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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 273, de 30/07/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 273
INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICTOR MORLAN GRACIA, VICEPRESIDENTE
PRIMERO
Sesión núm. 27 (extraordinaria)
celebrada el miércoles, 30 de julio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia, a petición del Gobierno, del señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo), para informar sobre la carta que el Comisario
de Comercio Interior de la Comisión Europea ha dirigido al Ministro de
Asuntos Exteriores español en relación con la Ley española 17/1997, de 3
de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva
95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se
aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector. (Número
de expediente 214/000046.)
Se abre la sesión a las cinco y veinticinco minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Señorías, muy buenas tardes a
todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de
Infraestructuras con la comparecencia del señor Ministro de Fomento, don
Rafael Arias-Salgado, a quien damos la bienvenida a la Comisión.
En el orden del día, por acuerdo de la Mesa, se produce una acumulación
de las peticiones de comparecencia que asistían. Por un lado, la
formulada por el propio Ministro, para informar sobre la carta que el
Comisario de Comercio Interior de la Comisión Europea ha dirigido al
Ministro de Asuntos Exteriores español en relación con la Ley 31/1997, de
3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47,
de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de
normas para transmisión de señales de televisión, y se aprueban medidas
adicionales para liberalización del sector. Junto a esta petición de
comparecencia por parte del Gobierno existen dos peticiones de
comparecencia de los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida,
que están relacionadas con el mismo tema al que hace referencia la
formulada por el Gobierno.
Por todo ello y de acuerdo con las previsiones que ha tenido siempre esta
Comisión, vamos a dar la palabra en primer lugar al señor Ministro y,
después, a los portavoces de los grupos de acuerdo con las peticiones
formuladas, de manera que empezará el Grupo Parlamentario Socialista,
después Izquierda Unida y luego, el resto de grupos, de menor a mayor.
Señor Ministro, bienvenido a la Comisión. Tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, a los efectos de ordenar esta primera intervención, me propongo
dividir mi exposición en tres partes. La primera, un somero análisis de
cuál es la cuestión de fondo; la segunda, un breve análisis también de
algunas cuestiones formales que afectan al concepto de certificación, de
inscripción y de notificación en el ordenamiento jurídico español de las
telecomunicaciones; y, en tercer lugar, una referencia a la posible
propuesta de medidas cautelares que hace la Comisión, de una forma en la
carta de emplazamiento, y se refiere a ella de forma distinta en el
dictamen motivado a que ha dado lugar el procedimiento de infracción
abierto al Reino de España.
El problema de fondo. La única manera de poder entender los razonamientos
de una y otra parte en conflicto --por una parte, el Estado español y de
otro lado la Comisión Europea-- es poner de relieve cuál es la
sustantividad de la diferencia de interpretación que se produce sobre la
incorporación de una directiva comunitaria al ordenamiento jurídico
español. Tanto la carta de emplazamiento como el dictamen motivado de la
Comisión vienen a establecer que los fines que persigue la ley son
loables, en la medida que pretende defender la libre competencia y
proteger los intereses de los consumidores, pero --añade-- los medios que
se ponen en la ley para la consecución de esos dos fines loables son lo
que la Comisión Europea califica medios desproporcionados. La Comisión
parte de la existencia de dos principios igualmente válidos o de igual
valor en el ordenamiento jurídico comunitario: el principio de libre
competencia y el principio de libre circulación de bienes y servicios.
Por tanto, lo que hace la Comisión en su carta de emplazamiento y en su
dictamen motivado, es venir a decir que está bien la defensa del
principio de libre competencia, pero al defender el principio de libre
competencia y al defender a los consumidores se ha vulnerado el principio
de libre circulación de bienes y servicios, concretamente el principio de
libre circulación de un producto, que es el descodificador, que arrastra
a su vez la vulneración del principio de libre circulación de servicios,
en la medida que se prestan servicios a través del descodificador. Por
tanto, la cuestión de fondo es una desproporción entre dos principios de
igual valor consagrados por el Tratado de Roma.
La carta de emplazamiento se apoya, fundamentalmente, en la vulneración
del artículo 30 del Tratado de Roma, artículo que leo literalmente: Sin
perjuicio de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas entre los
Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así
como todas las medidas de efecto equivalente. El artículo tiene, por
tanto, dos conceptos: prohibición de restricciones cuantitativas y
prohibición, por analogía, de medidas de efecto equivalente. Al caso
español aplica el concepto de medida equivalente. Dice: la regulación de
la ley española no contiene en sí misma una restricción directa y
material a la libre circulación de bienes, pero sí contiene lo que se
llama medida de efecto equivalente.
Para poder continuar en el razonamiento es absolutamente imprescindible
acudir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. La doctrina
jurisprudencial del Tribunal de Justicia establece que los obstáculos a
la libre circulación de mercancías se refieren a normas relativas a
denominación, forma, dimensiones, peso, composición, presentación,
etiquetados y otras características externas. Pues bien, la norma
española no afecta a ninguno de estos aspectos relativos a la libre
circulación de mercancías y la ley española tampoco tiene por objeto
regular el intercambio de mercancías, sólo aspira a regular, a normar la
forma en que debe ser utilizada una determinada mercancía para asegurar
que finalmente exista compatibilidad de uso entre los distintos modelos
de descodificadores. La jurisprudencia del Tribunal Europeo admite
excepciones a la libre circulación de bienes y servicios, y esas
excepciones son válidas siempre que concurran dos requisitos. Primero,
que las normas que establezcan las restricciones sean indistintamente
aplicables a los productos nacionales y a los importados; y, segundo, que
las limitaciones o restricciones sean para satisfacer exigencias
imperativas. La jurisprudencia ha construido un catálogo de exigencias
imperativas, a las que pueden recurrir los Estados, para limitar la libre
circulación de bienes y servicios, y en ese catálogo está la defensa del
interés general y está también la protección de los consumidores. Por
tanto, en apoyo de los consumidores, en garantía de los intereses de los
consumidores, los
Estados pueden introducir limitaciones a la libre circulación de bienes y
servicios.
Esta definición jurisprudencial plantea, por tanto, la gran cuestión, la
cuestión de fondo: ¿Hasta dónde puede llegar un Estado miembro, es decir,
hasta dónde tiene margen, al incorporar una directiva, para tomar en
consideración las circunstancias de su mercado nacional? La tesis de la
Comisión es que la ley española sobrepasa esos límites, y de ahí viene el
procedimiento de infracción. La tesis del Gobierno es que no se
sobrepasan esos límites. Por tanto, hay un conflicto de interpretación
jurídica de dos principios básicos del Derecho comunitario. Para
responder a esta cuestión (hasta dónde tienen margen los Estados, al
incorporar una directiva comunitaria, para tener en cuenta sus propias
circunstancias nacionales), la ley española parte de tres premisas.
Primera premisa: la ley española no se propone sólo incorporar la
directiva; en su exposición de motivos, la ley establece explícitamente
otros fines: la correctaestructuracióndeunmercadoenformación --como es el
de la televisión digital-- en el que hay una posición dominante y también
se refiere a otra finalidad, que es establecer las condiciones que
permitan una situación de competencia efectiva; por tanto, la ley
española no trata sólo de incorporar al pie de la letra el texto de la
directiva, sino que persigue otras finalidades, que aspiran a garantizar
en mayor medida la libre competencia. Segunda premisa: la ratio legis de
la directiva es justamente la libre competencia. Esta directiva no se
dicta en desarrollo o en apoyo de la libre circulación de productos
industriales relacionados con la televisión, esta directiva se dicta en
el marco del derecho a la competencia; es, por tanto, una derivación
básica del principio de libre competencia consagrado por el Tratado de
Roma. Es una directiva que se mueve en el ámbito del derecho a la
competencia, no en el ámbito del derecho a la libre circulación de bienes
y servicios. Al ser la ratio legis la garantía de la libre competencia,
la directiva --y lo dice explícitamente-- aspira a que el sistema de
descodificadores no se convierta en una barrera efectiva de acceso al
mercado para los nuevos operadores. Esa es la finalidad de la directiva y
en torno a ese principio se mueve la articulación de la ley española,
tanto cuando incorpora la directiva como cuando recurre a medidas
adicionales. Tercera premisa: la directiva obliga a los Estados a adoptar
todas las medidas para evitar que surjan posiciones de dominio o que se
produzcan abusos de posición dominante, y dice literalmente, todas las
medidas. En conclusión, la ley española se propone ir más allá de los
términos estrictos de la directiva, en cuanto que incorpora otras medidas
y además hace uso de la habilitación que la directiva da a los Estados
cuando alude a la necesidad de que los Estados adopten todas las medidas
necesarias para evitar que se configuren posiciones de dominio y abusos
de posiciones dominantes.
Frente a estas tres premisas de la ley española, la posición de la
Comisión es la siguiente. La directiva --dice la carta de emplazamiento y
reitera después el dictamen motivado, y cito literalmente-- opta por un
enfoque orientado al control de los comportamientos de los operadores
activos en el mercado, imponiéndoles obligaciones estrictas. La
preferencia última --concluye-- por el multicrypt es medida innecesaria y
desproporcionada. Para responder a esta afirmación, tanto de la carta de
emplazamiento como del dictamen motivado, hay que tener en cuenta tres
puntos: en primer lugar, el que hace referencia en sentido estricto al
control de los comportamientos; en segundo lugar, hay que tener en cuenta
que el Tratado de Roma exige a los Estados cuando incorporan directivas
una obligación de resultado; y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta
el margen que deja la jurisprudencia en este orden de cosas.
Primer punto: control de los comportamientos. La ley española asume el
enfoque de la directiva, en cuanto que establece medidas destinadas
directamente al control de los comportamientos que permitan la existencia
y el funcionamiento de la libre competencia en el mercado de la
televisión de pago. Es más, impone al operador dominante la obligación de
negociar, de buena fe, atendiendo a los fines que persigue la directiva y
la ley; protección de los consumidores, libre competencia, correcta
estructuración del mercado. La ley española impone también otra
obligación de un comportamiento, que es la obligación de negociar desde
el análisis, como es lógico, de la situación del mercado español. Decía
que hay que tener en cuenta también que la ley española aspira a cumplir
aquello que el Tratado de Roma exige, que es una obligación de resultado.
El artículo 189 del Tratado de Roma es específico a este respecto. Leo:
La directiva obligará al Estado miembro en cuanto al resultado que deba
conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma
y de los medios. Esto dice el Tratado de Roma en su artículo 189, cuando
regula la obligación de los Estados miembros de incorporar directivas. Y
tercer punto, qué margen deja la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
en este orden de cosas. El Tribunal de Justicia en diversas sentencias ha
reconocido la posibilidad de que para asegurar el resultado, que en el
caso de la directiva es la libre competencia, no lo olvidemos, las
autoridades nacionales pueden adoptar medidas que refuercen las
condiciones establecidas por las instituciones comunitarias.
El argumento del Tribunal Europeo de Justicia es que el ordenamiento
jurídico comunitario y el ordenamiento jurídico nacional responden a
intereses y objetivos distintos. Dice el tribunal en diversas sentencias:
el ordenamiento jurídico comunitario se concentra en conductas, acuerdos
y estructuras económicas que afectan al mercado intracomunitario, y el
ordenamiento jurídico nacional tiene en cuenta las situaciones que se dan
en el mercado interno. Dicen las sentencias numerosas del Tribunal de
Justicia: en el caso de que se produzca conflicto en el ámbito de
aplicación de ambos ordenamientos debe prevalecer la norma más estricta,
porque así se asegura mejor la protección de todos los intereses en
juego, tanto los nacionales como los comunitarios.
Por tanto, señorías, desde el punto de vista de la cuestión de fondo, hay
una posición discrepante en la interpretación que hace la Comisión
Europea de la directiva y la que se hace en la ley española, y sobre esta
cuestión de fondo tendrá que pronunciarse necesariamente el Tribunal
Europeo de Justicia, porque será quien deberá decidir si en
el marco de la directiva comunitaria, que se dicta con unos determinados
fines, pueden circular libremente o no descodificadores cerrados. A esto
me referiré en mayor medida con posterioridad.
Para continuar el orden de la intervención, debo aludir a las cuestiones
formales; lo haré con mayor brevedad para no cansar a SS. SS. Se refieren
fundamentalmente al problema de la certificación, al problema de la
inscripción en el registro, al problema de la notificación y al de la
fijación de las tarifas para utilizar los descodificadores por parte de
los distintos operadores de programas de televisión.
La certificación a que se refiere la disposición adicional única de la
ley española es contemplada por la carta de emplazamiento y por el
dictamen motivado desde una doble perspectiva. Se contempla, de una
parte, como una norma técnica que debería haber sido notificada
previamente a la Comisión Europea, y se contempla también como una
restricción a la libre circulación de bienes y servicios. Frente a esta
posición de la Comisión la respuesta dada en las alegaciones hechas por
el Gobierno español a la carta de emplazamiento, por resumir, se basan en
tres puntos.
Primero, todo el sistema de certificaciones, regulado con rango de ley, y
por tanto también las certificaciones técnicas, aparece en la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones del año 1987, ley que en su momento
fue notificada debidamente a la Comisión Europea. Por tanto, cada vez que
una norma singular se refiere a ese sistema de certificaciones no es
necesario volver a comunicar a la Comisión Europea esta especificación
técnica. Sería un contrasentido que cada vez que una norma se refiere o
se remite, como es el caso de la Ley de Televisión Digital, a la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones, para recoger su sistema de
certificaciones hubiera que notificar cada una de esas normas a la
Comisión Europea cuando ya se ha notificado el sistema general.
En segundo lugar, a mayor abundamiento, el sistema de certificaciones que
aplica la Ley de Televisión Digital es el sistema de certificaciones que
se recoge en la Directiva 91/263 de la Comisión Europea, de 29 de abril,
que fue incorporada al ordenamiento jurídico español por Real Decreto de
19 de julio de 1996, que es la directiva referente a certificaciones. En
la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y en la incorporación de
la directiva de certificaciones se contemplan dos especies de
certificación: el denominado certificado de aceptación y lo que se llama
declaración de conformidad o autodeclaración.
El certificado de aceptación se exige única y exclusivamente a los
equipos terminales que interfuncionan con la red. Pues bien, el
descodificador tiene un único elemento que interfunciona con la red que
es el modem, y éste debe ser objeto de un certificado de aceptación, pero
no porque lo diga la Ley de Televisión Digital sino porque lo dice la
regulación general, el sistema general de certificaciones, y todo lo
demás está dentro del campo de lo que se llama declaración de conformidad
de las especificaciones técnicas que deben hacer los fabricantes con las
normas técnicas vigentes en Europa, y ahí se permite la autodeclaración.
Basta con que los fabricantes de los descodificadores autodeclaren y
presenten el documento correspondiente de que los demás elementos del
descodificador entran en el sistema de declaración de conformidad para
que esa autodeclaración surta la plenitud de efectos jurídicos; por
tanto, no hay ningún tipo de restricción.
Ni desde el punto de vista de lo que es una norma técnica que debería ser
objeto de previa notificación ni tampoco como potencial restricción a la
libre circulación de bienes y servicios se puede aceptar la afirmación de
la Comisión de que ese sistema general de certificaciones, que está ya en
el ordenamiento jurídico español y ha sido adecuadamente notificado,
supone una restricción a la libre circulación de bienes y servicios.
En lo referente a la inscripción en el registro nuevamente la Comisión
considera que esa inscripción es una restricción a la libre circulación
de bienes y servicios. Pues bien, desde el punto de vista del Gobierno
español ésa es una afirmación inexacta y se podría demostrar con muchos
argumentos. Primero, las directivas comunitarias de liberalización de las
telecomunicaciones crean ellas mismas dos registros, uno para el de
licencias individuales y otro para el de autorizaciones generales.
Segundo, el registro que se prevé en la ley española es puramente
declarativo, tan declarativo que la cancelación de la inscripción no se
puede hacer de oficio; solamente se puede hacer a petición del
interesado. Finalmente, hay un dicho contra factum nom est argumentum,
contra los hechos no caben argumentos. Denegada la inscripción por no
cumplir una especificación técnica de compatibilidad el operador al que
afectaba la denegación de la inscripción ha podido continuar operando sin
ningún tipo de problemas. Esa es la prueba de los hechos y siendo
puramente declarativa la inscripción, no tiene ninguna capacidad para
suponer un requisito que restrinja o dificulte la libre circulación de
bienes y servicios.
Recientemente ha sido rechazado el recurso interpuesto por Canal Satélite
Digital, al amparo de la ley de protección jurisdiccional de los derechos
y libertades fundamentales, que pretendía la adopción de medidas
cautelares y la suspensión de la aplicación de ese reglamento. Pues bien,
en el auto que rechaza el recurso, y por tanto la adopción de medidas
cautelares, se argumenta, y se hace a mi juicio con buen sentido, que la
norma española se limita a regular el funcionamiento del registro de
operadores de servicio de acceso condicional para la televisión digital.
Y añade: de modo que el potencial perjuicio para los derechos
fundamentales de la empresa actora más bien habrá de derivar del futuro
uso que la Administración haga del registro en cuestión y del
procedimiento de inscripción que de la existencia del registro y del
procedimiento en sí mismos considerados. Por tanto, ni el registro ni el
procedimiento de inscripción son en ningún caso, jurídicamente hablando,
un límite o una restricción al principio de libre circulación de bienes y
servicios.
Finalmente, en lo que se refiere a la forma de establecer las tarifas,
tanto la carta de emplazamiento como el dictamen motivado incurren en un
error y es que ambos textos se han redactado sobre el decreto-ley y no
sobre el texto final de la ley. Eso ha dado lugar a otra serie de
pequeños errores, pero, en todo caso, no hay aquí vulneración
de ningún principio jurídico comunitario sino que simplemente la Comisión
en su dictamen de emplazamiento considera inapropiado que la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones hasta el 1.º de diciembre de 1998 tenga
la posibilidad de fijar las tarifas de uso de los descodificadores para
los distintos operadores en el caso de que no haya acuerdo entre ellos.
Realmente, es una posición un tanto discutible --lo hemos discutido mucho
en esta Cámara-- porque si alguien puede tener competencia para fijar
tarifas, en caso de inexistencia de acuerdo entre operadores, debe ser
justamente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En todo
caso, la Comisión no hace referencia a la existencia aquí de vulneración
de ningún tipo de procedimiento, de ningún tipo de principio, sino
simplemente considera que ése es un sistema inapropiado.
Finalmente, señorías, en forma muy distinta y con lenguaje muy diferente,
la carta de emplazamiento y el dictamen motivado se refieren a la
posibilidad de que la comisión plantee ante el Tribunal de Justicia la
adopción de medidas cautelares.
La posición en este punto del escrito de alegaciones que ha hecho el
Gobierno español se basa, como es lógico, en la articulación jurídica de
lo que son y representan unas medidas cautelares. El apartado 2 del
artículo 83 del Reglamento de procedimiento del Tribunal Europeo de
Justicia exige dos requisitos para que se puedan adoptar medidas
cautelares, y, después, la jurisprudencia del Tribunal ha añadido un
tercer requisito.
Primer requisito, la apariencia de buen derecho. Quien pida las medidas
cautelares debe tener al menos apariencia de ser titular de un derecho
presuntamente vulnerado, y esa apariencia tiene que ser suficiente.
Segundo, debe haber perjuicios graves e irreparables, sumidos por otra
parte en el requisito de la urgencia; no basta con que sean graves e
irreparables, tienen que ser, por así decirlo, inminentes y urgentes.
La jurisprudencia ha añadido un tercer requisito de extraordinaria
importancia, que es, a juicio del Gobierno, donde tanto la carta de
emplazamiento como el dictamen de la Comisión adolecen de una
deficiencia. El Tribunal recurre siempre a lo que llama ponderación de
los distintos intereses contrapuestos en juego. En este caso la Comisión,
a juicio del Gobierno, no pondera todos los intereses en juego, no
pondera los intereses de los consumidores, no pondera los intereses que
derivan de la libre competencia, pondera única y exclusivamente el
principio de libre circulación de bienes y servicios en la medida que
afecta a un único operador.
Por eso, paradójica y extrañamente, en la carta de emplazamiento y en el
dictamen motivado no se hace ninguna referencia ni descripción a la
situación específica del mercado español de la televisión de pago, porque
cualquier análisis de la situación de hecho del mercado español y
cualquier análisis que condujera a una ponderación de intereses en juego,
habría debido tener presentes a los diversos operadores que
potencialmente van a entrar en ese mercado y debería haber tenido en
cuenta de una manera muy clara y muy directa algo que constituye o puede
constituir una exigencia imperativa, que es justamente la defensa de los
intereses de los consumidores.
Por eso, ante esa petición, ante ese anuncio de que la Comisión podría
pedir al Tribunal la adopción de medidas cautelares, en una declaración
final, las alegaciones que hizo el Gobierno español planteaban a la
Comisión lo siguiente: El Gobierno español está dispuesto a adoptar todas
las medidas necesarias para evitar que se cause daño específico a nadie,
pero para saber cuáles son esas medidas es preciso que la comisión
especifique, primero, cuáles son los daños urgentes, irreparables e
inminentes que causa la ley española, y, segundo, cuáles son los
operadores económicos potencialmente perjudicados.
Pues bien, el dictamen motivado no contesta a esta oferta del Gobierno
español, oferta de adoptar las medidas necesarias, incluidas las
legislativas, para evitar que pudieran causarse daños urgentes,
irreparables e inminentes; al mismo tiempo, como es lógico, se pedía que
se precisara cuáles son los potenciales operadores económicos
perjudicados por la ley española.
Señorías, ésa es la razón por la cual en cuanto a la cuestión de fondo el
Gobierno español va a mantener su interpretación del ordenamiento
jurídico comunitario, y está siempre dispuesto a introducir aquellas
medidas de reforma destinadas a evitar un daño grave, irreparable e
inminente, que tenga en cuenta naturalmente a los operadores que puedan
resultar perjudicados, y concluir, como se concluye también en la
contestación a la carta de emplazamiento y la contestación que se
incluirá también en el escrito de alegaciones al dictamen motivado, que
la Comisión ha incumplido también por su parte sus obligaciones, porque
la Comisión tenía en este orden de cosas tres obligaciones: primera
obligación, exigir que todos los Estados miembros incorporaran la
directiva, y solamente la ha incorporado España. Tenía una segunda
obligación, que está en el propio texto de la directiva, emitir un
informe evaluando el resultado de la aplicación de la directiva en el
mercado europeo; no ha emitido ese informe. En tercer lugar, con esa
evaluación, introducir en su caso las modificaciones necesarias.
La directiva europea es una directiva que tiene en última instancia un
margen de ambigüedad, no zanja la doble cuestión que plantea la
aplicación práctica de la directiva.
Primero --con ello concluyo, señorías, en este turno--, si no hay acuerdo
entre operadores, ¿es posible que puedan circular libremente
descodificadores cerrados? La Comisión no se pronuncia en la carta de
emplazamiento ni en el dictamen motivado. Segundo y fundamental, ¿qué
pasa, cómo deben actuar los Estados miembros, qué deben hacer los Estados
miembros, cuando no hay acuerdo entre operadores y, por tanto, quedan
encima de la mesa descodificadores incompatibles entre sí?
El ejemplo que frecuentemente se pone (a él podremos hacer referencia) de
la existencia de este tipo de descodificadores en otros mercados europeos
es una referencia cierta, pero hay que colocarla en el tiempo. Todos esos
países tienen esa situación antes de la directiva comunitaria; como no
han incorporado la directiva a sus ordenamientos jurídicos, sigue la
misma situación anterior, que es una situación
plenamente legal, pero no han resuelto el problema.
