Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 249, de 10/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 249
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 16
celebrada el martes, 10 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado para el Deporte (Martín
Marín) para explicar la postura del Consejo Superior de Deportes acerca
de la situación actual de las emisiones deportivas y sus previsiones
sobre una modificación de la legislación vigente. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 212/000480) (Página 7160)
Comparecencia de la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre Gil
de Biedma) para informar sobre el Plan de inversiones en Educación de
1997. A solicitud del Grupo Socialista. (Número de expediente
213/000299.) Autorización, en su caso, de dicha comparecencia para que se
celebre en una próxima reunión de la Comisión de Educación y Cultura en
los términos aprobados por la Mesa y Junta de Portavoces de 27 de mayo de
1997 (Página 7161)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Cultura (Cortés Martín)
para informar sobre las causas por las que la Junta Superior de Museos
rechaza el traslado del busto de la Dama de Elche a su localidad para la
conmemoración de su centenario, así como de la posición del Gobierno
sobre dicho traslado. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/000188) (Página 7162)
Preguntas:
--Del señor Alcaraz Ramos (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya) sobre acciones para dar cumplimiento a la proposición no de
ley aprobada por la Comisión de Educación y Cultura el día 18-9-96 para
facilitar el traslado de la Dama de Elche a dicho municipio durante un
período del año 1997. (Número de expediente 181/000316) (Página 7162)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para dar cumplimiento a la
proposición no de ley aprobada por la Comisión de Educación y Cultura el
día 18-9-96 sobre realización en el año 1997 de una emisión filatélica
conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama de Elche. (Número de
expediente 181/000317) (Página 7162)
--Del mismo señor Diputado, sobre conclusiones técnicas a las que ha
llegado el Ministerio de Educación y Cultura sobre el informe del
Ayuntamiento de Elx (Alicante) acerca de las condiciones óptimas de
traslado y exposición de la Dama d'Elx en dicha localidad. (Número de
expediente 181/000713) (Página 7162)
--Del mismo señor Diputado, sobre conclusiones del informe técnico del
Ayuntamiento de Elx (Alicante) sobre las condiciones de exposición de la
Dama d'Elx en dicha ciudad. (Número de expediente 181/000714) (Página 7162)
--Del señor Romero González (Grupo Socialista), sobre contenido de la
reforma de la Educación Secundaria Obligatoria que se piensa acometer.
(Número de expediente 181/000719) (Página 7175)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas de reforma del Bachiller
previstas por el Gobierno. (Número de expediente 181/000720) (Página 7175)
Comparecencia del señor Secretario General de Educación y Formación
Profesional (Nasarre Goicoechea) para:
--Informar sobre las previsiones de su Departamento en materia de
transferencias de Educación a las comunidades autónomas. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/000182) (Página 7180)
--Conocer los criterios para el cálculo de la financiación de las
transferencias educativas no universitarias pendientes, así como los
instrumentos de participación de la comunidad educativa en dicho proceso.
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 213/000156) (Página 7180)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (MARTIN
MARIN) PARA:
--EXPLICAR LA POSTURA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES ACERCA DE LA
SITUACION ACTUAL DE LAS EMISIONES DEPORTIVAS Y SUS PREVISIONES SOBRE UNA
MODIFICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE. A SOLICITUD DEL GRUPO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
212/000480.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a
dar comienzo a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura señalada
para el día de la fecha y de acuerdo con el orden del día que obra en
poder de todas SS. SS., que sufre las siguientes modificaciones.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya se ha retirado la petición de comparecencia referida al
expediente 212/000480, punto 10 del orden del día. Al mismo tiempo, se ha
solicitado por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes el
aplazamiento de la contestación por el Secretario de Estado de las
preguntas números 2 y 3, expedientes 181/000508 y 181/000509, del
diputado don Francisco Antonio González Pérez, así como la comparecencia
relativa al expediente número 212/000529, que estaba prevista para el día
de hoy.
En consecuencia, ésas son las modificaciones que se producen.
--COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (AGUIRRE GIL DE
BIEDMA) PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN DE INVERSIONES EN EDUCACION PARA EL
AÑO 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de
expediente 213/000299). (AUTORIZACION, EN SU CASO, DE DICHA COMPARECENCIA
PARA QUE SE CELEBRE EN UNA PROXIMA SESION DE LA COMISION DE EDUCACION Y
CULTURA EN LOS TERMINOS ACORDADOS POR LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DE 27
DE MAYO DE 1997.)
El señor PRESIDENTE: Con el permiso de SS. SS., y vistas estas
modificaciones y también atendiendo a los legítimos deseos del
Ministerio, va a ser una reunión un poco peculiar, porque vamos a ir
entrando en materia a medida que vayan teniendo la amabilidad de ir
compareciendo los altos cargos, lo cual no supone ningún inconveniente
para nuestro trabajo, que será salpicado por alguna que otra interrupción
para dedicarlo a actividades lúdicas. (Risas.)
Empecemos, entonces, por el primer punto del orden del día. Como saben
ustedes, la comparecencia de la señora Ministra de Educación y Cultura
fue solicitada por el Grupo Socialista del Congreso, expediente
213/000299, ante la comisión de Educación para informar sobre el plan de
inversiones en educación para el año 1997.
Recuerdan ustedes que para esta clase de comparecencias, reunida la Mesa
y Junta de portavoces, se produce el correspondiente debate, y en el
supuesto de que no se alcanzara el acuerdo necesario a dicho fin, se
remite de nuevo a comisión para que sea ésta la que decida sobre dicha
comparecencia. En consecuencia, esta Comisión es la que debe decidir
sobre la autorización para la comparecencia, que lógicamente, no se
podría celebrar en esta sesión, sino en una próxima, de acuerdo con lo
previsto en una norma inicial de la que nos dotamos en la primera reunión
de esta Comisión.
Pasamos, por tanto, a la votación respecto a la comparecencia de la
señora Ministra de Educación y Cultura a que se refiere el primer punto
del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada dicha solicitud. (El señor Guerra
Zunzunegui pide la palabra.)
Señor Guerra Zunzunegui, tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señor Presidente. Querría consumir un
turno de explicación de voto.
El señor PRESIDENTE: Ahí lo tiene usted.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muy brevemente.
Quiero indicar nada más, como ya dije en la reunión de Mesa y Junta de
portavoces, que había venido escasamente hace dos semanas --concretamente
me parece que fue el 17 de mayo-- el Secretario General del Ministerio de
Educación, quien dio una explicación pormenorizada de las inversiones.
Asimismo, entregó la correspondiente documentación al señor Presidente de
la Comisión, que está a disposición de todos los miembros de la misma.
Igualmente quiero dejar aquí constancia de que la Ministra ha venido en
cinco ocasiones a esta Comisión. Además --ya lo dije--, en el mes de
octubre ella pedirá su comparecencia para hablar del tema de inversiones.
Entiende nuestro grupo que, una vez efectuada hace 15 días la
comparecencia del Secretario General, lo lógico era, como datos nuevos no
iba a haber ninguno al tratar otra vez este tema, que a principios de
curso fuera cuando solicitara la propia señora Ministra y el Grupo
Popular su comparecencia al efecto.
El señor PRESIDENTE: El señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO GONZALEZ: Intervengo para manifestar, en nombre de mi
grupo parlamentario, la protesta más absoluta por lo que significa
intentar por parte de la Ministra de Educación y Cultura obviar al
Parlamento, y a esta Comisión en concreto, para informar de aspectos tan
relevantes como el que nos ocupaba o nos debería haber ocupado.
La petición de mi grupo se sustentaba en dos hechos. En primer lugar,
porque naturalmente el proceso de transferencias es muy importante para
el conjunto del sistema educativo español, y es importante también que
esta Comisión tenga conocimiento puntual de cómo está produciéndose el
proceso de negociación previa que en este momento está teniendo lugar,
punto central de la cual es la valoración global del proceso de
inversiones y la constitución de la red de centros de nuestro sistema
educativo; y, en segundo lugar porque, después de conocer aquí la
intervención por parte del Secretario General de una teórica e hipotética
planificación de inversiones, la Ministra de Educación y Cultura informó
a los medios de comunicación, pero no a esta Cámara, sobre un plan de
inversiones nuevo, fantasioso, que incluía nada menos que la construcción
de 60 centros para septiembre próximo. Habida cuenta de que esta noticia
la dio en representación del Gobierno de España a los medios de
comunicación, hurtando esta documentación y esta información al
Parlamento español, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista
solicitó su comparecencia aquí.
Además, se ha visto reforzado con una última decisión tomada nada menos
que el viernes pasado por el Consejo de Ministros, otro fantasioso plan
de inversiones que ahora ya no son 60 sino 20 centros y que, según
parece, el Consejo de Ministros dijo haber aprobado para construir
--imagino que para septiembre próximo-- en el conjunto del sistema
educativo. Razón de más para que hoy el Grupo Parlamentario Popular que
sustenta al Gobierno hubiera
votado a favor de que la Ministra explique por lo menos las dos últimas
decisiones que el Gobierno de la nación dice haber tomado en materia de
inversiones. No ha sido así. Queda claro que el Gobierno no quiere
comparecer ante el Parlamento para explicar esta cuestión y sí comparece
ante los medios de comunicación, y mi grupo parlamentario de nuevo
anuncia una petición de comparecencia de la Ministra para informar sobre
estas cuestiones hasta que consiga que de una vez por todas la Ministra
de Educación no obvie al Parlamento español e informe a esta Cámara de un
asunto tan trascendental.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea algún otro grupo utilizar el turno de
explicación de voto? (Denegaciones.)
Señorías, como todos los temas relativos a cultura están fundamentalmente
sustentados en las preguntas y petición de comparecencias del señor
Alcaraz, quien todavía no se encuentra en la sala, creo que el señor
Cortés nos disculpará si en lugar de empezar por él comenzamos por el
señor Nasarre, porque el señor Alcaraz no está en la sala. El señor
Nasarre tiene solicitadas dos comparecencias y posteriormente pasaríamos
a las preguntas del señor Romero.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): ¿Puedo
acercarme a la mesa, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Faltaría más, señor Cortés. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (CORTES MARTIN)
PARA INFORMAR SOBRE LAS CAUSAS POR LAS QUE LA JUNTA SUPERIOR DE MUSEOS
RECHAZA EL TRASLADO DEL BUSTO DE LA DAMA DE ELCHE A SU LOCALIDAD PARA LA
CONMEMORACION DE SU CENTENARIO, ASI COMO DE LA POSICION DEL GOBIERNO
SOBRE DICHO TRASLADO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000188.)
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR ALCARAZ RAMOS (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA) SOBRE ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE
LEY APROBADA POR LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EL DIA 18-9-96 PARA
FACILITAR EL TRASLADO DE LA DAMA DE ELCHE A DICHO MUNICIPIO DURANTE UN
PERIODO DEL AÑO 1997. (Número de expediente 181/000316.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO SOBRE MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
PROPOSICION NO DE LEY APROBADA POR LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EL
DIA 18-9-96 SOBRE REALIZACION EN EL AÑO 1997 DE UNA EMISION FILATELICA
CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL HALLAZGO DE LA DAMA DE ELCHE. (Número de
expediente 181/000317.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO SOBRE CONCLUSIONES TECNICAS A LAS QUE HA
LLEGADO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA SOBRE EL INFORME DEL
AYUNTAMIENTO DE ELX (ALICANTE) ACERCA DE LAS CONDICIONES OPTIMAS DE
TRASLADO Y EXPOSICION DE LA DAMA D'ELX EN DICHA LOCALIDAD. (Número de
expediente 181/000713.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO SOBRE CONCLUSIONES DEL INFORME TECNICO DEL
AYUNTAMIENTO DE ELX (ALICANTE) SOBRE LAS CONDICIONES DE EXPOSICION DE LA
DAMA D'ELX EN DICHA CIUDAD. (Número de expediente 181/000714.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, tenga la amabilidad de ocupar su sitio
en la Mesa.
Continuamos la sesión. Perdonen ustedes, pero tratando de conciliar toda
clase de intereses se producen de vez en cuando estas interrupciones.
Comparecencia del Secretario de Estado para la Cultura, a solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Cortés
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
Presidente, quiero empezar dando las gracias a la Presidencia y a los
miembros de la Comisión por haber accedido a facilitar esta concurrencia
de las obligaciones parlamentarias con otro tipo de obligaciones
ejecutivas en la mañana de hoy.
El asunto que motiva la petición de comparecencia, así como una serie de
preguntas que se han formulado al Gobierno, se refiere a la solicitud,
por parte del Ayuntamiento de Elche, del traslado temporal de la Dama de
Elche desde el Museo Arqueológico a aquella ciudad con ocasión del
bimilenario de la misma.
Como conoce la Comisión, también la opinión pública, el día 18 de
septiembre del año pasado se aprobó en esta misma Comisión una
proposición no de ley que instaba al Gobierno a facilitar el traslado de
la Dama de Elche a este municipio durante 1997, previo informe de la
Junta Superior de Museos, según dice literalmente dicha proposición no de
ley aprobada, y con plenas garantías para su traslado a la exposición.
Esta proposición no de ley, insisto, fue aprobada el 18 de septiembre y,
en cumplimiento del mencionado acuerdo, se convocó a la Junta Superior de
Museos para que estudiara dos informes que se habían elaborado a petición
de la Dirección del Museo Arqueológico Nacional.
La Junta Superior de Museos, en reunión de 17 de octubre, apenas un mes
después de la aprobación de la proposición no de ley en esta Comisión, y
a la vista de estos dos informes, decidió por unanimidad que el traslado
de la pieza suponía peligros que podían ser irreparables para la misma.
En consecuencia, el Gobierno no sólo ha cumplido escrupulosamente lo que
fue el mandato de esta Comisión, sino que lo ha hecho con bastante
diligencia. Insisto en que la proposición no de ley de la Comisión de
Educación y Cultura del Congreso es de 18 de septiembre, y la decisión de
la Junta Superior de Museos, convocada por el Director General de Bellas
Artes y Archivos, es de 17 de octubre de 1996.
El procedimiento normal cuando en cualquier museo se solicita el
préstamos de piezas, es que sea el propio personal facultativo del museo
el que tome la decisión si ésta es denegatoria. Sólo en el supuesto de
que se acceda a la petición por el personal facultativo, la petición se
eleva, y en el caso de los museos de titularidad estatal tiene que
decidirse por una orden ministerial.
Tengo unas pequeñas referencias estadísticas porque ha habido también
algunos comentarios con ocasión de todas las informaciones que han
surgido sobre la Dama de Elche en cuanto a si la política de préstamos
era restrictiva o era irresponsable. En el año 1991, en el Museo
Arqueológico, sin ir más allá, se prestaron para distintas exposiciones
cien piezas y se denegaron 28; en el año 1992, se prestaron 49 piezas y
se denegaron dos; en el año 1993, se prestaron 244 piezas y se denegaron
nueve; en el año 1994, se prestaron 318 y se denegaron 29; y en el año
1995, se prestaron 132 y se denegaron cinco piezas. Insisto en que el
procedimiento es que si hay una denegación, bastan los informes
facultativos.
Consciente la dirección del Museo y consciente el Gobierno de la
importancia de la pieza en sí, pero sobre todo de la importancia que para
la ciudad de Elche tenía el poder celebrar su bimilenario con una
exposición en la que figurase una de las piezas que está más asociada
universalmente al nombre de este municipio tan importante, el
procedimiento fue extraordinario. La Dama de Elche ha sido solicitada en
muchas ocasiones para otras exposiciones muy importantes, lo fue para la
Exposición Universal de Sevilla, lo ha sido para Europalia y lo ha sido
para alguna más, y directamente fue denegada por la decisión de los
facultativos del Museo. En este caso, precisamente, porque se era muy
consciente de la importancia de la exposición que se quería hacer en
Elche y porque existía el prejuicio positivo de querer acceder al
préstamo, se pidieron estos informes, y luego, en estricto cumplimiento
del mandato parlamentario, se convocó a la Junta Superior de Museos.
No es cuestión de echar carreras, de ver quién tiene más ganas de que las
piezas participen en exposiciones, de ver quién tiene más cariño a la
ciudad de Elche o a cualquier otro municipio español que esté vinculado a
alguna de las piezas de nuestro patrimonio histórico, tan importante
universalmente como es la Dama de Elche o cualquier otro; en esa carrera
todos podemos competir con plenos títulos de legitimidad, pero sería
irresponsable por mi parte el que se plantease un debate en el terreno de
decir quién es más responsable en el cuidado del patrimonio. El Gobierno
está plenamente convencido de que si todos, Ayuntamiento de Elche,
miembros de esta Comisión, fuerzas políticas, sociales y culturales,
tienen el mayor interés --desde luego el Gobierno lo tiene-- en que la
ciudad de Elche celebre con la mayor importancia y la mayor relevancia su
bimilenario, también todos, sin ninguna excepción, anteponen a cualquier
deseo tan justificado como éste la conservación de las piezas del
patrimonio histórico español, sobre todo piezas tan delicadas como ésta.
Para ello hay que basarse en la opinión de los técnicos, no conocemos
otro procedimiento; para esto no sirven las mayorías, sino los informes
técnicos, y los técnicos se han pronunciado, y de una manera mucho más
exhaustiva que normalmente, de manera mucho más exhaustiva que con otras
peticiones.
Creo que estas explicaciones, al menos en cuanto a la primera
intervención, justifican las razones de esta decisión del Museo
Arqueológico Nacional. Insisto, las denegaciones de solicitudes de
préstamo no se elevan al Ministerio; las únicas que se elevan son las
solicitudes a las que han accedido los facultativos y entonces esto se
decide por orden ministerial. No obstante lo cual, el Gobierno, y estoy
seguro que también todas las fuerzas políticas, respalda la decisión de
los técnicos, al tiempo que lamenta que el estado de la Dama de Elche sea
tal que no permita su traslado a Elche ni a unas exposiciones tan
importantes --las más importantes que se van a hacer sobre los iberos--,
en las que participa el Ministerio junto con el Gobierno francés y el
Gobierno alemán. Estas exposiciones irían en la serie de las grandes
exposiciones europeas sobre los etruscos, los fenicios, los vikingos y
los iberos que se van a hacer en Barcelona, en París y en Berlín. En este
caso, los responsables de estas exposiciones han sondeado antes, y en el
Museo Arqueológico se les ha dicho que no habría posibilidad; para esta
exposición --que va a ser la más importante que se haya hecho nunca sobre
la cultura ibérica-- no se ha solicitado esta pieza, conocedores del
estado tan delicado en que se encuentra.
Termino, señor Presidente, diciendo que en la pasada legislatura se logró
un acuerdo muy importante en esta Comisión, y en la pasada legislatura la
mayoría de esta Comisión era de otro signo. Ese acuerdo, que se ha
mantenido en esta legislatura y debe fortalecerse todavía de cara al
futuro, es que la conservación del patrimonio, su atención y
preservación, debe quedar fuera de las pendencias políticas y se deben
conjuntar todos los esfuerzos para su conservación, para su restauración,
para su puesta en valor y para facilitar el acceso de todos a ese
patrimonio. En este sentido, expreso mi confianza en que estas
solicitudes de comparecencia o estas preguntas tengan ese ánimo de
informar, como se debe hacer desde el Parlamento, a la opinión pública de
decisiones que no están en la pendencia política, sino basadas en el
rigor de los magníficos profesionales de la Administración cultural
española.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene
la palabra doña María Luisa Bartolomé.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Quiero lamentar, en nombre de mi grupo, que no
esté presente la señora Ministra; que una vez más no quiera darnos
información de primera mano sobre un tema que no es local, en absoluto,
sino que afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad
Valenciana y de este país. De todas maneras, agradezco las explicaciones
del señor Secretario de Estado, explicaciones que no nos convencen en
absoluto y que no varían en relación con las que ya conocíamos.
Quiero recordar a SS. SS. que el busto de la Dama fue descubierto el 4 de
agosto de 1897 y vendida posteriormente a un arqueólogo francés por un
importe aproximado de 5.200 pesetas. El protagonista del hallazgo,
motivado por la apatía de la Administración central de entonces en la
recuperación del busto, consideró más oportuno que tan importante obra
pudiera ser conocida y promocionada en París, en el Louvre, regresando a
nuestro país en 1941, primero al Museo del Prado y luego al Museo
Arqueológico. Después de estos avatares, visitó de nuevo su ciudad en
1965, donde sólo fueron necesarios un choque de manos entre los
directores de los museos local y nacional y un seguro de cien millones de
pesetas. El traslado se produjo en una furgoneta del parque móvil
militar, custodiada por dos guardias civiles, durante nueve horas de
viaje y por las carreteras de entonces. Los ciudadanos de Elche
agradecieron la visita, ya que tuvieron ocasión de contemplar de nuevo a
su gran dama, a su diosa.
Realmente, la Dama, para los ilicitanos y para los valencianos en
general, es algo que tiene que ver con los sentimientos, es un símbolo
emblemático que representa a la ciudad en nuestro país y fuera de él. Es
en este contexto en el que se inician las gestiones de solicitud de
cesión temporal de la Dama y la verdad es que, a estas alturas, no
entendemos que persista una postura tan radical y negativa para su
traslado.
