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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 234, de 21/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 234
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles, 21 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la obtención y convalidación de títulos para el ejercicio y
la instrucción de actividades subacuáticas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000279) (Página 6716)
--Relativa a normas reguladoras de las actividades subacuáticas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000280) (Página 6716)
--Sobre presentación de un plan de actuación para la regeneración
pesquera del litoral de la provincia de Málaga. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000289) (Página 6719)
--Sobre medidas de apoyo a la pesca de arrastre de fondo. Presentada por
el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/000448) (Página 6722)
--Sobre medidas urgentes para la conservación, defensa y ordenación de
las razas autóctonas españolas de animales domésticos. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000276) (Página 6725)
--Relativa al cumplimiento del Reglamento (CE) número 2907/95 de la
Comisión, de 15 de diciembre de 1995, referente al cumplimiento de los
precios mínimos en las importaciones de salmón. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000426)
(Página 6728)
--Sobre medidas para solucionar la problemática del tomate. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000468)
(Página 6730)
--Para posibilitar la participación de las Administraciones Autónomicas
en los órganos de dirección de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(Enesa). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 161/000478) (Página 6733)
--De establecimiento del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) a la madera para leña. Presentada por el Grupo
Parlamentario anterior. (Número de expediente 161/000479) (Página 6737)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A OBTENCION Y CONVALIDACION DE TITULOS PARA EL EJERCICIO Y LA
INSTRUCCION DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000279.)
--RELATIVA A NORMAS REGULADORAS DE LAS ACTIVIDADES SUBACUATICAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000280.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca. En primer lugar, quiero comunicar a SS. SS. que las
votaciones de estas proposiciones no de ley se realizarán a partir de la
una de la tarde. Asimismo, les comunico que el orden del día ha sido
alterado. En primer lugar, debatiremos las proposiciones no de ley
números 2 y 3 conjuntamente, aunque posteriormente se votarán
independientemente. En segundo lugar, se debatirán las proposiciones
números 4 y 5 para, a partir de la proposición número 5, continuar con el
orden del día.
Comenzamos por las proposiciones no de ley números 2 y 3, presentadas por
el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra su
portavoz, don Guillerme Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Vamos a tratar estas dos
iniciativas conjuntamente porque, como algunos de ustedes ya saben, eran
en origen una iniciativa única, iniciativa que en su día, y con la mejor
voluntad, aplazamos porque fue remitida a esta Comisión y algunos de sus
miembros entendían que no era competencia de la misma. En todo caso,
volvimos a presentarlas en el registro correspondiente por separado, y la
Mesa las volvió a remitir aquí. Esa es la explicación por la que en
realidad ésta es una iniciativa, aunque ahora aparezca desglosado en dos
partes.
Presenta el Bloque Nacionalista Galego una proposición no de ley
destinada a que se regulen las normas sobre actividades subacuáticas, con
el fin de que el Gobierno tome medidas para reordenar la normativa básica
sobre estas actividades, para clarificar los órganos competentes en la
materia y para clarificar las vías para acceder a la cualificación
profesional precisa para ejercer este tipo de actividades.
Los trabajos que ejercen este tipo de profesionales son variados, desde
la instalación de un emisario submarino al tendido de cables, pasando por
el salvamento, la puesta a flote de buques, etcétera. Todas ellas son
actividades claramente profesionales que deben ser ejercidas por personal
cualificado, por lo tanto por especialistas. Las actividades subacuáticas
en España tienen una larga tradición, surgen en principio por necesidades
de la Armada. No voy a ponerme a relatar cómo nace esta profesión, pero
en todo caso, hasta no hace mucho tiempo, la Secretaría General de Pesca
se encargaba de las titulaciones, de la inspección, de la autorización,
del control y las sanciones, y la legislación laboral se delegaba en las
comandancias de marina.
Con la publicación, el 12 de enero, de la Orden de 22 de diciembre de
1995, mediante la que se derogan determinadas normas que regulaban las
actividades subacuáticas, el descontrol en este momento, y por decirlo
claramente, es absoluto. El Estado español deja en la práctica de tener
legislación sobre buceo. Actualmente la Federación Española de
Actividades Subacuáticas se encarga de impartir
las enseñanzas de buceo deportivo-recreativo y algunos colectivos están
recurriendo a este tipo de cursos para ejercer estas actividades
profesionales. La previsión de estudios para obtener un título
profesional se basa en la formación profesional de grado medio, con la
que se obtendría el título de técnico de buceo de media profundidad, que
están también pendientes de concretar.
En todo caso, hay que tener en cuenta que existe un colectivo profesional
de variado origen, que demanda enseñanzas de buceo laboral para
desarrollar su profesión, al que sería impensable hacerle cursar la
formación profesional, por lo que, en consecuencia, es preciso un título
menor de buceo laboral que le permita trabajar. En la actual legislación
no hay normas en la práctica para la seguridad en el buceo. Los
trabajadores subacuáticos, por lo tanto, se ven indefensos ante la falta
de una normativa sobre seguridad en el trabajo y aumenta el riesgo de
accidente profesional. No se pueden tampoco obtener titulaciones de buceo
profesional, los instructores profesionales no podrían trabajar y la
única vía para obtener la titulación sería la formación profesional, que
se está desarrollando pero que no se imparte aún. Para salir al paso se
están realizando, por parte de las administraciones e incluso a través de
algunos sindicatos, cursos de buceo deportivo no reglado que se usan para
ejercer laboralmente. En algunos casos, las capitanías de puertos y las
consejerías de pesca dan autorizaciones para realizar trabajos
subacuáticos con estos títulos de buceo deportivo-recreativo.
En consecuencia, las proposiciones no de ley, que trato de que se
transformen en una sola, aunque luego se voten por separado, lo que
plantean en realidad es resolver este tipo de problemática, y por tanto,
reubicar las normativas, hacer propuestas de convalidaciones, crear las
titulaciones que sean precisas, las normas de seguridad, etcétera, tal y
como figura transcrito en el original de nuestras proposiciones.
El señor PRESIDENTE: A cada una de estas proposiciones no de ley el Grupo
Popular ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra su
portavoz, el señor Mariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Perdón, señor Presidente, señor Fariñas, con
efe.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la precisión, seor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular tengo que comenzar diciendo que consideramos más que necesaria,
imprescindible, la necesidad de proceder a la regulación de las
actividades del sector subacuático y redefinir o establecer unos nuevos
marcos sobre el ejercicio de las atribuciones profesionales, también
sobre la regulación de las acreditaciones correspondientes y la
renovación de las actuales. Si hacemos un repaso a la legislación o
normativización vigente sobre estas actividades, podemos observar que
sólo existen dos en la actualidad, que son un Decreto de 1969, el 2055,
de 25 de septiembre, y la Orden de 25 de abril de 1973. El Grupo
Parlamentario Popular estima que es necesario actualizar esta normativa
por ser preconstitucional, por lo que no se adapta al orden de
distribución de competencias establecido en la misma y en los estatutos
de autonomía ni a la actual articulación del Estado y de las distintas
administraciones.
Tanto es así que el artículo 18 del mencionado real decreto nos dice que
queda expresamente prohibido el ejercicio de la pesca o el marisqueo en
cualquiera de sus variantes, efectuado por cualquiera de las técnicas
descritas en este real decreto. Las técnicas de buceo descritas en él
son: la clásica, o efectuada con casco rígido y sistemas respiratorios
con apoyo de superficie; la autónoma, que sería la que se realiza por
medio del buceador cuando transporta sus propios métodos, sus sistemas
respiratorios; la semiautónoma, que es una combinación de las dos
anteriores, y la libre, que es la que se efectúa a pulmón sin ninguno de
los métodos respiratorios ni de auxilio de superficie utilizados
anteriormente. Para estos cuatro tipos de buceo existen tres modalidades,
que son: la deportiva, la profesional y la militar.
La promulgación de la Orden de 22 de diciembre de 1995, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, derogó tres órdenes ministeriales y
una resolución, lo cual creó una confusión de competencias, de expedición
de titulaciones y de requisitos, de tramitación de solicitudes, así como
la supresión, que es lo más grave, de las normas de seguridad. El paso
hacia el abismo del desorden era mínimo y, por lo tanto, no le quedó más
remedio que producirse finalmente vía mil y una irregularidades, sin duda
producidas por la ausencia de las correspondientes medidas sustitutorias.
A la postre, de las tres modalidades de buceo tan sólo queda
perfectamente definida la militar, por la Orden ministerial 171/1996, de
15 de octubre, y de distintas instrucciones de la Armada para corregir
las deficiencias existentes. Pero existe la salvedad de que este Decreto
que citamos al principio, 2055/1969, y la Orden de 25 de abril no se
compaginan con las actuales competencias que tiene definidas la Armada
española.
En lo que afecta a la legalización, homologación y acceso a nuevas
titulaciones, y en el ámbito exclusivo del buceo deportivo, existe ya un
proyecto de real decreto elaborado por el Consejo Superior de Deportes
que modifica el Real Decreto 594/94, de 8 de abril, que recoge los
criterios generales de aplicación. Paralelamente a todo esto, hay que
señalar la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en la
regulación de las actividades subacuáticas específicamente deportivas,
por haber asumido en sus Estatutos de autonomía las competencias en
materia de deporte, y a ello hay que añadir la gestión administrativa de
las titulaciones en aquellas comunidades autónomas que tienen
competencias plenas en materia de educación.
Dentro de este totuum revolutum, ya se ha puesto orden en algunos
sectores, tal y como sucede con el buceo marítimo, y está encaminado,
creemos que acertadamente, el deportivo. Por lo tanto, vemos conveniente
que el Estado, a través de los distintos departamentos competenciales en
cada caso, dicte una norma básica que produzca la regulación de una vez
por todas de este tipo de actividades.
En línea con lo expuesto, y con los matices expresados, se presentó una
enmienda con texto alternativo --para el cual hay una transacción que
luego presentaré a la Mesa por escrito-- a estas dos proporciones no de
ley del Bloque Nacionalista Galego. Si la Mesa quiere, las leo; si no, le
entrego directamente la transacción.
El señor PRESIDENTE: Puede leerla, señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: La exposición de motivos no variaría con
respecto a lo que dispone la Presidencia. La proposición no de ley
quedaría de la siguiente forma. El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a: Primero. Elaborar y publicar urgentemente y durante el
presente año las normas de seguridad para la práctica de las actividades
subacuáticas. Segundo. Establecer, durante el presente año, los
mecanismos de coordinación y cooperación con las comunidades autónomas
que permitan el ejercicio de las atribuciones profesionales de dichas
actividades subacuáticas, así como la expedición de las acreditaciones
correspondientes y la renovación de las ya existentes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar sus
posiciones?
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a fin de actualizar las titulaciones de buceo, publicó la
Orden de 18 de diciembre de 1992, que regulaba los siguientes tipos de
buceo: certificado de iniciación hasta los 15 metros; pequeñas
profundidades hasta los 30 metros; media profundidad hasta los 50 metros;
gran profundidad, en función de los equipos, etcétera.
Posteriormente, el propio Ministerio, mediante Orden de 22 de diciembre
de 1995, por la que se derogan determinadas normas reguladoras de las
actividades subacuáticas, derogó toda la normativa que había publicado
desde el año 1980, con lo cual esos títulos dejaron de tener vigencia.
Nunca he entendido por qué se derogaron esas normativas y no se hizo una
normativa de carácter paralelo. Se dejaron de expedir títulos y las
renovaciones de buceo, con los perjuicios que esa falta de normativa ha
causado al sector.
La expedición de títulos de buceo profesional es una competencia que no
está transferida a las comunidades autónomas, por lo cual entendemos que
en este momento hay un problema a nivel de Estado español que hay que
resolver. Aunque la misión de los Diputados y de las Cortes es instar, a
través de las proposiciones no de ley, al Gobierno para que haga algún
tipo de normativa, pensamos que eso lo tenía que haber hecho el Gobierno
en su momento por iniciativa propia.
La expedición de títulos de buceo profesional es una competencia que no
está transferida, y por tanto nuestra propuesta, que iría en la línea que
se recoge en esa transaccional, intenta desparalizar inmediatamente la
expedición de títulos y la renovación de los actuales, porque en este
momento no se están expidiendo, y también que en un plazo breve se haga
una normativa donde se regulen las titulaciones. Estas titulaciones
tendrían que estar en concordancia con las correspondientes de la mayoría
de los Estados de la Unión Europea, a fin de poder establecer un marco de
convalidaciones ágil. Nosotros entendemos que sería bueno el hecho de que
se crease un nivel básico de buceo profesional que cubriese las
necesidades reales del sistema productivo y que esas titulaciones
pudiesen ser expedidas por las comunidades autónomas con competencias en
la materia.
Por lo tanto, señor Presidente, la propuesta que hacemos nosotros, aunque
sea diferente de la que figura en la enmienda transaccional, sí recoge el
espíritu de la misma. Nosotros estamos de acuerdo con ella, aunque sería
bueno que el propio Ministerio, en el momento de cumplir con la
proposición no de ley y en el caso de que se aprobase, tuviese en cuenta
las propuestas que nosotros hemos hecho en este momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, señor Rueda.
El señor RUEDA ESPINAR: Intervengo para fijar la posición del Grupo
Socialista en relación con las proposiciones no de ley relativas a la
obtención y convalidación de títulos para el ejercicio y la instrucción
de actividades subacuáticas y normas reguladoras de las actividades
subacuáticas.
La situación generada por la Orden de 22 de diciembre de 1995, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es ciertamente
desconcertante por cuanto se ha provocado un vacío normativo que deja sin
regulación, entre otras cuestiones, las normas de seguridad y las
condiciones mínimas para la obtención de las titulaciones de buceo
profesional.
En la actualidad se encuentran regulados los estudios de formación
profesional de grado medio o técnico de buceo, cuyas competencias
corresponden a las respectivas administraciones educativas y cuya
titulación tiene un reconocimiento tanto profesional como académico, si
bien la duración y nivel de estas enseñanzas cubre con exceso una
formación elemental para la realización de pequeños trabajos. Por ello,
consideramos que el diseño de un título o capacitación profesional menor
de buceo podría tener buena acogida, especificándose claramente las
atribuciones y competencias profesional.
Los trabajos que desempeñan los buceadores profesionales de cualquier
nivel están dirigidos en su mayoría a obras de carácter constructivo
(presas, diques, reparaciones, barcos, cableados, etcétera), que no
tienen relación directa con la pesca marítima profesional. Todas las
regulaciones de certificados, atribuciones, definiciones o
convalidaciones que aclaren la actual situación de las enseñanzas de
buceo y su desarrollo serán, a nuestro entender, positivas, debiendo
aclararse, en primer lugar, el organismo
competente. Por tanto, creemos necesaria la adecuación de una normativa
básica que regule estas actividades, teniendo en cuenta las competencias
autonómicas en esta materia.
Por estas razones, señorías, mi grupo va a apoyar estas dos proposiciones
no de ley, si bien, si el ponente acepta la transacción propuesta por el
Grupo Popular, que recoge prácticamente el espíritu de las dos
proposiciones, por nuestra parte tampoco habría ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente
para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Aceptamos la enmienda
transaccional porque recoge el espíritu de nuestra proposición no de ley.
Yo sugiero, si puede ser, que votemos una única proposición, porque vamos
a votar dos proposiciones con el mismo texto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, votaremos una única proposición no de
ley refundiendo los dos textos.
--SOBRE PRESENTACION DE UN PLAN DE ACTUACION PARA LA REGENERACION
PESQUERA DEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE MALAGA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 161/000289.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a continuación al debate de la
proposición no de ley número 4 del orden del día, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para
su defensa, tiene la palabra su portavoz, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Podemos estar ciertamente satisfechos, ya que
ayer, aunque insuficientemente, votamos una proposición no de ley del
Grupo Popular también relativa al sector pesquero.
Hoy podemos también alcanzar acuerdos que hagan recuperar la confianza de
este sector en el Congreso de los Diputados, en el que siempre se han
visto un tanto relegados. Yo creo que es un buen momento y es un camino
que deberemos intentar seguir.
La proposición no de ley que presenta nuestro grupo en este caso valora
la importancia potencial que pueden tener los caladeros del litoral
malagueño, pero que, por desgracia --por desgracia y fundamentalmente por
una política totalmente errónea y totalmente equivocada--, ha sido
esquilmando durante años, de manera que se han deteriorado gravemente sus
posibilidades de pesca. Esto se ha producido por diversos motivos. No ha
sido ajena la especulación urbanística, la creencia en la
incompatibilidad del sector turístico con la actividad pesquera, aunque
no hay nada más lejos de la realidad, pero al final nos encontramos con
que en estos momentos, o se produce una actuación por parte de la
Administración pública, o la actividad pesquera en la costa malagueña
está abocada a su desaparición, con las pérdidas que traería consigo para
la economía nacional y el desastre social que representaría para una
población que históricamente ha vivido de la pesca y que tiene todavía
posibilidades de vivir de ella.
