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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 267, de 30/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 267
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 20
celebrada el lunes, 30 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Secretaria General de Asuntos Sociales (Gómez
Gómez) para informar sobre:
--Criterios del Gobierno para el desarrollo de los programas de
accesibilidad y transporte del Plan de acción de las personas con
discapacidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 212/000481) (Página 7706)
--Contenido del Plan de acción 1997-2002 para las personas con
discapacidad aprobado en la conferencia sectorial celebrada en Santander
en noviembre de 1996, así como previsiones presupuestarias concretas por
programas para el año 1997 y la previsión de prioridades a lo largo de la
vigencia del Plan hasta su finalización. A solicitud del Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 213/000289) (Página 7712)
Preguntas:
--Del señor Campuzano i Canadés, del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
sobre valoración del sistema de adaptación de la estación de Sants, de
Barcelona, para deficientes visuales a través de intercomunicación.
(Número de expediente 181/000408) (Página 7721)
--Del señor De Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre
importancia de la incorporación de minusválidos al mercado laboral para
lograr su plena integración social. (Número de expediente 181/000532)
(Página 7722)
--Del señor De Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre
medidas para mejorar las condiciones de acceso de minusválidos al mercado
laboral. (Número de expediente 181/000533) (Página 7723)
--De la señora Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
actuaciones en relación con el Plan de desarrollo gitano. (Número de
expediente 181/000588) (Página 7725)
--De la señora Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
actuaciones en relación con las conclusiones del año 1996 de lucha contra
la exclusión y la pobreza. (Número de expediente 181/000590) (Página 7726)
--De la señora Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
negociación de las transferencias de los conciertos del Instituto
Nacional de Servicios Sociales (Inserso) a las comunidades autónomas.
(Número de expediente 181/000591) (Página 7728)
--De la señora Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
firma de convenios entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales
(Inserso) e instituciones que gestionan residencias para mayores y
personas con minusvalía en Andalucía. (Número de expediente 181/000593)
(Página 7728)
--De la señora Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
firma de convenios para «teleasistencia» por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales (Inserso) y criterios en la selección de las empresas
responsables del servicio. (Número de expediente 181/000594) (Página 7729)
--De la señora Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre convenios de teleasistencia y de acción concertada previstos por el
Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) para el año 1997.
(Número de expediente 181/000672) (Página 7730)
--De la señora Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
mantenimiento de los criterios utilizados en la distribución de los
programas sociales para el Plan concertado para mayores, para el pueblo
gitano, así como para menores, entre las comunidades autónomas. (Número
de expediente 181/000595) (Página 7731)
--Del señor Peralta Ortega, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre actuaciones con el responsable de
la inserción de un anuncio aparecido a fines de abril pasado en el diario
«Faro de Vigo» reclamando «una chica joven para oficina y dependienta...
dispuesta a ser la amante secreta del jefe». (Número de expediente
181/000748) (Página 7733)
--Del señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre mejora de la protección de la mujer
embarazada frente al despido, así como medidas para combatir el acoso
sexual entre compañeros de trabajo. (Número de expediente 181/000749)
(Página 7734)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (GOMEZ
GOMEZ), PARA INFORMAR SOBRE:
--CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE
ACCESABILIDAD Y TRANSPORTE DEL PLAN DE ACCION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I
UNIO). (Número de expediente 212/000481.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días, señoras y señores
diputados.
El punto uno del orden del día fija la comparecencia de doña Amalia
Gómez, Secretaria General de Asuntos Sociales, ante esta Comisión, para
explicar los criterios del Gobierno para el desarrollo de los programas
de accesibilidad y transporte del plan de acción de las personas con
discapacidad.
Tiene la palabra doña Amalia Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Con mucho
gusto. Antes, con la venia del Presidente, quiero agradecer a los
portavoces de los distintos grupos la cortesía de permitirme comparecer
una semana después, por coincidir la
convocatoria con la reunión de la conferencia sectorial de Asuntos
Sociales, en Murcia.
Dicho esto, paso a informar sobre lo que son los programas de
accesibilidad y transporte del plan de acción, que es una de las partes
importantes de este plan, en cuanto que se pretende conseguir la
normalización, no sólo en lo que supone el acceso a espacios, sino
también el acceso a información y a comunicación.
El plan de acción, en su punto 5.3, desarrolla lo que son los programas
de accesibilidad y transporte, que tienen como objetivo garantizar el uso
normalizado de las ciudades y pueblos a las personas con movilidad
reducida, facilitar la utilización normalizada de las redes de transporte
público y eliminar progresivamente barreras de comunicación. Es una área
que viene desarrollándose desde hace tiempo, desde 1991, pero desde un
punto de vista de voluntariedad por parte del entendimiento entre las
administraciones y el Gobierno central. Sin embargo, el plan de acción
viene a imponer de forma general para todo el territorio del Estado este
objetivo, que además se hace en colaboración con la fundación ONCE. Este
tipo de planteamiento empieza a funcionar en 1990 y desde de ahora se va
a hacer de una forma organizada, con presupuestos anuales, a partir de la
consecución de un importe de 400 millones en los presupuestos para este
año, que se han destinado como a continuación voy a exponer.
El resumen de los resultados obtenidos en 1997 ha sido el siguiente.
Accesibilidad arquitectónica y urbanística. El objetivo era prestación de
asistencia técnica y financiera a las corporaciones locales que lo hayan
solicitado a través del Ceapat y con estos propósitos. Primero, redacción
de estudios previos y proyectos de ejecución para la mejora de la
accesibilidad en ciudades y lugares de uso público. Y segundo, la
ejecución de estos proyectos. En este convenio que se renueva anualmente
colabora la ONCE. La financiación, como saben SS. SS., se lleva a
terceras partes, es decir, Inserso, Fundación ONCE y la entidad local. En
el año 1997 se han destinado exclusivamente a accesibilidad
arquitectónica 387 millones por parte del Inserso. Esto supone un total
de las tres entidades de 1.162 millones.
Accesibilidad en el transporte. En este caso también ha sido prestación
de asistencia técnica y financiera para promover la incorporación de
vehículos de piso bajo en las redes de transporte público, urbano e
interurbano, y que dependan de corporaciones locales. El instrumento
utilizado es el convenio de colaboración, renovado anualmente, con la
Federación Española de Municipios y Provincias. En este caso, el Inserso
financia hasta el 75 por ciento del coste diferencial entre el vehículo
convencional y el accesible de piso bajo. En 1997 ha habido un tope de
dos millones por unidad. Por parte del Inserso se han dedicado 450
millones y los vehículos incorporados han sido 225. En cuanto a taxis, el
objetivo de la prestación es asistencia técnica y financiera y en este
convenio de colaboración participa también la Fundación ONCE. En 1997, el
Inserso ha destinado cien millones, la ONCE otros cien y se han
incorporado cien vehículos a lo que es el parque de taxis para
minusválidos. Renfe. El objetivo es prestación de asistencia técnica y
financiera para promover la accesibilidad de los vehículos y estaciones
de la red. El convenio también se renueva anualmente y un 50 por ciento
lo aporta el Inserso y el otro 50 por ciento Renfe. En 1996, invirtió 101
millones Inserso y 101 millones Renfe. Total, dos estaciones
intervenidas. En el año en el que estamos hay un proyecto de 75 millones
de Inserso y 75 millones de Renfe y aún no se sabe la estación que será
intervenida.
Eliminación de barreras en la comunicación. Tiene varios objetivos. En
primer lugar, implantación de teléfonos de sordos. En este objetivo hay
diversos convenios: un convenio que viene desarrollándose desde 1990, con
la Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos
(Fiapas) y la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE). Entre
1990 y 1991 se adquirieron 900 equipos y en el último año se han
conseguido 1.300. La aportación total del Inserso ha sido de 80 millones
de pesetas. El segundo convenio es con las comunidades autónomas,
proyecto 1997-1998. El objetivo es prestación de asistencia técnica y
financiera para favorecer la adquisición de teléfonos de texto para
usuarios particulares y para uso público. He omitido decir que el
objetivo del convenio anterior era promover la adquisición de teléfonos
por parte de los miembros de las organizaciones de Fiapas y CNSE. El
convenio que abarca los años 1997-1998 es para usuarios particulares y
uso público. El apoyo para la adquisición de equipos por usuarios
particulares ya en el año 1997 significa 2.000 equipos y en el año 1998
hay una previsión de adquisición de 3.000 equipos. La aportación total
del Inserso, que es el 50 por ciento del precio, son 117 millones de
pesetas. Eso para particulares. Respecto a la adquisición de equipos para
uso público, son 3.000 equipos. Total en inversión del Inserso para
equipos, 140 millones de pesetas.
Centro de intermediación de teléfonos de sordos. El objetivo del centro
es facilitar la comunicación a través de operador de los teléfonos de
sordos no compatibles entre sí y de uno y otros con teléfonos sonoros. El
convenio-marco fue suscrito con la Compañía Telefónica en el año 1995 y
el convenio específico para el año 1997 está pendiente de firma. La
contratación del servicio ha sido adjudicada a la empresa Sertel por el
período 1997-1998. Y en cuanto a la financiación, el Inserso costea el
importe del funcionamiento del centro de intermediación y de las llamadas
de salida, no así de las llamadas de entrada que las soporta el propio
usuario.
En el año 1996 la aportación del Inserso fue de 29,5 millones de pesetas
y en el año 1997, 32 millones. El servicio de intermediación está
implantado desde el año 1996; las llamadas recibidas han sido 54.666 y
las llamadas emitidas 46.551. Respecto a la teleasistencia, se trata de
prestación de asistencia técnica y financiera para garantizar la
permanencia de las personas ancianas o discapacitadas en situación de
riesgo en su propio domicilio. Como ustedes saben, el instrumento es
convenios de colaboración suscritos con la FEMP y los instrumentos
específicos en este momento son 13 convenios de colaboración suscritos
con las corporaciones locales. La financiación del Inserso costea el 65
por ciento del servicio y el 35 restante lo aporta la corporación local.
Este programa se inicia en el año 1994 y hasta la fecha el número de
usuarios es de 12.925 y el ámbito es Alicante, diputación y ayuntamiento;
Asturias, ayuntamientos; Baleares, ayuntamientos; Cádiz, ayuntamientos;
Granada, diputación y ayuntamientos; Huesca, diputación; Jaén,
diputación; León, diputación y ayuntamientos; Murcia, el Ayuntamiento de
Murcia; Salamanca, ayuntamientos; Sevilla, diputación; Valladolid,
diputación y ayuntamiento; Zaragoza, diputación y ayuntamiento. Hay que
añadir a esto un proyecto integrado de tecnología muy importante que es
el proyecto Peter.
Con mucho gusto dejaré los datos al señor Presidente para que se los haga
llegar a los portavoces, porque entiendo que la comparecencia no es sólo
una ocasión para dar cuenta de las líneas de trabajo que se siguen, sino
también para el seguimiento de los datos concretos por parte de los
diputados.
Este es un programa interesante porque supone por primera vez la
incorporación del Inserso a los programas de I+D en España. La actuación
del proyecto Peter se incluye en el tercer plan nacional de I+D, abarca
los años 1996 a 1999 y se desarrolla en base a ayudas a la investigación
tecnológica mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia. Las
ayudas para los proyectos de investigación provienen del Inserso y se
completan con la participación de la Comisión interministerial de ciencia
y tecnología, que gestiona la propia convocatoria de subvenciones para
Peter. En la primera convocatoria de este proyecto Peter han sido
aprobado un total de 19 proyectos, habiendo sido financiados
conjuntamente nueve por el Inserso y la Cicyt y los diez restantes sólo
por el Inserso. El importe total aportado por el Inserso ha sido de 159
millones de pesetas para los ejercicios de 1996 y 1997, mientras que la
Cicyt ha aportado 129 millones. Dentro de los proyectos aprobados
participan 19 empresas, 20 universidades y centros de investigación y 21
asociaciones de discapacitados o personas mayores.
Los objetivos que se han cubierto con los proyectos aprobados en la
primera convocatoria han sido: calzado especial, vehículos adaptados,
sillas de ruedas y asientos especiales, mobiliario adaptado, grúas para
transferencia y traslado de minusválidos, desarrollo de sistemas de
comunicación mediante la voz para personas con habla afectada, acceso al
ordenador y otros dispositivos de cálculo, asistencia a distancia,
percepción de imágenes para personas ciegas, resolución de tareas,
software y hardware para ayuda a usuarios con deficiencias cognitivas,
acceso a la información en lugares públicos y robot asistenciales para
sillas de ruedas.
Esto es lo que tengo a bien informar. Se lo traslado con el ruego, señor
Presidente, de que se lo haga llegar a los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha solicitado la comparecencia el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió) y en su nombre tiene la
palabra doña Mercé Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Buenos días a todos y a todas. Ante todo
queremos dar las gracias a doña Amalia por su comparecencia en esta
Comisión y en esta su casa, para tratar sobre el desarrollo de programas
sobre la movilidad y acceso a los transportes de las personas con
discapacidad.
Señorías, señora Secretaria General, desplazarse de un lugar a otro,
moverse físicamente y no sólo con el pensamiento y la imaginación es
imprescindible para llevar a cabo la mayoría de aspectos de la vida
cotidiana. A pesar de las aportaciones de las nuevas tecnologías de la
comunicación, es difícil que sin desplazamientos haya crecimiento
personal y menos aún participación en la comunidad y desarrollo de los
diferentes papeles sociales que nos corresponden.
Se calcula que un 10 por ciento de la población, temporal o
permanentemente, tienen la movilidad reducida y que este porcentaje se
irá incrementando por la prolongación de la esperanza de vida de las
personas que habitan en zonas más desarrolladas del planeta. Es, pues,
incuestionable que adaptar los medios de transporte, hacerlos accesibles
a las diferentes necesidades de la población se ha convertido no
solamente en un derecho, sino en una necesidad, a la que es obligado dar
respuesta para evitar la marginación de una parte significativa de
ciudadanos y ciudadanas.
El capítulo 9 de la Lismi contiene los aspectos de la atención al
minusválido en concepto de movilidad y barreras arquitectónicas. Su
artículo 59.1 nos recuerda que, al objeto de facilitar la movilidad de
los minusválidos, en el plazo de un año se adoptarán medidas técnicas en
orden de adaptación progresiva de transportes públicos y colectivos. No
voy a leerles el texto íntegro de esta Ley, pues creo que de todos y
todas es conocido; sí he de decirles que debemos sentirnos orgullosos de
tener la legislación más avanzada de Europa en esta materia. Pero,
señorías, doña Amalia, debemos avergonzarnos de que en la práctica
estemos muy lejos de cumplir con los preceptos de esta Ley, preceptos
que, por otra parte, son de obligado cumplimiento desde hace nada más y
nada menos que quince años; para ser exactos, desde el año 1982. Las
leyes, como dice Don Quijote, han de ser pragmáticas, pocas y cumplirlas.
Por eso, mi pregunta a doña Amalia es qué va a hacer el Gobierno al que
usted representa para seguir el cumplimiento de esta Ley, que hace ya
quince años que fue aprobada.
La construcción de una sociedad de calidad supone para nosotros un lugar
de convivencia para todos sus ciudadanos y todas sus ciudadanas y en este
sentido debemos procurar tener un entorno cada vez más accesible para
todos y todas. Debemos ser sensibles en la tarea de la eliminación de
barreras arquitectónicas propiamente dichas al igual que de todas
aquellas otras que afectan a la movilidad de personas con disminuciones
sensoriales. Por este motivo sería de especial interés para este grupo
parlamentario conocer si su departamento tiene prevista alguna campaña de
sensibilización ciudadana para promover el respeto y el cumplimiento de
la no obstrucción de la movilidad de las personas con discapacidad. De
nada sirve realizar por parte de las administraciones obras para la
supresión de barreras arquitectónicas a fin de facilitar la movilidad de
estos ciudadanos y ciudadanas y luego, por ejemplo, obstaculizar,
con malos aparcamientos, contenedores de basura, farolas mal instaladas o
cualquier otro objeto, la libre circulación por las aceras. Hay tantos
ejemplos de poca solidaridad con nuestros semejantes que sería
conveniente que los ciudadanos, todos y todas, pasáramos sólo un día
intentando desplazarnos por nuestro lugar de residencia en silla de
ruedas o con los ojos vendados.
No es un proceso sencillo, lo sabemos. Aún nos queda mucho camino por
recorrer hasta llegar a conseguir que los planteamientos iniciales de
cualquier proyecto de infraestructuras, de equipamientos, de edificación
sean realizados bajo conceptos de movilidad global o que las actuaciones
en el campo de las comunicaciones tengan en cuenta a todos y a todas,
también a los discapacitados. Hace falta vencer apriorismos de carácter
económico, cultural, estético y funcional incluso, pero el esfuerzo
realizado hasta ahora nos sitúa en un punto sin retorno.
Por este motivo, desearíamos conocer los criterios que desde su
departamento se siguen para desarrollar un proyecto de accesibilidad a
los medios de transporte dependientes de la Administración central;
también, si para el buen desarrollo y aplicación del proyecto se tiene en
cuenta a las asociaciones de los colectivos afectados. Y nos resultaría
de gran utilidad conocer los recursos económicos que su Gobierno va a
destinar para desarrollar los programas de accesibilidad al transporte,
así como si existen estudios de evaluación una vez realizados y
utilizados estos proyectos.
Los medios de transporte, la movilidad libre y segura, son necesarios
para el buen desarrollo personal, laboral, educativo y social de este
colectivo. Es necesario que desde el ministerio, en concreto desde la
Secretaría General que usted representa, se tome conciencia de la
importancia de este programa, pues será difícil la integración laboral y
va a ser poco beneficiosa para este colectivo si la parte que tendría que
ser más fácil, que es la de llegar al lugar de trabajo, resulta la más
complicada.
Señora Secretaria General, en mi demarcación, Girona, por contarle un
ejemplo, es prácticamente imposible desplazarse en tren sin ayuda; para
empezar, la mayoría de las estaciones de los pueblos no reúnen las
mínimas condiciones para la libre circulación de este colectivo. Y no
hablemos ya del hecho de tener que acceder al tren.
Señorías, señora Secretaria General, si queremos --y estoy segura de que
queremos-- conseguir la plena integración de todas las ciudadanas y todos
los ciudadanos con discapacidad, su integración en las universidades,
escuelas, centros de trabajo, espectáculos, deportes, centros turísticos,
debemos entender la importancia de la adecuación de los medios de
transporte para hacérselos accesibles. No son programas necesarios, sino
imprescindibles, para dar cumplimiento, de una vez por todas, a un
derecho tantas veces reivindicado por este colectivo.
No quisiera acabar mi intervención sin felicitar a la Dirección General
de Tráfico por la campaña publicitaria dedicada a la prevención de
accidentes de tráfico. Apelar a la responsabilidad y a la amistad ha sido
un buen acierto. Hemos de recordar que desgraciadamente los accidentes de
circulación son, hoy por hoy, la causa primera de mortalidad entre
nuestros jóvenes y un desgraciado motivo de aumento de personas con
discapacidades. Todas las actuaciones que se emprendan para evitar
trágicos accidentes de tráfico serán bien recibidas, bien acogidas y
apoyadas por este grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? Por el
Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Me parece que la comparecencia solicitada
por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene una virtud
importante y es poner en consideración elementos que desde el ámbito de
las minusvalías se han ido demandando sistemática y permanentemente.
No vamos a ocultar que la Lismi fue una Ley que ha sido imitada y copiada
en muchos países; tampoco podemos olvidar ni obviar que se consiguió la
aprobación de esta Ley con la aquiescencia de todos los grupos
parlamentarios. Este era un débito que tenía la sociedad democrática
hacia el mundo de las minusvalías y que consiguió clarificar las
calificaciones de las minusvalías y generar sistemas de protección
social, que hasta entonces eran obsoletos o no existían, como el subsidio
de garantía de ingresos mínimos de movilidad, de gastos de transporte y
asistencia sanitaria y farmacéutica, pero nos han quedado lagunas,
lagunas que con el paso del tiempo tenemos que ir acometiendo entre todos
para poder ir mejorando estas situaciones.
En el ámbito de la accesibilidad --ya lo ha referido la Diputada que me
ha precedido en el uso de la palabra-- tenemos tres elementos
importantes. Por un lado, la accesibilidad no solamente se puede concebir
en los elementos del transporte, sino que tiene que estar sustentada en
facilitar el acceso a todos los medios en que circulan y transitan las
personas con discapacidad; poco conseguiríamos si montamos la mejor red
de transporte adaptado y cuando van a salir de la ciudad en un transporte
público no pueden ni bajar con la silla de ruedas.
En esta línea de reflexión, de aportación, tenemos que felicitarnos de
que la mayor parte de los ayuntamientos hayan sido sensibles a realizar
obras para quitar las barreras urbanísticas y de accesibilidad en los
centros más transitados de las ciudades. Queda mucho por hacer, qué duda
cabe, pero también tenemos que ser conscientes de que el principal
problema que tienen la mayor parte de los ayuntamientos es el sistema de
financiación. Hemos conseguido la transferencia desde la Administración
central a las autonomías y todavía nos queda a todos los grupos
parlamentarios, yo diría que a todos los responsables de este país, la
gran asignatura pendiente de hacer el futuro del pacto local, lo cual
permita unos niveles de financiación aceptables para los municipios y que
puedan ir acometiendo este tipo de actuaciones, porque de lo contrario se
encuentran siempre con que dependen de las partidas presupuestarias que
asigne la Administración central, autonómica o, en algunos casos, como en
el País Vasco, las propias diputaciones forales.
