PNV y Coalición Canaria, y 186, de CiU, en el
artículo 20 bis, que significa ampliar las concesiones en 30 años; los
concesionarios de distintos puertos están de enhorabuena, puesto que les
acabamos de facilitar un negocio prolongado en 30 años, van a aplaudir,
lógicamente, porque son los beneficiarios de esta reforma legal. Vamos a
votar en contra y, por tanto, mantendremos voto particular, la aceptación
de la enmienda transaccional a la número 121 del PNV y Coalición Canaria,
y 187 de CiU. No estamos de acuerdo en la facilidad para instalaciones
hoteleras dentro de los puertos. Es verdad, debo reconocerlo, que se hace
a través de un acuerdo del Consejo de Ministros. Hablando de que eso hay
que explicarlo, algunos tendrán que explicar también allí cómo se hace
autonomía desde el Consejo de Ministros. Si tengo presencia o amigos en
el Consejo de Ministros, ya salgo yo más o menos beneficiado. Por último,
vamos a mantener voto particular, y votaremos en contra, en la
transacción a las enmiendas números 95 y 146, del PNV y Coalición
Canaria, que hacen referencia a la facilidad para la segregación de
instalaciones.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, señor Presidente,
nosotros vamos a votar a favor de la inmensa mayoría de las enmiendas de
este grupo, puesto que fundamentalmente refuerzan lo que pueden ser el
papel y competencias del ente público y puesto que además elimina lo que
pudiéramos llamar duplicidad de cargos en algunas de ellas,
principalmente, en las 16 ó 17 enmiendas, desde la 151 a la 183. Sin
embargo, vamos a votar en contra de cuatro o cinco enmiendas porque no
compartimos la filosofía que proponen, como es no considerar la presencia
de representantes sindicales especificados, o la de dividir competencias
entre el presidente y el consejo rector, o la de pedir una política
global de salarios, o la de hacer desaparecer el sistema de estiba que
pueda haber en el país. Resumo que votaremos en contra de dichas
enmiendas, aunque la inmensa mayoría de las otras sí las votaremos a
favor, porque coincidimos.
En cuanto a Convergència i Unió, solamente mantiene la enmienda número
188 y nos vamos a abstener. Y respecto al Grupo Popular, nosotros no
votaremos a favor de la enmienda número 195, pero en todas las demás
votaremos afirmativamente, aunque ha retirado la enmienda número 193.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Señor Presidente, muy brevemente, para decir a la
representante del Partido Popular que en cuanto a su acusación de
dualidad dialéctica respecto a la sensibilidad autonómica o no de nuestro
grupo ¿qué quiere que le diga? En 1992 nos dice que ya hubiéramos podido
hacer una ley más autonomista; sus enmiendas también hubieran podido ir
en esa línea, porque ustedes no han empezado ahora, hace un año y medio,
a actuar en política y no recuerdo yo que sus enmiendas fueran por ahí,
como tampoco iba su programa electoral, que me lo he leído varias veces,
y no he visto en ningún momento que ustedes se propusieran reformar la
ley de puertos en la línea en la que lo han planteado ahora. Yo creo que
su sensibilidad autonómica, permítame que se lo diga, empezó el día 3 de
marzo de 1996, a las 23,59 de la noche, y a las 24 horas ustedes
sufrieron una conversión respecto a la cual yo nunca me he pronunciado,
porque ya lo hicieron otros grupos que ahora son sus socios y celebraron,
y todavía lo celebran, y yo también, que en estos momentos sean más
autonomistas; pero, si nos metemos en estos berenjenales, no sé quién
saldrá peor parado. Le aseguro personalmente, y en nombre de mi grupo,
que no. Si no, le enviaré mi currículum profesional, personal, cívico y
político para que otra vez no me diga lo que me ha dicho (y se lo digo
con toda cordialidad) respecto a mi sensibilidad autonomista o la de mi
grupo.
En cuanto a los consejos de administración, no es sinónimo que cuanta
menos gente participe, haya menor participación, y cuanta más, mayor
participación. Entonces hagamos consejos de administración de 50 y
tendremos mayor participación y usted seguro que me dirá que será una
exageración. Lo que le decimos es que a más número de participantes,
también puede haber mayor ineficacia, y eso es lo que pretendemos evitar.
