CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 254



AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA



PRESIDENTE: DON JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN



Sesión núm. 15



celebrada el miércoles, 4 de junio de 1997



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Sobre financiación de los servicios de defensa antigranizo. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000406)
(Página 7326)



--Sobre el mantenimiento de los contenidos de la Organización Común de
Mercado (OCM) del plátano en el mercado europeo y su compatibilidad con
las normas de la Organización Mundial del Comercio. Presentada por el
Grupo anterior. (Número de expediente 161/000502) (Página 7326)



--Relativa a la regulación del sector avícola español. Presentada por el
mismo Grupo parlamentario. (Número de expediente 161/000539) (Página 7333)



--Para simplificar la tramitación de los expedientes de exportación de
productos cárnicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000567) (Página 7337)

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--Por la que se insta al Gobierno a habilitar la partida presupuestaria
necesaria para la cobertura económica de tripulantes y armadores para
hacer efectiva una parada de la flota de pesca de cerco durante dos
meses, con el objeto de posibilitar una recuperación de los caladeros de
la zona malagueña. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Ctalunya. (Número de expediente
161/000401) (Página 7340)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE FINANCIACION DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA ANTIGRANIZO. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000406.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión número 15 de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Les quisiera anunciar a SS.

SS. que las votaciones de las proposiciones no de ley incluidas en el
orden del día tendrán lugar a partir de las 12 de la mañana. Por lo
tanto, les anuncio que no se votará antes de esa hora.

Comenzamos el punto número 1 del orden del día, debate y votación de la
proposición no de ley sobre financiación de los servicios de defensa
antigranizo. Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del grupo
proponente, Grupo Parlamentario Socialista, señora Leiva.




La señora LEIVA DIEZ: El Grupo Parlamentario Socialista pospuso el debate
y votación de esta proposición no de ley en la última Comisión celebrada
en esta sede. Hoy, después de conversaciones mantenidas con el
Subsecretario del Ministerio de Agricultura y dado que garantiza la
aportación económica para subvencionar el funcionamiento de los servicios
de defensa antigranizo, el Grupo Parlamentario Socialista va a tener un
gesto de confianza con el Ministerio de Agricultura y con los grupos que
apoyan al Gobierno y va a retirar esta proposición no de ley de las
votaciones de este día. Quiero explicar por qué. Al comienzo de esta
legislatura la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación en su
comparecencia ante esta Comisión manifestó su voluntad de defender al
sector agrario y sus producciones. Asimismo hizo alusión al
fortalecimiento de Enesa (Empresa Nacional de Seguros Agrarios).

Recientemente, a través de una contestación a una pregunta escrita
realizada al Ministerio, se dijo que tenía previsto retirar la
financiación y que no existía ninguna partida presupuestaria destinada a
Enesa, cuya finalidad era la de subvencionar las actuaciones de los
servicios antigranizo que actualmente operaban en toda España. El MAPA ha
financiado estas actuaciones durante treinta años y en el momento actual
parece ser que los agricultores deberían de asumir su coste. El sector
agrario por unanimidad no quería que se retirara este servicio ni que
desapareciera para los agricultores, y así lo hicieron constar en
diferentes comunicaciones al Ministerio.

Estamos en plena campaña de los servicios antigranizo. Es imposible
cortar ahora esta financiación pública sin tener otras alternativas
financieras privadas, y en este momento todos nos hemos preguntado cuál
es la situación mundial de los servicios antigranizo, si es un caso
aislado el de España. Pues no. En este momento existen en 58 países y los
más antiguos datan de hace cincuenta años. En España el más antiguo es
NALOAL, que lleva operando ya 26 años, y esta lucha se extiende desde
Estados Unidos hasta China.

Finalmente, ante la previsión de tener que montar en España de nuevo
servicios antigranizo en un plazo breve de tiempo, como la continuidad de
estos servicios es positiva, ya que los beneficios sociales superan a los
costes, el Grupo Parlamentario Socialista confía en la palabra del
Ministerio de Agricultura y le otorgará un plazo prudencial. Nos
reservamos, por lo tanto, el derecho de volver a traer ante esta Comisión
esta proposición no de ley si por parte del Ministerio de Agricultura no
se habilitaran los fondos necesarios para el funcionamiento de los
servicios de defensa antigranizo. Así pues, como decía al principio,
retiramos esta proposición no de ley y para ello tenemos la garantía de
la credibilidad y del apoyo a esta iniciativa tanto del Grupo
Parlamentario Popular como de los grupos que apoyan, como he indicado, al
Gobierno.

Agradeciendo a todos este apoyo, paso a retirar esta proposición no de
ley.




El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, una vez retirada esta proposición no
de ley, no procede el debate y consecuentemente no será sometida a
votación.




--SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA ORGANIZACION COMUN DE
MERCADO (OCM) DEL PLATANO EN EL MERCADO EUROPEO Y SU COMPATIBILIDAD CON
LAS NORMAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000502.)



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El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
proposición no de ley sobre el mantenimiento de los contenidos de la
organización común de mercado (OCM) del plátano en el mercado europeo y
su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Para su presentación tiene la palabra el portavoz del grupo proponente,
Grupo Socialista, señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Señoras y señores diputados, en efecto el
objetivo esencial de esta proposición no de ley sobre el mantenimiento de
los contenidos de la OCM del plátano en el mercado europeo y su
compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio
surge como consecuencia de la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista ante las circunstancias excepcionales que está viviendo la
organización común de mercado del plátano, que entró en vigor el 1 de
julio de 1993 y que se ha erigido en uno de los elementos más importantes
de vertebración de la economía agraria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Señorías, aunque es suficientemente conocido, es fundamental como
arranque del debate que se producirá obviamente en este punto que
recordemos que la protección que la actual organización común de mercado
concede al plátano comunitario constituyó hace cuatro años, como digo, en
su entrada en vigor el 1 de julio de 1993, un logro político de
considerable alcance, habida cuenta que tras más de treinta años de
aplicación de la política agrícola común, la entonces Comunidad Económica
Europea no había sido capaz de desarrollar un sistema común que lograse
armonizar los legítimos intereses de los productores comunitarios con los
compromisos adquiridos por los países ACP y las aspiraciones de acceso al
mercado de terceros países, en particular del área iberoamericana. Por
ello, Señorías, podemos firmar categóricamente que el Reglamento
comunitario 404/93, que creó la organización común del mercado del
plátano, constituyó un hito notable en la vertebración jurídico-político
comunitaria del sector agrario; Reglamento cuya consecución requirió un
notable esfuerzo, tanto a nivel interno de la Comisión Europea como del
posterior proceso de negociación en el seno del Consejo, hasta obtener la
necesaria mayoría cualificada exigida por el artículo 43 del Tratado de
Roma; Reglamento que ha sido reconocido por los productores de plátanos
de los diferentes países de la Unión Europea, esencialmente España y
Francia, como un hito fundamental que obtuvo la Comisión Europea y en la
que el entonces Presidente del Gobierno español, don Felipe González,
jugó un papel básico, al igual que el Presidente entonces de la Comisión,
señor Delors, y ello desde los primeros trabajos del Grupo
interservicios, creado en el año 1987. Mi manifestación viene corroborada
por los homenajes públicos que los productores plataneros,
específicamente de la Comunidad Autónoma de Canarias, han hecho a lo que
fue un logro excepcionalmente conseguido y que --insisto-- entró en vigor
el 1 de julio de 1993, por lo que, consiguientemente, no tiene nada más
que cuatro años de vigor, de vigencia y de aplicabilidad en el tiempo.

Fue un éxito fundamental que reconoció el propio Grupo interservicios,
que se creó en 1987 para analizar el desarrollo económico de las regiones
que con posterioridad fueron denominadas en el Tratado de la Unión
Europea como regiones ultraperiféricas de la Comunidad, como lo son,
calificadas así en la correspondiente disposición adicional del vigente
Tratado de la Unión Europea y que esperemos se recojan de hecho en un
artículo en el nuevo Tratado de la Unión Europea o en el que surja
retocado por la Conferencia Intergubernamental que tendrá lugar en muy
pocas semanas; casualmente esta tarde, en el Pleno del Congreso de los
Diputados, el documento elaborado por la Comisión Mixta Congreso-Senado
para la Unión Europea será objeto del debate pertinente.

Para las regiones ultraperiféricas: Azores, Madeira, Martinica, Guadalupe
y, naturalmente, la única región ultraperiférica del Estado español, la
Comunidad Autónoma de Canarias, como digo, el Grupo interservicios fue
capaz de ir vertebrando a partir del año 1987 una serie de programas
específicos de desarrollo; el Poseican, el Poseima, etcétera, constituyen
reglamentos comunitarios ya popularizados en el argot el mundo económico
social empresarial de la Comunidad y han constituido elementos
vertebradores desde el punto de vista de la cohesión económica y social
de estas regiones caracterizadas por deficiencias económicas
estructurales, por la lejanía, por falta de medios de producción
energética, por condiciones desfavorables, y en algunos casos por falta
de recursos hídricos, Estos programas se han erigido en unos elementos
incentivadores y en vagones de cabeza de las economías de cada una de
esas regiones. Y si a ello le sumamos la organización común de mercado
específica que consigue la Unión Europea para defender el sector, no en
plan coraza, pero sí desde luego posibilitando un desarrollo racional del
mismo, entenderán SS. SS. que las afirmaciones precedentes que he hecho
están justificadas y desde luego nos hacen sentirnos francamente
satisfechos de la realidad de esa organización común de mercado.

Los pilares fundamentales de protección que esta organización común de
mercado conlleva y que otorgó a los productores comunitarios se
concentraron en primer lugar en un régimen de acceso al mercado
comunitario de fruta procedente de terceros países, regulado por un
contingente arancelario modulable, que se incorporó a los acuerdos del
GATT de 1994, en los acuerdos de Marrakech. En segundo lugar, se
consiguió una ayuda compensatoria por pérdida de renta que se otorga al
productor comunitario por kilogramo, que en estos instantes es del orden
de 50 pesetas por kilogramo, cifra nada despreciable, comercializado en
el marco de la organización de productores. En tercer lugar se plasmó por
primera vez la noción singular, a comienzos de los años noventa, del
partenariado, concepto según el cual las licencias de importación del 30
por ciento del contingente arancelario se adjudicarán a los operadores
que hayan comercializado plátano comunitario o tradicionales ACP en
función de las cantidades medias de los tres últimos años, en un claro
intento de primar la preferencia de ciertas regiones comunitarias y de
algunos países ACP afectados por handicaps naturales de clima y relieve
difíciles,



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lejanía e insularidad, como es el caso, naturalmente, de las islas
Canarias y al que he hecho referencia también muy pocos minutos atrás.