La propia Ministra, cuando compareció ante esta Comisión, señaló como una
de las prioridades de su Ministerio la recuperación de nuestros
caladeros, entendiendo que habíamos estado demasiado pendientes de pescar
en el exterior y no habíamos sabido valorar lo que representaba el
mantenimiento y la defensa de nuestra propia riqueza. Pero en esa
comparecencia se hizo un importante hincapié, se adquirió un compromiso
relativamente profundo sobre la lucha contra la pesca y venta de
inmaduros, y aprovecho también para recordar que todavía no se ha hecho
todo lo posible, sobre todo en el tema de la venta, porque todavía
nuestros pescadores siguen viendo cómo se venden productos que parece ser
que vienen del exterior y cómo se hace una competencia que algunas veces
es bastante dañina. Aquí sí había un compromiso bastante serio de la
Ministra, como he dicho, que no tuvo al menos la misma concreción en
cuanto a la recuperación de los caladeros, a lo que significa la
recuperación mediante veda de estos caladeros. No nos podemos engañar,
porque la lucha contra la pesca, y sobre todo contra la venta de los
inmaduros, tendría muy poco sentido si no va acompañada de una actuación
seria para recuperar los caladeros de nuestro litoral.
No podemos tampoco ser ajenos a que en esta situación de retroceso se da
una circunstancia. Estamos convencidos de que a ningún pescador le gusta
tener que actuar en la ilegalidad, a ningún pescador le gusta tener que
recurrir a actividades que no son legales para comer todos los días,
sobre todo porque los pescadores son los primeros que conocen y que
defienden la riqueza de su caladero; ellos son los primeros que tienen
conciencia de que para comer todos los días tienen que seguir destruyendo
el futuro de la pesca.
La flota malagueña está sufriendo una crisis que también se ve agravada
porque no podemos olvidar que nuestra presencia en Marruecos año tras año
también va disminuyendo y va situando en la costa una cantidad de
trabajadores, de pescadores, sin posibilidades de ganarse la vida donde
lo han hecho y donde tienen derecho a seguir haciéndolo, y además con la
perspectiva de que nuestra presencia en Marruecos no va a aumentar
precisamente, sino al contrario, va a seguir disminuyendo.
Existen informes del Instituto Español Oceanográfico que señalan que la
destrucción está llegando ya a límites peligrosos, límites que están
afectando ya, con vistas al futuro, a la propia existencia de los
caladeros. Por eso nosotros creemos que pocas salidas se vislumbran si la
Administración no lleva a cabo una actuación, actuación que evidentemente
no puede recaer --sería no solamente injusto, sino que sería imposible--
sobre la economía de los pescadores. Por tanto, cuando se plantea la
necesidad de una veda, se están planteando, en primer lugar, que sea
subvencionada, para que quien no pueda pescar sí pueda seguir comiendo.
Pero además se pide una veda activa, de
manera que durante los meses en que no se realice la pesquería se puedan
realizar actividades de regeneración y de limpieza del litoral.
Los pescadores están ilusionados con esta iniciativa, yo creo que es
posible, y así lo hemos corroborado los diferentes grupos al alcanzar un
acuerdo. Hoy, de alcanzarse este acuerdo, sería el inicio de una
esperanza de recuperación de lo que ha sido y lo que debe de ser en el
futuro uno de los más importantes caladeros de nuestro Estado.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posiciones?
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán, señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Tenemos una vez más encima de la mesa un tema
de gran actualidad y de gran interés para todos los que nos preocupamos
por la situación de nuestros pescadores y que en diferentes ocasiones
hemos denunciado una cierta situación de anarquía en este sector.
El problema de la rentabilidad, que desde todas las fuerzas políticas
hemos denunciado, es fruto generalmente de una sobreexplotación, unida a
una permisividad por parte de las autoridades que tienen las
competencias. De hecho, el litoral de la provincia de Málaga, al igual
que todas la zonas costeras, queda excesivamente lejos de Madrid y uno
tiene la impresión de que, al no tener que soportar la presión del
problema diario, no se toman las medidas adecuadas.
Nuestro grupo ha pedido en diferentes ocasiones, y vamos a continuar
haciéndolo, la presentación, en coordinación con las comunidades
autónomas, de un plan de ordenación de la plataforma continental que, a
nuestro entender, solucionaría toda una serie de problemas que existen en
estos momentos, y no solamente en la provincia de Málaga, sino en la
mayoría de las costas. Si en otros lugares el tema a lo mejor es menos
crítico es porque las comunidades autónomas, conjuntamente con las
cofradías de pescadores, han hecho una política sustitutoria de la que
tenía que haber realizado el propio Estado.
Nuestro grupo entiende que la falta de rentabilidad del sector está
motivada por un sobreesfuerzo que se está produciendo y que su solución
pasa por la ordenación de la plataforma litoral y la aprobación, de
acuerdo con las comunidades autónomas afectadas, de un plan de gestión
pesquera. Dicho plan, además de las vedas, debe ir acompañado de medidas
tales como la reducción de la longitud de las artes, la del control del
número y potencia de las luces auxiliares, respeto absoluto a los
inmaduros, reducción del tiempo de pesca mediante la fijación de un
horario, así como un calendario de trabajo. Todas estas medidas se
deberían de poner inmediatamente en marcha mediante el compromiso
financiero del Estado y las comunidades autónomas, y sobre todo con el
compromiso del sector afectado.
Por tanto, nos ponemos una vez más a disposición del Ministerio de
Agricultura para que tome una decisión, recordándole que aparte del
sector de pesca de altura, de las grandes pesquerías del Atlántico, que
aparte de estas grandes pesquerías también existe un sector de pesca de
carácter familiar; un sector que no solamente hay que proteger por el
interés de carácter social que tiene, sino al que hay que ayudar a través
de la ordenación de sus propios recursos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Esta proposición pretende la adopción de
medidas orientadas a la regeneración y recuperación de los caladeros en
el litoral de la provincia de Málaga.
Quiero dejar constancia, ante todo, de la permanente preocupación de mi
grupo por la pervivencia de estos caladeros y por la incidencia que su
estado de conservación tiene sobre las rentas de un sector importante
para la economía malagueña, en su mayor parte constituido por pequeños
empresarios y en muchos casos empresas familiares. Preocupación que se ha
sustanciado en numerosas iniciativas parlamentarias sobre el particular,
algunas muy recientes.
Dentro de la exposición de motivos, manifiesto nuestra coincidencia con
el ponente en la valoración de las potencialidades que este litoral tiene
en recursos pesqueros, no sólo por las características fisicoquímicas de
su agua, sino también por la influencia que la proximidad del Estrecho
ejercer sobre la dinámica marina de la zona y sobre la presencia
periódica en estos caladeros de especies migratorias que encuentran en
las especies autóctonas la fuente de alimentos necesaria para proseguir
en su evolución biológica y desplazamiento. Sin embargo, esas
potencialidades se ven hoy mermadas sustancialmente por el mantenimiento
durante décadas de prácticas abusivas, favorecidas sin duda por un
elevado nivel de intrusismo que se da entre los usuarios de estos
caladeros. Esta circunstancia ha venido a agravar considerablemente la
precaria situación de los verdaderos profesionales del sector.
El uso indiscriminado y constante de modalidades de arrastre
(preferentemente jábega, media jábega, virorta o boliche), el
incumplimiento frecuente de la normativa pesquera aplicable a esta zona
(luz de malla, distancia a costa, períodos de veda, etcétera), la
insuficiencia sistemática de los servicios de vigilancia e inspección
para combatir la picaresca en el sector, han sido, entre otras, las
causas determinantes de la degradación de los fondos marinos en esta zona
y la destrucción total o parcial de los ecosistemas propios, de la
extracción abusiva de inmaduros y la sobreexplotación de estos caladeros,
así como del empobrecimiento progresivo de los recursos pesqueros en el
litoral.
Como decía, la situación ocasionada en estos caladeros por las referidas
prácticas abusivas, que podríamos calificar, sin temor a equivocarnos, de
tradicionales, han sido objeto de constante preocupación de las
administraciones competentes en las últimas legislaturas. Reflejo de ello
son las numerosas medidas adoptadas por sucesivos gobiernos socialistas,
tanto para la conservación y recuperación de las especies como para la
gestión de los recursos pesqueros en esta zona, unas en el contexto de la
política pesquera general
para el Mediterráneo, otras más específicas tendentes a subsanar las
deficiencias propias del litoral que nos ocupa y del sector que faena en
él.
A título de recordatorio, citaré, entre ellas, las siguientes. Primero,
la regulación de las diferentes modalidades pesqueras con especificación
de las características técnicas de las artes utilizadas, tallas mínimas
de las especies a capturar y condiciones que han de cumplir las
embarcaciones. Segundo, censo de embarcaciones con sede en los puertos
del litoral que nos ocupa para la mayoría de las modalidades reguladas.
Tercero, campañas organizadas por la Junta de Andalucía orientadas a la
retirada progresiva, mediante compensación económica a los afectados, de
artes especialmente agresivas para los inmaduros, como el boliche, lo que
ha supuesto una inversión superior a los 160 millones de pesetas. Cuarto,
ayudas destinadas a la modernización y renovación de la flota mediante la
aplicación de los programas de orientación plurianual y los fondos
previstos en cada caso. Sólo los fondos nacionales o estructurales, como
los del instrumento financiero de orientación pesquera, asignados a este
concepto para la flota pesquera con sede en la provincia de Málaga han
superado en el último cuatrienio los 300 millones de pesetas. La puesta
en práctica de experiencias orientadas a buscar alternativas, basadas
fundamentalmente en la acuicultura, así como la modernización y
potenciación de los servicios de vigilancia e inspección pesquera de la
Junta de Andalucía se vieron reforzados con la colaboración de la todavía
recientemente creada Unidad de la Guardia Civil del Mar.
En otro orden de cosas, al objeto de adecuar en cada momento las medidas
adoptadas y la situación real de los caladeros, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación encomendó en la pasada legislatura al
Instituto Español Oceanográfico, a través de su centro de Fuengirola
(Málaga) y de la unidad de biología pesquera de Cádiz, una valoración
puntual de la evolución de los recursos pesqueros y del medio marino en
el litoral andaluz, así como una orientación para la selección de la luz
de mallas. Dicha valoración se basaba en la realización de cuatro
campañas de investigación orientadas a conocer las características
físico-químicas del agua y niveles de contaminación, así como a obtener
la información pertinente sobre la evaluación de la biomasa de las
especies comerciales, de stock pelágicos y de la biodiversidad en las
comunidades propias de este litoral.
Valga todo lo dicho para destacar que la magnitud y cuantía de las
actuaciones llevadas a cabo en legislaturas anteriores son fiel reflejo
de las deficiencias objetivas de los caladeros que nos ocupan en esta
proposición no de ley. Deficiencias que persisten en algunos aspectos, lo
que justifica la aplicación sostenida de medidas específicas similares a
las precedentes que permitan la conservación y recuperación, en el plazo
más breve posible, de los recursos pesqueros ubicados en esta zona del
litoral Mediterráneo.
La Administración pesquera dispone ya de antecedentes y de información
adecuada, posiblemente susceptible de ser ampliada o complementada en
algunos aspectos, pero en cualquier caso estimamos que suficiente para no
dilatar actuaciones urgentes encaminadas a lograr los objetivos que se
pretenden. Medidas que deben ser acordes con las directivas y reglamentos
comunitarios que uniformizan las políticas pesqueras para el Mediterráneo
de los Estados miembros ribereños, al tiempo que posibilitan actuaciones
específicas como las llevadas a cabo y como las que se demandan en esta
proposición no de ley.
Para finalizar, dentro del ámbito competencial en materia de pesca que la
normativa vigente atribuye a las administraciones del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, subrayo la necesidad de adecuar la
propuesta de esta iniciativa al marco establecido por el plan de
modernización del sector pesquero andaluz, recientemente elaborado por la
Junta de Andalucía. Por ello, anuncio definitivamente nuestro apoyo a la
iniciativa que debatimos, solicitando al grupo proponente la aceptación
de una enmienda in voce al texto del primer párrafo, que consistiría en
añadir a continuación de «un plazo de 6 meses» lo siguiente: «de común
acuerdo con la Junta de Andalucía y con la participación de los sectores
afectados». El resto sigue igual.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar su
posición y defender su enmienda transaccional, tiene la palabra el señor
Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo
con todo esfuerzo que se haga por la regeneración del litoral pesquero
español, por la recuperación de nuestros caladeros y, lógicamente,
centrándonos en el área geográfica a la que se refiere la iniciativa, del
litoral de la provincia de Málaga, que está técnicamente enmarcado dentro
del litoral mediterráneo andaluz. Estamos tranquilos al constatar que ése
es también el criterio del Gobierno, puesto de manifiesto por la Ministra
en esta misma Comisión de Agricultura el día 12 de junio de 1996, al
decir, textualmente, lo siguiente: «He planteado como uno de los
objetivos prioritarios de este Gobierno recuperar nuestros propios
caladeros llevando a cabo una actuación, defendiendo paradas, zonas
vedadas, reservas, arrecifes, para recuperar y adecuar el esfuerzo
pesquero con lo que es la realidad de nuestros caladeros.» En los mismos
términos se manifestó también la señora Ministra en el Senado, el día 18
de junio de 1996.
Sin embargo, nosotros consideramos necesario matizar el enunciado de la
iniciativa que debatimos, porque hay un viejo principio jurídico que dice
que los pactos están para ser cumplidos y los acuerdos para ser
respetados, y el marco en el que tenemos que desenvolver nuestra política
pesquera es, sin duda, el marco europeo. Y en este sentido, la Comunidad
Europea tiene con respecto al asunto un criterio restrictivo. Así, el
artículo 14 del Reglamento de la Comunidad Europea 3699/93 y el artículo
61.2 del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, establece que, de acuerdo
con el artículo 14 del Reglamento de la Comunidad Europea, únicamente
podrán concederse ayudas financieras con contribución del IFOP para
medidas destinadas a compensar parcialmente las pérdidas de ingresos
debidas a una operación de inmovilización temporal de una actividad
pesquera motivada por acontecimientos imprevisibles
y no reiterados, provocados fundamentalmente por causas biológicas. Por
tanto, éste es el referente al que tenemos que ceñirnos si queremos
cumplir nuestros acuerdos, si queremos ser responsables y, con ello,
ganar seriedad y tener credibilidad frente a la Comunidad Europea, lo que
sin duda reportará beneficios de futuro al propio sector pesquero que
tendrá que regirse dentro de ese marco.
Por eso, y porque así se comprendió en el debate de una proposición no de
ley en esta misma Comisión el 18 de marzo de 1997, en la que todos los
grupos parlamentarios, comprendiendo el argumento, llegaron a un consenso
para votar favorablemente una transacción final, el Grupo Parlamentario
Popular quiere proponer también en este acto, de acuerdo con ese espíritu
y para que los objetivos que se persiguen se consigan yendo por el camino
que desde el Gobierno parece adecuado, y que desde luego respeta todos
los acuerdos con la Comunidad Económica Europea, la enmienda
transaccional que a continuación paso a leer. «El Congreso insta al
Gobierno a que, dentro de los planes de actuación sobre el sector
pesquero en la provincia de Málaga, sea de aplicación el contenido de la
proposición no de ley 161/337, en el sentido de que, en orden al apoyo a
este sector, se demande de la Unión Europea el arbitrio de ayudas
económicas para las flotas españolas, obligadas a detener su actividad
por paradas biológicas como consecuencia de planes para la mejor
preservación de los recursos pesqueros.»
Entendemos que con ello estamos en la línea de lo que aquí se nos ha
planteado y desde luego manifestamos expresamente con hechos el criterio
del grupo parlamentario, que es el de apostar por la recuperación de
nuestros caladeros. Esperamos que, de acuerdo con el debate que se
produjo en esta propia Comisión, se vote en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Para manifestar la aceptación o rechazo de las
enmiendas in voce presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo
Popular, tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, el señor
Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Aceptamos la enmienda del Partido Socialista
Obrero Español que pretende la adición de una frase en la introducción.
En lo que a la parte resolutiva se refiere, estamos de acuerdo en que se
sustituya por la enmienda que presenta el Partido Popular. A continuación
haremos llegar a la Mesa la redacción definitiva.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, votaremos la transacción que nos
presenten en la Mesa.
--SOBRE MEDIDAS DE APOYO A LA PESCA DE ARRASTRE DE FONDO. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000448.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la proposición no
de ley número 5. Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del grupo
proponente, el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo de la proposición no de ley que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó en el mes de marzo y
que debatimos hoy tiene, fundamentalmente, dos misiones: una, la de
trasladar una demanda que han estado planteando de manera sistemática las
cofradías de pescadores tanto de Aguilas como de Garrucha desde enero de
1996; y dos, hacer frente a una realidad, y es que tenemos unos caladeros
esquilmados. A pesar de que las flotas pesqueras han incrementado el
horario de extracción, en la evolución del tiempo han experimentado una
reducción del volumen extraído. Es decir, si comparamos el volumen de
recursos capturados en el año 1994 con el del año 1995 comprobaremos que
es sensiblemente inferior.
Cuál es en realidad el problema y cómo se ha venido planteando. En enero
de 1996 la cofradía de pescadores de Garrucha, a través de su patrón
mayor, se dirigió al Gobierno de entonces manifestando que el colectivo
que representaba era de 300 pescadores; que de las 65 embarcaciones, 23
eran de arrastre de fondo, que eran las que representaban el mayor
volumen de las extracciones que se ponían en venta en ese puerto. Ellos
decían que, a pesar de haber incrementado a 12 el número de horas, por la
ley que regula la pesca de arrastre, se habían reducido las extracciones,
y proponían a la Secretaría General de Pesca el estudio de una veda o
parada biológica de uno o dos meses, que podía comenzar, según aquella
propuesta, en febrero del año 1996. Incluso proponían la zona a la que
afectaría la parada biológica, que de norte a sur iría de la isla de
Herreros a la de Escullos, y hacían un cálculo del coste que podía tener
esa parada, que cifraban entonces en torno a 35 millones de pesetas.
