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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 226, de 20/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 226
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 17
celebrada el martes, 20 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra) para informar sobre:
--Propósitos del Gobierno para el desarrollo del Acuerdo interconfederal
para la estabilidad en el empleo alcanzado entre la patronal y los
sindicatos. A solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió),
Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y Coalición Canaria. (Número de expediente
213/000266) (Página 6494)
--Medidas que piensa adoptar su Ministerio para paliar los daños
producidos por las inundaciones de Andalucía. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/000192) (Página 6506)
--Explicar la situación, contenidos de los diferentes programas y
dotación presupuestaria del Plan Integral de Empleo (PIE) de la Comunidad
Autónoma de Canarias. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/000224) (Página 6506)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (ARENAS
BOCANEGRA) PARA INFORMAR SOBRE:
--PROPOSITOS DEL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL
PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO ALCANZADO ENTRE LA PATRONAL Y LOS
SINDICATOS. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), MIXTO,
VASCO (EAJ-PNV) Y COALICION CANARIA. (Número de expediente 213/000266.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Se inicia
la sesión con el primer punto del orden del día, que es la comparecencia
del Ministro de Trabajo y Seguridad Social para informar de los
propósitos del Gobierno para el desarrollo del Acuerdo interconfederal
para la estabilidad en el empleo alcanzado entre la patronal y los
sindicatos. Han solicitado dicha comparecencia la totalidad de los grupos
parlamentarios y vamos a aplicar las mismas normas adoptadas por la Mesa,
oída la Junta de Portavoces, que se aplicaron ayer en la comparecencia de
los interlocutores sociales y que les recuerdo. En primer lugar
intervendrá el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y a continuación
los portavoces de los grupos de menor a mayor. Finalmente el Ministro
responderá a las preguntas o cuestiones que se le hayan planteado, tras
lo cual haremos una pequeña pausa de cinco minutos con el fin de
distinguir el carácter de esta comparecencia de las otras que vienen
reflejadas en el orden del día.
Damos la bienvenida al Ministro de Trabajo y Seguridad Social y le
cedemos la palabra una vez más. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presiente. Desde el afecto, y sin ningún ánimo de
reproche, por tres veces el señor Presidente me ha citado como Ministro
de Trabajo y Seguridad Social en vez de Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
El señor PRESIDENTE: Tomaremos nota, señor Ministro, ya que así consta en
el orden del día que me ha inducido al error.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): De
todas formas es una denominación también extraordinaria la de Trabajo y
Seguridad Social, de la que no quiero renegar, en absoluto.
Señor Presidente, la comparecencia del Gobierno en el día de hoy es para
explicar los propósitos del mismo para el desarrollo del Acuerdo
interconfederal para la estabilidad en el empleo alcanzado entre la
patronal y los sindicatos. La comparecencia se produce en el día de hoy
porque así lo ha decidido la Cámara y la Presidencia de la Comisión y
después de haber comparecido en el día de ayer las organizaciones
sindicales y empresariales. Pero esta reunión en cuanto a los propósitos
del Gobierno no va a resultar novedosa por dos circunstancias que ya se
han producido en el tiempo. En primer lugar, el diálogo que el Gobierno
ha sostenido con todos los grupos parlamentarios de la Cámara sobre las
fórmulas posibles de tramitación de ese acuerdo y, en segundo lugar, el
diálogo que el Gobierno ha mantenido con los grupos de la Cámara sobre el
fondo del acuerdo. Tampoco puedo aportar muchas novedades en esta
comparecencia porque se me cita para hablar de los propósitos del
Gobierno con respecto al acuerdo y no para hablar del contenido de los
acuerdos, que serán ampliamente debatidos en la Cámara con motivo de la
convalidación de los decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros
y también del oportuno trámite, si así lo acuerda la Cámara, como
proyecto de ley.
En consecuencia, quiero empezar mi intervención agradeciendo que se me
haya citado a comparecer y agradeciendo también a los grupos
parlamentarios la voluntad de diálogo que han puesto de manifiesto y que
han demostrado tanto sobre el procedimiento de tramitación de estos
acuerdos como sobre el contenido de los mismos. En mi opinión es
francamente positivo que la sociedad española haya percibido, a la hora
de abordar los asuntos del empleo con la legitimidad que tienen todas las
polémicas ideológicas, todas las polémicas políticas y también las
estrategias de partido, ese clima de diálogo en torno a lo que es sin
duda la primera preocupación, yo diría que la obsesión de la sociedad: el
problema del empleo, el problema del paro. Quiero dar las gracias muy
especialmente a los grupos parlamentarios que han puesto de manifiesto,
en las rondas de conversaciones, su desacuerdo con los contenidos del
acuerdo entre organizaciones sindicales y empresariales. En este sentido
vuelvo a ratificar --y así lo hemos hecho en lo que ha significado la
decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes-- que el Gobierno ha
respaldado los acuerdos entre sindicatos y empresarios y que cuando ha
planteado textos normativos para su desarrollo ha querido ser muy
escrupuloso en lo que significaba el espíritu de ese acuerdo y también,
como no podía ser menos, la letra de ese acuerdo. Ha habido grupos
parlamentarios que han hecho algunas observaciones al contenido de las
normas, aprobadas en el Consejo de Ministros, que han sido recogidas por
el Gobierno antes de su presentación el pasado viernes. También tengo que
poner de manifiesto en esta comparecencia nuestro agradecimiento al
Consejo Económico y Social por la celeridad y la precisión del dictamen;
dictamen que ha sido favorable al fondo y a la forma de las medidas que
se han propuesto. También quiero poner de manifiesto en el seno de esta
comparecencia que en la última conferencia sectorial de asuntos laborales
el Gobierno sometió a discusión los acuerdos y que fueron también
considerados positivos por el conjunto de la misma.
Por tanto, el propósito del Gobierno --y es para lo que se me cita-- ha
sido tramitar en el espíritu y en la letra los acuerdos a los que habían
llegado los agentes sociales. Hay grupos parlamentarios que, como he
dicho, pueden discrepar sobre el fondo, pero no ha habido ninguna
discrepancia sobre el procedimiento. A la hora de plantearse reformas,
modificaciones que afectan al mercado de trabajo, ha habido unanimidad de
los grupos parlamentarios al defender cualquier modificación legislativa,
cualquier decisión del Gobierno que esté precedida del necesario diálogo
social y que ese diálogo social se pueda convertir en acuerdo. A veces,
señorías, en la vida pública hace falta incluso más coraje para el
acuerdo que para el desacuerdo. En ocasiones sucede así. Por eso el
Gobierno quiere felicitar una vez más a los protagonistas de este acuerdo
que marca, en nuestra opinión, una etapa distinta en la vida política y
social española. Han tenido el coraje de limar sus diferencias sobre la
base de abordar un diagnóstico común sobre la situación laboral española.
Creo que, día a día, todos estamos coincidiendo en la importancia del
diálogo social y también la viabilidad y en la posibilidad de que el
mismo fructifique en acuerdos, si existe voluntad para ello. Hay en
ocasiones diferencias que no son absolutas y siempre hay zonas de
encuentro.
Creo que el acuerdo alcanzado --independientemente de sus contenidos que
valoraré a continuación--, el acuerdo en sí ya tiene valor. Tiene un
valor económico porque, sin duda aporta confianza, aporta certidumbre y
aporta seguridad. Tiene también un valor político. A mí me parece que el
ejercicio de la democracia en su sentido más noble exige siempre al
Gobierno gobernar oyendo a la sociedad, gobernar con la sociedad. Tiene
sin duda un valor social en los nuevos consensos en la frontera del
próximo siglo, en que tenemos que hacer compatible la competitividad, la
solidaridad y por supuesto el mantenimiento de la sociedad de bienestar.
Creo que también tiene valor cultural porque expresa el resultado de una
prueba. En una sociedad democrática el acuerdo siempre es preferible al
desacuerdo. Cuando se habla del funcionamiento del mercado de trabajo, de
las normas laborales, siempre se puede solicitar la intervención
permanente de los poderes públicos; siempre legítimamente se puede
plantear una estrategia de confrontación, y existe también la tercera vía
que es la que en este caso han señalado y con sus hechos han puesto de
manifiesto los agentes sociales en España.
A mí me parece que el acuerdo no sólo es trascendente para lo que
significa el marco de relaciones laborales y el Estatuto de los
Trabajadores, sino que también es trascendente y de máxima importancia en
lo que afecta a la negociación colectiva, en lo que afecta a la cobertura
de vacíos. Este acuerdo puede calificarse de histórico y solamente es
asimilable a acuerdos de mucha trascendencia como los que se produjeron
en julio de 1979, en lo que se llamó Acuerdo básico interconfederal que
en su momento dio base al Estatuto de los Trabajadores. Los acuerdos
afectan a la contratación, en su conjunto a los sistemas de clasificación
profesional, movilidad geográfica y funcional, organización del trabajo,
distribución del tiempo del trabajo, extinción de la relación laboral por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Hay que
reconocer que ha habido en el pasado intentos de reforma del mercado de
trabajo, que ha habido intentos en 1984 con la perspectiva de la
incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y que se produjo
una reforma en 1994. En este momento lo más importante ha sido --y eso en
mi opinión ha permitido el acuerdo-- poner encima de la mesa un
diagnóstico compartido; un diagnóstico compartido que viene señalado en
la inestabilidad en el empleo, en la gran rotación de la contratación, en
el colapso del empleo juvenil. Quiero recordar ante SS. SS. que en este
momento la tasa de temporalidad de nuestro mercado de trabajo está entre
el 34 y el 35 por ciento del conjunto de los asalariados, siendo la media
de la misma en la Unión Europea del 11,1 por ciento y siendo el país que
sigue a España Finlandia con un 16 por ciento.
Partimos, por tanto, de una reforma planteada en 1994 que conocen con
todo detalle SS. SS. y --decía-- de un diagnóstico compartido de la
situación actual de nuestro mercado de trabajo. Una tasa de desempleo de
casi el 21,5, según la encuesta de población activa del primer trimestre
de 1997, y un 34 por ciento de la contratación temporal. En 1996, de más
de 8.500.000 contratos registrados en el Inem solamente el 4 por ciento
eran indefinidos y de ese 4 por ciento la tercera parte a tiempo parcial.
En 1987 los contratos fijos constituían el 8,4 por ciento del total de la
contratación y el 70 por ciento de los contratos de hoy duran menos de
tres meses. Los colectivos más afectados son los jóvenes, los parados de
larga duración y las mujeres: jóvenes menores de 25 años, un 42 por
ciento del paro; parados de larga duración, un año más, un 40 por ciento;
parados de muy larga duración, dos años o más, un 23 por ciento, y la
tasa de paro en las mujeres casi duplica a la de los hombres. Estas
decisiones compartidas, este diagnóstico común, el convencimiento de que
hace falta en España más empleo estable, empleo de más calidad,
oportunidad para los jóvenes, es el que llevó a varios meses de
negociaciones entre sindicatos y empresarios. Siempre se ha dicho que el
gran problema de nuestro mercado de trabajo, del empleo en España, es que
nos hacían falta tasas de crecimiento muy superiores a las de otros
países para que ese crecimiento se convirtiera en empleo. Hoy podemos
afirmar que esas tasas de crecimiento se han reducido notablemente, que
se está creando empleo con menor crecimiento económico que en años
anteriores. Hoy se puede afirmar que se está creando empleo --así ha sido
en el 1996 y también en 1997--, pero todos coincidimos en qué tipo de
empleo se está creando y en qué característica tiene. Por eso yo creo que
todos los acuerdos, en las medidas que han planteado sindicatos y
empresarios, van en el camino del fortalecimiento del empleo estable, del
empleo de más calidad.
Conocen SS. SS. las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros del
pasado viernes en dos decretos. El primero de ellos afecta directamente
al traslado del acuerdo interconfederal y se refiere en sus contenidos a
los contratos formativos, a los contratos de duración determinada, a los
contratos a tiempo parcial, al nuevo contrato indefinido de fomento del
empleo, medidas de política de empleo, extinción
del contrato de trabajo por causas objetivas, empresas de trabajo
temporal, compromiso de crear un grupo de trabajo para analizar su
comportamiento. No voy a detallar, señor Presidente, este conjunto de
medidas porque son conocidas a través de los medios de comunicación y del
«Boletín Oficial del Estado». Insisto en que previamente han sido
remitidos los textos de los documentos a los grupos parlamentarios.
Podemos señalar que el Gobierno ha optado por la reordenación de los
incentivos actuales. Saben SS. SS. que en algunas ocasiones se referían a
subvenciones, a bonificaciones a la Seguridad Social, y hemos preferido
enmarcarlos todos en el contexto de las bonificaciones de la Seguridad
Social. Se han adoptado también medidas fiscales muy favorables
especialmente para las pequeñas y medianas empresas en lo que significa
la tributación en el régimen de estimación objetiva singular. Creemos que
en su conjunto el Gobierno ha cumplido. ¿Por qué ha cumplido el Gobierno?
Porque se comprometió a facilitar y a promover el diálogo de los agentes
sociales y a no plantear una reforma unilateral que afectara a nuestro
mercado de trabajo. El Gobierno se comprometió a no interferir en las
conversaciones de sindicatos y empresarios, y también ha cumplido. El
Gobierno se comprometió al diálogo con los grupos parlamentarios para
intentar conseguir que el acuerdo social tuviera un gran respaldo
político. Y el Gobierno también se comprometió, porque así fue solicitado
por los sindicatos y por las organizaciones empresariales, a que fuera
norma el acuerdo con la mayor celeridad posible.
Señor Presidente, ésta es la explicación que podemos dar ante la
Comisión, poniendo de manifiesto, como decía al principio, que ya hemos
tenido contactos con los grupos parlamentarios y que tenemos pendientes
debates parlamentarios profundos tanto en la convalidación de los
decretos como en la tramitación de los mismos como proyectos de ley, si
la Cámara así lo estimase.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, agradecemos la síntesis que nos ha
presentado, que supone un máximo respeto para las competencias de esta
Cámara y que será objeto de debate en ampliación siguiendo el trámite
legislativo del proyecto.
A continuación pasamos a dar la palabra a los portavoces de los grupos,
comenzando por el señor Vázquez, del Grupo Mixto.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Presidente, planteada la
comparecencia tal como está, no sé qué decir exactamente, porque si de lo
que vamos a hablar es de los propósitos del Gobierno sobre el acuerdo,
que se supone que como dijo el señor Ministro, son muy buenos propósitos,
y no sobre el contenido, sobre el que ya tendremos tiempo de discutir
ampliamente, digo que no sé qué estamos discutiendo porque los buenos
propósitos se le suponen. Por otro lado, respecto a lo que usted plantea
sobre los pasos previos que se dieron para hacer estas reformas en el
tema laboral, en los que hubo unanimidad social, pues a mí sólo me queda
decir que hay unanimidad con determinados grupos sindicales pero no tanta
como parece. Hay otros grupos sindicales importantes en el Estado, aunque
no sea a nivel de nación, que no están de acuerdo, y basta citar a
ELA-STV, la CIGA y otros sindicatos. También se pueden producir
discrepancias en los sindicatos firmantes, etcétera.
Por tanto, si restringimos la comparecencia a esta cuestión,
efectivamente cabe felicitar al Gobierno por el éxito que acaba de tener
y por lo bien que lo hace para llevar adelante determinadas políticas que
así desea. Sólo me queda decir que, obviamente, el Bloque Nacionalista
Galego se opone al contenido de la reforma laboral, y dejaremos la
expresión de esa oposición a los debates que tendrán lugar a
continuación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Ministro, por la explicación
sucinta y clarificadora que nos ha dado sobre este acuerdo. Desde
Coalición Canaria brevemente, señor Ministro, me gustaría felicitarle por
la parte que le toca hasta ahora, que es muy importante, que ha sido la
de dejar que los interlocutores sociales trabajaran en la búsqueda de
acuerdos, en la búsqueda de consensos. Y esto que parece así tan
sencillo, el recibir una felicitación por dejar que los interlocutores
sociales, los agentes sociales intenten buscar una posición de
conciliación, de acuerdo, y que parece tan de sentido común, no es tan de
sentido común, no es tan razonable en otras cuestiones de política de
Estado que nos llevaría a otros derroteros si las encauzáramos como se
está encauzando este tema por su ministerio. Me vienen a la cabeza
algunas situaciones que podrían haberse encauzado dejando también a los
distintos interlocutores la búsqueda de posibilidades de acercar
posiciones que nos hubieran limitado las tensiones, las confrontaciones,
las peleas de intereses en temas estratégicos de Estado, como puede ser
el de la comunicación. Me parece que es una buena lección la que se está
dando desde su ministerio: una forma de dejar de hacer política y un
talante que me parece acorde con los tiempos de la sociedad de hoy.
Nos merecen una valoración muy positiva los grandes objetivos que se
plantean en la reforma, como son: atender a los colectivos más
desfavorecidos de nuestra sociedad, que haya determinados incentivos para
propiciar la contratación de jóvenes menores de 29 años, que se haga un
esfuerzo también incentivador para la contratación de mayores de 45 años
y de mujeres, y además nos parecen fórmulas en estos momentos muy
imaginativas. De la misma manera nos parece acertada la simplificación de
la estructura salarial que se propone con la desaparición de determinados
complementos que significaban una maraña, una confusión en los salarios
de los trabajadores. Igualmente, en el mercado de trabajo estamos metidos
en una maraña de modalidades de contratación que nos llevaban a mucha
confusión, a dificultades de interpretación de algunos de estos
contratos. Nos parece también muy acertada la línea que se apunta en este
acuerdo de simplificar las modalidades de la contratación. Asimismo, el
esfuerzo que se hace por
la desaparición de los contratos basura referidos al aprendizaje y
encauzarlos, con un esfuerzo importante, hacia contratos orientados a la
formación, nos parece que también es una posición afortunada, junto con
la propuesta de los interlocutores sociales y las aportaciones que se
pueden hacer por los distintos grupos, en el trámite parlamentario, de
cara a conseguir una modalidad de contratos de formación interesante para
nuestros jóvenes. Por último, señor Ministro, nos parece muy bien la
limitación de la contratación temporal incentivando el contrato estable,
por el que nosotros apostamos claramente, si bien nos queda la
preocupación por todos estos trabajadores que hasta ahora rotaban en
estos puestos de trabajo, que tenían una periodicidad ocupando los
mismos, y que con la contratación a largo plazo van a tener menos
posibilidad de rotación. Habrá que tener mucho cuidado para que no falle
la protección social a estos trabajadores que no van a rotar y, por
tanto, podamos garantizar también que éste sea un avance positivo de cara
a este sector de trabajadores.