Señorías, el Reglamento comunitario 404/93 es el que está centrando la
atención de esta proposición no de ley y el que la motiva, por el que se
establece esta organización común de mercado. En los cuatro años de
existencia de dicha OCM se ha podido constatar que los mecanismos que
contienen se han manifestado eficaces para el logro de los objetivos que
se habían propuesto, en primer lugar, el de la protección de la
producción comunitaria; en segundo lugar, el del cumplimiento de los
compromisos contraídos por la Comunidad Europea con los países ACP en el
marco de la Convención de Lomé; en tercer lugar, el mantenimiento con
posibilidades de expansión de los flujos con los países latinoamericanos,
abastecedores tradicionales del mercado comunitario, y en cuarto lugar,
porque ha permitido asegurar al consumidor un precio razonable y uniforme
en toda la Unión Europea, proporcionándole al mismo tiempo una variada
oferta de plátanos de diversas procedencias, pero, señorías, a pesar del
buen funcionamiento en estos cuatro años del régimen comunitario
aplicable al sector del plátano, países como los Estados Unidos, Ecuador,
Guatemala, Honduras y México, a instancias de la empresa Chiquita, han
solicitado y obtenido en el seno de la Organización Mundial del Comercio
la constitución de un panel para que dictamine sobre la conformidad de la
organización común de mercado del plátano y su compatibilidad o no con
las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Curiosamente, Estados Unidos, país no productor, considera que el régimen
comunitario es discriminatorio respecto a las compañías norteamericanas,
y por ello el 17 de octubre de 1994 inició la acción de la sección 301
del código de Comercio USA contra el Reglamento Comunitario 404/903 y
contra el acuerdo marco entre la Unión Europea y cuatro países
latinoamericanos que firmaron ese acuerdo marco, es decir, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México y Panamá, aun cuando este último país no es
miembro de la Organización Mundial del Comercio. Estos países no se
quisieron sumar a la firma del acuerdo marco suscrito en la conclusión de
la Ronda Uruguay entre la Unión Europea, repito, y Colombia, Costa Rica,
Nicaragua y Venezuela. Es decir, a efectos de clarificación, en estos
instantes existe un acuerdo marco entre la Unión Europea, por un lado,
como entidad signataria, y cuatro países, Colombia, Costa Rica, Nicaragua
y Venezuela. Ese acuerdo marco, como digo, no has ido aceptado por los
Estados Unidos ni por países como Ecuador, Guatemala, Honduras, México y
Panamá, que iniciaron acciones ante la Organización Mundial del Comercio.

El acuerdo marco, además de reducir el arancel exterior común en las
importaciones de plátanos e incrementar el nivel de contingente de base,
supone para los países signatarios un mayor control de sus exportaciones
hacia la Unión Europea, ya que se les adjudica dentro del contingente
arancelario una cuota específica por país.

Señorías, la Organización Mundial del Comercio constituyó el 8 de marzo
de 1996 un panel que emitió su informe definitivo el pasado 30 de abril,
y este informe, señorías, deberá circular, de hecho está circulando,
entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio y puede ser
adoptado por el órgano de solución de diferencias a finales de junio.

Nosotros creemos que los meses de mayo, junio y julio son cruciales,
porque es en estos cuatro meses de 1997 cuando la Unión Europea deberá
interponer el recurso de apelación pertinente. La tramitación de este
recurso puede llevar de dos a cuatro meses. En consecuencia, la decisión
de la instancia de apelación, previsible y secuencialmente marcada en el
tiempo, podrá ser emitida a finales de agosto o a finales de septiembre
de este año.

¿Cuál es la situación en estos momentos? En estos momentos los Gobiernos
de los Estados miembros afectados por la denuncia a la que estamos
haciendo referencia, concretamente España y Francia, con intereses en la
producción de plátanos comunitarios y ACP, están presionando a la
Comisión Europea, como es evidente y como es lógico, para defender un
elemento muy positivo, específicamente en España, como es esta
organización común de mercado para los productores plataneros canarios,
que ven que más de 400.000 toneladas de venta del plátano canario están
garantizadas en los mercados comunitarios, con las rentas a las que acabo
de hacer referencia y con unas posibilidades de desarrollo notables, que
hacen que las perspectivas sean francamente positivas, y, lógicamente, ni
los sectores productores, ni la sociedad canaria, ni el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Canarias, ni naturalmente el Gobierno de la nación,
ni obviamente las Cortes Generales en representación de la voluntad
popular del pueblo español, señorías, querrán que se trunque esta
evolución tan positiva de los últimos años o que se diluya dentro de lo
que son los mecanismos que han puesto en marcha las grandes
multinacionales uno de los logros sociales más singulares que
concretamente el archipiélago canario ha conseguido a lo largo del siglo
actual.

Termino, señor Presidente, si tiene la amabilidad, en un minuto.

Soy consciente de la singularidad e importancia de este tema para la
Comunidad Autónoma de Canarias, y de ahí que el Grupo Parlamentario
Socialista haya presentado esta proposición no de ley con la
intencionalidad de que se produzca un pronunciamiento político por parte
de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, en el
sentido de instar al Gobierno a que defienda con firmeza el mantenimiento
de los elementos esenciales contenidos en la organización común de
mercado del plátano para que en el Consejo de la Unión Europea se
conforme una voluntad favorable a dicho objetivo y que la Comisión
Europea defienda con la máxima energía el actual régimen común en el seno
de la Organización Mundial del Comercio, utilizando para ello todos los
medios de negociación a su alcance que permitan concluir un acuerdo
razonable entre las diferentes partes implicadas, sin menoscabo alguno de
los legítimos intereses de los productores comunitarios. No entendemos
nosotros a los productores comunitarios en el seno, simbólicamente, de
una fortaleza, intentando impedir el desarrollo de ese sector en otros
países no comunitarios, pero desde luego sí queremos que el Gobierno



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de España defienda todos los contenidos que costó tantos años alcanzar,
recogidos en la OCM del plátano, y que procure encontrar la
compatibilidad entre el ejercicio y la aplicabilidad de los mismos con
los lícitos derechos que pudieran tener productores de otros países, y,
naturalmente, ello como continuación lógica de una política de
modernización de estructuras agrarias productivas y comercializadoras que
se han configurado a lo largo de los últimos años con equilibrios entre
los intereses, como digo, de los productores comunitarios y los de los
terceros países.

Es evidente --y termino, señor Presidente-- que todos los grupos
parlamentarios hemos tenido acceso a una amplísima información y
documentación que pone de manifiesto la evolución positiva en producción,
en calidad, en desarrollo social, en las componentes medioambientales de
defensa de la naturaleza y en la calidad del producto que se ha venido
ofertando cada vez mejor a los consumidores comunitarios. En consecuencia
nos encontramos en un momento en el que es menester cerrar filas en la
defensa de este gran logro. De ahí el contenido de esta exposición, que
ha hecho este interviniente en representación del Grupo Parlamentario
Socialista, para la petición de apoyo al proyecto de resolución, que en
consecuencia no tiene otra finalidad más sino que esta Comisión
especializada en temas agrarios del Congreso de los Diputados refuerce
políticamente las lógicas actuaciones que el Gobierno de la nación estará
llevando en la línea que hemos expuesto.




El señor PRESIDENTE: A la proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Popular. Para su defensa y fijación de
posición de su grupo, tiene la palabra su portavoz, señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Efectivamente, el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado una enmienda que tiene su origen en el hecho de
que, conjuntamente con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
presentamos una proposición no de ley en la Comisión Mixta para la Unión
Europea, que lleva fecha de 22 de abril y que fue publicada en el Boletín
Oficial del 30 de abril pasado. En consecuencia, coherentes con nuestra
postura, que se refleja en el texto de esa proposición no de ley, basamos
las razones o el argumento para transformar la propuesta que ha defendido
el señor Segura con este otro texto que, como digo, trae su causa de la
proposición no de ley que hemos presentado ante la Comisión Mixta para la
Unión Europea y que hasta el día de la fecha no ha sido debatida.

Indudablemente, nos encontramos ante una cuestión que en modo alguno se
puede considerar como de partido. Están por encima los intereses
generales del archipiélago canario, y el plátano es algo que va unido
indisolublemente a esos intereses generales de las islas Canarias. Hago
mías todas las observaciones formuladas por el señor Segura y muy
brevemente voy a poner de manifiesto las recientes y últimas actitudes en
contra de la OCM del plátano, que, como decía el señor Segura, ha surtido
unos efectos a partir de su entrada en vigor en 1993 que nadie puede
poner en duda.

El funcionamiento a nivel comunitario de esta OCM, como digo, en sus casi
cuatro primeros años de vida ha sido juzgado unánimemente por todas las
partes implicadas en España como altamente satisfactorio, ya que se ha
logrado mantener las rentas de los productores comunitarios, incluyendo
naturalmente a los canarios, garantizando el mismo tiempo un acceso
equitativo al mercado de la Unión Europea para todos los países terceros
abastecedores, lo cual a su vez ha asegurado a los consumidores europeos
un suministro continuo a precios razonables. Sin embargo, esta OCM del
plátano ha sido objeto de un intenso cuestionamiento, tanto a nivel
interno en la Unión Europea, fundamentalmente a cargo de Alemania y otros
países con intereses similares, como a nivel externo en el seno de la
Organización Mundial del Comercio, antes GATT, esta vez a cargo de los
países exportadores latinoamericanos, como ha señalado el señor Segura.

Todos los intentos de Alemania de invalidar el Reglamento 404/93 en el
Tribunal de Justicia de Luxemburgo han fracasado hasta el momento,
habiéndose consolidado jurídicamente el citado Reglamento. Sin embargo,
los procedimientos abiertos en el seno de la Organización Mundial del
Comercio, como ya se ha puesto de manifiesto, se han traducido en la
interposición de dos paneles, resueltos en 1993 y 1994, que han resultado
siempre desfavorables a la reglamentación comunitaria, aunque se
consiguió evitar su adopción mediante distintas vías. El último panel,
interpuesto en 1996 por varios países americanos encabezados por Estados
Unidos, con el objeto de examinar la conformidad de la reglamentación
comunitaria del plátano con las normas de la Organización Mundial del
Comercio, comunicó y entregó a las partes implicadas su informe
definitivo sobre este contencioso el pasado 30 de abril.

