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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 237, de 20/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 237
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 15
celebrada el martes, 20 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Alcaraz Ramos (Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre acciones para dar cumplimiento a la proposición no de
ley aprobada por la Comisión de Educación y Cultura sobre creación del
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. (Número de expediente
181/000514) (Página 6812)
--Del señor Bayona Aznar (Grupo Socialista), sobre motivos por los que no
se ha cumplido el mandato recogido en la proposición no de ley aprobada
por la Comisión de Educación y Cultura, para la creación del Patronato
del Archivo de la Corona de Aragón. (Número de expediente 181/000596)
(Página 6812)
--Del señor Chiquillo Barber (Grupo Mixto), sobre trámite en que se
encuentra la elaboración de la norma estatal reguladora del Patronato del
Archivo de la Corona de Aragón. (Número de expediente 181/000602) (Página 6812)
Proposiciones no de ley:
--Sobre declaración por la Unesco del casco histórico de la ciudad de
Oviedo como Patrimonio de la Humanidad. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000419)
(Página 6816)
--Relativa al incremento del número y cuantía de las ayudas concedidas
por el Ministerio de Educación y Ciencia para la realización de cursos de
inglés y francés en el extranjero. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/000441) (Página 6819)
--Relativa a la adhesión de España, Francia e Italia en el proyecto para
impulsar la industria europea del cine. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000380) (Página 6821)
--Sobre diseño de un ciclo formativo de grado superior de enotecnia.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/000420) (Página 6825)
--Sobre la aprobación del currículo del ciclo formativo de grado superior
de enotecnia y el título de técnico superior enotécnico. Presentada por
el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000381)
(Página 6825)
--Sobre unidad de la lengua catalana. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000115) (Página 6829)
--Sobre la unidad de la lengua catalana. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000266) (Página 6830)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR ALCARAZ RAMOS (GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE
LEY APROBADA POR LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA SOBRE CREACION DEL
PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. (Número de expediente
181/000514.)
--DEL SEÑOR BAYONA AZNAR (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE NO
SE HA CUMPLIDO EL MANDATO RECOGIDO EN LA PROPOSICION NO DE LEY APROBADA
POR LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA, PARA LA CREACION DEL PATRONATO
DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. (Número de expediente 181/000596.)
--DEL SEÑOR CHIQUILLO BARBER (GRUPO MIXTO), SOBRE TRAMITE EN QUE SE
ENCUENTRA LA ELABORACION DE LA NORMA ESTATAL REGULADORA DEL PATRONATO DEL
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. (Número de expediente 181/000602.)
El señor PRESIDENTE: Señoras Diputadas, señores Diputados, damos comienzo
a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura prevista para el día de
hoy con arreglo al orden del día que obra en poder de todos ustedes, que
va a sufrir una modificación, a la que espero no haya ningún grupo
parlamentario que tenga objeción alguna, y es la de que las proposiciones
no de ley números 4 y 5 pasarían a tramitarse después de la número 8.
¿Hay alguna objeción? (Pausa.) De acuerdo.
Segundo. Si se puede contar con la colaboración de ustedes, cosa que doy
absolutamente ya por consabida, es posible que pudiéramos señalar como
hora para el debate las proposiciones no de ley números 9 y 10
aproximadamente la una, de modo tal que pudiéramos celebrar sobre las dos
menos cuarto las correspondientes votaciones de todas, si a ustedes les
parece. ¿Les parece a ustedes bien o prefieren ustedes que cada votación
sea detrás de cada proposición? Esta Mesa no es más que un instrumento al
servicio de los señores comisionados.
La señora GIL MIRO: Y señoras comisionadas.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores comisionados. Ya veo, doña Laura.
Sabe usted que uno tiene defectos de cómo se hablaba el viejo castellano
y todavía no hemos entrado en las nuevas modas, pero tenemos vocación de
ello.
¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
Vamos a empezar por la contestación a las preguntas que fueron objeto de
aplazamiento. Saludamos lógicamente
la presencia entre nosotros de don Miguel Angel Cortés, que viene
dispuesto a contestar a las preguntas que le van a ser formuladas por don
Manuel Alcaraz, don Bernardo Bayona y el señor Chiquillo. Como todas
hacen referencia a lo mismo, no creo que tengan ustedes inconveniente en
que haya un turno para los que formulan las preguntas, a las que
contestará de forma conjunta, y luego habrá una réplica. Yo no voy a
aplicar rigurosamente el Reglamento, que dice que las preguntas en
Comisión no tienen más tiempo que el doble que tienen en el Pleno, de
modo tal que inmediatamente les vaya a retirar la palabra. No. Apelo a su
sentido del tiempo y de la necesidad para que ustedes mismos se la
retiren en cuanto tengan ocasión.
Empezamos por la primera, que es la de don Manuel Francisco Alcaraz
Ramos.
Me indica, con muy buen criterio, el señor letrado que como hay un
conjunto de enmiendas a las proposiciones no de ley, todas las enmiendas
debidamente fotocopiadas, están en aquella mesa. Por favor, tampoco es
necesario que vayan ahora todos a recogerlas, podemos aprovechar un
momentito y, con un cierto disimulo, nos vamos levantando. Lo digo para
que parezca, que tampoco hace falta, pero para que parezca que hay un
cierto orden. (Risas.)
Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Formularé la pregunta en los mismos términos del
texto redactado. Solamente entienda el señor Cortés que obedece a la
ingenua curiosidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya de saber qué ha pasado para que después de bastantes meses
desde que esta Comisión aprobara una proposición no de ley, en la cual se
instaba al Gobierno, con la lógica colaboración de las comunidades
autónomas implicadas, a promover la creación del Patronato de la Corona
de Aragón, no tengamos noticias todavía de que se haya activado el
mecanismo, salvo quizá, al parecer, una reciente carta dirigida el día 6
a algunos consejeros de cultura de comunidades autónomas. Mucha
casualidad sería que después de no sólo registrarse, sino casi de estar
ubicado este punto en el orden del día, es cuando el Gobierno se haya
sentido en la obligación, en la necesidad, de actuar. Si así fuera, ya
justificaría esta pregunta, como entiendo que la petición de
comparecencias por otros grupos.
En cualquier caso, nos sigue pareciendo bastante incomprensible que no se
haya activado el mecanismo, que no se haya cumplido la proposición
aprobada por esta Comisión. Desde ese punto de vista, reiterando esa
curiosidad ingenua, le pido al señor Cortés explicaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Efectivamente, la Comisión de Educación y Cultura
aprobó la proposición no de ley en la sesión del 18 de septiembre y desde
entonces han transcurrido sobradamente los seis meses que señalaba el
mandato parlamentario. El mandato parlamentario era la creación del
Patronato mediante una norma estatal.
La pregunta que yo formulo, y quiero que esto se entienda claramente, es:
¿Por qué no ha cumplido el Gobierno el mandato parlamentario? Es decir,
pregunto los motivos del incumplimiento. Sin duda los habrá y además
tienen que ser de peso para incumplirlo, porque hay una voluntad unánime,
por primera vez hay una voluntad unánime del Congreso sobre esta
cuestión.
Yo confío en que usted nos lo explique, confío también en que abandone el
papel ya gastado de hacer de oposición de la oposición y no se limite a
decirnos que han pasado más años. Es verdad, han pasado más años, ha
habido Gobiernos socialistas, y el Patronato no se ha creado. También
podría decirle: nunca el Congreso aprobó una proposición no de ley
exigiéndolo; por tanto, nunca ha habido un incumplimiento de un mandato
parlamentario.
La cuestión no es ésa. Yo le puedo reconocer, y estoy dispuesto a
hacerlo, que no es fácil salvaguardar los intereses generales en esta
cuestión y poner de acuerdo a las cuatro comunidades autónomas. Estoy
dispuesto a reconocerlo, pero como supongo, y debo de suponer, la
voluntad de crear ese Patronato, díganos por qué no ha podido crearlo
hasta el momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, tiene la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Como bien se ha comentado por los que me han
precedido en el uso de la palabra, el pasado 18 de septiembre de 1996,
tras coincidir en la Comisión en la cual nos encontramos cuatro
iniciativas tendentes al mismo objetivo de que se creara el Patronato del
Archivo de la Corona de Aragón por mandato claro y riguroso de los cuatro
estatutos de autonomía vigentes respecto a los territorios que
conformaron la antigua Corona de Aragón --esto es; Cataluña, Aragón,
Comunidad Valenciana e Islas Baleares--, el mandato claro y rotundo de
esas proposiciones pensamos que tenía que haber sido ya, después de ocho
meses, cubierto y cumplido, de una manera clara y rigurosa por el
Gobierno.
Unión Valenciana, como uno de los proponentes de esta iniciativa, formula
esta pregunta en el día de hoy por cuanto no sabemos si se ha iniciado el
trámite preceptivo dentro del propio Gobierno, en el ministerio, respecto
a dar cumplimiento del mandato de esta proposición que se tomó en
consideración y se aprobó en esta Comisión el 18 de septiembre de 1996.
Queda claro y rotundo el mandato: Crear en el plazo de seis meses, con
participación efectiva de las comunidades autónomas y mediante la
correspondiente norma del Estado, el Patronato del Archivo de la Corona
de Aragón previsto en los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Aragón,
Comunidad Valenciana y Baleares. En dicho Patronato, las comunidades
autónomas tendrán la representación prevista en sus respectivos
estatutos. Ese era el mandato claro y rotundo que se establecía en
aquella proposición; por lo tanto, la pregunta ahora, ocho meses después,
es en qué trámite se encuentra la elaboración de la norma estatal
reguladora del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, máxime
cuando algunos consejeros de las comunidades
afectadas han dicho que no han recibido ningún tipo de comunicación al
respecto desde el Ministerio de Educación y Cultura.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, tiene la palabra para contestar
conjuntamente a las tres preguntas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
Presidente, desde que el nuevo Gobierno tomó posesión, la política de
diálogo con todos, con los sectores y con las comunidades autónomas, ha
sido la regla que ha guiado nuestras actuaciones y la búsqueda del
acuerdo en este diálogo.
En las reuniones que en el Ministerio de Educación y Cultura se han
tenido con todas las comunidades autónomas, y desde luego con las cuatro
comunidades autónomas de los antiguos territorios de la Corona de Aragón,
en todas ellas se ha tratado el asunto del Patronato del Archivo de la
Corona de Aragón, como no podía ser de otra forma. Este proceso se activó
con la proposición no de ley aprobada por unanimidad en esta Comisión el
18 de septiembre de 1996.
La razón por la que, después de todas estas conversaciones y después de
esta búsqueda del acuerdo de la proposición no de ley aprobada por
unanimidad en esta Cámara el 18 de septiembre, no hay en estos momentos
todavía una norma estatal vigente, tal y como dice la proposición no de
ley, es sencillamente que no se ha logrado a estas fechas el acuerdo
entre todas las comunidades autónomas. Y si el acuerdo hay que buscarlo
en todos los aspectos de la política estatal, parece que mucho más en
materia de patrimonio y, sobre todo, en los aspectos de patrimonio tan
cargados de un sentido simbólico como es el Archivo de la Corona de
Aragón.
A los solos efectos de una información, que sin duda es innecesaria para
la Comisión, pero quiero recordar que los cuatro estatutos de autonomía
de los cuatro territorios, las cuatro Comunidades Autónomas de la antigua
Corona de Aragón, señalan en disposiciones expresas:
El Estatuto de Catalunya dice en la disposición adicional segunda:
«Mediante la correspondiente norma del Estado y bajo la tutela de éste...
--del Estado--, se creará y regulará la composición y funciones de un
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrán
participación preeminente la Generalidad de Catalunya, otras Comunidades
Autónomas y provincias, en su caso.»
El Estatuto de Aragón, en su disposición adicional primera, dice:
«Mediante la correspondiente norma del Estado, y bajo la tutela de éste,
se creará y regulará la composición y funciones de un Patronato del
Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrán participación
preeminente la Comunidad Autónoma Aragonesa y otras Comunidades
Autónomas.» Asimismo, añade: «La Comunidad Autónoma de Aragón informará
el correspondiente anteproyecto de norma estatal a que se refiere el
párrafo anterior.»
La disposición adicional primera del Estatuto de las Islas Baleares dice:
«Mediante la correspondiente normativa del Estado y bajo su tutela se
creará y regulará la composición y funciones del Patronato del Archivo de
la Corona de Aragón, en el que tendrá participación preeminente la
Comunidad Autónoma de las islas Baleares en igualdad con las demás
Comunidades Autónomas afectadas.»
Finalmente, el estatuto de la Comunidad Valenciana, en su disposición
adicional segunda, dice: «El Gobierno valenciano y el Consejo de Cultura
informarán el correspondiente anteproyecto de la norma estatal que regule
la situación del Archivo de la Corona de Aragón, cuyo Patronato contará,
en todo caso, con una representación paritaria de las Comunidades
Autónomas interesadas en el mismo.»
Hay borradores, no ha llegado a haber un anteproyecto, que es lo que
dicen los estatutos que deben informar los Consejos de Gobierno de dos
comunidades autónomas, de Aragón y de Valencia. Ha habido borradores.
Efectivamente, una de SS. SS. ha aludido a un escrito enviado el día 6.
¿Cuál es la razón de enviarlo el día 6? Existía antes y se había
comentado con anterioridad, pero, como bien recordarán los miembros de la
Comisión, inicialmente estaba previsto que estas preguntas se
sustanciasen en una Comisión del jueves 24 de abril, cuya sesión fue
aplazada porque el Pleno de la Cámara se prolongaba a la tarde. Se fijó
como fecha el día 5 de mayo, lunes, día habitualmente no utilizado como
parlamentario, pero como pensaba que el lunes era el único día que no iba
a haber sesión parlamentaria, y que no iba a estar obligado a comparecer,
tenía unos compromisos fuera de Madrid y, por lo tanto, pedí a la
Presidencia el aplazamiento de esta sesión. Esa es la razón por la que no
se envió precisamente antes esta carta, para que no pareciese que era
después de formuladas las preguntas, que son de 5 de marzo o 20 y 21 de
marzo, cuando se presentaba este texto. Esto sí se ha planteado. Ahora,
ya una vez fijada esta Comisión, se envió un borrador pendiente del
acuerdo.
El acuerdo, insisto, no se ha logrado, y considera el Gobierno que, en un
asunto de esta entidad, hay que seguir intentando su logro para que una
institución de tal importancia en el patrimonio español esté regulada por
una norma que, siendo una norma del Estado y bajo la tutela del Estado,
tal como prescriben los estatutos de autonomía, cuente con el debido
acuerdo de los territorios más directamente afectados.
El señor PRESIDENTE: Con el recuerdo de que esto no es una comparecencia,
sino un trámite de preguntas, para que con toda brevedad pueda manifestar
su satisfacción o insatisfacción acerca de la respuesta obtenida, el
señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ: Insatisfacción, señor Presidente. La verdad es que
después de ocho meses y dos días de espera, la respuesta a esta pregunta
ha sido un curso de lectura jurídica, donde nos ha refrescado la memoria,
y algo así como la narración de una película que podría llamarse
Rocambole en el Archivo de la Corona de Aragón.
La verdad es que no se nos ha aclarado ninguna de las dudas que teníamos
y, a mí al menos, se me han acumulado otras más debido a esa extrañísima
narración de por qué se mandó la carta el día 6, como si no hubiera
habido antes
ocho meses para enviar la carta. ¿Qué tiene que ver eso con la
convocatoria de esta Comisión? En cualquier caso, lo único que ha venido
a reconocerse es que el hecho de pedir la comparecencia o de plantear la
pregunta es lo que ha forzado a que se vuelva a activar el procedimiento
de creación del Patronato.
En cualquier caso, seguimos sin saber por qué no se ha avanzado, por qué
no hay acuerdo, seguimos sin tener una fecha de posibles reuniones con
las comunidades autónomas y, en definitiva, la gran pregunta, que es: a
partir de ahora, ¿qué va a suceder con esto? o ¿tendremos que volver a
presentar otra proposición volviendo a instar al Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, también con brevedad.
El señor BAYONA AZNAR: En primer lugar, quiero empezar mi réplica con el
reconocimiento al señor Secretario de Estado por el tono y por el
contenido de su intervención, en el sentido de haber dado, desde mi punto
de vista, la respuesta al incumplimiento, es decir, es incapaz de lograr
el consenso necesario. Creo que eso es lo que queda de la respuesta de
hoy. Entiendo, lo he dicho anteriormente, que es difícil encontrar ese
consenso y me parece positivo que ante todo se proponga lograr no
solamente el consenso, sino que en cualquier negociación no se menoscabe
los legítimos intereses generales del Estado y los legítimos intereses de
todas y cada una de las comunidades autónomas. Eso es lo que me parece
más positivo de su intervención. Dicho esto, obviamente me parece que el
contenido es insuficiente. Es decir, yo comprendo que dada la dificultad
una forma de llenar el tiempo es contarnos aquello que ya en esta
Comisión los proponentes tuvimos que exponer, que era el contenido de las
disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía. Pero tengo que
decirle que lea las disposiciones adicionales que son, porque el Estatuto
de Autonomía de Aragón entretanto ha modificado esa disposición adicional
y la que nos ha leído ya no es la que está en vigor, hay un texto nuevo.
Por favor, yo creo que en Aragón eso se va a ver mal, puesto que
precisamente hubo una reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que
incluyó una modificación sobre este tema.
Voy terminando señor Presidente, quiero añadir que en la información
debería habernos dicho algo más, debería de apuntar cuáles son los
contenidos, las líneas generales, no digo el texto, pero al menos los
contenidos de ese borrador que hasta el 6 de mayo no tuvo ninguna prisa
por enviar. Hablar en reuniones de pasada, que es lo que al parecer dice
el Consejero de Cultura de Aragón, no es forma de tratar a fondo un
problema tan delicado. ¿Cuáles son las diferencias entre este borrador y
aquel que se aprobó en julio de 1984?, que es, a mi parecer, el punto de
partida de lo que debe ser el Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón.
Quiero recordarle que los socialistas, desde las diferentes instancias
--aquí en el Congreso y en las diferentes comunidades autónomas--, vamos
a velar para que se cumpla lo que dicen los Estatutos, vamos a velar para
que no haya comisiones que tengan personalidad jurídica no dependiente
del Patronato, y le estoy diciendo el meollo de la cuestión. Ustedes
tienen en su mano una oportunidad histórica única. Gobiernan en tres de
las comunidades autónomas afectadas, presiden el Gobierno de España y
además tienen un pacto de gobernabilidad con la otra comunidad autónoma.
Nunca se dio tal coincidencia de color político para intentar el
consenso. Sé que es difícil, ustedes tienen una oportunidad mejor que la
que tuvimos los Gobiernos socialistas. Aprovéchenla.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, tiene la palabra para su turno de
réplica.
El señor CHIQUILLO BARBER: Hay ciertas dudas, y coincido en que no hemos
avanzado, pero no en los últimos ocho meses desde que se adoptó el
acuerdo en la Comisión, sino prácticamente en los últimos quince años.
Yo querría, aparte de la explicación que nos ha dado hoy, porque todos
conocíamos las disposiciones adicionales donde se contempla en los
respectivos estatutos plantear cuál es la cuestión, que es clara: crear
el Patronato bajo la supervisión del Estado, una norma de carácter
estatal, con la participación efectiva de las comunidades autónomas. Nos
gustaría saber en Unión Valenciana, porque usted debe de conocerlo, dónde
está el desacuerdo, porque está claro que si no se ha avanzado es porque
hay desacuerdo, obstáculos o impedimentos de fuerza mayor, entre
comillas, que impiden que se avance no en los últimos ocho meses, sino en
los últimos catorce o quince años. ¿El desacuerdo está en las comunidades
autónomas?, ¿entre las comunidades autónomas, alguna de ellas con el
Estado?, ¿entre las propias comunidades autónomas? ¿Hay algún veto de
alguna comunidad o es el propio Estado el que no tiene voluntad, o le es
más cómodo no impulsar con su decisión y voluntad política que el
Patronato llegue a buen puerto? Por lo tanto, me gustaría saber, si
existe desacuerdo, dónde existe, si son las comunidades autónomas, si es
la poca voluntad del Estado, si hay veto de alguien, de alguna comunidad,
o no tiene excesivo interés el Estado, porque lo que realmente se denota
en todo esto es que hay poca voluntad política de afrontar, de solucionar
el mandato de los Estatutos y el mandato de esta Comisión. Se ha hecho
más de un borrador por las propias comunidades, se han sugerido ideas, y
en el año 1984 se elaboró uno. No pasar de la fase de borrador es avanzar
muy poco. La demanda es clara y rotunda y la aspiración de las
comunidades autónomas que estaban involucradas en el Archivo de la Corona
de Aragón es que esta norma salga adelante porque, como usted muy bien ha
dicho, se trata de cuestiones patrimoniales, cuestiones de sentimiento,
cuestiones de historia y no podemos estar esperando quince años más a que
se haga realidad este Patronato por el bien del patrimonio de estas
cuatro comunidades que conformaron el Archivo de la Corona de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para el turno de réplica, el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
Presidente, el Gobierno tiene el mayor interés en crear este Patronato,
pero lo condiciona a que haya un acuerdo en torno a ese texto.
Yo no tengo inconveniente, señor Bayona, en hacer que circule el texto,
el borrador del real decreto que se ha enviado a los consejeros de
Cultura de las cuatro comunidades autónomas para que se vea cuál es la
posición de arranque; mientras tanto sí se han mantenido conversaciones
en torno a los textos que presentaban unos y que presentaban otros. El
texto que oficialmente ha enviado el Ministerio a través de la
Presidencia, con mucho gusto lo dejo para los miembros de la Comisión.
Los límites son claros para este texto. Primero, la titularidad estatal
del Archivo. El Archivo de la Corona de Aragón, al igual que el Archivo
de Indias, al igual que el Archivo de Simancas, al igual que el Archivo
Nacional, son los archivos de cabecera de los archivos históricos
españoles, tal y como por otra parte prevé la Constitución en todos los
estatutos de autonomía que forman parte del bloque de la
constitucionalidad. En segundo lugar, la presencia de todas las
comunidades autónomas de los antiguos territorios de la Corona de Aragón
de forma paritaria. Aquí hay una dificultad en la propia redacción de los
estatutos, y por eso me he permitido leerlo, dando por sentado que todos
los miembros de la Comisión conocían la redacción de los estatutos.
Cuando en tres de ellos se habla de la presencia preeminente de la
comunidad autónoma, cuya organización se regula en ese estatuto, se
plantea un problema que sin duda está en el origen de las dificultades
que han impedido que hasta ahora haya un Patronato regulador del Archivo
de la Corona de Aragón y que en estos momentos hace que todavía no se
haya conseguido el acuerdo. Tenemos la esperanza de que el acuerdo se va
a poder lograr, continuamos en el diálogo con todas las comunidades
autónomas. Hay documentos que pueden ser una primera base para estas
conversaciones. Insisto en que se trata de un borrador. Cuando sea
anteproyecto, antes, según prescripción estatutaria, tiene que ser
informado por los Gobiernos de Aragón y de Valencia y por el Consejo de
Cultura de Valencia; sólo cuando haya superado estos trámites, pasará a
ser norma del Estado.
Es verdad que en ningún sitio se dice que tiene que haber el acuerdo de
todas las comunidades de manera expresa, pero el Gobierno sí se ha
establecido esta limitación. Entendemos que el mandato constitucional de
garantizar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de
acuerdo con ellas, debe interpretarse en este caso en el sentido, de que
debe haber un acuerdo de las comunidades afectadas, según sus normas
estatutarias, por la regulación del Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia recibe el borrador, que queda a
disposición de todos los grupos parlamentarios en secretaría para su
consulta.
De nuevo le agradecemos su presencia en esta Comisión, convencidos además
de que la próxima vez que venga usted tendrá un papel un poco menos
difícil.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE DECLARACION POR LA UNESCO DEL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE
OVIEDO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000419.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre declaración por la
Unesco del casco histórico de la ciudad de Oviedo como patrimonio de la
humanidad, a instancias del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Doña Alicia Castro tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, y sea
bienvenida a esta Comisión.