Muchas gracias, señor Ministro. Le quiero felicitar por lo que en estos
momentos me parece lo más positivo por parte del Gobierno, que es dejar
hacer, dejar ponerse de acuerdo a los interlocutores sociales y
posibilitar que desde el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios
podamos articular eso que la mayoría de la sociedad quiere.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el uso de la palabra al Grupo
Vasco (EAJ-PNV), y en su nombre a doña María Jesús Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, en primer lugar quiero
agradecer al señor Ministro su comparecencia en esta Comisión.
Ayer nuestro grupo felicitaba tanto a los representantes de los
empresarios como a los de los sindicatos (Comisiones Obreras y UGT) por
haber acercado posturas y haber alcanzado un acuerdo; acuerdo que nos
parece importante porque, desde nuestro punto de vista, los sindicatos
han pasado del campo de lo reivindicativo al del compromiso y por eso lo
valoramos positivamente. Tanto los representantes de la patronal como de
los sindicatos reconocen que el acuerdo en sí no va a crear empleos y
nosotros decimos --ya lo dijo algún otro portavoz ayer en esta Comisión--
que el empleo que se genere no solamente va a verse afectado por lo que
supone esta reforma laboral, sino sobre todo por la tasa de crecimiento
de la economía, por la adecuación de los trabajadores a las vacantes
existentes, por la existencia de proyectos viables de inversión, también
de la inversión en tecnología y por el nivel de formación de los
trabajadores parados. Por tanto, no sólo va a depender de esta reforma
laboral. Por ello quiero decir que no se puede esperar de la reforma del
mercado de trabajo la solución a todos los problemas económicos --en eso
coincidimos todos-- si no se reforma el funcionamiento de otros mercados
o instituciones y se producen determinadas condiciones de ambiente; quizá
estoy repitiendo lo que apuntó algún otro portavoz, como decía al
comienzo de mi intervención.
Uno de los aspectos que nosotros planteamos ayer tanto a los
representantes de los trabajadores como de la patronal, aunque ya sé que
no tiene repercusión legislativa, es que a nosotros nos preocupa lo que
se refiere al acuerdo sobre negociación colectiva, porque persigue --y es
una opinión del Grupo Vasco (EAJ-PNV)-- la intención manifiesta de
potenciar la negociación colectiva sectorial de carácter estatal frente a
otros ámbitos e interlocutores, vaciando de contenido materias de
negociación en otros ámbitos y, en última instancia, pretendiendo dejar
sin efecto, allí donde se disponga de mayoría suficiente, lo dispuesto en
el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores.
Como ayer no tuvimos oportunidad de replicar a lo que manifestaron
algunos de los representantes de los sindicatos y aquí se dijo que se
había invitado a todos los sindicatos que tienen una representación mayor
del 15 por ciento, quiero decir que al sindicato nacionalista ELA-STV no
se le ha invitado a las negociaciones. Se le invitó cuando estaban a
punto de sacarse la foto los representantes de los sindicatos con los de
los empresarios. No sé lo que se respondió. Yo no soy la representante de
ELA-STV en esta Cámara, pero sí quiero dejarlo claro porque a veces, como
no tenemos oportunidad de replicar, pueden quedar las cosas en el aire y
no demasiado claras.
Para terminar esta breve intervención, quiero manifestar al Ministro
nuestra preocupación por el decreto-ley que regula los incentivos en
materia de Seguridad Social y carácter fiscal. Desde nuestro punto de
vista, el artículo 3, puntos 4 y 5, invade las competencias de la
comunidad autónoma, invade las competencias en materia fiscal de las
diputaciones forales de los territorios históricos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Por tanto, además de las enmiendas que podamos
presentar al otro real decreto, también quiero manifestarle nuestra
preocupación por la invasión de las competencias de las diputaciones
forales de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) quiero agradecer la comparecencia esta mañana del señor Ministro y
felicitarle no tan sólo en la parte que le toca por el acuerdo conseguido
por los agentes sociales, sino también por las cifras que se han hecho
públicas en las últimas horas de la última encuesta de la EPA, que son
buenas y que al conjunto de los grupos parlamentarios debe alegrar. El
descenso del número de parados y el aumento en los lugares de ocupación
son significativos de la buena marcha de la economía que puede empezar a
incidir de verdad en el conjunto de los ciudadanos.
En su intervención usted ha hecho referencia a una obsesión colectiva,
que es la generación de empleo. Es evidente que este acuerdo puede ayudar
a generar empleo y empleo estable que está demandando el conjunto de la
sociedad. Nuestro grupo quiere felicitarle también porque el Gobierno,
desde el primer momento, ha optado por el diálogo
social como mecanismo para afrontar esta reforma. El conjunto de los
grupos parlamentarios hemos entendido que era necesario que esta reforma
se abordase desde ese diálogo social y, por tanto, todos les hemos dado
el tiempo suficiente para que se pudiese avanzar hacia ese acuerdo. La
reforma de 1997 va a consolidar la de 1994. La diferencia va a estar en
el mecanismo, que en aquella ocasión no permitió llegar a un consenso
político y social y hoy, al haber apostado por el diálogo social, va a
permitir que la reforma sea social y políticamente más viable de lo que
fue la de 1994. Entendemos que este necesario diálogo social que se ha
impuesto en ésta y en anteriores ocasiones --y yo creo que el Ministro de
Trabajo tiene un mérito especial-- nos ha de hacer entrar en una dinámica
de cambio de mentalidad, de empezar a introducir nuevos conceptos en
relación al mundo del trabajo. Usted antes ha hecho referencia a un
cambio cultural. En su intervención el señor Griñán ayer hacía referencia
también a nuevos conceptos y nuevos parámetros bajo los que debemos
analizar el mundo del trabajo. Yo creo que es una apuesta de largo cambio
histórico y de lo que significan las relaciones en el mundo del trabajo.
Y esta reforma empieza a insinuar esos caminos.
En relación a las intervenciones que hubo ayer por la tarde (la señora
Aguirre hacía referencia a ello), hemos de ser conscientes de los límites
reales de esta reforma en la generación de empleo. Con la reforma tan
sólo no tenemos suficiente. El Gobierno ha cumplido en la segunda parte,
que ha sido aplicar de forma inmediata en la legislación, a través del
decreto-ley, las reformas previstas; también ha cumplido al poner en
marcha el real decreto que regula los incentivos fiscales y de la
Seguridad Social. Pero es evidente que el Gobierno debe hacer más. Debe
mantener una determinada política económica que cree la estabilidad, debe
reformar esa política económica para que la estabilidad sea el mecanismo
de creación de empleo, y debe profundizar en lo que se apunta en el
ámbito de los incentivos fiscales, en las bonificaciones a la Seguridad
Social. Ahí existe una pequeña política, una política microeconómica que
debe de ser importante. Por tanto, nuestro grupo parlamentario va a
mantener en los próximos meses la petición al Gobierno de que profundice
en determinados conceptos, y evidentemente el Gobierno debe ayudar a
crear un clima político que no estropee la buena marcha de la economía y
del diálogo social. Invito al Ministro de Trabajo y a sus compañeros de
gabinete, en el sentido más amplio del concepto gabinete, a que sean
capaces de que un mal clima político no estropee lo que puede ser un buen
clima económico y social. Podemos correr el riesgo de ir hacia una
concepción política a la italiana en que la política va mal pero a pesar
de todo la economía y la ciudadanía sigue su camino. Me gustaría que el
Gobierno fuera consciente de que ésa es también su responsabilidad y que,
evidentemente, en estas últimas semanas han sido más impactantes los
titulares que hacían referencia a la crispación política que los
titulares positivos que se derivaban de este acuerdo y de su despegue por
parte del Gobierno.
El Gobierno va a tener una importante responsabilidad en el terreno de la
acción pedagógica también. Ayer, en la comparecencia de los agentes
sociales hacíamos referencia a que ellos mismos, como protagonistas de
este acuerdo, deberían convencer a sus federaciones sectoriales, a sus
diversas organizaciones empresariales, de las bondades del mismo y de las
posibilidades que se abren. Yo creo que en esa acción pedagógica el
Gobierno debe hacer mucho para explicar que existen una serie de
posibilidades que están en el marco de la negociación colectiva, que
están en el marco de la voluntad de las partes, especialmente de la
voluntad de los empresarios de crear ocupación. El Gobierno ha de ser
capaz de convencer de la necesidad de la creación de esa ocupación. La
reforma será exitosa si entre todos la hacemos posible y, en ese sentido,
seguramente quien tiene más responsabilidad es el Gobierno.
Desde la perspectiva del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y para
finalizar, voy a hacer tres apuntes. Primero, nuestro grupo parlamentario
va a continuar apostando por la necesaria modernización en el mundo del
trabajo de los nuevos conceptos, en el sentido del cambio cultural que va
a existir. Vamos a continuar creyendo que hay que reforzar los marcos
nacionales propios para las relaciones sociolaborales. Nosotros cuando se
plantee, si es que se plantea, y esperamos que no sea así, nos vamos a
oponer a cualquier modificación del artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores en aquello que implique mermar posibilidades a la
negociación colectiva en los ámbitos nacionales. Ayer hubo intervenciones
en defensa de una centralización del sistema de negociación colectiva, lo
que para nosotros puede ser un paso atrás y vamos a ser combativos en
este aspecto.
Finalmente, creemos que hay que reforzar el papel de la pequeña y la
mediana empresa. Nosotros entendemos que en el real decreto que regula la
cuestión fiscal y de seguridad social el Gobierno apuesta por dar medidas
específicas a las pequeñas y medianas empresas, pero ayer manifestamos
que existe una preocupación, especialmente en Cataluña, en el ámbito de
las mismas y han podido tener la sensación de que en este acuerdo no se
ha contado suficientemente con ellas. Ahí existe un problema. Todos
decimos que la pequeña y la mediana empresa son las principales
generadoras de empleo en el Estado español. Malo será si no les hacemos
entender las posibilidades de ese acuerdo. Seguramente en los próximos
meses deberemos tomar más medidas en favor de ese importantísimo
colectivo, pero me gustaría que el Gobierno fuese más sensible a esa
realidad. Desde una perspectiva catalana, pero creemos que también desde
una perspectiva del conjunto del Estado, es en ese sector donde debemos
crear la confianza y la esperanza de que esta reforma va a ser útil. En
este sentido esperamos de la complicidad del Ministro de Trabajo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Pedro Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, yo estoy convencido de que
el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene bien presente
siempre aquella norma griega de que vanidad de vanidades es todo vanidad,
pero le voy a dar algún motivo más para que se refresque la memoria en
este sentido. Yo no le voy a dar la enhorabuena porque en todo caso
habría que dársela a los contrayentes. Usted simplemente ha oficiado un
enlace que seguro que va a acabar en divorcio en cualquier momento.
(Risas.) Por tanto, todo es perecedero, señor Ministro, y en este sentido
no ha lugar a la enhorabuena. Yo le daría la enhorabuena en el caso de
que su Gobierno y usted en concreto cumplieran con lo que es en este tema
su responsabilidad y su oficio, que es habilitar el momento de la
soberanía parlamentaria en toda su magnitud y en todo su esplendor, más
allá de los acuerdos de los agentes, que sin duda alguna su autonomía
tienen en ese momento y es necesario que negocien, que acuerden,
etcétera, pero sin hacer aspavientos, que es a lo que al parecer está
ahora la opinión pública acostumbrada. Se ha creado la necesidad ficticia
de un acuerdo, cuando siempre hay una instancia superior que debe
arbitrar y contemplar lo que es una política de empleo. Ha llegado ese
momento; éste es el momento de la soberanía popular, éste es el momento
de la soberanía que el Parlamento representa. Por tanto, a mí me parece
que el mero traslado de los acuerdos no es sino una forma concreta de
desarrollar esa soberanía. Pero yo aspiro --y espero que el Gobierno
cumpla también con su deber en este sentido-- a que se sobrepase ese
límite y a que, en función de las limitaciones que reconocen los mismos
agentes, se pueda sobrepasar y contemplar la política de empleo más allá
incluso de los mismos acuerdos.
Nosotros hemos manifestado ya --y usted lo conoce-- nuestro desacuerdo
con la política de empleo que comprenden esos acuerdos. No quiero aburrir
a SS. SS. y al señor Ministro repitiendo nuestros argumentos. En todo
caso, desde la última conversación hasta ahora me cabe una duda que
quiero preguntarle directamente, y es si va a haber o no --voy a evitar
la expresión penalización de los contratos temporales-- desincentivación
positiva, por la vía que sea, de la utilización por los empresarios de
las modalidades de contratación temporal que siguen subsistiendo después
de ese acuerdo. También nos cabe la duda de si esas bonificaciones y esas
medidas fiscales --contra las que en términos generales Izquierda Unida
manifiesta su desacuerdo-- no se realizarán en detrimento del sistema
público de la Seguridad Social, y no introducirán un precedente que sea
extensible a otro tipo de modalidades contractuales y que para el futuro
puedan, sin duda alguna, poner en peligro las arcas del sistema público
de la Seguridad Social. Pero más allá de eso nosotros ciframos nuestra
disconformidad en la perspectiva que se ha creado de ir reduciendo la
contratación temporal, de ir reduciendo la precariedad en el empleo por
al vía de incentivar un contrato indefinido cuya duración garantizada al
menos son dos años, aquellos que sean bonificados. ¿Qué medidas va a
arbitrar el ministerio para que no exista ahora rotación en la
contratación indefinida? Porque ése es un problema que se plantea, señor
Ministro, en función de las medidas que tenemos en presencia. Comprenderá
por qué le decía yo al principio que mi enhorabuena no puede tener sino
sombras de dudas y, en todo caso, la perspectiva de que si no se
sobrepasa el umbral de estos acuerdos no va a haber realmente creación de
empleo de calidad, estabilidad en el empleo y otras nuevas
circunstancias.
Aquí, aparte de usted, tendría que estar también el Ministro de Economía,
sin otro tipo de política económica que se genere en base a lo que se ha
dado en llamar --todavía no renuncia a ese término-- el reparto del
trabajo, la reducción de jornada, en último término el reparto del tiempo
de trabajo. Sin ese tipo de medidas no va a ser posible articular la base
social del mercado de trabajo sin que se generen nuevas fracturas --nos
lo recordaba ayer magistralmente, sin duda alguna, el representante del
Grupo Socialista-- de distintos segmentos sociales, distintos de los que
fueron ayer pero que hoy se están generando también. ¿Cuándo se va a
hacer esto? Porque el acuerdo no lo contempla o lo contempla muy de
pasadilla. ¿Lo va a contemplar el Gobierno? ¿De verdad vamos a meternos a
fondo en esa discusión? Porque ésta es la cuestión. ¿Cuándo se va a hacer
eso? ¿Cuando pase la fase expansiva del crecimiento económico en función
del cual se crearán los empleos que se creen? ¿No es ése precisamente el
momento --ahora que hay crecimiento de la productividad y de los
beneficios empresariales, ahora que hay algo que repartir precisamente--
de que se aborde el reparto? Porque si lo dejamos para mañana a lo mejor
estamos repartiendo miseria.
En este sentido, desde mi grupo --ayer lo anunciaba en esta misma
Comisión-- vamos a presentar una enmienda a la totalidad con texto
alternativo. En ese texto alternativo vamos a intentar suscitar este
debate y a plantear una serie de medidas que habiliten esta nueva
política económica. Es la ocasión, es el momento. Lamentablemente quizá
la celeridad sea un mal acompañante de lo que entendemos absolutamente
imprescindible, que es meterse de bruces seriamente en esta cuestión y
justamente ahora, en esta coyuntura económica y no en otras. En todo
caso, al tiempo que expresamos el rechazo a estos acuerdos, Izquierda
Unida plantea siempre a su lado la alternativa y la salida. El Gobierno
tiene la palabra, señor Ministro; no solamente usted. Insisto en ello
porque en todo caso el Gobierno que conforma mayoría parlamentaria
--hasta mayo de 1998, creo recordar-- (Risas.) tiene la palabra y, por
tanto, estoy a la espera de sus iniciativas y, como yo, espero que
muchos, muchísimos españoles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra don José Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor Ministro, le agradezco su comparecencia y
sus explicaciones y no importa, en absoluto, que estén los decretos-leyes
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» porque también es cierto
que desde que se produjo el acuerdo hasta su traslación normativa el
Ministro ha tenido contactos con el Grupo Parlamentario Socialista y, por
tanto, ha buscado junto al consenso social que preside el acuerdo también
un consenso político.
El acuerdo entre empresarios y sindicatos (que me parece importante sobre
todo porque son los dueños de las reglas del juego, los dueños del
mercado de trabajo los que
han dado su conformidad a una modificación de estas reglas; eso es lo que
tiene la trascendencia) ha sido traducido normativamente en un
decreto-ley cuya convalidación veremos probablemente la semana próxima.
Me interesa destacar que el acuerdo es importante --ya lo decía ayer-- no
en la medida en que se ha producido en un momento determinado un consenso
sobre unas modificaciones normativas concretas, sino porque es un fruto
más de un proceso ininterrumpido del diálogo que se inició en 1994, que
continúa y ha de continuar rindiendo frutos y que si lo repasamos un poco
veremos que ha dado lugar, en estos últimos años, a más avenencias que
desavenencias. Eso es lo trascendental del acuerdo. Además, el acuerdo
modifica las reglas de juego del mercado de trabajo y parece que eso
también tiene una determinada trascendencia. Modifica o da criterios
orientativos para la negociación colectiva y para la cobertura de vacíos
en los casos de desaparición de ordenanzas. No sería pesimista, ni mucho
menos, ni escéptico tampoco sobre las normas que se han dado sobre
negociación colectiva, porque me parece que los agentes sociales han
conseguido un fino equilibrio entre lo que es un nivel mínimo de
concentración material para afrontar los desafíos de la competitividad en
nuestra economía con un profunda descentralización de materias. Cuando he
leído el acuerdo no he visto ningún riesgo de que se puedan llevar a las
alturas cuestiones que deben estar afincadas en las unidades
empresariales que han de ser las competitivas, en definitiva. Por tanto,
creo que no hay ninguna sustracción de materias a los ámbitos inferiores
de negociación y eso me parece enormemente positivo si queremos dotar de
adaptabilidad a la economía española.
El acuerdo es importante, además, porque persigue el empleo. Es verdad
que en el empleo todos debemos ser escépticamente optimistas. Es decir,
todos queremos empleo pero nadie tiene ninguna regla que pueda traducir
los crecimientos en empleo. De eso se ocupan los distintos países de la
Unión Europea con bastante nivel de escepticismo, digo, porque estamos
conviviendo con una situación económica en la que la productividad del
sistema económico capitalista se consigue fundamentalmente a través de la
reducción del tiempo de trabajo, lo que produce que los crecimientos
económicos tengan dificultades para traducirse en amplios volúmenes de
empleo. Es importante porque existe un espacio de paz al modificar entre
empresarios y sindicatos las reglas del juego para que sean más
favorables a la creación de empleo. No podemos estar obsesionados tampoco
por las reglas del juego; no podemos esperarlo todo de ellas. Creo que es
importante que se hayan modificado y a partir de aquí la pelota la tienen
que jugar otros. Los empresarios ya no tienen la disculpa de que el
despido es caro para crear empleo y empleo estable, y a partir de este
momento el Gobierno debe aplicarse en traducir los crecimientos
económicos en mayor nivel de creación de empleo.