En relación al transporte, hay un colectivo que se ha identificado
bastante, colectivo que al principio era muy remiso y que ofrecía mucha
resistencia, como ha sido el de los taxistas. Si vemos un taxi adaptado,
llama la atención, porque estéticamente es diferente; no es que sea ni
más feo ni más bonito, pero llama la atención; y había un gran rechazo
por parte de este colectivo. Hoy en día nos podemos congratular todos de
que, a través de las campañas, de las reuniones, de las jornadas y
seminarios que se han efectuado por parte del Inserso y de las propias
organizaciones de afectados, la demanda del transporte adaptado por parte
del colectivo de taxistas es altísima, es muy fuerte. Por tanto, en
relación al taxi, dándole la enhorabuena porque sigan con el programa, sí
tendríamos que hacer un esfuerzo dando una dotación presupuestaria mayor.
Estamos dando cobertura a la mayor parte de las grandes ciudades o
poblaciones con un número elevado de ciudadanos y ciudadanas, pero en las
comarcas, en el medio rural, carecen de transportes adaptados y
tendríamos que seguir en esta línea.
He de resaltar también la gran labor que ha hecho la Federación Española
de Municipios y Provincias pasando toda la información a los municipios
con bastante celeridad y siendo un soporte fundamental a la hora de
ejecutar este programa. No obstante, creo que tendríamos que seguir
afianzándonos en esta línea.
En el transporte público, que ya estaría más en la línea de los autobuses
y la adaptación de las estaciones, tanto de Renfe como de autobuses, que
hoy en día se están agrupando en centros unificados de forma masiva en
cada una de las poblaciones, me parece que nos queda mucho por hacer. Es
verdad que se han realizado jornadas con arquitectos y aparejadores para
sensibilizarles en cuanto a que no es más caro, cuando se construye algo
nuevo, hacerlo con barreras que sin ellas, que cuando hay reformas y
rehabilitaciones de edificios públicos se tenga en cuenta la
accesibilidad a estos edificios, pero todavía llama la atención y choca.
Cuando uno llega a un edificio público dice: ¿Y los accesos? Te
contestan: Me parece que están detrás, creo que hay una rampa pequeña,
van a poner un ascensor, etcétera. Ese agujero es como el agujero negro,
siempre parece que está sin cubrir. Todavía nos falta mucho por trasladar
a toda la población en general, porque quitar las barreras --y lo
concebimos mal-- no es sólo para personas que tienen que desplazarse en
sillas de ruedas, sino para personas con afecciones óseas, para personas
que tienen una discapacidad de tipo sensorial, que tienen falta de
visión, para las mujeres embarazadas, para las personas que tienen que
transportar grandes paquetes, etcétera. Es decir, beneficiamos la calidad
de vida de millones de personas con unos costos muy pequeños.
Por tanto, creo que, en el ámbito de lo que es el transporte, la FEMP
está haciendo una buena tarea, pero realmente las demandas son mucho
mayores que las ofertas.
Yo le haría una pregunta a la Secretaria General, y es que en esta
materia --en la que resulta difícil acomodar intereses que a veces son
contrapuestos entre los ayuntamientos, porque cada uno dice: ¿Y de lo mío
qué hay? Esa es la frase-- cuando llegan a un acuerdo en provincias, por
ejemplo, de que determinados municipios sean los prioritarios, nos
encontramos con que los municipios, las diputaciones o la comunidad
autónoma tienen que asignar una parte de la aportación económica para la
compra de nuevos autobuses adaptados y, sin embargo, esto se queda sólo
circunscrito a un año de duración del programa. En este sentido, sería
bueno pensar en programaciones de carácter bianual o trianual que
pudieran permitir ir acomodando los recursos económicos de los agentes y
de las instituciones que van a intervenir y poder cerrar quinquenalmente,
sin generar mayores expectativas que luego no se cumplen o que los
propios afectados ven incumplidas, por la falta de previsión o de cierre
de alguno de los acuerdos a que se puede llegar en la colaboración
interinstitucional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pérez Corgos.
El señor PEREZ CORGOS: En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaria
General de Asuntos Sociales su presencia en esta Comisión y su prolija
información, de la que destacaría dos características fundamentales. La
primera es que pone de manifiesto la huida por parte del Gobierno de
cualquier tipo de voluntarismo para acudir a políticas realmente
eficaces. Y la segunda, el hecho de que en un año de rigidez y
limitaciones presupuestarias, en el año de los presupuestos más
restrictivos de la historia de la democracia española, las políticas
sociales no han visto recortadas sus fuentes de financiación, sino todo
lo contrario. Esto me lleva a hacer también una reflexión y es que, si
recordamos, hace poco más de un año, en una campaña electoral tremenda se
nos acusaba de tratar de cargarnos el Estado de bienestar y se nos
representaba como un perro furioso que pretendía asustar a todos los
españoles. Yo diría que lo que hoy nos ha manifestado la Secretaria
General nos viene a demostrar que a ese perro se le han caído todos los
dientes.
No voy a reiterar más algunas de las afirmaciones que se han hecho. Es
cierto que son políticas dirigidas a personas que sufren una tremenda
desventaja social y que en estas políticas debemos mantener el principio
de solidaridad y algo que también ha quedado de manifiesto en la
intervención de la Secretaria General, que es el principio de
subsidiariedad. Es decir, el Estado debe colaborar con las otras
administraciones, como lo está haciendo, con las administraciones
autonómicas y locales --se nos ha hablado de los convenios con la
Federación Española de Municipios y Provincias-- y también, cómo no,
directamente con las propias organizaciones sociales. Sólo quiero animar
a la Secretaria General a que continúe en esta labor y pedirle si podría
ampliarme información sobre la respuesta dada por su departamento al
Senador del Grupo Popular, don Juan Manuel Armario, sobre el desarrollo
del plan de acción,
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Amalia Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Quiero
dar las gracias
a todos los que han intervenido, porque yo creo que estamos ante un
problema, que la portavoz de CiU, responsable de la petición de esta
comparecencia, ha puesto sobre el tapete, como es la necesidad de
simultanear todo lo que son políticas de normalización de las personas
con discapacidad. Difícilmente esa normalización se producirá si en el
ámbito, por ejemplo, de la educación o en el ámbito de las ayudas a
programas de sensibilización-rehabilitación avanzamos y sin embargo en el
plano de lo que debe ser la libertad de acceso, que, en definitiva, es
eso, el poder moverse de un lado a otro, se ralentiza.
Tengo que decir, señorías, que el Gobierno este año ha hecho un
importante esfuerzo y habrán visto, señorías, que he pasado la
documentación al Presidente para que se la haga llegar, porque así podrán
ver cómo se ha ido haciendo un incremento en el esfuerzo, a pesar de las
dificultades, dificultades que yo tengo que decir que, por lo que suponía
el ejercicio del año 1996 para 1997, se vieron incrementadas en un 5,9.
Es verdad que el tema de la accesibilidad, y lo ha recogido muy bien la
portavoz del Grupo Socialista, necesita una colaboración estrecha con los
municipios. Lo que no existe y se va a hacer es una especie de censo de
la situación. ¿Y por qué censo o registro de la situación? Porque ha
habido eliminación de barreras, posiblemente atendiendo a lo que era más
urgente de resolver; en eso estarán ustedes de acuerdo conmigo. Pero lo
más urgente no quiere decir ir dejando lo que sigue siendo necesario.
Hablábamos, por ejemplo, de bibliotecas, de estaciones, de lugares de uso
público; es verdad que en los lugares públicos, como se ha tenido que
acomodar o acondicionar el proyecto o lo que había, muchas veces la
eliminación de barreras se ha hecho con unos peraltes que no responden a
lo que son las exigencias de centímetros; se han hecho en lugares que no
son las entradas principales, como si tuviera que haber otra segunda
entrada. Es posible que también la propia situación del edificio no
permitiera o hiciera más difícil lo que es una aclimatación o una
normalización en regla.
¿Qué es lo que queremos hacer? Yo creo que impulsar, en primer lugar, que
eso no tiene costo económico, pero sí de negociación y convencimiento, no
sólo a las administraciones, sino todos los programas que tienen que ver
con la normalización de la persona con discapacidad. Entre otras cosas,
hay muchas personas con discapacidad que ya se han resignado a que no van
a tener accesibilidad, y eso lo saben muy bien SS. SS. que hablan
continuamente con las asociaciones y con las organizaciones no
gubernamentales. Hay que simultanear, porque indudablemente estaremos
haciendo un flaco servicio a la sociedad si insistimos en un sector o en
un área de trabajo y descuidamos ésta. Esto no sólo significa incentivar
la colaboración, siempre y cuando los objetivos permanezcan, con los
municipios y estudiar esa posibilidad de planes plurianuales, porque los
planes plurianuales exclusivamente, para garantizar la cantidad de dinero
que se aporta, no es suficiente. A mi modo de ver lo interesante está en
confluir sobre obras concretas a desarrollar y a realizar.
En segundo lugar, yo creo que hay que insistir, sobre todo a partir de la
FEMP, con ayuntamientos pequeños, porque es verdad que de los programas
de accesibilidad se han podido beneficiar municipios por encima de 20.000
habitantes, que son los que podían tener algunos recursos extra para
concluir las obras que se hacían con dinero del Estado y con dinero de
las propias comunidades autónomas pero también hay que conseguir que en
todas las ofertas de subvenciones que hacen las propias comunidades
autónomas para adecuación de viviendas se contemple alguna partida para
adecuación de transporte. Debo decir que esto se complementa con el IRPF
que el año pasado, como ustedes saben, tuvo un incremento importante para
el área de minusválidos precisamente para el transporte institucional del
área de minusválidos que desarrollan las propias asociaciones. Y ya no me
estoy refiriendo a minusválidos físicos y sensoriales, sino incluso a
psíquicos. Acuérdense ustedes del importante papel que han cubierto los
autobuses para desplazamiento de niños o de jóvenes con parálisis
cerebral, esclerosis múltiple, tetrapléjicos, aspecto que también era
importante.
¿En qué nos estamos moviendo? Tengo que decirles, y es sólo un deseo, en
la conveniencia de incrementar la dotación presupuestaria que se destina
a este menester, es decir, una parte de lo que se destinará al plan de
acción. También pensamos que lo mismo que hablamos de la necesidad de un
programa plurianual desde el Estado, es necesario cerrar esa
plurianualidad con la Federación Española de Municipios y Provincias,
porque si no, estaremos haciendo acciones, interesantes todas, pero
deslavazadas. Es muy importante asimismo involucrar a la asociación
representativa del transporte; sería mucho más fácil, podríamos conseguir
precios mucho más competitivos y se podrían adaptar más unidades si
pudiéramos conseguir que esto fuera a nivel estatal y no exclusivamente a
nivel de las comunidades autónomas. En este sentido estamos trabajando.
Lo que aún no hemos empezado a tratar es el tema de Renfe. Ustedes saben
que a lo largo del tiempo ha sido el tema más difícil de conseguir, entre
otras cosas por las pérdidas acumuladas, pero, repito, es un tema que no
queremos dejar, porque cada vez son más numerosas las peticiones de
personas con discapacidad que quieren utilizar la Renfe como sistema de
transporte. Tampoco podemos hacer demagogia y ustedes saben que las
personas con discapacidad normalmente llevan acompañante y por lo general
se mueven en viajes organizados o previstos. Muchas veces el sistema que
más prefieren es el autobús, cuando es interprovincial, y el taxi cuando
es dentro de la propia provincia. Por otra parte, y esto es muy
importante, queremos avanzar, en lo que se refiere a la eliminación de
barreras arquitectónicas, primero, con las asociaciones de empresarios de
la construcción, no solamente para algo que está establecido en la ley y
es que los nuevos edificios contemplen que no haya barreras, sino también
porque pensamos que habrá que buscar un acuerdo por el que puedan
cooperar a eliminar barreras en edificios los propios municipios. Eso
estaría dentro de esa campaña que estamos diseñando de Todos solidarios y
que supondría dar un logotipo de especial participación a aquella
empresa, institución o persona que colabore a que haya una mayor
solidaridad. En
este sentido queremos invitar a empresas a que destinen una parte de lo
que ellas puedan, bien sean prestaciones, dinero o incluso obras, para
ayudar a eliminar barreras arquitectónicas.
Por último, quiero decirles que es verdad que las jornadas siguen siendo
importantes porque tenemos que seguir incentivando la sensibilización.
Hay muchas personas que piensan que ya está todo resuelto, pero las que
tienen niños o personas mayores con discapacidad saben que no es así,
sobre todo en el medio rural. En la conferencia sectorial que se celebró
últimamente quedó sobre la mesa el compromiso de hacer un informe en la
próxima sobre cuál es el estado de la cuestión, que pasa, como he dicho
al principio, por la necesidad de un registro o censo para saber qué es
urgente, qué es prioritario y qué es necesario.
¿Qué va a hacer el Gobierno? Indudablemente fortalecer la colaboración e
incrementar --es un deseo-- la dotación presupuestaria. La campaña de
sensibilización pretendemos realizarla en colaboración con las
comunidades autónomas, porque cada comunidad, a partir de lo que ha
hecho, tiene un mensaje especial, tanto de contenidos como de expresión,
y pensamos que debe realizarse en colaboración, Estado y comunidades
autónomas, para que el ciudadano se vea más representado.
Lo que ha comentado S. S. de Girona, lo desconozco. Tendré que ir allí,
entre otras cosas porque los problemas se resuelven mejor cuando se
conocen de primera plana con las organizaciones de allí y con el Gobierno
de la Generalitat, e insisto en la prevención y difusión del uso de lo
que es la existencia de barreras. Nos hemos encontrado con muchísimas
organizaciones no gubernamentales que no sabían que se habían eliminado
barreras de determinados lugares. Es muy importante la información y ésa
es la campaña que queremos hacer. Una campaña de Aquí ya no hay barreras,
campaña que tiene que realizarse en concreto en los territorios físicos
competentes, sensibilizando incluso a los particulares en el sentido de
que en su propio territorio no pongan barreras. Porque si estamos
quitando las barreras de lo oficial y dejamos las barreras de lo privado,
no estamos consiguiendo ese objetivo de normalización al que SS. SS.
aspiran.
Quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Popular, que sustenta al
Gobierno, por la valoración positiva del trabajo que se ha hecho, que no
podía ser de otra forma, porque no se puede concebir el avance de una
democracia cada vez más perfecta, más representativa y más moderna, sin
que lo que es la plasmación de la política solidaria siga avanzando. No
estaría muy justificado avanzar en algo distinto de lo que fuera la
solidaridad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Secretaria General de Asuntos
Sociales.
Concluye así el punto 1.
Antes de pasar al punto 2, quería hacer uso de la palabra, aprovechando
la referencia al Quijote que ha hecho la señora Amorós y que ha hecho
doña Amalia a lo privado y a lo público, quitar barreras en una parte y
no quitarlas en la otra.
Hace quince días entraba yo en este edificio, que no tiene barreras en su
entrada, por la calle Cedaceros, y vi a una señora que iba en una silla
de ruedas. Observé que no podía cruzar a la acera de enfrente, ni por
Zorrilla, ni por Cedaceros, ni por San Jerónimo. Este caso concreto a mí
me parece que merece que nos dirijamos al presidente de la Cámara, para
que haga llegar al Ayuntamiento de Madrid una petición, pues no basta que
el edificio sea accesible si después para llegar a la puerta del edificio
todo son barreras. Creo contar con el asentimiento de todas SS. SS.
--CONTENIDO DEL PLAN DE ACCION 1997-2002 PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD APROBADO EN LA CONFERENCIA SECTORIAL CELEBRADA EN SANTANDER
EN NOVIEMBRE DE 1996, ASI COMO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS CONCRETAS POR
PROGRAMAS PARA EL AÑO 1997 Y LA PREVISION DE PRIORIDADES A LO LARGO DE LA
VIGENCIA DEL PLAN HASTA SU FINALIZACION. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000289.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 2 del orden del día. El Grupo
Socialista solicita la comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, sustituida por acuerdo de Mesa y Portavoces, por la
comparecencia de la Secretaria General de Asuntos Sociales-- para
informar del contenido del Plan de acción 1997-2002, para las personas
con discapacidad, aprobado en la conferencia sectorial celebrada en
Santander en noviembre de 1996, así como las previsiones presupuestarias
concretas por programas para el año 1997 y la previsión de prioridades a
lo largo de la vigencia del plan hasta su finalización.
Antes de dar la palabra a la señora Gómez, quiero recordarles que hemos
solicitado que nos enviaran el plan con el fin de conocerlo. Veo que ya
lo han repartido y se lo agradezco especialmente.
Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Con la
venia de la Presidencia.
El plan de acción para las personas con discapacidad es un proyecto en
torno al cual, al llegar al Gobierno, encontramos total unanimidad. Era
un proyecto que había sido consensuado con las fuerzas políticas, con el
movimiento asociativo y con los agentes sociales. El único escollo que
había era la aprobación en conferencia sectorial por las comunidades
autónomas, pues, como consta en las actas de las propias reuniones, no
existía una partida presupuestaria. El plan era una obra que estaba
esperando y en la reunión de la conferencia sectorial de noviembre de
1996 se aprobó por unanimidad su puesta en marcha desde el conocimiento y
desde el convencimiento de que cada comunidad autónoma establecería sus
propias prioridades. Pareció muy razonable por la sencilla razón de que
se venían haciendo esfuerzos en la ayuda y sobre todo en el deber
constitucional y solidario de que tuvieran acceso a la igualdad
de oportunidades las personas con discapacidad. A partir de los trabajos
que se habían hecho en cada comunidad autónoma, quedó plasmado en el
acuerdo que cada comunidad daría prioridad a alguno de los planes y
medidas que a continuación voy a incorporar. Por tanto, era algo
consensuado por fuerzas políticas, agentes sociales y organizaciones no
gubernamentales que se trataba de poner en marcha.
En mi comparecencia de presupuestos ya dije que el respaldo
presupuestario de que disponíamos, 400 millones, era para iniciar los
programas para los grandes discapacitados y programas no
institucionalizados. También quiero recordar que el gobierno hizo un
esfuerzo y en la dotación presupuestarias del IRPF, donde el Gobierno es
el que decide el porcentaje a distribuir entre los colectivos que se
benefician de él, que, como ustedes saben son infancia, familia, jóvenes,
mujer, discapacitados, mayores, reclusos, personas afectas de
toxicomanía, sida, prostitución, etcétera, decidimos que el segundo
porcentaje más alto fuera el de personas con discapacidad --el primero
fue el de mayores--; tuvo un incremento superior a los 150 millones de
pesetas. El Gobierno no sólo pensó en el respaldo presupuestario a través
de los Presupuestos del Estado, sino también en el incremento de las
dotaciones del IRPF; nos parecía que las líneas dentro de este
departamento tienen que ir complementándose porque, si en unos criterios
presupuestarios se adopta una fórmula y en los otros se adopta otra, lo
que se está haciendo es dispersar.
El plan de acción pretende tener una duración desde 1997 al 2002, pero,
como SS. SS. saben, este plan, modificado o renovado, en el año 2000
tendrá que ser evaluado y me imagino que quedará mucho por hacer, a la
vista de las lagunas que aún quedan pendientes. Este plan se estructura
en cinco planes sectoriales y dichos planes en programas. Los planes son,
en primer lugar, la prevención, sobre todo dirigida a los grandes grupos
de riesgo que pueden degenerar discapacidad en nuestro país, desde el
riego perinatal y socioambiental en la primera infancia hasta el riego
que la portavoz de CiU ha mencionado y que sigue preocupando, porque se
sigue incrementando el número de discapacidades vinculadas a accidentes
de circulación y de otro tipo de accidentes domésticos y laborales.
El segundo plan es el de rehabilitación. Se trata no sólo de
rehabilitación integral de niños de primera infancia, sino de
accidentados y de enfermos crónicos. Quiero decirles, señorías, que junto
al plan, estamos procediendo a una evaluación de los CAMF y de los CRMF,
centros de atención a minusválidos físicos y centros de rehabilitación de
minusválidos físicos. Pensamos que de alguna manera hay que actualizar
las prestaciones que se hacen en estos centros de forma que con el plan
coadyuven a las labores complementarias rehabilitadoras, incluso en
función de la redistribución de lo que debe ser la atención por parte de
todas las entidades locales, autonómicas y del Estado.
El tercer plan es el de integración y educación especial, que se lleva a
cabo en estrecha colaboración con el Ministerio de Educción para los
territorios MEC y con las comunidades autónomas que tienen la competencia
transferida. En este sentido, señorías, tengo que anunciarles que el
Gobierno está analizando y estudiando la posibilidad de que no exista una
barrera de edad para los niños con discapacidad, que ahora, como saben
ustedes, son 16 años, por lo que supone la educación obligatoria. Estamos
viendo la posibilidad de llegar a acuerdos con comunidades autónomas ya
que, como ustedes saben, los expertos opinan que no todos los tipos de
discapacidad podrían beneficiarse de esta medida y ello incidiría en lo
que llamamos centros de educación especial, centros especiales de empleo.
Por tanto, es un estudio que se ha iniciado a partir de la aprobación del
plan y esperamos que pueda dar sus frutos en un período no muy largo; a
mí me gustaría que no tardara más de un año. Porque ustedes saben que lo
primero --después lo diré-- es la necesidad de tener un censo claro de
las personas con discapacidad, censo que no puede estar hecho sólo desde
el punto de vista de lo laboral, sino que tiene que estar estrechamente
vinculado a la detección de discapacidad en el ámbito de lo sanitario y a
la prestación de servicio educativo en el ámbito de las escuelas. Por
tanto, estamos hablando de cruzar tres tipos de datos: sanitarios,
laborales y educativos.