El ejemplo que más frecuentemente se aduce es el del mercado francés.
Tengo aquí una relación y se la puedo enseñar a S. S. de cuál es la
situación de todos los mercados europeos. La situación del mercado
francés en estos momentos, para que SS. SS. lo sepan, es la siguiente:
hay tres operadores y existe un acuerdo entre los dos primeros
operadores, pero ese acuerdo es desigual, el primer operador Canal + de
Francia, tiene plena libertad para poder prestar todo tipo de servicios
audiovisuales a través del descodificador, y el segundo operador AB sat
está en una situación de inferioridad; solamente puede transmitir por el
descodificador de Canal + el paquete básico, no puede tener plena
interoperatividad, no puede tener vía electrónica de programación,
etcétera. Tercera característica del mercado francés, el tercer operador
está a demanda por semana contra los operadores actualmente existentes,
porque se encuentra en una situación de discriminación. El mercado que
con frecuencia se pone como ejemplo de lo que es un mercado europeo debe
acompañarse de dos matizaciones. Primera matización: es un mercado
anterior a la directiva. Segunda matización: es un mercado conflictivo y
que produce una desigualdad entre los distintos operadores. Hay otros
ejemplos. El ejemplo de Gran Bretaña todavía es más paradigmático. Al
titular de la televisión analógica por satélite B Sky B no le permiten
pasar a la televisión digital. Le dejan fuera. Eso sí que es una medida
de restricción.
Es lógico que se produzcan conflictos de interpretación en un tema que
está por dilucidar. Desde la perspectiva de la libre competencia y de la
defensa de los intereses de los consumidores, no es aventurado afirmar
que la directiva nace para que se introduzcan en el mercado
descodificadores abiertos o, por lo menos, compatibles entre sí mediante
acuerdo entre operadores. Eso es lo que exige la libre competencia, eso
es lo que exige la protección de los consumidores y eso no es en última
instancia, a juicio del Gobierno, una vulneración del principio de libre
circulación de bienes y servicios.
El señor PRESIDENTE: antes de dar la palabra a los grupos tengo que
manifestar que, por indicación de los servicios de la Cámara, no se
pueden acumular las dos peticiones de comparecencia solicitadas por los
Grupos Socialista e Izquierda Unida. Por tanto, permanecerán en el bloque
de temas pendientes a tratar por la Comisión. Ahora únicamente haremos
referencia al orden del día escueto y preciso, que es la comparecencia
del señor Ministro de Fomento a petición propia.
Como antes he fijado un orden de intervenciones, vamos a seguir ese orden
de mayor a menor, empezando el Grupo Socialista y finalizando el Grupo
Popular. También les agradecería, dado que los tiempos marcados por esta
Comisión son siempre flexibles, que esa flexibilidad no fuera excesiva y
que se acomodaran, en lo posible, al tiempo marcado de 10 minutos.
¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra don Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Forma casi parte del ritual parlamentario
comenzar una intervención de esta naturaleza agradeciendo la presencia
del Ministro por la información que nos ha dado. Yo voy a romper ese
ritual, bien a mi pesar. Tengo que decirle que no le agradezco la
presencia aquí y que, antes bien, le reprocho que no haya venido antes.
Usted tenía que haber venido antes para explicarnos algo que forma parte
de la posición española y, por tanto, de lo que España ha contestado a la
carta de emplazamiento. Nos tenía que haber aclarado cuál era la posición
del Gobierno, tenía que haber escuchado a los grupos parlamentarios, todo
lo cual le hubiera permitido formar posición. Porque, señor Ministro,
estamos ante una ley de este Parlamento. Lo que está siendo cuestionado
por Bruselas no es una instrucción del Gobierno, no es un decreto, no es
una orden ministerial; es una ley de este Parlamento y hubiera sido
sensato y razonable el que usted hubiera escuchado al Parlamento, incluso
a los grupos que nos opusimos a esta ley, antes de enviar a Bruselas la
contestación a la carta de emplazamiento. Esto hubiera sido casi de
cortesía parlamentaria. Todavía estoy esperando una respuesta razonable,
más allá de la que me dijo la señora Mato, que llegó a afirmar que por la
prensa se sabe lo que piensan unos y otros. Poco menos que cerramos el
Parlamento y punto.
Señor Ministro, éste es un debate trucado. No es el primero que tenemos
en este tema con truco. Usted ha venido aquí, nos ha hecho una exposición
seguramente inteligente y profunda de Derecho comunitario --ojalá sus
servicios hubieran hecho ese curso de Derecho comunitario que parece
haber hecho usted antes de elaborar la ley y seguramente no estaríamos
aquí-- y nos ha expuesto las noventa y tantas páginas que ha enviado a
Bruselas. Hubiera sido razonable, señor Ministro --creo que usted lo
comprende así--, que los grupos de la oposición hubiéramos tenido la
exposición motivada, el aviso y, finalmente, la respuesta del Gobierno.
Todo eso habría permitido hacer un debate en igualdad de condiciones.
Usted aquí ha dicho cosas: algunas nos sonaban, otras sencillamente
forman parte de ese mundo siempre abstruso y difícil del Derecho
comunitario en el que usted, sin duda, se mueve mejor que nosotros. Pero
yo no voy a caer en esa trampa. Usted pretende hacer aquí un debate
jurídico y yo voy a hacer un debate político, aunque de algunas cosas
sobre el derecho diré, sobre todo cuando el derecho se interpreta
torcidamente, que es lo que han hecho ustedes muchas veces en este
debate.
Le voy a salir al paso sólo de tres cosas que me han llamado mucho la
atención. Señala que la Comisión no dice que tenemos que hacerlo. Lo dice
con claridad, señor Ministro. Le pide que derogue la ley, que cambie
aquellos aspectos de la ley que chocan frontalmente con la directiva
comunitaria. Eso dice la Comisión. Se lo dice con rotundidad al principio
y al final. Y le dice: si usted no la cambia, acabaremos en Luxemburgo.
Le llevará la Comisión a Luxemburgo. No irá usted a Luxemburgo, por mucho
que se empeñe usted y su portavoz Ana Mato en decir, radio tras radio,
que van a ir a Luxemburgo a defender los derechos. No. A usted le van a
llevar a Luxemburgo porque la Comisión
entiende que ha conculcado la normativa comunitaria. Por tanto, lo
primero que tengo que decirle es que, a mi juicio, la Comisión sí da
soluciones, ¡cómo no! Le da muchas y lo dice en varios momentos del aviso
motivado.
En segundo lugar, menciona que la Comisión no ha estudiado el panorama
audiovisual español. No es verdad, señor Ministro. Si no recuerdo mal
--lo he mirado rápidamente--, a partir del párrafo 53 del aviso motivado,
hasta casi el 70, la Comisión hace un estudio de lo que usted le ha
dicho; le rebate punto por punto esa pretensión de que estamos ante un
sistema monopolístico en lo que a televisión por satélite se refiere;
añade que ese supuesto estado monopólico, no es tal, que es un mercado
emergente y le dice, primero, que no es una novedad (párrafo 54);
segundo, que tienen escasa relevancia los argumentos que usted emplea:
tercero, que caben varias soluciones (párrafo 56); cuarto, que han optado
ustedes por las peores (párrafos 66, 68 y 69); quinto, que ustedes no
sólo hacen daño al operador que existe sino a los próximos que van a
existir, tercer y cuarto operador (párrafos 70 y 71)... Estudian a fondo
lo que usted dice, lo que pasa es que no pican y le dicen a usted cosas
distintas de las que a usted le gustaría oír. La Comisión ha estudiado la
existencia de un mercado, entre otras cosas, como la propia Comisión
señala, porque no es nuevo. En todos los países de Europa está pasando lo
mismo, no es algo novedoso. Es más, la Comisión le recuerda a usted que
la elaboración de la directiva fue posterior a un trabajo serio que
hicieron técnicos de todos los países de las compañías telefónicas, de
telecomunicaciones y audiovisuales para, justamente, estudiar este
mercado emergente y que, a partir de ahí, habían salido las soluciones de
la directiva que usted dice haber traspuesto aquí, mediante un
decreto-ley convalidado después como ley. No es verdad tampoco eso que
usted ha dicho. La Comisión lo ha estudiado y aquí hay dos páginas
dedicadas a ello.
En el repaso sobre la situación internacional, usted ha cogido de aquí y
de allá. Me he quedado con una cosa que me ha llamado la atención y
volveré sobre ello. Dice usted que a B Sky B no le dejan entrar en
televisión abierta, convencional. Es verdad. Tampoco a BT. ¿Le suena a
usted eso? Tampoco al operador de telefonía le dejan entrar en
televisiones abiertas. Sobre eso volveremos luego.
En definitiva, señor Ministro, tarde y mal. Si usted quiere tener un
debate jurídico mándenos los papeles y lo tendremos a gusto porque
nosotros también tenemos algún conocimiento de normativa comunitaria.
Usted ha querido hacer ese debate y yo voy a hacer otro, aunque tocaré
algunos aspectos ya que me han llamado la atención algunas cosas de lo
que usted ha dicho.
Lo que me parece más grave --lamento expresarlo con esta dureza-- es que
en este debate el Gobierno, el Grupo Popular, han mentido en muchas
ocasiones. Lo han hecho en el Parlamento, ante Bruselas --como demostraré
con los propios documentos de la Comisión que uno ha tenido que buscar a
través del Parlamento Europeo cuando lo lógico es que el Gobierno se los
hubiera proporcionado a los grupos parlamentarios en tiempo-- y también
ante los ciudadanos. Usted ha ocultado las intenciones que de verdad se
esconden detrás de este proyecto de ley. Hoy lo ha vuelto hacer en una
maraña jurídica en una defensa de la libre competencia, aunque la
Comisión le dice, una y otra vez, que se defiende de otra forma y no
perjudicando a unos y beneficiando a otros. Se lo dice muchas veces en el
dictamen, tanto en el aviso como en la carta de emplazamiento. Usted les
ha dicho a los españoles cosas que no son ciertas y el tiempo lo está
demostrando. Usted, en definitiva, ha hecho muchos debates tramposos y
éste de esta tarde, desgraciadamente a mi juicio, señor Ministro, es uno
más. Como le decía, lo voy a hacer con los papeles de la Comisión
Europea, no con los del Gobierno español, que no los tengo, ni con los de
la Comisión Europea que me debía haber mandado el Gobierno español,
porque tampoco lo ha hecho. Lo voy a hacer con los que he tenido que
buscar a través de los eurodiputados.
No voy a dejar de pasar por alto una reflexión que le hice a la señora
Mato en la Diputación Permanente y que repito ahora. Le dije en aquel
momento que el Grupo Socialista lamenta este debate y que, además, cree
modestamente --permítame decírselo-- que si nos hubieran hecho un poco de
caso cuando debatimos la enmienda a la totalidad del decreto-ley,
seguramente nos hubiéramos ahorrado algunos de los bochornos que nos
estamos llevando en Europa. Es verdad que esto no le gusta a nadie.
Al Gobierno no le debe de gustar, al Grupo Parlamentario Socialista
tampoco porque no le gusta a los españoles y porque no le conviene a
España. Le dijimos en aquel debate --se lo leía literalmente a la señora
Mato el otro día-- que esto era más que una directiva, que ustedes se
estaban pasando y que en la medida en que trasponían la directiva,
estaban yendo mucho más lejos en algunos aspectos y tenían que haber
comunicado con tres meses a Bruselas lo que pensaban hacer. Usted mismo
ha reconocido que el aviso motivado lo dice. No voy a entrar en el fondo
de la cuestión.
En la primera parte del aviso motivado, párrafo 17, se dice
explícitamente que la ley va mucho más allá. Lo ha reconocido hoy aquí.
En aquel momento no lo dijo con tanta claridad. Hoy sí lo ha dicho: Hemos
ido más allá de la directiva, no es una trasposición. Usted tenía que
haber comunicado a Bruselas muchas de las normas que hay aquí porque,
como sabe S. S., son normas de carácter técnico. No me vale el argumento
de la Ley de Telecomunicaciones. Después de eso hay muchas directivas,
incluyendo todas ellas obligaciones legales para España que tienen rango
de ley en el Derecho positivo español, y usted eso lo sabe.
Le dijimos a usted en aquel momento que había un doble sistema de
autorización. ¿Se acuerda, señor Ministro? Añadía que era un formidable
lío, que nadie sabía muy bien qué era el registro ni qué papel jugaba el
informe de la Dirección General de Telecomunicaciones. No se sabía muy
bien cuál era el carácter de la autorización que luego tenía que ver la
Dirección General de Comunicaciones, al margen del documento que enviaba
al registro para la inscripción en el mismo. No se sabía si eso afectaba
a los operadores que emitían desde España o también afectaba a los de
fuera. Todo eso está desarrollado en el aviso motivado
con extensión. Déjeme simplemente que le hable, por mencionar el aviso
motivado, del párrafo 79 que se refiere a la doble autorización, al doble
sistema de control, algo que dijimos en el Parlamento. Era un lío, y lo
es, sin duda, señor Ministro. No se aclara nadie; ustedes tampoco. Pero,
además de eso, es un sistema incompatible con el Derecho comunitario, y
así se lo dice la Comisión.
Le dije en aquel momento que había un sistema de homologación,
incompatible con el Tratado de la Unión, con la Constitución europea,
para que nos entiendan los españoles. Desgraciadamente, el párrafo 73 del
aviso motivado dice que la exigencia de una certificación previa entra en
colisión directa --prima facie, dice-- con el artículo 30 del Tratado.
También le dijimos eso. Finalmente le dijimos que, de acuerdo con la
directiva, no se podían fijar las tarifas por empleo de los
descodificadores. El párrafo 131 da buena cuenta de ello. Por cierto,
aunque luego volveré sobre eso, señor Ministro, hay algo que aquí no
cuadra. Ya se lo dijo en el debate mi compañero de grupo, Jenaro
García-Arreciado.
Dice que la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones fija las
tarifas cuando no hay acuerdos, pero no es así, señor Ministro. Le voy a
leer la disposición transitoria segunda de la ley, no del decreto-ley,
que dice: A fin de garantizar la competencia efectiva y hasta la plena
liberalización de las telecomunicaciones (1 de diciembre de 1998), la
Comisión fijará las tarifas de empleo de descodificadores. Por tanto,
hasta diciembre de 1998. No nos engañemos, es en los primeros meses
cuando hay que fijar las tarifas, luego ya va todo sobre ruedas. Es la
Comisión la que se ha reservado una competencia que la directiva cree que
tiene que ir al libre albedrío, al pacto, al acuerdo entre los
operadores. No diga usted eso nunca más, porque ya se lo ha dicho la
Comisión y le han recordado por carta que no es así. Es más, le llaman
alguna cosa más en un escrito que luego leeré. No diga usted que lo han
dejado al pacto. No es verdad. Desde diciembre de 1998 en adelante al
pacto, pero antes, a la Comisión Nacional del Mercado de
Telecomunicaciones, cuya composición bien se ha encargado usted de
alterar en el debate del Senado, sin acuerdo de los grupos que en su
momento se lo dimos aquí en el Congreso para formar una comisión
despolitizada, lo menos parlamentarizada posible. La Comisión se ha
reservado la competencia hasta 1998, porque después, como usted sabe, el
mercado estará ya funcionando. En definitiva, lo que usted nos cuenta hoy
tiene truco.
Voy resumiendo. Se lo dije también en la Diputación Permanente a su
grupo: ustedes han ido más lejos que la directiva, pero tiene una lógica
política evidente. Ustedes no querían liberalizar el mercado de la
televisión digital, querían intervenir. Hoy lo ha dicho taxativamente y
nos ha quedado claro. Ustedes querían intervenir, no para garantizar la
libre competencia, sino para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Ese
es el sentido profundo de la ley y del decreto-ley que usted trajo a esta
Cámara. Y eso, como veremos luego, lo dice la Comisión Europea. Dice que
aquí hay un trato de favor a unos y un maltrato a otros. Naturalmente,
los que son bien tratados pertenecen a lo que llamaríamos su órbita
política y aquellos que le han llevado la contraria, ésos reciben un
maltrato en esta ley. Ese es el fondo de la cuestión.
Vuelvo a la ocultación, porque me cuesta emplear la palabra mentira, se
lo digo de verdad. Usted ha ocultado todo este debate... (Lo siento señor
Presidente, está sonando mi móvil. No, perdón, es el de mi compañera.)
Señor Ministro, usted nos ha ocultado todo este debate. Según cuenta la
propia Comisión, usted ha tenido múltiples reuniones con la Comisión. El
14 de marzo hubo una especialmente significativa, donde parece que el
comisario Bangemann dijo que iba a haber cambios. Volveré sobre ello.
Usted ha tenido muchas reuniones. Se ha carteado con el comisario,
concretamente el 9 de abril. Por cierto, a una velocidad récord porque el
mismo día enviaron sendas cartas. Estábamos todavía... (Este sí es mi
móvil.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, agradecería que si hay algún teléfono
móvil más que esté conectado, lo desconecten. A ver si tenemos la
seguridad de que no va a haber ninguna interrupción más.
El señor PEREZ RUBALCABA: Lo siento, señor Presidente, pero esto suaviza
el debate, le da un toque humano.
Le decía, señor Ministro, que usted estaba en pleno barullo, si me
permite la expresión. Usted y sus colaboradores viajaban a Bruselas,
usted sabía que esta ley tenía muchos problemas en Europa. La pregunta es
por qué no nos lo dijo. Por qué el día 9 de abril usted se cartea con el
comisario Monti (todavía estábamos viendo la ley en el Senado). Parece
que hubo una reunión en la que ustedes aceptaron cambiar
significativamente la transitoria segunda, que luego no se modificó.
Parece que la Comisión entendió eso. Nosotros no nos enteramos de nada,
señor Ministro. A mí me parece grave, porque si nos hubiera dicho que
había problemas con la Comisión habríamos hecho una reflexión. Igual le
hubiéramos podido ayudar, señor Ministro, a hacer una reflexión que le
permitiera salir de este embrollo en el que se ha metido. Usted no nos
dijo que tenía problemas serios con la Comisión. Usted habló, según dice
la propia Comisión en su dictamen previo, con los señores Monti y
Bangemann, y el propio comisario Monti habló con el Presidente del
Gobierno, señor Aznar. Por tanto, no era una cuestión menor, de técnicos.
Según se recoge, en la cumbre de Amsterdam hubo una reunión específica
entre el comisario Monti y el Presidente del Gobierno. ¿Por qué no le
contó al Parlamento que estaba elaborando una ley y que esa ley tenía
problemas serios, a juicio de los servicios de la Comisión? ¿Por qué nos
ocultó que había una cierta negociación? Porque la Comisión reconoce que
ustedes negociaron y creyó haber entendido que ustedes iban a modificar
algunas cosas que luego no modificaron. Yo creo que es grave, señor
Ministro. Se lo digo con franqueza. Creo que nos ha ocultado una
información vital para que esta Cámara hubiera tenido por lo menos el
conocimiento de lo que pensaban en Europa respecto a una normativa que
hoy está a punto de ir al Tribunal de Luxemburgo.
Tampoco le ha dicho la verdad a la Comisión en varios momentos. En la
carta que le dirigen a usted hace un mes hay un párrafo en donde se dice
literalmente que en la reunión entre los servicios de la Comisión y los
de su ministerio, en marzo de 1997, se dieron garantías de que la
disposición transitoria segunda sería suprimida mediante una enmienda
parlamentaria. Me limito a leer, no lo hago mío. Ello quedó consignado en
la carta del comisario Bangemann al Ministro el 9 de abril y confirmada
por la respuesta del Ministro el mismo día. En su respuesta el Ministro
confirmó, de modo inequívoco, la validez de los términos contenidos
posteriormente en el tercer apartado del artículo 7.c). Sin embargo, la
enmienda no se modificó. Señor Ministro, no sé si quedaron en modificarlo
o no; sí sé que su carta dice lo que dice el comisario Bangemann --la
tengo aquí delante--. Usted dice que ello significa --se refiere a las
tarifas de abono-- que las partes pueden pactar un margen de beneficio
para retribuir el uso de los descodificadores --tema que estaba en
cuestión--. Dice usted que sólo en caso de falta de acuerdo decidirá la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. No es verdad, señor Ministro,
usted le dijo a Europa lo que hoy acaba de decir aquí. No es verdad. No
es verdad salvo que la transitoria no tenga interpretación posible, pero,
si tiene la que lógicamente todos pensamos que tiene, esto no es verdad.
Y es verdad que, como usted no habla de la transitoria aquí, el
comisario, como probablemente hubiera entendido cualquiera, habría
derivado que como eso estaba en litigio ustedes iban a quitar la
transitoria por la cual se arretaba al pacto entre las partes la
posibilidad de fijar por acuerdo las tarifas de uso de los
descodificadores. Por tanto, tiene razón a mi juicio el comisario
Bangemann en sentirse engañado. Yo lo hubiera pensado igual. Usted ha
cometido hoy, aquí, el error de decir lo mismo. Igual hay una
interpretación que a mí se me escapa, estoy ardiendo en deseos de
escucharla.
No se quedan ahí las cosas, señor Ministro. El día 24 de junio, usted
manda otra carta a Bruselas, en donde dice literalmente, hablando del
famoso artículo 7 y de la disposición transitoria primera --luego me
referiré a ello--, que en la práctica la aplicación de la disposición
transitoria primera no va a significar que se retire del mercado ningún
descodificador, con independencia de que incorpore el sistema simulcrypt
o el multicrypt; esto es lo que dice usted en la carta. Yo he ido a la
ley, que dice en la disposición transitoria segunda que transcurrido este
período de tiempo --el plazo que usted dice que acaba el 6 de agosto,
pero la Comisión señala que acaba en otra fecha; vamos a dar por bueno el
6 de agosto-- sin que la sustitución o la adaptación se haya producido,
habrán de quedar inoperantes. Literal, no funcionan. No sé si los
retirarán de las casas, pero no podrán funcionar.
Aquí hay otra contradicción, señor Ministro: o funciona o no funciona.
Usted decía hoy aquí que la prueba de que el registro es declarativo es
que no pasa nada: no tiene registro y siguen funcionando. No lo sé. Si
ustedes aplican la ley literalmente, a mi juicio, el 6 de agosto el que
no esté registrado y tenga un simulcrypt tendrá que parar de emitir por
ese descodificador. Esa es la interpretación y creo que no cabe otra. La
prueba es que la Comisión interpreta esto como lo interpretó algún agente
más en clave de que lo que dice el Ministro es que serán flexibles. La
Comisión, señor Ministro, le da a usted un pequeño viaje y le recuerda
que eso de la flexibilidad en la aplicación de las leyes no vale. Dice
--me refiero ahora al aviso motivado, párrafo 95-- que, con independencia
de la mayor o menor tolerancia que puedan aplicar las autoridades
españolas, lo cierto es que cualquier competidor podría acudir a los
tribunales y éstos razonablemente aplicarían la ley. Lo que le viene a
decir es que esto no cuela. Si usted quiere flexibilizar la ley, hágalo,
pero no nos diga que van a hacer una interpretación más o menos bajo
cuerda para arreglar este asunto, interpretación que ciertamente a mi
juicio no cabe. Por tanto, aquí hay otra contradicción importante, como
la hay también en la doble autorización, tema al que antes me refería.
