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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 240, de 02/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 240
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JULIO PARDILLA CARBALLADA
Sesión núm. 25
celebrada el lunes, 2 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Director General de la Policía (Cotino Ferrer),
para informar acerca de la puesta en marcha del plan de policía de
proximidad, de la Dirección General de la Policía. A petición propia.
(Número de expediente 212/000532) (Página 6898)
Preguntas:
--Del señor Centella Gómez (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre valoración del incidente ocurrido en la ciudad de
Málaga en el que resultaron lesionados dos ciudadanos senegaleses.
(Número de expediente 181/000695) (Página 6912)
--Del señor Meyer Pleite (Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre actuaciones para esclarecer las
circunstancias relacionadas con el viaje clandestino que transportaba
personas, al parecer de origen magrebí, y con el accidente ocurrido el
día 16 de marzo de 1997 al volcar un camión cerca de Figueres (Girona).
(Número de expediente 181/000574) (Página 6915)
--Del mismo señor Diputado, sobre implicaciones del accidente ocurrido el
día 16 de marzo de 1997 al volcar un camión cerca de Figueres (Girona)
con la existencia de redes ilegales de transporte de inmigrantes. (Número
de expediente 181/000575) (Página 6915)
--Del mismo señor Diputado, sobre investigaciones realizadas para
reprimir posibles redes ilegales de transporte de inmigrantes. (Número de
expediente 181/000576) (Página 6915)
--Del señor Santiso del Valle (Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre identificación, como funcionarios
españoles, de las personas que aparecen en las fotografías participando
en la actuación policial del día 1 de abril de 1997 contra las
manifestaciones de protesta frente al Teatro Campoamor de Oviedo y frente
al Hotel de la Reconquista de la misma ciudad. (Número de expediente
181/000622) (Página 6916)
--Del mismo señor Diputado, sobre determinación de las responsabilidades
de las cargas policiales ocurridas el día 1 de abril de 1997 contra las
manifestaciones de protesta frente al Teatro Campoamor de Oviedo y frente
al Hotel de la Reconquista de la misma ciudad. (Número de expediente
181/000623) (Página 6916)
--Del mismo señor Diputado, sobre autoridad que dio la orden de cargar
contra la concentración pacífica de ciudadanos frente al Teatro Campoamor
de Oviedo y frente al Hotel de la Reconquista de la misma ciudad el día 1
de abril de 1997. (Número de expediente 181/000624) (Página 6916)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones que motivaron las cargas
policiales ocurridas el día 1 de abril de 1997 contra las manifestaciones
de protesta frente al Teatro Campoamor de Oviedo y frente al Hotel de la
Reconquista de la misma ciudad. (Número de expediente 181/000625) (Página 6916)
--Del mismo señor Diputado, sobre participación de varios individuos de
paisano en la represión de la manifestación pacífica del día 1 de abril
de 1997 frente al Teatro Campoamor de Oviedo y frente al Hotel de la
Reconquista de la misma ciudad. (Número de expediente 181/000626) (Página 6916)
--De la señora Sánchez López (Grupo Socialista), sobre opinión del
Gobierno acerca de la actuación policial en el caso de expulsión del
ciudadano senegalés Lamine Mbathie. (Número de expediente 181/000753)
(Página 6919)
--Del señor Perales Pizarro (Grupo Socialista), sobre motivos por los que
rectificó la Policía Nacional las cifras de participación en la
manifestación celebrada en Cádiz el día 5 de mayo de 1997. (Número de
expediente 181/000754) (Página 6921)
--Del señor Sanjuán de la Rocha (Grupo Socialista), sobre la operación de
desalojo realizada por la Policía Nacional el día 10 de marzo de 1997 de
un centro «ocupado» situado en la calle del Marqués de Ahumada, de
Madrid. (Número de expediente 181/000549) (Página 6923)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Seguridad (Martí Fluxá),
para informar sobre:
--Razones por las que miembros de la Guardia Civil han investigado a
ciudadanos que tenían intención de acudir a una manifestación en contra
de la política educativa del Gobierno. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 212/000703) (Página 6923)
--Actuaciones llevadas a cabo por el delegado del Gobierno en
Extremadura. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 213/000307) (Página 6923)
Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (COTINO FERRER)
PARA INFORMAR ACERCA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE POLICIA DE
PROXIMIDAD, DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA. A PETICION PROPIA.
(Número de expediente 212/000532.)
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
El primer punto del orden del día es la comparecencia del Director
General de la Policía, para informar acerca de
la puesta en marcha del plan de policía de proximidad, de la Dirección
General de la Policía, para cuya exposición ante esta Comisión tiene la
palabra el Director General de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Señor
Presidente, señorías, quiero comenzar mi intervención agradeciendo la
oportunidad que se me ha brindado para poder comparecer ante ustedes y
exponerles las líneas básicas del proyecto de policía de proximidad que
está llevando adelante el Cuerpo Nacional de Policía.
Mis palabras en esta comparecencia pretenden transmitir de forma somera
el punto de vista sobre una alternativa policial de realización del
servicio de patrullas basado en la innovación del sistema tradicional
hacia otro más cercano al ciudadano, más anticipativo y de mayor
presencia preventiva, fundado todo ello en un análisis estratégico del
estado actual del Cuerpo Nacional de Policía, partiendo de un diagnóstico
de la realidad de una planificación y elaborando posteriormente un modelo
de gestión estratégica para lograr las metas y objetivos propuestos. En
definitiva, vamos a tratar de describir los pasos realizados por la
Dirección General de la Policía en el proceso que ha ido desde la
reflexión hasta la puesta en práctica del proyecto de policía de
proximidad. Quiero significar ante todo que este proceso, que se ha
llevado a cabo de forma totalmente profesional por los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía, fue diseñado ya aprobado por la junta de
gobierno de la corporación policial y tratado en el consejo de la policía
de la reunión del pasado día 13 de mayo. También hay que resaltar que se
han mantenido varias reuniones con diversos colectivos ciudadanos
presentando la policía de proximidad, destacando que se han realizado
unas jornadas de intercambio de experiencias para profundizar en el
proyecto entre la confederación de asociaciones de vecinos del Estado
español, a las que, aparte de los miembros de la junta directiva,
asistieron representantes de las veinte ciudades donde está comenzando el
proyecto, junto con los inspectores que directamente lo van a
desarrollar, con una valoración por los misnos que no dudamos en
calificar de muy positiva. Asimismo cabe decir igualmente que el pasado
viernes día 30 de mayo fue expuesto este proyecto en la reunión del
consejo nacional de seguridad ciudadana con una buena acogida del mismo
por parte de las diversas entidades participantes.
La reflexión que anticipábamos parte del oportuno análisis del entorno
actual. Desde hace algunos años la inseguridad ciudadana es uno de los
cuatro temas que más preocupan a los españoles según una encuesta
realizada entre diciembre de 1995 y enero de 1996 por el Instituto de
Estudios Policiales en colaboración con el CIS. Nos encontramos, por otro
lado, con el hecho de que, según encuestas de dicho Instituto de Estudios
Policiales y también otras del propio CIS, la policía es una institución
bien vista por los españoles, dándose sin embargo la paradoja de que esa
misma muestra mantiene que, a juicio de los ciudadanos, la seguridad
ciudadana ha empeorado, cuestión esta que, si nos atenemos a los datos
delincuenciales del Ministerio del Interior, no es del todo cierta, ya
que lo que viene produciéndose desde hace años es una franja porcentual
muy similar que se incrementa o disminuye de forma variable en un
estrecho margen de máximos y mínimos que no difieren excesivamente. (La
señora Vicepresidenta, Fernández de la Vega Sanz, ocupa la Presidencia.)
Los datos de la misma encuesta citada anteriormente nos muestran que la
media de los delitos que se denuncian viene a representar entre un 50 y
un 60 por ciento de los que realmente se producen, es decir, existe una
cifra oscura del delito que también hay que considerar en el diagnóstico
de la situación real. Por tanto, lo que se deduce de estos datos es que
ese apercibimiento de falta de seguridad es en realidad una inseguridad
subjetiva que resulta frustrante para las expectativas tanto de los
ciudadanos como de los responsables policiales. Esta sensación de
--podríamos llamar-- desengaño o de relativa frustración nos invitó a
plantearnos si la policía estaba siendo eficaz en las misiones
encomendadas y si sabe dar respuesta a los problemas actuales,
adaptándose paralela y progresivamente a los cambios globales de la
compleja sociedad en que vivimos.
Ante este planteamiento, desde la Dirección General de la Policía hemos
realizado el siguiente diagnóstico del panorama. Analizando la situación
actual del Cuerpo Nacional de Policía nos encontramos con que hasta el
momento presentaba, ciñéndose exclusivamente al campo de la seguridad
ciudadana, una serie de características que, sin ánimo de ser
exhaustivos, citaremos a continuación y que denotan un claro desfase
entre lo que debería ser una policía moderna a las puertas del siglo XXI,
pareja a otras de nuestro propio entorno europeo, y lo que tenemos en
realidad, ya que los esquemas de funcionamiento y actuación no han
variado básicamente en muchos años, adoleciendo, en consecuencia, de
muchos aspectos que una policía de futuro no debe dejar de considerar.
Veamos algunos de estos hechos, surgidos de un análisis del entorno más
parecido a las llamadas tormentas de ideas que a una inspección metódica
y sistemática, pero que creemos es suficientemente indicativo como para
dejar constancia de los debes de un servicio que precisaba de una urgente
puesta al día. Primero, alejamiento y distanciamiento entre la patrulla y
el ciudadano. La patrulla, como eje básico de presencia policial en la
calle, con la progresiva implantación de vehículos policiales y el
abandono paulatino de las antiguas formas de patrulla a pie, ha ido
perdiendo el contacto cotidiano con los ciudadanos de su entorno,
creándose una especie de barrera entre el policía que patrulla en el
interior de un vehículo y los ciudadanos, imposibilitando cualquier
intento de relación normal que trasciende de la mera respuesta a un
servicio previamente solicitado con lo que tiene de extraordinario esta
última situación. Segundo, globalización de la comunicación, por lo que
un mismo delito multiplica sus efectos subjetivos de transmitir una
sensación de temor e inseguridad en un territorio mayor y en mucho menos
tiempo que antaño. Tercero, cambio de las funciones tradicionales de la
policía uniformada, que en la última década ha pasado de una concepción
muy reglamentada y con misiones casi exclusivas de orden público y de
mera represión de conflictos
hacia otros cometidos de servicio al ciudadano, de prevención del delito
y de respuesta, sin que se haya dado, incluso en el mejor de los casos,
ninguna variable de anticipación ante los acontecimientos sociales
delictivos, como hubiera sido deseable. Cuarto, mayores conquistas
ciudadanas en todos los campos, lo que implica que los vecinos son cada
día más participativos en todo aquello que les incumbe de forma directa,
tanto las asociaciones de vecinos como otras de diversa índole que se
interesan por cuestiones de seguridad, a las que necesariamente hay que
oír, atender y dar cumplida respuesta a sus peticiones y legítimas
aspiraciones.
La complejidad de algunos fenómenos delictivos, la droga por ejemplo,
supone que las soluciones no pueden ser únicamente policiales, sino que,
por el contrario, deben de ser multidisciplinares para que los resultados
no sean yermos, atendiendo a otros factores sociales, educacionales,
etcétera, por lo que en una policía moderna la participación debe de ser
bien recibida y entendida como un valor fundamental en la lucha contra la
delincuencia. Como muestra basta decir que en España más del 80 por
ciento de los delitos son como consecuencia de las drogas.
No caben respuestas estandarizadas para todo el Estado, los problemas son
diferentes, por lo que las soluciones también diferirán forzosamente,
siendo deseable por ello la descentralización operativa. Tampoco caben,
sin embargo, respuestas locales independientes de las del resto del
cuerpo, debiendo guardarse un equilibrio entre la unidad de actuación y
la no centralización de decisiones operativas, lo cual facilitará las
actuaciones equitativas en la gestión de un bien escaso como es el de la
presencia policial en nuestras calles.
La confusión del panorama sucintamente descrito, la que podríamos llamar
problemática social, que a grandes rasgos hemos tratado de dibujar, hace
que haya sido difícil incluso diseñar el presente diagnóstico y por
supuesto controlar la propia evolución de los acontecimientos que vayamos
previendo, por lo que en su momento deberemos considerar esta cuestión
para poder establecer un mecanismo de evaluación y control dinámico que
favorezca un proceso de aprendizaje continuo, posibilitando una dinámica
adecuada de generación de nuevas ideas y también de canalización de la
información que contribuya paulatinamente a la mejora.
Respecto al planteamiento estratégico, hemos dicho al principio que
pretendíamos trazar una opción alternativa al servicio de seguridad
ciudadana que fuera más acorde con los tiempos actuales, más cercana al
ciudadano, más anticipativa y proactiva, contribuyendo en última
instancia a la disminución de esa sensación subjetiva de inseguridad y,
por consiguiente, también a la consecución de una mayor calidad de vida
de los ciudadanos.
Por tanto, una vez visto el diagnóstico, nos planteamos que había que
buscar la forma de integrar esta orientación que pensamos debe tomar el
Cuerpo Nacional de Policía con los métodos que se pueden emplear para
llevarla a cabo. Así, partiendo de esa cultura de servicio propio del
Cuerpo Nacional de Policía a lo largo de sus más de 170 años de historia,
lo que le convierte en el cuerpo policial decano de España, y de sus
valores, reconocidos principalmente en los principios básicos de la
actuación recogidos en el artículo 5.º de la Ley Orgánica de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, así como la propia naturaleza civil que le otorga
el artículo 9.º de dicha Ley, concluimos que podemos integrar una
filosofía de actuación policial con los métodos que posibiliten su puesta
en práctica, filosofía que parte de un proceso de reflexión sobre las
misiones en que debe incidir la actuación policial para posteriormente
priorizar aquellas que coadyuvan a los fines marcados, tendentes como
última ratio al objetivo de aproximar al policía a la comunidad a la que
pertenece.
A modo de síntesis, la alternativa al sistema actual de seguridad
ciudadana debe centrarse en tres aspectos fundamentales que resumen en
cierto modo las consideraciones anteriores: mayor cercanía entre el
policía y el ciudadano, evitando levantar barreras como la del patrullaje
exclusivo mediante vehículos que perturben una relación en régimen de
igualdad y de proximidad; generar un método de patrulla que propugne el
conocimiento personal de los policías por parte de los ciudadanos,
logrando en consecuencia un mayor grado de confianza mutua, y fomentar el
diálogo con los ciudadanos en general y con los representantes
asociativos en particular, creando un clima de permeabilidad y
cooperación en la solución de los problemas que permita abrir
posibilidades de colaboración ciudadana en la solución de conflictos
desde planteamientos multidisciplinares, no exentos de audacia, sin
renunciar a otras respuestas tradicionales y más reglamentadas, pero sin
basarse toda la actuación de forma exclusiva en éstas.
Las metas están fijadas, por parte de la Dirección General, partiendo de
la información que nos proporcionan las encuestas de un análisis del
diagnóstico, después de escuchar la reflexión de personal cualificado en
el proyecto de innovación. Es importante y positivo que las
modificaciones se produzcan desde la propia organización y tras la
experiencia acumulada de contactos ciudadanos. Partiendo, pues, de este
itinerario que queríamos acometer, hemos tenido que despejar los
interrogantes de cómo íbamos a seguir este camino, de qué manera, con qué
medios, en definitiva, qué estrategia utilizábamos para la consecuencia
de esos objetivos. Pasamos, pues, a analizar el proceso de gestión
estratégica.
Llegado el momento de iniciar el proceso de transformación de un modelo
tradicional de patrullas a otro que imprime cierta audacia en sus
planteamientos policiales, era conveniente, en tema tan ampuloso como la
seguridad ciudadana, actuar con prudencia, por lo que la progresión debe
de ser gradual, paulatina y sacando conclusiones de la experiencia
inmediata, por lo que, de entrada, se ha iniciado la innovación, no en
toda la organización, sino tan sólo en un porcentaje pequeño de núcleos,
aproximadamente un 10 por ciento de las comisarías, al objeto de limar
dificultades y, a su vez, servir de puntos de referencia para el resto.
Este proceso lo podemos dividir en cuatro bloques. Primero, análisis
estratégico. Por miembros del Cuerpo Nacional de Policía se procedió a un
estudio de los valores de la organización, del diagnóstico del entorno,
de sus logros, fortalezas y debilidades, cuyo resultado ha sido
el comentado en el punto primero ya citado. Ha quedado patente, tanto
para la dirección como para los responsables directos del servicio de
seguridad ciudadana, la necesidad de renovar los métodos para vivir en
sintonía con unas necesidades sociales semejantes a las del resto de
países de nuestro entorno. Creemos que la policía del siglo XXI debe de
ser diferente a la que hemos conocido hasta ahora, debe profundizar sus
canales de anticipación, participación y cercanía al ciudadano.
Segundo, opción estratégica. Para cubrir esos objetivos ya comentados fue
preciso barajar una serie de alternativas con la meta clara de hacer
disminuir la inseguridad, tanto real como subjetiva de los ciudadanos.
Pensamos que no se trata solamente de dar imagen, sino que hay algo más.
Consciente de cambiar el modo de actuación, la gente quiere sobre todo
ver más policías por las calles, lo cual le infunde tranquilidad, pero
respecto al incremento de fuerza es obvio que en las actuales
circunstancias de austeridad presupuestaria no se puede plantear esta
opción. Quedaba también la posibilidad de crear una policía de barrio,
que genera grandes expectativas, que siempre en España ha fracasado
precisamente por este motivo, y que se suele identificar por las policías
locales. Por tanto, pensamos que era mejor emprender la innovación de
forma progresiva mediante una fórmula mixta en que policías especialmente
preparados patrullen de forma fija por las mismas rondas, sirviéndose
para ello del apoyo de una motocicleta que permita su más rápida
movilidad, así como la posibilidad de proporcionar un apoyo al compañero
del distrito colindante con mayor celeridad. El objetivo, exento ya de
otras cuestiones filosóficas, consistió básicamente, y a modo conciso, en
elegir una serie de comisarías de toda España, 22 concretamente,
distribuidas en 20 ciudades, atendiendo unos parámetros del número de
habitantes, delitos, considerando también la tipología delictual, sobre
todo menudeo de drogas, tirones y otras modalidades de la llamada pequeña
delincuencia, así como otras consideraciones absolutamente profesionales
y técnicas. Se realizó un estudio del territorio, de tal forma que, según
el tipo de trama urbana (número de comercios, número de delitos,
complejidad urbanística, etcétera), se pudiera distribuir personal
adecuado en zonas de similares características policiales. Se ha
procedido a asignar un policía a cada una de esas zonas y a dotarle de
una motocicleta tipo scooter, de apariencia menos agresiva, sin dejar de
tener la operatividad y movilidad deseable para los desplazamientos,
independientemente de que se les ha insistido, llegando a establecerlo
como objetivos concretos, que se relacionen con comerciantes, vecinos,
agentes sociales, etcétera. Pensamos que esta fórmula permite el tránsito
de una policía de respuesta a otra proactiva y de acercamiento.
Tercero, implantación. En cuanto a la estructura ya hemos señalado que la
elección de las 22 comisarías correspondió a criterios objetivos. Es
importante resaltar que no se han elegido aquellas zonas más tranquilas
que posiblemente, con futuras estadísticas en la mano, pudieran tener una
lectura positiva, sino todo lo contrario, comisarías de distritos con
índices de conflicto alto, lo cual puede ser un estímulo cuando los
resultados empiecen a ser positivo y alentadores para los policías
partícipes del proyecto.
En cuanto a las personas era indispensable realizar una selección
adecuada del perfil del personal. Había que fomentar sobremanera los
valores del servicio a la comunidad, de permeabilidad con los vecinos, de
imbricación con la ciudadanía y de que los puntos de vista tradicionales
deberían de cambiar. La selección de personal ha sido de dos niveles:
primero, un responsable por comisaría (inspector o inspector jefe) que en
unión con el comisario del distrito impulsase el proyecto a pie de calle,
a quienes hubo que dar una preparación común para toda España,
insistiendo y recalcando los principales temas que tratamos e íbamos a
abordar; en un segundo nivel y desde cada plantilla, cada inspector
seleccionó, con arreglo a criterios de idoneidad, el resto de personal,
variando el número según fueran las áreas de cada distrito. Esta
selección ha sido fundamental para la propia dinámica de la puesta en
práctica y ha servido de autoimpulso, creándose una amalgama de sinergias
o fuerza en común que han sido utilizadas en la consolidación y mejora
cotidiana del proyecto, reformando aquellos puntos sobre los que existía
algún fallo, dependiendo de las características puntuales de cada
comisaría, ya que el principio de actuaciones que hemos querido inculcar
desde el primer momento en las personas implicadas en el proyecto de
policía de proximidad es el de descentralización, ya que la problemática
no tiene por qué ser igual en las diferentes comisarías, siendo, por
tanto, también diferentes las soluciones.
El cuarto apartado lo constituye el seguimiento y evaluación. Aunque es
lógico que el plazo de la primera evaluación global del proyecto precise
una perspectiva temporal de al menos seis meses para poder empezar a
sacar algún tipo de conclusión que nos permita percibir si el sentido de
nuestras metas es o no acertado, sin embargo, el seguimiento está siendo
y será constante por parte de los supervisores, al objeto de poder
modificar aquellas disfunciones que sean inmediatamente detectadas. La
evaluación de estos primeros pasos está siendo, asimismo, prácticamente
continua, ya que ello permite modificar en la práctica aquellas
distorsiones fácticas que no hubieran sido previstas en el planteamiento
teórico. Independientemente de esto, es claro que el proyecto --se ha
dicho desde el principio-- tiene un carácter experimental, por lo que
resulta importante sacar conclusiones. No tendría sentido intentar
cambiar un modo de mentalidad de actuación policial tan sólo para unas
comisarías que suponen el 10 por ciento del total. Por ello, tras ese
período experimental, se iniciará un proceso similar en otro 20 por
ciento de comisarías aproximadamente, al objeto de repetir el proyecto y
progresar e incidir en el 10 por ciento inicial para ir consiguiendo,
poco a poco, las metas y fines deseados. Además de los informes de los
inspectores de distrito y de la opinión y evaluación personal de los
comisarios jefes de cada comisaría en que se está implantando este
proyecto, se pretende simultanear con otros mecanismos de control, como
es la impresión de la opinión pública, bien mediante consultas, cartas en
periódicos, comentarios radiofónicos, etcétera. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
Mención aparte merecen las asociaciones de vecinos y otro tipo de
asociaciones y entidades, como los comerciantes, APAS y demás, las
cuales, tras un contacto regular con sus representantes, nos darán una
fiel medida del grado progresivo de imbricación de este policía de
proximidad con el distrito al que pertenece. Es decir, la actuación de
supervisión debe trascender lo orgánico para desde una óptica
participativa, considerar las opiniones de los diversos colectivos
ciudadanos. En cualquier caso, desde la policía subrayamos su carácter
como ciencia social y se insta a los miembros de la policía de proximidad
a realizar una intervención investigadora y de prevención, de tal manera
que se sigan procedimientos anticipativos para llegar antes a los
problemas y poderles dar una solución adecuada, priorizando aquellos
aspectos que desde una visión estratégica así se precisen.
Señorías, con este proyecto que el Cuerpo Nacional de Policía está
poniendo en marcha en estas fechas pretendemos servir y proteger mejor a
todos los ciudadanos españoles sabiendo de antemano que con ello no vamos
a resolver todos los problemas, pero al menos tenemos la firme voluntad
de disminuir todos los que estén a nuestro alcance. En el próximo mes de
septiembre una segunda fase de este proyecto consistirá en la
modernización o mejor atención a los ciudadanos en la oficina de
denuncias y cuando esté desarrollada técnicamente se implantará en las
comisarías donde ya está funcionando la policía de proximidad y de cuyos
resultados en su momento será informada esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo por darle el saludo de bienvenida al
Director General de la Policía, señor Cotino, y agradecerle la amplia y
detallada exposición que nos ha dado. Dado que, como usted bien sabe,
señor Director General, ha empezado a funcionar en este Congreso de los
Diputados una subcomisión encargada de estudiar un nuevo modelo policial,
espero que también tengamos ocasión en el seno de esta subcomisión de
debatir y comentar ampliamente no solamente con usted sino con mandos
policiales y, sobre todo, con los comisarios y jefes de policía que estén
hoy al frente de este 10 por ciento de comisarías que usted ha señalado,
donde se ha implantado esta policía de proximidad, que es sobre lo que yo
voy a centrar hoy mi breve intervención.
Yo tenía determinados recelos en la puesta en marcha de este servicio y
una de mis primeras preguntas iba a ser cuál había sido la génesis de
esta iniciativa, pero veo que usted la ha detallado al principio, ha
hablado de la junta de gobierno de la corporación de policía, del consejo
de la policía, incluso del consejo nacional de seguridad ciudadana. Yo
hago ya la afirmación, porque no me duelen prendas, lo contrario no sería
correcto, de que me alegro que tenga estos avales o estos puntos desde
los cuales se han obtenido criterios.