El pasado 16 de octubre, la Junta Superior de Museos emite un dictamen
desfavorable a dicha petición, aduciendo razones de tipo técnico de las
que aún no tenemos copia ni la Administración local, que es la que inicia
los trámites para su cesión, ni los diputados, que hemos formulado
preguntas al respecto. Y tampoco se toma en consideración por parte del
Museo Arqueológico la iniciativa del Ayuntamiento de Elche de que un
prestigioso arqueólogo, el señor Almagro, pudiera realizar un estudio de
cuál es la situación actual del busto de la Dama. A partir de este
momento, se inician toda una serie de actuaciones promovidas por la
Administración local, y apoyadas por los grupos municipales así como por
todos y cada uno de los movimientos asociativos de la ciudad, con el fin
de conseguir un argumento razonado de esta negativa y, al mismo tiempo,
hacer ver a la Administración central, concretamente al Ministerio de
Educación y Cultura, el significado que tiene esta negativa no ya sólo
para el pueblo ilicitano, sino para toda la Comunidad Valenciana y para
todos aquellos organismos nacionales e internacionales, embajadas,
ayuntamientos, parlamentos autonómicos, etcétera, lo que da a la Dama una
proyección universal y para los cuales esta negativa representa un jarro
de agua fría en las pretensiones de que la ciudad pueda contar con el
busto ibérico para el mes de agosto.
Los intentos por parte del Gobierno de desviar la atención del objetivo
principal, que la Dama esté en Elche, comienzan con el anuncio por parte
del Ministerio de Cultura, después de manifestar la negativa al traslado,
de la organización de una muestra de Bellas Artes en Madrid sobre la
Dama, solicitando además la colaboración del Ayuntamiento ilicitano, con
la cesión de piezas ibéricas expuestas en el Museo Arqueológico
Municipal, también de gran valor. Esta propuesta causa una gran sorpresa
e indignación, ya que las fechas coinciden con la conmemoración del
centenario de la Dama y con todos los actos programados en la ciudad
ilicitana. A partir de este momento se suman una serie de despropósitos
del Ministerio hacia el pueblo de Elche y, en suma, hacia todos los
ciudadanos que han apoyado esta petición desde el primer momento y que yo
quiero poner en conocimiento de los miembros de esta Comisión. En todo
este período de tiempo no se da a conocer por parte de los técnicos del
Ministerio el tan aludido informe técnico y, por tanto, mi grupo
parlamentario sigue preguntándose si realmente existe ese informe.
La Ministra de Educación y Cultura, doña Esperanza Aguirre, hace oídos
sordos a las reiteradas peticiones, por parte del Ayuntamiento de Elche,
de mantener una entrevista personal para obtener de primera mano
explicaciones técnicas y políticas por las que se niega el traslado del
busto, evitando de esta manera la más mínima oportunidad de intercambio
de opinión acerca de las condiciones del traslado, de las condiciones de
su estancia, etcétera.
El Ministerio sigue mostrando su postura de menosprecio y falta de
sensibilidad por el esfuerzo que están realizando las autoridades
municipales que, en su empeño de que las condiciones tanto de traslado
como de estancia del busto de la Dama goce de todas las garantías
necesarias, elaboran un informe en el que participan técnicos expertos de
reconocido prestigio, entre ellos el arqueólogo don Rafael Ramos
Fernández y el ingeniero industrial don Luis Gené Pou, conocido
conservador del patrimonio cultural de Cataluña (informe que tengo aquí y
que SS. SS. pueden observar en cualquier momento), documentación remitida
con fecha 11 de abril del presente año y que no ha merecido la más mínima
atención por parte del Ministerio, a pesar de ser un estudio elaborado
con mucho rigor por sus autores y del que se desprende la viabilidad del
traslado con las garantías máximas de que esta cesión temporal no supone
ningún riesgo ni deterioro para el busto ibérico.
Siguiendo la misma línea de falta de sensibilidad para con el pueblo
ilicitano, el Ministerio elude, en un principio, explicar en Elche las
razones para no ceder la Dama y prefiere hacerlo a través de sus técnicos
en la ciudad de Alicante. ¿Por qué Alicante tiene que recibir esas
explicaciones, cuando Elche está a veinte kilómetros de distancia nada
más y nada menos? Se ha mostrado una total desconsideración con las
autoridades locales y con todos los grupos políticos, incluido el propio
grupo municipal del Partido Popular. Para compensar tanto desatino, el
Ministerio pacta con el señor Zaplana el otorgar a Elche la capitalidad
del arte ibérico, pero declarando al mismo tiempo la inamovilidad
de la Dama. Esta propuesta un tanto provocativa a mi grupo le parece una
falta total de respeto al pueblo de Elche.
Como conclusión de mi intervención, quiero manifestar al señor Secretario
de Estado y a todas las señoras y señores diputados de esta Comisión que
la petición de que la Dama de Elche vaya temporalmente a su ciudad para
conmemorar el primer centenario de su hallazgo se ha convertido en un
clamor general. Es difícil encontrar otra reivindicación que haya
cosechado tantas adhesiones. Se ha realizado en estos últimos meses un
gran esfuerzo por parte de todos, se han puesto muchas ilusiones y, por
tanto, mi grupo parlamentario le pide a usted que reconsideren su
posición negativa al traslado. Es una petición legítima del pueblo
ilicitano, que se ha volcado por completo en apoyar esta solicitud y que
este Gobierno del Partido Popular debería tener en cuenta. No se trata de
una petición que realiza un determinado partido político, sino que parte
del propio pueblo que va a vivir una circunstancia histórica en la
coincidencia de dos importantes celebraciones, el centenario del
descubrimiento de la Dama y el bimilenario de la ciudad.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el correspondiente
orden de menor a mayor, tiene la palabra en primer lugar el Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias al señor Secretario de Estado por la
comparecencia del día de hoy.
Lo que Unión Valenciana tiene que valorar en el inicio de su intervención
es que difícilmente se pueden dar explicaciones de un informe que
contiene una negativa al traslado de la Dama de Elche a la ciudad de
Elche, cuando razones ni técnicas, ni jurídicas, ni de ninguna otra
índole pueden avalar ese informe firmado bajo el dictado, desde nuestro
punto de vista, de razones que no son técnicas, ni están basadas en
cuestiones arqueológicas, ni muestra ningún tipo de argumento que pueda
avalar una decisión tan desafortunada como la que aquí nos ocupa.
Coincido con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en que en la Comunidad Valenciana es muy difícil que, ante
cualquier reivindicación, nos pongamos de acuerdo --tengo que
reconocerlo, pero el carácter valenciano es así-- y hay ejemplos a lo
largo de la historia en que ha habido una problemática en la que era
lógico entender que nos íbamos a poner de acuerdo; por ejemplo, en el
asunto de la presa de Tous, en la reforma del estatuto de autonomía, en
la transición para conseguir el autogobierno valenciano, había siempre
grandes desuniones en el pueblo valenciano, lamentablemente.
Sin embargo, en esta cuestión se ha producido lo que nunca, aunque hay
pocos referentes históricos, pero me remonto a dos mil años, tantos como
cumple la fundación de la ciudad de Elche, y es que todos los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana, representados en la peculiaridad y en el
carácter de las gentes de Elche, se han puesto de acuerdo en reivindicar
lo que era una cosa obvia, que la Dama de Elche volviera al lugar donde
fue encontrada el día 4 de agosto de hace cien años. Todos los
valencianos, todos los ilicitanos, asociaciones cívicas de un signo o de
otro, sindicatos, partidos políticos, desde la extrema izquierda a la
extrema derecha, pasando por los que están representados en el Parlamento
valenciano y en el Congreso de los Diputados, Partido Socialista, Partido
Popular, Unión Valenciana, Izquierda Unida, Unitat del Poble Valencià,
todos los partidos del ámbito político municipal valenciano han
coincidido en esta cuestión, que es motivo más que suficiente para darnos
cuenta del atropello que significa el no atender una petición, unánime,
consensuada.
Creo que tampoco habría que abundar mucho en que, coincidiendo la
celebración de estos dos mil años de la fundación de la ciudad de Elche
con el hallazgo del busto de la Dama de Elche, la Dama de Elche debería
volver por cesión temporal, aunque no es ésta la aspiración de Unión
Valenciana --tenemos que decirlo aquí--, sino la que manifestó en 1987 en
las Cortes valencianas en un debate que contó con mucho apoyo, excepto el
de algún partido que tampoco viene al caso (por no romper el consenso),
de solicitar el traspaso de la titularidad de la Dama de Elche a la
Generalidad Valenciana.
Esa es nuestra reivindicación, pero el sentido común, la unanimidad, el
consenso alcanzado hace que todos nos hayamos puesto de acuerdo en pedir
que por lo menos en esta fecha tan importante del 4 de agosto, con los
actos que se van a celebrar en la ciudad de Elche, la Dama de Elche esté
en el lugar de donde nunca tenía que haber salido hace muchos años en
circunstancias turbias, cuando menos extrañas, a finales de 1897,
aproximadamente.
Podrá dar las explicaciones que el Ministerio estime oportunas, pero esta
reivindicación que no viene de ahora, en la conmemoración de los cien
años de su hallazgo, sino desde hace tiempo, es un clamor popular. Los
valencianos, los ilicitanos consideramos esta pieza de la arqueología
como propia y no entendemos cómo no puede ser cedida temporalmente cuando
en el último año se han tomado decisiones por parte del Ministerio, ya no
de cesiones temporales, sino incluso se han permitido algunos traspasos
de titularidades, de archivos de interés nacional --y no quiero abrir el
debate--, de segregaciones que no voy a discutir, pero que, en todo caso,
podían tener algún informe jurídico o técnico seguro sin mayor
contradicción en el que en teoría, porque no lo conocemos, avala esta
negativa del Ministerio.
Si hablamos de informes, además de los que se han comentado por la
portavoz del Grupo Socialista, hay prestigiosos arqueólogos que señalan
que las cualidades de la piedra sobre la que está tallada el busto de
arte ibérico, único, de la Dama de Elche --que está en estos momentos en
Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional-- no cuentan con las
condiciones de temperatura, de habitabilidad y que esas condiciones
actuales pueden deteriorar, de hecho ya han deteriorado, gravemente la
pieza de arte ibérico de la Dama de Elche. Por tanto, si tenemos que
hacer caso de informes, pedimos desde Unión Valenciana que se haga caso
de aquellos informes que están cuestionando incluso la viabilidad de que
continúe en Madrid, porque las condiciones ambientales, las condiciones
técnicas y las condiciones en general de su ubicación en aquel Museo no
son las más favorables, dada la antigüedad de la pieza y las condiciones
de la piedra sobre la que está tallada.
Por tanto, la vamos a reivindicar de nuevo y le vamos a interpelar para
que dé las explicaciones de esa negativa (que no sabemos a qué se debe)
continua y constante a la reivindicación de todos los ciudadanos de
Elche, a la que, repito, nos hemos unido todos los valencianos, todos sin
excepción, y no entendemos cómo se sigue dando la espalda a esa
aspiración muy legítima, muy noble y muy lógica.
Por consiguiente, aún está a tiempo de rectificar su ministerio, aún
puede darle la vuelta a ese informe, porque no creo que sea muy difícil,
ya que no creo que tenga más de dos renglones, y diga: condiciones o
mandatos políticos desaconsejan la cesión; creo que no debe ser muy fácil
dar la vuelta a ese hipotético informe y atender esa petición del
ayuntamiento, de los vecinos, de toda la sociedad valenciana de que, por
lo menos en este centenario, esté el busto de la Dama de Elche entre los
ilicitanos y las ilicitanas.
Por tanto, lo que le pedimos desde Unión Valenciana es que rectifique,
que dé un paso adelante, porque hay experiencias que demuestran que se
puede hacer, porque coincidiendo con el séptimo centenario del Misteri de
Elx (me imagino que usted tendrá constancia de esa pieza fundamental de
la cultura valenciana), en 1965, hace 32 años, se cedió temporalmente a
Elche y se expuso en el museo del parque municipal. No creo que los
adelantos técnicos, científicos y de conservación arqueológica fueran tan
importantes como los que ha habido en los últimos treinta años, y hace 32
años no hubo inconveniente alguno ni técnico, ni arqueológico ni político
y estuvo entre los ilicitanos en el séptimo centenario del Misteri de
Elx. No entendemos cómo ahora, 32 años después, unas razones de seguridad
o de problemas en el traslado puedan desaconsejar que la Dama de Elche
esté en Elche en una cita tan importante para la historia de una ciudad
tan importante y de tanta proyección cultural de la Comunidad Valenciana.
Por tanto, mediten, recapaciten, porque ustedes, la Ministra y usted como
Secretario de Estado, podían pasar a la historia, no sólo de Elche, sino
a la historia colectiva de la Comunidad Valenciana, por ser los
responsables políticos que le quitaran la venda de la boca a la Dama de
Elche, la pudieran trasladar a la ciudad de Elche y pudiera participar,
como una ilicitana más (porque es una ilicitana que por motivos políticos
está en Madrid, no exiliada pero casi) en esa fiesta tan importante que
se va a celebrar en la ciudad de Elche por motivo de los dos mil años de
su fundación y de los cien años del hallazgo de esta figura que en el año
1997 está exiliada de su lugar de nacimiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra su portavoz, don Manuel
Alcaraz Ramos, al que se le sugiere, si lo cree conveniente, que en su
fijación de posiciones sobre esta comparecencia pueda unir todo cuanto
tenga a bien exponer en relación con sus preguntas, para lo cual gozará
de todo cuanto tiempo necesite pero que, conocida su capacidad de
concreción, sabemos que no va a ser muchísimo.
Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: No consumiré ni cien años de un centenario y
tampoco permaneceré silencioso como la Dama. (Risas.) Sin duda, atenderé
su sugerencia. Mire usted, señor Secretario de Estado, nosotros no vamos
a cuestionar ningún informe técnico; nos merece todos los respetos la
alta cualificación de los directores de museos, comenzando por la señora
directora del Museo Arqueológico y, por tanto, no se trata de frivolizar
ni de entrar en una discusión que no nos corresponde a los aquí presentes
que, salvo ignorancia mía, ninguno somos arqueólogos --yo desde luego no
lo soy--, sobre si esos informes están bien o están mal hechos. Lo que
sucede es que, en primer lugar, como usted sabe perfectamente, existen
otros informes; a mi modo de ver existe al menos otro impresionante
informe que contradice los presuntos informes de la Junta Superior de
Museos --y usted entenderá por qué digo presuntos-- y, en esa
circunstancia, como no tengo por qué dudar ni de unos ni de otros, sí que
usted aducirá que la proposición no de ley aprobó con el informe de la
Junta Superior de Museos que, por otro lado, era preceptiva aunque no lo
dijera la proposición no de ley. (El señor Secretario de Estado de
Educación hace signos negativos.) ¿No era preceptiva? Bien, entonces
habría que ponerlo en el debe del Partido Popular, que tendió esta
pequeña trampa al indicar que era preceptiva; pero, en fin, dejemos esto
ahora.
El problema nos sitúa en cuál es el ajuste entre un organismo técnico
consultivo y el órgano político que ha de adoptar la decisión política
última, y que, entre otras cosas, es garante del buen funcionamiento
jurídico y administrativo del órgano consultivo. Y ahora entenderá por
qué digo esto. Igualmente y desde el principio quiero precisar que es
absolutamente importante para nosotros el que la unidad, como usted
indicaba, en torno a la protección del patrimonio histórico artístico sea
un elemento que califique toda la actividad que puedan realizar los
órganos políticos, y en ese sentido vamos a apoyar el que se busque, que
se intente y, si es posible, que se consiga la unanimidad. Con nosotros
no va a tener problema, igual que se consigue, por ejemplo, en el
Ayuntamiento de Elche, y entre todos los valencianos aunque, señor
Chiquillo, lamento decirle una excepción, el alcalde de Alicante no
estará de acuerdo, pero, en fin, ¡qué le vamos a hacer!
Situadas así las cosas, el problema ¿cuál es? El problema es que yo
solamente podría encontrar una cita de un responsable político que se
sale de este planteamiento de unanimidad, y es el señor portavoz del
Partido Popular en las Cortes valencianas --lamento no haber traído la
cita textual, pero con mucho gusto se la haría llegar si así lo estima
conveniente--, que dice: La Dama de Elche va a venir a Elche por fin
porque gobierna el Partido Popular y no los que gobernaban antes, que no
lo consiguieron. Esa es la ruptura del consenso, no de otros partidos
políticos, porque obliga a la semana siguiente a responsables del Partido
Popular a desmarcarse de la opinión de su propio portavoz en ese debate
en las Cortes valencianas. No estamos hablando de una declaración en la
prensa, no estamos hablando de alguien que pasa por la calle y lo dice;
no: el portavoz del Partido Popular en las Cortes valencianas. Esto es
importante.
Pero esto no es más que una pequeña muestra de ciertos despropósitos, de
falta de sensibilidad del Ministerio que, a nuestro modo de ver, no acaba
de entender la importancia del problema. Tanta falta de sensibilidad
como, por ejemplo, no comunicar todavía al Ayuntamiento de Elche la
denegación oficial en un papel; no está ese papel; el que la señora
Ministra no haya encontrado un pequeño hueco en su agenda para reunirse
con el Ayuntamiento de Elche, o incluso, dentro del terreno anecdótico,
que después de aprobar en esa misma sesión en una votación en esta
Comisión el que se hiciera un sello conmemorativo de la Dama, se acuerda
hacer un sello de Elche pero --¡oh, casualidad!-- el motivo será el
Misteri, cosa de la cual yo también me congratulo, y no la Dama. ¿Hay
algún deseo de poner más chinas en un camino que por sí solo se ha
complicado? ¿Cómo es posible acumular tal grado de ineptitud, con
independencia de lo que digan los informes? ¿Cómo se puede demostrar tal
grado de insensibilidad?
Pero vayamos a los informes. La verdad es que ha habido que hacer una
cierta tarea de pesquisa arqueológica o detectivesca para ir desbrozando
todo lo que sucedía. Dice usted que fue solicitada para Sevilla. En la
documentación que yo pedí sobre los informes pidiendo los expedientes
completos de solicitudes de los últimos años juraría que no consta, pero
puedo equivocarme. Ciertamente no consta la solicitud de París y Berlín;
ahora usted ha aclarado, curándose en salud --¡oh, casualidad!--, que
eran contactos previos indirectos y que no se llegó a formular nunca, al
parecer, por escrito, lo cual seguramente nos da un índice de un
funcionamiento habitual, que yo no voy a criticar, entre grandes museos,
que deja fuera la posibilidad de intervención de los parlamentos o de los
ciudadanos, etcétera, en la política de préstamos, porque si resulta que
un ayuntamiento o el mismo Congreso de los Diputados debe hacer toda una
gran cantidad de cosas para conseguir un traslado y entre los grandes
museos son contactos, nos encontramos con una realidad cuando menos
preocupante, y eso que en el frenesí de enviarme documentación cuando la
pedí tuvieron a bien incluso mandarme una petición de alguien que
solicitaba para una exposición la copia en escayola de la Dama; no se por
qué se les fue la documentación y también me la mandaron.
Me ha interesado especialmente la opinión de que basta con los informes
del Museo si son negativos. Vamos al fondo de la cuestión; sea preceptivo
o no, usted afirma que se ha cumplido lo que se votó aquí, es decir, el
informe de la Junta Superior de Museos. La Diputada Bartolomé, con la que
he tenido el honor de trabajar estrechamente en toda esta cuestión,
formulaba una pregunta que merecía una respuesta del Ministerio, el 27 de
enero de 1997, en la que se dice que la Junta Superior de Museos, máximo
órgano consultivo, debatió acerca del posible traslado. Dice: Las razones
que aduce este órgano colegiado para informar negativamente acerca del
traslado son las opiniones que individualmente expresó cada uno de los
miembros y, por otro lado, los informes que presentó el Museo
Arqueológico, un informe técnico del departamento de conservación y otro
de los departamentos de protohistoria y colonizaciones.
Esa respuesta queda extraordinariamente ambigua y da la impresión de que
el informe que había emitido la Junta Superior de Museos --informe
realizado a partir de los informes de las dos comisiones del Museo
Arqueológico-- desaconsejaba el traslado.
Sin embargo, yo, que había optado por otro camino, es decir, por el de
pedir el informe (porque si esta Comisión aprueba que haya un informe, yo
pido el informe, asistido por el Reglamento del Congreso de los
Diputados), recibo una contestación fechada el 7 de febrero,
aproximadamente unos diez días después de la otra. Dice: La Junta
Superior, órgano colegiado compuesto por directores de museos de
diferentes titularidades, no emitió un informe técnico. Si no emitió un
informe técnico ¿cómo existe un informe? Si lo que esta Comisión aprueba
es que la Junta Superior de Museos haga un informe y ustedes, el
Gobierno, me dicen que no emitió ningún informe, hay un error en alguna
parte. Mire usted, es un problema de lógica formal. Este es el corazón
del problema. Que usted me diga que la costumbre es una, se lo acepto.
Obviamente, yo nunca he estado en la Junta Superior de Museos y no me
atrevería a decirles si es buena una costumbre u otra. No sé muy bien si
existe cobertura legal para que esa costumbre funcione solamente en el
caso de que sea denegatorio --sería una costumbre praeter legem--, pero
no sé si hay una base legal para ello. Cuando se espera que el órgano
colegiado emita un informe será porque se espera que el Museo no sea juez
y parte en estas cuestiones. Por tanto, se espera ese informe y yo afirmo
categóricamente que ese informe de la Junta Superior de Museos no existe.
Si existe, me han engañado a mí. Este es el problema de fondo.