La cuarta parte es el plan de integración en la vida económica. Se trata
de actuaciones no sólo de rehabilitación profesional, sino también de
fomento del empleo y de facilitarles ese empleo. Sus señorías saben que
ésta es una tarea difícil, en primer lugar porque es preciso concienciar
a la sociedad de que las personas con discapacidad, sobre todo física,
pueden, y de hecho lo hacen, alcanzar una rentabilidad en el mercado de
trabajo, en el marco laboral, incluso superior a la de las personas que
no tienen una discapacidad física. Por otra parte, también tenemos que
contemplar nuevas fórmulas de integración y, en este sentido, estoy
pensando en modelos que ya están aquilatados en Europa, aunque no sólo
dirigidos a discapacitados, sino también a personas excluidas, como es el
modelo francés de Mil cosas por hacer --en francés no lo pronuncio bien--
y el modelo Villeneuve, también francés, que son modelos de integración
pasando por la normalización --no se trata de fomentar modelos de empleo
precario--, y, cómo no, y tengo que felicitarles por ello, los modelos de
empresas de inserción que existen en la Comunidad Autónoma de Cataluña,
que SS. SS. conocen, y que la mayoría no sólo han supuesto un acierto en
lo que es el modelo, sino también en lo que es la cobertura de empleo.
Como ustedes saben, la Generalitat ha hecho un plan de rehabilitación y
mantenimiento de barriadas exclusivamente a partir de este modelo de
empleo, en donde no sólo hay excluidos, sino también personas con
discapacidad. En cuanto al desarrollo de esto, les diré que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales ha trabajado con el Cermi --Consejo Rector
de Minusválidos de España-- para tratar de facilitar y mejorar el actual
marco de empleo. En este momento, lo que fue un borrador está siendo
discutido por los agentes sociales y la Secretaría General de Empleo y
esperamos que para el otoño ya haya un documento en firme.
Respecto al Plan de integración comunitaria, tengo que decir que
significa un trabajo de estrecha colaboración entre todas las
administraciones, potenciando lo que podría ser el plan básico de
servicios sociales. No se trata sólo de
la accesibilidad y de la mejora de las viviendas, sino también del acceso
al ocio y a lo que podrían ser fórmulas de tiempo libre no específicas
para discapacitados, sino que sirvieran para personas con discapacidad.
Para desarrollar esta cooperación entre administraciones se ha creado en
el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales una comisión de
seguimiento del plan de acción, con un presupuesto específico, en la que
participan representantes de todas las comunidades autónomas. La
convocatoria de este año y su distribución fue acordada por esta comisión
técnica con la unanimidad de todas las comunidades autónomas y, como
digo, en el año 1997 se ha centrado prioritariamente en la atención no
institucionalizada a personas con discapacidad gravemente afectadas. Se
están desarrollando 53 proyectos y los beneficiarios de esta primera
puesta en marcha del plan serán 3.000. El Instituto de Emigración y
Servicios Sociales, el Imserso, es el organismo encargado de impulsar el
desarrollo del plan y los objetivos para este año son los siguientes. En
primer lugar, culminar el proceso de aprobación y puesta en marcha del
plan de acción. Cuando digo culminar el proceso me refiero a conocer lo
que va a ser el propio desarrollo del plan en las comunidades autónomas;
se trata de saber, en el seno de esta comisión, qué es lo que va a hacer
cada una de ellas. En segundo lugar, promover y coordinar las políticas y
programas para personas con discapacidad, competencia de la
Administración general del Estado en colaboración con las organizaciones
no gubernamentales de personas con discapacidad y organizaciones
sindicales y empresariales. Pretendemos que la propia sociedad, a través
de su entramado, que son las ONG y los agentes sociales, colabore de
alguna manera en esos proyectos de cada comunidad y, en el marco del
programa estatal, en los programas prioritarios para este año. Ahora nos
parece clave impulsar y participar en la elaboración de un cuadro de
estadísticas básicas sobre las personas con discapacidad. Por el tiempo
que llevan en esta Casa, mucho más que yo, SS. SS. conocen muy bien que
incluso nos encontramos con que en los formularios del Inem ni siquiera
aparece la posibilidad de que una persona diga si es discapacitada, lo
cual es un problema para conocer las tasas de paro de personas con
discapacidad. Esa sería otra de las novedades a abordar: que en los
formularios de las instituciones que tienen que ver con el empleo
apareciera si, por desgracia, se tiene la condición de minusválido.
Por otra parte, queremos crear el consejo estatal de personas con
discapacidad. Esa es una obligación que emana de las leyes que ustedes
han mencionado y tendría que tener una doble misión: por una parte, el
seguimiento de las políticas, la evaluación de las políticas y de los
programas que desarrolla el movimiento asociativo y, por otra, y muy
importante también, promover, impulsar lo que puedan ser las evaluaciones
y las modificaciones. En este momento, la propuesta sería de composición
paritaria, integrado por igual número de personas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales que de las organizaciones de personas con
discapacidad. El Gobierno también ha introducido una novedad aquí: la
representación de las comunidades autónomas. No podemos crear ningún
órgano de seguimiento de nada, aunque sea de competencia estatal, sin la
presencia de las comunidades autónomas, porque, en definitiva, el
ciudadano vive en un territorio concreto, en una política concreta, y de
ahí la importancia de que estén. Y, como decía, la promoción y el
desarrollo de un acuerdo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
Cermi, sobre medidas urgentes para la promoción de empleo, porque ustedes
saben que cualquier normativa que se establezca no tiene que hacerse con
el Cermi, sino con los agentes sociales: con empresarios y con
sindicatos. Como ya he dicho el primer borrador del texto del trabajo
entre el Ministerio y el Cermi ya lo tienen los agentes sociales, que lo
están analizando y debatiendo en este momento en el marco de la
Secretaría General de Empleo.
También existe la necesidad de crear un observatorio de la discapacidad.
Tengo que decir que, en este momento, el diseño del observatorio de la
discapacidad está abierto, puesto que no puede ser igual que el
Observatorio de la infancia y la familia. En el Observatorio de la
infancia, la familia y la mujer se trata de hacer un seguimiento de
política, evaluación de programa de datos estadísticos; en el caso de la
discapacidad, hay que incluir también los programas europeos y hacer una
valoración de la incidencia que han tenido el Helios, el Horizont y de lo
que es en este momento el Integra. Por tanto, repito, éste es un objetivo
de trabajo que aún no está cerrado totalmente.
Por lo que respecta a novedades y actuaciones en el marco del plan para
este año, y resumiendo, diré que, en primer lugar, existe el deseo de un
incremento presupuestario de todas, todas, porque, a partir de lo que se
haga en 1997, podremos afrontar 1998 con una consolidación de, por lo
menos, esos programas de discapacitados gravemente afectados. En cuanto a
actuaciones, están las siguientes. En primer lugar, colaborar y apoyar al
Instituto Nacional de Estadística para la realización de la encuesta
sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías. Digo colaborar y apoyar
porque no está cerrado; ustedes saben que una colaboración de esta índole
necesitaría cientos de millones y en este momento estamos estudiando la
posibilidad de hacerlo a partir de la recogida de datos dispersos de
instituciones y organismos ya existentes. En segundo lugar, proponer al
Instituto Nacional de Estadística una encuesta específica sobre población
inactiva, en este caso aprovechando la infraestructura y metodología de
la EPA. Crear y poner en marcha con las comunidades autónomas el
observatorio de política de discapacidad. Presentar en la Conferencia
sectorial el informe estadístico sobre la protección económica de las
personas con discapacidad y, en colaboración con las comunidades
autónomas, diseñar un informe sobre centros y plazas para personas con
discapacidad. En este sentido, ya anunciaba al principio de mi
intervención la voluntad de evaluar y proceder a las innovaciones que
sean necesarias en los CAMS y en los CRMF, y también colaborar con el
Inem y las comunidades autónomas para la actualización del registro de
trabajadores minusválidos demandantes de empleo. De los 53 proyectos que
se han aprobado, a efectos de información, les diré que, por comunidades
autónomas, son: Andalucía, 14; en Aragón, 4; en Asturias, 1; en Baleares,
1; en Canarias, 4;
en Cantabria, 1; en Castilla y León, 3; en Castilla-La Mancha, 3; en
Cataluña, 3; en Extremadura, 4; en Galicia, 3; en Madrid, 4; en Murcia,
1; en La Rioja, 2, y en Valencia, 5. En total, los 53 programas de
acción. La información que tengo está clasificada por comunidades
autónomas y por tipos. Lo mejor va a ser dejar al Presidente de la
Comisión el cuadro, y así les ahorro la lectura, pero quiero llamarles la
atención en cuanto a que las demandas más fuertes de estos programas se
están haciendo en centros de día, sobre todo vinculadas con actividades
de respiro para las familias de las personas con discapacidad. También
destacan, sobre todo, beneficiarios, en lo que es ayuda técnica al tema
del que hemos hablado anteriormente, a movilización, comunicación y
transporte, es decir, accesibilidad.
Por mi parte, quedo a su disposición, señorías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Cristina Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias a la señora Secretaria General
por su comparecencia y por su promesa de enviar el documento del plan,
que creo va a ser de mucha utilidad para los parlamentarios de esta
Comisión.
Como ya he expuesto en el primer momento, éste era un proyecto
consensuado que estaba elaborado con la participación de las ONG, de los
municipios, de las comunidades autónomas, que fue dos veces a la
Conferencia sectorial en etapas anteriores y no pudo aprobarse debido a
que no se terminaba de concretar la aportación económica. Si bien,
sumando las cantidades que figuraban en los Presupuestos Generales del
Estado en torno a políticas de atención a personas con minusvalía,
existía una cuantía en los presupuestos, sin embargo, las comunidades
autónomas valoraban específicamente que hubiera una cuantía nueva
destinada a la puesta en marcha del plan.
Por fin se aprobó. El Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 lo
valoró positivamente y lo remitió a la Conferencia sectorial y ésta, en
su reunión de Santander, que ya se ha citado, lo aprobó. Se habló de un
presupuesto para 1997 de 400 millones de pesetas. Esos 400 millones de
pesetas, por lo que dijo en su momento la Secretaria General, se
incluyeron en el presupuesto de 1997 y por lo que ahora nos explica se
han destinado a la puesta en marcha de esos 53 proyectos, de los cuales
hay 3.000 beneficiarios. Me gustaría concretara un poco más qué parte de
esos 400 millones se ha destinado ya y qué parte queda para su desarrollo
de aquí a la finalización del año 1997.
Así mismo, desearía saber, dada la importancia que se le ha otorgado a
que hubiera una cobertura presupuestaria específica, además de ver si se
van a gastar en su totalidad esos 400 millones --las prioridades se nos
han explicado--, si hay para años sucesivos una previsión de cantidades
en torno a ello, porque las competencias en su mayoría están
residenciadas en las comunidades autónomas y, por tanto, es lógico que
haya habido un acuerdo en la Conferencia sectorial para que cada
comunidad autónoma priorice las políticas en su territorio, de acuerdo
con sus necesidades y previsiones presupuestarias. Por consiguiente,
habrá que ver --a través de la comisión de seguimiento que se ha aprobado
y puesto en marcha en la conferencia sectorial-- cómo se coordina la
disponibilidad presupuestaria de esos 400 millones con las cantidades que
cada comunidad autónoma aporte. Por ello, será bueno poder ver cómo se
han puesto en marcha esos 53 proyectos en las distintas comunidades
autónomas y qué cuantía económica representan. Supongo que eso también
figura en el documento que nos ha traído la Secretaria General.
Valoramos muy positivamente el aumento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en cuanto a que haya 150 millones más para las personas
con minusvalía. Ciertamente se recaudaron más de dos mil y pico de
millones en el IRPF para el 0,5 y, por tanto, ha sido bueno que haya
repercutido en las personas con discapacidad.
En cuanto a las políticas concretas sobre las grandes áreas, el ámbito
primero es el de la prevención de la primera parte del plan. Me gustaría
nos pudiera decir algo más sobre algunos de los temas que están generando
últimamente más problemas, sobre todo, entre la juventud, como son los
programas de seguridad vial, de prevención de accidentes de tráfico y los
de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya
que sobre todo el primero de los citados está generando un gran aumento
en las minusvalías, físicas en su mayoría, pero que son de verdadera
gravedad y además se producen en grupos de jóvenes, esto es, a edades
tempranas. En cuanto al segundo aspecto, el de la rehabilitación, me
parece bien lo que se dice de la reorganización de las prestaciones.
Quizá era un tema que se venía debatiendo y es bueno que se reorganice
para ser más eficaces.
Respecto a la integración y la educación especial, nos aporta la novedad
de la posibilidad de que no exista barrera de edad. Quisiera que
profundizara un poco más en ello para poder ver cómo se va a desarrollar
en el futuro esta idea que es muy positiva.
En el aspecto de la integración económica, del empleo, hemos insistido
--y creo que todas las personas responsables en esta materia-- en la
necesidad de adecuar la formación a las necesidades del mercado de
trabajo en la zona correspondiente. En este sentido es muy interesante
que al ser las comunidades autónomas las que están directamente
involucradas en la integración de las personas con minusvalías, puedan
insistir en una adaptación de la formación a las necesidades de empleo en
la zona, porque hay casos de minusvalías físicas en los que es
relativamente fácil la integración, muchas veces con las nuevas
tecnologías. Ahí hay una barrera extraordinaria que se supera con la
utilización de las nuevas tecnologías. También he de decir que está dando
extraordinarios resultados la integración de personas con minusvalías
psíquicas, una vez estudiada su situación y vista la formación adecuada
que ha de darse a cada una de ellas y las posibilidades de empleo que hay
en la zona. Por eso es muy beneficioso que el plan priorice este aspecto
y pueda avanzar en este sentido.
En cuanto al punto último, el de integración comunitaria y vida autónoma,
es importante la coordinación entre las distintas comunidades autónomas.
Y respecto al tema de programas de accesibilidad, ya hemos hablado con
anterioridad.
Querría profundizar algo más en el aspecto al que se ha referido de dos
novedades que estaban ya como previsiones, pero que no se habían
desarrollado en cuanto a la creación del consejo estatal de personas con
discapacidad. Creo que puede ser un consejo que venga a sustituir al
Comité rector que existe en la actualidad, que ha venido trabajando a lo
largo de los años y ha colaborado activamente en la elaboración del plan.
Es una vieja aspiración de las ONG para personas con minusvalía que se dé
curso a la creación de ese consejo estatal.
También es positivo el observatorio de la discapacidad para ver cómo van
teniendo incidencia los programas europeos como Helios y Horizont, pero
igual de importante es conocer cómo incide la educación, y la educación
especial que sé que está contemplada en ese observatorio. Desearía se
profundizara un poco más.
Con respecto a las necesidades, a cómo se plantean las demandas de los
colectivos de discapacidad, sigue siendo prioritario el tema económico
con gran distancia sobre el resto de las necesidades, y luego todo lo que
es la información sobre temas relacionados con las minusvalías: la
asistencia sanitaria y la rehabilitación, vivienda, empleo y ocupación
profesional y ocupacional.
Hay, además, una serie de preguntas sobre la integración a través del
empleo, pero querría que en esta comparecencia sobre el Plan se
profundizara algo más sobre la discapacidad relacionada con el paro y a
todo lo que se ha aludido que está relacionado con el registro de
trabajadores con minusvalías. Todo eso forma un conjunto porque el hecho
de que no exista una estadística fiable en temas relativos a las personas
con discapacidad hace que sea especialmente difícil valorar qué aumento,
qué disminución o qué situación hay en cuanto a las personas con
minusvalías que puedan encontrarse en el paro.
Sería interesante que pudiera profundizar un poco más respecto a qué
criterios se van a seguir para ese muestreo o ese trabajo que se va a
impulsar para que lo lleve a cabo el Instituto Nacional de Estadística,
porque también tendremos que valorar hasta dónde se considera que existe
una minusvalía y cuándo no, ya que hay minusvalías muy menores que pueden
generar una situación estadística que no se corresponda con la realidad
sobre lo que es verdaderamente la situación de personas con minusvalía.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos quieren hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió la señora
Amorós tiene la palabra.
La señora AMOROS I SANS: Muchas gracias, doña Amalia, ahora así que la
voy a llamar Secretaria General, ya me lo he apuntado para no olvidármelo
más.
Tengo que decirle que yo no he recibido todavía el informe sobre la
conferencia sectorial, pero después de su intervención tengo que
felicitarla y felicitarnos a todos de que cuente con las comunidades
autónomas, ya que, al fin y al cabo, es donde residimos todos y cada uno
de los ciudadanos del Estado español y por esa razón cada uno conoce más
lo que les duele en su tierra.
A mí me preocupan cuatro puntos. En lo que se refiere a la rehabilitación
y a la promoción del empleo, en todas las reuniones que yo he tenido con
las ONG que se dedican a su aglutinado y a su solidaridad, éstas indican
que uno de los problemas que tiene el colectivo de discapacitados es el
de la formación. Hay muchos discapacitados que no tienen formación
adecuada para poder acceder a un lugar de trabajo, pero, aparte de todo y
a causa de los accidentes de tráfico de que estábamos hablando antes, o
de los accidentes laborales, hay otra parte del colectivo que teniendo
una formación o teniendo una capacitación ocupacional, la pierden, con lo
cual mi pregunta sería si en esta Conferencia sectorial han hablado sobre
la adecuación, a través de una nueva formación, de los lugares de trabajo
o de unas expectativas de empleo para estos colectivos.
También quiero preguntarle si dentro de esta Conferencia sectorial y en
el mismo ámbito de la producción de empleo han tenido en cuenta a las
pequeñas empresas, a estas pequeñas empresas que en muchos casos se
sentirían muy solidarias al tener a un trabajador discapacitado, pero el
primer problema que tienen es adecuar su pequeña industria, su pequeño
despacho o su pequeño taller o su tienda a las necesidades de estos
ciudadanos. Me gustaría saber si hay algunas partidas presupuestarias,
porque desgraciadamente los reales son muy importantes, para poder
conseguir que no sólo se sea solidario, sino que, además, se ponga la
primera piedra para que se puedan reconvertir estas empresa y den un
lugar de trabajo, teniendo en cuenta que los pequeños empresarios o las
pequeñas empresarias somos muchas veces las que damos un trabajo mucho
más estable.
También me gustaría saber si dentro de esa Conferencia sectorial han
tratado el tema de la autoocupación. Este colectivo de los discapacitados
puede muy bien se generador no solamente de su empleo, sino que también
puede proporcionar un puesto de trabajo a otros ciudadanos y ciudadanas.
Otra cuestión sobre la que me interesaría que hicieran alguna referencia
más son las cooperativas.
Me gustaría entender en todo esto, doña Amalia, que no solamente se hacen
políticas de ayuda o de cooperación, sino también de autoestima y de
autoafianzamiento ante una realidad. Todo el mundo tiene unas
limitaciones y hay que aceptarlas, y no relegar a unas ciudadanas y a
unos ciudadanos solamente a ser valedores de empleo.
En cuanto a todo lo que es el observatorio del discapacitado e hilvanando
con lo que ha dicho nuestro Presidente, yo me pregunto si dentro de este
observatorio podría haber un teléfono abierto, sin que hiciera las veces
de un defensor, pero al que pudiera llamar cualquier ciudadano o
ciudadana que viera un problema arquitectónico, funcional en nuestras
ciudades o en nuestros edificios públicos y así poder remediarlo.
Nada más, señora Secretaria General, sólo queda agradecernos a todos que,
de una vez por todas, trabajemos unidos para hacer que todo este
colectivo se sienta muy bien, se sienta representado y se sientan iguales
unos a otros, aunque unos son más iguales que otros, pero que intentemos
que todos sean iguales. (La señora Almeida Castro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: La señora Almeida tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Vengo a sustituir al compañero Ricardo Peralta,
y aunque sea una osadía por mi parte porque no he escuchado la
intervención, en cualquier caso, quiero decir que es un plan que afecta a
una ciudadanía que está necesitada de una especial protección y cuyas
preocupaciones compartimos. El avance de un país, lo hemos dicho muchas
veces, se ve siempre por cómo se trata a la gente que más lo necesita, y
un país de verdad será moderno y avanzando cuando toda la gente entienda
que no hay barreras ideológicas ni materiales de ningún tipo, y que sobre
todo la sociedad se corresponsabiliza de esa discapacidad que nunca
sabemos en quién está, si en los que la sufren o en los que no saben
comprenderla y evitarla.
Por tanto, en el plan que sé que nos ha explicado expresando la necesidad
de que se tomen estas medidas con urgencia, nosotros queremos también
participar de ese consenso y de esa capacidad de apoyo a todas esas
medidas que sirvan para hacer más viable la vida de estas personas.
Por eso quería hacer uso de la palabra, para mostrar nuestro apoyo a
cualquier decisión que se tome para llevar adelante este plan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene ahora la palabra el señor
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Bienvenida, una vez más, nuestra Secretaria
General. Muchas gracias por su exposición y, como no podía ser de otra
manera después de oírnos todos, también estoy contento de que se haya
puesto este plan en marcha, un plan que es de todos, como todos nos
encargamos de destacar. Esto es fundamental para afrontar un problema
social que, además, es creciente y que cada vez requiere más atención de
toda la sociedad, porque va a seguir incrementándose el número de
discapacitados por el propio avance de la ciencia, por el mayor control
del seguimiento de la natalidad y por la mayor esperanza de vida, con lo
cual a todos nos conviene adoptar las medidas necesaria. En tal sentido y
como siempre, hay que decir que, aunque en este momento hay un 15 por
ciento de discapacitados y que alrededor de un 7 por ciento de la
población padece alguna minusvalía, es verdad que potencialmente todos lo
somos. Por tanto, todos tenemos que cuidar y proteger a la gente que
tiene algún tipo de deficiencia, porque en estos últimos tiempos y debido
al incremento de los accidentes laborales y al incremento de los
accidentes de tráfico, la posibilidad que tenemos de presentar este tipo
de atención es cada vez mayor. Este plan va en este sentido y tiene per
se, al estar consensuado, una concepción y una filosofía positiva, que a
efectos de coordinar, tiene que servir par ser una constante dentro de
cualquier marco y de cualquier innovación que quieran hacer organismos
públicos y privados que estén interesados en este tema.
