CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 239



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENTE: DON JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 24



celebrada el lunes, 26 de mayo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo)
para informar sobre:



--Resolución adoptada sobre tarifas de interconexión por el uso de las
redes fijas de Telefónica de España, S. A. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/000250.)



--Las tarifas de interconexión, así como de las nuevas tarifas de
servicios de la Compañía Telefónica. A solicitud del Grupo anterior.

(Número de expediente 213/000257.)



--El nombramiento de consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de
las Telecomunicaciones. A petición propia. (Número de expediente
214/000037.)

Página 6876



Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la reunión de la Comisión, cuyo
orden del día contiene la celebración de tres comparecencias. La primera
y segunda serán tratadas conjuntamente, son ambas del Grupo Socialista
del Congreso y piden comparecencia del señor Ministro para que informe
sobre tarifas de interconexión por el uso de las redes fijas de telefonía
de España y sobre ese mismo tema y las nuevas tarifas de servicios de la
Compañía Telefónica.

Dando la bienvenida al Ministro de Fomento, le doy la palabra para
informar respecto al objeto de las comparecencias.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente. Buenas tardes.

Señorías, todo lo que afecta a las condiciones y tarifas de interconexión
y todo lo que afecta al reequilibrio tarifario del operador dominante en
la escena española debe enmarcarse en lo que es la política de
liberalización de las telecomunicaciones impulsada por el Gobierno
español. Esa política de liberalización tiene una formalización
legislativa que ha obtenido un amplio respaldo de la Cámara, que fue el
Decreto-ley de liberalización de las telecomunicaciones y hoy es Ley de
Liberalización de las telecomunicaciones.

En ese marco legal se insertan dos decisiones políticas de primera
magnitud: la primera, terminar con el monopolio de telefonía básica
existente en España, como en otros países europeos, mediante el
otorgamiento de una licencia o título habilitante para prestar el
servicio de telefonía básica por el segundo operador, Retevisión. Durante
la tramitación parlamentaria el final del monopolio y, por así decirlo,
el mayor impulso al proceso de liberalización se obtiene mediante el
otorgamiento también de título habilitante para prestar el servicio de
telefonía local a los operadores de cable, en el marco de su
circunscripción y, naturalmente, utilizando sus infraestructuras. Todo
ello en las fechas que van desde la entrada en vigor del decreto-ley de
liberalización de las telecomunicaciones hasta el 1.º de diciembre de
1998, período de tiempo en el que todavía hay un esquema de cierta
protección al mercado español de las telecomunicaciones.

Como es sabido el Gobierno llegó a un acuerdo con la Comisión Europea de
Bruselas para fijar la fecha de definitiva liberalización del mercado
español de las telecomunicaciones y, consecuentemente, de todo lo que
afectaba a la telefonía básica en el día 1.º de diciembre de 1998.

A partir de la entrada en vigor del decreto-ley se inicia un proceso muy
denso de medidas legislativas de desarrollo para hacer viable las dos
grandes decisiones contenidas en la Ley de Liberalización de las
telecomunicaciones y, naturalmente, en ese impulso que el Gobierno da al
marco legal se tienen muy en cuenta las experiencias que han atravesado
los pocos países que han liberalizado el mundo de la telefonía, que son
muy pocos, en concreto Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Suecia,
Finlandia y parcialmente Japón. Hemos tratado de aprender de la
experiencia de esos países, de sus aciertos y de sus errores y hemos
tratado de recoger sus aciertos y, como es lógico, de no incurrir en sus
errores.

Pues bien, de acuerdo con la experiencia habida en esos países, y desde
una perspectiva diría fundamentalmente técnica, son tres los elementos
que condicionan la viabilidad inicial del segundo operador; dejo aparte
el tiempo, por no ser un elemento técnico, porque el tiempo juega un
papel importante en la viabilidad inicial y en la consolidación del
segundo operador, pero no es menos cierto que de la experiencia de esos
países se deduce que no es el elemento esencial. Tiene más influencia,
mucha influencia, lo que podría calificarse de condiciones técnicas.

Entre esas características técnicas que enmarcan la viabilidad de un
segundo operador hay tres que destacan por su significación y por su
importancia. La primera de ellas, las tarifas y condiciones de
interconexión, es decir, las condiciones en las que el segundo operador,
en el caso español el segundo operador y los operadores de cable, van a
hacer uso de la red del operador dominante, es decir, de Telefónica, de
tal manera que cada usuario tenga acceso a todo el universo de usuarios,
con independencia de cuál sea el operador con que tiene contratada la
línea de acceso.

La segunda característica se refiere a los mecanismos de selección y
preselección del operador, es decir se trata de regular y de establecer
los mecanismos mediante los cuales cada usuario va a poder elegir para
cada llamada que se establezca qué operador va a ser el responsable de
cursar la llamada, con independencia del operador al que tiene contratado
la línea de acceso.

La tercera característica técnica se refiere a la llamada en mal
castellano portabilidad del número que nosotros hemos preferido traducir
en la futura ley general de telecomunicaciones como conservación del
número, es decir la posibilidad de que los usuarios conserven su número
de teléfono cualquiera que sea el operador con quien contraten la línea
de acceso.

Pues bien, de estos tres elementos, el primero de ellos, las condiciones
de interconexión, están reguladas en la orden ministerial que hoy nos
ocupa, y los otros dos elementos, los mecanismos de selección y
preselección, así como la conservación del número, serán regulados en
sucesivas órdenes ministeriales de los meses de junio y julio, es decir
en tiempo hábil para que pueda empezar a operar el segundo operador y, en
todo caso, puedan empezar a operar también los operadores de cable en
telefonía local a partir del 1.º de enero de 1998.

En este marco es importante acertar en la fijación de lo que son las
condiciones de interconexión --tanto las condiciones estrictamente
técnicas como las tarifas stricto sensu--, y es importante acertar porque
durante una primera fase de desarrollo las tarifas de interconexión
constituyen el principal coste del segundo operador y de los operadores
de cable. Se puede calcular de acuerdo con la experiencia existente en
otros países que entre el 50 y el 65 por ciento de los costes del segundo
operador vendrán dados justamente por las tarifas de interconexión; es
por



Página 6877



tanto importante acertar en la fijación de las condiciones de
interconexión y, en particular, de las tarifas.

La experiencia de los pocos países que han liberalizado pone de relieve,
y yo creo que no se descubre el Mediterráneo al llegar a esta conclusión,
que es prácticamente imposible que las partes lleguen a un acuerdo si no
existe un marco que delimite las posiciones sobre los puntos más
controvertidos. Se trata de salir de una situación de monopolio y, por
tanto, la desigualdad entre las partes negociadoras es de tal magnitud
que difícilmente se puede alcanzar un acuerdo, llamémosle equitativo, que
permita cumplir o alcanzar el objetivo para el que se crea el segundo
operador, es decir que se produzca libre competencia y, consecuentemente,
presión a la baja de las tarifas telefónicas en beneficio de la economía
productiva y en beneficio de los usuarios y consumidores.

La orden ministerial que hoy nos ocupa tiene un doble objetivo: fija el
criterio de los puntos más críticos de lo que podríamos denominar en
sentido amplio acuerdo de interconexión, que abarca puntos de
interconexión, servicios afectados, tarifas de interconexión, etcétera, y
un segundo objetivo, evitar que el operador dominante obstaculice el
proceso hacia el acuerdo. Ahora bien, la orden ministerial --y debe
quedar bien claro-- no suplanta la posibilidad de acuerdo entre el
operador dominante y el segundo operador; la orden ministerial fija unas
condiciones de interconexión, pero deja abierta su posible modificación a
los dos operadores que van a actuar desde un primer momento en el
mercado: Telefónica y Retevisión. Eso significa que las tarifas de
interconexión y las condiciones de interconexión que la orden ministerial
fija tienen un carácter subsidiario, rigen en defecto de acuerdo entre
los operadores; por tanto, no se cierra la puerta a un acuerdo entre
operadores que podrían modificar las condiciones de interconexión y hace
posible que el segundo operador y los operadores de cable puedan comenzar
a actuar en el mercado de telefonía en defecto de acuerdo.

Si ésos son los objetivos de la orden ministerial reguladora de las
condiciones de interconexión y fundamentalmente de las tarifas de
interconexión, hay otro elemento que debe entrar en consideración en el
momento de adoptar decisiones de este calibre, que es el análisis de la
estructura tarifaria del operador dominante. Todos los monopolios de
telefonía en los países tienen cierto desequilibrio tarifario --unos más
intenso o más agudo que otros, pero todos los monopolistas lo tienen--, y
ésa es la razón por la cual han sido monopolios públicos. Se trataba de
fijar un precio político para las tarifas locales o metropolitanas, las
que en mayor medida afectan a los consumidores o usuarios, pues son el
porcentaje mayor de llamadas telefónicas. Desde esta perspectiva,
Telefónica tenía y tiene también un desequilibrio tarifario, de tal
manera que tiene fuertes ingresos en las llamadas provinciales,
interprovinciales e internacionales y tiene un déficit en las llamadas
metropolitanas o locales. Pues bien, la orden ministerial, como es
lógico, no deja de tener en cuenta esa realidad, y no deja de tener en
cuenta esa realidad porque para que el mercado funcione sin agravar o sin
poner en riesgo el equilibrio financiero del antiguo operador
monopolista, es necesario introducir el reequilibrio tarifario como
elemento del proceso de liberalización. Es un elemento de reequilibrio en
un mercado monopolista controlado por un operador dominante y que,
naturalmente se abre, se fuerza a competir al operador monopolista y de
ahí la necesidad de abrir también un proceso en el cual el operador
dominante pueda ir orientando las tarifas a sus costes. Un operador
monopolista tiene de hecho subvenciones cruzadas entre los distintos
servicios de prestación de telefonía que realiza y puede estar
financiando el déficit de ingresos en el ámbito metropolitano con un
exceso de ingresos en las llamadas provinciales, interprovinciales o
internacionales.

Pues bien, la orden ministerial tiene en cuenta ambas realidades. Primera
realidad, la necesidad de fijar unas tarifas de interconexión que hagan
viable la competencia. Segunda realidad, la necesidad de prever la
posibilidad de que el operador dominante necesite reequilibrar sus
tarifas y, en el caso de Telefónica, reequilibrar sus tarifas de
telefonía local o metropolitana en relación con el resto de servicios que
presta. Si nos atenemos al nivel de las tarifas de interconexión, hoy se
puede afirmar, en la medida que ya algunos países están en trance de
liberalizar y han fijado también sus tarifas de interconexión, teniendo
en cuenta la realidad de los países que ya han liberalizado, que la media
de las tarifas de interconexión que fija la orden ministerial se
encuentra ligeramente por encima de la media comunitaria. Para llegar a
esta media hemos tenido en cuenta las tarifas francesas, país pendiente
de liberalizar; Reino Unido, país liberalizado; Suecia, país
liberalizado, y Dinamarca, país liberalizado. Pues bien, en términos de
paridad adquisitiva las tarifas de interconexión que fija la orden
ministerial se encuentran ligeramente por encima de la media europea y
son, por tanto, tarifas de interconexión razonables que se fijan para
alcanzar un objetivo que esperamos se logre: hacer viable la competencia
entre los dos operadores, particularmente por parte del segundo operador
que inicia su andadura en las próximas semanas.

En lo que afecta al reequilibrio de tarifas de Telefónica, es un proceso
más largo y que se inicia con mucha más antelación. Si fuera preciso
trasladaría a SS. SS. el proceso de reequilibrio tarifario de Telefónica
que se inicia con el Gobierno anterior y dar cuenta a ustedes de los
debates habidos en el seno del Consejo Asesor de Telecomunicaciones sobre
el planteamiento del Gobierno de entonces de iniciar un proceso de
reequilibrio tarifario, reequilibrio tarifario que tiene dos caras: suben
las tarifas locales porque están muy bajas y bajan el resto de tarifas,
las tarifas de los restantes servicios --provinciales, interprovinciales
e internacionales-- porque están muy altas.

Ese proceso se inicia hace varios años y en 1994 de una manera más
intensa. En todo caso, desde la entrada de este Gobierno ese reequilibrio
tarifario, en el marco del proceso de liberalización, tiene tres hitos en
el plazo de doce meses. Primer hito: el 17 de julio de 1996 se reducen
las tarifas del servicio telefónico internacional el 15,69 por ciento
para las llamadas a la Unión Europea, el 23,4 por ciento para las
llamadas a Estados Unidos y el 13,9 por ciento para las llamadas a Japón
y otros países. Segundo hito: el 14 de marzo de 1997 se vuelven a reducir
las tarifas



Página 6878



del servicio telefónico internacional el 13,9 por ciento para las
llamadas a la Unión Europea, el 15,2 por ciento para las llamadas a
Estados Unidos y el 7,2 por ciento para las llamadas a Japón y otros
países. Tercer hito: el 18 de abril del presente año se vuelven a reducir
las tarifas, esta vez del servicio telefónico interprovincial, el 10 por
ciento; 5 por ciento en el momento de publicarse la orden ministerial de
reducción de tarifas y otro 5 por ciento que entrará en vigor el próximo
1.o de julio. Pues bien, lo que hace la orden ministerial es continuar
con este proceso, introduciendo una disposición adicional en la que se
prevé la posibilidad de incrementos en la cuota fija de abono mensual y
eventualmente otros incrementos, en la llamada tarifa local o
metropolitana. Debe quedar claro, porque se ha inducido a confusión a la
opinión pública, que la orden ministerial no sube las tarifas, y prueba
de ello es que, habiendo entrado en vigor en el mes de marzo, nadie ha
visto subir sus tarifas de telefonía local. Prevé la posibilidad de que
Telefónica, por el procedimiento legalmente establecido, incremente su
cuota fija de abono mensual a partir de 1.o de marzo en 100 pesetas y se
prevé la posibilidad de elevar hasta un máximo de otras 100 pesetas la
cuota fija de abono mensual por el procedimiento legalmente establecido,
y el procedimiento legalmente establecido es que Telefónica tiene que
solicitar al Gobierno la subida de tarifas, tanto de la cuota fija de
abono mensual como de la tarifa metropolitana. Tiene que solicitarlo y,
en el momento de la solicitud, el Gobierno entra en negociación con el
operador dominante y tiene un compromiso de autorizar las primeras 100
pesetas de cuota fija de abono mensual, pero las segundas 100 pesetas se
fijan en la orden ministerial como cantidad máxima posible, no como un
compromiso del Gobierno. Así está redactada la orden ministerial; de la
misma manera que se introduce el cálculo de incremento de la tarifa local
o metropolitana, al mismo tiempo la orden ministerial contiene un cuadro
de las sucesivas rebajas de las tarifas provinciales e interprovinciales
que Telefónica se compromete a introducir durante el año 1998 y
principios de 1999. Este es el sentido de al orden ministerial, y para
tener claro que los dos elementos forman parte del proceso de
liberalización (por una parte, fijación de tarifas de interconexión aptas
para introducir la libre competencia y, por otra parte, reequilibrio
tarifario para no dañar el equilibrio financiero de Telefónica de
España), la decisión que adopta el Gobierno se realiza con los elementos
de juicio que el Gobierno tiene a su disposición y esos elementos de
juicio, aparte de la experiencia comparada, son: la información que sobre
su contabilidad da Telefónica a la Secretaría General de Comunicaciones y
la existencia de una encuesta, hecha por Telefónica en el año 1995, sobre
lo que podríamos denominar el panel de consumo de servicio telefónico en
España. En función de ese panel de consumo, la conclusión a que llega el
Gobierno en el proceso de elaboración y fijación de las tarifas de
interconexión y en el proceso de negociación con Telefónica para
incrementar las tarifas locales y disminuir las tarifas del resto de
servicios es que cuando finalmente se adopte la media, si Telefónica
utiliza todas las posibilidades que le da la orden ministerial, cosa
discutible y dudosa, estaremos en la siguiente situación: las tarifas
medias de telefonía en el año 1998 habrá disminuido para los usuarios
residenciales el 4,86 por ciento (es una media y tiene en cuenta todos
los servicios y los porcentajes que tiene cada tipo de servicio en la
factura telefónica de la familia media española); y para los usuarios de
negocios, es decir para las empresas, se habrá producido una disminución
en la factura del 14 por ciento. Es un cálculo razonable para finales de
1998, sin tener en cuenta la situación que generará la libre competencia,
que sin duda presionará a la baja las tarifas de telefonía; presionará a
la baja. En cualquier caso, simplemente con el esquema formal que
contiene la orden ministerial, a finales de 1998 tanto consumidores como
empresas habrán empezado a percibir los efectos de un proceso de
liberalización que disminuirá sensiblemente el precio de la factura
telefónica.