Usted habla del registro y dice que realmente no vale para mucho porque
finalmente no hay registro. Por cierto, nos gustaría saber alguna vez por
qué no lo hay, cuál es la razón por la que no se ha registrado porque,
que yo sepa, no es público, simplemente no se ha registrado. Supongo que
alguna vez lo sabremos. La Comisión dice muchas veces que no es verdad
que esto sea algo puramente autodeclarativo. A título de ejemplo, para no
alargarme leo el párrafo final del epígrafe 81 del aviso motivado. Dice
que la Comisión se ve obligada a constatar que el informe en cuestión
--el de la Dirección General de Telecomunicaciones que vale para el
registro y también para la autorización-- no se limita solamente a exigir
la declaración de conformidad hecha por el fabricante o su representante,
sino que exige un nivel de detalle de todo punto desproporcionado,
requiriendo en varias ocasiones documentos que vengan a acreditar la
declaración realizada por el operador ignorando el principio de
reconocimiento mutuo. Eso la dice la Comisión y muchas más cosas. Tampoco
parece que les haya gustado mucho.
Las pregunta sigue siendo la misma, la que nos hacíamos hace seis meses:
¿por qué en Alemania sí y en España no? Usted dice que porque no hay
legislación. Pues bien, en algunos países la hay y está funcionando el
simulcrypt. ¿Por qué en unos sitios sí y en otros no? En todo caso, es
una pregunta que queda por resolver.
Usted finalmente no les ha dicho la verdad a los consumidores y a los
usuarios. Usted les dice que hay un descodificador abierto y uno cerrado.
No es verdad. Los dos son abiertos, lo dice la Comisión. No le voy a leer
más párrafos porque seguramente usted conoce el aviso motivado mejor que
yo. Usted dice que pretende luchar contra los monopolios y la Comisión
argumenta lo contrario. Le dice literalmente --creo que me acuerdo de la
frase que, de hacer valer el Gobierno español ante los tribunales el
artículo 7 de la ley, habría realmente un monopolio de la plataforma que
tenga el multicrypt, un monopolio de facto. Lo dice la Comisión. Si
quiere luego lo busco, pero es cita literal. Por tanto, no es verdad. Lo
que usted está haciendo en la práctica es dándole la posibilidad de
operar en monopolio a aquel que tiene el descodificador que usted
favorece descaradamente en su ley.
Finalmente, usted dice que la ley beneficia a los consumidores. La
Comisión, señor Ministro, le dice que no en varias ocasiones: en el
primer dictamen y en el segundo. Le dice que en absoluto beneficia a los
consumidores; más bien, al contrario, les perjudica, sobre todo a
aquellos que ya están abonados a una plataforma digital. Perjudica a
todos. Ustedes piensan que sólo va haber dos, pero puede haber cuatro y
entonces perjudicarían a la tercera, a la cuarta y a aquellos que quieran
consumir. La Comisión tampoco en esto de los consumidores le da la razón.
Usted tiene que decirles --yo desde luego lo afirmo-- que en esto la
Comisión Europea a quien sí da la razón es al Grupo Parlamentario
Socialista.
Llegamos al fondo de la cuestión, y voy terminando, señor Ministro. Todo
esto ¿por qué?
El señor VICEPRESIDENTE: Vaya terminando.
El señor PEREZ RUBALCABA: Voy acabando.
Todo esto ¿por qué, señor Ministro? Se lo dijimos y lo vuelvo a repetir:
porque quieren ustedes controlar los medios. Esta es una ley para
controlar, para perjudicar y para favorecer. Desgraciadamente, señor
Ministro, no lo digo yo sino la Comisión Europea, hablando del famoso
artículo 7 que no hace falta que se lo lea porque ciertamente la lectura
provoca sonrojo. Por cierto, eso me decía un diputado de la mayoría
parlamentaria. El párrafo 70 del dictamen dice que el artículo 7.a) dista
mucho de poner a dichas empresas en situación de igualdad. Evidente. Hay
una favorecida y una perjudicada: la favorecida es la llamada
gubernamental en el léxico ya habitual en estos temas. En el párrafo 32
vuelve a decir lo mismo: La Comisión observa además que la situación
sistemática del artículo 7.a), a pesar de las apariencias, contiene una
marcada preferencia por los descodificadores que integran un interfaz
común. Vamos a traducirlo al castellano por la plataforma gubernamental.
Es verdad que esto se ha hecho por esa razón. Señor Ministro, si sólo
estuviéramos en un debate sobre esta ley yo le daría el beneficio de la
duda, pero es que no es esto sólo; hay la del fútbol, hay el fiscal, hay
la Comisión de su Ministerio, el mercado de las telecomunicaciones, que
fue a Alcobendas la misma tarde a asustar. Usted, que es un hombre de
mundo, sabe que los mercados son muy sensibles. Yo le digo que asusta a
quien lo compra y a quien lo vende, a los dos. Hay mucho más: el fiscal
general, etcétera. Si sólo fuera una ley diría que es posible que
estuviéramos ante una confrontación pero no es verdad, señor Ministro.
Estamos ante una batalla que tiene un episodio nuevo, hace muy pocos
días, de control de los medios de comunicación, al que me referiré
brevemente al final. Déjeme que le formule la segunda pregunta: ¿por qué
este empecinamiento? Yo le recomendaría, la promulgación de un
decreto-ley para que resuelvan, y punto y final. ¿Por qué este
empecinamiento, que es lo que nos planteamos los partidos de la oposición
o el Partido Socialista? Yo creo tener una respuesta. El tiempo les
beneficia a ustedes. Porque es verdad que ustedes han generado una
gigantesca incertidumbre sobre el desarrollo de la televisión digital en
España, y en esa incertidumbre unos van ganando el tiempo que no tenían.
El tiempo les beneficia a ustedes. Y ustedes están dispuestos a pagar
cualquier coste, en el Tribunal Constitucional, en Luxemburgo, les da lo
mismo con tal de ganar la batalla. Es verdad --hay que reconocérselo y yo
se lo reconozco-- que el tiempo les da a ustedes ventaja. Lo que no sé,
señor Ministro, es si es legítimo, lícito, moral, como le gusta decir a
usted, que un gobierno haga cualquier cosa con tal de ganar una batalla.
Yo creo honestamente que no.
Termino diciéndole que ahora han dado ustedes un nuevo paso y, como decía
un comentarista cercano a ustedes el domingo en un periódico: Me tomo una
copa de champán porque parece que esto va bien y vamos ganando y,
mientras tanto, le digo al Gobierno chapó porque ya habéis hecho dos
bodrios de leyes que no hay quien las aplique, pero, por fin, habéis dado
la batalla donde hay que darla y se han dejado ya de descodificadores,
porque nadie entiende esto del fútbol, que será otro follón espantoso, y
vamos a decir las cosas como son: compremos Antena 3. ¿Para qué vamos a
andarnos con chiquitas? ¿Para qué vamos a andarnos con leyes que dan un
follón? Fíjense, todos aquí en verano. Vamos a comprar Antena 3 que es
mucho más directo, para eso tenemos un instrumento que se llama
Telefónica de España y un señor que se llama Juan Villalonga. ¿Qué ganan
con esto?
Muchas cosas. Primero, ya intentaron en julio de 1997 el cambio del señor
Asensio. No me extiendo porque tampoco es cuestión de llegar tan lejos,
pero ya lo intentaron. En segundo lugar, es verdad que se cumple una
amenaza. Aquí hay un señor que se opuso y se va. Dirá usted: es que le
hemos pagado ¡Claro! es que expropiar es un poco fuerte. Pero se ha ido,
el señor Asensio ya no está. Parece que hay quien amenazaba y sabía lo
que decía, que es lo más importante. En tercer lugar, refuerzan su
posición, y esto también lo he leído. Un editorialista, director de un
periódico al que el señor Villalonga le ha permitido hacer cierto más que
nunca que anda por Telefónica como Pedro por su casa, dice que Villalonga
tenía encima de la mesa un dictamen terrorífico; que esto de la vía
digital era vía muerta y que, por tanto, había que tomar posiciones
porque no salía la operación. Para ello, fuera caretas y compremos Antena
3, sobre todo, señor Ministro, porque ustedes han ganado un 23, un 24, o
un 25 por ciento, depende del mes, de cuota de pantalla. Creo que eso es
lo más importante. El señor Villalonga ha actuado, una vez más, en nombre
del Gobierno; lo hizo en el llamado pacto de Nochebuena --lo pone en las
crónicas, no lo digo yo; lo he leído y nadie lo ha desmentido--, estuvo
en Moncloa, se marchó a casa del señor Asensio y, en fin, ha actuado de
correveidile del Gobierno. Así lo dicen las crónicas, señor Ministro, y
nadie lo ha desmentido porque no se puede desmentir, porque es verdad y,
entre otras cosas, porque lo cuenta él.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Rubalcaba, le ruego que vaya concluyendo.
El señor PEREZ RUBALCABA: Me quedan tres minutos.
El señor VICEPRESIDENTE: Si puede ser, menos.
El señor PEREZ RUBALCABA: Pues dos minutos. Para una tarde que tenemos
tranquila, déjeme acabar.
El señor Villalonga ha comprado en nombre del Gobierno y, además, lo
explicó ayer. Salió en la propia Antena 3 y lo explicó. Le dijo a
Fernando Onega: no se preocupe usted, si alguien le llama, me llama a mí
que yo lo arreglo todo; yo soy el dueño. Le faltó decir: mi amigo Aznar
es el dueño porque yo lo he comprado. Esa es la realidad. Dijo alguna
otra cosa sobre la acción; dijo alguna cosa que a mí me suena mal, ya que
vino a decir eso de: con lo que me gasto en copas, pago Antena 3.
Horroroso, créame. Para mí, ciudadano, y para los accionistas, es
horroroso. Una cosa castiza, por decirlo suavemente: con esto que yo pago
en copas, esto de que la acción baje o suba, ¡bah! Y ha comprado Antena
3.
Y ya que está usted aquí, señor Ministro, me va a permitir que le haga
tres preguntas, que seguro que me va a contestar. La primera, que me diga
qué papel ha jugado en todo esto el Delegado del Gobierno en Telefónica,
porque está en el consejo de administración. La segunda, que es la que me
parece más importante, si el Gobierno tiene pensado modificar la ley de
televisiones privadas, bien para que salga a bolsa el accionariado, el
capital, bien para elevar el porcentaje del 25 por ciento. Y la tercera,
si usted va a autorizar la compra de Telefónica por Antena 3, porque le
recuerdo que, de autorizarse, habría dos bancos que estarían en dos
televisiones y, a mi juicio, eso es ilegal. ¿Lo va a autorizar usted?
Termino ya. Hay que reconocer que ustedes ya tienen en sus manos un buen
número de televisiones públicas, y ahora también Antena 3. Lo dijimos
desde el principio y lo decimos hoy una vez más: estamos en una batalla
por el control de los medios de comunicación y nos parece que ustedes
están, en términos futbolísticos, achicando espacios a la libertad de
expresión, si el señor Valdano me permite utilizar aquí su terminología.
Como le decía, ustedes han mentido mucho sobre este tema. Yo creo que ya
casi nadie les cree o les cree cada vez menos gente, porque, permítame
que le diga, esto de Antena 3 ya es muy fuerte. Lo han hecho en Bruselas,
lo han hecho en el Parlamento, lo hacen ante los ciudadanos; no dicen
nunca para qué quieren esta ley cuando todo el mundo, todos sus apoyos
mediáticos claman, cuentan, dicen en tertulias y en periódicos que se
trata de una ley para hacer un grupo de comunicación afín al Gobierno y
debilitar a los que se supone que no lo son tanto. Lo dice todo el mundo
y ustedes, empecinadamente, siguen diciendo que están aquí defendiendo la
competencia y atacando los monopolios, pero, eso sí, con Telefónica de la
mano.
Tengo que decirle dos cosas más, señor Ministro. No me gustaría que le
pasara lo que decía ese presidente americano --creo que fue un presidente
americano--: que se puede mentir todo el tiempo a alguna gente, que
también se puede mentir algunas veces a todo el mundo, pero no se puede
mentir todo el tiempo a todo el mundo. Me temo que empezamos a estar en
eso. Le digo una vez más, señor Ministro, que nos salve del último
bochorno; haga un decreto-ley este verano. Nosotros ya le anuncio que se
lo convalidamos. Pienso que sería bueno para España y que seguramente se
ahorraría usted una mentira, la de decir que va usted a Luxemburgo. Le
llevan a usted a Luxemburgo. Señor Ministro, España no merece que le den
este varapalo en Bruselas y, desde luego, no le conviene que se lo den.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Felipe Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Intentaré entrar de alguna forma en este debate,
que a veces me daba la impresión de que era un debate cruzado entre dos
abogados defensores, incluso en algún momento les veía puesta la camiseta
del equipo que estaban defendiendo en función de los argumentos que aquí
se han cruzado.
Quisiera ir al fondo de la cuestión desde el principio, quizá conectando
con las últimas argumentaciones del señor Rubalcaba: qué es lo que
estamos debatiendo hoy aquí, de dónde proceden estos lodos y hacia dónde
vamos. Lo que estamos empezando a debatir con enorme confusión, con mucho
pressing, como el que utilizan defensa y extremo en un partido no limpio,
es el marco, el mapa audiovisual español del próximo futuro y, por tanto,
si va a haber o no políticas alternativas de concentración, es decir,
monopolio y duopolio; si, al mismo tiempo, va a haber pluralidad, por
tanto, una democracia asentada sobre el principio de transparencia y
pluralidad y, desde el punto de vista del interés de los usuarios, si va
a haber auténticamente libertad de competencia en función de estos
intereses por los que nosotros nos empezamos a mover y por los que nos
seguimos moviendo. Estamos debatiendo esto en un momento en el que, de
pronto, hay una emergencia de fenómenos, de casualidades, de sucesos, de
noticias, de leyes que se cruzan en este Congreso de los Diputados, con
el lenguaje propio de las empresas y de las presiones empresariales, más
que con el lenguaje político en el que nos debemos basar los diputados de
los distintos grupos parlamentarios. Se ha cruzado la denominada ley de
fútbol; se ha cruzado la ley de televisión digital, que incluso ha
suscitado recursos ante el Tribunal Constitucional, uno de los cuales ha
sido rechazado, por lo menos hoy se publica la noticia de que uno de los
recursos de una de las empresas respecto a la ley de televisión digital
ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional; se cruza el tema de
Tele 5, y hoy también sabemos, porque así se ha publicado, que los
peritos creen ver un indicio de fraude fiscal por valor de 2.000 millones
de pesetas, fraude que puede venir de la falta de transparencia respecto
a las acciones y de la transgresión, sin control por parte del Gobierno,
del tope del 25 por ciento, que limita la propiedad en función de la ley
de televisión privada, y se cruza también el asunto de las plataformas
digitales, que ya se anuncian tres, y parece ser que las tres con
suficiente solvencia técnica, y que se van a disputar un mercado que,
según todo los indicios, todos los indicadores y opiniones, no permite la
existencia de tres plataformas, como tampoco lo ha permitido en Alemania,
en Francia, en Italia, etcétera, con un mercado superior. Todos estos
temas se cruzan y, a mi juicio, hay un punto de
vista básico: ¿va a haber o no política de concentración?, ¿va a haber o
no patología de concentración, de monopolio?, ¿va a haber o no política
antidemocrática en este país a partir de ahora en función de presiones,
de luchas por la alternancia, que nosotros estamos distinguiendo cada vez
con mayor claridad en este Congreso de los Diputados? Este es el fondo de
la cuestión en un momento en que nosotros no sabemos exactamente si a una
posición de monopolio en cierto grado se le va a responder con una
alternativa también de concentración, si a un mapa de monopolio se va a
responder con un mapa de duopolio en el próximo futuro. Esto no lo
sabemos en este momento. No sabemos si el Gobierno quiere establecer una
especie de estrategia especular en función de lo que se ha caracterizado
como un monopolio que está enfrente. En todo caso, habrá que dirimirlo y,
desde luego, nosotros no vamos a ir por estos cauces. Aquí se ha dicho
que se va a luchar contra la concentración de los medios, contra la
política que permite los monopolios, porque afecta al interés de los
usuarios y al interés mismo de la estructura democrática; pero, en este
momento, cuando se cruzan tantísimos problemas y cuando el campo de
batalla ya está lleno de cadáveres y de heridos graves y muy graves que
habrá que empezar a retirar en función de las últimas adquisiciones y las
últimas consecuencias accionariales, no basta ya con palabras. Estamos en
un momento determinado y determinante en el que ya no valen tanto las
palabras como los hechos y también, a partir de septiembre, los hechos de
tipo legislativo. Por ejemplo, Izquierda Unida ha presentado una
proposición de ley de cara a luchar contra la política de concentración,
contra esa patología del monopolio tan extensa y exhaustivamente
denunciada por el Parlamento Europeo e incluso por la Comisión, y aquí es
donde esperamos vernos todos y donde los hechos deben transcribir las
palabras de cada uno. Pensamos que hay que tener en cuenta los límites
accionariales, incluso en previsión de la liberalización total de las
telecomunicaciones en España el 1 de diciembre de 1998; que hay que tener
en cuenta, y ahí está el caso de Tele 5, que debe existir una
transparencia absoluta en la propiedad y en la tenencia de las acciones y
de todos los sistemas de participación en las empresas. A nuestro juicio,
tal y como se acaba de hacer en Italia, ya es el momento, señor Ministro,
señores diputados de los distintos grupos, de crear en este país una
especie de consejo de la comunicación de altísima autoridad con respecto
a la estrategia audiovisual de España para que, desde un organismo de
extracción parlamentaria y de características cercanas a la
independencia, empecemos a organizar de manera adecuada lo que hoy es un
caos, caos del que se puede intentar salir a través del duopolio que no
acompañaríamos ni justificaríamos en absoluto. Aquí está la realidad,
aquí está Rodas; ¡salta!, como se le dijo al famoso personaje histórico.
No sigamos hablando de la lucha contra el monopolio porque hay hechos
concretos que nos tienen citados para el próximo mes de septiembre.
El señor Arias-Salgado ha dicho que el Partido Popular está luchando y va
a luchar contra la política de concentración y del monopolio, es decir,
en favor de los usuarios, de la libre competencia y de la pluralidad y
transparencia de la comunicación y de los medios de comunicación. Es el
momento de que este discurso empiece a tomar cuerpo poco a poco en
función de los fenómenos que se cruzan, muchos de ellos diversos, muy
nuevos y que hay que empezar a caracterizar con auténtica seriedad, no
con la política del tirachinas parlamentario que se está utilizando
contra los distintos grupos en función de consecuencias, de convergencias
o de coincidencias. Se está utilizando una política que conduce a
frivolidades como las del señor Asensio, porque con las denuncias que se
hicieron sobre las supuestas amenazas contra el mismo lo único que han
conseguido es aumentar el caché del señor Asensio, revalorizar su
propuesta que acaba de tener éxito en estos momentos. También se ha
conseguido poner en entredicho y en la cuerda floja a un montón de muy
buenos profesionales porque se pusieron camisetas sudadas en una lucha
tremenda que pertenecía mucho más --ya lo dijimos aquí-- a Diez Minutos o
al Hola que al «Diario de Sesiones», al que venían las distintas crónicas
que nos lanzaban en el maldito embrollo que entonces empezamos a vivir.
En función de esto que habría que clarificar, señor Presidente, el otro
día, por primera vez, oímos al Partido Socialista Obrero Español,
singularmente al señor Almunia --no al señor González--, decir que
querían ver ya a los políticos y a los partidos que dicen luchar contra
los monopolios. Pues bien, aquí estamos. Es la primera vez desde 1982 que
el PSOE habla de lucha contra los monopolios, y me remito a todas las
crónicas de radio, de prensa y de televisión. De acuerdo, éste es un
punto donde nos podemos encontrar, y hay ya textos registrados en esta
Cámara de lucha contra los monopolios, de límites accionariales, de que
no se puede participar en distintos sectores, de que no se pueden
construir grupos multimedia, de que de una manera o de otra hay que tener
una transparencia absoluta en la propiedad y en el funcionamiento de ésta
según los traspasos que se puedan realizar. Pues bien, aquí estamos,
vamos a luchar contra los monopolios. Es decir, no nos metamos en
trincheras diferentes --las trincheras del duopolio o de la lucha por la
alternancia-- diciendo que vamos a empezar a luchar contra los
monopolios. Eso no vale, y eso se va a ir despejando día a día por parte
del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español. Al margen de esto,
y en otras trincheras de tipo eminentemente comerciales, que se peleen
como puedan las distintas empresas, porque, si superan la actual
visceralidad, tendrían que tener en cuenta sus propios intereses
comerciales que en este caso no responden, a mi juicio, a estrategias
adecuadas. Nosotros no hemos cambiado Ahí está el texto de una política
por la pluralidad y contra la concentración de medios. Vamos a ver si de
verdad luchamos por esto o luchamos por empresas que nos hagan ganar
campañas electorales, unos y otros. Vamos a verlo a partir de septiembre
con la mayor seriedad.
Hay cosas que hay que clarificar como el tema del cable, cuyo futuro no
está claro por ahora, y el tema de los intereses de los usuarios en
función de la ley digital, de cara al uso de descodificadores y de cara
al resto de los temas que aquí se han evocado. Fundamentalmente me voy a
referir al tema de los descodificadores.
Seguimos interviniendo desde el mismo punto de vista: la defensa del
usuario teniendo en cuenta que ya hay dos plataformas actuantes a partir
de septiembre, según se ha anunciado. Posiblemente, tres dentro de muy
poco, porque la tercera ya tiene fuerza técnica para funcionar en breve
plazo, según nuestras investigaciones. Teniendo en cuenta que aquel
descodificador que no existía, existe, el problema es serio de cara al
interés de los usuarios. ¿Van a tener que utilizar los usuarios más de un
descodificador en función tanto del texto de la carta de emplazamiento
cuanto del dictamen motivado por la Unión Europea? Si esto es así, no
estamos de acuerdo. No sólo no estamos de acuerdo, sino que nos parece
errática, ligera y errónea la propuesta de la Unión Europea, porque ha
tenido en cuenta los intereses comerciales, los intereses empresariales y
los intereses de la libre circulación de mercancías. También los camiones
ruedan, pero no se ha tenido en cuenta la libre circulación de mercancía
si no a través de muchos ruegos, preguntas y presiones --pero no me voy a
remitir al pasado-- y no se ha mirado por los intereses de los usuarios
españoles en función de cómo está aquí el mercado, y en este momento en
el mercado hay un proceso de trasvase de un sistema analógico a uno
digital que tiene, según se dice ahora, unos cien mil abonados y, por
otra parte, queda un mercado potencial de dos millones que empezará a
funcionar, según las previsiones propagandísticas y de cómo vaya el tema,
en septiembre. A mi juicio, por tanto, no se han tenido en cuenta las
cuestiones objetivas en este país a partir de septiembre por parte de la
Unión Europea. Desde ese punto de vista, seguimos manteniendo la misma
opinión: la Unión Europea se ha equivocado en función del prisma que
utilizamos.
No poseemos acciones ni de Telefónica ni de Prisa. Tenemos 2.639.000
votos, respondemos a los intereses de los usuarios y, en función de ese
interés, la Unión Europea se ha equivocado. Se hace referencia a la Unión
y al colegio de Comisarios como si fueran una especie de Vaticano que
todo lo que dicen es dogma de fe, este Vaticano que acaba incluso ahora
de anunciar una multa de 8.000 millones en función de las subvenciones a
Cárnicas Molina o de cosas que han ocurrido en este país y que han
suscitado respuestas duras, porque parece que muchas veces la Unión
Europea adopta una posición política partidista, obediente en algunas
ocasiones a ciertos lobby, a presiones que sin duda se están produciendo.