Me parece muy interesante que ya en el primer presupuesto hubiera una
partida de 400 millones y que, como bien he indicado, se incrementara la
parte del IRPF a este segmento de la población. Eso significa algo que es
vital. Llevamos mucho tiempo empecinados en hacer un plan, pero los
planes tiene que tener su memoria económica, tienen que tener su
presupuesto y tienen que tener su concreción en fechas y en dinero. Por
eso nos felicitamos, al igual que nos felicitamos porque las prioridades
sean por comunidades. Todos hemos dicho que todo ciudadano vive en un
sitio, está ligado a algún sitio, y tienen que ser las comunidades donde
se está las que den cobertura a esas prioridades porque las conocen
mejor.
Los planes sectoriales para estar bien hechos tienen que contemplar, como
es lógico, medidas de prevención, y ello es importante porque previniendo
siempre sale mejor que teniendo que invertir posteriormente en reparar.
Creo que todo lo que sea política de prevención debe seguir en la línea
que ha indicado la Secretaria General.
En cuanto a los programas de rehabilitación, igualmente es absolutamente
necesario buscar una mayor eficacia; hay que buscar eficacia a los
siempre escasos recursos de que disponemos.
Respecto a integración y educación especial, quiero decir que, al igual
que en el siguiente punto que ha tocado, de fomento de empleo, debemos
hacer un especial énfasis porque, cuando lo analizamos, nos damos cuenta
de que son dos problemas básicos. De partida, tenemos un problema de
educación desde la infancia que se va a trasladar y arrastrar a lo largo
de toda la vida. Entonces, hay que hacer un estudio muy profundo, hay que
dedicar muchos recursos para que no se eleven tanto los porcentajes de
prácticamente ninguna formación, que es del 54 por ciento, por lo cual es
difícil acceder al empleo, sobre todo a algún tipo de empleo que tenga
cualificación, para que los empleos a los que se accede no tengan que ser
todos sin cualificación y los más bajos.
El fomento del empleo va unido a esto y, por eso, hemos hablado de las
dos facetas juntas. La formación en toda su cadencia, como se está
haciendo últimamente, como siempre se ha planteado teóricamente, tiene
que seguir a lo largo de toda la vida del trabajador, como un trabajador
más. A fin de cuentas, las necesidades de las personas con discapacidad
no son distintas a las de cualquier otro segmento de la población:
educación, formación, encontrar empleo y formación permanente;
simplemente hay que poner un apoyo en la formación, un apoyo en el
empleo, para que sea realidad esta igualdad de oportunidades.
Por último, respecto a la integración comunitaria, estoy muy contento de
que no se hable solamente del acceso a la calle, a la vivienda, sino del
acceso a vivir, del acceso a todo, a un parque, a un cine, al ocio en
general, en las mismas condiciones y no en sitios especiales. Esto me
parece muy importante, porque igualdad es eso, que se tengan los mismos
derechos. Hay que intentar igualar las casi todas ilegales ciudades,
porque entre bordillos y dificultades para los lugares públicos y
privados no acabamos de hacer real lo que las leyes dicen. No hay que
olvidar que el 86 por ciento de las viviendas no tiene accesibilidad para
las personas con discapacidad que viven en ellas.
En cuanto a una comisión de seguimiento con un presupuesto propio, una
vez más, es indicativo de una filosofía que compartimos totalmente,
porque solamente de esa manera hay un real compromiso para que se
desarrolle primero el plan de acción interviniendo las ONG y las
asociaciones en general. También hay algo que ha indicado, y luego ha
repetido, que consideramos fundamental en la doble vía; una, que en las
estadísticas normales que confeccione el Instituto Nacional de
Estadística se recojan las diferencias y no hacer unas específicas que
comportan un coste impresionante. Haciéndolo de manera habitual,
ahorraremos mucho y tendremos datos para poder estudiarlos luego, lo que
hoy en día es casi imposible. Si tuviera que buscar alguna pega a este
largo período de incubación del plan, sin duda sería que en 1997 tenemos
que hacerlo con datos de 1986 y que las encuestas de necesidades datan de
1987-1988. Con lo que ha cambiado esto en los últimos diez años y con la
dinámica que lleva la vida de hoy, esto no es lo deseable. Tenemos que
aprovechar la tecnología, aplicarla a este tema, como a todos los demás,
y tener un censo permanente e individualizado de la situación.
Estoy de acuerdo con los intervinientes en que el consejo estatal de
personas con discapacidad es muy importante, como es muy positivo que las
comunidades autónomas estén siempre integradas en él.
El acuerdo de empleo con el Cermi, que ahora está en trámite, me parece
un buen acuerdo. Desearía que los agentes sociales lo apoyaran porque
pienso que es la vía. Desde el Gobierno, se está dando oportunidad a que
los afectados sean los que opinen sobre todos los temas. Tiene que ser
así y creo que en el Cermi están muy ilusionados con la revisión de
cuotas, la integración, la formación, con todos los temas que ellos
mismos han puesto sobre la mesa, que no tiene que atribuírselos nadie;
como son los que quieren, hay que ponerlos en marcha, y con este espíritu
seguimos. También creo que es bueno el observatorio de la discapacidad y
entre todos tendremos que buscar la manera de que sea efectivo.
Sobre que se consiga más presupuesto para el año 1998, ojalá. Estoy de
acuerdo con la última intervención, creo que la sociedad se mide por lo
que se gasta y se invierte en los más débiles. Creo que tenemos que hacer
todos un intento para que así sea y estoy seguro de que se hace por parte
de todos. Es fundamental que se colabore con el INE. Como he dicho antes
nunca vamos a tener posibilidad de encontrar soluciones mientras no
tengamos estos datos. Además, quiero dar otra felicitación por la
separación que se va a hacer entre las pensiones de minusvalías y las de
jubilación, que suponen más del 50 por ciento del total. Tenemos que
encontrar, a través del conocimiento real de los datos, cuál es el coste
y cuánto tenemos que invertir. Por último, la colaboración con el INEM me
parece absolutamente necesaria. No se puede hacer de forma generalizada
ni en las zonas ni en las propias discapacidades. Creo que es un éxito
que cada vez más y al ritmo que se pueda, se vayan individualizando para
que el INEM pueda saber qué tipo de trabajo puede hacer cada cual, porque
se puede tener una minusvalía para un tipo de trabajo, pero ninguna para
otro, y eso solamente se puede conocer teniendo los datos actualizados.
En consecuencia, acabo felicitándola de nuevo y felicitándonos a todos
por poder dar el primer paso en la puesta en marcha de este plan bueno y
deseado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Secretaria General de Asuntos
Sociales.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Quiero
agradecer a todos los portavoces, como no podía ser de otra manera, no
sólo la cortesía sino el espíritu constructivo, que es bueno porque, como
he repetido y no me cansaré de hacerlo, lo que menos le preocupa al
Gobierno y al departamento es el copyright y la denominación de origen
sino que se vayan mejorando muchas otras y haciendo otras.
En respuesta a la portavoz del Grupo Socialista, señora Alberdi, le paso
otra hoja a usted y a toda la Comisión, porque la cantidad que se ha
destinado se acordó en grupos de trabajo con todas las comunidades
autónomas, y ahí están los porcentajes y el presupuesto total, hasta 400
millones, con los programas. Es esta misma comisión la que está evaluando
los programas. Es decir, cuando se decidió la cantidad, no solamente
estaban en razón del número estimado de personas con discapacidad sino
también de las propuestas de programas a desarrollar.
Tengo que decirle que la comunidad autónoma con el coeficiente más alto
de porcentaje es Andalucía, casi con un 20 por ciento, 19,82, seguida de
Cataluña, Valencia y Madrid. La redistribución se ha hecho de acuerdo con
el censo aproximado de las estimaciones de las que hablaba mi compañero
portavoz del Grupo Parlamentario Popular; repito, por consenso y
unanimidad de todas las comunidades autónomas. Le paso la hoja también al
señor Presidente, con mucho gusto.
Se ha hecho la distribución de la cuantía fijada en los Presupuestos
Generales del Estado, pero habrá que esperar a final de año para ver el
grado de desarrollo de los programas, porque la idea que tenemos, desde
el consenso con las comunidades autónomas, es que haya anualmente una
evaluación de los programas que se proponen para ese año. Es la única
manera no de ver los cumplimientos y los incumplimientos sino de ver las
necesidades de modificación y de actualización, porque hay programas que
se diseñan pensando que van a tener mucha demanda desde la propia
comunidad o desde el Estado y, luego, te encuentras con que lo que quiere
el movimiento asociativo es otra cosa. Por tanto, repito, a final de año,
la misma condición de seguimiento hará una evaluación con las comunidades
autónomas y, con muchísimo gusto, vendré a esta Comisión o les haré
llegar el informe, según lo estimen oportuno sus señorías.
Sobre la cuantía económica, señoría, estoy convencido de que no menor de
la que ha tenido este año, porque conozco el compromiso y, por supuesto,
porque entiendo que la única forma de seguir avanzando es ésta. Usted lo
decía, no solamente en este dinero, que es un dinero de reequilibrio, de
impulso, sino el propio dinero de las comunidades.
Además, lo mismo que el año pasado, en ese incremento del IRPF, el
Gobierno pensó que el sector de personas con discapacidad y los mayores
tendrían que ser los principales beneficiarios, este año, de nuevo, las
personas con discapacidad tienen que estar en puestos muy altos en lo que
es el porcentaje del IRPF. ¿Por qué? Porque es la forma complementaria de
seguir desarrollando el plan sobre el pilar de la sociedad.
Respecto a la prevención, usted se interesaba por dos tipos de programas,
los programas en colaboración con Tráfico sobre seguridad vial y
accidentes, y luego en el ámbito de lo laboral. Como SS. SS. saben, ya se
está trabajando con Tráfico en el ámbito de los programas de seguridad
vial no sólo desde la propia Secretaría General sino también y muy
específicamente desde el ámbito del Instituto de la Juventud por la
vinculación que tienen los accidentes de tráfico con consumo de alcohol.
En este sentido, es el propio Consejo de la Juventud de España, y don
Ricardo Tarno, el que está llevando a cabo unas reuniones de trabajo con
los demás institutos de la juventud de las comunidades autónomas, porque
pretendemos que sea un trabajo en dos sentidos. Por una parte, la
sensibilización y, por otra, lo que podríamos llamar campañas de
prevención que, aunque las desarrollen los institutos, tienen que tener
como medio fundamental de difusión el ámbito escolar, porque como ustedes
saben muchos de estos accidentes no tienen lugar sólo en coches, sino que
cada vez son más los ocasionados en motos. Estamos en ello, y tengo que
reconocer, porque es de justicia, la gran colaboración que, sin afán de
protagonismo, está prestando Tráfico, y eso lo facilita. Respecto a los
accidentes en medios laborales, en el ámbito de la Secretaría General de
Empleo ha habido recientemente unas jornadas que tratan de plasmar lo que
han sido los aspectos saludables de la reforma del mercado laboral. Mi
compañero, don Manuel Pimentel, con muchísimo gusto podrá explicitarlo
más. En este caso se está hablando de hacer, no un estudio, sino una
estadística de cuáles son los trabajos donde hay más riesgo de accidentes
y también cuáles son las causas. Porque se están detectando accidentes en
tipos de trabajo en los que no se daba esa gran incidencia. Eso es
importante también, porque conforme va pasando el tiempo aparecen nuevas
realidades que hay que estudiar para poder prevenirlas.
Ha sido bueno adecuar las prestaciones de los centros, sobre todo de los
CAMS y CRMF, porque habían tenido una andadura que cumplió una misión;
pero en este momento no se trata sólo de la asistencia, sino de completar
las redes locales autonómicas, incluso los centros de las propias
organizaciones no gubernamentales, y adaptarlo. Por ejemplo, nos sigue
pareciendo importante que haya centros estatales de esta naturaleza. ¿Por
qué? Porque nos permite redistribuir necesidades y carencias de
comunidades autónomas. Posiblemente, y en ello estamos, habría que
vincularlo cada vez más a modo de hipótesis al plan concertado de
servicios sociales, porque vemos que en los servicios sociales básicos
existe una información sobre personas que llega más tarde a los servicios
especializados. Ese es otro de los campos que estoy segura que entre
todos podremos mejorar.
Respecto a la educación especial, tengo que reconocer públicamente la
colaboración de Eugenio Nasarre. No es competencia, como SS. SS. saben,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero sí es obligación moral
trasladar experiencias no sólo de otras personas, sino de los que hemos
sido docentes, que demuestren que un niño con 16 años con síndrome Dawn
profundo es imposible que pueda dar por terminada lo que es su etapa de
formación. Nos encontramos con niños autistas con 25 años para los que
tampoco se puede fijar cuál es la edad obligatoria. Su señoría sabe muy
bien que no es fácil decir que vamos a sacar una ley en 25 días. ¿Por
qué? Porque no todos los tipos de discapacidad demandan el mismo tipo de
atención. También hay que adecuar, como SS. SS. saben, los catálogos
universitarios de titulaciones y especialidades a lo que debe ser una
política de educación, que no sólo sean los tramos de educación, sino
también la idoneidad de las personas que tratan. En ese sentido, los
primeros contactos con Educación han sido muy positivos, y quiero
agradecerlo porque no es mérito nuestro, sino del departamento del señor
Nasarre.
En cuanto a empleo, estoy totalmente de acuerdo en adecuar las
necesidades de formación, y no sólo eso, sino de evitar y tratar de que
no se dé la realidad de centros impartiendo cursos de formación donde hay
barreras arquitectónicas, que impiden el acceso de los propios formados.
Es una realidad que está ahí. En ese sentido, va a haber un acuerdo de la
Secretaría General de Empleo con el Inem para que las entidades que
impartan cursos de formación no tengan barreras en sus espacios. Hay
sitios donde hay barreras y se está dando formación en una segunda
planta. En cuanto a las minusvalías físicas, totalmente de acuerdo.
También existe una experiencia muy cerca de aquí que visité
recientemente, que llevan jubilados de Iberia con misnusválidos
psíquicos, y estoy segura de que SS. SS. lo conocen, y está en estrecha
colaboración con el Ayuntamiento. Están haciendo extracción de material
de plomo y de plata de utensilios de tecnología electrónica que ya no
sirven. Es un empleo rentable, primero porque el material de desecho que
recuperan es valiosísimo y, segundo, porque se permite crear un empleo
normalizado con sus cuotas a la Seguridad Social.
En cuanto a la integración comunitaria, estoy de acuerdo. El Comité
rector, como sabe S. S., ha cumplido una misión importante. Esperamos que
a final de año pueda funcionar el consejo estatal. En cuanto al
observatorio de la discapacidad, es clave ver cómo incide la educación.
Como les decía, tenemos que cruzar varios datos: sanitarios, educativos,
laborales y asistenciales. Después de las campañas de sensibilización,
los más fáciles van a ser los educativos; los sanitarios no, porque a
pesar de las campañas de prevención que se hacen, sigue siendo muy bajo
el número de personas que se ocupa por conocer la posibilidad de riesgo.
Se necesitaría sobre todo la colaboración de los ayuntamientos en
campañas de sensibilidad, porque vemos que hay mucha prevención con
respecto al niño ya nacido, pero no con respecto al niño no nacido. En
ese sentido, es muy importante hablar no sólo de las enfermedades
crónicas, sino de otras enfermedades de las que
normalmente se desconocen las secuelas que puedan tener, como una gripe o
enfermedades habituales, que no tienen que ver con las específicas.
Demanda de los colectivos: las económicas y la información sobre
minusvalías. También estamos trabajando en ello, incluso se estaba
trabajando en el Imserso. En este momento no sé como está el tema, porque
se está haciendo un análisis de los baremos de discapacidad con las
comunidades autónomas. Su señoría sabe que no hay acuerdos --me dirijo a
la señora Alberdi porque la iniciativa es suya, pero la información es
también para todas SS. SS.-- o hay una especie, no de polémica, pero sí
desacuerdo, y creo que es sano, en cuanto a los criterios que se aplican.
Los porcentajes no pueden ser los mismos en función del tipo de
minusvalía, y usted lo decía. En este momento se está abordando desde el
Imserso con las comunidades autónomas, pero no se lo puedo decir. Si
tienen interés, con mucho gusto se lo mando por escrito o comparezco otro
día.
Es verdad que los colectivos demandan mucho, y entro en lo que decía el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sobre la preparación para la
normalización que es la sensibilización y la prevención. La normalización
viene después en el empleo. Hay que reconocer que se ha avanzado mucho en
las prestaciones, sobre todo a partir de la Lismi, y no tanto en el
empleo. Tenemos que reconocer públicamente que el 2 por ciento no se
cumple por lo que respecta a las empresas públicas y tampoco el 3 por
ciento por lo que respecta a las privadas. Lo que tenemos que plantearnos
es qué es lo que pasa para que no se cumpla. Posiblemente que los
requisitos no están bien puestos. La señora portavoz del Grupo Catalán se
refería a que las empresas pequeñas, al final, son las que admiten más
personas con discapacidad leve. En el ámbito de lo que debe ser el
análisis con los agentes sociales, habrá que proceder a una valoración de
por qué no se ha cumplido el 2 por ciento o al menos no se ha cumplido
como desearíamos y como es necesario.
La relación de discapacidad-paro, ustedes la conocen. Es verdad que se
está produciendo un acceso cada vez mayor de personas con discapacidad,
pero el paro afecta sobre todo a jóvenes, a mujeres y a personas con
discapacidad. Sigue siendo el reto de tres colectivos para acceder a la
igualdad de oportunidades, no en la ley, que ya la tenemos, sino en la
realidad, que es donde estamos más lejos.
Respecto a los criterios para el muestreo con el Inem, estamos buscando
una fórmula para hacerlo, porque una encuesta en regla costaría 300 ó 400
millones de pesetas. Eso lo saben sus señorías. ¿Qué es lo que queremos
hacer? Como es algo de lo que se van a beneficiar todas las comunidades
autónomas, primero, plantear cuáles son los vectores que necesitamos
saber inmediatamente. Segundo, ver, cruzando datos, qué panorama tenemos
de la realidad que se detecta. Y tercero, imaginamos que eso está ahora
mismo en elaboración, estudiar con el INE qué cuadritos se podrían
introducir en los impresos normalizados para que, como decía el portavoz
del Grupo Popular, no fuera una encuesta específica, sino que estuviera
incluida dentro de las encuestas normales. Por ejemplo, en los censos de
población de ayuntamientos sólo se indica si vive una persona
discapacitada, pero no dice qué años tiene, si tiene trabajo, si no lo
tiene. Es decir, mejorando los mecanismos que ahora tenemos, podríamos
ver qué es lo que se podría hacer.
Quiero dar las gracias por el espíritu constructivo, que para mí es muy
importante, por lo que significa de que las políticas de solidaridad son
políticas de todos. También quiero dar las gracias a la señora
representante de CiU porque habla de un tema que apenas he tocado y es
muy importante, como es la nueva formación después de un accidente. Es
verdad que tenemos cursos de formación genéricos o específicos, pero
también es verdad que es más difícil reubicar a una persona después de un
accidente de tráfico, porque en la mayoría de los casos no puede volver
al tipo de trabajo que tenía. Este es un tema que trataremos y
estudiaremos. Se está haciendo, pero no con la intensidad que requiere el
tema, y, por otra parte, también es verdad que muchos de los chicos, si
son jóvenes, no tienen trabajo, con lo cual se trataría de readaptarlos,
pero no con el trabajo que tenían, sino para la formación que habían
recibido. Luego habría que trabajar en dos niveles y con mucho gusto
insistiremos en eso.
Respecto a las pequeñas empresas y los requisitos legales, ya le he dicho
en lo que se está trabajando que, repito, no será un acuerdo del
Gobierno. El Gobierno lo que ha hecho, y muy concretamente el Ministro de
Trabajo que fue del que partió la idea el día 3 de diciembre de 1996, es
crear un foro donde el Cermi manifiesta lo que es su valoración sobre la
situación en que se encuentra el posible acceso y mantenimiento del
puesto de trabajo para personas con discapacidad. Lo único que ha hecho
el Ministro de Trabajo --y ha sido un tema que ha llevado él
personalmente-- ha sido ver cómo hacía el diagnóstico el Cermi. Ahora
serán los agentes sociales, la propia sociedad, la que vea de qué manera
se plasma eso en mejora de las condiciones.
Indudablemente, repito de nuevo, cada comunidad autónoma tiene una
situación distinta. Por ejemplo, las empresas de inserción son un modelo
que en la mayor parte de las comunidades españolas está poco
desarrollado. Por ejemplo, existen modelos de cooperativas, pero en
algunas partes de España con un número pequeño de personas. Eso les da
mucha vulnerabilidad, porque las ofertas de trabajo que presentan --y
entro un poco en lo que decía el portavoz del PP-- no es lo que demanda
el mercado. Por ello hay que hacer un estudio, y no sólo de las fórmulas
en el aspecto jurídico y laboral. En ese sentido esté usted tranquila que
estamos trabajando en ello.
El autoempleo es una fórmula en la que está trabajando el Director
General de Economía Social, don Celestino García Marco. Lo está haciendo
en estrecha colaboración con la Dirección General de Acción Social. En
concreto, en el CES hace unas semanas tuvieron lugar unas jornadas
precisamente sobre autoempleo, empresas de inserción y rentas mínimas. Me
parece que lo inauguré el martes y se clausuraba el jueves. Es decir, se
está trabajando, aunque usted sabe muy bien que el autoempleo en relación
con las personas con discapacidad es muy difícil porque, sobre
todo, hasta ahora el propio sector va hacia empresas que se constituyen
con facilidad, pero que se caen también con la misma facilidad. Es una
fórmula por estudiar y sé que se está haciendo en esa Dirección General.