Siguiendo con estas pesquisas, yo pedí el acta literal de la reunión. En
ese acta literal, donde tampoco figuran los informes, ni tienen por qué
figurar seguramente, se hacen reiteradas alusiones a los informes de los
departamentos de Museo Arqueológico que aquí se aducen, pero hay una
opinión que está más presente que la de la conservación: no crear un
precedente. Yo creo que esto nos acerca a uno de los problemas políticos,
que es el que nos toca dilucidar a nosotros, porque lo que está muy
presente en los órganos consultivos, admitiendo toda su capacidad, es que
no se generen precedentes. Dicho de otra forma, que los precedentes
generados en los intercambios entre museos son una cosa, pero las
peticiones que provienen de otras instancias son otra. Ahí es donde
políticamente tenemos que decir algo. Sin duda, sería un juicio de valor,
un atrevimiento por mi parte decir que sólo la generación del precedente
es lo que lleva al Gobierno a denegar el traslado, pero permitirá que le
diga que, después de leer esas actas, después de hablar con muchos
arqueólogos, directores de museos, etcétera, me confirme en esa
impresión.
Para concluir lo que yo llamarías algún rastro de desatinos, como decía
la señor Bartolomé en una reciente visita de un alto directivo del
Ministerio a las comarcas de Alicante, se anunciaba que la Dama de Elche
iba a ser declarada inamovible. Sigo sin saber cuál sería la base legal
que permitiera, sin más, declarar inamovible una pieza. No sé, en el
actual sistema legal, qué sería lo que permitiría declarar inamovible por
siempre una pieza. Esto ha llevado
rápidamente a la formulación de otra cuestión: sea inamovible, llévese a
Elche primero y que se quede allí para siempre. Este va a ser un
problema. No hemos defendido eso, pero no le quepa duda de que el giro
que van a tomar los acontecimientos va a hacer que muchas personas, menos
sensibles a los informes técnicos que algunos de los aquí presentes, no
entiendan por qué. Si es tan importante, vuelva la Dama al lugar de su
nacimiento, a cuyo clima estaba acostumbrada durante muchos cientos de
años, y repose allí inamoviblemente. No le quepa duda de que mucha gente
lo va a decir, no le quepa duda.
En definitiva, eso nos lleva a una reflexión política de fondo, que creo
que ustedes no han hecho, y merecería la pena que colectivamente todos
hiciéramos. El sistema de museos nacionales, centralizados, con piezas
inamovibles, etcétera, es una herencia del pasado, en ocasiones una
herencia de una valor inigualable para todos. Creo que era Hemingway
quien decía que España es ese lugar donde está el Museo del Prado; a
algunos nos gustaría decir que el Museo Arqueológico es ese lugar donde
está la Dama de Elche, obviamente sin menospreciar la gran cantidad de
obras de insuperable calidad que encierra. Ese complejo sistema de museos
nacionales, que se ajustaba ideológicamente a otros principios, casa mal
con los actuales principios informadores del propio Estado de las
Autonomías.
El Estado de las Autonomías ha permitido, entre otras cosas, que existan
importantes, serios, respetuosos y respetables sistemas propios de museos
que pueden garantizar el traslado y la permanencia, no voy a decir de
todas, pero sí de una gran cantidad de obras de arte, ha permitido que
existan técnicos suficientes en muchas comunidades autónomas, desde luego
en la Comunidad Valenciana, sobre todo en ayuntamientos de la importancia
del de Elche, y ha hecho que afloren identidades colectivas. Para muchas
personas, esta disputa por si un trozo de piedra va a un sitio o a otro
es una disputa vacua, es una anécdota, es irracional. Simplemente estamos
hablando de otras racionalidades, desde presupuestos ideológicos
distintos, pero tan respetables como los que subyacen en la negativa a
que ciertas obras salgan de los museos nacionales. Si no se ajusta la
filosofía de la pieza de arte a la nueva filosofía política de Estado,
nos vamos a encontrar con una fuente permanente de problemas, porque los
ciudadanos no van a entender el agravio. La teoría de la pieza única es
justificable en algunos casos, pero en otros casos no, porque hemos visto
viajar piezas únicas, que es otro de los argumentos que circulan, con
independencia relativa de su estado de conservación; lo vemos
continuamente, baste mirar la relación de exposiciones que se celebran
trimestralmente, que publica la revista FMR, para entender la cantidad de
piezas únicas que están viajando continuamente por el mundo. Eso va a
generar el sentimiento de agravio comparativo, eso no va a ser entendido
porque choca con fuertes sentimientos de identidades colectivas.
Por tanto, señores del Ministerio, se están equivocando. Espero que, al
menos, esto haya servido para algo. Hemos descubierto que la Dama tenía
algún problema de conservación, según parece. Espero que se acometan
medidas para su conservación, porque resulta que, si no se llegan a
pedir, esos estudios no se habrían hecho, según parece, o no se habría
actuado. En cualquier caso, que nadie piense que lo que yo llamaría
batalla por la razón y la sensibilidad que están librando muchos
ciudadanos no va a servir de nada. La Dama estará o no en agosto en
Elche, sin duda los ciudadanos seguirán sintiéndola como suya. Propondrán
parches, propondrán medidas compensatorias; nada de eso servirá para ese
arte de aura, todavía no privado, como son la Dama de Elche y otras obras
artísticas. La Dama ya ha servido, ya está sirviendo para reforzar la
identidad de todo un pueblo y para que hoy tengamos aquí este debate, más
allá de lo que decida el Gobierno, porque la pelota está en el Gobierno.
Ahora ya no vale invocar los consensos, porque los consensos ya se han
tenido en otro ámbito. Busquen soluciones a este y a otros problemas que
se van a plantear. Busquen soluciones estables, adelántense a los
problemas y, por favor, den explicaciones más convincentes al pueblo
valenciano y al pueblo de Elche.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Beatriz
Rodríguez-Salmones, tiene la palabra.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Voy a intervenir muy brevemente,
porque creo que aquí ya se ha dicho todo. Yo, como es lógico, voy a
abundar en la explicación del Secretario de Estado, que creo que ha sido
más que correcta.
Quiero decir, en primer lugar, que lamentamos profundamente que la Dama
de Elche no pueda viajar a Elche, que no vaya a estar este verano en la
exposición y en la conmemoración del centenario y el bimilenario, y
lamentamos en general cualquier denegación que se dé para el traslado de
obras de arte con motivo de exposiciones, conmemoraciones, etcétera.
Creemos, como es lógico, que son ocasiones únicas para el disfrute y la
exhibición de las obras de arte y que posiblemente muchos más ciudadanos
las van a contemplar, su conocimiento va a ser mayor, va a ser objeto de
mayores estudios. Es decir, en principio, el que puedan prestarse,
trasladarse, con motivo de grandes ocasiones es beneficioso incluso para
la propia obra de arte y desde luego para los ciudadanos. Sabemos además
el esfuerzo que se ha hecho en toda la Comunidad Valenciana y muy
especialmente en Elche por hacer informes, por estudiar, por proporcionar
las mejores condiciones. Se ha apoyado por parte de nuestro grupo, como
aquí se conoce, y de verdad lo lamentamos.
Dicho esto, creemos que hay un criterio por encima de todos que yo creo
que no es discutible, podría decir casi tajantemente que para nuestro
grupo ni siquiera es opinable, que es el de la conservación de las
piezas. Estamos hablando de obras de arte, estamos hablando de
irresponsabilidad o no en su conservación. De los criterios que podríamos
tener en cuenta, como el de conservación, exhibición, estudio e
investigación, sin duda ninguna debe prevalecer el de conservación. A
veces es muy duro. Yo, por ejemplo, soy vecina de las Cuevas de Altamira,
que se han cerrado excepto para diez personas al día. Yo lamento eso
personalmente muchísimo, pero creo que por encima de todo
hay que actuar con el criterio de la conservación. Parece un criterio muy
conservador, efectivamente. Creo que en esta materia como en otras es el
criterio que debe prevalecer.
En este criterio de la conservación, ¿qué otra fórmula proponen los
grupos aquí presentes que no sea el respeto a las opiniones de los
expertos? Es decir, tenemos unos informes --no sé si SS. SS. los conocen
o no, pero estoy segura de que están a disposición de todos-- de los
facultativos del Arqueológico, sobre los que el representante del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha planteado una serie de
dudas procesales, que el Secretario de Estado podrá aclarar muy bien.
Creo que la Junta Superior de Museos debate sobre los informes que emiten
los que pueden emitirlos, que son los facultativos del Museo
Arqueológico. Creo que son dos informes; el Secretario de Estado nos lo
dirá. ¿Qué otro criterio? ¿Otros expertos? Estoy segura de que sí, y que,
como en todas las materias, incluso las más cerradas científicamente, se
podrían tener otros criterios. Yo creo que hemos valorado mucho el
informe que ha pedido el Ayuntamiento de Elche. Se ha visto el esfuerzo y
nosotros personalmente lo hemos estudiado. Lo que pasa es que en esto no
tenemos nada que decir. El que yo estudie o no un informe creo que es
absolutamente irrelevante a estos efectos. Hay un cuerpo técnico que
estoy segura que todos respetamos, que tiene unas garantías, que tiene
una estabilidad y que es el que es. Supongo que no es un buen símil, pero
en un partido de fútbol el árbitro es el árbitro. Si los facultativos del
Museo Arqueológico emiten un informe y dicen que su criterio para
preservar la conservación de la Dama es clarísimamente negativo, la
posición de nuestro grupo no es ya la de discutir ni la de debatir, sino
ni siquiera la de opinar. Lamentamos que esto tenga que ser así, pero no
creemos que podamos actuar de otra manera.
El representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
manifestado que se cita la necesidad de no crear un precedente, pero es
que no es un precedente sobre el traslado de obras de arte, ni muchísimo
menos; es un precedente sobre el traslado de obras de arte para las que
ese traslado suponga un riesgo. Es decir, si el traslado supone un
riesgo, no puede hacerse. Lamentablemente, como bien ha dicho el
representante de Izquierda Unida, no va a ser la única ocasión, pero creo
que los que tenemos algo que decir sobre esto a la opinión pública, que
no a los técnicos, deberíamos hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo
en admitir que éste es el criterio. Es posible, como bien ha dicho antes
--y desde luego no fue una trampa por nuestra parte, en ningún caso-- que
el haber señalado el informe de la Junta Superior de Museos en aquella
proposición no de ley que aprobamos por unanimidad fuera un error de
redacción. Me parece que lo que la Junta Superior preceptivamente tenía
que hacer era debatir los informes. Quizá en aquel momento, si nosotros
propusimos aquello, debimos decir: previo debate de la Junta y de acuerdo
con los informes emitidos. Pero el caso es que los informes preceptivos
existen, los informes son negativos, el riesgo parece que es real y no
puedo creer que especialmente los que están más vinculados a la ciudad de
Elche y que, por lo tanto, estoy segura de que con respecto a esta
escultura tienen unos sentimientos de afectividad mayores incluso a los
que podamos tener nosotros, digan, contra la opinión de los expertos, que
la Dama no puede correr el riesgo de sufrir ningún daño.
Por lo demás, supongo que las cuestiones que se han planteado al
Secretario de Estado podrá explicárnoslas con más detalle. A mí se me ha
remitido unos informes a través del registro, de acuerdo con las
peticiones de documentación que han hecho los demás miembros de esta
Comisión, que quizá no son los informes completos, pero desde luego eran
rotundos y serios y a nosotros con eso nos ha bastado.
El señor PRESIDENTE: Ahora ya, con la mayor concreción por parte de
todos, el señor Cortés tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
Presidente, creo que alguna de SS. SS. ha dicho que este Gobierno podía
haberse apuntado el gran tanto, podía haber tenido la oportunidad de
encabezar o de inaugurar esta exposición. No cabe ninguna duda de que eso
habría sido lo más fácil y rentable, aunque probablemente no habría sido
lo más rentable, por parte de este Gobierno. A pesar de que haya algunos
intereses electorales y se quiera hacer ver lo contrario, pocas veces la
ciudad de Elche ha estado tan atendida como lo está en estos momentos por
un Gobierno regional y por un Gobierno del Estado. Considero que no se
puede intervenir con una irresponsabilidad que no es digna de algunos
miembros de esta Comisión de Educación y Cultura, que siempre había
puesto por delante los interese del patrimonio histórico español.
Se ha llegado a plantear como ejemplo añorado lo que se hacía y cómo se
trataba el patrimonio en 1965, cuando se trasladaban en furgonetas del
servicio militar --creo que ha dicho la portavoz socialista-- estas
piezas y a un museo que no tenían condiciones. Afortunadamente, han
cambiado los tiempos y la conservación del patrimonio se toma mucho más
en serio que como se ha podido tomar en otros momentos. Se ha invocado la
opinión del profesor Almagro. No tengo un documento escrito. Invoco su
testimonio personal contrario al traslado de la Dama de Elche, porque es
la única persona que ha surgido con una opinión contraria a esto. Insisto
en que invoco su testimonio personal y no hay nada como acudir a
solicitar su opinión.
Vamos al procedimiento. Lo que acuerda la Comisión de Educación y Cultura
por unanimidad, me imagino que también con el voto de las señorías que
han intervenido en este turno, es que se inste al Gobierno a facilitar la
cesión temporal de la Dama de Elche, previo informe de la Junta superior
de Museos, al Ayuntamiento de Elche para su exposición durante un período
de 1997 y con plenas garantías para su traslado a la exposición.
Es la Comisión quien alude a la Junta Superior de Museos. Y al señor
Alcaraz, que decía que no era preceptivo, he de responderle que
evidentemente no lo es. Se ha pedido como una garantía a mayores por la
Comisión, y me parece que es una buena decisión. Se podía haber decidido
simplemente por la dirección del museo, pero además el Congreso, con muy
buen criterio, pide que también se pronuncie
la Junta Superior de Museos. Si el pronunciamiento de la Junta Superior
de Museos tiene la condición administrativa de informe o de
pronunciamiento, me da la impresión que es una cuestión menor y
terminológica.
Lo cierto es que hay dos informes concluyentes, no uno, sino dos; uno,
redactado por el departamento de conservación del Museo Arqueológico y,
otro, por el departamento de protohistoria, colonizaciones y conservación
referente al traslado; uno en cuanto a la conservación y otro desde el
punto de vista museográfico. Estos informes son públicos, han estado en
mi mesa, en la de la ministra, en la del Director General de Bellas Artes
y se han facilitado a todos los que los han pedido. Tengo la impresión de
que no han sido solicitados al Gobierno, por el procedimiento
reglamentario como tales informes. Si lo son, se facilitan
inmediatamente; no hay ningún problema. Sí se ha solicitado el acta de la
Junta, en la que, después de muchas intervenciones, se dice que se han
ninguneado estos informes y se alude a quien no los ha visto para
manifestar que se ha dicho que si eran medio folio o que si tenían no sé
qué, incluso hasta estudios con gráficos sobre las condiciones de
conservación, etcétera. Sin embargo, hay una cuestión que me interesa
mucho que quede clara porque en algunas intervenciones, no muy
responsables sobre la conservación del Patrimonio, se ha dicho que la
Dama de Elche no está bien conservada en el Museo Arqueológico.
Ese informe, que no ha leído el señor Chuiquillo pero sobre el que se
manifiesta con toda alegría diciendo que no está bien conservada, indica
estrictamente: Recomendaciones para su conservación. Las condiciones
actuales se consideran correctas para la conservación preventiva, puesto
que la pieza está estabilizada y no se observan signos de procesos
activos de degradación de la piedra y los pigmentos. Por esta razón de
desaconseja cualquier posible cambio de ubicación o traslado que
modifique el microclima creado y pueda alterar la estabilidad poniendo de
nuevo en marcha los mecanismos de deterioro, activación de los
movimientos de sales solubles, desprendimiento de escamas y
exfoliaciones, aumento de la pulverulencia y pérdida de pigmentos, tanto
por variaciones de la humedad como por la iluminación incorrecta,
etcétera. Hay que tener en cuenta además los múltiples riesgos inherentes
a cualquier traslado, manipulaciones incorrectas, roturas, fallos humanos
o mecánicos, etcétera. Si a los problemas señalados se añadieran
condiciones ambientales extremas o marcadamente diferentes de las
actuales, como un clima con una humedad relativa superior al 55 por
ciento, un exceso de temperatura, cambios bruscos de humedad superiores
al 5 por ciento y de temperaturas superiores a 2 grados centígrados,
aunque no sea en un régimen termohidrográfico extremo, presencia de
cloruros en suspensión/área u otros contaminantes, se activarían los
fenómenos de alteración y desencadenarían un deterioro irreversible,
evitado tan sólo por las actuales condiciones de estabilidad en el Museo
Arqueológico.
Como uno de los responsables de la conservación de esta pieza, tengo el
mayor interés, y estoy seguro de que también lo tendrá la Comisión,
porque este Parlamento siempre se ha comportado responsablemente en la
conservación del patrimonio, en que no se sostenga ni un segundo lo que
se ha dicho de una manera altamente irresponsable en algunas
intervenciones que aquí se han realizado.
La Junta Superior de Museos es el órgano consultivo superior de la
Administración para museos, y no ha sido creada por esta Administración y
su composición no ha sido alterada por esta Administración. En cuanto a
la dirección del Museo Arqueológico Nacional, su directora no ha sido
designada por esta Administración. Por lo tanto, aunque alguien lo
pretenda --y se ha dicho también por parte de la responsable socialista y
de algún otro interviniente-- no hubo atisbos de interferencias políticas
en estos pronunciamientos.
El acta, que sí conoce el señor Alcaraz, porque la ha solicitado
reglamentariamente, se podría haber facilitado incluso por otro
procedimiento a quien la hubiese pedido, pero al menos a mí no me ha
llegado esa petición; tal vez se haya hecho en otras instancias y, por lo
tanto, no quiero cuestionar este asunto. Según se me ha informado, no
figura en el Registro de la Cámara la solicitud de estos informes que,
desde luego, como informes emitidos por funcionarios públicos, son
públicos y hay un procedimiento reglamentario para pedir documentación
que el Gobierno hubiese remitido rápidamente.
El acta de la Junta Superior de Museos dice: Concluyendo la reunión,
afirma, en primer lugar, que el Ministerio de Educación y Cultura es
sensible al interés cultural e histórico, más que artístico, de la
petición de la ciudad de Elche y de la proposición no de ley planteada
por el Congreso. Quiero recordar que es a estas instancias por lo que se
convoca la Junta Superior de Museos. En segundo lugar, se manifiesta la
abrumadora opinión unánime sobre el informe técnico, que es decisivo a la
hora de defender que es imposible que se ponga en riesgo una pieza tan
importante en la que cualquier deterioro que sufriera sería irremediable.
A los efectos de ilustrar a la Comisión, leo la composición de la Junta
Superior de Museos. Está presidida por el Director General de Bellas
Artes y tiene como vocales al Subdirector General de los Museos
Estatales, persona que conserva el puesto de la anterior Administración;
doña Marina Chinchilla, Subdirectora General de Promoción de las Bellas
Artes, nombramiento reciente; la Directora del Museo Arqueológico
Nacional; el Director del Museo Nacional de Artes Decorativas; el
Director del Museo del Ejército; la Directora del Museo de Albacete; el
Director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida; el Director del
Museo de Teruel; el Presidente de la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español; el Director del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Director del Museo de
Burgos y don Miguel Angel Centenero Gallego en representación del
Director del Museo de Mérida. No ha habido un solo cambio en la
composición de la Junta Superior de Museos, cuya opinión esta Comisión
consideró con buen criterio que se debía tener, para saber su parecer
sobre los dos informes que han elaborado los facultativos del Museo
Arqueológico Nacional, como es el procedimiento ordinario,
no el preceptivo. Porque, vuelvo a insistir en que si se deniegan las
solicitudes que se formulan, termina ahí el trámite. Es el personal
facultativo el que lo decide. Si se accede, se elevan al ministerio para
que se disponga por orden ministerial razonada por qué se debe acceder a
ese préstamo temporal.
En este caso, precisamente por la importancia de la pieza y porque todos
queríamos que pudiese estar en la exposición del Elche, se ha seguido un
procedimiento extraordinario, mucho más serio, buscando que hubiese
respaldo a esa decisión, porque la directora del Museo Arqueológico
Nacional dice en su intervención, según el acta que conoce el señor
Alcaraz pero que no ha leído esta parte, que entiende la posición del
alcalde pero hasta la fecha siempre se ha negado la salida para la Expo
de Sevilla, para Europalia, incluso para la exposición de Los Iberos en
París. Esto lo dice la directora del Museo Arqueológico Nacional; no es
una opinión del ministerio.
Se ha hablado también de algunas desatenciones. Respecto de mi presencia
en esta Comisión y no la de la Ministra, según tengo entendido, fue
solicitada en la reunión de la Junta de Portavoces y Mesa de la Comisión.
Allí nadie objetó, bien es verdad que a lo mejor no había medios de
comunicación, y ahora, que sí los hay, es cuando la señora Bartolomé dice
que considera una desatención que no esté la Ministra. Tiempo había
tenido, porque, como bien sabe S. S., si se matiza en la Junta de
Portavoces que se quiere que el compareciente sea quien ha solicitado el
grupo, se puede conseguir. Perdió usted la ocasión de decirlo donde
debía, pero aprovecha ahora para sumarse a la demagogia de que se puede
hacer en este caso para crear un agravio en torno a la ciudad de Elche.
Allá cada quien con su responsabilidad en sus comportamientos públicos.