Vamos a seguir defendiendo la necesidad de que sólo se emplee un
descodificador, que existe, compatible, multiuso, abierto, universal. Por
lo tanto, no estamos de acuerdo en que se tengan que utilizar dos,
teniendo en cuenta además que hay que utilizar dos antenas. No sé qué
tipo de piso va a hacer falta para que muchos usuarios metan ese tipo de
aparataje a partir de septiembre o octubre. Esperemos que el cable
empiece a funcionar pronto y nos ahorraremos como mínimo las dos antenas,
pero ahora hay que ahorrarse los dos descodificadores y resumirlo en uno.
Esta batalla que parecía tan complicada en función de la terminología que
ustedes han empleado no lo es tanto para el resto de los usuarios; es muy
fácil y empiezan a verla sobre ese terreno, de ahí que efectivamente
pueda estar un poco congelado el mercado, como ha dicho el señor Pérez
Rubalcaba, es lógico que esté un poco parado el trasvase anunciado entre
lo analógico y lo digital.
Termino, señor Presidente, con la posición concretísima de Izquierda
Unida, en función de estos objetivos que perseguimos. Si lo que el señor
Bangemann o el señor Monti o el señor Van Miert o cualquiera de los que
han votado casi por unanimidad este tema lo que dicen es que la ley está
equivocada porque determina el funcionamiento de uno de los
descodificadores, el que obedece al sistema multycript que se opone al
sistema simulcrypt, que ya se utiliza aquí en lo analógico --en lo
digital todavía muy poco--, superemos esta dicotomía de cara incluso a
plantear los temas ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Si lo que quiere aclarar el señor Bangemann es esto, ¿por qué no se
aclara en el texto de la ley con un decreto-ley? Habría mayor defensa
ante el Tribunal de Justicia en el sentido siguiente. Vayamos a un texto,
consensuado por todos, que diga que se trata de que sea un descodificador
abierto --utilicemos esa palabra--, por tanto que pueda ser utilizado por
todos los usuarios, sin ninguna rectificación técnica y que sirva para
todas las plataformas digitales, las tres que se han anunciado en este
país. Eso podría sustituir a la dicotomía simulcrypt/multicrypt.
Segundo tema. Digamos que la certificación de lo que es un descodificador
abierto, universal, compatible, la tiene que realizar, lo mismo que hacen
en estos países organismos del mismo tipo, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Introduzcamos esta variación en la ley y, con esta
variación, vayamos al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. No hemos
contradicho las propuestas de los señores Bangemann, Monti, Van Miert, de
todos, pero hemos aclarado que no hay una contradicción técnica entre dos
descodificadores, de los que casi se da la marca, que parece ser que es
lo que molesta o lo que introduce presiones de un tipo o de otro. Por
tanto, ésa es una de nuestras posiciones, lo que no quiere decir que no
haya que ir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si los señores
Bangemann y Monti no aceptan esta rectificación. Habría que plantear esta
rectificación --es lo que nosotros haríamos, no digo que sea dogma de
fe-- al colegio de Comisarios a ver si la aceptan así; si no la aceptan,
tendríamos que decir al Tribunal de Justicia que se podría ir en esta
dirección para superar las contradicciones de esa dicotomía técnica a la
que se ha aludido aquí y que puede generar un proceso de monopolio a
favor de un nuevo operador a partir del próximo período.
En segundo lugar, pensamos que hoy hay más motivos que nunca --están
sobre el campo de batalla-- para que las plataformas tiendan a una
convergencia, bien consiguiendo una sola plataforma o un entendimiento de
las tres plataformas, en principio, para utilizar un solo descodificador
y, en segundo lugar, teniendo en cuenta las condiciones de un mercado muy
limitado a corto y medio plazo, que puede conducir a una racionalidad del
tema, naturalmente, junto a una situación de mayor pluralidad, de mayor
control de la transparencia y, por tanto, de la objetividad en la
comunicación democrática.
En tercer lugar, nosotros no nos vamos a apear de la posición de que el
usuario español no tiene que utilizar más
que un descodificador. Hemos propuesto medidas en esta dirección que
incluso matizan la situación que se recoge en la ley que nosotros votamos
en función de la enmienda que vino del Senado y que conocimos en el
propio Senado a lo largo del trámite.
En cuarto lugar, señor Arias-Salgado, creemos que ha llegado el momento
de crear el consejo de la comunicación en este país, incluso traspasar
todas las competencias, todavía inconcretas, que tiene la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones en este terreno al consejo audiovisual,
al consejo superior, a esta alta autoridad que acaba de crearse en
Italia, que necesita la estrategia y el mapa de lo audiovisual en España
de cara al siglo XXI. Lo estamos diciendo desde hace tres o cuatro años,
desde que nos derrotaron PP y PSOE, junto a otros grupos parlamentarios,
al rechazar la toma en consideración de la proposición de ley en contra
de la política de concentración de medios y a favor de la pluralidad y de
la transparencia. Ya ha sido derrotada una vez, esperemos que en
septiembre u octubre tenga mejor suerte.
En quinto lugar, señor Arias-Salgado, en absoluto vamos a estar de
acuerdo, si se va a proceder en esa dirección, en que en el texto de la
ley de televisión privada se quite el tope del 25 por ciento de
accionariado; no estamos de acuerdo ahora ni después, no vamos a estar de
acuerdo con que, tal como prevé la ley, antes del 1 de diciembre de 1998
desaparezca el tope del 25 por ciento, que no se cumple en algunos casos,
con respecto al accionariado de cada una de las empresas en las
plataformas digitales. En el caso de la televisión privada, aunque la
liberalización total tienda a quitar los topes a partir de cierta fecha,
incluso por consejo de la Unión Europea, tampoco estaríamos de acuerdo.
Habrá que discutirlo con quien sea y habrá que decir que, en el mapa
actual de España y de muchos países de la Unión Europea, ese tope del 25
por ciento, incluso en la televisión privada y aunque se liberalicen
totalmente las telecomunicaciones, debe permanecer ahora, en septiembre y
de cara al futuro. Es la posición de Izquierda Unida. En el marco de
estas consideraciones, el señor Almunia preguntaba dónde están los que
luchan contra los monopolios. Aquí estamos, aquí está Rodas, señor
Almunia, salte usted aquí, no sólo en los medios de comunicación, salte
en el texto de la ley matizándola, reordenándola en lo que pueda en
función de sus criterios y de sus votos, pero de cara a conseguir una ley
que prescriba la necesidad de que no se creen grupos multimedia y que no
vayamos, señor Arias-Salgado --y termino--, desde una estrategia del
monopolio a una estrategia del duopolio. Nosotros no estaríamos de
acuerdo con ello; lo digo también para que se aclaren las cosas, si es
que a partir de aquí se pueden aclarar, puesto que después salen a los
medios de comunicación otros temas que nosotros también combatiremos.
Vamos a combatir una situación de dominio que existe en este país no
desde una trinchera especular, similar, desde otro monopolio, desde otra
situación, sea más o menos favorable después. Se ha hablado mucho de los
telediarios que pueda dar, pero eso a nosotros nos importa menos;
nosotros vamos a combatir la situación de monopolio, de dominio o de
abuso de dominio desde fuera de esa lógica, desde fuera de esa matriz.
Por eso hemos presentado esa proposición no de ley y por eso lo digo
aquí, para que nadie se equivoque.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unión tiene la
palabra don Luis Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Ministros, por esta
comparecencia para mantener el enésimo debate sobre la televisión
digital. Supongo que habrá algún otro posterior y así lo esperamos, como
le manifestaré durante mi intervención.
Esta comparecencia es lógica, en primer lugar, porque hay un mandato de
la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados pero, en segundo
lugar y sobre todo, porque nos encontramos ante una situación altamente
excepcional. No es normal que la Comisión Europea inicie procedimientos
contra el Estado español al amparo del artículo 169 del Tratado de Roma
y, además, no deja de tener su miga que precisamente este procedimiento
se inicie en relación a una ley muy polémica, yo diría que terriblemente
polémica, como es la Ley 17/1997, conocida como la ley digital. Tampoco
parece, señor Ministro, que el inicio de este procedimiento sea fruto del
azar, nosotros pensamos que era algo anunciado.
Usted ha planteado su intervención desde la perspectiva de que el Tratado
de Roma es interpretable y que estamos ante un conflicto sobre todo
jurídico entre la Comisión Europea y el Gobierno. Yo discrepo de esta
interpretación, señor Ministro. En cualquier caso, sí hay diferencias de
interpretación del Tratado de Roma, pero sobre todo pienso que estamos
ante un problema y hay que encontrarle una solución política. El hecho
singular del inicio de este procedimiento, para este grupo parlamentario,
y así lo manifesté el día que se celebró la Diputación Permanente, ya
supuso un tirón de orejas al Gobierno; que las alegaciones del Gobierno
no convencieran a la Comisión ni le hicieran modificar ni un ápice su
posición complicó aún más la situación, pero el desenlace de este
lamentable asunto, que aún no se ha producido, si es el que podemos
prever vistos los acontecimientos, yo diría que podría situar al Gobierno
en una posición cercana al ridículo, porque estamos ante un tema en el
cual el Gobierno ha puesto el máximo empeño, un tema, señor Ministro --y
usted lo sabe perfectamente, porque ha sido protagonista del mismo--, en
el cual el Gobierno no ha dudado en buscar mayorías parlamentarias
alternativas a la que permitió la investidura de don José María Aznar
como Presidente del Gobierno. En cualquier caso, también dije en la
Diputación Permanente que ustedes se han metido solos en el problema y
este grupo parlamentario piensa que la iniciativa para superarlo es suya.
También debo decirle, señor Ministro, que no nos alegra ni nos satisface
la situación creada, no nos gusta verles metidos en este lío, más bien lo
lamentamos, más bien nos apena porque somos y nos sentimos
corresponsables de haber contribuido con nuestros 16 escaños a su llegada
al Gobierno y de contribuir a su permanencia en el mismo; en cierta
forma, nos sentimos corresponsables incluso de su
acción de Gobierno, aunque no seamos miembros del mismo. Sin embargo,
debo añadir que nos congratula que las serias dudas y discrepancias que
les planteamos, y que manifestamos durante la tramitación de esta ley, se
vean reforzadas y confirmadas al ser compartidas por la Comisión Europea.
Nos congratula que lo que el olfato nos decía y el estudio del problema
nos reforzaba, tenía sólido fundamento y que los medios que pusieron a
disposición de lo que nos vendieron como una cruzada antimonopolio eran
desproporcionados. Permítame que haga un paréntesis y que le diga que,
desde nuestra perspectiva, donde ustedes veían monopolios quizá había
sólo molinos y no había gigantes.
Como conclusión, debo decirle, señor Ministro --estoy seguro que nos lo
permitirá, como no puede ser de otra forma, pero sobre todo que lo
encajará--, que cuando adoptan una decisión ajena a nosotros, a este
grupo parlamentario, una decisión no exenta de riesgo, van y les
enmiendan la plana. Moraleja --tomen nota de ella--: hágannos más caso
del que nos han hecho y quizá eviten caer de nuevo en errores similares.
Dice el refranero que tras los años novicios, viene el juicio. Ya llevan
más de un año en el Gobierno y no es admisible levantar en el futuro la
más mínima sospecha --como alguien ha dicho-- de que se utiliza el
«Boletín Oficial del Estado» en contra de alguien. A la espera de
noticias y actuaciones futuras, de momento, parece que la legislación
comunitaria la leemos y la entendemos mejor nosotros que ustedes. Me
vienen ahora a la mente sus afirmaciones y las de su grupo parlamentario
cuando defendían la puridad de la ley digital, y de todos y cada uno de
sus artículos, con la legislación comunitaria en la mano. Debo decirle
que, vista la contundencia de las afirmaciones por parte de su grupo
parlamentario cuando manifestábamos nuestras dudas, alguna vez incluso
llegamos a confirmar ir más allá en las propias dudas, porque ciertamente
les veíamos muy convencidos y nosotros --repito-- no teníamos un
convencimiento previo, simplemente, no veíamos suficientemente claras las
cosas.
¿Cuáles son las discrepancias que la Comisión mantiene en relación a la
ley? Obviamente, no voy a hacer un examen exhaustivo como el que usted ha
hecho, pero sí permítame, señor Ministro, que le ponga el contrapunto, no
a sus afirmaciones, sino al contenido o la conclusión global a la que se
podría llegar después de oírles a ustedes. Permítame que me refiera a
cuatro aspectos de lo que dice no el dictamen motivado de la Comisión, al
cual no he tenido acceso, sino la carta de emplazamiento, a la que sí he
tenido acceso y que, por lo que deduzco, no difiere demasiado del segundo
documento. En primer lugar, la gran batalla o una de las grandes batallas
que se planteaba en el real decreto y después de la ley, donde centraron
esfuerzos importantes, era el tema de la compatibilidad de los
descodificadores. Compatibilidad que juzgaban ustedes muy importante y
nosotros no tanto, entre otros motivos --ya se ha referido a ello el
señor Alcaraz--, porque con esta ley quizá se resuelva el problema de que
los ciudadanos tengan en su casa un solo descodificador, pero lo que no
se resuelve de ninguna manera es la obligación de tener dos antenas
parabólicas en el tejado, desde la perspectiva de que una de las
plataformas utiliza el Hispasat y la otra utiliza el satélite Astra.
Hispasat está en la posición 30 grados Oeste, Astra está en la posición
19,2 grados Este y las antenas parabólicas que se pueden encontrar en el
mercado, las que están al alcance del usuario, digamos, convencional no
alcanzar la señal emitida por satélites con una distancia superior a los
10 grados.
Pues bien, en cuanto al tema de los descodificadores, por ejemplo, la
Comisión dice que no parece posible justificar la preferencia otorgada al
sistema multicrypt. La Comisión dice también: Si la directiva hubiese
pretendido imponer dos únicos modelos aceptables o descartar la opción
simulcrypt o favorecer el uso del multicrypt, el legislador comunitario
lo hubiese dicho sin ambigüedad. Y dice también la Comisión: La solución
técnica elegida por el legislador español tiene como consecuencia
inmediata e inevitable el debilitar enormemente la posición negociadora
de un operador y --también-- que si el único operador que ya está en el
mercado tuviese que dejar de comercializar sus descodificadores y
reemplazar o modificar los ya instalados, el resultado sería su expulsión
temporal del mercado. Creo que sobran comentarios.
En cuanto a la segunda gran cuestión, la exigencia de la certificación
previa de los descodificadores y otros equipos, la Comisión dice: Las
autoridades españolas reconocieron durante la reunión del 14 de mayo de
1997 que los operadores de sistemas de acceso condicional deben presentar
la prueba de que sus equipos, y en particular los descodificadores,
permiten la recepción de programas de diversos difusores, como condición
para obtener la inscripción de sus empresas en el registro previsto en el
artículo 1.2. Ustedes se han hartado --y hoy lo han hecho una vez más--
de decirnos que el registro era meramente declarativo y no constitutivo.
Y la Comisión dice también: Sólo sería compatible con el principio de
libre circulación de mercancías una certificación automática, esto es,
sin evaluación de conformidad. También dice la Comisión --y con esto
termino, señor Ministro--: La existencia de un procedimiento de
homologación de descodificadores restringe también la libertad de
prestación de servicios de acceso condicional. Exactamente lo que
decíamos en nuestras enmiendas. Como decía al inicio de esta breve
lectura de textos de este documento, son simplemente algunas frases --que
podríamos definirlas como perlas-- que creo que no hacen más que reforzar
nuestra percepción sobre el conflicto.
Quizá, para ustedes, cualquier salida de este asunto que no suponga ganar
por diez a cero, sea equivalente a una derrota; quizá haya alguien
--nosotros, no-- que diga que ya han conseguido su objetivo, pero me
permito sugerirles, una vez más, que negocien una salida airosa al
asunto. Se lo dije el día que se reunió la Diputación Permanente, sin
éxito, y lo reitero hoy, señor Ministro. Decirle a la Comisión que se va
a hacer una aplicación light de la ley --como se desprendía de la carta
que en su momento le remitió a usted-- no satisface a la Comisión, pero
tampoco a nosotros, porque las leyes están para cumplirlas. Por tanto,
antes de que les pudieran obligar a rectificar --creo que rectificar es
de sabios--, tienen exactamente un mes para
aprobar un real decreto-ley y evitarse ser llevados al Tribunal de
Luxemburgo y que éste decida, de entrada, la suspensión de la ley. Repito
que se lo dije en la Diputación Permanente y se lo reitero hoy.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, voy a intentar
fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación al tema para
el que S. S. nos ha convocado en la tarde de hoy, y voy a hacerlo con
claridad pero sin excesivas reiteraciones, dado que la misma coincide
básicamente con la intervención que el señor Ministro ha realizado al
inicio de esta comparecencia. Creemos, señor Presidente, que se está
magnificando un tema que puede suponer una situación no grata, no buscada
indudablemente, pero que en todo caso es una experiencia interesante,
sobre todo a nivel político, aunque se trate de revestirlo con ropajes
jurídicos o tecnológicos. Todos sabemos que estamos hablando de un tema
político importante y de un tema de futuro.
Señor Ministro, quizá habría que hacer la prueba del algodón. Es decir,
qué pasaría en este país ni no se hubiese trasladado esta directiva y si
esta ley no hubiese estado en vigor, haciendo ese ejercicio intelectual
de pensar qué plataforma digital tendríamos, con qué nombre, qué
descodificador, y si esa plataforma digital y los usuarios de ese
descodificador permitirían otra serie de posiciones en ese mercado. La
respuesta del Grupo Parlamentario Vasco es que no permitirían ese acceso,
y a partir de ahí se puede entender todo lo demás.
¿Que la ley no es perfecta? Los que vamos a misa solemos decir que la
perfección una hora a la semana y en ese recinto sacro. No parece que
estos templos de la democracia sean muy dados a perfecciones o a
verdades. Hay posibilidades de rectificación, si la rectificación debe de
producirse, pero tampoco está ahí el fondo de la cuestión. El fondo de la
cuestión es que había una situación de hecho, amparada en una situación
política, que sin la traslación de esa directiva y sin la puesta en vigor
de esta ley, llevaba indudablemente a una situación de dominio de
mercado. Desde nuestra perspectiva, señor Ministro, en eso es en lo que
habría que insistir. No creemos que sea razonable el magnificar que desde
Europa se haya podido dar un revés para argumentar o para
contraargumentar, para llevar la aguas al molino propio. Pero,
evidentemente, para un gobierno que ha estado acostumbrado a sentencias
del Tribunal Constitucional que hace rectificar leyes, a recibir cartas
en un sentido y en otro, el funcionamiento democrático, en este caso la
construcción europea, nos va a llevar a situaciones de este estilo que en
ningún caso habría que magnificar.
Por ello, las tesis que ha expuesto usted las comparte el Grupo
Parlamentario Vasco. Creemos que es oportuno el haber trasladado esta
directiva y el haber intentado estructurar este mercado emergente.
Entendemos razonable, si existen posiciones que deben ser modificadas en
uno u otro sentido, sin magnificar la propia situación, que se encuentre
la forma para establecer esos mecanismos de corrección, una vez admitidos
los principios de que la situación anterior a la puesta en vigor de esta
ley suponía un monopolio de facto que no pasaba la prueba del algodón, se
vista con ropajes jurídicos, tecnológicos o como se vista, y admitiendo
que la perfección jurídica todavía no se ha inventado. Que al niño único
de la casa le ha llegado el momento de aceptar que tiene que compartir
los mimos con los demás, seguramente, señor Ministro. Pero habrá que
aceptar situaciones que son elementales y normales en la vida y en los
núcleos familiares. Todo el mundo se acomoda a esas situaciones y los
mercados, con una cantidad ingente de dinero, mucho más que los hijos que
han sido únicos durante años en la familia.
Por lo tanto, lo procedente es establecer los principios en los que no
habría que transigir: que no se den posiciones de dominio; que el
descodificador sea único, universal y abierto; que el tema de las antenas
a nivel tecnológico se pueda arreglar y que no intentemos vestir jurídica
y tecnológicamente lo que es nada más y nada menos que un intento de
mantener posiciones de dominio en el mercado. A partir del mantenimiento
de esos principios, si debiera producirse algún retoque en lo que es la
técnica legislativa, el Grupo Parlamentario Vasco estará abierto a
cualquier modificación que sea más razonable en su redacción para el
cumplimiento de estos principios.
Los ciudadanos nos agradecerán a todos el insistir en estos principios
sin ceder. Creemos que en el fondo de esta batalla digital no hay bufetes
de abogados pegándose por una tecnología que al principio no existía, que
luego existe, pero ahora es abierta. No; son planteamientos que llevan al
oscurantismo y a querer ocultar una situación de facto que había que
corregir, en la que había que intervenir, lo decimos sin ningún rubor.
Pensamos que el Gobierno ha actuado correctamente. Si desde los
planteamientos jurídicos pueden existir fórmulas que llevan a que la
redacción esté más clara, háganse las rectificaciones oportunas sin
magnificar el tema, pero sosteniendo los fundamentos y los principios a
partir de los que se ha trasladado esa directiva y tiene vigencia esta
ley.
Señor Presidente, la postura del Gobierno es razonable. Deseo expresar
nada más nuestra posición de que, si se produjeran las reformas de algún
artículo, por el procedimiento que el Gobierno entienda más oportuno,
contará con la colaboración del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor ministro, por la información
facilitada a la Comisión.
La posición del grupo que represento de Coalición Canaria va a ser
coherente con la que hemos mantenido desde un primer momento en la
tramitación de la ley actualmente en cuestión.
Cuando se sometió a la consideración de la Cámara por primera vez la
convalidación del real decreto-ley, nosotros dejamos muy clara la
importancia del mundo de la comunicación
y lo defendimos como un sector estratégico en el que era necesario,
imprescindible la búsqueda de amplios consensos parlamentarios que
evitaran situaciones de abusos de unos sobre otros. Apostábamos por la
defensa de una comunicación, de una información plural, respetando las
reglas de un mercado de libre competencia, y todo ello en beneficio del
ciudadano.
Es cierto que desde ese mismo momento, desde el primer debate
parlamentario en la Cámara, todos los grupos políticos y el Gobierno
expresaron también la idea de avanzar en una base importante de consenso
en la Cámara. Todos considerábamos que estábamos hablando de un asunto
relevante, y todos hemos dicho una y otra vez que hay que buscar el
equilibrio, evitando situaciones de abuso. Pero una cosa es lo que se
dice y otra son los hechos. Estos nos han ido demostrando que cada día
más se está en posiciones encontradas, fundamentalmente entre los dos
partidos que en estos momentos tienen mayor responsabilidad en el Estado
español, el Grupo Popular, que sustenta básicamente al Gobierno, y el
principal partido de la oposición. Esa confrontación de intereses, esas
diferencias de óptica para ver un tema estratégico como el de la
comunicación ha quedado palpable no solamente en los debates
parlamentarios que han tenido lugar durante todo el trámite legislativo
en los últimos días en los distintos medios de comunicación, sino por la
imagen en la que parece que lo que les interesa a unos es colocarse en
defensa de unos determinados grupos económicos y a otros apoyando a
otros. Decididamente no se ha avanzado en ese intento de consenso.
Los ciudadanos de a pie, que son la mayoría de los españoles, se
preguntan cómo es posible que una misma norma, desde el punto de vista
jurídico, pueda tener tan distinta interpretación entre el Gobierno y la
Comisión Europea o entre el Gobierno y juristas o el principal partido de
la oposición. Algo falla. Puede haber diferencias mínimas de
interpretación jurídica, pero la óptica tan dispar, tan distinta, tan
desigual con la que se analiza actualmente la ley aprobada por el
Parlamento español no la entiende nadie; no lo entiende la mayoría de los
españoles.