La señora CASTRO MASAVEU: Señorías, me honra defender hoy en esta Cámara
la presente proposición no de ley que tiene como objetivo instar al
Gobierno a que realice las gestiones oportunas ante la Unesco para que la
ciudad de Oviedo sea declarada patrimonio de la humanidad.
Permítaseme confesar mi orgullo manifestando que a mi condición de
ovetense se suma el de ser la responsable a nivel municipal de este
proyecto. El fin que persigue esta proposición no de ley es la defensa de
nuestro patrimonio que, a mi modo de ver, encierra una forma de entender
el mundo que debiera de ser obligación de todos los gobiernos, dada la
responsabilidad que tenemos ante las generaciones venideras.
La ciudad de Oviedo que contemplamos fue concebida como un modelo urbano
desde su fundación, ex nihilo, como plan regio de diseño urbanístico. Una
pequeña monarquía, la que rigió los destinos del asturorum regnum,
decidió escoger una ubicación sorprendente en la que no existía tradición
urbana para fundar una ciudad regia que habría de servir como modelo para
muchas fundaciones posteriores de la Europa altomedieval.
Oviedo, capital del Principado de Asturias, encierra en su término cuatro
edificios que desde el año 1985 gozan de la declaración de la Unesco como
patrimonio de la humanidad. Santa María del Naranco y San Miguel de
Lillo, situados en la falda meridional del monte Naranco, que ciñe por el
norte el contorno de la ciudad, y Santullano y la Cámara Santa de la
catedral, son cuatro de los seis monumentos seleccionados por la Unesco
con la denominación de iglesias prerrománicas del antiguo reino de
Asturias. A estos monumentos hay que añadir la Fontcalada (?), que es un
excepcional y enigmático testimonio de los equipamientos hidráulicos
altomedievales, merecedor sin duda de engrosar la lista de bienes del
patrimonio de la humanidad junto con los ya mencionados.
Estas circunstancias permiten por sí mismas solicitar la ampliación al
casco urbano histórico de la ciudad, bien definido en la trama urbana, al
conservar un considerable lienzo de la muralla erigida en el siglo XIII.
Dentro de ella, una llamativa concentración de edificaciones destinadas a
fines religiosos, como son la basílica de San Salvador, con rango de
catedral, la basílica de Santa María, la Cámara Santa, el palacio
episcopal, el convento de San Vicente, el
monasterio de San Juan Bautista, hoy San Pelayo, la basílica de San Tirso
y el templo de Santa María de la Corte. La génesis de este núcleo urbano
representó un ejemplo, razonablemente conservado en su trama, de los
grupos episcopales altomedievales.
Oviedo, pese a los cambios que produce el transcurso del tiempo, ha
sabido conservar fosilizada la trama inicial de su origen, lo que la
convierte en un ejemplo privilegiado del planeamiento urbano altomedieval
hispánico.
Queda por recordar la circunstancia de haber albergado la sede del trono
durante un largo siglo, el IX, lo que acrecienta el interés de esta
ciudad, en cuyo casco histórico se erigen, entre los siglos XIV y XIX,
extraordinarios palacios nobiliarios.
Oviedo no requiere la recuperación arqueológica de sus raíces, pues la
raíz se hace patente con la sola observación de su trazado, que es una
viva fuente de información histórica, que afortunadamente hemos sabido
conservar en el transcurso de los siglos y muy especialmente durante los
últimos años, con unos planes de protección de este casco histórico, a
base de peatonalizaciones y de pintura y conservación de todas las
fachadas de los edificios que en él se encuentran.
Por todo ello hoy el Grupo Popular presenta para su aprobación en esta
Comisión la proposición no de ley, que se suma a la iniciativa del pleno
del Ayuntamiento de Oviedo, de instar al Gobierno para que solicite a la
Unesco la declaración, por ampliación, de la ciudad de Oviedo como
patrimonio de la humanidad.
El señor PRESIDENTE: No ha habido ninguna enmienda presentada a esta
proposición no de ley. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Señora Solsona, tiene la palabra, por el Grupo Catalán.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señorías, la historia de la ciudad de Oviedo
va unida a la monarquía asturiana. Pocos años después de que don Pelayo,
tras su legendaria victoria sobre los árabes en Covadonga, iniciara en
Cangas la voluntad de recuperación.
Oviedo nació en una confluencia de caminos, en la colina de Oveto, lugar
abandonado y desde antiguo desierto, como dicen las crónicas. Alfonso II
levantó la urbe regia, estableció allí la corte y sobre la antigua
basílica que Fruela I dedicó al Salvador, inició una serie de monumentos
de los cuales son muestra Santa María, San Tirso y la Cámara Santa, por
lo que puede tenérsele como fundador de la ciudad en cuyo solar reposan
sus restos.
La Cámara Santa es un reducto de la primitiva basílica del Salvador,
guarda la simbología de la razón de ser de Asturias, junto con una de las
más bellas creaciones del románico, Los Doce Apóstoles. El interior del
tesoro alberga numerosas piezas de orfebrería antigua de incalculable
valor histórico, entre ellas la Cruz de la Victoria que, según la
tradición, enarboló Pelayo en Covadonga y que Alfonso III hizo recubrir
de piedras preciosas en el año 908.
Santa María del Naranco, antiguo palacete de Ramiro I transformado
después en iglesia, San Miguel de Lillo de la misma época, la capilla de
Santa Leocadia, San Julián de Prados o Santullano, todos estos restos
constituyen un elemento histórico de incalculable valor.
El Oviedo medieval, que podemos encuadrar entre las calles del Postigo
Alto y del Paraíso, con restos del antiguo muro o cerca, Jovellanos,
Mendizábal, el Cajal del Peso, Sol y la plaza del Ayuntamiento, forman un
circuito histórico de gran belleza que bien merece ser declarado
patrimonio de la humanidad.
Por lo tanto, nuestro grupo apoyará indiscutiblemente esta proposición no
de ley para que Oviedo sea considerado patrimonio de la humanidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: De manera brevísima, pues entendemos que bastarán
algunas palabras para fijar la posición favorable de nuestro grupo a la
propuesta que ahora se formula.
Anteriores intervinientes han señalado con suficiente claridad y
rotundidad los elementos históricos y artísticos que contribuyen a
configurar de esta ciudad, Vetusta, un auténtico hito en la historia del
arte, porque uno de los requisitos que entendemos que debe verse recogido
por la Unesco en las declaraciones de patrimonio de la humanidad es la
singularidad del arte. Por lo tanto, tanto el conjunto ciudadano que
ofrece como en particular estas iglesias que eran citadas especialmente,
contribuyen a que la unanimidad debiera ser completa, como creemos que va
a ser hoy.
Simplemente, para acabar, haré una breve reflexión. Varias proposiciones,
similares a ésta se están formulando, están en esta Cámara. Creo que va a
ser difícil que esta Cámara se pronuncie en contra de cualquiera de las
que venga, y debería pedirse al Gobierno que ejerza, por la vía
diplomática que sea oportuna, la presión necesaria para que esto de
verdad no quede en meros pronunciamientos, que satisfacen mucho a los
cuidadanos de algunas ciudades, islas, comarcas o provincias, sino que
efectivamente tengan el respaldo necesario por parte del Gobierno, sin
que pueda servir de excusa este lugar común que se está generalizando de
que España, junto con otros Estados como Italia o Francia, disponen ya de
mucho patrimonio de la humanidad. Ha sido un legado de la historia que
tenemos la obligación de cuidar, pero también tenemos la obligación de
reivindicar ese reconocimiento internacional que supone la declaración.
Por lo tanto, enhorabuena a Oviedo y enhorabuena a esta Comisión porque
entendemos que se va a adoptar una buena decisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
y dándole la bienvenida, don Alvaro Cuesta tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTINEZ: En efecto, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, quiero expresar nuestro voto favorable a esta proposición no
de ley por la que
se insta al Gobierno a que realice y promueva las gestiones oportunas
para declarar, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a la ciudad de Oviedo como
patrimonio de la humanidad.
Quien les habla es no sólo Diputado por Asturias y ovetense, sino también
en los momentos presentes, y de ahí quizá un cierto tráfico de
influencias que voy a ejercer o intentar ejercer de manera innecesaria en
esta Comisión, concejal portavoz del primer grupo de la oposición, del
Grupo Municipal Socialista, en el Ayuntamiento de Oviedo. En este
sentido, podría efectivamente ser considerado juez y parte, pero lo que
quiero transmitir a SS. SS. es que estoy firmemente persuadido de los
méritos de Oviedo para obtener esta categoría.
Hemos votado --y se ha recordado-- de manera unánime en el pleno del
Ayuntamiento de Oviedo del 7 de enero del presente año para iniciar este
expediente. Estamos ante una iniciativa que cuenta con el unánime
entusiasmo de la ciudadanía ovetense, con el máximo apoyo, porque unos
ciudadanos que se han caracterizado por una activa y sensible defensa de
su patrimonio en el impulso de las políticas de restauración y
conservación de la ciudad. Sin embargo, esta actitud no se debe juzgar
como chovinista, como una actitud que esconde un afán posesorio, sino con
afanes de generosidad, porque Oviedo lo que pretende con esta iniciativa
es abrirse universalmente para poner en común las joyas que representan
aspectos fundamentales de la historia no solamente de España, sino
también de la humanidad. A esta iniciativa se ha sumado la Junta General
del Principado de Asturias el 4 de abril del presente año, y muy
recientemente, el 6 de mayo, por asentimiento unánime, se ha sumado
también el Senado. Es un dato que quisiera aportar.
Como ustedes saben, ya tenemos cuatro monumentos que en 1985 han sido
declarados por la Unesco patrimonio de la humanidad. Fue aquél un empeño
iniciado por las administraciones socialistas --Ayuntamiento, Principado
y Gobierno-- y que obtuvo un general y unánime apoyo y colaboración de
todas las fuerzas políticas.
Oviedo hoy no es solamente un ejemplo de ciudad que cuenta con joyas y
aspectos históricos importantes; es también un ejemplo de ciudad
restaurada y bien conservada, con políticas de peatonalización, de
habitabilidad, de rehabilitación, iniciadas por un alcalde socialista y
continuadas por un alcalde del Partido Popular. En esa filosofía ha
habido, y quiero transmitirlo, una continuidad con importantes
coincidencias en estas políticas, a las que por supuesto no soy ajeno,
más allá de algunas divergencias, a veces de importancia, sobre gestión
económica, urbanística o estética. Por eso yo quisiera, antes de nada,
sumarme a esta iniciativa de mi colega, la Diputada y concejal de Oviedo,
doña Alicia Castro Masaveu, a la que felicito por su meritorio trabajo en
este empeño.
Oviedo tiene, efectivamente, méritos suficientes. Han sido expuestos en
todas las intervenciones que me han precedido. No solamente hay méritos
en cuanto a patrimonio histórico, cultural, joyas arquitectónicas del
prerrománico, sino que Oviedo tiene una historia y hay vestigios
importantes de la misma en su museo arqueológico. En el museo
arqueológico existen materiales solutrenses pertenecientes a la Cueva de
las Caldas que aclararon aspectos muy importantes sobre la cultura
suprapaleolítica. Oviedo ha sido capital del Reino, ha sido corte, ha
sido una corte relanzada no solamente por el rey Fruela I, sino por
Alfonso II, que fue un monarca, y esto es un aspecto importante que
quisiera resaltar, que pretendió recrear un Toledo en miniatura al
urbanizar la capital de Oviedo. La razón política era evocar el pasado
godo, en una España en aquel momento musulmana, del que se consideraba
restaurador en todos los órdenes --político, religioso, artístico--,
encaminando sus esfuerzos a su recuperación. Como fruto de aquello se
generó un movimiento cultural muy importante conocido como arte
asturiano, que representa la fusión de múltiples aportaciones autóctonas
básicamente, pero también carolingias, godas, italianas, orientales,
etcétera.
Sin que sea interpretado como una manifestación de grandonismo asturiano
o como un exceso de pasión o chovinismo, quisiera traer a la luz una cita
que demuestra lo que representó históricamente, y no sólo como acción
cultural, sino como motor también de nuestra propia historia, la ciudad
de Oviedo. Decía y escribe el catedrático de historia medieval, Juan
Ignacio Ruiz de la Peña Solar, que Oviedo es la ciudad más antigua de la
España cristiana medieval. Interrumpida la vida organizada en los centros
urbanos hispanos de tradición hispano-goda por la invasión musulmana,
Oviedo surge en el siglo VIII siendo el centro político del Reino de
Asturias, de una nueva corte que trata de emular a la irredenta Toledo.
Por supuesto, todo esto provocó unas manifestaciones muy importantes que
se conservan y que han irradiado la configuración de una personalidad que
pretende expandirse con ese carácter universal y con ese aspecto
generoso. Existían, y hay referencias importantes también, otros
movimientos artísticos y culturales; Oviedo en la literatura, Oviedo la
bien novelada, Oviedo como ciudad que tiene una de las universidades más
antiguas de España, fundada en 1608 por el Obispo Valdesala, Oviedo que
tiene múltiples aspectos, múltiples palacetes, múltiples obras
arquitectónicas de los siglos XVII y XVIII, que forman parte también de
un patrimonio importante. Apunto como anécdota, y no me lo interpreten
como un ejemplo de sectarismo, sino como un intento de transmitir algo al
resto de los partidos políticos, que hay un edificio en Oviedo, de entre
los múltiples y ricos edificios de los siglos XVII y XVIII, en este caso
del XVIII, el edificio Campomanes, que la Agrupación Municipal Socialista
de Oviedo rehabilitó, que en estos momentos es la sede del Partido
Socialista Obrero Español en Oviedo y que representa una aportación a la
restauración y rehabilitación. Por supuesto, de mayor riqueza hay
múltiples palacetes, ya digo, de los siglos XVII y XVIII que forman parte
de la ciudad de Oviedo.
Oviedo, decía, tiene múltiples aportaciones en la Ilustración, en la
cultura, una impresionante oferta museística, una gran conservación
cultural, y por eso, y con esto acabo, señor Presidente, señorías, creo
que la candidatura de Oviedo, el que Oviedo pretenda obtener esta
declaración
de la Unesco y el que se inste al Gobierno para que apoye con el mismo
entusiasmo que los ovetenses esta iniciativa, esconde exclusivamente una
vocación, y es la vocación de abrir Oviedo con un espíritu universal,
mirando hacia el futuro y aportando una muy rica historia de la
humanidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, de no tratarse de la ciudad de Oviedo,
lógicamente, no hubiera habido esta complacencia por parte de la
Presidencia para intervenir tanto. En todo caso, habrá que felicitar al
Concejo de Oviedo por tener unos concejales así, y si de verdad logran
ustedes, si logramos todos, que sea reconocida como patrimonio de la
Humanidad y hay un festejo, la Comisión de Educación, fueren cuales
fueren los que en ese momento la compongan, tendrá mucho gusto en ser
invitada por el Ayuntamiento. (Risas.)
--RELATIVA AL INCREMENTO DEL NUMERO Y CUATIA DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PARA LA REALIZACION DE CURSOS DE
INGLES Y FRANCES EN EL EXTRANJERO. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000441.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa al incremento y
cuantía de las ayudas concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
para la realización de cursos de inglés y francés en el extranjero, cuyo
autor es el Grupo Socialista del Congreso. ¿Quién va a defender por el
Grupo Socialista esta proposición? (Pausa.) Señor Martinón, tiene la
palabra.
El señor MARTINON CEJAS: En el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de
febrero se publican dos órdenes por las que se convocan ayudas para
cursos de verano de inglés, en Gran Bretaña e Irlanda, en el mes de
agosto y de francés, en Francia, el mes de julio. Un año antes hubo una
convocatoria similar, pero hay tres importantes diferencias entre ambas
convocatorias.
En la convocatoria del verano pasado hubo 2.000 plazas de inglés y 1.000
plazas de francés, sumando un total 3.000 las que se ofertaban a los
alumos. En la convocatoria para este verano de 1997, las plazas de inglés
se han reducido a 1.500, las plazas de francés se han reducido a 500, por
lo que el número total se ha reducido a 2.000. Resumiendo, se ha pasado
de convocar 3.000 a convocar 2.000 plazas.
En la convocatoria del verano de 1996, del año pasado, a los alumnos no
se les exigía abonar ninguna cantidad. En la convocatoria para este
próximo verano a los alumnos se les exige abonar 50.000 pesetas. Esta es
la segunda importante diferencia entre ambas convocatorias.
La tercera diferencia importante es la siguiente: en el verano pasado
había una ayuda adicional para aquellos alumnos que no residían en los
lugares de donde saldría la expedición a esos países extranjeros.
Concretamente, a aquellos alumnos que fueran a Francia y que vivieran en
la Península se les abonaba 10.000 pesetas, y a los que fueran de inglés,
15.000 pesetas; a los alumnos residentes en Baleares, Ceuta y Melilla se
les daba una ayuda de 25.000 pesetas, y a los alumnos residentes en
Canarias o en el extranjero se les daba una ayuda adicional de 50.000
pesetas. Esto significa que aquellos alumnos que el verano pasado fueran
receptores o beneficiarios de estas ayudas pagaban, si vivían en Canarias
o en el extranjero, pagaban 100.000 pesetas menos de lo que van a tener
que pagar este año sus compañeros que sean beneficiarios de las ayudas.
Análogamente, para los alumnos residentes en Baleares, Ceuta y Melilla,
los de este año van a tener que pagar 75.000 pesetas más que sus
compañeros del año pasado, y para los que residan en la Península 65.000
ó 60.000 pesetas más que el año pasado.
Esta situación, que los socialistas consideramos grave, supone un
retroceso importante en la mejora de la educación, un claro empeoramiento
de la educación para alumnos becarios, porque no he dicho y quisiera
insistir en ello, señor Presidente, que para poder participar en este
concurso de ayudas es imprescindible ser becario. A algunos de ellos se
les va a exigir, se les está exigiendo ya, en la convocatoria de este
año, hasta 100.000 pesetas más de lo que se les reclamaba en el curso
pasado. Esto ha motivado que el Grupo Parlamentario Socialista haya
presentado una proposición no de ley con el fin de que esta situación se
corrija.
Esa proposición no de ley, que sin duda SS. SS. conocen, contiene cuatro
puntos. En el primero de ellos se pretende que se adopten las medidas
oportunas para que los alumnos beneficiarios de las ayudas queden
compensados por el abono de cantidad alguna que hubieren debido
desembolsar, bien para ser adjudicatorios de las mismas, bien para
desplazarse desde sus distintas zonas al punto de salida del viaje. Es
decir, instamos al Gobierno a que corrija la exigencia de abono por parte
de los alumnos de una cantidad y compense a aquellos que no residan en el
lugar de salida del viaje.
El segundo punto de nuestra proposición no de ley, dice: Asimismo, y en
su caso, se efectúe una nueva convocatoria para los alumnos que no
hubieren podido ser beneficiarios de las ayudas por carecer de recursos
económicos que les permitieran la posibilidad de ser adjudicatorios o de
desplazarse al punto de salida del viaje. Es decir, la convocatoria de
este año muy posiblemente ha hecho que multitud de alumnos que hubieran
participado en una convocatoria con unas bases diferentes no lo hayan
hecho. Hay alumnos que habrían acudido a una convocatoria que no hubiera
contenido las exigencias de abono económico que la de este año sí
contiene.
En tercer lugar, incluimos en nuestra proposición no de ley que se
concedan ayudas adicionales a alumnos domiciliados en provincias
diferentes a la del punto de salida del viaje en cuantías similares a las
de las convocatorias del curso anterior. Es evidente que si queremos que
a todos los alumnos se les trate de forma similar, los que no residan en
el lugar de donde salgan las expediciones, han de recibir
algún tipo de ayuda para poder trasladarse desde su domicilio a esa
ciudad.
En cuarto lugar, señor Presidente, solicitamos que en las convocatorias
del próximo curso se cumplan los puntos 1 y 3 anteriores y que además el
número máximo de ayudas no sea inferior a 4.000, con el objeto de obtener
el nivel alcanzado en convocatorias anteriores y compensar la disminución
realizada en el presente curso. Solicitamos, por lo tanto, que esa
disminución de 3.000 a 2.000 plazas sea compensada en la convocatoria del
próximo curso con 1.000 plazas adicionales.
Nos parece que la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista es
razonable, es justa y contribuye a la defensa de aquellos alumnos con
menos recursos económicos para que ellos también alcancen y logren una
buena educación. No puedo dejar de decir, señor Presidente, que esta
medida que ha adoptado el Gobierno de drástica reducción de este tipo de
ayudas forma parte, lamentablemente, de una política general que tiene
este Gobierno, y en particular el Ministerio de Educación y Cultura, de
favorecer a quienes más dinero tienen, en lo que se refiere al sistema
educativo, y continuar perjudicando a los que menos dinero tienen.
Estas son las consideraciones, señor Presidente, que en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista hago en defensa de nuestra proposición no de
ley, solicitando el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la misma.
El señor PRESIDENTE: ¿Fijación de posición por parte de los Grupos
Parlamentarios? (Pausa.)
Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Aramburu tiene la
palabra para fijar su posición con respecto a esta proposición no de ley.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, con la brevedad que
requieren los temas que son obvios, he de decir, porque no podría ser de
otra manera, que vamos a sumarnos a esta proposición no de ley, que lo
que hace ni más ni menos es volver a poner el dedo en la llaga sobre lo
que hemos venido denunciando sistemáticamente: que unos presupuestos
restrictivos van justamente de nuevo a encender el piloto rojo de la voz
más débil, como son los sectores y los territorios más discriminados por
este Ministerio de Educación y Cultura.
Efectivamente, lo que se demuestra con esta restricción de plazas en los
términos planteados por el compañero del Grupo Socialista, es que la
práctica del bilingüismo doña Esperanza la considera para las élites. En
este sentido, efectivamente aquí hay una foto fija que de ninguna de las
maneras podrá ella desmontar porque aclara suficientemente cuál es su
concepto de quién debe hablar sólo en su lengua materna y quién puede
tener la posibilidad de compartir otros idiomas y otras lenguas,
solamente aquel que más puede, por el hecho de la disminución planteada
en las ayudas en las becas.
Efectivamente, yo creo que ella quiebra --y ese quiebro es de alguna
manera inconsciente porque se recurre a un modelo ideológico muy acabado
que tiene planteado el Partido Popular-- el concepto del alumno aplicado
y socialmente deficitario. Es decir, a partir de ahora, el concepto del
alumno que es tremendamente estudioso y quiere acceder a tener un mejor
conocimiento saliendo al extranjero con ayudas, etcétera, se quiebra con
esta merma en las ayudas y con las condiciones planteadas a partir de
febrero de este año.
Nosotros nos vamos a sumar a todas las medidas que entran en el marco de
las políticas compensatorias, con el razonamiento que se ha arbitrado de
ampliación de plazos y fundamentalmente aumentando las cuantías de las
ayudas a todos aquellos cuyos orígenes no les permite acceder a ella y,
por supuesto, vamos a plantear también que se amplíe el plazo previsto
hasta el día de hoy para que todos aquellos alumnos que se hayan quedado
fuera por razones sociales puedan incorporarse. En este sentido, y por
las razones aludidas, nosotros vamos a sumarnos con un voto favorable,
como no podía ser de otra manera, a la proposición no de ley del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Aragonés,
tiene la palabra.
El señor ARAGONES LLORET: Señorías, la proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista relativa al incremento del número y
cuantía de las ayudas convocadas por el Ministerio de Educación y Cultura
para la realización de cursos de inglés y francés en el extranjero, no
podrá ser aceptada por el Grupo Popular, entre otras, por las siguientes
razones.
Se ha realizado la convocatoria, señorías, basándose en el número de
solicitudes que se hizo en años anteriores. Por lo tanto, señor
Presidente, no es que se haya reducido el número de alumnos, sino que se
adecua la convocatoria al número de alumnos que, a nivel de media, se
había dado en años anteriores.