Si ustedes me permiten y es correcto, señor Presidente, podría unir el
tercer punto de la comparecencia de informar sobre los nombramientos que
el Gobierno se propone realizar para completar la composición de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.

En consecuencia, informo a SS. SS. de las dos personas que serán
designadas para formar parte de la Comisión. En primer término, don
Ignacio Miguel Fernández García, que es ingeniero superior de
telecomunicaciones, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, y diplomado
en Comercio Exterior por la Escuela de Organización Industrial de la
Universidad Complutense de Madrid. Como experiencia profesional, diré que
ha trabajado durante diez años en al compañía Teletra Española, en la que
acabó asumiendo la responsabilidad total de las exportaciones; las áreas
de exportación eran, fundamentalmente Hispanoamérica, extremo Oriente,
norte de Africa, Italia y Portugal. Se ha ocupado también de todo lo que
afecta a los procesos de liberalización, a los marcos regulatorios de
esos procesos de liberalización y a las estrategias internacionales.

Actualmente y desde 1990 desempeña sus funciones en el departamento de
cooperación internacional de Telefónica y desarrolla las siguientes
funciones: análisis y seguimiento de los procesos de liberalización de
los marcos regulatorios de las telecomunicaciones en Estados Unidos y
Japón; análisis y seguimiento de la problemática en Estados Unidos de las
compañías telefónicas versus los operadores de televisión por cable;
seguimiento de las alianzas internacionales entre los grandes operadores
de telecomunicaciones y estudios de las directivas y comparaciones de los
procesos de desregulación en Estados Unidos, Europa y España.

El otro candidato, señorías, es don Rosendo Reboso Barroso, nacido en la
isla de Hierro, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de La
Laguna, es profesor titular de la Universidad de La Laguna, ha trabajado
en Cigarcanaria, que es una empresa de 600 empleados y 3.000 millones de
pesetas de facturación, donde ha ocupado diversos puestos directivos; ha
sido Director General de Universidades e Investigación del Gobierno de
Canarias desde mayo de 1993 a agosto de 1996, Presidente del Instituto
Canario de Investigación y Desarrollo, y finalmente vocal



Página 6879



del Consejo de Administración y de la Comisión ejecutiva de Sodecan, que
es la sociedad para el desarrollo económico de Canarias.

Estos son los dos candidatos que próximamente nombrará el Consejo de
Ministro y sobre los que tengo el gusto de informar a SS. SS. para
completar la composición de la comisión de conformidad con la reforma
aprobada en la tramitación de la Ley de Liberalización de las
telecomunicaciones.




El señor PRESIDENTE: A efectos de que coste en el «Diario de Sesiones»,
se incorpora a las dos primeras comparecencias una tercera, la
comparecencia del Ministro de Fomento, a petición propia, para informar
sobre el nombramiento de consejeros de la Comisión Nacional del Mercado
de las Telecomunicaciones. Por tanto, los grupos podrán intervenir
refiriéndose a las tres comparecencias.

En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Socialista,
el señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias, señor Ministro, por su doble
comparecencia en esta Comisión. Sobre la segunda comparecencia que se ha
evacuado no tenemos nada más que decir, manifestar que cuando creíamos
estar dentro de un pacto global que había definido no solamente las
competencias sino la composición del Consejo de la comisión, nos
encontramos al final con que hay una dura rectificación en cuanto a las
competencias, algunas de ellas substantivas como luego tendré que
explicar, y una enmienda que aparece en el Senado, sin contar con
nosotros, lo cual es lo de menos, pero sin contar con ninguno de los
restantes grupos que habíamos intervenido en el inicio de andadura en
telecomunicaciones, que fue fructífero y que, por razones que a nadie se
le escapan, ha tomado rumbos muy lejanos del consenso y muy lejanos del
acuerdo.

Nada que objetar al hecho de que representantes designados por dos grupos
que han sido extremadamente útiles al Gobierno para desarrollar políticas
mediáticas que no stricto sensu en telecomunicaciones entren en la
Comisión. Nos parece que estamos a un paso de convertir al Consejo de la
comisión en una asamblea, nos parece excesivo el número de los miembros
de la comisión; nos lo parecía antes y nos sigue pareciendo ahora, pero
quiero decir, acto seguido, que sean bienvenidos, que no tenemos ningún
tipo de objeción a que los grupos de la Cámara, alguno de ellos
especialmente importante por ser el tercer grupo de la Cámara y
especialmente relevante por el apoyo mediático que viene ofreciendo a
este Gobierno, entren en la comisión. Unicamente queremos manifestar,
conscientes de que no tiene validez alguna ni va a excitar la
sensibilidad del Gobierno, nuestra protesta, una protesta más por la
ruptura de un pacto en una situación que fue así querida. Se podía haber
hablado, también se podía haber acordado la ampliación del número de
miembros del Consejo de la comisión y posiblemente hubiésemos encontrado
una solución que nos hiciera sentirnos copartícipes de esta decisión. No
ha sido así, no somos copartícipes y si hubiera que votar nos
abstendríamos; como no hay que votar, nos limitamos exclusivamente a
reprochar al Gobierno la ruptura unilateral del acuerdo que mantenía con
nuestro grupo y a dar la bienvenida a estos dos nuevos miembros del
Consejo con la vana esperanza de que el aumento del número de miembros
del Congreso contribuya a aumentar la actividad de la comisión en su
conjunto.

La primera comparecencia era la que formalmente había sido solicitada por
el Grupo Parlamentario Socialista. Aun a riesgo de que mi buen amigo Luis
Ortiz me reproche repetir una vez más los argumentos que tantas veces he
dado en disconformidad con algunos contenidos de la orden ministerial,
tengo que decir que es así porque ha pasado mucho tiempo desde que se ha
publicado esa orden ministerial, algo más de dos meses, y por razones que
serán imputables a quien sea, desde luego no a este portavoz ni al grupo
parlamentario, la verdad es que esta comparecencia se produce cuando el
asunto ya está suficientemente trillado. Nos hemos manifestado sobre el
mismo en diferentes iniciativas de la Cámara y de los medios, por tanto,
no tengo más remedio --me falta más imaginación-- que repetir algunos de
los argumentos que hemos venido dando.

Para entender esto hay que situarse en el marco de liberalización, dice
el señor Ministro. Yo creo exactamente lo contrario: para no entender
esto es cuando hay que situarse en el marco de liberalización. Es un
marco de liberalización que está en el verbo continuo del Gobierno, en
las declaraciones de todos sus componentes pero que no termina de llegar
al BOE y que cuando llega al BOE acto seguido vía orden ministerial, vía
reglamento se corrigen severamente las medidas que pudieran permitir al
Gobierno hablar de liberalización, por no referirme al extraño sentido de
la liberalización que tiene el Gobierno introduciendo a martillazos en
una ley cierta tecnología, cuestión que, por cierto, ahora está sometida
a instancias comunitarias, ni al control efectivo que viene ejerciendo de
una comisión, que fue votada por esta Cámara con vocación y deseo de
independencia. Me voy a referir exclusivamente a lo relacionado con la
interconexión.

Decía --y es de las pocas cosas que decía bien el señor Ministro-- que
las competencias de interconexión son absolutamente básicas en el proceso
de introducir mercado y competencia en un sector que hasta entonces había
operado en escenarios de monopolio. No conocía el dato pero me parece
acertado y lo asumo como correcto, que más del 50 ó 60 por ciento de los
costes del segundo operador esté ligado a las tarifas de interconexión, a
las tarifas y a las condiciones. Sobre las tarifas de interconexión en su
conjunto hemos de decir que creemos que el Gobierno las ha dictado en
situación de ilegalidad, fuera de la ley, que no tenían ustedes esa
competencia y me explicaré más extensamente. El Real Decreto-ley 6/1996,
de 7 de junio, recogía de manera difusa las competencias de la comisión
en cuanto a establecer las tarifas y las condiciones de interconexión.

Posteriormente, por enmiendas introducidas en el íter parlamentario esa
competencia quedó claramente residenciada en la comisión. Por razones que
tampoco entiendo, la ley que recogía formalmente estas enmiendas se
publica en el BOE posteriormente al 18 de marzo, y se pudiera



Página 6880



sostener --así es en Derecho-- que no estaba en vigor esa competencia
establecida a la comisión y que, por tanto, podía ser el Ministerio, como
había ido introduciendo en sucesivos reglamentos internos de la comisión
y en órdenes ministeriales, quien tuviera esta competencia. Pero el
artículo 2.8 del real decreto-ley introducía una disposición adicional
undécima en la LOT, que también decía dos cosas: la primera, que las
tarifas de interconexión debían ser pactadas entre las partes
interesadas; y la segunda que, en caso de desacuerdo, correspondía a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones establecer, como bien
indicaba el señor Ministro, ese cuadro inicial que hace falta cuando se
pone en marcha un proceso de competencias que sustituye al de monopolio.

Lo cierto y verdad, señor Ministro, es que, salvo alguna explicación
jurídica del Gobierno, que estoy dispuesto a aceptar cuando se me dé, el
artículo 2.8 del real decreto y, por tanto, la disposición adicional
nueva de la LOT, entraban en vigor desde el mismo día que estas Cortes
convalidaron el real decreto-ley. Esa disposición adicional nueva de la
LOT establecía sin ningún tipo de distingos, sin ningún tipo de
matizaciones, a quién correspondía esa competencia. Y nuestro criterio es
que la facultad de desarrollo reglamentario del Gobierno se debe limitar
a regular, a establecer, a ordenar los valores asentados en la ley, pero
de ninguna manera puede servir para sustraer una competencia, y mucho
menos una competencia sustantiva como es ésta, a un órgano al que se le
ha otorgado por propia voluntad del Gobierno, que fue quien redactó el
real decreto y quien produjo, por tanto, la modificación de la LOT. Por
tanto, ni el carnaval posterior de órdenes ministeriales, de reglamentos,
de enmiendas que se pierden en el Pleno porque unos cuantos señores
diputados --como nos ha pasado a todos muchas veces en los años que
llevamos en esta Cámara-- confunden el voto, ni la realidad jurídica de
la disposición undécima de la LOT, que decía que las competencias de
interconexión en caso de desacuerdo entre los operadores estaban
residenciadas en la comisión, ninguna de esas actuaciones posteriores
sirve, según nuestro criterio y hasta que se nos explique lo contrario,
para modificar una realidad jurídica que --dicho sea en un tono menor,
porque ya ha pasado mucho tiempo de esto-- ha utilizado el Gobierno
indebidamente al publicar las tarifas y las condiciones de interconexión.

Las tarifas continúan siendo más altas que en toda Europa, pero tampoco
nos extraña eso. Yo lo entiendo perfectamente. Estamos saliendo de unos
escenarios, entrando en otros y, por lo tanto, no puede haber la barra
libre que hay en los mercados que ya están desarrollados. De alguna
manera hay que proteger a nuestro actual operador y ofrecer unas
condiciones de mercado satisfactorias para un segundo operador que,
gracias a esa orden ministerial, publicada días antes del cierre de las
ofertas por el segundo operador, puso en valor algo que languidecía por
la lentitud con que se había venido haciendo todo el trámite
administrativo de creación del operador.

Hay unas condiciones de interconexión extrañas, señor Ministro. La orden
ministerial se limita a garantizar 50 puntos de interconexión; pueden ser
más, pero uno tiene la experiencia, por la conocida Ley de Murphy, de que
cuando algo puede ir mal, va mal. Esta orden ministerial se limita a
garantizar 50 puntos de interconexión en España, uno por provincia; 52
para ser más exactos, ya que supongo que Ceuta y Melilla también tendrán
sus puntos de interconexión. Esto es extraordinariamente peligroso para
el segundo operador porque como el punto de interconexión tiene además
que estar próximo a una central digital --si no lo está, según la orden
ministerial, van apañados--, ese segundo operador que no está operando y
no conoce los clientes que va a tener tiene que decidir a ciegas dónde
pone el punto de interconexión. La cuestión no es baladí, porque si está
dentro de la misma zona de las tarifas de sus futuros usuarios, el precio
de la llamada será el correspondiente a las tarifas urbanas, pero si el
origen y destino de la llamada está en zonas de tarificación diferente,
se aplican las tarifas provinciales o las interprovinciales. Sería
sorprendente que al final hubiera más de 52 puntos. Fuerza tiene
Telefónica, y algunos rugidos de la compañía hemos escuchado en los
últimos tiempos con éxitos importantes para ellos. Puede ser que en
España haya en principio 52 puntos de interconexión.

Uno de los grandes méritos del señor Vázquez Quintana es que hace muchos
años, cuando no existía la tecnología actual, supo situar en la geografía
nacional las centrales de encaminamiento de llamadas. Es su gran éxito
profesional y le honra, porque tuvo la visión de situar las centrales de
encaminamiento de manera que se facilitaran los tráficos fluidos de las
llamadas en el conjunto del país. Pero como los nuevos operadores de
Retevisión no tengan esa visión privilegiada y no acierten a la hora de
designar cuál es su punto de interconexión, pueden ver
extraordinariamente dañadas sus posibilidades de negocio en los próximos
años. ¿Qué solución tiene esto? Usted me está planteando un problema,
pero no me da la solución. La solución es milagrosa: que acierten. No, la
solución es haber dejadoes técnicas de selección y preselección del
segundo operador son extraordinariamente importantes para asegurar la
viabilidad. El plazo cierra mañana y todavía no se conocen, señor
Ministro, los criterios de preselección; no se conocen o no son públicos,
lo cual en esta Casa viene a significar exactamente lo mismo. Tampoco se
le aseguran a Retevisión los paquetes de la numeración que puede ofrecer
a sus usuarios, que es la tercera de las condiciones técnicas que
garantiza la viabilidad del segundo operador, por no salirme de la idea
central de su discurso, y todo ello haciendo abstracción --como usted ha
hecho, que ya es hacer abstracción-- del tiempo. Es que el tiempo es
importante. Esta Cámara votó por el segundo operador con vocación de que
tuviese dos años y medio de mercados cautivos para poder desarrollarse.