Yo veo que lo ha tomado usted con un sentido de prudencia y esto me
parece bueno. Lo digo porque me ha llamado la atención que la elección de
esas 22 comisarías no se haya hecho en zonas tranquilas para después
decir, con un resultado maquillado estadístico: fíjense ustedes la
eficacia de este invento de la policía de proximidad, que ha reducido
sensiblemente los índices de inseguridad ciudadana. Han implantado este
sistema en zonas con unos altos índices de conflicto, y aquí es donde
surge mi duda, señor Director General, y por eso deseo pedirle que esto
se haga con prudencia y en un amplio contacto con las bases, es decir,
con los policías nacionales, que son los que van a patrullar la zona
sobre la moto, porque se rompe --creo que usted y el consejo de la
corporación policial lo habrán meditado; usted lo ha indicado en su
informe-- el modelo clásico de patrulla, en una palabra, la pareja. Las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, independientemente de que
hayan hecho el patrullaje a pie o en vehículo, en cualquiera de las
circunstancias de movilidad, han partido siempre yo no sé si de un axioma
o de una realidad compulsada en la calle, que es la pareja, por el hecho
de que un compañero protege al otro. Cuando se entra en zona de
delincuencia la inseguridad afecta también a la propia fuerza de la
seguridad del Estado, que puede ser agredida si sus medios de disuasión
no llegan a disuadir a cualquier presunto alterador del orden público, de
la paz o de la seguridad ciudadana. Como ese policía de la moto va armado
con su arma reglamentaria, es donde debería tener la cautela de que un
determinado tipo de delincuentes considera como un botín muy preciado
hacerse con un arma de fuego, y es aquí donde puede haber un punto de
vulnerabilidad en este modelo de policía de aproximación, sobre el que en
términos generales quiero decirle, señor Director General, que yo
participo y me gusta, y vamos a someternos a la prueba de la experiencia
a ver qué resultado da. Mi única reserva era sencillamente ésta, que
rompe el principio de autoprotección en que está fundamentado no
solamente la policía española, porque éste no es un invento de ayer sino
desde que existe policía en la calle, es un modelo compartido por otras
policías de todos los países, basado fundamentalmente en que la fuerza
mínima de intervención de los servicios habituales de patrullaje de la
policía está fundamentada en la pareja, y ello por el hecho fundamental
del principio doctrinal policial de que en circunstancias de inseguridad
o de tener que intervenir, un compañero protege al otro, ayuda al otro y
complementa la actuación que tiene que tener la base de policía en el
fundamento de la pareja. Esperemos que no ocurra nada que obligue a un
cambio de esto que para mí es un nuevo intento de modelo policial.
Lo que sí le quiero decir, señor Director General, es que también hay que
prestar mucha atención al sistema de comportamiento de estos nuevos
policías en acto individual de servicio solitario con el contacto
ciudadano, porque me ha parecido oírle decir que entendía que el
patrullaje en vehículo, en un coche, en vehículo cerrado de la patrulla,
trazaba una especie de aislamiento o de barrera con el ciudadano normal
de la calle. Eso es evidente, por supuesto. Todo dependerá de la cantidad
de efectivos que
existan para patrullar un barrio. Si el barrio o el distrito que se tiene
que patrullar es corto, el servicio a pie o en una moto sería el más
indicado; en barrios muy amplios o con muy alta conflictividad también el
vehículo es un órgano de protección de la propia policía. El vehículo
físicamente es algo que permite en un momento determinado salvarse de una
situación de alboroto o de agresión, no digo de un simple ratero del
tirón, no estoy pensando en ese tipo de delincuente, estoy pensando en el
tipo de delincuente, señor Director General, mucho más agresivo que va
por neutralizar la propia policía, que va por hacerse con el arma de
fuego que llevan para, después, cometer sus actos delictivos, y muchas
veces el hecho de ir en un coche tenía un sentido de protección, porque
el sentido del contacto con el ciudadano se obtiene de cualquier manera,
a pie, en moto o en coche, siempre y cuando la policía tenga unas
instrucciones de comportamiento, tenga un modo habitual de contacto con
el ciudadano, con el tendero, con el ama de casa, con el que está en el
puesto de periódicos, etcétera, que con bajarse del coche, como hacen
otras policías de otros países, tiene este contacto vis-à-vis, cara a
cara en su inmediatez.
Nosotros en este momento lo que queremos es darle un margen de confianza,
apoyar este proyecto en el sentido de que será bienvenida toda iniciativa
que se haga en España, sobre todo en aquellas zonas conflictivas con alto
índice de conflictividad urbana o de inseguridad ciudadana. Usted sabe
también, señor Director General, porque fue un compromiso y lo ha tomado
con el máximo interés el señor Ministro del Interior, el señor Mayor
Oreja, que existe un compromiso, y usted será el ejecutor, de contar con
un modelo de lucha contra la inseguridad ciudadana en Canarias. El área
del archipiélago canario cuenta con zonas turísticas con un tipo de
delincuencia, a veces internacional, en todos los órdenes, que va desde
el timador o el individuo que da el tirón del bolso a la alta
delincuencia de la droga, de mafias internacionales que se ubican en
estas zonas turísticas, con la entrada por puertos de mar, en sistemas
incontrolados de navegación, como hemos visto por las últimas
aprehensiones de droga que se han venido haciendo en el archipiélago
canario, etcétera. Se da la presencia a veces de masas de turistas de
alto grado de conflictividad, provenientes en algunos casos de
determinados países del norte europeo, y todas estas circunstancias han
llevado a pedir la implantación de un modelo, que esperemos que el
próximo mes pueda ser presentado por el señor Ministro allí, de lucha
contra la inseguridad ciudadana en Canarias, donde tal vez el modelo de
actividad policial varíe, porque, igual que ocurre en la Península, como
usted bien lo ha expuesto, no es lo mismo el modelo policial a aplicar o
la inseguridad ciudadana que hay en una pequeña capital de provincia que
en un gran núcleo metropolitano como pueda ser Madrid, Barcelona,
Sevilla, Valencia, etcétera, donde se junta todo, por decirlo así, donde
hay puertos, aeropuertos, hay entrada de inmigrantes extranjeros, donde
hay falta de control muchas veces porque es imposible controlar a esta
gente.
Por todo lo demás, le damos nuestro apoyo, señor Director General, para
que prospere esta idea y para que estas observaciones que le he hecho
contribuyan a aumentar el grado de eficacia de nuestra policía y la
tranquilidad de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDIALLAGUET: Nuestro Grupo Parlamentario se une a
la bienvenida al Director General de Policía, señor Cotino, y le
agradece, lógicamente, el que motu proprio haya solicitado esta
comparecencia para darnos cuentas de una iniciativa que, efectivamente,
no puede ser objeto de juicio negativo, porque, como él mismo ha
expuesto, va a tener un carácter experimental, y cuando las cosas se
ponen en marcha con esa intención, actuar descalificándolas es una seria
irresponsabilidad. En cuanto a la iniciativa en cuestión, no cabe sino
desearle el máximo acierto, partiendo de la preocupación compartida
acerca de cómo funciona y qué eficacia tiene lo que damos en llamar la
seguridad ciudadana y que es el servicio público de la seguridad
ciudadana. Si algo define el papel del Estado, además de poner el acento
en lo que podemos llamar la seguridad exterior, es la protección de los
derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos, la
protección de sus personas y la protección de sus bienes. En ese sentido,
no compartimos, con todo respeto, su opinión de que la posible sensación
de falta de seguridad que algunas veces se pone de manifiesto en alguna
encuesta y que late en nuestra sociedad, sea de carácter más subjetivo
que objetivo. Yo no voy a hacer estadísticas fáciles. Estoy absolutamente
convencido de que la Dirección General de Policía las tiene, porque, al
fin y al cabo, es la que tiene todos los atestados que se levantan en
todas y en cada una de las comisarías del territorio nacional, pero si
las tuviéramos hoy aquí se vería cuál es el volumen de denuncias que
habitualmente se formulan ante las comisarías de toda clase de delitos y
que permiten un conocimiento muy serio de lo que podríamos llamar la
posible enfermedad social de la delincuencia en sus muy variadas
expresiones. Esa estadística sería muy importante para que pudiéramos
--si esto fuera un seminario de policía, que no lo es-- discutir.
Ahora bien, también hay que llamar la atención, señor Director General de
la Policía, de que cada día es mayor el número de delitos que se cometen
que no son ni objeto de denuncia, en los que ya se les dice a los
ciudadanos: no denuncie usted que no sirve absolutamente para nada. Puede
ser que el ciudadano piense que a través de la denuncia va a obtener
inmediatamente la reparación del daño causado, ignorando a veces que para
lo único que sirve es para ir incrementando todo un conjunto de
conocimientos que puede parecer que tienen poca importancia aisladamente,
pero que en conjunto permiten una mayor eficacia. Es un hecho cierto que
hay una pérdida no voy a decir de confianza, porque no me gustaría
utilizar esta expresión, y menos aún una pérdida de credibilidad. Lo que
quizá haya es una resignación por parte de los ciudadanos que sufren
determinados delitos pensando que con los que
se acometen diariamente, por qué el suyo va a ser objeto de especial
atención. Y no es lo malo que esa resignación se pueda producir en el
ciudadano, lo malo es que esa resignación se produzca en el Cuerpo de
Policía. Lo malo es que se dé como normal, como perteneciente a la propia
cotidianidad ese delito que se cometió y hacia el cual ya no se hace la
menor pesquisa. Se da por supuesto que es un riesgo que se corre el dejar
una radio o una ropa en un vehículo, es un riesgo el que se corre el que
algunas de nuestras ciudadanas salgan a la calle en una actitud
provocativa --entiéndase entre comillas--, exhibiendo determinadas joyas
y exponiéndose al tirón, con la posibilidad incluso de tener lesiones
corporales. Esto es lo triste. Usted sabe, señor Director General de
Policía, que éste es el ambiente que se respira en muchas comisarías
cuando llega algún ciudadano a poner la denuncia. No voy a decir que le
disuadan, pero, en alguna medida, le vienen a decir, con la mejor de las
formas y con una gran educación que eso no le va a servir a usted para
nada, porque, sinceramente, están --valga la expresión-- sobrepasados por
los propios acontecimientos. Convendría hacer una seria reflexión. No sé
en qué medida la iniciativa que usted hoy trae a esta Comisión de
Justicia y de la que tan amablemente nos da cuenta va a poder tener
incidencia o no. A mí, sinceramente, me produce una actitud nada grata el
oír en nuestros aeropuertos, y sobre todo en los de máxima circulación,
que, al mismo tiempo que se anuncian los vuelos, hay que estar repitiendo
sistemáticamente que los ciudadanos no pierdan de vista su equipaje,
porque parece ser que puede correr riesgos. Y es un hecho cierto. Yo vivo
la circunstancia de tener mi domicilio en Palma, y no acaban de
desembarcar, en el corto trayecto que va de eso que llaman el finger
hasta el autobús, cuatro o cinco ya son desvalijados, quizá porque son
personas alegres y confiadas que creen que el mundo de las vacaciones no
comporta otro riesgo que el de la insolación, cuando comporta otros.
A lo mejor esta medida es buena, nos lo dirá la experiencia, pero nuestro
grupo echa en falta no sólo un modelo policial --y como ha dicho antes el
señor Mardones, se está trabajando muy seriamente en esa ponencia o
subcomisión--, sino medidas de otro tipo.
Cuando hace ya muchísimos años cambiamos la filosofía y, dicho en un
lenguaje muy coloquial, pasamos de lo que se llamaban los guardias a los
policías, que es un concepto totalmente distinto --antes estábamos
acostumbrados a los guardias y ahora queríamos hablar de policías--, esa
filosofía vino a suponer en algunos casos algo muy importante, que fue
acabar con un tema que todavía en algún momento subsiste, no precisamente
en las fuerzas dependientes de S. S., que es la brutalidad policial. Si
se asoma uno hoy a los atestados que acaban en los juzgados de guardia,
podrá comprobar --y yo creo que en alguna medida le afecta, porque todos
formamos parte del mismo complejo llamado Estado-- que la brutalidad
policial sigue teniendo, lamentablemente, alguna que otra expresión o
explosión en las policías locales, quizá porque la policía local no está
recibiendo la misma formación que la de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Es un hecho evidente que en muchos casos las muy variadas clases de
delitos se pueden estar cometiendo casi ante una cierta sensación de
pasividad. Yo le invito a usted, como solemos invitar a todos los
responsables políticos, a que abandonemos un poco el complejo de moqueta
y de coche oficial y nos demos una vuelta por la calle, porque a veces es
bueno. A lo mejor nos sorprende el hecho de que en una calle
absolutamente céntrica, como puede ser ni más ni menos que la calle
Alcalá esquina a la calle Barquillo, actúen con toda tranquilidad todos
los días unos determinados grupos de trileros que desvalijan a ingenuos.
Yo no le voy a invocar a usted otros testigos. Le invoco mi testimonio,
si es que mi testimonio le merece crédito. Lo grave es que al final, por
si éramos pocos, parece ser que en esta medida de importación de bienes
de equipo, en concreto en determinadas zonas turísticas, como la del
señor Mardones o en la que yo vivo, ya hay trileros que tienen una
especial facilidad para la idiomática, y son rumanos, búlgaros,
checoslovacos, que actúan con absoluta tranquilidad. Es más, se han
repartido la ciudad por barrios, así de claro. Y ya se sabe que de vez en
cuando hay algún altercado entre ellos porque alguno invade el territorio
de otros. Esto empieza a ser peligroso.
Ha aparecido también --y luego me referiré a ello-- un modelo delictivo
que hacía muchísimo tiempo que no existía. Es verdad que existe en
nuestra literatura y que se ha utilizado con cierta expresión
descalificatoria la figura del robaperas, pero aquí el problema ya no es
ése, sino que, sinceramente, en determinadas zonas rurales son cosechas
auténticas. Usted viene de una zona que suscita el cariño de todos
nosotros, que es la levantina, donde sabe usted que se roba con toda
tranquilidad la cosecha entera de determinadas anegadas de naranjas; y no
le digo nada de la zona de Murcia. Esto está empezando a tener visos de
una especie de epidemia. Dice usted que a nuestra ciudadanía le puede dar
una sensación de inseguridad muy subjetiva, que obedece a la
globalización de la comunicación porque afortunadamente todo se publica,
pero es un hecho cierto que está viendo cómo realmente hay ya una
delincuencia perfectamente organizada.
Es muy posible que la fórmula que usted hoy nos exhibe, para lo que
podemos llamar el delito de lo que se denominaba en tiempos el
descuidero, pueda tener a lo mejor alguna eficacia. Desde luego, yo
participo del mismo criterio del señor Mardones de que la delincuencia
--y es lógico-- ha adquirido una dimensión tal que parece un poquito
arriesgado que un solo agente tenga que patrullar, en patrulla
individualizada, una determinada zona o barrio, cuando ya de por sí, la
patrulla era de dos, ambos tenían no voy a decir temor, pero sí un cierto
recelo a circular sin muchas precauciones.
Entre paréntesis también le quiero decir, señor Cotino, que a ver si
resulta que les vamos a dotar de unos modernos artefactos o escúter y va
a pasar lo que ocurre con los coches, que en algunos sitios no pueden
salir del taller porque no hay piezas de respuesto o porque no ha llegado
ni siquiera el presupuesto para gasolina. A lo mejor lo único que ocurre
es que en los garajes de la policía de cada uno de los sitios, al lado de
algunos coches, que generalmente,
como no hay piezas de respuesto, no se mueven y se tira del que está allí
aparcado porque hay que hacer el servicio, vamos a tener las escúter.
Habrá que tomar alguna medida para que, por lo menos, si vamos a la
eficacia, estos instrumentos nuevos de que se dota a nuestra policía
sirvan.
Creo que aquí está faltando una cosa muy importante y es, además de este
patrulleo, una auténtica política de investigación --sé que es muy
difícil y que usted no es responsable, pero le voy a decir más, ni
siquiera sus predecesores lo son, por especiales circunstancias, porque
la sociedad ha evolucionado a tal velocidad que a lo mejor era pedirle
peras al olmo--, de modo tal que en un momento determinado, sobre ciertas
clases de delitos y denuncias, de sucesos, se tenga un acopio de datos
que permita inmediatamente poder dirigir una investigación de forma muy
rápida y saber quiénes son los que actúan de esta manera y los que se
mueven en determinadas zonas, donde es público y notorio que cuando
vayamos aproximándonos a las vacaciones estivales, además de esos doce
millones de visitantes anuales que tiene el archipiélago balear,
recibimos la visita, ya no con afán puramente lúdico, de todo otro
conjunto de ciudadanos que efectivamente --y el propio nombre lo indica--
saben que van a hacer con tal motivo su agosto. A lo mejor resulta que
teniendo acopio de datos e intercomunicación entre unas y otras
dependencias policiales, habría la posibilidad de no darles lugar ni
siquiera a que aterrizaran para que se pueda poner remedio a esta
situación.
Habla usted de un desiderátum, de que se vuelva a producir... Yo no creo
que se vuelva a producir, porque examinada nuestra historia --y usted la
conoce mejor que nadie por el puesto que ocupa--, tampoco ha habido nunca
un gran deseo de confraternización de la vecindad con los encargados del
orden público. Si uno repasa nuestra literatura observa que, desde el
calificativo cariñoso de guindilla a cualquier otro, han merecido de
todo. A lo mejor eso pertenece a la cultura anglosajona, quizá también
porque el bobby londinense, además de preocuparse del orden público,
ayudaba a cruzar a las ancianitas, pero aquí no tenemos esa tradición. Si
es usted capaz de innovar y de conseguirla, nos veremos todos muy
satisfechos.
En todo caso, es conveniente que vayamos tomando alguna medida y que
estas patrullas (no sé si de uno o de dos, a mí me siguen gustando de dos
y, sobre todo, bastante más por lo que se llaman las parejas de hecho)
pongan más la atención en un conjunto de delincuentes habituales a los
que se conoce y se les ve merodear y dejan de dedicar tanta atención en
otros ámbitos. No sé si yo tengo muy mala suerte, señor Director General
de la Policía, pero cada vez que paso por la Puerta del Sol y veo una
pareja de policías que le está pidiendo la documentación a alguien, ¡qué
casualidad!, siempre es un africano o un latinoamericano; no veo que se
la pidan a ningún otro personaje para que uno pudiera decir que van a
tiro hecho --entiéndase la expresión, no quiero que haya ninguna actitud
violenta que afecte a la seguridad ciudadana--; hay una especial
predisposición a que aquellos que tienen determinado color o apariencia
sean los que más susciten el celo de nuestros defensores.
En todo caso, repito que nosotros no podemos valorar más que
positivamente este intento y, como usted y todos los demás, quedar a
resultas de esta experiencia, ofreciéndole como siempre hemos hecho
--desde nuestra actitud crítica cuando creemos que es conveniente
criticar, pero, asimismo, desde nuestra actitud responsable--, cuanta
colaboración tengamos que poner encima de la mesa con los demás para algo
tan importante como es el servicio público de la seguridad ciudadana.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Barrero tiene la
palabra.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Director General, mi grupo se une a todos
los que hasta ahora, como no puede ser menos, le han dado la bienvenida y
han agradecido su presencia en la Comisión, y la información dada.
Resulte escasa o no, sin duda alguna, es una información que da usted en
sede parlamentaria, a instancia propia, y, por tanto, debemos mostrar
nuestro agradecimiento por este motivo. Uniría mi voz a la de los dos
portavoces anteriores en el sentido de que echamos de menos que en la
subcomisión ad hoc, que esta Cámara tiene para conocimiento del nuevo
modelo o para la profundización del antiguo en el nuevo modelo policial,
hubiera sido objeto también de debate, incluso de una información quizás
más profunda sobre el tema que le trae a usted aquí.
En todo caso, mi grupo quisiera mostrar --a la espera también de que en
esa sede se pueda ampliar esta información y hacer un seguimiento de
incardinación de esta cuestión tan concreta de proximidad con otras
policiales tipo colaboración ciudadana, etcétera--, como usted y creo que
todos los grupos, una importante preocupación por la seguridad. Siempre
ha sido así. Mi grupo parlamentario siempre lo ha hecho. Ha distinguido
la persecución del delito y lo ha sumado también a la persecución de las
causas por las que éste se comete. Quizá ésa sea una vía de
diferenciación entre una forma de entender la prevención o la represión
policial y la forma que tenemos los socialistas de hacerlo; se debe
perseguir el delito, al delincuente y a las causas por las que un
ciudadano se convierte en un delincuente, comete un delito y, por tanto,
añade un plus de inseguridad al resto de los ciudadanos.
Es cierto que los últimos datos --no estoy muy seguro de que sean de los
dos o tres últimos años, en todo caso sí del último año-- muestran una
especial preocupación de todos los ciudadanos españoles por la seguridad,
hasta tal punto que creo recordar que es su segunda preocupación en
términos de sondeos, sólo superada por el paro, que es el 80 por ciento
de los ciudadanos, y la seguridad, aproximadamente algo más de un 30 por
ciento. Compartimos esa preocupación. Otra añadida, de la que no ha
hablado --quizá no sea éste el momento oportuno--, son unos datos que nos
preocupan, que usted remitió a este Parlamento a preguntas de un Diputado
de Granada, el señor Estrella, según los cuales en el último año se había
incrementado incluso la inseguridad como consecuencia del aumento de los
pequeños delitos contra la propiedad, como los robos, concretamente, los
robos en vehículos, tirones, etcétera.
Insisto, no le voy a pedir información --si no la tiene-- sobre sus
causas, pero es un plus de preocupación que nosotros tenemos.
Señor Director General, excluimos, como usted comprenderá, que su
comparecencia sea consecuencia de una compensación, a través de la
imagen, del marketing, de la preocupación que tenemos todos con los
sondeos. El decirlo no es sino para excluirlo, no es la vieja táctica
dialéctica de decir una cosa para que quede; es realmente para excluirla,
así lo creo. Tengo que decir que nos preocupa algo. La información que
nos ha dado no concreta excesivamente determinados marcos teóricos en los
que venimos moviéndonos ya en el Parlamento desde hace un tiempo. Usted
recordará que ya desde el año 1983, incluso antes de la aprobación por
este Parlamento de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se iniciaron
unos primeros contactos de unidades para conocer demandas de los
ciudadanos que dieron lugar, entre otras cuestiones, a hacer un
diagnóstico mínimo, que tuvo un cierto reflejo también a la hora de
arbitrar medidas que este Congreso aprobó en forma de Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. En el año 1987, con diagnósticos parecidos al que
usted con acierto ha señalado en su intervención, se crean los grupos de
prevención de la delincuencia, con ese ánimo de cercanía al ciudadano y
de prevención y persecución de delitos que generan lo que usted ha venido
en llamar la inseguridad subjetiva; aquel delito pequeño que
objetivamente, a efecto de datos, no parece que mueva a preocupación
policial, pero que, sin duda, atajarlo significa crear un movimiento de
tranquilidad o de paz en el ánimo ciudadano.
En el año 1995, algunos diagnósticos de los que usted ha hablado daban la
impresión de que eran consecuencia del llamado plan de libertad y de
seguridad, que ya en aquel año se realiza por el Gobierno anterior. No me
parece mal, no lo digo como una crítica, ni siquiera para rebajar el
trabajo que hayan plasmado en un papel usted y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Lo que me preocupa es que haya algunas variaciones, con
referencia a los objetivos, que me mueven a solicitarle alguna
explicación. El plan de libertad y seguridad intentaba, sin duda,
incrementar esa seguridad en las calles que tranquilizara y paliara la
seguridad objetiva y la subjetiva. Creo recordar incluso que en él por
primera vez se intentaban definir ambos conceptos de seguridad. En esa
labor preventiva, que no es otra que la que usted nos ofrece,
fundamentalmente preventiva, uno de los objetivos era el incremento del
número de vehículos patrulla, siempre que presupuestariamente fuera
posible; las patrullas en moto, fundamentalmente dirigidas, si no
recuerdo mal, a sitios con dificultad de tráfico; la posibilidad de
ampliar este tipo de patrullaje --si se puede decir así, no sé si en
español existe esta palabra-- a la patrulla a pie en zonas peatonales.
Este era el objetivo de ese plan, que sólo se llevaba a cabo, como bien
sabe usted, en algunas zonas, en unas con éxito y en otras con escaso
éxito.
Una de las preguntas precisamente viene motivada por esto. Por lo que he
podido entender, usted ha variado este objetivo --entiendo que pueda
considerar su modelo más audaz-- en el sentido de programar alrededor de
22 ciudades con 22 comisarías en las que se haría la patrulla en moto y
con un solo policía. No digo si es mejor una que otra, me consta que hay
teorías para todos los gustos, pero hay algo que me preocupa y que
quisiera poner de manifiesto. Algunos especialistas consideran que el
hecho de patrullar de manera individual tiene la dificultad de la
vulnerabilidad de la persona que patrulla, sobre todo, como es lógico,
cuando está solo, y también que en muchas ocasiones crea un cierto
equívoco, una situación de inhibición del policía que, presenciando algún
acto cometido por un grupo de delincuentes, no puede poner freno porque
la situación es prácticamente de incapacidad como consecuencia de su
situación aislada, lo que lógicamente puede llevarle al ciudadano que lo
presencia a considerar de manera muy negativa una actitud que él
considera pasiva, cuando realmente es una actitud de imposibilidad. Este
tipo de dificultades era lo que llevaba a algunos --insisto en que hay
teorías para todos los gustos-- a pensar que patrullar con una sola
persona y en moto podía provocar situaciones de inhibición y de
vulnerabilidad en el policía que lo realizara. Me gustaría que me
contestara a través de qué análisis han llegado a la conclusión de que
ésta pudiera ser la forma más correcta de realizarlo.