Es importante señalar que el citado programa de ayudas se pone en
práctica a través de empresas del sector, seleccionadas mediante concurso
público y abierto, y que organizan tanto el viaje de los alumnos como su
estancia en el país correspondiente con familias nativas. Los cursos de
lengua, las actividades culturales y deportivas complementarias, el
seguro, así como cualquier otra actividad, queda cubierto con el precio
de dicha convocatoria.
El importe de la ayuda a conceder no se fija, por tanto, aislada ni
caprichosamente, sino en relación con el precio que las empresas que
resulten adjudicatarias han ofertado en el correspondiente concurso que,
repito, es público y abierto, y se determina en razón de una serie de
costes, como son el precio de los vuelos, de los cursos, el cambio de
moneda y otros.
El Grupo Popular valora positivamente que los alumnos aporten una parte
de pesetas, principalmente respondiendo a dos finalidades. La primera es
de orden puramente práctico y deriva de la experiencia reconocida por
este ministerio en años anteriores, que S. S. conoce muy bien, en que se
produjeron numerosas renuncias de alumnos adjudicatarios de la ayuda.
Como dato diré que el curso pasado se superaron las 300 renuncias, y, lo
que es más grave, la mayoría de ellas ni siquiera se notificaron al
ministerio ni a la empresa organizadora, simplemente el alumno no acudía
a la salida del avión, imposibilitando así
la adjudicación de su ayuda a otro alumno en lista de espera. Es de
esperar que con, con la medida que se ha adoptado, en este curso no se
produzcan esas renuncias a última hora que implicaban la pérdida de
plazas que hubieran podido ser aprovechadas por otros solicitantes.
La segunda razón apunta a una cuestión más de fondo, y se refiere a que
el Gobierno promociona políticas que involucren a la sociedad en la mayor
medida posible, que es, por otra parte, la orientación seguida más
recientemente en las becas concedidas en la Unión Europea, que hacen
hincapié en la progresiva participación de las familias.
La primera razón anteriormente apuntada no se explica si no tiene en
cuenta el menor valor que se concede a las cosas que se pueden obtener de
forma totalmente gratuita. Hay que señalar también que la cantidad a
aportar por los alumnos representa menos de una tercera parte del coste
total del programa de la beca.
Por otra parte, se destaca que no es ésta la única actividad de
aprendizaje de lenguas extranjeras que se promueve por parte del
Ministerio de Educación y Cultura. Así cabe citar el convenio con el
British Council, destinado a que los niños más pequeños se inicien en una
enseñanza bilingüe con profesores nativos, el programa That's English, en
el que participan 85.435 alumnos que aprenden inglés a distancia; la
convocatoria de ayudas para intercambio entre centros españoles y centros
de la Unión Europea, en el que han participado 1.476 alumnos, y el
programa Sócrates Lingua Accione, en el que han participado 8.008
alumnos.
Por tanto, Señorías, el Ministerio no discrimina, sino que intenta
practicar la eficacia de unos presupuestos que son una exigencia que nos
indica una gestión positiva.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, el Grupo Popular no votará a
favor de la propuesta hecha por el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Como realmente ha habido en la manifestación de
posiciones una postura contraria, no estorba al debate que haya, por muy
poquísimo tiempo, una réplica del señor Martinón y una contrarréplica del
señor Aragonés.
Señor Martinón, con toda brevedad, teniendo en cuenta que es inusual esta
práctica.
El señor MARTINON CEJAS: Créame que seré breve, señor Presidente.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho un conjunto de
obviedades y, por otro lado, ha reproducido respuestas que por escrito el
Gobierno ha hecho a compañeros de mi Grupo Parlamentario. Es decir, que
sus razones ya nos eran familiares y conocidas.
Ha dicho algunas inexactitudes que me gustaría rectificara, corrigiera o
se informara mejor. Ha dicho que el número de plazas que se ha ofertado
en la convocatoria de este año está conforme al número de solicitudes que
se hicieron el año pasado. No es así. El año pasado, de las 1.000 plazas
de francés que se ofertaron, hubo 991 ayudas concedidas y, por lo tanto,
el número de solicitudes fue superior a 991. En inglés se ofertaron 2.000
plazas y se concedieron 1.985 ayudas, por lo que el número de solicitudes
fue superior a 1.985. Resumiendo, del número total de plazas ofertadas,
que fueron 3.000, se concedieron 2.976 ayudas, por lo que el número de
solicitudes fue superior a 2.976.
Dice el señor portavoz que el número de renuncias el año pasado superó
las 300, lo cual sin duda originó un pequeño trastorno en la
organización. Sin embargo, no ha precisado cuántas de esas 300 renuncias
se produjeron demasiado tarde, de forma que fue imposible sustituir a los
alumnos beneficiarios de las ayudas. Y es incierto, por otro lado, que lo
que tienen que abonar los alumnos sea inferior a un tercio de lo que
suponen los gastos totales o la ayuda total. Un alumno que resida en el
extranjero o en Canarias abona 100.000 pesetas, si nos fiamos de los
datos del año pasado; es decir, el año pasado recibía una ayuda adicional
del Gobierno de 50.000 pesetas y este año, además, se le exigen 50.000
pesetas que ha de abonar a la empresa adjudicataria de la prestación del
servicio. Si valoramos que el año pasado el Gobierno se gastaba en un
alumno canario 241.000 pesetas y este año la ayuda se ha reducido en
100.000 pesetas, no es necesario ser un especialista en números ni en
matemáticas para darse cuenta que 100.000 pesetas es más de un tercio de
241.000 pesetas.
Las razones expuestas por el Partido Popular no son buenas y parece que
ocultan la decidida voluntad --lo explicaba brillantemente la portavoz de
Izquierda Unida-- de este Gobierno de considerar que el correcto y buen
aprendizaje de un segundo idioma debe quedar reservado a las élites del
país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aragonés.
El señor ARAGONES LLORET: Por supuesto debo decir al portavoz socialista
que es obviedad aquello que no se quiere reconocer. En ningún momento he
ocultado que los datos vinieran por parte del Ministerio, porque al fin y
al cabo no es el Gobierno el que tiene que facilitar dichos datos a la
Cámara. Tampoco he dicho que falseaba los números, sino que lo que se ha
intentado ha sido adecuar los alumnos que iban a realizar esas becas con
los presupuestos que tenía el Ministerio para ese fin.
Ha hablado el portavoz socialista de las renuncias. No me negará que esas
renuncias se produjeron y que no había otras personas para cubrirlas.
Ello significó una nefasta organización por parte de la anterior
Administración y la actual no quiere que vuelva a producirse. Insisto que
en ningún momento se ha intentado discriminar del aprendizaje de las
lenguas a personas con menos posibilidades económicas, sino de que los
presupuestos sean razonablemente eficaces, así como otros programas de
formación que está realizando el Ministerio.
--RELATIVA A LA ADHESION DE ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA EN EL PROYECTO PARA
IMPULSAR LA INDUSTRIA EUROPEA DEL CINE. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000380.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en la tramitación de la proposición no de
ley que figura con el número 8 en el orden del día, relativa a la
adhesión de España, Francia e Italia en el proyecto para impulsar la
industria europea del cine, a iniciativa del Grupo Socialista del
Congreso. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: La política cinematográfica del Gobierno del
Partido Popular nos preocupa de una manera muy seria, como creo que
preocupa cada vez más al sector, con el que por cierto no ha llegado a
esos acuerdos que nos anunció aquí en su día como uno de sus máximos
logros, o al menos aspiraciones, el Secretario de Estado. Y nos preocupa
por muchos motivos. Nos preocupa porque no vemos en el Gobierno una
concepción global de lo que debe ser la política audiovisual y
cinematográfica. Por el contrario, vemos, por un lado, una lucha
injustificada por motivos absolutamente no culturales --por ser
caritativo-- contra una gran empresa que cumple un papel importante en
Europa en el terreno de lo audiovisual. Eso en lo que se refiere a la
televisión y a aspectos que por motivos nada culturales pueden interesar
al partido Popular. En cambio, vemos desinterés, no vemos ninguna medida
de apoyo a la cinematografía española.
El decreto de ayudas no ha salido todavía. Fue anunciado en enero y no ha
salido. Las declaraciones del Secretario de Estado constituyen a veces
amenazas respecto a la realidad actual, pero tampoco se han concretado en
ningunas disposiciones nuevas. Por tanto, hay una verdadera
incertidumbre. A todo esto se añade la rebaja en los presupuestos, que
seguramente es el mayor de los peligros para nuestra cinematografía. Como
dice el responsable de la cinematografía francesa, lo importante en
nuestras cinematografías es conseguir un incremento de la producción.
Todo esto, señorías, nos inquieta mucho, pero la proposición no de ley
que presenta hoy el Grupo Socialista no intenta una reedición de este
debate, que lo tuvimos ya en su día y que seguramente habrá que
repetirlo. La proposición no de ley viene a instar al Gobierno a que se
tome en serio y dé la máxima prioridad a lo que probablemente es la única
solución sólida de futuro para nuestra cinematografía, igual que para
otras cinematografías que viven problemas semejantes (la italiana y la
francesa, como las más próximas, pero incluso la inglesa, que gracias a
la nueva política que se va a inaugurar va a sufrir cambios muy
importantes porque fue una cinematografía muy perjudicada por la señora
Thatcher).
¿A qué me refiero? A lo que llamamos cine europeo, que es todavía algo
muy vago e inconcreto, pero que debe ser un marco jurídico común, debe
ser una forma de promocionar las películas en común, debe ser crear una
cultura y a la vez una industria cinematográfica. Es algo que el
responsable del Centro de la Cinematografía en Francia, con referencia a
su primer acuerdo con Italia, dijo de una manera muy gráfica: Nuestro
objetivo es que en las pantallas y en las televisiones de Italia se vea
el cine francés, y del mismo modo, en las pantallas de televisión y en
las pantallas de los cines se vea el cine italiano.
Nosotros creemos que éste es el gran objetivo --aunque parece muy
sencillo así formulado es muy complicado--, por lo que la proposición no
de ley insta al Gobierno español a que se llegue a construir una
industria y una cultura cinematográfica europeas. Nosotros estamos bien
situados para eso. Nuestros directores, nuestros actores y actrices
trabajan cada vez más en Europa con éxito y son conocidos. Eso es algo
que seguramente nos debería hacer redoblar nuestro interés por que
existiera de hecho una cinematografía europea. Por tanto, ¿cuál es la
intención de nuestra proposición no de ley? La intención de nuestra
proposición no de ley es que el Gobierno realice las gestiones necesarias
para que eso se produzca. Añadiría algo más que quizá no ha reflejado de
una manera tan clara el texto de la proposición no de ley, y es que tome
un papel de un cierto liderazgo, como lo tuvo en años anteriores, en los
que el Gobierno español, juntamente con el francés, sostuvieron la
llamada excepción cultural, sin la cual sería muy difícil que nuestras
cinematografías hoy subsistieran.
Esta es una proposición no de ley que tiene vocación, si me lo permite el
señor Presidente, de unanimidad, porque creo que está en el interés de
todos apoyar esa cinematografía europea, que no es más que el apoyo a
todas nuestras cinematografías, a nuestra diferencia cultural y también a
lo que nos une culturalmente.
Por tanto, señor Presidente, sin alargarme más ni entrar en ninguna
polémica, que no me parece hoy necesario, presento esta proposición no de
ley que insta al Gobierno a hacer las gestiones necesarias para impulsar
una industria de la cinematografía europea.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por el Grupo Popular, para cuya defensa le damos la palabra a
don José Ramón Calpe.
El señor CALPE SAERA: El Grupo Parlamentario Popular comparte el espíritu
que anima la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista,
en especial en cuanto se refiere a lo que en su exposición de motivos
expresa, respecto de la idoneidad del sector audiovisual para desarrollar
y difundir desde la diversidad la nueva realidad cultural europea. Lo que
no podemos compartir es la preocupación o inquietud que ha manifestado
ahora su portavoz respecto de la política cinematográfica del Gobierno
del Partido Popular, a quien ha acusado de no tomarse en serio y de no
dar la máxima prioridad a los problemas de la industria cinematográfica
europea. A lo largo de esta breve exposición creo que voy a dar pruebas
sobradas de que ello no es así, y en cualquier caso, puesto que parece
que el Grupo Socialista quiere promover un nuevo debate sobre la
cuestión, ocasión tendremos de hablar más tranquilamente sobre ello.
Nuestro Grupo quiere que sea posible un cine español, o de cualquier otra
nacionalidad europea, así como un cine europeo fruto del diálogo y
cooperación entre todas las cinematografías europeas. Y lo queremos así,
no sólo por defender los intereses de la industria cinematográfica, sino
también porque estamos convencidos de la fundamental aportación que la
cinematografía europea, entre ella la española,
por su calidad e interés estéticos, realiza a la cinematografía
universal, lo que se reconoce incluso en la otra parte del Atlántico,
cuando recientemente, por ejemplo, un actor tan genuinamente americano
como Bruce Willis ha dicho en el pasado Festival de Cannes que el cine
europeo es más interesante que el que se hace en Estados Unidos porque
presta más atención a la factura artística que al caché de los actores.
Ese apoyo y esa promoción a nuestro cine son también objetivos, y creemos
que así se ha demostrado, del Gobierno del Partido Popular. En concreto,
la señora Ministra ante esta Comisión, en comparecencia del 18 de junio
del año pasado, ya anunció su impulso a la difusión exterior de la
producción audiovisual, especialmente en los países hispanohablantes, en
toda Sudamérica y en Estados Unidos, estimulando la vocación exportadora
de las empresas a todo el mundo. Y más recientemente, en una respuesta a
una pregunta escrita del Diputado señor Alcaraz Ramos, manifestaba que
actualmente el apoyo y la defensa de la cultura por medio del cine se
desarrolla en los países del entorno europeo mediante políticas de
incitación a la producción y desarrollo de las coproducciones, la
difusión y la promoción. El Gobierno español actuará en concertación con
los países de la Unión Europea y en estrecha colaboración con todos los
países de habla hispana, con el fin de contribuir eficazmente a la
defensa y promoción de la cultura española.
No se trata sólo de que el Gobierno español se adhiera o no al impulso
que Francia e Italia quieren dar a la cinematografía europea, sino que el
pasado 12 de diciembre de 1996, con esos dos países y también con Grecia
y Portugal, se firmó una declaración en París en la que, entre otros
propósitos, se decía que había que profundizar en la cooperación
cinematográfica, lo que implicará un refuerzo de los lazos bilaterales en
materia de apoyo a la producción y la distribución cinematográfica y
audiovisual; se estimaba que la política que se desarrollará en el campo
del acercamiento cinematográfico entre los países del sur deberá
privilegiar el acceso a las salas y abrirse a los otros países de la
Unión Europea que quieran participar de los mismos objetivos; se fijaba
como imperativo, los países que suscribían la declaración, el objetivo de
aumentar la presencia en los mercados nacionales y europeos de las
producciones cinematográficas y audiovisuales de los países europeos; se
comprometían a emprender acciones comunes para la restauración y difusión
de sus patrimonios cinematográficos y audiovisuales y para la necesaria
formación de técnicos especialistas para la consecución de estos
objetivos; y se proponían trabajar para la creación en el seno de la
Unión Europea de instrumentos cada vez más eficaces para el apoyo al cine
y al sector audiovisual, en el cuadro de una acción cultural comunitaria
que puede adoptar la forma de un fondo europeo para la cultura.
Además, los países firmantes de la declaración pedían que se pusiera en
marcha una acción de cooperación en el mercado audiovisual y
cinematográfico bajo el impulso de la Unión Europea, dirigida a las otras
regiones del mundo. Desde esta perspectiva, y aquí es clara la influencia
del representante del Gobierno español, los firmantes se proponen
organizar durante 1997 un encuentro con sus homólogos de América Latina y
de los países mediterráneos, como continuación de la reunión que tendrá
lugar en Salónica el próximo mes de noviembre.
Después de esa declaración ha habido más actuaciones del Gobierno español
en este sentido, como la mejora del acuerdo de coproducción
cinematográfica entre Francia y España (el 21 de enero de 1997), la
realización de un nuevo acuerdo de coproducción cinematográfica con
Alemania (terminado el 18 de febrero de este año), conversaciones para la
renovación del acuerdo hispanoitaliano (el 7 de marzo de este año),
reunión de los directores generales de cine de Francia, Italia, Alemania
y España para impulsar el Fondo de Coproducciones Euroimage (el 18 de
febrero de este mismo año).
Además, el Director General del ICAA (Instituto de Cinematografía y las
Artes Audiovisuales) preside este año los programas europeos Eureka
Audiovisual y Observatorio Europeo del Audiovisual, y desde esa
Presidencia está dando impulso a diversos proyectos que tienen mucho que
ver con la promoción de la cinematografía europea.
Por todo eso, aunque creemos que lo que pretende la proposición no de ley
socialista, al instar al Gobierno a que se sume a esta iniciativa
francesa e italiana, ya está sobradamente cumplido, como ha dicho el
portavoz socialista, también nos vamos a sumar a una enmienda
transaccional que se va a presentar para que se continúe en esta línea de
acción y para que se continúen haciendo estos esfuerzos, a los que
nuestro Grupo, y por supuesto el Gobierno del Partido Popular, se
comprometen y se seguirán comprometiendo.
El señor PRESIDENTE: Cuando llegue su momento, deberán hacer llegar la
enmienda transaccional a la Mesa, pero vamos a oír antes al resto de
grupos para que fijen su posición.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor Presidente, ya desde 1989 en la Ronda
Uruguay del GATT, el Estado español defendió el cine europeo. Ahora, con
la liberalización del sector y la supresión de las cuotas, el cine
europeo se ve en peligro por la competencia, principalmente del cine
americano. Es por ello que los Ministerios de Cultura de Francia, cuyo
cine es el más potente de la Unión Europea, y de Italia, propusieron en
el último Festival de Venecia un acuerdo para impulsar la industria
europea del cine. Posteriormente, otros países, entre ellos España,
firmaron en París una declaración común al respecto, como ya ha dicho
anteriormente el representante del Partido Popular.
Desde nuestro Grupo consideramos que España debe sumarse a este acuerdo,
a fin de no retroceder en la consideración de que ha gozado nuestro cine
en los últimos años. A nuestro entender, la solución pasaría por
fortalecer la producción y la industria cinematográfica propia, más que
favorecer determinadas proyecciones. El fortalecimiento del sector, las
coproducciones y las colaboraciones
con otras cinematografías europeas, nos llevaría a una expansión del
mercado. Todo ello contribuiría a reforzar la conciencia europea común,
ya que el cine y todo el sector audiovisual en su conjunto es un potente
factor cultural. El intercambio cultural nos parece altamente positivo en
la futura Europa de las naciones. Por ello, cualquier iniciativa al
respecto contará con nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Para fijar nuestra posición favorable al texto
propuesto por el Grupo Socialista, a reserva de examinar y ver qué
posibilidades de acuerdo existe con las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular.
Creemos que, en general, es difícil no coincidir con la proposición,
porque al menos tiene la gran virtud de traer a esta Comisión uno de los
temas claves de la política cultural del Estado español. Entendemos
también que hubiera sido mejorable, pero hemos preferido la no
presentación de enmiendas, porque creemos que ésta es una ocasión para ir
favoreciendo ese debate en lugar de conseguir que un grupo u otro obtenga
algún tipo de beneficio político en imagen, etcétera.
A nuestro modo de ver, la política del Gobierno actual en materia
cinematográfica es difusa y confusa. La verdad es que no ha sido capaz de
definir un modelo propio, ha dado bandazos, palos de ciego, etcétera.
Si nos tuviéramos que creer lo que dice esa respuesta a la que hacía
mención el señor portavoz del Partido Popular, que el Gobierno me envió a
una pregunta mía, la verdad es que sería maravilloso. El problema es que
nos tememos mucho que no nos lo creemos. Es decir, esas buenas
intenciones que aparecen ahí no acaban de verse reflejadas en las
actuaciones concretas porque está faltando ese claro y decidido impulso.
Yo creo que más valdría que el Gobierno se preocupara de este tema, en
relación con las televisiones, que poner énfasis en otras cosas que están
pasando en el entorno televisivo. Si así fuera, si el Gobierno dedicara
la mitad del empeño que está poniendo en el control del medio televisivo,
en el impulso al cine español, sin duda iría mejor el cine, sin duda iría
mejor también la televisión.
En definitiva, el problema es que, cuando el Gobierno aparece fascinado
por la multiplicación de canales, con la posibilidad de enviar más
mensajes --entre los que se va a incluir por imperativo del propio
mercado televisivo la necesidad de más cine--, si no existe una política
en paralelo de promoción de un cine español en sus diversas variables
culturales y lingüísticas, o si se prefiere el cine español con esas
variables en el marco general del cine europeo, no es viable un proyecto
económico en torno a la televisión que al mismo tiempo sea defendible
desde parámetros culturales. Ese es el eje de la reflexión, que no está
haciéndose.
Pero además, el Gobierno también tan enamorado de un proceso determinado,
de una visión determinada de construcción europea, olvida que esa visión
economicista de construcción europea deberá en algún momento
necesariamente complementarse con la existencia de una opinión pública
europea que necesita también la definición de un imaginario colectivo
europeo, y eso en las sociedades contemporáneas se hace fundamentalmente,
es uno de los instrumentos esenciales, a través del cine. ¿Está
haciéndose eso? ¿Está contribuyendo el Estado español, está contribuyendo
el Gobierno a impulsar ese imaginario colectivo común, compartido,
crítico, tolerante, en el marco europeo? Desde luego, no.
Sin ninguna duda se trata de buscar el consenso en cinematografía. Es,
insisto, uno de los grandes temas olvidados, uno de los grandes temas
relegados, donde hará falta el esfuerzo, la imaginación y el apoyo de
toda las fuerzas políticas, sociales y económicas. Pero esto lo decimos
con un convencimiento: harán falta políticas de clara intervención
pública, porque el mercado cinematográfico por sí solo falla. Es
imposible que el mercado cinematográfico, tal y como está construido a
nivel europeo y, sobre todo, a nivel mundial, pueda por sí mismo dar
salida y solución a estos problemas que aseguren la viabilidad económica
y la viabilidad de un proyecto cultural tolerante y plural. Es un
mercado, en definitiva, falseado por el oligopolio americano, no decimos
ningún gran secreto. Puede ser perfectamente compatible amar
profundamente el cine de Hollywood con la crítica a las implicaciones
últimas que significa el que nos quedemos reducidos sólo a ese modelo.
Por lo tanto, apoyamos esta proposición y esperemos que sirva de clarín
de llamada a un debate que se profundice, que se prolongue en el tiempo y
que permita llegar a consensos generales sobre esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Calpe, ¿puede dar lectura a la enmienda
transaccional? La enmienda transaccional debe nacer del Grupo Popular.
¿Quién va a dar lectura a la enmienda transaccional? Señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: La enmienda transaccional dice así: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de la declaración común
firmada en París el 12 de diciembre de 1996 por Francia, Italia, Grecia,
Portugal y España, a dar el máximo impulso y prioridad a las gestiones en
favor de una política y una industria cinematográficas europeas.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que sea una enmienda transaccional
propuesta por ambos Grupos. Entonces queda sobre la Mesa.
Yo alabo su generosidad, señor Clotas, que es proverbial, pero no hasta
el extremo de que los que no han enmendado nada se vean ahora mismo ya
acogidos bajo ese paraguas. Vamos a dejarla en sus justos términos, el
grupo proponente y el grupo enmendante, y ya está bien. La dejamos para
su votación.
¿Está en condiciones el Grupo Parlamentario Popular, sin necesidad de
ninguna orden de busca y captura, de hacer llegar a esta Comisión al
miembro de la misma que va
a defender o que va a intervenir en el tema del título superior
enotécnico, que es lo que nos tocaría ver ahora?
Como hemos convenido que el siguiente tema a tratar iba a ser el del
título superior enotécnico y falta algún portavoz, vamos a suspender la
sesión durante unos minutos. (Pausa.)
--SOBRE DISEÑO DE UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ENOTECNIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000420.)