La verdad es que por dimes y diretes, porque falta para el concurso hasta
el 9 de junio, dos meses más, por las firmas de los contratos, porque es
una concesión de un servicio público, por lo que



Página 6881



sea, el segundo operador va a empezar a operar muy a mediados, si no a
finales, de 1998. Por eso a algunos más inteligentes o menos
comprometidos que los demás, como BT, no les interesa. A British Telecom
no le interesa si dos meses después va a poder entrar tranquilamente en
un mercado que ya estará en competencia y lo puede hacer sin necesidad de
estar sometida a todas estas restricciones impuestas por un Gobierno que
liberaliza. La realidad es que el segundo operador, en tarifas, en
condiciones de interconexión, en selección y establecimiento de las
normas para preelegir el operador y en cuanto a la aportación del número,
además del tiempo, se encuentra en una situación difícil, que hubiera
podido ser otra si hace dos años su grupo hubiese aceptado lo que le
había propuesto el anterior Gobierno, que era sustantivamente lo mismo
que están haciendo ahora.

Se cubre usted bien cuando dice que la orden ministerial no excluye la
posibilidad de que los operadores lleguen a acuerdos distintos de los
establecidos en la orden, con lo cual la norma es subsidiaria, pero eso
es pervertir la ley, señor Ministro. La ley dice que el acuerdo se tiene
que producir antes, no después de la decisión del Gobierno y, en todo
caso, la decisión sobre el marco hubiera correspondido a la Comisión
Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.

Además, tenemos una carencia que tengo que denunciar. Hace más de dos
meses, va para tres, que hemos pedido el informe de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones sobre la orden ministerial. No nos ha
llegado, señor Ministro. Podríamos obtenerlo, pero tampoco lo hemos
hecho. Pero es público y notorio, porque ha salido en la prensa, que no
ha llegado por dos causas en concreto. En primer lugar, las tarifas de
interconexión no son las que informó la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones --como digo, el rugido de don Juan Villalonga en las
últimas 48 horas tuvo sus efectos--, luego la orden que llega al «Boletín
Oficial del Estado» no es la que preceptivamente informa dicha comisión.

En segundo lugar, la modificación de las tarifas telefónicas; no es que
sean distintas las que se han publicado en el BOE, es que ni tan siquiera
estaban en el proyecto de orden ministerial que fue informado por la
Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.

¿Qué ha ocurrido aquí, señor Ministro? Como le he dicho antes, había que
poner en valor el segundo operador, cuya venta estaba próxima y que
languidecía. En vista de esas condiciones, se bajan las tarifas de
interconexión --que Telefónica pretendía más altas que las actuales--,
con objeto de facilitar o excitar el interés de los grupos
internacionales por el segundo operador y, acto seguido, se compensa a
Telefónica. Se blinda la cuenta de resultados de Telefónica --por decirlo
más claramente-- introduciendo una sorprendente autorización de
incremento en las cuotas mensuales y en las tarifas urbanas para el año
que viene. O sea, algo que cualquier Gobierno de cualquier país niega
hasta dos segundos antes de estar firmando la correspondiente orden,
porque afecta a la Bolsa y a muchos otros intereses. El Gobierno, que
siente la necesidad irrefrenable de reequilibrar las tarifas telefónicas
--y la tendencia es tan irrefrenable que no lo ha hecho ni en el año 1996
ni en el actual--, anticipa autorizaciones para el año 1998. ¿Por qué,
señor Ministro? Explíquemelo. Estoy dispuesto a aceptar de buen grado las
explicaciones razonables que usted me dé. Pero como no se me dan, como no
se me manda el informe de la comisión, como hablo por recortes de prensa
y de los periódicos, que es la manera más cutre de ejercer oposición del
mundo --y que personalmente aborrezco, pero no tengo otras fuentes de
información porque usted no me las ha dado--, la única interpretación que
cabe es la que yo he hecho, hasta que usted me la desmonte, con lo cual
me quedaré sumamente satisfecho, por la propia higiene sanitaria de la
vida política de este país. Pero lo cierto es que se bajan unas tarifas y
que hay una bronca pública --que no es cuestión de negar, aunque no
conozco los términos exactos en los que se produce-- entre el operador y
su Ministerio, como resultado de la cual la prensa económica, nacional e
internacional, reconoce que usted ha bajado un poco más las tarifas de
interconexiones y que autoriza, por tanto, una subida en tarifas
telefónicas para compensar ese daño económico hecho a Telefónica.

Usted, que habla mucho en España, también habla en el extranjero y
mantiene una entrevista con Thierry Maliniak, de La Tribune Desfossés, el
22 del mes pasado, en la que le pregunta sobre el problema de las tarifas
y le dice que Telefónica parte con un handicap por tener que asegurar la
universalidad del servicio. La orden ministerial, por otra parte, no
dice: se podrá autorizar a Telefónica. Dice: se autorizará, por supuesto,
con los trámites establecidos en la legislación. ¡Sólo faltaba que
bastase un fax al Ministerio para decir cuáles son las nuevas tarifas!
Pues bien, en dicha entrevista dice usted textualmente: Autorizaremos a
Telefónica a reequilibrarlas, para adaptar progresivamente las llamadas
locales a su coste real. Se está refiriendo a la posibilidad de que la
autorización de la orden ministerial fuera imperativa, volitiva o
meramente facultativa. Usted deja claro que es una facultad, pero que
piensa usarla. Y, a continuación, usted dice algo que también da lugar a
un comentario por nuestra parte: Los efectos de esta política sobre la
inflación son controlables. ¡Bueno! El control total de este país parece
que está últimamente en baja. Autoridades muy importantes de este país
dicen que nadie controla absolutamente todo, pero usted parece estar en
condiciones de controlar el IPC. Con los mismos criterios que utilizó
para aprobar la subida el señor Borrell, utilizando los mismos criterios
en contabilidad nacional y en estadística, el incremento que ustedes
meten en las tarifas telefónicas urbanas oscilará entre tres y cuatro
décimas del objetivo de inflación, no centésimas. Comprendo que esto es
opinable pero, en cuestión de números, las cosas son menos opinables,
porque si uno tiene en cuenta el peso que tienen las llamadas urbanas en
la cesta total de las llamadas telefónicas, si aplica la ponderación que
tienen las llamadas telefónicas en el IPC, multiplica, divide y halla los
porcentajes correspondientes, si no se varían los criterios del IPC, nos
meterán ustedes, o autorizarán ustedes a que nos metan, en el peor de los
supuestos, un incremento entre 0,3 y 0,4 décimas del IPC el próximo año,
una vez cumplidas



Página 6882



--lo que todos deseamos fervorosamente-- las condiciones de convergencia;
pero después viene el cumplimiento del plan de estabilidad. Estas cosas
las leen en el extranjero, los técnicos del extranjero echan sus cuentas,
y llegan a las conclusiones que llegan.

Vamos a referirnos al incremento de las tarifas telefónicas, señor
Ministro. Vaya por delante una objeción jurídica básica. La Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones --que no tiene la competencia, lo
reconozco, de establecer las tarifas telefónicas, pero sostengo que sí
tiene la de interconexión--, preceptivamente, tiene que emitir un informe
sobre cualquier actuación en las telecomunicaciones, y especialmente en
tarifas telefónicas. La mayor ya es evidente. La Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones no ha informado las tarifas telefónicas, salvo que
me encuentre en la satisfactoria situación de tener que tragarme mis
palabras, a la luz del informe de la comisión, cuando me llegue. Hasta
entonces, estoy --para mi desgracia y para la de mi falta de rigor-- en
un mix de informaciones de los periódicos económicos.

Va a haber dos cuotas mensuales de incremento de 100 pesetas, una en
enero y otra en marzo. Dice usted --y es verdad, tal como figura en la
ley--: el primer incremento, en enero, de 100 pesetas fijas; el segundo,
de hasta un máximo de 100 pesetas, en el supuesto de que se produzca el
segundo incremento. Y me lleva a ese supuesto su propia declaración al
reconocer que lo que está usted haciendo es compensar posibles déficit de
acceso. ¡Ya quisieran todas las empresas privadas de este país que los
Presupuestos Generales del Estado o la capacidad normativa de la
Administración en los precios intervenidos las compensasen de posibles
déficit de acceso! Saco de esa expresión que ustedes reconocen
implícitamente que no conocen la contabilidad de costes de Telefónica,
que no saben si ese déficit existe y que, en el caso de que supiesen que
existe ese déficit, no lo tienen cuantificado. Eso se deduce de la propia
redacción de su orden ministerial, porque hablan de posibles; si no,
hubiesen dicho: estudiada la contabilidad de costes de Telefónica, el
déficit se establece en equis y a los españoles les toca a tanto. Pues la
cuota de abono mensual, que es especialmente injusta, ustedes ya han
decidido que nos cuesta 200 pesetas más al mes a cada español. ¿Por qué
es especialmente injusta, señor Ministro? Porque hay varios millones de
teléfonos en este país cuyo consumo no llega a las 1.000 pesetas
mensuales. Están incluidos, por tanto, no sólo los que utilizan poco el
teléfono porque su recursos no les permiten usarlos más, sino todos los
teléfonos de las segundas y terceras residencias, que no se utilizan más
que unos meses al año, pero el incremento se aplica a todo el mundo por
igual. Que a un montón de millones de españoles cuyo consumo telefónico
no llega a las 1.000 pesetas al mes usted les suba, de entrada y sin
posibilidad de defenderse, el 20 por ciento, parece sorprendente.

Hay otra subida que ustedes dicen que van a autorizar, que es,
manteniendo el precio del quantum o el salto que se produce cada equis
tiempo, reducir su duración en segundos, con lo cual producen un
encarecimiento. Ante este encarecimiento del producto que compro me queda
la defensa, como consumidor y usuario, de reaccionar haciendo menos
consumo de esa mercancía cuyo precio me han subido. En las familias que
tenemos consumos telefónicos importantes esa defensa es posible; para
quienes tienen consumos telefónicos bajos es absolutamente imposible. Ya
no sólo no se pueden defender, igual que el resto de los españoles, del
20 por ciento de incremento por la cuota mensual, sino que tampoco se
pueden defender, porque están en consumos ínfimos, de la subida que
ustedes hacen en las tarifas. Ahora mismo el contador salta cada tres
minutos, cada 180 segundos, con un quantum inicial. De entrada, coger
elteléfonoparahacer una llamada urbana --cosa que ya pasa en pocos países
de Europa-- tiene un quantum inicial de 5,70, que con IVA se convierte en
6,60, y el contador salta cada 180 segundos. Pues al final de este
proceso que ustedes proponen, el 1 de enero de 1998, el contador saltará
cada 110 segundos; es decir, cada 60 por ciento menos de tiempo el
contador sigue saltando igual, lo cual produce un encarecimiento que voy
a intentar explicarle.

La duración media de las llamadas metropolitanas en España en el horario
alto --del horario normal ni hablo, porque luego el truco que tienen
ustedes es que lo llaman normal pero le siguen aplicando la misma
duración que al de la franja alta, que va de ocho de la mañana, creo
recordar, a cinco de la tarde-- es de 137 segundos, es decir, costaría
ahora dos saltos: 5,70 de entrada más 5,70 por estar dentro de los 180
segundos iniciales; 11,40. Y al final, el 1 de enero del próximo año,
esta misma llamada entrará en el tercer salto, porque sobrepasará los 110
segundos y le cascarán 5,70 más o 6,6 con impuestos, es decir,
exactamente el 50 por ciento, señor Ministro. Le estoy hablando del 80
por ciento de la cesta de llamadas telefónicas, le estoy hablando de la
duración media de la llamada española, que dura los segundos que dura.

Pues a estos ciudadanos, los de menor poder adquisitivo, para compensar
las cuentas de la Compañía Telefónica de ese déficit de acceso que
ustedes, por lo que sea, hasta ahora ni han calculado ni han establecido
con precisión, ustedes les suben el 20 por ciento de la cuota de abono
mensual y el 50 por ciento en la llamada, o sea, el 70 por ciento, señor
Arias-Salgado.

Yo estoy dispuesto a discutir de muchas cosas y hay otras de las que no
entiendo; pero los números no me los puede usted rebatir; son números
salidos de las propias memorias de la Compañía Telefónica, que tiene la
buena costumbre de decir cuánto dura una llamada media en horario normal,
si es urbana, si es provincial, si es interprovincial, etcétera. El
resultado será que un montón de millones de ciudadanos de este país,
precisamente los que menos consumo telefónico hacen, van a contribuir,
solamente con el incremento de las cuotas en 200 pesetas al mes, con más
de 38.000 millones de pesetas a la cuenta de resultados, no la de
explotación, porque esto va directamente a resultados. Esto no genera
mayor coste en la empresa, y todo esto sin haber tenido en cuenta que la
bajada de los tipos de interés y la creciente introducción de la
tecnología digital en la red están bajando considerablemente los costes
operativos de la compañía. Nada de eso se ha tenido en cuenta y se ha
producido, a nuestro criterio, una



Página 6883



subida no solamente fuerte, sino injusta. Al final, el consumo medio
telefónico en este país, que es de 60.000 pesetas al año, se convertirá
en algo más de 67.000 millones, algo más de un 11 por ciento. Bien es
cierto que las llamadas a los Estados Unidos y a otros países tienen una
rebaja, pero también que ya la tenían. Las grandes empresas tenían un
forcejeo con Telefónica, porque si esa rebaja no se la ofrecía
Telefónica, los consumidores llamaban a uno de los doscientos números que
salen todos los días en los periódicos y, a través de operadores
internacionales, conseguían las tarifas que usted les otorga ahora con
nuestro operador, y nos parece muy bien que haya sido así.

De manera, señor Ministro, que respecto de las tarifas de interconexión,
creo que ha habido una utilización indebida --no quiero crispar esto-- de
una competencia que no tenía el Ministerio en ese momento, que se ha
utilizado, más que para favorecer la competencia en el país, para
satisfacer a los dos grandes operadores de este país. Porque alguna
información se ha dado de alguien en la Bolsa de Nueva York que estaba
dispuesto a denunciar que, diez días después de comprar unas acciones de
una compañía, le habían cambiado las tarifas de interconexión a la baja,
que es una fuente de ingresos muy importante de un bien que acababa de
comprar. Y, para acallar eso, meten ustedes unas tarifas telefónicas para
las que estaban autorizados, no lo pongo en duda, pero en este caso sin
el informe vinculante de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

Nada más, señor Ministro, sino el ruego de que se superen los trámites,
las cortapisas o las dificultades que pueda haber para que un modesto
Diputado pueda tener acceso al informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en relación con los temas que le acabo de plantear, en
términos polémicos, referidos a la orden ministerial que estamos
estudiando.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia.

En primer lugar, señor Presidente, quiero lamentar la mala suerte que
tiene esta Comisión, porque el lunes pasado, fecha en la que se celebró
una sesión muy interesante, tuvimos que competir con todo un señor
Antonio Asensio casi en la sala de al lado, y hoy, aunque un Secretario
de Estado nunca debería ser competencia para un Ministro, y menos para un
Ministro tan importante como es el de Fomento, yo diría que la
concurrencia está un poco disminuida en relación con lo que se podría
esperar de un tema de debate como es éste, pero el señor Miguel Angel
Rodríguez es mucho Secretario de Estado.