Proponían más, decían que, a pesar de esa veda y a pesar de esos dos
meses de parada, se debería estudiar la reducción del horario de pesca en
una hora de forma progresiva, para ir reduciendo el volumen de
extracciones. Es decir, los pescadores eran los más interesados en
resituar el volumen de extracciones que se iban haciendo en la zona.
La segunda petición que se dirige a la Secretaría General de Pesca, el
día 29 de enero de ese año 1996, es de la cofradía de pescadores de
Aguilas. En el caso de Murcia, el 50 por ciento de la flota de arrastre
que tiene la región se ubica en Aguilas, y de las aproximadamente 100
embarcaciones de los 500 pescadores que hay en Aguilas, 22 son de
arrastre de fondo. Ellos venían a plantear fundamentalmente que se
pudiera hacer una parada biológica de uno o dos meses, y proponían que
fuese de forma alterna a la que se pudiera dar en Garrucha, puesto que
son zonas limítrofes aunque obedecen a distintas autoridades de pesca,
una a la Junta de Andalucía y otra a la Comunidad Autónoma de Murcia;
proponían que fuera de forma alternativa porque las zonas de mercado, las
zonas de oferta, son colindantes y además están muy ligadas. La propuesta
que realizaban a la Secretaría General de Pesca Marítima era que
estudiara la posibilidad de realizar
una veda, que las ayudas que se asignaran fueran suficientes para hacer
frente a la situación que atravesaba el sector de arrastre de fondo, y
que en ese costo no solamente se incluyeran las embarcaciones, sino que
tuviera relación con el volumen de extracción que tiene cada barco y con
los propios trabajadores afectados, ligándolos a la posibilidad de
desempleo.
Este Diputado presentó una pregunta antes de esta proposición --por
tanto, la iniciativa parlamentaria va arropada, con lo que facilita la
actividad de este Parlamento--, una pregunta dirigida al Gobierno. La
respuesta que el Gobierno dio a este Diputado el día 14 de abril, el día
en que se celebra la República, que fue, según la Secretaría General de
Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, no había constancia de
ninguna solicitud de las cofradías de pesca. Al Secretario General de
Pesca no le constaba que hubiese ninguna solicitud. Lo cierto y verdad es
que sí que hay una solicitud; es verdad que este señor fue nombrado en
junio y la solicitud era de enero anterior. Por tanto, no le quedaba la
constancia, según responde. A mí me gustaría que el Gobierno, antes de
responder, mirase los antecedentes aunque sean de otro Gobierno, porque,
aunque sean de otro Gobierno, son los que están gobernando en nuestro
propio país.
Habiendo constancia de que sí la hay, habiendo constancia de que es una
necesidad y habiendo constancia de que lo han pedido los propios
afectados, el Grupo de Izquierda Unida presenta a esta Comisión una
triple propuesta dirigida al Gobierno para instar de él tres cosas.
Primero, que estudie --nosotros proponíamos que acuerde, pero es verdad
que las cofradías de pescadores lo que proponían era que estudie--
realizar una veda o parada biológica de dos meses para la pesca de
arrastre de fondo en las aguas del distrito de Aguilas (Murcia), y de
forma alternativa con la de Garrucha (Almería). Segundo, que se adopten
las medidas para conceder una ayuda mensual suficiente, en base a las
embarcaciones que hay en cada uno de los sitios, en base al número de
trabajadores o pescadores que trabajan en cada uno de los sitios y en
base al volumen de renta mensual media de las distintas embarcaciones. Y,
en tercer lugar, que la subvención que sea decidida por parte del
Ministerio pueda ser distribuida entre armadores y trabajadores, de
acuerdo con la distribución decidida por una comisión que se debe de
crear, para que haya una subvención asegurada que afecte a todos.
Ese era el objetivo de nuestra propuesta y creemos que, si esta Comisión
la adopta, el Gobierno tendrá un estímulo complementario al propio que
pueda tener o al que hayan representado otras iniciativas que este
Congreso ha ido adoptando a lo largo del tiempo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posiciones?
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra su portavoz, el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: La proposición no de ley sobre medidas de
apoyo a la pesca y al arrastre de fondo es muy parecida a la que hemos
debatido en el punto anterior, también relativa a la pesca. No es la
misma problemática, pero las soluciones van parejas, a mi entender.
Estamos frente a un tema que, como he dicho antes, está de actualidad, y
mi grupo se reafirma, y para no repetirnos, en la intervención que he
efectuado hace unos momentos. Entendemos que la falta de rentabilidad del
sector se debe, a nuestro entender, a un sobreesfuerzo que se está
realizando, y que su solución pasa por la ordenación --como hemos pedido
antes, vuelvo a pedir ahora y hemos pedido en diferentes ocasiones-- de
la plataforma litoral y la aprobación, de acuerdo con las comunidades
autónomas, de un plan de gestión pesquera.
Esa es la solución global, una solución que no sólo puede afectar a un
tramo pequeño de una costa, sino que tiene que ser un plan que, de
acuerdo con las competencias de las propias comunidades autónomas,
englobe el entorno de todas las costas del Estado español. Dicho plan
tendría que prever la aplicación de vedas, la reducción del número de
embarcaciones, el control estricto de la potencia de los motores, sobre
todo en temas de arrastre, el respeto absoluto en cuanto al tamaño mínimo
autorizado de las redes, la reducción de la longitud de estas artes, el
control del número y potencia de las luces auxiliares en algunos tipos de
pesca, el respeto absoluto hacia los inmaduros, la reducción del tiempo
de pesca mediante la fijación de un horario máximo de entrada y salida
del puerto, la reducción de los días de trabajo con la aprobación de un
calendario laboral de trabajo. Todas esas medidas, como he dicho antes y
vuelvo a repetir, habrían de ponerse en marcha de forma inmediata y
mediante un compromiso o un pacto financiero entre las comunidades
autónomas y el propio Estado pero, sobre todo, con un compromiso por
parte del sector afectado.
Hasta que no se aplique una política global de ese tipo, yo pienso que
tendremos siempre políticas muy puntuales para problemas puntuales, pero
no podremos dar una solución global al tema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Yo estoy seguro que SS. SS. me agradecerán que no
sea reincidente en las expresiones que han efectuado algunos de los
portavoces que me precedieron en el uso de la palabra, de igual forma que
en los argumentos utilizados en la proposición no de ley debatida con
anterioridad.
Estamos, aunque tenga una localización diferente, ante un problema
similar al que debatíamos en la proposición no de ley anterior, donde se
pone de manifiesto la necesidad, como reafirmaba el portavoz de
Convergència i Unió, de reordenar la plataforma continental, dentro de
esta idea que todos compartimos de promover una pesca responsable que nos
permita fundamentalmente la recuperación de nuestros caladeros; caladeros
que, por una serie de circunstancias en las que no voy a entrar, todos
sabemos que están sufriendo un proceso de disminución de sus recursos,
producto de las esquilmaciones de que fueron objeto durante algunos años.
Por lo tanto, cuando se nos plantea por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya una reflexión acerca de la preocupación que les han expresado,
y que nosotros conocemos, los representantes de la cofradía de Garrucha y
de Aguilas, no podemos más que estar de acuerdo, de la misma forma que lo
estuvimos antes cuando se planteaba el tema de Málaga. El Grupo
Parlamentario Socialista, por lo tanto, va a votar afirmativamente esta
iniciativa. Se va a plantear una transacción que va a posibilitar, o por
lo menos así lo entendemos nosotros, que nos pongamos de acuerdo ante una
situación que nos preocupa a todos y que, en definitiva, puede contribuir
a ir generando ese marco necesario que facilite una actuación pronta por
parte del MAPA --de acuerdo con las comunidades autónomas, porque como
todos sabemos hay muchas competencias que residen ya en los ámbitos de
los gobiernos autónomos-- que nos permita hacer frente a esta situación.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Popular, señor Arqueros, para fijar la posición y también para la
defensa de su enmienda transaccional.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señorías, intervengo para fijar la posición del
Grupo Popular respecto de la proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la veda o parada
biológica de dos meses para la pesca de arrastre de fondo en aguas de
Aguilas (Murcia), y de forma alternativa para Garrucha (Almería).
Quiero, en primer lugar, aclarar lo que sin duda es un error
mecanográfico, y el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
así lo ha manifestado al pronunciarlo. El paraje que se cita en la
provincia de Almería en la proposición no de ley es el de los Escullos,
no Escollos.
Dicho eso, he de manifestar la honda preocupación que a mi grupo y a mí
como Diputado por la provincia de Almería y conocedor de los asuntos
pesqueros y muy concretamente los de Garrucha y su litoral nos produce la
falta, por agotamiento de los caladeros y de los fondos marinos, de pesca
suficiente para que tanto los pescadores de Aguilas como los de Garrucha
tengan que lamentarse de la escasez de capturas, como se puede comprobar
por cualquiera que visite las respectivas lonjas de pescado.
Cuantía de la subvención. Las paradas temporales que no se deban a
acontecimientos imprevisibles y no reiterados y fundamentalmente por
causas biológicas no son financiables con cargo a fondos de la Unión
Europea, de acuerdo con lo que impone el actual Reglamento IFOP 3699/93.
IFOP significa instrumento financiero de orientación pesquera.
Como antecedentes parlamentarios, hemos de citar los siguientes: En la V
Legislatura, el 15-7-1993, el Gobierno de entonces dio respuesta a la
pregunta parlamentaria de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el
sentido de que tanto las medidas adoptadas para la conservación como para
la gestión de recursos pesqueros se ajustan a las especiales
características de la política pesquera mediterránea. Se significaba en
la respuesta que se estaba debatiendo el Reglamento IFOP en las
instituciones comunitarias, por lo que se armonizaban las medidas
técnicas de los cuatro Estados miembros ribereños del Mediterráneo, y que
los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a seguir una
política común marcada por dicha Unión Europea.
El Gobierno, también en contestación a otra pregunta de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la 184/2933/32, del 4-2-1994, dijo que la
Administración española ya había dictado medidas sobre conservación y
gestión de recursos en el Mediterráneo, regulando modalidades pesqueras,
al igual que se habían elaborado censos de embarcaciones o desarrollado
medidas de renovación y modernización de la flota. Las negativas de
entonces a aquellas preguntas fueron informadas esencialmente por la
norma comunitaria 3693/93, antes citada, y el Real Decreto 798/1995, de
19 de mayo.
En la comparecencia de la Ministra, ya lo ha dicho el portavoz del Grupo
Popular, en Comisión de 25 de febrero de 1997, dijo: El primer objetivo
es una política de conservación de los recursos pesqueros, lo que implica
el equilibrio entre los recursos y la actividad pesquera, lucha contra
captura de alevines, tallas mínimas, dimensiones de mallas, etcétera.
A la vista de todo lo expuesto, concluimos que esta proposición no de ley
afecta a las competencias transferidas a la Unión Europea y, como es
lógico, debemos atenernos a ella a todos los efectos, cuando beneficia a
nuestros pescadores y también cuando tengamos que someternos a tratados
internacionales. Hemos de respetar un reglamento y no hacer excepciones
que, además, no nos serían permitidas. Téngase en cuenta el tratado de
pesca euromarroquí, que beneficia únicamente a los pescadores ibéricos y
que financia la Unión Europea, y que determinadas naciones europeas,
también con intereses pesqueros, entre las que cabe citar al Reino Unido
e Irlanda, demandarán, estoy seguro, a la Unión Europea la aplicación
estricta del Reglamento IFOP. España debe procurar que, cuando venza el
tratado euromarroquí, se negocie uno nuevo que no tenga la oposición de
otras naciones europeas en base a que España ya hubiera obtenido
subvenciones no contempladas en el actual Reglamento IFOP.
El Grupo Popular, pese a las advertencias hechas hoy en esta Comisión,
quiere que el Gobierno español inste a la correspondiente Comisión
europea esta ayuda que se solicita para los pescadores de Aguilas
(Murcia) y Garrucha (Almería), y para ello propone la siguiente enmienda
transaccional. En el primer punto de la proposición no de ley se dice: El
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, acuerde. Nosotros
proponemos sustituir la palabra «acuerde» por «estudie». Y la
transaccional en el segundo punto, en sustitución del segundo y tercero,
dice: Dentro de los planes de actuación sobre el sector pesquero, sea de
aplicación el contenido de la proposición no de ley 161/337, en el
sentido de que, en orden al apoyo a este sector, se demande de la Unión
Europea el arbitrio de ayudas económicas para las flotas españolas con
base en los puertos de Aguilas (Murcia) y Garrucha (Almería), obligadas a
detener su actividad por paradas biológicas como consecuencia de planes
para la mejor preservación de los recursos pesqueros.
El señor PRESIDENTE: Para la aceptación o rechazo de la transacción,
tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Nosotros vamos a aceptar la propuesta de
transacción que se ofrece para pedir el apoyo y la proposición no de ley
que ahora tiene tres puntos pasaría a tener solamente dos; cambiamos en
el primero la palabra «acuerde» por «estudie», que además es el texto que
proponían las dos cofradías de pescadores en su propuesta a la Secretaría
General de Pesca. Y en cuanto al segundo punto de la proposición no de
ley, se sustituyen los dos puntos en los que nosotros concretábamos el
tipo de ayuda, la distribución y la fórmula de distribución, por la
demanda al Gobierno de conseguir estos dineros de la Unión Europea para
que lleguen, dentro de un plan de actuación general, a esta zona.
Por tanto, la propuesta es aceptada, puesto que mejora la redacción y
facilita el consenso, que también es importante.
--SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA CONSERVACION, DEFENSA Y ORDENACION DE
LAS RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS DE ANIMALES DOMESTICOS. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000276.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la proposición no
de ley número 1 en el orden del día, y para su defensa tiene la palabra
por el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz,
señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta
proposición con el objeto de instar al Gobierno a tomar medidas para la
conservación, defensa y ordenación de las razas autóctonas españolas.
Esta iniciativa es fruto de la inquietud que existe en el Grupo Popular
por este tema y prueba de ello son las distintas preguntas y peticiones
de información que sobre este supuesto presentó el Grupo Popular en
pasadas legislaturas.
Por otro lado, en el programa del Partido Popular ya se incluía el
aprobar un programa coordinado de selección y reproducción animal con la
participación de las comunidades autónomas. Asimismo, España es sensible
al mandato de la Unión Europea y de la FAO, que ha establecido el
programa mundial para la ordenación de los recursos genéticos de los
animales, al ser España uno de los países con mayor número de razas
autóctonas muchas de las cuales necesitan una protección especial para
mantener nuestro caudal genético. Además, constituyen un mosaico de razas
que son patrimonio no sólo de nuestro país, sino de la Humanidad.
En el momento actual podemos estimar que existen unas 90 razas de
protección especial y que su desglose sería el siguiente: de la bovina
habría 25 razas; de la ovina, 27; de la caprina, 15; de la porcina, 3; de
la caballar, 12; y de la asnal, 8. Y en este sentido, consideramos que
podría ser conveniente tomar medidas como la publicación de un real
decreto actualizando el catálogo oficial de razas de ganado de España y
diferenciando, dentro del grupo razas autóctonas, las razas de fomento de
las razas de protección especial o en peligro de extinción. Este catálogo
se haría consensuado con todas las comunidades autónomas y escuchadas las
asociaciones de criaderos de razas. También consideramos pertinente el
establecimiento de un banco de datos de esta raza según la metodología de
la FAO. Asimismo, el estudio de cada raza fijando y confirmando su
prototipo racial, o la creación, a nivel autonómico y nacional, de un
registro de propietarios, y también sería muy conveniente determinar por
medio de microsatélites los prototipos raciales de nuestras razas
autóctonas, o la recuperación de los machos existentes, con el fin de
disponer de una mayor variabilidad genética que haga posible la
conservación de la raza.
Por poner un ejemplo de la situación que padece nuestro ganado autóctono,
yo soy Diputada por Cantabria, y en Cantabria, desaparecida la raza
pasiega, la vaca tudanca, juntamente con la monchina, son las únicas
supervivientes de nuestras razas autóctonas. En los últimos tiempos los
censos de estas razas están decreciendo. Baste señalar que la raza
tudanca, que en 1970 disponía de 26.000 cabezas, actualmente tiene 8.905;
o la raza monchina, también de vacuno, muy cruzada y en franca regresión,
tan sólo cuenta con 1.200 cabezas; asimismo, la monchina de la especie
caballar, de la que tan sólo se dispone de 375 cabezas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a tomar
medidas para la conservación, defensa y ordenación de las razas
autóctonas españolas.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley han presentado
enmiendas los grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Para la defensa de la enmienda presentada y fijación de su posición,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: La primera observación que debo realizar ante esta
iniciativa es que el Grupo Popular o el Gobierno de España parece ignorar
la gestión anterior y las medidas que actualmente están vigentes sobre la
protección de las razas autóctonas.