--SOBRE LA APROBACION DEL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
DE ENOTECNIA Y EL TITULO DE TECNICO SUPERIOR ENOTECNICO. PRESENTADA POR
EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000381.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate y tramitación de las
proposiciones números 4 y 5, sobre diseño de un ciclo formativo de grado
superior de enotecnia, del Grupo Parlamentario Popular, y proposición no
de ley sobre la aprobación del currículo del ciclo formativo de grado
superior de enotecnia y del título de técnico superior enotécnico, del
Grupo Socialista, que hemos acordado que vamos a tratar conjuntamente. En
consecuencia, intervendrá en primer lugar el autor de la primera
proposición no de ley, luego el siguiente, y después se fijarán
posiciones por el resto de los grupos.
Para la defensa de su proposición, por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra don Neftalí Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Me dispongo a defender la proposición no de ley que
presentamos en su día solicitando del Gobierno un ciclo formativo de
grado superior de enotecnia.
Quería, en primer lugar, exponer a SS. SS. la importancia de este tema en
nuestro país, la importancia de este asunto en España, por la
trascendencia del sector vitivinícola en la práctica totalidad de las
regiones y provincias españolas, donde existe una gran tradición y una
gran cultura del cultivo de la vid y del vino, así como la
comercialización, la elaboración y la producción desde tiempos
inmemoriales, que muchos calculamos en más de 2.000 años.
A estas alturas del siglo XX y próximos a afrontar los retos del
siguiente en este mundo competitivo y en este sector aún más competitivo
también dentro de la propia Unión Europea y en el ámbito del resto de los
países del mundo a través de la Organización Mundial del Comercio,
debemos adaptar nuestra economía para competir con todos estos países,
con todos los países productores del mundo, y al mismo tiempo tener en
cuenta las exigencias del propio consumidor, cada vez demandante de mayor
calidad de los productos alimentarios.
Para que sea un sector más competitivo, tenemos que tener en cuenta la
experiencia que se está desarrollando en los países de nuestro entorno,
en los países comunitarios. Creemos que es oportuno que en España se
diseñe, en el ámbito de la formación profesional, un ciclo formativo de
grado superior de enotecnia con el fin de que, por debajo de los
licenciados en enología, puedan acceder a esos puestos de trabajo
intermedios en este sector aquellos españoles que por múltiples motivos
no han podido obtener dicha licenciatura. Como saben SS. SS., hace pocas
fechas se puso en marcha esta licenciatura. También tenemos que tener en
cuenta que todos los españoles no pueden acceder a estudios
universitarios, y es por lo que en un mercado, en un mundo, en un sector
de la economía productiva de nuestro país tan dinámico como el que
estamos hablando, creemos que hay hueco, puede haber puestos de trabajo
cualificados en el ámbito de la formación profesional para que en este
tema la Administración desarrolle un ciclo formativo de enotecnia.
La reforma de la formación profesional, a través de la Ley 1/1990, de 3
de octubre, vinculaba entre los sectores productivos los planes
formativos. Así se daba participación a los mencionados sectores
productivos. De esta manera participaron en el diseño de ciclos
formativos tanto las organizaciones empresariales del sector alimentario
como los sindicatos, entre los que se encontraban Comisiones Obreras y
UGT.
En este sentido, hasta 1995 los informes que se emitieron al Ministerio
de Educación por las comisiones paritarias de estos grupos de trabajo
fueron negativos a que se creara este ciclo formativo de grado superior
en formación profesional. Por ello, los estudios de formación profesional
sobre enología están situados dentro de la familia agroalimentaria, a
través de estudios de grado medio de enología, pero no es lo que está
demandando el sector.
A la vista de las demandas del propio sector en los primeros meses de
este año o finales del anterior, los grupos parlamentarios, o algunos
grupos parlamentarios, presentamos iniciativas en el Congreso de los
Diputados y al mismo tiempo realizamos gestiones para que el Ministerio
correspondiente tuviera en cuenta los plazos establecidos en la reforma
de la ley; en donde se establece que en un período máximo de cinco años,
y teniendo en cuenta la evolución de los sectores productivos españoles,
podrán reconsiderarse los estudios y los diseños formativos de la
formación profesional.
Pues bien, en estos momentos el Grupo Parlamentario Popular, a través de
esta proposición no de ley, quiere instar al Gobierno a que promueva los
estudios pertinentes, con el asesoramiento del Consejo General de la
Formación Profesional, para el diseño de un ciclo formativo de grado
superior de enotecnia.
Si se me permite fijo la posición también de mi grupo respecto de la
proposición no de ley del Grupo Socialista, o posteriormente en un nuevo
turno, si así lo estima oportuno la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Si no me equivoco, a la proposición no de ley del
Grupo Socialista tienen ustedes presentada una enmienda. En ese caso
sería la defensa ya de la enmienda, que imagino coincidente con la
defensa de su
proposición. En la medida en que nos ilustre usted con nuevos argumentos,
tiene la palabra.
El señor ISASI GOMEZ: De acuerdo, señor Presidente. Además de fijar la
posición sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, debo decir que el Grupo Popular ha presentado una enmienda de
sustitución, que consiste en la propia proposición no de ley que acabo de
defender. Respecto del punto primero de la proposición no de ley del
Grupo Socialista, quisiera dar nuestra opinión.
El primer punto dice: Respetar la Orden Ministerial del 15 de marzo de
1996, por la que se autoriza a impartir un ciclo formativo de grado
superior de enotecnia al Instituto de enseñanza secundaria Joaquín Costa.
Es prácticamente imposible aceptar este punto porque el 15 de marzo de
1996, a los 13 días de haber habido un acontecimiento importante,
trascendental en nuestro país, de haberse producido unas elecciones
generales, de haberse obtenido unos resultados determinados, el Gobierno
en funciones publica una orden ministerial a sabiendas de que no había
una titulación, de que no existía un currículo, de que no existía un
diseño en formación profesional, para impartir y para obtener este
título.
No voy a realizar otras lecturas, que sin duda tenemos derecho todo el
mundo a poder hacer, y quiero pensar que se produjo un error. En estos
momentos no hay ese diseño, esta titulación, cuyo proceso bien podemos
cifrar prácticamente en un período de un año, porque es preciso
constituir un grupo de trabajo entre el sector profesional y el
Ministerio. Posteriormente se invierte la proporcionalidad y se estudia
el borrador. Luego ese borrador se discute con las comunidades autónomas
para el desarrollo de los contenidos. Posteriormente un comité técnico lo
estudia y pasa al Consejo Escolar del Estado para que lo vea el Consejo
General de la Formación Profesional y la Comisión de Subsecretarios,
hasta que pasa al Consejo de Ministros y se aprueba el real decreto.
Todo eso no se produjo en nuestro país y, sin embargo, se publica una
Orden para que se imparta, creando unas expectativas, creando unos
perjuicios en una región, en una comarca y en unos alumnos que se
matricularon. Ahora este nuevo Gobierno, que nada tiene que ver pero que
alguien utilizó el «Boletín Oficial del Estado», responsable como es,
tiene que buscar salida a esta situación. Entiendo que en esta Cámara no
podemos, por la situación que he descrito, aceptar este primer punto.
El segundo punto dice: Aprobar, en el plazo de tres meses, el título de
técnico superior enotécnico. Ya he expuesto la tramitación que requiere
(los plazos, etcétera) el diseño de esta titulación. Por lo tanto, ni
siquiera está en el control del propio Ministerio la temporalidad.
Tampoco esta Cámara puede establecer, por mucha prisa que tenga ahora el
Grupo Parlamentario Socialista, esa titulación de enotecnia.
Nosotros estamos a favor de que exista dentro de la formación profesional
el título de técnico superior de enotecnia para todo el territorio
nacional. De esa manera se solucionará el problema provocado por la
Administración anterior --después de haber perdido las elecciones el 3 de
marzo-- a los representantes o a los estudiantes del Instituto Joaquín
Costa, de Cariñena. En todo caso, insistiremos y trabajaremos para que se
busquen fórmulas que solucionen el tema de esta zona de Zaragoza.
El señor PRESIDENTE: Ahora corresponde el turno al Grupo Socialista del
Congreso. El señor Bayona, además de defender su proposición no de ley,
puede ya, en este peculiar trámite en el que nos encontramos, dar
contestación a la enmienda que acaba de ser mantenida conjuntamente.
El señor BAYONA AZNAR: Trataré, señor Presidente, de dar respuesta a la
enmienda, más que a la intervención del Diputado del Grupo Popular,
porque creo que muchas de las manifestaciones que ha hecho están fuera de
contexto.
La proposición no de ley del Grupo Socialista se registró en esta Cámara
en febrero; la del Grupo Popular, en marzo. Por lo tanto, la propuesta
del Grupo Popular va a remolque de una iniciativa socialista, que no era
la primera. Primera cuestión que creo que debe de quedar clara.
El fondo de la cuestión no es que ahora haya que hacer estudios. El fondo
de la cuestión es que había un camino andado, y quizá no sólo en el caso
de enotecnia, sino en general en bastantes más contenidos de la formación
profesional había un camino andado que el Partido Popular ha comenzado a
desandar. Esa es la cuestión. Estamos volviendo a empezar sobre algo
sobre lo que había ya mucho avanzado, porque había una Orden ministerial
del año 1996 autorizando a impartir el ciclo formativo de grado superior
de enotecnia en Cariñena. Como muy bien sabemos todos, los módulos
experimentales en formación profesional era posible autorizarlos
previamente al diseño definitivo de un currículum.
Por tanto, quien ha causado perjuicios es quien no cumple una orden
ministerial, que no es de un partido o de otro, es de la Administración.
Aquellos alumnos que se matriculaban de acuerdo con una orden ministerial
no deben pagar las consecuencias de que haya ganado las elecciones un
partido u otro el 3 de marzo. Cualquier partido, cualquier gobierno, debe
cumplir lo que está en el «Boletín Oficial del Estado». Lo que no es de
recibo es que se haga una modificación sustancial del perfil profesional
de estos alumnos que se habían matriculado.
Por tanto, nos encontramos ante una situación de inseguridad jurídica.
Hay unos alumnos que se han matriculado para un grado superior y un
título, y unos meses más tarde verbalmente se les dice que ese título no
existe. Insisto, quien causa perjuicios es quien da marcha atrás, quien
empieza otra vez como si nada se hubiera hecho.
Este tipo de estudios, y tengo varias preguntas parlamentarias
respondidas por el Gobierno, tienen su homologación en diferentes países
europeos, especialmente en Francia e Italia, donde existen títulos
equivalentes de formación profesional. Creo que en el fondo, si alguna
parte hay de verdad en la retórica que hemos escuchado del Diputado del
Grupo Popular, lo que habría que consensuar
ahora sería un texto que definitivamente dijera que el Gobierno va a
establecer el grado formativo superior de enotecnia. Si es verdad que el
Partido Popular quiere establecer eso, hagámoslo, no nos limitemos
solamente a estudiar la posibilidad. Creo que existe ya suficiente camino
andado para no volver a empezarlo, sino para culminarlo.
Por tanto, yo le invito al Grupo Popular, y además, como he dicho
anteriormente, desde la prioridad en el origen de la iniciativa, a que
manifieste si es verdad que quiere que exista un ciclo formativo de grado
superior de enotecnia. Si es verdad, aprobemos conjuntamente un texto que
diga que el Gobierno establezca, con el asesoramiento del Consejo General
de la Formación Profesional y con lo que se quiera, pero que establezca,
el grado superior.
La segunda cuestión obviamente es, a no ser que le moleste al señor Isan
que en Cariñena se estén impartiendo unos estudios y no le guste que sea
en Aragón, que a los alumnos que están matriculados ahí se les garantice
--porque la Administración, sea socialista, sea popular, o sea de quien
sea, tiene la obligación de no perjudicar a los administrados-- que su
titulación va a ser válida, y homologable con el ciclo formativo de grado
superior de enotecnia.
Esos son los términos, cualquier otra cosa es retórica, cualquier otra
cosa es falta de voluntad para que existan estos estudios, insisto,
homologables con los de Francia y con los de Italia. Creo que de su
propia argumentación se deduce la necesidad de cumplir ese requisito y
establecer definitivamente el diseño curricular, porque el cien por cien
del contenido académico, de los estudios cursados por los alumnos de
Cariñena, el cien por cien, es sobre la elaboración de vinos, no es sobre
industrias cárnicas, no es sobre industrias lácteas, a cuyo mercado de
trabajo podrían intentar acceder con el título de industrias
alimentarias. Hay una demanda de titulación específica de enotecnia de
grado superior, que no queda cubierta con el título genérico de
industrias alimentarias.
Por lo tanto, insto al Grupo Popular a que demuestre que es verdad que
quiere que se establezca ese ciclo.
El señor PRESIDENTE: A estas dos proposiciones no de ley que estamos
tratando conjuntamente, hay enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para cuya defensa damos la palabra a doña Laura
Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán,
tiene un gran afecto y un gran interés por los temas de educación, como
se sabe en esta Comisión y en la Cámara en general.
Los ciclos de formación profesional nos interesan específicamente:
primero, porque representan el colofón de la reforma del nuevo sistema
educativo; segundo, porque es necesario encontrar, crear y estimular
lugares de trabajo de técnicos que no entren en contradicción con lugares
de trabajo también de técnicos universitarios.
Nosotros no observamos ninguna contradicción entre ambas proposiciones no
de ley. Por una parte, el Grupo Popular insta al Gobierno a que
establezca o a que estudie la posibilidad de establecer un nuevo título
de formación profesional de ciclo formativo de grado superior en
enotecnia. Por otra, en un lugar del Estado español, en Cariñena, ya se
está estudiando e impartiendo de manera experimental un ciclo formativo
de grado superior de enotecnia, que fue autorizado, erróneamente o no, en
su momento por la Administración. Por lo tanto, nos encontramos con el
deseo por parte del Grupo Popular de que exista una titulación de
enotecnia, pero también con una promoción de alumnos y alumnas que ya
están siguiendo las enseñanzas de manera experimental de este título.
Nosotros presentamos una enmienda a la proposición no de ley del Grupo
Popular en la que pedimos que, en el caso de que se establezca esta nueva
titulación, se haga estudiando el mercado laboral, sus necesidades y sus
demandas, ya que hay un grado medio, pero también existe en la enseñanza
superior una diplomatura y una licenciatura en enología, y hay colectivos
como los químicos y el Colegio de Ingenieros Agrícolas, que también hasta
ahora han sido los enotécnicos y los enólogos que han actuado en el
mercado. Por lo tanto, nosotros decimos que sí que se puede establecer,
pero analizando las demandas y necesidades del sector y también
escuchando a las asociaciones profesionales y al Colegio de Ingenieros
Agrícolas para diseñar con exactitud cuál es el perfil de este nuevo
técnico.
En este sentido, nosotros estamos dispuestos a ofrecer una enmienda in
voce al Grupo Socialista que diría que se insta al Gobierno a aprobar, a
efectos administrativos y académicos, el ciclo formativo de enseñanza
superior de enotecnia, impartido de manera experimental en el instituto
de enseñanza secundaria Joaquín Costa de Cariñena. ¿Por qué? Porque la
Administración con sus errores no puede sacrificar a una promoción de
alumnado. De ninguna manera. Además, porque podríamos encontrarnos con
que de aquí a seis meses exista una titulación de ciclo formativo de
grado superior de enotecnia y, en cambio, la promoción que ha
experimentado este ciclo no tuviera esa titulación, no le fuera
homologada a estos efectos. Esto sería una contradicción. También he de
decir que la Administración debe ser responsable de sus errores si los ha
tenido, sea cuál sea. La Administración, no tiene nombre, no tiene ojos,
no tiene cara. La Administración es la vertebración del Estado en el
servicio a la ciudadanía y no tiene tintes políticos. Una cosa será el
Gobierno, pero lo otro es administrar.
Nosotros presentamos esta enmienda porque queremos que a estos alumnos se
les apruebe su titulación en lo que han estudiado y no se les dé un
título que no tiene nada que ver con el diseño curricular que han seguido
en sus clases, y la ofrecemos tanto al Grupo Popular como al Grupo
Socialista en relación a las proposiciones no de ley planteadas por
ambos.
El señor PRESIDENTE: Como han sido defendidas enmiendas que afectan a
ambas proposiciones, por su respectivo turno, deberán manifestar los
proponentes cuál es su posición frente a dichas enmiendas.
En primer lugar, y dado el orden que estamos llevando en la sesión, el
señor Isasi tiene la palabra para responder sobre ellas.
El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente, para manifestar mi opinión
sobre las enmiendas que se han propuesto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Isasi. No es obligatorio hablar aquí
dentro, está autorizado a hablar fuera en los pasillos. No hay ninguna
prohibición. Lo digo por si acaso alguno creía lo contrario. (Risas.)
El señor ISASI GOMEZ: Para manifestar, respecto del señor Bayona, que
aquí hay hechos concretos, y es que el Gobierno tenía que saber, cuando
publicó esta orden el 15 de marzo de 1996...
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, ahora se trata de responder sobre la
enmienda de Convergència i Unió, no de abrir un debate entre proponentes,
que ya lo han tenido ustedes. Vamos a hablar ahora de la enmienda de
Convergència i Unió.
El señor ISASI GOMEZ: De acuerdo, señor Presidente, pero parece ser que
el Grupo Socialista ofrecía algún tipo de enmienda.
Nada más rogaría a la portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
como me acaban de pasar la enmienda, un tiempo, cinco minutos, para
analizarla, estudiarla y poder dar mi opinión.
El señor PRESIDENTE: Cuando acabemos con la fijación de posiciones la
Presidencia dará cinco minutos, pero sobre el compromiso de los
proponentes y enmendantes de que ese tiempo no va a ser tirado a la
basura, que van a hacer ustedes los esfuerzos más inauditos para que,
como siempre en esta Comisión, se vote casi todo lo posible por
unanimidad. Con ese condicionamiento daremos cinco minutos, pero si ya de
entrada van ustedes a frustrar ese objetivo, adviértanlo.
El señor Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Sí, a los solos efectos de fijar posición sobre
las intervenciones y enmiendas.
El Grupo Socialista acepta la enmienda in voce planteada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) relativa a la situación concreta de los
alumnos de Cariñena.
Respecto al diseño con carácter general del ciclo formativo de grado
superior, la propuesta que hago es que, en lugar de promover, posibilitar
o estudiar, que son fórmulas que aparecen tanto en las enmiendas como en
la proposición del Grupo Popular, el mandato al Gobierno fuera
establecer. En lugar de aprobar, que es lo que dice la proposición no de
ley socialista, y en lugar de estudiar la posibilidad o promover, que
dijera establecer el diseño del ciclo formativo del grado superior,
previo asesoramiento, etcétera. Por tanto, textualmente podría ser:
Establecer, en su caso, el diseño de un ciclo formativo de grado superior
de enotecnia, previo los estudios pertinentes y el asesoramiento del
Consejo General de la Formación Profesional. Creo que eso concitaría la
voluntad de los diferentes intervinientes.
También quiero indicar que acepto la redacción de Convergència i Unió en
lo referente a Cariñena.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Sí, con muchísima brevedad y sin entrar en la
partida semanal de los efectos del 3 de marzo, quisiera defender al
sector de la vid y de los viñedos. Este sector, como ya se ha dicho y
además es extraordinariamente obvio y evidente, es de los más productivos
y de los más prolijos en la creación de empleo y, además, está
identificado como seña de identidad de la cultura de este país. Por lo
tanto, todos estamos obligados a esta proposición no de ley y en los
términos más unánimes posibles.
Efectivamente, entiendo que para incorporar especialización, que hace una
gran falta en el marco de la formación junto a los niveles artesanales en
los que desarrolla el sector, sería necesario e importante introducirnos
por la vereda del no plagio de la famosa serie de Falcon Crest. En este
sentido haría falta dar un carácter científico, un carácter superior a la
formación, y no sólo con el objetivo, aunque sí me parece absolutamente
importante, de los indicadores que nos marca Maastricht o la Unión
Europea. Creo que hay que pasar de ser una industria familiar a una
industria fundamentalmente también competitiva.
Quiero decir que estamos obligados, con los matices que se consideren
oportunos, en aras no de los criterios partidarios sino de los criterios
más chovinistas, y en este sentido más nacionalistas que se pudieran
entender, a introducir este sector en el marco agroalimentario y darle
una categoría superior pero específica. Yo creo que la idea de específica
es absolutamente innegociable y que hay que situarnos como punta de lanza
en el mercado. Por esta razón es necesario hacerlo con el consenso de las
organizaciones sociales, sindicales y agrarias, en esta nueva fase de
impasse en que nos hemos introducido en el sector de la vid y de los
viñedos. Yo digo que esta fase de impasse, o al menos así lo entiendo en
una lectura no sesgada, es una fase de impasse interesada, en la que todo
está estudiado, todo está inventado y no hace falta estudiar. Estamos
situados justo en el punto donde podemos pasar a tener un criterio
resolutivo, por eso yo quiero suscribir de alguna manera la última
intervención, en aras del consenso y de la unanimidad que ha planteado el
señor Bayona. En ese sentido iría mi voto afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Voy a dar cinco minutos para que hagan llegar a la
Mesa, proponentes y enmendantes, un texto que dé satisfacción a todos, y
como les sobra capacidad para ello, aprovéchenlo. (Pausa.)
Señoras Diputadas, señores Diputados, vamos a continuar la sesión.
Don Neftalí Isasi, ¿tendría usted la amabilidad de dar lectura al texto
conjunto de proponentes y enmendantes que vamos a someter a votación?
El señor ISASI GOMEZ: El texto de la proposición no de ley que acabamos
de consensuar en sus dos puntos supone
aceptar por nuestra parte la enmienda presentada en tiempo y forma por
Convergència i Unió para el punto primero.
El señor PRESIDENTE: Léanoslo a todos para que estemos informados sin
tener que acudir a buscarlo. Dénos lectura del texto que vamos a votar.
El señor ISASI GOMEZ: Quedaría de la siguiente manera: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que estudie la posibilidad de establecer el
diseño curricular de un ciclo formativo de grado superior de enotecnia,
con el análisis previo de las demandas y necesidades del mercado laboral
al respecto, con el asesoramiento del Consejo General de la Formación
Profesional y oídas las asociaciones profesionales, en especial el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
Punto dos. Aprobar a efectos administrativos y académicos el ciclo
formativo de grado superior de enotecnia, de dos cursos de duración, de
manera experimental en el instituto de enseñanza secundaria Joaquín
Costa, de Cariñena, iniciado en el curso 1996-1997.
El señor PRESIDENTE: ¿Están suficientemente informados proponentes y
enmendantes de la lectura que acaba de tener? (Pausa.)
Señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, respecto al último punto que ha
leído, no hay ningún problema, efectivamente está consensuado. Respecto
al punto anterior, el Grupo Socialista ha dicho que aceptaría la enmienda
de Convergència i Unió, con una pequeña modificación, que sería que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca, en su caso,
el diseño curricular. Esos son los términos en los que nosotros podríamos
votarlo.
El señor PRESIDENTE: Dé lectura de nuevo al primer párrafo.
El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente, yo creía que el tema estaba
suficientemente resuelto. Hemos dicho que aceptábamos la enmienda de
Convergència i Unió que dice que se insta al Gobierno a que estudie la
posibilidad de establecer el diseño curricular de un ciclo formativo,
etcétera, lo que ya anteriormente he citado. Es a lo que hemos podido
llegar, aceptando íntegramente la enmienda de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, tiene usted sobre sí la decisión. Le
estamos instando todos, porque además, ¡pues no les queda a ustedes
tiempo para iniciativas legislativas a lo largo de la legislatura! No
traten ustedes en una sola mañana de acabar con el trabajo para el que
han sido elegidos durante cuatro años. (Rumores y protestas.)