Me produce también una cierta preocupación, de la que quiero advertirle,
el que la teoría de la cercanía y de la colaboración con el ciudadano, en
la que estamos absolutamente de acuerdo, se rompería fácilmente si
tenemos en cuenta que el policía que va lo hace de manera motorizada y de
uno en uno. Otra de las consecuencias, no sólo la vulnerabilidad, podría
venir dada porque esa cercanía que se busca parece de carácter menor en
una persona motorizada. Me imagino que también lo habrán pensado y me
gustaría que me comentara algo sobre esta cuestión.
Habla usted de policía de barrio, pero no ha dado una respuesta clara. Ha
comentado --cosa que parece bastante evidente-- que la policía de barrio,
como está uno acostumbrado a ver en Gran Bretaña, es más la policía
local, pero lo cierto es que en el modelo policial siempre se habló de
ella. Incluso en el borrador con el que está trabajando en estos momentos
el Gobierno se habla de policía de barrio o policía de proximidad,
entendiendo por la primera --creo recordar-- un poco más la policía local
y, por tanto, más en el ámbito de las comisiones de seguridad local,
coordinándola con ellos, y la de proximidad más dedicada a la policía más
técnica o profesional. Me gustaría saber si ustedes ya han descartado la
policía de barrio para los que pudiéramos considerar más profesionales y
dejarla en el ámbito de la policía local, ciertamente incardinada en los
consejos o dentro de la interconexión entre el 091 y el 092, que era otro
de los proyectos del ya tan repetido plan de libertad y de seguridad.
Me gustaría conocer, si es posible y si estamos en el ámbito correcto
--creo que sí lo estamos porque, al fin y al cabo, los ciudadanos de las
ciudades que usted ha comentado van a conocerlo dentro de poco--, las
ciudades y a las comisarías, aunque no sea con el nombre, porque eso me
produce menos preocupación; cómo han hecho el baremo, porque no he creído
entender que haya profundizado en esto; qué baremos han usado para tomar
la decisión de 22
comisarías, 22 ciudades, etcétera. Dicho de otra manera, nos gustaría
saber si se compensa la posible vulnerabilidad del policía aislado con el
hecho de que, al ser una decisión experimental, se escogen barrios sin
especial preocupación por la seguridad. Es decir, no se escogen barrios
tipo Costa del Sol, Marbella o Algeciras, donde posibles colectivos
duros, si no mafias, en el tema de la delincuencia pudieran dificultar la
labor de este personal y hacerla, por lo tanto, más vulnerable. Asimismo,
queremos saber si se ha empezado, en esta labor de aproximación, a
escoger barrios más preocupados por la seguridad subjetiva que por la
seguridad objetiva, es decir, más preocupados por tranquilizar al
ciudadano que por los datos a través de los cuales se puede poner de
manifiesto que ese barrio o ciudad tiene enormes dificultades de
seguridad.
Para terminar, señor Director General, algo que mueve a la preocupación
al señor Mardones y a aquellos que tenemos nuestra residencia en zona
turística, concretamente en Andalucía, es que el último verano se limitó,
por las razones que fueran --y no es el momento ahora de hacer un debate
sobre esta cuestión--, la presencia de la policía en zonas turísticas con
flujo poblacional de unos meses cortos, donde se ha seguido, lógicamente,
incrementando la fuerza policial, pero con un nivel menor que en otras
épocas.
Estamos hablando no sólo de la cercanía geográfica, sino también de la
cercanía poblacional, es decir, el policía que se acerca al ciudadano
allá donde va. Ese flujo de ciudadanos que pasa de estar en ciudad en la
época de invierno a estar en zona turística en la época de verano, debe
llevar también a una reflexión. Junto con esa decisión de cercanía,
quisiera preguntarle si han pensado en realizar esas decisiones
experimentales, como S. S. ha dicho, en estas zonas costeras en las que
el incremento de la delincuencia, aprovechando el aumento de la
población, es mayor en las épocas de verano.
No tengo más que decirle, señor Director General. Quiero reiterarle el
agradecimiento por su presencia, e insistir en que nos gustaría que este
tipo de cuestiones, si quiere de manera más tranquila, más reflexiva, con
más tiempo, pudiéramos plantearlas en la subcomisión del modelo policial,
con el fin de incardinarlas en el modelo global que a todos nos preocupa.
Esperamos, como usted, que tenga éxito esta variante de policía de
cercanía o de aproximación, con la esperanza de que me conteste a las
preguntas concretas que le he realizado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Quiero agradecer, como han hecho todos los
portavoces de los grupos parlamentarios, la comparecencia, a petición
propia, del señor Director General ante esta Comisión, lo cual redunda en
la línea ya señalada en su momento por el Ministro del Interior, en orden
a la voluntad de que exista una comunicación permanente, un flujo de
información y una transparencia, en todo caso, en las relaciones entre
esta Comisión parlamentaria --en definitiva, el Parlamento-- y los
proyectos y políticas concretas del Ministerio del Interior porque,
básicamente, esas políticas hacen referencia a un binomio que está en el
eje de nuestro debate y de nuestra preocupación como representantes de
los ciudadanos, que es precisamente el binomio libertad-seguridad.
Entendemos esta comparecencia del señor Director General ante el
Parlamento inscrita en el contexto de la actuación que viene realizando
la Dirección General para explicar directamente a los ciudadanos, por una
parte, y a los profesionales de la policía por otra, como viene haciendo
el Director General en las últimas semanas, los contenidos, el alcance y
el desarrollo de este plan experimental de policía de proximidad.
En el contexto de esta intervención hay una referencia que se debe hacer
y que, por obvia, no está de más recordar, esto es, que la seguridad es
siempre una aspiración, que en sus resultados es relativa porque nunca
puede ser plenamente colmada. A partir de lo dicho, no está de más
establecer como elemento de referencia, precisamente para definir
fórmulas experimentales, el que se ha querido hacer y el que se ha tomado
en orden a este proyecto, esto es, la referencia de la inseguridad como
apreciación subjetiva. Decimos esto porque ofrecer datos objetivos de
seguridad es posible siempre a través de las estadísticas delictivas,
pero afirmar, dicho sea sin ánimo polémico, que cada vez son más los
delitos que no se denuncian, es, en todo caso, una afirmación difícil de
contrastar.
No se concibe --no lo concibe el Grupo Parlamentario Popular, ni por
nuestro conocimiento de la realidad ni por nuestro conocimiento de lo que
es el animus profesional de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado-- cómo se ha podido decir en algún momento, sin
mayor carga de fondo, que estos profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado pueden desanimar a los ciudadanos a desistir de la
acción que les corresponde para colaborar con la justicia, porque sin esa
acción ciudadana individual, es decir, sin el hecho iniciador que supone
la presentación de la denuncia, se facilita la impunidad misma del
delito, y no está nunca en el ánimo profesional del policía facilitar ni
directa ni indirectamente la impunidad del delito.
Yo quisiera tranquilizar a algún portavoz --y permítame la afirmación que
pretende ser liviana en la forma, pero, desde luego, muy contundente en
el fondo--, porque si este Director General de la Policía no tiene un
complejo es el denominado complejo de moqueta. Quienes le conocemos bien
nos basta referirnos como argumento de autoridad simplemente a su agenda
para afirmar, con datos contrastables, que éste es un director general
que se pisa la calle, que se pisa las dependencias policiales y que habla
y escucha a los profesionales bajo su mando; cuestión que no es mérito
especial de este Director General, sino que está esencialmente inscrito
en la función misma que como tal tiene que desarrollar, y que desde luego
este Director General lo desarrolla.
Ha habido una afirmación del señor portavoz del Grupo Socialista al
comienzo de su intervención que nos ha sorprendido y que él mismo ha
matizado al final de dicha intervención, de manera que no vamos a hacer
una especial
referencia. Sí quiero simplemente apuntar, a efectos del conocimiento de
las señoras y señores diputados que no tengan una relación directa con
este asunto y también de los medios de comunicación, que el señor
portavoz del Grupo Socialista decía que echaba de menos que el señor
Director General de la Policía no hubiera planteado este asunto, o se
hubiera podido hablar con más detenimiento de él en el marco de la
subcomisión del modelo policial que se ha puesto en funcionamiento en
esta Cámara. Al final de su intervención, el señor portavoz del Grupo
Socialista ha precisado mucho más el alcance de esa afirmación, y en ese
sentido no tenemos nada que objetar. Simplemente deseo recordar que esta
subcomisión está en este momento iniciando sus trabajos. En esta semana
misma tiene que señalar la relación definitiva de comparecientes. Desde
luego todos los grupos, pero especialmente el Grupo Parlamentario
Popular, hemos pedido no sólo la comparecencia ante ella del Director
General de Policía y de la cúpula del Ministerio del Interior, sino, amén
del propio Director General de la Policía, de todos aquellos
profesionales --subdirector general operativo, comisario general de
información, comisario general de policía judicial, comisario general de
seguridad ciudadana, etcétera--, que pueden y deben aportar su criterio
en relación con la propia definición del modelo pero, naturalmente
también, como parte de la valoración de este plan experimental que ahora
se pone en funcionamiento. De manera que en el seno de esa subcomisión
podremos hablar mucho y en detalle y desde diferentes perspectivas de lo
que hoy es el objeto de esta comparecencia, que nosotros lo entendemos en
términos de consideración capital hacia el Parlamento, de apunte de
información de un plan experimental que ahora se inicia, no agotando este
acto parlamentario los sucesivos actos parlamentarios que como es
natural, en relación con este asunto se deben prolongar en el tiempo y
que, desde luego, con iniciativa del propio Grupo Parlamentario Popular
se reiterarán.
A la hora de formular una consideración en orden a lo que este plan
experimental de policía de proximidad significa, habría que hacer una
síntesis de lo que este modelo supone en relación con modelos anteriores
y, fundamentalmente, en relación con el denominado plan de libertad y
seguridad ciudadana concebido, articulado y puesto en práctica por el
anterior Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular no pretende prejuzgar
el que este plan sea mejor o que el otro sea peor, sino que parten de
naturalezas distintas. El anterior plan, denominado de libertad y de
seguridad ciudadana, tenía como motivación esencial dar una respuesta de
reducción en el tiempo de intervención policial a partir de la llamada
del ciudadano. Tenemos que reconocer que, efectivamente, desde esa
concepción del plan, se produjeron resultados positivos, pero ésa era la
naturaleza misma y la función del plan: producir una reducción en la
capacidad de intervención y respuesta policial, una vez que se había
producido el delito. Sin embargo, este plan de proximidad en sus
contenidos en este momento, esencialmente experimentales, pretende, sobre
todo y ante todo, formular una estructura preventiva, una estructura de
evitación del delito a partir de un concepto muy elemental, un intento de
implicación y de implicación profunda del policía con el tejido social en
el que tiene que desarrollar su labor preventiva y su labor profesional.
¿Orientado todo ello a qué? Orientado, como ha señalado el señor Director
General de la Policía, a corregir una percepción subjetiva de
inseguridad, concepto de percepción subjetiva de inseguridad que se tiene
que poner necesariamente en relación con la formulación previa que yo
señalaba al comienzo de mi intervención en orden precisamente a concebir
la seguridad, porque está en el orden natural de las cosas siempre como
una aspiración dinámica, como una aspiración que en el todo no puede ser
plenamente colmada.
Nosotros entendemos que la sustitución de ese modelo de patrulla
tradicional puesto en práctica en los últimos tiempos, a partir de una
sustitución del modelo de policía de pie o de calle por el modelo de
policía de patrulla con soporte en vehículo, puede ser buena precisamente
para poder acercarse a los fines propuestos. Evidentemente, la aparición
del vehículo como soporte de la patrulla genera innumerables ventajas,
pero también puede generar --y quizá la experiencia haya apuntado algo en
ese sentido-- un alejamiento entre el ciudadano y la policía en su
relación habitual de servicio. Creemos, por tanto, que ahora con el
modelo que se pretende experimentar en cuanto a una reducción de la zona
sobre la cual el policía concreto debe desarrollar su labor y con una
variación en el soporte técnico de la misma, la sustitución del vehículo
por la moto, se pueden conseguir determinados resultados. En primer
lugar, conviene señalar --y desde la perspectiva del policía, desde la
perspectiva del profesional, esto se tiene que tener muy claro y deben
tenerlo claro también el conjunto de los ciudadanos-- que este modelo no
pretende situar al policía que va a prestar servicio en una situación
aislada casi de Robinson Crusoe de la seguridad; por el contrario, en el
diseño del plan experimental se prevé que el policía sea quien ejecute
esa relación directa con el ciudadano, pero que haya toda una estructura
escalonada de atención precisamente a ese policía que presta el servicio
inmediato, no solamente para la, entre comillas, protección del policía
en la prestación de su servicio, sino también para garantizar de una
forma mucho más intensa que una vez que se produzca una determinada
acción que no pueda ser, por su naturaleza, por la naturaleza de la
acción de los delincuentes que supuestamente intervienen en ella, del
hecho delictivo mismo, que no pueda ser, digo, inmediatamente atendida
por el policía en concreto, se ponga en marcha todo ese sistema de apoyo
con vehículo de zona, etcétera, para dar al policía y al ciudadano la
cobertura imprescindible. En este sentido, sería una percepción errónea
intentar traducir plan de policía de proximidad igual a policía aislado
en la prestación del servicio. Sería mucho más exacto decir: plan de
policía de proximidad igual a policía implicado directamente a través de
una serie de relaciones fundamentalmente sociales y humanas en el medio
en el cual tiene que prestar su servicio acompañado de una estructura de
seguridad escalonada que da protección y apoyo a ese policía en la
prestación del servicio y, por tanto, al conjunto social sobre el cual
ese policía inicialmente
en la base tiene que contribuir a la mejora de las percepciones de
seguridad.
Nos parece esencialmente acorde con las finalidades que se persiguen esas
tres referencias básicas que el director general ha realizado. El modelo
para que sea efectivo tiene que introducir equilibradamente contenidos de
descentralización operativa, con contenidos, sin embargo, de unidad de
acción y, en todo caso, con un adecuado, siempre, señalamiento de
objetivos. Nosotros pensamos que desde estas perspectivas es posible
concebir un modelo de seguridad ordinaria, de seguridad ciudadana, de
seguridad en el minuto a minuto, en el día a día, que pueda basarse en
esos tres pilares que la Dirección General de la Policía ha querido
considerar como elementos instrumentales básicos para poder desarrollar
este plan. Esto es, conocimiento ciudadanos-policías, policías-ciudadanos
para hacer posible un diálogo permanente, para establecer modelos de
cooperación y para definir, entre ciudadanos y policías, policías y
ciudadanos, en virtud de los datos de la experiencia de cada zona
concreta, las necesidades específicas a alcanzar.
Entendemos que hay un contenido esencialmente inteligente en la propuesta
que en este momento el plan experimental de policía de proximidad
incorpora. Porque, efectivamente, hubiera sido muy fácil, señor director
general, intentar hacer de este plan, no una orientación específica de
servicio al ciudadano, sino simplemente una mera ceremonia de imagen,
habiendo escogido, por tanto, zonas especialmente blandas o especialmente
cómodas a efectos de seguridad para definir el desarrollo inmediato de
los resultados iniciales de este plan, de manera que probablemente se
hubiera, entre comillas, quedado muy bien, pero no se hubiera ido al
fondo del asunto. Y nos parece que es elogiable que, para medir
precisamente el alcance, la naturaleza y los posibles resultados de este
plan, se hayan escogido zonas especialmente sensibles, zonas en donde
tanto esa percepción subjetiva de inseguridad como los índices objetivos,
ofrecidos través de las estadísticas delictivas y policiales, hacen
aconsejable definir y prevenir respuestas policiales inmediatas, que, en
todo caso deben ser, como pretende ser este plan, respuestas
esencialmente innovadoras. Además, desde ese elemento de base, desde la
búsqueda no de una ceremonia de imagen, sino de una profundización en el
servicio público policial, desde el carácter innovador de establecer no
una dicotomía, sino una integración en lo posible entre tejido social y
policía, nos parece igualmente hábil para la orientación futura de los
resultados de este plan la definición, como se ha hecho de suficientes
elementos de valoración y análisis permanente para no sólo al final del
plan, sino en los momentos en los que el plan se está realizando, poder
introducir aquellas definiciones correctoras que se estimen más
adecuadas.
En definitiva, nosotros creemos que estamos ante una innovación
importante en la prestación del servicio público policial, una innovación
que se ha de realizar, como señalaba el señor director general, de forma
progresiva, para adecuar las exigencias ciudadanas a lo que debe ser la
prestación del servicio policial conforme a una orientación de lo que, a
su vez, ha de ser la policía del siglo XXI, que entendemos que ha de ser
una policía de anticipación más que una policía de respuesta y una
policía esencialmente implicada con el tejido ciudadano, de manera que
ese propio tejido vea al policía como solamente cabe verlo en una
sociedad democrática, es decir, como elemento partícipe de la aspiración
cívica comunal de libertad y de seguridad y no como un elemento extraño.
En este sentido, todo aquello que pueda servir para romper aquellas
viejas concepciones, que muy acertadamente algún portavoz de otros grupos
nos señalaba y recordaba, todo elemento innovador que pueda romper
aquellas viejas concepciones, es, sin lugar a duda, inteligente y útil.
El reto interno va a ser, señor director general, adecuar de manera
exacta la selección de personal, como se viene haciendo, adecuar una
formación específica, complementaria, para los profesionales que en este
momento vayan a incorporarse a este plan experimental, como se está
haciendo, y desde luego fijar no solamente los términos iniciales, sino
ir desarrollando cada vez más estos parámetros de valoración y
seguimiento del modelo propuesto, precisamente para que el modelo que
pretende vertebrar una policía esencialmente dinámica en la prestación
del servicio, el modelo mismo, sea también esencialmente dinámico a la
hora de establecer los elementos para poder formular un juicio final
sobre el mismo.
Nosotros creemos que hay un gran aval para el éxito de este modelo, para
el éxito siempre con minúscula, porque entendemos que ese contenido de
prudencia al que aludía el señor director general y la voluntad de no
generar excesivas expectativas más allá del realismo son dos condiciones
indispensables; éxito, siempre con minúsculas, en virtud de lo que decía
al comienzo de mi intervención, la seguridad no es un valor absoluto y
que objetivamente se pueda colmar. Pero sí que, a partir de dos
referencias esenciales, la profesionalidad, la indiscutible
profesionalidad de los policías, de aquellos que voluntariamente se han
incorporado a este plan experimental y del conjunto de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía que, aunque no estén prestando servicios
en el plan experimental, por la propia prestación de sus servicios,
permiten completar y apoyar los resultados del plan, la profesionalidad
de los policías y, en segundo lugar, la buena acogida, y basta referirnos
a elementos de opinión contrastables que se han producido en las últimas
semanas, la buena acogida ciudadana a este plan, van a permitir en todo
caso que pueda andar, y que pueda andar bien, la búsqueda de los
objetivos señalados.
En definitiva, señor director general, estamos absolutamente seguros de
que vale la pena considerar el plan en su aspiración esencial de
introducir un elemento de innovación en la concepción del servicio
público policial y de acercar el policía al ciudadano y el ciudadano al
policía en ese entendido básico que el Ministerio del Interior, a partir
del 25 de junio de 1996, fecha de la primera comparecencia del señor
Ministro ante esta Comisión, señaló como una definición de principios,
que la seguridad no puede ser tan sólo una tarea profesional de unos
pocos, sino que, siendo una tarea profesional de unos pocos, de los
funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es y tiene que ser
también, siquiera intelectualmente, una tarea de todos, una tarea de todo
el cuerpo social.
Nosotros estamos convencidos de que en el seno de esta Comisión de
Justicia e Interior, y desde luego en la subcomisión del modelo policial,
vamos a tener oportunidad de contar en repetidas ocasiones con su
presencia, señor director general, para hablar de estos y de otros muchos
temas. Hoy, simplemente nos queda felicitarle por haber querido impulsar
un modelo de renovación y haberlo hecho además sin alharacas y sin
intentar detenerse en puros presupuestos de imagen, porque sabe bien el
señor director general que la imagen conduce al final a la melancolía. El
esfuerzo para que esos contenidos de innovación que está haciendo la
Dirección General de la Policía sean contenidos con solvencia, sean
contenidos con algo que aportar para el futuro de la policía española y
de la seguridad en este país, es un elemento a valorar, porque desde esa
innovación del servicio público policial, al final, se está sirviendo,
sin lugar a dudas, también a la libertad y principalmente a la libertad.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas por los
distintos portavoces y para hacer las precisiones que estime conveniente,
tiene la palabra el Director General de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Señorías, voy a
intentar resumir un poco el tema, ya que nos quedan muchas preguntas más.
Yo creo que un tema importante en las distintas ciudades en que viven SS.
SS. es que el proyecto comenzará a ponerse en marcha en un plazo breve y
podrán ustedes verlo en la realidad. En Madrid hay tres barrios donde se
ha puesto en marcha, el barrio de Entrevías, el barrio de Usera y el
barrio de Chamberí, y si ustedes lo estiman oportuno, estoy dispuesto a
acompañarles, a su Comisión o al Diputado que lo desee, pisar la calle,
como decía el señor Castellano, y ver la realidad. La idea que ha movido
a la Dirección General de la Policía, como les explicaba, en este
proyecto, es que tenemos que avanzar en esa realidad de la seguridad
ciudadana de nuestro país. No toda la policía, lógicamente hay zonas, por
decirlo de alguna manera, con una delincuencia muy concreta, como alguna
que han citado, en la que ese tipo de delincuencia se investiga por parte
de la policía judicial y se realizan las operaciones pertinentes; o en
caso de una delincuencia ya más pronunciada, por grupos especializados de
la policía.
Su señoría preguntaba las ciudades por las que se ha optado. Son todas
las ciudades del Mediterráneo, más Madrid y algunas ciudades de Galicia y
la cornisa Cantábrica. En esas ciudades donde se ha puesto el proyecto en
marcha es donde estadísticamente se comete más del setenta por ciento de
los delitos menores de España. Dentro de esas ciudades, se han elegido
comisarías distintas. Como he dicho, en Madrid se ha decidido que sean
dos comisarías de la periferia con un tipo de delincuencia determinada,
desde el punto de vista de lo que se entiende relacionado con el menudeo
de droga, que es el tirón que el señor Castellano anunciaba, y, en el
caso concreto de la comisaría más céntrica, la problemática, aparte de
ese pequeño delito del tirón, está en reventar pisos y en cosas
similares. Se ha intentado hacer una especie de muestreo de distintas
comisarías en aquellas ciudades donde más problemas existen en
delincuencia. Es cierto que esto se hace solamente, como he dicho antes,
en el diez por ciento de las comisarías. Los planes diseñados
anteriormente, de prevención de la delincuencia, de atención al ciudadano
y otros se siguen manteniendo idénticamente igual, y se hace así porque
yo creo que tenemos que cambiar las cosas progresivamente cuando tengamos
certeza de que lo que estamos cambiando va a ser mejor. Esta Dirección
General, este Ministerio, no pretende implantar ningún plan, sino que lo
que queremos hacer es un proyecto, proyecto que ha sido diseñado por
personal experto de la policía, que ha cambiado impresiones con los
ciudadanos y los inspectores que lo tienen que llevar a cabo y ahora hay
que empezar a construir desde los cimientos. ¿Quién tiene que construir
el proyecto? Básicamente, el policía de base, que está realmente en la
calle. El es quien más aportaciones tiene que hacer al proyecto, porque,
aunque el director general pise la calle, quien realmente la pisa día a
día es el policía que está en el barrio correspondiente.
La problemática del patrullaje individual o con pareja, como pueden
comprender, ha sido uno de los debates con más profundidad para su puesta
en marcha. Las dudas que ustedes tienen también las tenía este director
general; considerando los pros y los contras, ni está claro las ventajas
de una cosa ni las desventajas de otra, pero al final hay que inclinarse
por alguna de ellas y, puestos todos los temas sobre la balanza, se pensó
que si uno de los ejes básicos es la integración del policía con los
ciudadanos, habitualmente se integra mejor una persona hablando con los
ciudadanos que dos. Es uno de los detalles. No vamos a entrar ahora en
todo el estudio que se ha llevado a cabo. Esto no quiere decir que el
planteamiento sea idóneo o no lo sea. Vamos a verlo, y vamos a verlo
todos, que es lo que les decía a ustedes; vamos a verlo desde la
dirección general y también con SS. SS. Y por parte de la dirección
estamos dispuestos a cambiar, porque el eje básico del tema, más que si
uno o dos policías, es la integración de ese policía en la realidad
social de su barrio. El eje básico está en que, para su encargo de
patrullaje, esté en las mismas manzanas todos los días, el eje básico
está en que, al conocer él al ciudadano y que el ciudadano le conozca a
él, sea más ventajoso para poder averiguar esos trileros que comentaba el
señor Castellano. Otro problema es la legislación que nos ampara para
quitar al trilero, que es otra cuestión en la que podemos entrar en
debate, en la que también habría que profundizar, porque en algunos casos
la impotencia de ese policía es una realidad.