Ya en la base de datos del Aranzadi se registran 11 disposiciones en base
a un real decreto de 1995, del 20 de enero, y modificado por el de 1996,
del 9 de febrero, que establece un régimen de medidas horizontales para
fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de
protección y la conservación del espacio natural. Dicha legislación,
derivada de la reglamentación comunitaria de 1992, se fundamenta en la
competencia del
Estado en materia de bases y de coordinación de la planificación general
de la actividad económica y establece una serie de medidas de fomento de
razas en peligro de extinción, tanto para la cría de razas de ganado, su
mejora genética y condiciones de manejo, que aseguren la continuidad de
estas razas. Se establece una serie de ayudas o primas para mantener,
incrementar y mejorar un censo ganadero de razas autóctonas y la
obligación de mantener un libro genealógico de la raza que se trate y se
incluye en el anexo la lista comunitaria de razas que las comunidades
autónomas pueden ampliar en su territorio.
Esta es una base fundamental de nuestra argumentación para dar contenido
mediante convenios con las comunidades autónomas y a través de las
correspondientes direcciones generales de desarrollo rural. Ya en estos
momentos estos convenios están establecidos en Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Andalucía, Murcia, Asturias y
Aragón, y se publicaron en marzo de 1996. Se están aplicando estas
disposiciones, definiéndose las actuaciones en el ámbito del programa que
afecta asimismo a zonas de especial protección para las aves, con un
sistema de información y seguimiento del programa en la Secretaría
General del Desarrollo Rural y Conservación de la Naturaleza y a través
de una comisión específica de seguimiento.
Por tanto, las medidas a adoptar, ni tienen ese carácter urgente, ni
surgen en el vacío, afectando además a la gestión de comunidades
autónomas. En todo caso, cabe revisar los programas o el sistema de
ayudas para la iniciativa, que debería hacer referencia al seguimiento y
grado de ejecución y revisión de dichas medidas. De hecho, en mi propia
comunidad y en estos mismos días, acaba de aparecer una gestión
importante de la propia Junta de Castilla y León respecto a una actividad
concreta de una raza zamorano-leonesa de asnos, y puede verse lo bonita
que es en esta fotografía que les entrego. La dirección general de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León está
procediendo estos días a realizar un registro de identificación y
cualificación de la raza asnal zamorano-leonesa en los diferentes pueblos
de la comarca de Aliste, Tábara y Alba, zona donde existe la mayor
población de la especie en el país y en el mundo. A los asnos que pasan
la prueba, se les incorpora un microchip bajo piel, el cual contiene la
identificación de cada animal, que puede ser utilizada por el propietario
a la hora de solicitar la subvención por razas protegidas en peligro de
extinción.
¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que son las comunidades autónomas,
las que están cerca de los problemas, que están cerca de las razas, que
están cerca de todo lo que significa el desarrollo natural y normal de
esta riqueza tan importante, que les enriquece no solamente desde un
punto de vista económico, sino del paisaje, y de la ecología, etcétera,
las que de verdad tienen que hacer esta tarea fundamentalmente, con la
lógica cooperación y colaboración, incluso coordinación, del propio
Gobierno de la nación. Otra cuestión a resaltar es que, existiendo una
Comisión especial en el Senado para el estudio de los problemas del medio
rural en España, el planteamiento de adopción de nuevas medidas en este
ámbito debería residenciarse también en dicha sede.
Y por último, la inconcreción de las medidas a adoptar parece un cheque
en blanco que podría sancionar la futura acción del Gobierno en este
ámbito. El Congreso debe definir o al menos establecer ciertas pautas de
seguimiento y control de dichas medidas. Señorías, señora proponente, lo
que estoy diciendo es que una proposición que viene a decir que el
Gobierno tome las medidas sin más, lo que hace es en cierto modo salvar
un obstáculo, un compromiso más bien, con las actividades que el Gobierno
y el Grupo Popular, como es lógico, debe tener en la medida en que está
dando soporte al Gobierno. Pero desde nuestra posición, ustedes tienen
que comprender que no podemos admitir que se diga sencillamente que el
Gobierno, sin más, tome medidas. Queremos que eso se concrete de alguna
manera, a menos que este Parlamento termine siendo una cuestión puramente
de escaparate, de soporte también legal de una actividad que no va a
tener control.
Por eso, nuestra enmienda, que es de sustitución, pretende, lógicamente,
sin entrar en contradicción total con el espíritu que anima esta
iniciativa, que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a
presentar, en el plazo de seis meses, un plan de medidas para avanzar en
la conservación, revitalización y ordenación de las razas autóctonas
españolas, especificando aquellas acciones y sistemas de ayudas que
deberá coordinar con las distintas comunidades autónomas competentes en
la materia. Dos. Dada la existencia de una Comisión especial para el
estudio de los problemas del medio rural en el Senado, el Gobierno
remitirá dicho plan para su informe y debate en la citada Comisión.
Estoy diciendo, señorías, que demos sentido racional a nuestras
propuestas y hagamos que nuestro trabajo tenga la coordinación y el
sentido de la organización del Estado que en estos momentos ya, por
suerte, nadie discute. Señoras y señores Diputados, espero que valoren
nuestra aportación, que es una aportación honesta, trabajada y desde la
reflexión y desde el conocimiento de una historia; no estamos
descubriendo ahora mismo la historia, sino que partimos de una serie de
actuaciones que otras personas antes que nosotros han venido tomando en
esta dirección.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones y defensa de su
enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, su portavoz, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, es evidente que una propuesta de
resolución en la que se demanda tomar medidas urgentes para la
conservación, defensa y ordenación de las razas autóctonas españolas,
llevando a cabo todas las acciones necesarias para tal fin, es
difícilmente rechazable. Es una declaración de intenciones, así lo vemos
nosotros, pero creemos que no corresponde formularla al grupo que está en
el Gobierno, porque también quiero recordar que el Grupo Popular era
mucho más exigente en cuanto a la concreción de sus propuestas
cuando realmente estaba en la oposición. Efectivamente, es una
declaración de intenciones.
Ahora, señorías, los representantes del Grupo Popular pueden imaginarse
la forma en que los demás grupos nos lo tomamos. Ustedes están en el
Gobierno, ¿qué medidas proponen? ¿Qué presupuesto van a poner a
disposición de esta protección que están demandando? Realmente, en los
presupuestos de este año pasado no se ha visto una especial preocupación
por este tema; no se ha visto.
De cualquier manera, nosotros pensamos que es importante continuar
trabajando en este sentido y por eso hemos elaborado una enmienda.
Creemos que cada vez más debemos sensibilizarnos respecto a la
importancia que tiene la preservación de la biodiversidad; cada vez es
más importante que en el sector de la ganadería tengamos en cuenta la
diferencia cualitativa que significa la ganadería extensiva, el cuidado
de razas autóctonas, mucho más resistentes, mucho más adaptadas al medio.
El Grupo Popular tendrá a nuestro grupo a su lado para hacer realmente
políticas efectivas; no para hacer políticas de escaparate, pero sí para
hacer políticas efectivas.
En ese sentido, señorías, y con el ánimo de concretar más, nuestro grupo
ha presentado una enmienda que, sin ánimo de ser exhaustiva, yo creo que
pone un poco la base de cómo deberíamos seguir actuando. Planteamos, en
primer lugar, creación y fomento de centros de cría que reúnan las
condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal adecuados a la
especie, raza, tamaño número de animales que se críen en estos centros.
En segundo lugar, se propone la aprobación, en colaboración con las
comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera y el portavoz
socialista ya lo ha explicado, de planes específicos con suficiente
dotación financiera --esto es muy importante porque cualquier declaración
que no venga avalada por un presupuesto es pura declaración-- para la
reproducción, repoblación o reintroducción en determinadas zonas del
Estado español de las razas autóctonas de animales de abasto --es muy
importante este calificativo-- objeto de la presente proposición no de
ley. Asimismo, señalamos la necesidad de elaborar un catálogo de razas
autóctonas de animales de abasto por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para su posterior declaración como de especial
protección y que se establezcan medidas que velen por la protección y
producción adecuada de cada una de estas especies. Porque si bien,
señorías, es cierto que la competencia es de las comunidades autónomas,
pensamos que, de la misma manera que nos proponemos elaborar una ley
básica de montes, de la misma manera que desde el Congreso de los
Diputados conjuntamente con la Unión Europea se establecen unas bases
para todo aquello que hayan de ser medidas agroambientales, medidas para
promocionar y promover la biodiversidad, sería bueno tener un catálogo,
un museo de los seres vivos de nuestro país. Y eso, desde luego, en
colaboración con las comunidades autónomas, pero hecho desde el
Ministerio de Agricultura como una cuestión básica.
También es necesario que en esta proposición no de ley se diferencie
entre lo que son animales domésticos y lo que son animales de abasto,
animales que están fundamentalmente para abastecimiento de las
necesidades humanas. Hay otros animales domésticos que no cumplen esta
función; por lo tanto, deberíamos diferenciar entre los que son animales
domésticos y animales de abasto, que cumplen esta función de
abastecimiento de las necesidades del hombre.
Por todo ello, señorías, nosotros defendemos nuestra propia enmienda. Es
cierto que difícilmente nos podríamos oponer a cualquier otra enmienda
que fuera en este mismo sentido, aunque no quisiera concretar tanto, pero
de cualquier manera sería bueno que el Grupo Popular, el grupo que
sustenta al Gobierno, teniendo en cuenta las condiciones específicas en
que se encuentra durante esta legislatura, ya viniese con unas propuestas
que fueran más concretas y que pudiesen ser sometidas al debate en la
Comisión, porque venir con una declaración de principios parece poco
serio.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Nuestro grupo está absolutamente de acuerdo
con la filosofía de la proposición no de ley que se ha presentado, en la
línea de que se tenga un cuidado especial en la protección de las razas
autóctonas. La modernización de los sistemas productivos ha comportado el
abandono en muchos casos de razas tradicionales bien adaptadas a la
realidad del territorio, al clima, a la alimentación, a las
características del terreno, y se ha dado un paso de gigante en la línea
de obtención de razas muy especializadas en producción de carne, de
leche, etcétera, con el consiguiente abandono en muchos casos de las
razas tradicionales. La no protección de esas razas produce la
degeneración, el mestizaje y la consiguiente pérdida de material genético
de primera categoría.
Nosotros estamos filosóficamente de acuerdo con la propuesta, pero
entendemos que es una propuesta excesivamente generalista, que se tendría
que concretar más. Y nosotros no lo hemos presentado, pero estaríamos en
la línea de lo que se ha dicho, de un acuerdo con las comunidades
autónomas que tengan competencias al respecto. El Gobierno tiene que
elaborar un plan básico que permita la ordenación, la defensa y la
conservación de las razas autóctonas del Estado español. Por tanto, nos
parece bien esa transaccional donde se contempla la creación de un plan
base para que a nivel de comunidad autónoma se pueda legislar al respecto
y que nos podamos poner de acuerdo en cuáles deben ser los mecanismos que
se han de poner en marcha para la protección de esas razas.
El señor PRESIDENTE: Para aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas, tiene la palabra por el grupo proponente su portavoz, la
señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: El Grupo Parlamentario Popular no ignora que
existen disposiciones sobre este tema. Yo lo único que he hecho es
limitarme a exponer los hechos constatados y la evidencia de que existen
muchas
razas autóctonas en franca regresión, poniendo el ejemplo de Cantabria.
Después de oír a los otros grupos parlamentarios, el Grupo Popular
considera oportuno presentar el siguiente texto transaccional: Adoptar
las medidas necesarias para la elaboración de un plan básico que
contemple la conservación, defensa y ordenación de las razas autóctonas
españolas, de acuerdo con las comunidades autónomas que tengan
competencias en esta materia, habilitándose la financiación oportuna para
las iniciativas que se adopten.
El señor PRESIDENTE: Se entiende que ese texto transaccional es el que
acepta el Grupo Popular; por lo tanto, las enmiendas del Grupo Socialista
y del Grupo de Izquierda Unida quedan rechazadas.
Señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: En aras de buscar salidas concordantes, como es
lógico, pues no se trata de hacer de esto un tema ideológico, debo decir
que siguen sin darnos satisfacción, porque ni siquiera determinan el
tiempo en que va a hacerse. ¿Va a ser en esta legislatura?, ¿en seis
meses?, ¿en un año? Es una situación que sigue sin compromiso en el
fondo, sigue siendo una declaración puramente de buenas intenciones. Se
dice que hay que poner más dinero, pero ¿de dónde?, ¿en qué tiempo se va
a realizar?, etcétera.
Sería interesante, puesto que estamos hablando de cosas tangibles y de
hechos evidentes y que nos preocupan a todos, concretar más esta
enmienda, acercar unas posiciones y otras. Yo sé que quiere recoger el
espíritu de las enmiendas que tanto Izquierda Unida como nosotros hemos
presentado, pero debería concretar más. Yo le doy todavía, señor
Presidente, más plazo, para que pudiéramos llegar a un acuerdo en esta
dirección.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, si realmente hay oportunidad de que
podamos hablar todos los grupos y que pueda haber un acuerdo que
especifique más, nuestro grupo estaría encantado. De hecho, en nuestra
enmienda estábamos concretando bastante.
Se dice por parte del Grupo Popular que dejemos al Gobierno, que no le
encorsetemos tanto, que le dejemos un margen y se está hablando de un
plan. Nosotros, si no se llega a un acuerdo más satisfactorio, votaríamos
a favor de esta proposición no de ley del Grupo Popular, conociendo y
siendo conscientes de sus absolutas limitaciones. Nos gustaría
efectivamente que se marcasen plazos. Si hay una declaración de
intenciones por la cual se insta al Gobierno, se podría empezar a hablar
--no estamos diciendo que se haga ya-- de una temporalización y que se
viese la buena voluntad del Gobierno de que efectivamente esto no es una
mera declaración de intenciones, sino que es un propósito y una voluntad
política.
Repito que nuestro grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
quisiera que se concretara más. Si no se llega a concretar más, votaremos
a favor, pero que conste clarísimamente que lo hacemos conscientes de que
es una declaración de intenciones de momento y, por otra parte, nuestro
grupo se compromete, ya que esto se ha aprobado en la Comisión de
Agricultura del Congreso de los Diputados, a ir ejerciendo la función de
control al Gobierno, para ver en qué medida se va cumpliendo y se va
materializando.
El señor PRESIDENTE: Votaremos a última hora de la mañana la transacción
que nos presente el Grupo Popular, bien el texto actual que ha leído su
portavoz o bien el que se pueda consensuar en las horas que quedan hasta
la hora de la votación.
--RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO (CE) NUMERO 2907/95 DE LA
COMISION, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1995, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS
PRECIOS MINIMOS EN LAS IMPORTACIONES DE SALMON. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000426.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la proposición
número 6 del orden del día, relativa a los precios mínimos de las
importaciones de salmón.
Tiene la palabra el señor portavoz del grupo proponente, el Grupo
Parlamentario Popular, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: La proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Popular es en defensa de determinadas especies de la
acuicultura española. En España en estos momentos ya hay una producción
de salmón de aproximadamente 1.000 toneladas año y de trucha, que es una
especie que sustituye al salmón para los ahumados, de aproximadamente
22.000 toneladas.
A finales de 1995, especialmente en el último trimestre, en el ámbito de
la Unión Europea se detectó una baja considerable en los precios del
salmón, debido fundamentalmente al salmón importado de Noruega. Esto dio
lugar a que por parte de la Unión Europea se promulgase el Reglamento
número 2907/95, el cual establecía unos precios mínimos de importación de
terceros países. Este precio mínimo de importación del salmón era de
3.400 ecus tonelada, aproximadamente 562 pesetas por kilo. Sin embargo,
la promulgación de este reglamento no ha dado los frutos apetecidos, se
ha venido vulnerando en reiteradas ocasiones, y tanto es así que por
parte de los productores de salmón de Escocia y de las Islas Shetland han
interpuesto dos recursos, uno de dumping y otro de subvenciones
antirreglamentarias del salmón de Noruega. Estos dos recursos o estas dos
denuncias han sido acogidas en el seno de la Unión Europea y, con fecha
de 22 de julio de 1996, se han incoado los respectivos expedientes,
expedientes que todavía no han finalizado. Tengo que recordar a SS. SS.
que el Reglamento 2907/95 tenía como fecha final el 30 de junio de 1996;
por tanto, en principio, ha finalizado.
Lo que en España está ocurriendo es un fenómeno muy curioso, ya que
España consume aproximadamente 8.000 toneladas de salmón noruego, pero
curiosamente no se importa por la frontera exterior, sino que está
importando todo ese salmón vía Dinamarca. Por tanto, no les puede afectar
lo que estamos comentando del famoso reglamento. Se hicieron unos
estudios en Mercamadrid y Mercabarcelona y se ha detectado que los
precios son considerablemente inferiores a ese precio mínimo de
referencia que citábamos.
Resumiendo, estamos diciendo que España tiene un problema grave de
acuicultura. En esta Comisión hemos defendido en muchas ocasiones temas
de acuicultura, que hay que potenciarla, porque en definitiva no deja de
ser una alternativa, una alternativa pequeña, pero una alternativa a los
graves problemas que se nos pueden presentar en el sector pesquero
tradicional y, por tanto, hay que intentar paliar de alguna manera las
dificultades que puede atravesar debido a fenómenos externos, como
decíamos, a estas importaciones masivas de salmón de Noruega vía
Dinamarca que están perjudicando notoriamente a estas dos especies de
salmón español y de trucha.
Por tanto, lo que la proposición no de ley propone en definitiva es que,
hasta tanto no se sustancien los expedientes incoados a Noruega por
dumping y por subvenciones antirreglamentarias, se siga manteniendo y
cumpliendo lo que se dispone en el Reglamento 2907/95 de la Unión
Europea.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posiciones?