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, evidentemente el espíritu es de
consenso, en ningún caso me voy a oponer a ninguna tramitación. La
posición del Grupo Socialista ha quedado muy clara. El Grupo Socialista
lo que pide es que se establezca el diseño curricular y acepta y está
dispuesto a decir que previos estudios, en su caso; es decir,
condicionarlo. Nos parece que decir únicamente que se inicia ahora el
estudio de la posibilidad, es rebajarlo muchísimo y significa una falta
de voluntad, que era lo que desde el principio nos temíamos. Por eso yo
creo que la fórmula en la que se puede ver la voluntad es la que estoy
diciendo: condicionar la aprobación del diseño curricular a todo lo que
pide Convergència i Unió, pero quedando clara la voluntad de establecer,
en su caso, y no solamente estudiar la posibilidad. Creo que hay una
diferencia, de matiz, pero importante, porque si no siempre cabría la
posibilidad de poner a votación las dos, pero sería preferible no tener
que llegar a eso.
El señor PRESIDENTE: El problema, señor Bayona, y usted lo conoce por su
experiencia parlamentaria, es que en el momento mismo en que no admitamos
una enmienda de consenso entre todos, la enmienda no entra a trámite,
porque usted es el dueño de su iniciativa, habría que votar su
proposición no de ley, y lógicamente no se retirarían otras enmiendas,
que es lo que esta Presidencia está tratando de conseguir.
Entonces, un último turno, señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Es decir, si la cerrazón del Grupo Popular impide
modificar, establecer en su caso... (El señor Isasi Gómez: Hemos aceptado
todo.)
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, estas cosas son sólo a efectos
dialécticos y en el ardor del debate. Tampoco nos pongamos absolutamente
serios.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, cerrazón quiere decir que están
cerrados a admitir cualquier otra modificación. Para que no se diga que
no hemos querido el consenso, estamos dispuestos a votar a favor y dentro
de seis meses pediremos conocer cómo van esos estudios. (El señor Isasi
Gómez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, muy poquito, muy poquito ya, no vayamos
a estropear lo conseguido.
El señor ISASI GOMEZ: No, muy poquito, efectivamente. Está absolutamente
demostrado el ánimo de consenso, de diálogo, del Grupo Popular para
llegar a un acuerdo conjunto e intentar solucionar los problemas que se
han planteado en Cariñena, así como los del resto del territorio español.
El señor PRESIDENTE: Nunca mejor ocasión que ésta para brindar por el
consenso obtenido. Muchas gracias a todos. (Risas.)
--SOBRE UNIDAD DE LA LENGUA CATALANA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000115.)
--SOBRE LA UNIDAD DE LA LENGUA CATALANA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000266.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el tratamiento conjunto de las
proposiciones números 9 y 10. La número 9, proposición no de ley sobre
unidad de la lengua catalana, cuya iniciativa obedece al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la
número 10, proposición no de ley, también sobre la unidad de la lengua
catalana, a iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto.
Como las vamos a tratar conjuntamente, en primer lugar hablarán los
proponentes, a continuación daremos cuenta de las enmiendas que han sido
presentadas, hablarán los enmendantes y, si quedara algún grupo en el que
no se da la característica de proponente o de enmendante, fijará las
correspondientes posiciones. (Rumores.)
Los medios de comunicación, como es natural, son muy bien recibidos en
esta Casa, pero deben procurar ocupar sus asientos de modo tal que no
quiten el escaño a los diputados. Lo digo porque para quitar el escaño a
los diputados se suelen convocar elecciones cada cuatro años. Vamos a ver
si conseguimos que los Diputados estén sentados.
El señor Alcaraz tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ALCARAZ RAMOS: Ante todo, creo que es de justicia, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
explicar esta proposición que, por lo visto, ha despertado tanta
expectación.
Queremos fomentar un debate; un debate precisamente en sede
parlamentaria, un debate sereno, tolerante y con argumentos. Se ha
fomentado, y la prueba es que se han presentado diversas enmiendas
alternativas que procuran o que intentan concitar el consenso. Hay
algunas de esas enmiendas, las del Grupo de Convergència i Unió y del
Grupo Socialista, que de antemano anunciamos que aceptamos en todos sus
términos y, por lo tanto, retiramos la nuestra, por lo que mi
intervención debe entenderse como una defensa de este texto de
sustitución al que hago alusión.
Esta proposición tiene tres puntos: apoyo a la promoción exterior en
medios de comunicación, apoyo a la cooperación en materia lingüística con
otros Estados fronterizos (o incluso alguno no estrictamente fronterizo)
y respeto a los criterios científicos por parte del Gobierno central. Es
decir, en actos que desarrolle el Gobierno central en el ejercicio de sus
competencias, y en particular se alude a las ediciones.
Aunque se habla de todas las lenguas, se ha venido en llamar --no se nos
oculta que por unas razones determinadas-- proposición sobre unidad de la
lengua catalana. Debo indicar desde el principio que el texto que
finalmente proponemos que se vote incluye un respeto explícito al
valenciano, que es la denominación tradicional y estatutaria en el País
Valenciano. Y es importante que hablemos de este tema.
Contaba Joan Fuster la siguiente anécdota. Decía que solía ir con unos
amigos a una cafetería en Valencia y un día le dijo al camarero: Ustedes
deben ser catalanes porque hablan en valenciano. Creo que éste es un buen
punto de partida para entender lo que queremos decir, porque, o bien los
valencianos, catalanes y mallorquines estamos sometidos a un milagro
permanente, llamado don de lenguas, o bastaría este hecho, la posibilidad
de intercomunicar entre nosotros, para aceptar la unidad de una lengua
que se habla desde Salses a Guardamar, y alguno también en La Moncloa,
por exigencia del guión. Llámese como se llame esa lengua, el hecho es
que hablamos la misma, y sirva eso también de punto de partida.
La proposición no de ley pretende, por lo tanto, deducir efectos
jurídico-políticos de un consenso científico mundial. No pretende
sustituir a las academias. Pretende llevar al terreno de lo jurídico y de
lo político aquello que las academias y las universidades han dicho,
porque nunca, desde que la filología adquirió el estatuto de una ciencia
seria, ningún departamento o instituto científico universitario ha dudado
de que la lengua que se habla en Alacant, en Perpiñán, en Tahull, en
Ordino, en Palma, etc., es la misma.
No se trata, pues, de que esta Comisión decida que hay una unidad
lingüística. Se trata de defender en la Comisión de Educación Cultural
del Congreso, que es un sitio bastante digno para hablar de estas cosas,
que en aquellos casos en que la ciencia en su ámbito alcance consenso
libre, aunque exista alguna excepción no significativa, el parámetro de
racionalidad en las sociedades desarrolladas y complejas sea, porque es
el más seguro para no errar, que los poderes públicos reconozcan esos
efectos jurídico-políticos a dicho consenso.
No traeré a colación la opinión de los filólogos porque no es misión
estrictamente (luego haré una pequeña excepción) de las señoras y señores
Diputados entrar en un debate filológico. A SS. SS. se les puede suponer
que tienen conocimientos o, en cualquier caso, basta con que se dirijan a
cualquier biblioteca reconocida en el mundo para encontrar la aceptación
unánime de la unidad de una lengua que, por razones históricas explicadas
también por la propia ciencia, ha venido en llamarse catalán.
Por lo tanto, me van a permitir que invoque estrictamente a la ciencia,
que llame en mi auxilio a la ciencia, porque en nuestra tradición
cultural, en los orígenes de la modernidad europea, desde el famoso caso
Galileo ha sido, como digo, el parámetro de racionalidad el seguir lo que
dice la ciencia. La ciencia contra la creencia, porque siendo muy
respetables las creencias, el pensamiento prelógico debe dejar un espacio
libre cuando existe la demostración científica.
Quizá no estuviera de más invocar aquella expresión de Melanchthon,
cuando hablando de Copérnico decía: ¿A qué vienen algunos a hablar de
modernidades y a traer novedades que a nada conducen? Pues bien, quizá
ésa sea la opinión de algunos, pero Melanchthon en este caso estuvo
equivocado.
¿Y es tan importante esa defensa? Pues sí porque, junto al origen de la
racionalidad de la modernidad europea, encontramos en los orígenes mismos
de la Ilustración la otra gran pata, junto con el razonamiento de nuestra
cultura: el principio de la racionalidad instrumental, la adecuación de
los medios afines.
Y es un hecho, estudiado también por la sociolingüística y por otras
ciencias afines, que la existencia de una lengua es una garantía
insoslayable, necesaria, precisa, para la salvación de esa lengua,
llámese como se llame, y de la normalización lingüística, del catalán en
el País Valenciano, del valenciano, si se quiere, en Cataluña. Así será
si así gustáis.
Por lo tanto, una lengua única será una lengua potente, viable en el
marco europeo, viable en los medios de comunicación; una lengua
fragmentada acabará siendo inviable. Este es el fondo de la cuestión:
asegurar el futuro de la cosa, no el futuro del nombre.
Nos lleva eso a algo de lo que se ha acusado, que es una propuesta
anticonstitucional, antiestatutaria. Dos cosas previas: primero, sería
terrible que la Constitución y el estatuto de autonomía fueran contra la
ciencia; y segundo, curiosa preocupación la que demuestran algunos que
luego atacan con absoluta iracundia a una sentencia del Tribunal
Constitucional que, ¡oh, casualidad!, único órgano legitimado para
interpretar la Constitución, reconoce la constitucionalidad del término
catalán en el País Valenciano, al menos en el ámbito académico, que era
el tema que se le sometía. Pero es que, además, la Constitución española
no tiene nada que ver con el tema que se trata. Autoriza a las
comunidades autónomas a declarar una lengua propia y a modular su
cooficialidad, pero nada tiene que ver eso con el tema de la proposición.
Pero es que, además, el estatuto de autonomía nombra a la lengua como
valenciano, y esa denominación se respeta en la proposición, pero ni el
artículo 7 ni la ley de uso y enseñanza del valenciano definen el
contenido de la lengua.
Uno de los principales sociolingüistas europeos, no del ámbito
lingüístico catalán, recordaba cómo el caso del Estatuto valenciano era
un ejemplo del fruto de acuerdos provisionales en materia lingüística que
acabarán produciendo algún tipo de problemas. Aceptamos el estatuto, lo
aceptamos y lo defendemos, pero nos reservamos también la defensa de
alternativas en una futura reforma que pudiera producirse. En todo caso,
el Gobierno del Estado, en su ámbito competencial, puede legalmente
interpretar el significado del significante valenciano. Es lógico que eso
lo haga y que nosotros así se lo digamos, desde el respeto a la ciencia
filológica, pues no tiene otro instrumento.
En esta proposición, por lo tanto, hay un respeto exquisito a no
transgredir el marco competencial de cualquier comunidad autónoma. ¿O es
que alguien puede aquí presentar una autoridad lingüística, científica,
estatutaria y legalmente reconocida en cualquier comunidad autónoma que
contradiga la aquí propuesta? ¿Existe? ¿Lo dice el Estatuto? ¿Lo dice la
ley de uso y enseñanza del valenciano? No lo dice.
Nos hubiera gustado la unanimidad. No ha sido posible. Entendemos a Unión
Valenciana. El conflicto lingüístico es su alimento. El Partido Popular
es otro caso, no se atreve a hacer general lo que defienden dos de sus
tres organizaciones territoriales en el ámbito lingüístico, lo que nos
ocupa. Ha presentado una enmienda que no vamos a aceptar porque nos
parece irrelevante. Por lo demás, que nadie se extrañe de que diga que es
irrelevante. El Presidente del Partido Popular en la Comunidad
Valenciana, señor Zaplana, decía aquí hace unos días que lo que hoy
debatiéramos y votáramos era irrelevante. Entenderán que no está mal que
le devolvamos la pelota. Descalificó este debate porque decía: no sirve
para nada. Pero que no se engañe nadie, pase lo que pase después de la
votación, no va a ganar el Partido Popular valenciano, va a perder todo
el Partido Popular porque pierde la oportunidad de normalizar un debate.
De todas formas, no me sustraigo a la oportunidad de decir y destacar la
coherencia del Partido Popular con la falta de legitimidad que en la
Comunidad Valenciana tiene para hablar de algunos asuntos. Suprimiendo la
Dirección General de Política Lingüística, redujo presupuestos. Utiliza
dos normativas lingüísticas distintas en el propio Consell de la
Generalitat. No impulsa la normalización lingüística. La Diputación de
Alicante prohíbe la edición de un libro muy recientemente. El
Ayuntamiento de Valencia prohíbe que se pongan letreros distintos del
castellano en una exposición (hablo de cosas de esta semana). Se censuran
las emisiones de TV-3. Hay cada vez más castellano en el canal
autonómico. Hay un ataque a la sentencia del Tribunal Constitucional y a
la autonomía valenciana. ¿De qué nos extrañamos de ciertas posturas?
En esta materia quizás, retomando el tono sosegado, parece que en el País
Valenciano en los últimos tiempos se impone aquello que el embajador
florentino le escribía a Galileo precisamente en vísperas de su viaje a
Roma: No es este país para venir a hablar de cosas de la luna.
¿Y qué nos queda como último argumento en contra? Queda la crispación, la
famosa crispación. Nosotros en este debate sólo tenemos unos pocos
instrumentos, tenemos libros, artículos en revistas científicas, cátedras
universitarias, palabras, la demanda del ejercicio de derechos y no
queremos la crispación. Pero la crispación es el efecto de dos cosas: en
primer lugar, de un conflicto lingüístico, pero un conflicto lingüístico
no resuelto entre el castellano y el valenciano, y ése sería el fondo
auténtico de la cuestión, en el que no se ha avanzado y en el que el
Partido Popular no ha hecho ningún intento para avanzar. En segundo
lugar, el deseo de algunos de no admitir la ciencia como parámetro de
racionalidad. Y en tercer lugar, confundir un debate público y civilizado
con la crispación. En definitiva, señorías, cuando la razón es expulsada
por la ventana entra siempre por un balcón.
Para acabar, me van a permitir ustedes, de entre las miles de historias y
argumentos que podíamos contar, que me refiera a una anécdota personal.
En las primeras elecciones municipales resulté elegido, siendo muy joven,
concejal de cultura del Ayuntamiento de Alicante. Murió Sanchis Guarner,
uno de los grandes filólogos de la lengua catalana y de la romanística
mundial, con una obra ejemplar que
serviría para demostrar todo lo que yo aquí he dicho, La Llengua dels
Valencians, que dice, por cierto, «el valenciano se reduce a una
definición sencilla, es una lengua románica y catalana». Pues bien, este
señor ilustre, que no había tenido más instrumentos que la palabra, el
libro y la voz para la defensa de sus intereses, había sido insultado y
agredido, y cuando sus restos llegaron al cementerio encontraron una
pintada que decía «per fi t'has mort, traïdor», «por fin te has muerto,
traidor». Yo en mi ingenuidad aduje esto para pedir que el Ayuntamiento
de Alicante otorgara el nombre de Sanchis Guarner a un colegio, y se me
dijo que no, porque si alguien escribía en la pared de un cementerio «por
fin te has muerto, traidor», era una muestra de que generaba crispación.
Con esa crispación será siempre el chantaje de unos pocos el que se pueda
imponer a la razón. Por lo tanto, nunca más llamemos traidores a los
defensores de nuestra lengua, la de todos. Cuando acabe esto, cuando
acabe esta sesión, tengan por seguro todas SS. SS. que todos los
portavoces que hoy hablemos, o casi todos, cuando salgamos, entre
nosotros vamos a hablar en la misma lengua, vamos a hablar en la nostra
llengua.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, debidamente habilitada al
efecto según consta en la Mesa, doña Pilar Rahola, a quien se le da la
bienvenida en esta Comisión.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: No es la primera vez que vengo a la
Comisión, pero le agradezco profundamente sus palabras.
La verdad es que en un tema de esta naturaleza hay tal consenso que no me
importaría en absoluto suscribir punto por punto la reflexión que acaba
de hacer Manuel Alcaraz, en nombre de Izquierda Unida. Estoy convencida
también de que, con más o menos matices, todos los que vamos a defender
la enmienda --aprovecho la ocasión para decir que yo la voy a aceptar,
puesto que también es la enmienda a mi propia proposición-- pensamos lo
mismo; quizá lo expresemos en términos distintos, en función de nuestros
caracteres, pero pensamos lo mismo.
Haciendo gala de su fina ironía, el Presidente de esta Comisión, Pablo
Castellano, me recordaba que hace tiempo se debatió en este propio
Parlamento si existía o no existía Dios y, fruto de la época, se decidió
que no. Yo tengo un poco hoy la impresión de que no hacemos un debate
sobre si existe o no existe Dios, tampoco es un debate escolástico sobre
el sexo de los ángeles, pero se parece bastante a un debate esperpéntico.
¿Y por qué se parece a un debate esperpéntico? Primero, porque es
evidente que no tiene ninguna racionalidad, desde el punto de vista
científico, desde el punto de vista de los mínimos criterios culturales,
sociales, o incluso de puro sentido común, que hoy tengamos que debatir
esta proposición o estas proposiciones. Y en consecuencia, los argumentos
o los motivos que nos han traído hoy a intentar conseguir el consenso,
que finalmente hemos conseguido, son fruto de la pura irracionalidad.
Hoy tengo, si me permiten, un sabor agridulce. Por un lado, estoy
ciertamente contenta, puesto que una proposición que yo presenté justo
después del debate de investidura (por tanto, hace ya más de un año) ve
finalmente la luz y, además, va a motivar, junto con la otra proposición,
un acuerdo importante. Por tanto, hoy esta Cámara va a ganar; pero va a
ganar la Cámara a favor de la ciencia, a favor de la racionalidad. Sin
embargo, tengo que tener un sabor agridulce porque el largo camino
perpetrado para llegar hasta aquí ha sido profundamente doloroso, muy a
menudo ha estado salpicado de agresiones, incluso físicas, a mucha gente
que defendía la unidad de la lengua en el País Valenciano, y en todo caso
a un sinfín de energías gastadas a todos los niveles que eran
absolutamente innecesarias desde el punto de vista de la pura
racionalidad.
Largo camino desde que el 19 de junio de 1979 el entonces Senador Josep
Beviá Pastor ya interpeló a la entonces UCD en los siguientes términos:
¿Qué lengua es ese valenciano que pretende el Consell que se incorpore al
sistema de enseñanza de su territorio? ¿Hará falta traer el testimonio
unánime de todos los romanistas para afirmar que el valenciano es una
variante de una lengua común que se habla principalmente en Cataluña,
Baleares y el País Valenciano? Vaya desde aquí mi respeto a ese Senador,
hoy Diputado en este caso, y a los Diputados que desde hace tantos años,
desde que tenemos democracia, están luchando por la pura racionalidad.
Largo camino de agresiones al patrimonio cultural común, a la identidad,
a la memoria colectiva de toda la gente de toda una cultura. Largo camino
de irracionalidades, de lucha desde la ciencia, de lucha desde todas las
administraciones, desde interpelaciones hasta incluso en la propia calle
o en la propia universidad.
Hemos tenido algunos éxitos administrativos en este largo camino,
ciertamente. Yo quiero recordar, por ejemplo, que el 20 de diciembre de
1983 la Comisión Permanente de la Junta Nacional de Universidades acordó
que se equipararan las disciplinas de lengua y literatura catalanas que
con diversos nombres figuran en las universidades de Cataluña, Valencia y
Baleares. ¿Se imaginan ustedes que una Junta Nacional de Universidades
tiene que llegar a un acuerdo de esta naturaleza? ¿Fruto de qué? Fruto
sólo de la pura y dura intolerancia, fruto del sentido predemocrático,
fruto de la agresión a la cultura y a la identidad de todo un pueblo.
Ha habido otros acuerdos, no los voy a enumerar todos; ha habido incluso
bromas que han venido del ámbito filológico, que han venido de multitud
de lingüistas. Recuerdo, en todo caso, una de ellas en la que decía: Y
cuando se promulgó la Constitución se publicaron versiones en gallego,
euskera, catalán y valenciano. La Administración, este Ministerio de
Educación y Ciencia del que dependemos, ha creado luego cátedras y
agregadurías de lengua y literatura valencianas en los institutos de
aquella región, y también las hay previas a esa discusión de lengua y
literatura catalanas, modalidad balear. Todo esto, no ya para un
romanista, sino para cualquier aprendiz de filólogo, resulta entre
risible e irritante. Llegamos a hoy, y con este debate perpetuamos la
irracionalidad.
Yo hoy creo que va a ganar la ciencia, creo que va a ganar el sentido
democrático, creo que va a ganar la pura voluntad de no convertir este
Parlamento en un esperpento. Sin embargo, me siento profundamente
grotesca teniendo que defender lo que es absolutamente obvio.
¿Por qué defiendo la proposición que yo he presentado, y para ganar
tiempo, señor Presidente, por qué defiendo directamente la transaccional
que hemos acordado con Convergència i Unió y con el Partido Socialista,
juntamente con el otro proponente de Izquierda Unida?
La defiendo por acatamiento y respeto legal. Estamos ante un acuerdo que
es profundamente respetuoso con el estatuto y con la Constitución. Y se
lo dice una Diputada que quisiera cambiar esta Constitución. Hay puntos
de la Constitución que no le gustan, pero entiende que es el marco legal.
¿De qué sirve una Constitución que dice claramente que se defenderá el
patrimonio lingüístico de todos los ciudadanos, si luego desde
instituciones públicas se agrede contra uno de estos patrimonios, y
agreder contra la unidad es agreder claramente el patrimonio? Estamos
haciendo aquí un acuerdo constitucional, estamos amparándonos en la
Constitución para defender el patrimonio y la cultura, que espero que sea
de todos, que espero que sea de todos. Ya entiendo que quien estima que
es una barbaridad no considera el catalán patrimonio suyo, sin embargo,
yo espero, espero... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ya llevamos tiempo para que haya lugar a estas
interrupciones. Soséguense SS. SS. y guardemos el respeto que siempre
hemos observado entre nosotros y que nos ha venido dando buen resultado.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Busquen un solo punto (todos estos que se
ponen nerviosos) en el cual la propuesta que hoy presentamos no sea
constitucional. Les animo a que lo lleven al Constitucional, señores.
Díganme ustedes si la Constitución no ampara el patrimonio lingüístico de
todos los ciudadanos de este Estado, y quiero dejar muy claro que quien
agrede un hecho científico con una lengua concreta, sea cual sea ésta,
está agrediendo el patrimonio y, por lo tanto, está atentando contra la
Constitución.
¿Por qué defiendo también la enmienda y la proposición? Por racionalidad
y respeto a la pura ciencia, porque algunos estamos hartos; hartos de que
se inventen 5.000 variantes de un mismo idioma, hartos de que se inventen
incluso orígenes que no tienen nada que ver con el mínimo de respeto a la
memoria y a la historia. Hay que proclamar hoy aquí y de una vez que en
Valencia se habla catalán, y como dijo Vicent Andrés Estellès, ese gran
poeta valenciano tantas veces agredido, tantas veces vilipendiado en
nombre de la barbarie, en Cataluña se habla valenciano.
El problema es el nombre, señores. Llamémosle todos valenciano al
catalán. Sinceramente es lo que menos me parece preocupante. Lo que me
parece absolutamente irrisorio, bárbaro y profundamente precientífico es
discutir que hablamos el mismo idioma. Pero, en fin, ¿cómo quieren
llamarle para acabar con esta locura? Locura en las agresiones verbales,
y muy a menudo físicas; locura la de un Presidente de las Cortes
Valencianas que hoy le da por defender o por presidir, nunca mejor dicho,
una manifestación en contra del Parlamento. Es interesante. La coyuntura
que hoy se plantea es francamente divertida, forma parte del esperpento.
Locura, por tanto, la de un Presidente de las Cortes que acaba, desde mi
punto de vista, deshonrando la institución. Hacer, motivar que la
institución de las Cortes Valencianas haga el ridículo, es deshonrarla; y
no estar de acuerdo con que hablamos la misma lengua --y a partir de aquí
que cada uno trabaje en lo suyo, pero hablamos la misma lengua--,
indiscutiblemente es deshonrar la propia institución. En todo caso, desde
mi punto de vista, lo que hoy ocurre, si no fuera porque me parece humor
negro, sería hasta divertido.