Este plan, como les anunciaba al final de mi intervención, también
pretende dar un mejor servicio al ciudadano en las denuncias. Siempre
existen opiniones; yo creo que no son como la opinión pública dice pero
posiblemente ha podido haber algún caso en que el policía haya podido
decir: ¿para qué denuncia usted? Lo que nosotros pretendemos es todo lo
contrario, pretendemos explicar a los ciudadanos que deben denunciar, y
debemos facilitarles que denuncien, si es posible hasta por teléfono.
Este es un plan que la Dirección General pretende poner en marcha en la
segunda quincena de septiembre en aquellas comisarías donde esté el plan
de policía de proximidad, para que el ciudadano pueda denunciar desde
telefónicamente, en la medida de lo posible, hasta ante el policía que
está en su calle, cualquier delito. Yo no sé si las encuestas son ciertas
o no, pero según las encuestas parece que alrededor del 40 por ciento de
los delitos menores no se denuncia y lo que nosotros pretendemos quizás
esté en contra del planteamiento estadístico. Si nosotros facilitamos una
mejor denuncia del ciudadano, correremos el riesgo de que nos pueda
aumentar la estadística de la delincuencia. Si funcionamos bajo el punto
de vista estadístico, políticamente podía ser un error, pero yo creo que
aquí no estamos para hablar de estadísticas, sino de seguridad y de
servicio al ciudadano, y ese servicio al ciudadano lo tenemos que
facilitar, aunque nos aumenten las estadísticas, haciendo que no pierda
tiempo en las comisarías, que su denuncia sea rápida y eficaz y que eso
funcione. Y eso lo vamos a intentar comenzar a hacer también en un plan
experimental en las mismas comisarías del proyecto del que les hemos
hablado.
En cuanto a la diferencia respecto a la policía local o el Cuerpo
Nacional de Policía con respecto a la policía de barrio, muchas ciudades
españolas han comenzado el proyecto de policía de barrio por parte de las
policía locales. En unos sitios se ha desarrollado favorable y
positivamente y en otros, quizás no tanto. Nosotros creemos que lo que
tiene que hacer el Cuerpo Nacional de Policía es intentar sumar los
esfuerzos de todos los policías y, por esa razón, no se trata de poner lo
mismo que otro esté poniendo. Podríamos verlo más en profundidad, pero la
idea es hacer algo distinto, algo diferente. Porque a lo mejor el policía
de barrio tiene como misión, por sus competencias como ayuntamiento, los
bandos y ordenanzas y una serie de trabajos, y nosotros, como complemento
a él y en colaboración estrecha con él, podemos dar una seguridad mejor
al ciudadano y un servicio mejor respecto a todo lo que les explicaba
sobre las denuncias y las atenciones que podamos prestar.
Voy a ver si me queda alguna cosa que ustedes me hayan podido plantear y
que yo, en este intento de resumen rápido, me haya dejado. El tema del
motorizado o a pie. El eje básico, cuando se optó por motorizar a este
policía, tenía tres finalidades primordiales --el orden de los factores,
como se suele decir, en este caso tampoco altera el producto; cuando digo
primero y segundo no se refiere a que sea más importante una cosa u
otra--: primero, el desplazamiento desde la comisaría al distrito donde
realiza su servicio; segundo, que pueda patrullar más veces por el barrio
que tiene encomendado, y tercero, o primero que su relación con el
policía de al lado, que nunca está a más de quinientos metros de él, sea
totalmente próxima. Está técnicamente estudiado, con el fin de que ese
policía tenga a su compañero muy próximo, su compañero en dos fases: el
compañero de la otra moto, que está tres manzanas o tres calles más allá,
más sus compañeros de los coches patrulla, lo que hasta ahora venimos a
llamar atención al ciudadano o prevención de la delincuencia, que en ese
distrito --por eso se trata de descentralizar totalmente el tema-- estén
totalmente unidos y próximos al policía que está actuando, con el fin de
que, en la medida de lo posible, las actuaciones graves nunca las realice
un funcionario solo. Así se les ha formado y así se les ha indicado. Este
es el planteamiento de este tema.
Como resumen, les diría, primero, que probablemente con este servicio
aumenten los índices delincuenciales de las zonas donde se ha implantado.
Es un hecho que nos puede ocurrir, porque, si facilitamos a la gente que
denuncie más, ese índice puede subir, pero desde la Dirección lo asumimos
muy gustosos, porque creo que eso es bueno y positivo. Segundo, yo
discrepo del señor Castellano, a mi me parece que el ciudadano español
--yo por lo menos estoy viviéndolo en alguno de los barrios donde está
implantándose la policía de proximidad-- está en estrecha colaboración
con el policía. Si eso no lo conseguimos, el proyecto ha fracasado, pues
en el eje básico del proyecto está la relación. Había un buen trabajo
realizado por el Cuerpo Nacional de Policía desde hace un año, que era en
cada comisaría un responsable de contactos ciudadanos. Eso ha sido la
base para poder iniciar este proyecto, ha sido positivo y conveniente, y
ahora se trata de que, en vez de un comisario en contactos ciudadanos en
cada comisaría, en cada zona, en cada manzana, haya un policía. Esa es la
finalidad del proyecto. Y discúlpenme, pero, pregúntenme, si hay alguna
cosa que se me haya quedado en el tintero. (El señor Castellano pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Para una precisión muy concreta, el señor Castellano
tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Es concretísima, señor Presidente. El
señor Gil Lázaro, al defender apasionadamente al señor Cotino, ha abierto
un turno con respecto a otros grupos parlamentarios; yo no quiero caer en
descortesía y por eso le voy a dedicar simplemente algún comentario. Ha
habido un momento en que he estado a punto, señor Presidente, de pedirle
que se abrieran las ventanas, porque yo no veía ya al señor Director
General de Policía; el botafumeiro ha funcionado de tal manera que había
una nebulosa que me impedía verle. Yo diría más, en esta comparecencia la
modestia del señor Cotino ha servido para ensalzar el triunfalismo del
señor Gil Lázaro hasta unos extremos insospechados.
En todo caso, quiero decir que yo no le he achacado precisamente al señor
Cotino que pueda tener el complejo de moqueta; he dicho que cabe la
posibilidad de que en ciertos cargos se dé ese complejo. Lo que ocurre es
que, en su ardor defensivo, el señor Gil Lázaro ha creído que le aludía.
En cualquier caso, yo le voy a decir a usted una cosa: si efectivamente
esa policía que podemos llamar la policía próxima, la policía de la moto
o la policía de barrio, nos defiende tanto como el señor Gil Lázaro le
defiende a usted, yo estoy absolutamente convencido de que esto es un
éxito ya. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, pero no abra un nuevo debate.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente. Sólo quiero señalar que en modo
alguno habíamos malentendido, sino entendido muy bien la intervención del
señor portavoz de Izquierda Unida, que sabe que guardo hacia él no
solamente un profundo afecto, sino profunda admiración personal. En todo
caso, comprenderá el señor portavoz de Izquierda Unida que quedaba feo
que el señor Director General pudiera esgrimir como argumento que él no
está sometido a ningún género de complejo de moqueta y que era más
adecuado que otros lo dijéramos por él, no en términos triunfalistas ni
exculpatorios, sino simplemente haciendo un apunte exacto de su realidad
personal y política.
Por lo demás, yo creo que no he empleado ningún tono triunfalista a la
hora de valorar este plan. La intervención del Grupo Parlamentario
Popular se ha ceñido a lo que es la naturaleza del plan: simplemente, en
estos momentos, un intento, un intento que entendemos positivo, de
innovación del servicio y de la concepción policial, precisamente para
establecer una mayor comunión entre ciudadanos y policías, que es lo
mismo que decir avanzar singularmente en la profundización democrática,
porque es romper aquellos viejos divorcios que muy bien y muy
adecuadamente, como también he dicho en mi intervención, señalaba S. S.
(El señor Barrero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: No le preocupe a S. S., señor Presidente, que yo
solicite la palabra por réplica, no porque no haya notado también una
cierta actitud triunfante en el señor Gil Lázaro, sino porque además no
he entendido la alusión que me ha hecho con referencia a la subcomisión,
pero lejos de mí excitarle ahora para que me lo aclare.
Lo que sí quería pedirle, señor Presidente, al director general, y él nos
ha excitado a ello, es que si puede comentarme algo de una pregunta que
le hice, aunque soy consciente de que no es un tema objeto de la
comparecencia. No sé si se ha hablado de algún cambio en los sistemas
operativos actuales en cuanto a playas, es decir, ciudades cuya población
es fluctuante. Y otra cuestión que yo no he podido escuchar, si lo ha
dicho, es cuándo se inicia el plan.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): En una primera
fase no está previsto desarrollar este plan en las playas, sino más bien
en las ciudades. Lógicamente, hay un plan de verano en playas, del que
gustosamente le podré informar porque ahora no tengo los datos, que es el
habitual que ha venido realizándose con algunos retoques de mandar a la
gente a un sitio o a otro. Sobre cuándo se inicia, está comenzando.
Comenzó en Madrid hace 15 días; en Canarias, hace 10, y va
progresivamente ya que en el plan está previsto, como he dicho,
incorporar unas motos, y, en la medida en que la empresa nos las va
entregando, porque compradas están, va introduciéndose el plan.
El señor PRESIDENTE: Siguiendo con el orden del día, figuraba, a
continuación, la pregunta formulada por el Diputado don Carlos Sanjuán de
la Rocha, sobre operación de desalojo realizada por la Policía Nacional
el día 10 de marzo de 1997 de un centro «ocupado» situado en la calle del
Marqués de Ahumada, de Madrid.
No veo que esté el señor Sanjuán en la sala.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, si fuera posible dejarla hasta
el final de las preguntas programadas para el día de hoy, se lo
agradecería.
El señor PRESIDENTE: Con mucho gusto así lo haremos, con la advertencia,
señor Barrero, de que si no está el señor Sanjuán al terminar la sesión,
daremos por decaída la pregunta.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR CENTELLA GOMEZ (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE VALORACION DEL INCIDENTE OCURRIDO EN LA CIUDAD DE
MALAGA EN EL QUE RESULTARON LESIONADOS DOS CIUDADANOS SENEGALESES.
(Número de expediente 181/000695.)
El señor PRESIDENTE: Me ha pedido el portavoz del Grupo de Izquierda
Unida que a continuación se pudiera sustanciar la pregunta formulada por
el señor Centella Gómez, sobre valoración del incidente ocurrido en la
ciudad de Málaga, en el que resultaron lesionados dos ciudadanos
senegaleses, que es la 695.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Como ha leído usted la pregunta, yo le
reiteraría al señor director general que le solicitamos la valoración de
este incidente ocurrido en la ciudad de Málaga en el que resultaron
lesionados dos ciudadanos senegaleses.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, el día 13 de marzo de 1997
ingresaron en el centro de internamiento de extranjeros de Málaga dos
ciudadanos senegaleses, el primero de ellos en virtud de auto del Juzgado
de Instrucción n.º 3 de Linares y orden de expulsión decretada por el
Gobierno Civil de Vizcaya, y el segundo en virtud de auto del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de Algeciras y resolución de expulsión del territorio
nacional del Gobierno Civil de Córdoba. El día 19 de marzo se produce un
nuevo ingreso de otro ciudadano senegalés en virtud de auto del Juzgado
n.º 6 de Fuengirola y resolución de expulsión
del Gobierno Civil de Málaga. El 20 de marzo ingresaron en el centro de
internamiento citado nueve ciudadanos senegaleses más, contra los que
existía orden de expulsión del territorio nacional acordada por el
delegado del Gobierno de Ceuta y en virtud de la correspondiente
resolución judicial que así lo acordaba. Todas las órdenes de expulsión
se habían adoptado previa la instrucción del correspondiente expediente
de expulsión, de conformidad con la normativa vigente y en todos los
casos las personas ingresadas en el centro de internamiento de
extranjeros se encontraban documentadas mediante salvoconducto expedido
por el Consulado General de Senegal en Madrid.
Las expulsiones de dichos ciudadanos senegaleses fueron programadas en su
momento para ser llevadas a cabo en vuelos regulares de la Compañía
Iberia, con el itinerario Málaga-Madrid-Las Palmas-Dakar, debidamente
escoltados por funcionarios policiales, si bien se produjeron los
incidentes que a continuación se detallan, en relación con algunas
expulsiones. El día 9 de abril estaba prevista la expulsión de tres de
los ciudadanos senegaleses anteriormente mencionados. Sin embargo, debido
a la fuerte resistencia ofrecida por estas personas, la expulsión no pudo
llevarse a efecto. Como consecuencia de esta resistencia se instruyeron
las correspondientes diligencias policiales, que fueron remitidas al
Juzgado de Instrucción n.º 10 de Málaga, a cuya disposición pasó uno de
los tres senegaleses. La autoridad judicial, mediante auto del día
siguiente, autorizó la expulsión del detenido, por lo que fue nuevamente
ingresado en el centro de internamiento de extranjeros a la espera de una
nueva ejecución de la expulsión.
A consecuencia de estos incidentes fueron atendidos en el Centro
periférico n.º 2 de Málaga dos de los ciudadanos senegaleses, sin que,
según los correspondientes partes facultativos, se les apreciara lesión
alguna. En el mismo incidente precisó asistencia facultativa un
funcionario del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Brigada
Provincial de Extranjería y Documentación de Málaga, quien, según parte
médico expedido por el Centro Hospitalario Carlos Haya, presentaba herida
incisocontusa que no precisa puntos de sutura, en primera falange,
segundo dedo de la mano izquierda. Dichas lesiones le fueron ocasionadas
por uno de los ciudadanos senegaleses con una navaja plegable.
El día 11 de abril estaba prevista la expulsión del territorio nacional
de otro de los ciudadanos senegaleses internados en su día en el Centro
de extranjeros de Málaga. La expulsión no pudo llevarse a cabo debido a
la fuerte resistencia y agresividad mostrada por dicho ciudadano, que
hubo de se reingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros. De
dicho incidente se dio cuenta al Juzgado de Instrucción n.º 11 de Málaga.
En dicho incidente resultó con lesiones el ciudadano senegalés, que fue
atendido en la unidad provincial de Sanidad de la Comisaría Provincial de
Málaga, de herida anfructuosa en labio inferior y agitación de carácter
leve. Posteriormente, fue atendido de nuevo en el hospital Carlos Haya,
donde se le apreciaron idénticas lesiones, así como una fractura antigua
del quinto metacarpiano de la mano derecha no tratada; es decir, esta
lesión no guarda relación alguna con los incidentes descritos. En el
mismo incidente resultaron lesionados tres funcionarios del Cuerpos
Nacional de Policía que requirieron la siguiente asistencia médica. El
primero, traumatismo bucal y nasal, así como epixtasis, perdiendo dos
piezas dentarias. El segundo, traumatismo abdominal doloroso. El tercero,
traumatismo en ambos miembros superiores, presentando hematoma en cara
interna del brazo derecho, así como erosión en zona carpiana izquierda.
Como consecuencia de este altercado se instruyó atestado policial
remitido al Juzgado de Instrucción n.º 11 de Málaga. La autoridad
judicial autorizó nuevamente la expulsión del territorio nacional de este
ciudadano senegalés en auto de 21 de abril. En relación con la situación
de este ciudadano, el 21 de abril se intentó de nuevo su expulsión, no
pudiendo llevarse a cabo por la resistencia que mostraba el detenido.
Este nuevo incidente dio lugar a un nuevo atestado policial y a la puesta
a disposición judicial del citado ciudadano, que fue ingresado en la
prisión por resolución de la autoridad judicial, donde continúa.
El día 14 de abril estaba prevista la expulsión de otros dos ciudadanos
senegaleses más, no pudiendo llevarse a cabo por incidentes similares a
los señalados, por cuya razón volvió a intentarse el 23 de abril,
consiguiéndose únicamente la de uno de ellos. El otro ciudadano senegalés
ofreció fuerte resistencia a la expulsión, produciéndose autolesiones al
golpearse con lo que encontraba a su paso, dando lugar a la instrucción
de un atestado y a su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción n.º
11 de Málaga, con acuerdo de ingreso en prisión de este detenido,
situación en la que aún continúa. El día 25 de abril se intentó la
expulsión de dos de los ciudadanos senegaleses que habían protagonizado
los incidentes del 9 de abril y de un tercero, repitiéndose nuevamente
incidentes similares a los detallados, lo que hizo necesaria la
instrucción del correspondiente atestado policial y la puesta a
disposición de la autoridad judicial de todos ellos, quien decretó su
ingreso en la prisión, situación en la que continúan. Dos de estos
detenidos habían solicitado asilo en España, aunque sus peticiones,
previa observancia del procedimiento establecido, no fueron atendidas.
De todos los hechos expuestos cabe concluir que este grupo de ciudadanos
senegaleses que, como se ha señalado, habían sido internados en el Centro
de internamiento de extranjeros de Málaga, con la debida autorización
judicial, procedentes de distintas ciudades, para su posterior expulsión
del territorio nacional, establecieron una estrategia común con el fin de
evitar a toda costa dicha expulsión.
Hay que señalar que la actuación policial en todos estos casos tenía por
objeto únicamente cumplimentar las órdenes de expulsión de los internos.
En el curso de los incidentes, solamente dos de los ciudadanos
senegaleses resultaron con lesiones de carácter leve, mientras que fueron
cuatro los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que sufrieron
lesiones, algunas de ellas de cierta consideración. Todo ello pone en
evidencia que los policías se limitaron exclusivamente a repeler las
agresiones de que fueron objeto y a evitar la posibilidad de autolesiones
de los ciudadanos senegaleses.
En definitiva, hay que concluir que la actuación policial ha sido
correcta y con escrupuloso respeto, como no podía ser de otra forma, a la
normativa vigente y a los derechos de las personas.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor director general, usted nos ha presentado
una versión de los hechos, pero tiene que saber que existe otra versión
de los mismos hechos, que es la que dan los propios afectados, y que
también existe una represión que va más allá del propio incidente.
Como decía, existe otra versión que dice que uno de los senegaleses,
Lamine Mbathie concretamente, que llevaba viviendo más de cuatro años en
España, que venía trabajando en la venta ambulante, cuando estaba en el
aeropuerto de Málaga estaba esposado y fue agredido por la policía, que
le rompió el labio inferior y le desencajó algunos dientes, terminando
con una camisa de fuerza y teniéndole que coser el labio en el mismo
aeropuerto. El otro emigrante había pasado meses en el campamento de
Ceuta y fue trasladado con otros emigrantes bajo engaño a la Península,
pasando horas encerrados en una furgoneta, y algunos llegaron a denunciar
que se habían tenido que orinar encima porque no se les abrió la puerta
cuando llamaban para ello. Repito, este senegalés intentó suicidarse en
el aeropuerto porque dice ser consciente de que en Senegal sería carne de
cañón para la guerra que se sufre en su región y que de esta manera se
convertiría en un instrumento más para matar y para torturar a otras
personas, y él mismo ha declarado que prefiere morir en España a ser
deportado.
Señor Director General, éste es un triste éxito más que se puede apuntar
nuestra sociedad, pero ¿quién va a creer la versión de estos emigrantes
o, mejor dicho, a quién le importa su versión? Nuestra sociedad, nuestra
civilización y nuestra democracia tiene la versión que usted nos ha dado
para tranquilizar la conciencia, pero la realidad es otra. La realidad es
que la aplicación de la Ley de Extranjería está provocando numerosas
situaciones que podemos llamar cuando menos extrañas. Con esta Ley de
Extranjería se han creado los centros de internamiento de extranjeros, y
en concreto el de Málaga es un verdadero almacén temporal de mercancía
humana, circunstancia que ha sido denunciada por el propio Defensor del
Pueblo de Andalucía que lo ha visitado recientemente. Estos centros son
cárceles de hecho, pero no tienen la cobertura legal que tienen las
instituciones penitenciarias. Los internos son privados de libertad por
resolución administrativa sin una sentencia judicial firme, no tienen la
mínima garantía higiénica ni sanitaria, las garantías sociales son una
mera quimera, además de que son vigilados directamente por policías
armados. También en la última expulsión se ha dado alguna circunstancia
que yo resaltaría por lo inusitada que es, y es que se ha llegado a
informar, en una conclusión de un forense, que los individuos de esta
raza frecuentemente tienen debilidad en las encías y que por eso los
dientes se les movían.
Señor Director General, las leyes y la policía no van a poder impedir por
mucho que se empeñen que el 80 por ciento de la población mundial intente
venir al menos a recoger las migajas que se nos caen al otro 20 por
ciento. Ustedes seguirán blindando fronteras, seguirán dejando al margen
de nuestra demócrata civilización a millones de excluidos cuya única
salida es el precipicio. Nosotros le hemos impuesto a todo un continente
una frontera, le hemos incitado al consumo, pero a la vez también le
hemos expoliado sus materias primas y, además, le vendemos las armas para
que se sigan matando en sus guerras, y después nos alarmamos de que
quieran huir, de que quieran venirse a este otro mundo.
Usted, como le decía antes, puede seguir repitiendo la versión oficial de
los hechos, la puede seguir repitiendo una y otra vez cada vez que haya
un incidente con emigrantes, pero yo le pediría que ayudase en concreto a
uno de ellos, al que intentó suicidarse, porque las asociaciones
humanitarias de Málaga trataron de buscar un psiquiatra para ayudarle,
pero se le indicó que era preciso el permiso del juez de Ceuta que dictó
su internamiento, porque parece ser, señor Director General, que cuando
es requerida una atención médica se precisa de este permiso preceptivo,
circunstancia complicada cuando se trata de una verdadera emergencia. En
este caso no era una situación de emergencia, pero no llegó el permiso
del citado juez. Yo le diría que usted intente convencer al ciudadano en
cuestión de que está equivocado cuando dice que prefiere morir en manos
de la policía española a ser carne de cañón y a morir de un machetazo en
su país de origen. Y yo digo que usted tendría que convencerle de que es
mejor que vaya a su país, que muera en su país, porque al menos así
podría tranquilizar a nuestra civilización y podría seguir defendiendo
nuestro sistema democrático y socialmente avanzado.
Usted podrá convencer de su versión y podrán hacerse más preguntas, pero
ante este y ante otros muchos casos que vimos en Málaga, la realidad es
que siento vergüenza y siento indignación con un sistema que genera una
situación en la que hay personas que prefieren suicidarse a vivir en su
propio país. Por esto espero que su versión convenza no solamente a este
Diputado y a este grupo político sino que sobre todo convenza a los miles
de africanos que siguen empeñados en venir a nuestro mundo y que les
convenza, señor Director General, de las ventajas que tiene vivir
miserablemente en sus países de origen, de las ventajas que tiene seguir
muriendo en guerras sin sentido y, eso sí, que se sigan matando con
nuestras armas. Debe convencerles porque si no lo hacen cada vez seguirán
siendo más los que vienen a nuestro mundo a tratar de buscar en nuestra
espléndida civilización una salida y, evidentemente, seguirán
incordiando, sobre todo a su policía.
El señor PRESIDENTE: El señor Director General tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Yo creo que
difícilmente voy a convencer
a esa gente que realmente está padeciendo en sus países de origen las
barbaridades de la guerra, de la pobreza y del hambre; difícilmente este
Director General o usted mismo, si tuviese la oportunidad, podríamos
conseguirlo. Es un poco más complejo que la convicción que yo pueda
tener. Lo que sí le puedo decir es que el Cuerpo Nacional de Policía, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español no pretenden matar, ni
martirizar, ni cometer ninguna barbaridad con ningún ciudadano de ningún
país del mundo. Ese es un hecho real. Si este ciudadano, por las
circunstancias personales, prefería estar aquí a marcharse a su país de
origen, entiendo que prefiriera estar aquí, si no, no hubiese venido. Que
se resistiera a marcharse ha sido un hecho lamentable, pero, lógicamente,
las fuerzas de seguridad, como yo le he informado a usted, tienen que
actuar con el mandamiento de expulsión y eso es lo que hicieron. Si en
ese intento de expulsar a estos señores hubo que bajarles del avión
físicamente en varias ocasiones porque el piloto no quería llevarles por
la violencia que ocasionaban, y hemos visto un poco el resultado final,
ciertamente es un hecho lamentable, pero, como usted puede comprender, la
fuerza de seguridad tenía que actuar en el orden que le correspondía.
--DEL SEÑOR MEYER PLEITE (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE ACTUACIONES PARA ESCLARECER LAS
CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON EL VIAJE CLANDESTINO QUE TRANSPORTABA
PERSONAS, AL PARECER DE ORIGEN MAGREBI, Y CON EL ACCIDENTE OCURRIDO EL
DIA 16 DE MARZO DE 1997 AL VOLCAR UN CAMION CERCA DE FIGUERES (GIRONA).
(Número de expediente 181/000574.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE IMPLICACIONES DEL ACCIDENTE OCURRIDO EL
DIA 16 DE MARZO DE 1997 AL VOLCAR UN CAMION CERCA DE FIGUERES (GIRONA)
CON LA EXISTENCIA DE REDES ILEGALES DE TRANSPORTE DE INMIGRANTES. (Número
de expediente 181/000575.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA
REPRIMIR POSIBLES REDES ILEGALES DE TRANSPORTE DE INMIGRANTES. (Número de
expediente 181/000576.)
El señor PRESIDENTE: A continuación me ha indicado el señor Castellano
que las preguntas que seguidamente figuraban en el orden del día, en
concreto las preguntas con número de expediente 574, 575 y 576 formuladas
por el señor Meyer, por tener relación entre ellas, iban a ser objeto de
una sola intervención.