Tal como se expone en la exposición de motivos de la proposición no de
ley defendida por el señor Segura, las conclusiones del informe
provisional son negativas, ya que califican ciertos aspectos esenciales
de la reglamentación comunitaria de importación de plátanos como
incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio,
tanto en lo que respecta a su vertiente del comercio de productos, GATT,
como la del comercio de servicios, GATS. En particular, el panel ha
concluido que la concesión de licencias de importación del contingente
arancelario a los operadores que comercializan plátanos ACP o
comunitarios, entre los que se encuentran los maduradores, vulnera las
reglas de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, la emisión
del informe definitivo por el panel no cierra las posibilidades de
actuación de la Unión Europea a la hora de defender la OCM del plátano en
este contencioso, sino que, haciendo uso de los recursos procesales que
la propia Organización Mundial del Comercio brinda, se abre la vía de su
apelación, la cual se realizará muy probablemente en junio-julio de este
mismo año. En este proceso de apelación, cuyo resultado será decidido por
una serie de expertos, diferentes a los que emitieron el informe
definitivo del panel, la Comisión empleará todos los argumentos jurídicos
de fondo que defienden la OCM del plátano y que no fueron debidamente
considerados por los miembros del panel. Por tanto, las probabilidades



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de una modificación favorable a las tesis de la Unión Europea de las
conclusiones del informe por parte del órgano de apelación no son nada
despreciables. Se espera que el resultado final del proceso de apelación
se conozca aproximadamente en septiembre de este año.

Por consiguiente y a la vista de este proceso en el que nos encontramos
inmersos, resulta conveniente y apropiado que las Cámaras se manifiesten
como un órgano impulsor de la actividad del Gobierno, en orden a
conseguir la defensa de la organización común del mercado. Tengo que
señalar que estas Cámaras ya se han pronunciado en reiteradas ocasiones
sobre la conveniencia del mantenimiento de la OCM del plátano a lo largo
de estos cuatro años de vida, donde indudablemente los ataques a su
funcionamiento han procedido de diversos frentes, pero hasta la fecha, a
Dios gracias, se han ido salvando todos ellos.

En la V Legislatura, es decir, gobernando el Partido Socialista,
contestando a preguntas escritas de la oposición, el Gobierno anterior
manifestaba: La Administración española ya ha expresado a la Comisión su
preocupación por la iniciativa norteamericana, así como su convencimiento
de que la investigación está totalmente injustificada, pues de ninguna
manera es posible considerar que están en juego directamente intereses
comerciales norteamericanos. Se puede afirmar que la intención española y
comunitaria de defender la actual reglamentación sobre el sector del
plátano contra cualquier intento de cuestionarla por parte de otros
países es firme y clara.

Asimismo, en otra pregunta oral en el Senado, el Ministro de Agricultura
del Gobierno anterior ponía de manifiesto que era firme la defensa de la
organización común de mercado. En la anterior legislatura también, el 26
de junio de 1995, se ponía de manifiesto en la Comisión Mixta para la
Unión Europea que era vital la consolidación de la OCM del plátano
comunitario sin que se modifiquen los elementos fundamentales de la
actualmente vigente, atendiendo al principio de preferencia de la Unión
Europea y buscando una situación estable y permanente de paz interna y
externa.

Por lo que se refiere ya a esta legislatura, han sido múltiples y
reiteradas las intervenciones del Gobierno, a través bien de la Ministra
de Agricultura, bien del propio Vicepresidente del Gobierno para Asuntos
Económicos, poniendo de manifiesto la firme voluntad de este Gobierno de
defender la OCM del plátano. Decía la Ministra de Agricultura,
respondiendo a una pregunta oral en el Senado: Yo tengo que decir
rotundamente que por parte del Gobierno de España se están haciendo todas
las gestiones necesarias para defender el cultivo del plátano en las
islas Canarias. Quiero señalar que, en la última cumbre hispano-francesa,
tanto el Gobierno español como el francés se comprometieron a seguir
defendiendo la actual regulación de la organización común de mercado del
plátano en todos los foros. Posteriormente, a otra pregunta en el Senado,
la propia Ministra respondió que uno de los puntos de la reunión
franco-española celebrad en Marsella fue el de no aceptar ninguna
modificación de la OCM del plátano hasta tanto no se resolviera el panel
en Ginebra y además obtuviéramos un acuerdo de paz ya definitivo en todos
los ámbitos. Con esto pretendo demostrar que a lo largo de esta
legislatura, tanto por parte de la Ministra como por parte del
Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos, se ha reiterado
hasta la saciedad la firme voluntad del Gobierno de defender la OCM del
plátano. Me voy a referir incluso a las actuaciones del pasado mes de
mayo, porque los textos que se han presentado aquí por parte de los
distintos grupos parlamentarios, con una distinta letra, vienen todos a
coincidir en el fondo del asunto.

Refiriéndome tan sólo a la moción aprobada en el Senado el pasado 7 de
mayo, es decir, aún no ha transcurrido un mes, en aquélla se decía
prácticamente lo mismo que estoy seguro que vamos a aprobar aquí por
unanimidad todos los grupos. En esta moción del Senado, aprobada --como
digo-- el 7 de mayo de 1997, fruto de una transaccional entre el Grupo
Socialista y el Grupo Popular, se decía: El Senado insta al Gobierno a
seguir defendiendo con firmeza el Reglamento 404/93, por el que se creó
la organización común de mercado del plátano, en colaboración el resto de
los países europeos productores de plátanos o con vínculos con países
ACP, y a seguir prestando la colaboración que la Comisión Europea demande
en el proceso de apelación contra el dictamen definitivo del panel de la
OCM, todo ello con el fin de preservar los legítimos intereses de los
productores y comercializadores de los plátanos comunitarios y ACP --hago
aquí un inciso en relación con la lectura de la moción aprobada en el
Senado-- porque me parece muy importante que se haga referencia a la
protección de los intereses de los almacenistas y maduradores en su
comercialización, porque aquí todos los apoyos y todas las ayudas son
necesarias, y muchas veces en Canarias nos referimos a los productores
del plátano canario y olvidamos un elemento tan importante como son los
almacenistas y maduradores, que son instrumento fundamental para la
comercialización del cultivo adoptando las medidas adecuadas para
asegurarles el acceso al mercado europeo en las mejores condiciones
posibles mediante el mantenimiento de los pilares básicos de la OCM que
han garantizado hasta la fecha precios remuneradores a los productores
comunitarios y ACP, así como el interés de los comercializadores en la
distribución y venta de esta fruta. Esta moción, como digo, fue aprobada
el 7 de mayo.

Y el 21 de mayo, es decir, hace escasos días, ante una pregunta en la
sesión del control del Gobierno por parte del Diputado señor Saavedra,
también el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda decía
textualmente: Efectivamente, en un primer panel, la Organización Mundial
del Comercio ha fallado en contra de la Unión Europea en cuanto a su
política interna de cuotas con respecto a las importaciones del plátano
de terceros países. Tengo que decir --continuaba el Vicepresidente para
Asuntos Económicos-- que el Gobierno español se ha puesto en contacto no
sólo con la Organización Mundial del Comercio sino especialmente con los
Estados miembros de la Unión Europea y con la Presidencia de la misma
para defender de la manera más enérgica los intereses canarios en estos
temas que nos parecen esenciales.

Resumiendo, las iniciativas parlamentarias de esta Cámara, tanto en el
Senado como en el Congreso de los



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Diputados, han sido múltiples a lo largo de la legislatura anterior y de
esta legislatura a partir de la aprobación de la OCM del plátano en 1993.

Esta no es una cuestión de partidos, ésta es una cuestión que nos
interesa y que defendemos todos los Diputados y todos los parlamentarios
canarios con el mismo calor y con el mismo ardor, porque nos va en ello
la consecución de unos intereses generales que se derivan de la
producción del plátano en Canarias. Las distintas iniciativas que se
puedan adoptar, todas ellas buenas, todas ellas con un contenido similar,
aunque redactadas, como es obvio, en términos diferentes, todas son
válidas. Indudablemente, la aprobada en el Senado hace escasos días es
perfectamente válida.

Teniendo en cuenta que nosotros hemos presentado una proposición no de
ley que está pendiente de tratarse en la Comisión Mixta y que entendemos
que, al ser más breve que la del Grupo Socialista, sintetiza de mejor
forma los intereses generales en la defensa de la OCM del plátano, hemos
presentado esta enmienda con el ánimo de llegar a un acuerdo o de que se
apruebe en su totalidad partiendo de la base, como digo, que todas las
iniciativas son igualmente válidas en cuanto al fondo, pero que
obviamente en cuanto a la forma se dan en ellas algunos matices y, en
concreto, en la enmienda que nosotros hemos presentado, se hace una
referencia expresa a almacenistas y maduradores que nos parece muy
importante, puesto que son un elemento esencial en la comercialización de
la fruta del plátano.




El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, le rogaría fuese concluyendo.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: He terminado, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
(Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra su
portavoz, señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Señoras y señores diputados, aunque la
preferencia comunitaria es uno de los puntales de la política en la Unión
Europea, en el momento de nuestra incorporación hubo que adecuar ese
principio fundamental a la realidad de los compromisos que se habían
adquirido con anterioridad por parte de países de la Unión Europea con
los países de la ACP. El plátano es un claro ejemplo de las dificultades
que en ese momento hubo entre esos dos tipos de intereses. El Reglamento
comunitario 404/93, por el cual se ordenaba el sector, fue sin duda un
logro importante, sobre todo si tenemos en cuenta la firme oposición de
diferentes países de la Unión Europea, encabezados por Alemania.

La Organización Mundial del Comercio, el 25 de abril, se pronunció en
unas conclusiones provisionales a favor de las tesis impulsadas por las
multinacionales de Estados Unidos --país que si bien no es productor, sí
que monopoliza el comercio de esa fruta procedente de países
centroamericanos, como puedan ser México, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Panamá, etcétera--. Por lo tanto, nos encontramos frente a un grave
problema, que, a diferencia de otros que hemos tenido, viene inducido por
empresas de un país que no tiene ningún interés en la producción, pero
cuyas grandes estructuras les permiten practicar el control monopolístico
de la distribución y la venta. Esa acción puede complicar más la política
agraria comunitaria, ya que la filosofía de la ayuda a la renta de los
productores siempre puede dar argumentos a las grandes cadenas de
comercialización a presentar recursos en el seno de la Organización
Mundial del Comercio, sobre todo si éstas están instaladas lejos del
lugar de producción del citado producto. En caso de prosperar las tesis
defendidas por las grandes multinacionales americanas, dejarían en una
situación muy difícil a los países productores de la ACP, pero sin duda
también quedarían afectadas gravemente las producciones comunitarias de
Canarias, Martinica y Madeira.