Respecto de la actitud que ha tenido el ministerio con el Ayuntamiento de
Elche, en el mes de septiembre del año 1996 el alcalde de Elche, el
concejal de Cultura y el director del Museo de la Ciudad se reunieron con
el Director General de Bellas Artes en su despacho. A partir de la
reunión de la Junta Superior de Museos, el 17 de octubre, se mantuvo un
permanente contacto entre el Director General y el alcalde, comenzando
por el mismo día de la reunión de la Junta, cuyo informe le fue dado a
conocer personalmente.
Diversos técnicos de la Dirección General, así como el Subdirector
General de los Museos Estatales, han mantenido contactos permanentes con
Rafael Ramos, director del Museo de Elche y, en la misma línea, la
directora del Museo Arqueológico ha recibido a distintas delegaciones de
asociaciones y entidades de la localidad.
En cuanto a reuniones y entrevistas sobre el tema de la Dama de Elche con
autoridades de la Generalidad Valenciana, se han mantenido continuamente
con la anterior consejera, doña Marcela Miró, con el actual, don
Francisco Camps, y con la Directora General, doña Carmen Pérez. Todas
estas gestiones culminaron en la entrevista que la Ministra de Educación
y Cultura y el Presidente de la Generalidad mantuvieron el día 14 de
mayo, con asistencia del Director General de Bellas Artes y del Consejero
de Educación y Cultura.
Por último, el pasado 22 de mayo, el Consejero y el Director General
mantuvieron una reunión en el propio Ayuntamiento de Elche --alguien
había dicho que no se había informado al Ayuntamiento de Elche-- con el
alcalde y los portavoces de los grupos políticos de la corporación para
dar explicaciones, porque cuando se actúa con responsabilidad no hay
ningún problema en dar explicaciones, no hay aquí nada que se deba
ocultar. Es más popular decir que vaya, pero es más responsable decir
esto y éste debería haber sido el comportamiento de quienes tienen una
responsabilidad --hoy en la oposición, ayer o mañana en el Gobierno--
respecto del patrimonio. Afortunadamente lo que hemos escuchado no es la
tónica general de las intervenciones y se podría acudir al «Diario de
Sesiones» para ver que ésta no ha sido, y espero que no sea, la actitud
del Partido Socialista Obrero Español respecto de la conservación del
patrimonio.
El mismo día en que se celebra la reunión en el Ayuntamiento de Elche, el
Director General de Bellas Artes y la directora del Museo Arqueológico
Nacional ofrecieron en Alicante una amplia información en rueda de prensa
sobre la Dama de Elche, donde trataron de este y de otros asuntos. Se
informó al Ayuntamiento de Elche, se informó en Alicante. Si considera
usted que el haber celebrado la rueda de prensa en Alicante en vez de en
Elche supone una ofensa intolerable al Ayuntamiento o al municipio de
Elche, son cuestiones de valoración. No creo que haya muchos precedentes
de que se hayan dado estas explicaciones, y de que se haya ido allí a
explicar el asunto.
En la pasada legislatura yo era portavoz de la oposición en materia de
cultura. Hubo conversaciones con el Metropolitan de Nueva York, y se
llegó a editar este catálogo: Exposición de arte medieval en España. Este
catálogo está editado, como ustedes pueden ver, pero la exposición no se
llegó a celebrar porque no se autorizó la salida de unas cuantas piezas
--creo recordar que eran diecisiete, pero me puede fallar la memoria--,
después de que se había dicho que iban, por parte de la Junta de
Valoración y Exportación. Algunos miembros de esta Comisión que tenían en
la Mesa responsabilidades como portavoces de sus grupos en la materia no
me dejarán por mentiroso. Y, desde luego, eran piezas más modernas que la
Dama de Elche, si es que llegamos ya a estas consideraciones tan poco
rigurosas. ¿Cómo se puede llegar a decir que la razón por la que se
deniega o se acepta es por la importancia de la pieza? Será por la
conservación. He dado las estadísticas de la cantidad de piezas que se
han prestado, algunas de gran importancia y otras de importancia menor;
dependerá de cuál es el estado de su conservación.
Pues bien, esto ocasionó una polvareda enorme, incluso algunas de SS. SS.
recordarán que hubo pronunciamientos hasta del New York Times hablando de
la irresponsabilidad de España que, después de que autorizaba o que
comprometía el préstamo de unas piezas, no permitía que saliesen. Yo era
portavoz de cultura en la oposición. En ese momento me dirigí a mi
homólogo socialista y llamé a la Ministra de Cultura, porque vinieron a
pedirme mi pronunciamiento pensando que, por estar en la oposición,
íbamos a ponernos a la cabeza de la manifestación; tenía la tribuna
del New York Times y, desde luego, de parte de la prensa española que
también se hizo eco de este asunto. Mi actitud fue llamar a la Ministra
de Cultura y decir al responsable socialista (con quien en la pasada
legislatura, en todo momento, lo que se refería a la cuestión del
patrimonio siempre quedó fuera de la pendencia política y se llegó a los
acuerdos parlamentarios, que correspondieron a la iniciativa de quien
entonces tenía la mayoría, en torno a la Thyssen, en torno al Prado, en
torno al Reina Sofía) que tuviesen la certeza y la seguridad de que en
todas las actuaciones que debieran hacer de cara a la defensa,
evidentemente, del buen nombre de España, del prestigio de España
--estamos hablando nada menos que del Metropolitan y de una exposición
cuyo catálogo estaba hecho y que estaba ya anunciada--, el Grupo Popular
siempre estaría del lado de la conservación, incluso en el supuesto de
que se hubiesen hecho mal las cosas, y era evidente que se habían hecho
mal las cosas. Había documentos en el Metropolitan que decían que estas
piezas podían ir y sólo después se pronunció la Junta de Valoración. Se
podía haber pedido el informe previamente al pronunciamiento, previamente
al compromiso; no se hizo así. Por tanto, reto a todas las señoras y
señores diputados que han intervenido a que encuentren un solo
pronunciamiento del Grupo Popular en la oposición criticando el
comportamiento del Ministerio de Cultura en la pasada legislatura. Son
dos formas de entender la conservación del patrimonio y de entender el
ejercicio de la oposición. Felizmente, la lamentable intervención de la
señora Bartolomé no se corresponde con la actitud que siempre ha tenido
el Grupo Socialista en esta Comisión, al menos en las legislaturas de las
que yo he formado parte y en ésta en la que he venido como compareciente.
Por lo demás, este Gobierno reitera su compromiso, primero, con la
conservación del patrimonio histórico y, segundo, con mantener la
obligación que la Constitución le asigna de facilitar la comunicación
cultural entre las comunidades autónomas y de acuerdo con ellas. Nuestro
prejuicio siempre será favorable para que se facilite el acceso de los
ciudadanos a los bienes culturales. Este es el prejuicio. Pero siempre
actuaremos, puesto que no somos expertos, ni creo que se les exija a los
responsables políticos que lo sean, de acuerdo con los informes de
quienes tienen cualificación para ello, y esto siempre se hará con
transparencia y respondiendo ante la opinión pública, yendo a Elche a
decirlo y viniendo al Parlamento a dar cuantas explicaciones se nos
soliciten.
El señor PRESIDENTE: El tema está muy debatido, por tanto, procuren
ustedes que las réplicas sean del tiempo justo y necesario que estimen
SS. SS.
Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Bartolomé.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: En primer lugar, quiero agradecer a los grupos
parlamentarios su apoyo a esta petición, aunque lamento que diputados
cercanos a la localidad ilicitana, de la provincia de Alicante, no hayan
sido capaces de estar hoy aquí para defender o al menos posicionarse
sobre esta cuestión.
Tengo que decir al señor Secretario de Estado que está cuestionando mi
comportamiento público aquí, en esta Comisión, y que en absoluto estoy de
acuerdo con eso. Creo que no he faltado al respeto ni a los miembros de
esta Comisión ni siquiera al propio Gobierno. Estoy constatando unos
hechos que han ocurrido y me parece que para eso estoy aquí, para
defender los intereses de unos ciudadanos. Quizá el comportamiento
público al que tendría que hacer usted alusión sería al de diputados
autonómicos de su propio Partido que sí utilizan la demagogia para hacer
sus exposiciones y defender sus intereses, ya que, como decía el Diputado
señor Alcaraz, casi parecía que eran los únicos que hacían esta petición
y que reiteraban y presionaban para que fuera una realidad. Ese sí que es
un comportamiento demagógico en un momento determinado, porque luego es
muy cómodo echarse para atrás y no asumir su responsabilidad.
Le tengo que decir al Gobierno del Partido Popular que ha tenido una
oportunidad única y excepcional de satisfacer los deseos de gran parte de
los ciudadanos y ciudadanas que no van a entender esta negativa, y que el
PP tendrá que asumir su responsabilidad política y atenerse a sus
consecuencias futuras.
Decirle también que el pueblo ilicitano es el que más quiere que la Dama
se mantenga en las mejores condiciones, más que nadie en este país,
puesto que, de alguna manera, se siente propietario de esa pieza. Esos
informes a los que usted alude me parece que están muy bien encima de la
mesa de su despacho y del de la señora Ministra, pero han tenido ustedes
oportunidades suficientes para haberlos dado a conocer, como también han
tenido oportunidades suficientes de poder debatir los informes o
contrainformes y las posibilidades que la Administración local ha
ofrecido al ministerio, que pueden ser, sin ser entendida en el tema, tan
prestigiosos como los que emite el propio departamento. Creo que merecían
por lo menos la atención mínima o el estudio mínimo por su parte y,
sinceramente, tampoco aquí han quedado respondidas las expectativas que
el pueblo ilicitano había mostrado.
Seguimos pensando que es posible que se pueda garantizar el traslado y la
conservación en las mejores condiciones, porque la Administración local
está haciendo un esfuerzo muy grande para que esto se lleve a cabo.
Además, si realmente ustedes van a estar en una posición tan cerril y van
a hacer que esta pieza sea inamovible, estaremos de acuerdo en que
efectivamente se haga inamovible, pero en la ciudad ilicitana que es la
que de alguna manera la ha visto nacer.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, muy brevemente.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a ser breve porque, en primer lugar, los
informes que han aparecido de diverso tipo son conocidos por el Diputado
que le habla y merecen todos los respetos. Mi intervención no ha sido
para desprestigiar nada, sino para decir que ustedes se acogen a unos
argumentos o a unos informes que para mí no tienen tanto valor como otros
que se ve que al ministerio
no le interesan y los dejan de lado. Hay informes de arqueólogos muy
prestigiosos de la Comunidad Autónoma Valenciana y muy vinculados a la
ciudad de Elche que, basándose en argumentos técnicos y arqueológicos,
han manifestado totalmente lo contrario a la cita que usted ha hecho de
la temperatura, de la presión, de la humedad, etcétera; dicen que es en
la ciudad de Madrid, por la contaminación y por otras condiciones del
entorno, donde la Dama tiene mayor riesgo que si estuviera en la ciudad
de Elche. Y ese informe al ministerio no le ha importado y no se ha
tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión u otra.
Yo no he desprestigiado unos informes en beneficio de otros, simplemente
he preguntado si se van a valorar los informes de arqueólogos --no los
tengo aquí pero mañana mismo se los puedo mandar al ministerio-- de
reconocido prestigio en la Comunidad Autónoma Valenciana; a nivel estatal
y me atrevo a decir que internacional, que han planteado que la
conservación actual de la Dama de Elche en la ciudad de Madrid a lo mejor
no reúne las mejores condiciones, estando en contraposición con el
informe al que usted se aferra y que dice que de Madrid que no se toque
porque es donde se reúnen las mejores condiciones.
Yo creo que todos los informes son igual de buenos o no tanto. Lo que
pasa es que a algunos se les silencia, se deja que no salgan a la luz
pública o que no sean tenidos en cuenta y a otros se les da la máxima
importancia a la hora de tomar la decisión política, porque creo que es
una decisión política la que, en última instancia, ha pesado y no
entendemos por qué. Realmente ustedes han dado la cara en Elche y en
Alicante, pero creo que la ciudadanía de Elche no va a entender esta
decisión. De hecho, sus propios diputados autonómicos no saben muy bien
qué razones dar. En su comparecencia de hace unos días, en las Cortes
Valencianas, el Consejero de Cultura tampoco supo por dónde salir a la
hora de avalar la negativa del Ministerio de Educación. Por lo tanto, lo
que sí le pido con sinceridad --y quiero que la Dama de Elche no se
deteriore y dure 2.000 años más-- y encarecidamente al ministerio es que
rectifique para que pueda estar la Dama de Elche en la ciudad de Elche el
próximo mes de agosto.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Cuatro puntos concretos.
Ha dicho el señor Secretario de Estado que se podía haber pedido el
informe. Dice aquí: A los efectos del artículo 7 del Reglamento del
Congreso de los Diputados se traslada la contestación del Gobierno
respecto al asunto referencial: Solicitud de informe a la Administración
del Estado desde el Congreso. Asunto: informe técnico de la Junta
Superior de Museos acerca del traslado temporal de la Dama de Elche.
Respuesta: La Junta Superior de Museos tal, tal, tal. La Junta Superior,
órgano colegiado compuesto por directores de museos, no emitió un informe
técnico. ¡Yo qué quiere que le diga! Si me dice que lo pida y lo pido, y
en la respuesta se me dice que no se ha pedido, que no existe, nos
metemos en un callejón sin salida. ¿La culpa al final va a ser de algún
funcionario que ha redactado mal un papel? No bajemos a ese nivel.
Segunda cuestión, el acta. Se ha dado lectura a parte del acta y se ha
dicho, entre otras cosas, que no se diga que es por razones distintas a
la de la conservación. No voy a citar a los señores porque, reitero, me
merecen todo el respeto, la consideración y en muchos casos, hasta donde
mi pobre cultura arqueológica o artística me da a conocer, admiración,
salvo en un caso, en el de quien hace estas declaraciones. El acta,
efectivamente, sí la he pedido y dice que don Fulanito de Tal expresa
que, ante los argumentos expuestos, todos están de acuerdo en que la
pieza no se puede dejar, pero debemos tender a exponerlo de una forma
positiva, manifestando que uno de los argumentos más importantes es el de
la conservación, y además debemos ser cuidadosos a la hora de transmitir
la solución adoptada. Otro señor dice: El acontecimiento que se celebrará
en Elche es un acontecimiento social representativo, no solamente
cultural. Si se presta en una ocasión, no hay argumento moral para negar
la salida en sucesivas ocasiones. Por otra parte, tampoco hay que
totemizar unas piezas más que otras.Y dice otro señor inmediatamente, a
continuación: Debería haber --refiriéndose al criterio de la
inamovilidad-- cierta flexibilidad porque pueden existir actividades de
gran trascendencia --se sobreentiende que no la de Elche-- o que cambien
las posibilidades técnicas de conservación --se admite por uno de los
técnicos que pueden cambiar--. Pero es que, finalmente, la señora
directora del Museo Arqueológico, la cual, insisto, me merece el mayor
respeto --además de la buena acogida, simpatía y cordialidad que ha
demostrado a miembros de esta Comisión cuando hemos ido a visitarla--,
respondiendo, parece, a lo que usted ha dicho de que no seamos
irresponsables y que hay otras razones además de la conservación, dice:
Considera que existen obras de primera magnitud, como, por ejemplo, la
Venus de Milo o los frisos del Partenón, en las que no se considera la
posibilidad de traslado. La Dama de Elche está a la altura de estas
piezas, lo cual es suficiente razón para no mover esta obra. ¡Por favor,
le está contestando la directora del Museo Arqueológico a su propia
intervención!
Tercer argumento. Usted se ha encrespado en un momento. Entiendo que es
un tema desagradable para todos, le aseguro que para nosotros lo es. Yo
no soy ciudadano de Elche, pero vivo a 20 kilómetros de esa ciudad. No
estaría de más que alguien les informara de la peculiar sociología de la
relación Alicante-Elche para entender el disparate que era hacer una
rueda de prensa en Alicante. Dejemos esto pasar, pero es precisamente la
única ciudad del País Valenciano cuyo alcalde, del Partido Popular, como
decía, se ha negado a apoyar esto. En fin, son cosillas que ocurren
seguramente en cualquier partido. Sin embargo, sí que ha dicho usted una
cosa muy preocupante: ha acusado de electoralistas a los que estamos
defendiendo esto, diciendo que el Gobierno central y la Generalitat
Valenciana se están volcando en Elche y que eso hace que nosotros
adoptemos esta posición. Yo le rogaría --no sé, señor Presidente, si
tiene derecho a intervenir-- que, por favor, ya que estamos trabajando
tan bien con sus compañeros de partido en
Elche en esta materia, les evite el bochorno de tener que explicar allí
sus declaraciones. Así que, por favor le rogaría que lo retirara.
Para acabar, según usted la conclusión que se saca de todo esto es que
políticamente hay voluntad, etcétera, nunca lo hemos dudado, y que es un
problema técnico. Si es un problema técnico, ¿por qué no se plantea, por
qué no existe la responsabilidad y la valentía de decir: a lo mejor no
ahora, a lo mejor no en agosto, no se sabe cómo, pero el problema técnico
tiene una solución técnica? Porque ninguno de los resúmenes de informe
que se incluyen en los papeles que al final han podido llegar hasta
nosotros dice que sea imposible buscar una solución técnica. ¿Por qué el
ministerio en lugar de decir un no incondicional, no ha dicho un sí
condicional? ¿Es que es imposible con los conocimientos técnicos
actuales, desde el punto de vista de la conservación, hacer un
planteamiento alternativo que permita el traslado siempre y cuando se den
ciertas condiciones? Entendemos que eso sería posible y que eso hubiera
sido lo deseable, porque si no, con el criterio, como he tenido ocasión
de leer en el acta, de la creación del precedente y la teoría de la pieza
única como inamovible, al final nos va a quedar la duda fundada, y no
queremos que nos quede, de que éstas son las razones en profundidad. No
digo yo que no junto a la conservación, pero mientras que la de la
conservación puede tener solución técnica, difícilmente las otras tienen
solución técnica; tienen la solución política. Por eso, políticamente,
sigue la pelota en su tejado.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, con toda la brevedad, tiene la palabra
para ya finalizar el trámite.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Respecto a la
señora Bartolomé, le quiero decir que los informes se han facilitado a
quien los ha pedido. Lo que pasa es que si S. S. no conoce el Reglamento,
no es culpa del Gobierno el realizar la pedagogía de algunos diputados de
la oposición respecto del manejo de sus facultades reglamentarias.
(Rumores.--La señora Bartolomé Núñez: ¡Qué excusa tan tonta!) Si usted
hubiese pedido esos informes, se le habrían facilitado. No los ha pedido.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Cortés. Le sobra a usted habilidad
para responder a todas las cuestiones sin introducir elementos de debate
que alguno pudiera pensar, con cierta sensibilidad, que afectan incluso
al juicio acerca de las actitudes personales. Siga usted por el otro
camino.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Se ha dado a
entender, señor Presidente, que estos informes no se daban a conocer. Yo
digo que no se han pedido.
Por lo que respecta al informe del Ayuntamiento, le diré que ha sido
estudiado con mucho detalle en el Museo Arqueológico, lo que pasa es que
es un informe, como sabrán quienes lo han leído, que se refiere sólo a
las instalaciones futuras que podría tener el museo de Elche y al
traslado.
Los informes sobre los que se ha pronunciado la Junta Superior de Museos
y el Museo Arqueológico --e insisto en que aquí no ha habido ningún
pronunciamiento del ministerio-- versan sobre la pieza, no sobre la
instalación que haya en otro sitio. En otras exposiciones, en el Museo de
Bonn o en el Museo de París, donde podría ir, a lo mejor las condiciones
de climatización, de luz o humedad eran las óptimas. No es ése el
contenido del informe. Lo que dice el informe del Ayuntamiento es que
podrían hacer unas obras, con un presupuesto que adjuntan de
características tales con las que el museo estaría en condiciones de
acoger una pieza de estas peculiaridades manteniendo el microclima. En
modo alguno ni este informe ni ninguno de los otros a los que ha aludido
el señor Chiquillo, aunque no los tenía a mano, han analizado la pieza,
porque la pieza está en el Museo Arqueológico y está en una urna, en unas
condiciones estables, y nadie ha acudido a hacer el examen y análisis de
la pieza, solamente los técnicos del Museo Arqueológico.
Alguien ha dicho que me aferro a unos informes, pero es que como
responsable de la Administración, tengo que atender los informes del
museo titular de la pieza y de su cuerpo de facultativos, que han
analizado la pieza. En modo alguno se han estudiado las condiciones del
lugar donde podría ir destinada, porque no se ha llegado a esa fase. Si
hubiese habido un pronunciamiento favorable a la posibilidad del
desplazamiento de la pieza, se habría pasado a analizar las condiciones
de humedad, climatización, seguridad, etcétera, del destino posible. Pero
a eso no se ha llegado en ningún momento. La Administración se tiene que
acoger a los informes de la Junta Superior de Museos, creada por Ley del
Patrimonio Histórico español como el órgano superior consultivo de la
Administración. A esos informes se acogió la anterior Administración
cuando denegó tantas piezas y cuando autorizó tantas otras. A esos
informes, no de la Junta Superior de Museos, pero sí de otra Junta creada
por la Ley del Patrimonio Histórico Español, la de Valoración y
Exportación, es a los que se acogió la anterior Administración para no
autorizar la salida de 17 piezas, lo que impidió que se celebrara en el
Metropolitan una exposición que estaba anunciada y con el catálogo
editado. La actitud entonces de la oposición fue la de respaldar al
Gobierno porque, ante todo, estaba la conservación del patrimonio, antes
que aprovechar una oportunidad que podía --se puede pensar, a lo mejor--
tener algún tipo de rentabilidad política o electoral.