Por último, el teléfono vinculado al observatorio del discapacitado.
Señoría, no habíamos contemplado lo del teléfono vinculado al
observatorio de la discapacidad. Lo mismo que le he dicho que en el tema
de censo estamos pensando en relacionar plan concertado con estadística,
también en lo que podía ser un teléfono de comunicación queremos mejorar
la información especializada que se da en los centros básicos de
servicios sociales. Los teléfonos que existen en este momento y funcionan
muy bien son el de la mujer, el de la infancia, pero en el tema de la
discapacidad, donde hay un apartado específico abierto en las propias
oficinas de defensores del pueblo, en las propias confederaciones y en
los ayuntamientos, podríamos ver cómo es más rentable siendo más barato,
porque lo importante no es crear instrumentos, sino ver si el coste está
relacionado con la rentabilidad que produce. Por eso le digo, señoría,
que ese tema no lo habíamos abordado, pero lo estudiaremos, aunque cada
vez estoy más decidida a utilizar los centros básicos de servicios
sociales, que es una red --y lo tenemos que compartir todos-- tan
importante como la educativa, tan importante como la sanitaria, y que
puede producir una información a partir de la cual se tomen decisiones.
Quiero dar las gracias a la portavoz de Izquierda Unida Cristina Almeida.
En este tema es mucho menos importante la polémica que se puede generar
(salvo que no hubiera presupuestos y se hicieran mal las cosas, pero yo
creo en la buena voluntad de todo el mundo) que lo que debe ser una
política de puntos de encuentro para impulsar y apoyar. A base de
iniciativas vuestras me pueden caer presupuestos, y a veces de
presupuestos míos (y cuando digo míos quiero decir del departamento; míos
son muy pocos los que pueden ir, salvo la petición de la minusvalía de
obesidad para subir escaleras) se beneficia el colectivo.
Al portavoz del Grupo Popular quiero darle las gracias por su
intervención y decirle que, indudablemente, ha dado usted en el quid
cuando se ha referido a las bases de los datos estadísticos. Precisamente
por eso, una de las líneas prioritarias va a ser elaborar, actualizar y
mejorar lo que pueden ser los instrumentos que hay y los que haya.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADES, DEL GRUPO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO),
SOBRE VALORACION DEL SISTEMA DE ADAPTACION DE LA ESTACION DE SANTS, DE
BARCELONA, PARA DEFICIENTES VISUALES A TRAVES DE INTERCOMUNICACION.
(Número de expediente 181/000408.)
El señor PRESIDENTE: Concluidas las comparecencias,vamos a entrar en las
preguntas. Como ya hicimos en la última reunión de la Comisión, ruego a
los señores Diputados que se atengan a los tiempos previstos en el
Reglamento, y si no los agotan mucho mejor.
Punto tercero: Pregunta del señor Campuzano i Canadés, que va a ser
formulada por doña Mercè Amorós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
sobre valoración del sistema de adaptación de la estación de Sants, de
Barcelona, para deficientes visuales a través de intercomunicación.
Tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: En julio de 1995, el arquitecto técnico
encargado de proyectos de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas de Renfe informó de un proyecto de adecuación de la
estación de Sants a las necesidades de usuarios con deficiencias
visuales. Este proyecto estaba totalmente centrado en la ubicación,
dentro de la estación, de una serie de intercomunicadores que, activados
mediante un mando a distancia, habían de informar al usuario sobre su
localización y la manera de acceder a las diferentes instalaciones de la
estación, así como ponerlo en contacto con la oficina de atención al
viajero, si así lo deseaba.
Las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas con deficiencias visuales se
brindaron ya en marzo de 1994, y antes del inicio del proyecto técnico, a
colaborar con Renfe en la realización de este proyecto, aportando
alternativas a los intercomunicadores que, no estando suficientemente
experimentados, eran de elevado costo económico.
A pesar del ofrecimiento de los representantes de las asociaciones, la
supresión de barreras arquitectónicas para deficientes visuales y ciegos
se llevó a cabo sin tener en cuenta las valoraciones de estos usuarios.
Por este motivo, y aun siendo conocedores de que en la fecha de puesta en
funcionamiento del sistema su Gobierno no ostentaba ninguna
responsabilidad, sí quisiera conocer la valoración del sistema de
adaptación de la estación de Sants, de Barcelona, para deficientes
visuales a través de los intercomunicadores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Desde el
año 1993 se está desarrollando un programa de colaboración con Renfe para
favorecer la progresiva accesibilidad a las estaciones y vehículos de la
red. Entre las actuaciones llevadas a cabo en el contexto indicado,
destacan las dirigidas a promover la accesibilidad a la estación se
Sants, en Barcelona, desarrolladas en el año 1994. Precisamente pensando
en las personas ciegas se instalaron emisores de voz, consistentes en un
sistema basado en un equipo que se coloca en un lugar preciso de la
estación con la finalidad de que emita un mensaje oral cuando es
solicitado. La activación del mensaje se realiza mediante un pequeño
emisor de bolsillo a bolsillo o de mando a distancia. Esta instalación ha
sido completada en la estación de Sants con un interfono de comunicación
directa con la oficina de atención al cliente de Renfe, cuya misión
fundamental es la de ofrecer información
y ayuda ante cualquier tipo de necesidad que se requiera.
En la estación de Sants se instalaron doce puntos de referencia, también
denominados letreros parlantes, situados dos de ellos en las paradas de
taxis y los otros diez distribuidos, dos a dos, en las columnas centrales
del vestíbulo. Según informa Renfe, el contenido de los mensajes de los
letreros parlantes fue elaborado por una psicóloga invidente dependiente
de la ONCE.
La descripción funcional del equipo consiste en un cable de conexión a la
red eléctrica, entrada de micrófono para grabación de mensajes, indicador
de alimentación, indicador de activación que se elimina cuando se está
grabando o reproduciendo un mensaje y una cerradura para abrir el
dispositivo de consola. El alcance de activación es de veinte metros
aproximadamente y, por lo visto, el dispositivo de la batería dura unas
diez horas retenido el mensaje.
Estos equipos fueron utilizados por primera vez con ocasión de las
paralimpiadas Barcelona 92, y se instalaron con carácter experimental en
un servicio de atención a los viajeros en la estación de Sants en el año
1994. Los emisores de voz en la estación de Sants están ofreciendo un
servicio útil y eficaz a los usuarios invidentes, quienes en su inmensa
mayoría lo valoran positivamente. No obstante, como es habitual en los
sistemas tecnológicos innovadores, presentan algunas dificultades y
desajustes que exigen mejorar su funcionamiento y perfeccionarlos. La
firma fabricante y suministradora de este producto ha sido Ciberven, S.
A., empresa absorbida por Techicaid integrada en el grupo de empresas de
Fundación ONCE, y Renfe está negociando con Techicaid una futura
sustitución de los equipos por otros que mejoren las prestaciones,
resolviendo pequeños problemas planteados en la práctica de su
funcionamiento.
Aquí hay una carta del delegado territorial de la ONCE en Cataluña, en la
que manifiesta su acuerdo con el proyecto y afirma la utilidad del mismo.
El coste de estas instalaciones, cofinanciadas en su momento por el
Inserso, ascendió a 552 millones. Con mucho gusto, traslado esta carta al
Presidente para que se la haga llegar, porque le puedo informar de algo
ya concluido, pero con mucho gusto se la ofrezco por si la necesita.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gómez.
Señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Doña Amalia, la tecnología es muy buena y
funciona, el problema está en que los intercomunicadores son muy escasos.
No sé si usted conoce la estación de Sants, que es enorme, en la que
confluyen cantidad de trenes, cantidad de pasajeros, hay gran movilidad
de personas de un lado a otro, hay un ruido enorme. Estos
intercomunicadores no sirven, y usted ha mencionado la parada de taxis,
porque es imposible entenderse y saber dónde está uno.
Los intercomunicadores no se suministran en la misma estación, hay que ir
a buscarlos a Renfe, con lo cual un invidente que venga de fuera, que no
esté enterado de este sistema de accesibilidad a la estación, no tiene
acceso a ellos. Usted ha dicho en su comparecencia que una de las cosas
de mayor importancia es la comunicación de un lado a otro; un invidente
no puede utilizar una supresión de barreras si no lo conoce. Este
colectivo, que me hizo llegar sus quejas, daba la solución de hacer unos
suelos con distintas rugosidades para poder, simplemente con el bastón
que ellos utilizan, tener conciencia de dónde estaban.
Sé muy bien que los recursos son pocos, pero usted acaba de decir que la
adecuación de esta estación ha costado 500 millones de pesetas. Una de
las prioridades que tenemos que tener es que si los recursos son pocos
deben estar bien gastados. Creemos que doce intercomunicadores para una
estación tan grande como Sants, pudiendo haber realizado otras
alternativas más económicas y más extensibles a toda la estación, no es
hacer una buena utilización; estarían mejor gastados estos dineros si
hubieran escuchado verdaderamente a todos los colectivos de ciegos y
deficientes visuales que son usuarios de esta estación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Usted
citaba el Quijote y yo tengo que citar a un torero: lo que no puede ser
no puede ser y, además, es imposible. Quiero decir que lo que está está y
en ese sentido lo que sí le digo es que me voy a tomar todo el interés
del mundo en ver la posibilidad, en primer lugar, de mejorar esto, porque
hemos hecho una obra y resulta que hay más ruido del que se preveía y que
los puntos no están donde deben. Me voy a tomar todo el interés, como me
corresponde por la competencia del departamento, ante el Inserso, ante
Renfe y ante la ONCE. En cualquier caso, trataré de que se pongan en
contacto con la comisión técnica que existirá, por supuesto, en la
Generalitat, para ver de qué manera entre todos podemos resolverlo. Pero
repito que lo que está está y creo que siempre es mejor que esté, fíjese
usted, a pesar de los ruidos, porque eso nos va a obligar ahora a
reconducirlo y a hacer que sea posible.
Además de lo de los suelos rugosos, sí conocía un sistema que trataban de
establecer en Cantabria, que son imágenes en volumen para saber dónde
están en cada momento las cosas, es en lenguaje braille, y también con
símbolos. Como es una innovación, trataremos de utilizar lo mejor que
tenga, en el sentido de buscar una solución para un problema. Repito que
es problema, pero esto va a significar que a partir de lo que hay iremos
intentando mejorar.
El dinero. Si no lo hacemos en un año lo haremos en dos, pero quiero
decir que me comprometo formalmente a apoyar, en la medida que sea
posible, una solución conjunta que debe venir por parte de todos los
implicados.
--DEL SEÑOR DE LUIS RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE
IMPORTANCIA DE LA INCORPORACION DE
MINUSVALIDOS AL MERCADO LABORAL PARA LOGRAR SU PLENA INTEGRACION SOCIAL.
(Número de expediente 181/000532.)
--DEL SEÑOR DE LUIS RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE
MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE MINUSVALIDOS AL MERCADO
LABORAL. (Número de expediente 181/000533.)
El señor PRESIDENTE: Las preguntas números 4 y 5 parece ser que el señor
De Luis quiere agruparlas. Versan sobre la importancia de la
incorporación de los minusválidos al mercado laboral para lograr su plena
integración social y sobre medidas para mejorar las condiciones de acceso
de los minusválidos al mercado laboral.
Don Teófilo de Luis tiene la palabra.
El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Señora Secretaria General, en nuestro país
existe un importante colectivo y hemos hablado durante gran parte de la
mañana de los problemas que afectan a los minusválidos en general. Según
la última estadística que yo conozco, publicada en 1989, y que hace
referencia a la población de 1987, el colectivo puede estar en torno a
1.700.000 personas en todas sus posibles variantes y combinaciones. Sin
embargo, recientemente, creo que fue la semana pasada, en una revista
publicada mensualmente, se comentaba que podía estar en torno a los dos
millones y medio. Me alegro de que esté en el ámbito de sus
preocupaciones la necesidad de actualizar estas estadísticas porque, en
efecto, coincido plenamente con usted en que si no tenemos datos fiables
que nos describan el colectivo, difícilmente vamos a poder contribuir a
la solución de sus múltiples problemas.
Sabemos --y el desarrollo de su intervención así lo acredita-- que los
poderes públicos y su departamento, como usted ha hecho referencia varias
veces, están muy metidos en la solución de las deficiencias que estos
colectivos sufren habitualmente. Nosotros queremos destacar, una vez más,
que para conseguir garantizar el cumplimiento del artículo 49 de la
Constitución española, que habla de la prevención, tratamiento y
rehabilitación, así como de la integración social es muy conveniente, el
tono que he observado en esta Comisión, en la que todos estamos de
acuerdo. Todos debemos apoyar al Gobierno en las medidas que adopte y
todos debemos hacer nuestras aportaciones, porque, como usted decía, con
la creatividad y las innovaciones que cada grupo pueda aportar se puede
dar luz y conseguir el objetivo deseado.
Existe, sin embargo, y es el tema central de las dos preguntas que
acumulo, otro mandato constitucional, que es el recogido en el artículo
35 de la Constitución, que reconoce a todos los españoles, entre otras
cosas, el derecho y el deber al trabajo. Naturalmente, los minusválidos
españoles son ciudadanos de pleno derecho y, por tanto, quería hacer
algunas reflexiones sobre el particular. También ha salido, al hilo de
las distintas intervenciones, que por desgracia el derecho al trabajo y
el deber de estas personas de trabajar no es tampoco un objetivo
alcanzado ni muchísimo menos. Mi intervención se centra,
fundamentalmente, en que yo considero --y mi grupo también lo entiende
así-- que el derecho de este colectivo al trabajo y su incorporación al
mundo laboral es de capital importancia para hacer realidad su
integración social.
Consideramos que la integración al mundo del trabajo de las personas
disminuidas, en cualquiera de sus variantes, es importantísimo, primero,
porque aporta una autoestima y un nivel de realización personal muy
considerable, y debemos trabajar para intentar que esto sea así; segundo,
porque, naturalmente, la incorporación al mundo del trabajo de una
persona con estos problemas significa que él pueda disponer de unos
medios económicos que le faciliten el desarrollo de una vida normal y,
desde luego, significa un descargo de responsabilidad y preocupación para
el entorno familiar en el que él se está desarrollando, y no es un dato
menor, porque creo que generalmente en las familias que tienen un
problema de esta naturaleza hay algo que pesa sobremanera, y debemos
intentar disminuir esa preocupación, y es el futuro de la persona
afectada en el momento en que los cabezas de familia desaparezcan. La
tercera razón es porque yo creo que si se cumplen estos objetivos
--contribuir a la realización personal e intentar asegurarles una serie
de ingresos-- conseguiríamos impulsar de una forma muy decidida su plena
integración social, que es, al final, el objetivo que hay que conseguir.
Sabemos que en el ordenamiento jurídico español existen dos instrumentos
legales que intentan promocionar, proteger y ayudar a que los
minusválidos o los disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales
encuentren un puesto de trabajo: la Ley de Integración Social del
Minusválido, que prevé, en efecto, la reserva de un 2 por ciento de las
plazas en empresas que tengan más de 50 personas de plantilla y, luego,
garantiza el acceso de las personas minusválidas en idénticas condiciones
a la Función pública, a las pruebas de acceso a la Función pública; y la
propia Ley de la Función Pública, que dice que se irán incorporando a la
oferta pública de empleo a un ritmo de un 3 por ciento hasta alcanzar el
2 por ciento total de los recursos humanos de la Administración. Por
desgracia, ambas leyes no son en absoluto cumplidas en su objetivo, ni
muchísimo menos, y nosotros pensamos que los datos así lo acreditan.
Según información que ha llegado a mi grupo parlamentario por parte de
personas de organizaciones no gubernamentales y de personas que trabajan
en este sector, en 1995, en torno a 2.411 plazas que fueron las ofertadas
en el sector público, sólo 11 fueron ocupadas por minusválidos; es decir,
un 0,45 por ciento de la oferta, muy lejos de alcanzar el objetivo que la
propia legislación tiene establecido.
En esta situación nosotros pensamos que es imprescindible se adopten
algunas medidas, y las aporto aquí por si acaso pudieran ser utilizadas
en los programas que ustedes desarrollan. Creo que es imprescindible
--tiene coste cero y, por lo tanto, me parece que no habría ningún
problema para poderla desarrollar-- que la Administración pública y la
empresa pública adopten una posición de ejemplo ante otros agentes
económicos en la política de incorporación
de minusválidos a sus plantillas. Ello significa, naturalmente, incluir
en su política de personal, como un criterio definitorio de la misma, la
receptividad al incorporar a un minusválido a puestos de trabajo en su
organización.
La segunda medida que tiene un coste, pero que tampoco tendría por qué
ser excesivo, es que la Administración central desarrolle una campaña de
sensibilización. Hemos visto que, en efecto, existe hoy en día una
campaña de sensibilización sobre este problema en algunos medios de
comunicación, me refiero fundamentalmente a televisión. Creo que sería
muy conveniente que la Administración se volcara en esta campaña de
sensibilización para demostrar a los agentes económicos que la
incorporación en determinadas circunstancias, en determinados puestos de
trabajo, de personas afectadas por minusvalías no significa mermar la
productividad del puesto y, por lo tanto, no perjudicaría notablemente la
cuenta de explotación o el servicio que se estuviera prestando por parte
de esa determinada organización.
Por último, estoy absolutamente seguro que sería positivo si la
Administración, en las pruebas de acceso a la Función pública,
desarrollara una adaptación de las mismas a determinados perfiles de
personas con minusvalía. Según parece, por esa información que también me
han facilitado colectivos afectados, el problema está en que todos tienen
derecho a acceder. Sin embargo, se hace la misma prueba de acceso a una
persona con minusvalía que a una sin minusvalía, con lo cual la
calificación del minusválido generalmente está por detrás de la
calificación de la persona que no tiene minusvalía y, por lo tanto, no
sale clasificado para acceder al puesto de trabajo. Esta medida, en
realidad, haciéndola con los criterios técnicos y profesionales
adecuados, que no perjudicara al rendimiento del puesto de trabajo,
tampoco creo que tendría un excesivo coste y entendemos que sí podía
significar un beneficio importante y eliminaría una barrera, que nosotros
entendemos fundamental, para acceder al mercado de trabajo de este
conjunto de personas.
Nosotros, señora Secretaria General, nos hemos permitido formular estas
dos preguntas con un ánimo fundamentalmente constructivo, tratando de
aportar algunas ideas y, desde luego, dejando muy claro que desde nuestro
punto de vista es capital la inclusión en el mercado laboral de las
personas que componen este colectivo para conseguir plenamente su
integración en la sociedad. Por lo tanto, le formulo las preguntas que
figuran en el orden del día de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): El gran
reto, yo no creo que para estos años, sino para los próximos 15 ó 20, es
precisamente desarrollar lo que debe ser la normalización de las personas
con discapacidad en su acceso al empleo.
Es verdad que se está estudiando la normalización, pero respetando el
ámbito en el que se está haciendo y analizando lo que son los centros
especiales de empleo, que tienen que seguir existiendo porque hay
personas con una discapacidad y con una tipología de discapacidad que, no
podemos obsesionarnos, supondría crear unas expectativas imposibles de
cumplir. Lo que sí es bueno es ver si podemos mejorar no sólo la función
social que cumplen estos centros especiales de empleo, sino el porcentaje
de normalización al que se puede llegar a partir de estas personas que
están allí; como también es cierto que hay que mejorar los centros
ocupacionales, que no pueden ser el punto de llegada, sino el punto
intermedio para salir a la normalización. En eso estamos trabajando y en
una colaboración muy estrecha por parte de las organizaciones no
gubernamentales. Los padres, madres o incluso miembros, componentes de
colectivos de personas con discapacidad, saben muy bien la frustración
que produce en una persona que está en un centro de formación
ocupacional, pero que después no puede ir a otro sitio, o los productos
que se hacen en un centro especial de empleo que sabemos que no tienen
mucha demanda en el mercado.
¿Qué han tenido de bueno hasta ahora? Creo que buscar fórmulas puente
para que las personas con discapacidad, que hasta ese momento no tenían
nada, encuentren algo. Yo creo que usted, y de eso tomo muy buena nota,
en primer lugar ha puesto sobre la mesa lo que están siendo ya las líneas
de trabajo del Gobierno. En primer lugar, revisar lo que es el apoyo a
creación de empresas para personas con discapacidad y lo que es la ayuda
para creación de puestos de trabajo a personas con discapacidad. Eso nos
lleva, repito, a analizar y estudiar muy a fondo la formación ocupacional
y los centros especiales de empleo. Creo que también, en el tono de lo
que usted decía, tenemos que mejorar lo que es el autoempleo y también el
teletrabajo.
El teletrabajo para personas con discapacidad es un vivero de puestos de
trabajo y de subsistencia y de normalización. Lo que pasa es que el
teletrabajo está poco desarrollado, y lo que usted decía: que las
personas con discapacidad con necesidad de autoestima no se lanzan a algo
porque no creen en la viabilidad o temen que no sea viable. Por lo tanto,
la campaña de sensibilización se va a hacer, pero no solamente en el
sentido de que la sociedad sea sensible a dar trabajo a las personas con
discapacidad, sino a propiciar la autoestima y la seguridad de ellos
mismos, porque muchas veces (y en esto tengo que poner el ejemplo de otro
colectivo que también sufre la desigualdad, que somos las mujeres) es la
dificultad de las mujeres mismas para decir que esto puedo hacerlo o esto
lo van a entender y no van a poner trabas.