Locura la de un Senador que llega a pedir la intervención real.
Sinceramente, no es porque sea republicana, pero me divierte que alguien
pida la intervención real para impedir un debate. ¿Por qué no pedimos la
intervención divina, puestos a hacer? Yo no he pedido hoy, para llegar a
un acuerdo, la invocación de La Moreneta, ni tampoco la de la Mare de Déu
dels Desamparats; sólo he pedido un acuerdo político, fruto de una pura y
estricta racionalidad científica universitaria.
Señores, locura, locura, locura. ¿Cuándo acabará? Cuando algunos dejen de
hacer demagogia, cuando algunos utilicen un hecho que forma parte de la
identidad de todos, que hay que proteger, que hay que consolidar, y lo
conviertan en una pura arma política.
Finalmente, defensa democrática. Entre otras cosas, señorías, porque aquí
es inevitable la comparación con la defensa del castellano. A mí no me
sirve, sinceramente, que el Presidente del Gobierno en su periplo
clintoniano diga que está a favor de la consolidación del idioma
castellano en el mundo, cosa con la que estoy de acuerdo, y en cambio
cuando se le pregunta sobre el catalán y el valenciano diga que respeta
las opiniones de todos. ¿Qué pasa, la universidad es un debate en la
calle, es un debate de café? ¿Es que para un Presidente de Gobierno un
tema científico y universitario es decir que respeta las opiniones de
todos? Habrá que decir al señor Aznar que cuando habla en la intimidad
con su esposa en catalán, también lo hace en valenciano.
En todo caso es evidente que quien hoy hace especialmente el ridículo es
el Partido Popular, es el partido que gobierna el Estado, que quiere
entroncar, lo hemos oído muchas veces, con las clases medias, con el
centro, y en cambio hoy perpetúa la pura barbarie, perpetúa la propia
ignorancia. Desde luego es evidente que se escapa de un debate
racionalista en el cual tenía mucho que ganar.
Acabo aquí con la enmienda a favor de la consolidación de la lengua
común, la que hablamos todos los que nos expresamos en catalán, en
balear, en valenciano, digámosle como le digamos a la cosa. Enmienda y
acuerdo a favor de la ciencia, enmienda a favor del marco legal
constitucional y estatutario, y enmienda, señorías, a favor de eso que
los catalanes, y también los valencianos, llamamos al seny, el sentido
común. Fuera del sentido común todo cabe, pero por suerte hoy este
Congreso va a dejar fuera del acuerdo
y de la unanimidad a los que no están a favor del sentido común.
El señor PRESIDENTE: Es evidente que a lo largo de la defensa ardorosa de
las proposiciones no de ley se abre un proceso contradictorio, lo cual
quiere decir que a quien le toque ahora defender las correspondientes
enmiendas podrá hacer uso también, para que haya una equidad entre todos,
de la parte de contradicción que tenga con anteriores intervinientes,
pero que nadie alimente, bajo ninguna clase de argumentación, la menor
esperanza de que haya lugar a la réplica, eso que lo vaya abandonando de
su mente, porque no va a haber lugar a ella.
Vamos a proceder a la defensa de las correspondientes enmiendas. Y
existen dos enmiendas de Convergència i Unió, tanto al número 9 como al
10, de idéntico contenido, para cuya defensa damos la palabra a doña
Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Las Diputadas y Diputados aquí presentes,
pertenecientes a distintos grupos políticos, conocen nuestra coherencia
--la coherencia del Grupo Catalán-- con el compromiso nacionalista
político y también nuestra definición del Estado español como un Estado
plurinacional, plurilingüe y pluricultural, y saben también nuestra
exigencia militante en la búsqueda del consenso en el ámbito educativo y
cultural.
Hoy se han formulado sendas proposiciones no de ley que persiguen el
cumplimiento y el desarrollo por parte del Gobierno del Estado español
del mandato constitucional de promover y salvaguardar de ataques y
rompimientos el bien patrimonial más valioso que tenemos: el de la
lengua.
Nuestra enmienda no pretende disminuir ni obviar su demanda. Antes bien,
nuestra enmienda es deudora del esfuerzo y generosa disponibilidad de los
proponentes y de la fidelidad a la lengua común de muchas y muchos
Diputados, de muchos y muchas ciudadanas.
La enmienda, que espero que ya conocen, amplían el alcance de aquellas
que están limitadas al espacio lingüístico catalán y pretende hacer
realizar lo que debería ser la norma: lograr en el interior y exterior
del Estado español una percepción positiva de la actuación de éste en el
ámbito lingüístico y su autoidentificación explícita como Estado
plurilingüe y plurinacional, porque la lengua euskera, la lengua gallega
y la lengua catalana, hablada en diferentes comunidades y denominada
valenciano, catalán, o podría denominarse balear, al igual que la lengua
castellana, forman parte del patrimonio cultural del Estado. De otro modo
existiría una dicotomía perversa entre la lengua del Estado español y las
lenguas de otras naciones.
La lengua es el elemento de adscripción fundamental a una conciencia
colectiva y una conformación solidaria y permanente con otros colectivos
y comunidades. Los lazos existentes entre las Illes Balears, València,
Catalunya, Andorra y Catalunya Nord son indisolubles y sólidos, gracias
al uso compartido de una misma lengua que establece una permanente
reafirmación histórico-cultural pese a realidades e ideologías distintas.
Este es el sustrato general de la definición política de la enmienda, La
definición política cuadrilingüe del Estado español. Pero,
lamentablemente, ha sido acompañado de actos y declaraciones que
constituyen un aspecto llamativo, constituyen el titular y el escándalo,
la versión esperpéntica de la sinrazón y de lo acientífico.
Mi grupo jamás reclamará del Gobierno del Estado una declaración sobre la
evidencia científica de que la lengua propia y oficial de València, les
Illes Balears y Catalunya es una sola, porque llámese como se llame será
siempre una. La ciencia, la filología y la lingüística no son motivo de
interpelaciones y de proposiciones. El Gobierno no es un foro de
filólogos, es un organismo político; esta Comisión es una Comisión
política, pero con una particularidad, es la Comisión política que
legisla sobre educación y cultura. ¿Qué guía ofreceremos hoy desde aquí a
la sociedad? ¿Cuál será hoy la decisión ejemplar de la Comisión de
Educación y Cultura? ¿Qué grupo supeditará la certeza científica a la
ideología política? ¿Legitimará esta Comisión que el idioma en el que
hablamos con nosotros mismos es una moneda para el cambalache político o
instará al Gobierno a que sea garante de proteger, acrecentar y
transmitir a las generaciones futuras este patrimonio común, la mayor
riqueza colectiva y el elemento más valioso de identidad social y
cultural?
No querría sentir la vergüenza de otros y otras; no querría tampoco
sentir la humillación indignada porque, de manera perversa, mi lengua, la
lengua catalana, se usa como espejuelos para mantener o ganar votos. No
reclamamos una declaración, porque sabemos que el Gobierno del Estado
español no podría contradecir a la propia Real Academia Española cuando
en su diccionario leyera que el catalán es la lengua romance que se habla
en Cataluña y en otros dominios de la antigua Corona de Aragón, y que el
valenciano es una variedad de la lengua catalana que se habla en la mayor
parte del antiguo Reino de Valencia. No reclamamos declaraciones ni
posicionamientos sobre la unidad de la lengua catalana, la propia de
València, Catalunya y les Illes Balears porque equivaldría a pedirlo
sobre un aserto científico. ¿Puede ponerse en duda la irrefutabilidad del
teorema de Pitágoras? ¿Puede ampararse como respetable que el cuadrado de
la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y, a la
vez, que los catetos sumados son una hipotenusa cuadrada? ¿O que el
principio de la gravedad actúa sobre Francia, pero no sobre Italia? ¿O
puede a la vez ser una, y no serlo, la lengua que se habla en Madrid y la
que se habla en Argentina? ¿O quizá los hablantes de determinadas
tendencias políticas de València, Catalunya e Illes Balears han sido
dotados, como ha dicho el señor Alcaraz, con el don de lenguas
evangélico? ¿O no es milagroso que vostè i vostè i en vostè, senyor
Diputat, nos entendamos cuando hablamos la lengua común, nuestra lengua?
No. No lo vamos a reclamar, pero esta Comisión de Educación y Cultura
exige e insta al Gobierno del Estado español a que en sus actos acate los
dictados de la filología y que de ello se haga evidente la unidad de la
lengua. Hoy esta Comisión, señoras y señores Diputados, será el espejo en
el que a través de la sociedad política
se contemplará la sociedad entera. Hoy debemos fundamentar nuestra
pertinencia y fidelidad al mundo educativo y cultural. Hoy debemos
legitimar lo incuestionable y así desautorizar la propagación de
interesados errores desde la humilde autoridad que nos ha conferido la
misma sociedad.
Con respeto, pero con contundencia, quiero preguntar a las señoras
diputadas y diputados del Grupo Popular cuál sería su reacción si se
presentara en esta Comisión una proposición en que se instara al Gobierno
a editar en una única versión las publicaciones que se distribuyen en
Andalucía y en Castilla-La Mancha. ¿Se sentirían desconcertados? ¿Se
horrorizarían? ¿Reirían y quizá pensarían que era una broma de mal gusto
o se sentirían indignados? Muchos millones de ciudadanas y ciudadanos de
este país esperan de ustedes la misma reacción hacia los ataques a su
lengua propia. Algo más, ¿creería respetable el Grupo Popular, en una
situación hipotética, que un grupo político defendiera con ahínco que la
lengua diferente del valenciano que se habla en parte del territorio de
Valencia es una lengua distinta de la lengua castellana? ¿Cuál sería su
voto al respecto? ¿Sacrificarían la unidad de la lengua castellana, la
lengua propia de muchos de ustedes, por unos votos, por unos escaños o
por unas migajas de poder? No me contesten, no quiero respuesta porque la
conozco y me humilla, e indigna a mí y a mi país.
Es oportuno en todas ocasiones, pero en ésta de modo especial, recordar
lo que los clásicos griegos nos enseñaron, que acabada la Edad de Oro, la
Edad en que los seres humanos éramos como dioses y entendíamos el
lenguaje de los pájaros, los dioses nos abandonaron, reservándose para
ellos la sabiduría y dejando el poder para los hombres. Hoy la sociedad
política, esta Comisión, apostará por la sabiduría y no por el poder, y
el Grupo Popular debería apostar por no dejar abiertas aquellas heridas
que no nos van a permitir olvidar.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada
una enmienda. Se están viendo las enmiendas por la fecha de entrada de
registro, lo digo para que no haya lugar a que nadie crea otra cosa.
Nuestro vicepresidente, señor Beviá, tiene la palabra.
El señor BEVIA PASTOR: Intervengo aquí exclusivamente como portavoz del
Grupo Socialista para defender nuestra enmienda a las dos proposiciones
no de ley presentadas sobre la unidad de la lengua catalana.
Tal como se han manifestado los portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra, queda ya muy claro que es un texto discutido, hablado,
acordado con el Grupo Catalán (Convergència i Unió), con el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
consultado con la señora Rahola, así como con el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y
el Grupo Mixto, el señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego.
Yo creo que ya no hace falta marcar cuáles son aquellos elementos en los
que la enmienda conjunta coincidía con las iniciativas primeras, las dos
proposiciones no de ley a los que hacen referencia.
La señora Gil ha dicho que en cualquier caso esta enmienda conjunta
extiende, y parecía absolutamente lógico, lo que se contemplaba
exclusivamente para la lengua catalana a las otras dos lenguas oficiales
en comunidades autónomas y distintas del castellano: al gallego y al
euskera. No obstante, y la señora Gil ha punteado ya algo en este
aspecto, la enmienda difiere casi exclusivamente de los textos iniciales
de las proposiciones no de ley en un punto. Es verdad que la enmienda, y
queda muy claro, el señor Alcaraz ha hecho alusión a ello, da como un
hecho contrastado la unidad de la lengua catalana. Sin embargo en la
enmienda no se recoge instar al Gobierno para que éste haga una
declaración oficial sobre ello.
Señorías, ya se ha apuntado aquí que es innecesario señalar que una cosa
son las decisiones políticas y otra cosa muy distinta son las
definiciones científicas. El Gobierno no hace definiciones científicas.
Una cosa es el debate político y otra la discusión científica. Nosotros
no hacemos aquí ciencia, decía la señora Gil, nosotros hacemos aquí
política; sin embargo, quedando ese supuesto o presupuesto evidentemente
claro, hay que tener en cuenta que la acción política, y la señora Gil ha
puesto diversos ejemplos sobre ello, debe apoyarse sobre los datos de la
realidad científica, de una realidad científica contrastada, no sobre
meras elucubraciones ni siquiera sobre hipótesis de trabajo.
Por ejemplo, una política de erradicación de la tuberculosis no tendría
sentido, no sería mínimamente seria si no se apoyara sobre el dato
científico de que la causa de la tuberculosis es el bacilo de Koch, o que
para hacerlo realmente vulnerable es preciso, de acuerdo con las
investigaciones científicas, acudir a tal o cual fármaco. De la misma
manera, el Gobierno tendrá que partir de criterios científicos
contrastados, tanto cuando se dispone en el ámbito de la educación a
homologar títulos o plazas de profesores, como cuando realiza versiones
de sus disposiciones generales o de las publicaciones de sus organismos.
Entendíamos y entendemos que ésa es la función del Gobierno, no la de
hacer declaraciones formales en torno a realidades científicas
suficientemente constatadas, sino aplicar una política lingüística que
sea coherente con esas constataciones científicas.
Uno de los criterios plenamente avalados por la filología y la
romanística moderna es que, al margen de la denominación específica
estatutaria, histórica, incluso habitual o usual que pueda tener en uno u
otro territorio, al margen incluso de las peculiaridades que ofrezcan sus
diferentes modalidades territoriales, la unidad de la lengua que
compartimos básicamente baleares, valencianos y catalanes, y que
científicamente se conoce con el nombre de catalán, es una realidad
plenamente constatada por filólogos y romanistas.
Y no creo que sea éste el momento, efectivamente, de extenderse en
aportar datos sobre ello. Por los intervinientes anteriores se han
punteado alusiones, referencias, citas a determinados filólogos o a
determinados romanistas. Me remito sin más a mis intervenciones, que
tengo a disposición de cualquiera ya. Es triste que desde el año 1979 y
desde el año 1980 el Parlamento tenga que estar planteándose
de nuevo la misma cuestión, y que cuando en el campo autonómico, cuando
en el campo de la enseñanza y cuando en el campo de la cultura se han
cerrado tantísimas cosas y se ha avanzado de una manera tan desmesurada,
estemos en esta cuestión discutiendo lo obvio durante 16 ó 17 años, desde
el año 1979 hasta hoy.
En cualquier caso, yo solamente quisiera dar un dato nuevo. El profesor
Marcos Marín, catedrático de lingüística general de la Universidad
Autónoma de Madrid, dice en un libro sobre conceptos básicos de política
lingüística para España, dice: Las acciones de prestigio de la lengua
común son parte de la solución, pero ésta requiere una atención global a
todas las lenguas de España, como lenguas en las que se expresa en sus
diversas variedades la cultura española, el catalán, el gallego o el
vascuence. Estas son, dice, las lenguas de cultura. La cita no tendría,
seguramente, señor Presidente, más valor que el hecho de que este libro
ha sido publicado por una fundación, la FAES, la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales, que preside don José María Aznar y
entre los vocales está el señor Michavila o el señor Lucas Jiménez.
El Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales hace unos
días, públicamente, en una entrevista, don Jorge Fernández Díaz, hablaba
claramente de que para él era evidente la unidad de la lengua. Más aún,
hace unos días, en una entrevista en el diario Avui, el portavoz del
Grupo Popular en esta Comisión, el señor Guerra Zunzunegui, traduzco,
dice: Desde un punto de vista estrictamente filológico, el valenciano es
una de las modalidades del catalán. Yo alabo la afirmación clara y
rotunda del señor Guerra Zunzunegui, es en el diario Avui del día 14 de
mayo de 1997. Es una afirmación valiente, y lo es porque a veces, y no
hay ironía en mis palabras, proclamar lo obvio comporta por desgracia
todavía un elevado grado de valentía. Sin embargo, y esto es lo que
seguramente quería plantear el señor Guerra Zunzunegui que me hacía
algunos gestos, inmediatamente, a renglón seguido, se pone delante como
una barrera, como un valladar, como aquello que se decía, señor
Presidente, un detente, aquellos escapularios del detente bala, se pone
por delante el estatuto de la Comunidad Autónoma Valenciana. El estatuto
--se esgrime-- señala que el idioma específico de la comunidad es el
valenciano, y a partir de ahí se trata de conferir un carácter
excluyente, no ya al nombre, sino a la misma realidad que cobija, a la
propia lengua. Se pretende sostener la falacia, al menos en el ámbito
jurídico, no importa que el Tribunal Constitucional acepte que son
sinónimos el valenciano y el catalán, no importa, se pretende sostener la
falacia, digo, de que un nombre distinto, cada nombre tiene que encerrar
una realidad diferente y diferenciada, cualquiera que sea el objeto al
que se refiera el término.
Pero las lenguas, señorías, como se ha repetido de otras formas, son
realidades metajurídicas. Las lenguas no se crean por decretos, las
lenguas no se crean por leyes, ni siquiera por leyes orgánicas, ni por
decisiones de políticas de cualquier parlamento, por mayoritarias que
puedan ser esas decisiones, de la misma manera, como decía la señora Gil,
que no depende de lo que vote una asamblea para que la fuerza de la
gravedad tenga existencia o no la tenga. Lo que caracteriza, lo que
diferencia una lengua, es su estructura fonológica, morfosintáctica,
lexical, no un nombre. Una lengua es un sistema, no una denominación.
Podríamos aducir aquí muchos o bastantes ejemplos de una realidad única
denominada con diversos términos. El flamenco que se habla en Bélgica, y
que tiene un nombre acuñado como tal, qué otra cosa es si no el holandés;
el brasileiro, qué otra cosa es si no el portugués. La señora Gil hablaba
de la duplicidad de términos castellano-español para referirse a una
misma realidad.
Sin embargo, señorías, todos sabemos que estas afirmaciones sobre la
unidad de la lengua catalana, como decía antes, suscitan reacciones
acaloradas en determinados sectores, reducidos pero apasionados, de la
sociedad valenciana. Soy consciente de que nos estamos moviendo en un
terreno muy sensible, en el ámbito de las señas de identidad, y no deja
de ser una tentación entrar a saco en ellas desde la demagogia y el
sectarismo. Por ello, frente al grito o frente a la algarada, frente a
actitudes descompuestas o la descarada manipulación de determinado medio
de comunicación de la Comunidad Autónoma Valenciana, se hace necesario
apelar a la cordura, se hace preciso establecer una clara separación
entre lengua y política partidaria. El valenciano, nuestra modalidad de
esa lengua común, es patrimonio de todos los valencianos y no debe ser
objeto de división o de llamada a las trincheras de uno u otro sector,
del que sea. El reconocimiento de la unidad de la lengua es perfectamente
compatible con la validez de las diferentes particularidades de cada una
de las variantes, que no solamente son admisibles, sino que ensanchan,
amplían, desarrollan extraordinariamente la lengua común y la enriquecen.
Hace unos años, con motivo de una reunión parlamentaria internacional, yo
subí a un avión de Perú, y allí donde en nuestros aviones dice salida de
emergencia, pull, empujar, decía jala la manija. A nadie se le ocurría
pensar que por decir jala la manija en vez de empujar, allí había un
peruano que era una lengua distinta del castellano, del español, del que
todos, los trescientos y pico millones de hablantes, nos sentimos
orgullosos. Y si son válidas esas diferentes modalidades, también la
unidad de la lengua catalana es absolutamente compatible con la
denominación de valenciano. No hay contradicción, señorías, entre esos
dos principios: unidad de la lengua, utilización del término valenciano.
No sólo no existe contradicción, sino que durante 15 ó 13 años, desde la
aprobación del estatuto de autonomía hasta 1995, el diseño y desarrollo
de la política lingüística de la Generalitat valenciana fue coherente con
estos principios, su aplicación fue pacífica y significó un avance
importante en el proceso de normalización lingüística. Se alfabetizaron
esos años en su lengua millares de personas, millares de familias optaron
por un modelo de escuela en valenciano para sus hijos, se multiplicaron
el número y modalidades de cursos para funcionarios no docentes de la
Administración, y miles y miles de hombres y mujeres se inclinaron por
unos medios de comunicación en su lengua propia.
Termino. La enmienda que defendemos es una propuesta para el acuerdo,
para la avenencia, no para la confrontación;
es un lugar en el que yo diría que casi la totalidad de los grupos
parlamentarios que estamos hoy aquí podíamos encontrarnos, voten lo que
voten sus señorías. Voten hoy lo que voten, la mayoría de SS. SS. están
de acuerdo en el planteamiento que se hace en esa enmienda. La
racionalidad, la asunción de criterios científicos consolidados para
desarrollar políticas lingüísticas permitirán, como se ha reiterado ya
aquí, avanzar en la normalización de esa lengua común, en la de nuestro
valenciano también. La crispación, en cambio, el conflicto lingüístico,
sólo conducen a la inhibición y a la parálisis. La fragmentación de la
lengua sólo lleva a su empobrecimiento y a su ruina. Recuerdo, señorías,
unas palabras en un ensayo de Pedro Salinas sobre la lengua, que decía: A
través de la lengua nosotros construimos el mundo y nos construimos a
nosotros mismos. A medida que el niño va aprendiendo su propio lenguaje
no solamente está aprendiendo un vehículo de comunicación, una especie de
código de señales como de carreteras, sino que está comprendiendo el
mundo, determinando el mundo, dominando el mundo, y se está a su vez
comprendiendo a sí mismo. Fragmentar la lengua, crear un problema donde
hace muchos años que no debería haberlo, en cierto modo yo lo siento,
señorías, es una especie de suicidio propio.
Por lo tanto, yo les invito a que, voten lo que voten hoy, hagan
esfuerzos para que esto sea un lugar de encuentro, para que efectivamente
no rompamos un elemento que es sin duda alguna la almendra más viva de
nuestra cultura.
El señor PRESIDENTE: El señor Chiquillo para la defensa de enmiendas
tanto a la proposición que figura bajo el número 9 como bajo el número
10, de idéntico contenido.
Tiene la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Quiero iniciar mi intervención con una frase
que me gustaría que quedara bien clara en el ánimo de todos los
presentes, discrepar e incluso cuestionar teorías es la base de la
ciencia, incluso de la ciencia política. Por lo tanto, quiero arrancar
desde el posicionamiento de Unió Valenciana al respecto, claro y rotundo,
de escrupuloso respeto a la legalidad vigente, al sentimiento propio de
los valencianos, pero en particular por lo que consideramos hoy, en esta
proposición no de ley, en esa enmienda consecuente que se va a firmar,
que se está procediendo a una invasión competencial sobre algo que tiene
competencia exclusiva la Generalitat valenciana por mandato
constitucional y por mandato estatutario, por lo cual apelo, en primer
lugar, a que se retire la proposición, a que no haya ningún tipo de
acuerdo, porque creo que es un atropello a la legalidad vigente.
Sin embargo, ya que en la ciencia política es bueno discutir, es sano,
igual que en la ciencia, y hay tesis contrapuestas, unas en teoría
mayoritarias, pero no deja de haber, entre comillas, tesis minoritarias,
que las hay, creo que es importante que hablemos de una cuestión:
discrepancia.