Si analizamos la evolución del empleo en nuestro país, y lo haremos
respecto de los últimos veinte o treinta años, nos daremos cuenta de que
es muy fácil, si no nos dejamos obsesionar por las cifras, apreciar tres
etapas fundamentalmente. Una primera se produce a partir de 1977 y hasta
1985, en que la economía española, como consecuencia de la apertura
democrática, tiene que conseguir también una apertura que da lugar a
pérdidas masivas de puestos de trabajo. Entre 1977 y 1985 se perdieron
casi dos millones de empleos porque hubo que ajustar todo el sistema
económico a una nueva realidad que se había producido como consecuencia
de nuestra conquista de las libertades. Bien es cierto que no hubo tiempo
en ese momento de ajustar el sistema económico y al mismo tiempo
modernizarlo. Si se fijan ustedes el mercado de trabajo, en ese período
de tiempo, permaneció anclado en los mismos rasgos que tenía en fechas
anteriores. Verán que en ese período de tiempo la población agraria
permaneció estancada en un 20 por ciento y la población activa femenina
quedó anclada en un 28 por ciento. Por consiguiente, fue un momento en
que se perdían empleos y simultáneamente no se modernizaba el mercado de
trabajo. Posteriormente, a partir de 1986, España ha sido, según los
indicadores de la Unión Europea, el país donde más empleo se ha creado y
al mismo tiempo se ha producido una modernización absoluta, clara, del
mercado de trabajo. Se ha producido una disminución de agrarios hasta el
8 por ciento, aproximadamente, y un aumento de la tasa de actividad
femenina en diez puntos. Consecuentemente a partir de esa fecha, se
producen dos cosas: una amplia creación de empleo y un movimiento
ascendente del paro como consecuencia de esa modernización del mercado de
trabajo. La tercera fase quizá la podíamos ver a partir del año 1994, en
que es verdad que con menores crecimientos económicos se está produciendo
creación de empleo. Es algo que podemos constatar simplemente viendo los
datos estadísticos. Según la encuesta de población activa, desde 1994 hay
casi 900.000 empleos creados, 600.000 más asalariados con contrato
indefinido y aunque ponderáramos la variación del censo en la encuesta de
población activa tendríamos que entender que el dato es relevante porque
los relativos también lo son. Es decir, había estado descendiendo el
porcentaje de contratos indefinidos sobre el total hasta 1994 y, sin
embargo, en 1994 se contiene e incluso ha aumentado en unas décimas en
los últimos años.
Con todos esos datos es verdad que el empleo cambia, y cambia
radicalmente en nuestro país y en toda Europa como consecuencia de los
cambios que se han venido produciendo. Y ese cambio es el que tendríamos
que abordar con todo este tipo de políticas. Cierto es que el empleo no
tiene nada que ver hoy día con el que se creaba en los años setenta y
ochenta. Cualquier comparación además de odiosa sería absolutamente
inadecuada. Hoy se está creando empleo fundamentalmente en el sector
servicios. Hoy en la economía más productiva no se crea empleo, se crea
empleo en la menos productiva, y lo que se está produciendo tal vez es un
dualismo entre aquellos sectores que son capaces de crear empleo pero con
baja productividad, y por tanto con precarias condiciones de trabajo, y
aquellos otros que son altamente productivos, capaces de obtener grandes
rendimientos económicos pero que no son capaces de traducirlos en
creación de empleo. Por tanto, junto al movimiento, al cambio, a la
transformación de las reglas del mercado de trabajo es necesario abordar,
en todas sus
dimensiones, el cambio que se está produciendo en el empleo y que ha sido
advertido ya en el Informe sobre el Empleo de la Comisión de la Unión
Europea en 1996.
Hay un problema de empleo juvenil, pero preocupándome esto y teniendo en
cuenta que en España afortunadamente existe igualdad de oportunidades me
inquieta tanto o más el paro de larga duración y sobre todo el paro de
los mayores de 45 ó 50 años. Según los datos del Inem, en los dos últimos
años, en 1995 y 1996, el paro ha disminuido en términos relativos el 14,6
por ciento. Entre los jóvenes de 16 a 19 años ha disminuido en un 47,6
por ciento; entre los jóvenes entre 20 y 24, en un 31,6 por ciento; entre
las personas entre 25 y 54 años ha disminuido menos que la media, un 8
por ciento, y entre los mayores de 55 años ha aumentado en un 22 por
ciento. Por tanto, hay un problema de paro de larga duración,
consecuencia fundamentalmente del dualismo generacional que vivimos en
España entre una generación que afortunadamente ha vivido la igualdad de
oportunidades y, por tanto, tiene una cualificación y una formación
bastante adecuada a las necesidades del mercado, y otra generación que no
tuvo esa oportunidad de acceder a la igualdad de oportunidades, que tiene
menos condiciones de subsistir en el mercado y con problemas de
sustitución que se vienen produciendo desde hace años en la economía
española. Mi espíritu es optimista, pero también escéptico en lo que a
fenómenos de creación de empleo se refiere, aunque estamos contentos y
apoyamos el acuerdo que se ha producido entre los agentes sociales y
vamos a apoyar el decreto-ley que ha presentado el Gobierno. Entendemos
que éste puede ser un primer paso para facilitar procesos de creación de
empleo a través de los impulsos económicos que se puedan producir en un
contexto internacional y también en la política económica que se pueda
desarrollar.
Juntamente con este decreto-ley, señor Ministro, se ha aprobado otro
decreto-ley que incentiva la puesta en marcha del anterior, del acuerdo
entre empresarios y sindicatos. Es un decreto-ley de medidas de apoyo que
nosotros miramos con simpatía y queremos apoyarlo en su tramitación, pero
del que solicitamos algunas aclaraciones al señor Ministro. Tenemos
algunas dudas que posiblemente nos pueda aclarar. Vemos, por ejemplo, que
las incentivaciones que se producen en la Seguridad Social son distintas
a las que se producen en los beneficios fiscales de la pequeña y mediana
empresa, en la medida en que en el segundo caso, para poder acreditar el
derecho a estos beneficios, se exige que haya incrementos netos de
plantilla y, sin embargo, en el primero de los casos no se exige ese
incremento neto de plantilla. Es decir, puede haber bonificaciones en la
Seguridad Social en estas contrataciones aunque no haya creación directa
de empleo. Es una incertidumbre que me gustaría que se nos aclarara.
Por otro lado, el decreto-ley dice que los beneficios previstos en la
presente norma se financiarán con cargo a la correspondiente partida del
Inem. Me gustaría formularle dos preguntas: ¿son solamente las
bonificaciones de Seguridad Social las que se van a financiar con estas
aportaciones del Inem, o también se van a financiar las minoraciones de
las estimaciones del rendimiento neto a efectos del IRPF? Tal y como está
redactado, parece indicar que se habla de las bonificaciones de esta
norma, sin especificar una u otra, por eso me gustaría que lo aclarara.
En segundo lugar, las aportaciones del Inem para este tipo de programas
es de 49.297 millones de pesetas y el Ministro ha dicho que serán unos
100.000 millones de pesetas. Me gustaría que quedara claro en la norma o
en la intervención del Ministro que, en todo caso, sería un crédito que
siempre obtendría las dotaciones correspondientes del Ministerio de
Hacienda, sin que eso supusiera, en ningún caso, un detrimento de las
otras políticas que tiene encomendadas el Inem, fundamentalmente las
políticas activas. Por último, señor Ministro, teniendo en cuenta que el
dabate de este decreto-ley está previsto para el jueves de la semana que
viene, nos gustaría poder disponer desde ahora mismo hasta el jueves de
la memoria económica de este decreto-ley para saber cómo puede incidir en
la financiación de la Seguridad Social y cuáles son las partidas
presupuestarias que van a asumir las previsiones de incremento que se
produzcan como consecuencia del decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Quiero agradecer la presencia del Ministro aquí
para explicar el fruto de los acuerdos, que son los dos reales decretos
aprobados por el Gobierno, que ya en estos momentos y desde el pasado
sábado permiten que los distintos agentes sociales, empleadores y
empleados, puedan disfrutar de un sistema de relaciones laborales
distinto que favorece la estabilidad y la seguridad en el empleo. Quiero
felicitar también al Gobierno porque ha sido capaz de llevar estos dos
reales decretos al Consejo de Ministros y aprobarlos en un tiempo récord,
después de haber pasado por unos trámites que avalan la voluntad de
diálogo y de consenso manifestada por este Gobierno.
Era el 28 de abril cuando los agentes sociales firmaban los tres acuerdos
interconfederales, y ha sido el 16 de mayo cuando se ha aprobado por
Consejo de Ministros. Previamente a esa aprobación del Consejo de
Ministros se ha consultado con los grupos parlamentarios y se ha
presentado el texto a los mismos, y previamente a esto se ha pronunciado
el Consejo Económico y Social, y además, como era deseable, se han
presentado esos dos reales decretos a los redactores del acuerdo para ver
si reflejaban no sólo con el espíritu, sino con la letra, lo plasmado en
los acuerdos. Este tipo de negociación no tiene precedentes y, como
decían los agentes sociales, no se debe a una situación fortuita, sino a
que ha existido desde el 3 de marzo una voluntad de crear un clima de
diálogo social para avanzar consensuadamente en estos asuntos. Este
acuerdo no se ha producido de forma esporádica, sino después de haberse
alcanzado otros cinco acuerdos sociales en temas tan importantes como la
formación continua, las pensiones, el empleo agrario, la resolución de
los conflictos extrajudiciales o como la prevención sobre salud laboral.
Esa voluntad del Gobierno ha quedado plasmada a lo largo de este tiempo y
debe ser plasmada a lo largo del futuro de
este Gobierno al que algunos, de forma frívola, auguran una duración de
un año, aunque creo que la intención del Gobierno es durar el tiempo para
el que los electores le han dado su confianza. (El señor Griñán Martínez:
¡La bronca por la bronca!) La bronca por la bronca, lleva razón.
(Rumores.)
A pesar de las interpretaciones que hacen algunas personas --las
interpretaciones son indudablemente libres--, nosotros lo interpretamos
como lo que es: la voluntad de seguir manteniendo la situación de
estabilidad política, social y económica que está teniendo importantes
beneficios para los ciudadanos españoles. (Rumores.) Esto les crispa a
algunos, porque hay mucho alboroto y les molesta a algunas personas. Ese
es su problema.
Voy a hacer referencia a algunas manifestaciones que se han hecho sobre
el presunto enlace entre los distintos agentes sociales, sobre el que
algunos han manifestado su frustración, enlace del que a usted, señor
Ministro, parece que le hacen padrino. Estas interpretaciones parece que
se han hecho por una novia despechada, pero no son interpretaciones
reales. Todos deseamos que ese consenso alcanzado, que esas negociaciones
iniciadas se sigan manteniendo en el futuro. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Hernando.
Señoras y señores diputados, les ruego silencio.
El señor HERNANDO FRAILE: Es que están muy entretenidos los diputados con
los comentarios. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Puede continuar, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Confío en que respeten mi libertad de expresión
adecuadamente.
Desde el principio, tanto el Gobierno como los agentes sociales hicieron
un análisis de la situación; situación en la que el primer problema de
los españoles era el del desempleo. Y todos los esfuerzos del Gobierno se
han dirigido a intentar atajar la situación de desempleo. Estamos en una
situación en la que, como usted ha descrito, con menores crecimientos
económicos que en otras épocas se está creando mayor número de puestos de
trabajo en este país.
Yo entiendo que en el tema del diálogo social haya algunas personas que
intenten decir que este diálogo social ya existía antes, y no les voy a
quitar el mérito que les corresponde, pero sí quiero decir que cuando se
habla del año 1994 hay que recordar una huelga general, y que cuando se
habla del año 1995 hay que recordar que hubo un plan de empleo aprobado
en Consejo de Ministros que no fue ni tan siquiera presentado a los
agentes sociales. Pero ése es el pasado y a nosotros nos gusta hablar del
futuro. (El señor Cercas Alonso: Sí, sí, ya lo vemos.) Se ha presentado,
acompañando al primer real decreto, otro real decreto de bonificaciones
que indudablemente marca las prioridades de este Gobierno. La importancia
de apoyar a la pequeña y mediana empresa es evidente con los beneficios
sobre los módulos. La intención de que se traten determinados colectivos
más desfavorecidos de forma especial, como los mayores de 45 años o las
mujeres representadas, es evidente cuando la bonificación alcanza al 60
por ciento. La voluntad de transformar la inseguridad y el empleo
temporal en indefinido se muestra evidente al implementar bonificaciones
del 50 por ciento, lo mismo que en los casos de relevo y sustitución de
trabajadores. Indudablemente existe una voluntad, manifestada desde el
primer momento, por apoyar el contrato indefinido para los parados al
hacer bonificaciones del 40 por ciento. Esto, además, tal como han puesto
en evidencia los distintos miembros del Gobierno, tanto por usted como
por el Vicepresidente Económico del Gobierno, no va a afectar al sistema
de protección social, no va a afectar a la cobertura de las pensiones ni
a la reducción de sus ingresos ni tampoco a las políticas activas de
empleo, y en ese sentido aún nos satisface más el real decreto.
Yo creo que ha habido asuntos importantes en este acuerdo. El hecho de
que se haya establecido una comisión de seguimiento quiere decir que
existe un nuevo enfoque de estos acuerdos y estos reales decretos-leyes
distinto del que se hizo en 1994, que no permitió adoptar medidas de
corrección en su momento. Esta comisión de seguimiento nos merece una
valoración importante, porque supone la garantía de que se va a obtener
una información continua y constante sobre la evolución y el impacto de
estas medidas. Además, señor Vaquero, hay unas fórmulas de anclaje
reconocidas en los reales decretos que impiden la sustitución de los
trabajadores que actualmente disfrutan de un contrato fijo con unas
condiciones distintas por otros empleados nuevos con distintas
condiciones en cuanto a sus garantías y en cuanto a sus indemnizaciones.
Yo creo, y así lo manifestaban ayer los agentes sociales, que no es
posible que estas medidas tengan impacto alguno, como ninguna medida
legislativa, si no se acompañan de una política económica adecuada. Ayer
se nos animaba a que les pidiéramos a ustedes que sigan con la misma
política económica, y yo lo hago hoy en este acto; una política económica
que ha permitido la contención del déficit, la reducción del gasto
público, la desregulación de determinados monopolios que han favorecido
la reducción de los precios en materias como la energía y las
telecomunicaciones, que ha impactado de forma formidable en la contención
de la inflación, que al final es lo que beneficia indudablemente a los
salarios de los trabajadores. Todo ello se ha visto acompañado con una
disminución en los tipos de interés que permite que los ahorros de los
ciudadanos queden en manos de los ciudadanos y no en manos de la política
financiera.
Voy a hacer referencia, por último, al tema del diálogo y la crispación.
Yo no creo que haya crispación, hay crispados. (Risas.) Yo no creo que
este Gobierno esté creando crispación. No está creando crispación, la
están creando algunas otras personas que ven con preocupación cómo
peligran sus intereses, y esto es muy legítimo. Hace un año algunos
anunciaron el desastre económico, una alta conflictividad social, una
alta conflictividad política, y ven con crispación que eso no se está
produciendo, ven con
preocupación que estamos cumpliendo nuestros deberes y que eso nos va a
permitir incorporarnos a los países de cabeza y cumplir los criterios de
Maastricht. Por cierto, tengo que recordar que antes no se cumplía
ninguno. En este acuerdo existe un gran consenso social que se está
transformando en un gran consenso político. Nosotros desearíamos que ese
gran consenso político afectara también a otras materias, y seguimos
ofreciendo nuestra mano abierta para conseguir el consenso social y
político también en otras materias. Me da la sensación de que a algunos
no les interesa alcanzar ese consenso político en otras materias, porque
eso frustra lo que ellos han venido manifestando durante mucho tiempo y
ataca directamente los mensajes a su electorado.
Quiero felicitarle, señor Ministro, una vez más por los éxitos que ha
conseguido --en lo que le corresponde-- y que los agentes sociales han
conseguido para todos los españoles, y animarle a que se siga manteniendo
esta política de consenso y de diálogo que yo creo que favorece el
desarrollo y la prosperidad económica de los españoles.
El señor PRESIDENTE: Para contestar o comentar cualquiera de las
intervenciones de los portavoces, tiene la palabra el señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Quiero empezar agradeciendo a todos los grupos parlamentarios el tono y
el contenido de sus intervenciones, aunque estén marcadas, como es
lógico, por las visiones particulares y concretas de cada uno de los
grupos parlamentarios.
Empiezo con un argumento que se ha planteado en algunas de las
intervenciones acerca de dónde está la soberanía, que me parece que es un
elemento muy importante. La soberanía está en esta Cámara, la soberanía
está en el Senado y, desde luego, ningún acuerdo que lleven a cabo los
agentes sociales menoscaba esa soberanía. La soberanía está absolutamente
salvaguardada si la mayoría de los grupos parlamentarios tienen una
coincidencia plena en este caso con el espíritu y con la letra de las
normas que se discuten. En cualquier caso, es importante señalar que los
agentes sociales han cumplido un papel muy sólido, muy relevante, que el
Gobierno ha cumplido también con lo que tenía encima de la mesa y que
ahora toca un papel también muy relevante --que está garantizado por la
tramitación del decreto-ley como proyecto de ley-- al propio Parlamento.
Por tanto, quiero defender públicamente que los acuerdos sociales que
puedan ser respaldados por los grupos parlamentarios en ningún caso
menoscaban la soberanía que nuestra Constitución atribuye al conjunto del
Parlamento, al Congreso y al Senado.
El señor Vázquez me ha planteado cuestiones que ya conocía porque tuvimos
ocasión de dialogar sobre ellas en días pasados, y yo le quiero trasladar
mi agradecimiento. Sé que el señor Vázquez tiene objeciones de fondo
respecto al acuerdo, en consecuencia hay objeciones de fondo también
respecto a los dos decretos-leyes. Quiero insistir en que no solamente ha
sido objeto de diálogo y de concreción con los sindicatos y con los
empresarios el decreto que se refiere estrictamente a la normativa
laboral, sino que también ha sido dialogado y consensuado con sindicatos
y empresarios el decreto que se refiere a incentivos de Seguridad Social
y de orden fiscal, y que el Gobierno cumplió su compromiso remitiendo
dichos decretos a los distintos grupos parlamentarios. Por tanto, respeto
las discrepancias de fondo que tiene el señor Vázquez con el acuerdo y
con los decretos.