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Brevemente. Queremos hacer constar la
situación de incumplimiento por parte de los diferentes países por lo que
hace referencia a facilitar la entrada de productos de la Unión Europea.
Es un hecho que inexplicablemente se está produciendo con excesiva
frecuencia, y no sólo en el sector de la pesca, sino también en otros
sectores, como hoy tendremos ocasión de debatir en otros puntos del orden
del día.
En el caso que estamos debatiendo en este momento se refiere al
incumplimiento por parte de Dinamarca del Reglamento 2907/95 de la
Comisión, en el que se fija un precio mínimo para la importación de
salmón procedente de países terceros, produciendo graves prejuicios a las
piscifactorías del Estado español, ya que el descenso de los precios de
ese producto produce inmediatamente la caída del precio de la trucha
asalmonada que las industrias de ahumados utilizan como sustituto.
Nuestro grupo apoyará cualquier iniciativa que tenga como finalidad la
aplicación de la ley, sobre todo si su vulneración afecta de una forma
negativa a los intereses del Estado español. No obstante, hay que tener
presente que lo que vamos a aprobar hoy no va a solucionar el tema, que,
a nuestro entender, es de un calado más profundo y su solución está más
ligada a un control integral de las fronteras exteriores de la Unión
Europea, obligando a los distintos gobiernos a cumplir la normativa
vigente, cosa que en este momento dudamos que se cumpla. Como he dicho
antes dentro de unos momentos hablaremos en otro punto del orden del día
de un tema que hará referencia a la posibilidad de importaciones, por
parte de Marruecos en ese caso, pero no voy a entrar en ello; ya lo
haremos más tarde.
Estoy convencido de que no vamos a solucionar este tema proponiendo
soluciones de carácter individual. Es, como decía antes, de mucha más
envergadura y, por lo tanto, el Gobierno español tendría que hacer alguna
propuesta concreta a nivel de la Unión Europea para controlar de una
forma más eficaz los puntos de entrada de terceros países a la Unión
Europea, con la reducción de los puntos de entrada y posiblemente con la
creación de una policía, de unos cuerpos especiales, que dependan de la
propia Unión Europea para el control de la entrada. Por tanto, yo, en la
propuesta, en una reflexión que hago, no me ciño exactamente a este
problema. Esto es un problema, pero viene dado en muchos casos porque
caen los precios y es cuando uno se da cuenta de que están importando;
evidentemente, eso pasa porque el control exterior no es el
suficientemente claro. Yo creo que en este momento no está absolutamente
claro y transparente el control interno del movimiento en cuanto a
calidad, en cuanto a sanidad, y que tenemos otros problemas en el
interior de la Unión Europea, pero sobre todo habría que hacer un
esfuerzo importante para el control de la entrada de productos de todo
tipo de países terceros. Que hubiese una transparencia absoluta y que
todo el mundo conociese qué es lo que pasa en las fronteras exteriores de
la Unión Europea y se tiene en cuenta la preferencia comunitaria o no.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: También con brevedad, quiero indicar que
compartimos la proposición no de ley y las reflexiones que en torno a la
misma se hicieron.
Si me lo permite el proponente, yo trataría de hacer ahora mismo una
enmienda in voce, porque no se trata de instar al Gobierno a que solicite
de la Comisión Europea. Se trata de instar al Gobierno a que exija de la
Comisión Europea el cumplimiento de una normativa cuya no aplicación está
repercutiendo en los intereses de nuestro país, en los intereses
económicos de nuestro país.
En cualquier caso, es una cuestión de matiz que no tiene tampoco excesiva
importancia, pero la reflexión que quiero hacer es que, cuando por parte
de la Unión Europea no se hace un seguimiento de los cumplimientos de su
propia normativa, es la propia Unión Europea la que está contribuyendo a
que se den este tipo de situaciones. Y yo creo que en estas situaciones
los gobiernos deben ser beligerantes en la defensa de los intereses de su
país.
Es verdad que éste es un tema que excede al problema puntual de los
precios del salmón, de lo que estamos discutiendo; lo ponía de manifiesto
el portavoz de Convergència i Unió. Estamos en un problema de control de
fronteras. Esto posibilita que existan países que muchas veces vulneran
las propias normativas comunitarias, esto
tiene una dimensión que va más allá del problema puntual y concreto de la
situación del sector pesquero, pero en cualquier caso afecta directamente
a un tema determinado y concreto, que es el de los precios del salmón,
que tiene una repercusión negativa en la economía de nuestro país y sobre
todo en la economía de aquellas personas que se dedican a promover, desde
la piscicultura, situaciones alternativas al propio salmón.
Por lo tanto, es un problema importante, tiene trascendencia, y en este
sentido nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular para que de momento, aunque pensamos que esto es
una solución aislada, que exija lo que plantea el Reglamento de la
Comunidad Europea 2907/95, de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no se han presentado enmiendas.
Por lo tanto, votaremos el texto presentado.
El punto número 7 del orden del día ha sido excluido por acuerdo de la
Mesa y la Junta de Portavoces.
--SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA DEL TOMATE. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000468.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a discutir la proposición no de ley número 8
del orden del día, relativa a la problemática del tomate. Para su
presentación, tiene la palabra por el grupo proponente, el Grupo
Parlamentario Socialista, su portavoz, señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Voy a defender la proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Los agricultores españoles, y principalmente los de la zona mediterránea,
productores de tomates y otras especies hortofrutícolas, están mostrando
su descontento por las graves pérdidas que se han producido tras el
hundimiento del mercado con motivo de la entrada de tomates que se han
importado a bajo precio y que han provocado saturación en el mercado.
Se tienen dudas razonables acerca de que en los mercados europeos,
principalmente en el mercado francés, están entrando más toneladas de
tomates procedentes de Marruecos de las permitidas oficialmente según la
directiva comunitaria. Estas afirmaciones han sido motivo de preocupación
de los grupos parlamentarios de esta Cámara, incluido el Grupo
Parlamentario Popular, que ya ha formulado incluso preguntas al Gobierno
expresando su preocupación por este tema.
De todas SS. SS. es perfectamente conocido que las importaciones de
tomate en la Unión Europea durante el período de octubre a marzo
procedentes de Marruecos están reguladas en el protocolo número 1
relativo al régimen aplicable a la importación en la Comunidad de
productos agrícolas y que fue firmado por la Unión Europea durante el
mandato del anterior Gobierno. Dicha normativa se aplica tanto al control
de cantidades, en el marco del contingente ya establecido de 150.676
toneladas, como a la aplicación del mecanismo convencional de precios de
entrada para el tomate.
Lo primero que queremos dejar claro desde el Grupo Parlamentario
Socialista es que el objeto de esta proposición no es entrar en una
guerra de cifras, sino pedir, exigir, que se cumplan rigurosamente las
decisiones adoptadas en el acuerdo euroalimentario de asociación
establecido para el tomate en el período que va del 1 de octubre al 31 de
marzo de cada ejercicio.
Con fecha 11 de febrero se recibió en el Congreso, dirigido a los grupos
parlamentarios, un escrito de la Asociación Provincial de Agrupaciones
Agrarias de Almería solicitando concretamente a esta Comisión de
Agricultura que se aplicase la cláusula de salvaguardia especial del
tomate y que se realizasen por parte del Gobierno, ante el Consejo de la
Unión Europea, las gestiones oportunas para garantizar un sistema de
protección eficaz contra las importaciones masivas de tomates, y todo
ello aplicando el artículo 37 del Reglamento 2200/96. Se motivaba dicha
petición en que durante el mes de enero el tomate procedente de Marruecos
se había vendido muy por debajo del precio de entrada establecido,
aplicándose el equivalente arancelario en este mes sólo, sólo, insisto,
durante nueve días. Este mecanismo además facilita el fraude, ya que, al
permanecer el tomate descargado por Marruecos sin declarar y sin vender
durante los días en que se aplica el equivalente arancelario, quedan los
mercados saturados.
En esta misma línea, el Consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía
ha enviado una carta a la señora Ministra en la que le refiere la
necesidad de poner en marcha cuanto antes el cuerpo de inspectores
comunitarios en los diferentes Estados miembros, como establece el
Reglamento de la OCM de frutas y hortalizas, para garantizar la
realización de controles e impedir cualquier distorsión de las normas
comunitarias; insiste también en la necesidad de estudiar mecanismos, de
ir avanzando en propuestas que permitan regular la oferta interna del
tomate en España, que es otro ciertamente de los elementos que está
provocando esta distorsión. Los productores de tomates almerienses,
señorías, destruyeron durante el pasado mes de enero cuatro millones de
kilos, acogiéndose al mecanismo de precios de retirada que tiene como
principal objetivo la regulación del mercado. Esta situación se está
agravando más con la entrada en vigor el 1 de enero de 1997 de la nueva
organización común de mercados de frutas y hortalizas, con la cual el
mecanismo de precios de retirada se extiende a los 12 meses del
ejercicio, del año en curso.
Vuelvo a reiterar que, sin querer entrar en una guerra de cifras y en
otras cuestiones secundarias pero ciertamente importantes, como pudiera
ser la utilización por parte de Marruecos de productos fitosanitarios no
autorizados y la necesidad, en consecuencia, de incrementar los controles
sobre este tema también bastante importante, creemos necesarias las
medidas que se plantean en esta proposición no de ley y que en la
respuesta que el Gobierno, el 6 de marzo de 1997, dio al Grupo
Parlamentario Popular, en
una pregunta sobre este tema, quedaba perfectamente recogida esta
filosofía.
En consecuencia, solicitamos el voto favorable para esta iniciativa a los
miembros de esta Comisión, iniciativa que en su parte ejecutiva queda
condensada en dos puntos; uno en el que se insta al Gobierno a requerir
ante los órganos competentes de la Unión Europea la necesaria supervisión
e información del cumplimiento de los contingentes acordados relativos a
la importación de tomate procedentes de terceros países, fundamentalmente
de Marruecos; y un segundo punto, donde se insta igualmente a que se
adopten las adecuadas medidas de vigilancia y de control que impidan la
entrada en el mercado comunitario de tomates que excedan, bien en volumen
o bien en precio, las cantidades establecidas en la propia normativa
comunitaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posiciones?
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió,
señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muy brevemente, para no repetir
intervenciones que ya he hecho en diferentes ocasiones. La Unión Europea
dio un paso muy importante en el momento de crear el Mercado Unico y por
consiguiente la eliminación de las fronteras interiores, pero en
contrapartida ha demostrado una cierta incapacidad para ponerse de
acuerdo con los mecanismos que permitan, primero, disponer de una
política eficaz que permita ejercitar un control sanitario de los
productos que circulan en el interior de la Unión Europea; segundo,
asegurar el paso de los productos hortofrutícolas procedentes de otros
países, especialmente por Francia; y tercero, y evidentemente a nuestro
entender, un fracaso absoluto en el control de las fronteras exteriores.
Los mecanismos de seguridad de que la Unión Europea dispone no han
impedido como decía antes, por lo que se refiere a la sanidad, la llegada
al Estado español de la peste porcina clásica procedente de Holanda, o no
han sido capaces de dar una solución adecuada desde el primer momento en
un tema tan grave como es el de las «vacas locas», que ha afectado al
consumo de ternera en toda la Unión Europea. Las fuerzas de orden público
francesas y los fiscales franceses parece que no son capaces de poner a
raya a cuatro pseudosindicalistas agrarios que con absoluta impunidad
destrozan nuestros camiones, pero sobre todo dificultan la llegada de
nuestros productos a los mercados tradicionales sin que pase
absolutamente nada. Y el descontrol de las fronteras exteriores, que ése
es el tema, es aún más dramático. La entrada de pescado de países
terceros a bajo precio, inmaduro y en condiciones sanitarias
absolutamente discutibles, es un claro ejemplo de cómo no se puede actuar
y una muestra es el punto anterior, el tema del salmón procedente de
países terceros, que ya hemos discutido.
No nos podemos poner nerviosos si se llega a la conclusión de que están
entrando más kilos de tomates procedentes de Marruecos que los que en
principio establecen los acuerdos. Los que llevamos en el Parlamento unos
cuantos años ya hemos tenido estos debates en el Senado y en el Congreso
y sabemos qué es lo que está pasando: que las normativas a veces no se
cumplen, no se cumplen sobre todo cuando tienen el beneplácito de algunos
Estados muy potentes de la Unión Europea.
¿Por qué es posible que eso suceda? Y no quiero decir que en este momento
esté pasando, pero lo seguro es que sí que ha pasado en el próximo pasado
y es posible que vuelva a pasar en el futuro. Básicamente porque hay una
política por parte de países importantes de la Unión Europea de
favoritismo hacia determinados intereses, en el caso de Francia a sus
países francófonos; porque a cambio de los excesos de tomates están
vendiendo televisiones o están vendiendo aparatos de otro tipo.
Por tanto, tendremos ocasión de quejarnos hoy y de quejarnos en el futuro
y, como he dicho antes, cuando estábamos hablando del tema del salmón, la
solución sólo pasa por que haya un control estricto de las fronteras
exteriores y que se cumplan las normativas de la Unión europea. La Unión
Europea hace normas y luego da la sensación, o tenemos la sensación, de
que no se cumplen. Yo he estado hace pocos días en Londres y no pude ver
plátanos canarios; en cambio, sí que vi de Centroamérica y de Sudamérica
y en cantidad. Me costó bastante ver aceite de oliva, y además a precios
que estaban entre las 3.000 y 4.000 pesetas, pero vi aceite de Chipre o
aceite de Australia. Alguna cosa debe pasar para que nuestros productos
tengan tantas dificultades para entrar en los mercados europeos y que
otros productos que son de países terceros, de países que nada tienen que
ver con la Unión Europea, estén entrando de una forma clara.
Que la COAG y que la Federación de Productores de Hortalizas Francesas en
Francia quieran crear un grupo específico en el COPA para controlar las
importaciones de tomates y que quieran ser interlocutores en este tema
creemos que es importante, pero seguramente es fruto de que existe no
sólo la constatación, sino una realidad clarísima, no sé si en este
momento pasa, de que se están produciendo verdaderas barbaridades o un
verdadero descontrol en la importancia.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, entendemos que la solución
pasa por la reducción de los puntos de entrada de productos de países
terceros, que estos puestos estén bajo control de un cuerpo de
funcionarios dependientes directamente de la Unión Europea y que la Unión
Europea, en cumplimiento de su propia normativa, se obligue a cumplir sus
propias normativas y no tengan que ser los sindicatos o la sociedad civil
los que se den cuenta, porque los mercados dan unas señales que son el
resultado de unas importaciones descontroladas en un momento determinado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra su portavoz, señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Como ha señalado el Diputado Ramón Companys,
de Convergència i
Unió, este tema lo hemos debatido en múltiples ocasiones en la anterior
legislatura cuando se estaba discutiendo el acuerdo euromagrebí. La
realidad es que nosotros tuvimos un debate político sobre la necesidad de
propiciar todo aquello que signifique un desarrollo de los países del
Magreb, fundamentalmente Marruecos, con el que tenemos especiales lazos
de comunicación y de amistad ya tradicionales, pero lo que los distintos
grupos planteábamos es que esta solidaridad, este impulso del desarrollo
de los países del Magreb no debía ser a costa de las producciones
mediterráneas, concretamente de las producciones españolas, que además
son muy coincidentes. Señalábamos que era el conjunto de la Unión Europea
el que debía realmente hacer este esfuerzo de solidaridad, propiciando
que Marruecos llegase a ser autosuficiente en aquellos productos donde no
lo es --por ejemplo, en vacuno, leche, cereales--, y que de momento
beneficie sus exportaciones fundamentalmente a los países de la Europa
central.
Cuando debatíamos sobre el acuerdo euromagrebí, debatíamos sobre los
contingentes, debatíamos sobre las 130.000 toneladas, sobre los
calendarios, pero principalmente debatimos sobre este tema que nos ocupa
hoy. Ya veíamos en aquel momento que era muy difícil el control de esos
contingentes y que no se produjera el fraude. Nos preocupaban los
contingentes, nos preocupaban los calendarios, aunque había supuesto un
paso adelante que se marcara el calendario de noviembre a marzo. Nos
preocupaban los contingentes porque suponían un paso atrás en relación
con los acuerdos del GATT; los establecía en 920 ecus y al final nos
quedamos en 560. Cuando todas las organizaciones agrarias habían hablado
de que el umbral de rentabilidad estaba en los 650 ecus.
Ya digo que estos temas eran preocupantes, pero de alguna manera teníamos
el convencimiento de que sería de muy difícil control tanto los
contingentes como los precios de estas exportaciones marroquíes a la
Unión Europea. Incluso llegamos a hablar de la necesidad de licencias de
importación, se veía que eso era conflictivo y se optó por el sistema de
precios de entrada, pero sin cerrar la posibilidad de las licencias de
importación cuando se incumple el punto 1 del apartado 4 del canje de
notas entre Marruecos y la Unión Europea, por la que Marruecos se
comprometía realmente a respetar el contenido del acuerdo, sobre todo en
el tema de contingentes. Es Marruecos el que realmente se compromete ante
la Unión Europea a cumplir con estos contingentes, pero está claro que
hay mecanismos que también se explicitan en el acuerdo para que, en el
caso de que eso sea incumplido, la Comisión Europea pueda poner en marcha
el mecanismo de las licencias de importación. Y de cualquier manera, es
cierto que se requiere por parte de la Unión Europea, como ha dicho ya el
señor Companys, unos mayores mecanismos de control y de inspección y
también por parte de las autoridades españolas, porque es que, de lo
contrario, señorías, unos cultivos que en algunas zonas realmente son la
base de su producción agraria pueden verse, como ya realmente se están
viendo, gravemente perjudicados.