Estamos seguros de que con una participación más reducida, en la que esté
todo el mundo representado, y en la que se produzca, como nosotros
pretendemos, un equilibrio de todos los agentes que tienen que participar
en la gestión de los puertos, se puede ser más eficaz.
Nos dice que queremos obligar al presidente de las autoridades portuarias
a que lo sea también de la estiba, para reforzar su papel. Yo no he
hablado en ningún momento de para reforzar su papel. No creo que haya
sido ésta mi expresión. Me repasaré el «Diario de Sesiones». En todo
caso, el hecho de que pretendamos que sea, como hasta ahora lo ha sido,
presidente de la autoridad portuaria y de la sociedad de estiba, permite
una mayor eficacia y coordinación en la sociedad, que tiene un cometido
tan intrínseco de lo que son las labores portuarias que necesita, desde
nuestro punto de vista, que su presidente sea la misma persona. Por lo
tanto, no pretendo reforzar al presidente de la autoridad portuaria, ni
mucho menos. Tampoco he hablado de reforzar Puertos del Estado. Le puedo
asegurar que no, repase el «Diario de Sesiones» y verá que ésta no ha
sido mi expresión. No lo he dicho. Queremos que en Puertos de Estado haya
una participación efectiva de las comunidades autónomas. He señalado como
paradoja --al contrario de lo que usted me acusa-- que a Puertos del
Estado, que hasta ahora se le fijaban los llamados objetivos generales,
a partir de ahora ustedes lo fijan como competencias. Es una paradoja
difícil de entender en una ley que algunos pretenden que es más
autonomista que la anterior.
Respecto al consejo consultivo y al comité del fondo, quiero reiterar lo
mismo. Nosotros no creemos que tengan que crearse dos organismos más y
pensamos que quedaría solucionada esta cuestión con la composición del
consejo rector a la que me he referido anteriormente.
No me ha contestado S. S. a la pregunta de qué ocurre --si es que ocurre
alguna vez-- cuando al ministro de turno no le parezca bien el nombre que
le propone la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre cuando --podría suceder--
se niegue a que su nombramiento figure en el «Boletín Oficial del
Estado»? ¿Cuándo será efectivo este nombramiento? Esta cuestión supongo
que S. S. tampoco la conoce, pero me gustaría saberlo.
Respecto a la negociación sindical, he dicho que es una demanda de los
sindicatos, que nosotros atendemos muy gustosamente, y creo que también
de los propios sectores empresariales. Yo creo que todo ello va a llevar
a una atomización de la negociación que no interesa a ninguna de las
partes ni a la propia sociedad en su conjunto.
Me pide S. S. que le aclare el tema de las tarifas. Sencillamente, el
sistema de las horquillas nos parece bien. Nos parece bien que haya un
máximo y que haya un mínimo y que no se puedan producir barbaridades como
las que se pueden producir con la libertad total.
Respecto a los puertos de interés general, quiero decirle que invitamos
al Gobierno a que haya un nuevo estudio, creemos que es necesario, porque
no entendemos tampoco cuáles han sido las razones para haber ampliado en
estos momentos dichos puertos de 43 a 45 y por qué estos dos sí otros no;
creemos que son razones de pura coyuntura política y de pacto con un
grupo que se lo ha pedido y no creemos que ello responda al interés
general; después de conocer esta enmienda transaccional, creemos que es
más necesario que antes todavía.
Respecto a la intervención de la representante del Grupo Popular, quiero
reiterar que nosotros entendemos que este proyecto responde a una
coyuntura que no estaba previsto ni por su grupo ni por nadie que
figurara en estos términos; no lo hemos visto en su programa; no hemos
visto tampoco en las explicaciones que se nos han dado que responda a un
proyecto coherente de lo que es la vertebración del Estado y la
participación efectiva, con la que nosotros sí que estamos de acuerdo, de
las comunidades autónomas y, mientras no se nos demuestre lo contrario,
continuaremos pensando que no hay modelo, que el modelo anterior podía
ser discutible, pero en un modelo, y que este pretendido modelo que se
nos presenta no es tal.