Yendo al tema concreto que figura en la solicitud de comparecencia, tanto
del Grupo Socialista como por parte del propio Gobierno, que es la
cuestión que afecta a la doble solicitud de comparecencia del Grupo
Socialista, he de decir que ha sido muy debatida en esta Cámara, lo cual
nos parece lógico porque es una cuestión, como decía hace un momento, de
una gran importancia, pero es una cuestión que ha sido debatida en parte
en la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, a continuación en
el proyecto de ley que intentó corregir el error surgido en la votación
de dicha ley, en una interpelación donde se debatió en profundidad
también, en la moción subsiguiente y mañana en una proposición no de ley
del Grupo Socialista incluida en el orden del día. Por tanto, nuestro
grupo parlamentario considera que ya ha dicho todo lo que tenía que
decir, y si nos falta algo lo añadiremos mañana en el debate de la
proposición no de ley. Pero quiero manifestar que, como ya hemos dicho
otras veces, las tarifas de interconexión fijadas nos parecen correctas.

Nos parecía algo absolutamente necesario y teníamos alguna preocupación
en el sentido de que se pudieran fijar unas tarifas que no favorecieran
la competencia en telefonía básica, y la agradable sorpresa ha sido que,
en el momento en que aparecieron las mismas, este grupo podía sentirse
perfectamente satisfecho. Pero sabe el señor Ministro que nuestra
preocupación era más profunda, que se basaba en la conveniencia de que
dichas tarifas tuvieran que ser fijadas por el Ministerio. Le aseguro que
si las tarifas no hubieran sido de nuestra satisfacción, hubiéramos
manifestado con toda estridencia nuestra disconformidad o nuestra falta
de interés especial en que dichas tarifas fueran fijadas por el
Ministerio.

Visto el resultado, podemos llegar a entender la conveniencia de la
decisión que se adoptó en su momento. En todo caso, también sabe el señor
Ministro que tenemos todo el interés del mundo en reforzar las
competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Aunque
sea reiterar en parte el debate que tuvimos la semana pasada en esta
Comisión con el señor Vázquez Quintana, siempre hemos creído en el modelo
de organismo independiente que vela por la competencia, los derechos de
los usuarios y el respeto a las leyes en este complejo mundo de las
telecomunicaciones. Desde el primer momento en que este tema aparece
sobre la mesa, nos hemos fijado en el modelo norteamericano de la FCC o
en el modelo británico de Optel. Por eso siempre hemos apoyado la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como un organismo
independiente del poder político, por tanto con criterio propio. Debo
decirle también, señor Ministro, que, vista la evolución que está
teniendo la CMT en nuestro país, hemos ido corroborando la sospecha de
que éste es un organismo que nació forzado, que nació, más que de una
convicción del propio Gobierno, de una exigencia por parte de la Comisión
Europa. No hemos tenido más remedio que ir afianzándonos en esa
convicción, porque no estamos demasiado satisfechos de cómo ha funcionado
hasta el momento la CMT. Diría más, y se lo dije al señor Vázquez
Quintana: estamos decepcionados del desarrollo que ha tenido la comisión
desde el momento en que los consejeros tomaron posesión. También le dije
al señor Vázquez Quintana que no se lo tomara como una crítica personal,
porque muchos de los elementos que avalan nuestra preocupación en
absoluto son responsabilidad de la propia comisión, sino que están dentro
del ámbito de decisión política del Ministerio que usted preside.




Página 6884



Muy brevemente quiero exponerle algunas de estas cuestiones, señor
Ministro, para llegar al tema que nos ocupa, que no es otro que la
designación de dos nuevos miembros en la CMT. En primer lugar, estamos
ante un sector, el de las telecomunicaciones, que se mueve a una
velocidad de crucero. En cambio, hemos creado una comisión que se mueve
con una excesiva lentitud y no encuentra la velocidad que requiere el
sector de las telecomunicaciones. En segundo lugar, dicha comisión se
dota de un organigrama --de hecho, no se dota la comisión, sino que la
dotan ustedes, porque la comisión pacta un reglamento de régimen interior
que ustedes luego corrigen y aprueban mediante una orden ministerial--
que introduce un sistema absolutamente presidencialista. Es decir, la
referencia de la comisión es el presidente de la misma y todo pasa por el
propio presidente. Pero no estamos convencidos de que sea el mejor
sistema de funcionamiento. Consideramos que en estos siete meses de
funcionamiento de la propia comisión, el desarrollo de su estructura ha
sido mínimo. Es una comisión que se ha dotado de un secretario, de un
director administrativo, de un director de redes y de un director de
análisis. Ello nos parece insuficiente para la gran responsabilidad que
está llamada a ejercer esta comisión, no sólo en el futuro, sino en este
mismo momento.

En cuanto al Consejo, que es lo que nos ocupa, siempre hemos creído que
debería estar formado por personas con criterio y con independencia. Los
consejeros deberían tener la capacidad y los medios para formarse su
propio criterio. Esta no es la situación de la comisión en este momento.

No sé exactamente cómo pueden formarse los consejeros una opinión sobre
los temas importantes sobre los que tienen que decidir, más allá de lo
que ellos ya saben, más allá de la posibilidad que tienen buenamente y
con la ayuda de personas que quieran colaborar con ellos de forma
altruista y, por tanto, no remunerada. Cuando debatimos en esta Cámara la
creación de esta comisión nos pareció un poco excesivo que la CMT tuviera
siete miembros, si lo comparamos con los tres de la FCC o con los cinco
de Optel. Pero si siete miembros nos pareció un poco excesivo, nueve nos
parece casi fuera de lugar, aunque no quiero herir sensibilidades. Le
dije la semana pasada y lo dije también en el Pleno en el que aprobamos
las enmiendas del Senado que ampliaban de siete a nueve los miembros de
esta comisión. Que nadie se sienta herido. Nuestro grupo cree que todas
las sensibilidades políticas representadas en esta Cámara deben estar
presentes también en el Consejo de la CMT. Pero si comparamos el número
de miembros del Consejo con los cuatro ejecutivos de que se ha dotado la
CMT, nos encontramos ante una comisión que ha crecido por arriba, cuando
por donde debe crecer es por abajo.

No voy a cuestionar, tolo lo contrario, la idoneidad de las dos personas
que hoy nos proponen. Una de ellas he visto que tiene un currículo en el
mundo de las telecomunicaciones que es más que suficiente para formar
parte de la CMT. La otra persona parece más profana en el tema de las
telecomunicaciones, si bien también piensa este portavoz que no todos los
miembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones deben ser
expertos en el mercado de las telecomunicaciones, sino que debe de haber
personas que tengan una capacidad profesional en los temas de desarrollo
económico, de gestión empresarial o, incluso, en el mundo de la
competencia. Por tanto, nada que decir en cuanto al segundo miembro que
nos propone esta comisión, todo lo contrario. La única crítica que
podemos realizar de su gestión, si es que la hacemos en el futuro, será
la que se derive del propio ejercicio de esta responsabilidad.

Termino, señor Ministro. No quería dejar pasar la oportunidad de
transmitirle la sincera y no interesada políticamente preocupación de
este grupo parlamentario por el funcionamiento hasta el momento de un
organismo en el que, repito, tenemos depositadas muchas esperanzas.

Creemos que es un organismo muy importante porque el mercado de las
telecomunicaciones en este país, igual que a nivel europeo y a nivel
mundial, está llamado a ocupar un papel central en el desarrollo
económico. Y la CMT, como organismo regulador, debe estar a la altura de
la importancia de este mercado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Nuestro grupo manifiesta el apoyo total a la
información que ha dado el señor Ministro sobre las tarifas de
interconexión. También quiero expresar, pese a esos posibles problemas de
infraestructura que pueda tener la CMT, pese a la necesidad que tiene de
alcanzar una mayor operatividad con la presencia de técnicos designados
por el señor Ministro, nuestra satisfacción y nuestra esperanza de que
podamos colaborar en las tareas del Gobierno para lograr un servicio
eficaz y más ágil.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Mato.




La señora MATO ADROVER: Quiero agradecer al señor Ministro su presencia
en esta Comisión, así como la información que nos ha facilitado en tres
vertientes. En primer lugar, la necesidad de que se fijen una tarifa de
interconexión que permita la competencia real en materia de telefonía
básica es un tema muy importante para todos los españoles, al que después
me referiré. En segundo lugar, la necesidad de reequilibrar las tarifas
del operador dominante en una situación en la que vamos a una competencia
real. Y, en tercer lugar, para dar cuenta de los nuevos nombramientos de
miembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Por empezar por el final, quiero mostrar nuestra satisfacción por las dos
propuestas de nombramiento que se nos han explicado esta tarde aquí.

Creemos que son personas idóneas para ejercer ese puesto y desde luego
queremos recalcar por parte del Grupo Parlamentario Popular y por parte
del Gobierno que no creemos que la existencia de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones sea simplemente una necesidad que reivindicaba
y nos pedía Europa --cosa que, por otro lado, es cierta--, sino que



Página 6885



también es parte de un compromiso electoral del Partido Popular, que
estaba contenido en su programa electoral. Por tanto, no solamente
estamos convencidos de la necesidad de que exista esa Comisión --no
solamente por la solicitud de Europa--, sino que el Partido Popular lo
tenía recogido como compromiso electoral y también se ha cumplido. Creo
que todos los grupos deben estar muy tranquilos en cuanto al nacimiento y
eficacia de la Comisión, porque el Gobierno que la está impulsando sabe
que es un órgano imprescindible para un mercado liberalizado de
telecomunicaciones, y quiero recalcar lo de liberalizado porque en estos
momentos todavía la liberalización no es total en materia de
telecomunicaciones. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no
tiene precedentes en España --sí en otros países--, tiene que empezar su
andadura poco a poco y durante este tiempo hasta la liberalización total
a finales de 1998, como ha señalado el señor Ministro, tendrá tiempo para
dotarse de su infraestructura, de sus medios y trabajar definitivamente
en materia de telecomunicaciones como cualquier otro órgano de otros
países.

En cuanto a la ampliación de la Comisión, ya lo he repetido en más
ocasiones, porque hemos tenido oportunidad de debatirlo en esta Cámara.

En ningún caso ha supuesto la ruptura de ningún pacto que se hubiera
celebrado en este Congreso de los Diputados; no se ha modificado ninguno
de los puntos formales ni de fondo que se hubieran planteado en el debate
de la liberalización de las telecomunicaciones. Por tanto, todo lo que
sea añadir pluralismo y mayor apoyo de toda la Cámara a lo que es la
composición del mercado de las telecomunicaciones es bueno para todos y,
en ese sentido, me reitero en lo mantenido en esta Cámara en otras
ocasiones.

Por lo que se refiere a las tarifas de interconexión, señorías, la verdad
es que es un debate reiterativo y repetitivo. Decía el señor
García-Arreciado que se iba a repetir en sus argumentos. El se ha
repetido en sus argumentos y yo, por supuesto, me voy a reiterar en los
míos, porque hemos tenido oportunidad de debatirlo no sólo, como decía el
señor Recoder, con ocasión de la ley de liberalización de
telecomunicaciones, que tardamos un año en debatirla en esta Cámara, sino
previamente en el decreto-ley, que se discutió en esta Cámara,
posteriormente hemos tenido oportunidad de estudiarlo en una
interpelación, en una moción, y también mañana --aunque en este caso es
de tarifas de telefonía-- debatiremos la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Socialista. No crean --y también lo he dicho en otra
ocasión-- que me molesta que se hable de este tema. Al contrario, creo
que es bueno, primero, que se aclaren las dudas de cualquier grupo
parlamentario con respecto tanto a las tarifas de interconexión como a
las tarifas de telefonía que se están fijando o que se prevén por el
Gobierno y, segundo, es bueno que al final los ciudadanos tengan una
conciencia clara de lo que de verdad está pasando. Lo digo porque de la
reunión de la Comisión de hoy hemos sacado ya --y lo quiere destacar mi
grupo parlamentario-- una conclusión ventajosa, diríamos. Hasta ahora el
Grupo Socialista siempre había venido manteniendo --y se había dado a la
opinión pública una impresión falsa, como se ha demostrado hoy-- que se
habían subido las tarifas telefónicas por el Gobierno del Partido Popular
y que este año todos los españoles íbamos a pagar una factura diríamos
que un poquito más alta de teléfono. Hoy se ha demostrado --y el mismo
señor portavoz del Grupo Socialista lo ha reconocido-- que las tarifas,
hoy por hoy, no se han subido, lo que hay simplemente es una previsión
para que se puedan subir en el futuro. Eso quiere decir que, junto con lo
que nos ha comentado el señor Ministro de que las tarifas han bajado por
tres veces consecutivas durante este año, los ciudadanos de a pie, todos
nosotros, podemos ver en nuestros recibos telefónicos que las tarifas
telefónicas en el año 1997, desde que está el Gobierno popular, han
bajado para todos los españoles. Por tanto, creo que esas inconcreciones
que se habían estado diciendo a través de los medios de comunicación, hoy
en esta Comisión, y gracias a la reiteración de este debate, han quedado
aclaradas y se ha demostrado que no se han subido.

En cuanto a la segunda parte, comentaba el señor Ministro también que
había que ir a un reequilibrio de tarifas y decía el señor Ministro que
se trataba de un proceso largo. Quiero reflejar esto porque se inicia
fundamentalmente en el año 1994, no es que el Gobierno popular nada más
llegar haya decidido reequilibrar las tarifas, sino que estamos hablando
de un proceso que se tiene que hacer paulatinamente y de manera larga,
despacio y con tranquilidad, pero que hay que hacer. Por tanto, no es una
novedad que se haya inventado el Gobierno popular, sino que es una
necesidad que se estaba haciendo ya desde el año 1994. Así pues, con los
datos que ha aportado el señor Ministro sobre la previsión de las
facturas telefónicas para el año 1998, con la previsible subida
telefónica que se pudiera hacer de acuerdo con la orden ministerial, creo
que nos podemos quedar todos satisfechos de la no subida de tarifas
telefónicas, sino de la bajada en el recibo final que vamos a pagar los
ciudadanos.

No obstante, he de recordar que la mayor garantía de que haya mejores
precios en telefonía, en este caso telefonía básica, es que haya
competencia y desde luego con este Gobierno se va a conseguir competencia
por dos motivos --y paso a las tarifas de interconexión--: no solamente
porque vaya a haber un segundo operador, en este caso Retevisión, que
vaya a ofrecer el servicio de telefonía básica, sino que, además, va a
haber operadores de cable. Hoy mismo se cierran los primeros concursos de
cable --y creo que hay que felicitarnos por ello-- que van a permitir que
haya telefonía local para muchos ciudadanos y, por tanto, mejora de la
calidad y de los precios en materia de telefonía.

En cuanto a las tarifas de interconexión, también se ha hablado mucho de
ello. Pienso que es importante que el Gobierno mantenga esa competencia
de fijación de tarifas para garantizar que haya competencia efectiva en
el mercado de las telecomunicaciones y de la telefonía básica.

También quiero recordarle al señor García-Arreciado que él decía hace un
tiempo, cuando hablábamos de las tarifas de interconexión y tratábamos de
lo que se estaba tardando en que hubiera un segundo operador, que el
tiempo corría en contra del segundo operador. Es cierto que el



Página 6886



tiempo corre en contra del segundo operador. Ojalá hubiéramos tenido un
segundo operador desde hace diez, ocho, seis años. La verdad es que el
Partido Popular solamente está gobernando desde hace un año y, por tanto,
creo que hay que felicitarnos porque en un año vayamos a tener un segundo
operador de telefonía.