Nosotros no vamos a entrar hoy en el debate jurídico, que lo dejamos para
los juristas, porque en estos momentos el trámite jurídico está
caminando. Hay un recurso interpuesto por el Grupo Socialista ante el
Tribunal Constitucional. Está la amenaza de la Comisión Europea de llevar
el asunto al Tribunal de Luxemburgo.
Creemos que en esta Comisión nos interesa centrarnos en la perspectiva
política para ver si realmente hay voluntad política por parte del
Gobierno, de los partidos y del principal partido de la oposición de
avanzar en esa línea de consenso, de acuerdos a los que nos comprometimos
desde el primer debate.
Es difícil entender este conflicto si uno cree ingenuamente, leyendo la
exposición de motivos de la ley, que el objetivo es trasladar al Derecho
español la Directiva 95/47 de la Comunidad Europea, de 24 de octubre. Es
difícil; es pecar de ingenuos, porque si el objetivo era trasladar la
directiva europea, es absolutamente imposible que ahora exista una
diferencia interpretativa tan importante entre la posición del Gobierno
de España y de los comisionados europeos.
En la tramitación del proyecto de ley, Coalición Canaria planteó
determinadas enmiendas, cuyos objetivos se centraban básicamente, por una
parte, con referencia al artículo 3, en establecer un sistema reglado de
las autorizaciones a los operadores que prestan servicios a la televisión
digital, es decir, eliminar la discrecionalidad con la que venía ese
artículo; un segundo aspecto en el que iban dirigidas nuestras enmiendas,
coincidiendo en gran parte de los grupos parlamentarios, con referencia
al artículo 7, orientado a facilitar acuerdos entre los operadores sobre
el sistema de descodificación, y, en tercer lugar, establecer plazos
razonables en la adaptación a la ley por parte de los operadores que ya
venían funcionando en el Estado español.
A pesar de las dificultades habidas en la tramitación del texto
inicialmente aprobado por el Congreso, todos dijimos que, aunque
mejorable, había una satisfacción generalizada con el que finalmente fue
remitido al Senado.
Sin embargo, la enmienda introducida al artículo 7 por el Grupo Popular
ha llevado la ley a una complicada situación jurídica, que es el origen
fundamental de todo este conflicto. En esa línea y en esos tres bloques
de enmiendas de las que antes hablaba, que presentó Coalición Canaria,
hay una primera cuestión, señor Ministro, que me gustaría plantearle.
Antes señalaba que una de las enmiendas, referida al artículo 3 de la
ley, garantizaba que la autorización por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones fuera reglada, es decir, que se limitara a constatar
los registros de los operadores. Se llegó a una transacción entre los
distintos grupos, por lo que entendemos que ha quedado perfectamente
plasmada en la ley una garantía de ese carácter reglado.
A través de los distintos medios de comunicación social, conocemos que se
ha denegado la autorización por parte de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones a Canal Satélite Digital. Este operador se ha
querellado contra varios miembros de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
Primera cuestión que me gustaría plantearle. ¿Tiene el señor Ministro
alguna opinión sobre si la autorización era o no procedente? ¿Entiende el
señor Ministro que Canal Satélite Digital, independientemente de la
negativa de la autorización de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, cumple con la ley? O, por el contrario, ¿entiende que
ha quedado al margen de la ley y, por tanto, el Gobierno va a tomar las
acciones legales procedentes para hacerla cumplir?
Por otra parte, la conflictividad jurídica no ha favorecido la
posibilidad de diálogo para el acercamiento de posiciones entre el
operador en este momento en el mercado, Canal Satélite Digital, y la
plataforma Vía Digital, que empezará a funcionar en los próximos meses.
El Grupo Socialista ha presentado recurso de inconstitucionalidad. A
pesar del requerimiento de la Comisión Europea, dada la actual situación,
no es previsible que puedan producirse acuerdos entre las dos plataformas
que van a existir en el mercado.
Señor Ministro, quizá pecando de ingenuo, el Grupo de Coalición Canaria
sigue pensando que es deseable que se pueda producir un acuerdo entre
ambas plataformas, un acuerdo que sea capaz de garantizar los intereses
económicos de la partes y la libertad de elección de los ciudadanos.
Estos acuerdos no son imposibles, ya que se ha visto que son viables. Por
ejemplo, en otros países comunitarios, como Italia y Alemania, los hay.
Ese acuerdo hay que propiciarlo, señor Ministro. Sólo si se propiciara
seríamos capaces de romper la dinámica de bipolarización política y
económica que se ha creado y que tiene aspectos de controversia jurídica.
Al señor Ministro nadie le puede negar su trayectoria política. Es un
hombre de centro, dialogante y dispuesto a llegar a acuerdos. Yo apelo a
esa capacidad que se le supone al señor Ministro, con ese talante de
centro y que ha demostrado en otro tipo de acuerdos, para que haga viable
ese entendimiento entre las dos plataformas y dé salida al conflicto.
Conflictos similares se han planteado en el Estado español y los buenos
oficios del Ministro han dado resultados, como hemos podido ver
recientemente con el asunto de Airtel y Telefónica. Es un acuerdo al que
han llegado las partes y ahora se le va a dar el amparo jurídico
necesario para hacerlo viable.
Parece que hay que propiciar acuerdos porque desde el punto de vista
político no es deseable seguir con este conflicto, y desde el punto de
vista jurídico se corren serios riesgos de entrar en un conflicto de
imprevisible salida. Entendemos que en estos momentos, desde el punto de
vista jurídico, Canal Satélite Digital está al margen de la ley porque no
se le ha otorgado la autorización, y, por otra parte, corremos el riesgo
de que la ley pueda ser suspendida cautelarmente por el Tribunal de
Luxemburgo, como así se ha dejado entrever en la comunicación de la
Comisión Europea.
Señor Ministro, esa salida que nosotros entendemos que se puede propiciar
tiene que estar en la línea, si hay voluntad política, de modificación de
la disposición transitoria, ampliando los plazos que den cobertura legal,
primero, a los operadores en estos momentos en el mercado, y, segundo,
que se pueda posibilitar el entendimiento entre ambas plataformas. En esa
línea queríamos saber, señor Ministro, cuál es la disposición del
Gobierno a que el conflicto pueda tener una salida política, haciendo los
esfuerzos necesarios en la búsqueda de ese acercamiento entre ambas
plataformas. ¿Está el señor Ministro en disposición de buscar un acuerdo
entre los operadores? ¿Está dispuesto a ganar tiempo para procurarlo,
modificando la disposición transitoria? Por el contrario, como parece que
dejó entrever en su intervención, ¿pretende que el tema se resuelva en
los tribunales, sólo en los tribunales?
Creemos que hay que romper la dinámica bifronte en la que nos
encontramos. Nosotros apoyaremos cualquier modificación legislativa que
busque ese acuerdo, y no admitimos que eso justifique una lectura de
vencedores y vencidos. Nuestro compromiso es por la gobernabilidad. Hay
que gobernar para todos los ciudadanos. Confiamos en el talante del señor
Ministro para que podamos encontrar, a través del diálogo y con ese
espíritu con el que todos los grupos parlamentarios han apelado al
consenso, una solución política a este conflicto.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Ministro, señoras y señores Diputados,
intervengo en nombre de mi Grupo ante la petición de comparecencia del
Gobierno, que va a explicar una vez más en esta Cámara su posición sobre
la conocida como Ley de televisión digital, que ha sido objeto de
apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión
Europea.
Como saben SS. SS. --quiero recordarlo porque creo que es oportuno--,
esta sesión debería haberse celebrado hace ya unas semanas, y fue
aplazada, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, como
consecuencia del brutal asesinato perpetrado por ETA. Yo creo que hoy,
que sin duda estamos inmersos en un debate propio de adversarios
políticos, con ideologías distintas y con proyectos diferentes, es bueno
que se sepa que todos nos unimos frente a los que no respetan la
convivencia, la paz y la libertad.
Señor Ministro, quiero agradecerle, en nombre de mi grupo parlamentario,
su comparecencia y también, en este caso, que haya decidido solicitarla.
Ya hemos leído en los medios de comunicación y en la prensa la posición
del Gobierno sobre esta cuestión. El señor portavoz del Grupo Socialista
se entera de muchas cuestiones por la prensa, como pasaba antes con el ex
presidente del Gobierno. Por tanto, creo que es bueno que cada vez haya
más prensa, y por eso fomentamos también la liberalización de los medios
de comunicación, en este caso de la televisión. En cualquier caso, como
digo, la posición del Gobierno era conocida, probablemente a instancias
del primer grupo de la oposición, como ya se lo decía el otro día en la
reunión de la Diputación Permanente, porque hayan querido convertir este
asunto en un problema capital para los españoles, cuando de serlo, en
tamaña importancia por lo menos, lo sería sólo para el Partido
Socialista.
Hemos escuchado con toda atención la intervención del señor Ministro, que
con rigor y con objetividad ha explicado la posición del Gobierno
español, recordando que estamos ante una ley, que es del Parlamento, como
todas las leyes, que se enmarca dentro de nuestro marco constitucional y
que, a nuestro juicio, es perfectamente compatible con todas y cada una
de las disposiciones y principios del Tratado de la Unión Europea; una
ley cuyo único objetivo, como digo (sin duda el Gobierno tratará de que
se produzca un acuerdo en aras a evitar cualquier perjuicio), es
posibilitar que haya libre competencia en materia de televisión digital,
evitar la existencia de mercados cautivos que perjudican sin ninguna duda
al consumidor. Por tanto, queremos que haya televisión digital para todos
en régimen de competencia. No deseamos un monopolio privado de televisión
digital que impida la posibilidad de que haya competencia en esta
materia.
Ustedes, señores del Grupo Socialista, quieren convertir en un problema
político lo que es, sin ninguna duda, un
conflicto de intereses económicos, un conflicto de cuentas corrientes.
Pero como ustedes no pueden decírselo con toda claridad a la sociedad
porque sería un poco duro, intentan enmascararlo en torno a un debate
sobre los comportamientos del Gobierno de España, del Gobierno que dirige
el Partido Popular. Quizá su posición sería mejor entendida, e incluso
compartida por algunos si, con toda claridad, dijeran: estamos
defendiendo intereses concretos y los estamos defendiendo porque nosotros
consideramos que tenemos que defender intereses concretos. No pueden
hacerlo porque lo mínimo que se le exige a cualquier opción política es
la defensa de los intereses generales, intereses generales que, sin
ninguna duda, está defendiendo el Gobierno y que han guiado la acción de
este Parlamento a la hora de aprobar la ley conocida como Ley de
televisión digital. También podrían decir con claridad: cuando
gobernábamos nos fue bien defendiendo intereses concretos en el mundo de
la comunicación --que es a lo que me estoy refiriendo en este momento-- y
ahora lo consideramos básico para recuperar otra vez el poder y volver a
gobernar. No lo hacen así porque su posición no es ni ética, ni
estéticamente presentable en esta cuestión. Porque, señoras y señores
diputados, los partidos están para defender la competencia. Los partidos
están para defender que se abran los mercados y, sobre todo, para
defender los intereses de los consumidores. Por tanto, los partidos no
están nunca para defender posiciones dominantes en el mercado, ni
monopolios privados por mucho que lo hayan sido en el pasado.
Escuchábamos con atención al señor Pérez Rubalcaba, e introducía
cuestiones nuevas en el debate de hoy que se añaden a las cantilenas a
las que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos. Entre ellas
hablaba hoy, y en los últimos días también hemos tenido ocasión de oírlo,
de la libertad de expresión. Ustedes dicen: nosotros defendemos la
libertad de expresión. Pues bien, yo creo que ustedes la defienden. Yo
también defiendo la libertad de expresión. Lo que pasa aquí es que
tenemos una diferencia: ustedes defienden la libertad de expresión para
uno en concreto. Nosotros defendemos la libertad de expresión para todos.
Queremos libertad de expresión para todos los grupos y no solamente para
uno.
Aprovechando que ustedes han planteado la cuestión de la compañía
Telefónica --cuestión nueva que ustedes unen a este debate, a mi modo de
ver sin ningún sentido-- se meten con una decisión privada, una decisión
comercial, empresarial que han adoptado unas compañías privadas, decisión
que todos deberíamos aplaudir si va en beneficio de los accionistas y de
las propias empresas, empresas importantes españolas que es bueno que
salgan adelante. En cualquier caso esto ha sido una decisión comercial,
empresarial, en la que no deberían entrar los grupos parlamentarios sino
los accionistas. Pero aprovecho para decirlo porque da la casualidad de
que estábamos hablando de los mismos grupos empresariales --y ya se lo
dije el otro día-- a los que ustedes impulsaban para que una de sus
sociedades hiciera un acuerdo con Telefónica. Esto usted lo sabe
perfectamente, señor Pérez Rubalcaba, porque fue el gran protagonista de
esta historia. En España tuvimos otro gran expediente en la Unión Europea
porque fue favorecida por el Gobierno socialista una empresa a la que se
le había entregado la primera compañía pública de España: la compañía
Telefónica. Quiere esto decir que cuando Telefónica era una compañía
pública al señor Pérez Rubalcaba, que, como digo, fue el gran
protagonista de esta historia, le parecía muy bien defender que hubiera
un acuerdo y entregó una compañía pública, que era de todos, a una
empresa privada elegida directamente por el Gobierno, para que hiciera un
negocio rentable en régimen de monopolio. Esto fue objeto de un
expediente, expediente que se ha solucionado favorablemente con el
Gobierno popular. Pues bien, para mí eso sí que es abuso de poder. Cuando
se está abriendo todo el mercado de las telecomunicaciones en España
deciden ustedes que la primera compañía pública de España, la compañía
Telefónica, se alíe en exclusiva con una empresa privada que decide el
Gobierno socialista. Eso sí --y usted lo sabe muy bien--, había
resistencia por parte de los propios gestores públicos de la compañía que
no estaban de acuerdo con esa operación.
Por tanto, calificar el asunto del expediente actual que se está haciendo
--me paso a la televisión digital porque el otro tema no merece ningún
comentario por parte de nuestro grupo parlamentario-- sobre la Ley
digital --ley cuyo único objetivo es defender, insisto, la posibilidad de
que haya competencia en materia de televisión digital y defender los
intereses de los consumidores-- de bochorno, como ustedes han dicho en
esta ocasión --en otras ocasiones han utilizado la palabra de
escándalo--, es una pura pantomima, máxime si tenemos en cuenta lo que le
he comentado anteriormente. Porque si esto fuera un escándalo, un
bochorno, ¿por cuánto lo tendríamos que multiplicar, señor Pérez
Rubalcaba, si pensamos en su etapa? ¿Cree usted que es un bochorno, que
es un escándalo plantear que no haya mercados cautivos? Nosotros creemos
que no. ¿Cree usted que es un bochorno permitir que todos compitan en
igualdad de condiciones y que haya competencia? Nosotros creemos que no,
todo lo contrario. ¿Creen que es un bochorno que la herencia socialista
se convierta en un monopolio de comunicación para el futuro? Eso sí que
sería un escándalo. Y, si me lo permiten, en cualquier país europeo
también sería un escándalo que el primer grupo de la oposición aliente,
fomente y se regocije --y también lo decía el otro día en la Diputación
Permanente-- de los problemas que tenga el Gobierno de su país, el
Gobierno de todos, el Gobierno de España con la Comisión Europea. He
dicho el Gobierno del país porque ustedes se han pasado 14 años hablando
del Gobierno socialista. Tienen ustedes una concepción patrimonialista de
lo que es el Gobierno de España, de lo que es el Gobierno de todos y no
se dan cuenta que el Gobierno es el Gobierno de la nación, que en este
momento lo sustenta el Partido Popular, porque así lo han decidido los
ciudadanos. Pero ustedes tienen un concepto patrimonialista y lo siguen
aplicando aun después de no estar en el Gobierno. Ustedes dicen: Gobierno
socialista --Gobierno socialista, por cierto Gobierno para unos pocos-- y
nosotros decimos Gobierno de todos, en este caso sustentado por el
Partido Popular, Gobierno de todos, Gobierno para todos. Por tanto,
nosotros estamos legislando para todos y queremos que haya televisión
digital
para todos en igualdad de condiciones y en régimen de competencia.
Porque cuando ustedes defienden que puede haber varios descodificadores,
¿en quién están pensando? En los consumidores desde luego que no. En la
libertad de información, tampoco. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que
hay que tener períodos transitorios, pero no me podrán negar que cuando
el consumidor puede acceder con un solo descodificador a todas las
programaciones tiene más posibilidades y estamos favoreciendo al
consumidor y a la libertad de información de ese consumidor: Con un
descodificador se pueden tener todas las programaciones y toda la
información. Ustedes no. Ustedes dicen: varios descodificadores cerrados.
Estamos hablando de un aparato que permite que entre información, aparte
de entretenimiento.
En este momento --y como usted ha planteado el tema de la libertad de
expresión me interesa bastante dejar reflejado en el «Diario de Sesiones»
quién defiende la libertad de expresión y quién defiende sólo la libertad
de expresión para un grupo determinado-- quería recalcar que ustedes
dicen varios descodificadores. No queremos varios porque en teoría se
favorece a un grupo. Y por cierto, señor Pérez Rubalcaba, quiero decirle
que no hay peor mentira que una verdad a medias y usted durante esta
tarde, sin utilizar la palabra mentira, porque parece que no le gusta
mucho, acusa sin parar al Gobierno y al grupo que le sustenta de faltar a
la verdad en algunas cuestiones. Pero le reitero que no hay peor mentira
que una verdad a medias. Porque usted lee párrafos de la Comisión Europea
y dice: ustedes han hablado con la Comisión Europea en muchas ocasiones.
Por supuesto que hemos hablado en muchas ocasiones y en muchas más habrá
que hablar porque, habiendo estado 14 años en el Gobierno deberían saber
que se debe hablar con la Comisión Europea muy a menudo y que es bueno
para un país que se hable con ella. Siempre se conseguirán mejores cosas
en defensa de los intereses del país si se habla con los miembros de la
Comisión Europea que si no se habla y se trata de hacer las cosas en el
último momento. Por supuesto que nosotros hemos hablado con la Comisión
Europea y por supuesto también que usted ha leído cosas que la Comisión
Europea ha dicho al Gobierno español, pero también podía usted haber
leído las cosas que el Gobierno español ha dicho a la Comisión Europea y
también usted podía tener un poco más de rigor al nombrar a las empresas
que quieren competir en plataformas digitales porque, que yo sepa, en
estos momentos hay dos: una que es la plataforma del Canal Satélite y
otra la plataforma vía Digital. Yo no sabía que ninguna de ellas fuera
una plataforma gubernamental, ni que el Gobierno estuviera en ellas.
Convendría que fuéramos un poco más rigurosos porque, al final, a la hora
de informar a la gente conviene que la gente sepa de qué estamos hablando
y no que se les dé una información equivocada o sesgada. Creo que es
importante hablar con propiedad en estas cuestiones. En este asunto en el
que ustedes se han tomado tanto interés, es verdad que el Gobierno, como
le corresponde, ha hablado con la Comisión Europea en numerosas
ocasiones, pero también es cierto, según hemos oído, que numerosos
miembros del Partido Socialista se han entrevistado con comisarios
europeos para tratar de que hubiera un expediente sancionador contra
España, cosa bastante sorprendente, sobre todo para nosotros, porque hay
otros mecanismos para intentar obtener los resultados que se quieren.
Es evidente que en toda esta polémica que se está levantando hay un grupo
al que respetamos --también lo decía el Partido Nacionalista Vasco-- que
defiende su interés, un interés particular de mantener un régimen de
monopolio que le ha dado buenos beneficios económicos, y está en su
legítimo derecho de defenderlo. No es tan legítimo, y por tanto no lo
aplaude el Gobierno, que un grupo parlamentario defienda ese mismo
interés cuando éste no es el interés de los consumidores españoles.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el debate de hoy no aporta
nada nuevo, lo que refleja la innecesaria sesión de la Diputación
Permanente que fue convocada a instancias del Grupo Socialista con el
único objetivo de que era un interés de partido. Hoy ha repetido nuestros
argumentos con toda precisión jurídica y también con toda precisión
técnica el señor Ministro. Las consideraciones del Grupo Socialista no
nos han convencido y por tanto no nos hacen modificar las nuestras en
esta materia. Seguimos manteniendo que la ley tiene que beneficiar al
consumidor, tiene que permitir que haya competencia y tiene que permitir
que los descodificadores sean abiertos. En base a esos objetivos, que son
irrenunciables, podremos intentar, y espero que el Gobierno pueda
hacerlo, llegar a acuerdos con la Comisión Europea que permitan que no
haya que ir al Tribunal Superior Europeo de Justicia. Y digo que haya que
ir, porque, al final, como el señor Pérez Rubalcaba sabe, iremos dos. A
los tribunales siempre van dos partes, una porque la interpretación no le
convence, y otra porque no hace caso a las observaciones que se le hacen.
Por tanto, al Tribunal irá el Gobierno de España, e irá la Comisión
Europea, que le llevará, si hay que ir, pero confío que al final se pueda
llegar a un acuerdo, y en esas instancias se resuelva. Porque usted sabe
que la Comisión, que es un órgano político, y se lo he dicho más veces,
opina sobre una decisión del Legislativo español si no se solventa en
esas instancias. El propio Tratado de la Unión Europea prevé otros
procedimientos. Por tanto, vamos a tratar de llegar a un acuerdo en esa
materia, sin renunciar a los objetivos de nuestra ley. Señor Pérez
Rubalcaba, con la trayectoria que tienen ustedes en materia de
comunicación, deberían por lo menos sonrojarse si se atreven a comprobar
lo que hicieron con lo que ahora están diciendo.
Nada más, señor Presidente. Muchísimas gracias, señor Ministro. Espero
que podamos llegar a un acuerdo en la Comisión sobre estas cuestiones y,
si no, sabe que cuenta con nuestro apoyo para cualquier cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a las manifestaciones de los
distintos portavoces y a las preguntas que se le han formulado, tiene la
palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): En primer
término querría agradecer las intervenciones de todos los señores
portavoces. También
agradezco la intervención del señor Pérez Rubalcaba, aunque esté en
profunda discrepancia con ella, porque los agradecimientos nada tienen
que ver ni con los argumentos ni con las cuestiones que lógicamente
debemos discutir, porque para eso está el Parlamento.
Señor Pérez Rubalcaba, si hay algo verdaderamente fundamental para que en
un ámbito parlamentario y en la confrontación ideológica entre partidos
políticos pueda funcionar correctamente el sistema, si hay algo que es
absolutamente imprescindible, es el relativismo democrático. Eso lo tuvo
que aprender usted desde que comenzó su actividad política. El
relativismo democrático exige que no se pueda plantear nunca un conflicto
en términos de verdad o de mentira. En el momento en que usted plantea un
conflicto en términos de verdad o de mentira, se arroga usted la posesión
de la verdad. Y cuando alguien se arroga la posesión de la verdad, la
democracia no funciona. Por eso estamos en un procedimiento
contradictorio, señoría, entre el Estado español y la Comisión para
dilucidar cuál es la interpretación correcta de una directiva y cuál es
la interpretación correcta de una situación de mercado, y hay que
plantearlo como tal procedimiento contradictorio.
¿Dónde está escrito que la Comisión, que es un órgano político, define y
defiende mejor los intereses de los consumidores españoles que el
Parlamento español? ¿Por qué presupone usted que la Comisión tiene razón
en todo lo que dice? ¿Por qué toda su argumentación se apoya en lo que la
Comisión dice? ¿Por qué presupone usted que una parte del conflicto posee
la verdad y la otra no? Está desnaturalizando la función de la Comisión y
desnaturalizando lo que es un procedimiento contradictorio entre el
Estado español y la Comisión. Vamos a determinar en algo que no está
claro, porque no está claro en la directiva, ni está claro en el
funcionamiento del mercado europeo. Tenemos que dilucidar cómo se
protegen mejor los intereses de los consumidores y cómo se garantiza en
mayor medida la defensa de la libre competencia.