Por eso, señorías, por todas estas razones, nuestro Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aprobará, y de muy buen
grado, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Efectivamente, la problemática del tomate la
hemos discutido en esta Comisión en las pasadas legislaturas de forma
abundante. Una vez más, ahora por el Grupo Parlamentario Socialista, se
trae a la Comisión, en una proposición no de ley en cuya exposición de
motivos sólo se hace mención del acuerdo de asociación euromagrebí en lo
relativo a la regulación en cantidad y precios de las importaciones de
tomates originarios de Marruecos en la Unión Europea. Sin embargo,
señorías, la formulación de la proposición no de ley, en su primera
propuesta, tiene un ámbito mucho más amplio al referirse a la exigencia
del control del cumplimiento de los contingentes de productos de origen
mediterráneo procedentes de terceros países.
El tomate, señorías, es uno de los productos especialmente sensibles en
la Unión Europea y tiene precios de entrada consolidados en los acuerdos
del GATT, junto con pepino, alcachofa, calabacín, cítricos, uva de mesa,
manzanas, peras, albaricoques, cerezas, melocotones, nectarinas y
ciruelas. Para estos productos se aplican los mismos controles aduaneros
que para el resto de los países terceros, de acuerdo con el Reglamento
comunitario 3223/1994, que establece el régimen de los precios a la
importación de frutas y hortalizas.
Además del control de precios para tomates, cítricos, manzanas, peras y
pepinos, se aplica un control de cantidades, de acuerdo con lo dispuesto
en los Reglamentos comunitarios 1555/1996, sobre aplicación de derechos
adicionales, y 1556/1996, estableciendo certificados de importación para
el seguimiento de las importaciones de dichos productos. No obstante este
régimen general de control de precios y cantidades a las importaciones de
países terceros, en el Protocolo número 1 de los acuerdos de asociación
de Marruecos e Israel se establece una reducción del precio de entrada en
tomates, naranjas, clementinas, alcachofas, calabacines y pepinos para
Marruecos, y en naranjas y mandarinas para Israel, a cambio del
establecimiento de un contingente cuantitativo cerrado y limitado a sus
corrientes tradicionales. En este caso, para los precios se aplican los
controles aduaneros del citado Reglamento 3223/1996 y, para las
cantidades, los respectivos Reglamentos 1555 y 1556/1996, que establecen
una cláusula de salvaguardia especial. No obstante, para los tomates, en
el período de noviembre a marzo, y para los calabacines, de noviembre a
abril, originarios de Marruecos se aplica un doble seguimiento de
cantidades de importación, en base a los datos suministrados semanalmente
por Marruecos, que se constatan con los suministrados por las autoridades
aduaneras de los Estados miembros, en sustitución del mecanismo de
certificados de importación.
En lo que concierne al control de cantidades importadas de tomate de
Marruecos, de acuerdo con el citado Protocolo número 1, este país se
beneficia, como decíamos, de
un contingente cerrado de 150.676 toneladas en el período de octubre a
marzo, con el consiguiente resultado del seguimiento durante la campaña
de 1996. Pues bien, de las 150.676 toneladas de cupo que tiene Marruecos
durante su período de exportación a la Unión Europea, la cantidad
comunicada por Marruecos es de 114.931 toneladas, y la cantidad efectuada
por el control aduanero comunitario es de 112.942 toneladas. Por lo
tanto, señorías, muy por debajo del cupo cerrado del que dispone
Marruecos. Estos son datos oficiales de la Dirección General de Aduanas.
El portavoz socialista no ha citado cantidades ni fuentes, simplemente ha
dicho que se había superado el cupo; no sabemos de qué cantidades ni de
qué fuentes ha sacado ese superávit del cupo, y yo vengo aquí con datos
reales y concretos. Por lo tanto, en base a estos datos expuestos,
señorías, se observa una coincidencia razonable que permite concluir que
existe un correcto funcionamiento del régimen de precios de entrada y un
respeto por parte de Marruecos de las cantidades exportadas dentro del
contingente acordado.
Señorías, esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
consta de dos apartados. En el primer apartado se dice que proceda a
requerir ante los órganos competentes de la Unión Europea la necesaria
supervisión e información del cumplimiento de los contingentes acordados
relativos a los productos de origen mediterráneo procedentes de terceros
países. Por lo expuesto anteriormente se deduce que no existe fundamento
que pueda inducir a pensar que hay un incumplimiento de los contingentes
acordados con países terceros mediterráneos en volumen y en precio, y
desde luego, señorías, nos consta que en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación no se duda de la correcta aplicación que hacen los
Estados miembros de la legislación comunitaria en la materia ni de los
seguimientos de las autoridades aduaneras competentes, mientras no exista
un fundamento motivado.
El apartado b) de la proposición no de ley solicita que se adopten las
adecuadas medidas de vigilancia y control que impidan la entrada en el
mercado comunitario de tomates que excedan, en cuanto a volumen y precio
de importación, los valores globales de importación contemplados en las
reglamentaciones correspondientes. De su lectura se observa, en
principio, una mala redacción de esta propuesta, debido a que
precisamente los tomates y productos hortofrutícolas de Marruecos y de
cualquier origen deben entrar en la Comunidad, de hacerlo, a un precio de
importación superior al valor global de importación, que es el nivel
mínimo de protección. Y del resultado del seguimiento efectuado en el
caso de los tomates procedentes de Marruecos, que es lo que nos afecta,
en volumen y precio, se concluye un exacto cumplimiento del contingente
cerrado y de respeto de los precios mínimos de entrada, como también se
deduce de la aplicación de los derechos específicos en determinados
períodos y de su eficacia detectada por el control de cantidades, que
ponen de manifiesto un volumen de importación inferior a las cantidades
tradicionales.
Sobre la situación del mercado no comunitario del tomate en el período de
enero a marzo, se plantea una situación de desequilibrio, efectivamente,
debido a un exceso de oferta, que no cabe achacar a la ineficacia de los
sistemas establecidos de protección y control de las importaciones. Esta
situación tampoco se justifica por las importaciones de Marruecos, puesto
que sus envíos de tomate al mercado comunitario están por debajo de los
tradicionales.
Señorías, tengo que decirles también que el abastecimiento del mercado
comunitario del tomate en dicho período se realiza en un 60 por cien por
parte de España, lo que equivale a unas 300.000 toneladas de tomate
procedentes tanto de la Península como de Canarias; de estas 300.000, más
de la mitad, 188.000 toneladas, son originarias de la provincia de
Almería --o sea, la misma provincia de Almería exporta una cantidad muy
superior a lo que exporta Marruecos--, y sólo un 20 por cien es la cuota
de abastecimiento de Marruecos. Por lo tanto, señorías, la oferta
española es la que marca el nivel de los precios y su evolución en este
período.
Acabo, señor Presidente, diciendo que este tema se ha debatido en las
pasadas legislaturas. En concreto, hubo una proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, entonces en la oposición, que fue rechazada
por el Grupo Socialista, entonces en el Gobierno, donde se concretaban
medidas en compensación a los agricultores afectados por la disminución
de la protección en frontera, con la alarmante reducción del precio de
entrada para el tomate marroquí y la ampliación del período actual de
intervención en el tomate del año.
Señorías, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Grupo
Parlamentario Socialista ha traído esta proposición no de ley. Las reglas
que tenemos son éstas, son las reglas que ustedes acordaron en el Tratado
Euromagrebí, cuando Felipe González era Presidente del Gobierno español,
y con estas reglas están trabajando ahora el Gobierno actual de José
María Aznar y el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, se está
haciendo un control del cumplimiento de esta norma. ¿Que no les gusta la
norma? Pues fue la norma que ustedes aprobaron en su momento y a las que
nosotros, como antes ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, la señora
Rivadulla, nos opusimos, pero son las que ustedes acordaron en su momento
y son las que el Partido Popular en el Gobierno actualmente tiene que
defender, y desde luego se procura que por lo menos se cumpla la
legalidad vigente.
Por lo tanto, debido a la falta de argumentos sólidos por parte del grupo
proponente, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta
proposición no de ley porque no es ése el problema que afecta al tomate.
--PARA POSIBILITAR LA PARTICIPACION DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS
EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
(ENESA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I
UNIO). (Número de expediente 161/000478.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición
número 9, relativa a la dirección de
la entidad estatal de seguros agrarios, Enesa, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la
palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: En numerosas ocasiones hemos puesto sobre la
mesa la necesidad de adaptar la normativa de funcionamiento de Enesa a la
realidad autonómica del Estado español. No en vano, a nuestro entender,
los seguros agrarios son una de las líneas más importantes de la política
agraria.
A pesar de que hace más de 18 años que se aprobó el Estatuto de
autonomía, que en años posteriores se aprobó el resto y que en la mayoría
de los casos se otorgan competencias exclusivas en materia de agricultura
a las comunidades autónomas, uno tiene la impresión de que esa voluntad
de descentralización no iba con algunos ministerios, que continúan con
una organización caduca y absolutamente alejada de la realidad
constitucional. Y este tipo de actuaciones tiene un punto claro de
referencia en la organización de la entidad estatal de seguros agrarios,
Enesa, entidad cuyo éxito se debe básicamente a la colaboración de las
comunidades autónomas para que los seguros agrarios se extiendan por todo
el territorio del Estado español.
La organización de esta entidad estaba tan alejada de la realidad
constitucional que las comunidades autónomas no sólo no tenían ningún
representante en la comisión general, circunstancia especialmente grave
si tenemos en cuenta que Cataluña, que es el que más conozco, aportaba en
torno a 400 millones de pesetas, sino que, en una estructura
absolutamente rancia, continuaba manteniendo unas comisiones provinciales
dirigidas y gestionadas por el director provincial del Ministerio y en
las cuales las comunidades autónomas no tenían ni tan siquiera presencia.
Y eso sucedía hace sólo cuatro meses; no estoy hablando de hace muchos
años, hace sólo cuatro meses.
Frente a esta situación, el 6 de noviembre de 1995, un grupo de
consejeros de diferentes comunidades autónomas, preocupados por la falta
de adaptación de Enesa a la realidad autonómica y a la problemática que
eso suponía, se reunieron en Barcelona con el entonces director general
de la entidad de seguros agrarios, señor Conrado Herrero, debatiéndose la
adecuación de la normativa de funcionamiento a la realidad autonómica del
Estado español. En dicha reunión se planteó la necesidad de la
modificación de la normativa en dos aspectos fundamentales: primero, la
supresión de las comisiones provinciales, y segundo, la presencia de las
comunidades autónomas en la comisión general de Enesa. Las propuestas que
se hicieron iban básicamente en la línea de la creación de unas
comisiones de ámbito autonómico que convirtieran a las comunidades
autónomas en verdaderos interlocutores frente a las instituciones
gestoras del seguro agrario, por un lado; y por otro lado, la presencia
de las comunidades autónomas en los órganos decisorios de Enesa. Esa fue
la propuesta que se hizo, pero realmente no tuvo éxito.
En febrero de 1996, el anterior equipo de Enesa convocó una reunión con
las comunidades autónomas para consensuar un texto de modificación de la
normativa existente. El texto que puso encima de la mesa era un texto
absolutamente light que obtuvo la crítica y la oposición de la gran
mayoría de comunidades autónomas presentes en aquella reunión, hecho que
provocó la paralización de la citada propuesta.
Posteriormente, como ustedes saben, hubo elecciones, y los nuevos
gestores --algunos continúan siendo los mismos-- de Enesa, sin consultar
a nadie, han hecho suyos unos textos que el antiguo equipo de Enesa,
sabedor de la polémica que comportaría, no se atrevieron a publicar, y
que básicamente son los siguientes.
En la comisión general de Enesa, que es la que propone al Gobierno el
plan anual de seguros y que las comunidades autónomas cofinancian, éstas
no tienen presencia; por lo tanto, continuamos con el mismo problema de
antes. Se crea una comisión consultiva, con la presencia de comunidades
autónomas, que como máxima facultad tienen la de ser informadas de los
contenidos de los planes generales de seguros agrarios, pero negándoles
la posibilidad de participar en su elaboración. Por lo tanto, se ha
constituido esa comisión consultiva --fíjense bien, consultiva--, donde
realmente no se toma ninguna decisión y, en todo caso, se les informa de
los contenidos de los planes generales, sin que puedan hacer ningún tipo
de aportación.
Es cierto que se suprimen las comisiones provinciales y se crean unas
comisiones territoriales de seguros, evidentemente presididas por el
director provincial del MAPA, en las que las comunidades autónomas tienen
una vicepresidencia y, facultativamente, pueden tener otro miembro. Por
lo tanto, se crean unas comisiones territoriales que con facilidad pueden
estar formadas por 14 ó 15 miembros, y en las que como máximo las
comunidades autónomas pueden tener dos miembros; comisión que además está
presidida por el director provincial del MAPA.
En todo caso, ese modelo no es el que más se acerca a la Administración
única, y lo cierto es que no nos parece de recibo esta propuesta, que es
la que se dibuja de la publicación de las órdenes ministeriales del 21 de
noviembre de 1996, por lo tanto hace poco tiempo. Realmente quedaría
personalmente muy preocupado si ésa fuese la proyección de la voluntad
del propio Ministerio. Yo pienso que ese tema no se ha analizado con
suficiente profundidad.
Nuestro grupo entiende que hay que modificar las actuales órdenes en la
línea de transformar las comisiones territoriales de seguros agrarios en
comisiones de ámbito autonómico que convierta a las comunidades autónomas
en verdaderos interlocutores frente a la institución gestora del seguro
agrario; y segundo, asegurar la presencia de las comunidades autónomas en
los órganos decisorios de Enesa.
En base a esa proposición, nuestro grupo ha formulado la siguiente
proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la
presente proposición no de ley, proceda a modificar la Orden de 21 de
noviembre de 1996, por la que se constituye la comisión de coordinación
con las comunidades autónomas sobre seguros agrarios y se establece su
composición y funciones, y la Orden de la misma fecha por la que se
reestructura la comisión general de la entidad estatal de seguros
agrarios y
se constituyen las comisiones territoriales de seguros agrarios,
estableciéndose su composición y sus funciones, en el sentido de atribuir
a las comunidades autónomas la condición de miembros de pleno derecho de
la comisión general de Enesa y establecer el pleno reconocimiento de
aquellas comunidades autónomas que ostenten la condición de
Administración única en materia agraria en su territorio.
Nuestro grupo, después de tener una serie de intercambios de opinión con
diferentes grupos parlamentarios de la Cámara, haría una modificación, si
la Mesa lo permite y los diferentes grupos lo consideran oportuno, del
redactado, que quedaría de las siguiente forma: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que, con la máxima brevedad posible
desde la aprobación de la presente proposición no de ley, proceda a
modificar la Orden de 21 de noviembre de 1996, por la que se constituye
la comisión de coordinación con las comunidades autónomas sobre seguros
agrarios y se establece su composición y funciones, y la Orden de la
misma fecha por la que se reestructura la comisión general de la entidad
estatal de seguros agrarios y se constituyen unas comisiones
territoriales de seguros agrarios, estableciendo su composición y sus
funciones y adecuando éstas a la realidad autonómica del Estado.
En todo caso, le haré llegar el redactado. Por lo tanto, ésa es la
propuesta que nosotros dejamos encima de la mesa.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Si ningún grupo se opone, votaremos esa
proposición.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posiciones? Por el Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra su portavoz, la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Anunciamos nuestra abstención ante esta
proposición no de ley que presenta el Grupo de Convergència i Unió.
La entidad estatal de seguros agrarios es un organismo que ejecuta la
política de promoción del aseguramiento de los riesgos agrarios, como
medida que contribuye a garantizar las rentas de los agricultores
mediante subvenciones a las primas que ellos han de abonar para asegurar
las producciones. No voy a insistir más en qué es esta entidad estatal
porque esto, al fin y al cabo, es una definición, pero nosotros
consideramos que estamos ante una medida de fomento, que es lo que hace
esta entidad estatal de seguros, para el sector agrario que pretende
asegurar las rentas de los agricultores, y el Grupo Vasco entiende que
esta medida se inscribe en las competencias autonómicas en materia de
agricultura. Ello supone para nosotros que el Estado deberá realizar, a
través del proceso negociador correspondiente, la transferencia de
servicios y medios a las comunidades autónomas, y ello tendría como
consecuencia, desde nuestro punto de vista, una profunda modificación
organizativa que, en el caso de Enesa, implicaría su transformación en un
organismo que articule los mecanismos de integración de la ejecución
autonómica de los seguros agrarios con la ordenación general de la
economía. Por lo tanto, nuestra visión del asunto que estamos tratando es
bastante diferente de lo que se estaba apuntando.
Nosotros no pretendemos romper el consorcio de entidades de agroseguros,
lo que estamos pretendiendo es gestionar el seguro con el agricultor y
tramitar las ayudas desde las comunidades autónomas, por eso estamos
reivindicando la transferencia de las funciones que desarrolla Enesa, con
sus servicios y con sus medios.