A pesar de las diferencias de criterio frente a este problema entre
Alemania y Francia, España, Portugal, etcétera, la Unión Europea tiene la
posibilidad de presentar un recurso. De hecho, hay que tener en cuenta
que las conclusiones provisionales que nos preocupan en este momento
recogen las mismas conclusiones del anterior panel del plátano, que ya
condenó hace cuatro años a la Unión Europea, con la salvedad de que ante
la denuncia que se formuló en el marco del extinto GATT, afortunadamente
para nosotros en aquel momento las decisiones de ese organismo no tenían
carácter vinculante. Por lo tanto, estamos repitiendo la película, en
aquel momento el GATT sin carácter vinculante; en este momento la
Organización Mundial del Comercio con carácter vinculante. Por ello, la
situación actual es mucho más compleja, aunque las conclusiones son
todavía provisionales.

El panel, o sea, el grupo de expertos, recomienda al órgano de solución
de diferencias que la Unión Europea adecue la importación de los plátanos
a la normativa. De mantenerse la Unión Europea en las actuales tesis, en
las que estamos totalmente de acuerdo y en las que conviven dos regímenes
claramente diferenciados, uno para los plátanos ACP tradicionales y otro
para los plátanos de terceros países y ACP no tradicionales, se podría
desmontar el principal argumento de los americanos en la línea de un
tratamiento discriminatorio de los plátanos ACP tradicionales frente a
los plátanos dólar. En este momento habría que trabajar para que las
conclusiones finales no fuesen tan negativas como las provisionales y, en
todo caso, nos resta la posibilidad de plantear un recurso de apelación.

No obstante, en caso de no lograr los objetivos y que el recurso se
fallase negativamente para los intereses españoles, me temo muchísimo que
el tema que hoy nos preocupa pudiera alcanzar dimensiones insospechadas.

En estos momentos, pudiendo afectar al reparto de gran cantidad de
contingentes agrícolas, no sólo a las producciones comunitarias, sino que
también podrían tener efectos importantes y claras repercusiones de cara
a países terceros, que también ponen limitaciones al comercio
internacional y que están afectados por la OCM, como pueden ser Japón,
Canadá o Australia.

En consecuencia, el tema que hoy tenemos encima de la mesa no es un tema
menor. Nos salió bien por casualidad



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hace cuatro años; ahora las cosas pueden ser diferentes. Sólo un
posicionamiento claro y contundente del Estado español, sólo un
posicionamiento claro y contundente de la Unión Europea puede frenar una
salida al problema que sin duda afectaría de forma muy negativa a la
economía de las islas Canarias. En estos casos yo pienso que es
importante que el Congreso de los Diputados llegue a un consenso, que
vote por unanimidad una proposición que inste al Gobierno a que la Unión
Europea tome conciencia de la importancia que representa un fallo
negativo en este momento de la Organización Mundial del Comercio para el
plátano, sobre todo, porque a partir de aquí abriríamos el melón y
daríamos argumentos que podrían desmontar la actual política agraria
comunitaria.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra su portavoz, señora
Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro grupo parlamentario comparte todas
las tesis mantenidas por los parlamentarios que me han precedido en el
uso de la palabra. Consideramos fundamentalmente que ésta no es una
cuestión partidista, es una cuestión de Estado. Creemos que tenemos algo
ganado; en el último Pleno de Estrasburgo la Comisión acordó recurrir
esta decisión, y así lo manifestó también nuestro grupo en el Parlamento
Europeo.

Nosotros pensamos que la Organización Mundial del Comercio se está
decantando de manera progresiva en la defensa sobre todo de los intereses
de Estados Unidos y sobre todo de los intereses de las grandes industrias
agroalimentarias de ese país. De no salir adelante las tesis que mantiene
el Gobierno español y en este momento la Comisión Europea, pensamos que
el principio de preferencia comunitaria se vería gravemente afectado, con
las consecuencias negativas que tendría para los países que están
afectados por esta OCM, por cuanto tienen unos gastos y unos costes de
producción y de transportes muy superiores a los de las grandes
operadoras que actúan a menor coste.

Es por eso, señorías, y siendo muy breve, por lo que nosotros pensamos
que el principio de competencia no puede ser el principio que prime en
las relaciones comerciales, sino que se tienen que tener en cuenta
también otros factores, como son las repercusiones sociales y económicas
que para determinados países puede tener la implantación pura y dura de
ese solo principio de competencia. En ese sentido, yo quisiera llamar la
atención de sus señorías. Yo sé que los grupos parlamentarios
mayoritarios cuando gobiernan tienen siempre la tentación de proponer
textos sustitutorios y modificaciones y no se respetan las iniciativas
que presentan los otros grupos: ahora, en el Congreso; el Partido Popular
parece que tiene presentada una proposición en el Senado, que se verá,
supongo, en su día en aquella Cámara. Ahora estamos viendo una
proposición no de ley que se presenta en la Comisión de Agricultura del
Congreso de los Diputados, y yo les pediría que, teniendo en cuenta que
es una cuestión de Estado y que interesa que el Parlamento Europeo, la
Comisión, el Consejo, el Congreso de los Diputados, el Senado y el
Gobierno español lleven una postura conjunta, no nos obliguen a los otros
grupos parlamentarios a optar entre dos textos, sino que ya que el
representante del Grupo Popular ha dicho que lo que es distinta es la
letra pero no el fondo, y se ha referido a dos puntos muy concretos, que
eran los almacenistas y maduradores, yo propondría que de esta Comisión
de Agricultura saliese un texto único, respetando la iniciativa del Grupo
Socialista, que la ha aportado a la Comisión de Agricultura, que
pudiésemos votar y que reflejase la voluntad del Congreso de los
Diputados de la defensa de la actual organización común de mercado del
plátano.




El señor PRESIDENTE: Para manifestar su aceptación o rechazo a la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: De manera muy breve, por cuanto, en efecto,
quienes hemos tenido el honor de representar al electorado de nuestras
circunscripciones respectivas en las últimas legislaturas en las Cortes
Generales hemos participado en reiteradas ocasiones haciendo uso de los
diferentes mecanismos parlamentarios que el Reglamento de la Cámara ha
puesto a nuestra disposición: preguntas escritas, preguntas orales,
proposiciones no de ley, interpelaciones, etcétera. A lo largo, en
efecto, yo diría que de las tres últimas legislaturas, en las Cortes
Generales españolas el debate sobre el futuro productivo del plátano y
los mecanismos comercializadores del mismo han sido objeto de un número
elevadísimo de sesiones...




El señor PRESIDENTE: Señor Segura:



El señor SEGURA CLAVELL: Le estoy respondiendo al interviniente del Grupo
Parlamentario Popular para fundamentar la aceptación...




El señor PRESIDENTE: Es que reabre el debate y los demás grupos querrán
también intervenir.




El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, ya hubiese terminado. (Risas.)
Disculpe, señor Presidente, y le agradezco su cordialidad.(El señor
Soriano Benítez de Lugo: ¡Al grano!), pero es que el mecanismo
parlamentario no tiene que estar exento de rigor y de un preámbulo que lo
justifique.

El interviniente del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que ha
presentado una enmienda de modificación, que como es más breve, es más
sintética, tiene mayor densidad y consiguientemente es la que se debería
aprobar. Así estará recogido en el «Diario de Sesiones». Yo creo que hay
que llegar a una enmienda transaccional. Estoy intentando hacer una
aportación a los diferentes grupos --y si los diferentes grupos así lo
están haciendo, mejor aún-- en la que se recojan prácticamente todos los
planteamientos que ha formulado el interviniente del Grupo Parlamentario
Popular



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y los del Grupo Parlamentario Socialista, así como las consideraciones
que los intervinientes de los diferentes grupos acaban de realizar.

Esperemos que con esta enmienda transaccional, que no tiene por qué
coincidir en su resolución con la que produjo el Senado pero sí en su
filosofía, demos satisfacción naturalmente al problema planteado.

Una última cuestión de tipo exclusivamente formal que a este
interviniente le ha llamado la atención es que en el orden del día de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea que se va a celebrar
la semana próxima, figura, en efecto, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, conjuntamente firmada por don Luis de Grandes y
por don José Carlos Mauricio, es decir, una proposición no de ley firmada
por los portavoces de dos grupos parlamentarios, cuyo texto de resolución
es el que ahora nos propone el Grupo Parlamentario Popular en solitario.

Imagino que no estando la firma del portavoz del Grupo de Coalición
Canaria, significará que será aceptada también por el Grupo de Coalición
Canaria. No sé si he logrado explicarme.




El señor PRESIDENTE: Señoría...




El señor SEGURA CLAVELL: En consecuencia, cuando termine este debate
ofreceré una resolución alternativa transaccional.




El señor PRESIDENTE: Damos tiempo a los grupos parlamentarios para que
hasta las doce de la mañana puedan consensuar una proposición
transaccional. (El señor Soriano Benítez de Lugo pide la palabra.)



El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente. (El señor Segura
Clavell: ¡Al grano, al grano!--Risas.) Ya se me ha ido la idea de la
cabeza, porque, claro, con tanto grano...

Yo creo que se puede llegar a un texto transaccional conjunto. La razón
de que no se haya firmado también por Coalición Canaria no implica que no
esté de acuerdo dicho Grupo de Coalición Canaria, que en estos momentos
no está representado en esta Comisión, pero estoy seguro que prestarán su
asentimiento a una transaccional a la que lleguemos de común acuerdo.

Deseo concretarle también a la portavoz de Izquierda Unida que la
propuesta o la iniciativa que hay por parte del Grupo Popular no es ante
el Senado. Se está tramitando conjuntamente con Coalición Canaria en la
Comisión Mixta para la Unión Europea, que no es precisamente en el
Senado.

Precisado esto, yo aceptaría la propuesta del señor Presidente de que nos
pongamos de acuerdo los distintos grupos y logremos redactar una
transaccional que dé satisfacción a las diferentes iniciativas.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Soriano. Entonces, si presentan
una transacción antes de las doce conjuntamente votaremos la transacción
y si no el texto original.

--RELATIVA A LA REGULACION DEL SECTOR AVICOLA ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000539.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número tres del orden
del día, proposición no de ley relativa a la regulación del sector
avícola español. Para su defensa, tiene la palabra, en nombre del grupo
proponente, Grupo Socialista, su portavoz, señor Chivite.