Para formular las mismas tiene la palabra el señor Meyer.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente, y,
tal y como usted ha indicado, sustituyo en este acto a mi compañero de
grupo don Enrique Meyer Pleite, que ha formulado tres preguntas en
relación todas ellas con un hecho del que nos dieron cuenta los medios de
comunicación y que, aunque pueda parecer una frase hecha o un tópico...
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, S. S. me había indicado que iban a
agruparse las preguntas.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Las tres.
El señor PRESIDENTE: Su señoría me había indicado que iban a agruparlas,
no que las iba a formular su señoría. No obstante, como la contestación
de la Presidencia podía haber dado lugar a esa interpretación, prefiero
la de S. S. que la mía y las puede usted formular, pero que sepa que ya
en anteriores sesiones indicamos que, salvo circunstancias de excepción,
en principio las preguntas tenían que ser formuladas por el Diputado que
las haya planteado. Puede S. S., en virtud de su reinterpretación,
formular la pregunta, pero le ruego que tome nota como portavoz de su
grupo de esa advertencia de la Presidencia.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente. De
haber estado en conocimiento de ese criterio jurisprudencial, no hubiera
osado ni siquiera haber hecho uso de la palabra, pero concédame S. S. el
beneficio de la duda, entre otras cosas porque en otras comisiones no
cuesta muchísimo trabajo que unos compañeros sustituyan a otros. Además,
entienda usted que los grupos que no tenemos la fortuna de tener tanto
respaldo popular, lógicamente somos diputados obligados, no por razones
ideológicas sino por razones pragmáticas, al más duro estajanovismo. En
consecuencia, por esa razón es por lo que le agradezco su amabilidad y
adquiero el compromiso de que no vuelva a producirse un hecho de estas
características. En todo caso, las preguntas están, podemos aprovechar
que yo también estoy aquí, que está aquí el Director General de la
Policía que las tiene que contestar, y con ello iremos descargando el
trabajo de la Comisión.
Repito que estas tres preguntas, a tramitar conjuntamente y con toda
brevedad, tienen su causa o razón en un hecho del que fuimos informados
por los medios de comunicación y que causó en todos los lectores una
situación desagradabilísima, y fue el conocer que con motivo de un
accidentes de circulación, del vuelco de un camión, se había descubierto
que había un auténtico negocio en el transporte de inmigrantes ilegales a
través de nuestro país. Las preguntas tienden, lógicamente, a saber qué
conocimiento tiene de los hechos el Ministerio del Interior, esa
Dirección General de Policía, si efectivamente esto confirma la
existencia de esas redes ilegales, qué conocimiento se tiene de estas
prácticas y, lógicamente, qué medidas se van a adoptar ante la gravedad
de unas actitudes delictivas como éstas, que casi nos retrotraen a la
época de la trata de esclavos en cuanto a las condiciones en que se
produce el comportamiento de todo este
conjunto de bandas organizadas sobre quienes más están necesitados de
protección y defensa y quienes se ven abocados fatalmente a tener que
aceptar esas situaciones si quieren huir de males de mucha mayor
envergadura. Este es, sintéticamente, el contenido de las tres preguntas.
El señor PRESIDENTE: El señor Director General tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Señor
Presidente, señores diputados, ciertamente, fue un hecho lamentable, en
el que se descubrió lo que la policía desde hacía tiempo venía
investigando, que era el tema de distintas vías de penetración de
inmigrantes ilegales en Europa. Una de las vías que se descubrió y que
confirmó las sospechas policiales fue con motivo del accidente del camión
que transportaba a estos inmigrantes. La Dirección General de la Policía
y la Dirección General de la Guardia Civil han venido investigando desde
hace tiempo las redes que se dedican a la inmigración ilegal, y de hecho,
aunque no lo voy a enumerar, en el último año ha habido detenciones
importantes en este terreno, desde gente dedicada a la falsificación de
la documentación, que es el primer paso habitual para ello, hasta
personas que bien en barco, bien en avión, o en camión, como en este caso
lamentable, se dedican a transportar, por un precio elevadísimo, a estos
ciudadanos a Europa. En días anteriores al fortuito accidente, había una
investigación abierta por la policía que dio como resultado la detención
de un individuo que está implícitamente relacionado con este transporte
que llevaba a estos inmigrantes ilegales. Le puedo decir que hoy mismo,
cuando me dirigía aquí, me han notificado que la Jefatura Superior de
Barcelona ha detenido a un ciudadano de 36 años, súbdito egipcio, que se
ha podido confirmar que se dedicaba a dar trabajo para cobrar una
comisión de las personas que traía, especialmente del Magreb, en casas
donde fabricaban tejidos, y gracias a que una de estas personas pudo
conectar con un policía que llevaba una investigación relacionada con
ello, ha podido desmantelarse en el día de hoy esta red y detener a los
responsables máximos de la misma.
Quiero señalar que desde abril de 1996 hasta la fecha, estadísticamente
la policía ha venido trabajando en este campo, pero últimamente lo que se
ha hecho es potenciar más esta acción en aquellas ciudades donde la
inmigración ilegal es más alta o donde puede haber estas personas que se
dedican a explotar indebidamente a estos inmigrantes, tanto en su
introducción en nuestro país, como en la explotación posterior en
trabajos sin darles de alta en ningún lugar. Ello ha supuesto que se
hayan levantado 265 investigaciones, de las cuales se han producido 242
detenidos. Tengo que decir que ha sido un trabajo difícil, porque es muy
complicado, por los idiomas y demás circunstancias, trabajar en este
tema, pero la Brigada de extranjería y documentación ha dedicado un
esfuerzo importantísimo a la investigación de estas personas que se
dedican a explotar, humanamente hablando y en todos los sentidos, a estos
inmigrantes.
El señor PRESIDENTE: El señor Castellano tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Quiero agradecer la información que
nos ha suministrado el señor Director General.
--DEL SEÑOR SANTISO DEL VALLE (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE IDENTIFICACION, COMO FUNCIONARIOS
ESPAÑOLES, DE LAS PERSONAS QUE APARECEN EN LAS FOTOGRAFIAS PARTICIPANDO
EN LA ACTUACION POLICIAL DEL DIA 1 DE ABRIL DE 1997 CONTRA LAS
MANIFESTACIONES DE PROTESTA FRENTE AL TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO Y FRENTE
AL HOTEL DE LA RECONQUISTA DE LA MISMA CIUDAD. (Número de expediente
181/000622.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE DETERMINACION DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LAS CARGAS POLICIALES OCURRIDAS EL DIA 1 DE ABRIL DE 1997 CONTRA LAS
MANIFESTACIONES DE PROTESTA FRENTE AL TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO Y FRENTE
AL HOTEL DE LA RECONQUISTA DE LA MISMA CIUDAD. (Número de expediente
181/000623.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE AUTORIDAD QUE DIO LA ORDEN DE CARGAR
CONTRA LA CONCENTRACION PACIFICA DE CIUDADANOS FRENTE AL TEATRO CAMPOAMOR
DE OVIEDO Y FRENTE AL HOTEL DE LA RECONQUISTA DE LA MISMA CIUDAD EL DIA 1
DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 181/000624.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE RAZONES QUE MOTIVARON LAS CARGAS
POLICIALES OCURRIDAS EL DIA 1 DE ABRIL DE 1997 CONTRA LAS MANIFESTACIONES
DE PROTESTA FRENTE AL TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO Y FRENTE AL HOTEL DE LA
RECONQUISTA DE LA MISMA CIUDAD. (Número de expediente 181/000625.)
--DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE PARTICIPACION DE VARIOS INDIVIDUOS DE
PAISANO EN LA REPRESION DE LA MANIFESTACION PACIFICA DEL DIA 1 DE ABRIL
DE 1997 FRENTE AL TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO Y FRENTE AL HOTEL DE LA
RECONQUISTA DE LA MISMA CIUDAD. (Número de expediente 181/000626.)
El señor PRESIDENTE: Las preguntas 7, 8, 9, 10 y 11, ¿podrían ser objeto
de una sola intervención? (Asentimiento.) Entonces, las siguientes
preguntas, todas ellas planteadas por el señor Santiso, que se
corresponden con
los números de expediente 622, 623, 624, 625 y 626, que corresponden a
los puntos 7 a 11 del orden del día, al versar sobre la misma cuestión
pueden ser objeto de una sola intervención, y para ello tiene la palabra
el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestro grupo ha formulado estas preguntas a
raíz de los hechos que ocurrieron el día 1 de abril en la ciudad de
Oviedo, con motivo de una visita del ex presidente, señor George Busch y
ante la cual un grupo de ciudadanos consideró oportuno concentrarse en
las inmediaciones del teatro Campoamor, donde se iba a celebrar esta
conferencia, calificada por la prensa de paupérrima en sus contenidos,
entre otras cosas porque ha sido financiada por el propio Ayuntamiento
con unos quince millones de pesetas, y aunque no es objeto de la
comparecencia, quiero decir que los ciudadanos también tienen derecho a
expresar su opinión de cómo se gasta su dinero. Este grupo de ciudadanos
se encontró con una zona vallada, que respetó escrupulosamente. Se
produjo una manifestación pacífica, que yo calificaría incluso de
festiva, y tengo documentos gráficos de todo tipo para poder
justificarlo, y la sorpresa es que se produce una carga de la policía
nacional, cuyas razones no conocemos todavía, puesto que en todo momento
la actuación fue pacífica, no hubo ningún intento de rebasar el cordón
policial que estaba marcado con vallas puestas por el Ayuntamiento. En
esa primera carga se producen cuatro detenciones, después de las cuales
se desplaza hasta la comisaría de policía más o menos el mismo grupo de
gente que estaba ante el teatro Campoamor. Nuevamente hay un cordón
policial, porque coincide, como usted sabe muy bien, que la comisaría
está enfrente del hotel de la Reconquista, donde casualmente se producía
también la recepción organizada por el Ayuntamiento de Oviedo. También
hay un cordón policial, también existen unas vallas que son respetadas en
todo momento por los concentrados para pedir la liberación de los cuatro
detenidos. Hay que decir que se falseó la situación, en nuestra opinión,
a los abogados que intentaron interesarse por los detenidos, puesto que
se les dijo que ya habían ido al hospital y estaban todavía detenidos.
Nuevamente se produce una carga, con consecuencias más graves, que
produjo que tuvieran que ser atendidos en el hospital general del orden
de quince o dieciséis personas.
Al mismo tiempo, nos preocupa --y es uno de los motivos de las
preguntas-- que intervienen personas de paisano, que según los
testimonios gráficos no parecen de nacionalidad española y que incluso,
según algunos testigos, daban instrucciones en inglés. Por tanto, otro de
los motivos de las preguntas es conocer quién dio la orden, incluso sin
los toques o avisos reglamentarios, al Cuerpo Nacional de Policía para
cargar, si estaban dirigidos por las propias fuerzas de seguridad
nacionales o si fueron inducidas, de alguna manera, por el servicio de
seguridad del señor Bush, que parece ser que desde el propio hotel
Reconquista tenía montado un dispositivo. Podemos trasladarle, y lo
haremos, una serie de fotografías donde aparecen supuestos agentes de
paisano que nos inducen a tener razonables dudas de que sean de nuestra
nacionalidad, interviniendo directamente en las detenciones y, por tanto,
también quisiéramos aclaración a este respecto. De momento nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): El Cuerpo
Nacional de Policía tuvo conocimiento algunos días antes de la llegada a
Oviedo del señor Bush de que en la plaza de la Constitución existía un
cartel colgado en una finca en el que se podía leer: ¡Bush, asesino! Y
que fue difundido por un diario local con una fotografía del referido
edificio. Ante dichas circunstancias, se hizo necesario organizar un
adecuado dispositivo policial que garantizara el normal desarrollo de los
actos públicos programados, como así se estableció por los responsables
de la seguridad ciudadana de Oviedo.
Sobre las dieciocho horas del citado día se detectó la presencia de unas
quince personas en la plaza del Ayuntamiento portando pancartas y
carteles ofensivos e insultando, provocando tanto a las fuerzas del orden
actuantes como al ex presidente señor Bush, así como a cuantas
autoridades regionales y locales asistían al acto. Dicho colectivo fue
controlado de manera que a cierta distancia no pudiera boicotear el acto
que se celebraba en la citada plaza.
Seguidamente, y mientras la personalidad y acompañantes asistían a un
acto en el edifico del diario La Nueva España, el colectivo alborotador
se dirigió al teatro Campoamor, en donde, en unión de unas cien personas
que allí les esperaban, toda vez que en dicho lugar había sido convocada
la concentración de las mismas, trataron en tropel de desbordar el cordón
policial que al efecto se había dispuesto en las inmediaciones,
intentando entrar por la fuerza al interior del teatro, llegando a
agredir incluso a los policías de servicio.
Para evitar estos incidentes fue necesario efectuar una carga policial,
resultando detenidas cuatro personas, puestas en libertad horas más tarde
tras prestar declaración en comisaría. A los detenidos se les
intervinieron palos y srapys. A consecuencia de todo ello dos policías de
la unidad de intervención actuante resultaron con lesiones de carácter
leve, presentando los detenidos ligeras contusiones sin importancia.
Restablecida la normalidad se acotó a los revoltosos a considerable
distancia del teatro, sin que ello fuese obstáculo para que el colectivo
aludido persistiera con sus cánticos, insultos, ofensas y actitud
permanentemente agresiva hacia las personas y policías que participaban
en el dispositivo. Posteriormente, y una vez finalizado el acto en el
teatro Campoamor, los alborotadores se dirigieron en manifestación a las
inmediaciones del hotel Reconquista, a donde se dirigía la comitiva con
las personalidades, en un número aproximado de unas cien personas,
persistiendo en su actitud ofensiva e insultante hacia todas las personas
invitadas que tras la ceremonia del teatro acudían al hotel para
continuar con los actos programados.
En un momento determinado y tras haber sido aislados y acotados a unos
cien metros del hotel, concretamente en la calle Gil de Jaz, y advertidos
en multitud de ocasiones
de que depusieran su actitud, no sólo no cejaron, sino que, concretamente
cuando llegaba a su altura un grupo de representantes políticos y
autoridades regionales, se abalanzaron sobre los mismos arreciando en los
insultos e intentos de agresión, por lo que fue inevitable y necesaria
una inmediata intervención policial, en ningún momento desproporcionada,
efectuándose una carga policial mediante el empleo de la defensa, que
produjo una desbandada por la calle Gil de Jaz hacia la calle Uría, en la
que los alborotadores se atropellaron en su huida, cayendo algunos al
suelo, ignorándose el número de personas que hubieran podido resultar
lesionadas, si bien fue necesario solicitar la presencia de una
ambulancia para evacuar a uno de ellos que necesitaba asistencia
sanitaria. Se desconoce la identidad de esta persona. Tras esta actuación
el grupo se reunió de nuevo y se instó una vez más a que depusieran su
actitud, accediendo en esta ocasión y quedando restablecida la
normalidad. De los hechos relatados se dio cuenta a la autoridad
judicial, instruyéndose diligencias con registro de salida número 33.184,
de fecha de 1 de abril, dirigidas al magistrado juez de instrucción de
guardia.
Estos son los hechos tal y como se produjeron. De la exposición anterior
se deduce que una buena parte de los concentrados mostraron una actitud
que trascendía del legítimo derecho de manifestación pacífica,
pretendiendo alterar de forma manifiesta y por procedimientos violentos
el desarrollo de unos actos también legítimos que debían celebrarse con
normalidad.
La actuación de las fuerzas de seguridad fue llevada a cabo por personal
uniformado, así como por personal de paisano, con el fin de informarse en
cada momento de cómo se estaban desarrollando los hechos. Hay que indicar
que no se ha detectado ni existe constancia de la participación de
ciudadanos extranjeros en los incidentes, no pudiéndose, por tanto,
efectuar identificación alguna al respecto. Por ello, a la pregunta
concreta que usted me hacía, según lo que le consta a la policía, la
actuación en todo caso fue llevada a cabo por las unidades de
intervención y por personal de información del Cuerpo Nacional de
Policía. No obstante, si usted tiene fotografías que puedan acreditar lo
contrario, por parte de la Dirección General no hay ningún inconveniente
en averiguarlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Sinceramente, entiendo que ustedes mantengan
una versión de los hechos que es la que creen ustedes que formalmente
puedan dar, pero la verdad es que hay testimonios de todo tipo, vídeos y
fotografías, que demuestran que en ningún momento se intentó rebasar el
cordón policial, punto fundamental para entender que nuestra valoración
es que ha sido una carga innecesaria, que la única explicación que
encontramos es que parece ser que no se quería que el señor Bush o sus
acompañantes vieran que había una serie de personas, un colectivo
importante que manifestaban su protesta por entender --y lo comparto--
que es una persona non grata, en el sentido de que le consideramos
responsable, por ejemplo, de la matanza del Golfo, igual que a Sadam
Hussein, y, por tanto, creemos que ha sido una actuación propia de un
país del tipo de una república bananera; es decir, por limpiar la calle,
en nuestra opinión, se produjo este tipo de actuación, porque, insisto,
no se justifica, hay una actitud pacífica en todo momento, y aquí tengo
fotografías que lo atestiguan, y, sin embargo, luego se producen dos
actuaciones desmedidas.
En segundo lugar, aquí tengo partes del hospital. No fue una actuación
precisamente cariñosa y hay fotos donde se ven los hematomas, los ojos
hinchados, con la intervención de la ambulancia, incluso de viandantes
que no tenían absolutamente nada que ver y se encontraron de repente
envueltos en esta situación. Nos parece que la actuación fue
absolutamente desproporcionada. La propia Junta General del Principado ha
aprobado, como usted conocerá, una resolución en la que se pide al
Ministerio del Interior que abra una investigación sobre estos hechos y
asimismo sobre la posible participación de servicios de seguridad
extranjeros. Por supuesto, le facilitaremos las fotografías para
comprobar al menos si la intervención fue exclusivamente con agentes de
nuestro país.
Creemos que estos modos están superados, que no era necesario este tipo
de actuaciones. Usted habla, por ejemplo, de la pancarta en la plaza del
Ayuntamiento. La pancarta estaba a más de seiscientos metros de distancia
del teatro Campoamor. Si esa pancarta molesta o es ilegal, hay otros
medios para intentar retirarla o expresar el rechazo, pero creo que no se
justifica en ningún momento la actuación ni clarifica los hechos. No
conocemos, de hecho, ninguna nota del propio Delegado del Gobierno en
Asturias que explique racionalmente esta situación.
Al mismo tiempo tengo que decirle que uno de los agredidos era
minusválido --y ahí están los partes del hospital-- y otro continúa
todavía hoy con atención médica. Nos parece un hecho gravísimo que
esperamos que no vuelva a producirse y esperamos al menos recibir
explicaciones suficientes y que no se conviertan en un cuento de hadas,
sino que se explique por qué se indujo, quizá desde fuera o por un exceso
de celo, esta actuación desmesurada de los cuerpos de seguridad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Señor
Presidente, el planteamiento de la pancarta fue el motivo que alertó a la
policía sobre unos hechos que podían ocurrir; no es que la pancarta fuera
el motivo de que no se manifestaran o se dejaran de manifestar, sino que
si unos días antes aparece una pancarta en la que se habla del señor Bush
con unas alusiones muy concretas, lógicamente se esperaba que los mismos
señores que pusieron la pancarta podían organizar, como así parece que
fue, según los hechos que ha facilitado la policía, una manifestación
violenta en contra del desarrollo de la actuación del señor Bush en la
ciudad de Oviedo, que no entro en valorar si era buena o mala. En
cualquier caso, como he manifestado, si usted dice que tiene fotografías
en las que
se ve que algún agente de nacionalidad no española tuvo alguna actuación
determinada, lo que tengo que decir es que a nosotros no nos consta. Sí
es cierto que el señor Bush, como cualquier mandatario extranjero, cuando
viene a nuestra nación lo hace acompañado por los escoltas personales que
habitualmente se preocupan, básicamente, de la seguridad de la
personalidad a la que acompañan y no de organizar o no las fuerzas de
seguridad de otro país.
--DE LA SEÑORA SANCHEZ LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE OPINION DEL
GOBIERNO ACERCA DE LA ACTUACION POLICIAL EN EL CASO DE EXPULSION DEL
CIUDADANO SENEGALES LAMINE MBATHIE. (Número de expediente 181/000753.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta, que es la número 13 en el
orden del día de la Comisión, identificada como 753, es la de la Diputada
del Grupo Socialista doña María Dolores Sánchez López, sobre opinión del
Gobierno acerca de la actuación policial en el caso de expulsión del
ciudadano senegalés Lamine Mbathie.
Tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Esta es una pregunta que se interesa por el caso
de uno de los ciudadanos senegaleses a los que el señor Director General
ha hecho referencia en su respuesta al Diputado de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en la pregunta número 12 del orden del
día. Nosotros nos preocupamos concretamente por el caso de este ciudadano
senegalés porque consideramos que existen aspectos poco claros en la
actuación de la brigada provincial de extranjería y documentación de
Málaga a la hora de ejecutar la orden de expulsión que el Juzgado número
3 de Linares acuerda, en virtud del expediente de expulsión tramitado por
el Gobierno civil de Vizcaya y notificado al interesado en noviembre de
1994. Nos preocupa la actuación de la brigada provincial de extranjería
de Málaga porque pensamos que en algunos extremos ha podido sobrepasar el
límite de la legalidad. Esto ha sido denunciado así por numerosas ONG de
la provincia de Málaga, incluso por ONG de comunidades autónomas
distintas de la andaluza. Este hecho, a través de quejas, ha sido puesto
en conocimiento del Defensor del Pueblo andaluz y en conocimiento,
también a través de quejas, del Defensor del Pueblo de España.
No voy a relatar la tortuosa historia de la expulsión de Lamine que
comienza, como ya he dicho, en 1994. Creo que hay que detenerse, aunque
sea brevemente, en este punto, porque es necesario aclarar las
actuaciones posteriores a este acto de comunicación de expulsión en 1994,
ya que esto puede ayudarnos también a aclarar los hechos que acaecen en
los meses de abril y mayo de 1997, ya que todas las actuaciones --y usted
lo ha dicho en su respuesta al portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya-- se realizan en virtud de aquel expediente de expulsión. Nos
gustaría conocer --no sabemos si usted nos puede contestar-- si en 1994
la expulsión de Lamine Mbathie se acompaña del sello de salida
obligatoria, lo que necesariamente debía haber llevado a Lamine al centro
de internamiento más cercano de Vizcaya, pero según nuestras noticias
esto no sucedió. Tampoco conocemos si en aquel momento el ciudadano
senegalés Lamime Mbathie ofreció resistencia a la expulsión, y si ofreció
resistencia en 1994. Por lo que nosotros sabemos en aquel momento esto no
sucedió. Nos gustaría que nos lo aclarase. Si esto no sucedió, el
ciudadano senegalés Lamine Mbathie debía haber abandonado voluntariamente
nuestro país, en cuyo caso se le debió proporcionar un billete de avión
con destino Dakar. Tampoco le consta a este grupo parlamentario que esto
ocurriera. Por tanto, no sabemos, y nos gustaría saberlo, de quién es la
responsabilidad de que Lamine Mbathie haya estado en nuestro país durante
cinco años consecutivos, hasta que se le expulsó el pasado día 21 del mes
de mayo de 1997. Lamine ha estado cinco años en nuestro país realizando
labores de venta ambulante y, según nuestros datos, pagando las tasas
municipales que le permitían realizar esa venta ambulante; es decir, es
ilegal, se le puede expulsar, se le expulsa, no puede estar en nuestro
país, pero sí puede pagar impuestos y tasas en nuestro país.
Nos parece importante que todo esto se aclare, porque si los hechos son
como se nos han relatado por parte de la defensa de este ciudadano
senegalés y de las distintas ONG del País Vasco, del país valenciano y de
Andalucía, la orden de expulsión de 1994 del Gobierno civil de Vizcaya,
atendiendo al reglamento de la Ley de Extranjería en su artículo 101,
estaba prescrita. Nos encontraríamos, pues, con que se produce un
incidente que, según se denuncia, atenta contra los derechos humanos, por
hacer cumplir una resolución basada en un acto administrativo no válido
por estar prescrita aquella orden de expulsión. Esto quiere decir, señor
Director General, que un ciudadano senegalés es presuntamente golpeado,
ingresa en prisión, pasa por un centro de internamiento para inmigrantes,
por resistirse a cumplir una orden de expulsión ya prescrita. Nos
gustaría que usted nos aclarase estos extremos.