La propuesta que nos plantea en su intervención el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió puede resultar una medida transitoria, pero no
coincide con la nuestra, y además tengo que decir que está respaldada por
el acuerdo del Parlamento Vasco sobre transferencia a la Comunidad
Autónoma vasca.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, anuncio nuestra abstención
ante esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra su portavoz, la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro grupo va a votar a
favor de la proposición no de ley de Convergència i Unió. Creemos que la
normativa en materia de seguros agrarios se tiene que adaptar a lo que es
nuestra realidad constitucional y estatutaria. Todo lo que signifique la
presencia de las comunidades autónomas, en cuanto que son más conocedoras
de las realidades de cada territorio, es importante, y es importante su
presencia efectivamente en los órganos decisorios. Por tanto, compartimos
el fondo y la forma de la proposición no de ley de Convergència. También
estaríamos de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, pero entendemos que quizá sea necesario dar primero
unos pasos para acercarnos a lo que en el Estatuto vasco ya está
contemplado.
De cualquier forma, yo quisiera hacer un amable reproche al portavoz de
Convergència i Unió. Desde el punto de vista político-filosófico,
nosotros pensamos que las competencias están realmente para ejercerlas y,
cuando no se tienen, hay que hacer todo lo posible para que existan, pero
están para derivar políticas activas. Lamentablemente, Cataluña, que ha
sido siempre pionera en materia de seguros agrarios, como lo ha sido en
otros temas como la educación, no lo es este momento.
A nosotros nos gustaría que en esta comunidad autónoma que pretende estar
en la comisión general, que es un órgano decisorio, se hubiesen adoptado
medidas en materia de política de seguro agrario similares, por ejemplo,
a las de Navarra, que ha puesto en marcha una línea cuando no estaba
establecida, y después luchaba para que esta línea saliese adelante.
Creemos que hasta ahora se ha limitado a ser mero repartidor de las
subvenciones, pero tampoco ha tenido una presencia muy activa en materia
de propuestas, y mucha veces en los órganos está como convidado de
piedra.
Esta es la postura de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Esperamos
que si la modificación de esta normativa se produce, a partir de ese
momento el Gobierno de Convergència i Unió efectivamente vele y proponga
iniciativas que sean acordes con las necesidades que concretamente
en este caso tiene el territorio de Cataluña, aunque también lo podrán
hacer las demás comunidades, puesto que también estarán representadas en
este órgano de decisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, señor Ortiz.
El señor ORTIZ MOLINA: Es compartido por todos que el seguro agrario ha
experimentado en los últimos años un gran avance, tanto en su diversa
configuración como en su implantación, siendo cierto también en la misma
medida que podemos considerarlo como un proceso sin lugar a dudas
inacabado y en permanente evolución. Prueba reciente de lo que digo son
las órdenes de 21 de noviembre, enunciadas en la proposición no de ley
que nos ocupa, por las que se regula la comisión de coordinación con las
comunidades autónomas sobre seguros agrarios, se reestructura la comisión
general de la entidad estatal de seguros agrarios y se da regulación
también a las comisiones territoriales. Todo esto, sin lugar a dudas, en
un intento loable, creemos, de adecuar los foros precisos de encuentro de
las partes implicadas en la materia de seguro agrario. Un intento loable
donde, por desgracia, y en eso coincidimos con Convergència, ha habido
más buena voluntad que acierto.
Señorías, si estuviéramos de acuerdo, y estoy seguro que lo estamos, en
que el seguro agrario debe ser una institución en permanente proceso de
mejora y que ésta surgirá de la conjunción de intereses de los tres
elementos esenciales que la integran (entidades aseguradoras, sector
agrario y Administración pública), convendrán conmigo en que las órdenes
de referencia no dejan bien parado, tal y como se ha dicho anteriormente,
uno de los tres elementos, me refiero a la Administración pública, y no
lo hacen al relegar a un segundón y consultivo papel de estudiosas
oyentes a las comunidades autónomas. Lo cual, dicho sea de paso y sin
pretensiones, nos da un reflejo del hasta cierto punto caduco concepto
que pudieran tener nuestros actuales gobernantes y que dista mucho de la
auténtica realidad que supone la nueva Administración española del Estado
de las autonomías.
Nosotros estamos de acuerdo, en consecuencia, en que es preciso, sin
lugar a dudas, rectificar las órdenes de 21 de noviembre con una nueva
redacción que respete el papel principal que corresponde a las
comunidades autónomas, en el sentido enunciado en la proposición no de
ley que estamos debatiendo, y considerando finalmente que, siendo la
iniciativa un acierto, lo es también en gran medida la supresión que se
hace del último párrafo de la proposición no de ley, y que nosotros
agradecemos, anunciando para la misma el voto favorable del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Mi grupo ha estudiado con detenimiento la
proposición no de ley que trae a esta Comisión el Grupo Catalán de
Convergència i Unió. Nos parece que existe un fondo razonable en lo que
se solicita en dicha proposición no de ley, lo que no nos parece tan
razonable es que se hable del Gobierno aprovechando la oportunidad y se
diga que existe más voluntad que acierto, que las órdenes relegan a un
plano segundón a las comunidades autónomas o que existe un concepto
caduco de la realidad autonómica por parte del Gobierno. Pienso que son
manifestaciones legítimas, lícitas, pero extemporáneas, puesto que
precisamente el Gobierno actual aprueba unas órdenes que no sacó la
Administración anterior. Por tanto, no se puede decir que haya más
voluntad que acierto; se puede decir, pero no se ajusta a la realidad
cuando se hace tal afirmación, puesto que entonces se obliga a este
portavoz a decir que antes no podía haber acierto porque no había ni
voluntad. Podrá decirse que no se está de acuerdo, y ése es el fondo de
lo que plantea, y así entiende mi grupo, la proposición no de ley del
Grupo Catalán de Convergència i Unió. Expreso abiertamente mi desacuerdo
en que debería producirse un proceso de transferencias de un ente, como
ha dicho la representante del Grupo Vasco (PNV), cuando pide unas
transferencias en nombre de su Gobierno que entendemos que en estos
momentos no se corresponderían con la realidad y atentarían contra el
principio esencial de la unidad del ente estatal. Esto podría, repito,
romper la unidad básica de su principio esencial como ente que, mediante
el aseguramiento de rentas y cosechas, está apoyando a las rentas del
sector primario.
He tomado buena nota, y mi grupo así lo constata, cuando se dice por
parte del grupo proponente, no sé si en tono de elogio o de queja, que
alguno de los gestores siguen siendo los anteriores. Bueno, pues ahí
queda esa afirmación, en contra de las acusaciones vertidas repetidamente
en esta Cámara cuando se dice que este Gobierno ha hecho tabla rasa. Pues
bien, los profesionales son los profesionales, y cualquier Administración
los debe respetar. Pero, compartiendo la preocupación del grupo
proponente, el Grupo Popular efectivamente no tiene ninguna duda de que
el Ministerio sabrá reaccionar debidamente ante unas órdenes públicadas,
que en nuestra opinión son acertadas, aunque hay un elemento nuevo que
quizá haya que considerar, y es que posteriormente a la publicación de
las órdenes de 21 de noviembre, donde se regula la composición y
funcionamiento de la comisión general de la entidad estatal de seguros
agrarios y de la comisión de coordinación con las comunidades autónomas,
se publicó la Lofage, que contempla, entre otros aspectos, la supresión
de las direcciones provinciales de los departamentos, naturalmente
también del de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por tanto, el propio
Ministerio es consciente de que hay que reformar estas órdenes; que esa
reforma la hará, sin duda, escuchando la opinión de los distintos grupos
políticos que estamos interesados en la materia, y de alguna manera aquí
se ha expresado esa opinión.
Por lo tanto, mi grupo acepta el fondo del texto propuesto por el grupo
proponente, y desde luego acepta también el fondo y la letra de la
transacción que el mismo grupo proponente nos ha ofrecido, en el sentido
fundamental de eliminar el concepto de temporalidad que aplica
en el texto inicial, precisamente porque el desarrollo de la Lofage será
lo que condicione, entre otras cosas, la posibilidad de adaptar de una
manera efectiva, real y veraz a la realidad territorial el funcionamiento
de los órganos que constituyen Enesa. Y acepta, sin ningún tipo de
reserva, el que se establezca su composición y funciones de acuerdo con
la realidad autonómica de España; sin ninguna duda.
El señor PRESIDENTE: ¿El texto de la transacción nos lo hará llegar a la
Mesa para leerlo antes de la votación, señor Companys?
El señor COMPANYS SANFELIU: Si me lo permite, voy a hacer sólo una
pequeña intervención, para tranquilizar a la portavoz del Grupo
Nacionalista Vasco. Nosotros en este momento lo que decimos es que
instamos al Gobierno a la modificación de esas dos órdenes; no decimos
cómo se tiene que hacer, pues eso será fruto de la negociación de los que
tengan que negociar, de los que tengan que hablar, de las comunidades
autónomas, de los implicados. No pretendemos en este momento fijar un
modelo de futuro y por ese motivo nuestro grupo ha retirado la última
parte de la proposición no de ley original.
Por lo que respecta a Izquierda Unida, yo tengo que decir que Enesa no da
las subvenciones, no las da. Enesa se nutre de subvenciones y se nutre de
aportaciones, Enesa paga lo que tiene que pagar, pero eso no es una
subvención. Yo creo que los conceptos tienen que ser claros. Enesa no da
subvenciones, sino que lo que hace es pagar cuando se producen daños.
Siguiendo con el tema, habla de la presencia de Enesa. Yo sí le pediría a
la...
El señor PRESIDENTE: Señor Companys, eso sería reabrir el debate.
El señor COMPANYS SANFELIU: Sólo voy a hacer una precisión, para que no
haya respuesta. Sí habrá respuesta, pero en el marco que usted crea
oportuno. Que no haya debate, efectivamente.
Las comunidades autónomas. Ninguna comunidad autónoma tiene presencia en
ningún órgano de Enesa, en ninguno; por lo tanto, que se me diga
exactamente qué normativa está vigente. Hubo un momento, sí, pero hace
cuatro meses.
No existen las juntas provinciales.
Y termino agradeciendo al Partido Popular la compresión y el ejemplo de
que abra líneas de negociación, que hable con los responsables de las
diferentes comunidades autónomas y que se busque una redacción que sea
más acorde con la realidad autonómica del Estado español.
--DEL ESTABLECIMIENTO DEL TIPO REDUCIDO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO (IVA) A LA MADERA PARA LEÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO). (Número de expediente
161/000479.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última proposición no de ley
del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió y relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a
la madera para leña.
Para su presentación tiene la palabra su portavoz, el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: La proposición que hemos puesto encima de la
mesa y que intento explicar hace referencia a la aplicación de un tipo
reducido del IVA para la madera de leña.
El Consejo de la Unión Europea en fecha 25 de junio de 1996 estableció la
Directiva 96/42 de la Unión Europea, por la que se modifica la normativa
77/388 relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esa
directiva decía: Considerando que la experiencia ha demostrado que el
desequilibrio estructural entre los tipos de IVA aplicados por los
Estados miembros a los productos agrícolas de los sectores de la
floricultura, de la horticultura, ha dado lugar a que se produzcan casos
de fraude: Y continuaba y más adelante decía: ... considerando que la
solución más apropiada es que se pueda aplicar un tipo reducido en todos
los Estados miembros a la entrega de los productos agrícolas del sector
hortofrutícola, del cultivo floral, así como madera para leña, y ha
adoptado la presente directiva comunitaria. Los Estados miembros podrán
aplicar un tipo reducido a las entregas de plantas y otros productos de
floricultura, etcétera, así como para la madera de leña.
Nuestro grupo, en base a esta normativa comunitaria, a esta directiva
comunitaria, ha presentado esta proposición no de ley, esta modificación,
que pretendemos que el Gobierno lleve a la práctica. Se ha hecho para
solventar el desequilibrio estructural entre los tipos de IVA aplicados
por los Estados miembros a los productos agrícolas de los sectores de la
floricultura, de la horticultura y la silvicultura.
La legislación vigente hasta entonces permitía que los Estados miembros
que antes del 31 de diciembre de 1994 aplicaban un tipo reducido de IVA
en sus productos lo pudiesen continuar haciendo, mientras que prohibía la
aplicación de un tipo reducido a los Estados miembros que hasta aquella
época venían aplicando el tipo normal de IVA en estos productos. Esta
falta de flexibilidad provocó la presión de fraude, que se intentó
corregir con la promulgación de la Directiva 96/42, de la Comunidad
Europea. En base a esta directiva, y mediante la Ley 41/1994, de 30 de
diciembre, de los Presupuestos Generales el Estado para 1995, se modificó
el artículo 91 de la Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, y se procedió a la reducción del tipo de IVA aplicado a
los sectores de la floricultura y de la horticultura, pero no se modificó
en esta normativa y se podía haber hecho, el tipo aplicable a esta madera
para leña, lo que significa un agravio comparativo, teniendo en cuenta
que las causas que aconsejaron la reducción del tipo aplicado para estos
productos continúan existiendo, siendo cada vez menos frecuente que los
agricultores españoles vendan madera para leña al exterior únicamente por
motivos de carácter fiscal.
Por todo ello y para superar ese agravio comparativo que sufre la venta
de madera de leña, el Grupo de Convergència i Unió presenta la siguiente
moción: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que antes de
acabar el ejercicio 1997 presente un proyecto de ley de modificación de
la Ley 37/1992, de 22 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
en el que se establezca la aplicación del tipo reducido de IVA a la
madera para leña --y me gustaría que quedase bien clara nuestra
propuesta, que no estamos hablando en este momento de madera quemada, no
estamos hablando de madera de ninguna clase, estamos hablando de leña del
bosque-- de acuerdo con lo dispuesto en la directiva 96/42 de la
Comunidad Económica Europea del Consejo de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo de Izquierda Unida. Para
su defensa, tiene la palabra su portavoz, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Todos los grupos parlamentarios recordamos
las demandas que tuvimos con motivo del debate de los presupuestos en
1995, sobre todo por parte de los floricultores de la zona del Maresme,
de Almería y de otras comunidades del Estado español. En esos
presupuestos se redujo el Impuesto sobre el Valor Añadido en floricultura
y horticultura y quedaba el de madera para leña.
Nosotros estamos completamente de acuerdo con la proposición no de ley
que presenta el Grupo de Convergència i Unió. Nuestras enmiendas van en
el sentido de precisar un poco más. De la misma forma que fue muy
operativo introducir esta modificación de la reducción del IVA en los
presupuestos generales del Estado, pensamos que sería mucho más eficaz,
en vez de instar a la realización de un proyecto de ley, pues sabemos que
prácticamente estamos al final del período de sesiones y que puede ser
dilatado en el tiempo y así lo decimos en nuestra enmienda primera, que
esta modificación se introdujera en el proyecto de ley de presupuestos
para 1998; que se introdujera la reducción del Impuesto sobre el Valor
Añadido para la madera de leña. En septiembre tendríamos el proyecto de
ley de presupuestos generales del Estado y desde luego la garantía de que
eso estaría aprobado a finales de diciembre. Esta es nuestra primera
enmienda.
La segunda entendemos que puede ser de difícil aplicación; seguramente no
es una segunda enmienda, sino que es una modificación a la primera, que
ampliamos. Creemos que el control es difícil; ya sé que el señor Companys
y Convergència i Unió se está refiriendo a la leña, a la madera que surge
de un bosque, que está ordenado y que tiene una explotación racional,
pero no podemos olvidar el hecho de que en 1994 tuvimos unos incendios
desastrosos y que allí se evidenciaron y se denunciaron casos de que
había madereros que estaban al día siguiente de producirse el incendio
instalados en los hoteles de las zonas incendiadas; porque también se ha
podido comprobar que, en determinadas especies, lo que queda destruido es
un centímetro y medio, que es la corteza y algo más, pero la parte de
dentro del árbol, la parte del núcleo del árbol es fácilmente
aprovechable como madera y, de hecho, se ha vendido y ha sido fuente de
ingresos para muchos propietarios.
Yo sé que eso no está ni contemplado por Convergència i Unió. No sé si
estamos en estos momentos en condiciones de acotar los términos, pero
tampoco estaría mal que pudiésemos hacer una reflexión más detenida para
que no se puedan aprovechar de este tipo reducido de IVA aquellos que se
aprovechan de forma especulativa de árboles quemados, de bosques
quemados, pues en algunos casos, como se ha podido comprobar por la
propia Guardia Civil y por los propios servicios de inspección
anteriormente del Icona y de otros organismos, el incendio es
intencionado. Yo creo que ahí deberíamos establecer algún tipo de
diferenciación.
Si los grupos parlamentarios consideran que este tipo de limitación
debería ser introducido, también quiero decir que nuestro grupo
parlamentario está totalmente abierto a que podamos acotarlo de una forma
más rigurosa para que tampoco salga perjudicado aquel propietario cuyo
bosque se ha quemado de forma involuntaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz,
señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo
Parlamentario Socialista, para fijar nuestra posición con respecto a la
proposición no de ley que ha formulado ante esta Comisión el Grupo
Parlamentario Catalán y, lógicamente, a las enmiendas que acaba de
exponer la representante del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El objeto de la proposición presentada por el Grupo Catalán queda
resumido en el propio título de la propuesta y lo que hace es instar al
Gobierno a la corrección de un agravio comparativo existente entre el IVA
que se aplica en el Estado español a la madera para leña, el 16 por
ciento, y el que se aplica en el resto de los Estados miembros. Esta
propuesta trata de solventar ese desequilibrio, esa diferencia existente
desde el soporte legislativo de rango comunitario, al que se alude en la
misma proposición, y en concreto la Directiva 96/42 CE, por la que se
posibilitaba a los Estados miembros a la aplicación de un tipo reducido a
las entregas de plantas vivas y otros productos de floricultura, así como
a la madera de leña. Los dos primeros casos ya fueron recogidos en la Ley
41/1994, como bien ha expuesto el representante del Grupo Catalán, y no
así el correspondiente a la madera de leña, también contemplado en la
directiva antes aludida.