El señor CHIVITE CORNAGO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para defender la proposición no de ley que hemos presentado
relativa a la regulación del sector avícola español. Esta proposición no
de ley se concreta en cuatro puntos, que por su alcance económico y
social no dudamos han de contar con el apoyo y la aprobación del resto de
los grupos.

Concretamente, se trata de instar al Gobierno a que adopte las medidas
legislativas oportunas para la ordenación y regulación integral del
sector avícola; diseñar de acuerdo con los sectores implicados un
contrato-tipo homologado por el Ministerio que garantice a ambas partes
la estabilidad de su relación contractual; implantar una oficina de
registro de contratos-tipo homologados y crear el instituto avícola con
el objetivo de controlar los medios de producción, mejorar la
productividad y mejorar la calidad del producto, tanto en el aspecto
alimentario como en el sanitario.

El sector avícola español, de acuerdo con los datos recientemente
publicados por la Asociación nacional de productores de pollos, facturó
el año pasado 134.000 millones de pesetas, lo que supuso un incremento
del 6 por ciento en relación con el año anterior, que ha sido debido en
una parte al incremento de los precios y a un ligero aumento del consumo
de la carne de pollo, que algunos relacionan con la crisis de las vacas
locas.

Las empresas que componen el entramado avícola, unas cien en España,
obtuvieron, según las mismas fuentes, unos beneficios de 8.800 millones
de pesetas en 1996, frente a los 19.000 millones de pérdidas del año
anterior. Por otra parte, el consumo de carne de pollo se situó en 1996
en 17 kilos por persona y año, un 7 por ciento más que en 1995. El sector
avícola, en cualquier caso, tiene una importancia social muy grande, ya
que genera alrededor de unos 50.000 empleos fijos, en su mayor parte de
economía familiar.

Mientras que los precios del pollo en punto de venta se han incrementado
a partir de marzo de 1996, llegando en algún caso a una tasa de
incremento del 24 por ciento, este incremento puede considerarse
artificial y coyuntural en muchos de los casos, ya que responde a la
repetida situación generada por la crisis de las vacas locas y a acuerdos
coyunturales de las compañías integradoras con las grandes superficies,
en muchos casos sujetas simplemente a tácticas especulativas. Esta
elevación de precios en el mercado no ha repercutido en modo alguno en
los productores, ya que no tienen ningún tipo de control sobre las
fluctuaciones del mercado y siguen percibiendo 30 pesetas por pollo,
igual que hace doce años.




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Obviaré hablar de la importancia en cuanto a volumen económico, tanto en
producción cárnica como en pesetas, que este sector aporta a la
producción final agraria. En cualquier caso, supone el 7,35 por ciento de
la producción final agrícola y ganadera. Además es un sector consumidor
de pienso. En 1996 fueron 5.041.000 toneladas de pienso, dando salida a
un producto directo de la agricultura.

La situación del sector en cuanto a sistemas de producción es que en
España funcionan en estos momentos alrededor de 5.000 explotaciones
avícolas, de las cuales aproximadamente un 90 por ciento desarrolla su
actividad como empresas o como explotaciones integradas. De este 90 por
ciento, aproximadamente un 75 por ciento es de tipo medio, que son las
que tienen entre 20.000 y 40.000 pollos por crianza. El resto se
distribuyen entre pequeñas explotaciones, y un 10 por ciento corresponde
ya a grandes explotaciones, entre 40.000 y 100.000 pollos por crianza,
que tienen un marcado carácter empresarial y unos medios de producción
muy mecanizados.

Insisto en la gran importancia económica, social y alimentaria que tiene
el sector avícola, por generar un movimiento económico social para más de
50.000 familias, como ya he dicho antes, que en nuestro país dependen de
esta actividad, avicultores, mataderos, almacenes, fábricas de pienso,
transportistas, etcétera, y que sigue contribuyendo muy directamente en
la economía familiar, ya que el mayor porcentaje de consumo de carne de
pollo se produce en los hogares, aproximadamente un 85 por ciento, en
especial en hogares de rentas medias y bajas, al proporcionar carne a
precios muy económicos.

El sistema de funcionamiento actual de este sector, el sistema de
integración, está en estos momentos absolutamente desregulado y además es
un sistema que incluso se está llegando a extender a otros sectores, como
puede ser el del porcino, el textil o el calzado.

Esta desregulación ha permitido y permite que las empresas integradoras
impongan a los avicultores, a los granjeros y granjeras propiamente
dichos, unos contratos individuales que a veces, con condiciones
leoninas, se ven obligados a aceptar, ya que sólo les quedan dos
alternativas: o lo tomas o lo dejas; o aceptas las condiciones impuestas
o tienes tus granjas vacías.

Estos llamados pseudocontratos de integración, basados en la aportación
de las integradoras, de las crías recién nacidas, el pienso para su
engorde, los medicamentos para su cuidado, hacen que el granjero o la
granjera pongan su trabajo personal, muchas veces también el de su
familia, y corra con todos los gastos de energía y consumo y de las
inversiones, sin ninguna posibilidad de control sobre los medios de
producción.

Dentro de estas obligaciones per se que tienen los granjeros y granjeras,
está la de que corren con los gastos de los pollos muertos, no sólo en
cuanto al precio de la cría, sino también en cuanto a la evaluación del
pienso que hayan podido consumir desde que entraron a la granja hasta que
se produce su fallecimiento, y que es una media de 160 pesetas/unidad; la
eliminación de los pollos muertos; el coste de los medicamentos,
medicamentos que tampoco tienen un control por parte de los granjeros, ya
que son aportados por las propias integradoras y en muchos de los casos
sin ningún etiquetado de calidad, sin ningún reconocimiento que haga
comprender al propio granjero que los medicamentos que le están siendo
suministrados son efectivos para el engorde de los pollos que le han sido
encomendados a su cuidado. La vía sanitaria también es un coste a cargo
del granjero. También el granjero sigue corriendo con el riesgo del
transporte, ya que hasta que no entran al matadero la responsabilidad le
corresponde. Además este sector está absolutamente olvidado dentro de las
ayudas en la Comunidad Económica Europea.

En cualquier caso, esto deriva en que los precios que el granjero o la
granjera reciben por su trabajo y su esfuerzo los están marcando en todo
momento las integradoras y está sujeto a su voluntad en la clara política
de o lo tomas o lo dejas, como ya decía antes.

Las oscilaciones al alza de los precios del mercado, ya hemos apuntado en
1996 ese 25 por ciento, no han repercutido nada en las retribuciones
percibidas por los productores, que son los auténticos sostenedores de
este sector.

La situación que he tratado de describir es un fiel reflejo de la
realidad en que este sector se encuentra en la actualidad. Es una
realidad de indefensión y de sumisión de los productores a los granjeros,
a las compañías de integración, que son quienes imponen todas las
condiciones: duración de la relación contractual, precios, técnicas de
producción, suministro de alimentos, suministro de medicamentos.

Esta actual situación del sector está provocando una continua
incertidumbre y la progresiva pérdida de rentabilidad que está
repercutiendo, cómo no, y como casi siempre ocurre, en los más débiles,
con un riesgo latente de cara al futuro de pérdida de competitividad de
este sector a medio plazo.

Falta un plan de control de calidad. Falta una legislación que establezca
la regulación contractual entre empresas integradoras y entre productores
o granjeros. Falta una regulación legislativa que determine cuáles son
los medios correctos de producción, la calidad, el peso de los animales a
la entrada de granjas, calidad de los piensos y los medicamentos.

Por eso, nuestro grupo ha presentado ante esta Comisión esta proposición
no de ley para instar al Gobierno en cuatro puntos concretos.

Con el primer punto se pretende cubrir el vacío existente en cuanto a
normativa legal y acabar con la situación de los granjeros y granjeras.

El Gobierno debe desarrollar una normativa básica que regule el marco
homogéneo armónico para la ordenación y regulación del sector, tanto en
lo que se refiere a criadores como a empresas integradoras, reconociendo
la existencia de relación económica entre las partes.

Con el segundo punto que planteamos, se trataría de implantar un contrato
homologado para garantizar a las partes implicadas la estabilidad de su
relación contractual, tanto en tiempo como en condiciones pactadas,
dentro de un marco de mínimos preestablecido para el conjunto del sector,
que garantice a los criadores unos rendimientos



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adecuados para su trabajo, y a las empresas integradoras el
abastecimiento.

El tercer punto viene a complementar el segundo, con la implantación de
una oficina de registro de contratos tipo homologados, donde se ejerza el
control sobre si los mismos se ajustan al modelo tipo homologado.

Con el cuarto punto lo que pretendemos es que se mejore la productividad
y la calidad mediante el control y seguimiento, por parte del instituto
avícola que proponemos se cree, de la materia prima con controles de cría
en entrada a granjas, control de calidad de piensos, control de
medicamentos y control de salida de granjas, para que, junto con el
control veterinario de los mataderos, garantice de manera total al
granjero que pueden rentabilizar su trabajo, y a los consumidores que
reciben la materia prima de calidad, regulando los medios de producción,
para evitar que las integradoras sigan imponiendo sus técnicas.

En cualquier caso, ésta es la proposición que traemos a esta Cámara y que
esperamos cuente con el apoyo de todos los grupos.




El señor PRESIDENTE: A la presente proposición no de ley se ha presentado
una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa y para la fijación de posición, tiene la palabra su
portavoz, señora Pérez Vega.




La señora PEREZ VEGA: El sector avícola tiene dos grandes orientaciones
productivas, la producción de carne de pollo y la producción de huevo.

El subsector productor de carne tiene un nivel de integración muy
superior al de la avicultura de puesta, en la que el porcentaje de
producción bajo fórmulas integradas se encuentra muy por debajo de la
cifra del 90 por ciento que figura en la exposición de motivos.

El efecto de la crisis de las vacas locas; como han mencionado
anteriormente, ha supuesto en el mercado de carne de pollo una coyuntura
alcista, que en modo alguno puede extrapolarse del contexto en el que se
ha producido. Así, es más exacto decir que el precio de la carne de pollo
ha seguido una evolución de precios por debajo del IPC general en el
período 1987 a 1996, lo que en términos reales supone de hecho una bajada
en los precios. Si esto ha sido posible es porque el sector de la
avicultura de carne española cuenta con un elevado nivel de tecnificación
y una alta competitividad, que lo conforman como uno de los más dinámicos
de nuestro entorno económico.

La calidad es uno de los factores esenciales para el mantenimiento de los
niveles de competitividad que se dan en la avicultura de carne. Las
empresas productoras siguen estrictos controles de calidad, ya que no
puede ser de otra forma dado lo sensibles que son las orientaciones
ganaderas de elevados índices de transformación, de las que la avicultura
de carne es el máximo exponente.