Respecto a la intervención del representante de CiU, siento que se haya
molestado. Puedo asegurarle que la expresión catalana «remover las
cerezas», como licenciado en filología catalana --y en esto pretendo
saber un poco más que S. S.--, no tiene connotaciones peyorativas. Lo he
señalado anteriormente por si pudiera haber alguna interpretación torcida
respecto de mis palabras. Además, considero que la expresión de mandar en
los puertos es legítima. Es una aspiración legítima --no le voy a quitar
yo la legitimidad--, pero he de decirle, porque lo creo sinceramente, que
no es la mejor manera de participar las comunidades autónomas en la
gestión necesaria del conjunto de los puertos. Creo que también ha
interpretado mal la referencia que he hecho a que algunos productos
catalanes se exporten a través del puerto de Valencia. Yo creo que es un
hecho positivo, no creo que haya sido por negligencia o por mala gestión
de los anteriores gestores de los puertos de Tarragona y Barcelona.
Además, creo que en el futuro, por mucho que los responsables actuales,
que pertenecen a su partido, se esfuercen, continuará siendo así. Le
aseguro que yo no se lo voy a reprochar nunca, porque por razones de
coyuntura y estructura económica el puerto de Valencia puede permitir
mejores precios a los exportadores del cava del Penedés y en el futuro
continuará siendo así, porque los puertos de Barcelona y, sobre todo de
Tarragona, mandarán más barcos a Estados Unidos que no los que mandan,
que son contadísimos, si es que mandan alguno en estos momentos. Por
tanto, en este sentido considero que sus reproches no tienen ninguna
virtualidad.
Me pregunta S. S. si voy a mantener aquí lo mismo que allí. Naturalmente,
lo voy a mantener aquí y allí, porque creo en un modelo de vertebración
del Estado que es más efectivo e incluso más conveniente para los
intereses de Cataluña, y sobre todo de los catalanes, tema que nos
acostumbramos a olvidar y, por lo tanto, como lo creo sinceramente y
además ya lo tengo en el ordenador, porque he trabajado en esta ley, voy
a enviar artículos a la prensa local en los mismos términos, explicando
nuestras intenciones y nuestros proyectos, porque creo que son mejores
para la sociedad catalana y también para el conjunto de la sociedad
española, que es para lo que estamos aquí.
Respecto a la intervención del representante del Bloque Nacionalista
Galego, que no está presente en estos momentos, quiero decirle que en el
consejo rector, donde dice que deben estar las autoridades portuarias, no
están. Si estuvieran yo estaría más tranquilo, pero no están y por ello
creo que tiene que haber una participación efectiva de todos los
territorios de España en el consejo rector. En este sentido presentamos
nuestra enmienda.
Para finalizar, quiero anunciar que retiramos nuestra enmienda 181,
relativa a los famosos tres meses, porque parece que ya figura en el
dictamen de la ponencia, recogiendo lo que había solicitado también el
representante de Convergència i Unió. (El señor García-Arreciado Banatero
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Si me permite, señor Presidente,
quisiera completar la intervención de mi compañero.
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos, señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Es para poner límite a la crítica
ácida y fervorosa que ha hecho algún portavoz de la mayoría absoluta del
Partido Socialista en anteriores legislaturas y responder a esa pregunta
capciosa que queda en el aire de qué hubiera pasado si esto se hubiera
planteado en el año 1993. Quiero puntualizar que hubiera pasado lo mismo
que pasó con la Ley de Aguas. Nos plantearon las mismas cosas que ahora
van a conseguir introducir en la ley y no las aceptamos. O lo que nos
plantearon en la Ley de Costas, que tampoco lo aceptamos. O lo que nos
plantearon en la Ley del Suelo, que tampoco lo aceptamos. Unicamente
quiero decir que nos alegramos del actual pacto de gobierno, pero es
posible gobernar este país en coalición con los nacionalistas sin atender
todas y cada una de las reivindicaciones que platean. (El señor Ríos
Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: La intervención del señor García Arreciado, que a mí
me parece oportuna, indudablemente tiene un peso que permitirá hablar
posteriormente de ella, pero ahora no es el momento.