En segundo lugar, por lo que se refiere a las intervenciones de la
representante del PNV, del señor Vázquez y a alguna insinuación que ha
hecho el representante de Convergència i Unió, don Carlos Campuzano,
acerca de lo que es la negociación colectiva y su ámbito, creo que nadie
puede desprender de estos acuerdos, y mucho menos de las normas, ninguna
agresión al ámbito de la negociación colectiva. Yo puedo presentarles a
ustedes un dossier de prensa muy amplio en el que se anticipaba que
habría modificaciones del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores.
Tal como se ha reconocido en las intervenciones, no hay ninguna
modificación legal, ninguna modificación en el orden jurídico que afecte
a la negociación colectiva. Lo que sí tenemos que respetar profundamente
es la voluntad de las partes. El Gobierno y todos tenemos que aceptar y
respetar los planteamientos que se hacen desde algunos sindicatos que no
son estatales, también tenemos que respetar profundamente la voluntad de
los sindicatos que tienen representación en toda España en cuanto a los
ámbitos de la negociación colectiva y la de los empresarios que tienen
representación en toda España, pero nadie puede asegurar que se haya
producido ningún tipo de agresión en ese sentido.
Finalmente, le agradezco al señor Vázquez su comprensión acerca del
procedimiento. Tuvimos ocasión de hablarlo con detenimiento, y él
entendía que tenía todo el sentido que, habiéndose pedido por parte de
sindicatos y empresarios que se tramitara con la máxima urgencia,
tramitáramos el decreto-ley como proyecto de ley. Yo he entendido esa
comprensión desde el primer momento, no creo que quiera retirarla, pero
en cualquier caso quiero ponerla de manifiesto.
Agradezco a don Paulino Rivero las palabras que ha pronunciado. Hay
amplia coincidencia en todos los diagnósticos y en las medidas que ha
planteado.
La representante del PNV no sólo ha hecho referencia a los posibles
perjuicios de la negociación colectiva en ámbitos autonómicos, sino que
también ha hecho alguna referencia acerca de la legalidad o no de algunos
preceptos que se refieren al decreto de incentivos. Esta posición no es
compartida desde el Gobierno, somos muy respetuosos con el concierto
económico, pero esa posición que usted ha planteado no es compartida
desde el Gobierno. Creemos que es plenamente legal y constitucional la
decisión que se plantea en el artículo 3 del segundo decreto al que ha
hecho referencia S. S.
Aprovecho esta intervención para anticiparles en esta comparecencia que
es propósito del Gobierno y del Ministerio convocar a los responsables de
Trabajo de las distintas comunidades autónomas y convocar también a los
agentes sociales a esa reunión. Como he dicho anteriormente,
en la última conferencia sectorial de asuntos laborales, celebrada en
Santiago de Compostela, tuvimos ocasión de analizar lo que entonces eran
conversaciones de los agentes sociales. En aquel momento todas las
comunidades hicieron una valoración positiva de esas conversaciones, pero
es cierto que tenemos que profundizar con las comunidades autónomas en lo
que respecta a los incentivos que se puedan plantear desde sus ámbitos.
Eso se puede hacer de forma bilateral con cada una de las comunidades
autónomas, pero ya digo que es propósito del Ministerio convocar a todas
las comunidades autónomas a una nueva conferencia de asuntos laborales y
convocar a esa reunión a sindicatos y a empresarios para analizar la
complementariedad de los incentivos que tienen origen en decisiones del
Estado y de los que puedan tener origen en los ámbitos autonómicos.
Quiero agradecer las palabras de felicitación de don Carles Campuzano y
su expresión de alegría por las últimas cifras de la encuesta de
población activa. Efectivamente, cada vez que se produce una reducción
del paro registrado, cada vez que se produce una disminución de los
desempleados en el marco de la EPA, debemos felicitarnos, porque yo creo
que es una buena noticia. Ahora bien, el problema del paro sigue siendo
un problema gravísimo para España. Creo que con los datos que tenemos de
paro registrado nunca se puede hacer una afirmación triunfalista, ningún
mes, ningún trimestre, porque el problema sigue estando encima de la
mesa, pero es más que cierto que se está creando empleo. En 1995 hubo
creación de empleo, 1996 ha sido un buen año para el empleo y 1997
continúa por esa senda. Por eso no es intención del Gobierno modificar en
absoluto su política económica, y aquí entro en una cuestión de fondo.
Las modificaciones que se produjeron en 1984 y en 1994 y las
modificaciones que se van a producir en 1997 no son la solución del
problema del desempleo en España. El problema del desempleo en España,
que desgraciadamente habrá que abordar durante los próximos años, depende
mucho, como aquí se ha dicho, de los crecimientos económicos sostenidos;
depende, en segundo lugar, de la transformación de esos crecimientos
económicos en creación de empleo, y en tercer lugar --y quizá sea ésa la
única discrepancia en el análisis con el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista--, de nuestras tasas de temporalidad, porque en eso no somos
europeos. Es completamente cierto que ha habido problemáticas de
desempleo en los últimos veinte años que tienen mucha similitud con el
análisis del contexto europeo, pero cuando hablamos de tasas de
temporalidad en España, de porcentajes de temporalidad sobre el conjunto
de asalariados, sencillamente, como he dicho al principio de mi
intervención, no somos europeos. Ahora bien, si partimos de que la
reforma, la modificación o mejora del mercado de trabajo en sí no es un
elemento directo de creación de empleo, yo creo que, sin embargo, puede
ayudar a que se intensifique la creación de empleo como consecuencia de
la nueva confianza de los inversores, como consecuencia del ánimo que se
puede producir hacia esta creación de puestos de trabajo; en segundo
lugar, puede ayudar a que cada vez se vaya reduciendo más la relación
crecimiento económico-creación de empleo, y en tercer lugar, que es la
apuesta de estos acuerdos, a que los empresarios pierdan el miedo a
contratar, a lo que significa un contrato estable, un contrato
indefinido. Y quiero resaltar ante ustedes que, en mi opinión, no se
hubiera producido nunca este acuerdo si no hubieran coincidido sindicatos
y empresarios en que la precariedad es mala para el conjunto de la
actividad productiva. Puede haber empresarios que piensen que la panacea
en su actividad productiva está en los contratos temporales; pues bien,
ese empresario está renunciando al concepto de la formación del propio
empresario y de los trabajadores como mejor activo de su propia empresa y
de la actividad productiva.
En ese sentido creo que no hay que modificar las políticas económicas.
Cuando tenemos, como consecuencia de las políticas económicas,
comportamientos excepcionales en la inflación (y quiero aprovechar para
decir que un dato bueno de inflación es la mejor noticia que se puede
ofrecer a los trabajadores y a los más débiles, que son los que están
pendientes del mantenimiento de su poder adquisitivo en relación a la
evolución de la inflación), cuando se están produciendo reducciones de
tipos de interés, cuando hay rigor en el control presupuestario y se
están cumpliendo las previsiones de déficit, estamos haciendo una
política económica que desde luego está orientada a la creación de
empleo. Si esa política económica se ve complementada con unas
modificaciones del mercado de trabajo que permiten, como decía al
principio, una mayor correlación crecimiento económico/creación de
empleo, estamos en el buen camino. Desde luego, el Gobierno entiende que
algún grupo parlamentario nos solicite que cambiemos nuestra política
económica, pero también ese grupo parlamentario debe entender que
partimos de modelos distintos, de políticas distintas, de orientaciones
ideológicas distintas, y que en este caso además el Gobierno no observa
en absoluto que la política económica que está aplicando sea negativa
para el conjunto de la sociedad, sino todo lo contrario.
Señor Campuzano, estamos estudiando con sindicatos y empresarios una
campaña de divulgación de los acuerdos --se ha referido a ese aspecto--,
que pondremos en marcha en los próximos meses, que traslade a los centros
productivos, a las pequeñas y medianas empresas de forma muy particular,
el contenido del acuerdo y de los dos decretos. Tenemos una discrepancia
en la preocupación. He oído en más de una ocasión que desde ámbitos
políticos cercanos al señor Campuzano se dice que en estos acuerdos no se
ha primado el papel de la pequeña y mediana empresa. En mi opinión, los
acuerdos favorecen sobre todo el marco de la pequeña y mediana empresa,
las modificaciones fiscales que se introducen favorecen directamente a la
pequeña y mediana empresa. Ha habido una organización en los acuerdos de
la que se habla poco, que es la Confederación Española de Pequeña y
Mediana Empresa, la Cepyme, que también los ha suscrito, pero también
estoy de acuerdo en que todo lo que sea caminar hacia mejorar los marcos
fiscales y laborales de las pymes es bueno, sobre todo cuando sabemos que
en España el sustento fundamental de la creación de empleo son
precisamente las pequeñas y medianas empresas. Pero si usted me pide que
un
día analicemos con tranquilidad si este acuerdo tiene más repercusión en
las grandes empresas o en las pequeñas y medianas, le garantizo que
probablemente podamos llegar a la resolución final de que afecta sobre
todo a las pequeñas y medianas empresas. No obstante, podemos seguir
hablando, porque insisto en que todo lo que sea mejorar el marco laboral
y fiscal de las pymes es francamente positivo, y creo que el Gobierno en
esta materia ha hecho muchas cosas en el tiempo que lleva gobernando.
El señor Vaquero no me ha felicitado. La verdad es que yo tengo, como
saben, origen ideológico en la democracia cristiana, tengo bastante más
fe que usted en cuanto a la duración de las parejas, quizás por mi
origen. Me ha dado usted el papel de cura. Agradezco al portavoz del
Grupo Popular que me haya sacado de la confesionalidad y me sitúe como
padrino al menos, pero en cualquier caso yo tengo más fe que usted en eso
que ha calificado de matrimonio. (Risas.) Estamos asistiendo a una nueva
cultura de diálogo en el marco de las relaciones laborales, y eso obedece
al coraje que han puesto encima de la mesa, en una etapa de trascendencia
histórica por lo que significa nuestra incorporación a la Unión Económica
y Monetaria, las organizaciones sindicales y empresariales, y soy de
aquellos que creen que estamos caminando hacia un proceso de mayor
independencia, de paulatina independencia, de más autonomía de los
ámbitos sindicales y empresariales en relación con las organizaciones
políticas. No sé si eso lo ve usted como un elemento positivo o no, pero
yo lo veo como un elemento absolutamente positivo.
Me decía usted que no me podía dar la enhorabuena, pero le quiero decir a
usted que ya me ha dado bastante, y le voy a decir por qué. El grupo
parlamentario al que usted representa ha dicho públicamente en reiteradas
ocasiones que el Gobierno no debía intervenir, que cualquier modificación
del mercado de trabajo debía venir de la mano de un acuerdo de sindicatos
y empresarios. Eso lo han dicho ustedes siempre, en el transcurso de
estos meses, y a mí me parece muy positivo que su grupo parlamentario
haya apoyado una decisión que es compartida con el Gobierno.
Segunda cuestión que me parece muy positiva. Ustedes, a la hora de
plantear el trámite parlamentario, también tuvieron una actitud en mi
opinión muy constructiva, entendiendo como razonable que, si se discutían
antes los decretos-leyes, podríamos ir a su tramitación como proyectos de
ley, y pusieron encima de la mesa la petición de traslado --también lo
hizo el portavoz socialista en la primera reunión formal que tuvimos-- al
Consejo Económico y Social, y el Gobierno aceptó esa sugerencia. Así que
yo le agradezco que haya aceptado el procedimiento, le agradezco que
hayan defendido el acuerdo de sindicatos y empresarios, y estaré muy, muy
atento a la enmienda a la totalidad que van a presentar ustedes. Me han
anunciado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, y yo tengo
que reconocer que ésa es una posición valiente, la de presentar el texto
alternativo. Estudiaremos con toda tranquilidad las propuestas
alternativas que ustedes nos plantean. Insisto en que el Parlamento es
soberano, pero que esa soberanía también pasa por respetar, como usted ha
hecho, a los grupos parlamentarios que coincidan con el espíritu y con la
letra del acuerdo de sindicatos y de empresarios.
No se preocupe en absoluto --en absoluto-- de las repercusiones negativas
de las bonificaciones para el sistema público de Seguridad Social --y
contesto parcialmente también una cuestión que ha planteado el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista--, porque las bonificaciones no van a
afectar negativamente a ninguna política activa de empleo ni a otras
políticas. Ustedes tienen que saber que cuando se hace un cálculo --y
remitiremos los informes económicos que se nos han pedido-- del coste de
las bonificaciones, hay que hacer determinadas apuestas y hay diversas
posibilidades. En este momento, no podemos adivinar cómo va a funcionar
el nuevo contrato indefinido de fomento de empleo. Me parece que la
primera evaluación sensata se podrá hacer dentro de seis meses y la
primera evaluación sólida se podrá hacer en los siguientes dos años. Por
lo tanto, hay distintos escenarios, pero yo le quiero tranquilizar en el
sentido de que, en los escenarios que hemos planteado, hay un ahorro muy
importante en prestaciones por desempleo si funciona esta nueva modalidad
y en ningún caso supondrá recorte de políticas activas de empleo,
adquiriendo el Gobierno un compromiso de mayor financiación, pero nunca
en detrimento de otras políticas activas de empleo.
Plantea usted un asunto que es muy importante: el reparto del tiempo de
trabajo. Ese es un debate que está necesariamente abierto en la sociedad.
Cuando hablamos de reparto de tiempo de trabajo, hay quien pregunta si se
está hablando sólo de reparto de tiempo de trabajo o si también se está
hablando de reparto de salario. Ya sé que usted no lo ha citado, pero así
se plantea; el debate es mucho más amplio. Y voy a coincidir con usted en
una cuestión importante: ¿qué es lo que tenemos que repartir? En este
momento, desgraciadamente, hay mucho paro que repartir y hay mucha
precariedad que repartir. (El señor Vaquero del Pozo: ¡Y también
dividendos!) Y también dividendos; eso para los empresarios. Yo estoy
hablando ahora de los trabajadores, no de los empresarios, pero hay mucho
paro que repartir y mucha precariedad que repartir. Si usted me lo
permite, debatamos primeros sobre el reparto de tiempo de trabajo;
mantengamos ese debate. Segundo, me parece extraordinariamente importante
que el marco básico de ese debate sea la negociación colectiva, y así lo
han planteado sindicatos y empresarios. Ya sabe usted que, en el marco de
esas conversaciones, se planteó, por una parte, la necesidad de citar
dentro del acuerdo la reducción de la jornada y que el acuerdo final ha
sido plantearse la regulación del tiempo de trabajo en el marco de la
negociación colectiva. A mí eso me parece un acierto, pero le quiero
decir que en España tenemos tres problemas: primero, crear más empleo;
segundo, acabar con la precariedad del empleo, crear empleo de más
calidad; y tercero, reparto de tiempo de trabajo. En este momento, los
dos primeros, en mi modesta opinión, son absolutamente prioritarios.
Respecto a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, quiero agradecerle el tono y los contenidos de la misma, y
decirle que coincido en la apreciación que ha hecho de los ámbitos de la
negociación colectiva,
una apreciación tranquilizadora en ámbitos sindicales y también por las
intervenciones previas que han tenido algunos grupos parlamentarios. A
continuación, ha hecho un diagnóstico por etapas, 1977-1985, y dos etapas
posteriores. La verdad es que los datos son los datos y ya he señalado al
principio que hay concordancias en las problemáticas de empleo europeas,
pero vuelvo a insistir en que la tasa de temporalidad, desde luego, es un
elemento de discriminación clarísimo en nuestro actual mercado de
trabajo. Me parece que no es el momento de analizar en profundidad cada
una de las reformas que se han producido anteriormente y sus
consecuencias --reformas de 1984 y de 1994--, porque creo que no es el
momento y que tendremos ocasión de discutirlo ampliamente en los debates
parlamentarios. Coincido en la preocupación por el empleo juvenil, pero
muy especialmente por los parados mayores de 45 años y --he entendido--
por los parados de larga duración. En eso hay una coincidencia
absolutamente plena y, en parte, si observa con detalle --y seguro que lo
ha hecho el portavoz socialista--, los distintos incentivos, se ha tenido
muy en cuenta. A la hora de hablar de los incentivos, hemos pretendido
eliminar las subvenciones que se daban a tanto alzado; hemos eliminado
los incentivos que existían --y algunos había-- en cuanto a la
contratación temporal; el régimen de incentivos a trabajadores con alguna
discapacidad --minusválidos-- se ha mantenido exactamente como estaba y
hemos tenido muy en cuenta la problemática especial de los parados
mayores de 45 años.
Finalmente, el portavoz socialista me ha hecho tres preguntas. Algunas ya
las he contestado, pero voy a volver sobre ellas. La primera se refiere a
la discriminación, en cuanto a incremento de plantilla, en incentivos de
Seguridad Social y fiscal. Así lo hemos acordado con el Ministerio de
Economía y Hacienda, y no tiene mayor relevancia. Podemos discutirlo,
pero le digo que no obedece a ninguna cuestión de razonamiento
ideológico, sino que ha sido una propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda. Los menores ingresos que se puedan producir por las medidas de
incentivos fiscales no tendrán repercusión ni en el presupuesto del Inem
ni en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con lo
que contesto a otra de las preguntas que estaba planteando. La tercera
cuestión era la referente a si afectaría a las políticas activas. He
contestado ya anteriormente que no, y remitiremos la memoria económica
que el portavoz socialista había solicitado.
Finalmente, agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Popular su
intervención, todo el sosiego que ha presidido la misma, y al señor
Presidente, que me haya concedido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ministro.
Se suspende la sesión por espacio de cinco minutos estrictos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión.
--MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR SU MINISTERIO PARA PALIAR LOS DAÑOS
PRODUCIDOS POR LAS INUNDACIONES DE ANDALUCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000192.)
--EXPLICAR LA SITUACION, CONTENIDOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
DOTACION PRESUPUESTARIA DEL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO (PIE) DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000224.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con los puntos 2 y 3 del orden del
día que, de acuerdo con el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
compareciente, y del Grupo Socialista, autor de ambas solicitudes, vamos
a acumular, sin perjuicio de que cada grupo distribuya el tiempo entre
varios miembros.
La segunda petición de comparecencia del orden del día solicita
información acerca de las medidas que piensa adoptar su Ministerio para
paliar los daños producidos por las inundaciones de Andalucía. La tercera
tiene por objeto explicar la situación, contenidos de los diferentes
programas y dotación presupuestaria del Plan Integral de Empleo (PIE), de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para responder a ambas solicitudes del Grupo Socialista, tiene la palabra
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Con
respecto a la primera comparecencia solicitada por el Grupo Socialista,
entiendo que se nos solicita cuál es la participación concreta de nuestro
departamento para paliar los daños producidos por las inundaciones de
Andalucía.