Cierto es que el conocimiento científico más extendido, entre comillas
--universidades españolas, escritores, lingüístas--, habla de que el
valenciano es un dialecto del catalán. Esta situación no es extraña al
funcionamiento habitual de la ciencia, sobre todo si se tiene en cuenta
la difusión que de esta idea se está haciendo en los últimos 25 años y
con la clara ocultación a que se somete cualquier opinión contraria a
ella. Por tanto, se ha quebrado uno de los principios básicos de la
ciencia: impedir que tesis contrapuestas sean defendidas, sean escuchadas
y se les haya dado la misma oportunidad que en teoría a las mayoritarias
o a las que han tenido más medios o más adictos. Un brevísimo repaso por
la historia de la ciencia nos lleva a recordar la confrontación que hubo
entre las concepciones egocéntricas y geocéntricas del Universo, primero
la gran mayoría defendía una tesis, y luego la que era minoría fue la
correcta en su día. También podemos recordar el largo debate que tuvo
lugar en el siglo XVIII en Francia sobre la existencia o inexistencia de
los meteoritos. Esto nos debería hace reflexionar a todos sobre el hecho
de que el conocimiento más difundido, o más defendido cuanto menos, no
siempre es el verdadero o no es la única verdad.
Hay filólogos, hay universidades que defienden con rotundidad y con
argumentos serios y rigurosos de la romanística que el valenciano es una
lengua del tronco común del latín, pero una lengua diferenciada. Además,
hasta hace poco más de 90 años todo era provenzal --porque todos los
romanistas y lingüístas, incluso catalanes, hablaban de que el idioma era
el provenzal--, pero se adoptó la decisión política de que catalán, y
punto. Y no ha habido discusión o contraposición a tesis que decían lo
contrario. Por lo tanto, vamos a lo que hoy nos lleva aquí, a lo que es
una cuestión política, porque filología no vamos a hacer, porque ustedes
tienen filólogos, los que defienden en teoría lo que ustedes dicen, la
irracionalidad, pero también nosotros tenemos algún filólogo, alguno que
otro, muchos diría yo, lo que pasa es que se han ocultado descaradamente
sus tesis; incluso algún filólogo catalán al que, por no ser oficialista,
han apartado de la circulación debido a sus planteamientos. Eso es
rotundamente verdad, como que ahora estamos en Madrid, en la Carrera de
San Jerónimo.
Es una cuestión política. Ustedes quieren decir que son criterios
filológicos, universitarios, incluso científicos, la ciencia. Rápidamente
califican de culto y científico a quien sigue su estrategia, la
estrategia general que ustedes imponen. Y digo imponen porque se censura
y acalla a quienes defienden tesis distintas, que las hay, y opiniones
contrarias a las de sus tesis, que las hay.
También quiero decir que algunas autoridades científicas han sido
dirigidas hacia unas posiciones muy claramente interesadas para un
planteamiento político, porque ésta es una cuestión política. En los
debates del Estatuto de Autonomía Valenciano, en 1981 y 1982, señor
Beviá, usted lo sabe bien, no se hablaba de cuestiones lingüísticas, se
hablaba de connotaciones políticas, y el Partido Socialista no formuló
enmiendas en contra del artículo 7 en los trámites del Congreso porque no
dudaba de que la lengua valenciana era la lengua propia de los
valencianos; pero luego había un debate, fuera de lo lingüístico, que era
el político, y ahora iré a parar a él.
Hay unas opiniones interesadas para un planteamiento político muy claro,
muy lejos de la filología, como nítidamente lo decía el representante de
los que hoy quieren acallar los derechos de la lengua valenciana, su
representante económico y cultural en la Comunidad Autónoma Valenciana:
el objetivo son los Países Catalanes, habláis lo mismo, formáis parte de
una entidad política que son los Países Catalanes. Esa es la verdad del
debate y usted sabe que desde hace muchos años, muchos años. Podría
aparcarse la cuestión sólo en lo lingüístico y a lo mejor no habría tanto
recelo, tanta crispación, pero usted sabe que el tema no es filológico ni
es lingüístico, es político, de mucha magnitud, de mucho alcance, y
aniquilador de la personalidad propia de un pueblo que lo único que
quiere es vivir en paz, en libertad, pensar y vivir en la lengua que han
heredado, que es la lengua valenciana.
Lo de discrepar e incluso cuestionar teorías es la base de la ciencia, y
yo me lo creo así. Puede haber uno que defienda una tesis ante mil, y a
la vuelta de 10 ó 15 años, la tesis de uno llegue, abra la luz y a lo
mejor entonces ya no son mil en un bando y uno en otro, hipotéticamente
hablando, se equilibra e incluso da la vuelta a lo que hacía 25 años era
lo científico y lo universitario.
Es sorprendente que los defensores de la unidad de la lengua se amparen
en una entidad, la Real Academia Española, que ha cambiado mucho de
criterios, desde tener un sillón dedicado a la lengua valenciana no hace
más de 50 años, ocupado por el padre Fullana, a decir que en Valencia se
habla catalán. Pero es que además, en cuanto a que fueron preguntados uno
por uno los académicos de la sección administrativa de la Real Academia
Española, hay un libro muy importante de los que no comparten sus tesis,
con lo cual no llega a sus manos porque posiblemente sufra una censura
previa, que dice que muchos prestigiosos miembros de la Real Academia
Española luego han dicho, primero, que no sabían lo que firmaban, y,
segundo, que no es competencia de la Real Academia Española dictaminar
sobre cuestiones ajenas a la lengua española. ¡Y ustedes se amarran a la
Real Academia Española! ¡Qué científico!
¿Les suena Joan Costa, filólogo de la lengua catalana de la Universitat
de Barcelona? Defiende la identidad propia de la lengua valenciana por
motivos literarios, jurídico-políticos, sociolingüísticos,
lingüístico-históricos, porque la tesis de la Reconquista no hay quien la
soporte ya, no tiene sentido. En Valencia, ¿qué había?, ¿un vacío?,
¿éramos mudos todos antes de que llegara la Reconquista mayoritariamente
aragonesa? Ese Joan Costa sabe lo que es opinar científicamente en contra
de la tesis mayoritaria y sabe lo que le ha costado en su carrera como
filólogo.
Manuel Mourelle de Lema, Catedrático de filología románica de la
Universidad Complutense de Madrid, habla de cuatro lenguas oficiales
diferentes y diferenciadas en el Estado español: catalán, gallego,
euskera y valenciano. Y ahí está que la Constitución española, por
ejemplo, haciendo caso a lo que decía la Real Academia Española durante
muchos años y a lo que defendían muchos filólogos durante muchos años,
editó una publicación exclusiva y diferenciada en lengua valenciana.
En cuanto a los motivos políticos, señor Beviá, ¿usted sabe cuál fue uno
de los primeros acuerdos que se adoptó en el ente preautonómico
valenciano bajo presidencia socialista? En agosto de 1979 el Pleno del
Consell valencià, bajo presidencia socialista, aprobó por unanimidad el
borrador de decreto de bilingüismo en el que, por cierto, con la
aceptación plena y unánime de los socialistas, se utilizaba ya la
denominación de lengua valenciana como propia de los valencianos, sin que
a ninguno de los cinco consellers socialistas ni a los dos comunistas les
causara escrúpulo científico alguno tal expresión y tal contenido en ese
acuerdo que llegó al Ministerio de Educación. Incluso en el Ministerio de
Educación español, que en teoría siempre es muy reacio a lo autonómico,
su entonces titular, el señor Ortega y Díaz Ambrona, decía que le había
extrañado la profusión con que en el Decreto se hablaba de lengua y
cultura valencianas, lengua propia de los valencianos, lengua propia y
diferenciada de los valencianos, e incluso se atrevían en el último
artículo, en la disposición final, a hablar de lengua nativa. Le
sorprendió. Eso es tan verdad como que están aquí las actas del Consell
preautonómico. ¡Mira si es verdad! Pero como es una tesis que no les
gusta, ésa no es científica, ésa no es universitaria, ésa no va a misa.
Estamos un poco hartos de ciertas manipulaciones en muchas cuestiones.
Además de los razonamientos históricos, filológicos, jurídico-políticos,
sociolingüísticos y literarios, hay uno muy claro y rotundo, porque en
todos los escritos de la época firmaban los autores y ponían: escrit en
la llengua de la meua terra, de la meua nació, per exemple; por ejemplo,
cuando en el Tirant lo Blanch aparece escrito en la llengua de la nació
d'on yo soc natural, la llengua valenciana (escrito en la lengua de la
nación donde yo soy natural, la lengua valenciana), siglo XV, Siglo de
Oro de la lengua valenciana, motivo más que suficiente por el que
prestigiosos filólogos, e incluso algunos que apoyan sus tesis, dicen:
«¡Hombre!, la lengua que tiene un Siglo de Oro, como el que tuvo el
valenciano en el siglo XV, es motivo suficiente para que la lingüística y
la romanística actual le den el rango de lengua propia y diferenciada,
con un tronco común que es el latín, que en Cataluña evolucionó de una
manera y en la Comunidad Autónoma Valenciana de otra y en Galicia
evolucionó de otra. El tronco, del latín.»
O sea, que científicos ustedes tienen muchos, sobre todo con las dosis de
optimismo e ilusión y de dinero con las que han premiado a los que han
secundado sus tesis, pero también hay tesis que dicen lo contrario. Yo me
creo a lo mejor ahora la tesis minoritaria, pero sigo luchando de que la
luz y la verdad sólo tiene un camino, y si en el siglo XV hubo un siglo
de oro y Joanot Martorell y Ausias March decían que escribían en la
lengua de su nación, y era la lengua valenciana, porque ellos lo firmaban
de puño y letra en sus escritos, yo no permito que se rebaje el rango de
idioma, lengua propia, de mi nación, que es la nación valenciana, que es
lo que pretenden ustedes con esta iniciativa, que no se han atrevido en
los 15 años casi de gobierno autonómico en mayoría en manos del Partido
Socialista y del Gobierno central. Cambien el estatuto, atrévanse a
cambiar el artículo 7 del estatuto. Ni en el trámite
parlamentario ni después se han atrevido a cambiar lo que era la petición
mayoritaria de los valencianos, idioma propio de la Comunidad Valenciana.
Como definió la Real Academia Española de la Lengua antes de ciertas
manipulaciones, la lengua valenciana es la lengua románica autóctona que
se habla o se conoce mayoritariamente en el antiguo Reino de Valencia.
Decimos autóctona, porque se formó y se conserva en el actual territorio
valenciano; y románica, porque su base lexicográfica y gramatical es el
latín.
Así se publicó la Constitución en cuatro idiomas oficiales. Pero es que,
además, los cuatro estatutos son ley orgánica, bloque de
constitucionalidad, y hoy aquí se va a cometer un atropello a uno de
ellos. El artículo 6 del Estatuto Vasco habla de que los idiomas vasco y
castellano son oficiales, el artículo 3 del Estatuto de Cataluña habla de
que el idioma catalán es el oficial en Cataluña y la lengua propia de
Cataluña es el catalán, el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de
Galicia habla de que la lengua propia de Galicia es el gallego y los
idiomas gallego y castellano son oficiales, y el artículo 7, que a
ustedes les molesta y que hoy quieren borrar y degradar, del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, refrendado mayoritariamente en el
Pleno de esta Cámara (que sí es la competente para aprobar un estatuto y
no ser enmendado por una proposición no de ley de una Comisión, con todos
los respetos a esta Comisión y a todos sus miembros), desde la
discrepancia, desde la ciencia política hay discrepancia, dice lo
siguiente: Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma Valenciana
son el valenciano y el castellano. La Generalitat Valenciana garantizará
el uso normal y oficial de las dos lenguas.
Esto es lo que significa la consagración, además del castellano, de
cuatro lenguas oficiales en el Estado español, cuatro lenguas oficiales,
le guste o no le guste, porque esta decisión se tomó avalada por
cuestiones científicas y académicas. Pero se ha dicho: Es que el Estatuto
y la Ley de Uso del Valenciano no dan autoridad, pero la universidad sí
ha asumido una autoridad que no se le ha dado. Igual que la universidad
ha asumido una autoridad que no se le ha dado, ni el Estatuto --no hace
como en Cataluña que le ha dado autoridad al Institut d'Estudis
Catalans--ni la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que habla de
lengua propia de los valencianos, de lengua diferenciada del pueblo
valenciano, y que me la conozco perfectamente, han dado autoridad a nadie
en ese sentido. Igual que hay una tesis mayoritaria que avalan
universidades y filólogos, en Valencia hay una Real Academia de Cultura
Valenciana, reconocida, hay una entidad cultural que se llama Lo Rat
Penat, reconocido legalmente y que tiene unas normas aprobadas y que son
asumidas, como usted muy bien ha dicho, por una parte del gobierno
autonómico, por supuesto, y con mucha honra, y los valencianos nos
entienden. Cuando voy a un pueblo es más entendible, muchísimo más fácil
y entendible lo que está escrito como habla el pueblo, porque la lengua,
también lo dice un filólogo que no puede ser cuestionado por nadie, la
llengua la fa el poble (la lengua la hace un pueblo), no la hace un
laboratorio ni la impone una universidad. Unión Valenciana sigue unas
tesis, que a lo mejor son minoritarias, lo puedo llegar a incluso
aceptar, pero son unas tesis y que tienen base científica, como las
suyas, que en teoría o hipotéticamente son mayoritarias, pero pueden
decaer.
Por lo tanto, yo creo que aquí hay un motivo claramente político. No
engañen a nadie ni pretendan engañar. No existe una unidad de lengua en
torno al catalán; al latín, sí, pero no al catalán, ni jurídica, ni
legal, ni histórica, ni idiomática, ni culturalmente. Valencia nunca ha
sido idiomáticamente catalana; pero es que, además, un profesor que no es
de mi tesis, que descanse en paz --y lamento las agresiones que recibió,
nunca ha sido mi método, como sabe la gente que me conoce--, el propio
Sanchis Guarner, cuando empezó su reciclaje hacia una tesis, muy
correcto, yo lo respeto, dijo: als intents de introduir el català (a los
intentos de introducir el catalán), los valencianos siempre se han
resistido por razones de sentimientos y de voluntad, y agrega: i el poble
valencia té també un idioma autòcton. Es una cita textual de su libro, no
hay manipulación.
El pueblo valenciano tiene también un idioma autóctono. Somos valencianos
y nuestra lengua propia es el valenciano, pero claro, como no les gusta,
no lo utilizan. La utilización de la cuestión lingüística para conseguir
un resultado político, ésa es la verdad.
Voy concluyendo, señor Presidente, y además ya le doy las gracias
anticipadamente por la benevolencia. Siempre que ha ocurrido tal cosa,
siempre ha sido a base de distorsionar y forzar la investigación
científica, falseando u ocultando a quienes dicen lo que no nos gusta,
por sistema, silenciando las tesis y posiciones, también avaladas
científicamente, que dicen lo contrario científicamente y, por lo tanto,
lícitamente.
Esta utilización de la lengua para la política, hecha a sabiendas que lo
es falseando y engañando, es una maniobra inmoral, no científica. Es una
cuestión no científica, es política, que usted lo sabe, señor Beviá. El
criterio de su razonamiento es, como ustedes dicen, autoridad, no es
científico, es anticientífico. Las opiniones de lingüístas y
universidades son opiniones, no son ciencia, no son palabra de Dios. Si
aceptamos como verdad indiscutible, inmutable, un tema, cualquiera que
sea, sin contraponerlo a tesis contrarias, esto se convierte en dogma y
esto es dogmático, y el dogma usted sabe lo que es, es la anticencia.
Dogma, dogmatismo y dogmáticos, la posición que está más lejos de la
ciencia. Ninguna ley lingüística avala la dependencia del valenciano de
ninguna otra lengua del Estado español. No hay parentesco, hay
contigüidad; hay contigüidad, no lo negamos, pero no discute nadie que
esas dos lenguas contiguas no son una misma lengua, porque realmente no
se puede dudar esa unidad, no ha existido nunca, no se debate esa unidad,
no ha existido nunca. Por lo tanto, no discute nadie que son lenguas
distintas. La delimitación idiomática se establece por lo que en
lingüística se dice trazos pertinentes de diferenciación, y la lengua
valenciana tiene diferenciaciones suficientes, además de las de un siglo
de oro literariamente hablando. Tiene un sistema léxico, fonológico,
ortográfico, morfosintáctico, y tiene una flexión verbal, conjugación
verbal y preposiciones distintas de cualquier otra lengua del Estado
español, y la importante
tradición literaria que he comentado, siglo de oro, que es motivo
suficiente para que sea reconocida como lengua.
El idioma valenciano reúne todas las condiciones definidoras de una
lengua propia y diferenciada. No es, no se justifica, en términos
lingüísticos, la consideración del valenciano como dialecto de ningún
otro idioma. Es un concepto falaz que nada más se sostiene por inercia,
pero no resiste el análisis, se sustenta en criterios de autoridad, no en
el de la razón o método. No es científico, es dogmático. Además de todo
esto, que creo que no es lo que deberíamos anudar, puesto que estoy
convencido de que es una razón política, en la ciencia política hay
ciertos límites, que es la legalidad vigente, y el artículo 3 de la
Constitución remite a las lenguas oficiales que establezcan los estatutos
de autonomía. Los estatutos de autonomía son claros y rotundos. Hay
cuatro lenguas oficiales, junto al castellano, en diversos territorios
del Estado español que hoy van a ser atropelladas y vilipendiadas por
aquellos que durante 15 años no se han atrevido a una reforma del
estatuto, porque saben que los valencianos tenemos conciencia de pueblo,
sentidos como propio el idioma valenciano, diferente y diferenciado de
cualquier otro pueblo del Estado español. Por lo tanto, ustedes tendrán
que dar la cara donde proceda, que es ante el pueblo valenciano, porque
es ahí donde reside la soberanía, y las Cortes Valencianas, que es el
órgano donde reside la soberanía. Los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, el día 20 de abril, dijeron claro que nadie puede ir en
contra de lo que establece el Estatuto de Autonomía, y el artículo 7 es
rotundo porque dice: «idioma valenciano propio y diferenciado». Y este
Congreso no puede ir en contra, porque el Congreso firmó y cerró un pacto
en el año 1982, lo que pasa que como no les gusta lo quieren reabrir,
quieren provocar, quieren crispar.
El tema lingüístico estaba casi resuelto en la Comunidad Valenciana, pero
esta iniciativa puede crispar, desde planteamientos que están muy lejos
de lo que piensa el ciudadano valenciano de a pie. Sobre todo, esta
posibilidad de llevar adelante esta enmienda va a impedir que a partir de
los próximos años los valencianos podamos seguir pensando en valenciano,
viviendo en valenciano y hablando en valenciano, porque se nos quiere
hacer desaparecer como pueblo diferenciado del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, y para la defensa de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tanto a la proposición de
Izquierda Unida como a la proposición de la señora Rahola, tiene la
palabra don Gerardo Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señorías, no será este modesto portavoz del Grupo
Parlamentario Popular quien hable hoy aquí de falta de legitimidad, quien
hable hoy aquí de locos o de cuerdos, quien hable hoy aquí de traidores o
traicionados, quien hable hoy aquí de ridículos o vanaglorias, o quien
hable hoy aquí de humillaciones o victorias; sólo hablará de respeto, de
respeto a todos y a cada uno de ustedes, a los que me han precedido en el
uso de la palabra, a las formaciones políticas que ustedes representan, a
los órganos e instituciones del Estado y a todas y cada una de las normas
que en distintos momentos los españoles y los valencianos se han dado.
Dios me libre de decir que no estamos ante un debate filológico y a
renglón seguido ponerme, como han hecho muchas de SS. SS., a debatir
justamente sobre ello. Porque, señorías, en toda manifestación de
voluntad parlamentaria, que es lo que tenemos que hacer hoy aquí, es
fundamental poder determinar el objeto de la votación, aquello sobre lo
que concretamente se sustancia el pronunciamiento de la Cámara. No
resulta aceptable que una asamblea se posicione desconocido el alcance y
los efectos de su decisión, y por eso, para la moral democrática, tampoco
debe ser comprensible que las consecuencias de una toma de posición
parlamentaria puedan ser disimuladas o disfrazadas al amparo de cualquier
excusa.
Lo que las Cortes Generales puedan decidir, deben decidirlo, con
libertad, con conocimiento de causa y con claridad; y lo que no puedan
decidir, no deben decidirlo en ningún caso, por más que venga envuelto en
las mejores intenciones. Simplemente, señorías, no tiene sentido que un
Parlamento apruebe algo que no le corresponde, como si estuviera pensando
en otra cosa, como si lo hiciera sin querer.
En este sentido, y respecto del asunto que ahora nos ocupa, parece
razonable albergar serias dudas, desde la lógica parlamentaria, respecto
del pronunciamiento que pudiera darse a continuación.
Las dos proposiciones no de ley que propician este debate pretenden
instar al Gobierno a declarar la unidad de la lengua catalana, sin dobles
sentidos, sin ambigüedades, sin ambages. Sin embargo, la enmienda que
aparentemente será votada, se limita a intentar garantizar que las
publicaciones del Estado se correspondan con los criterios de la
filología.
Debe llamar la atención y resultar significativo para SS. SS. una
deserción de intenciones tan abultada como la que va desde la declaración
inicial de las proposiciones no de ley hasta la mera garantía de
publicación de los textos oficiales, conforme con los criterios de la
filología. Y más sorprendente aún les debería resultar a SS. SS., cuando
no creemos que nadie piense a estas alturas que nuestros textos oficiales
se publican en desacuerdo con los criterios filológicos establecidos por
las autoridades oportunas, por cierto, de modo idéntico a como lo hacía
el Gobierno anterior.
Esa cuestión ya fue debatida en esta Cámara, que ya resolvió por
unanimidad el pasado 8 de abril de 1997 varias proposiciones de ley
presentadas por distintos grupos de la misma. Todas ellas las tengo aquí
presentes y podríamos hacer una lectura de ellas. Todas ellas reconocían
el respeto a las disposiciones estatutarias de cada una de las
comunidades autónomas. Desde ese respeto, que fue votado por unanimidad y
aplaudido por muchos de los portavoces parlamentarios que me han
precedido en el uso de la palabra, el Gobierno dictó un Real Decreto el
17 de abril que establecía justamente lo que habían aprobado por
unanimidad estas Cortes, estos grupos parlamentarios. Y justamente en ese
sentido, en ese único sentido, se dirige la enmienda que ha presentado a
ambas proposiciones el Grupo
Parlamentario Popular: reconocer el respeto a las disposiciones
estatutarias, a nuestros estatutos de autonomía. Volver a retomar ese
consenso que hace bien poco tuvo esta Cámara, y que no debería romperse,
a juicio de nuestro Grupo, por ninguna causa ni concepto. La cuestión es
que nosotros nos mantenemos en el mismo lugar que estábamos el 8 de
abril. Tal vez otros hayan cambiado de posición, pero eso no va a hacer
que nosotros cambiemos nuestra política al efecto. Seguirá siendo, como
era antes y es ahora, una política de mano tendida en esta materia, una
política de mano tendida que, señorías, y les tranquilizo algunas dudas
que se hayan podido plantear anteriormente, continuará, sea cual sea el
resultado de la votación que se produzca posteriormente.
Pero justamente por eso, y teniendo en cuenta la imposibilidad material
de que este foro proclame con algún efecto jurídico la unidad, la
segregación o las especialidades de cualquier lengua española de
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, es por lo que la
enmienda que se nos presenta trasluce un intento evidente de perseguir el
mismo objetivo que las dos proposiciones no de ley citadas, pero con una
cuidada semblanza de inocuidad. En realidad, como si se quisiera que el
Parlamento, distraído, aprobase sin darse cuenta algo que no puede
aprobar, como por casualidad, y no estamos hablando de
inconstitucionalidad.
En verdad, las Cortes Generales y el Gobierno son manifiestamente
incompetentes para pronunciarse sobre el contenido y naturaleza de
cualquier idioma oficial en una comunidad autónoma. Resulta evidente para
todos que el Consejo de Ministros o esta sala de comisiones no son
organismos ni academias de carácter científico o divulgativo. Y por lo
que respecta al aspecto jurídico, también es notorio que la Constitución
y los estatutos de autonomía han establecido con claridad, con meridiana
claridad, a quién corresponde y a quién no corresponde la normación de
todas las lenguas oficiales distintas del castellano.