Insisto en que hubiese sido mucho más fácil acceder a esa petición del
Ayuntamiento de Elche. Todo el esfuerzo que se ha hecho desde la
Administración ha sido en favor de ella. Por ello se ha seguido un
procedimiento extraordinario, si no hubiese quedado cortada la solicitud
nada más formularla el Ayuntamiento, como ha ocurrido con otras
solicitudes que se hicieron, pero los informes de muy buenos técnicos son
concluyentes en este punto.
Los problemas de conservación están en la pieza, no se ha pasado a
analizar los del posible destino. Esa es la razón por la que esta pieza,
para facilitar en el futuro cualquier
posible nueva petición de traslado, se declara en estas condiciones, en
las condiciones en que se encuentran la pieza. No se trata de la
climatización o de las condiciones de la contaminación, que para nada le
afecta la contaminación de Madrid porque está en una urna blindada. Por
tanto, todos los informes que digan que le afecta la contaminación de
Madrid, demuestran el rigor que tienen dichos informes. Acérquese al
Museo Arqueológico, porque incluso quienes no somos expertos podemos ver
en qué condiciones está la pieza. Por eso se la declara inamovible, para
que la conozcan todos los que puedan aspirar a solicitar esa pieza,
legítimamente. Sin duda el Ayuntamiento de Elche para estas
circunstancias, un centenario y un bimilenario, tiene un plus de
legitimidad. Eso es lo que se ha valorado y por ello se ha hecho el
esfuerzo para ver si era posible, y se ha concluido, responsablemente,
que no lo era.
El señor PRESIDENTE: ¿Da por satisfecho el señor Alcaraz el cumplimiento
de las preguntas que había formulado al respecto?
El señor ALCARAZ RAMOS: ¡Qué quiere que le diga, señor Presidente!
El señor PRESIDENTE: No digo que esté usted satisfecho de las
contestaciones, le pregunto si está usted satisfecho del trámite.
El señor ALCARAZ RAMOS: En beneficio del estado de conservación de esta
Comisión, diré que sí.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, señor Alcaraz, tiene S. S. muchas
posibilidades de iniciativas y, por lo que ha repasado esta Presidencia
de los temas pendientes, volveremos otra vez a tratar cariñosamente el
tema de la Dama de Elche.
Muchas gracias, señor Cortés.
--DEL SEÑOR ROMERO GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE CONTENIDO DE LA
REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA QUE SE PIENSA ACOMETER.
(Número de expediente 181/000719.)
--DEL SEÑOR ROMERO GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS DE REFORMA
DEL BACHILLER PREVISTAS POR EL GOBIERNO. (Número de expediente
181/000720.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las comparecencias números 12 y 13 del
orden del día, en relación con las preguntas 4 y 5.
Si tiene la amabilidad, señor Nasarre, como en otras ocasiones, le ruego
ocupe su puesto y, como siempre, sea bienvenido.
Señor Nasarre, ¿tiene inconveniente en que hagamos en primer lugar las
preguntas? (Denegaciones.) Vamos a proceder a formular las preguntas.
¿Va a formular las dos preguntas conjuntamente señor Romero?
(Asentimiento.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Romero para formular las preguntas números 4 y 5 del orden del día.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señor Secretario General, mi grupo
parlamentario tuvo conocimiento en su día, aquí mismo en esta Comisión y
posteriormente a través de los medios de comunicación, de una presunta
reforma sobre la que el Ministerio de Educación y Cultura parece que está
trabajando, relacionada con la modificación de los contenidos de la
educación secundaria obligatoria, así como de algunas reformas previstas
para el bachiller.
Mi grupo parlamentario querría --y por ello le formulo las dos preguntas
en una sola, por entender que se pueden englobar perfectamente-- saber
cuál es la posición del Gobierno en esta importante materia para
conocimiento público.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nasarre, para contestar a
ambas preguntas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Señor Presidente, gracias por la bienvenida que me ha
formulado y reitero mi reconocimiento y respeto a todos los miembros de
esta Comisión, así como mi disponibilidad permanente de colaborar con
ella a los efectos del mejor servicio a la educación.
En respuesta a las preguntas que me formula el Grupo Parlamentario
Socialista me complace comunicar a esta Comisión que los servicios del
Ministerio de Educación y Cultura están trabajando intensamente para
preparar una prudente reforma de las enseñanzas de la educación
secundaria obligatoria y también del bachillerato que tiene un doble
propósito. En primer lugar, la potenciación de las humanidades, tanto en
la etapa de la educación secundaria obligatoria como en el bachillerato
y, en segundo lugar, lograr que la etapa de la educación secundaria
obligatoria pueda cumplir, lo más perfectamente posible, la finalidad que
le asigna la Ley de 1990.
Señores diputados, el Presidente del Gobierno ya anunció en su discurso
de investidura la voluntad del Gobierno de intentar mejorar el
tratamiento de las humanidades en nuestro sistema educativo. Lo
considerábamos una necesidad. Era una voluntad que nacía de una doble
consideración. Por una parte, la percepción, avalada por numerosos
testimonios del mundo cultural y académico, de que se había producido en
los últimos tiempos un cierto empobrecimiento de la enseñanza de las
humanidades en nuestro sistema educativo y, fundamentalmente, en las
enseñanzas medias o educación secundaria. En segundo lugar, la
consideración de la suma importancia que tienen estas disciplinas en la
formación integral de las personas, en la formación de hombres libres,
responsables, cultos, conscientes de la herencia, del legado cultural que
han recibido. Las humanidades deben constituir un eje fundamental de
nuestro
sistema educativo. El manifiesto en favor de las humanidades, suscrito
por prestigiosos intelectuales, escritores y profesores, que sin duda
conocen SS. SS. por su amplio eco en la opinión pública, así como
pronunciamientos de diversas instituciones, entre otras, la Academia de
la Historia, nos han animado a llevar adelante el empeño en la mejora de
los contenidos humanísticos en los planes de estudios. Con tal fin, hace
ya algunos meses encomendamos a cuatro grupos de trabajo, formados por
prestigiosos catedráticos de universidad, catedráticos de instituto y
profesores de secundaria, que a partir de los actuales planes de estudio
elaboraran unos dictámenes o informes que nos permitieran proporcionar
unas orientaciones para su mejora. Los grupos de trabajo han estudiado
las áreas de lengua y literatura española, cultura clásica, historia y
geografía y filosofía, que son las áreas en las que consideramos
necesario actuar y en estos momentos están evacuando sus informes, que
nos serán de gran utilidad para la mejora de los contenidos curriculares
en los que están trabajando los servicios del departamento.
Somos conscientes, señorías, de que este impulso en favor de las
humanidades no se debe agotar, ni mucho menos, en las prudentes
modificaciones curriculares que nos proponemos aparezcan en el Boletín
Oficial del Estado; se necesita un clima lo más favorable posible a esta
potenciación en el mundo académico, en el mundo educativo y en el
conjunto de la sociedad española. He de señalar que desde el momento en
que iniciamos estas tareas se ha producido una acogida muy positiva de
claustros, de departamentos de muchos centros educativos, que están
transmitiendo al ministerio sus propuestas, sus observaciones y, al mismo
tiempo, su aliento.
Por otra parte --y aquí me refiero al segundo punto de las reformas que
pretendemos introducir--, la implantación anticipada de la educación
secundaria obligatoria ha permitido ya una experiencia que ha puesto de
manifiesto algunos problemas para cuya adecuada solución resulta preciso
introducir algunas modificaciones --que han de ser las imprescindibles--
en relación con aspectos organizativos de la educación secundaria
obligatoria, especialmente en lo que concierne a su segundo ciclo, para,
como he dicho antes, el logro más perfecto de la finalidad asignada a
esta etapa.
La educación secundaria obligatoria, tal como queda fijado en los
expresos términos del artículo 18 de la Ley orgánica de 1990, de
Ordenación General del Sistema Educativo, tiene como finalidad transmitir
a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para
asumir sus deberes y ejercer sus derechos, y prepararlos para la
incorporación a la vida activa o para acceder a la formación profesional
específica de grado medio o al bachillerato. Para asegurar las
condiciones que permitan la consecución de estos importantes objetivos,
unos de carácter básico y otros de índole propedéutica, es preciso
ofrecer a los alumnos diferentes itinerarios curriculares en
correspondencia con sus diversos intereses, aptitudes, expectativas,
aspiraciones, necesidades y posibilidades a partir del segundo ciclo de
esta etapa. Por tanto, la reglamentación académica básica de esta etapa
ha de atender no sólo a la necesidad de garantizar a todos los alumnos
--que ha de seguir siendo así-- una formación de nivel secundario, sino
también a las exigencias de flexibilidad y de opcionalidad a que
igualmente responden, como saben SS. SS., las previsiones de la citada
ley orgánica.
La experiencia nos muestra que para atender al principio de la
diversidad, que es imprescindible desarrollar fundamentalmente en el
segundo ciclo de esta etapa, no basta el peso creciente de las materias
optativas a lo largo de la etapa. En muchos institutos y centros
educativos se nos reclama una ordenación que, mediante la presentación de
bloques determinados de optativas, permita ofrecer itinerarios
curriculares diversos. Se trataría de una ordenación con relación a las
diversas finalidades que, de acuerdo con las aptitudes, vocación, deseos,
necesidades de los alumnos, pueden perseguir aquéllos. En definitiva, se
trata de intentar organizar la diversificación curricular de manera
racional y sin que esa diversidad entrañe ningún tipo de discriminación,
ya que los itinerarios que se determinen conducirán al mismo título. Nos
parece que este planteamiento debe desarrollarse fundamentalmente en el
cuarto curso de la educación secundaria obligatoria, lo que contribuirá a
dar a ese curso, en el que los alumnos ya tienen 15 años, un carácter de
curso de orientación, como ocurre en los sistemas de otros países
europeos modernos, ya que a esa edad se van perfilando en los alumnos sus
vocaciones, sus deseos y aptitudes. Esta es la línea en la que estamos
trabajando. En definitiva, se trata de abrir la posibilidad de que las
administraciones educativas, si lo consideran idóneo en el ejercicio
legítimo de las competencias que tienen asignadas, puedan organizar estas
enseñanzas en el segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria, de
modo que una ordenación de las optativas permita itinerarios curriculares
que respondan a los criterios antedichos.
La buena acogida que están teniendo estos planteamientos en amplios
sectores del profesorado, con los que hemos reflexionado sobre la marcha
de la implantación de la nueva ordenación del sistema educativo, nos
anima a seguir los trabajos, que, en la fase técnica, esperamos tener
ultimados en un plazo relativamente breve. Espero, señorías, que
comprendan las razones profundas de estas modificaciones que queremos
introducir, con objeto desde luego, de perfeccionar el sistema educativo.
En relación con el bachillerato, se trata fundamentalmente de intentar
potenciar la formación humanística de nuestros bachilleres. El
bachillerato de la Ley de 1990 debe cumplir una triple finalidad
educativa, como le asigna la ley: formación general, orientación de los
alumnos y preparación de los mismos para estudios superiores. Todos
ustedes convendrán conmigo en que las enseñanzas del bachillerato tienen
una dimensión propedéutica fundamental, y la breve duración del actual
bachillerato, dos años, no hace fácil que se cumpla esta triple
finalidad. A nuestro juicio, resulta conveniente una organización del
bachillerato que permita el mejor cumplimiento de dichos fines, para lo
que es necesario dar un mayor peso a lo que se han de considerar las
asignaturas fundamentales. En este sentido, manteniendo las cuatro
modalidades de bachillerato que establece la ley, nos parece importante
reorganizar
de manera suave el bachillerato de humanidades y ciencias sociales para
dar más presencia en él a las materias fundamentales humanísticas y para
simplificarlo en el currículo del territorio de gestión del Ministerio de
Educación y Cultura para que disponga de dos opciones como el resto de
modalidades de bachillerato.
El reforzamiento de las humanidades ha de orientarse de dos modos: por
una parte, otorgando en la organización general del currículo más peso
horario a algunas materias fundamentales, por ejemplo, nos proponemos
hacerlo en lengua y literatura castellana o en historia y, por otra
parte, mejorando la orientación de los contenidos curriculares de algunas
enseñanzas. En esto se está trabajando.
Para poner un ejemplo nada más señorías, nos parece importante y oportuno
modificar la orientación de la filosofía como materia común porque en la
actual configuración del bachillerato la historia de la filosofía sólo se
ha convertido en una asignatura de la modalidad del bachillerato de
humanidades y ciencias sociales, lo que indica que el resto de
bachilleres que no hagan esa modalidad habrán concluido sus estudios de
bachillerato sin haber tenido la oportunidad de un conocimiento
sistemático de la evolución del pensamiento filosófico que es tan
fundamental para nuestra cultura, para nuestra civilización.
Para potenciar esta formación humanística --vuelvo a repetir-- estamos
haciendo una reelaboración de los contenidos de las materias de historia,
cultura clásica --latín y griego--, y lengua y literatura castellana en
esta etapa de la educación secundaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, tiene la palabra.
El señor ROMERO GONZALEZ: Me gustaría decirle en esta intervención
algunas cuestiones referidas exclusivamente a lo que subyace en la
intervención arropada con una terminología tal vez demasiado opaca para
aquellos que no conozcan a fondo el sistema educativo español. Mi
intervención va dirigida a explicar con palabras claras y llanas lo que
ustedes llevan entre manos en el Ministerio de Educación y Cultura, para
que lo entienda el conjunto de la ciudadanía, no solamente los que
conocemos a fondo el sistema educativo, porque alguien que le haya
escuchado puede no haber sacado una conclusión clara de qué pretende. Voy
a hacer un esfuerzo, ya que usted no lo ha hecho, para explicar esto.
En primer lugar, déjeme le diga que cuando leí y escuché las intenciones
del Gobierno, me causaron enorme estupor que hoy se ha visto incrementado
seriamente, señor secretario general. Sólo desde el desconocimiento
absoluto de cómo se ha confeccionado el sistema educativo de nuestro país
desde el año 1983 hasta hoy, de cómo se ha avanzado por la vía del
consenso a medida que el sistema educativo se reforzaba entre el Gobierno
de la nación y las diferentes comunidades autónomas con competencias
plenas en materia de educación, sólo desde el desconocimiento más
absoluto de cómo se gestó el real decreto vigente en nuestro país de las
enseñanzas mínimas que en este caso existen, se pueden entender estas
propuestas, que mi grupo califica como anuncios desde la
irresponsabilidad, de reforma del sistema educativo en orden a las
enseñanzas mínimas.
Para que los ciudadanos lo entiendan, señor secretario general, ustedes
pretenden reformar completamente la Logse sin traerla al Parlamento. Eso
es lo que pretenden ustedes y como aquí hay medios de comunicación que lo
deben explicar a los ciudadanos, yo lo voy a explicarlo claramente así.
Ustedes, sin traerla al Parlamento, pretenden una modificación de la
Logse porque saben que no la pueden traer, porque no tienen mayoría
suficiente y porque el resto de los grupos parlamentarios la apoyan y
aplican sin fisuras en sus comunidades autónomas con competencias, y
pretenden nada menos que hacer tres cosas:
En primer lugar, hacer un ataque frontal a la escuela comprensiva que
subyace en la propuesta de la Logse --y le diré por qué--, en esas
palabras que usted ha dicho poco claras para los que no conocen a fondo
el sistema de educación porque no tienen por qué conocerlo, pero que he
entendido perfectamente.
En segundo lugar, ustedes pretenden modificar el sistema educativo en
orden a las materias que los chicos han de conocer, estableciendo además
modificaciones sin consenso con las comunidades autónomas que tanto
tiempo y esfuerzo costó consensuar.
En tercer lugar, ustedes plantean el establecimiento de la incorporación
de una carga docente o de una supresión de optatividad, me da igual,
mayor o menor, sin consenso con las comunidades autónomas que están
aplicando este real decreto de enseñanzas mínimas. Por eso, mi grupo
parlamentario entiende que sólo desde el desconocimiento más absoluto de
cómo se hizo eso en este país y desde la frivolidad de cómo abordar la
reforma de un sistema educativo que acaba de empezar a rodar, que todavía
está vigente el anterior --le recuerdo, como usted sabe muy bien, ya que
tiene más de un cuarto de siglo de vigencia-- ustedes llegan aquí y en
doce meses pretenden entrar en un espacio, en un campo que ha costado
mucho tiempo consensuar, que ha costado mucho esfuerzo de diálogo con las
comunidades autónomas, que ha costado mucho esfuerzo para consensuar
enseñanzas mínimas. Llegan ustedes y porque a la señora Ministra y a
algunos miembros de su equipo les parece bien, anuncia alegremente de
manera irresponsable que va a modificar las enseñanzas mínimas porque un
conjunto de personas le han dicho que hay que modificarlo. Así es como ha
sucedido en estas últimas semanas, y esto no puede ser, señor secretario
general; esto no tiene calificativos para mi grupo.
Voy a la primera parte de su intervención. Le voy a hacer una serie de
interrogantes que todas las comunidades autónomas se formulan y que
supongo le harán llegar en los próximos días, porque las comunidades
autónomas le irán diciendo qué debate han abierto aquí. Ustedes han
reunido en cuatro comisiones: de lengua y literatura, de historia y
geografía, de filosofía y de cultura clásica. Si hubieran reunido otras
comisiones de expertos, de catedráticos de universidades, de catedráticos
de instituto, de ciencias, de matemáticas, les hubieran dicho que lo suyo
es lo más importante. No le quepa la más mínima duda. Ustedes no
pueden anunciar alegremente la reforma del sistema de enseñanzas mínimas
de un país porque un conjunto de expertos --que me merecen la máxima
consideración y su opinión debe ser tenida en cuenta, y todas las demás--
proponen esta modificación. Además, pretenden reducir la optatividad,
porque supongo que no estarán pensando ustedes en incrementar la carga
docente a 33 ó 34 horas por semana, o a 36 en Cataluña, en Valencia, en
Galicia, o en el País Vasco. ¿O es que están pensando en esto? Porque o
hay 36 horas o hay menos optativas. ¿Están pensando en esto o no han
pensando en nada?
Mi grupo entiende que es imprescindible mantener el sistema de optativas
que hay que, por cierto, ustedes ya han limitado bastante con la circular
de comienzo del curso vigente. Es imprescindible. Es un mal camino
reducir el número de optativas e incrementar cuantitativa y
cualitativamente las troncales, pero no quiero entrar en la parte
académica, digamos, porque la doy por sabida.
¿Ustedes se han parado a pensar que esto supondría, sin consenso con las
comunidades autónomas? A todo esto, el anuncio que usted hace aquí hoy,
que reitera hoy aquí, y la Ministra alegremente ha contado en los
periódicos, no es conocido por los gobiernos regionales con competencias
plenas en materia de educación, ni siquiera ha sido debatido en la
Conferencia de Consejeros que, como usted sabe muy bien, es el órgano
competente para informar las modificaciones que por vía de real decreto
se hacen en el sistema educativo de nuestro país. ¿Usted se ha parado a
pensar qué supondría esto en cuanto a modificación de todos los decretos
de enseñanzas mínimas del Estado español, de todos los currícula, de
todos los libros de texto? ¿Ustedes se han parado a pensar siquiera cinco
minutos en lo que supone esto, señor secretario general? Mi impresión es
que no, mi impresión es que no se han parado a pensar lo que acaban de
anunciar. Yo creo que hacen un anuncio alegre, un anuncio desconociendo
la verdadera profundidad del debate que han abierto --aunque no lo
quieran lo han abierto ya--, y ahora, tal vez una vez más, tengan que
reconducirlo o dejarlo en vía muerta como tantos otros debates que
alegremente anuncia la Ministra y que luego no conducen a nada. De éstos
ha abierto en los últimos doce meses seis debates. Luego no conducen a
nada, a nada. Este puede ser uno más. En nombre de mi grupo prefiero
decirle que me gustaría que fuera un debate abierto en falso que no
condujera a nada, porque si conduce a algo le comunico a usted que va a
encontrar muchas dificultades, muchísimas dificultades en el conjunto del
sistema educativo español. Han de acostumbrarse a pensar, señor
secretario general, que el sistema educativo ustedes no lo pueden
determinar por vía del real decreto de acuerdo con su opinión particular;
el sistema educativo español es el que es, el sistema educativo español
es complejo, el sistema educativo español tiene espacios de competencia
plena en materia de educación pactados en su conjunto y ustedes no lo
pueden modificar unilateralmente. No quiero imaginar que están pensando
ustedes en hacer un real decreto, insisto, un real decreto que no sea de
aplicación a todas las comunidades. Esto sería la locura máxima. No
quiero pensar esto. No creo que estén pensando en un real decreto de
modificación de enseñanzas mínimas de nuestro país que no sea de obligado
cumplimiento para el conjunto del sistema educativo, sino que fuera
opcional para cada una de las comunidades autónomas que lo quiera adoptar
o no. Esto sería la locura. Le pregunto: ¿están pensando en esa
posibilidad? Le pregunto ahora: ¿están pensando tal vez en esa
posibilidad? ¿Habría un solo real decreto o un real decreto por áreas?