Los datos indicados relativos al número de explotaciones avícolas e
integración de ganaderos no son de carácter oficial, al estar transferido
el registro a las comunidades autónomas y no estar en su totalidad en
pleno funcionamiento. El porcentaje señalado del 29,40 por ciento de
participación en la producción de carne de ave sobre la reducción total
de carne ha de considerarse un tanto excesivo, siendo una cifra más
realista en torno al 15 por ciento.

Respecto a los precios, según las fuentes del sector, el aumento
acumulado de precios de los tres últimos años ha estado muy por debajo
del aumento del IPC general. La situación actual del panorama a corto y
medio plazo del sector industrial avícola es francamente positivo. En el
año 1996 aumentó el consumo un 7 por ciento. Tras tres años de pérdidas,
en 1996 el sector obtuvo unos beneficios de 8.800 millones de pesetas.

Por otro lado, se ha entrado en una dinámica de reducción de costes:
profesionalización, concentración e importantes inversiones para su
adecuación a la normativa sanitaria. Resultado de lo anterior es el haber
conseguido un grado de modernización apreciable que hace, según fuentes
del mismo sector, que las expectativas sean positivas.

En relación ya con la primera propuesta, he de señalar que el sector
avícola dispone de organizaciones comunes de mercados que ordenan y
regulan estas producciones, correspondiendo su modificación a la Unión
Europea. La carne de ave está regulada en la Unión Europea por el
Reglamento 2777/1975, que establece la organización común de mercado y
sus modificaciones posteriores. Los huevos, por otro lado, están
regulados en la Unión Europea por el Reglamento 2771/1975, que igualmente
establece la organización común de mercado y sus modificaciones
posteriores.

En relación con la segunda propuesta, el marco legislativo contractual
vigente no contempla tal posibilidad para los contratos de integración.

Así, la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contratación de productos
agrarios, dice en su artículo 1.º: La presente ley establece los
principios de economía contractual aplicables al tráfico de productos
agrarios. Es esta referencia al tráfico de productos en el ámbito de la
ley la que excluye los contratos de integración, como contratos de
prestación de servicios regulados por el Código Civil, de la posibilidad
de proceder a la homologación de un contrato tipo.

Si el señor Diputado se refiere a contratos de compraventa o contratos
mercantiles, la homologación de los mismos requiere la previa petición de
los sectores implicados, circunstancia que hasta ahora no se ha producido
en la avicultura de carne. Para ser precisos, en 1992 la plataforma
avícola estatal solicitó al entonces Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, don Pedro Solbes, la homologación de un contrato de
integración, solicitud que no fue atendida, entendemos, por no ser de
aplicación referida la Ley 19/1982 a los contratos de prestación de
servicios.

En relación a la tercera propuesta, los contratos tipo son homologados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante la
correspondiente orden ministerial y para su seguimiento se constituyen
comisiones específicas. El Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre,
por el que se regulan los contratos de compraventa de productos agrarios
contemplados en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contratación de
productos agrarios, modificado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de
noviembre,



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establece la constitución de comisiones de seguimiento con representación
paritaria de las partes suscribientes y remite a la Orden ministerial de
1 de julio de 1992, por la que se regulan las comisiones de seguimiento
de los contratos tipo de compraventa de productos agrarios homologados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Equipara dichas
comisiones de seguimiento a los centros gestores regulados en la Ley
19/1982. Las comisiones de seguimiento son las encargadas de velar por el
funcionamiento y aplicación de los contratos tipo por los que se crean.

Por este motivo, las funciones de la Oficina registro propuesta ya están
siendo realizadas en cada contrato tipo por su correspondiente comisión
de seguimiento.

En relación con la cuarta propuesta, en la situación actual el propio
sector dispone de un marco jurídico, como es el resultante de la
modificación de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, por la Ley 13/1996 en
su disposición adicional primera y su desarrollo reglamentario, que
permite el reconocimiento de una organización interprofesional entre
cuyos fines figuren los que el señor Diputado propone para el instituto
avícola. Es éste el planteamiento más liberalizador, por el que el propio
sector se dota de estructuras para un correcto y ágil funcionamiento.

Por todo ello proponemos la siguiente enmienda que paso a leer y que
quedaría redactada de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que establezca las medidas pertinentes de regulación
del sector avícola español para conseguir un eficaz funcionamiento de la
actividad económica de este sector, según lo dispuesto en los Reglamentos
comunitarios 2777/1975 y 2771/1975, en los que se establece la
organización común de mercado para la carne de ave y huevos
respectivamente.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra su portavoz, señora Aguirre.




La señora AGUIRRE URIBE: Casi telegráficamente, quiero indicar que ésta
es una cuestión no partidista que preocupa a todos los grupos, porque
coincide además con la preocupación de una parte importante del sector.

Rogaría al grupo proponente y al grupo enmendante que intenten también
consensuar un texto que persiga el eficaz funcionamiento de esta
actividad económica.

Hace unos días tuvimos ocasión, yo creo que todos los grupos, de recibir
a la plataforma avícola española y hay una cuestión que a mí me preocupó
extraordinariamente, me refiero a una falta absoluta del control
higiénico-sanitario de esta actividad, ya que, según nos transmitieron,
no hay una intervención de la Administración sanitaria que garantice las
condiciones del producto.

Tenemos documentación exhaustiva que demuestra que esto es así y, por lo
tanto, quiero trasladar a esta Comisión al menos la preocupación del
Grupo Vasco. Por ello, nosotros consideramos importante que se siga
profundizando, y profundizando con urgencia, en todas las medidas que den
respuesta a esta exigencia del sector, que también coincide con una
preocupación de los ciudadanos en cuanto al control de la calidad y peso
de los animales a la entrada en granja, al control de los precios, al
control de los piensos y al control de los medicamentos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: No entraré a valorar, porque ya se ha hecho,
la importancia de un sector como el avícola, un sector importante no sólo
por su aportación a la producción final agraria del Estado español, y por
la participación también en la confección del IPC, sino sobre todo por la
problemática que tiene. Es un sector que si bien en su parte comercial
está absolutamente concentrada en pocas y grandes empresas, en el
subsector productivo, los que con su esfuerzo diario hacen crecer los
pollos, está terriblemente disperso, con el agravante de que esos
pequeños productores generalmente disponen de unas rentas bajas. Esta
situación de falta de equilibrio supone una dificultad importante en el
momento de la planificación de una política global y dificulta
enormemente la posibilidad de que el pequeño productor pueda defender con
éxito sus intereses. Por este motivo, sería bueno que el Gobierno del
Estado dé un paso en la línea de la ordenación del sector, que sin romper
las normas del mercado sitúe a los productores en las mejores
condiciones, en unas condiciones más justas, para que puedan defender
mejor sus intereses.

Sin duda, no va a ser una tarea fácil el unificar los intereses de los
grandes integradores, los del mundo cooperativo y los de los integrados.

No obstante, nuestro grupo cree que hay que hacer un esfuerzo para
intentar ordenar el sector y poner de acuerdo a los diferentes
protagonistas, a la vez que dar seguridad a los integradores.

Por este motivo nuestro grupo se alegra de que en este momento
posiblemente haya una transacción y se pueda votar por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra su portavoz, señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Por nuestra parte, consideramos absolutamente
necesaria la ordenación y regulación del sistema de integración vigente
en nuestro país. Nos sorprende que el Grupo Socialista solamente lo haya
presentado en relación con el sector avícola, cuando realmente las
personas que se han entrevistado con todos los grupos parlamentarios, que
fundamentalmente representaban asociaciones agrarias, aunque faltaba
quizá el sector de las cooperativas, parecía que tenían un planteamiento
más amplio, en el sentido de que si hablamos del sistema de explotación
en régimen de integración no afecta solamente al sector avícola, sino a
otros sectores de producción en granja, ganaderos, y ciertamente este
sistema requiere de una regulación.

En la Comisión de Agricultura yo expliqué al Secretario General de
Agricultura, Díaz Eimil, que parecía que no



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las conocía, las condiciones de explotación que se producen en este
momento en relación con la peste porcina clásica que afecta a las
comarcas de Lleida, y él mismo las calificó como de relaciones de
producción medievales, o sea, propias de la Edad Media.

Nada más quiero poner un ejemplo que es absolutamente ilustrativo.

Desafortunadamente, varias comarcas de Lleida están afectadas por un
proceso de peste porcina clásica que ha sido introducido en nuestro país
de forma absolutamente involuntaria, efectivamente, por parte de las
empresas integradoras, que han importado animales de Holanda, los han
introducido en las granjas que funcionan en régimen de integración y en
este momento los integrados, las personas que están integradas, se deben
hacer cargo de todos los gastos que van a tener durante este período de
vaciado sanitario, en el que no van a poder realizar el proceso de
producción normal, y, en cambio, los integradores van a cobrar, están
cobrando ya de hecho, el precio de los animales sacrificados a precio de
mercado y además, han tenido pingües beneficios porque el precio de la
carne de cerdo se ha incrementado. Por tanto, éste es un ejemplo
claramente ilustrativo. Los integradores se están llevando la parte del
león, los integrados van a pasar un año de penurias, a no ser que, por
las instancias, a las que nos hemos dirigido también desde el Congreso de
los Diputados, se establezcan unos pagos compensatorios para este período
improductivo.

En realidad, la situación es ésta: las integradoras hasta el momento
tienen patente de corso, imponen sus condiciones contractuales, no son
contratos equitativos, son contratos puramente de adhesión, y se valen de
una situación de falta de oportunidades en el mundo rural que obliga a
muchos agricultores, y sobre todo agricultoras, a realizar esta actividad
a tiempo parcial y sometidos absolutamente a las normas que establecen
unos contratos que en la mayoría de los casos desconocen, y aunque la
portavoz del Grupo Popular ha señalado que existen unas comisiones de
seguimiento, la verdad es que estos agricultores y granjeros
independientes no participan en absoluto en ellas.

Por tanto, las condiciones son las que establecen las empresas
integradoras. No se controla los animales que entran, no se controla el
origen de donde proceden, no se controla si efectivamente están en
condiciones sanitarias, pero, si se muere, lo paga el integrado. No se
controla por parte del granjero las condiciones sanitarias, porque el
veterinario lo pone la integradora. En fin, los medicamentos los paga el
integrado, los compra el integrador y el descuento de los laboratorios lo
aplica el integrador y no el integrado.