Al Gobierno se le puede instar a seguir fielmente los dictados de los
órganos que constitucionalmente ostentan la capacidad de determinación
del contenido oficial de estas lenguas autonómicas, pero no se le puede
pedir ninguna acción que pueda menoscabar el derecho de las comunidades
autónomas a la normación oficial de sus lenguas propias. Las políticas
lingüísticas, todas las políticas lingüísticas relativas a los idiomas de
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, deben desarrollarse
en el estricto respeto al marco jurídico que la Constitución establece en
sus artículos 3.2 y 148. Los idiomas españoles distintos del castellano
constituyen auténticas señas de identidad que resultan ineludibles para
los pueblos que las ostentan, y por ello el Estado debe extremar sus
escrúpulos a la hora de respetar el derecho de cada uno de estos pueblos
a configurar su propia naturaleza singularizada.
Si todos admitimos que las lenguas propias de las comunidades autónomas
constituyen el núcleo esencial de lo que se ha llamado el hecho
diferencial de nuestras nacionalidades históricas, no parecerá
desacertado que el contenido, alcance y determinación de estos hechos
diferenciales, como lo son las lenguas propias, permanezca fuera del
alcance de la capacidad normativa general del Estado. Pues bien, si se
acepta esto, ha de aceptarse a renglón seguido que el Congreso de los
Diputados no puede pronunciarse respecto de estos hechos diferenciales,
en ningún sentido contrario a como lo hayan hecho los órganos
democráticos de representación de estas comunidades. Entiéndase bien,
estamos ante una cuestión de fuero en la que, muy por encima del
posicionamiento particular que cada uno podamos mantener, ha de quedar el
derecho de los pueblos a dotar democráticamente de sentido último a sus
propias señas de identidad.
Los estatutos de autonomía son las herramientas que permiten a nuestros
distintos pueblos construir un futuro mejor para todos. La Constitución
democrática de 1978 garantizó precisamente el derecho de nacionalidades y
regiones a su autoidentificación, a su autogobierno, y ese derecho, que
se plasmó en todos y cada uno de sus distintos estatutos, es el que
legitima a las propias comunidades autónomas para regular la utilización
de sus lenguas y para establecer los mecanismos que permitan su
conocimiento y utilización. Por eso, el foro adecuado para cuestionar o
limitar el contenido de esos estatutos de autonomía son los parlamentos
autonómicos, las cámaras legitimadas democráticamente para determinar los
criterios de aplicación de las lenguas propias de las comunidades
autónomas.
Señorías, piénsenlo bien, si hoy nos pronunciamos sobre las acciones u
omisiones de cualquier gobierno autónomo respecto de cualquier
competencia que ostente con carácter exclusivo, como hacen las
exposiciones de motivos de las dos proposiciones no de ley, habremos
establecido un lamentable y peligroso precedente. Si hoy se insta al
Gobierno a mantener una postura política legítima, que se puede entender,
o presumiblemente legítima, pero presumiblemente contraria también a la
posición de algún gobierno autonómico que tenga política exclusiva en una
determinada materia en una comunidad autónoma, lingüística o no, podrá
contradecirse por estas Cortes Generales en cualquier momento esa
cuestión. Abriremos una puerta por la que mañana cualquier política
exclusiva de una comunidad autónoma podrá contradecirse por estas Cortes
Generales.
Por nuestra parte les aseguro que el Grupo Parlamentario Popular no está
por esa labor. Hoy es el Gobierno valenciano, cuya política de exclusivas
llegan a ser calificadas de irracionales por algunos de los textos que se
someten a nuestra consideración, pero piénsense que, sentado el
precedente, mañana puede ser cualquiera.
No está el Grupo Popular dispuesto a que ningún gobierno autónomo sea
contradicho en el ejercicio de sus competencias exclusivas por estas
Cortes Generales. El contenido de nuestra enmienda así lo garantiza.
Podrá tener razón o no tenerla el Gobierno valenciano, como el catalán,
el gallego o el vasco, pero ésta es una cuestión que compete a los
pueblos que legítimamente los eligieron y ante los que rendirán sus
cuentas. Lo que nosotros no podemos hacer, sin usurpar el papel de sus
respectivos parlamentos, es adoptar resoluciones que cuestionen políticas
que no estamos llamados a controlar.
Por eso no se engañen. Esto no es un aula académica, ni es una mesa
redonda de lingüistas, esto es una Comisión del Congreso de los
Diputados, a la que no le corresponde determinar la denominación,
peculiaridades, o los elementos de desarrollo léxicogramatical de las
lenguas, dialectos o formas de expresión de los ciudadanos al margen de
lo establecido en los estatutos de autonomía que, con rango de ley
orgánica y amparo constitucional, cuentan con un mecanismo específico de
modificación o interpretación.
No hay mayor o menor dosis de sentido común en la defensa que cada uno de
nosotros hemos hecho hoy aquí de nuestras posiciones políticas; sí, en
cambio, hay un mayor o menor respeto al contenido de nuestra Constitución
y del derecho de autoidentificación de las distintas nacionalidades y
regiones. Y en este sentido, nos ha asombrado, y supongo que ha asombrado
a SS. SS. ahora mismo, comprobar el cambio de opinión de algunos de los
que me han precedido en el uso de la palabra.
A una pregunta del Senador Ferrer i Gironès sobre la necesidad de que las
publicaciones oficiales se correspondieran con determinados criterios
filológicos y no con la legalidad, tal y como hoy se propone, el Gobierno
socialista respondía entonces lo siguiente, según figura en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales» de 17 de diciembre de 1987: Con
independencia del grado de diferencia lingüística que pueda haber entre
los idiomas que se hablan en Cataluña, Valencia y Baleares, la
Administración del Estado considera que el catalán, el valenciano y el
catalán propio de las Islas Baleares, son, a efectos oficiales, tres
lenguas diferentes, ya que así lo establecen los artículos 3 del Estatuto
de Cataluña, 7 del Estatuto de la Comunidad Valenciana y 3 del Estatuto
de las Islas Baleares. Por ello, la Administración del Estado utilizará,
y seguirá utilizando, en cada comunidad el idioma oficial que en ella sea
cooficial.
La confrontación de este texto, con el de la enmienda que ahora suscribe
el Grupo Socialista, es demoledora. Son tan dispares, tan
contradictorios, que elijan SS. SS. la posibilidad que más le apetezca: o
el Grupo Socialista dice cosas distintas en la oposición de las que decía
el Gobierno socialista, o tanto aquel Gobierno como esta oposición no
decían lo que pensaban ni entonces ni ahora.
No es presentable que quien en el Gobierno consideraba una cosa, entienda
precisamente la contraria nada más llegar a la oposición, y no podemos
sino preguntarnos si hay justificación posible para semejante bandazo. No
es presentable decir hoy una cosa aquí y otra bien distinta hace 20 días
en las Cortes Valencianas, o presentar una propuesta de resolución en ese
parlamento autonómico y otra bien distinta ante las Cortes Generales. No
es presentable tener un discurso distinto en cada lugar u ocasión, como
si no existiera esa oposición constructiva de la que tanto se predica y
que tan poco se prodiga. No es presentable que hablen ustedes de una
larga discusión de más de 16 años, cuanto tuvieron justamente 13 años
para cerrarla y no lo quisieron hacer.
Hoy nos hemos acostumbrado todos a hacer distintas citas. Yo haré pocas,
bien pocas, pero permítame la Presidencia de la Cámara que haga una. Un
Senador dijo hace bastantes años, coincidiendo casi con esos 16 a los que
hacía mención, lo siguiente: Yo querría que SS. SS. fueran conscientes
del tremendo esfuerzo que han tenido que realizar las fuerzas políticas
valencianas presentes en la Cámara para llegar a este acuerdo global --se
refería a nuestro Estatuto de Autonomía--, y si en otros casos ha
prevalecido el respeto del Senado ante las decisiones de los
representantes de una comunidad, cualquiera que fuera el grado de
aceptación de aquellos concretos proyectos de ley que a ellos sólo puede
afectarles, que hoy hicieran ese mismo esfuerzo y respetaran la
plasmación de nuestra voluntad de entendimiento en nuestro Estatuto de
Autonomía. Ese Senador valenciano, del que suscribo de la a a la z sus
palabras, era don Josep Beviá, y hoy aquí sólo le pido que tenga ese
mismo respeto a los estatutos de autonomía que manifestaba públicamente
desde el digno estrado del Senado en el momento en que pronunció esas
palabras, porque no se pueden tener dos discursos, ni en lugares
distintos ni tampoco en tiempos distintos, y menos aún en debates como el
que hoy nos ocupa. Además, con carácter previo a este debate, un portavoz
muy autorizado del Partido Socialista, dirigiéndose a los que, aun
manteniendo la misma posición que el anterior Gobierno socialista,
estuvieran dispuestos a defender aquí hoy el espíritu de respeto a la
letra de los estatutos de autonomía les ponía el ejemplo del Parlamento
en Yugoslavia, que se acostó una noche con una lengua y se levantó con
tres, como una amenaza suficientemente significativa para que este
Parlamento tomara alguna solución.
Pues bien, para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, para el
Partido Popular, el ejemplo del pueblo español, que se acostó el 6 de
diciembre de 1978 con una sola lengua y se levantó al día siguiente con
todos sus idiomas revitalizados, es el que resulta más significativo.
Como decía un autor francés, y es la última de mis citas, cuando un
pueblo se ha hecho esclavo, mientras conserve su lengua es como si
tuviera la llave de su prisión.
De esto es de lo que hoy se trata. Se nos ha dicho que lo que se pretende
en este momento es sólo instar al Gobierno a que cumpla con lo que la
autoridad filológica asegura, y nosotros por nuestra parte sólo
pretendemos instar al Gobierno a cumplir con lo que la Constitución
garantiza.
Decíamos al principio que un parlamento no puede ignorar lo que vota ni
tampoco disimularlo. Los textos de las dos proposiciones no de ley
quebrantan la competencia exclusiva de las comunidades autónomas sobre
sus lenguas propias, pero también la enmienda que casi con toda seguridad
será sometida a votación. Por eso la acepta el proponente o los
proponentes, porque con una declaración medida consiguen el mismo
objetivo que se perseguía con el texto inicial, aunque hay que
advertirlo, como el texto inicial, arrastra también sus mismas
consecuencias de invasión competencial.
Con toda honradez, después de todo, me gustaría preguntar a quién ha
propiciado este debate. A los que hayan propiciado este debate, si les ha
valido la pena, si esta división en dos mitades de la Cámara refuerza las
lenguas autonómicas o, por el contrario, las empobrecen, si era necesario
sacar las cosas de su lugar natural para traerlas hasta aquí.
Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, para el Partido
Popular, las lenguas deben ser entendidas como un instrumento de unión y
no de división entre las nacionalidades y regiones a las que hace mención
el artículo 2 de nuestra Constitución y que integran el Estado español.
La lengua no puede ser en ningún caso un elemento distorsionador de la
pluralidad lingüística, sino integrador de la riqueza cultural de España,
y todos, sin excepción, deberíamos esforzarnos por defender la
personalidad y la identidad propia de cada uno de los pueblos que
conforman nuestra nación. En ese esfuerzo nos tendrán siempre.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a conceder la palabra a quien conoce de sobra
el Reglamento, para un turno de alusiones, señor Beviá, en los estrictos
términos de responder a los hechos o manifestaciones que a usted se le
imputen, sin que eso suponga abrir ninguna clase de debate.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Por una cuestión de orden. El señor Beviá ha
hecho alusión a unas manifestaciones mías en el periódico Avui y ha leído
nada más que una parte, y este Diputado entiende...
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui. Ese Diputado lo primero que
tiene que hacer es decir: Señor Presidente, pido la palabra, y a
continuación me suelta usted todo lo que quiera, pero es que ya usted
está haciendo la argumentación. Vamos a ver, ¿quiere decir que usted pide
la palabra por alusiones porque ha sido citado con respecto a unas
declaraciones en el periódico Avui que considera que han sido
parcialmente referidas? Entiéndalo, señor Guerra, la Presidencia debe
saber un poco para qué queremos cada uno el uso de la palabra, entre
otras cosas para no proponer ahora cualquier otra cosa que no figure en
el orden del día.
Me pide usted la palabra, y yo se la voy a conceder. ¿Para qué me pide la
palabra, señor Guerra?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Le pido la palabra, y me disculpo si no lo he
dicho antes, por una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: No, no. Era una cuestión de alusiones a su persona
en cuanto a una determinada referencia, porque, que yo vea, el orden lo
estamos llevando perfectamente. Pero, señor Guerra, tiene usted apoyatura
reglamentario de sobra para pedir la palabra por un turno de alusiones
porque se puede haber hecho referencia a algo que usted quiere matizar.
¿Quiere usted la palabra para un turno de alusiones?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Ahí la tiene, señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Pido este turno por alusiones a pesar de que
el señor Presidente había indicado que no iba a haber réplica ninguna, y
por la rapidez en el debate.
Dicho esto, el término de alusiones es el siguiente: el señor Beviá ha
hecho unas alusiones leyéndolas parcialmente. A veces la verdad, cuando
se lee parcialmente, no es completa y no es la verdad. A la segunda parte
de mis manifestaciones ha hecho unas imputaciones diciendo que, como un
detente, como una barrera, y a continuación indica que yo personalmente y
mi grupo respetamos por encima de todos los estatutos. A este efecto, me
ratifico en las manifestaciones de que, por encima de todo, estas Cortes
no pueden entrar en temas que están aprobados por los estatutos.
Nada más, señor Presidente, y ruego me disculpe si no le pedí antes la
palabra, pero fue para una mayor rapidez de la sesión.
El señor PRESIDENTE: No albergue ninguna duda de que ha hecho usted uso
de su derecho y quien usa de su derecho a nadie daña y, en todo caso,
nunca se puede confundir el turno de réplica, que suele ser bastante más
colectivo, con el de alusiones.
Vamos con la segunda parte de las alusiones, señor Beviá, que usted
conoce de sobra en qué limitaciones ha de moverse.
El señor BEVIA PASTOR: Unicamente para hacer una precisión sobre las
palabras que el señor Camps ha leído de mi intervención en el Senado
cuando se debatió el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en
aquella Cámara. Yo no sé exactamente de qué parte lo ha sacado, pero sí
le digo que en aquella intervención mía en el año 1982, página 681, decía
yo: «Mantenemos por otro lado el término especialmente querido por
nosotros del valenciano para denominar nuestra habla, nuestra variante
específica de la lengua que compartimos fundamentalmente con baleares y
catalanes. En diversas ocasiones hemos tenido oportunidad de exponer ante
el Pleno de esta Cámara cuál es la postura de los socialistas ante esta
cuestión; sería inútil alargarnos e insistir nuevamente sobre ello. Jamás
los socialistas irán en estos temas por caminos que no sean los de la
racionalidad y la objetividad científica.» Esto es lo que yo decía, señor
Presidente, en aquel debate.
El señor PRESIDENTE: Creo que queda perfectamente matizado, por si había
lugar a duda, lo que han dicho unos y otros, y además creo sinceramente
que, sin perjuicio de la legitimidad de todas las posiciones, la Comisión
puede felicitarse de un debate de altura y de un debate de serenidad y
profundamente instructivo para los que no tenemos tanto alcance como
todos ustedes.
Vamos a entrar en el terreno de las votaciones. Obviamente, para el
terreno de las votaciones es conveniente, y así lo aconseja el
reglamento, que hagan llegar a la mesa cuáles son las sustituciones de
diputados que hay en cada uno de los grupos, de modo tal que los grupos
parlamentarios
no se nos multipliquen en el número de efectivos. (Risas.) y que tenga
cada uno los que le han atribuido los votantes.
¿Quieren ustedes que las votaciones se hagan por el orden de discusión o
por el orden con el que figuran en el orden del día? Por el orden del
día. En consecuencia, sometemos a votación, con respecto a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo
Socialista del Congreso sobre diseño de un ciclo formativo de grado
superior de enotécnica, o el título de técnico superior enotécnico, la
enmienda de transacción que ha sido objeto de presentación por los
diferentes grupos proponentes y con la colaboración de la enmienda de
Convergència i Unió, cuyo texto supongo que a lo mejor lo recuerdan
ustedes. Si alguno precisa ilustración sobre él, volveríamos a dar
lectura. ¿Se consideran lo suficientemente ilustrados en este tema?
(Asentimiento.)
Vamos a proceder a esa votación con la retirada, lógicamente, de las
proposiciones no de ley que han servido de base al debate sobre esa
enmienda.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley sobre declaración por la Unesco del
casco histórico de la ciudad de Oviedo como patrimonio de la Humanidad.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley relativa al incremento del número y
cuantía de las ayudas concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
para la organización de cursos de inglés y francés en el extranjero, de
la que es autor el Grupo Socialista del Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Vamos a votar la proposición no de ley relativa a la adhesión de España a
Francia e Italia en el proyecto para impulsar la industria europea del
cine, en la que ha existido una enmienda transaccional de todos los
grupos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Antes de la votación, como es lógico y natural, los grupos proponentes,
que son el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario
Mixto en la portavoz del mismo, señora Rahola, en una intervención
escueta, ¿qué tienen que decir con respecto a las enmiendas presentadas,
que son una de CiU, otra del Grupo Socialista, otra del señor Chiquillo y
otra del Grupo Popular?
Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Lógicamente, como se desprende del tenor del
debate mantenido, aceptamos las enmiendas del Grupo Catalán de
Convergència i Unió y del Grupo Socialista y rechazamos las del Grupo
Mixto (Unió Valenciana) y el Partido Popular. De todas maneras, quisiera
hacer una advertencia mínima a la Mesa, y es que entre las dos, que
entiendo que será una única votación, hay alguna discrepancia de coma, o
de este tipo; que se tenga en cuenta a los efectos de que luego se
subsane. No existe ninguna discrepancia de fondo, mínima, pero sí hay
alguna de ortografía, pero que haya una sola votación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Rahola,
con respecto a las enmiendas citadas, tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Aceptamos las enmiendas del Partido
Socialista y de Convergéncia i Unió y rechazamos las del Partido Popular
y de Unión Valenciana.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, aceptadas estas enmiendas, la del
Grupo de Convergència i Unió y la del Grupo Socialista, con retirada de
las correspondientes proposiciones no de ley, lo que se votan son estas
enmiendas, que habrá que armonizar y, lógicamente, el resto de enmiendas,
al no haber sido consideradas, no son objeto de votación. (El señor
Chiquillo Barber pide la palabra.) Señor Chiquillo, ¿para qué pide la
palabra?
El señor CHIQUILLO BARBER: Una cuestión respecto a la votación, señor
Presidente, muy breve. Es un informe que solicito a la Mesa y al letrado
respecto a la votación por el contenido del texto.
El señor PRESIDENTE: Proceda, señor Chiquillo
El señor CHIQUILLO BARBER: Puesto que la proposición no de ley sí que fue
tratada por los servicios de la Cámara, por el letrado y por la Comisión,
lo que sí solicito, al amparo del acuerdo de la Mesa del 26 de junio de
1989 por el que se aprobaron las normas sobre el régimen de asesoramiento
a las Comisiones del Congreso de los Diputados, es un informe y análisis
del contenido de la enmienda que hoy se va a votar, que ha sido aceptada,
confrontando el texto que se propone con el conjunto del ordenamiento
jurídico, y, en particular, con el texto de la Constitución española y
con el texto del artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, en el que entran en franca y evidente confrontación. Yo pido
ese informe y análisis porque una norma que desarrolla el reglamento me
ampara.
El señor PRESIDENTE: Esa norma que acaba usted de invocar, si no recuerdo
mal, dice asesoramiento a las Comisiones.
El señor CHIQUILLO BARBER: Y a los miembros de las Comisiones.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver la norma. Nos indica usted la página del
texto que cita y ganaremos tiempo.
El señor CHIQUILLO BARBER: En concreto está en el epígrafe 20, y hago
referencia a la disposición tercera, donde se habla del asesoramiento
técnico-jurídico de cualquier cuestión que se plantee en la Comisión, y
en particular cuando se establece que se analizará técnica y
legislativamente un proyecto o proposición, en este caso una enmienda o
una proposición, que no ha sido contrastada técnicamente o legalmente par
ver, en caso concreto, si puede entrar en contradicción o en ataque con
el texto constitucional o el estatuto de autonomía, por cuestiones de
legalidad y de bloque de constitucionalidad, porque en Unión Valenciana
estamos convencidos de que esta enmienda vulnera flagrantemente el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Yo estoy leyendo las normas sobre régimen de
asesoramiento a las Comisiones del Congreso de los Diputados y del
Senado, y hablan de un sujeto colectivo, que son dichas Comisiones, que
están asistidas de las correspondientes unidades y áreas administrativas,
y hablan, lógicamente, del asesoramiento técnico-jurídico a las
Comisiones que implica para los letrados determinadas obligaciones, que
aquí se relatan, y habla también de lo que significa ese apoyo en el
trabajo legislativo de las Comisiones, en las que les corresponde a los
letrados diferentes tareas, pero siempre el sujeto protagonista de la
petición de ese asesoramiento son las correspondientes Comisiones. Los
diputados de la Cámara y sus grupos parlamentarios, entre otras cosas,
para su asesoramiento están suficientemente dotados, a través del
Reglamento de las Cámaras, de sus equipos técnicos, a través lógicamente
de lo que ellos quieran hacer, y además por una lógica elemental, porque
no parecería que tuviera ninguna sensatez que los letrados de la Cámara,
al servicio de sus órganos e instituciones, pudieran producirse en ningún
caso en apoyo de ninguna actitud parcial que menoscabaría, lógicamente,
lo que es una de sus principales cualidades, que es la cualidad de la
imparcialidad en el asesoramiento.
En todo caso, señor Chiquillo, si en algún momento lo que aprueba esta
Comisión, o cualquier otra de la Cámara, pudiera suponer ni más ni menos
que la intromisión en las facultades de cualquier otra institución, quien
ha de resolverlo obviamente no sería un dictamen de los letrados, que,
repito, asesoran a las Comisiones, sino que debería resolverlo alguna
instancia que tiene precisamente por ley la facultad de discernir acerca
de qué es constitucional o no. Y, en otro caso, estas enmiendas que a
usted no le gustan, y que yo lo entiendo perfectamente, han venido todas
precedidas de una calificación por la Mesa, que las ha admitido a
trámite, y que lógicamente, si no, no las estaríamos tratando.
Yo entiendo su preocupación, como la preocupación por parte del Grupo
Popular, pero considera esta Presidencia que está perfectamente ajustada
al reglamento la tramitación de las mismas. Lo cual no quiere decir que
no pueda constar en acta, como ya consta en acta, su recelo, a no ser que
lo quiera usted calificar incluso de protesta, en cuyo caso también
constaría con esa terminología, para dejarlo en una forma que le pueda
valer a usted a los efectos procedentes.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente. Quiero que conste
en acta la denuncia de Unión Valenciana, porque estamos convencidos de
que es un ataque flagrante, una vulneración del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana en su artículo 7, que establece el idioma
valenciano como propio y diferenciado, un ataque a las señas de identidad
del pueblo valenciano. Por ello, Unión Valenciana abandona esta sala,
porque pensamos que se va a hacer un atropello a la legalidad vigente.
(El señor Chiquillo Barber abandona la sala.)
El señor PRESIDENTE: Bien, está en su derecho. En todo caso, señor
Chiquillo, dada la composición del Grupo Mixto, no tenía usted voto en
este caso.
Señoras y señores Diputados, manifestados los proponentes sobre las
enmiendas en cuestión, habiendo retirado sus correspondientes
proposiciones no de ley y quedando todo reducido a la votación de la
enmienda presentada por Convergència i Unió en lo que es coincidente con
la enmienda socialista, que se armonizará si existe en ella alguna
determinada contradicción de carácter ortográfico, ya se arreglará, eso
es lo que sometemos ahora a votación y sobre lo que creo que estamos
todos suficientemente ilustrados.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la citada enmienda como contenido de
dicha proposición no de ley.
Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los servicios de la
Cámara y muchas gracias a los medios de comunicación.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones» de la Comisión de Educación y
Cultura, del martes 20 de mayo de 1997, no guarda relación cronológica
habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de
Sesiones» ya elaborados.