Pero hay algo que nos parece realmente grave de este caso, suponiendo que
se haya producido. Usted ya ha dicho en la respuesta al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que no han
existido agresiones por parte de la policía a ningún ciudadano senegalés,
pero nosotros tenemos otras versiones y nos gustaría que algunos extremos
de estas versiones que se contradicen entre sí y con la que usted nos ha
dado, fuesen aclarados en este trámite. Cuando desde el centro de
internamiento de Capuchinos, como lo llamamos en Málaga --centro de
internamiento para inmigrantes--, cuatro o siete policías nacionales,
según las fuentes --son cuatro o siete según quién dé la información--,
intentan llevar a Lamine al aeropuerto (cuatro o siete profesionales que
no son capaces de resolver con normalidad una situación que a ojos de un
profano, como puede ser mi caso, no es excesivamente complicada, ya que
se trata de trasladar a una persona entre cuatro o siete policías
nacionales al aeropuerto de Málaga), el ciudadano senegalés, Lamine
Mbathie,
según distintas versiones, la suya propia y la de algunas ONG, es
golpeado al ofrecer resistencia. En la reyerta entre los policías y este
ciudadano senegalés, en el forcejeo, como dice el atestado policial que
relata los hechos del día 11 de abril, el único lesionado con una cierta
gravedad es precisamente este ciudadano senegalés. Es verdad que en ese
atestado se relata que algunos policías sufrieron lesiones leves, según
dice la literalidad del atestado policial, y se reincorporaron
inmediatamente a su servicio. Según el atestado, las lesiones que el
ciudadano Lamine Mbathie sufre en el labio inferior son producto de un
fuerte mordisco que él mismo se produce. Repito, versión del atestado
policial del 11 de abril, versión que no es mantenida por los
funcionarios de policía que, posteriormente, declaran en el Juzgado de
Instrucción número 11 de Málaga; cuando hacen la declaración ante el juez
no sostienen la versión del atestado policial del día 11 de abril; dicen,
simple y sencillamente, que en algún momento observaron sangre en la boca
del ciudadano senegalés, pero que desconocen cuál puede ser el origen. Es
decir, señor Director General, aquí tenemos dos versiones. Una, el día 11
de abril, atestado policial: Lamine Mbathie se mordió el labio y, como
consecuencia de ello, tuvieron que ponérsele unos cuantos puntos en el
labio, además se le movían los dientes y tenía roto el quinto
metacarpiano. Sin embargo, la versión posterior de los policías que
habían intervenido en este proceso no sostiene la versión inicialmente
dada por la policía.
Nos gustaría saber, señor Director General, cuál es la versión con la que
usted se queda. Nos gustaría saber si ha iniciado algún tipo de
investigación interna, habida cuenta de que existen versiones
contradictorias entre la misma policía. Vamos a decir, por supuesto, cuál
es la versión del ciudadano senegalés que es la de que se le propinó una
patada en la boca. Señor Director General de la Policía, hemos cambiado
la patada en la puerta por la patada en la boca.
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, le ruego concluya.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Me gustaría saber qué piensa.
Tengo que decirle una cosa, señor Director General de la Policía. Existe
un informe forense que dice que es prácticamente imposible que las
lesiones que el ciudadano senegalés tenía en la boca fueran producidas
por un mordisco. Se inclina por otra de las dos posibilidades que él
mismo cita en su informe, que es que sea producida por un golpe externo.
Señor Director General de la Policía, nosotros sentimos un enorme respeto
por los profesionales de la policía. Pensamos que por lo que está pasando
allí, Málaga se está haciendo tristemente famosa desde un año a esta
parte, desde que gobierna el señor Aznar en nuestro país, más
concretamente desde que a Málaga llegó un representante de su Gobierno
que antes era gobernador civil y que ahora se llama subdelegado del
Gobierno. El señor Cabeza está convirtiendo a Málaga, que ha tenido a
gala, además históricamente, tener como seña de identidad la
hospitalidad, la solidaridad, la tranquilidad, la paz y el acogimiento a
todo el que quisiera llegar, en una provincia referente de intransigencia
y de intolerancia, cuando no de malos tratos. Señor Director General de
la Policía, hágale llegar a su responsable máximo, el señor Ministro de
Interior, para que él se lo haga llegar al señor Aznar, que desde Málaga
pedimos que se nos deje seguir siendo lo que hemos sido siempre. Desde
que está el señor Cabeza en nuestra provincia hemos protagonizado el
incidente de los 103 inmigrantes. Este es el incidente 104 de presuntos
malos tratos, de presuntas irregularidades desde la autoridad en lo que
se refiere al tratamiento de inmigrantes en la provincia de Málaga.
Señor Director General de la Policía, Málaga quiere volver a ser un
referente de tolerancia, queremos volver a ser un referente de
solidaridad para con aquellos ciudadanos que tienen hoy más necesidades
que nosotros. Hágale llegar esto a su responsable. Y no estaría tampoco
de más que se preguntaran ustedes por qué es Málaga la provincia que más
problemas está dando en el tratamiento de los inmigrantes, no siendo
Málaga la ciudad donde hay más concentración de inmigrantes, no siendo
Málaga la ciudad en la que hay más concentración de inmigrantes ilegales.
Pregúntense en su Gobierno por qué Málaga es el origen de todos los
problemas que están teniendo, desde que está su Gobierno, en el
tratamiento de los inmigrantes ilegales en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Me ha hecho
tantas preguntas que quizá tenga que revisarlo todo.
No digo que yo tenga toda la razón, pero posiblemente tampoco la pueda
tener usted, porque a lo mejor todos tenemos informaciones parciales de
los hechos. Da la casualidad de que la información que yo tengo no es que
no solamente no hay notas contradictorias por parte de la policía, sino
que solamente hay una nota, según la versión que yo tengo, y da la
casualidad que el que realmente dio una patada a un policía en la boca, a
un responsable del Cuerpo Nacional de Policía y se le cayeron los
dientes, fue este ciudadano senegalés; fue atendido y existen los partes
y todos los hechos. Por eso, quizás, estamos hablando de un mismo hecho
pero con versiones diferentes. No obstante, yo le puedo decir que por
parte de esta Dirección General se averiguará si realmente hay partes
contradictorios y, si así fuera, se abrirán los expedientes
correspondientes para aclararlo y se le informará a usted puntualmente de
esos hechos.
Me ha pedido usted un dato que no obra en mi poder en este momento, pero
también se lo puedo facilitar. Es el referente al año 1994, cuando se
ordenó la expulsión por primera vez por parte del Gobierno de Vizcaya. No
tengo en el expediente la fecha exacta ni el motivo, pero, no obstante,
lo averiguaré y se lo facilitaré. Usted ha preguntado quién es el
responsable de no haberle expulsado durante todo ese tiempo. Mire usted,
el Gobierno anterior y el actual;
durante cinco años, el Gobierno anterior y durante un año, el actual.
Esta es la realidad. Si este señor tenía un expediente para ser expulsado
de España, lo normal es que se hubiese expulsado. Es un hecho claro. (La
señora Sánchez López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez López tiene la palabra pero muy
brevemente porque S. S. ha utilizado más del doble del tiempo que el
Reglamento señala para la formulación de preguntas orales en Comisión.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
Estamos a la espera, por supuesto, de cualquier información que el señor
Director Genera de la Policía nos pueda o quiera ofrecer a partir de este
momento. Agradecemos que estos hechos se aclaren; agradecerá todo el país
que estos hechos se aclaren, agradecerá mi provincia que estos hechos se
aclaren. Creo que esto es bueno para la democracia. Creo que debería
empezar a aclararlo ahora ya que no lo aclaró en su momento cuando
iniciaba la investigación pertinente. Y creo que es importante que se
aclare porque la impunidad de este tipo de actos es un aliento para que
los actos de este tipo se sigan repitiendo.
--DEL SEÑOR PERALES PIZARRO (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE
RECTIFICO LA POLICIA NACIONAL LAS CIFRAS DE PARTICIPACION EN LA
MANIFESTACION CELEBRADA EN CADIZ EL DIA 5 DE MAYO DE 1997. (Número de
expediente 181/000754.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta del orden del día, que es la
número 14, identificada con el número 754, del Diputado del Grupo
Socialista, señor Perales Pizarro, sobre motivos por los que rectificó la
Policía Nacional las cifras de participación en la manifestación
celebrada en Cádiz el día 5 de mayo de 1997.
Señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Mi pregunta es menos dramática y,
probablemente, de menor interés que la anterior, de menor gravedad, pero
nos parece importante conocer el detalle que se formula en la misma. El
día 5 de mayo de este año hubo en Cádiz una protesta ciudadana contra la
subida de impuestos, decidida por el equipo municipal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Cádiz. Concretamente en el Ayuntamiento de Cádiz se
había decidido una subida de impuestos que se ha acordado en denominar
supertasa y que vienen a suponer unas 15.000 pesetas por unidad, que
incrementa el precio de la recogida de residuos sólidos urbanos en la
ciudad. De manera que todas las asociaciones de vecinos de la ciudad de
Cádiz organizan una serie de acciones de protesta, desde luego pacíficas
todas ellas como no podía ser de otra manera, contra esta denominada
supertasa que el equipo municipal del Partido Popular ha implantado en la
ciudad de Cádiz. Pues bien, en el contexto de ese tipo de acciones, se
organiza una manifestación en la ciudad de Cádiz el día 5 de mayo. La
manifestación discurre pacífica y festivamente por otro lado y, al
terminar, se califica como un éxito por parte de los convocantes, de las
asociaciones de vecinos, y de rotundo fracaso por parte del equipo de
gobierno del ayuntamiento del Partido Popular.
Las cifras que se dan a raíz de la manifestación son las siguientes: de
6.000 a 8.000 hablan los convocantes, las asociaciones de vecinos. La
Policía Nacional da ese mismo día 5 de mayo la cifra de 5.000 personas
como participantes en la manifestación. La Policía municipal de la ciudad
de Cádiz en un primer momento dice que son 3.000; posteriormente, en un
comunicado, lo cifra en 1.750, para al día siguiente dejarla en 1.600,
que es el 1 por ciento de la población. Por tanto, ahí, por parte de la
Policía municipal hay un ejercicio extraordinario de aritmética y de
recuento de manifestantes hasta dejar la cifra en 1.750, primero, y,
luego, en 1.600, bueno, hasta ahí, bien. Pero lo sorprendente es que al
día siguiente se recibe en las redacciones de los medios de comunicación
de Cádiz, mediante fax, un comunicado oficial de la comisaría de Cádiz,
rebajando sensiblemente el número de manifestantes. Por tanto, nos
encontramos con una serie de rectificaciones, aparentemente caprichosas,
o bien en un ejercicio extraordinario de respeto a la verdad, se han
contado los manifestantes uno a uno hasta ver la cifra. Vemos cómo la
Policía municipal rebaja la cifra de manifestantes de 3.000 a 1.750 y
posteriormente a 1.600. Y la Policía Nacional, de 5.000, que es la
primera cifra que da, rebaja sensiblemente este número mediante un
comunicado que envía a las redacciones de los medios de comunicación.
Mi pregunta es muy fácil. En primer lugar, ¿es habitual que por parte de
la Policía Nacional se confirmen o ratifiquen las cifras de personas que
participan en las manifestaciones un día o dos después de que éstas se
hayan celebrado? ¿Es una práctica habitual en este Gobierno o en el
anterior que se confirmen o rectifiquen las cifras mediante fax y
comunicados oficiales? En segundo lugar, si eso es así, ¿quién ordenó, en
el caso de Cádiz, que se emitiera un comunicado oficial un día después de
la manifestación, rebajando sensiblemente la cifra? ¿Por qué esta
pregunta que puede parecer sin ningún interés? Porque nos da la
impresión, señor Director General, que en una estrategia sencillamente
absurda de descalificación de los objetivos de los convocantes de esa
manifestación, en esa estrategia absurda de rebajar la importancia de los
manifestantes, se han utilizado por parte del equipo municipal del
Partido Popular todos los elementos posibles, hasta el punto de que
tenemos la convicción y algún testimonio de que se ha violentado la
actitud y la observación de algunos funcionarios, tanto de la Policía
local como, al parecer, de la Policía Nacional, para que se modifiquen
unas cifras que no tienen la más mínima importancia. Por ello nuestra
pregunta quiere insistir en que, si esto es así --usted nos lo va a
confirmar, desmentir o a
aclarar--, nos parece absurdo y consideramos que es una estrategia llena
de soberbia en el sentido de convencer a la opinión pública de Cádiz de
que esa manifestación fue un fracaso porque sólo participó el 1 por
ciento de la población. Las cifras se rebajan de 3.000 a 1.750 y
posteriormente a 1.600, que es el 1 por ciento de la población. Esta
cifra es más plástica que cualquier otra. Por tanto, creemos que es una
estrategia absurda y usted no se prestará con gusto a esa estrategia
innecesaria y completamente errónea, llevada a cabo por el equipo del
Partido Popular, con el fin de aparentar ante la opinión pública que una
manifestación, que tuvo un éxito extrordinario, en la que participaron
6.000 personas, según los observadores más imparciales, se convirtiera en
un fracaso y para ello manipular las cifras oficiales que la propia
Policía Nacional ha dado al término de la manifestación, como hace
habitualmente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): No es misión mía
valorar si la manifestación estaba bien o mal y si lo hacía bien o mal el
Gobierno popular del Ayuntamiento de Cádiz. Yo simplemente le voy a
transmitir los hechos que obran en esta Dirección General. El día
mencionado, 5 de mayo --al parecer la manifestación terminó entre las
20,30 y las 21 horas--, en la Dirección General se recibió un télex,
dirigido concretamente a la subdirección general operativa cifrado en esa
hora. Como es habitual, la comisaría correspondiente remite la
comunicación a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y al Gobierno
Civil de Cádiz, cifrando en 2.800 el número de participantes en la
manifestación. Estos datos constan en los mencionados télex, así como la
hora determinada.
Parece que al día siguiente en algún medio de comunicación de Cádiz,
hablando de datos facilitados por fuentes del Cuerpo Nacional de Policía,
la cifra se elevaba a 5.000 personas. Lo único que se hizo desde la
comisaría provincial fue decir que la cifra oficial que había remitido la
comisaría a los mandos correspondientes, como está previsto hacer, era de
2.800 personas. Por tanto, en ningún momento la comisaría de Cádiz dijo
que habían participado 5.000, 6.000 ni mil seiscientos no sé cuántos. La
cifra oficial que la comisaría remitió media hora después de terminar la
manifestación era de 2.800 personas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Voy a ser muy breve. Me gustaría conocer ese
texto. No puedo dudar, de ninguna manera, de la palabra del señor
Director General, pero para tranquilidad y buen nombre de la Policía
Nacional y de las fuerzas de orden público sería muy conveniente conocer
que efectivamente la versión es la que usted cuenta y no la
interpretación que otros observadores han podido realizar. ¿Es frecuente
que la policía confirme o rectifique las cifras de los manifestantes? Yo
tengo aquí la referencia de todos los medios de comunicación escritos
--no tengo datos de otro tipo-- que debieron hablar con el mismo portavoz
de la Policía Nacional, y debió ser un portavoz cualificado porque todos
establecen la cifra en 5.000 personas. Por tanto, o hay un portavoz
voluntario que da una cifra que no se corresponde con la realidad o todos
los medios de comunicación han errado en lo mismo: todos dan la cifra de
5.000 participantes; la Policía Nacional calculó que en San Juan de Dios
había 5.000 personas.
La primera parte de mi pregunta me parece muy importante. ¿Es habitual
que ustedes rectifiquen a los medios de comunicación, como ha ocurrido en
este caso? ¿Es siempre así? Todos los medios de comunicación escritos
dicen que la Policía Nacional --se supone que es un portavoz, no uno que
pasaba por allí, sino alguien uniformado al menos, que es el que habla en
nombre de la Policía Nacional-- manifiesta que son 5.000. Se supone que a
esa persona todos los medios de comunicación le confieren la capacidad de
establecer la cifra oficial que la policía da en ese momento. La
manifestación termina poco antes de lo que usted ha dicho. Por tanto, si
todos los medios recogen esa cifra, me gustaría no dudar de la veracidad
de esa comunicación y de lo que usted nos ha manifestado, pero le vuelvo
a formular la misma pregunta: ¿Es habitual que la Policía al día
siguiente o dos días después de la manifestación, rectifique o confirme
las cifras que dan los medios de comunicación? Nadie conoce esas cifras
que usted ha mencionado, porque ninguno sabíamos que había un télex, o el
mecanismo habitual que se establece. Por ello me gustaría conocer --si me
lo puede remitir, se lo agradecería-- ese télex. Me parece sospechoso que
en este caso la policía se tome ese extraordinario interés en desmentir
las cifras que un portavoz de la Policía Nacional --no sé quién, se
supone que no es un voluntario ni un espontáneo, sino alguien
uniformado-- dio y que todos los medios de comunicación recogen. No fue
sólo un medio de comunicación --probablemente con espíritu manipualdor--,
sino que todos los medios de comunicación presentes recogen la cifra de
5.000 personas, comunicada por un portavoz de la Policía Nacional al
término de la manifestación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): El portavoz
autorizado de la comisaría es el que envió las cifras a la Dirección
General. Si otra persona de la policía, no autorizada, valoró más o menos
personas, desconozco en concreto el hecho. Sí es una realidad que en los
medios de comunicación aparecen unas cifras en nombre y en boca del
Cuerpo Nacional de Policía que eran totalmente contradictorias a las que
el Cuerpo Nacional de Policía había remitido a los mandos
correspondientes, y por tal motivo se rectifica ante los medios. Porque
no estaba mal la cifra de 2.800 participantes,
que oficialmente transmitieron a sus mandos correspondientes, sino la
cifra de 5.000 que aparecía en la prensa. Por eso vino la rectificación.
--DEL SEÑOR SANJUAN DE LA ROCHA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE LA OPERACION DE
DESALOJO REALIZADA POR LA POLICIA NACIONAL EL DIA 10 DE MARZO DE 1997 DE
UN CENTRO «OCUPADO» SITUADO EN LA CALLE DEL MARQUES DE AHUMADA, DE
MADRID. (Número de expediente 181/000549.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta 549, formulada por el señor Sanjuán,
queda decaída.
Asimismo, respecto a la pregunta 616, formulada por el Diputado del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor
Peralta, éste ha dirigido a la Presidencia un escrito solicitando su
aplazamiento. Por tanto, queda aplazada para otra sesión de la Comisión.
Mucha gracias, señor Director General.
Se suspende la sesión unos minutos para que se incorpore al estrado el
Secretario de Estado de Seguridad.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MARTI FLUXA),
PARA INFORMAR SOBRE:
--RAZONES POR LAS QUE MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL HAN INVESTIGADO A
CIUDADANOS QUE TENIAN INTENCION DE ACUDIR A UNA MANIFESTACION EN CONTRA
DE LA POLITICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/000703.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya del Secretario de Estado de Seguridad,
para dar cuenta de las razones por las que miembros de la Guardia Civil
han investigado a ciudadanos que tenían intención de acudir a una
manifestación en contra de la política educativa del Gobierno.
En nombre del grupo parlamentario proponente, solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Si quiere usted, hago una introducción
o introito para provocar en el señor Secretario de Estado de Seguridad
una puesta en situación.
El señor PRESIDENTE: Ya sabe, señor Castellano, que estoy impresionado
por su vigilia y centinela, y eso me había desconcertado, pero
naturalmente, puesto en su lugar, tiene la palabra el señor Secretario de
Estado.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, yo no le vigilo, al
contrario, soy su más humilde servidor. (El señor Belloch Julbe pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Sí, señor Presidente, para plantear si se pueden
hacer conjuntamente las dos comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Ciertamente, vamos a acumularlas, teniendo en cuenta
que tienen el mismo objeto.
--ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN
EXTREMADURA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000307.)
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, para una primera intervención en
relación con las comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los mismos hechos, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señoras y
señores diputados, es para mí un honor comparecer nuevamente ante esta
Comisión de Justicia e Interior, y en esta ocasión para dar cuenta de las
actuaciones de la Guardia Civil, así como del Delegado de Gobierno en
Extremadura, en relación con la manifestación en defensa de la enseñanza
pública que se celebró en días pasados en Madrid.
En primer lugar, quiero dar las gracias muy especialmente a los grupos
parlamentarios Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista por
la solicitud de esta comparecencia que nos permitirá aclarar cuál ha sido
la intervención de la Guardia Civil en este supuesto, así como despejar
cualquier duda en torno al respeto más absoluto, señorías, de los
derechos y libertades constitucionales por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Quiero comenzar mi intervención con una
manifestación clara y tajante: ni desde el Ministerio de Interior ni
desde la Dirección General de la Guardia Civil, ni tampoco desde la
Delegación del Gobierno, se impartieron órdenes para realizar
investigaciones personales en torno a los ciudadanos que participaron en
la manifestación citada, ni, como es lógico, tampoco se solicitó dato
identificativo alguno.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la situación fue
idéntica a la del resto de las demás comunidades de España. Por la
Guardia Civil se recabó, de forma rutinaria, información respecto a
número de posibles participantes y vehículos, entidades organizadoras,
etcétera,
una información tendente exclusivamente a dar la cobertura de seguridad
necesaria si esto hubiera resultado preciso. Señorías, la forma de
proceder en este caso ha sido la habitual en este tipo de situaciones, es
decir, ante el anuncio de una manifestación masiva en Madrid, a la que
concurren ciudadanos de diversos puntos del país, en la que se prevé una
afluencia de vehículos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de
forma automática y cuando lo estiman procedente --ni siquiera lo hacen
siempre-- suministran información relativa a la fecha de la convocatoria,
sector afectado, causas de la convocatoria, tamaño previsible del
colectivo y de organizaciones convocantes. Señorías, lo que les estoy
exponiendo no es una simple afirmación sino que tengo a su disposición el
impreso que en este tipo de supuestos se utiliza por parte de las
distintas zonas de la Guardia Civil, con carácter normalizado, que se ha
venido utilizando por lo menos desde hace diez años. Estos impresos, una
vez cumplimentados, se envían a la zona de la Guardia Civil afectada sin
que se añada ningún dato que afecte a la identidad de los participantes
en las manifestaciones o que incida en lo más mínimo en la esfera de los
derechos que consagra nuestra Constitución.
Señorías, las manifestaciones deben ser conocidas previamente por la
autoridad gubernativa con el objeto de adoptar las medidas tendentes a
garantizar el normal desenvolvimiento del derecho de reunión y
manifestación, y para poder adoptar con responsabilidad y coherencia
cualquier medida tendente a garantizar el libre ejercicio del derecho de
reunión y a evitar la colisión con otros bienes jurídicos
constitucionalmente protegidos; los responsables de la seguridad del
Estado deben previamente contar con la información suficiente para evitar
problemas tanto en la seguridad ciudadana como en la seguridad vial.
Señoras y señores diputados, de conformidad con la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde a éstas
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana mediante el desempeño, entre otras, de las siguientes
funciones, y cito textualmente: captar, recibir y analizar cuantos datos
tengan interés para el orden y la seguridad pública (artículo 11.1 h) de
la Ley orgánica). Esta norma fue desarrollada por un elevado número de
órdenes circulares, instrucciones, órdenes relativas, etcétera. Todas
estas órdenes lógicas responden a una necesidad ineludible de estar
informados para garantizar mejor el libre ejercicio de unos derechos, y
todas ellas, señorías, han cumplido sin duda una misión a lo largo de los
últimos diez años. Por todo ello, hemos de afirmar con total rotundidad
que la captación de información relativa al número de manifestantes y
vehículos que forman parte de las reuniones o manifestaciones es una
labor que cuenta con una perfecta cobertura legal y constitucional, y su
desempeño entra dentro del ejercicio de las competencias que tienen
atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una de las circulares a
las que antes me refería fue la orden del Director General de la Guardia
Civil, que señalaba que con carácter semanal se remitieran las
informaciones relativas a manifestaciones, conflictos sociolaborales y
cualesquiera que incidan en la seguridad ciudadana.
Tal y como anunció ante los medios de comunicación social el Director
General de la Guardia Civil y tal como expuso el Ministro de Interior
ante esta Cámara, la orden de 1987, a la que hemos hecho referencia, ha
sido derogada. Pero, como señaló el Ministro, esta derogación obedece no
al hecho de que se tratase de una orden antidemocrática sino que responde
a la voluntad de mejorarla técnicamente, suprimiendo el carácter
rutinario de este tipo de informaciones e incidiendo en que este tipo de
datos serán requeridos cuando exista alguna circunstancia excepcional que
aconseje pedir este tipo de información, una información que debe estar
en cualquier caso orientada a garantizar el libre ejercicio de los
derechos de los ciudadanos y la seguridad de éstos.
Señorías, se ha generado en los últimos días una situación de cierta
alarma social. Por ello consideramos que un gobierno responsable y
preocupado prioritariamente por la garantía de los derechos y libertades
no puede permanecer en modo alguno inactivo. En consecuencia, en el
Ministerio de Interior se está trabajando a fin de llevar a cabo la
modificación de la orden citada y se están analizando las disposiciones
existentes por parte de expertos jurídicos para conseguir una normativa
técnica y jurídicamente adecuadas. Repito, señorías, nunca ha existido
por parte del Ministerio de Interior orden concreta alguna que solicitase
mayor información que la genérica a la que antes me he referido. Ello
además queda perfectamente demostrado en el contenido de las
comunicaciones que remitieron en aquellas fechas las distintas
autoridades periféricas de la Guardia Civil a sus mandos centrales en los
casos y en los supuestos en que así lo hicieron, que vuelvo a repetir
fueron en un número muy limitado de comandancias y de zonas. En el
dossier documental que traigo conmigo hoy a esta comparecencia se
encuentran copias de dichas comunicaciones, que están a disposición de
SS. SS. por si quieren examinar su contenido.