También, señor García-Arreciado, comentaba usted que las tarifas de
interconexión se habían fijado --y lo decía usted hace un tiempo-- porque
no iba a haber nadie que quisiera optar a Retevisión y nos íbamos a
quedar sin tener un segundo operador, ya que, como el tiempo estaba muy
justo, había que bajar las tarifas. En esa época, hace dos o tres meses
--no sé exactamente la fecha porque no recuerdo en qué comparecencia
fue-- usted decía que no iba a haber ni un solo grupo que quisiera
competir. Hoy ya reconoce usted que solamente hay un grupo que no ha ido
a competir y además tampoco ha explicado usted las razones por las que no
ha ido, simplemente ha dicho que será porque como ya no queda tiempo para
que haya competencia, no le ha merecido la pena. Creo que sí les ha
merecido la pena y de hecho hay unas ofertas para ello que veremos en los
próximos días.

Señorías, simplemente quiero felicitar y agradecer al señor Ministro la
información que nos ha facilitado y también por el camino que se está
emprendiendo en materia de liberalización de las telecomunicaciones, que
creo que es importante y beneficia a todos los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los portavoces de los grupos, tiene
la palabra el Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias a
todos los portavoces de los grupos que han intervenido, porque creo que
la forma en que se ha realizado su intervención es altamente
constructiva. Se han resaltado puntos de acuerdo y también, como es
lógico, puntos de desacuerdo y algunas manifestaciones críticas.

Le diría al portavoz del Grupo Socialista que debería apoyar, y apoyar
apasionadamente, la orden ministerial que ha criticado, porque al final
tiene tan pocos elementos de crítica que se ha basado sustancialmente en
hechos que no se han producido, no se ha fijado en la orden ministerial y
en aquello que es su objetivo directamente aplicable.

Señoría, repase la normativa en vigor completa y verá usted que el
Gobierno tenía plenitud de competencia para dictar esa orden ministerial.

Había en el Decreto-ley que incorpora la directiva comunitaria sobre
emisión de señales de televisión una disposición transitoria en la cual
se decía explícitamente que las tarifas de interconexión corresponde
fijarlas al Ministerio de Fomento previo informe preceptivo de la
Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. Tratándose de
las tarifas de los descodificadores, el informe de dicha Comisión será
vinculante. Reléase su señoría esa disposición transitoria y verá cómo el
Gobierno estaba habilitado por una norma con rango de ley para dictar la
orden ministerial a que hoy estamos haciendo referencia.

Ha hecho S. S. de pasada algunas alusiones escépticas al segundo
operador, un operador que languidecía, un operador cuya puesta en marcha
se realizaba de manera excesivamente lenta. Son juicios de valor que como
mínimo, señoría, le diría que no se ven apoyados por los grandes grupos
internacionales de telecomunicaciones porque, excepción hecha la de
British Telecom que no concurre por su alianza con Telefónica, todos los
demás operadores europeos y algunos norteamericano han presentado su
candidatura a la adjudicación del segundo operador. Señoría, desde esa
perspectiva usted no me podrá negar el éxito. Si los principales
operadores mundiales y europeos concurren, debería por lo menos aceptarse
que el planteamiento que se ha hecho del segundo operador es como mínimo
correcto. Si no lo hubiera sido, nada habría impedido a estos grandes
operadores internacionales esperar al 1 de diciembre de 1998. Y no lo han
hecho así porque, señoría, en el tema del segundo operador, como en el de
los operadores de cable y como en tantas otras cuestiones que se han
venido decidiendo en el transcurso del año en que este Gobierno está en
el ejercicio de sus funciones, la política de telecomunicaciones del
Gobierno se apoya en fundamentos auténticos y tiene credibilidad. Se ha
ganado a pulso la credibilidad a nivel internacional; credibilidad que se
pone no solamente de relieve en el éxito de la privatización de
Telefónica, sino también en el éxito de la convocatoria del concurso del
segundo operador y en el éxito de la convocatoria de los concursos de
cable, señoría. Ahí están ya grandes grupos preparando sus inversiones en
lo que afecta a los concursos de cable.

Se ha referido después S. S. a los puntos de interconexión y a la
insuficiencia de la orden ministerial en lo que afecta a la regulación de
los puntos de interconexión de que va a poder disponer el segundo
operador. Le podría trasladar a S. S. la experiencia de dos países que
han liberalizado, uno abriendo camino y cometiendo errores y el otro con
gran éxito y no cometiendo errores, los casos de Gran Bretaña y de
Australia, respectivamente. Pues bien, lo que esas experiencias, que
hemos estudiado muy a fondo, han puesto de relieve es que el segundo
operador durante la primera fase de desarrollo no necesitó todos los
puntos de interconexión que pusieron a su disposición las normas
dictadas. En primer lugar, el porcentaje de utilización de esos puntos de
interconexión no llegó ni siquiera al 50 por ciento de lo que se había
marcado y, en segundo lugar, el nivel o el grado de digitalización de la
red telefónica permite, señoría, lo que permite, y no estando totalmente
digitalizada no se pueden fijar indiscriminadamente puntos de
interconexión. Esa sería la razón técnica de la solución finalmente
adoptada. Pero le diré más. Hubo un país que hizo lo que usted propone:
que se pongan de acuerdo los operadores libremente, como si fuera un
acuerdo comercial. Ese país es Nueva Zelanda, pero tiene el proceso de
liberalización de sus telecomunicaciones en los tribunales de justicia.

Ese es el resultado, señoría, en los tribunales de justicia, pero con una
diferencia: se puede impugnar una orden ministerial, pero se aplica. Los
acuerdos comerciales no se producen, el operador dominante tiende a
abusar y los operadores que entran en el mercado necesitan recurrir a los
tribunales. Por consiguiente, señoría, nosotros no nos inventamos nada, y
ustedes tampoco se habrían inventado



Página 6887



nada. Una razón de prudencia conduce a analizar lo que ha ocurrido en
otros países porque hay muy poca experiencia en lo que es un proceso de
liberalización de las telecomunicaciones y, especialmente, de la
telefonía básica. Hay muy poca experiencia, hemos aprendido de la que
existe, para así no cometer los mismos errores y para poder reproducir en
la medida de lo posible sus aciertos.

Las órdenes ministeriales, señoría, que regularán la preselección y
selección de operador y todo lo que afecta con carácter provisional a la
conservación del número y a los paquetes de enumeración están en estos
momentos en estudio, y en estudio técnico. Usted sabe que no son normas
fáciles de redactar desde esa perspectiva técnica. Es cierto que una de
ellas no va cumplir el plazo previsto en la orden ministerial del 18 de
marzo. Tiene usted razón, se va a tardar un par de semanas más o tres.

Como quiera que el segundo operador no estará adjudicado hasta la segunda
quincena del mes de junio, vamos con tiempo sobrado y, por consiguiente,
no hay ningún riesgo de que las órdenes ministeriales a las que me acabo
de referir no estén en el «Boletín Oficial del Estado» cuando el segundo
operador las necesite, y que será a partir del mes de junio. Señoría, el
segundo operador no comenzará a prestar su servicio de telefonía, como
piensa S. S., el año que viene. Estará en condiciones de prestar un
servicio de telefonía provincial, interprovincial e internacional a
partir del mes de septiembre y si no, al tiempo.

Su señoría dice que es una habilidad por mi parte el haber descrito la
orden ministerial en sus estrictos términos. He dicho y repito --y eso no
es una habilidad, es simplemente la literalidad de la orden ministerial--
que las partes pueden modificar las condiciones de interconexión que en
ella figuran. Lo que pasa es que para no reproducir experiencias
frustradas en otros países, el Gobierno fija unas condiciones de
interconexión y deja a las partes libremente que se pongan de acuerdo
para variarlas. Ese es un mecanismo correcto de acuerdo con las
experiencias que conocemos, porque podemos elucubrar e inventar
realidades que no existen y podemos hacer magníficos ejercicios teóricos.

Nosotros no hemos hecho ningún ejercicio teórico, hemos estudiado lo que
ha ocurrido en el mundo, y en función de lo que ha ocurrido en el mundo,
en los pocos países que han afrontado un proceso de liberalización, hemos
recogido las soluciones que más éxito han dado y las que mejor se adaptan
a la realidad española. Eso es una actitud absolutamente razonable que
hubiera hecho cualquier gobierno que simplemente hubiera estado inspirado
por un mínimo de prudencia en su actuación.

Señoría, tengo noticia de que el informe de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones sobre la orden de tarifas de interconexión fue
remitido hace ya algún tiempo. No sé la razón por la cual no lo ha
recibido su señoría. Yo le puedo garantizar que desde el Ministerio de
Fomento se ha remitido. De todas maneras, trataré de averiguar el dato
porque no hay la más mínima intención de que ese informe no se conozca,
sino todo lo contrario. Creemos que es un informe que se debe conocer
porque de alguna manera recoge reflexiones útiles sobre lo que es el
conjunto de condiciones técnicas que exige un proceso de liberalización y
de introducción de un segundo operador. Debo decir que hemos recogido una
buena parte de las sugerencias del informe de la Comisión, y otras hemos
considerado que no eran las más prudentes o las más oportunas para
recogerlas en la orden ministerial. No podemos perder de vista que
estamos en un proceso de liberalización que tiene unas dimensiones, yo
diría, limitadas: se trata de introducir la libre competencia rápida pero
gradualmente hasta el 1 de diciembre de 1998. Eso es lo que estamos
haciendo, y desde esa perspectiva pensamos que algunas de las sugerencias
--por otra parte, valiosas-- que hace la Comisión nos ha parecido mejor
no recogerlas en la orden ministerial. Se trataba del informe preceptivo
y el Gobierno ha actuado desde esa perspectiva como desde las demás en un
marco plenamente legal.

Se refiere también a la influencia de Telefónica en la fijación de las
tarifas de interconexión y en la introducción del reequilibrio tarifario
en la Orden Ministerial. Señoría, si no hubiésemos negociado con
Telefónica, si no hubiésemos tenido un conflicto lógico con Telefónica,
S. S. nos habría acusado con seguridad de lo contrario. Es lo lógico
iniciar un proceso de negociación con el operador dominante y tiene
lógica el no llegar a un acuerdo porque no sé qué sería más negativo para
la liberalización de las telecomunicaciones: que el órgano regulador y el
regulado estén de acuerdo o que el órgano regulador y el regulado no
estén de acuerdo. Yo creo que para la economía productiva y para los
consumidores es mejor que el órgano regulador --en este caso, el
Ministerio de Fomento-- y Telefónica no estén de acuerdo porque, de estar
de acuerdo, no se beneficiarían como se van a beneficiar ni los
consumidores ni las empresas o la economía productiva.

El reequilibrio tarifario, señoría, empieza antes de la llegada de este
Gobierno y empieza también antes de la promulgación de esta orden
ministerial. Antes le he leído los porcentajes de disminución de los
distintos servicios de telefonía básica, no local, cuyas tarifas se han
ido reduciendo desde que este Gobierno entre en funciones. Por tanto, se
asume el reequilibrio tarifario desde un primer momento, pero es que ya
he dicho, y lo ha reiterado la portavoz del Grupo Popular, que es algo
que se inicia con bastante antelación. Su señoría ha hecho una crítica
sobre las subidas de la cuota fija de abono mensual y sobre las subidas
de la tarifa metropolitana o local; yo le quiero reiterar la premisa
mayor: creo que no es riguroso que usted continúe afirmando que la orden
ministerial sube la cuota fija de abono mensual y sube las tarifas
locales porque, simplemente, eso no es cierto. Cuando uno se introduce en
un debate, lo lógico es tener en cuenta la letra de la ley y el alcance
de la letra de la ley, y lo que la orden ministerial prevé es la
posibilidad, en ciertos términos, de ese reequilibrio tarifario. Eso es
lo que prevé la orden ministerial.

Llamo la atención de S. S. sobre otro hecho que no ha destacado: que el
período a que se refiere la orden ministerial, si lee atentamente el
texto, verá que está concentrado entre el 1 de marzo de 1998 y el 1 de
diciembre de 1998. Es un período de muy pocos meses, hasta la plena
liberalización del mercado de telefonía, que se producirá el 1 de
diciembre de 1998. Voy más allá, voy a la política tarifaria



Página 6888



seguida por gobiernos anteriores asumiendo ese reequilibrio tarifario. La
cuota fija de abono mensual, esa que, según usted, grava a las familias
más modestas, fue subida por el Gobierno socialista entre 1986 y 1994 en
un 43 por ciento, y le doy los porcentajes anuales, porque ustedes la
subieron todos los años: en 1986, el 3,7 por ciento; en 1987, el 4,2 por
ciento; en 1989, el 4,2 por ciento; en 1990, el 8,7 por ciento; en 1991,
el 7 por ciento; en 1992, el 6,1 por ciento; en 1993, el 5,7 por ciento,
y en 1994, el 3,5 por ciento. Total 43,1 por ciento en el período que va
desde 1986 a 1994. Vamos ahora a la tarifa urbana o metropolitana. El
reequilibrio que usted critica empieza en el año 1986; en 1986, los tres
minutos por los que Telefónica factura cada llamada, subieron el 5,3 por
ciento; en 1987, el 15,1 por ciento; en 1989, el 9,4 por ciento; en 1990,
el 11,4 por ciento; en 1991, el 100 por ciento; en 1992, el 6,2 por
ciento; en 1993, el 5,3 por ciento, y en 1994, el 30,7 por ciento. Esto
no solamente consta en el Boletín Oficial del Estado, sino que consta
también en las actas del Consejo Asesor de Telecomunicaciones en relación
con el debate sobre reequilibrio de tarifas de Telefónica y se ha dicho
en algunos debates habidos aquí, en el Congreso de los Diputados, como
consecuencia de unas subidas de la cuota fija de abono mensual y de las
tarifas metropolitanas, que en algún año ha llegado al 100 por ciento.

Por consiguiente, si queremos ser rigurosos de verdad, apoyemos algo que
está en el sentido común. En un proceso de liberalización no hay por qué
perjudicar el equilibrio financiero del operador dominante. Ningún
gobierno que tenga la cabeza sobre los hombros hace ese planteamiento.

Naturalmente que hay que salir de una situación de monopolio;
naturalmente que hay que introducir elementos que ponen fin a esa
situación de monopolio, y eso, de alguna manera, no es lo más favorable
para el monopolio, pero como la liberalización es inevitable porque viene
impuesta por las directivas comunitarias, hay que encontrar el punto de
equilibrio, y en la búsqueda de ese punto de equilibrio, como somos
humanos, podemos acertar o nos podemos equivocar. Como la experiencia
existente en el mundo es muy pequeña, nos hemos inspirado --insisto una
vez más-- en las experiencias que existen en los países que han tenido
más éxito en el proceso de liberalización.

Para concluir, y como se ha referido usted a la repercusión de lo que
usted llama subidas, y yo posibilidad de subida, de las tarifas de
telefonía local en la orden ministerial, yo le diría que la credibilidad
en materia de inflación pertenece más bien a este Gobierno; por lo menos,
reconózcame esa pequeña cosa: la credibilidad en materia de inflación la
tiene más bien este Gobierno que gobiernos anteriores.