En resumen, entre lo que ha señalado el Grupo Socialista y lo que yo
puedo decir, creo que es absolutamente claro que este sector requiere que
por parte del Gobierno haya una regulación en la que equitativamente se
distribuyan los derechos y deberes de ambas partes en la relación
contractual y que pasemos de tener una situación que efectivamente es más
propia de la Edad Media a la de un país que tiene a gala considerarse en
su Constitución un Estado democrático y social de Derecho.

El señor PRESIDENTE: Para manifestar la aceptación o rechazo de la
enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Socialista, señor Chivite.




El señor CHIVITE CORNAGO: En cualquier caso, para manifestar el rechazo a
la enmienda, pero también que se ha negociado una transaccional entre los
grupos que haremos llegar a la Mesa para el momento de la votación.




El señor PRESIDENTE: Recibiremos esa transacción antes de las doce de la
mañana para posteriormente leerla y votarla.




--PARA SIMPLIFICAR LA TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE EXPORTACION DE
PRODUCTOS CARNICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN
(CONVERGéNCIA I UNIO). (Número de expediente 161/000567.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número cuarto del orden del día,
debate de la proposición no de ley para simplificar la tramitación de los
expedientes de exportación de productos cárnicos.

Para su presentación, tiene la palabra el portavoz del grupo proponente,
señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Agradezco esta ocasión en que puedo
dirigirme al plenario de la Comisión para plantear un tema que estoy
seguro preocupa por igual a todas SS. SS. y a todos los grupos
parlamentarios.

La agilización de la burocracia --de eso es de lo que trata básicamente
en su espíritu nuestra proposición no de ley-- es una de las cuestiones
más constante e intensamente reclamada por todos los ciudadanos y
ciudadanas, sobre todo por los diferentes sectores económicos, que muchas
veces se ven impotentes ante las dificultades que, bien por escasez de
medios o por interpretación de la reglamentación que les plantea la
tramitación de documentación y expedientes, les supone una relación con
las diferentes Administraciones públicas.

Por ello, nuestro grupo recibe con satisfacción cualquier medida que
tenga como objetivo facilitar la relación de la Administración con el
administrado. En este capítulo valoramos muy positivamente el reciente
convenio firmado entre el Gobierno central, concretamente el Ministerio
de Administraciones Públicas con la Generalitat de Catalunya y su
departamento de Governació, en el sentido de plantear el concepto de
ventanilla única que, en definitiva, despliega lo establecido por la Ley
de procedimiento administrativo y también por el espíritu de la Lofage.

La proposición no de ley que hoy sometemos a la consideración de esta
Comisión se refiere a un sector concreto, referenciado como la
tramitación de expedientes para la exportación de productos cárnicos y
más concretamente, aunque en la exposición de motivos y en el texto de la
proposición



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no de ley no se cita expresamente, al sector de la exportación de
productos cárnicos derivados del porcino.

En esta proposición no de ley nuestro grupo va a iniciar una serie de
propuestas que, juntamente con las que puedan plantear otros grupos
parlamentarios, van en la misma dirección, en la dirección de que otros
sectores, como por ejemplo el de las frutas y verduras frescas, el de
vacuno, el de las aves de corral, etcétera, se ven favorecidos por una
agilización en la tramitación burocrática. Sus señorías conocen que para
todos ellos la gestión de certificados de exportación viene determinada
por varios reglamentos comunitarios, que son de aplicación directa en
cada Estado miembro, diferentes según el sector cárnico u otros de que se
trate, en los que se establecen los requisitos del solicitante, los
plazos de admisión, los plazos de omisión, los plazos de validez y las
fianzas necesarias.

Circunscribiéndonos al tema específico de la proposición no de ley,
quiero referirme a la interpretación de la reglamentación, interpretación
de la reglamentación que es muy importante para facilitar a los
ciudadanos su relación con la Administración y a lo que ello puede
suponer, en definitiva, para avanzar en este tema. Les voy a poner un
ejemplo: una exportación a un país tercero, Rusia, por ejemplo, con
restitución, es decir, acogiéndose a la subvención de 50 pesetas por kilo
de carne exportada, factor que, como SS. SS. conocen muy bien, se
considera imprescindible a la hora de poder exportar y no perder dinero.

La Administración competente fija el plazo reglamentado en tres meses,
fija la fianza, fija el aval, en definitiva, y correspondiente.

Transcurrido mes y medio, la Administración comunica al empresario que se
ejecuta el aval, que se ejecuta el aval en la parte proporcional al
tiempo transcurrido, que además debe ingresar en Hacienda, porque la
Administración ha contabilizado los tres días del mes de enero en cómputo
de mensualidad completa a los efectos de plazo. Es decir, éste es un
hecho, señorías, que en opinión de nuestro grupo se debería corregir.

En otras ocasiones, la descoordinación, o la escasez de medios, o el no
aprovechamiento de los medios que se tienen, porque por el hecho de
pertenecer a distintas Administraciones no unifican sus actuaciones, hace
que ocurran casos tan significativos como el que nos ocupa. Un empresario
que desea exportar a un país tercero debe, en primer lugar, tramitar el
certificado de sanidad, que expiden los veterinarios dependientes de los
departamentos de Sanidad y de Industria autonómicos, de la Generalitat en
nuestro caso. Con este certificado ha de continuarse la tramitación a
nivel estatal mediante la firma de un veterinario que se encuentra a
muchos kilómetros de distancia y que además ha de compatibilizar su
dedicación funcionarial con otras responsabilidades, hecho que comporta
su presencia horaria limitada. En este caso, por tratarse de un tema de
fácil resolución y no afectar en absoluto al ámbito competencial, puede
resolverse como se ha hecho en otros sectores, por ejemplo, en el de
frutas y verduras frescas, en que por analogía se autorizan las
inspecciones de los productos vegetales en los propios almacenes por
parte de los técnicos de las mismas empresas, supervisados por los
funcionarios inspectores de la Administración competente.

Pues bien, en el caso de la exportación de productos cárnicos bastaría
con una autorización de firma que evitase gestiones innecesarias a los
ciudadanos, lo que en definitiva constituiría un ejemplo de aplicación
directa y práctica del concepto de ventanilla única.

Para finalizar, por lo que concierne a la Administración del Estado, que
es el objeto fundamental y directo de nuestra proposición no de ley,
estamos pidiendo que se concentren en una sola instancia todas las
gestiones, evidentemente todas las correspondientes a la Administración
del Estado, y que en el caso que nos ocupa afectan al menos a organismos
dependientes de tres ministerios. El concepto al que estamos apelando es
el de oficina de gestión unificada, que es un estadio superior al de
ventanilla única, ya que se refiere a la capacidad de tramitación de todo
el expediente en una sola oficina. Tenemos algunos ejemplos
clarificadores. Por citar uno, la oficina de gestión unificada que
funciona para el reconocimiento de nuevas industrias en la Conselleria de
Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, en donde en
una misma oficina se efectúa toda la tramitación administrativa,
independientemente de las diferentes instancias de la Administración a
las que afecte el expediente. Estamos también pidiendo que estas oficinas
se sustancien, señorías, lo más cerca posible de los ciudadanos.

Este es el sentido de nuestra proposición no de ley y el que queremos dar
a un tema que entendemos --repito-- preocupa a todos los grupos
parlamentarios. El nuestro está dispuesto a colaborar y para ello,
señorías, les pido su voto favorable.




El señor PRESIDENTE: A la presente proposición no de ley se ha presentado
una enmienda de sustitución de alguna expresión por parte del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la enmienda, así como la fijación de posición del
grupo, tiene la palabra la portavoz del grupo, señora Cunillera.




La señora CUNILLERA I MESTRES: En primer lugar, quiero decir que nosotros
vamos a apoyar esta proposición no de ley porque es loable en su
intención, que es la de ayudar a las empresas exportadoras de productos
perecederos, según dice su exposición de motivos, en sus trámites
administrativos y burocráticos. Como ha dicho el Diputado del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), es verdad que la burocracia, los trámites
administrativos afectan a la competitividad de las empresas, pero también
al conjunto de ciudadanos y ciudadanas cuando se tienen que enfrentar a
la Administración. Por tanto, todo lo que redunde en simplificar todos
esos trámites será beneficioso.

Nosotros hemos presentado una enmienda con la que intentamos recuperar lo
que en la propia exposición de motivos explica el grupo proponente, y
hace referencia a todas las empresas que tienen que enfrentarse a un
proceso complicado de trámites administrativos cuando exportan productos
perecederos. Sabemos que cada producto perecedero, bien sea frutas y
hortalizas, bien sean productos



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cárnicos, bien podamos hablar de otros productos, tendrá sus trámites
peculiares. Por ello, si ya esta Comisión va a tomar una decisión, va a
instar al Gobierno para que simplifique los trámites, sería bueno quizás
que lo tomáramos de una vez por todas y que todo lo que afecte a
productos perecederos ya luego se especifique en cada rama. Eso no es
óbice para que nuestro apoyo se siga manteniendo a la proposición no de
ley en caso de que no se admita nuestra enmienda.

También queremos mostrar nuestra sorpresa, porque realmente la
proposición no de ley lleva una fecha que debe coincidir prácticamente en
el tiempo con el anuncio de la firma del convenio de la ventanilla única
entre la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Administraciones
Públicas. Creemos que de esa ventanilla única no debe estar excluido
ningún ciudadano ni ciudadana, y por tanto ninguna empresa, sea cual sea
el trámite que deba hacer. En un momento en que todo el mundo, todos los
grupos reclaman una simplificación de la Administración, una
racionalización del gasto público, si ya hemos creado un organismo, que
es la ventanilla única, que entendemos desde nuestro grupo que tiene como
objetivo el simplificar los trámites a todos los ciudadanos y ciudadanas,
y en el que --insisto-- estarán incluidas esas empresas, no parece
oportuno crear otro organismo. Por ello habrá que debatir ese tema y ver
en qué racionaliza la Administración y en qué reduce el gasto público.

En cualquier caso, debería quedar constancias de que si la ventanilla
única que han firmado el Ministerio de Administraciones Públicas y las
comunidades autónomas, entre ellas la de Catalunya, tenía ese objetivo,
eso no ha de dificultar precisamente el trámite de esas empresas. Sería
bueno quizás haberse dirigido, al mismo tiempo que a esta Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, a la de Administraciones Públicas, para
instar al Ministerio de Administraciones Públicas a que ahí, en ese
organismo, se tuviera también en cuenta o tuviera repercusión.