En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 132
Comandancia de Cáceres se dirigió al subdelegado del Gobierno
notificándole la celebración de la manifestación en Madrid. La
comandancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la ya citada orden de
1987, notificaba al subdelegado que había interesado de las comandancias
territoriales número de vehículos y personas que pudieran desplazarse a
Madrid, todo ello con la finalidad de, si el contingente fuera numeroso,
organizar los servicios oportunos para darles protección en la seguridad
vial. Como resulta evidente, para obtener esta información había dos
vías, bien preguntar directamente a los organizadores, como otras veces
viene siendo habitual, o dirigirse en algún otro caso concreto a los
participantes. Las dos cosas se hicieron y la información relativa fue
debidamente procesada hacia Madrid. Pero si, pese a todo, en algún caso
concreto se ha producido por parte de algún miembro de la Guardia Civil
una extralimitación de sus obligaciones y, en lugar de requerir de los
organizadores una información global y genérica para ayudar a la
manifestación, únicamente para ayudar a la manifestación, se ha permitido
algún
miembro, repito, con su conducta, crear alguna causa de inquietud
solicitando datos personales o incidiendo en el ámbito de las libertades,
ruego, como lo hemos venido haciendo una y otra vez, que se nos
proporcionen los lugares concretos o las identidades de los citados
integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad para proceder con la
máxima contundencia.
El señor PRESIDENTE: Por el orden con que figuran registradas las
iniciativas, en primer lugar tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ahora
sí, el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Ciertamente, este tema de la
investigación por parte de la Guardia Civil en relación a los
participantes en la manifestación contra la política educativa del
Gobierno ha sido ya objeto de tratamiento parlamentario en el Pleno, y,
si no recuerdo mal, en pregunta formulada tanto al propio Presidente del
Gobierno como al Ministro de Interior. Alguno podría pensar que
lógicamente ya no habría razón alguna para solicitar la comparecencia del
Secretario de Estado de Seguridad y molestarle, pero el hecho cierto es
que la técnica parlamentaria y el tratamiento de las preguntas en el
Pleno no dan tiempo a una gran explanación como la que ahora mismo acaba
de hacer el Secretario de Estado de Seguridad; vaya por delante que le
agradecemos su explicación, y pasamos, desde nuestra posición, a hacer
algún que otro comentario.
La primera impresión que se tiene es la de una profunda contradicción, y
es la de estar manteniendo la inocuidad de esta clase de informaciones, a
las que se califica de habituales, rutinarias y automáticas en el
cumplimiento de una determinada disposición de la Dirección General de la
Guardia Civil, con el hecho de que se haya procedido inmediatamente a su
derogación. Si es tan inane este comportamiento o tan inocente, no creo
que haya motivo alguno para derogar esa disposición. Si se deroga, es
porque efectivamente dicha disposición ha podido dar pauta para que, a lo
mejor --y no queremos hacer ninguna clase de juicios de intenciones--, se
haya podido cometer --incluso no tenemos ningún inconveniente en
reconocerlo así--, sin la menor intención, alguna intromisión --no la
vamos a calificar de ilegítima, sino de poco delicada-- en lo que se
refiere al derecho de manifestación de algunos ciudadanos. Desde nuestro
grupo se entendería que esta clase de informaciones habituales y
rutinarias o de carácter automático fueran absolutamente asépticas si se
produjeran siempre, pero es que nos encontramos a veces con circulares en
las que se suele preguntar acerca incluso de cuáles son las creencias o
pensamientos políticos de algunos determinados ciudadanos cuando se
trata, a lo mejor, de querer acceder a algún puesto de la Función
pública, y luego se nos dice que es pura y simplemente con efectos
estadísticos; pero es un hecho cierto que en el correspondiente impreso,
quizá por un aspecto rutinario, se contienen extremos que debieran ser
objeto de un mayor cuidado.
A mí me gustaría saber en concreto, por ejemplo, si es tan habitual esta
información rutinaria en algo tan importante como pueden ser a lo mejor
grandes concentraciones y que se producen con una gran frecuencia. Señor
Secretario de Estado de Seguridad, ¿se está produciendo algún intento de
información de cuál va a ser el volumen de circulación de vehículos y de
personas con respecto al próximo día 7 de julio, día de San Fermín, para
prever qué es lo que pueda ocurrir en Pamplona, el hecho de querer
concurrir el 7 de julio a San Fermín no tiene que ser objeto de
información por todo el conjunto de comandancias? ¿O se ha hecho alguna
investigación en un tema tan importante como es la romería del Rocío, que
también es un sitio en el que concurren muchísimas personas, incluso
además generalmente con una posible tentación de poner de manifiesto lo
lúdico con la ingerencia de algún que otro de los caldos que
afortunadamente adornan aquella zona? ¿O da la casualidad de que esta
circular solamente se pone en marcha cuando se trata de saber que va a
haber determinadas manifestaciones? Porque si los antecedentes que obran
en su secretaría dicen que siempre es así, incluidos los puentes, cuando
se ve que hay algún puente determinado, yo le daría a esa circular un
valor distinto del que le estamos dando cuando hemos pedido su
comparecencia, porque hasta ahora, de una forma tan palmaria y tan
perceptible por el ciudadano, generalmente no se le había preguntado a un
determinado grupo de ciudadanos qué iba a hacer con respecto a
determinado festejo, incluido el final de la Liga, o el día de la
Comunidad, que también suele concentrar cierto público.
Por tanto, repito que en esa contradicción está la gravedad del problema,
no tanto en que se haya hecho uso de esa circular, sino en la
contestación que se ha dado por las autoridades, y en que se pueda
entender como habitual, rutinario, automático y sin ninguna importancia
que, so pretexto de la preservación de nadie sabe qué conjunto de futuros
riesgos, alguna autoridad pública o funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado le pueda preguntar siquiera a un ciudadano si
tiene la intención o no de asistir a una determinada manifestación. Yo sé
que Madrid es, por razón de ser de la propia capitalidad, más que el
rompeolas de las Españas, como se decía antes, el «manifestódromo»
nacional, pero cuando hay una manifestación las prevenciones han de
tomarse de modo tal que ningún ciudadano pueda pensar jamás que ni con
carácter rutinario alguien le está siguiendo la pista para ver qué va a
hacer tal día o tal otro en una cosa tan importante como es su derecho a
manifestarse, y sobre todo a hacerlo de una forma crítica.
Voy a ser muy breve. Me parece que coincidiremos la Secretaría de Estado
y este grupo parlamentario en que la derogación se hace por algo, porque
se ve que o bien esa orden ha sido malinterpretada o bien está dando
lugar a lo que no debía dar lugar y están ustedes estudiando una nueva
modalidad de información previa, o de información del tipo que fuera, que
permita tomar las prevenciones correspondientes, de todo tipo, para lo
que, efectivamente, usted ha recordado es la obligación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, que es la protección en el libre
ejercicio de todos los derechos de todos nuestros ciudadanos. Yo le
agradecería, y con ello acabo, que en esa modificación legislativa o en
esa prevención no haya el menor desliz hacia la sospecha, porque según
empieza el camino de la sospecha acerca de lo que un ciudadano libremente
quiere hacer, so pretexto de ciertas cautelas, empezamos a entrar en un
terreno que no nos gusta a nosotros y que se llama el terreno que empieza
a ser muy difícil, muy difícil de deslindar entre lo que se llaman las
prevenciones en materia de seguridad y en materia de ordenación de
extremos importantes, con lo que puede ser el tufillo de las actitudes
--no lo quiero casi, casi ni decir, pero no me queda más remedio-- de lo
que pudiera ser cualquier proclividad a un Estado medianamente o
indiciariamente policial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Heras Pablo.
La señora HERAS PABLO: Queremos dar las gracias, en primer lugar, al
señor Secretario de Seguridad por su presencia en esta Comisión.
Los que creemos en las normas democráticas, señorías, vemos lógico y
natural que un cargo público venga al Congreso de los Diputados para
explicar las actuaciones que, en función de ese cargo, realiza. En el
caso que nos ocupa nos ha parecido al Grupo Socialista que era necesario
pedir la comparecencia del Ministro de Interior o, en su defecto, del
Secretario de Estado de Seguridad, para que informe a las señoras y
señores diputados sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Delegado
del Gobierno en Extremadura. A nuestro entender tiene las mismas una
serie de tics un tanto autoritarios que creemos que es necesario exponer
y criticar. El Delegado del Gobierno en Extremadura se ha hecho muy
famoso en los últimos tiempos. Desde que se supo que la Guardia Civil
había realizado indagaciones para conocer qué docentes de Cáceres y de
otros lugares de España secundarían la marcha en favor de la enseñanza
pública del pasado 17 de mayo, han sido muchos los artículos
periodísticos, las tertulias, los comentarios, que han tratado sobre este
asunto. En este Congreso de los Diputados ha habido dos preguntas orales
en Pleno, una realizada por el Grupo Socialista y otra por el Grupo de
Izquierda Unida el pasado miércoles, y que fueron contestadas por los
señores Aznar y Mayor Oreja respectivamente. Ello es lógico porque el
tema tiene mucha importancia. Pero con ser este asunto tan grave e
importante, es una sola de las facetas de una realidad más amplia que se
hace preciso destacar aquí en todas sus vertientes y que justifica, a
nuestro entender, la preocupación del Grupo Socialista y su petición de
comparecencia de un responsable de Interior, bajo cuya autoridad se
encuentra el Delegado en Extremadura.
La polarización de la atención de todos hacia las medidas adoptadas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden desviarnos de lo que, a
nuestro entender, es una actuación más general de este Delegado del
Gobierno en la que se destacan grandes incapacidades del responsable. La
seguridad y el orden público, señorías, con cuestiones delicadas. Deben
de cuidarse y aplicarse de manera prudente, discreta y ecuánime. El
sentimiento de las libertades es harto sensible, de modo que entre lo
aceptable y el abuso median sólo pequeños pasos. Los últimos delegados
del Gobierno en Extremadura, antes de la llegada del señor Baselga, han
sido personas que, cumpliendo bien con su trabajo, apenas se hacían
notar, de modo que la mayoría de las medidas que ordenaron cumplir se
ejecutaron con cotidiana normalidad.
Extremadura, señorías, es una comunidad pequeña en la que todos nos
conocemos; esto ha permitido, sin especial esfuerzo, seguir la faceta
pública del personaje del que hoy hablamos desde su nombramiento como
Delegado del Gobierno, tanto más cuando se ha dedicado a otras muchas
labores, aparte de las inherentes a su cargo. Con la excusa de recorrer
las comarcas para interesarse por las preocupaciones de sus ciudadanos y
poderlas transmitir al Gobierno, hace continuamente campaña en favor de
su partido y visita los hogares de los pensionistas, a los que obsequia
con pequeños mítines. Aparece sólo, o acompañado por directores
provinciales, para explicar a los extremeños los logros del Gobierno
Aznar y su incidencia en Extremadura. Curiosamente hace justificación de
su propia gestión citando los compromisos adquiridos por los distintos
ministerios. No es raro, por eso, que muchos en Extremadura piensen que
está preparando su elección como candidato a la presidencia de la Junta
cuando se convoquen las elecciones autonómicas, mucho más que atendiendo
a sus verdaderas obligaciones. Y no habría nada que objetar a todo esto
si realmente se hiciera a mayores de sus deberes propios, pero el
problema surge, señoría, si unas cosas se superponen a las otras o, lo
que es peor, si, como dicen en mi tierra, la devoción puede con la
obligación.
El Delegado del Gobierno en Extremadura era ya muy conocido allí antes de
que ostentase el cargo que tiene en la actualidad. Dirigente superactivo
de Asaja protagonizó, junto a otros miembros de su asociación agraria,
curiosos espectáculos --por llamarlos de alguna forma-- en su época de
protestas y reivindicaciones frente a la Junta de Extremadura y el
Gobierno central socialista; espectáculos que fueron, desde el desnudo
propio hasta la introducción de un cerdo en las dependencias de la
Consejería de Agricultura, y no quiero seguir, señorías, para no
molestarles con las desmesuras de la descripción de las cosas que allí se
hicieron. Elegido Delegado se ha respetado por los grupos políticos
extremeños su tiempo de adaptación. Pero ha pasado ya un año, señorías,
desde su nombramiento y nos parece hora ya de preguntarle a él y a sus
superiores por una serie de medidas que ha tomado y que, según el Grupo
Socialista, rayan en el autoritarismo y en el abuso de poder, tanto más
cuando las denuncias hechas en los medios de información local y regional
por distintos denunciantes, sindicatos o partidos, no parecen hacer mella
en sus hábitos y en su comportamiento, arropado, como parece estar, por
un alto responsable institucional, cual es el Presidente del Senado, que
el otro día salió rápido en su defensa.
Tres cosas llaman la atención en el trabajo público del señor Delegado
del Gobierno en Extremadura: la primera, que se ocupa de cuestiones que
no son competencia del
cargo que ostenta; la segunda, que en las cuestiones propias de su cargo
da inequívocas señales de autoritarismo en cualquier situación que
difiere de lo que él considere normal; tercera, la manera de reaccionar,
airada e insultante, que tuvo ante la petición de su comparecencia ante
este Congreso de los Diputados, impropia, a nuestro entender, de
cualquier persona demócrata, sensata y ecuánime, tanto más si se ocupa un
puesto tan importante como es el de Delegado del Gobierno.
Hay varias actuaciones graves, a nuestro entender, en la gestión del
delegado que lo vuelven no adecuado para el cargo que tiene. Se ha
contado hasta la saciedad, a raíz de la denuncia del Presidente Rodríguez
Ibarra y de la petición de comparecencia del Grupo Socialista, que se
conculcaron las libertades de todos aquellos que podían acudir a la
manifestación de Madrid en defensa de la enseñanza pública. Para
justificarlo se ha dicho que la Guardia Civil actuó por su cuenta, según
una circular del año 1987 que estaba hecha para situaciones similares.
Pero yo quisiera preguntarle al señor Secretario de Seguridad si recuerda
alguna información de prensa o alguna protesta que en su momento se
hiciera en situaciones similares por investigaciones similares a las que
ahora denunciamos. A nuestro parecer, a la Guardia Civil se la pone como
parapeto cuando no es responsable, en absoluto, de las medidas tomadas.
Porque la Guardia Civil está siendo víctima de una contradicción brutal.
Lo digo por lo siguiente: en el corte de la carretera N-630, que durante
más de siete horas se produjo en enero a su paso por la población de
Monesterio en Badajoz, los más de cien agentes allí congregados no
actuaron durante todo ese tiempo al no recibir ningún tipo de órdenes de
su superior, el Delegado del Gobierno. Mientras, un hermano gemelo de
éste y una cantidad importante de militantes y simpatizantes del PP
cortaron una carretera nacional, vía importante de acceso a Extremadura,
junto con algún cargo público regional, todo ello en protesta por un
proyecto anunciado por la Junta de declarar Tentudía como paisaje natural
protegido. La carretera estuvo cortada siete horas y pico. Se pueden
imaginar cómo era el ambiente que había allí: los conductores sufrieron
grandes molestias porque hubo grandes colas de vehículos en ambas
direcciones. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta responsable del
proyecto había anunciado, cuando estos hechos se produjeron, que retiraba
el proyecto, y el propio Presidente de la Comunidad extremeña ya había
dicho que no haría nada en contra de la opinión de los vecinos. ¿Qué pasó
ese día con la Guardia Civil? ¿Por qué no actuó según su entender? El
Delegado del Gobierno permaneció todo el tiempo del corte normalmente
ilocalizable para los miembros del Ayuntamiento de Monesterio que,
lógicamente, presos de nerviosismo, intentaron contactar con él, ya que
las Fuerzas de Seguridad no hacían nada. La Guardia Civil, señorías, no
actuó porque no tenía directrices ni órdenes de la Delegación de
Gobierno, tal y como ellos mismos han dicho, en un momento difícil...
El señor PRESIDENTE: Señoría, un momento, por favor. La Presidencia no
quiere introducir ninguna desviación en el debate, pero pudiera ser --es
la sensación que tiene la Presidencia-- que los hechos a los que S. S. se
refiere, sobre los que usted puede hacer todas las iniciativas que estime
pertinentes, no tuvieran que ver con el fondo de la comparecencia. Se lo
hago notar a S. S. con toda consideración. Puede usted continuar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): No tengo ningún
inconveniente y le agradezco mucho la intervención a la señora Diputada.
El señor PRESIDENTE: Señoría, puede usted continuar.
La señora HERAS PABLO: Gracias, señor Presidente. Repito que la Guardia
Civil aquel día no actuó aduciendo que no tenía órdenes del Delegado del
Gobierno, en un momento particularmente difícil en la zona porque los
ánimos estaban terriblemente exaltados. ¿Cómo podemos creer ahora que en
el caso de las visitas a los colegios e institutos, que eran mucho más
tranquilas, lo hicieron sólo bajo su responsabilidad? ¿Cómo podemos creer
ahora que eran por sí y para sí, como el propio Secretario de Seguridad
manifestó en sus primeras intervenciones a los periódicos, cuando usted
ahora mismo ha reconocido que la información fue procesada camino de
Madrid, hacia Madrid?
Las preguntas sobre las intenciones de los docentes de viajar a Madrid en
un día no lectivo obedecían, dicen ustedes, a una circular del año 1987,
pero la no actuación de las Fuerzas de Seguridad aquel día en aquel corte
de carretera, ¿a qué circular obedecían?
Señorías, queremos reiterarlo, la petición de comparecencia por el Grupo
Socialista del responsable del Ministerio del Interior en esta Comisión,
para explicar las actuaciones de su Delegado en Extremadura no es algo
que viene ocasionado por una sola medida tomada por éste, por una única y
anecdótica forma de obrar de dicho cargo público, sino que se debe a un
conjunto de actuaciones muy claras y determinadas que ha llevado a cabo
durante un período largo de tiempo, que nos ha permitido hacernos idea de
cuál es su percepción de orden público, de la seguridad ciudadana y del
derecho a las libertades de ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. El
repetir muchas veces el desafuero que significa el que la Guardia Civil
indague sobre las personas que hipotéticamente viajarían a Madrid no
puede enmascarar la serie de incapacidades que el delegado ha demostrado
en otros asuntos de su incumbencia, y no puede usarse como señuelo para
obviar nuestra crítica y la explicación del Gobierno frente a acciones
que demuestran la mala gestión del señor Baselga.
Los hechos hablan por sí mismos. A los pocos días de producirse el corte
de carretera antes señalado, el Partido de los Verdes en Extremadura
solicitó poderse manifestar también, ahora a favor de la declaración de
Tentudía como espacio protegido, a lo que el señor Baselga contestó que
los cortes de carretera eran ilegales y que, en todo caso, deberían hacer
la manifestación dentro del pueblo. Entendemos que el señor Delegado del
Gobierno hizo dejación de
sus funciones aquel día en el conflicto de Tentudía. Abrió expedientes al
cabo del tiempo e impuso multas prácticamente testimoniales. Debió de
entender antes que su tarea institucional le obligaba a garantizar el
orden público, incluso de una manera preventiva.
Yo no quiero cansarles, señorías, pero aún hay más. La Ministra de
Agricultura visitó la región en el mes de febrero. A su llegada a Zafra,
después de una hora de retraso, recibió las protestas de los componentes
de una asociación agraria, UPA, que reivindicaban su posición en relación
con ciertos temas agrícolas. El secretario de UPA denunció el excesivo
despliegue policial, así como que todos los agricultores, niños y
mujeres, fueron registrados a la entrada de las instalaciones de la feria
de ganado de Zafra. La Delegación de Gobierno ha interpuesto una denuncia
contra UPA por faltar al orden público, cuestión que el sindicato niega.
La denuncia por infracción grave puede llevar desde una multa de 50.000
pesetas a una de cinco millones, en contraste con las multas que el
Delegado del Gobierno pensó en poner a aquellos que cortaron la N-630.
La Guardia Civil solicitó la documentación a los autobuses que regresaban
el domingo 27 de abril de la fiesta pro referéndum del Partido Socialista
en Arroyo de la Luz, en Cáceres. El Delegado del Gobierno, evidentemente,
niega que él diera las órdenes, pero las revisiones se produjeron. El 24
de abril un grupo de trabajadores de la enseñanza se manifestaba frente a
la Dirección Provincial de Educación de Badajoz, e intentaba cortar por
unos momentos el tráfico para hacer patente su protesta por el
desmantelamiento de la enseñanza pública frente a la privada. Numerosos
efectivos de policías nacionales y locales lo impedían con firmeza. «A
circular», decían, cuando los concentrados hacían un intento de pararse.
Por más que los dirigentes sindicales intentaron negociar, no
consiguieron la concesión más mínima.
¿Es esto la vara de medir de la derecha? Es ésta su versión del uso y
disfrute de las libertades? El señor Baselga, que cuando era dirigente
agrario se plantaba en medio de lo que fuera para defender los intereses
de su organización, la libertad de manifestación y protesta frente a
otros derechos, ahora que es Delegado del Gobierno es totalmente
escrupuloso con las llamadas alteraciones del mismo. En su representación
del papel que tiene asignado de síntomas preocupantes de inmadurez,
negligencia e incapacidad; ni siquiera sabe ser un cargo institucional.
Como el Gobierno es de todos, señoría, se debiera gobernar para todos, y
su representante, que, además, no tiene responsabilidad orgánica en el
Partido Popular, debería tener una sana preocupación por garantizar el
equilibrio entre el poder del Estado central y el poder autonómico, y por
mantener la eficacia que se debe de tener en cualquier organismo público.
Frente a esto el responsable de la seguridad ciudadana arremete
literalmente contra los que osamos, por mera higiene democrática, pedir
su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y nos insulta de todos
los modos posibles. Olvida, al parecer, lo cual, visto lo visto, no nos
produce sorpresa, que somos representantes del pueblo y que hemos sido
elegidos para defender sus intereses en cualquier lugar o circunstancia
en que éstos puedan ser dañados. Señor Secretario de Seguridad, ¿qué
piensa usted de las declaraciones hechas por el señor Baselga cuando
conoce que se ha pedido su comparecencia o la del Ministro de Interior en
este Congreso? ¿Está de acuerdo con sus contestaciones? Querría que me
dijese si las comparte o no para saber a qué atenernos. Creemos que al
señor Baselga --y termino ya-- le hacen falta muchas clases para que
llegue a asimilar verdaderamente lo que es la democracia y lo que son los
deberes de los cargos públicos en defensa de la misma. Todo eso de que se
ataca a las fuerzas de seguridad cuando a él se le critica suena
demasiado a otras épocas con olor de naftalina. Todo eso de que nadie le
da lecciones a él suena, perdonen que les diga, a pura chulería. Los
extremeños lamentamos mucho tener un delegado así, tan poco ecuánime, tan
exaltado, tan fuera de lugar que insulta cuando habla, tan descolocado
que para presentar los logros de su gestión describe las inversiones que
la comunidad ha recibido o va a recibir en educación o en gasto
sanitario. Lamentamos, sobre todo, que no parece tener nada claro lo que
son las reglas democráticas.
Señor Secretario, es nuestro problema, pero también es el suyo. Mi grupo
no va a indicarle a su Ministerio ni a su responsable último lo que
debieran de hacer, aunque en nuestra mente esté, y muy clara, la postura
que cabría tomar ante un delegado que más que administrar el orden
público, lo enrarece y lo estropea; que más que equilibrar los poderes
centrales y autonómico, los enfrenta; y que insulta gratuita y gravemente
a los diputados en el Congreso.
Nos parece bien, señor Secretario, que usted exija responsabilidades a
cualquier cargo de la Guardia Civil que conozcamos. Yo le estoy poniendo
un ejemplo de un cargo político, obre en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Con toda brevedad, señor Presidente, quiero resaltar
algo que nos parece fundamental, y es que sobre la cuestión principal
objeto de esta comparecencia en menos de una semana se han pronunciado ya
el propio Presidente del Gobierno, el Ministro del Interior, y hoy el
Secretario de Estado de Seguridad, lo cual supone que, por una parte, los
grupos de la oposición han hecho uso de su derecho legítimo a recabar
información y explicaciones del Gobierno pero que, por otra parte, el
Gobierno ha podido, en muy breve espacio de tiempo, dejar suficientemente
claros cuáles son los verdaderos planteamientos de fondo que subyacen en
el asunto que nos ocupa. Por más vueltas que se le quiera dar, hay dos
hechos que son en sí difícilmente rebatibles. En primer lugar, que
ninguna esfera de responsabilidad gubernamental dictó género alguno de
instrucciones específicas para determinar identidades de personas que
presuntamente estuvieran dispuestas a acudir a esas convocatorias
señaladas para la celebración de un acto legítimo de protesta en Madrid.
Y en segundo lugar, que las informaciones que se recabaron fueron
puramente rutinarias, en el contexto de una orden vigente desde 1987, y
especialmente con atención a establecer,
si era el caso, los mecanismos de seguridad necesarios precisamente para
que las personas que, legítima y libremente querían acudir a ese acto
crítico, pudieran hacerlo, como no podía ser de otra forma, con plenas
garantías de su seguridad. Ese es el quid de la cuestión. A partir de
ahí, se ha suscitado, como bien señaló el Presidente del Gobierno, como
bien señaló el Ministro del Interior, y hoy ha explicado también el
Secretario de Estado de Seguridad, una reacción natural, lógica y
nosotros entendemos que plausible, porque ante un hecho que podía
generar, como ha generado, cierta controversia social, corresponde a un
Gobierno, comprometido precisamente con la idea de la transparencia y de
las libertades, establecer los mecanismos correctores oportunos. En este
sentido, la derogación de la orden de la Dirección General de la Guardia
Civil de 1987, va a contribuir, dándole en el futuro una nueva redacción
mucho más precisa y concreta, a que situaciones de este género no se
vuelvan a producir.