El mantenimiento de un IVA diferente entre España y los Estados miembros
de la Unión Europea, sin lugar a dudas coincido con el resto de los
intervinientes que me han precedido en que supone un agravio comparativo
y que puede conducir, y de hecho lo está haciendo, a la venta de madera
para leña al exterior por motivos de carácter fiscal, ya que el IVA se
paga en destino en estos casos. Este hecho es un problema detectado y
sobre todo es un problema que afecta especialmente a las zonas
fronterizas con Francia.
Estoy hablando por ejemplo de Navarra, de Aragón, de Cataluña. El
movimiento de salida de madera para leña de nuestro país al país vecino
es un fenómeno que está en un progresivo incremento, ya que al
diferencial existente de IVA se une en la actualidad el cambio de la
peseta en relación con el franco. De hecho es un elemento que hace unos
años estábamos importando madera de Francia y en estos momentos se está
produciendo el efecto contrario.
Compartimos la intencionalidad expresada en la enmienda número 2 del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en cuanto a
la diferenciación entre la madera producto de acciones silvícolas y la
madera que proviene de incendios forestales, en cuanto a poner freno a
los incendios forestales desde medidas fiscales. Nuestro grupo,
compartiendo, como digo, esa intencionalidad, va a votar a favor de la
primera de las enmiendas, porque, como ha dicho la representante del
Grupo Parlamentario Iniciativa per Catalunya, concreta mucho más, ofrece
una solución muy definida temporalmente en relación a que en la próxima
ley de presupuestos para el año 1998 ya se recoja esa modificación. Si
todos tenemos la voluntad de dar solución a un problema que es
consecuencia de no haber sido recogido en la Ley de Presupuestos del año
1995, facilitemos la solución para que estos tres años de agravio
comparativo no corramos el riesgo de que se puedan convertir en cuatro.
Por tanto, una vez más, anuncio el voto favorable a la enmienda número 1,
del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular sobre la iniciativa presentada por Convergència i Unió, quiero
decir que en la situación actual se dan dos supuestos distintos. Uno, un
silvicultor acogido al régimen especial agrario, que sí que tiene, para
compensación del IVA soportado, esa reducción del cuatro por ciento, que
no es el caso general de lo que se entiende por esta proposición no de
ley, y otro, el empresario dedicado a la industria del tipo de
aserraderos u otras industrias relacionadas con la leña, que no están
acogidas a este régimen especial agrario y tiene que soportar un IVA del
16 por ciento.
Tal como se ha manifestado, por la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales
del Estado se hicieron una serie de modificaciones que no afectaron al
producto que hoy se contempla para que se pueda acoger a este régimen
especial. En razón a la verdad, difícilmente se podía acoger, ya que la
directiva comunitaria que ahora se trata de trasponer a nuestro
ordenamiento jurídico fue aprobada con seis meses de diferencia con
respecto a esta ley. En el caso concreto de la Directiva 96/42, lo que
nos ocupa es que la madera para leña esté dentro de los productos que
tienen una reducción del IVA al 7 por ciento. Después del debate de las
enmiendas y la intervención de algunos de los grupos precedentes en el
uso de la palabra, quiero decir que yo creo que hay que separar esto
clarísimamente. Estamos hablando única y exclusivamente de madera para
leña y yo creo que todos los que somos miembros de esta Comisión habremos
tenido desgraciadamente la ocasión de visitar alguno de los bosques que
se han quemado; realmente leña, lo que se dice leña, no queda
prácticamente nada, lo que queda son árboles determinados que quizá
tengan un aprovechamiento silvícola, desde el punto de vista del que
hablaba antes la representante de Iniciativa per Catalunya-Izquierda
Unida en cuanto a los aprovechamientos de leña. Lo que nosotros
entendemos que es el punto de fondo de esta iniciativa de la traslación
de la directiva comunitaria es la madera para leña y coincidimos en los
argumentos que se han dado desde Izquierda Unida. No pretende desde
ningún punto de vista esta iniciativa que se pudiera originar un tipo de
especulación y un tipo de incentivación sobre el aprovechamiento de este
tipo de madera.
En definitiva, quiero dejar claro que es única y exclusivamente madera
para leña y que nada, absolutamente nada, tiene que ver con los
aprovechamientos de residuos de bosques que hayan sido quemados. En la
mayoría de los casos, un alto porcentaje de este tipo de leña hoy puede
ir muy bien, perfectamente bien, a la hora de establecer limpiezas en
determinadas zonas boscosas que están produciendo, como todos sabemos,
con todo lo que es monte bajo y algún tipo de arbustos, que proliferen
con mayor virulencia los incendios en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Para aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la
palabra el portavoz del grupo proponente, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Nosotros vemos que en la intervención de los
diferentes grupos políticos se han puesto encima de la mesa dos
problemáticas diferenciadas. Por un lado, la temporalidad. Hay dos
grupos, básicamente, el socialista e Izquierda Unida, que estarían en la
línea de que eso se integrara en los presupuestos generales del Estado.
La propuesta nuestra dice que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que antes de acabar el ejercicio 1997; por lo tanto, se
tiene que hacer esa modificación de la Ley antes de acabar 1997 y, como
los presupuestos en el Congreso de los Diputados se aprueban en diciembre
de 1997, entendemos que habrá tiempo suficiente para integrarlo en ellos,
en los presupuestos generales del Estado. Esta es la confianza que
tenemos.
Por lo que hace referencia a la leña, la madera, el bosque quemado,
nosotros nos hemos acogido a lo que es la normativa comunitaria y lo que
dice, madera para leña, y en todo caso estaríamos absolutamente en contra
de cualquier actividad que nos llevase a aplicar un IVA reducido a la
leña de bosque quemado. Entendemos que eso es otra historia, que en todo
caso habría que contemplar en otro debate y ya hablaremos de si se tiene
que hacer o no se tiene que hacer algo para los bosques quemados. Eso no
es en este momento el tema de debate y, sin embargo, sí creo que el tema
de madera para leña, o de leña, queda suficientemente claro.
Hay otra cuestión que me parece importante y es que nosotros instamos al
Gobierno para que haga un proyecto
de ley y el Gobierno, sobre todo Hacienda conjuntamente con el Ministerio
de Agricultura, tiene la posibilidad en el proyecto de definir
exactamente qué conceptos serán los de leña. No hace falta que nosotros
le digamos cómo lo tiene que hacer, ya lo saben, nosotros confiamos en
que el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Agricultura, donde me
consta que esta propuesta ha sido acogida con interés, haga un proyecto
de ley que realmente solucione ese problema concreto, que no lo complique
con otras cosas, y que eso lo haga antes de terminar este año. Nosotros
tenemos confianza en que el Gobierno lo va a hacer y pediría a los
diferentes grupos que tuviesen también esa confianza en el Gobierno y
votasen nuestra propuesta.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, yo creo que del tono del
debate se desprende que podría haber un acuerdo, porque estamos de
acuerdo con el fondo. Yo la verdad es que no hago confianza al Gobierno,
y no tengo por qué hacerlo; de hecho, estamos hablando en sede
parlamentaria y se insta al Gobierno a hacer una actuación determinada.
Como la votación se va a producir a la una, podríamos darnos un margen de
tiempo para ver si podemos llegar a un acuerdo y que esta proposición no
de ley salga aprobada unánimemente en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Hasta la hora de la votación, tienen SS. SS. tiempo
para redactar una transacción y, si se presenta, se votaría.
Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, querría por una cuestión de
orden y de actualidad absolutamente rabiosa, hacer alguna puntualización
en nombre de mi grupo, invitando al resto de los grupos a lo mismo. Me
refiero a que, sensibles a lo que está aconteciendo concretamente en las
carreteras francesas, nos gustaría que esta Comisión fuera sensible a
esos sucesos y que quedara constancia de nuestro total rechazo a los
actos vandálicos efectuados en las carreteras francesas contra algunos
transportistas españoles.
Mi grupo opina que, ante tales actos de salvajismo, debemos expresar, y
así lo hacemos, nuestra solidaridad con los profesionales del transporte
que han sufrido agresiones y también con los agricultores que padecen con
estos actos cuantiosas pérdidas y deseamos que, con absoluta
independencia de las acciones que correspondan al Gobierno, se haga
llegar nuestra enérgica protesta por los cauces reglamentarios hasta el
embajador de Francia en España.
Sí quisiera, señor Presidente, que las palabras de este portavoz de
condena de unos actos de salvajismo y de solidaridad con los españoles
agredidos, si así lo estima oportuno el resto de los grupos
parlamentarios, fueran asumidas por la propia Comisión de Agricultura en
forma de unánime resolución y siguiendo, repito, los cauces
reglamentarios de la Cámara, se presentara ante el señor embajador de
Francia en España.
El señor PRESIDENTE: Yo le quiero comentar una situación. Ya sabe que las
comisiones no tienen la potestad ni pueden hacer una declaración
institucional. Incluso en las últimas semanas la propia Presidencia del
Congreso de los Diputados nos lo ha recordado a las Mesas. Si los grupos
lo estimasen oportuno, si los grupos llegasen a un acuerdo, esta
Presidencia haría llegar a la Presidencia del Congreso de los Diputados
un sentimiento, y si es unánime, mejor, para que el Congreso de los
Diputados pudiese hacer una declaración institucional; pero esta
Comisión, como tal Comisión, no puede hacer esa declaración
institucional.
Como tienen tiempo hasta la una, yo les invito a reunirse y, a que, antes
de las votaciones, si lo consideran oportuno, hagan una transmisión de la
voluntad o del sentir de esta Comisión hacia la Presidencia, por si
estimase oportuno hacer una declaración institucional.
No obstante, y en base también a esta cortesía parlamentaria, ya que
usted ha hablado por una cuestión de orden, si quieren, también el resto
de los grupos parlamentarios puede manifestarse en ese sentido.
Como no hay un orden preestablecido, siguiendo lo que es habitual en esta
Comisión, empezaremos por los grupos de menor a mayor, el Grupo Catalán
Convergència i Unió, Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán, señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Es éste un tema que nos ha preocupado en el
pasado, nos preocupa en el presente, y me gustaría que no nos preocupase
en el futuro. En todo caso, yo he hablado de él en mis intervenciones,
aunque no era el tema del debate, lo he puesto encima de la mesa porque
el subconsciente me ha fallado y me ha llevado a él, porque realmente la
gente que queremos al campo y que lo vivimos vemos cómo cada año de una
forma sistemática se están produciendo esos atropellos.
A mí me parece muy adecuado, y por tanto estaría de acuerdo con la
propuesta de la Presidencia, que se redactase una especie de comunicado
por todas las fuerzas políticas y que se le hiciese llegar al Presidente
del Congreso para que en la sesión de esta tarde se leyera y se pudiese
aprobar por unanimidad del Pleno del Congreso el posicionamiento de los
diferentes grupos políticos en contra de lo que es en este momento
terrorismo, entre paréntesis, los ataques que se están haciendo contra
los camiones españoles, y no es por el coste de la fruta que están
destruyendo, sino que están destrozando nuestras posibilidades de mercado
de futuro.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, compartiendo la misma
opinión que los grupos que me han precedido, ya tenemos experiencia que
año tras año nos vemos obligados a hacer iniciativas parlamentarias
instando al Gobierno español para que a su vez inste al Gobierno francés
para que ponga fin a todas estas actuaciones,
que nosotros realmente creemos que quiebran el principio de mercado único
y que además son tremendamente dañinas para un tipo de agricultura que de
por sí no está favorecida en la Unión Europea. También esta Comisión es
testigo de cómo estamos diciendo que precisamente los productos
hortofrutícolas se llevan una parte mínima de lo que es el presupuesto
comunitario y además tenemos graves problemas, porque también hemos de
firmar acuerdos, como hemos dicho anteriormente, el acuerdo euromagrebí,
que limita nuestra capacidad de incidencia en los otros mercados. Y yo
creo que sí, que requiere que haya una declaración institucional por
parte del Presidente del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, su portavoz, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, en primer lugar quiero hacer una
llamada de atención sobre que aprovechando que se está en el uso de la
palabra se introduzcan temas totalmente ajenos al orden del día pero que
son de actualidad. Es algo que reclamamos y tendrá que exigirse un cambio
en el Reglamento de esta Comisión para poder hacerlo habitualmente. El
resto de los grupos no hemos podido tomar esta iniciativa y hemos tenido
que acudir a los mecanismos habituales que ofrece el Reglamento de este
Parlamento para poderlo hacer en sede parlamentaria, quizá en otros
foros, como puede ser en el Pleno, porque aquí no podíamos hacerlo.
El Grupo Socialista en todo caso exigiría a la Ministra de Agricultura
que lo que estaba diciendo hace dos años por las mismas fechas su grupo
lo aplique en este momento. Creemos que no nos sirve la política de
gestos que se está practicando por parte de este Gobierno, queremos la
libre circulación de mercancías, la libre circulación de productos por
toda la Unión Europea y, por supuesto, la libre circulación de las
personas.
El señor PRESIDENTE: Señora Leiva, está haciendo alusiones a un
Ministerio, y esto significaría reabrir un debate, cuando yo creo que
aquí lo que se pide es un posicionamiento para trasladarlo a la
Presidencia. Si realmente empezamos con alusiones a instituciones, con
alusiones a personas, reiniciaríamos un debate y eso no está contemplado.
En ese sentido, le pido que se centre única y exclusivamente en lo que
han manifestado los portavoces de los grupos parlamentarios, si es que
llegan ustedes, como portavoces, a un acuerdo y se puede transmitir a
través de la Comisión de Agricultura una sensación, un sentimiento, una
voluntad de criticar una serie de actuaciones de una serie de
agricultores. Pero si hace alusiones a instituciones o a personas,
evidentemente los grupos políticos también querrán hablar de sus
manifestaciones, y yo lo que pretendo es que no se abra un debate que no
corresponde en estos momentos. Precisamente usted ha hecho alusiones al
Reglamento; evidentemente, se está redactando un nuevo Reglamento, pero
éste no contempla estas situaciones. Por lo tanto, yo le rogaría que se
centrase en las manifestaciones, sin tener en cuenta ni instituciones ni
personas, porque de alguna manera abriríamos un debate innecesario en
estos momentos.
La señora LEIVA DIEZ: De acuerdo, señor Presidente. En todo caso, el
Grupo Socialista, dependiendo de los términos en que se redacte ese
acuerdo, está dispuesto a manifestar su solidaridad con los agricultores
españoles, con los transportes españoles, y también está dispuesto a
posicionarse en contra de este terrorismo ejercido por agricultores
franceses. En todo caso, también quiere exigir al Gobierno español que no
haga una política de gestos, sino que cumpla con sus funciones como se le
ha encomendado. Por lo tanto, dependerá de los términos de la redacción
en el que estemos dispuestos a llegar a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Yo les invito a reunirse.
El señor MADERO JARABO: ¿Me permite, señor Presidente, intervenir como
autor inicial de este coloquio final de la Comisión?
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Madero, porque voy a suspender la
sesión hasta la una para celebrar las votaciones.
El señor MADERO JARABO: En mis palabras ha quedado bien claro que era una
invitación al resto de los grupos para expresar un sentimiento, que
entiendo que debe ser compartido, de repulsa hacia unos hechos concretos.
Además, he señalado que con independencia de las acciones que corresponda
tomar al Gobierno, porque para exigir esas responsabilidades al Gobierno
está precisamente esta Comisión y están el resto de los órganos de la
Cámara. Si realmente mis palabras van a servir para lograr un desacuerdo
final y además reglamentariamente no le corresponde a la Comisión, si es
preciso retiro esta iniciativa atípica y no tengo inconveniente en que
por mi parte se termine aquí la Comisión y no se hable más del tema.
El señor PRESIDENTE: Yo les invito a reunirse. Mientras tanto,
suspendemos la sesión hasta la una, hora en la que iniciaremos las
votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para proceder a las
votaciones de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día.
En primer lugar, proposición no de ley número 1, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, sobre conservación, defensa y ordenación de las
razas autóctonas españolas de animales domésticos, según la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el texto transaccional que sustituye a las proposiciones
no de ley números 2 y 3, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto,
que han sido refundidas en una enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre presentación de un plan de actuación para la
regeneración pesquera del litoral de la provincia de Málaga, según el
texto transaccionado y presentado por el Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 5 del orden del día, sobre medidas de apoyo
a la pesca de arrastre de fondo, según la transacción presentada por el
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa al cumplimiento del Reglamento (CE) número
2907/95 de la Comisión, de 15 de diciembre de 1995, referente a los
precios mínimos en las importaciones de salmón.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre medidas para solucionar la problemática del
tomate, presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 9 del orden del día, para posibilitar la
participación de las administraciones autonómicas en los órganos de
dirección de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa, según la
transacción presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la proposición no de ley de establecimiento del tipo
reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la madera para leña,
según el texto original presentado por el Grupo Catalán Convergència i
Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalizado el orden del día, levantamos la sesión.
Eran la una y quince minutos de la tarde.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del miércoles, 21 de mayo de 1997, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.