Insisto: ¿será norma básica o no?
Señor secretario general, no hace falta que le reitere aquí los informes
que en punto al tema que ustedes han abierto alegremente se formulan en
el conjunto de Europa: la OCDE, la Unesco, la Unión Europea hablan de
propuestas, que usted conoce, que se alejan completamente de lo que
ustedes pretenden hacer aquí. Ustedes, si me permite la expresión, en
realidad están intentando recuperar o caminar de manera unilateral por
espacios que son vedados en nuestro país ya y, además, desde el punto de
vista académico, si me permite la expresión, están intentando recuperar
parcelas de las propuestas educativas de Menéndez Pelayo.
Señor secretario general, en general creo que lo más prudente de lo que
ha manifestado usted hoy aquí sería que ahora nos dijera que no es sino
un borrador más, una propuesta de intenciones, que como Gobierno tiene
intención naturalmente de someterlo a la Conferencia de consejeros en
fase de borrador, que la Conferencia de consejeros habrá de estudiar, y
que sólo en el caso que de forma unánime la Conferencia de consejeros
entrara a aceptar la posibilidad de modificar aspectos parciales de las
enseñanzas mínimas de nuestro país de forma consensuada, el Gobierno
estaría dispuesto a caminar por esa senda.
El otro punto que usted ha señalado aquí y que tal vez algunos ciudadanos
no hayan podido entender bien es lo que usted define como establecer
diferentes itinerarios curriculares. Esto que usted ha dicho así como
diferentes itinerarios curriculares no es ni más ni menos que el ataque
frontal a la propuesta de escuela comprensiva, que tanto tiempo costó
ahormar en nuestro país, que, por cierto, incorporó en nuestro país las
propuestas más avanzadas en esta materia en el conjunto de los sistemas
educativos europeos y que ustedes pretenden modificar ahora nada más y
nada menos que por la vía del real decreto. Ustedes, para que los
ciudadanos lo entiendan, como usted ha definido muy bien aquí, habla de
aulas, habla de itinerarios curriculares por bloques, ustedes lo que
pretenden es que haya un cuarto de secundaria de primera y un cuarto de
secundaria de segunda. Eso es lo que ustedes pretenden. Si usted me dice
que no con la cabeza, me debería decir ahora inmediatamente que ustedes
no abogan por aulas en bloque, sino que abogan por itinerarios
personalizados, que es lo que dice la Logse. Si usted no me dice ahora
aquí que ha sido un error y que ustedes van a seguir trabajando porque en
el tercero y en el cuarto, sobre todo en el cuarto haya un tratamiento
específico a la diversificación, haya un tratamiento específico e
individualizado a los alumnos, entonces yo tengo que creer lo que usted
ha dicho es que habrá dos aulas, por decirlo así --para que los
ciudadanos lo entiendan--, una como curso preparatorio al bachiller y
otra de segunda para los tontos. Esto es exactamente lo que usted
ha dicho aquí, y, si no lo ha dicho así, quiero que lo desmienta ahora.
Por cierto, no me extraña que planteen esto porque es lo que ha dicho su
portavoz parlamentario en esta Cámara en la anterior legislatura, que la
Logse tenía un problema, que todos los chicos tenían que llegar juntos
hasta cuarto de secundaria y que lo más razonable sería apartar a los
listos de los tontos. Lo dijo aquí, y consta en el «Diario de Sesiones»,
el anterior portavoz de educación de su grupo, y lo que ustedes plantean
ahora es justamente eso.
De manera que, insisto, nada más y nada menos que por la vía del real
decreto ustedes pretenden alterar el consenso del sistema educativo de
nuestro país --concluyo, señor Presidente, muy amable-- en cuanto a las
enseñanzas mínimas; pretenden volver atrás en las propuestas de los
contenidos y de los currícula de esas enseñanzas en cantidad y en calidad
respecto de lo que en este momento empieza a rodar en este país, ni
siquiera antes de tener la primera evaluación, porque a ustedes les ha
parecido; y, en tercer lugar, plantean un ataque frontal al modelo de
escuela comprensiva. Estas son las tres cosas que subyacen en esa
intervención, digamos opaca para el que sea poco conocedor del sistema
educativo, de lo que hoy usted ha anunciado aquí, señor secretario
general, y debo decirle que ese camino es un mal camino. Mi grupo no
espera nada de ustedes. En estos doce meses ya hemos visto lo que son
capaces de dar de sí en materia de educación. No esperamos nada. De ahí
la desesperanza; de ahí lo de desesperanza ¿sabe? La sociedad y la
comunidad educativa debe esperar muy poco ya de ustedes; en otro caso no
tendría explicación que tengan que estar reuniéndose a espaldas de
ustedes para ver si dan una salida, a pesar de ustedes, al sistema
educativo de este país. Fíjese, fíjese, todos los sectores educativos de
este país menos el Gobierno. ¡Qué pena, verdad! ¡Qué pena! Por eso digo
que no esperamos nada de ustedes. Ahora bien, en los tres aspectos que
usted ha apuntado hoy aquí sí nos gustaría como mínimo que antes de hacer
anuncios de este tipo lo consensúen, lo comenten y lo acuerden con el
conjunto de las comunidades autónomas afectadas e implicadas, implicadas
nada más y nada menos que desde 1983, señor secretario general.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nasarre.
Recuerdo, no caigamos en la tentación de convertir las preguntas en
comparecencias.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Señor Presidente, intentaré seguir sus indicaciones, pero
creo que la magnitud de la cuestión que aquí estamos ventilando requiere
que dediquemos el mínimo tiempo disponible a que nos obliga la reflexión
sobre estas materias.
Tengo que decir al señor Romero, en primer lugar, que tanto en una como
en otra cuestión la voluntad del Gobierno es decidida, meditada, y, por
otra parte, considera que es una obligación para mejorar y resolver los
problemas que en estos momentos tiene nuestro sistema educativo.
Comprendo que ustedes, que han sido los paridores de la Logse, sientan un
cariño especial por ella y, en estos momentos, consideren que cualquier
retoque, cualquier modificación en su aplicación, viendo la experiencia,
viendo la realidad, les altere profundamente. Señor Romero, me parece que
practicar la política del avestruz y mantenerse en una posición de pura
defensa dogmática de lo que hicimos nosotros, no es la posición que
deberíamos adoptar. Creo sinceramente, y pido que este debate se abra al
conjunto de la opinión pública, que intentar considerar que es
irresponsable una mejora de los contenidos humanísticos de la educación
secundaria en su conjunto es un juicio de valor que no tiene fundamento.
Tenemos que estar preocupados y creo que plantear este tema en el mundo
educativo ante la opinión pública es una señal de irresponsabilidad.
Es evidente que en lo que afecta a la normativa de enseñanzas mínimas o
normativa básica debemos ponernos de acuerdo con las comunidades
autónomas. En la última reunión de la conferencia sectorial de educación,
celebrada en diciembre, ya anunciamos a todos los consejeros --había un
informe sobre esta materia en un punto del orden del día-- la voluntad
del Gobierno y les anunciamos la constitución de estas comisiones de
estudio. En la próxima reunión de la comisión sectorial de educación, que
se va a celebrar en los primeros días del mes de julio, también
volveremos a tratar esta materia y, desde luego, sin un examen profundo y
con el intento de llegar al mayor acuerdo posible, no se nos ocurrirá
adoptar las decisiones de reforma, en su caso, de los decretos de
enseñanzas mínimas sin la cooperación, colaboración y consenso de las
comunidades autónomas.
He entendido que acusaba a este ministerio de que sería una
irresponsabilidad que los contenidos curriculares en desarrollo de los
decretos de enseñanzas mínimas pudieran ser retocados en el conjunto del
área de administración del Ministerio de Educación y Cultura. Si ése es
su punto de vista, usted está declarando irresponsables a todas las
administraciones educativas que han hecho sus desarrollos curriculares;
por tanto, señor Romero, le digo que, en el marco de las enseñanzas
mínimas, es posible que cada administración educativa, en el ejercicio de
sus competencias, haga el desarrollo curricular correspondiente,
adaptándose plenamente y siguiendo el espíritu de las enseñanzas mínimas.
En todo caso, les tengo que decir que tenemos el empeño de que el
conjunto de las administraciones educativas entienda que la defensa y
potenciación de las humanidades es una necesidad para mejorar nuestro
sistema educativo.
En cuanto a la segunda cuestión, dice que la propuesta de una
reordenación de los itinerarios curriculares en el segundo ciclo de la
educación secundaria obligatoria es un ataque en profundidad al modelo de
educación comprensiva. Le tengo que decir que la enseñanza comprensiva
hasta los 16 años, y de acuerdo con la flexibilidad que plantea la Ley
del año 1990, no obliga a que todos los alumnos den el mismo tipo de
enseñanzas hasta los 16 años con la misma orientación, no es una
obligación. Evidentemente,
de ahí surge la posibilidad de diversificación curricular establecida en
la ley. Es más, creo que a estas edades es preciso ir adaptando los
currículos a las aptitudes y condiciones de los alumnos. Eso ya es una
realidad en estos momentos. Por ejemplo, en matemáticas, hay matemáticas
A y matemáticas B, en función de las aptitudes y disposiciones de los
alumnos en esta etapa del sistema educativo.
Le digo a usted, señoría, que, desde el punto de vista pedagógico, a
partir de la adolescencia empiezan a surgir unos perfiles vocacionales
propios y hay que tenerlos presentes en la configuración de las
enseñanzas. Nadie se extrañaba y no se consideraba ningún tipo de
discriminación que, en el antiguo bachillerato, a los catorce años, se
estableciera la distinción entre bachillerato de letras y bachillerato de
ciencias, con unas asignaturas comunes; a esa edad, uno iba ya
descubriendo determinadas aptitudes y vocaciones y se sentía más a gusto
con unos itinerarios. No había ningún tipo de discriminación, puesto que
la elección era libre por parte del alumno. En el actual bachillerato,
BUP del año 1970, se va iniciando suavemente esa diversificación a través
de lo que popularmente llamamos letras, letras mixtas, ciencias mixtas,
etcétera. ¿Por qué no hacerlo de manera organizada y ordenada en el
segundo ciclo del sistema de la educación secundaria obligatoria? Creo
que es perfectamente racional, y va a suponer una mejora que nos están
pidiendo los centros educativos. Tenemos que hacer un esfuerzo de
reflexión --en eso estamos todas las administraciones educativas-- para
intentar resolver todas las dificultades que existen, que no podemos
negar, señor Romero. No podemos negar que, en estos momentos, en el
segundo ciclo de educación secundaria, hay inquietud, hay problemas, y no
podemos acusar a los profesores de ser culpables, de que son los que se
resisten a la reforma. Están pidiendo que ordenemos este segundo ciclo de
la educación secundaria obligatoria.
Ya ha habido una comunidad autónoma, Navarra, que ha establecido unas
medidas con esta orientación, a través de un decreto foral que establece
la diversificación de itinerarios ordenada de la forma que les acabo de
decir. En Navarra ha contado con la conformidad del Grupo Parlamentario
Socialista en el Parlamento navarro que, a mi juicio, ha supuesto un
signo de responsabilidad. Esta es una vía perfectamente razonable, está
en el marco de la ley, en el marco de la Logse, y puede suponer --vuelvo
a repetir-- un camino para que la educación secundaria obligatoria en su
configuración, en los fines que le asigna la Ley, pueda cumplir
estrictamente su misión, porque todos tenemos la obligación de que no
fracase nuestro sistema educativo.
Acabo, señor Presidente, diciendo, en cuanto a la iniciativa sobre una
fundación a la que se refiere el señor Romero, que no se hace de espaldas
al ministerio. No sé si usted estuvo presente en el acto que se promovió
esa iniciativa. Yo sí estaba presente y manifesté la voluntad del
departamento de contribuir y hacer todo lo posible para que en España se
planteara en estos momentos un acuerdo escolar; acuerdo escolar que, por
cierto, en los 13 años de Gobierno socialista no se ha producido. No hubo
ninguna intención por parte del Partido Socialista de promover un acuerdo
sólido que diera estabilidad al sistema educativo.
En esta iniciativa que hemos empezado a recorrer hay personas de todas
las orientaciones y, desde luego, está el Presidente del Consejo Escolar
del Estado, persona que puede realizar una función de extraordinaria
importancia para que avancen las distintas posiciones.
A diferencia de lo que el Secretario General del Partido Socialista,
Felipe González, señaló en noviembre del año pasado sobre que al Partido
Socialista no le interesaba ningún acuerdo en materia educativa, que
supongo no es la posición que en estos momentos tiene el Partido
Socialista, tengo que decir que a todos nos interesa que avancemos en
nuestras posiciones y lleguemos a compromisos para lograr un pacto que
sería importante. que sería positivo para el conjunto del sistema
educativo. Pero para ello, señor Romero, creo esencial no mantener una
posición de total inmovilismo respecto a lo que ustedes dejaron cuando
los españoles promovieron el cambio político. En el marco de la Ley son
posibles ciertas modificaciones, ciertas mejoras, ciertos retoques, con
el fin de que entre todos podamos construir el sistema educativo que la
sociedad nos requiere.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nasarre.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION
PROFESIONAL (NASARRE GOICOECHEA) PARA:
--INFORMAR SOBRE LAS PREVISIONES DE SU DEPARTAMENTO EN MATERIA DE
TRANSFERENCIAS DE EDUCACION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000182.)
-- CONOCER LOS CRITERIOS PARA EL CALCULO DE LA FINANCIACION DE LAS
TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS NO UNIVERSITARIAS PENDIENTES, ASI COMO LOS
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN DICHO PROCESO.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000156.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a tramitar las correspondientes
comparecencias, que figuran bajo los números 12 y 13 del orden del día.
Señor Nasarre, le requiero para que me manifieste si está dispuesto a
hacer las comparecencias conjuntamente o si prefiere hacerlas de forma
aislada cada una de ellas. Una es sobre transferencias de educación a las
comunidades autónomas y la otra sobre transferencias educativas no
universitarias e instrumentos de participación educativa en dicho
proceso.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Son idénticas. Las hago conjuntas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Tiene la palabra, señor Nasarre.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Señor Presidente, señorías, comparezco gustoso ante la
petición de comparecencia en relación con el proceso de transferencias en
materia educativa no universitaria que en estos momentos, como saben
ustedes y sabe la opinión pública, está en curso.
En febrero de 1992 --quiero recordar-- el Partido Popular y el Partido
Socialista suscribieron los acuerdos autonómicos en cuya virtud ambos
partidos concordaron, entre otras, las transferencias de las competencias
educativas a las diez comunidades autónomas que nos las tenían asumidas
en aquella fecha. En materia de educación se aprobaron los instrumentos
jurídicos que permitieron a las referidas comunidades autónomas asumir
las transferencias en este ámbito, pero en los niveles educativos no
universitarios no se llevaron a cabo los traspasos hasta el año 1996.
El Gobierno surgido de las urnas de marzo de 1996 cree que ha llegado el
momento de proceder a los traspasos pendientes. Constituía, desde luego,
un compromiso en virtud de los pactos firmados que había que cumplir y,
además, consideraba que su realización suponía un fortalecimiento del
Estado de las autonomías. Por ello, la Comisión delegada del Gobierno de
política autonómica acordó, en julio del pasado año, que se debía iniciar
la puesta en marcha del proceso de negociación con las comunidades
autónomas para proceder a los traspasos de las enseñanzas de nivel no
universitario, con la pretensión de que se realizaran en el horizonte de
1.º de enero de 1998. Ya en noviembre de 1996 se produjo la apertura
formal del proceso y en la última semana del presente mes de junio está
prevista la convocatoria de las ponencias técnicas a través de las cuales
la Administración del Estado y las comunidades autónomas llevarán a cabo
las tareas conducentes a que las comisiones mixtas de transferencias
formalicen los pertinentes acuerdos conforme a las normas procedimentales
de nuestra legislación.
A nadie se le oculta, por una parte, la complejidad de este proceso de
traspasos, así como su trascendencia. Se trata de culminar la adaptación
de las estructuras educativas de toda España al modelo del Estado
autonómico; de un sistema educativo muy centralizado que heredamos y con
el que se formó el sistema educativo moderno a mediados del siglo XIX,
estamos pasando a uno de los sistemas educativos más descentralizados de
la Europa occidental.
Este proceso de traspasos va a afectar a 2.780.402 alumnos que cursan
estudios en las diez comunidades que gestiona el Ministerio de Educación
y Cultura. Representan el 37 por ciento del total del alumnado de las
enseñanzas no universitarias escolarizado en España. Se trata, por ello
ciertamente, de unos traspasos de gran magnitud tanto en medios como en
estructuras, en personal o en cifras económicas. Pensemos que más de
140.000 profesores van a estar implicados y que el número de centros
educativos de la red de titularidad pública representan una cifra
superior a 1.500. En cuanto a la magnitud económica, de acuerdo con los
cálculos elaborados por el departamento, va a representar la cantidad de
820.000 millones de pesetas, que es el coste total efectivo de los
servicios educativos objeto de traspaso.
Creo que SS. SS. convendrán conmigo que este magno proceso
descentralizador ha de ser contemplado como una gran oportunidad para
nuestro sistema educativo. La razón de ser de la descentralización
impulsada por el Estado de las autonomías no es sólo construir una nueva
distribución territorial del poder, sino también y muy fundamentalmente,
acercar la gestión de los servicios fundamentales propios del Estado
social de Derecho a los ciudadanos y así incrementar su eficacia y
mejorar la calidad.
El Ministerio de Educación y Cultura ha procedido a fijar el cálculo del
coste de los servicios transferidos a las diez comunidades autónomas que
serán objeto de traspasos con arreglo a las normas establecidas por el
pleno del Congreso de Política Fiscal y Financiera en el acuerdo de 15 de
marzo de 1995.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades
autónomas el coste efectivo del servicio ha de hallarse, como saben SS.
SS., mediante la agregación de los costes directos, indirectos y gastos
de inversión que corresponda imputar en el momento de la transferencia a
cada comunidad autónoma. El cálculo ha de hacerse, por tanto, respecto al
año en que se efectúan los traspasos; pero el Ministerio de Educación es
consciente de que estos traspasos se producen en una circunstancia
caracterizada por el hecho de que el sistema educativo se halla o se
encuentra en medio de un proceso de reforma que culminará con la
implantación del nuevo sistema educativo en el año 2000 o en el año 2002,
si prospera la iniciativa legislativa en tramitación en esta Cámara, y
que ha presentado el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Por ello,
el Ministerio de Educación y Cultura, al mismo tiempo que ha efectuado
este cálculo del coste efectivo de los servicios con arreglo a lo que
disponen nuestras normas en materia de traspasos, ha elaborado un estudio
de necesidades para el período en que ha de completarse la implantación
de la nueva ordenación del sistema educativo al objeto de que sea tenido
en cuenta a la hora de negociación de los traspasos con las comunidades
autónomas.
El estudio analiza con detalle la población escolar, su proyección en los
próximos cinco años de acuerdo con la evolución demográfica prevista;
analiza la red pública existente y contempla todas las necesidades para
completar una red de centros que garantice la plena escolarización de la
población de 3 a 18 años a lo largo de los diferentes niveles de
enseñanza. Las necesidades de esta programación hasta el año 2002
comprenden completar la escolarización en la educación infantil, que,
como S. S. sabe, falta ya muy poco para lograrlo; mejorar la red de
centros de educación primaria mediante las sustituciones necesarias;
completar asimismo la red de centros de secundaria, los
institutos de educación secundaria y centros de formación profesional
para que al final del período se disponga de una red óptima para el
conjunto de la población escolar, atender de modo especial a la población
rural, con los criterios que expuse ya ante esta Comisión en una
comparecencia anterior; dotar el profesorado necesario para la aplicación
de la reforma; consolidar asimismo los gastos de funcionamiento derivados
de la nueva red y ampliar la gratuidad en el tramo de edad de 14 a 16
años.
De acuerdo con este estudio de necesidades el Ministerio de Educación ha
estimado, y ésa es la cifra que irá analizando durante el proceso de
negociación con cada una de las comunidades autónoma, que el presupuesto
debe aumentar en 230.000 millones de pesetas en los próximos cinco años.
El ministerio va a contrastar este estudio, los datos que contiene, con
cada una de las administraciones educativas por medio de las ponencias
técnicas para perfeccionarlo y con la intención de alcanzar un acuerdo
razonable sobre el gasto educativo necesario para concluir la
implantación de la reforma en cada uno de los territorios a que
corresponden las comunidades autónomas recipiendarias de los traspasos.
El modelo de financiación, por tanto, a nuestro juicio debe garantizar
que cada una de las comunidades autónomas pueda prestar el servicio de
educación en niveles homogéneos y suficientes, y se han de establecer por
las fórmulas que se acuerde, tanto por el Ministerio de Hacienda como por
las consejerías de Hacienda correspondientes, cláusulas que aseguran este
compromiso.
En relación con la participación de la comunidad educativa en este
proceso, por la que se me preguntaba, el Ministerio de Educación se ha
comprometido ya con los sindicatos, en el marco del diálogo que mantiene
con ellos, y ha constituido al efecto una mesa de transferencias que se
pondrá en marcha cuando se hayan iniciado las labores de negociación con
las comunidades autónomas a través de las ponencias técnicas.