La semana pasada el debate se pudo plantear quizá desde algún ámbito
político en términos ciertamente desaforados, puesto que se oyeron
exabruptos conceptuales tan hirientes para cualquier sensibilidad
democrática, como manifestaciones individuales ciertamente no adecuadas
que pudieron herir la sensibilidad democrática de algunos. Hoy,
afortunadamente, los términos de la cuestión parece que se han planteado
en fórmulas mucho más serenas. Desde esas fórmulas mucho más serenas es
de donde todos estaremos contribuyendo mucho mejor a que estas
situaciones no puedan dar interpretaciones equívocas en algunos y, por
tanto, puedan redundar desde la claridad en beneficio del derecho de
todos.
Ha dicho el señor Castellano --y quiero citarlo casi literalmente, porque
me parece que ése es un buen planteamiento del fondo de la cuestión-- que
las prevenciones que se han de tomar han de serlo de tal forma que ningún
ciudadano pueda pensar que se le está siguiendo la pista cuando quiere
hacer ejercicio de su derecho de manifestación, y especialmente de manera
crítica. Me parece, insisto, que ésa es una buena síntesis de la cuestión
y que ésa es perfectamente una descripción del proceso de intenciones que
ha llevado al Gobierno, vistos los hechos, a declarar la derogación de la
orden de la Dirección General de la Guardia Civil de 1987, y anunciar la
elaboración de una nueva orden que pueda establecer, con mayor claridad y
precisión, los términos en que se han de recabar esas informaciones.
Si con todo este debate se quiere decir que hay que dar una mejor
orientación concreta a las medidas complementarias de seguridad que se
pueden y se deben adoptar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, precisamente para garantizar el derecho de los ciudadanos al
libre ejercicio de sus libertades fundamentales, y especialmente del
--permítaseme la expresión amplia-- derecho a la crítica en todas sus
manifestaciones y acepciones, si se quiere decir exactamente eso, en eso
estamos todos de acuerdo. En eso la propia iniciativa del Gobierno
acredita precisamente que el Gobierno camina, ha caminado siempre, como
no puede ser de otra forma, primero por convicción, y, en segundo lugar,
por imperativo legal, en esa dirección. Si por el contrario con este
debate se quiere decir otra cosa, al menos como parecía la semana pasada;
si se quiere reiterar ese discurso absolutamente manido de que el
Gobierno atenta contra las libertades, nosotros, señor Presidente, no
vamos a entrar en él, porque nos parece que es un debate que
conceptualmente cae de suyo y, sobre todo, porque carece de credibilidad,
en función de un planteamiento puramente objetivo, es decir, de lo que
hace muy pocas fechas los ciudadanos, a través de procedimientos
científicos de encuesta, han acreditado, esto es, que el presente
Gobierno es el Gobierno mejor valorado, en términos de opinión, de los
últimos seis años. Es evidente que una sociedad como la nuestra,
absolutamente comprometida --como no puede ser, afortunadamente, de otra
forma-- con el proceso y con los contenidos de las libertades, no tendría
esa percepción si la actuación del Gobierno fuera contraria a esa
defensa, a esa profundización y a ese acrecentamiento del equipaje de las
libertades.
Señor Presidente, podemos concluir todos en eso, en la necesidad de que
desde la serenidad todos, afortunadamente, estemos en situación de
adoptar posturas objetivas frente a hechos que se suceden. Es malo
formular juicios políticos casi, a veces, con signos de autos de fe y en
ausencia de los interesados. En todo caso, todos los grupos políticos de
esta Cámara deben tener la certeza y la seguridad, insisto, no sólo por
imperativo legal, sino por convicción, como desde luego la tiene este
Grupo Parlamentario, de que este Gobierno nunca consentirá de nadie que
tenga una responsabilidad ante los ciudadanos actuaciones rayanas en el
autoritarismo y en el abuso de poder, como hoy ha querido apuntar
--insisto que legítimamente desde su valoración, que nosotros no
compartimos-- algún grupo parlamentario. El concepto de autoritarismo y
de abuso de poder no son trajes a medida que se puedan utilizar en el
debate político a conveniencia o desconveniencia de unos y de otros,
porque precisamente por ser conceptos esencialmente muy graves, en la
medida en que son contrarios al equipaje de las libertades, todos
deberíamos tener mucho cuidado a la hora de hacer esas o aquellas
imputaciones.
En todo caso, nuestro Grupo Parlamentario quiere resaltar, primero, que
este Gobierno, ni este Grupo Parlamentario que lo sostiene, jamás se
atribuirá el patrimonio exclusivo ni de las libertades ni de la ética ni
de la democracia, porque creemos que ése es un patrimonio de todos, pero
tampoco decimos que estamos dispuestos a que interesadamente se nos
quiera situar en el furgón de cola de ese tren, porque en ese tren no hay
ni primeros ni últimos vagones; en ese tren todos jugamos por igual y
todos jugamos con el mismo grado de compromiso. Y en segundo lugar,
quiero señalar que este Gobierno y este Grupo Parlamentario que respalda
al Gobierno, cuando existan objetivamente causas para la imputación de
responsabilidades, jamás las eludirá por sí y ante sí, jamás las
atribuirá a terceros. Este Gobierno podrá en un momento determinado
cometer errores, como es natural, y asumirá la responsabilidad de sus
errores, pero no señalará en el ámbito del Ministerio del Interior a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Cuerpo Nacional de Policía
o a la Guardia
Civil como responsables de esos errores, porque eso sería, entre otras
cuestiones, una concepción villana de su propia responsabilidad de
gobernar.
Tengan la seguridad y la tranquilidad todos los grupos parlamentarios,
como desde luego la tiene el Grupo Parlamentario Popular, que en esa
defensa de las libertades se inserta, sin lugar a dudas, el criterio de
revocación de una orden que databa de 1987, que se venía aplicando con un
criterio puramente rutinario, pero que, a pesar de esa aplicación
rutinaria, en ningún caso supuso forzar la voluntad de nadie, porque a
nadie se le intentó pedir datos de identificación personal ni a nadie se
le requirió para que mandara informes de identificación personal, porque
eso hubiera sido lo mismo que intentar limitar las libertades, y no está
en la carga de principios de este Gobierno, sino todo lo contrario,
actuar en ese sentido de profundización misma de las libertades.
Concluyo diciendo: hemerotecas de declaraciones, hemerotecas de juicios,
hemerotecas de conductas, hemeretocas de actuaciones de unos y otros;
cargos públicos en otras épocas, y probablemente con la misma
denominación, tarjeta de visita de Delegado del Gobierno, están al
servicio de todos. Nosotros no vamos a utilizar esas hemerotecas
precisamente porque, como ha dicho muchas veces el Presidente del
Gobierno, de lo que se trata es de mirar hacia el mañana. Pero nos
gustaría que a la hora de determinar ciertas valoraciones, de afirmar
determinadas conductas o de establecer determinados juicios políticos
otros tuvieran también de alguna manera, el ejercicio autocrítico de
mirar primero dentro de sí mismos para saber si es mejor o peor lo dicho
por el Delegado del Gobierno en Extremadura, en los términos que se nos
dice que dijo por parte --legítima pero por parte-- de un grupo
parlamentario, u otras actuaciones, por ejemplo, la de aquel que en un
momento determinado, ostentando también una delegación del Gobierno,
advirtió que iban a mandar a no sé qué presidente de comunidad autónoma a
no sé qué sitio.
Quiero decir, señor Presidente, que celebro enormemente --y quiero
reconocerlo-- el tono empleado hoy por todos los grupos parlamentaros.
Nos tenemos que encontrar precisamente en el sentido de las palabras del
señor Castellano, que he querido trasladar casi en su literalidad. Desde
luego, este Gobierno y este grupo parlamentario --subrayo este grupo
parlamentario--, en el momento en que crea firmemente que alguien se ha
situado en posiciones de autoritarismo, en posiciones de abuso de poder,
en posiciones de espaldas no solamente a nuestro ordenamiento vigente,
sino a ese compromiso de la libertad, será el primero en impulsar los
contenidos críticos que hagan falta. No ampararemos ningunas situaciones
simplemente por el hecho de la militancia en común. Esperemos y deseemos
que en el futuro cualquier debate a propósito de cuestiones como ésta se
puedan plantear en los términos de hoy. Pero deseemos también que en el
futuro no se puedan establecer autos de fe ni procesamientos políticos en
ausencia de nadie, porque eso puede suponer, en todo caso, negar una de
nuestras mejores y más profundas garantías constitucionales que es
precisamente, y aunque sea en términos políticos y no procesales traídos
al caso, la presunción de inocencia. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!)
El señor PRESIDENTE: ¿Desea alguno de los portavoces una segunda
intervención? (El señor Barrero López: El señor Castellano está
abrumado.)
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, la segunda
intervención la haría tras oír al señor Secretario de Estado. Ahora bien,
si quiere usted podría hacer una intervención, de momento, recordándole
al señor Gil Lázaro algo que ha dicho, relativo a que en un determinado
tren no hay primer, segundo ni tercer vagón. Hay una profunda
contradicción: todos los trenes, sean los que fueren, tienen una máquina
y hay un primer, segundo, tercer o cuarto vagón o, si no, serán cualquier
cosa pero no les llamemos trenes.
El señor PRESIDENTE: Pero parece que se mueven en la misma velocidad, en
todo caso.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: En segundo lugar, no tengo el menor
inconveniente en reconocer que a lo largo de la historia del país en que
me ha tocado vivir, afortunadamente, no soy el primer vagón en la defensa
de las libertades. Ha habido muchos primeros vagones en defensa de las
libertades, razón por la cual algunos podemos ser el vagón de cola,
porque otros han dado ejemplo. Hay que tener en cuenta estas cosas,
porque la historia acaba siendo reflejo de cuál ha sido el trayecto y
cuáles las estaciones por las que han pasado mucha gente y muchas
comunidades. (El señor Belloch Julbe: Este es un turno un poco anómalo.)
El señor PRESIDENTE: Pero, evidentemente, se ha abierto, señorías.
Brevísimamente, le doy la palabra al señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Brevísimamente y dando la razón al señor Belloch en
que, efectivamente, es un turno bastante anómalo, quiero señalar al señor
Castellano, con toda cordialidad, que sabe bien que cuando se trata de
defender ideas el tren de los conceptos no tiene la misma similitud que
el tren puramente de transporte. Sabe bien el señor Castellano que si
este Diputado le ha reiterado siempre públicamente su afecto personal y
su admiración política es porque considera que sí, efectivamente, con
nombres y apellidos, hay gentes que para las nuevas generaciones
políticas de este país nos pueden servir de referencia sus luchas por las
libertades, aunque no compartamos un mismo proyecto político. Quiero
decirle que a partir de la aprobación de nuestra Constitución, a partir
de la nueva democracia española, nadie como organización, como grupo
político, como formación; nadie es más que nadie en la defensa de las
libertades, sin que eso empezca, en modo alguno, para reconocer el
magisterio individual de los que como S. S. --precisamente por tener algo
que otros no tenemos, es decir, una vida más larga-- pudieron dar
testimonio personal de lucha por estas libertades.
La señora HERAS PABLO: Señor Presidente, pido la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Gil Lázaro, en materia de trenes
a los únicos que hay que reconocer autoridad es a los ferroviarios.
El señor PRESIDENTE: Señora Heras, S. S. no fue aludida con los trenes.
La señora HERAS PABLO: Gracias a Dios, no. Lo que pasa es que siento un
poco de envidia de los otros portavoces y por eso intervengo. Prefiero
escuchar la respuesta del señor Secretario de Estado e intervendré
después, porque no tengo nada que hablar con el portavoz del Grupo
Popular. Mi intervención va dirigida al señor Secretario de Estado de
Seguridad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Quiero
agradecer, primero, la actitud seria y responsable, de denuncia de hechos
que pueden crear alarma social, en cuanto pueden suponer una merma de
nuestras libertades, que han realizado tanto el portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, como la portavoz del Grupo Socialista.
Quiero agradecer muy especialmente las dos intervenciones en cuanto
suponen una importante aportación a la clarificación de unos hechos, que
sin duda preocuparon a todos en un momento dado por lo que suponían, como
decía al principio de mis palabras, de alarma social.
Querría, señor Castellano, asegurarle que no existe contradicción alguna
con la derogación de esa circular a la que tantas veces nos hemos
referido con la inocuidad de la información que se proporcionaba.
Mantenía sus dudas sobre si esa información era realmente rutinaria,
sobre si estos hechos estadísticos, estas preguntas, estas dudas, se
suscitan también en casos como el 7 de julio, San Fermín; la Romería del
Rocío o determinados puentes. He de decirle, señor Castellano, que sí.
Antes de San Fermín se hace un estudio sobre la incidencia que pueden
tener en la seguridad ciudadana los festejos. Es un festejo, como usted
sabe, que está muy rodado o muy corrido y se sabe aproximadamente el
número de coches, de manifestantes --de concurrentes, en este caso-- y un
largo etcétera. Se estudia también el tema de la vuelta ciclista.
Concretamente he celebrado hace dos días una primera reunión sobre este
problema dentro de la Secretaría de Estado, porque también inciden en la
seguridad vial y en la seguridad ciudadana, y muy especialmente cuando
esta vuelta ciclista pasa por determinadas comunidades o localidades.
Me temo que esa información no tiene otra palabra que rutinaria. Estoy de
acuerdo con S. S. en que hay que evitar cualquier desliz hacia la
sospecha, hacia ese Estado policial del que gracias a Dios hemos huido
hace ya muchos años y al que ninguno de nosotros, como es lógico, jamás
podrá permitir siquiera un mínimo paso en esa dirección. Vamos a reformar
esta circular, no porque sea intrínsecamente mala, sino porque es
excesivamente rutinaria, y muchas veces dejamos al albedrío de un capitán
de un puesto de una pequeña población española el decidir una serie de
puntos que tiene que rellenar de un amplio formulario. Situación en la
que, por otra parte, ni siquiera era obligatorio, sino que deja también a
su albedrío decidir cuándo y en qué situaciones esa manifestación o esa
concurrencia puede llegar a perturbar la seguridad ciudadana o puede
llegar a perturbar elementos tan importantes de la seguridad vial.
No sé si con esto he disipado sus dudas, señor Castellano, pero, si no,
estoy a su disposición para luego, en mi siguiente intervención,
clarificar lo que haya quedado.
Señorías, les quiero insistir en que la Guardia Civil se ha limitado a
actuar en este caso, al igual que en otros similares, de conformidad con
toda la normativa y procedimientos habituales y con un estricto respeto
de los derechos y libertades de los ciudadanos. Vuelvo a decir, señorías,
que, en el supuesto de que llegásemos a la comprobación, previa a la
pertinente investigación, de que en algún caso concreto se hubiera
producido por parte de algún miembro determinado de la Guardia Civil
cualquier tipo de extralimitación en el cumplimiento de sus funciones, no
les quepa a ustedes la menor duda de que se procedería a la
correspondiente instrucción de expediente disciplinario.
En el caso concreto que ha explicado doña Carmen Heras, sobre los tics
autoritarios de determinado delegado de Gobierno, no puedo hacer más que
lamentarlo, porque estoy seguro de que su apreciación es compartida por
una parte considerable de la población extremeña. Creo que el señor
delegado del Gobierno tendrá que tener más cuidado en ciertas
manifestaciones, que insisto, he desautorizado, no ahora, sino
inmediatamente y en público, por lo que en ningún caso puedo compartirlas
y mucho menos autorizarlas.
Se ha referido la señora Diputada a una serie de hechos que sucedieron en
el pasado, una larga serie de problemas que han ido apareciendo. Vuelvo a
decir que lo lamento, y me dirá luego que no basta con que lo lamente,
que tengo que tomar algún tipo de decisión con el delegado del Gobierno
de Extremadura. Señoría, dejemos que pase un poco de tiempo, son unos
meses de adaptación y a lo mejor es complicado pasar de se un líder de
Asaja a un puesto como el de delegado del Gobierno en la Comunidad de
Extremadura. Espero que no crea que es una falta de buena voluntad por su
parte y estoy seguro de que hará todo lo que está en su mano para
adaptarse a su nueva e importante misión. Le vuelvo a decir que en un
primer momento quizás muchas otras autoridades autonómicas, también en
Extremadura, locales y nacionales, hemos cometido ese tipo de
apresuramientos, hemos cometido algún tipo de error y sobre todo lo que
me parece más grave, hemos podido crear alarma social. En el Ministerio
de Interior somos particularmente cuidadosos con esa sensación de alarma
social, porque muchas veces en ese estado de libertades que tenemos nos
arriesgamos a que cualquier tipo de intervención o de manifestación pueda
crear esa sensación, que afortunadamente nunca es más que una sensación,
una inquietud,
pero que es suficientemente importante para que nosotros hagamos todo lo
que está en nuestra mano para evitarla.
Quiero llevar a su conocimiento, quiero insistirle en que en modo alguno
se conculcaron las libertades y que en modo alguno quiere el Gobierno
ampararse detrás de la Guardia Civil en unas decisiones y unas órdenes
que se dieron, porque no se dieron; es tan simple como eso, no se dieron,
como nunca se han dado a lo largo de los últimos quince años, me
atrevería a decir que caso desde que se promulga la Constitución
española. No lo ha hecho nunca ningún Gobierno porque, afortunadamente,
estamos en otra época, y cuando en algún momento aparece algún caso
puntual, algún supuesto que nos preocupa, y que hace muy bien quien sea
en denunciárnoslo ante la opinión pública, hemos hecho una investigación
y nos encontramos con que siempre es un hecho puntual --y le vuelvo a
decir que es importante, que es grave, y que tenemos que atajarlo donde
aparezca-- que siempre se debe a la iniciativa de una persona, de cuyas
actuaciones somos responsables y hemos dirimido responsabilidades, porque
en algun caso ha caído algún gobernador civil, pero son cosas que están
ahí, con las que tenemos que vivir y lo que tenemos que hacer es estar
muy seguros de que nunca nadie desde este Ministerio ni desde ninguna
delegación del Gobierno dé ese tipo de orden o de norma. Estoy seguro de
que hubo temas, como el de Monasterio, al que se ha referido, que fueron
preocupantes, pero también habrá otros. Me temo, señor Diputada, me temo
que habrá otros, porque siempre, en un departamento como el nuestro, en
un departamento como el de Interior, estamos en esa especie de línea
tenue que separa seguridades y libertades, pero le puedo asegurar, doña
Carmen Heras, que estamos absolutamente del lado de las libertades y que
en esa duda y en esa especie de línea iremos siempre, igual que el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --que hoy tan bien ha
representado Pablo Castellano--, en esa dirección, porque creemos
fundamentalmente en ese camino. Pensamos que la democracia sólo se
construye a base de más democracia y las libertades, a base de más
libertad. Es ese aspecto, puede estar usted segura de que estaremos de su
lado y si hay algún fallo, algún tipo de actuación poco elegante o que
pueda crear problemas, le agradeceremos profundamente su denuncia y puedo
asegurar que, en el caso de que encontremos algún tipo de
responsabilidad, a cualquier nivel, como hemos demostrado, actuaremos con
la máxima contundencia frente a esas actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellano, para consumir
su segundo turno.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con toda brevedad, agradeciendo al
señor Secretario de Estado la posición que acaba de manifestar.
Creo, sin embargo, y me va a permitir que lo diga, que ha habido una
especie de exceso en el sentido de presentar un panorama paradisíaco
diciendo que a lo largo de todo este tiempo no hay lugar para que nadie
pueda albergar ninguna clase de dudas acerca de cuál es el respeto sobre
los derechos y libertades de los ciudadanos. Entiendo la buena fe que
inspira ese estado de ánimo, pero entienda S. S. que si el hecho de esta
investigación por la Guardia Civil en determinados centros escolares para
saber quién iba a ir o no a una manifestación ha suscitado alarma no es
por la razón de una excesiva suspicacia; estamos hablando pura y
sencillamente de un terreno en el que se puede decir claramente que
llueve sobre mojado. No nos coloquemos ahora en un mundo absolutamente
idealizado y olvidemos que aquí, me refiero a este país y después de
aprobada la Constitución, se ha descubierto a agentes de la Guardia Civil
en un momento determinado ni más ni menos que viendo cuáles eran los
movimientos de determinados testigos en un determinado proceso; también,
por qué no, aquí se ha descubierto de una forma perfectamente clara, con
todo lo que usted quiera, que se han intervenido líneas telefónicas y
hasta sumarios por ello.
Bien está que defendamos, lógicamente, que todos tenemos un enorme
respeto hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero que eso
no sirva para olvidar que, dejando a cada uno en su sitio, ha habido
situaciones que permiten claramente que haya ciudadanos que, por aquello
de que el gato escaldado del agua fría huye, cuando se producen estas
situaciones tengan que recordar otros supuestos que les voy a hacer a
ustedes gracia de no enumerar uno por uno, porque son bastante cuantiosos
y suficientemente elocuentes para que tengamos en cuenta el derecho, al
menos la posible tentación de algunos, en cierta medida, de no recibir
con mucho agrado esta clase de intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Intervengo simplemente para agradecer el tono que
ha utilizado el señor Secretario de Estado de Seguridad, incluso sus
palabras en algunos momentos de su intervención, en cuanto que ha
manifestado muy claramente que no comparte una serie de afirmaciones que
de forma gratuita e insultante se hicieron contra los diputados de este
Congreso. Quiero darle las gracias por esa declaración tan firme,
animarle a que siga trabajando en el terreno de las libertades, tal como
ha dicho, y decirle que entiendo perfectamente que lo tiene difícil,
sobre todo en algunos casos, pero le rogaría que siga intentándolo, que
siga poniendo freno y que siga educando, si no puede hacer otra cosa.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Intervengo simplemente para decir que comparto el
fondo y la forma de la intervención del señor Secretario de Estado,
especialmente en aquel ámbito de cosas de su intervención en que debía
ser la Secretaría de Estado y no esencialmente el Grupo Parlamentario
Popular quien se tenía que pronunciar. Comparto, no obstante, lo dicho
por el señor Secretario de Estado y al mismo tiempo nos reafirmamos en
nuestra propia intervención como grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señorías, en
España, con el trabajo y el esfuerzo de todos, contamos hoy con un Estado
social y democrático de Derecho perfectamente consolidado, con el
esfuerzo de todos y muy especialmente con los que han ido en vanguardia,
como antes decía el señor Gil Lázaro. Este es el patrimonio de todos. Y
estoy de acuerdo en que existen excesos y que tal vez, a lo mejor, haya
planteado un panorama excesivamente paradisíaco, pero probablemente
porque he planteado un panorama de futuro y porque prefiero mirar hacia
el futuro, don Pablo. Mirar hacia el pasado no nos reportará más que
problemas y disgustos a todos nosotros, en mayor o en menor grado,
proporcionalmente a los años que todos y cada uno de nosotros vamos
teniendo. Eso es un hecho.
Yo quiero, por último, asegurarles que se ha avanzado en materia de
libertades públicas y que los procedimientos y los mecanismos de control
para que así se encuentran en funcionamiento y desempeñando su labor con
toda normalidad. Que estemos aquí, hoy, nosotros esta noche no es sino
una buena muestra y una buena prueba de todo ello. Y como responsable de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quiero dejar sentado que su actividad
es perfectamente coherente con los principios constitucionales, sin
ningún asomo de duda acerca de cualquier tipo de comportamiento anómalo
que ha podido producirse y que sin duda alguna se podrá producir en el
futuro, porque, don Pablo, tenemos en total 120.000 hombres y quis
custodiet ipsos custodes?, es exactamente lo que nos está sucediendo.
Señorías, resumiéndoles las ideas básicas, yo querría transmitirles los
siguientes puntos. En primer lugar, que no existió orden ni instrucción
alguna por parte del Ministerio del Interior emitida con carácter
particular para la manifestación del pasado día 17 de mayo. Que en esta
ocasión se siguió el procedimiento ordinario y se cumplimentaron los
formularios previstos por la orden de 1987 del Director General de la
Guardia Civil. Que las informaciones recibidas en relación con la
manifestación no contienen ningún dato relativo a la identidad de los
participantes en la concentración, sino que únicamente recogen, entre
otros datos, el número de asistentes y vehículos. Que la recogida de
estas informaciones es perfectamente legal y constitucional y entra
dentro de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Si en la forma
de recoger esa información se produjo en algún supuesto y de forma
puntual una extralimitación de sus funciones por parte de algún miembro
de la Guardia Civil o un abuso de autoridad por parte de alguna otra
persona, esa actitud en este caso y siempre será condenada y perseguida
por el Gobierno. La orden del Director General de la Guardia Civil antes
aludida ya ha sido derogada y esta derogación responde no al carácter
antidemocrático de la orden, sino a un deseo de perfeccionarla
técnicamente en una búsqueda constante que debemos tener todos los
responsables, todos, de los mejores instrumentos de protección de las
libertades públicas.
Quiero concluir manifestando, señorías, y con toda rotundidad, que la
Guardia Civil y las autoridades y funcionarios que la componen tienen
profundamente interiorizado el respeto a los derechos y libertades
individuales de sus conciudadanos, respeto que resulta incompatible con
las acusaciones que hoy han motivado mi comparecencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.