Por lo que respecta a la participación específica del Ministerio de
Trabajo, las medidas que se han incluido se encuentran en la misma línea
de las tomadas con anterioridad en respuesta a situaciones similares,
como es el caso del Real Decreto-ley 4/1996, de 1 de marzo, que
establecía medidas para paliar los efectos de los temporales acaecidos el
año anterior en siete comunidades autónomas, como son también el Real
Decreto-ley 13/1996, de 20 de septiembre, y el Real Decreto-ley 2/1997,
de 14 de febrero, aprobados para responder a situaciones de la misma
naturaleza en Biescas y en Cantabria.
Dichas medidas, en síntesis, son las siguientes: primera, la
consideración de fuerza mayor para los expedientes de regulación de
empleo que tengan su causa en las lluvias y en los temporales padecidos,
con las consecuencias que de ello se deriven. En el caso de suspensión de
la relación laboral por dicha causa, la autoridad laboral podrá exonerar
al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure
el período de suspensión y, en el caso de que se produzca la extinción
del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores serán abonadas por
el Fondo de Garantía
Salarial con los límites establecidos legalmente. Asimismo, en los casos
en que se resuelva favorablemente la suspensión de contratos o la
reducción temporal de la jornada de trabajo por causa de las lluvias y
temporales, la autoridad laboral podrá autorizar que el tiempo en que se
perciban las prestaciones por desempleo no se compute, a efectos de
consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en
los mismos supuestos anteriores, se podrá autorizar que reciban
prestaciones por desempleo a aquellos trabajadores que carezcan de los
períodos de cotización necesarios para tener derecho a las mismas.
Otra de las medidas tomadas se refiere a la posibilidad de obtención, por
parte de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia que no
estén incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social,
una moratoria de un año en las cotizaciones correspondientes a los meses
de enero a marzo de 1997. Los que pertenecen al régimen especial agrario
estarán exentos del pago, durante el mismo período, tanto de sus cuotas
fijas mensuales como de la cotización por jornadas reales.
Por último, la Orden del Ministerio de Trabajo, de 2 de marzo de 1994, se
utiliza como instrumento para que las corporaciones locales puedan
solicitar subvenciones al Instituto Nacional de Empleo para la
contratación de trabajadores que lleven a cabo las obras de reparación de
los daños causados en sus términos municipales en Andalucía y
Extremadura. Estas obras serán afectadas al Acuerdo para el Empleo y la
Protección Social Agraria, firmado el pasado año con los sindicatos y
empresarios. Asimismo, las administraciones públicas y entidades sin
ánimo de lucro podrán solicitar del Instituto Nacional de Empleo la
adscripción de trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo
para trabajos de colaboración social.
Señorías, con independencia de lo manifestado hasta ahora, el Ministerio
de Trabajo está planteando que los 5.000 millones de pesetas que se van a
destinar a infraestructuras municipales y que van a ser gestionadas por
el Ministerio de Administraciones Públicas puedan también ser afectados
al Acuerdo de Empleo y de Protección Social Agraria, de forma que las
cotizaciones de los trabajadores agrarios que participen en dichas obras
puedan servirles para completar los requisitos de acceso al subsidio de
eventuales agrarios, afectación que se podría extender asimismo a los
créditos asignados para reparación de infraestructuras estatales.
Sólo me queda decir que evidentemente siempre se desea más de lo que la
realidad impone, pero créanme que en este caso se ha hecho un esfuerzo
considerable para afrontar esta situación, en un momento en que la
realidad de nuestro país y la racionalidad nos imponen una restricción
importante del gasto público. En este sentido, en el real decreto-ley de
este año, el conjunto de las ayudas aprobadas mediante créditos
extraordinarios se sitúa en torno al 15 por ciento de los daños
evaluados, el mismo porcentaje que representaron ayudas anteriores ante
cuantías de evaluación de daños distinta.
Estas son, señor Presidente, las medidas que se han solicitado de nuestro
Ministerio para su exposición. Como saben los señores miembros de la
Comisión, hay otras medidas que afectan a otros departamentos, pero que
no son objeto de mi comparecencia.
Seguro que con la satisfacción del señor Presidente, voy a explicar la
posición del Ministerio con respecto a la segunda comparecencia que se
solicita para explicar la situación, contenidos de los diferentes
programas y dotación presupuestaria del plan integral de empleo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Como saben SS. SS., el plan integral de empleo de Canarias es un plan
aprobado y avalado por todas las fuerzas políticas y sociales de las
islas, lo que se pone de manifiesto desde el origen del citado plan.
La Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, establece en su disposición transitoria sexta,
relativa al fomento del empleo, lo siguiente. A los efectos señalados en
el artículo 21 de la presente Ley y teniendo en cuenta lo elevado de la
tasa de desempleo del Archipiélago, el Gobierno de la nación y el
Gobierno de Canarias coordinarán sus esfuerzos y recursos al objeto de
promocionar al máximo el empleo. Para dicha promoción, tendrán la
consideración de recursos básicos los siguientes: Las inversiones a
desarrollar por el Estado y la comunidad autónoma, los convenios entre el
Inem, la comunidad autónoma y las corporaciones locales, los fondos que
integran los planes en materia de empleo de la comunidad autónoma y las
aportaciones de los marcos comunitarios de apoyo, sin perjuicio de otros
recursos que pudieran destinarse.
De conformidad con estos preceptos, el Gobierno de Canarias elaboró un
documento en el que se fijaban las líneas básicas para el establecimiento
de un plan integral de empleo en Canarias. Este documento fue avalado por
las fuerzas sociales más representativas de Canarias a través del acuerdo
adoptado el 7 de octubre de 1994 por la Mesa Institucional por el Empleo
y la Formación, al objeto de su traslado y negociación con la
Administración general del Estado.
El Parlamento de Canarias, en sesiones celebradas el 19 y 20 de octubre
de 1994, tomó el acuerdo de instar al Gobierno de Canarias para que, con
urgencia, negocie con el Gobierno central y órganos de la Unión Europea
el plan integral de empleo para Canarias. Desde 1994, el PIEC ha sido
presentado al Gobierno de la Administración general del Estado, sin que
hasta ahora fuera posible su puesta en marcha, a pesar del enorme interés
que el plan había despertado, como es lógico, en la sociedad canaria.
Dicho plan tiene la pretensión de concretarse en políticas y estrategias
coherentes para favorecer el crecimiento económico y, en consecuencia, la
creación de nuevos empleos. Al recoger de forma global toda la coyuntura
económica de las Islas, condicionada de manera absoluta por la situación
geográfica del Archipiélago, se constituye, en opinión del Ministerio, en
una excelente herramienta para iniciar el despegue económico y social de
Canarias. Para la consecución de los objetivos perseguidos por el PIEC,
se requiere la participación de todas las administraciones, autónoma,
local y del Estado, a fin de establecer los mecanismos que propicien y
garanticen un ambiente propicio al
desarrollo económico y social y, por ende, la mayor contribución al
progreso de la sociedad canaria.
Pasando ya a los hechos actuales, por Acuerdo del Consejo de Ministros de
29 de noviembre de 1996 se aprobó el apoyo de la Administración general
del Estado a la financiación del plan integral de empleo de Canarias para
1997 por valor de 20.000 millones de pesetas, con el siguiente desglose:
7.000 millones de pesetas, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;
8.500 millones de pesetas, Ministerio de Educación y Cultura; 4.500
millones de pesetas, Ministerio de Economía y Hacienda. Con dicho
acuerdo, el Gobierno de la nación quería expresar su voluntad de
contribución al desarrollo económico y social propugnado en el propio
PIEC. En cumplimiento del acuerdo de 29 de noviembre de 1996, se elaboró
un convenio de colaboración entre la Administración general del Estado y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que prevé la
existencia de una comisión de seguimiento encargada de la coordinación
del PIEC y del examen y evaluación de las medidas adoptadas en el seno
del plan integral. La firma de dicho convenio fue autorizada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 28 de febrero de 1997, y el acto formal de la
suscripción del mismo tuvo lugar el día 25 de marzo, siendo firmantes el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en representación del Gobierno de
la nación, y el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en representación
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, actuando como testigo de esa
firma, como conocen, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En lo referente a la comisión de seguimiento prevista en el convenio voy
a explicar lo siguiente a la Comisión. El 24 de abril se constituyó la
citada comisión de seguimiento, con la presidencia del Ministro de
Administraciones Públicas; comisión de seguimiento a la que hace alusión
el convenio firmado por ambas partes y que tiene como misión evaluar y
comprobar la eficacia de las medidas adoptadas en el seno del PIEC, así
como examinar la colaboración entre las dos administraciones públicas
especialmente implicadas, la del Estado y la de Canarias. Lo primero que
ha hecho la citada comisión de seguimiento tras su constitución es
comprobar las actuaciones realizadas en las tres áreas sobre las que
opera de manera significativa la cofinanciación del Estado. En este
sentido, puedo anticipar que se está terminando en estos momentos la
elaboración de convenios bilaterales entre los Ministerios de Trabajo y
Asuntos Sociales, Educación y Cultura y Economía y Hacienda con las
consejerías correspondientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, para
fijar de manera definitiva cuáles serán las acciones concretas
financiadas por el Estado en el marco del PIEC.
En particular, en lo que se refiere a la financiación que al PIEC aporta
el Ministerio de Educación y Cultura, puede decirse lo siguiente. El 6 de
mayo de 1997 se celebró una reunión de trabajo para el avance en la
sistematización de los procedimientos y actuaciones a seguir para la
ejecución de los proyectos a financiar en 1997, abordando los temas a
tratar en los siguientes bloques.
Obras menores de equipamientos. La Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias contratará y ejecutará obras menores de
equipamiento hasta un total de 3.000 millones de pesetas. Para este fin
se ha elaborado por el Ministerio de Educación un modelo de acuerdo
singular, que está en fase de redacción y negociación entre ambas
administraciones.
Obras nuevas con proyecto ya redactado o en fase de redacción. En este
momento se está en fase de presentación de los proyectos para su
preceptiva supervisión por la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia, así como para deslindar las
actuaciones realizadas.
Por parte del Ministerio de Economía y Hacienda puede señalarse, en lo
que afecta a la iniciativa PYME de desarrollo empresarial, que la
aportación en el PIEC está determinada en la financiación de los
proyectos que superen las previsiones del programa Regis 2. Por lo que se
refiere a incentivos regionales y su contribución al plan integral de
empleo, se han presentado desde la firma del PIEC seis proyectos de
inversión, solicitando incentivos regionales. La inversión prevista en
estos proyectos es de 1.221 millones de pesetas, y a medida que se vayan
presentando más proyectos se irán examinando para su aprobación. En
cuanto al apoyo a la industria turística, dentro del plan marco de
competitividad del turismo español, se aportarán a la Comunidad Autónoma
de Canarias las cantidades acordadas en la conferencia sectorial
correspondiente a la territorialización de parte de los fondos del
mencionado plan. Asimismo, y en el ámbito de la aplicación y ejecución de
los planes de dinamización turísticos, tanto vigentes como futuros, se
aportará en régimen de cofinanciación con la comunidad autónoma y los
entes locales una tercera parte del importe global acordado para cada uno
de los planes. Por último, en lo relativo a los proyectos derivados del
plan marco de modernización del comercio interior, la Administración
general del Estado colaborará a la cofinanciación de los proyectos que
presente la comunidad autónoma en la cuantía y condiciones que se
determinen en los instrumentos anuales de colaboración existentes.
En lo que hace referencia al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
aportación de este departamento recae íntegramente en el presupuesto de
gastos del Instituto Nacional de Empleo. Los programas en virtud de los
cuales se va a producir la aportación del INEM al PIEC son los
siguientes. Programas de empleo público, local e institucional para el
fomento de la graduación temporal de los desempleados con más
dificultades de inserción laboral para la realización de obras y
servicios de interés general. (Este programa se va a ver afectado en gran
medida por las previsiones contenidas en el real decreto-ley de medidas
urgentes para la mejora del mercado de trabajo y fomento de la
contratación indefinida.) Programa de agentes de empleo y desarrollo
local. Su objetivo es favorecer la creación de microempresas en el ámbito
local y procurar su consolidación en el mercado. Con estos programas se
refuerza la actual red de agentes en las dos provincias canarias para
colaborar activamente en los programas de apoyo a las pymes. Programas de
servicios integrados para el empleo. Se pretende la implantación en Santa
Cruz de Tenerife de nuevos servicios de mejora de la ocupabilidad de los
demandantes
de empleo a través de la firma de convenios con cabildos y entidades sin
fines de lucro. Programas de calificación profesional. Se plantea como
objetivo la aplicación en Santa Cruz de Tenerife de 7.200 pruebas de
comprobación de la profesionalidad a demandantes inscritos en un total de
doce ocupaciones especialmente sensibles, todas ellas previa convocatoria
pública de las pruebas objeto de tratamiento. Programas de escuelas
taller y casas de oficio. El objetivo es la aprobación de nuevos
proyectos para atender a la población juvenil, muy afectada por el
desempleo en Canarias y con dificultades objetivas de reinserción
laboral.
En cuanto al marco presupuestario, al ser un plan extraordinario no
previsto en los presupuestos de gastos del INEM para 1997, les anticipo
que se va a realizar una modificación presupuestaria desde aplicaciones
presupuestarias de las que se prevé un menor gasto hasta el final del
presente ejercicio hacia las aplicaciones que dan cobertura a los
programas de gestión con las provincias canarias. La previsión de
desglose de la aportación, fruto del acuerdo alcanzado por el Ministerio
de Trabajo y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, es la siguiente:
Las Palmas, programa de empleo público local, 2.400 millones; programa de
agentes de empleo, 50 millones; programas de escuelas taller casas de
oficio, 1.050 millones. Santa Cruz de Tenerife: programas de empleo
público local, 2.200 millones; agentes de empleo y desarrollo local, 200
millones; servicios integrados para el empleo, 26 millones; programa de
calificación profesional, 24 millones; escuelas taller y casas de oficio,
1.000 millones. En el conjunto de las aportaciones, 3.500 millones para
Las Palmas y para Santa Cruz de Tenerife, 3.500 millones.
Esta es la información, señor Presidente, que, con su venia, y estoy
seguro que en este caso con su satisfacción, porque hablamos de su
tierra, puedo ofrecerles a los miembros de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia. La primera impresión de la intervención y en general de la
actuación del Gobierno en relación con las inundaciones de Andalucía se
define como una gran decepción. En primer lugar, decepción por las cifras
y por los compromisos que el Gobierno ha asumido en relación con los
daños que sufrió Andalucía. En segundo lugar, decepción porque no se
corresponden en nada las decisiones legales del Gobierno con lo que los
portavoces del Partido Popular y los del Gobierno prometieron a lo largo
y ancho de Andalucía durante estas inundaciones y posteriormente a ellas.
Por tanto, una doble decepción, primero por la realidad de lo que el
Gobierno ha concedido y la misma decepción porque no se corresponde en
nada lo que los portavoces del Partido Popular y del Gobierno prometieron
en Andalucía.
En primer lugar, el Gobierno no ha tenido en cuenta el carácter
excepcional de las inundaciones en Andalucía. En palabras del señor
Calvo-Sotelo, Subsecretario de Fomento, no ha habido nada comparable con
ninguna catástrofe en los últimos 30 años. Cayeron 25.000 hectómetros
cúbicos en 35 días; 25.000 millones de toneladas cayeron sobre el suelo
andaluz. Si toda Andalucía hubiera sido una gran presa, habría tenido 35
centímetros de agua después de las inundaciones. La excepcionalidad de
esta catástrofe no ha sido tenida en cuenta ni siquiera para considerar
que Andalucía merecía un decreto específico, como sí lo mereció
Cantabria. Por tanto, la primera actuación singular que merecía
Andalucía, que era la consideración de un decreto específico, no la tuvo.
En segundo lugar, el Gobierno incumple los calendarios que promete en
relación con la publicación del decreto. Hubo reiteradas intervenciones
del delegado del Gobierno en Andalucía. La primera del día 17 de enero de
1997, en la que decía que los ministros Arenas, Piqué y Rato le
garantizaron que el decreto se promulgaría en cuanto fuera posible,
siempre antes de febrero. El delegado del Gobierno, el 25 de enero de
1997, dice en ABC: Me preocupa más que se promulgue cuanto antes el
decreto que la cuantía del crédito, porque ésta puede ser ampliada en
cualquier momento. Por último, el mismo delegado del Gobierno, el 17 de
febrero de 1997, dice en ABC: Muy pronto Andalucía tendrá su decreto de
inundaciones y desde luego siempre será antes que el publicado por el
Gobierno del PSOE en 1996. También aquí se equivocó porque ni siquiera le
ganó al Gobierno anterior en la fecha de publicación del decreto. El
Partido Popular lo aprobó el 14 de marzo y el Gobierno anterior el 1.º de
marzo.
Incumplimiento de las cantidades. El Partido Popular y sus portavoces,
probablemente llevados de un exceso de confianza o de inexperiencia o
seguidores de Marx, pero no de Carlos Marx, sino de Groucho Marx, siempre
jugaron a la estrategia de dos huevos duros más. El propio delegado del
Gobierno decía en Diario 16 de Andalucía, el 17 de enero de 1997, que las
cifras eran de 111.300 millones de pesetas. Cuando el mismo delegado del
Gobierno regresa de la reunión de la Comisión interministerial sobre
inundaciones, en el ABC del 30 de enero de 1997 eleva esa misma cifra de
111.000 millones, sin que nadie se lo exija, a 126.000 millones sólo para
Andalucía, después de que él mismo había establecido ya una cifra de
111.000 millones.
La Ministra de Agricultura, señora De Palacio, en el Diario 16 de
Andalucía, el 9 de febrero de 1997: El próximo Consejo de Ministros
aprobará una partida de 45.000 millones de pesetas para la agricultura
andaluza. Tengo las referencias de prensa de las que podemos hacer uso, y
parece que incluso esto lo dijo en presencia del Ministro de Trabajo,
señor Arenas.
Los eurodiputados del Partido Popular hacían suyas esas cantidades y las
defendían en el Parlamento Europeo, y el Subsecretario del Ministerio de
Agricultura, Nicolás López de Coca, en la comisión correspondiente en el
Congreso hacía suya también esa cifra de 45.000 millones de pesetas,
hasta el punto de que el propio delegado del Gobierno de Andalucía,
cuando la Junta de Andalucía le hace una valoración de daños en la
agricultura, que cifra en 35.000 millones de pesetas, no la acepta y la
aumenta a
45.000 millones de pesetas, suponemos que para congraciarse con las
organizaciones agrarias. Por tanto, no entendemos por qué el Gobierno
hace un ejercicio tan generoso en el discurso y en los compromisos
electorales --porque no puede entenderse de otra manera-- que se plasman
en la prensa cotidiana de Andalucía cuando a la hora de la verdad el
decreto no recoge nada de lo que se había prometido. De manera que o es
un exceso de confianza del Gobierno, o es su confianza en que son
genuinamente mejores, o sencillamente siguen la técnica de Groucho Marx,
que si el Gobierno anterior decía una cantidad, ellos la superan en esas
condiciones. Lo cierto es que no se aproximaron ni siquiera a ninguna de
esas cantidades. El Gobierno dice: Bueno, comparemos con otros decretos.