Ya hemos debatido esta cuestión con los sindicatos en el seno de la mesa
de la enseñanza pública y el ministerio coincide con las organizaciones
representativas del profesorado en la necesidad de mantener la
vertebración general del sistema, desde luego, la movilidad del
profesorado y, sin perjuicio del respeto a la autonomía de las
administraciones educativas en el ejercicio de sus competencias, procurar
que en el futuro se produzcan las condiciones de trabajo más homogéneas
posibles para el conjunto del personal docente. Del mismo modo se
examinará también el proceso de transferencias con las organizaciones más
representativas de padres de alumnos.
El señor PRESIDENTE: Al tratarse conjuntamente las dos comparecencias
daremos la palabra, en primer lugar, al primer solicitante y luego al
segundo; finalmente, fijará posiciones el resto de los grupos.
Como primer solicitante, figura el Grupo Socialista. El señor Romero
tiene la palabra.
El señor ROMERO GONZALEZ: Quiero agradecer en nombre de mi grupo al señor
secretario general la información que ha proporcionado, esta vez sí, en
sede parlamentaria sobre esta importantísima cuestión. Hasta ahora sólo
habían sido posibles aproximaciones genéricas sobre cómo el Gobierno
pretende hacer efectiva la decisión que va a ser más importante para diez
comunidades autónomas en su vida política, que es recibir el sistema
educativo en cada uno de esos territorios. Estamos hablando de una
decisión de enorme trascendencia, naturalmente; de las más importantes
que va a tomar el Estado español en esta segunda oportunidad, habida
cuenta de que ya en su momento adoptó esa decisión para otras comunidades
autónomas que ya tienen plenas competencias en materia de educación.
Las cifras que ha avanzado respecto a la profundidad que supone lo que
estamos hablando son correctas. Mi grupo dispone prácticamente de las
mismas; estamos hablando de casi 850.000 millones de pesetas, que es lo
que en este momento el Estado, el Gobierno de la nación viene a gastar en
los presupuestos de 1997 en educación en esas diez comunidades autónomas
con profesores, centros y alumnos, según las cifras que el señor
secretario general ha establecido y que, naturalmente, son correctas.
El señor secretario general ha facilitado hoy aquí en nombre del Gobierno
una idea que ya nos parece un avance respecto de posiciones anteriores
que yo mismo he tenido ocasión de escucharle. Creo que los debates que ha
habido en el Parlamento español en Pleno, aunque el Grupo Parlamentario
Popular haya votado en contra por ejemplo de establecer un acuerdo para
fijar un plan plurianual de financiación a cinco años de la Logse,
1998-2001, y aunque el Grupo Parlamentario Popular votara en el
Parlamento en contra de aceptar a trámite una anterior iniciativa
legislativa popular que nos hubiera permitido haber avanzado también en
este terreno, hoy el Grupo Parlamentario Socialista tiene que reconocer
que el grupo parlamentario o al menos el Gobierno del Partido Popular ha
variado su posición en una línea correcta, porque ya no mantiene la vieja
tesis de que era posible hacer el traspaso de funciones y servicios en
materia de educación de acuerdo con el viejo sistema de coste efectivo.
Esta es una posición que mantuvo, al menos hasta hoy; yo no le conocía
otra.
Mi grupo parlamentario, como sabe el señor secretario general, ha
mantenido desde el primer día que esta posición no era posible ya, por
las mismas razones que ha establecido hoy aquí públicamente el señor
secretario general, habida cuenta de que si ese sistema fue válido para
transferir el sistema educativo en los años ochenta, en este momento en
España nos encontramos en el ecuador de la aplicación de una reforma que
además naturalmente todavía debe tener compromisos de incremento de gasto
público en cifras ciertamente importantes, que además debe todavía
incrementar sus recursos para plantillas, para gastos de funcionamiento
de los centros, para transporte, para comedor escolar, para los
conciertos educativos, para el programa de formación del profesorado,
para la formación en empresas, para los programas de garantía social,
para inversión nueva, para inversión de reposición, para equipamiento y
para reposición de equipamiento, hasta el año que concluya el período de
aplicación de la Logse. Mi grupo
hoy quiere dejar constancia del movimiento en la línea correcta por parte
del Gobierno para establecer a la hora de proceder al traspaso de
funciones y servicios en materia de educación a las diez comunidades
autónomas que lo han de recibir teóricamente el 1.º de enero de 1998 un
escenario plurianual, por lo menos, un escenario diacrónico, de manera
que incluya no lo que en este momento el Gobierno de la nación se está
gastando en educación en la Comunidad de Castilla-La Mancha, sino lo que
el gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que gastarse en educación para
dar cumplimiento en profundidad y en toda su integridad de la aplicación
de la Logse hasta que ésta sea íntegramente desarrollada. Si es así --y
así hemos entendido--, nos parece un avance importante, un avance
significativo, aunque nos hubiera gustado haber formalizado en sede
parlamentaria un plan plurianual de financiación de la Logse, que hubiera
dejado definitivamente la aplicación de la Logse fuera de la contienda
partidaria y que hubiera dejado completamente al margen de la contienda
partidaria lo que es la financiación del sistema educativo español,
aunque sea de manera menos protocolaria, menos profunda que un acuerdo en
sede parlamentaria, creo que el Gobierno ha movido pieza en una dirección
más correcta. Probablemente esta decisión --estoy seguro de ello-- se ha
debido no sólo a las continuas peticiones del Grupo Parlamentario
Socialista de que ésta era la única vía posible, sino que tal vez haya
pesado también en el ánimo del Gobierno la propia opinión de los
consejeros y de los gobiernos regionales que han de recibir el sistema
educativo el 1.º de enero de 1998.
Naturalmente no es desconocido para mi grupo parlamentario que los
propios gobiernos presididos por el Partido Popular han hecho saber
públicamente al Gobierno de la nación que si no era en estas condiciones,
su Gobierno no recibiría las competencias en materia de educación. Me
vienen a la memoria, por ejemplo, las intervenciones públicas del
Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid cuando decía que si el
Gobierno no le garantizaba 50.000 millones de pesetas más para aplicar la
Logse en su comunidad, no recibiría las competencias en materia de
educación. Déjeme le diga que 50.000 millones de pesetas más es una cifra
bastante ajustada a la realidad de lo que la Comunidad de Madrid
necesita; un poco corta, pero se acerca bastante ya a lo que la Comunidad
de Madrid necesita para garantizar la aplicación de la Logse en este
territorio. Como este ejemplo, otros más --Aragón, Murcia--, por no citar
solamente las continuas peticiones por escrito y verbales que otros
consejeros de gobiernos socialistas han formulado al Gobierno de la
nación.
Es importante también caminar en esta dirección porque, naturalmente, si
no hubiera sido así, imagínese lo que hubiera supuesto, señor secretario
general, que el coste efectivo se realizara sobre la base del presupuesto
de 1997. Hubiera sido un desastre para garantizar el proceso de
transferencias, habida cuenta de que si se hubiera calculado sobre lo que
el Estado español se gasta en estas diez comunidades autónomas el año
1997, habríamos encontrado un sistema educativo con inversiones
raquíticas en primaria y secundaria, un sistema educativo muy mermado en
lo que es el capítulo de gasto para el ámbito de la educación pública y
hubiera repercutido negativamente para el conjunto del sistema si no
existen estas garantías de diacronía a la hora de establecer el cálculo
de lo que el sistema educativo va a costar en cada una de estas diez
comunidades en los próximos cinco años.
Naturalmente hay aspectos que ya no tienen solución, señor secretario
general, y que las comunidades autónomas tendrán que asumir, aunque
algunas de ellas tal vez no lo hubieran querido así. Por ejemplo, la
decisión última que ha tomado el Gobierno que compromete a estos
gobiernos que han de recibir el sistema educativo y les compromete al
gasto para siempre; una decisión que ha tomado unilateralmente el
Gobierno actual, naturalmente en el ámbito de sus competencias y es
legítima, que compromete a otras administraciones para los próximos años;
tal vez hubiera sido prudente no haberla tomado este año, haber dejado
las cosas como están y no haber implicado compromiso de gasto para otras
administraciones. Me refiero, por ejemplo, a la resolución de conciertos
educativos que ustedes han publicado recientemente.
Como usted sabe muy bien, esta resolución de conciertos educativos que
permite, de acuerdo con sus decisiones, concertar a más de 30 colegios
privados con dinero público para el año 1997 --dejo aparte la supresión
de unidades en el ámbito público--, va a suponer un incremento del gasto
público para la educación concertada de en torno a 400 millones de
pesetas para el trimestre septiembre-diciembre y 1.700 millones de
pesetas ya para el presupuesto de 1997 de estas diez comunidades
autónomas que ustedes van a transferir; 1.700 millones de pesetas que no
se agotan en el año 1998, sino que ya se arrastran por la vía del
concierto educativo hasta que éste se extinga y, además, se consolida en
el presupuesto de estas comunidades autónomas.
Pero, en fin, aparte de estas decisiones que, insisto, comprometen
parcialmente el proceso de transferencias, lo importante es que haya
voluntad por parte del Gobierno de establecer un escenario diacrónico;
escenario diacrónico que deberá incluir, naturalmente, el número de
institutos --lo que usted define acertadamente como red de centros-- que
deben realizarse en las diez comunidades autónomas hasta que concluya la
aplicación de la Logse, nuevos centros de primaria, sobre todo de
secundaria, y adecuaciones de secundaria para aplicar la Logse,
adecuaciones que no serán menos de 236 para este territorio; el
incremento de plantillas de especialistas necesario, naturalmente el
incremento de los gastos de funcionamiento de estos centros nuevos o
adecuados que se han de establecer; la puesta en marcha de la nueva
formación profesional, de los ciclos formativos de grado medio y
superior; el incremento de los programas de garantía social y el
incremento lógico en el tramo obligatorio de los conciertos educativos.
Teniendo en cuenta estos conceptos de gasto (y supongo que la cifra que
usted ha anunciado aquí ha tenido en cuenta estos conceptos de gasto) es
como se debería formalizar el escenario final del costo de la educación
en España en estas diez comunidades autónomas cuando finalice formalmente
la aplicación de la Logse.
Nos parece que habrá que establecer naturalmente por comunidades
autónomas estos conceptos de gastos y sería bueno que el Gobierno, habida
cuenta de que ya hoy ha anunciado aquí que dispone de un estudio,
formalizara a través del Presidente de la Comisión el detalle desglosado
por conceptos de gasto y por comunidad. No de otra manera se explicaría
el agregado al que han llegado y que ha formalizado hoy aquí el
secretario general en cuanto a lo que supone de monto total el coste
diacrónico de la aplicación de la Logse, si no tendría que pensar que se
trata de una cifra genérica, no establecida a partir de costos
específicos por comunidades autónomas. Me gustaría, insisto, que el
Gobierno hiciera llegar a los grupos parlamentarios el coste por
conceptos de gasto para estas comunidades autónomas.
A mi grupo parlamentario le parece, y entraré finalmente en la breve
segunda parte de mi intervención, que las cifras que ha anunciado aquí
hoy el secretario general --y que no ha dicho nada más que una cifra
global-- no se corresponden con las necesidades que el sistema educativo
debe tener. Me explicaré. De acuerdo con nuestros cálculos, el sistema
educativo español requiere no menos de 370.000/380.000 millones de
pesetas más cuando finalice el curso 2001-2002 respecto del presupuesto
inicial de 1996 (dejo entre paréntesis el presupuesto de 1997 porque
presupuestariamente es un año perdido para la educación española en el
territorio que ustedes gestionan, porque naturalmente el presupuesto de
1997 es inferior al de 1996 y, por tanto, éste no nos sirve), pero
respecto al presupuesto inicial de 1996, para el conjunto del Estado el
sistema educativo español requiere --y debería ser el objetivo de todos
los grupos de esta Cámara-- acercarnos al 5,5 por ciento del porcentaje
de gasto respecto del PIB, una cifra no inferior a esta que le apunto:
370.000/380.000 millones de pesetas; algunos expertos apuntan la cifra
redonda de los 400.000 millones de pesetas.
Le digo esto, porque en su intervención usted no ha hecho referencia a un
elemento muy importante, señor Secretario General, sobre el que me
gustaría que nos ilustrara en su contestación, si lo tiene a bien, y si
no en otra ocasión: hoy solamente ha pensado, en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, en las diez comunidades y ha dejado fuera de su
intervención, por economía de tiempo o por otras razones, el resto del
sistema educativo español. Mi grupo piensa que este año 1997, señor
Secretario General, debe ser también aprovechado para dar solución
definitiva a un asunto que ha quedado mal resuelto con el nuevo modelo de
financiación, que es cómo garantizar al conjunto del sistema educativo
español ya transferido la correcta financiación de la Logse en
condiciones de equidad. Se lo recordaba recientemente el Presidente de
una comunidad autónoma, el señor Fraga, al Ministro de Economía y
Hacienda diciéndole por escrito que la Comunidad Autónoma de Galicia
tenía que estar desarrollando la aplicación de una ley orgánica y que el
modelo de financiación no le garantizaba la correcta aplicación de la ley
en esa comunidad. No ha sido el único. El conjunto de los gobiernos
regionales con competencias plenas en materia de educación se ha dirigido
durante estos últimos meses al Gobierno de la nación para aclarar
definitivamente esta importantísima cuestión.
Si tenemos en cuenta este elemento, que es central, porque estamos
hablando de la otra parte del sistema educativo que no es ni más ni menos
que el 55 por ciento del sistema educativo español, que es el que ya está
transferido --aproximadamente, cifras redondas--, aquí es donde nos
gustaría ... (El señor Secretario General de Educación y Formación
Profesional, Nasarre Goicoechea: El 63.), un poco más; repito, aquí es
donde nos gustaría que el señor Secretario General nos diera su punto de
vista.
De acuerdo con nuestra opinión, señor Secretario General, debe ser
aprovechado el año 1997 para revisar también esta cuestión, porque la
perspectiva de estas comunidades autónomas que tienen competencias sobre
educación descansaba sobre el principio, que usted conoce, de gasto
estatal equivalente, que actuaba plenamente en el anterior sistema de
financiación de las comunidades autónomas.
Sin embargo, hay dos circunstancias que afectan directamente a esta
garantía de equidad territorial que implica el gasto estatal equivalente.
La primera es que desaparece el propio concepto de gasto estatal
equivalente y, en consecuencia, la garantía que el mismo implicaba en
cuanto que se produzca la totalidad del traspaso de funciones y servicios
en materia de educación; culminado el proceso, desaparece el concepto de
gasto estatal equivalente sobre el que descansa el modelo de financiación
de las comunidades autónomas que tienen transferencias en materia
educativa. Por otra parte, la segunda razón es el mayor peso que alcanza
la financiación con origen en el rendimiento tributario de cada
territorio en el nuevo sistema de financiación de las comunidades.
Este escenario, que es el que se dará, probablemente, en enero de 1998,
sitúa a las haciendas autonómicas con competencias en materia de
educación en una notable situación de indefensión que el Gobierno de la
nación debería tener en cuenta para aprovechar también el año 1997 y
resolver globalmente esta importantísima cuestión. Fíjese por qué se da
esta notable situación de indefensión. En primer lugar, porque tienen
obligación de hacer frente al esfuerzo presupuestario que exige la
aplicación de la ley orgánica que determina la ampliación del sistema
educativo; en segundo lugar, porque aunque su sistema de financiación no
ha incorporado en su base de cálculo esta ampliación de sus obligaciones
competenciales, las comunidades se encuentran en este momento con serias
dificultades de financiación, justo en un año --a partir del comienzo de
este curso-- en el que el incremento de gasto público es necesariamente
mayor. Eso es lo que venía a decirle en esta carta el presidente de una
comunidad autónoma, carta muy clara al respecto, y esto es lo que a
nuestro entender debería ser aprovechado en este año 1997 por el Gobierno
para dejarlo zanjado definitivamente.
El desarrollo de la reforma educativa en los próximos ejercicios
requiere, como usted sabe, la aportación de recursos de diferente
naturaleza para todo el Estado, no solamente para las diez comunidades
que ustedes ahora tienen la obligación de transferir. Requiere,
naturalmente, aportación de recursos de operaciones de capital y no
consolidables
destinadas a financiar el incremento y la mejora de las infraestructuras
educativas, de sus instalaciones y de su equipamiento, operaciones de
capital y consolidables, destinadas a financiar el mantenimiento y la
reposición de las nuevas infraestructuras y las mejoras producidas en las
actuales y operaciones corrientes y consolidadas destinadas a financiar
la ampliación de plantillas que exige la aplicación de la nueva ley,
especialistas de todo tipo, como usted conoce, y tanto los mayores gastos
de funcionamiento, que son consecuencia de la aplicación y de la
extensión de la reforma, como aquellos que exige el incremento de la
calidad de la docencia previsto en la Logse.
Concluyo, señor Presidente. En este sentido, hay dos razones más que
aconsejan instrumentar estas medidas de financiación para el conjunto del
sistema educativo español a través de un plan plurianual extraordinario
de financiación, que es lo que mi grupo viene reclamando en esta Cámara
desde hace meses, sobre todo desde el día en que se aprobó y aplicó el
nuevo modelo de financiación. Este es el punto cero, señor Secretario
General: el día en que el Gobierno del PP aprueba un nuevo modelo de
financiación y, además, unos meses después sabe que se va a extinguir la
competencia en materia educativa sobre el conjunto del territorio que
actualmente gestiona. Este es el punto de inflexión respecto de la
situación anterior. Este punto de inflexión, nuevo modelo de financiación
y transferencia del sistema educativo, es el que debería ser tenido en
cuenta, porque la reciente entrada en vigor del sistema de financiación
para el quinquenio 1997-2001 es lo que nos debe hacer reflexionar sobre
esta cuestión y, por otra parte, la coincidencia --y éste es un tema
importante-- entre la financiación de la vigencia del sistema de
financiación 1997-2001 con el año de finalización de la aplicación de la
Logse, 2001-2002. Finalizado este período, el sistema de financiación de
las comunidades para el quinquenio 2002-2006, que es el que está previsto
en los acuerdos, ya integraría en la base de cálculo de cada comunidad el
gasto consolidable anual derivado de esta aplicación.
Mi grupo reclama, por tanto, que no se concentren solamente en el aspecto
--muy importante, naturalmente-- que tiene que ver con la transferencia
del sistema educativo que actualmente gestionan. Mi grupo comprueba con
moderada satisfacción que ustedes, finalmente, han aceptado que debe
hacerse un cálculo diacrónico para hacer un traspaso ordenado,
equitativo, transparente, del sistema educativo a estas comunidades;
apoyará este modelo diacrónico de cálculo si lleva consigo la
financiación necesaria para garantizar un traspaso equitativo, en
condiciones de equidad, con el resto de territorios del sistema educativo
español.
Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista estima que, habida cuenta
de que el escenario es completamente nuevo a partir de enero de 1997, el
Gobierno de la nación debería hacer un esfuerzo en el año 1997 para
ordenar definitivamente el modelo de financiación, de acuerdo con los
criterios diacrónicos, para el conjunto del sistema educativo, por las
razones que anteriormente le he expuesto.
En cualquier caso, finalizo, señor Presidente, agradeciendo de nuevo al
Secretario General la información que ha dado y reiterando que, si puede,
haga llegar a los servicios de la Cámara el informe detallado por
comunidades de los conceptos de gasto, al menos de las diez comunidades
de las que en este momento se está ocupando para proceder al traspaso de
funciones y servicios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Nasarre, por operatividad y por no
reiterar algunas de las cosas que se han dicho, sobre todo por caridad
horaria, voy a hacer un esfuerzo para ser breve.
En este sentido, expondré algunas cuestiones. Sinceramente le agradezco
su presencia, pero no sería honesta si no matizara algo, que es común que
lo diga porque es común que pase, y es lo cara que se cotiza doña
Esperanza. En este sentido, a ninguno se nos escapan ausencias reiteradas
que no están justificadas.
De todas maneras, señor Nasarre, no pretendo, en ningún caso, hacer un
ejercicio de ingenuidad política, pero sí tengo que reconocerle que ha
generado en mí una cierta expectación, no con una morbosidad curiosa,
sino de interés por conocer las palabras que nos iba a verter sobre el
tema que creo que hoy es de mayor trascendencia para el conjunto de la
comunidad, como es el tema de las transferencias.
Señor Nasarre, parece que por fin se va a culminar en esta legislatura el
proceso de transferencias y se va a culminar cuantificado; efectivamente,
el interés es pormenorizado no globalizado, porque eso siempre entra en
un marco tremendamente declarativo.
Usted ha apuntado someramente, al menos desde mi punto de vista, algunos
de los procedimientos que va a abordar, jurídicos, financieros,
administrativos. Pero tengo la impresión --avalada-- de que los elementos
que ha puesto sobre la mesa son insuficientes, desde el otro lado de la
barrera, para abordar los mecanismos que yo entiendo que deben guiar este
proceso de tanta envergadura, que son mecanismos de discriminación
positiva. Esos elementos compensatorios yo no los he detectado, quizá no
han sido suficientemente explicitados por usted, y yo los planteo como
elementos compensatorios en el marco en el que se van a abordar las
transferencias.