Según tengo anotado, S. S. ha terminado haciendo referencia a las
conclusiones a las que llegan los extranjeros; usted se ha referido de
una manera indeterminada a los extranjeros. De acuerdo con la situación
que tenemos en estos momentos, el proceso de inversión que se va a
producir en España como consecuencia de las medidas legislativas
adoptadas por este Gobierno, va a alcanzar varios cientos de miles de
millones de pesetas. Yo sería incapaz de cuantificar en estos momentos,
pero sí le puedo decir que la inversión mínima que va a tener que
realizar el segundo operador a corto plazo excede de los 200.000 millones
de pesetas y las inversiones que va a realizar en los próximos cuatro
años por lo menos uno de los grupos que va a presentarse a los diferentes
concursos convocados sobrepasa los 600.000 millones de pesetas. Por
consiguiente, señoría, lo que el extranjero opina es cifrable, por lo
menos en términos potenciales, y, porque es cifrable, se puede sacar
legítimamente la conclusión de que la credibilidad de la política de
telecomunicaciones de este Gobierno es una credibilidad plena. Yo le
puedo decir, y es la experiencia personal que le transmito, que, como es
lógico, tengo que recibir a cuantos vienen a interesarse por el marco
legal que se está poniendo en vigor en España. Todos ellos vienen con una
valoración muy positiva y con el propósito de impulsar un proceso de
inversión en España, con el propósito de entrar en el mercado español. El
objetivo de una política de telecomunicaciones, especialmente de una
política de liberalización de las telecomunicaciones, es siempre el
consumidor, el usuario o el ciudadano; nosotros pretendemos que bajen los
precios de la telefonía en España y los precios están bajando, pero
también buscamos favorecer la competitividad de la economía española, y
con este proceso de liberalización y presionando a la baja las tarifas de
telefonía estamos favoreciendo esa competitividad. Esta es la experiencia
que hemos realizado hasta ahora.

Cuando al principio le decía que S. S. debería apoyar, y apoyar
apasionadamente, esta orden ministerial es porque yo no quiero poner de
relieve la consecución de ningún objetivo original. Si hay alguna
diferencia, que alguna hay, entre su planteamiento y el que ha hecho este
Gobierno, ha sido fundamentalmente el que nosotros concebimos el proceso
de liberalización y de introducción de libre competencia entre entes
privados mientras que, originariamente, su planteamiento tenía mucho más
carácter público o dimensión pública. Por eso --y enlazo mis matizaciones
a la intervención del señor Recorder y agradezco los puntos en que ha
manifestado su acuerdo; creo que, en el fondo, hay muchos más puntos de
acuerdo que de desacuerdo--, nosotros hemos hecho un esfuerzo por
encontrar un punto de equilibrio en las tarifas de interconexión. Yo
diría, y pienso que compartimos esa actitud, que la cuestión es si
creemos o no en la libre competencia, si creemos o no en la
liberalización. El Gobierno ha dado credibilidad a su política de
liberalización fijando unas tarifas de interconexión razonables que
permiten un amplio margen para la competencia y no dañan gravemente al
operador dominante, aunque, naturalmente, tendrá que adaptarse a una
situación de libre competencia. Ese es el criterio que inspira al
Gobierno y por eso su política ha alcanzado esos niveles de credibilidad
a los que me refería antes.

Permítame, señoría, que me refiera también a las reflexiones que ha hecho
sobre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Su señoría
demuestra una cierta impaciencia que probablemente yo tengo en mayor
medida que S. S., pero la impaciencia debe pasar por el filtro de la
razón. Señoría, los miembros de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones toman posesión en noviembre,



Página 6889



cinco meses lleva la Comisión iniciando su camino. Yo no conozco ningún
país en que se haya podido poner a pleno rendimiento un órgano de estas
características en cinco meses, con las dificultades que tiene la
liberalización del mercado de las telecomunicaciones; lleva cinco meses.

Por tanto, exigir que la Comisión funcione a pleno rendimiento cinco
meses después de su constitución, me parece que está, si se quiere,
dentro de lo razonable en un debate parlamentario, pero yo pasaría esa
afirmación por el filtro de lo razonable. Junto a un viejo profesor de
Filosofía del Derecho don Luis Recasens Sitges, no tanto creo en la
lógica racional como en lo que él denominaba la lógica de lo razonable,
que es un criterio que inspira en mayor medida la vida práctica y es
mucho más útil para configurar y para impulsar la toma de decisiones. Si
aplicamos esa lógica de lo razonable, no le podemos pedir a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones más resultados de los que está
dando en estos momentos. Yo le puedo decir que en estos momentos ya está
tomada la decisión de transferir en comisión de servicio todo el personal
de tres subdirecciones generales a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Pero, señoría, hay que contar con las personas
afectadas, no se puede utilizar el ucase en este orden de cosas. La
cantera de gentes a la que pueda recurrir la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones no tiene nada más que dos órbitas: la órbita de
Telefónica y la órbita de la Administración pública de
telecomunicaciones. No hay más, o no hay mucho más en el mercado español.

Por consiguiente, hemos facilitado la transferencia de personal desde la
Dirección General de Telecomunicaciones, que transfiere también muchas de
sus atribuciones a la Comisión, en comisión de servicios con carácter
provisional, a la Comisión del mercado de las telecomunicaciones. Sin
embargo, señoría, esto hay que hacerlo de acuerdo con los interesados,
porque me aceptará usted que no se puede obligar a los funcionarios,
aplicarles un ucase y decirles: ahora usted, destino forzoso en la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Por tanto, comprendan que
la plenitud de rendimientos de un órgano de este calibre lleva su tiempo.

Si pensamos en un órgano que tiene una tarea mucho más sencilla que la de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, porque hay mucha más
experiencia, como es la Comisión del Mercado de Valores, habrá que
reconocer que tardó cuatro años en funcionar a pleno rendimiento, cuatro
años, señoría. Nosotros estamos exigiendo esa plenitud de rendimientos
cinco meses después de la toma de posesión de sus miembros.

No tengo mucho más que decir aparte de agradecer sus palabras en otro
orden de cosas. Yo también he reflexionado mucho sobre la composición de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y sobre el número de
miembros. Podemos arbitrar un nuevo consenso, señorías, podemos arbitrar
un nuevo consenso. ¿Quién está dispuesto a renunciar a sus miembros?
Porque ésa es la cuestión, ésa es la cuestión. Si contamos con el
Parlamento, y se cuenta con el Parlamento, al final la representatividad
de la Comisión ha de ser un reflejo suficientemente exacto de la
correlación de fuerzas existente. Se puede adoptar otro criterio, pero
desde esa perspectiva hay que saber que eso implica la renuncia a,
llamémosle así, entre comillas, la representación en la Comisión Nacional
del Mercado de las Telecomunicaciones. Señoría, yo puedo decir que
ninguno de los tres miembros que son directamente propuestos por el
Gobierno, o por el Grupo Parlamentario Popular, si se quiere, para ser
más exactos, ninguno tiene carnet del Partido Popular, ninguno, y ése ha
sido el criterio de profesionalidad que ha inspirado la propuesta que se
hizo en su momento a los grupos parlamentarios.

Yo no discuto la licitud de otro planteamiento, me parece tan legítimo
como este otro, igual. Lo que quiero decir es que no se puede defender al
mismo tiempo la representatividad de la Comisión y la reducción de los
miembros de la Comisión. Difícilmente son compatibles ambos criterios,
nos podemos inclinar por uno o por otro, pero no por los dos a la vez, no
por los dos a la vez. Esta es la contradicción en la que estamos, no hay
manera de conjugar los dos criterios. En consecuencia, o asumimos el
criterio de la representatividad o asumimos un criterio estrictamente
funcional de hacer una Comisión muy reducida y muy técnica. Yo creo que
cuando se cometen errores es de sabios rectificar. A mí nunca me ha
costado ni me va a costar rectificar en el futuro inmediato, porque creo
que es mucho más inteligente rectificar que empecinarse en errores que
uno puede cometer en el ejercicio de sus funciones.




El señor PRESIDENTE: Como se ha suscitado el tema del informe del Mercado
de la Telecomunicaciones, que ha sido enviado por el señor Ministro, sí
quiero decir como Presidente de la Comisión que en la Comisión no ha
entrado. Si hubiera entrado, hubiera sido distribuido inmediatamente a
los grupos.

Entramos en este turno, que siempre digo brevísimo, por alusiones y ruego
que sea lo más breve posible.

El señor García-Arreciado tiene la palabra.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Como vamos bien de tiempo y el señor
Ministro ha estado didáctico, podemos extendernos un poco más en las
intervenciones.

Me pide el señor Ministro el apoyo apasionado. Cuando se tienen más de 50
años la pasión es un bien escaso económico. (Risas.) No me parece que la
orden ministerial sea objeto de la pasión de este portavoz por lo menos.

Me dice, señor Ministro, que hay pocos elementos de crítica en mi
actuación. Yo creo que los ha habido de cortesía, no he sentado una
crítica desde la cruz hasta la raya, pero por citar el argumento que
usted me dice, he de manifestar que tengo competencias en tarifas de
interconexión porque en la llamada Ley digital había una transitoria que
me la daba, transitoria que su propio grupo enmienda en el Senado con el
argumento de que en televisión digital por satélite no hay tarifas de
interconexión. Luego estaba claro, en primer lugar, el error de sus
servicios técnicos al introducir tarifas de interconexión en una
tecnología donde no existen esas tarifas, y, en segundo lugar, la
intención del Ejecutivo, se estaba refiriendo a tarifas de interconexión
en servicios por satélite con tecnología digital y acceso



Página 6890



condicionado. Por tanto, desde nuestro punto de vista de ninguna manera
amparaba el sentido amplio de las tarifas de interconexión entre los
operadores en telefonía, que es lo que estamos discutiendo aquí.

Es cierto que concurren importantes operadores a la venta del segundo
operador. Se lo he explicado, señor Ministro, porque usted días antes
pone en valor ese segundo operador con unas tarifas de interconexión que,
¡no faltaba más!, excitan el interés por un asunto que con esas tarifas
de interconexión se puede convertir en negocio. No me puedo extender más
porque, lamentablemente, no dispongo del informe, del que quiero decir
que estoy absolutamente seguro de que me llegará mañana, tan seguro como
estaba de que no me llegaría antes de esta comparecencia. No me cabe la
menor duda. Ayer, Correos con legítimo orgullo decía que el 94 por ciento
de la correspondencia urbana se resolvía en lo que se llama el parámetro
de calidad D+1. Eso es Correos, una simple carta echada por un ciudadano
a un buzón. Un sobre ministerial con el sello del Ministro, teniendo en
cuenta los sistemas de comunicación que tiene el Gobierno que puede
enviar los documentos con un motorista, debería haber llegado. Pero
seguro que me llegará mañana. Me llegará mañana, o, seguro, pasado
mañana, cuando se haya visto ya en el Pleno la proposición no de ley de
las tarifas de interconexión, ya que la proposición de ley también lleva
una parte sobre tarifas de interconexión. Tan seguro estoy de eso como
estaba de que no me llegaría antes del día de hoy.

Sobre lo de los exitosos concursos de cable, tengo que decir, señor
Ministro, que a su pesar. Cerca de esta sala comparece quien en los
últimos tiempos del Gobierno anterior, cuando se estaba consensuando la
ley del cable (que, a pesar de su intento de modificarla al final quedó
prácticamente igual que en la legislatura anterior), hizo esfuerzos
desesperados por cosas tan peregrinas como decir que la capacidad de
otorgar licencias de telecomunicaciones por cable debía ser municipal y,
consecuencia de ello, es lo que, a criterio de los expertos, es un cierto
fracaso del mapa de telecomunicaciones por cable en este país. Salvo la
excepción de Cataluña y alguna otra comunidad que ha tenido el criterio
razonable de respetar el espíritu de la ley e ir a grandes demarcaciones
para hiperecuacionar el territorio, para que la rentabilidad de Madrid
permita llevar el cable a Boadilla del Monte, ese principio de la ley,
fundamentalmente en los municipios controlados por ustedes, ha saltado
por los aires y cada municipio ha ido a su demarcación de cable,
rompiendo una economía de escala que yo estoy seguro de que va a ir en
perjuicio de todos los ciudadanos que no vivan en los núcleos de
oportunidad de este negocio, en los grandes núcleos urbanos.

Me dice que en no sé qué país hay un segundo operador que no necesitó
todos los puntos de interconexión que se le dieron y que había solicitado
y que, siguiendo esa experiencia, ustedes lo han limitado en España. Ha
traducido mal lo que ha pasado en ese país, porque ahí lo primero que ha
pasado es que le han ofrecido al segundo operador más puntos de
interconexión y, entre los que le han ofrecido, ha escogido los que le
han interesado. Aquí no pueden escoger. Tienen uno por provincia; o lo
escogen o se quedan fuera de la posibilidad de operar en la zona
correspondiente a esa provincia. Dice que en Nueva Zelanda se encuentran
con pleitos ante los tribunales de justicia porque lo hacen como dice el
Grupo Socialista. No; como dice la ley que ustedes mandaron, la ley que
ustedes votaron. Acuerdo entre las partes y si no hay acuerdo entre las
partes interviene una autoridad para establecer el marco que resulta
inexcusable establecer. Posiblemente en Nueva Zelanda no tendrían la
comisión del mercado, que es el regular al que este Parlamento le ha dado
la competencia de intervenir cuando hay disconformidad entre los
operadores. Por eso estarán en los tribunales. En España no puede llegar
este asunto a los tribunales por vía administrativa, porque está claro
que hay un órgano regulador que es la Comisión Nacional del Mercado de
las Telecomunicaciones en las normas de rango de ley y el Ministerio en
normas reglamentarias u órdenes ministeriales.

Tiene usted en estudio --no lo dudo, señor Ministro-- dos órdenes
ministeriales que van a hablar de los paquetes, de la numeración,
etcétera; pero es que mañana se cierra el plazo de modificación de
alianzas. Bueno sería, digo yo, que los operadores conociesen eso que
está en estudio para establecer su plan de negocios. (Denegaciones.) ¿Ah,
no? Pues si usted me dice que un segundo operador para establecer su plan
de negocio no necesita saber qué va a pasar con su número, qué numeración
posee, qué paquetes tiene, cómo se solventa la accesibilidad a las
centrales; si todo eso no es preciso para que un operador serio haga el
plan de negocio, nos encontraremos con que estarán haciéndolo, como estoy
seguro que lo hacen, a ciegas. Vienen muchas autoridades mundiales,
nacionales y operadores a hablar con usted, señor Ministro, pero también
con otros. No sólo hablan con usted y no sólo dicen lo que le dicen a
usted. Hablan con otros y dicen también lo que les dicen a otros; de
manera que no pretenda establecer el monopolio de la información que le
llega de los operadores internacionales.

Esto de que están ustedes estudiando las órdenes ministeriales que, a
nuestro modesto criterio deberían ser fundamentales para establecer el
plan de negocio que lleve a las alianzas definitivas, me recuerda una
anécdota que pasa en mi partido político y seguro que en el suyo. Cada
vez que llega un período electoral aparece un ingenuo --no es ése el
caso, usted tiene en la política más trienios que yo-- diciendo: vamos a
establecer los criterios para configurar las listas; y los que llevamos
ya una serie de años en esto decimos: vamos a hacer las listas y luego
hacemos los criterios. Eso es lo que están haciendo aquí. Están
seleccionando, están metiendo a gente, pero no conocemos los criterios
con los cuales ustedes van a preseleccionar la mejor oferta de las tres,
porque desconocen algunos elementos sustantivos.