Señoría, para engañar hace falta intención de engañar, y en un
procedimiento confuso como el que se ha producido en las conversaciones
entre el Gobierno y la Comisión, no hay engaño en ningún momento. La
relación de hechos que hace la Comisión en sus escritos contrasta con la
relación de hechos que hace el Gobierno español en los suyos. Los equipos
técnicos del Ministerio y los equipos técnicos de la Comisaría de
Telecomunicaciones empezaron a discutir no sobre la modificación de la
ley, como dice el escrito de la Comisión, empezaron a discutir única y
exclusivamente sobre la obligación de comunicar con carácter previo la
adopción de especificaciones técnicas. Desde el principio, en ningún
momento se planteó por el comisario, señor Bangemann, la modificación de
la ley española, sino el incumplimiento de una obligación: la previa
notificación de las especificaciones técnicas. Después de haber tenido
numerosas reuniones, después de haber tenido numerosos cruces de cartas,
ocurre, señoría, que el procedimiento de infracción lo abre otro
comisario completamente distinto. Habiendo tenido noticia de que es otro
comisario el que se propone abrir el procedimiento de infracción, me
entrevisto con él y le dejo un escrito de alegaciones sobre la ley
española. Nunca tuve contestación a ese escrito de alegaciones. Por
tanto, señoría, los hechos, por definición, hay que relatarlos de manera
completa. No se puede uno apoyar única y exclusivamente en quién, según
S. S., tendría el monopolio de la verdad.
El procedimiento precontencioso que, de acuerdo con la jurisprudencia del
Tribunal Europeo, es la garantía esencial que tienen los estados para
defenderse en sus relaciones con la Comisión, ha sido sistemáticamente
vulnerado por la Comisión. No se puede empezar el debate o el intercambio
de opiniones con un comisario y abrirse el procedimiento de infracción
por otro. Por lo tanto, en lo que afecta a los hechos y a lo que usted
llama engaños, pongamos las cosas en su punto. La relación de hechos hay
que hacerla completa. En todo caso, lo que a mí me parece importante
resaltar es que no hay una dialéctica de la verdad y de la mentira en el
debate político, porque eso termina necesariamente con el funcionamiento
de la democracia. Y yo, señoría --porque esto es lo que constituye en el
fondo la esencia del debate--, lo que querría trasladarles a todos
ustedes es que la posición de la Comisión no es homogénea, no ha sido
uniforme en relación estrictamente con el mercado español. Porque ha
tenido definiciones y posiciones contradictorias en relación con el
mercado español es por lo que debemos discutir con la Comisión algo que
la Comisión ahora no quiere tener en cuenta.
Me va a permitir el señor Presidente que lea dos párrafos del escrito de
alegaciones que hizo la Comisión cuando se abrió el procedimiento de
infracción por el acuerdo entre Telefónica y el grupo Prisa en la
constitución de Cablevisión. Fíjese lo que decía entonces la Comisión y
que ahora no quiere decir. Decía entonces la Comisión: También es
indudable que Canal + España, como monopolista de la televisión de pago
en España, es la empresa española con la mejor posición para diseñar los
paquetes de programación especialmente dirigidos a la audiencia española
y con la experiencia necesaria en la gestión de grandes carteras de
abonados y en la utilización de sistemas de codificación y acceso
condicional. Las ventajas competitivas de Sogecable consisten en
particular en el hecho de que como único administrador en España de la
televisión de pago tiene una lista de más de un millón de suscriptores
que pueden utilizar los servicios de televisión por cable y la televisión
de pago en el futuro, experiencia en la gestión de abonados sobre la que
se han podido contrastar las preferencias de la audiencia española,
disponibilidad de una red de codificadores y participación en las
alianzas estratégicas del sector, una imagen de marca, un lugar
prominente en la industria de medios de información --prensa, radio--,
como en los de ocio, entretenimiento, formación y educación a través del
grupo Prisa. También Sogecable está participada por el grupo Canal + de
Francia, que es el primer grupo de televisión de pago en España.
Y no satisfecha con esta descripción para abrir el procedimiento de
infracción, que sea abrió como consecuencia del acuerdo propiciado por
ustedes entre Telefónica y el grupo Prisa, añade en su escrito de
alegaciones: En relación con los sistemas de descodificación y acceso
condicional, que como se ha expresado anteriormente constituyen
junto con los contenidos específicos ofrecidos por la capacidad de
adquisición de derechos audiovisuales un factor esencial y diferenciador
de la televisión de pago, es muy probable que, dados los lazos con Canal
+ Francia, Cablevisión trate de imponer a las operadoras el
descodificador analógico, modelo System, utilizado por Canal +, o el
nuevo descodificador digital Seca, lanzado por el grupo Canal +. En el
momento actual, la situación monopolística de Canal +, en el sector de la
televisión de pago le colocaría en una situación de privilegio en lo que
a introducción de descodificadores en los hogares se refiere. La única
excepción serían los equipos descodificadores introducidos en las redes
de Jerez, por Jerez del Cable, y de Santander, por Santander del Cable.
En todo caso, el dominio del mercado por parte de Canal + es claro: más
de un millón de descodificadores frente a unos 5.000. La posibilidad de
que se creen mercados cautivos se refuerza con el uso de sistemas de
acceso condicional cerrados como el sistema utilizado por Canal +. En ese
caso, el cliente difícilmente accederá a tener un segundo aparato
descodificador, con las molestias y costes que ello supone. Los
consumidores se encontrarán con limitaciones a la contratación con otros
programadores que no utilicen el descodificador cerrado de Canal +, salvo
que decidan darse de baja de su abono en Canal +.
Esto es lo que decía la Comisión Europea, señoría, cuando trataba de
poner término a una posición dominante que se estaba entonces
configurando. Y esa descripción del mercado español, que afectaba
entonces a la televisión de cable, afecta exactamente igual ahora a la
televisión por satélite de pago. Exactamente. La situación del mercado es
la misma. La transferencia de unos descodificadores de televisión
analógica a unos descodificadores de televisión digital es la misma
situación de mercado. Pues bien, señorías, la contradicción de la
Comisión es que lo que entonces dijo no lo acepta ahora, mientras que el
escrito de alegaciones que presenta el Gobierno español se ampara,
naturalmente, en los propios escritos de la Comisión
Europea.
Y no querría hacer más largo este debate. Le puedo leer lo que la misma
Comisión decía en el caso de Alemania cuando deshace una concentración de
empresas justamente amparándose en el uso de descodificadores cerrados y
en el abuso de posición dominante a que puede dar lugar. Y ésos son datos
de la realidad, son posiciones literalmente expuestas por la Comisión, y
esa posición es la que ahora no se quiere aceptar. Y la Comisión está en
su derecho de cambiar de criterio, pero no obsta para que nosotros
discutamos entonces cuál es la verdadera posición de la Comisión: la que
defendía entonces, en el año 1995, que no está lejos, o la que defiende
ahora con motivo de la incorporación de una directiva al ordenamiento
jurídico español.
Pero fíjese, señoría, todavía tengo aquí otra cita. Es una cita
entrecomillada que procede del diario al que pertenece el grupo afectado
por la Ley digital. Dice literalmente el comisario Bangemann, en relación
con el caso alemán, a los operadores alemanes: «No quiero imponerles
nada. Quizá en el futuro no habrá un solo sistema. Podemos vivir con tres
o cuatro modelos, pero que sean compatibles, de manera que el consumidor
pueda utilizar un solo descodificador para diferentes emisiones.» Fin de
la cita. Bueno, pues la ley española, con sus errores y con sus aciertos,
pretende que en última instancia haya en el mercado español un único
descodificador abierto, que no privilegia a ninguna plataforma, sino por
el que se puedan ver los programas de todos los operadores de televisión
que puedan concurrir en el mercado.
Hay más cosas todavía en el ámbito de la Comisión que implican conducta
contradictoria, señoría, y, por tanto, es lógico que en un procedimiento
contradictorio estemos en discrepancias con la Comisión, es absolutamente
lógico, no tiene nada de particular. Y, por supuesto, no es ningún
bochorno y no hay ningún ridículo. Lo ridículo es afirmar que es ridículo
entrar en contradicción con la Comisión cuando la Comisión ha mantenido
posiciones tan flagrantemente contradictorias, señoría.
Hay muchas más cosas --quizá el Presidente me va a terminar llamando la
atención-- que no querría dejar pasar. Usted ha afirmado --y esto es algo
que la técnica debe dilucidar-- que los dos sistemas son abiertos, el
simulcrypt y el multicrypt. Probablemente uno de los errores que tenga la
ley española sea haber mencionado las especificaciones técnicas. Y digo
probablemente, porque a mí, señoría, no me cuesta rectificar, pero me
tienen que dar razones convincentes y demostrar que las mías no son
suficientes. Y como en España hay una posición dominante en materia de
televisión de pago y hay un mercado cautivo, es absolutamente legítimo
que el Parlamento a través de una ley quiera abrir ese mercado cautivo.
Fíjese usted, el descodificador abierto es una pequeña medida
compensatoria para abrir un mercado cautivo. Ni siquiera va a ser
trascendental, es una pequeña medida, pero hay un mercado cautivo,
generado por un descodificador cerrado, y para que se produzca de verdad
la libre competencia hay que abrir ese mercado cautivo.
Naturalmente, señoría, para salir de una posición de monopolio, como ha
ocurrido con Telefónica, se entra en conflicto con el monopolista. Eso es
inevitable. No hay ningún país que salga de una situación de monopolio,
sea en telefonía o sea en televisión de pago, sin entrar en conflicto con
el monopolista. Eso no lo desconoce nadie. Por eso se crean autoridades
reguladoras. Si usted recoge los informes que hace el órgano regulador
británico verá usted que sistemáticamente la condena de la actuación del
operador es monopolista, y naturalmente todos los demás operadores entran
en conflicto y, como es natural, el operador dominante hace lo posible
por no aplicar las leyes que tratan de poner fin al monopolio. Y esto es
de sentido común, señorías. Es imposible salir de una situación de
monopolio sin entrar en conflicto con el monopolista, y eso ha ocurrido
con Telefónica al fijar simplemente las condiciones de interconexión y
está ocurriendo legítimamente con la salida del monopolio de televisión
de pago que hay en España.
Por tanto, señoría, lo que ha hecho el Gobierno ha sido atenerse a los
textos de una posición previamente definida por la Comisión. Ahora la
Comisión cambia de postura y está en su derecho, pero me reconocerá usted
que habiendo
tenido la Comisión posiciones contradictorias es lógico que en cuanto a
la cuestión de fondo podamos ir al Tribunal de Justicia para ver cómo se
responden las preguntas a las que usted, señoría, y los demás portavoces,
han hecho referencia, que es lo que queda por contestar. Primero, si como
reconoce la propia Comisión el simulcrypt solamente es abierto cuando hay
acuerdo entre operadores, ¿qué ocurre si no hay acuerdo entre operadores?
¿Circula libremente el descodificador cerrado? Punto primero. Punto
segundo. Para salir de una situación de monopolio, ¿hasta dónde puede
llegar con sus leyes un Estado? Punto tercero. Para adoptar medidas
cautelares es necesario, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Europeo, precisar, en primer lugar, cuáles son los daños graves,
irreparables o inminentes que se causan y, en segundo lugar, cuáles son
los operadores perjudicados, porque, naturalmente, el mercado se compone
de varios operadores: el que tiene la posición dominante y los demás que
quieren entrar. En el mercado español va a haber más de dos operadores;
concretamente, ha aparecido un tercero de gran potencia económica que va
a realizar inversiones muy fuertes en cable y que, para prestar servicios
de telecomunicación por cable, y en particular el servicio de televisión,
necesita también, para poder prosperar en el mercado, los
descodificadores abiertos.
Por último, tenemos que preguntarnos si la directiva comunitaria viene a
cambiar algo en el panorama europeo o no. Si la directiva comunitaria lo
que hace es ratificar la situación preexistente, sería inútil. La
directiva comunitaria se dicta para abrir el mercado y tiene una
ambigüedad final por la pugna de los grupos de interés. La directiva
comunitaria, repito, viene para abrir el mercado, porque se están
colocando descodificadores cerrados, se está segmentando el mercado y no
funciona el mercado único europeo. Hoy podemos ver la televisión por
satélite libre, venga de donde venga, simplemente orientando
adecuadamente la antena; así, vemos televisiones inglesas, francesas,
italianas, alemanas, pero con el sistema que se está introduciendo en
Europa el funcionamiento del mercado único europeo no será posible. Si el
mercado continúa desarrollándose como se estaba desarrollando hasta el
momento en que se dicta la directiva, no vamos a poder coger las
plataformas de televisión de pago alemanas, italianas, inglesas o
francesas. ¿Qué ocurre? Que la directiva se dicta en contra de los grupos
que tienen los descodificadores cerrados y, como esos grupos son muy
poderosos, muy fuertes, la directiva tiene una ambigüedad final y no
clarifica si efectivamente pueden circular libremente los
descodificadores cerrados. Eso es bueno que lo decida un tribunal de
justicia. Si la Comisión hubiera mantenido una posición coherente en esta
cuestión, yo no habría tenido ningún inconveniente en sujetarme en lo
básico a la posición de la Comisión, lo que me sorprende, como sorprende
a cualquiera, es que en un escrito de alegaciones haga unas afirmaciones
y en otro escrito de alegaciones --en caso distinto-- haga otras
afirmaciones. Y no se trata de argumentos. Uno puede manejar los
argumentos en función de la situación jurídica o del conflicto jurídico y
se modulan, pero aquí la contradicción está en la descripción de una
situación de hecho; en el año 1995 se describe una situación de hecho de
una manera determinada y en el año 1997 nos quieren convencer de que la
situación de hecho es distinta. Esa contradicción es absolutamente
insalvable en el procedimiento entre el Estado español y la Comisión y,
por tanto, en cuanto a la cuestión de fondo, deberá pronunciarse el
Tribunal de Justicia. Eso no significa --ya lo he dicho-- que yo entienda
que la ley es perfecta. Naturalmente, la ley no es perfecta y caben
modificaciones, modificaciones susceptibles de mejorar el texto de la
ley, pero la cuestión de fondo no puede ser obviada. La situación del
mercado español, la libre competencia y la defensa de los intereses del
consumidor exigen descodificadores abiertos y un tribunal tiene que decir
si el simulcrypt, en caso de que no haya acuerdo entre operadores, es un
descodificador abierto o no lo es. Esa es una cuestión técnica y habrá
que hacer una prueba técnica ante el Tribunal Europeo de Justicia. Esa
cuestión de fondo debe permanecer viva en beneficio del mercado español y
en beneficio del mercado comunitario, porque si hay descodificadores
abiertos y compatibles entre sí, simplemente con un cambio de tarjeta
podremos ver las diferentes plataformas digitales de pago y, además, nos
cargarán en cuenta directamente lo que veamos, sin ningún tipo de
problema funcional. Con el sistema que se estaba generando en el mercado
europeo, eso no es posible; por tanto, si tiene algún sentido la
directiva, es justamente tratar de abrir un mercado y, al abrir ese
mercado, lesiona intereses de importantes grupos económicos, pero eso
ocurre casi siempre, señoría, y usted lo sabe tan bien como yo, si no
mejor.
Me queda decirle que todo lo que afecta a la inscripción y a la
certificación son problemas jurídicos secundarios y, por tanto, no merece
la pena reiterar los argumentos que se han expuesto. Las tarifas por la
utilización de los descodificadores es algo que el propio dictamen
motivado no considera que es una infracción, sino que simplemente
considera que es un sistema inadecuado. Una interpretación sistemática
lleva a que la regla general es el acuerdo entre operadores, en caso de
que no haya acuerdo, se acude a la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones, y hay que hacer la interpretación sistemática entre
la regla general y la disposición transitoria. La disposición
transitoria, señoría, usted sabe que procede del decreto-ley donde se
fijaba la competencia de la Comisión para establecer todo tipo de tarifas
de interconexión; por tanto, digamos que esa disposición transitoria, que
tiene una coherencia plena en un momento que se ha fijado como fecha de
liberalización plena del sector de las telecomunicaciones el 1.º de
diciembre de 1998, tiene una justificación: que en determinadas
cuestiones puedan ser la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o
el gobierno para la telefonía quienes tengan la atribución para fijar las
tarifas. Pero esto no es una infracción, sino que la Comisión ha
considerado que es un sistema inadecuado, y es muy libre de opinar eso.
Al señor Alcaraz tengo que decirle que yo, como miembro del Gobierno, le
puedo garantizar que no va a haber concentración de medios de
comunicación. La legislación española, el ordenamiento jurídico español
tiene hoy medios
suficientes para luchar contra los supuestos ilegales de concentración de
empresas: la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, el Tribunal de
Defensa de la Competencia y, en defensa del consumidor, la Ley de Defensa
de los Consumidores, que establece supuestos muy concretos en que, por
competencia desleal, incluso se pueden llegar a adoptar medidas
cautelares.
No hay en previsión un duopolio. Esa es la falacia a que se nos quiere
conducir. No es cierto. De hecho, ha aparecido un tercer operador de gran
potencia económica y aparecerá un cuarto y, para que sus inversiones sean
productivas y produzcan beneficios, todos ellos requieren de
descodificadores abiertos. Lo que se está haciendo es abrir el abanico a
todas las posibilidades, a las plataformas españolas, a los diversos
operadores de programación y a las plataformas de los demás países
miembros de la Unión Europea. Esa es la política del Gobierno. Toda
España tiene convocados concursos de cable y mal se compagina esa
política con la teórica defensa de un monopolio o con el teórico apoyo
privilegiado a un determinado grupo.
Desde el punto de vista técnico, la posición de la Comisión es
difícilmente mantenible. A juicio del Gobierno, la propia Comisión
incurre en una contradicción: no se puede decir que un sistema sólo es
abierto si hay acuerdo entre operadores, e inmediatamente decir que los
dos sistemas son igualmente abiertos, porque ambas afirmaciones no casan.
Si uno requiere acuerdo, será abierto cuando hay acuerdo; si no hay
acuerdo, es cerrado. Además, técnicamente es así. El descodificador
simulcrypt, con técnica simulcrypt, si no hay acuerdo es cerrado y, por
otra parte, tiene menores posibilidades para los segundos y terceros
operadores que un sistema abierto. En todo caso, yo le puedo garantizar
que, ante la posible modificación de la ley en los términos que he dicho,
hay una cuestión sustancial que quedará en pie en el texto de esa ley:
los descodificadores tiene que ser abiertos y se habrán de adoptar las
medidas necesarias para que sean abiertos, y los que técnicamente, por sí
mismos, no lo sean, deben poder funcionar como abiertos. Eso es lo que
nosotros pensamos que pide la directiva aprobada por la Comisión y será
un tribunal quien tenga que decir que la directiva no pide eso. No puede
ser la Comisión, y no puede ser la Comisión porque ya se ha contradicho
sobre la cuestión; se ha contradicho en fases sucesivas, por lo que, en
cuanto a la cuestión de fondo, no queda más remedio que ponerse en manos
del tribunal. ¿Que el procedimiento determina que sea la Comisión la que
lleve al Estado español ante el tribunal? Eso es indiferente, señoría, es
la forma en que está regulado el procedimiento, porque si el Estado
español tuviera en estos momentos posibilidad de ir directamente al
Tribunal, no le quepa la menor duda de que iríamos para dilucidar esta
cuestión de fondo, porque está en juego la configuración no sólo del
mercado español, sino de todo el mercado comunitario. Por tanto, es bueno
al final que haya una sentencia del Tribunal de Justicia.
En cuanto a la creación de un consejo audiovisual, señoría, la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones es un órgano perfectamente apto
para dilucidar las cuestiones que plantea el mundo de lo audiovisual. Uno
de los acuerdos a los que se llegó durante la tramitación parlamentaria
es que no estando así concebido en origen por el proyecto del Gobierno,
por el decreto-ley, sin embargo me pareció que era mejor tener un solo
órgano que dos, no multiplicar en exceso los órganos reguladores, porque
al final cada órgano regulador no deja de ser una organización donde se
va desmembrando lo que consideramos como concepto clásico del Estado,
aunque estén insertos esos órganos reguladores en el ámbito de las
administraciones públicas de una manera formal, pero más bien simbólica,
que desde el punto de vista de los contenidos o desde el punto de vista
sustantivo.
Por lo que se refiere al problema de los topes de participación en las
compañías concesionarias de televisión (y con ello respondo también a una
de las preguntas que no tiene directamente que ver con lo que estamos
describiendo hoy aquí, pero supongo que suscitan interés), es un sistema
anticuado. Hoy hay que ir a la lucha contra las concentraciones ilegales
de empresas, porque pueden generar posiciones dominantes y abusos de
posiciones de dominio. Esa vía va a ser más efectiva en el futuro y más
respetuosa con el funcionamiento del mercado que los límites a los
porcentajes de participación, especialmente en pequeños porcentajes de
participación, porque sí se puede luchar contra los monopolios en
determinadas circunstancias poniendo un tope, pero el 25 por ciento me
parece a mí que hoy no es nada significativo.
Usted sabe las enormes dificultades que existen, por la aplicación de la
legislación de sociedades anónimas, en averiguar cuál es la verdadera
composición accionarial de las empresas concesionarias de televisión,
porque hay una cadena de sociedades interpuestas y es de una complejidad
extraordinaria. De alguna manera facilitar o simplificar esos mecanismos,
encontrar mecanismos para hacer todo más transparente, a la postre puede
ser más eficaz que una limitación formal de los porcentajes de
participación.
Al señor Recoder le diría que no hay nada más normal que un procedimiento
de infracción, señoría. Considerarlo fuera de la normalidad es desconocer
lo que significa suscribir el Tratado de Roma. Cuando uno suscribe el
Tratado de Roma suscribe también los procedimientos de infracción. Ya he
explicado la razón por la cual la posición contradictoria de la Comisión
nos lleva a mantener vivo el fondo de la cuestión. No creo que en ello
haya ningún problema, ningún ridículo, ni ningún bochorno.
Le podría poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir porque viene hoy en
la prensa. Discúlpeme usted si el ejemplo no es el mejor de los posibles,
pero la actualidad del mismo me permite recurrir a él. ¿Cree usted que el
Parlamento de Cataluña haría el ridículo si se abriera un procedimiento
de infracción por la ley que establece determinados mecanismos de
etiquetaje en los productos que circulan libremente por la Unión Europea?
¿Cree usted que el Parlamento de Cataluña haría el ridículo si se abre un
procedimiento de infracción y pugna uno en procedimiento contradictorio
con la Comisión para defender su derecho? No veo por qué la defensa de
los consumidores y el propósito de introducir un descodificador abierto,
apto para todo tipo de plataformas, ese propósito, por muchos
procedimientos
de infracción que se abran, implique un ridículo para ningún Gobierno, ni
para ningún parlamento.
Las valoraciones políticas son libres, pero el problema no lo resuelven
las valoraciones políticas y aquí tenemos un problema de descodificadores
abiertos o cerrados que hay que dilucidar y tenemos un problema jurídico
y comercial planteado por la Comisión porque se sostiene que se está
vulnerando el principio de libre circulación de bienes y servicios.
Después podremos discutir usted y yo políticamente cuál es la verdadera
intención del Gobierno, cuál es la verdadera intención del Grupo
Socialista. No resolvemos el problema, nos hemos confrontado, hemos dicho
unas cosas unos, hemos dicho otras cosas otros y el problema sigue ahí.
¿Pueden circular libremente los descodificadores cerrados en el mercado?