En cualquier caso, creemos que la enmienda que nosotros presentamos
ayudaría a simplificar también esas peticiones al Gobierno y seguramente
sería más global.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra su portavoz, señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Muy brevemente, para señalar que nuestro
grupo va a votar a favor la proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) para simplificar la tramitación de los expedientes
de exportación de productos cárnicos.

Nos parece también oportuna la enmienda que plantea el Grupo Socialista,
en el sentido de ampliar los efectos de esta proposición no de ley a los
productos perecederos. La verdad es que la proposición no de ley está
formulada con unas características de tal generalidad que hace
completamente imposible que podamos establecer algún tipo de reticencia.

Si se hubiese concretado más de qué manera va a actuar la Administración
para cumplir este objetivo, podríamos haber hecho algún otro tipo de
aportación. Creemos que el que se vaya extendiendo el concepto de
ventanilla única va a mejorar la calidad de vida no sólo de nuestros
exportadores, sino también de los ciudadanos en general, y deseamos que
esto que hoy se plantea aquí, en la Comisión de Agricultura, sea el
cumplimiento de una promesa que el Partido Popular mantuvo en su campaña
electoral, sin que se produzcan maniobras dilatorias para realizarlo
solamente en un sector y olvidarse de su realización en otros ámbitos de
la actividad del Estado.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, señora Castro.




La señora CASTRO MASAVEU: En primer lugar, he de manifestar el apoyo del
Grupo Popular a la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), y también que nuestro deseo, y así fue recogido en nuestro
programa electoral con el que comparecimos a las elecciones del año 1996,
es la creación de la ventanilla única.

Quiero dejar tranquila a la portavoz del Grupo Socialista respecto a esta
ventanilla única, que por supuesto beneficiará a todos y cada uno de los
españoles, porque cuando el Gobierno del Partido Popular lleva a cabo sus
proyectos lo hace para todos y cada uno de los españoles, sin ningún tipo
de exclusión.

Cuando incluimos esta ventanilla única en nuestro programa electoral, lo
hicimos con el convencimiento de que esto iba a simplificar todos los
trámites a los ciudadanos. Creemos que esto es bueno, que el dar vueltas
y el marear la perdiz, como en muchas ocasiones está sucediendo, no
beneficia a nadie, e incluso creemos que a efectos administrativos es
perjudicial. Nosotros la hemos puesto ya en marcha en la Agencia
Tributaria con el objeto de unificar los trámites administrativos de las
empresas en materia fiscal y esta política es la que vamos a seguir
realizando. No sé si en este caso podrá ser solamente una ventanilla o si
tendrán que ser dos, pero creemos que cualquier simplificación que
permita que el exportador pueda realizar todos los trámites de una manera
más sencilla es beneficioso y además así no necesitará recurrir a
multitud de organismos y dependencias, como viene ocurriendo hasta este
momento. Por eso nuestro grupo siempre apoyará estas iniciativas.

Hay que tener en cuenta que no todos los países exigen los mismos
requisitos, y más cuando se trata de estos productos cárnicos. Aquí
quiero decir que estamos también de acuerdo con la enmienda del Grupo
Socialista que amplía este concepto de grupos cárnicos o productos
perecederos. En concreto, en la exportación de estos productos cárnicos a
terceros países, hay algunos que requieren una certificación genérica de
la situación de las enfermedades de los animales en España y la garantía
de que los productos destinados al consumo humano son aptos para este
fin. Otros países, por el contrario, lo que solicitan es una
certificación específica en la que se incluyen aspectos relacionados con
la sanidad de los animales originarios, de



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las carnes y de la propia carne, así como la idoneidad de los productos
para el consumo humano. Evidentemente, la documentación y certificados
necesarios para una y otra exportación no son los mismos, ni el tiempo
que lleva conseguirlos, ni los funcionarios y organismos que intervienen.

En resumidas cuentas, no es una labor tan fácil de realizar, por lo que
debemos comprender que lleve un cierto tiempo la elaboración de esta
mencionada ventanilla única.

Un aspecto que no debemos descuidar es que la simplificación de trámites
no puede en ningún caso ir en detrimento del rigor y de las exigencias
formales que imponen las reglas del comercio internacional. En ello no
sólo nos va el prestigio, sino también el futuro de las exportaciones
españolas a todos los niveles. La importancia de cumplir con la
legislación, de cumplir con nuestros deberes es fundamental a la hora de
exigir responsabilidades cuando nuestros derechos se sienten vulnerados,
como está sucediendo en estos últimos días con los camiones españoles
que, por llevar productos hortofrutícolas, han sido volcados por grupos
de agricultores franceses. Las medidas que se demandan en la Unión
Europea sólo pueden conseguirse a través de nuestro cumplimiento
ejemplar.

No obstante todo lo dicho, quiero repetir y reiterar que esta proposición
no de ley va a ser votada favorablemente por el Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Para manifestar la aceptación o rechazo de la
enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor
Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Nuestro grupo agradece siempre las
iniciativas y en este caso la enmienda que el Grupo Socialista plantea
para intentar ampliar el campo de afectación de la proposición no de ley.

Verdaderamente, nuestro grupo considera que no deberíamos dejar que en
ningún momento se nos tildara de falta de rigor jurídico, porque, como ha
dicho la portavoz del Grupo Socialista, hay diferentes reglamentos y hay
diferentes sectores. He comentado en la presentación que he hecho, no en
la exposición de motivos porque no se cita explícitamente, que
evidentemente todos los sectores tienen una reglamentación. Yo creo que
incurriríamos en una cualificación jurídica no positiva si en este
momento intentáramos meter en el mismo saco los asaltos de los camiones
de nuestros exportadores por parte de los agricultores franceses y
conceptos como los que aquí se han barajado en alguna intervención.

Por lo tanto, en el espíritu de que el grupo enmendante entenderá nuestra
posición y que con esto no hacemos más que abrir una serie de
iniciativas, que pueden ser planteadas por nuestro mismo grupo o por
cualquier otro en un tema que, como he dicho, nos preocupa a todos,
nosotros no aceptaremos la enmienda y por tanto someteremos a votación la
proposición no de ley en su contenido, esperando que la unanimidad y el
consenso en la misma reflejen esta preocupación.

Sí querría decir a la representante del Grupo Socialista y también a la
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que deberíamos
tener claro el concepto que estamos barajando. Señorías, he empezado por
decir que es de agradecer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en
plantear convenios que, por otro lado, vienen impuestos por la Ley de
Procedimiento Administrativo, que es una ley anterior, y que ahondan en
el concepto de ventanilla única. En definitiva, la ventanilla única no es
más que si un ciudadano lleva una documentación a cualquier organismo de
cualquier Administración, lo único que hace esa Administración, por
ejemplo, el Ayuntamiento de Borges Blanques, es darle entrada y mandarlo
a la Administración --sea el Ayuntamiento de Sevilla o sea el
Ayuntamiento de Castelldefels-- a la que competa tramitación y la
resolución del expediente, pero no ayuda a la tramitación en sí misma. Es
decir, lo único que hacemos, y es muy importante, señorías, es evitar
desplazamientos innecesarios y ahorrar tiempo a los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Señor Burballa, sabe que nos estamos saliendo un
poco del turno que tiene en este momento.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Presidente, si me lo permite, es para
diferenciar conceptos.

El concepto que nosotros hemos aportado de oficina de gestión unificada
va más allá, en el sentido de que una misma oficina es capaz de resolver
toda la tramitación. Como vuelvo a decir, esto nos preocupa a todos los
grupos, y estoy seguro de que en esta Comisión, que es competente, porque
todos los sectores que hemos comentado están afectados por la misma, o en
cualquier otra Comisión de esta casa, será tratado como un tema
importante en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, votaremos el texto original.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A HABILITAR LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
NECESARIA PARA LA COBERTURA ECONOMICA DE TRIPULANTES Y ARMADORES PARA
HACER EFECTIVA UNA PARADA DE LA FLOTA DE PESCA DE CERCO DURANTE DOS
MESES, CON EL OBJETO DE POSIBILITAR UNA RECUPERACION DE LOS CALADEROS DE
LA ZONA MALAGUEÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000401.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día,
proposición no de ley por al que se insta al Gobierno a habilitar la
partida presupuestaria necesaria para la cobertura económica de
tripulantes y armadores para hacer efectiva una parada de la flota de
pesca de cerco durante dos meses, con el objeto de posibilitar



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una recuperación de los caladeros de la zona malagueña.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, como grupo proponente.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, para decir que nuestro
grupo retira la proposición no de ley. Creía que la Mesa ya sabía nuestro
propósito.




El señor PRESIDENTE: Al menos a esta Presidencia no le llegó ninguna
comunicación por escrito.

Muy bien. Entonces, como son las doce menos cuarto y hemos anunciado la
votación a partir de las doce, levantamos la sesión hasta las doce en
punto para proceder a la votación de las proposiciones no de ley.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del texto transaccional
correspondiente a la proposición no de ley número 2 del orden del día.

Paso a leerles el texto de la transacción:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a defender
con firmeza el mantenimiento de los principios y mecanismos establecidos
en la vigente OCM del plátano, así como los legítimos intereses de los
productores y comercializadores del producido en las islas Canarias, de
forma tal que en el Consejo de la Unión Europea se conforme una voluntad
favorable a dicho objetivo a efectos de que la Comisión Europea defienda
con la máxima energía el actual régimen común en el seno de la
Organización Mundial del Comercio, debiendo utilizar para ello todos los
medios a su alcance que permitan concluir un acuerdo razonable entre las
diferentes partes implicadas, sin menoscabo alguno de los legítimos
intereses de los productores comunitarios, y todo ello como continuación
lógica de una política de modernización de estructuras agrarias
productivas y de su cadena comercializadora que ha posibilitado el
desarrollo y mejora de la calidad de la producción de las islas Canarias.

Votamos este texto transaccional.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este texto de proposición no de ley
por unanimidad.

Proposición no de ley con el número 3 del orden del día y su texto de
transacción, que paso a leerles:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con los
sectores implicados, adopte las medidas oportunas para la regulación y
ordenación del sector avícola español, contemplando medidas referidas a
la regulación contractual entre productores y empresas integradoras,
medidas de control de los medios de producción y cuantas sean necesarias
para conseguir un eficaz funcionamiento del sector.

Pasamos a votar esta transacción.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley número 4 para simplificar la tramitación de los
expedientes de exportación de productos cárnicos, en su texto original,
sin aceptar la enmienda. Por lo tanto, pasamos a votar esta proposición
no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión agradeciéndoles su
presencia.




Eran las doce y cinco minutos del mediodía.




Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del miércoles, 4 de junio de 1997, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.