Yo sé que el segundo operador va a dar pronto, en el plazo de un año,
servicio telefónico básico, interprovincial e internacional, pero ¿y el
local, señor Ministro? Hemos bajado mucho las tarifas interprovinciales e
internacionales, es decir, aquellas donde el segundo operador podría ser
competitivo con Telefónica; al bajar las tarifas ya es menos competitivo.

Pero en el bucle urbano, que es donde está el



Página 6891



negocio, donde tardará años en entrar el segundo operador, hemos blindado
el mercado de Telefónica con un incremento de tarifas muy importante.




El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado. Este turno, como S. S. sabe,
es un turno breve.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Ya voy terminando.

Nosotros sostenemos que la orden ministerial no establece la posibilidad
del incremento de tarifas, sino que dice lo que en castellano se entiende
como imperativo: se autorizará. Por supuesto, insisto, con los trámites
correspondientes.

Hace usted una relación de reequilibrio tarifario en Telefónica
pretendiendo utilizarlo como argumento en contra de los posicionamientos
que mantengo; es exactamente lo contrario, señor Ministro. Es un ejemplo
de reequilibrio tarifario llevado a cabo durante muchos años que, en lo
referido a cuota de conexión, lo que más castiga al consumidor de bajo
consumo, está casi milimétricamente ligado a los IPC de cada uno de los
años y que en su conjunto estaba establecido en un contexto donde el plan
nacional señalaba obligaciones de inversión a Telefónica de 5,5 billones
de pesetas en los servicios regulados.

Estábamos sabiendo qué iba a hacer Telefónica con el dinero que iba a
obtener de esas tarifas, porque este Congreso había aprobado un plan
nacional que establecía las inversiones necesarias. Ahora no lo sabemos.

Presumiblemente vayan a aumentos de la competencia y a mejoras de
resultados de explotación, de lo cual nos alegramos profundamente.

Al final, señor Ministro, la pregunta que queda en el aire es: ¿por qué
se cree usted más capacitado que una comisión de profesionales,
independiente, para establecer las tarifas de interconexión? ¿Porque
tienen carácter político, y esa función le corresponde a usted como
político, o porque duda de la profesionalidad de las personas que en esta
Cámara --hoy hemos ampliado dos-- forman esa Comisión?
Quiero terminar dándole las gracias por el tono de su respuesta, que ha
hecho más fácil el relajamiento en este debate.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder para un turno
también breve.




El señor RECODER I MIRALLES: Sí, breve, porque además yo no voy a
explicar las interioridades de mi partido, o sea que voy a ahorrarme
tiempo. (Risas.)
Señor Ministro, yo más que impaciencia, que tiene un tono peyorativo, en
relación al desarrollo de la Comisión Nacional del Mercado de las
Telecomunicaciones, definiría mi actitud como que tengo más interés que
usted mismo en el desarrollo de la propia Comisión o, cuanto menos, tengo
más esperanzas depositadas en ella que las que usted o el grupo
parlamentario que le apoya puedan tener. A los hechos me remito. El día 7
de junio hará exactamente siete meses que la Comisión está constituida y,
en siete meses, no se la ha dotado de medios suficientes. Me ha dado la
buena nueva de que el personal de tres subdirecciones generales va a ser
transferido y me parece algo a destacar positivamente, pero no ha sido
capaz de dotarse de medios; los medios se los tienen que facilitar
ustedes desde el Ministerio de Fomento. No estoy de acuerdo en la
velocidad que se le está imprimiendo a esta Comisión; creo que el tiempo
se nos está echando encima. Tiene un largo camino por recorrer, y no hay
tiempo. En diciembre de 1998 se producirá la plena liberalización de las
telecomunicaciones --de la telefonía básica--, y en ese momento la
Comisión no sólo debería estar en pleno funcionamiento sino, además,
rodada; tendría que tener un rodaje que la hiciera sumamente eficaz, y no
tengo la sensación de que vayamos por ahí. Pero no es sólo una cuestión
de velocidad, señor Ministro, sino que yo también discrepo y me preocupan
algunas cuestiones que se refieren al modelo de la propia Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. Por ejemplo, me preocupa que, en el
organigrama que se aprueba, se rodee a todas sus decisiones de un
excesivo --permítame que le diga-- secretismo. A mí me gustaría que
tuviéramos una comisión como la norteamericana, donde todas las
decisiones se toman en audiencia pública. No pasa absolutamente nada
porque sepamos lo que piensan y lo que opinan todos y cada uno de sus
miembros, ya sean tres, cinco, siete o nueve, como parece que van a
formar esa comisión; en cambio, la hemos rodeado de un secretismo tal
que, incluso, no sé qué respuesta va a tener la petición que efectué la
semana pasada al señor Vázquez Quintana, en el sentido de que remitiera a
esta Comisión la decisión y los votos particulares en relación a la no
inscripción de Canal Satélite Digital en el registro de operadores. El
organigrama --se lo reitero-- es un organigrama presidencialista y ello
tampoco me satisface, señor Ministro. Ahora le explicaré, o deduzca de
mis palabras por qué no me satisface.

También me preocupan algunas decisiones de la propia Comisión; todo
tendríamos que ponerlo en el mismo saco de preocupaciones. Por ejemplo,
me preocupa la decisión que se ha tomado en relación a Canal Satélite
Digital y me preocupa que la decisión final de la Comisión no coincida
con el informe del ponente que recibió el encargo de la propia Comisión.

El señor Vázquez Quintana nos lo explicó muy bien, pero no me termino de
convencer; sólo le digo eso. En fin, parece que en esa Comisión se
producen unas mayorías que a veces, digamos, saben a mayorías políticas,
y eso me preocupa.

Usted me plantea modificar el consenso muy hábilmente. Señor Ministro, si
adoptamos un nuevo consenso en esta Comisión, no tengo ninguna garantía
de que me lo respeten porque, como ha dicho la señora Mato, nos pasamos
un año discutiendo el proyecto de ley derivado del real decreto de
liberalización de las telecomunicaciones, y luego, unilateralmente, en el
Senado, lo cambiaron con una mayoría diferente. O sea que, si ahora nos
ponemos de acuerdo los que estamos aquí en adoptar una decisión
diferente, igual, con los que no están, luego cambian esa decisión. Por
tanto, prefiero no perder el tiempo.




Página 6892



En cuanto al tema de la independencia, el señor Sedó me decía hace un
momento --cuando usted intervenía-- que él no es socio del Barça y que,
en cambio, él puede ser más fanático defendiendo los intereses del Barça
que algunas personas que sí que son socias del Barça. Por tanto, yo diría
que lo de la independencia es una cuestión, más que de carné, de criterio
y de sentirse investido de esa facultad de independencia. A veces, la
independencia también es una cuestión derivada del talante personal, y se
puede ser muy independiente teniendo el carné de un partido político o,
incluso, de un equipo de fútbol. O sea que no me convence su
manifestación sobre que los miembros designados por su partido no tienen
el carné del Partido Popular.

Admita, señor Ministro, que ustedes quieren controlar el funcionamiento
de la CMT hasta diciembre de 1998, porque todo este conjunto de elementos
me llevan a esa conclusión, y permítame también que discrepe de esa
actitud que me parece deducir de la actuación de la propia Comisión.




El señor PRESIDENTE: Señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, voy a intervenir muy
brevemente, y casi por alusiones.

Señor Recoder, créame usted que nosotros tenemos absoluta confianza en la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; se lo he dicho en la
intervención inicial. No sólo el Gobierno ha creído conveniente
constituirla, sino que este grupo parlamentario, en años anteriores,
presentó iniciativas en estas Cortes para crear una Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, cuando gobernaba el Partido Socialista y no se
creyó adecuado constituirla. También es cierto que tampoco se creyó
adecuado liberalizar las telecomunicaciones y, por tanto, no hacía tanta
falta que existiera esa Comisión. En cualquier caso, yo, personalmente,
tengo bastante confianza en los miembros de la Comisión; será, quizá,
porque creo firmemente en la competencia y en la independencia de los
tres miembros que se han nombrado, diríamos, a propuesta o con el
consenso del Partido Popular, y también porque conozco a algunos otros
miembros que se han nombrado por parte de otros grupos. Por tanto, creo
en la capacidad e independencia de todos y cada uno de los miembros de
esa Comisión. La verdad es que confío en que, con el paso del tiempo --si
es que le dejamos un poco de tiempo--, se pueda llegar a constituir una
comisión incluso mejor que la que usted ha comentado de otros países.

Respecto a los consensos que se logran en esta Cámara, quiero volverle a
recordar que el consenso que se alcanzó en esta Cámara en torno a la ley
de liberalización de las telecomunicaciones no fue afectado en absoluto
por la modificación en la composición. También es cierto --y lo
reconozco-- que estuvimos un año discutiendo la liberalización de las
telecomunicaciones, y todos y cada uno de los puntos de la ley, pero creo
que no dedicamos ni un solo minuto a discutir ni a debatir la composición
numérica de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Por tanto,
no creo que el consenso de un año se haya estropeado por una modificación
numérica de la composición de la Comisión, cuando no se modificó ningún
otro punto de los del consenso que se había alcanzado en esta Cámara. No
me parece justa su apreciación al respeto.

Por último --simplemente, por hacer un recordatorio--, decía el señor
García-Arreciado, hablando de los concursos de cable, que a pesar nuestro
teníamos ahora concursos de cable y que a pesar nuestro iba a haber cable
en España. Señor García-Arreciado, le recuerdo que hay cable en España
antes de lo previsto gracias al Grupo Popular y gracias al Partido
Popular. Primero, porque el Gobierno popular lo ha impulsado y, en
segundo lugar, porque le recuerdo que ustedes, durante trece años,
estuvieron diciendo sí cable, no cable, sí cable, no cable, hasta que las
iniciativas populares les pusieron a ustedes francamente nerviosos y
decidieron hacer una ley, no para impulsar el cable, sino para frenar una
serie de legítimas iniciativas de ayuntamientos populares, que decidieron
regular y empezar a hacer redes de cable en sus ayuntamientos, por la
pereza del Gobierno --socialista, en este caso--, que no quiso o no pudo
poner en marcha los concursos de cable. (El señor García-Arreciado
Batanero pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Sí, indudablemente ha abierto el debate, pero
primero contestará el Ministro; luego, daré un minuto a los portavoces
que deseen intervenir y, finalmente, daré la palabra a la señora Mato.

Señor Ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, yo creo
que he sido suficientemente explícito sobre el proceso que conduce a la
fijación de unas determinadas tarifas de interconexión y a la valoración
que estas tarifas de interconexión merecen en relación con la media
europea, de un país no liberalizado que acaba de fijarlas como es
Francia, y de otros países que están liberalizados. Las tarifas de
interconexión se fijan en la búsqueda de ese punto de equilibrio al que
me he referido --punto de equilibrio no fácil de encontrar, señoría--, y
son tarifas de interconexión aptas para generar la libre competencia. Lo
que hubiera sido absurdo es buscar un punto de equilibrio de las tarifas
de interconexión que no las hubiera convertido en unas tarifas aptas para
generar la libre competencia. Ese es el primer criterio y no hay otro, ni
la presión de Telefónica, ni la presión de los futuros operadores, ni la
presión de nadie. Lo primero en que uno piensa para fijar unas tarifas de
interconexión es que ofrezcan un margen suficiente para introducir la
libre competencia, porque si no se piensa en ese factor, la verdad es que
se está en otra galaxia, se está en otro tema distinto de una política de
liberalización de las telecomunicaciones.

En segundo lugar, usted puede calificar las tarifas de interconexión como
altas o bajas, pero el único punto de referencia objetivo es la media
europea y, desde esa perspectiva, las tarifas de interconexión son aptas
para generar la libre competencia y, sin embargo, están algo por encima
de la media europea, de los países a los que antes me he referido. Por
consiguiente, no se fijan unas tarifas de interconexión --y permítame la
expresión-- a degüello, porque no es ése el propósito de este Gobierno,
ni creo que de ningún



Página 6893



Gobierno que esté en el ejercicio racional de sus funciones. Esa es la
razón por la cual las tarifas de interconexión que se fijan tiene
credibilidad, porque, de una parte, son aptas para la libre competencia
y, de otra, se encuentran algo por encima de lo que es la media
comunitaria. Y añadiré un factor más: si se analizan las tarifas de
interconexión de los países liberalizados y de los países que están a
punto de liberalizar, se verá que se camina hacia una cierta homogeneidad
de tarifas de interconexión entre todos los países europeos. Pues bien,
ésa es la razón básica y ése es el factor en que finalmente se apoya la
decisión, y, como es lógico, en el proceso, hay intereses en juego que
hay que integrar en la medida en que se puede y de los que hay que
apartarse en la medida en que pueden perjudicar el éxito final de la
decisión.

En lo que afecta a los concursos de cable, se pueden aducir muchas
razones del éxito potencial que los concursos parece que van a tener,
pero, como mínimo, pongamos encima de la mesa dos: primero, el
decreto-ley y el reglamento que se dicta por este Gobierno en desarrollo
de la Ley de Telecomunicaciones por Cable bajan sustancialmente las
fianzas, no es que las reduzcan a la nada, porque las fianzas se cuentan,
como sabe S. S., por miles de millones de pesetas, pero las fianzas que
tenía el proyecto de reglamento que recibió este Gobierno eran tan
absolutamente altas --y no quiero introducir otro calificativo-- que
habrían hecho todavía mucho más difícil la concurrencia de esos
concursos; y en segundo lugar, reconózcame S. S. que la elaboración de
los pliegos de condiciones que ha hecho este Gobierno de los distintos
concursos de cable son pliegos de condiciones justamente atractivos para
generar la inversión que se pretende. Por tanto, esos dos elementos son
absolutamente fundamentales para determinar el éxito de los concursos de
cable.

No es cierto que la Ley de Telecomunicaciones por Cable en vigor y
aprobada por el Gobierno socialista hubiese previsto demarcaciones
grandes, porque la ley contiene un límite de un millón y medio de
habitantes, límite que nosotros no hemos podido modificar. Tenía la
previsión de demarcaciones pequeñas, la prueba es que se ponía un tope
máximo de un millón y medio de habitantes. Nosotros vamos a hacer saltar
ese límite por la vía indirecta, porque el decreto-ley establece los
acuerdos comerciales de interconexión entre los distintos operadores de
cable, acuerdos comerciales que sí son plenamente libres; pero en la
configuración inicial de la Ley de Telecomunicaciones por Cable no estaba
el propósito de la cohesión territorial, ni estaba el propósito de las
grandes demarcaciones para integrar a los pequeños municipios o las
partes distantes del territorio nacional que tienen escasa población; no
era ése el propósito, señoría. El propósito era generar un cuasi
monopolio de Telefónica y de sus socios en la televisión por cable.

En lo que afecta a los puntos de interconexión, ya le he dicho que la
orden tiene un carácter subsidiario. Usted defiende que la orden
ministerial no debería haber establecido unas condiciones de
interconexión determinadas, sino que debería haber dejado libertad al
mercado para que todas las condiciones de interconexión fueran libremente
pactadas. Pues si usted considera que eso puede funcionar como primer
criterio, ocurre que, de necesitar el segundo operador más puntos de
interconexión, la orden ministerial permite el libre acuerdo entre
operadores. Por tanto, vamos a suponer que necesita más de uno por
provincia: que se dirija al operador dominante y le pida más puntos de
interconexión, a ver si funciona el acuerdo comercial y a ver si
funciona, en esta fase del proceso de liberalización, esa libertad que es
deseable en un mercado de telecomunicaciones.