Ya la última trinchera del Gobierno es decir: No, pero este decreto es
mucho más generoso para Andalucía que el anterior.
Lo que he podido comprobar en el estudio de las cifras es que en el año
1989 --inundaciones comparables a las de 1996 y 1997 por los daños y por
la catástrofe humana y económica que sufrió Andalucía-- el Gobierno
anterior destinó sólo para Andalucía 25.000 millones de pesetas. En el
año 1996 el Gobierno socialista, con daños cifrados en 72.000 millones de
pesetas, destinó 20.000 millones de pesetas. Qué duda cabe que no son
datos comparables con los de las inundaciones de los años 1996 y 1997.
Por tanto, ni siquiera ahí, en la última trinchera que el Partido Popular
utilizó para justificar su decisión en relación con las inundaciones,
sale ganando el Gobierno del Partido Popular ni salió en el calendario,
que no era mejor que el del Gobierno anterior, ni en la comparación con
el decreto, que es sustancialmente inferior al decreto del año 1996. La
propia Junta de Andalucía acaba de aprobar en el Parlamento andaluz un
proyecto de ley para gastar 10.000 millones de pesetas. El ejercicio de
solidaridad de la Administración autonómica no es comparable con el
ejercicio de solidaridad del Gobierno central, solamente con comparar la
sección 31 de los Presupuestos Generales del Estado con la sección
correspondiente de la Administración autonómica.
Por último, quiero decir que el señor Ministro conoce perfectamente el
rechazo que ha habido a este decreto, probablemente lo conoce mejor que
yo y que los demás portavoces. Es un decreto que ha granjeado el rechazo
de todos los colectivos agrarios --Asaja, Uaga, Upa--, de la inmensa
mayoría de los ayuntamientos y, desde luego, de todos los colectivos
sociales y económicos que se han visto afectados por las inundaciones.
Finalmente, señor Presidente, señor Ministro, quisiéramos rogar al
Ministro de Trabajo y al Gobierno del Partido Popular que utilice la
posibilidad de ampliar el decreto, que corrija algunas de las decisiones
que ellos saben que son susceptibles de ser corregidas y que nos diga
cuándo tiene previsto sacar la orden que desarrolle las medidas en
materia laboral y de Seguridad Social que se contienen en el decreto, si
no ha sido publicado ya. No son alentadoras las decisiones del señor
Ministro. Yo creía que el señor Ministro nos iba a dar una alegría hoy
aquí, en su comparecencia, alguna medida no de gracia pero sí excepcional
para Andalucía, y no ha sido así. La orden que desarrollaba el decreto de
Cantabria fue muy rápida, de lo que nos alegramos, como no podía ser de
otra manera, pero quiero preguntarle, en cualquier caso, cuándo se va a
desarrollar el decreto en lo que hace referencia a la materia de trabajo
y de Seguridad Social.
La señora Loyola de Palacio, en la Diputación Permanente de 25 de marzo
de 1996, donde se aprobó el decreto del Gobierno anterior tantas veces
mencionado, anunció que el Gobierno del Partido Popular, si llegaba a
gobernar, elaboraría una ley marco para circunstancias excepcionales de
inundaciones, de sequías, etcétera. Por tanto, mi última pregunta es si
el Gobierno tiene intención de traer al Congreso una ley marco de estas
características.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista va a hacer uso de la palabra
el señor Trujillo. Antes quisiera manifestar al señor Perales que
deberíamos en principio atenernos al objeto de la comparecencia que se
refiere a medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. No se trata de una comparecencia del Gobierno, que corresponde
realizarla en otros ámbitos.
El señor Trujillo tiene la palabra.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Buenos días, señor Ministro. Le agradecemos en
nombre de nuestro grupo la explicación que ha dado al tema que nos ocupa,
que no es otro que el tan traído y llevado plan integral de empleo para
Canarias.
Evidentemente, éste es uno de los asuntos, como usted bien ha recordado,
que se trató como tema estrella en el Consejo de Ministros celebrado por
el Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. Permítame que le dé una
primera impresión: estamos deseosos de ver alguna realización práctica de
los múltiples acuerdos llevados en este Consejo de Ministros.
Usted ha hecho referencia a un tema muy importante en su inicio, diciendo
que el PIEC estaba avalado por todas las fuerzas políticas. Incluso ha
hecho referencia a un acuerdo del Parlamento regional canario. Pero, ¿qué
es el PIEC?, para que nos entiendan y se ilustren un poco el resto de las
señorías que no forman parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y que,
obviamente, este tema les toca un poco de lejos. El PIEC, como usted bien
decía, forma parte de un pacto, que es este documento editado por el
propio Gobierno de Canarias y que tiene un conjunto de líneas de
actuación y un conjunto de fichas presupuestarias para avalarlo, donde
quizá el elemento más significativo del Consejo de Ministros que acuerda
este plan es la financiación adicional para Canarias con relación al
empleo. Al analizar punto por punto los elementos del acuerdo, una vez
más, usted, y yo creo que ahora con más razón, pone en evidencia que
estamos ante lo que es básicamente una gran operación publicitaria, pero
que realmente no se corresponde con la realidad de 20.000 millones de
pesetas adicionales. Y vamos a analizarlo.
Como usted bien decía, el PIEC está dividido en tres grandes bloques: un
bloque que tiene que ver con
el Ministerio de Educación y Cultura, otro que tiene que ver con el
Ministerio de Economía y Hacienda y otro que tiene que ver con su propio
Ministerio. En lo que hace referencia al Ministerio de Educación y
Cultura el elemento significativo son 8.500 millones de pesetas para
inversión en infraestructura educativa, tal y como usted ha señalado, que
tiene su soporte presupuestario en una enmienda que presenta el Partido
Popular y Coalición Canaria en el trámite de la ley de presupuestos,
donde se dota esa cantidad de dinero, que dice textualmente que su
objetivo es dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley de Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, que establece no otra cosa que el Estado
cada año tiene que devolver a Canarias el 50 por ciento de la recaudación
normativa líquida del extinto ITE. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido aquí,
señorías? Ustedes, con los 8.500 millones de pesetas calman una demanda
del Parlamento canario de dinero para la financiación de la Logse,
contribuyen a financiar el PIEC sin que eso sea para nada ninguna de las
líneas de actuación de ese acuerdo institucional al que usted hace
referencia y además la carambola la cubren con que el origen del dinero
no es otro que el dinero que le corresponde a los canarios como
consecuencia de la Ley REF. Hay un viejo dicho francés que dice que se
tiene la mantequilla o el dinero para la mantequilla. Ustedes tienen las
dos cosas y además lo hacen con nuestro dinero, y todavía nos hacen creer
que debemos estar agradecidos porque es un dinero adicional.
Permítame, en cualquier caso, aprovechando que estamos en sede
parlamentaria, recordar a todos los miembros del Grupo Parlamentario
Popular una breve anécdota que se producía cuando se debatió esta famosa
enmienda a la que he hecho referencia, que no es otra que la intervención
del portavoz en aquel entonces del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Guerra Zunzunegui, que al respecto de esta materia decía: Finalmente,
respecto al Grupo de Coalición Canaria, saben SS. SS. que de lo que se
recauda del antiguo ITE, el impuesto que teníamos en la Península antes
del IVA, hay un compromiso firmado por ustedes para que el 50 por ciento
se volviera a invertir en Canarias. (No es un compromiso, es la Ley del
REF.) El Grupo de Coalición Canaria ha dicho que ustedes lo incumplieron
(ustedes somos nosotros, los socialistas), y nosotros (es decir, el Grupo
Popular) lo hemos visto en los dos últimos ejercicios. (Nota del «Diario
de Sesiones»: El señor Saavedra Acevedo --nuestro Presidente en el día de
hoy-- hace signos negativos.) Sí, señor Saavedra --decía el señor Guerra
Zunzunegui-- y, por lo tanto, han pedido que se invierta en Educación.
Nosotros estamos muy contentos, satisfechos, etcétera. Aplausos. (Risas.)
Se da la circunstancia de que este dinero, el 50 por ciento del ITE, por
primera vez ha batido todos los récord de ejecución inversora en el
ejercicio pasado de 1996, por cuanto no se ha invertido ni una sola
peseta. Probablemente, como bien dice el dicho popular: por la boca muere
el pez. Y no voy a culpar a su Gobierno, como ocurría entonces, aunque el
portavoz de su grupo echaba la culpa al Gobierno socialista, porque la
responsabilidad es enteramente del Gobierno canario, con una diferencia:
que en él sí participaba en el año 1996 el Partido Popular y el Partido
Socialista no estaba en dicho Gobierno en 1994 y 1995. Por resumir,
ustedes nos dan 8.500 millones para infraestructura educativa, que no
tiene nada que ver con el acuerdo institucional del PIEC; lo hacen con
nuestro dinero del REF, y así lo reflejan diciendo que son remanentes de
tesorería, y matan dos pájaros de un tiro: la solicitud de financiación
de la Logse y, por otro lado, cubren casi la mitad de lo que son esos
20.000 millones adicionales para Canarias.
El segundo gran bloque, como usted ha señalado, se refiere al Ministerio
de Economía y Hacienda con cuatro programas: el apoyo a las pymes, los
incentivos económicos regionales, el plan de modernización del comercio
interior y el plan marco de competitividad del turismo español. Usted ha
dicho --ha dado algunas cifras en el caso de incentivos económicos
regionales-- que hay presentados, no aprobados, proyectos por valor de
1.200 millones de pesetas. Estamos en lo mismo, señor Arenas. Es decir,
durante el debate, y con todo el elemento publicitario del PIEC, por los
distintos portavoces, tanto de su grupo parlamentario como de Coalición
Canaria, en este apartado, digamos bolsa, estuvieron sumando
continuamente multitud de programas, no sólo del Ministerio de Economía y
Hacienda. Usted nos coloca los programas de siempre y nos dice: esto es
financiación adicional. ¿Es que son nuevos los programas de incentivos
económicos regionales? ¿Es nuevo el plan de modernización del comercio
interior? ¿Es nuevo el plan Futures de turismo? No. Por lo tanto, ¿qué
hay de nuevo? Podían haber sumado más dinero incluso. Se han quedado en
la cifra mágica de 20.000 millones de pesetas porque ésa es la ficha
financiera que daba para 1997 el acuerdo institucional al que usted hacía
referencia. Pero podían, como hicieron incluso durante muchos días en la
prensa, haber metido otros programas: el plan de acción local del MAP, el
plan de zonas desfavorecidas del Ministerio de Agricultura, el apoyo a la
reconversión de la flota pesquera, el programa de modernización de las
estructuras agrarias; mucho más. ¿Por qué no? Por lo tanto, aquí no hay
nada nuevo. Usted me podría decir que aunque son los programas de siempre
a lo que había se le va a sumar mucho más dinero; en cualquier caso muy
hábilmente usted pone hasta 4.500 millones, no dice 4.500 millones.
¿Hasta dónde tendríamos que ir para llegar a ese «hasta», como usted
dice?
El presupuesto en estos cuatro programas que ha aprobado esta Cámara
tiene para incentivos económicos regionales 14.000 millones de pesetas.
Para las pymes 6.600, para modernización del comercio interior 1.300 y
para el plan Futures, tanto para corporaciones locales como para empresas
privadas, 3.300. Supongamos que a Canarias se le da una participación en
incentivos económicos regionales del 15 por ciento, que estaría muy bien
servida --me imagino que usted coincidirá conmigo en esa materia--, y en
el resto el 20 por ciento. Esta es una materia difícil de explicar al
resto de las comunidades autónomas con independencia de la sensibilidad y
de la problemática que tiene la propia comunidad autónoma canaria.
Llegaríamos apenas a 4.240 millones. Estos son los datos presupuestarios,
calculando que nos corresponda esa cuota parte de los presupuestos
aprobados. No llegaríamos a los 4.500. De verdad,
señor Arenas, que esto, como le decía, es haber hecho una bolsa con todo
lo que se tenía. Podían haber hecho una bolsa mayor y así trasladar a la
opinión pública canaria ese esfuerzo adicional.
Llegamos al tercer gran apartado, que es el que le afecta a usted más
directamente. Obviamente, usted ha desgranado los distintos programas que
dentro del Instituto Nacional de Empleo hay en materia de fomento del
empleo, etcétera. Me iba a extender un poco más; incluso pensaba pedirle
más datos, porque a la vista de cómo viene el convenio no dice nada. Pero
menciona una cosa significativa, y usted lo pone claramente encima de la
mesa. El convenio con su ministerio dice una cosa harto significativa,
que es que habrá 7.000 millones adicionales por encima del dinero
ejecutado en 1996. A la vista de los datos que usted nos ha dado, que son
7.000 millones de pesetas en las dos direcciones provinciales del INEM,
la conclusión lógica sería: ¿es que usted no ha ejecutado ni una sola
peseta en Canarias en 1996 en las carreteras? (El señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Arenas Bocanegra, hace gestos negativos.)
¿No? Se lo explico. Usted en el convenio dice: El apoyo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales experimentará para el ejercicio económico de
1997 un incremento adicional de 7.000 millones de pesetas respecto a la
aportación realizada por el Estado en 1996. Si usted me dice que se va a
gastar 7.000 millones de pesetas. (El señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Arenas Bocanegra, hace signos negativos.) Dice que no.
Cuéntenos qué más se va a gastar para este asunto; cuánto se ha ejecutado
en 1996 y cuánto suman estos 7.000 millones más. Tal como ha dicho,
indicando que era el presupuesto de las dos direcciones provinciales,
desde luego no sería dinero adicional la totalidad de estos recursos.
Vistas estas cifras, en cualquier caso, señor Arenas, permítame que le
diga que efectivamente si éstas son las dotaciones presupuestarias en
estos programas aquí hay algo de dinero adicional. Ciertamente, con estos
datos que usted ha dado aquí hay algo de dinero adicional. ¿Cuánto es?
¿Los 7.000 millones? (El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Arenas Bocanegra, hace signos afirmativos.) ¿Cuánto dinero va a mover en
cada uno de los programas cada una de las direcciones provinciales para
que den estas otras cifras? Esta es la pregunta que hago. En cualquier
caso, de confirmarse que serían 7.000 millones adicionales con relación a
lo que se venía ejecutando al día de hoy podríamos concluir claramente,
con absoluta tranquilidad, que el único dinero adicional es ése, el suyo,
y, si eso fuese así le felicitaría por lo que le toca como responsable de
este departamento, pero no los 20.000, que es como se ha transmitido. Por
lo tanto, si ésa fuera la conclusión, señor Arenas, pongamos a la opinión
pública canaria en el justo conocimiento de las cosas. Ustedes comenzaron
este debate en el período electoral incluso con una postura más bien un
poco bisoña por parte de algún candidato a diputado y propia de esos
debates electorales a los que no voy a hacer ningún tipo de mención.
Empezaron ofreciendo incluso 200.000 millones en los cuatro años. Díganos
cuánto es; a lo mejor concluimos que son los 7.000 millones suyos y con
todo lo demás estaríamos ante lo que es un cierto cuento a la propia
opinión pública sobre esta materia.
Aprovechando que usted ha venido hoy por aquí le quiero mencionar una
cuestión. Usted ha hablado de iniciar el despegue social y económico del
Archipiélago. El propio texto del acuerdo hace algunas consideraciones
claramente desconocedoras de la realidad canaria, hablando de
decaimientos de la tasa de inversión productividad, etcétera. Llevamos
bastantes años a la cabeza del crecimiento económico productivo de
España. No vamos a iniciar nada; en cualquier caso sería consolidar y
mejorar.
Cuando ha hablado de estas cosas ha hecho referencia a otra cuestión que,
por lo que le toca, no es usted el máximo responsable, pero como miembro
del Gobierno sí le quiero pedir, rogar incluso, que atiendan ustedes
mejor a nuestro régimen económico y fiscal, que es en definitiva el
auténtico plan y soporte socioeconómico para el empleo de nuestra región.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo parlamentario que quiera fijar
posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria,
don Paulino Rivero tiene la palabra.
El señor RIVERO BAUTE: Para entender este esfuerzo de solidaridad hay que
tener mucho cuidado con el doble discurso, de cuando se está en el
Gobierno o en la oposición y de cuando se es solidario con todos los
territorios del Estado o insolidario con algunas zonas del Estado en
función de la presión de los grupos nacionalistas. Hay que tener mucho
cuidado con eso. Yo creo que para conocer y para valorar en su justa
medida el esfuerzo de solidaridad del resto del Estado con Canarias
--desde luego, la valoración que ese esfuerzo merece al Grupo de
Coalición Canaria no es la misma que hace el portavoz del Grupo
Socialista-- hay que estar al tanto de la situación real económica y
social de Canarias.
Canarias, en 1993, ha contado con un diferencial en torno al 5,6 puntos
porcentuales en cifras de paro respecto a las medias estatales, según la
encuesta de población activa, y de 5,1 según el Inem; es decir, Canarias
ha llegado a tener una proporción tan dramática de paro como que, de cada
cuatro canarios, uno estaba en situación de desempleo. Estos son los
fundamentos --estamos hablando de datos de 1993-- que hicieron que se
pusiera en marcha una iniciativa de consenso entre las distintas
instituciones canarias, grupos políticos con representación en el
Parlamento de Canarias, organizaciones sindicales y empresariales y las
dos universidades, en aras de fraguar lo que luego se llamó el plan
integral de empleo para Canarias. A mayor abundamiento de los datos
anteriores, hay que decir que, según los datos facilitados por el Inem en
marzo de 1997, Canarias es la segunda comunidad autónoma en número de
desempleados; está detrás de Asturias. La tasa de paro en Canarias está
en un 17,63 por ciento y la tasa media de paro estatal es de un 13,89 por
ciento.
Es cierto que estos datos suponen un importante contraste, porque, en esa
línea del doble discurso de la que antes hablaba de, por un lado, el
crecimiento económico de la
Comunidad Autónoma de Canarias y, por otro, las necesidades que tiene,
tengo que decir que, si bien es cierto que Canarias, junto a Baleares, es
la comunidad que más ha crecido en los últimos años desde el punto de
vista de su producto interior bruto, resulta que, mientras en Baleares se
ha producido una reducción importante en sus cifras de desempleo, que la
ha llevado a estar por debajo de la tasa media del Estado --en torno a un
10,20 por ciento--, en Canarias la reducción no ha ido en proporción a
ese crecimiento económico. Estos datos sólo nos pueden indicar una cosa,
que los beneficios empresariales obtenidos en Canarias no revierten en el
Archipiélago.