Por esta razón, considero que no es atrevido por mi parte indicarle
algunas líneas de actuación, que no de acompañamiento, y donde el
Ministerio debería hacer un esfuerzo para tener en cuenta. En primera
instancia entiendo que habría que procurar que las administraciones
educativas de las comunidades pudiesen ejercer las competencias con los
medios suficientes. Y ahí aparece el elemento compensatorio que yo le
apuntaba. ¿En qué términos los va a plantear, no sólo desde el punto de
vista administrativo, sino también financiero? En segundo lugar, entiendo
que habría que garantizar, de acuerdo con el mandato constitucional --que
usted ya conoce, artículos 27 y 149--, que los contenidos que definen el
derecho a la educación alcancen homogéneamente a todo el conjunto de la
sociedad educativa española. ¿Qué mecanismos va a poner en
funcionamiento? ¿Cuál es la palabra que desde el Ministerio se va poner
en funcionamiento para garantizar ese elemento, de tal modo que llegue de
forma homogénea a toda la población española desde el punto de vista
educativo? Finalmente, creo que habría que abordar --creo que es
importante que tome nota-- el hecho de establecer un modelo de
administración educativa central y de coordinación con la administración
educativa de las comunidades que sea respetuoso con las autonomías. Creo
que evitar el conflicto es una fórmula preventiva tremendamente
aconsejable; es necesario ser respetuoso con la autonomía administrativa
y política de las comunidades para procurar la igualdad territorial, como
he dicho anteriormente, ante los derechos educativos y la participación
de los mismos en la gestión. La igualdad territorial es tan importante o
más que la igualdad sectorial, que de alguna manera es la reivindicación
latente que planteamos desde todos los ámbitos.
Señor Nasarre, yo tengo un botón de muestra, que siempre es Andalucía,
porque soy de allí y a ella represento. Yo creo que las cifras siempre
cantan y usted sabe que los niños andaluces --ya han tenido ustedes las
correspondientes entrevistas con el consejero andaluz y algo sé de
ello--reciben menos dinero que el resto de los niños españoles, por
ponerle un ejemplo. Otro de los elementos fundamentales junto al de la
financiación de las comunidades (que yo comparto con usted y con otros
grupos políticos, puesto que no tenemos resuelto el tema de la
financiación de las comunidades, está pendiente el tema de la deuda
histórica y demás) es que, según los parámetros presupuestarios
--usted conoce el dato, lo han trabajado, lo sé--, que se
establecieron en las negociaciones del Gobierno Aznar con Coalición
Canaria-- a Andalucía le correspondería un plus de 42.000 millones de
pesetas anuales y, obviamente, usted sabe que ni ha llegado ni tienen
previsto que llegue este plus que entraría en consonancia, como digo, con
los acuerdos alcanzados con Coalición Canaria en los presupuestos.
Hay algunos elemenos que funcionan como esponjas y están distorsionando
de alguna manera la financiación a las comunidades. Aparecen en los
medios y tenemos constancia de que existen, porque los hemos podido leer,
informes de la OCDE en los que se plantean las diferencias educativas
presupuestarias de España con respecto a socios mayoritarios y
minoritarios de la Comunidad Europea. Yo creo que esas diferencias
abismales que aparecen en los medios --y concretamente en el día de hoy--
ponen de manifiesto que los centros subvencionados de los países socios
de España en la Comunidad Europea alcanzan cifras que oscilan entre el 3
y el 5 por ciento y en la enseñanza privada no subvencionada el 10 por
ciento. Usted sabe que en España se está alcanzando el 15 por ciento en
la enseñanza privada subvencionada y el 7,2 por ciento en la privada no
subvencionada. Es decir, que de estos datos se deduce que el peso total
del gasto en la enseñanza privada en España supera el 22 por ciento, no
la cifra que doña Esperanza daba (o al menos no está suficientemente
contrastada), mientras que el gasto destinado a la enseñanza pública es
inferior a la media de la OCDE, con un 77,4 por ciento del gasto
educativo, frente a una media del 86 por ciento.
¿Por qué le planteo estos datos? Porque yo creo que actúa como estandarte
de sus políticas, como una esponja, vuelvo a insistir, y como un elemento
que distorsiona la financiación de las transferencias, apuntando o
descargando más los elementos financieros en un sector que en otro. Por
ello, señor Nasarre, quiero decirle que desde Izquierda Unida
consideramos que lo más adecuado para garantizar los principios de
igualdad sería trabajar, desde nuestros ámbitos y con las respectivas
propuestas, por un Estado federal y eso, hasta el día de hoy, no está
esbozado en términos de equilibrio. En este sentido, yo le animo a que
considere alguna de las medidas que nosotros valoramos como
imprescindibles para lograr dicho objetivo. Igualmente me gustaría que
tomara nota de algunas de las propuestas en las que vamos a trabajar y
que yo hoy le planteo, por si tiene la posibilidad de entender que son
las más adecuadas y así llegar a algún tipo de acuerdo a lo que, como
sabe, siempre estamos dispuestos.
En primer lugar, creo que hay que abordar la promulgación de una ley de
calidad, que nosotros llamamos para la igualdad de la educación, que
desarrolle y concrete los principios constitucionales y las leyes
orgánicas básicas, como es la Logse. Este es un agujero pendiente que ni
el Gobierno ni el conjunto de la Cámara ha abordado todavía, estando la
responsabilidad residenciada en el Gobierno.
En segundo lugar, creo que habría que asignar ya, en términos políticos,
financieros, económicos, administrativos, jurídicos, etcétera, los
recursos suficientes a las administraciones educativas de las comunidades
autónomas a través de una adecuada valoración de los servicios
transferidos. Creemos que esto no se ha realizado suficientemente, aunque
sé que algunas comunidades lo tienen en marcha, por ejemplo, Andalucía,
donde se va a elaborar un libro blanco al respecto. Creo que también
habría que elaborar una ley marco de financiación de la enseñanza, tema
que ustedes de una manera más o menos explícita, hasta el día de hoy, han
venido aparcando, porque aunque parece que alumbra alguna señal no es
suficiente; una ley marco de financiación que actúe como un instrumento
de compensación territorial de acuerdo con medidas objetivas de calidad e
igualdad para introducir lo que yo entiendo es el eje central --y lo
vuelvo a repetir-- de la compensación y de la discriminación positiva.
Señor Nasarre, Dios me libre de pensar que la apariencia --y lo digo con
todo el cariño, como siempre-- algo remolona de la señora Ministra
respecto de este tema se puede deber a un cierto temor de ser reina sin
reino. Podría parecer que tiene un cierto temor. A mí no se me ocurre
pensar eso, pero da la impresión de que hay un cierto pavor a tener un
Ministerio sin competencias, y creo que nada más lejos de la realidad en
un Estado federal, al menos por lo que a nosotros respecta. Por tanto,
creo que, disipados esos temores, habría que adoptar medidas con una gran
firmeza para que esas señales de humo aparezcan en el escenario político
por parte de su Ministerio.
Nuestra propuesta, señor Nasarre, va en el siguiente sentido: una vez
culminado el proceso de transferencias, la
Administración educativa central del Estado integre en la alta inspección
los servicios económico-jurídicos que son necesarios para completar,
revisar y adecuar las normas legales de carácter básico, de forma que se
garanticen los derechos constitucionales, se promuevan y evalúen los
programas compensatorios de carácter estatal y su correspondiente
financiación. Estos servicios desarrollarían las políticas decididas por
el Consejo sectorial de política educativa, al que serviría como soporte
administrativo. Por ello yo entiendo que son alforja suficiente, en el
marco competencial, para un Ministerio.
Igualmente nosotros planteamos que el Consejo sectorial de política
educativa debe constituirse en el centro de gravedad de la Administración
educativa y eso es el Estado y estaría formado, cómo no, por los
responsables políticos del Ministerio de Educación y Cultura y,
obviamente, de las consejerías de educación de las comunidades autónomas.
Todo esto, señor Nasarre, es un esbozo de los criterios que entendemos
debe manejar su Ministerio para abordar las transferencias pendientes,
sin lesionar --y ése creo que debe ser el estandarte-- los intereses
sectoriales ni territoriales, insisto, de la comunidad educativa. Por
ello, le insto una vez más, como vengo haciendo reiteradamente con doña
Esperanza, a que no se intervenga desde su Ministerio ni se decrete al
margen de los colectivos afectados ni de los sindicatos y, mucho menos,
de la Cámara soberana. Es decir, que cualquier medida de esta envergadura
se tome por consenso.
Creo, señor Nasarre, y se lo digo con mucha contundencia, que el grupo al
que represento ha demostrado con creces y con costes que no le duelen
prendas a la hora de colaborar y votar, siempre que el contrato de la
negociación esté inspirado en el interés de los ciudadanos. Este es un
guante blanco que no acaba de recoger este Ministerio, por lo que podría
incurrir en actuaciones muy sectarias, muy dogmáticas, muy partidarias, y
no creo que ése deba ser el ejemplo que inspire un Ministerio como el de
Educación y Cultura. Yo, señor Nasarre --voy terminando en aras de esa
caridad horaria que se planteaba--, espero, por el bien de los ocho
millones de españoles que nos vemos afectados por las decisiones de doña
Esperanza, que la señora Ministra no pase a la historia con el apodo con
que la titulaba recientemente un ilustre Diputado de esta Cámara, hoy ex
Presidente del Gobierno, quien decía sencilla y llanamente que esperaba
que la historia no la denominara doña Desesperanza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Voy a ser muy breve, no por caridad horaria,
sino por esperanza en la comida pronta.
Independientemente de las aclaraciones que seguramente va a hacer el
Secretario General del Ministerio de Educación, y tras el agradecimiento
de su comparecencia --tengo que decir que el Secretario General viene
múltiples veces y nos va aclarando las dudas e informando de todos los
datos que se le piden--, respecto a ese ritornello de que doña Esperanza,
mejor dicho, la Ministra de Educación, no quiere venir, quiero decir,
aunque sea brevísimamente, que la Ministra ha venido cinco veces. Cada
vez que se le pide venir yo indico que, como en legislaturas anteriores,
lo lógico es que venga el que es directamente responsable de cada una de
las áreas del departamento, bien sea educación, cultura, etcétera.
Dejemos ya, por favor, ese ritornello, porque yo, cada vez que lo digan,
también tendré que repetir lo que acabo de indicar.
Asimismo, quiero decir --porque a veces se repiten las cosas, y
especialmente cuando hay medios de comunicación, para ver si la gota de
agua va horadando la piedra-- que el presupuesto para 1997 no ha
disminuido. El terrible presupuesto de 1997 --yo no pensaba indicarlo
aquí, pero lo voy a hacer al haberse tratado el tema de las autonomías--
ha sido para Andalucía con un 0,5 por ciento de aumento en educación,
pero, como dije y repito, el ejercicio de 1997 no ha sido perdido, ya que
se ha aumentado un 3,8 por niño el presupuesto y, en conjunto, un 1,4.
Por tanto, no sigamos diciendo que el presupuesto ha disminuido.
Por otra parte, quiero indicar --aquí se ha hecho referencia a ello-- que
el Partido Popular votó en contra de la ley de iniciativa popular, y yo
mismo fui el Diputado encargado por el Grupo Popular de indicar a quienes
lo habían presentado, que tengo entendido que fue Comisiones Obreras, que
me congratulaba de la iniciativa. Quiero recordar --lo dije, pero algunos
diputados no oyen o no quieren oír-- que al citado Pleno traje, por
ejemplo, un informe del jefe de gabinete del anterior Ministro y algunas
frases que se dijeron en la legislatura pasada en esta Comisión, como que
no había mejor ley de financiación que un buen presupuesto; lo que pasa
es que, vuelvo a insistir, algún grupo cambia 180 grados de cuando está
en el Gobierno a cuando está en la oposición.
También quiero indicar que, en esa misma sesión, yo dije que el Gobierno
traería a la Cámara alguna iniciativa respecto a las transferencias y a
cuando la Logse esté plenamente en vigor. Quiero señalar aquí que se ha
presentado una proposición de ley por parte del grupo canario que yo creo
que es interesante y que nuestro grupo va a apoyar; incluso tengo
entendido, por lo que he visto en algún medio de comunicación, que el
consejero de Andalucía también está en la misma línea, así como los demás
grupos de la Cámara.
Dicho esto, paso a los datos que ha dado el Secretario General, de los
que me congratulo. El Secretario General ha dado la cifra de 820.000
millones, que es exactamente lo que se transferiría de servicios. Tengo
entendido, señor Secretario General y señoras y señores diputados, que
fue con ese criterio como se hicieron anteriormente las transferencias
por el Grupo Socialista; es decir, si nosotros, el Grupo Popular, que
apoya a la Ministra y al Gobierno, hiciese las transferencias con
aquellos criterios con que se hicieron a una serie de comunidades --en el
caso de una de ellas su antiguo consejero de Educación hoy es un ilustre
Diputado de esta Comisión--, lo único que haría el Gobierno es transferir
los 820.000 millones, porque en la cifra
que se ha dado de 850.000 millones hay que tener en cuenta --se sabe
perfectamente, pero quiero recordarlo aquí y quiero, a efectos de los
medios de comunicación, hacerlo en lenguaje llano, castellano-- que,
aunque se transfiere todo, hay unos servicios centrales que también
tienen repercusión y que quedan: alta inspección, etcétera. Estamos
contentos con esos 820.000 millones, con los anuncios que nos ha hecho el
Secretario General y la convocatoria próxima, en el mes de junio, de una
nueva reunión con los diferentes consejeros.
En relación al mapa escolar, que indudablemente es importante, tengo que
decir que el Ministerio, el Gobierno y este grupo que apoya al Gobierno,
han tenido especial interés en hacer unas inversiones importantes, como
serán los 33.000 millones que se invertirán en los años 1997 y 1998.
Había que corregir el mapa escolar heredado por el Ministerio y había que
corregirlo --todas SS. SS. lo saben, pero lo digo por los medios de
comunicación-- porque va cambiando, porque hay algunas zonas,
especialmente en los alrededores de las grandes ciudades, donde todavía
hay una migración de población. En cambio, en otras zonas, por esa misma
migración, así como por la natalidad, la población va para abajo. Reiteré
entonces que se habían inaugurado algunos institutos y no quería echar la
culpa a la Administración anterior; siempre puede haber equivocaciones y
no pensar que, por ejemplo, en Cuenca, en esos momentos estaban al 60 por
ciento de plazas. Hay problemas y en estos momentos el Ministerio está
intentando corregir el mapa escolar, aquí compareció el señor Secretario
General respecto a las inversiones del Ministerio y dio una relación
según la cual, por citar los de Madrid, aunque no es mi circunscripción,
había cuatro o cinco institutos que se iban a inaugurar donde había
problemas, problemas que también ha citado en su informe el Defensor del
Pueblo. Por eso, creo que hay que completar este mapa escolar. Por
cierto, en relación con las transferencias, quiero recordar que ha sido
este Gobierno el que, en el mes de julio, ha dicho que adelante con las
transferencias educativas, porque desde el año 1995, en que se aprobaron
por acuerdo entre los Grupos Popular y Socialista, no hubo ninguna
transferencia en lo que respecta a enseñanzas no universitarias.
Quiero mostrarme de acuerdo con algunas indicaciones que ha hecho la
representante de Izquierda Unida, mi buena amiga doña María Jesús; aunque
a veces discrepemos, tiene bastante sensibilidad respecto a las materias
de educación. Es indudable que al Ministerio le va a quedar la alta
inspección, los servicios jurídicos, los consejos sectoriales y muchas
cosas más en relación con la investigación, universidades, etcétera. No
se preocupe S. S. si piensa en un Estado federal, en lo cual nosotros no
coincidimos porque defendemos la Constitución y el Estado autonómico, lo
que algunos constitucionalistas llaman Estado autonómico con vocación
federal; repito, no se preocupe S. S., porque estas competencias quedarán
en el Ministerio, que no será un reino sin competencias. Será un
Ministerio con competencias, aunque haya transferencias.
Por último, señor Secretario General, estoy seguro de que hay zonas de
España en las que todavía no hay equilibrio con algunas otras; ojalá en
Castilla y León estuviésemos educacionalmente como en Navarra u otras
comunidades.
Quiero decir y reiterar que este año, porque se ha hecho alguna
indicación al respecto, no se ha restado de los conciertos ni una peseta
a la enseñanza pública. Se ha hecho con cargo al capítulo IV de
subvenciones, que estaba aumentado, y en el que esta Cámara aprobó un 4
por ciento más. ¿Por qué? Porque se iban poniendo en vigor el tercero y
cuarto año de la ESO y posteriormente en algunos sitios, incluso, el
inicio del bachillerato. Por tanto, reitero especialmente para los medios
de comunicación y para que quede constancia en el «Diario de Sesiones»,
que no se ha quitado ni una sola peseta a la educación pública, con la
cual el Partido Popular tiene el compromiso --lo ha defendido, lo
defiende y lo defenderá-- de que para nosotros la educación pública es
fundamental y no hay dicotomía entre escuela pública y escuela
concertada. Ambas tienen que existir conforme a la Constitución y al
pacto del artículo 27 y es prioritario para nuestro partido apoyar a la
escuela pública.
Finalmente, este año se han aprobado 178 aulas concertadas, y en el
ejercicio 1994 y 1995 fueron aprobadas 204 aulas por parte del anterior
Gobierno.
Muchas gracias, señor Secretario General, le agradecemos su
comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Creo que el debate ya está culminado. No debe haber
ya ninguna intervención más a no ser que la quiera el señor Nasarre. Se
la vamos a dar, pero con la amenaza de recibir alguna actitud violenta si
se pasa de diez minutos.
Señor Nasarre, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Debo ser muy pesado porque cada vez que me da la palabra me
indica que sea lo más breve posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, no es usted pesado, lo que pasa es
que es usted ciertamente prolijo. (Risas.)
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Quisiera precisar unas brevísimas indicaciones a las
exposiciones que han hecho los miembros de esta Comisión, a quien
agradezco sus observaciones.
Expreso el agradecimiento al representante del Grupo Parlamentario
Popular por su comprensión y apoyo a lo que he expuesto en esta sesión.
Al representante del Grupo Parlamentario Socialista tengo que decirle que
el presupuesto del año 1997 ha aumentado un 1,4, lo que representa un 3,8
por ciento del incremento del gasto por alumno en el conjunto del
territorio del ministerio. Lamento que este interés por este Plan
plurianual de financiación del sistema educativo no lo hubieran
mostrado ustedes cuando el Gobierno socialista estaba en el ejercicio de
sus funciones.
El señor PRESIDENTE: No reabra el debate.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Tengo que decir simplemente que lo lamento y que eso me
lleva a la reflexión y me hace ser consciente de que en estos momentos
nuestro sistema educativo, para conseguir la mejor aplicación del nuevo,
necesita un esfuerzo de aproximación por parte de todas las
administraciones educativas para establecer sus prioridades y ver cuáles
son los recursos disponibles, que nunca pueden ser ilimitados. Tenemos
que hacer un ejercicio de responsabilidad entre todos y ver cuál debe ser
el dinero disponible en los próximos años. Tenemos que hacer un esfuerzo,
que el Gobierno y el Partido Popular apoyan, a favor del sistema
educativo para mejorarlo y conseguir los objetivos que nos tenemos que
marcar para el año 2002, pero eso se tiene que hacer al mismo tiempo con
un gran sentido de la responsabilidad, no planteando objetivos
inabordables, objetivos que nos lleven a una situación de permanente
angustia por parte de las administraciones educativas.
En los contactos que tengo con las administraciones educativas en
ejercicio de competencias, noto que hay una especie de sensación de que
algunas de las necesidades que nos hemos ido creando son excesivas.
Tenemos la intención de plantear este tema en la próxima reunión de la
Conferencia Sectorial de Educación porque ha llegado el momento de hacer
una reflexión, empezando por las administraciones educativas, con todos
los grupos parlamentarios, con el conjunto del mundo educativo para
definir en estos momentos las necesidades de financiación de nuestro
sistema educativo en su conjunto. Dentro de lo que es el cuadro
macroeconómico, las prioridades presupuestarias, etcétera, hay que lograr
acuerdos suficientes para proporcionar al sistema educativo los recursos
razonables que necesita.
A la señora Aramburu tengo que decirle que acojo todas las observaciones
que ha hecho. En el Estado de las autonomías tiene que ser clave la
garantía --y para eso tiene que estar el Estado-- de que el servicio
educativo, que es fundamental, se haga con unos niveles homogéneos, unos
niveles de equiparación. Soy absolutamente partidario de hacer todos los
esfuerzos porque la solidaridad interterritorial entre todos los
españoles así lo reclama.
No hay ningún miedo a un ministerio sin transferencias. Después de
finalizar esta etapa, cuando se hayan transferido las competencias, al
Ministerio de Educación le quedan unas responsabilidades muy grandes en
el sistema educativo. Es un ministerio --y de eso podremos hablar en
futuras comparecencias-- que tiene que tener un foro, un órgano que se va
a convertir en central para el futuro del sistema educativo. Me refiero a
la Conferencia Sectorial de Educación, a la que hay que potenciar como el
órgano de encuentro presidido por el ministerio de todas las
administraciones educativas para mantener la mayor homogeneidad y la
mayor cooperación entre dichas administraciones al servicio de la
vertebración del sistema educativo. A tal fin el Ministerio de Educación
tiene que readaptarse para evitar los riesgos hipotéticos de que se
produzcan unos reinos de taifas en el que cada comunidad autónoma mire
sólo para sí misma. También esa colaboración es de todos, y el apoyo que
venga por parte de ustedes a esta finalidad tendrá el agradecimiento del
ministerio.
El señor PRESIDENTE: Culminado el tratamiento del orden del día, y
agradeciendo su colaboración a los servicios de la Cámara, a los medios
de comunicación y a las señoras y señores diputados, se levanta la
sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.