Con muchísimo gusto recojo su iniciativa, para estudiarla, respecto a
adecuar las modalidades. Lo que pasa es que eso sería también una
discriminación positiva, por un lado, y, por otro, habría que pensar si
es viable, en el actual marco laboral, crear esa discriminación para
discapacitados a la hora del empleo, por ejemplo, en lo que podríamos
llamar oferta de empleo público. Sí que es verdad, y estoy de acuerdo con
usted, que las empresas públicas tienen que dar ejemplo para que las
empresas privadas lo sigan, pero también es verdad que los discapacitados
no pueden optar a las ofertas de empleo que salen. Muchas veces dicen que
no se ha cubierto el porcentaje porque no se ha presentado
nadie. Es que muchas veces la difusión de las ofertas de empleo público a
los discapacitados --tiene usted toda la razón-- no llegan.
Felicito al Grupo Parlamentario Popular por esta iniciativa porque pone
de manifiesto de alguna forma el compromiso del propio grupo con lo que
debe ser una línea de trabajo de la que no se puede apear el Gobierno,
entre otras cosas porque es verdad que ha habido ayudas a través de los
programas comunitarios Horizont y Helios, que han abierto camino no sólo
en el acceso al empleo, sino en la sensibilización por parte de la
sociedad. Yo espero que el Integra, acabado el Helios, pueda hacer algo.
Lo triste es que aquí la discapacidad aparece vinculada a exclusión, no
de pobreza, sino de la sociedad.
Puede estar usted tranquilo de que estamos en ello. Yo creo que este
objetivo importante de impulsar la normalización vía empleo y vía trabajo
va a ocupar lo que queda del año, pero aquí repito de nuevo que ya no es
una cuestión de financiación, sino una cuestión, como usted sabe muy
bien, de un cambio de mentalidad, de un cambio de cultura. En ese sentido
yo creo que los políticos, no sólo los que estamos en el Gobierno, sino
también los que están en la oposición, los que están al frente de un
ayuntamiento, los que están al frente de las comunidades autónomas,
tenemos que hacer una llamada importante a los agentes sociales para que
colaboren. Es un tipo de política en el que indudablemente, mejorando lo
que son ayudas, apoyos, exenciones fiscales, se avanza, pero queda esa
barrera de la cultura, que es en la que entre todos, estoy convencida,
podemos seguir adelante.
Quiero decirle que en materia de empleo, aparte del teletrabajo y del
autoempleo, nuestro gran reto, si Dios quiere, de cara al año 1998, van a
ser las empresas de inserción. Estamos estudiando la posibilidad de una
modificación en lo que es el marco legislativo porque las empresas de
inserción están demostrando que son un instrumento muy bueno de empleo
normalizado para personas con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Secretaria General,
por la información que ha dado en respuesta a las dos preguntas que le
formulo.
Quiero dejar claro que nuestro grupo continuará animándola, a usted y al
Gobierno, en la labor que está desarrollando, y desde nuestra posición
seguiremos aportando cuantas ideas se nos vayan ocurriendo para
contribuir a alcanzar el objetivo que nos anima a todos, que es
precisamente lograr un puesto de trabajo digno para el mayor número
posible de minusválidos y contribuir así a su integración en la sociedad.
El señor PRESIDENTE: A efectos de acta, el nombre del director general
mencionado anteriormente es don Celestino García Marco.
--DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
ACTUACIONES EN RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO GITANO. (Número de
expediente 181/000588.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6, que formula doña
Cristina Alberdi, del Grupo Socialista, sobre actuaciones en relación con
el plan de desarrollo gitano.
Tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señora Secretaria General, el otro día en esta
misma Comisión debatimos una proposición no de ley sobre el desarrollo de
programas y hoy mi pregunta, en relación con el desarrollo gitano, va al
fondo del asunto, no ya tanto los criterios que se siguen para la
distribución de los fondos en las comunidades autónomas, sino la labor
que se realiza desde el Gobierno de la nación con el plan de desarrollo
gitano; un plan que se inició en 1988 y que su principal finalidad es
coordinar esfuerzos e intervenir de una forma más eficaz. Desde 1988 se
ha visto cómo ha aumentado la sensibilización, han participado las ONG de
gitanos, hay un incremento en valores positivos en cuanto a la lucha
contra el racismo y la xenofobia y también ha habido un mayor interés de
las administraciones públicas, especialmente de las comunidades autónomas
y de los municipios.
El pueblo gitano, qué duda cabe, está formado por grupos más
desfavorecidos, viven en situaciones a veces degradas e insalubres, están
escolarizados en términos generales, pero hay un índice en los niños y
niñas gitanos de absentismo, de fracaso y abandono escolar muy elevados,
muy por encima de la media; las principales actividades son de venta
ambulante, de recogida de chatarra y desechos y temporerismo agrícola,
por tanto, ello da una circunstancia especial a ese grupo de población.
Asimismo padecen enfermedades y discapacidades específicas y, en general,
requieren una atención que lleva a cabo este plan de desarrollo gitano
que, aunque no tiene una dotación presupuestaria muy alta, sí que viene
realizando una labor importante en los últimos años.
La pregunta que formulo es la siguiente. ¿Qué actuaciones se han llevado
a cabo en el plan de desarrollo gitano en este último año? ¿Qué labor ha
realizado el grupo de trabajo interministerial en la coordinación?
¿Cuántas veces se ha reunido? Ultimamente se le dio un impulso al grupo
interministerial para la coordinación y ello es importante. Desde 1994 se
crearon dos comisiones bilaterales para tratar temas de interés
prioritario: la venta ambulante, el alojamiento y el hábitat, los
programas educativos y la formación profesional. Me gustaría saber cómo
han funcionado esas dos comisiones bilaterales y cuántas veces se han
reunido últimamente.
También quiero preguntarle, dentro de este impulso y estas actuaciones en
relación con el plan de desarrollo gitano, cómo ha trabajado la Comisión
consultiva con las ONG de gitanos, con esa participación que veníamos
impulsando en este terreno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Con
muchísimo gusto contesto a su pregunta.
Respecto a la primera parte, la descripción es tal cual. Es un programa
que se mantiene con la dotación presupuestaria de 500 millones y, sin
embargo, como S. S. sabe muy bien, con cargo al IRPF se produjo un
aumento importante, ya que por esta vía se concedieron 422.779.000
pesetas para ayudas a las asociaciones que trabajan en la mejora y acceso
a la calidad de vida del pueblo gitano.
Este año el trabajo se ha realizado en estrecha colaboración, como sabe
S. S., con la Comisión consultiva para el programa de desarrollo gitano;
hasta el punto de que en fecha reciente ha habido una reunión con
carácter extraordinario para ver las actividades, en el marco del año
europeo, contra el racismo y la xenofobia. No puedo decirle cuántas veces
se han reunido las comisiones bilaterales. Lamento no tener ese dato,
señoría, pero se lo haré llegar por escrito. Sí le puedo decir la
actividad que se ha realizado. Sé que se ha trabajado intensamente en el
tema de la venta ambulante. El tema del alojamiento ha sido objeto de una
reunión de trabajo con los directores generales de las comunidades
autónomas.
Respecto a la venta ambulante, sigue existiendo el problema de la
dificultad de los mercadillos. Hay propuestas de hacer mercadillos --yo
no estaba muy de acuerdo porque sería una autoexclusión-- exclusivamente
de vendedores gitanos y también están trabajando en la posibilidad de
establecer libremente un día al mes un mercadillo. Usted sabe que la
mayoría de los municipios tienen sus días establecidos y fuera de esos
días no pueden instalar el mercadillo; por ello se está estudiando la
propuesta de hacerlo un día al mes, libre, para poder vender con sus
licencias, como es preceptivo, en cualquier lugar de una provincia, que
no fuera el mismo día, con el fin de que pudieran rotar.
Seguimos potenciando y trabajando en los programas de mejora de la imagen
del vendedor ambulante. Sé que en esta Comisión consultiva para el
programa de desarrollo gitano nos hablan de que, junto a la venta
ambulante, era conveniente la recuperación de oficios, para lo que la
población gitana tiene una especial aptitud. Sé que ha habido varias
reuniones y la última ha tenido lugar hacer una semana. Este año hemos
incentivado la formación de profesionales y personal que trabaja con
comunidades gitanas. Esto se ha hecho en colaboración no sólo con las
comunidades autónomas, sino también con la Federación Española de
Municipios. En el año 1996, en total, se realizaron cinco cursos de
formación y en el año 1997 está previsto que se continúe igual.
Respecto a la valoración de los programas --tema que me parece muy
interesante--, este año hemos iniciado una valoración de los programas
que, como usted sabe, encerraba una dificultad muy grande, porque los
programas de sensibilización o de elevación de autoestima se modifican a
lo largo del año en función de las necesidades o urgencias que el propio
colectivo demanda. En este momento la dirección general de Acción Social,
menor y familia, va a proceder a una evolución en el seno de la Comisión
consultiva, porque yo creo que no se trata tanto del presupuesto. Usted
sabe que las comunidades autónomas, sobre todo, Andalucía, Cataluña,
Madrid, Extremadura y Valencia, tienen sus propios planes o programas
específicos. Yo creo que en este caso no estaría de más la necesidad de
solicitar un incremento presupuestario, pero sobre todo una adaptación.
Lamento no tener datos --que serían importantes-- en cuanto a la
incidencia de la mejora de las situaciones respecto de la de los niños
gitanos, que nos parece muy importante, porque la educación es el mejor
instrumento de libertad y contra la desigualdad. En este sentido lamento
no poder ofrecerle datos. Sé que siguen siendo programas prioritarios en
el IRPF, pero los datos de los resultados, señoría, no puedo
facilitárselos en este momento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Agradezco a la señora Secretaria General que me
envíe los datos sobre las veces que se han reunido las comisiones
bilaterales, así como el contenido. En 1994 se establecieron las
comisiones bilaterales porque el grupo de trabajo ministerial en el que
formaban parte nada menos que nueve ministerios era poco operativo. Por
ello se crearon las comisiones bilaterales para tratar los temas de más
incidencia que, como todos sabemos, son las venta ambulante, el
alojamiento, los programas educativos y la formación profesional.
Ciertamente, el papel que cumple el plan de desarrollo gitano a nivel
estatal es de coordinación de directrices, pero está muy complementado
por los planes específicos, especialmente en aquellas comunidades
autónomas que tienen una población gitana más alta, como es el caso de
Andalucía, que precisamente hace muy poco tiempo ha aprobado el plan de
desarrollo gitano.
--DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
ACTUACIONES EN RELACION CON LAS CONCLUSIONES DEL AÑO 1996 DE LUCHA CONTRA
LA EXCLUSION Y LA POBREZA. (Número de expediente 181/000590.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, la número 7, que
formula doña Cristina Alberdi, del Grupo Socialista, respecto a las
actuaciones en relación con las conclusiones del año 1996 de lucha contra
la exclusión y la pobreza.
Tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor Presidente, lo primero que queremos poner
de relieve es que el hecho de que exista una subcomisión para el
tratamiento de la lucha contra la exclusión y la pobreza, constituida en
esta Cámara a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y apoyada por
todos los grupos parlamentarios, no es óbice para preguntar a la señora
Secretaria General, responsable de las políticas del Gobierno en esta
materia, qué actuaciones
concretas se han llevado a cabo como consecuencia de las conclusiones del
año internacional para la erradicación de la pobreza, que vino a ser el
colofón de los acuerdos de la cumbre de desarrollo social que tuvo lugar
en Copenhague.
Las medidas que se hayan podido tomar a lo largo de este ejercicio de
1997 desde la responsabilidad del Gobierno, en coordinación con las 17
comunidades autónomas, con los acuerdos que se hayan tomado en la
Conferencia sectorial, son importantes para nosotros, y precisamente
queremos conocer cómo se ha desarrollado un tema que nos preocupa
especialmente: el de los salarios sociales. Esas rentas mínimas de
inserción ya tuvieron un lugar privilegiado con anterioridad en el
estudio que se llevó a cabo desde Asuntos Sociales en coordinación con
las comunidades autónomas; estudio que pretendía homologar las distintas
rentas de inserción en esas comunidades autónomas, establecer criterios
más similares entre unas y otras comunidades autónomas y, sobre todo,
luchar contra la cronificación, que se veía que aumentaba en ese tipo de
rentas sociales, con lo que se perdía uno de los objetivos fundamentales
de esas rentas: la contraprestación y la inserción y, por tanto, la
movilidad en las personas destinatarias de esas rentas.
Además, en cuanto a las medidas que haya podido tomar el Gobierno, nos
interesan especialmente los aspectos relativos a las personas emigrantes
y los refugiados, que también formaban parte de este trabajo específico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Como S.
S. sabe, es la cumbre de desarrollo social de Copenhague de 1995 la que
de alguna manera motiva esta necesidad de planes que, como usted sabe, en
Europa tuvieron una interrupción después del programa de Pobreza III.
En el ámbito de la lucha contra la exclusión social, tengo que decirle
que el año pasado se recuperaron 218 millones, que era la cifra que
existía en la legislatura anterior y que, al mismo tiempo, en los
programas de IRPF en colaboración con organizaciones no gubernamentales
se consiguió, en esa redistribución, asignar 425 millones de pesetas a
programas integrales; programas integrales porque, como S. S. sabe muy
bien, la lucha contra la exclusión social y la pobreza tienen un
instrumento paliativo importante en lo que es el programa de rentas
mínimas, un programa que, como usted sabe, en este momento está abierto a
debate en las comunidades autónomas, pero era fundamental conseguir la
simultaneidad en los programas que puedan ir en contra de la exclusión
social. ¿Qué quiero decir? Que cuando se hacían programas de lucha contra
la exclusión social, que en algunos sitios se llamaron programas de
actuación en barriadas preferentes, el problema era la no simultaneidad.
Es decir, normalmente los primeros que acudían eran los de asuntos
sociales y, sin embargo, los programas de infraestructura, los de
educación, los de asistencia sanitaria se hacían a distinto ritmo y en
distinta secuencia. En este momento se ha procedido a la distribución del
crédito por Consejo de Ministros de marzo de 1996 y va dirigido
fundamentalmente a acciones de carácter integral en zonas urbanas
vulnerables y territorios con especiales dificultades de inserción.
También estamos trabajando en cooperación y coordinación con
instituciones públicas y privadas y con los agentes sociales. Queremos
involucrar a los agentes sociales --sindicatos y empresarios--, porque
pensamos que la exclusión social no es un tema exclusivamente de
infraestructuras o de remodelación de la dignidad de las viviendas donde
viven, sino que hay que involucrar a los agentes sociales incluso en la
capacitación y formación para el trabajo, puesto que, al final, son los
que tienen que canalizarlo. La participación de la población afectada se
está haciendo a través de los propios colectivos que ya estaban inmersos
y sensibilizados con esto a través del plan de lucha contra la exclusión.
Por otra parte, se da un mayor ámbito de competencia y participación a
los ayuntamientos, pero, como S. S. sabe, el problema se plantea cuando
llegamos a la financiación. Los ayuntamientos están dispuestos a
participar, pero con una garantía de financiación horizontal en todos los
niveles. Ese es el reto de cara a 1998, año en el que nosotros
quisiéramos que figurara claramente un plan de lucha contra la exclusión,
porque no se trataría sólo de la erradicación de la pobreza en el plano
de lo económico, sino la erradicación de la exclusión como una condición,
como un estado que está ahí. En ese sentido, quiero decirle que el deseo
y la voluntad del Ministro son que también aparezca con consignación
presupuestaria el plan de integración de los inmigrantes; aunque sea un
mismo objetivo, los instrumentos son distintos y, en este caso, la
exclusión tiene otras connotaciones añadidas, por lo que, repito, es un
deseo y una voluntad que espero poder confirmar cuando sea el debate de
los presupuestos. Las medidas se están tomando y el camino se está
andando, pero ya sabe usted, señoría, lo difícil que es esto.
Lo que estamos haciendo, y creo que de alguna manera incrementando, no es
sólo la cooperación financiera, sino también la cooperación técnica, y,
en ese sentido, estamos tratando de involucrar a las ONG no solamente en
el programa del propio Gobierno de lucha contra la exclusión y el
racismo, sino en coordinación con las comunidades autónomas, para que no
haya esfuerzos dispersos, sino que sean esfuerzos concretos. Usted sabe
lo difícil que resulta tratar de ubicar la acción de muchos grupos en un
mismo espacio geográfico; en eso estamos porque era el reto que teníamos.
Hemos colaborado con Naciones Unidas y con la Unión Europea, asistiendo
periódicamente a grupos de trabajo de expertos de alto nivel sobre la
lucha contra la exclusión social. Usted sabe que sigue existiendo el
problema de que todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, pero no
hay dinero, por lo que estamos tratando de canalizar lo que podemos a
través del programa Integra, pero, como usted conoce, en Europa no existe
algo que debería existir en este año del Tratado de Maastricht: un plan
de lucha contra la erradicación de la pobreza y la exclusión social.
Por otra parte, se van a materializar dos convenios, uno con la Fundación
Argentaria y otro con el Instituto Nacional de Estadística, porque
queremos saber la dinámica de políticas familiares vinculada a rentas
mínimas y distribución de la pobreza en España. No hemos podido conseguir
--y se lo digo en este momento-- una valoración de las propias
comunidades autónomas sobre lo que ha sido el programa de rentas mínimas.
Pretendemos incorporarlo como punto de orden del día en la próxima
Conferencia sectorial, aunque desde el convencimiento de que el programa
de rentas mínimas es sólo un paliativo y tiene que ir acompañado de otros
compromisos del Gobierno.
En materia de formación, a lo largo de los años 1995 y 1996 se ha venido
insistiendo en la necesidad de formar a los responsables de las políticas
sociales que trabajan a nivel del plan concertado en los diagnósticos e
informes sobre puntos o núcleos de pobreza. No se trata sólo de la
pobreza como núcleo o como punto, en barriadas, que es más fácil de
detectar, sino de la pobreza como situación existencial de personas y
vinculada a los parados de larga duración. La colaboración con otros
departamentos ministeriales y centros directivos ha sido el objetivo del
año 1996, puesto que no sólo se trata de conseguir la simultaneidad de
las acciones, sino también la prevención; prevención que, sobre todo,
debe ir dirigida a las personas jóvenes y a los recientemente parados,
para evitar que se conviertan en parados de larga duración. En este
sentido, queremos trabajar con el Inem para que, como mediador, nos
ayude, en colaboración con la FEMP y con los IPE, en lo que puede ser una
mejora en lo que es la información y la canalización del desempleo,
habida cuenta de que a la exclusión no se va de la nada, sino a partir de
una situación de pobreza consolidada o de desempleo consolidado.
Respecto a la renta mínima de inserción, la existencia de normativas
diferentes y de procedimientos de aplicación distintos significa
ciudadanos en distinta situación legal ante el beneficio que eso supone.
Por tanto, se va a crear un marco de puesta en común y de debate, de
manera que, respetando los derechos de las autonomías, busquemos la
igualdad de derechos de los ciudadanos como punto de confluencia. Y en el
marco de las empresas de inserción, junto con la Secretaría General de
Empleo, vamos a propiciar un marco jurídico no sólo que permita la
supervivencia, sino, sobre todo, el impulso y la mejora de estos núcleos
que están haciendo un papel tan importante.
En cuanto a las actuaciones referidas al hábitat y la erradicación del
chabolismo, queremos, en colaboración con todas las administraciones,
crear fondos especiales. Usted sabe que esto ya se ha intentado otras
veces; habrá cosas que nosotros intentemos y los que vengan detrás hagan,
pero si no ponemos sobre la mesa la necesidad de estos fondos, estaremos
dándole palos al agua.
Por último, se estudia la posibilidad de desarrollar convenios con
organizaciones no gubernamentales, con comunidades autónomas y
corporaciones locales, para crear programas que faciliten el acceso a la
vivienda a los grupos más desfavorecidos.
En el «BOE» de 17 de abril de 1997 figura la distribución de los fondos a
las comunidades autónomas y se lo paso al Presidente para que se lo haga
llegar.
El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Voy a ser muy breve. Sólo quiero valorar
positivamente que se rescate el plan de actuación para la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Había voluntad política de poner en marcha
este plan y ha quedado supeditado a las conclusiones de la subcomisión
que trabaja en esta Cámara. Será importante que esta subcomisión termine
pronto sus trabajos y que políticamente se dé prioridad a poder
desarrollar ese plan integral de lucha contra la exclusión para trabajar
por sectores de población con la participación de las organizaciones no
gubernamentales y con actuaciones integrales en los territorios con
graves déficit sociales.
El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Señora Secretaria General,
tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Quería
matizar una cosa, porque en su pregunta también se hablaba del año del
racismo.
Con mucho gusto le podemos mandar --usted es miembro del Comité
permanente donde están las ONG y la Administración-- la memoria de lo que
se lleva realizado hasta ahora sobre la cofinanciación de proyectos. En
este momento, el presupuesto asignado es de 70 millones de pesetas.
Estamos cofinanciando y asesorando para la cofinanciación en proyectos
europeos y creo que habría que hacérselo llegar a los portavoces, porque
las organizaciones no gubernamentales están apoyando sobre todo las
comisiones de desarrollo de actividades y de evaluación de proyectos.
Quiero felicitar públicamente a las comunidades autónomas por la
participación, el apoyo y el impulso. Es de justicia y hay que decirlo.
--DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
NEGOCIACION DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS CONCIERTOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INSERSO) A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.
(Número de expediente 181/000591.)
--DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
FIRMA DE CONVENIOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) E INSTITUCIONES QUE GESTIONAN RESIDENCIAS PARA MAYORES Y
PERSONAS CON MINUSVALIA EN ANDALUCIA. (Número de expediente 181/000593.)
El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Pasamos a las preguntas 8 y 9,
acumuladas, y que son formuladas por doña Cristina Alberdi.
La primera se refiere a la negociación de las transferencias de los
conciertos del Inserso a las comunidades autónomas y la segunda, con el
número 9 del orden del día, firma de convenios entre el Inserso e
instituciones que gestionan residencias para mayores y personas con
minusvalía en Andalucía.
Tiene la palabra.