Esta situación, según los datos de pobreza aportados por el Consejo
Económico y Social y por Cáritas, supone que, de una población aproximada
de un millón y medio de ciudadanos que viven en Canarias, 400.000 están
en el umbral de la pobreza. La tasa de pobreza es de las más altas del
Estado, tras Ceuta, Melilla y Extremadura. Estos datos arrojan una cifra
porcentual en torno al 26,6 por ciento de canarios en ese umbral de la
pobreza. Además, quiero indicar una cosa muy importante, que en Canarias
una población joven, muy explosiva, propicia que cada año se incorporen
al mercado de trabajo unos 10.000 jóvenes y, si bien es cierto que se
están creando puestos de trabajo, no son los suficientes para absorber
esta mano de obra juvenil que se incorpora a ese mercado de trabajo. Por
otro lado, en este momento Canarias es la comunidad que está teniendo
mayor capacidad de inmigración. Baste recordar que, en los últimos cinco
años, han inmigrado a Canarias 87.000 personas, el 50 por ciento
procedente de la Península, y todas buscando un puesto de trabajo. Esto
indica que Canarias es un colchón para el desempleo del territorio
peninsular y de ahí los datos que reflejan esa situación de una cantidad
importante de canarios en el umbral de la pobreza y otros en el
desempleo.
A pesar de esta situación, el Gobierno de España no ha actuado nunca con
políticas específicas para Canarias; con políticas específicas o con
planes especiales de empleo dedicados al Archipiélago, cosa que sí ha
ocurrido en otros territorios de la Península. En otras comunidades se
han llevado a cabo planes de empleo o políticas de reconversión, que se
pueden asimilar a lo que era necesario en Canarias.
Canarias es un territorio insular, lejano, con sus especificidades, con
una realidad social y económica diferente a la del resto del Estado dada
la carencia de materias primas, con un sector industrial testimonial, con
los problemas del transporte y sus costos, con la dificultad de movilidad
laboral entre las islas y con la Península. Estos son argumentos
contundentes que explican suficientemente la necesidad de la solidaridad
del resto del Estado con Canarias. En ese marco ha estado la demanda de
un plan de empleo por parte de Canarias. Desde luego, a mí me gustaría
sumarme a las posiciones más extremas de que, en este momento, un plan de
empleo, tal y como está planteado, es insuficiente para Canarias. Si nos
basamos en los datos que he puesto sobre la mesa, el plan de empleo
firmado es insuficiente para Canarias, pero, de la misma manera que el
plan de empleo firmado es insuficiente para Canarias, también son
insuficientes las medidas que ha adoptado el Gobierno para combatir el
desempleo en Andalucía, en Asturias, en Extremadura y en todas y cada una
de las comunidades del territorio del Estado que están por debajo de la
tasa media de empleo. Por tanto, en ese marco, tomando como referencia
otras comunidades que también están pasando por el duro trance de una
situación marginal con respecto a la media del desempleo, nosotros, en
Coalición Canaria, tenemos que hacer nuestra valoración, que es una
valoración positiva del plan de empleo firmado. Es un avance; no es
suficiente, no es el que Canarias necesita, pero es un avance importante.
Si en estos momentos el portavoz de cualquier otro grupo parlamentario de
los que se sientan en esta Comisión argumentara con contundencia la
insuficiencia de este plan de empleo, yo tendría que aplaudirle y sumarme
a su posición, pero lo que me preocupa es que quien critica este plan de
empleo es el portavoz del grupo parlamentario que ha sustentado el
Gobierno durante los últimos trece años y, en ese sentido, hay que ver
qué es lo que se ha hecho con Canarias, porque la situación explosiva,
esta situación de desempleo que hay en Canarias no ha aparecido, como
salida de la chistera, de 1996 hasta ahora, sino que es una situación
real que se ha dado en la década de los ochenta y en los primeros años
noventa, y las políticas de solidaridad del Gobierno de España con
Canarias han brillado por su ausencia; es más, después de anunciar en
muchas ocasiones medidas de apoyo para Canarias, en la visita que realizó
el entonces Ministro de Trabajo, señor Griñán, en vísperas de las
elecciones generales pasadas, dijo que era imposible que el Estado
pudiera aportar 5.000 millones de pesetas para el plan de empleo de
Canarias.
Por tanto, para nosotros, que desde el Gobierno del Estado se haya
llegado a un acuerdo cuando estamos buscando fórmulas globales para la
financiación de la Logse en todos los territorios del Estado y se hayan
destinado 8.500 millones de pesetas específicamente para infraestructura
educativa, para combatir uno de los elementos más importantes --yo creo
que es el básico, el que está dando origen a esta alta tasa de paro en
Canarias--, como es la falta de formación profesional, no merece sino
nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. El hecho de que de las
políticas activas de empleo, canalizadas a través del Inem, se destinen a
Canarias 7.000 millones de pesetas más, 7.000 millones de pesetas
añadidos a los invertidos en el pasado ejercicio económico, y dicho con
la contundencia con que lo ha hecho el señor Ministro, no merece sino
nuestro reconocimiento. En ese sentido, el señor Ministro, dejando claro
que el plan de empleo de Canarias, dentro del marco de los acuerdos a los
que se ha llegado, es en estos momentos un instrumento útil para seguir
avanzando en combatir el desempleo en Canarias y fundamentalmente
orientado a ese campo de la formación, dejando claro que era el único
acuerdo posible en un marco de solidaridad con el resto de las
comunidades del Estado y que el objetivo de Canarias es seguir mejorando
en la misma medida, en la línea media que crezca el resto de las
comunidades del Estado, dejando eso claro, porque no podemos estar
contentos cuando tenemos esa alta tasa de paro, esperamos
que éste sea un ejemplo que pueda ser trasladado solidariamente a otras
comunidades del resto del territorio del Estado que en estos momentos
sufran las consecuencias tan aterradoras de un paro en torno al 18,5 por
ciento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Ministro, intervengo para referirme en
exclusiva al tema de los daños por las inundaciones en Andalucía y para
manifestar el hastío que a esta fuerza política y a este portavoz en
concreto le ofrecen las peleas bipartidistas a fuer de sacar el pecho a
ver quién apoya más o quien apoya menos en estos temas tan delicados de
daños concretos a viviendas, a personas, en jornales por el hecho
terrible de unas inundaciones fruto de una lluvia copiosa y de fuerza
mayor. Digo hastío porque, sin duda alguna, a veces por la boca muere el
pez, y aquí se han dado cifras. En el reparto del 50-25-25, que es el
esquema que se había previsto para la financiación de las ayudas o
subvenciones por los daños --estoy hablando de las cifras globales-- el
Gobierno ha planteado unos 20.000 millones, la Junta de Andalucía hace el
esfuerzo de 10.000, las otras administraciones locales, las diputaciones,
etcétera, tendrían que hacer el esfuerzo correspondiente de los otros
10.000 millones. En todo caso, ¿qué hay de extraordinario por reclamarle
al Gobierno central algo más si por otro lado aquellos que se lo reclaman
en el nivel autonómico y que gobiernan ciertamente hacen el mismo
esfuerzo? Han tenido la ocasión, la tienen todavía de romper esos
esquemas y pujar para más.
Por parte de nuestra fuerza política existe legitimidad para denunciar el
juicio que nos merece esta cuestión. La palabra es insuficiencia. Se
cubre un 15 por ciento de los daños evaluados. Nuestro juicio de valor es
que hay una insuficiencia tanto por parte de las inversiones que realiza
el Gobierno como de las que realiza el Gobierno de la Junta de Andalucía,
y a nosotros en este tema --ciertamente estamos hablando con el Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales-- no nos valen las justificaciones que aquí
se han dado, porque son ni más ni menos que eso, justificaciones. No vale
argumentar que los gobiernos anteriores han hecho lo mismo y han cubierto
el mismo grado de daños producidos en otras ocasiones, no vale eso,
porque, en cualquier caso, siempre hay que esforzarse más y los daños son
concretos y es el cien por cien de los daños lo que hay que cubrir, ni
nos vale tampoco argumentar el marco de la restricción del gasto público
en el que estamos. Señor Ministro, ¿se lo va a decir usted a sus
paisanos? ¿Les va a decir que en función de la restricción del gasto
público, el 85 por ciento --supongo que la cifra será parecida para todos
los daños-- de los jornales perdidos no los va a cubrir el Ministerio que
es de su responsabilidad? Yo creo que eso no se les puede decir. Hay que
hacer un esfuerzo suplementario, y de todos los reales decretos y la
orden ministerial que nos ha citado, la única medida específica al caso
contemplado es la del real decreto del día de San Valentín de este año,
el día de los enamorados, el amor por nuestra tierra ha llegado
estrictamente al 15 por ciento, señor Ministro, el 15 por ciento, ni más
ni menos.
Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo de promulgar otro real decreto
específico para este tema en concreto, hacer una especie de PER
extraordinario que cubra el máximo posible de esos jornales perdidos. A
eso le emplazo. Esa es nuestra solicitud por parte de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra en primer
lugar don Damián Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor Ministro, por su
exposición, que viene a completar la que ya se hizo en Agricultura, la
hecha por el Secretario de Estado de Aguas y Costas, la del
Vicepresidente y Ministro de Economía, la del Ministro del Interior y el
debate que tuvimos sobre este tema con motivo de la convalidación del
Real Decreto 4/1997 en el Pleno.
Después de escuchar la intervención del representante del grupo que ha
pedido la comparecencia, realmente no ha lugar a desarrollar el tema de
la comparecencia, simplemente es una forma más de hacer demagogia sobre
el mal ajeno, y no nos gusta que se busquen tantos ámbitos para hacer
demagogia sobre el mal. Quizá para determinadas personas sea muy
atractivo, pero moralmente es difícilmente calificable. Si en este
momento tuviera que elegir un eslogan en relación con estos temas tendría
que utilizar el de enfrentamiento como único argumento, y eso es malo
incluso para la salud.
Señorías, creo que este decreto intenta, como no podía ser de otra
manera, tratar de tapar los grandísimos y graves daños que se produjeron
con motivo de las inundaciones de diciembre y enero. ¿Y se han cubierto
al cien por cien? Por supuesto que no. Los recursos siempre son escasos,
sobre todo si los que han tenido la caja mucho tiempo no la han cuidado
muy bien. Entonces, hay que hacer números. Este decreto en sí --quizá no
se ha explicado en toda esta comparecencia-- no pretende cubrir todo.
Desde distintos caminos, con diferentes medidas se busca tratar de paliar
esos daños.
Interpretándolo así, lo que ha pasado se puede ver de distintas maneras,
y no, de una forma catastrofista, estar ahondando siempre en las mismas
argumentaciones. Yo creo que en cualquier caso mejora notablemente los
usos y costumbres hasta la fecha. Ahora haremos unos simples comentarios,
pero ése no es el tema, yo creo que hay que intentarlo arreglar y esto se
está tratando de hacer. También comprendo que ustedes vean como normal
que nosotros hagamos las cosas mejor, por aquello de la parábola de los
talentos, pero, claro, milagros no podemos hacer, aunque algunos
ministerios se estén acercando en este momento. Al hablar de las
inundaciones me gustaría que no olvidaran que no solamente estamos
tratando de reparar los daños normales ocasionados por éstas, sino
también las obras chapuceras que se han hecho donde lo más transparente
era el asfalto, y todo eso hay que repararlo ahora cuando ha venido el
agua.
Refiriéndonos a las medidas, que era realmente el motivo por el que se
pedía la comparecencia del señor Ministro
ante esta Comisión, hay medidas positivas que ya se han comentado,
relativas a expedientes de regulación de empleo, que se han tomado como
consecuencia de las inundaciones asimilándose a medidas por causas de
fuerza mayor. Hay medidas de otra índole, insisto, recuérdenlo, porque no
solamente se trata de 20.000 millones de crédito; es que en este momento
hay 11.700 millones de créditos ordinarios de Fomento, hay más de 5.000
millones de las confederaciones hidrográficas, vayan sumando. Luego, en
este Ministerio, en la estimación del costo de las moratorias en el pago
a la Seguridad Social se alcanzan los 15.000 millones. Entonces se trata
de que entre todos, por distintos caminos, ayudemos a paliar unos daños y
no estar escarbando siempre y siempre mirando cómo hacerlo. Si se empeñan
ustedes en comparar --y ha sido S. S. el que ha comparado los decretos--
valga saber que las ayudas particulares y los gastos de emergencia se han
incrementado en un 50 por ciento; las subvenciones a conceder por el Inem
en el año 1997 para obras de interés general y social son adicionales a
los créditos extraordinarios, mientras que antes estaban incluidos. El
importe de la línea de préstamos del ICO aumenta en un 50 por ciento. Yo
creo que hay muchas mejoras y tenemos que seguir en ese camino y no cabe
duda que en la Comisión se va a poner interés en que así se haga. Este es
el espíritu.
No deberíamos hablar del crédito andaluz, pero usted también lo ha
mencionado. Estoy de acuerdo con la actitud y la intervención de
Izquierda Unida. No se puede estar hablando permanentemente de que esto
es muy cicatero y después ser más cicatero. No se puede decir que se va a
ayudar a los agricultores y no dar ni una sola peseta para la economía de
los agricultores afectados. No se puede hablar porque en ese decreto de
10.000 millones resulta que cuando hace un mes que se ha dicho que la
A-92, la carretera de Andalucía, no estaba afectada se aplican 1.200
millones para la A-92, y se incluyen obras de reparaciones en colegios de
pueblos donde ni ha llovido. Señorías, vamos a ser un poquito coherentes,
sobre todo cuando hablamos del mal ajeno.
No me voy a extender más, pero sí voy a felicitar al Ministro por el
intento de tomar unas medidas conjuntas, coherentes y con rigor. Estoy
seguro de que precisamente en su Ministerio se está haciendo un
seguimiento en el desarrollo y en la consecución de este objetivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Ministro para explicar en contenido de un
convenio que firmado el 25 de marzo de 1997 extiende su vigencia hasta el
31 de diciembre del año 2001. En consecuencia, no se están analizando
aquí los resultados prácticos de este convenio, sino el contenido del
mismo, dado que a los dos escasos meses de haber entrado en vigor
realmente es difícil poder sacar las conclusiones sobre su aplicación. El
hecho mismo de la firma del convenio creemos que ha marcado un hito
importante, fruto de la colaboración entre un Gobierno central y un
Gobierno regional de Canarias, que ha dado frutos concretos, no sólo a
través de este plan de empleo sino a través de otra serie de convenios,
como puede ser el convenio de carreteras o como puedan ser los convenios
actualmente en tramitación en materia de obras hidráulicas o en materia
de costas. Creo que la colaboración y el entendimiento entre ambos
gobiernos está resultando altamente positivo para los intereses generales
de Canarias.
Hay que tener en cuenta que estos convenios, como ya se ha puesto antes
de manifiesto, son consecuencia del espíritu de solidaridad que hay que
tener en España en relación con una región caracterizada por su lejanía y
su insularidad. Señor Trujillo, la actual situación de paro parece que se
hubiera generado en el escaso tiempo que lleva el Partido Popular
gobernando. La situación de paro de Canarias, alarmante y grave, como
aquí se ha puesto de manifiesto, es una situación desgraciadamente
heredada que tiene ya varios años de existencia. Por ello tengo que decir
que el Gobierno socialista en los trece años no resolvió el problema del
paro en Canarias y casualmente no puedo por menos de decir que la
encuesta de población activa que se ha hecho pública hoy en todos los
medios de comunicación, refleja que el paro ha bajado en Canarias en
8.400 personas en el primer trimestre del año, con lo que el número total
de desempleados se sitúa en 125.800, que significan el 19,3 por ciento de
la población activa. La encuesta señala que en los tres primeros meses
del año el número total de personas activas. (Rumores.--El señor
Barrionuevo Peña: El corrupto Gobierno socialista.--Otro señor Diputado
del Grupo Socialista: Muy corruptos.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados, está en el uso de la
palabra el orador.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Perdón, no he oído lo que se ha dicho,
pero me estoy limitando a dar los datos de una encuesta de población
activa referida al primer trimestre del año 1997 y, en consecuencia, me
limito a dar estos datos.
La encuesta señala que en los tres primeros meses del año el número total
de personas activas en el Archipiélago fue de 650.700 personas, 3.600
personas más que en el trimestre anterior, y el número de personas
ocupadas aumentó en 11.900, situándose la cantidad global en 524.900
personas. El número de parados descendió en un 6,24 por ciento en
relación con el trimestre anterior y en un 13,79 por ciento respecto al
mismo período del pasado año. Por provincias, en Las Palmas, las personas
ocupadas han ascendido a 266.000 y en Santa Cruz de Tenerife a 258.800,
el número de parados en Las Palmas ha sido de 61.400 y en Santa Cruz de
Tenerife de 64.400, pasando a una tasa de actividad del 51,14 y a una
tasa de paro del 18,76 en Las Palmas y a un 52,53 por ciento de actividad
y a un 19,92 por ciento de paro en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Estos datos están trazando una línea de recuperación en el
empleo y hay que poner de manifiesto que ello se ha conseguido en una
etapa de restricciones, en una etapa de contención del gasto y no podemos
por menos de recordar que los presupuestos correspondientes al año 1997
para las
islas Canarias han sido los más altos de su historia, con un tremendo
contenido para Canarias, y, por primera vez en la historia, se ha
celebrado un Consejo de Ministros en las islas Canarias.
Aquí se ha hablado de insuficiencias y por supuesto que consideramos
insuficientes las cantidades, pero --insisto-- en épocas de restricciones
y en épocas de reducción del gasto yo creo que ha sido un hito importante
lo que se ha conseguido a través de este convenio para el empleo en
Canarias y estoy convencido de que va a dar sus frutos a corto plazo.
Quisiera hacer hincapié en que, tal vez, en Canarias, donde habría que
poner especial énfasis --y estoy seguro que el gobierno de Canarias así
lo hará-- es en la formación profesional, puesto que diversos estudios
han puesto de manifiesto que las causas del paro existente en Canarias se
deben a la escasa formación profesional de las personas en paro. De aquí
que debamos extremar los esfuerzos en la formación profesional, que no ha
sido resuelta en Canarias a lo largo de todos estos años, y creo que en
ese sentido todos deberíamos hacer un esfuerzo para conseguir una
cualificación más alta del personal en paro y, al mismo tiempo, hacemos
un llamamiento al uso adecuado de los recursos, puesto que en Canarias ha
salido recientemente en la prensa que, en parte, la utilidad de estos
recursos para formación profesional, a través de cursos que se celebran
con empresas privadas, no parece que haya sido del todo buena, pero para
esto se está ya trabajando y se están haciendo las correcciones
necesarias para conseguir su mayor utilidad.