Yo creo que S. S. se confunde al hablar de la selección. Lo que falta por
promulgar no son los criterios de selección de los concursantes que
concurren al segundo operador, esos criterios están fijados y tienen sus
baremos para que la mesa de contratación pueda tomar la pertinente
decisión. El problema técnico pendiente de regulación es el mecanismo
técnico para la selección y preselección del operador, es decir, para
saber en definitiva cómo el segundo operador puede facturar a aquellos
usuarios que quieran utilizarle en cuanto tal segundo operador. Y es
verdad que el plazo de esa orden ministerial está muy próximo a vencer,
pero le decía a S. S. que estamos a tiempo, porque ofrece ciertas
dificultades técnicas que se podrán solventar en el plazo de dos o tres
semanas y todavía no ha empezado a operar el segundo operador. Por
consiguiente, hay tiempo más que suficiente.

La otra orden, la que afecta a los bloques de numeración y a la
conservación del número, tiene mucho más plazo que la Orden Ministerial
del 18 de marzo. No recuerdo exactamente en qué fecha vence teóricamente
el plazo, pero no vence antes del mes de julio, y por consiguiente ésa
saldrá a tiempo. No hemos perdido ni un minuto, probablemente en la Orden
Ministerial del 18 de marzo infravaloramos las dificultades técnicas que
tiene la redacción de algunos preceptos estrictamente técnicos para
resolver todos los problemas.

Plantea usted la capacidad del segundo operador para poder actuar en el
ámbito de la telefonía local. Es verdad lo que dice S. S., que va a haber
dificultades técnicas, naturalmente que las va a haber; no se puede
conseguir todo y todo al mismo tiempo. La telefonía local evidentemente
exige la utilización del bucle local, que es una dificultad técnica mucho
mayor que cualesquiera otras. De todas maneras, a partir del 1 de enero
de 1998 los operadores de cable van a tener un punto de interconexión
también para prestar telefonía local. En todos los países ofrece más
dificultades la prestación del servicio de telefonía local, pero de
alguna manera hay que empezar; pues hemos empezado como a nuestro juicio
aconseja la experiencia de otros países, y en segundo lugar hemos
acelerado el proceso todo lo que hemos podido. Las dificultades que
plantea la liberalización del mercado de telecomunicaciones, y en
concreto del mercado de telefonía, no se le ocultan a su señoría.

Yo no sé si S. S. lo confunde, pero por lo menos en su intervención me ha
parecido que confunde la cuota de conexión con la cuota fija de abono
mensual. La orden ministerial no se refiere para nada a la cuota de
conexión, se refiere sólo a la cuota fija de abono mensual, que es la que
digo que se ha ido incrementando a lo largo de los años por



Página 6894



gobiernos anteriores, justamente con el propósito de ir asimilando el
proceso de reequilibrio tarifario que plantea Telefónica.

En cuanto al problema de la conservación de la competencia para
establecer las condiciones de interconexión por parte del Gobierno, todo
es opinable, y la postura del Gobierno también. Nosotros hemos pensado
que a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones le corresponde en
mayor medida, a nuestro juicio, la actuación con plenitud de facultades
en un mercado totalmente libre. Nos parecía que no es misión de la
Comisión impulsar una determinada política de liberalización de las
telecomunicaciones, sino que debe asumir la plenitud de facultades en un
mercado plenamente liberalizado. Si hay un instrumento útil y necesario
para impulsar una determinada política de liberalización, por tanto una
política con un planteamiento determinado de liberalización, que la
Comisión no tiene por qué compartir, es justamente la potestad de fijar
las condiciones de interconexión. Me dice S. S. que no estaban en el
decreto-ley originario, y tiene S. S. razón, y eso nunca se ha negado;
pero justamente el proceso de reflexión a que conduce la racionalidad de
una política lleva a la necesidad de no involucrar a la Comisión en una
determinada política, sino a configurar la Comisión como un órgano con
plenitud de atribuciones en el momento de la plena liberalización. Fíjese
usted que en el decreto-ley hemos hecho una Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones fuerte y potente, porque tiene muchas atribuciones,
pero ¿por qué razón involucrar en una política de liberalización
restringida a un órgano regulador que adquiere su pleno sentido en un
mercado totalmente liberalizador? Es un planteamiento. Yo sé que es
opinable y como todo planteamiento tiene sus ventajas y sus
inconvenientes. Nos ha parecido mucho mejor este planteamiento, en aras
de la efectividad de una política de liberalización que asume este
Gobierno y que no tiene por qué compartir la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

En cuanto a las últimas reflexiones del señor Recoder, podría
compartirlas en buena parte, pero no en todos sus matices. La Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones tiene dos tipos de decisiones.

Unas, que deben ser objeto de publicidad y van a serlo, porque afectan a
terceros y son comunicadas a terceros, y otras en las que la publicación
es una dimensión más discutible. Podríamos asumir el sistema
norteamericano, pero no es el que inspira nuestro sistema político. Ni
las comisiones del Senado norteamericano tienen nada que ver con las
comisiones de investigación que hace este parlamento, ni la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones se inspira en el modelo norteamericano.

Por tanto, hemos asumido un modelo. Se podría haber asumido el modelo de
la FCC, que es un magnífico modelo, pero es más propio de la experiencia
de un país como Estados Unidos, que tienen una determinada forma de
funcionar que no es habitual, especialmente en la Europa continental. Yo
diría que, desde esa perspectiva, someter a un debate público decisiones
que por su naturaleza no tienen por qué ser públicas, a nuestro juicio,
lo mismo que le decía al señor García-Arrecido, es una opinión discutible
que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A mí me parece que hay
resoluciones que por su propia naturaleza deben ser y van a ser públicas,
y otras que yo no sometería a debate público, porque me parece mejor que
queden en el ámbito de la reserva de la Comisión. De todas maneras,
señoría, la Comisión tiene la capacidad para decidir sobre aquello que,
no debiendo ser comunicado necesariamente a terceros, puede ser hecho
público, porque, como sabe S. S., la Comisión debe elaborar todos los
años un informe que ha de elevar al Gobierno y el Gobierno remitir a las
Cortes, y es en esa memoria donde la Comisión tiene la posibilidad de
relatar lo que, a su juicio, no teniendo por qué ser público, ella estime
que deba serlo. Por tanto, se deja a opinión de la Comisión aquello que
deba ser público en ámbitos que, por no tener que ser notificado a
terceros, no están por su propia naturaleza destinados a la publicidad.

Comparto las reflexiones que ha hecho S. S. sobre la independencia de los
medios, es una cuestión de actitud personal. Estoy totalmente de acuerdo.

Lo que he querido decir, y probablemente no me he expresado bien, es que,
en última instancia, hay que elegir entre dos criterios. No es que haya
que aplicarlos en toda su pureza, pero la razón exige un cierto grado de
opción en favor de uno u otro. O se opta por la representatividad o se
opta por la funcionalidad. No son incompatibles ni excluyentes, pero, a
la hora de tomar la decisión, un criterio debe predominar sobre el otro.

Es difícil, dada la composición de nuestro sistema parlamentario, de
nuestras Cámaras, compaginar estrictamente a un cincuenta por ciento los
criterios de representatividad y de funcionalidad.

Su señoría teme las mayorías políticas dentro de la Comisión. Yo también
las temo. Pero sobre la referencia que ha hecho a la resolución dictada
por la Comisión sobre la inscripción de Canal Satélite Digital, le diría
lo siguiente. Uno de los puntos altamente debatidos en el momento de la
discusión en el Pleno de la convalidación del decreto-ley era que la
famosa inscripción era inconstitucional, era un freno a la libertad de
mercado y contraria a la legislación comunitaria. Fíjese, señoría, hasta
qué punto erraron quienes opinaban así entonces que, habiendo sido
denegada la inscripción y por no tener carácter constitutivo, no se
altera para nada el panorama.

Se dijo entonces, y se pone de relieve ahora, que la inscripción tenía un
mero valor de publicatio, por así decirlo, de conocimiento de las
características de los operadores, y nada más que de eso. Si la
inscripción ha sido denegada por una decisión mayoritaria de la Comisión,
es por algo que hoy acreditan, no los miembros de la Comisión. Ni la
Comisión Europea, ni el Gobierno, es por algo que hoy acreditan los
organismos técnicos europeos de homologación, y es que el descodificador
de Canal Satélite Digital no ha podido acreditar su compatibilidad, su
carácter de descodificador abierto y, por tanto, su adecuación a las
exigencias de la directiva comunitaria. Eso es lo único. Porque otro de
los puntos que se discutió en el debate sobre el real decreto-ley fue la
coerción que la exigencia de una certificación implicaba para los
operadores. Dijimos entonces, y ahora se pone de relieve, que el sistema
español, que incorpora una directiva comunitaria sobre certificaciones,



Página 6895



permite la certificación y la autocertificación. Ocurre que ninguno de
los dos grupos industriales que fabrican el descodificador ha
certificado, ha asumido la responsabilidad de certificar que el
descodificador de Canal Satélite Digital es abierto, porque no lo es.

Como no han podido autocertificar, como grupos industriales, que el
descodificador que ellos empezaron a fabricar es abierto y compatible con
la directiva comunitaria, de acuerdo con lo que ha dicho el Presidente de
la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, se ha denegado la
inscripción. El organismo europeo de homologación, Cenelec, ha homologado
como norma europea la técnica multicrypt y no así la técnica simulcrypt.

La técnica simulcrypt puede convertir al descodificador en abierto, pero
hay que introducir un interfaz común. Entonces, un descodificador con
técnica simulcrypt se convierte en abierto y compatible, pero hay que
introducir eso. Sin eso, la técnica simulcrypt por sí sola no produce un
descodificador abierto y compatible. Como la directiva comunitaria tiene
como objetivo último abrir el mercado, garantizar la libre competencia y
ampliar la capacidad de elección de los consumidores, el descodificador
debe ser necesariamente abierto. Hay dos posibilidades de alcanzar un
descodificador abierto: la inclusión del interfaz común en la técnica
simulcrypt o la adopción de la técnica multicrypt. Esto es lo que se
desprende de las decisiones técnicas de un organismo de homologación que
actúa con la máxima objetividad y con la máxima independencia.

Señoría, yo le puedo asegurar que, por parte del Gobierno, no hay ninguna
pretensión de control de la Comisión. Aunque lo pretendiera, no lo podría
conseguir. Cuando de siete miembros se tienen tres, en el supuesto de que
se pudiera aceptar --que yo no lo acepto--, pero a efectos dialécticos,
que esas tres personas fueran obedientes a una disciplina, de ninguna
manera tendrían capacidad para controlar la Comisión, y todavía en mucha
menor medida cuando va a pasar de siete a nueve miembros. Por tanto, la
voluntad de controlar la Comisión en este Gobierno es inexistente. Eso se
lo puedo garantizar. En ese sentido, los hechos así lo apoyan. Otra cosa
muy distinta es que la racionalidad de los procesos de decisión de la
Comisión puedan, en un momento determinado, producir coincidencias o
discrepancias. Esa es una cuestión distinta. De la existencia de una
coincidencia, a mi juicio, no se debería deducir, señoría, la voluntad de
controlar una comisión que este Gobierno de ninguna manera quiere
controlar.




El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra al señor García-Arreciado por
un brevísimo turno estrictamente para las alusiones hechas por la
portavoz el Grupo Popular, no para contestar al Ministro, naturalmente.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Estrictamente. La única referencia
que voy a hacer al señor Ministro es volver a darle las gracias por el
esfuerzo didáctico que ha hecho hoy en esta Comisión, de la que me voy
muy satisfecho porque en el procedimiento de prueba y error que ustedes
están teniendo en toda esta política una serie de reflexiones han llevado
a modificar el espíritu de las normas elaboradas por esta Cámara;
situación pintoresca que las reflexiones del Poder Ejecutivo puedan
cambiar las leyes el Poder Legislativo.

Me iba con una pequeña frustración y me la ha despejado la señora Mato;
me iba sin escuchar que este Gobierno ha hecho en catorce meses más que
el Gobierno socialista en catorce años. Ya lo he escuchado, lo único que
le puedo decir es que no se imagina hasta qué punto eso es cierto.




El señor PRESIDENTE: Doy la palabra al señor Recoder, pero estrictamente
en los mismos términos.




El señor RECODER I MIRALLES: Simplemente para decirle a la señora Mato,
por enésima vez y con todo cariño, que respecto a la Ley de
Liberalización de las telecomunicaciones no será porque no hablamos sobre
ella, sobre cada artículo, sobre cada apartado, cada punto y cada coma;
es más, estoy seguro que si repaso el «Diario de Sesiones» veríamos que
todos los portavoces que estamos hoy aquí nos felicitamos del consenso
alrededor de esa ley y usted la primera. Por tanto, el consenso era
global sobre todos y cada uno de los artículos de la ley. Luego hubo una
modificación o fractura unilateral de ese consenso y quiero, señora Mato,
que le quede muy claro que una ley no se puede aprobar del artículo uno
al 20 con un grupo político y desde parte del 20 al 22 buscar un consenso
distinto. Este principio que es aplicable a todos los proyectos de ley
también es aplicable a todas las acciones de Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Mato para un brevísimo
turno.




La señora MATO ADROVER: Brevísimamente, señor Presidente.

La verdad es que no sentía que hubiera aludido a ninguno de los grupos,
simplemente les había mencionado por su nombre por deferencia, pero
porque había hecho referencia a alguna cuestión que ellos habían
planteado. En cualquier caso, a partir de ahora no me referiré a ellos
por su nombre y así no se sentirán aludidos.

Quiero agradecer al señor Ministro su comparecencia, que creo ha gustado
tanto al portavoz del Grupo Socialista y la verdad que no me sorprenden
porque no digo que se haya hecho todo en torno a la liberalización de las
telecomunicaciones, pero sí que se han dado los pasos fundamentales para
que tengamos una liberalización que nos haga ser competitivos con el
resto de Europa en el breve plazo de un año, que es lo que lleva el
Gobierno popular ejerciendo.

En cuanto al tema de los consensos repetir otra vez lo mismo: en ningún
momento el Grupo popular ha roto un consenso con algún grupo
parlamentario en ninguna ley que se haya debatido. Simplemente --y lo
compartirán conmigo todos los grupos parlamentarios-- no hay que
coincidir en la letra de todos los puntos de todos los artículos de una
ley, sino que si no se modifican las cuestiones de fondo que se han
tratado dentro del consenso no hay ninguna



Página 6896



posibilidad, creo yo, de romper el consenso simplemente porque se
incremente. Sí podría haber duda por parte de algún grupo si hubiéramos
pretendido restringir y rectificar la composición de la comisión
reduciéndola, pero nunca cuando estamos hablando de ampliar, de ampliar
el consejo y de pluralismo, por tanto.




El señor PRESIDENTE: Sí le digo, señora Mato, que si no quiere aludir en
el futuro a los grupos debe cambiar su técnica parlamentaria. (Rumores.)
Señor Ministro, puede usted cerrar el debate.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): No, muchas
gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.