La señora ALBERDI ALONSO: Voy a ser muy breve, porque las dos preguntas
están conectadas. Una se refiere a las transferencias. Quiero saber cómo
está la negociación para esas transferencias que algunas comunidades
autónomas, concretamente la de Andalucía, han solicitado. La otra
pregunta versa sobre cómo se han desarrollado esos convenios que hasta el
momento viene realizando el Inserso con las instituciones que gestionan
residencias para mayores y residencias para personas con minusvalía.
¿Por qué preguntamos sobre estos criterios? Porque a veces ocurre --y no
es la única comunidad autónoma, la de Andalucía, a la que le ha pasado--
que se señalan unas prioridades desde el Gobierno que pueden distorsionar
lo que en una comunidad autónoma han dado como prioridad. De ahí la
importancia de coordinar desde la comunidad autónoma y desde el Gobierno
las prioridades, para no distorsionar esa política que se pueda llevar a
cabo, porque a veces no coinciden las prioridades y es importante que se
pueda trabajar coordinadamente. Las comunidades autónomas, en algunos
casos, como éste que cito, han pedido las transferencias en esta materia
porque creen que es mejor que se decidan los convenios para el apoyo a
estas residencias de personas mayores y personas con minusvalía desde la
propia comunidad autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Tiene la palabra la Secretaria
General de Asuntos Sociales.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Respecto
a la primera pregunta, he de decirle que los conciertos de reserva de
plazas se vienen haciendo como en la legislatura anterior, ya que el
marco legislativo lo preveía no sólo con comunidades autónomas, sino con
diputaciones y ayuntamientos.
No sé si hay algún descontento por parte de Andalucía, pero tengo que
decir que las relaciones y la comunicación con don Isaías Pérez Saldaña
son tan fluidas que el primer convenio de plazas en materia de
teleasistencia se hizo con la Diputación de Sevilla precisamente por
información de la propia Consejería de que la provincia de Sevilla, no la
ciudad, necesitaba ese plus de plazas. Si hay alguna queja, me gustaría
saberlo, porque el entendimiento, las relaciones y el marco de
colaboración son fluidos, pero puede haber algo que se le escape a esta
Secretaría General e intentaríamos solucionarlo inmediatamente.
Respecto a las transferencias, como S. S. sabe, el año pasado culminaron
las de Baleares y Aragón. Queda La Rioja y esperamos que puedan
concluirse a lo largo del año.
En cuanto a las plazas, la gestión de los tres conciertos de plazas en
residencias ubicadas en La Rioja se transferirá cuando se traspase el
grueso de competencias del Inserso. No hay fecha prevista para la
transferencia de los dos conciertos de plazas en residencias ubicadas en
Ceuta y Melilla. No se conoce fecha cierta para la transferencia de los
22 conciertos de plazas, siete relativos a personas mayores y 15 para
personas discapacitadas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien
quiero manifestar que podrían iniciarse las correspondientes
conversaciones cuando lo demande formalmente dicha comunidad autónoma. Es
disposición del ministerio y del ministro proceder a ello tan pronto sea
posible. De igual manera se podría actuar con la Comunidad Autónoma de
Cataluña, en cuyo ámbito territorial se halla en vigor un concierto de
plazas en Lleida, y con la Comunidad Autónoma Valenciana, en cuyo ámbito
territorial está en funcionamiento un concierto de plazas para mayores en
Sagunto.
El propósito de este Gobierno, previo acuerdo con las comunidades
autónomas afectadas, es el de transferir las competencias de gestión de
dichos conciertos, asegurando la continuidad en la prestación de los
servicios en beneficio de los intereses de los usuarios. Como no podía
ser menos, señoría, la sensibilidad ante el hecho autonómico nos lleva a
dar todas las facilidades posibles tan pronto se produzca esto.
Respecto a Andalucía, tengo que decirle que en este momento el crédito
para los conciertos de plazas en 1997, tanto de mayores como de
discapacitados, asciende a 830.873.000 pesetas, incrementada, como usted
sabe, la cifra que había el año pasado por conciertos que se hicieron y
otros datos que le voy a decir. El crédito dispuesto para estos
conciertos en 1997 asciende a 407 millones de pesetas. En materia de
residencias de mayores, las plazas concertadas son 420 asistidas y 150 de
válidos. Respecto a personas con minusvalía, en total son 229 plazas.
Tengo que decirle, señoría, además explicitado en materia de conferencia
sectorial, que no tengo constancia de que la Comunidad Autónoma andaluza
haya manifestado su rechazo o su crítica a los criterios de formalización
de los conciertos que se han hecho. Se han realizado accediendo a
carencias y desde la voluntad de la Federación Española de Municipios y
Provincias, que, como usted sabe, en el marco legal y como se venía
haciendo, están cualificados y son competentes para la firma de estos
convenios.
El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias a la señora Secretaria General
por su contestación sobre los criterios de transferencias. Y trasladaré a
la comunidad autónoma la petición formal, en cuanto a las transferencias
a que ella ha aludido.
--DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA FIRMA DE CONVENIOS PARA «TELEASISTENCIA» POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES (INSERSO), Y CRITERIOS EN LA SELECCION DE LAS EMPRESAS
RESPONSABLES DEL SERVICIO. (Número de expediente 181/000594.)
--DE LA SEÑORA CORTAJARENA ITURRIOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE CONVENIOS DE TELEASISTENCIA Y DE ACCION CONCERTADA PREVISTOS POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INSERSO) PARA EL AÑO 1997.
(Número de expediente 181/000672).
El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Pasamos a continuación a la
pregunta número 10, que a su vez resulta acumulada con la número 12.
La primera de ellas, formulada por la señora Alberdi, se refiere a la
firma de convenios para teleasistencia por el Inserso y criterios en la
selección de las empresas responsables del servicio y la 12, de la que es
autora la señora Cortajarena, a convenios de teleasistencia y de acción
concertada previstos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales,
para el año 1997.
Tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Quiero plantear dos temas de forma muy
breve. La historia de la teleasistencia es muy reciente en nuestro país y
ha habido cosas que en España hemos inventado, en materia de servicios
sociales, con mucho éxito, pero éste fue un programa que pusieron en
marcha en Francia y su gestión se consiguió a través de la previsión
presupuestaria, que facilitó el 0,52 por ciento del IRPF y a través de la
firma del convenio con la Cruz Roja. Se firmaron siete convenios y, por
tanto, se vio que el éxito de este proyecto estaba garantizado en función
de que se iba incrementando la demanda y de que era un servicio valorado
muy positivamente por las instituciones que lo estaban gestionando.
En la actualidad me consta, tal y como ha informado la Secretaria
General, que existen trece convenios y que se está cubriendo una demanda
de cerca de 13.000 usuarios. La última incorporación ha sido Sevilla y
las comunidades en las que no se ha creado el programa son Extremadura,
Galicia, Canarias y La Rioja. Sí hay peticiones en estas comunidades a
través de algunos municipios y me consta que en el año 1996 todas las
solicitudes fueron aceptadas; sin embargo, 1997 ha sido un año difícil
presupuestariamente y hay peticiones sin atender, aunque la cuantía
presupuestaria que se está manejando para esta actuación es de 600
millones aproximadamente.
Hecha esta introducción, le quiero hacer dos preguntas y una sugerencia.
La primera pregunta sería qué criterios se siguen para hacer las
adjudicaciones en la medida en que en el año 1997 no todas las peticiones
tienen una respuesta favorable. La segunda, en cuanto al programa que se
ha conceptuado desde el punto de vista del Inserso como un programa de
carácter experimental, cuya acción concertada se inició en el año 1993,
me gustaría saber cuánto tiempo prevé el ministerio o la secretaría
general que puede seguir gestionándose como un programa experimental en
función de que esto puede facilitar a las comunidades autónomas incluirlo
o no dentro de sus programas de actuación. Porque se está dando la
paradoja --y lo sabe muy bien la Secretaria General-- de que las
comunidades del 143 han visto avanzadas en determinados programas y
proyectos las transferencias de competencias, mientras que en las del
151, al no existir estos programas, nunca se produjo la transferencia de
los mismos.
Por último, quisiera hacerle una sugerencia. Me consta, porque he hablado
con varias organizaciones de personas mayores y de minusválidos, que uno
de los elementos fundamentales que no propicia el impulso de la demanda,
que sea masiva y mayoritaria, es el desconocimiento que se tiene por
parte de la ciudadanía de la existencia de este programa. En muchos
supuestos se puede hacer sobre la base de que la prestación sea de
carácter gratuito, pero en otros supuestos, teniendo en cuenta las rentas
de las personas que lo solicitan, se puede hacer efectuando un pago,
cantidades módicas que pueden ser asumidas por la mayor parte de la
población.
No voy a decir las bondades del programa, porque yo creo que todos los
presentes en la Comisión ya las conocemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Tiene la palabra la señora
Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Como S.
S. ha dicho, ya hay catorce convenios y el total de usuarios ya es de
17.055. Yo creo que S. S. conoce muy bien los criterios puesto que sigue
el mismo equipo, un equipo de técnicos que conoce muy bien la materia; no
han cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Han cambiado los criterios en
función del giro que pueda estar dando en cuanto a dar respuesta a las
demandas el plan gerontológico; no podemos contemplar el programa de
teleasistencia sin tener en cuenta el programa de ayuda domiciliaria,
porque, al fin y al cabo, los dos programas pretenden --y yo creo que es
importante-- que las personas mayores que puedan y quieran estar en su
entorno no tengan que irse a una residencia.
Tengo que decirle que los criterios son los criterios de los técnicos,
como no podía ser menos, que se irán adaptando y adecuando a lo que vaya
dando de sí la nueva modalidad del plan gerontológico en cuanto a
destinar un 5 por ciento a Alzheimer y otros aspectos. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Respecto al programa experimental yo creo, señoría, que procede evaluarlo
y que a lo largo de este año deje de ser experimental. Quien le habla es
una mujer con una fuerte concepción autonómica y entiendo que sí es
verdad que a las del 151 esto les va a llegar más tarde, pero no es menos
cierto que ellas habían desarrollado mucho más que las del 143 lo que
eran mecanismos de prestación en residencias. Eso puede explicar de
alguna manera la distinta velocidad de unas comunidades y de otras.
Estoy totalmente de acuerdo con usted en que la queja de las
organizaciones no gubernamentales respecto a la difusión del programa es
cierta, entre otras cosas porque la oferta que más se había publicitado
era la de plazas residenciales. Esto también conlleva un cambio de
cultura, porque hay muchas personas mayores que creen o creían, ahora ya
menos, que iban a estar mejor en una residencia que con una ayuda
domiciliaria o con la teleasistencia. Por tanto, la sensibilización es
doble y aquí sí tenemos que contar con los ayuntamientos.
Respecto al hecho autonómico que usted pone de manifiesto y que yo
comparto, también tenemos que recordar a los ayuntamientos; la
descentralización en cascada, primero del Estado a las comunidades, pero
también a los ayuntamientos, porque es donde la gente acude como lugar
más cercano. Por tanto, la descentralización, pero hasta la última escala
de la Administración, que es la local.
Los últimos convenios firmados han sido el de la Diputación de Sevilla,
Diputación Provincial de Málaga, mancomunidad de municipios de la Costa
del Sol, Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas en Murcia y, en la
provincia de Asturias, mancomunidad de municipios de Proaza, Quirós,
Santo Adriano y Teverga. La contratación de la empresa responsable del
servicio, según los términos del convenio-marco, corresponde a la
Federación Española de Municipios y Provincias; en absoluto interviene el
ministerio. Esta entidad formaliza dicho contrato con aquella empresa o
entidad que, en respuesta a la concurrencia pública de oferta y
convocatoria por la propia federación, presenta el proyecto que a juicio
de la comisión de seguimiento del convenio de que se trate se ajusta
mejor por su calidad y precio a las necesidades del servicio. Y como
usted conoce, desde 1994 hasta 1996, las provincias que están incluidas
le diré que son Cádiz, Granada, Jaén, Melilla, ya Sevilla, Huesca,
Zaragoza, Baleares, León, Salamanca, Valladolid, Murcia, Asturias y
Alicante.
El señor PRESIDENTE: La señora Cortajarena tiene la palabra.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Realmente, uno de los comentarios que ha
hecho la Secretaria General me parece que es importante, porque la
historia de la atención a las personas con discapacidad o a las personas
mayores que tenían una falta de autonomía personal nos ha llevado a hacer
una oferta de sota, caballo y rey. Todo el mundo pensaba en la ayuda a
domicilio, en el hogar o en la residencia. Hoy en día este tipo de
modelos asistenciales o de colaboración interinstitucional y también de
colaboración con las organizaciones no gubernamentales nos permiten
generar una nueva cultura para las personas que tengan que permanecer
muchos años en sus domicilios, y creo que es bueno que se incida
permanentemente en la oferta de otras actuaciones desde el sector público
para que las personas puedan ir generando su itinerario de vida en los
diez, quince o veinte años que les va a quedar y puedan ir pensando que
no solamente les queda la oferta de la residencia, sino que tienen
cantidad de programas a los que pueden acudir y que pueden favorecer una
mayor calidad de vida en sus propios domicilios.
El señor PRESIDENTE: La señora Gómez tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez). Sólo
quiero puntualizarle que se está trabajando y sabe usted que ha aparecido
--y precisamente la comunidad andaluza es una de ellas-- un nuevo modelo
de teleasistencia, que es la teleasistencia monitorizada, de manera que
ya no solamente se trataría de tener un botón para llamar en caso de
urgencia, sino que también haya una información completa de la situación
de la persona mayor. A lo largo de 1997 queremos dar un impulso
incorporando esa mejora. Por otra parte, en la ayuda domiciliaria
teníamos quejas de trabajadoras familiares, que se llaman, en el sentido
de que entendían que, con las dos horas de asistencia, al final no
solamente ayudan a limpiar y a hacer la compra, sino que también tienen
que hacer casi un trabajo de conexión con los centros base de servicios
sociales para trasladar la evolución de la situación de esa persona o de
esas personas.
Estamos trabajando en el seno de la conferencia sectorial, pero también
con la FEMP, de manera que pudiéramos articular un puente y que se
hiciera un seguimiento, que se tuviera una información actualizada en los
centros básicos de servicios sociales de cuál es la evolución de las
personas, porque la ayuda domiciliaria, repito, está cumpliendo un papel
importante en lo que es apoyo físico, de asistencia, de cuidado, pero
también es importante que desde los centros básicos se haga un
seguimiento de ese censo de personas mayores, si mejora la situación, qué
cuidados extra representa, etcétera. El tiempo implacablemente nos
demanda constante actualización y ésas son las dos líneas en las que
estamos trabajando.
--DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
MANTENIMIENTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES PARA EL PLAN CONCERTADO PARA MAYORES, PARA EL PUEBLO
GITANO, ASI COMO PARA MENORES, ENTRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (Número
de expediente 181/000595.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta la formula doña Cristina
Alberdi, del Grupo Socialista, acerca del mantenimiento de los criterios
utilizados en la distribución de los programas sociales para plan
concertado para mayores, para el pueblo gitano, así como para menores
entre las comunidades autónomas.
La señora Alberdi tiene la palabra.
La señora ALBERDI ALONSO: Esta pregunta estaba formulada en relación con
todos los temas que abarca el plan concertado de la red básica de
servicios sociales, el
denominado plan concertado, que tan útil es en el lugar de su
realización, como son los ayuntamientos, donde es tan necesaria la
coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los
municipios.
El otro día tuvimos ocasión, como he dicho antes, de ver en esta misma
Comisión los criterios en relación con el pueblo gitano y estábamos todos
los grupos parlamentarios de acuerdo. No voy a incidir en este aspecto,
pero sí me voy a referir a los criterios en relación con los mayores y
los menores, que son quizás los dos sectores que requieren hoy una mayor
preocupación de los responsables públicos.
En relación con los mayores, hay algún trabajo de una ONG española, que
se ha explicado en esta Comisión precisamente, la creación de una red
europea sobre la marginación de personas mayores en núcleos urbanos, que
ha merecido el apoyo de la DG-V de la Comisión, en la Unión Europea, que
precisamente trabaja en esa nueva realidad que estamos viendo, debido al
aumento de la población de tercera edad y la situación de marginación,
debilidad y dependencia que está padeciendo este colectivo de personas en
los núcleos urbanos. De ahí que se pregunte desde este grupo
parlamentario si no sería el momento de someter a la conferencia
sectorial una modificación de los criterios que se vienen aplicando para
la distribución de los fondos en el plan concertado de prestaciones
básicas. Yo sé que es difícil, porque, cuando se mueven los criterios,
probablemente cada comunidad autónoma ponga sobre la mesa nuevos
criterios o reclamaciones, pero quizá ha llegado el momento de trabajar
no sólo con un 90 por ciento de población en general, dejando el 2,3 de
la incidencia de población dependiente, como está hoy, plantear que la
población dependiente a la que va dirigido el programa tenga una
incidencia mucho mayor en la distribución de fondos del programa.
Del mismo modo que lo refiero a los mayores, también creo que es oportuno
referirlo a los menores, porque en esto hay muchas diferencias de unas
comunidades autónomas a otras. Es cierto que la situación de marginación
y dificultad de los menores destinatarios de los programas es mayor en
unas comunidades que en otras. Por tanto, los menores, al igual que los
mayores, debieran tener una mayor incidencia en la población dependiente,
aparte de la que tienen en la población general.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Entrego
al señor Presidente otro documento.
Como saben, el 27 de enero de 1997, la conferencia sectorial decidió, en
el marco de lo que es el plan concertado, los criterios de distribución,
porque conviene y es sano que estos criterios de distribución se
consensúen con las comunidades autónomas. Indudablemente, se trata de la
vieja polémica ámbito territorial/índice poblacional. Por otra parte, es
difícil saber los censos de población referidos no a las personas
mayores, sino a las personas mayores en función de las rentas familiares
y de lo que puede ser su situación de válido o asistido.
En la conferencia sectorial de septiembre del año pasado consta que el
propio ministro manifestó el deseo de una evaluación, no sólo en cuanto a
los criterios de lo que debe ser la distribución de fondos con respecto
al plan concertado, al plan gerontológico y a otros planes, sino también
en cuanto a la modificación, mejora y ampliación de las propias funciones
y competencias a cubrir por el plan concertado. El plan concertado ha
cubierto una etapa importantísima de lo que es el acceso al ciudadano del
sistema básico de prestaciones sociales, pero pensamos que en este
momento hay que vincular mucho a los ayuntamientos, que es donde
verdaderamente se ubica la materialización del plan concertado de los
centros básicos, y también escuchar sus propuestas. La distribución de
fondos, como no puede ser de otra manera, tendrá que tener en cuenta los
datos específicos del estado de la población, aparte de los demográficos,
pero tendrá que seguir pesando el espacio geográfico, la facilidad de la
comunicación, el nivel del estado de conservación de las personas
mayores, porque también hay estudios que ponen de manifiesto que el
colectivo de personas mayores de dentro de diez años va a llegar en
mejores condiciones físicas, puesto que ha mejorado la cobertura de la
atención sanitaria, y con mayor información, menos sujetos pasivos. Más
que abrir el debate de cómo se redistribuya, queremos abrir el diálogo de
cómo se tenga que configurar en función de demandas que ya no son
necesarias o de demandas emergentes que están esperando.
Tengo que decir que, hasta ahora, señorías, la distribución de los planes
se ha hecho exclusivamente por consenso de las comunidades autónomas,
hasta el punto de que el criterio que proponía la Secretaría General a la
conferencia sectorial respecto al plan de acción de discapacidad fue el
de población y nos encontramos con la sorpresa de que comunidades del más
distinto color y número de habitantes dijeron que querían hacerlo ellas
en una comisión técnica, como así se hizo. Incluso el acuerdo del último
plan se hizo en comisión técnica, representadas todas las comunidades
autónomas, y se llegó al acuerdo por consenso. Por tanto, en el seno de
la conferencia sectorial estamos abiertos a cualquier debate, análisis o
propuesta de modificación, previa una evaluación de los planes, por
supuesto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Yo no me estaba refiriendo ni al plan
gerontológico ni al plan de menores, que se hace por programas --menores
de cero a tres años e infancia maltratada--, y al plan gerontológico,
sino a la posibilidad del plan concertado de prestaciones básicas, de la
red básica de servicios sociales. La Secretaría General ha aludido antes,
al hablar de las minusvalías, a que las minusvalías tuvieran una atención
también dentro de la red básica de servicios sociales como red
normalizada y que se tienda, dentro de lo posible, a extenderla a toda la
población
o a universalizarla, aunque hoy todavía no es una realidad. En esa
medida, proponía que consideráramos si no sería bueno, para un futuro,
respecto a esos criterios que naturalmente se han aprobado por unanimidad
de las diecisiete comunidades autónomas, dentro de esa red básica de
servicios sociales, poder contar con unos criterios que corrigieran la
población en mayor medida de lo que hacen hoy, teniendo en cuenta la
población dependiente a la que van dirigidos los programas.
El señor PRESIDENTE: Señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez):
Indudablemente, está claro que el camino del plan concertado tiene que ir
por ahí, porque no tiene sentido que estemos haciendo proyectos de
familias desfavorecidas o infancias maltratadas fuera de lo que son las
redes básicas. La tendencia del departamento es ir vinculando estos
programas cada vez más al plan concertado.
Perdone que me haya confundido en esto.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE ACTUACIONES CON EL RESPONSABLE DE
LA INSERCION DE UN ANUNCIO APARECIDO A FINES DE ABRIL PASADO EN EL DIARIO
«FARO DE VIGO» RECLAMANDO «UNA CHICA JOVEN PARA OFICINA Y DEPENDIENTA...