En resumen, señor Ministro, es mi obligación, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, felicitarle, porque este plan de empleo para
Canarias ha marcado un hito importante en el Archipiélago y estoy seguro
que le seguirá una política que venga a resolver o a paliar de forma
sustancial e importante los altos niveles de paro que han caracterizado a
las islas Canarias a lo largo de estos últimos años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales para responder o comentar alguna de las intervenciones.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones que se han
producido por parte de todos los portavoces, aunque algunas de ellas me
han sorprendido extraordinariamente. Quiero agradecer al portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, que se ha referido al plan de empleo de
Canarias, que toda su intervención haya versado sobre mi comparecencia
sobre el plan de empleo de Canarias. En ese sentido, lamento mucho, señor
Perales, su intervención. Vengo hoy a explicar qué hace, qué va a hacer
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en lo que se refiere a las
inundaciones en Andalucía, y le preocupa tanto a S. S. que la única
pregunta que ha hecho a mi departamento es si he firmado ya la orden o no
o que no sabe usted si está publicada o no. Esta ha sido la única
pregunta de su intervención sobre mi Ministerio. Le he oído hacer una
serie de ataques, como siempre. Soy presidente del PP en Andalucía, pero
vengo hoy como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El decoro
parlamentario debe tenerlo en cuenta. no se faje usted hoy conmigo como
presidente del PP de Andalucía, que tenemos allí en nuestra tierra muchos
micrófonos y muchas carreteras. Yo soy el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, y la única pregunta que ha hecho sobre mi comparecencia, la
única, ha sido si he firmado o no la orden, que no sabe usted, por
cierto, si está publicada o no. (El señor Perales Pizarro: Lo sé
perfectamente.) Usted ha dicho en su intervención que no sabe todavía si
se ha publicado, ahí estará grabado. Le quiero decir, con mucho afecto,
que sabe que se lo tengo hace tiempo, que le agradezco el tono
parlamentario. Ayer me parece que en los medios de comunicación me
calificaba usted de garbancero y chapucero y he observado, porque hay que
ser justos en la vida, que el tono de ayer, a través de un teletipo, ha
mejorado notablemente en el día de hoy.
No quiero entrar en el fondo de la cuestión que ha planteado usted. ¿Sabe
por qué? Porque comparto al cien por cien el hastío que ha puesto de
manifiesto. Si me quiere usted creer, señor portavoz de Izquierda Unida,
a mí también me producen hastío determinadas cuestiones. Vamos a decir la
verdad. Cuando hay inundaciones primero se hacen unas valoraciones, y
desgraciadamente nunca el Gobierno, ni el anterior ni éste, ha cumplido
con lo que significa el costo de los daños producidos por las
inundaciones. Eso es más que cierto.
Segundo tema importante: que se han hecho esfuerzos presupuestarios en el
pasado y esfuerzos presupuestarios en el presente, pues también es
cierto. En este momento nosotros sí podemos decir que según los datos que
obran en poder del Gobierno, que lógicamente los tiene, decretos
anteriores planteados sobre 12.000 millones de pesetas, para Andalucía
supusieron exactamente 3.853 millones de pesetas. Como digo son decretos
del pasado. En este momento se han planteado ayudas, mediante decreto,
por valor de 20.000 millones, que afectan a varias comunidades autónomas.
Me parece que un discurso serio no debe llevar a decir: No; queremos un
decreto sólo para Andalucía. ¿Y qué hacemos con el esto de comunidades
autónomas? Esa no es la cuestión. La cuestión es que hay que ir por el
camino de la seriedad y se han aprobado 20.000 millones de pesetas.
¿Hubiera sido positivo que fueran más? Sin ningún tipo de duda. Esa es la
cantidad de la que el Gobierno ha podido disponer. Quiero anunciar hoy
ante la Comisión que ya en este momento solamente dos ministerios, Medio
Ambiente y Fomento, tienen presupuestos de 18.000 millones de pesetas
aprobados en Consejo de Ministros, lo que quiere decir que el gasto va a
ser muy superior a los 20.000 millones de pesetas, porque, repito,
solamente esos dos ministerios ya tienen créditos por valor de 18.000
millones de pesetas. Pero no se trata de polemizar sobre cuánto dio el
Gobierno anterior, cuánto da ahora o para qué. Desde luego, como
Ministro, tampoco tengo que valorar aquí decisiones del Parlamento de
Andalucía. Claro que conozco la A-92, como la conocemos todos los
andaluces,
pero no voy a entrar a valorar como Ministro ninguna decisión del
Parlamento de Andalucía.
Como de todas las intervenciones que se han producido sólo hay una
petición concreta sobre mi departamento, que la ha hecho el señor
Vaquero, sí quiero decirle que he enumerado una serie de medidas que
suponen moratorias, exoneraciones de cuotas, tratamiento específico para
los expedientes de regulación de empleo. Y he enumerado también una
medida a la que quiero que le dé consistencia. Estamos intentando que los
5.000 millones que están previstos en el presupuesto del Ministerio de
Administraciones Públicas se destinen a los convenios de corporaciones
locales, Inem, para permitir que haya personas que puedan acumular
peonadas a efectos del subsidio agrario. Eso se está intentando en este
momento. Si pudiéramos conseguir una ampliación de esas cantidades, si
nos lo permiten los presupuestos, iríamos por ese camino, pero el primer
intento es conseguir que los 5.000 millones se destinen a ese tipo de
convenios.
En segundo lugar, me he reunido en varias ocasiones con las
organizaciones agrarias y con los representantes de los sindicatos para
que este año sea mucho más ágil el procedimiento de exoneración y también
el de bonificación de cuotas. ¿Por qué? Porque lo malo de estos decretos
es que cuando no se agilizan posteriormente ni siquiera se llegan a
cubrir los créditos que se han destinado a esos efectos, que es lo que ha
pasado en años anteriores. Y no lo digo en tono de crítica. Cuando
gobernaban los socialistas la Administración tenía que mejorar, y cuando
gobierna el Partido Popular la Administración también tiene que mejorar
mucho. Luego me preocupan primero las cantidades y, luego, cómo
eliminamos trabas burocráticas para que de verdad lleguen a los
ciudadanos las cantidades.
En el marco de este debate ha habido alguna referencia a la Ministra de
Agricultura, que ya ha comparecido por este tema, ha habido alguna
referencia al Subsecretario de Fomento, que ya ha comparecido también
sobre este tema, y las demás cuestiones las considero de índole electoral
partidista y, en consecuencia, no voy a contestarlas.
Respecto a la intervención sobre el plan de empleo de Canarias, ya le he
agradecido el rigor de la intervención y le quiero ofrecer la versión que
el Gobierno puede dar sobre esta cuestión. ¿Es cierto que se ha puesto en
marcha el plan de empleo de Canarias? Eso es indubitado. Se ha puesto en
marcha el plan de empleo de Canarias. ¿Es cierto que el plan de empleo de
Canarias responde a una reivindicación compartida de todas las fuerzas
políticas y sociales? Eso también es rigurosamente cierto. Al entrar le
decía al Presidente de la Comisión que a lo mejor tenía que ayudarme en
la comparecencia, y me temo que incluso ha sido citado a lo largo de la
misma. Quiero decir con esto que en este momento me parece que la
sociedad canaria ha recibido con expectación lo que puede significar la
aplicación del plan de empleo. ¿Qué sería muy oportuno? Que entre todas
las fuerzas políticas y sociales ayudáramos para la buena ejecución del
plan de empleo para Canarias. Es una innovación que tenemos que poner en
marcha a partir de ahora. Desde luego, comparto con ustedes un
diagnóstico que se puede extraer de todas las intervenciones, y es que en
Canarias se ha producido un crecimiento económico importante en los
últimos años --eso es indubitado-- por distintos fenómenos --se ha hecho
referencia a alguno--: emigración hacia Canarias, natalidad, crecimiento
de población activa, y sobre todo por un asunto que me parece vital
después de todo lo que he estudiado de Canarias, porque no la conozco, ni
mucho menos, como ustedes: la formación, que me parece que es el nudo
gordiano de las políticas activas de empleo que tenemos que hacer en
Canarias. Si me dijeran ustedes que hay que dar prioridad a la formación
y a la mejora de la intermediación, les diré que es la política clave de
empleo que tenemos que hacer para Canarias.
Sobre el origen de los 20.000 millones, empiezo aclarando la parte que me
toca como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Yo le he hablado de
7.000 millones del PIEC, a eso tiene usted que sumar la cantidad
ejecutada en 1996, que le voy a mandar por escrito esta tarde, que no me
la sé de memoria. Lo que usted ha leído es exactamente eso. Dice: 7.000
millones además de lo ejecutado en 1996. Cuando yo le he contestado en mi
intervención, 3.500 millones, no me estoy refiriendo al total de la
inversión del Inem sino a los 7.000 millones PIEC, solamente a los 7.000
millones del plan de empleo, además de lo que haya sido ejecutado en
1996, y nos comprometemos desde el ministerio al decirles qué cantidades
se ejecutaron en 1996.
En segundo lugar, cuando hablamos de formación me dicen ustedes, ¿qué
significa la política de empleo? Yo tengo una concepción absolutamente
global de las políticas de empleo. Me parece que la política fiscal puede
ser una política de empleo si se aplica adecuadamente. Las políticas de
educación son políticas de empleo, con toda nitidez, mucho más si están
vinculadas a la formación concreta de trabajadores. Tenemos que pasar a
una nueva etapa en nuestro mundo. Antes se concebía la formación como un
ciclo concreto de una vida. Hoy hay que concebir la formación como un
ciclo permanente en la vida de una persona y de un trabajador. En ese
sentido, las políticas que vayan a mejorar infraestructuras de educación
y cultura las considero, por supuesto, políticas de empleo. Usted me
plantea que esos 7.500 millones --son 8.000 en el caso de educación-- ya
estaban. Yo le digo que no. Es curioso, lo comentaba privadamente con el
Presidente, que el otro día en un debate televisivo un portavoz muy digno
del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pérez Rubalcaba, me espetó
que los 8.000 millones se los habíamos quitado directamente a Castilla-La
Mancha. Digo lo que me dijo el señor Pérez Rubalcaba. Hay que saber en
qué discurso se está ahí, porque si estaban no se le han quitado a nadie,
y si se le han quitado a alguien es que no estaban. Las dos cosas a la
vez no pueden ser. Soplar y sorber no se puede hacer a la vez, es difícil
hacerlo a la vez. Con toda sinceridad creo que debemos intentar todos
tener un discurso unitario. ¿Que todos deseamos planes de empleo para
todas las comunidades autónomas? Sin duda. También es cierto que tenemos
unas consideraciones de mercado de trabajo muy distintas, dependiendo de
cada una de las comunidades autónomas.
Respecto a los 4.500 millones, ahí están; hasta 4.500 millones de
pesetas. Dice usted que antes había algo. ¿Que hemos rebajado los 4.500
millones? Yo no puedo compartir eso con usted. Yo recuerdo una época --lo
digo sin ánimo de crítica-- en la que se presentaban planes casi todos
los días, planes y planes (Risas.) --no me refiero a ningún Gobierno sino
a una época; no digo si es un gobierno local, autonómico o de España, y
en eso me permiten ustedes que me difumine en mi intervención--, y todos
eran con el mismo dinero, porque eran los dineros europeos. Yo les
llamaba los duros interactivos porque los mismos duros servían para
ochenta planes. Este no es el caso. Hay un plan de empleo de Canarias. Yo
entiendo que las críticas son legítimas. Si me permite una sugerencia,
que va con la mejor intención, le diría que nos impliquemos todos en la
aplicación del plan de empleo de Canarias. Creo que no es bueno que se
rompa el consenso que ha existido sobre el plan de empleo de Canarias, no
es bueno para nadie, y mucho menos bueno para el que lo pueda romper. Yo
no entro en el debate. Usted ha hecho muy bien; ha dicho: Yo no quiero
plantear un debate electoral sobre cifras. Yo he tenido ocasión --una
hora y pico-- de dedicarme a ver todos los medios de comunicación de
Canarias durante el último año y medio, una selección que me había hecho
mi gabinete, y es espectacular, por ejemplo, en los escenarios de la
precampaña electoral de 1996, antes de las elecciones generales, el baile
de cifras que hay pero no imputables a un grupo, sino a todos los grupos.
Un baile de cifras muy importante.
Por eso le quiero decir que hay 20.000 millones, que tenemos que cuidar
mucho la aplicación del plan, que la voluntad del Gobierno es que se
ejecuten, por eso están los 20.000 millones, y la voluntad del Gobierno
de Canarias es que se ejecuten. La ejecución depende de cómo lo hagan los
gobiernos, de la colaboración que tengan con los agentes sociales, y si
hay colaboración de las distintas fuerzas políticas mejor. Pero yo creo
que en este momento el plan de empleo de Canarias es un gran hito para el
Archipiélago, va a tener mucha eficacia, y no tengo ninguna duda de que
se ha concretado una voluntad política del Gobierno de Canarias y del
Gobierno de España. (Los señores Perales y Trujillo piden la palabra.)
No procede. Díganme el motivo.
El señor PERALES PIZARRO: El motivo es dar una explicación sobre alguna
de las cosas que se han dicho. He sido zaherido parlamentariamente y
quería hacer uso de la palabra, si la Presidencia lo tiene a bien.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Usted sabe, señor Diputado, que el artículo 203 dice
que este turno se da muy excepcionalmente. También quiero recordar una
vez más a los portavoces que las intervenciones de fijación de posiciones
no son para dirigirse a otros grupos parlamentarios sino al
compareciente. Más flexibilidad no cabe. Por eso no me pidan ahora que
aplique todavía más flexiblemente el artículo 203, porque se ha
contestado con precisión y se han manifestado con tiempo suficiente y
holgado todos y cada uno de los portavoces.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, como usted bien decía, muy
excepcionalmente el Reglamento contempla que se pueda abrir un breve
turno para aclaración o para dar respuesta a alguna alusión que por parte
de algún otro grupo parlamentario se haya hecho a algún interviniente. Yo
le ruego que me conceda ese turno y le prometo que seré
extraordinariamente breve en la aclaración de un par de asuntos que me
parece que son de extremo interés para la propia sociedad canaria, e
incluso creo que el señor Arenas me lo agradecerá.
El señor PRESIDENTE: Un minuto para esa aclaración.
El señor TRUJILLO ORAMAS: En relación con dos alusiones que hacían los
grupos parlamentarios que han intervenido, al portavoz de Coalición
Canaria he de decirle que no se puede hacer un discurso donde se diga que
Canarias ha tenido un crecimiento económico muy importante en los últimos
años y que los beneficios empresariales no se invierten en Canarias. ¿En
qué se ha basado entonces el crecimiento económico canario? Pues en la
aportación pública. No cabe otra cosa. Por tanto, cuando se hace esa
pregunta de qué se ha hecho con Canarias, ahí están los datos económicos
pare ver cuál ha sido la importante aportación pública para su
desarrollo. Es de primero de Economía. Según los datos de la EPA, desde
el segundo semestre de 1993 Canarias va avanzando en materia de empleo y
sin entrar en aplicación el PIEC. Luego no le atribuyamos éxitos en la
bajada del desempleo o en creación de empleo a un instrumento que, como
bien se señalaba, va a empezar.
Señor Arenas, usted ha dicho que los mismos duros --no sé por quienes--
se utilizaban para distintos planes. En este sentido yo creo que usted es
un alumno aventajado por lo que nos presenta hoy. En educación --y yo
coincido contigo, perdón, con usted, en que es muy importante el tema de
la formación profesional para el empleo-- los dineros son los dineros del
REF, como dice la ley de presupuestos. Por tanto, no hay dinero
adicional. ¿Los 4.500 millones del resto de los programas? Señor Arenas,
lo tendría que sumar a todos los dineros que esos programas han dado en
los años anteriores para ser adicionales. Hay una gran falta de verdad
cuando ustedes dicen: Hemos dado 20.000 millones adicionales para
Canarias. Eso no es cierto. Yo le puedo concluir, a la vista de los datos
que usted nos envíe, que lo que usted va a aportar por su ministerio
podría ser, puede ser, será --espero--, 7.000 millones adicionales. Eso
será lo único que haya de verdad en torno al PIEC que ustedes transmiten
con esa cifra mágica.
Y permítame que le diga una cosa. En todo eso que le ha preparado su
gabinete, nuestro grupo parlamentario jamás ha jugado en esta materia con
cifras dispares. El único grupo que se permitió el lujo --y, como bien
dije en mi primera intervención, no iba a hacer de esto objeto de
debate--, cual si estuviéramos en una lonja de pescados, de decir:
100.000 no, 200.000, fue el suyo. Un error, bisoñez, como le decía,
cualquier cosa, pero desde luego nosotros
no hemos estado en esa dialéctica. Lo que debe quedarle claro a la
sociedad canaria es que, si se confirma, su aportación adicional --y
bienvenida sea, porque yo en ningún momento he estado hablando de
insuficiencia de los recursos, sino de lo que hay de verdad o no en su
afirmación-- serán esos 7.000, que además corresponden a su departamento,
y le damos las gracias por ello. (El señor Perales pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No. Entraríamos ya en un turno infinito de alusiones
que va a solicitar el Grupo de Coalición Canaria.
El señor PERALES PIZARRO: Solicito el minuto adicional que usted ha
concedido al portavoz de mi propio grupo para una aclaración.
El señor PRESIDENTE: Ya dije al final de su intervención --y no me vuelva
a obligar a repetirme-- que la comparecencia era del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales. No reabramos el tema sobre las respuestas del
Gobierno a las inundaciones de Andalucía, porque se han dado en otros
lugares, suficiente o insuficientemente --no me corresponde a mí
calificarlo--, pero ese tema ya ha sido abordado, señor Perales.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Medio
segundo para contestar a lo que ha planteado el portavoz. Yo quiero ser
muy claro. Los 20.000 millones están. Si usted cree que es
extraordinariamente importante el debate de demostrar que hasta 4.000 ó
5.000 millones y que luego se queda en 3.500, a lo mejor si todos
ayudamos son 20.000 ejecutados; si todos nos ayudamos a lo mejor faltan
500 por ejecutarse. Pero con toda sinceridad, como usted ha tenido un
lapsus linguae absolutamente al tutearme en un momento dado --ha dicho:
estoy de acuerdo contigo--, me muevo en esa confianza. Yo creo, con toda
sinceridad, si me lo permite usted, que si al final consigue demostrar
que no han sido 20.000 millones sino 19.600, la verdad es que también
tiene usted ese debate perdido. Creo que sería mucho más importante que
todos trabajemos para ver cómo se aplican mejor los 20.000 millones.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su comparecencia, señor Ministro.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
Nota: El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de POLITICA SOCIAL
Y EMPLEO, del martes, 20 de mayo de 1997, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.