El problema sigue ahí, por muchas valoraciones políticas y por mucho
entrecruce de posiciones dialécticas que hagamos con motivo de algo que
es también evidente y es que están involucrados grupos de comunicación.
Pero eso que es una dimensión del problema no le priva de su dimensión
jurídica y de su dimensión económica, señoría. Usted mismo al final no ha
dejado de incurrir en una contradicción, porque después de afirmar
rotundamente la naturaleza política del problema más que su naturaleza
jurídica, ha sostenido que ustedes leen mejor que el Gobierno la
legislación comunitaria. Al final, usted acude también al Derecho
comunitario y reconoce que hay un problema jurídico. Después, las
valoraciones políticas, como le digo, son libres.
El señor VICEPRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Concluyo, señor
Presidente.
El hecho de que haya que poner dos antenas en un edificio de pisos, no
conduce a que todo el mundo tenga que poner dos descodificadores como la
óptima solución. El día que se pueda poner una única antena con una única
tecnología, ya verá cómo habrá legislación para que se homologuen las
antenas como se homologan los aparatos de televisión. ¡Faltaría más!
Justamente eso es lo que permite el funcionamiento del mercado único, ir
resolviendo los obstáculos que impiden su funcionamiento y uno de esos
obstáculos en lo que afecta a la televisión de pago es el descodificador
cerrado; otro obstáculo menos problemático porque afecta a bloques
enteros de pisos es el problema de las antenas. Hay una antena orientable
muy cara y que no está al alcance del usuario medio, en eso S. S. tiene
razón, pero eso no implica que no vayamos resolviendo los problemas que
se planteen.
Tampoco planteo este conflicto en términos de victoria o derrota, estoy
dispuesto y el Gobierno también a rectificar la ley dejando viva la
cuestión sustancial porque afecta al funcionamiento del mercado; todo lo
demás es opinable y discutible, incluso la cuestión esencial debería
estar resuelta por la Comisión. Lo que pasa es que como la Comisión se ha
pronunciado en términos contradictorios, no queda más vía que ir al
tribunal.
Respecto a la referencia a la carta, en la misma no se dice nunca que no
se vaya a aplicar la ley. En la carta que dirijo al comisario Monti se
establece una graduación en la aplicación de la Ley, como es lógico.
Todas las leyes permiten diversos grados de aplicación, diversas formas
de aplicación y diversas formas de respetar la ley. La coercitiva no es
la única y no es excluyente de las demás, jurídicamente hablando, por
tanto no hay una carta al comisario Monti diciendo que la ley no se va a
aplicar. Eso es rigurosamente inexacto. Hay una carta al comisario Monti
estableciendo una forma de aplicación de la ley para favorecer la
introducción de descodificadores cerrados.
Señor González de Txabarri, quiero agradecerle sus palabras.
Efectivamente se ha magnificado el tema porque al final estamos en
presencia de un problema de descodificadores, por mucho que se quiera
complicar finalmente el problema, y comparto con usted que la ley no es
perfecta y es susceptible de perfeccionamiento. El Gobierno no abdica de
su propósito de poner al servicio de los operadores y de los usuarios
mecanismos jurídicos que les permitan luchar contra los abusos de
posición de dominio que se producen de manera natural en el
funcionamiento de los mercados. Tampoco hay que escandalizarse porque
haya una posición de dominio, porque alguien quiera mantener esa posición
de dominio y porque alguien quiera abusar de esa posición de dominio. Si
está en la naturaleza del mercado que eso ocurra, por eso los mercados
funcionan con unas reglas del juego y cuando éstas no se respetan,
intervienen los tribunales de justicia.
Ese es el procedimiento ordinario. Lo que pasa es que aquí ha habido
interés en desmadrar --perdón por la expresión-- esta cuestión, pero al
final el problema se va reduciendo a sus estrictos términos. Hay que
decidir si pueden circular o no los descodificadores cerrados.
Al señor Rivero le agradezco también su intervención. Le puedo asegurar
que he hecho todos los esfuerzos posibles antes para que hubiera
acuerdos. Esos esfuerzos han fracasado. No fue posible el acuerdo que, a
mi juicio, en no pocas cuestiones hubiera sido deseable. Señoría, creo
que las diferencias de interpretación de la directiva las he explicado
hoy suficientemente, poniendo de relieve cuál era la posición de la
Comisión en un supuesto concreto y cuál es la posición de la Comisión en
el supuesto que ahora nos afecta.
Ha confundido S. S. la autorización reglada con la inscripción. La
autorización es reglada para cuando se instalan equipos en España. Canal
Digital Satélite emite desde Luxemburgo y no necesita autorización; si
quisiera emitir desde España y transmitir sus señales desde España,
podría hacerlo con una autorización reglada sin ningún tipo de problemas.
El problema de la inscripción es otro. El problema de la inscripción es
que, estando sometido a polémica el carácter abierto o cerrado de los
descodificadores y sus especificaciones técnicas, a efectos de poder
conocer cuál es la naturaleza de los descodificadores, se dice que
soliciten ser inscritos, pero no es una inscripción que autorice a operar
o a no operar; el operador puede operar esté inscrito o no, es únicamente
un procedimiento informativo para poder
conocer si los descodificadores responden en sus especificaciones
técnicas a la naturaleza de abierto o de cerrado, nada más. Por eso se ha
denegado la inscripción, que no la autorización, y el operador puede
continuar efectivamente operando sin ningún tipo de problemas.
Estoy de acuerdo con S. S. en cuanto a los plazos. El problema de los
plazos está literalmente colgado del hecho de haber acudido a las
distintas especificaciones técnicas. Por consiguiente, si se suprimiera
la mención de las especificaciones técnicas, siempre bajo la cobertura de
la premisa de que los descodificadores tienen que ser abiertos, el
problema de los plazos caería por sí solo, porque es un sistema de plazos
previsto para acuerdo entre operadores y para posible adaptación de los
descodificadores cerrados.
Esto es todo lo que tenía que decir, señorías. Supongo que me dejo muchas
cosas en el tintero, pero es prácticamente imposible contestar a todas
las cuestiones. Creo que he contestado a la principal.
A la portavoz del Grupo Popular quiero agradecerle muy sinceramente sus
palabras y el apoyo que ha prestado en su intervención a la postura del
Gobierno. Creo que en sus palabras hay también cumplida respuesta a lo
que es la utilización de la dimensión política, entre comillas, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista porque al final, señorías --al final,
insisto en ello--, aquí tenemos tres problemas. Hay un problema jurídico,
hay un conflicto entre dos principios de igual valor en el Tratado de
Roma, el principio de libre circulación de mercancías y el principio de
libre competencia; hay un problema técnico, caben o no caben los
descodificadores cerrados después de la directiva comunitaria; y hay un
problema comercial, la situación del mercado español, hasta dónde puede
llegar una ley del Parlamento para abrir un mercado que hoy es cautivo y
que no está abierto a los demás operadores.
Estos son los tres problemas y lo demás son valoraciones, siempre libres
y legítimas, pero valoraciones que no resuelven los problemas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Siguiendo las pautas de esta Comisión, vamos a
conceder un pequeño turno a los portavoces que quieran tomar la palabra
para que soliciten al señor Ministro las aclaraciones que estimen
oportunas. Con este turno y la contestación del señor Ministro cerraremos
los debates de esta Comisión.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Ministro, creo que cuando he utilizado el
término verdad o mentira, me he referido a cosas demostrables, frases
suyas, afirmaciones suyas, que perfectamente se puede demostrar que no se
ajustan a la verdad. Usted sigue insistiendo en lo de la transitoria;
déjelo, señor Ministro. La transitoria dice que la Comisión fijará hasta
diciembre de 1998 y sabe perfectamente, como yo, que el problema es de
inicio, de entrada, cuando se establecen las reglas de juego del mercado;
luego, la cosa va al tran tran. Por tanto, usted ha dado un poder enorme
a la Comisión, punto, y en la carta no lo decía. Me da igual, pero es
verdad que la carta no decía la verdad, al menos no decía lo que dice la
ley española, y usted sabe como yo que eso es así. Podríamos seguir, pero
no voy a insistir en ese argumento. Sí voy a insistir en uno, yo no digo
que la Comisión diga la verdad, digo que la Comisión ha dado la razón a
muchas de las cosas que el Grupo Socialista dijo aquí. Esa ha sido mi
argumentación todo el tiempo. Es verdad que he hablado de alguna verdad y
de alguna mentira, claro. Ahora le diré alguna cosa más, que usted maneja
hábilmente los dictámenes jurídicos.
Lo que digo es que nosotros dijimos cosas en el Parlamento que usted
rebatió y resulta que la Comisión, mire por dónde, dice lo mismo. Ya sé
que es un órgano político, pero es un órgano político muy plural. Hay de
todo, socialdemócratas, liberales, democristianos, hay de todo, como en
botica, y todo el mundo está de acuerdo con este asunto. Pues hombre,
algo de razón tenemos, igual resulta que el Grupo Socialista tenía
algunas razones sólidas para dudar del ajuste de su ley a la directiva
comunitaria. Reconózcame eso, por lo menos: comisión política ma non
troppo. Es una cosa bastante técnica.
Usted sigue hablando de competencia, monopolio y consumidores, ésos son
sus grandes objetivos. En el debate, le hice varias objeciones sobre
estas cosas, pero ahora le voy a hacer alguna más, le voy a repetir lo
que dice la Comisión. La Comisión dice textualmente que su ley, la ley
que ustedes han aprobado en este Parlamento, distorsiona la competencia
porque debilita enormemente la posición negociadora de una empresa. La
Comisión dice que la ley, en la medida que da a una empresa una ventaja
enorme sobre la otra, está permitiendo que una, temporalmente, ejerza el
monopolio sobre el mercado; lo dice la Comisión. Y la Comisión dice que
los consumidores, con este proyecto de ley, se van a ver perjudicados. Lo
dice la Comisión, lo tengo aquí, lo estoy leyendo. Esos son nuestros
argumentos, los consumidores se van a ver perjudicados. Esos son los
argumentos que empleamos aquí. Usted se llenará la boca diciendo que ésta
es una ley que favorece la competencia; pues bien, yo le digo que ésta es
una ley que está hecha para favorecer a una empresa y perjudicar a otra.
Y eso no es la libre competencia, señor Ministro, eso es lo contrario,
estrictamente lo contrario. Usted dice que esta ley va contra los
monopolios; yo le digo que eso no es verdad, que esta ley da una posición
dominante a una empresa --ahora diré por qué-- frente a la otra. Eso,
señor Ministro, no es ir contra los monopolios, es favorecer los
monopolios. A continuación, le añado que no lo dice sólo el Grupo
Socialista, lo dicen el Grupo Socialista y la Comisión Europea, formada
por una multiplicidad de comisarios de orígenes políticos e ideológicos
distintos. Eso es lo que he dicho. Que sea verdad o mentira lo dirán los
tribunales, pero de momento ya no estamos solos, hoy le puedo decir que
hay unos señores, muy diversos, muy plurales, que dicen que alguna razón
tenemos.
Usted ha mencionado, como la Diputada señora Mato, el tema de Sogecable.
No voy a entrar en eso porque aquí se discute esta ley; el pasado ya lo
discutimos en su momento. Hay algunas diferencias. El Gobierno español
impugnó ese acuerdo, lo modificó sustantivamente y la Comisión
Europea abrió expediente a dos empresas, no al Gobierno español. Aquí, es
el Gobierno el que está respondiendo. Hay diferencias, pero no voy a
entrar en eso.
Sí le tengo que decir que la Comisión Europea no ha cambiado de posición,
señor Ministro. Usted trae aquí ese argumento para ver si, de paso,
hablamos del pasado. No ha cambiado, la Comisión Europea reconoce que la
posición del Gobierno español está fundada en alguna materia, pero a
continuación, en el apartado 56, dice que el problema, aun siendo
importante, admite distintas soluciones y la suya es muy mala. Eso es lo
que dice la Comisión. No ha cambiado de posición, dice que usted lo ha
hecho mal, que es una cosa distinta. Lo estoy leyendo: El problema, que
es importante, admite varias soluciones. La consistente en imponer una
solución técnica --la suya-- es, con mucho, la que restringe en mayor
medida la libertad de circulación de mercancías. Eso lo dice la Comisión.
Por tanto, no diga que ha cambiado de posición, dice que el problema hay
que resolverlo, pero dice que hay fórmulas mejores, entre otras la
aplicación de la directiva. Aprovecho para decirle, señor Ministro, a
usted y a todos los grupos parlamentarios, que si de lo que se trata es
de trasponer la directiva, nosotros lo votamos inmediatamente, sin
ninguna duda, lo votamos. El problema es que usted no ha hecho eso, a ver
si discutimos lo que hay que discutir; el problema es que usted, lo dije
entonces y lo dice la Comisión, ha ido mucho más lejos.
Finalmente, el problema --lo vuelve a decir la Comisión en el párrafo
69-- es que usted ha adoptado una decisión que no sólo se justifica en
función de la distorsión de la competencia sino que favorece marcadamente
a una empresa y desfavorece a otra y a otras posibles que vengan. Es el
artículo 7 que, créame, señor Ministro, es indefendible. Dice
sintéticamente --a ver si en esto al menos nos ponemos de acuerdo-- lo
siguiente: Hay dos descodificadores, los dos pueden ser abiertos, basta
con que el simulcrypt tenga un interface y pasa a ser abierto. De hecho,
en otros países de Europa está funcionando como abierto. Usted dice: O se
ponen de acuerdo o vale el multicrypt, sólo el multicrypt. Reconozca
conmigo que es una fórmula un tanto peculiar.
La Comisión dice que es impresentable, que es dar toda la razón a una de
las empresas. Basta aguantar dos meses sin llegar a un acuerdo para que,
inmediatamente, uno valga y el otro no. Con eso es con lo que estoy en
desacuerdo, señor Ministro, no con que se aplique uno u otro. A mí me da
igual, se lo dije desde el primer día, que haya una, dos o tres
plataformas digitales, a mí y a mi grupo nos da igual, nos da lo mismo.
Si hay una, magnífico; si hay dos, magnífico; si hay un descodificador,
magnífico; si hay dos, siempre y cuando los dos sean abiertos. Yo nunca
he dicho que eso no sea así, pero usted dice que haya sólo uno. Yo
pregunto: ¿Por qué uno? Puede haber dos, pero los dos tienen que ser
abiertos. Basta que se consiga que sea abierto por acuerdo entre las dos
plataformas para que cualquier abonado de una de las dos plataformas con
su descodificador actual pueda ver todas. ¿Por qué uno, señor Ministro, y
por qué el que usted dice, el de la plataforma gubernamental? ¿Por qué no
forzamos el acuerdo? Otros países lo han conseguido. ¡Qué casualidad!
Alemania, Italia, Francia. Aquí, no. ¿Y sabe por qué no lo han conseguido
ustedes? Sencillamente, porque le han dicho a una empresa: Aguanta y no
firmes, que ganas. Porque le han dicho a Telefónica: No se te ocurra
ceder, que en dos meses te damos la razón. Señor Ministro, así es
imposible encontrar un acuerdo. Serían tontos los señores de Telefónica
si hubieran buscado un acuerdo, si en dos meses usted le da la razón en
la ley.
Eso es lo que, en este Parlamento, algunos grupos parlamentarios --que se
sientan ahí, Coalición Canaria, Convergéncia i Unió y los socialistas--
le dijimos que no era una buena solución, y eso es lo que la Comisión le
rebate de arriba a abajo. No ha cambiado de posición, señor Ministro. No
diga usted cosas que no son ciertas. Sigue manteniendo la misma posición,
pero dice que lo que usted ha hecho, lejos de solucionar las cosas, las
empeora. Ese es el problema de fondo. A ver si no confundimos a la
opinión pública.
Ustedes no están defendiendo la libertad de empresa ni la libre
competencia. Ustedes están apoyando a una determinada empresa. Y repito,
basta leer el artículo 7, que --insisto una vez más-- produce sonrojo a
todo el que lo lee. Deme una sola justificación para ese artículo, una
sola. Explíqueme por qué esa solución y explíqueme si no ve usted --como
digo yo-- que basta que Telefónica espere dos meses para que tenga la
razón. ¿De verdad usted cree que eso es equilibrado? ¿De verdad usted
cree que eso favorece la competencia? ¿De verdad usted cree que eso no
favorece más --como digo yo-- a la empresa Telefónica, en este caso a la
plataforma gubernamental? Ese es el problema, señor Ministro.
Nosotros no defendemos a ninguna plataforma aquí. A mí me da exactamente
lo mismo. Yo no tengo paquetes de acciones en ninguna, intereses en
ninguna. Si hay acuerdo --repito una vez más--, magnífico; si no lo hay,
magnífico. Estamos dispuestos, como han dicho muchos grupos, a discutir
aquí la ley para buscar una fórmula equilibrada, que satisfaga las
necesidades de competencia en el mercado --yo también lo quiero-- y la
lucha contra los monopolios --yo también lo quiero--, pero también la
normativa europea, y que no le dé la razón a uno, simplemente por
llamarse Telefónica u otros medios de comunicación todavía más
destacadamente ideologizados. Ese es el problema, señor Ministro, pero no
lo cambiemos. Usted es el que ha puesto el artículo 7. Es usted el que
tiene que explicar aquí en razón de qué ese artículo le parece
equilibrado. A mí, desde luego, para nada.
Me sorprende oírle decir que no está a favor del 25 por ciento, porque lo
ha defendido usted en este Parlamento en relación con las plataformas
digitales. Es verdad que usted ha dicho varias veces que rectificar es de
sabios --debe ser una de ellas--, pero me sorprende y no le oculto que me
preocupa. Es verdad que quien ha firmado un comunicado diciendo que se
entra en una televisión abierta porque va a haber modificaciones de las
leyes tenía razón, sabía de lo que estaba hablando. ¿O no es verdad,
señor Ministro? Dígamelo. ¿Van a poder salir a Bolsa o no? Yo ya le digo
que estoy radicalmente en desacuerdo. ¿Va a aumentar usted el
25 por ciento? Yo le he creído entender que sí. Ha hecho un jeribeque
parlamentario hábil, porque usted lo es, pero al final le he creído
entender que sí. Le preguntaría: ¿Sí o no? ¿Usted cree que quien ha
firmado esto sabe de lo que habla o no? Dígamelo. Dígame: No sabe de lo
que habla, se lo han inventado. Le aseguro que el Gobierno jamás ha
hablado con Telefónica y no le ha dicho que vamos a modificar la ley. Le
aseguro que el Banco de Santander y el BCH han entrado sin saber nada.
Dígamelo así. Yo hago un acto de fe, por aquello de las vacaciones, y le
creo. Me cuesta muchísimo, porque Villalonga y el señor Aznar --permítame
que se lo diga-- son como Pili y Mili o, si me permite la expresión más
moderna, yo, que fui biólogo molecular, diría como Dolly y Polly. Uno no
tiene más remedio que pensar que lo que hace la mano izquierda lo conoce
perfectamente la derecha, pero dígamelo. También me gustaría que me
aclarara si va usted a autorizar o no, si es que lo puede hacer --no es
puñalada de pícaro--, este asunto, que es delicado porque es verdad que
hay dos bancos importantes que estarían en dos cadenas abiertas de
televisión.
Si usted va a un decreto-ley, entiende nuestros argumentos, cree que
están puestos en razón y que el artículo 7 merece una modificación --como
se ha sugerido por muchos grupos parlamentarios-- para colocarlo en la
ecuanimidad, créame, señor Ministro, que tendrá nuestro apoyo. Me
gustaría verlo antes, no encontrarlo en el BOE; supongo que lo entenderá
también. Si usted modifica y rectifica, no haremos tampoco de esto sangre
parlamentaria, se lo aseguro. Y le digo una cosa más. Nos preocupa mucho
lo de Antena 3. Creemos que nos da la razón, y ya le anuncio que vamos a
pedir que comparezca el presidente de Telefónica, que es verdad que es
una empresa privada, pero de aquí a diciembre de 1998 tiene el monopolio
de la telefonía básica y creo que eso va a dar alguna carta de naturaleza
parlamentaria a nuestra petición. Nos gustaría que viniera. También le
digo que empiezo a entender por qué ustedes se fueron de Telefónica,
porque estar con el 5 por ciento les hubiera obligado a dar aquí
explicaciones políticas y pueden conseguir lo mismo sin estar dentro.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Solamente quiero establecer tres argumentaciones
en este brevísimo turno. En primer lugar, a nuestro juicio, la Comisión
Europea está haciendo en este tema un papelazo --póngale usted comillas a
lo de papelazo, por favor--, porque sí hay contradicción y la Comisión
Europea se está basando, fundamentalmente, en la libertad de circulación
de mercancías, eliminando el enfoque del interés de los usuarios. Para
nosotros --que no hay Vaticano y, mucho menos, éste de tipo político--,
la Comisión Europea está actuando presionada por grandes empresas de
construcción de descodificadores, que tienen instalado este
descodificador cerrado en muchos sitios y que intentan imponerlo en este
país. Y esas presiones empresariales están acompañadas por presiones
políticas de altísimo nivel procedentes de este país. Nuestra presión ha
sido mucho más leve, como se comprenderá, pero también la hemos ejercido
últimamente comunicando nuestra posición al señor Monti y al resto de los
comisarios. Su posición es injusta y atenta contra los intereses de los
usuarios en este país y los intereses de la distribución y
diversificación de la información y de la comunicación en este país.
Desde nuestro punto de vista, quiero que eso quede meridianamente claro.
En segundo lugar, en su intervención hay una cara y una cruz al final.
Hay un aspecto positivo y es que efectivamente ustedes aceptan algo que
nosotros ya avanzamos en la reunión de la Diputación Permanente, que
quizá había sido un error --nosotros conocimos la enmienda directamente
ya en Ponencia y Comisión en el Senado, no antes-- introducir las
especificaciones técnicas en esta ley. Ha sido un error en el que se ha
basado el señor Bangemann, primero, y el señor Monti, después, para
establecer una contradicción que les lleva a realizar este papelazo al
que he aludido anteriormente. Esa opinión ya se va abriendo paso, y usted
ha aludido a ella reiteradas veces. Habrá que elegir el momento en el que
se pueda rectificar la ley, para entrar con las mejores argumentaciones
ante el Tribunal de Luxemburgo; pero pensamos nosotros que hay que entrar
ya con esta rectificación. Quiero decir esto porque no estaríamos de
acuerdo con cualquier otra rectificación. Aquí aludía el señor Pérez
Rubalcaba a que llegáramos a un consenso para rectificar la ley en
función de no se sabe qué equilibrio. Nosotros no llevamos la camiseta de
ningún grupo de comunicación, sudamos nuestra propia camiseta. Por lo
tanto, no estaríamos de acuerdo con ningún nuevo equilibrio que nos
condujera a no sabemos qué consenso, para no sabemos qué acuerdos
posteriores con qué grupos. No, no. Nosotros, en defensa de los usuarios,
apoyaríamos que desaparecieran las especificaciones técnicas y que en la
ley se asumiera la idea de que se trata de un descodificador abierto,
utilizable por todos los usuarios sin necesidad de rectificación técnica
alguna, para recibir todas y cada una de las plataformas, y que esa
certificación la decidiera --como en otros países lo hacen comisiones ad
hoc-- la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Esa es la
rectificación que nosotros aceptaríamos, no otra, no otro equilibrio, no
otras negociaciones que se hacen extraparlamentariamente. Nosotros
sudamos nuestra propia camiseta, no la de ningún otro grupo. Nosotros
estamos aquí para defender nuestras ideas, las mismas que venimos
defendiendo, que son correlativas a las que se han defendido en la Ley
del fútbol y las que después se defenderán en la lucha contra la
concentración y los monopolios. Son correlativas y están estableciendo
aquí una línea divisoria. El señor Rubalcaba hace alusión a distintos
grupos, pero cada uno está en su sitio en función de intereses
correspondientes, concretos, y no otros. No vayamos a establecer aquí una
raya que distinga en función de no sé sabe qué tipo de especificaciones
morales o estéticas. No; aquí se están defendiendo intereses muy
concretos, y nosotros estamos defendiendo el interés de los usuarios.