DISPUESTA A SER LA AMANTE SECRETA DEL JEFE». (Número de expediente
181/000748.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, de don Ricardo Peralta, pero que
va a formular doña Cristina Almeida, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre actuaciones con el responsable de
la inserción de un anuncio, aparecido a finales de abril pasado, en el
Diario Faro de Vigo, reclamando, entrecomillado, una chica joven para
oficina y dependienta... dispuesta a ser la amante secreta del jefe.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Aunque nos parezca curioso y casi anecdótico,
esto engendra una gravedad y, sobre todo, tenemos miedo a que cunda el
ejemplo porque, con estas gracias que hacen unos y otros, lo malo es que
hay muchos graciosos que se apuntan al mismo tema. La verdad es que ya ha
cundido. Se hizo este primer anuncio en el Faro de Vigo, un diario de
Pontevedra, el 29 de abril de 1997; exigía, además del currículum, foto,
etcétera, estar dispuesta a ser no sólo una secretaria estupenda y
perfecta, sino amante secreta del jefe. Ese primer anuncio, que aparecía
así, tuvo otra floritura; el 21 de mayo de 1997 publicaba la prensa que
había salido en otro periódico asturiano, en una publicación semanal,
otro anuncio, que no sólo venía en la sección de trabajo sino también en
la de contactos. Parece que el trabajo y el contacto están últimamente
muy relacionados con las mujeres. Organismos sindicales habían hecho
algunas denuncias sobre este tema a la Inspección de Trabajo. Nos
gustaría saber qué medidas ha tomado la Inspección de Trabajo o qué
medidas se han adoptado oficialmente para sancionar este tipo de
conducta. Entendemos que puede ser sancionable a partir de la Inspección
de Trabajo, si de verdad se trata de ofertas de empresarios que estén
registrados. Nos gustaría que nos diera una respuesta para ver si con
ella podemos hacer alguna proposición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Con
muchísimo gusto. Además de la respuesta, le paso una información del
escrito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra que,
para empezar por el final, ha decidido incoar expediente sancionador por
infracción muy grave en la normativa de acceso al empleo. Es importante
esta iniciativa en cuanto a lo que significa la persecución de lo que me
parece que es una práctica aberrante, en ese caso escrita, y en otras
ocasiones, como saben muy bien, hablada o inducida.
La Confederación Intersindical Galega de la Secretaria de la Muller
presentó una denuncia, y también Carmen Bianchi, responsable del
organismo de igualdad del Gobierno gallego. La sanción administrativa, a
partir de la propia Inspección de Trabajo, es una medida importante, pero
esto va a abordar este problema concreto. Lo que nosotros pretendemos es
que el Observatorio de la publicidad del Instituto de la Mujer no sólo se
fije en lo que son anuncios publicitarios, sino que abarque en su ámbito
de trabajo lo que puedan ser ofertas de empleo que tengan un carácter
sexista. No nos complace ni nos consuela que en algún momento el hombre
también sea objeto de este tipo de anuncio. Pero por un anuncio que pueda
aparecer en relación con la condición sexual del hombre como reclamo, son
mucho más numerosos los que aparecen en relación con la mujer. Le
traslado al Presidente la documentación para su uso y conocimiento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: La verdad es que cuando se incoa un expediente,
nos tememos de todo. Me gustaría que nos hubiera dado la resolución del
expediente, porque es verdad que tarda, pero por una simple razón. Porque
en estas cosas no cabe sólo hacer las denuncias, sino buscar la solución
y además publicitarla. La única forma de que se acabe con ese tipo de
cuestiones es ver las responsabilidades que tienen incluso los que
publican estos anuncios. Para eso hay que tomar acciones, no desde el
Observatorio de la publicidad, sino desde la Ley de Publicidad, desde una
normativa que tienen también los medios de comunicación en el código
ético de conducta, para evitar no sólo que un empresario pueda hacer
esto, sino que la
publicación también tenga que velar por la no inclusión de anuncios que
puedan tener un significado discriminatorio o sexista, no ya ofensivo.
Porque éste ya no es que sea sexista, es que es una agresión sexual.
Ese reclamo tiene que conducir a dos soluciones. Una, a la sanción
explícita y, otra, a la publicación de esa sanción. Por lo tanto, en lo
que se pueda, se debe instar a la Delegación de Trabajo para que la
solución de este expediente incoado se haga lo más rápidamente posible y
que, además, se dé publicidad a la sanción que se haga. Si hay sanciones
económicas, habrá menos graciosos y menos empresarios que se permitan,
incluso con publicidad provocadora, intentar surtir efecto de otra manera
para sus propios intereses. Además, hay que hacer algún tipo de reflexión
no ya dentro del ámbito del Observatorio de la publicidad, sino de la
propia normativa de la publicidad, una reflexión ante los medios de
comunicación para que este tipo de anuncios sobre la mujer no sean
insertables dentro de los periódicos. Sería más eficaz dar solución al
tema que no sólo incoar ese expediente. Pediría a esta Secretaría por lo
que le corresponde en todo, en materia de trabajo, en materia de la mujer
y en materia de publicidad, que evitara este tipo de anomalías. Por un
lado, en cuanto a las sanciones y a publicitarla, y por otro, en cuanto a
una reunión o algún tipo de directiva o normativa, que ya está en la Ley,
para que no se pueda atentar contra la dignidad de las mujeres en
cualquier anuncio, pero que tampoco se puede atentar contra la dignidad
de cualquier persona. En este sentido, esto es atentatorio a la dignidad
de cualquier persona, en este caso de las mujeres, aunque también se
produciría si alguna mujer publicara que quiere un oficial administrativo
para que sea su amante secreto. La agresión se produce desde el momento
en que se agrede la libertad, no sólo el sexo de una persona. Habría que
hacer esa recomendación y nos gustaría que, por lo menos, se tuviera en
cuenta desde estas preguntas que hemos hecho ante los dos casos de los
que hemos tenido constancia descarada, aunque sabemos que hay, como usted
ha dicho, miles de ofertas subrepticias que no aparecen en el descaro de
la publicada, pero sí en el atentado que diariamente sufrimos las mujeres
ante las ofertas de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Aunque sé
que no es competencia exclusiva de la Secretaría General, sí adopto el
compromiso de dirigirme a la Inspección de Trabajo con el fin de que se
agilice lo que es la resolución, como usted ha dicho. Pero hay algo más
que creo que es importante, y es trasladar a los comités de las propias
empresas la necesidad de velar por la publicidad. También es cierto que
hay que ir, cada vez más, al compromiso de que las empresas de publicidad
obvien la propaganda vejatoria, independientemente del sexo. Recuerdo que
el otro día, en la Comisión de la Mujer, algunas compañeras nuestras
decían ante un tema parecido: no, porque se le hace publicidad a la
empresa. Quiero recordar a una empresa que fabricaba trajes de gitana y
puso una mujer desnuda. Todo el colectivo de mujeres denunciamos el
anuncio, y vendió más trajes de flamenca. A ver si ahora le vamos a hacer
publicidad a una empresa que, a lo mejor, intencionadamente, ha hecho
este tipo de anuncio para conseguir publicidad. Posiblemente sea más
eficaz involucrar a los comités de empresa, sensibilizándolos a través de
los convenios y de los programas, para que hagan un seguimiento de la
publicidad que hace la propia empresa. Puede estar segura S. S. de que
cualquier instrumento legal a nuestro alcance lo utilizaremos para luchar
contra esto. Sería lamentable que se hiciera por gracia, porque
significaría una doble falta de respeto añadida. Lo más triste de este
caso es cuando se cuenta y se comenta y aún parecen esas sonrisas entre
conmiserativas y cómplices de un machismo que, por ser subliminal, no
acabamos de erradicar, porque siempre hay el cómplice de la gracia o del
chiste.
Concluyendo, instaremos que se apresure la resolución, aunque no es
vinculante, pero moralmente sí. Además, buscaremos instrumentos de
colaboración con los medios de comunicación o a través de los propios
comités de empresa.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEJORA DE LA PROTECCION DE LA MUJER
EMBARAZADA FRENTE AL DESPIDO, ASI COMO MEDIDAS PARA COMBATIR EL ACOSO
SEXUAL ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO. (Número de expediente 181/000749).
El señor PRESIDENTE: Ultima pregunta que va a formular doña Cristina
Almeida, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, acerca de la
mejora de la protección de la mujer embarazada frente al despido, así
como medidas para combatir el acoso sexual entre compañeros de trabajo.
Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Como tenemos polémicas en tantas Comisiones,
ésta, aunque vengo sustituyendo a Ricardo Peralta, es una consecuencia de
otra comparecencia que tuvimos en la Comisión Mixta de Derechos de la
Mujer.
Es verdad que allí estábamos preocupados y habíamos hecho una pregunta
precisamente sobre la transcripción de la Directiva de la maternidad, en
la que una de las posibilidades era que se prohibiera el despido de las
mujeres embarazadas. Sabemos, y allí lo hablamos, que no te escriben una
carta diciendo: se la despide a usted por estar embarazada, pero de hecho
se nos despedía cuando estábamos embarazadas bajo otra fórmula, que era
el vencimiento de contrato, etcétera.
Usted contestó que se estaba trabajando y que había un acuerdo para
prohibir el despido de la mujer embarazada. Esto causó una polémica
porque nos parecía estupendo a las mujeres. Sin embargo, me temo que la
afirmación que
usted hizo era más de buena voluntad, porque también he notado el otro
día en su Ministro que no es tan fácil plantear determinadas cuestiones.
Quizá la pregunta era qué medidas se iban a adoptar, porque es verdad que
usted dijo que esto estaba más o menos arreglado, pero ahora queremos
saber en qué vía se está arreglando. Por eso la pregunta se formulaba en
esta Comisión cuya capacidad legislativa es mayor que la de la Comisión
Mixta de la Mujer, que no tiene ninguna. Como las leyes tienen que venir
aquí, queremos saber qué proyecto hay o dónde está incluida esa posible
solución del tema del embarazo y del permiso parental. Usted dice muy
bien --y además lo ha recogido así-- que puede no ser sólo un despido que
afecte a las mujeres, sino a esos gloriosos hombres, de los que todavía
no conocemos muchos, que piden también el permiso parental para poder
disfrutar de él. Algunos hay y esperemos que haya muchos más.
El otro tema del que también se ha hablado es el de las medidas sobre el
acoso sexual. Es verdad que la reforma del Estatuto de los Trabajadores,
que se hizo un poco artificialmente y aprovechando otra reforma de la
Seguridad Social, incluyó el acoso sexual sobre todo de superior a
inferior, pero al no ser una discriminación por el sexo, por ejemplo, no
está metido en la inversión de carga de la prueba que en otros casos sí
se hace. Como aquí los que pueden ser acosados son hombres y mujeres, se
entiende que no es una discriminación por el sexo, sino un ataque a la
libertad. Eso ha hecho que al no estar toda la normativa adaptada a esta
situación, muchas veces la posibilidad de demostrar el acoso sea tan
difícil que a la larga se transforma en un acoso hacia la víctima acosada
más que en una resolución de los problemas.
También se habló de la necesidad --y además usted lo reconoció así-- de
modificar el Estatuto de los Trabajadores. Para ello nosotros pedíamos
que se incluyeran tres temas: uno, la definición del acoso; dos,
establecer el acoso entre iguales, que hoy está poco contemplado, y tres,
incluir ese tipo de actuación en el principio de inversión de carga de la
prueba, porque creíamos que era muy importante para favorecer la
denuncia. Ya sabe que hemos pedido otro tipo de medidas en la inspección
de trabajo, etcétera, pero la pregunta que le hacemos es de qué forma se
va a hacer esta inclusión porque también anunció usted en ese momento la
posibilidad de que, en contacto con el Ministerio de Justicia, eso se
estuviera ya reformando.
Sabemos lo que está contemplado en el Código Penal, pero no existe lo
mismo en la estructura laboral y nos gustaría que nos diera alguna
respuesta en cuanto a esos proyectos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Contesto
con muchísimo gusto porque además es bueno que estas preguntas se repitan
de vez en cuando.
Tengo que decirle que ya por mi edad no es sólo buena voluntad, es el
convencimiento de que tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe.
Repito lo que le dije a S. S. en aquella ocasión: España ratificó la
Carta Social Europea y el Convenio 103 de la Organización Internacional
de Trabajo respecto a la pérdida del trabajo cuando una mujer está
disfrutando del permiso de maternidad o cuando está embarazada, y
recuerdo, señoría, como usted ha dicho muy bien, que se levantó una gran
polvareda porque, por difícil que sea, tenemos que intentarlo. ¿Cómo lo
queremos intentar? Creo que lo hemos intentado ya sacando ese tema a la
luz pública, por supuesto haciendo la salvedad de que no estamos hablando
de que no se despida a una mujer si durante el permiso de maternidad
comete una falta flagrante. Lo que tenemos que buscar son los mecanismos
y recovecos para que, con falsos subterfugios, no se despida a una mujer
que está disfrutando del permiso de maternidad; y lo que también tenemos
que buscar es incentivar la participación de los hombres en los permisos
parentales, porque a la mujer, en maternidad o no, se le sigue
preguntando en muchos lugares: te vas a casar, te has casado o no o vas a
tener hijos. Esto significa un atropello a la intimidad de la mujer y una
discriminación a priori respecto a lo que va a ser la rentabilidad y la
eficacia en el trabajo.
¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo este tema siempre que podemos
encima de la mesa. ¿Por qué? Porque sabemos que está firmado por España
desde el año 1995, y hay que traducirlo por lo menos al marco de los
convenios. Necesitamos la participación y la colaboración. Una ley no
tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Un compromiso. Le puedo
decir que mientras me quede voz y pueda, voy a seguir repitiéndolo,
aunque haya quien me denuncie porque dice que hago flaco favor a las
mujeres poniendo la ley sobre la mesa; aunque haya quien me denuncie
diciendo que estoy haciendo declaraciones de intención porque en España
esto no se puede hacer. Pues tendrá que hacerse y habrá que cambiar la
mentalidad cultural y habrá que decir que mientras por maternidad el
Estado al final del año paga 80.000 millones, por incapacidades
temporales laborales --y la maternidad no es una incapacidad laboral-- la
sociedad española y el Estado siguen pagando medio billón de pesetas.
Habrá que seguir diciendo que la mujer tiene derecho a elegir desde su
libertad si quiere ser madre o no y que, por tanto, la sociedad tendrá
que pagar algo por el relevo generacional.
Por tanto, lo que le pido es que usted me siga preguntando, que yo
seguiré respondiendo. Lo que sí le digo es que no es fácil, usted sabe
muy bien que es complicado, la prueba es que desde el año 1995 se
ratificaron los convenios y no se han materializado. Creo que esto tendrá
que ir avanzando con otros aspectos que también son importantes en
relación con la mujer y el mercado de trabajo, que es la no
discriminación de salarios, la contemplación como un rol importante de la
mujer, no de la maternidad, sino de lo que es el disfrute de ese permiso
durante ese tiempo. Para ello necesitamos la colaboración de todas las
fuerzas políticas sin distinción de color, porque es un tema de igualdad
de derechos en donde estamos a una. Sin embargo, le reconozco que es
difícil.
Respecto a lo del acoso sexual, quiero decirle, señoría, que, a raíz de
las últimas noticias que tengo, en la reforma
del nuevo Código Penal se va a introducir lo del acoso entre iguales.
También, que en las últimas jornadas que ya le cité de inspectores de
trabajo, celebradas en Toledo, se ha incluido lo que podrían ser
propuestas del acoso sexual, no con el aspecto de tutela que aparece
actualmente en el Estatuto de los Trabajadores, sino también en los
formularios de las propias inspecciones de trabajo como un vector más a
considerar a la hora de hacerlas. Estoy segura de que a usted le va a
parecer poco, pero es iniciar un camino para conseguir el todo. O sea, de
más a más. Espero que en el próximo año no tengamos que hablar más de
acoso sexual, aunque lamentablemente el acoso sexual en el trabajo es la
punta del iceberg de otros acosos más duros fuera del trabajo, en la
calle y demás.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: La verdad no es que me vaya a parecer poco,
sino, sobre todo, que me echa un jarro de agua fría, porque cuando nos
contestó en la otra Comisión y vino la polémica fue porque ya se estaba
estudiando el proyecto legal, no porque lo pongamos encima de la mesa. A
mí me parece que ponerlo encima de la mesa resuelve pocos problemas a las
mujeres que en este momento son despedidas por embarazo; y que conste que
aparte de hacer bastantes juicios por estos temas, llevarlos al Tribunal
Constitucional y estar en esa batalla, nos gustaría que las leyes
arreglasen estas cuestiones, porque las leyes dan derechos; los
compromisos ayudan a potenciar más el cumplimiento de la ley, incluso el
impulso de la ley, pero lo que da de verdad derecho es la ley. En la
directiva se dice que se prohíbe el despido de una mujer embarazada; por
supuesto, el despido disciplinario lo tiene todo el mundo, porque también
uno enferma, etcétera, pero la prohibición del despido de una mujer
embarazada significa precisamente una protección muy superior a una
condición que es objetiva, no es subjetiva ni de otro tipo. Me parece que
esa situación merece una protección para acabar con todo lo que estamos
hablando. Después nos responsabilizan de las bajas de maternidad, los
demógrafos se ponen todos de los nervios, pero luego nosotros estamos
aquí esperando que cuando se nos note no nos echen del trabajo.
Este tipo de cuestiones requiere una ley, no sólo buena voluntad, y nos
habíamos ilusionado con eso. Decíamos: ya está. Salió en todos los sitios
que ya estaba y por eso preguntamos, ¿dónde está? Pero ahora me dice: no
está, está encima de la mesa; pregúnteme otra vez, lo ponemos encima de
la mesa. Si no soy yo sola la que lo pone encima de la mesa, hasta
Ricardo Peralta lo pone encima de la mesa; el problema es quién lo pone
en la mesa del Consejo de Ministros para que venga a la Mesa de las
Cortes y de ésta a esta Comisión y hagamos una ley o una modificación de
leyes para resolverlo. Eso se lo digo, incluso, en relación con el acoso
sexual. El acoso sexual no es que venga en el proyecto de Código Penal,
es que ya está aprobado en la vía penal. También se ha hecho una reforma
del Estatuto de los Trabajadores para poner entre los criterios de
sanción objetiva de conducta, de falta de dignidad --digamos-- el acoso
sexual. Pero no se definió lo que era el acoso sexual dentro del propio
Estatuto ni se hizo una valoración de quién tiene la competencia, ¿y qué
pasa ahora? Que el de jefe a subordinado te puede dar derecho a resolver
el contrato de trabajo. A lo mejor penalmente le puedes poner una
denuncia, pero entre iguales lo más que sucede es que como el jefe tiene
la sartén por el mango, echa a los dos, a la acosada y al acosador, al
final se quita el problema y tú te quedas en la calle, además de acosada
despedida. Ese tipo de situaciones hay que regularlas de otra manera en
el Estatuto de los Trabajadores, que es donde nace ese nivel de jerarquía
y de potestad disciplinaria, que sigue teniendo el empleador. Es muy
difícil, a no ser que tengas derecho a ir contra el empleador, que tú
puedas suplir su voluntad de despido o de sanción. Eso tiene que estar
regulado dentro de las causas por las que una pueda pedir unas
determinadas sanciones cuando se da este tipo de conductas. Eso es lo que
le pedía. También nos dijo entonces que estaba en discusión ese proyecto
de ley, porque la reforma del acoso sexual se hizo con motivo de una
reforma de la Seguridad Social y se incluyó, no de extranjis, porque si
se mete no es de extranjis, pero sí de una forma que no era completa y
con una regulación mucho menos dedicada a como podríamos hacerlo hoy.
Yo puedo darla energía todo el día, pero lo que quiero es que usted me
elabore leyes y que mediante ellas veamos que, por ejemplo, en el
Estatuto de los Trabajadores se pueda introducir este tipo de conducta.
El señor PRESIDENTE: Señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señora
Almeida, usted sabe que no es lo mismo predicar que dar trigo, y prediqué
no hace ni tres meses. Yo no he visto que en un período de tres meses se
pueda predicar, dar trigo y hacer una ley. (La señora Almeida Castro: Ya
me había dado el trigo.) El trigo no, le había dado el compromiso, que
sigue siendo igual hoy.
Han transcurrido tres meses, y en medio ha estado la negociación de los
agentes sociales para la reforma del mercado laboral; en tres meses es
muy difícil que haciendo la mayor se haga la menor. La prueba de que
seguimos en el tema es que hemos trasladado ya a las secretarías de la
mujer de los sindicatos nuestra preocupación para buscar el cauce y el
camino. Usted propone una ley, a lo mejor más que una ley lo que se hace
necesario es incluirlo en un convenio-marco que sirva para los demás.
Desde luego, en lo que sí coincido con usted es en que es necesaria la
reforma del Estatuto de los Trabajadores. Estará de acuerdo conmigo en
que si la reforma del mercado de trabajo ha llevado los meses que ha
llevado, esto no puede hacerse en tres meses. Por tanto, el compromiso
sigue siendo igual, ahí ha querido usted meterme una puya, pero es muy
difícil, en tres meses comprometerme y hacerlo. Ya le he dicho que lo de
predicar es más fácil, pero para dar trigo hay que esperar a que germine
y salga.
Le repito y le mantengo que espero que no tengan que pasar muchas
cosechas, sino que esto lo hagamos y pronto, porque estamos en ello,
aunque usted no vea una ley o el convenio; pero puede estar segura de que
lo conseguiremos.
Muchas gracias por el apoyo, el incentivo y la prisa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gómez.
Hemos concluido el orden del día. Agradecemos a la Secretaria General de
Asuntos Sociales su resistencia y su tranquilidad, así como su sentido
del humor.
Deseo a todas SS. SS. buen verano --a ver si llega el verano-- y que
descansen bien, porque septiembre nos esperan con una buena agenda de
trabajo.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.