El señor RIOS MARTINEZ: Solamente quería anunciar que retiramos unas
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, retiramos la enmienda 74, que
mantuvimos para su debate en el informe y retiramos la enmienda 79,
porque se nos ha ofrecido una transacción por parte del Grupo Popular y
para que pueda tramitarse la transacción. Eso sí lo dijimos en el
informe. Esta es la precisión que quería hacer antes de que interviniese
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos, por esa puntualización muy
necesaria para la ordenación de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Intervengo, señor Presidente, con toda
brevedad para tratar de compensar los tiempos que aproveché en exceso
anteriormente.
Como quiera que en nuestra primera intervención fuimos haciendo alusiones
a los bloques de enmiendas de los diversos grupos parlamentarios que, a
nuestro juicio, eran más significativos y, sobre todo, tratando de
demostrar --espero que con éxito, aunque no con convencimiento
parlamentario-- que había realmente una filosofía diferente en el
proyecto de ley, desde luego, con el apoyo del Grupo Popular, de
Convergència i Unió, del Grupo Vasco y de Coalición Canaria respecto al
proyecto y con las enmiendas y textos transaccionales incorporados, no
podemos avanzar demasiado. Las enmiendas de los grupos parlamentarios
Socialista, Izquierda Unida y Mixto, concretamente a través del portavoz
del Bloque Nacionalista Galego, también las de Eusko Alkartasuna y las de
Unión Valenciana, plantean una filosofía diferente. Por tanto, no se
trata de no hacer gestos parlamentarios; se trata de que incorporar
enmiendas desvirtúa el esqueleto fundamental del proyecto.
Después de un estudio minucioso y atento de todas y cada una de las
enmiendas que los diversos grupos parlamentarios han formulado desde su
perspectiva, y fundamentalmente los que en su día presentaron una
enmienda de totalidad --el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida--, hemos comprobado que el espíritu y la
filosofía de las enmiendas parciales es el mismo. En buena práctica
parlamentaria es lógico que haya coherencia respecto a quienes plantean
una enmienda de totalidad, con solicitud de devolución al Gobierno, y
quienes tratan luego de entrar en la segunda fase parlamentaria de
enmiendas al articulado. Por tanto, vamos a rechazar en su totalidad las
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, toda vez
que ha hecho una referencia de retirada de una enmienda que coincidía en
lo que es el acortamiento de los plazos de la adecuación de los órganos
de gobierno. En el proyecto se fijaba un plazo de seis meses y hay un
texto de Convergència i Unió y otro del Partido Socialista que lo acorta
a tres. Ambas enmiendas nos parecían bien, pero en buena práctica
parlamentaria los dos textos, puesto que no son idénticos, no se pueden
votar. El Grupo Parlamentario Socialista --espero que no lo haya hecho
para utilizar el argumento de que no hemos apoyado ni una sola enmienda--
la ha retirado, por lo que la filosofía de la misma se incorpora al
proyecto de ley y podríamos decir coloquialmente que se aprueba como se
aprueba la de Convergència i Unió.
Respecto al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, creo que he hecho
referencia bastante exhaustiva a la filosofía de sus enmiendas y a los
criterios que no compartimos ni podemos compartir; inquietudes que he
tratado de desterrar del discurso de su portavoz, pero que veo que no lo
he conseguido, y quizás es lógico que así sea, pues son políticas
diferentes, enfoques parlamentarios opuestos en ocasiones y sistemas
seguramente no convergentes en no pocas ocasiones también. Vamos a
rechazar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en su
totalidad, a excepción del texto transaccional al que ya hice referencia
en mi primera intervención y que, consecuencia de la retirada de dicha
enmienda, estamos satisfechos de que se pueda incorporar en esos términos
al proyecto.