En tercer lugar, hay una cruz, un lado negativo en su exposición, señor
Arias-Salgado. Es una teoría que de pronto ha explayado usted de manera
improvisada. Supongo que
no se corresponde con la que ha manifestado el señor De Grandes respecto
al 25 por ciento, ni se cohonesta tampoco con la que mantuvo el Grupo
Popular ante la enmienda que aprobó del Grupo de Izquierda Unida
introduciendo un límite del 25 por ciento a la participación accionarial
en cualquier plataforma digital. Hay una posición que no se corresponde
con la del señor De Grandes, que yo acabo de oír ahora, antes de entrar
en esta Comisión, que dice que no se rectificará el límite del 25 por
ciento respecto a la Ley de televisión privada, y el otro límite ya está
establecido hasta el 1 de diciembre de 1998.
Ya sabemos que, efectivamente, ustedes no tienen las ideas claras en esta
política de lucha contra la concentración. Lo hemos visto en la
rectificación que ustedes pactaron con el PSOE para eliminar sobre los
hechos el tope que le pusimos al número de abonados a los que podría
acceder cualquier operador a través del cable; creo recordar que era de
millón y medio. Ustedes dicen que discrecionalmente, en función de lo que
decida la Comisión y de otros intereses, se puede romper ese tope, cosa
que no venía así en la Ley de telecomunicaciones por cable. Ustedes
llegaron a un acuerdo, pero hay que decir que las ideas no están claras a
la hora de luchar contra la concentración de medios.
Yo creo que usted confunde concentración con yuxtaposición de empresas.
En un medio tan importante como televisión, por ejemplo Antena 3, tener
el 51 por ciento es una concentración. Si usted ve el problema en la
transparencia de la propiedad accionarial, en la proposición de ley que
presentamos en esta Cámara introdujimos una sistemática completísima para
que hubiera total transparencia en el accionariado y en los cambios
accionariales entre unos medios y otros. Porque hay que tener en cuenta
no sólo este límite accionarial en medios tan importantes como la
televisión sino las estrategias multimedia, la participación en distintos
sectores --desde nuestro punto de vista, más de dos en ciertas
condiciones no son aceptables--, junto a otros temas que nosotros
recogemos en esa proposición de ley. La parte más contradictoria de su
exposición ha sido cuando ha dicho que lo moderno no es el límite del 25
por ciento sino la transparencia en la disposición accionarial. No, no;
ésas son cosas que no tienen nada que ver. La concentración no es una
simple yuxtaposición de empresas, sino el control en pocas manos, en
niveles cuyos límites habrá que establecer aquí, de la información y la
comunicación.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Ministro, yo no valoro y desconozco
las intenciones del Gobierno que pueda haber detrás de este real-decreto
y de la ley, como tampoco valoro e incluso desconozco las intenciones que
pueda tener el Grupo Socialista, si es que las tiene, como el Gobierno,
en el momento de defender su posición. Lo desconozco y creo que éste no
es el debate. Lo que puedo asegurarle es que nosotros no tenemos ninguna
intención oculta, absolutamente ninguna. En nuestra posición en este
debate no hay intención política alguna. Le diré para distender el
ambiente que ni siquiera queremos quitarle la razón al señor Borrell,
cuando hace un par de semanas se quejaba amargamente, con una amargura
ficticia, de que le tratamos mejor a usted de lo que le tratábamos a él
cuando le apoyábamos. Ni siquiera eso está en nuestra posición.
Tómese nuestra intervención como un consejo de amigo, pero como un
consejo de un amigo preocupado, porque se sitúa ante una ley, pone al
lado la directiva comunitaria y ve que la ley que hemos aprobado en este
Parlamento fuerza la directiva comunitaria. Un amigo preocupado porque en
el debate de la convalidación del real-decreto en esta Cámara nos
preguntaban desde fuera de nuestras fronteras qué estaba pasando en este
país, si es que se forzaba la ley en contra de algunos. Nos hartamos de
desmentirlo, porque creíamos que era contrario a nuestros intereses. Un
amigo preocupado porque estamos, si nadie lo remedia, ante un inminente
conflicto con el Tribunal de Luxemburgo, que veo que usted incluso
celebra para que se cree jurisprudencia; es lo que más o menos ha venido
a decir. A nosotros esto no nos gusta, sino que nos preocupa.
Señor Ministro, estamos ante una cuestión de distintas interpretaciones,
pero yo le supongo una cierta autoridad a la Comisión. Cualquier
ciudadano que haya podido leer este documento, la carta de emplazamiento,
que es el único del que dispongo --no tengo el posterior ni su
contestación--, habrá visto que las afirmaciones son muy contundentes. A
mí me han reafirmado e incluso han reforzado algunas de las dudas que
tenía; son dudas antiguas. Las afirmaciones de la Comisión son muy
contundentes. A mí me preocupa y supongo que a usted le debería preocupar
también. Yo no tengo todos los asesores de los que usted puede disponer,
quienes quizá le tranquilizan porque le dicen que la Comisión no lleva la
razón. Yo creo que hay que suponer alguna autoridad a la Comisión, como
le supongo alguna autoridad a este Parlamento cuando aprueba una ley.
También debo decirle, señor Ministro, que a veces aprobamos aquí
enmiendas a artículos pensando que queremos decir determinada cosa, pero
como no la explicamos suficientemente, después los tribunales lo aplican
de forma contraria. Este Diputado y todos los que han intervenido en
procesos legislativos, nos hemos encontrado con estas situaciones.
Yo le supongo una cierta autoridad a la Comisión y, por tanto, creo que
hay que ir con mucho cuidado al Tribunal de Luxemburgo. Nuestra posición
es la de que lo deberíamos evitar. Obviamente, el Tribunal podría salir
por cualquier lado, porque no estamos ante una ciencia exacta. Aquí dos
más dos no son cuatro. Pero, en principio, repito, le supongo una cierta
autoridad a la Comisión y, por tanto, los argumentos contundentes de ésta
nos deben hacer reflexionar.
Señor Ministro, procedimientos de infracción del artículo 169 del Tratado
hay muchos; procedimientos de infracción contra una ley, menos;
procedimientos de infracción contra una ley aprobada por el Estado
español, muy pocos. Siento contradecirle. No es algo habitual. Hemos
repasado los antecedentes de los que disponemos. Quizá
sean incorrectos --desmiéntamelo si es así--, pero no hemos encontrado
demasiados precedentes. Estamos ante un problema jurídico, claro que sí,
pero con consecuencias políticas. De la misma forma que cuando el
Gobierno del Estado interpone un recurso de inconstitucionalidad contra
una ley aprobada por cualquier Parlamento autonómico está haciendo uso de
una facultad jurídica, pero ese recurso tiene consecuencias políticas. La
situación es exactamente la misma. Estamos ante un problema jurídico pero
con consecuencias políticas.
Tomo nota de las contradicciones que nos apuntaba en la posición de la
Comisión. Debo decirle que las desconocía. No he examinado antecedentes
en este sentido y profundizaremos sobre ellas. No me quedaré sólo con lo
que usted ha dicho sino que iré a las fuentes. Le aseguro que este
Diputado se lo va a leer este mes de agosto. Si usted me puede facilitar
el trabajo enviándome los antecedentes, me evitará sumergirme en la
representación de la Comisión Europea buscando esa documentación.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Ministro, voy a intervenir porque
probablemente no me expresé con la claridad suficiente para que usted me
pudiera contestar con precisión y claridad a unas determinadas
interrogantes.
El nivel en que se encuentra el conflicto en estos momentos no puede
tener sino dos salidas: la jurídica o la política. Desde el respeto a las
directivas comunitarias, la defensa de los intereses de los ciudadanos a
recibir una información plural y el respeto a la libre competencia, le
preguntaba al señor Ministro, dado su carácter de hombre abierto,
tolerante, dialogante a la búsqueda de consenso, si ha hecho esfuerzos
por encontrar salidas consensuadas al conflicto. Habló del pasado, de los
esfuerzos que ha hecho y, según he creído entender, en determinados
puntos se pudo haber alcanzado acuerdos. Pero mi pregunta, señor
Ministro, está en términos de presente y de futuro. Ahí es donde me
gustaría que me precisara cuál va a ser la salida que ve el Gobierno a
este conflicto.
Primera cuestión, ¿existe voluntad política por parte del Gobierno de
encontrar una salida negociada a este conflicto? Segunda cuestión, ¿usted
entiende que la única salida en estos momentos es la jurídica, la de los
tribunales, es decir, no existe la salida política? Tercera cuestión, en
el supuesto de que exista voluntad política de buscar una solución
negociada a este problema, ¿cuáles son las bases en las que se debe
sustentar la misma y quién debe promoverla?
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Señorías, quiero recalcar al Gobierno nuestro
apoyo en todas las medidas que signifiquen seguir abriendo mercados a las
telecomunicaciones, mercados que han estado paralizados durante muchos
años y que son muy importantes para el futuro de España. Reitero la
necesidad de que exista competencia y de que se posibilite en materia de
televisión, porque la competencia trae, sin duda alguna, mejor calidad y
mejores precios para los consumidores, evitando en lo posible que existan
monopolios como los que ha habido en España, concedidos discrecionalmente
por el Gobierno anterior, que no benefician al consumidor, que al final
paga más caro por los servicios que recibe. Por último, deseo insistir en
que los descodificadores deben ser abiertos para permitir que mediante un
solo aparato descodificador los usuarios puedan recibir toda la oferta y
la información que hay en el mercado, información que permite que se
forme la opinión, lo cual se traduce luego en la libertad de expresión y
de información de los ciudadanos.
En cuanto a Telefónica, sólo me resta añadir que al Gobierno socialista
le gustaban los acuerdos que hacía Telefónica y las incursiones de ésta
en el mercado de la televisión auspiciadas por el PSOE. Ahora parece que
no es así, no sé si porque es una compañía privada o porque las alianzas
comerciales privadas que está haciendo no son con el grupo al cual apoya
el Partido Socialista. Solamente quiero decir que los amigos pasaron a la
historia. Amigos había, muchos, incluso clónicos, pero, sin ninguna duda,
pasaron a la historia porque así lo decidieron los ciudadanos que
otorgaron el voto al Partido Popular en las últimas elecciones.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a todas las preguntas que se han
formulado, tiene la palabra el señor Ministro, al que rogaría la mayor
brevedad posible.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, una vez enzarzados en el debate, agotémoslo para ver si somos
capaces de no reproducirlo.
El señor Pérez Rubalcaba sostiene, argumentando desde el escrito de la
Comisión, que ésta no incurre en contradicción. Sería absolutamente
paradójico que la Comisión reconociera sus propias contradicciones. Eso
es difícil de hacer, y mucho más en un procedimiento contradictorio donde
de lo que se trata es de defender con el mayor fundamento posible las
razones de cada una de las partes.
Señoría, a España no se le abre procedimiento de infracción por vulnerar
el principio de libre competencia. Todo lo que argumenta en su escrito la
Comisión sobre la libre competencia se cae por sí solo porque, al final,
tanto la carta de emplazamiento como el dictamen motivado, vienen a
reconocer que la ley es buena en la defensa de la libre competencia. Lo
que pasa es que incurre en desproporción al poner trabas a la libre
circulación de una mercancía. Ese es todo el conflicto jurídico, pero no
argumenta desde la libre competencia ni desde la libertad de empresa.
Lo han intentado, señoría, y la Comisaría de Telecomunicaciones no ha
encontrado motivo suficiente para abrir un procedimiento de infracción, y
la Comisaría de la Competencia tampoco ha encontrado razón suficiente
para abrir un procedimiento de infracción. Como no han encontrado motivos
suficientes en la ley española para abrir un procedimiento de infracción,
al final, han acudido a un planteamiento
residual: están ustedes poniendo un obstáculo a la libre circulación de
un descodificador. Esa es toda la infracción, ése es el fondo de la
cuestión al que se refiere la Comisión, y lo reviste con afirmaciones muy
discutibles, en un lenguaje inusitado e impropio. Al final, su único
argumento de fondo es que la ley española incurre en desproporción al
defender la libre competencia en perjuicio de la libre circulación de
bienes y servicios.
Cuando se introduce en el campo de la reflexión sobre la libre
competencia, la Comisión empieza a contradecirse, y cuando en el caso
anterior la Comisión describía al mercado español se estaba refiriendo
justamente a un problema de libre competencia. Ahora no describe el
mercado español en los libres términos, pero es que además no se refiere
a un problema de libre competencia sino a un problema de libre
circulación de bienes y servicios. La contradicción no es entre
argumentos, los argumentos pueden ser contradictorios, el problema es que
la descripción de la situación de un mercado tiene que ser igual en
cualquier procedimiento, aunque los argumentos se puedan adaptar en
función, como es lógico, de la naturaleza del litigio.
Señoría, el sistema de la ley es triple. No es perfecto y puede
mejorarse, pero es triple y por eso se aproxima muy bien a la defensa de
la libre competencia y de los intereses de los consumidores. El sistema
de la ley se mueve en un triple plano. Primer plano, acuerdo entre
operadores, para garantizar que una determinada técnica sea abierta.
Segundo plano, si el operador no quiere llegar a ningún acuerdo se le
abre el camino de adaptar los descodificadores que haya colocado, y, como
usted mismo decía, que se le introduzca un interfaz común y se le
convierta en abierto. Pero eso también lo contempla la ley española,
señoría, no de la mejor manera posible, pero el sistema está en la ley
española. (El señor Pérez Rubalcaba: Algo es algo.) La esencia del
sistema es una y la formulación del sistema es otra cosa. Yo estoy
refiriéndome a la esencia del sistema. La esencia del sistema es:
primero, acuerdo entre operadores; segundo, posibilidad de adaptación de
los descodificadores para convertirlos en abiertos; y, tercero, si el
operador no quiere llegar a un acuerdo ni convertir esos descodificadores
en abiertos, el único sistema que circule libremente por el mercado será
el sistema multicrypt porque no beneficia a ningún operador sino que es
libre y todos los operadores pueden tener acceso simplemente con darle al
usuario una tarjetita, señor Pérez Rubalcaba. Con una tarjeta el sistema
multiuso y abierto permite ver los distintos programadores de las
diferentes plataformas digitales.
No creo recordar --con esto contesto también al señor Alcaraz--, pero
tampoco podría poner la mano en el fuego, que yo personalmente haya
defendido de forma explícita como buena solución la participación del 25
por ciento en las empresas concesionarias de televisión. Lo que he dicho
aquí --se lo reitero también al señor Alcaraz-- lo he planteado como una
cuestión opinable, porque es una cuestión opinable que ése sea el mejor
de los métodos posibles para evitar las concentraciones abusivas de
empresa. No soy dogmático. En el acuerdo al que se llegó con Izquierda
Unida durante la tramitación de la ley se introdujo el 25 por ciento.
Como la cuestión es opinable, me parece correcto que se haya introducido.
Sigo pensando que, entre las diversas fórmulas posibles, probablemente en
el mundo de hoy no sea la mejor, y que es posible que pueda encontrar
algún día algún problema en el ámbito de la Organización Mundial del
Comercio como consecuencia del proceso de liberalización de las
telecomunicaciones.
Hay otros muchos mecanismos en los que ni siquiera con un 25 por ciento
se llega a tener el control total de una determinada empresa. Hay lo que
se llama el contrato de gestión exclusiva, fórmula jurídica que conoce
justamente uno de los operadores que no tiene la mayoría en su empresa y
que, sin embargo, la controla prácticamente en términos de monopolio.
Señor Pérez Rubalcaba, la rectificación posible de la ley tiene que
partir de una premisa indiscutible y tiene que quedar absolutamente
explícita en la ley. Los descodificadores tienen que ser abiertos y
técnica e inmediatamente compatibles. Si desde esa premisa mejoramos la
ley, el Gobierno está abierto a mejorarla, pero desde la premisa
irrenunciable de que después de la directiva los descodificadores tienen
que ser necesariamente abiertos. Pero fíjese S. S. que hay que resolver
una cuestión muy importante, y es que como uno por sí mismo no es
abierto, sino que sólo lo es mediante acuerdo entre operadores o
introduciendo un adaptador, hay que prever qué ocurre si no hay acuerdo
entre operadores, porque entonces circularía un descodificador cerrado.
Nosotros pensamos que ese sistema cerrado no cabe dentro de la directiva
y es discutible jurídicamente hablando, porque la directiva es ambigua.
Contestando al señor Recoder, no es que a mí me guste ir al Tribunal,
señoría, ni mucho menos, pero comprenda usted que estamos ante una
cuestión delicada porque de ella depende la configuración del mercado. Y
como la Comisión ha mantenido una posición contradictoria, a mí no me
gusta ir al Tribunal, ni mucho menos, pero la Comisión no me deja otro
camino en cuanto a la cuestión de fondo, sin perjuicio de que el Gobierno
esté dispuesto a perfeccionar técnicamente la ley, pero si no me deja
otra salida o me afirma rotundamente que pueden circular libremente los
descodificadores cerrados, no hay más remedio, señoría, que esperar a que
al final decida el Tribunal. Y si el Tribunal decide que caben los
descodificadores cerrados, aceptaremos su solución. Si no es ningún
problema que en última instancia defina una cuestión ambigua y no fácil,
técnicamente hablando, un tribunal. ¿Por qué tenemos que dramatizar el
hecho de que decida un tribunal si los descodificadores cerrados pueden
circular o no libremente en un mercado? En función de valoraciones
políticas, señoría, pero no en función de la naturaleza de la cuestión.
Por tanto, la rectificación tendría que partir de esa premisa que es
absolutamente irrenunciable. Por eso yo estoy de acuerdo con el señor
Alcaraz: no cabe cualquier rectificación. Ahora, sí le digo una cosa,
señoría, me parece --y a lo mejor me equivoco, pero lo digo con
conciencia de lo que digo-- que, desaparecidas las especificaciones
técnicas, simplemente no hay caso. A lo mejor me equivoco, porque la
cuestión de fondo que planteo sigue existiendo:
¿pueden circular o no libremente los descodificadores cerrados? Pero
afirmando que los descodificadores deben ser abiertos y suprimiendo las
especificaciones técnicas, me temo que el caso desaparece y que no vamos
a poder dilucidar la cuestión de fondo. Tengo esa impresión. Ojalá me
equivoque, no porque me guste ir al Tribunal, señor Recoder, de ninguna
manera, sino porque no hay otra vía de solución. Estamos en un conflicto
entre partes que afecta a los consumidores y a la configuración del
mercado en España, y ese hecho que permite valoraciones políticas
diversas, sin embargo, no lo discutiría nadie.
Tomo sus palabras como consejo de amigo, de verdad que las tomo siempre
así, a veces desde la coincidencia y a veces desde la discrepancia, pero
siempre las tomo como consejo de amigo, porque son ustedes socios que
apoyan al Gobierno y, por consiguiente, siempre, y usted lo sabe muy
bien, he elaborado las leyes consultando incluso con su grupo antes de
ser enviadas al Parlamento, señoría, además de con otros grupos
parlamentarios; siempre lo he hecho. Fíjese si respeto su punto de vista
que las dos leyes más importantes que este Gobierno ha enviado en la
órbita del Ministerio de Fomento, que son la Ley del Suelo y la Ley
General de Telecomunicaciones, se han elaborado en grupos de trabajo en
los que ustedes participaban.
La carta de emplazamiento contiene afirmaciones contundentes, pero
afirmaciones contundentes no son argumentos contundentes, señorías. Son
dos planos muy distintos. Son insólitas las afirmaciones que hace, pero
los argumentos, en todo lo que afecta a la libre competencia y a la
configuración del mercado español, brillan por su ausencia. Son
simplemente afirmaciones, no argumentos ni razones, ni mucho menos
demostraciones. Es insólito. ¿Por qué? Porque alguien deliberadamente ha
querido politizar el conflicto y ha llevado el conflicto político por
encima del conflicto económico y comercial y por encima del conflicto
jurídico, y por eso tenemos hoy ese problema, porque alguien estaba
interesado en plantearlo de esa manera. Si no, esto sería un
procedimiento de infracción. Ayer mismo le han abierto otros dos a
España, por afectar a la libre circulación de los coches y a la libre
circulación del tabaco. Hay nueve casos de medidas cautelares. Han estado
involucrados los principales parlamentos de los Estados miembros. El
Parlamento español está en muy buena compañía del Parlamento británico y
del Parlamento alemán. Creo que está en muy buena compañía. Aprobaron
leyes, se pidieron medidas cautelares y se suspendió la aplicación de la
ley. Yo no querría llegar a eso, pero quiero decir que los principales
Estados miembros de la Unión han sido objeto de procedimientos de
infracción con petición de medidas cautelares que han afectado a leyes
parlamentarias. Por consiguiente, tenemos unas reglas. Esas reglas prevén
un procedimiento contradictorio, y el procedimiento contradictorio se
dilucida ante el Tribunal de Justicia. ¿Por qué no podemos movernos en el
marco de todas esas reglas y no sólo de algunas? Cuando la Comisión es
parte en el conflicto, señoría, la autoridad que usted le quiera
reconocer es libre, pero no tiene más autoridad que la otra parte.
Porque, al final, aquí hay un problema de definición, como decía al
principio. ¿Por qué prejuzgar que la Comisión define y defiende mejor los
intereses de los consumidores españoles que el Gobierno y el Parlamento
español? ¿Por qué prejuzgar eso? Yo, en todo caso, no suscribiría esa
afirmación.
El señor Rivero me hace la pregunta del millón. Yo creo que voluntad
política para mejorar la ley existe; que esa voluntad política parte de
la premisa irrenunciable, como decía, de que los descodificadores tienen
que ser abiertos, es también un hecho. Sobre en qué premisas se puede
erigir la negociación y quién fija esas premisas, todo depende de cómo
planteemos la cuestión. Si de verdad aceptamos algo que la Comisión ha
definido previamente y es que hay una posición de dominio en el mercado
español de la televisión de pago, que hay un mercado cautivo y que hay
que abrirlo a otros operadores, ésa es una premisa fáctica de la que se
podría partir. Y, a partir de ese momento, ver cómo se abre ese mercado
cautivo. Yo no creo que la ley deba ir más allá de sostener que el
descodificador tiene que ser abierto y técnica e inmediatamente
compatible. Esa es una medida compensatoria para iniciar el proceso de
apertura de un mercado, con una eficacia probablemente relativa, pero, en
todo caso, no hay otra para luchar contra una posición dominante que se
caracteriza por tener un mercado cautivo y cerrado a través de
descodificadores cerrados.
Yo le puedo asegurar que haré todo lo posible por pacificar esta
cuestión, entre otras cosas porque siempre es mucho mejor integrar que
excluir. Es una norma que políticamente es extraordinariamente positiva
para el funcionamiento de un sistema democrático. Ahora bien, no se puede
vender gato por liebre y no se puede hacer de valoraciones y conflictos
políticos la esencia de un problema técnico que ciertamente afecta a la
configuración del mercado. Eso es todo lo que le puedo transmitir.
El señor VICEPRESIDENTE: Finalizado el debate de esta comparecencia,
permítanme que les desee a todos ustedes un buen mes de agosto y que nos
podamos seguir viendo el mes de septiembre.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.