Del Grupo Mixto apoyamos la enmienda presentada por Eusko Alkartasuna y
que formuló la señora Lasagabaster,
a la que hice referencia con anterioridad. Y de los demás grupos
parlamentarios, las transacciones a las que hice referencia, que son con
Convergència i Unió, con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición
Canaria. Apoyamos todos los textos transaccionales en su integridad y
apoyamos igualmente dos enmiendas, tal y como vienen planteadas, de
Coalición Canaria y del Partido Nacionalista Vasco, concretamente la 159.
Hay alguna duda, creo recordar, con la 141, según me manifestó el
letrado, que quizás debiera ser objeto de una transacción y no de una
corrección. Se trata simplemente de incorporar al texto de la enmienda y
que figura en el Boletín, dos eses. Si es necesario proceder a una
transacción para mayor corrección parlamentaria, se procede; si se puede
hacer la corrección de las dos eses sin presentar la transacción, que se
haga.
Referente a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, ya hice
referencia anteriormente a las mismas con la retirada de dos de ellas, y
respecto a las del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también
hice alusión a las dos que estaban aceptadas por dos textos
transaccionales. La prórroga de las concesiones administrativas creemos
que mejora en el aspecto de las autoridades portuarias, y quiero
tranquilizar al portavoz socialista. Y con respecto a la posibilidad de
introducir usos hoteleros en los espacios portuarios, quiero tranquilizar
también al portavoz de Izquierda Unida; lo hará el Consejo de Ministros,
porque es excepcional, y así se contempla en la enmienda, pero la
excepcionalidad no quiere decir amiguismo, señor Ríos, la excepcionalidad
quiere decir excepcionalidad, y no dude del Consejo de Ministros, que
adoptará los acuerdos que, de forma ponderada y ecuánime, corresponde
adoptar. No habrá otros criterios que puedan ensombrecer esa decisión.
Sepa que la excepción se realiza por razones estrictamente de
especialidad y competencia, por eso creímos y defendimos hasta el final
con éxito que sea el Consejo de Ministros quien deba tomar, a petición de
la autoridad portuaria, la decisión de que haya espacios hoteleros en los
recintos oportunos de cada uno de ellos.
Este es el esqueleto o armazón de nuestra postura formal respecto a las
votaciones. También votaremos favorablemente la enmienda in voce que
plantea el portavoz del Grupo Mixto respecto a unas correcciones
lingüísticas en el anexo de la ley vigente de puertos. Finalmente,
manifestamos la gran satisfacción que produce que un proyecto de ley,
desde el punto de vista parlamentario, no se vea en la soledad que se
encontró el proyecto de ley del año 1992, y se vea tan acompañado, tan
enriquecido y tan mejorado con las aportaciones de los grupos
parlamentarios, que han contribuido a mejorar sin duda alguna esa ley de
1992, a tener una mayor participación y a que nuestros puertos y nuestras
autoridades portuarias ganen en autonomía en la gestión y funcionamiento
y, desde luego, en conseguir entre todos una mayor competitividad para el
sistema portuario concebido en su conjunto. Esta era nuestra filosofía,
lo hemos conseguido, y quiero manifestar la satisfacción que ha supuesto
para nosotros trabajar en este proyecto para mejorar lo que a nuestro
juicio había sido una mala ley.
El señor PRESIDENTE: Con su intervención culmina el debate y vamos a
suspender la sesión durante cinco minutos para organizar las votaciones.
Dentro de cinco minutos reanudaremos para votar.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. No son
demasiadas, pero sí con una cierta complicación. Por tanto, les ruego a
todos, y especialmente a los portavoces, que estén atentos a las mismas.
Vamos a comenzar con las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo,
números 9 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 22; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del señor Chiquillo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Rodríguez.
Enmienda número 47.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 22; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señora Lasagabaster, números 53, 59, 60, 62,
71 y 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 58 de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 55 de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 56 de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 66 de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 48, 49, 50, 51, 67 y 69 de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 22; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco y de Coalición Canaria. Enmienda número 150,
que se ha incorporado al informe de la ponencia y que corresponde al
anexo de los dos puertos canarios.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmienda
número 184.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 185 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 188 del Grupo Parlamentario Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 190, de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Primero, un bloque que son las números 73, 77, 80, 81, 82, 85,
90 y 92.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 22; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Otro bloque que son las números 75, 76, 78, 83, 84 87, 89 y 93.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 86 y 91, también del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 22; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 22; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Vamos a votar un primer bloque que son las números 154, 156, 165, 169,
171 y 179.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 22; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Otro segundo bloque son las números 158, 159, 163, 164, 166, 167, 170 y
183.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular número 191.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, uno; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 195.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar las transaccionales. Aunque sea un poco más largo, al final
es mejor ir votándolas una por una. En primer lugar, enmiendas
transaccionales incorporadas al informe de la ponencia. La primera es con
la enmienda 101 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria con respecto al
artículo 7.4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La siguiente es con la enmienda 107 del Grupo Vasco y Coalición Canaria
respecto al artículo 27 bis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con la enmienda 79 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya al artículo 35.4.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Con la enmienda 116 del Grupo Vasco y Coalición Canaria al artículo 42.1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con la enmienda 118 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria al artículo
46.3 in fine, con la corrección de redacción expuesta en el curso del
debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con las enmiendas 123 y 124 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria y 186
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) al artículo 54.6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con la enmienda 121 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria y la 187 del
Grupo Catalán al artículo 55.2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con las enmiendas 132 y 140 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria
respecto a la disposición adicional duodécima, último párrafo.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Con la enmienda 142 del Grupo Vasco y Coalición Canaria, por la que se
crea una disposición adicional duodécima bis nueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con la enmienda 141 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria, por la que
se crea una disposición adicional decimotercera nueva.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Con las enmiendas 95 y 146 del Grupo Vasco y Coalición Canaria, por la
que se crea una disposición adicional 17 nueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con la enmienda 106 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria al artículo
26.1 h).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con la enmienda 111 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria, por la que
se crea un apartado r) nuevo en el artículo 37.1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con la enmienda 117 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria, por la que
se da una nueva redacción al artículo 43 d) y se suprime el 43 e).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con la enmienda 128 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria, por la que
se crea una disposición transitoria cuarta nueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, dos; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con las enmiendas 143, 144 y 145 de los Grupos Vasco y Coalición Canaria,
por la que se crean las disposiciones adicionales 18, 19 y 20 nuevas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, uno; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda in voce formulada por el señor Rodríguez, portavoz del Grupo
Mixto, al punto 4 del anexo de la Ley 27/1992, respecto a la denominación
de los puertos de A Coruña y Vilagarcia de Arousa.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor
García-Arreciado Batanero pide la palabra.) ¿Señor García-Arreciado?
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, creo que queda sin
votar una nueva disposición transitoria cuarta que hace relación a las
tarifas máximas de los sólidos, de los líquidos.
El señor PRESIDENTE: Esto se ha votado con la enmienda 128 de los Grupos
Vasco y Coalición Canaria, por la que se crea una disposición transitoria
cuarta nueva. (La señora Fernández González pide la palabra.) ¿Señora
Fernández?
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Si me permite un inciso, señor Presidente,
yo tenía la preocupación contraria. Cuando la presidencia hizo referencia
al texto transaccional en relación a la enmienda número 128, dijo
literalmente: por la que se crea una disposición transitoria cuarta
nueva, y por supuesto se altera el contenido del artículo 69 también.
El señor PRESIDENTE: Queda añadido que se altera el contenido del
artículo 69, pero esa enmienda ha sido ya votada y, por tanto, no tiene
razón de ser volver sobre ello.
Realizada la votación de las enmiendas, vamos a pasar a la votación del
texto del proyecto de ley resultante de la aprobación de las enmiendas.
Según tengo recogido, pero por supuesto si hay alguna otra petición será
atendida por esta presidencia, vamos a votar primero los artículos 6, 12,
24 y 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, uno; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Ahora vamos a votar los artículos 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 20 bis y 20
ter.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar ahora el resto de artículos y disposiciones adicionales
y transitorias de la ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Vamos a votar la exposición de motivos que se incorpora como preámbulo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con ello termina el dictamen de este proyecto de ley que está en
condiciones de ser presentado al primer pleno de este período de
sesiones, como fue el compromiso de este presidente en su momento.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.