CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 212



ASUNTOS EXTERIORES



PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO



Sesión núm. 15



celebrada el jueves, 8 de mayo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Sobre reclamación de las indemnizaciones al Gobierno francés por los
daños y perjuicios producidos en las exportaciones españolas con motivo
del bloqueo ocasionado por la huelga de transportistas franceses.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/000396) (Página 5832)



--Por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
en tanto el Gobierno de Israel no cumpla escrupulosamente los acuerdos de
Oslo. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000451) (Página 5836)



Comparecencia del señor Secretario de Estado de Política Exterior y para
la Unión Europea (De Miguel y Egea) para informar sobre:



--La crisis en Albania y la actuación del Gobierno español. A petición
propia. (Número de expediente 212/000557) (Página 5839)

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--La decisión del Gobierno respecto de la adhesión de España al Protocolo
III del Tratado de Pelindaba. A petición propia. (Número de expediente
212/000582) (Página 5849)



Preguntas:



--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre la posición de España y
de la Unión Europea (UE) respecto a la crisis argelina, así como en
relación con los derechos humanos en dicho país. (Número de expediente
181/000603) (Página 5855)



--Del mismo señor Diputado, sobre resultado de la reunión mantenida con
el Consejo de Consejo de Cooperación del Golfo, así como de los contactos
con las autoridades de la región. (Número de expediente 181/000605)
(Página 5857)



--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de la
situación de Bulgaria, así como de su próximo proceso electoral. (Número
de expediente 181/000607) (Página 5859)



Se abre la sesión a la una y veinticinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, la Presidencia estima
que está reunido el quórum de asistencia correspondiente y, en
consecuencia, declara abierta esta sesión de la Comisión de Asuntos
Exteriores que se va a celebrar de acuerdo con el orden del día que todos
ustedes conocen.

Quiero precisar que sería deseo de la Presidencia que en esta primera
parte mañanera, bien que tardía, de la Comisión pudiéramos considerar las
dos proposiciones no de ley, lo que podríamos hacer si las señoras y
señores comisionados utilizan su tiempo de una forma tan eficaz como
breve, para suspender la sesión como muy tarde a las dos y cuarto y
continuar a las cuatro con el punto correspondiente del orden del día. Yo
querría, como digo, que tuviéramos solucionados los dos primeros puntos,
las dos primeras proposiciones no de ley por la mañana, de manera que
pudiéramos comenzar esta tarde directamente con las comparecencias.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE RECLAMACION DE LAS INDEMNIZACIONES AL GOBIERNO FRANCES POR LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS CON MOTIVO
DEL BLOQUEO OCASIONADO POR LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS FRANCESES.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000396.)



El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulos pasamos a la consideración del
primer punto del orden del día, la proposición no de ley sobre
reclamación de las indemnizaciones al Gobierno francés por los daños y
perjuicios producidos en las exportaciones españolas con motivo del
bloqueo ocasionado por la huelga de transportistas franceses; proposición
de la cual es autor el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tiene
la palabra el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Señor Presidente, la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular es sobre un tema que por
desgracia afecta demasiado frecuentemente a los intereses económicos
españoles: los problemas de tránsito de nuestros camiones por el país
vecino, Francia. La última huelga general del pasado mes de noviembre fue
quizá la de mayor envergadura, la de mayor perjuicio no solamente por el
gran número de carreteras que se quedaron bloqueadas, sino por el factor
tiempo, pues durante muchos días estuvieron bloqueados muchos camiones
españoles y de otros países de la Unión Europea.

La preocupación del Gobierno español fue grande y siguió muy de cerca la
evolución de los acontecimientos y el final de la huelga. El día 25 de
noviembre, recién terminada la huelga, el Ministro de Asuntos Exteriores
en el Consejo de Asuntos Generales trató este problema de los camioneros
en Francia. Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Secretario de Estado
de Política Exterior y de la Unión Europea lo llevó por su debate al
Consejo de Mercado Interior, y al mes siguiente, los días 12 y 13 de
diciembre, también el Gobierno español lo planteó en el Consejo de
Transportes, siempre en el mismo sentido: en favor de la libre
circulación de mercancías en la Unión Europea y solicitando al mismo
tiempo que las indemnizaciones fueran lo más justas y rápidas posible.

Por primera vez el Gobierno francés tomó este asunto más en serio que
otras veces, dando instrucciones claras a los prefectos de los
departamentos para recibir las reclamaciones de todos los perjudicados,
no solamente españoles sino de todos los países de la Unión Europea
afectados. El Gobierno francés exigió que los recursos para la petición
de indemnizaciones se presentaran de forma individual, porque al hacerlo
de forma colectiva, a través de los distintos gobiernos, sería



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muy problemático comprobar una a una todas las solicitudes. Han existido
contactos bilaterales España-Francia, entre el Ministro de Asuntos
Exteriores y el Secretario de Estado ante el Ministro francés y la
Embajada de Francia. Durante los días que duró la huelga la actuación del
Gobierno español fue de total apoyo a los afectados; los cónsules
estuvieron en el lugar de la huelga ayudando a los camioneros en todo lo
que pudieron, en labores de emergencia y suministrando los elementos
precisos para sus mínimas necesidades, pues muchos se quedaron sin
comida, sin dinero, etcétera. Finalizada la huelga, el Gobierno ha puesto
a disposición de todos los transportistas los medios adecuados para
presentar ante las prefecturas las reclamaciones administrativas o
judiciales a que hubiere lugar. Esta preocupación ha sido compartida por
la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, con
muchas iniciativas en este sentido. Recientemente en esta Comisión de
Asuntos Exteriores, el pasado 19 de febrero, los grupos parlamentarios
Socialista y Mixto presentaron dos proposiciones no de ley, pero
incomprensiblemente fue rechazada una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que es la que traemos hoy a colación en esta
proposición no de ley.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere recabar el apoyo de todos
los grupos parlamentarios a esta proposición no de ley porque creemos
necesario que, frente a este problema de interés general del Estado, haya
unanimidad en la votación y el Gobierno se sienta totalmente respaldado
en las iniciativas que presente ante el Gobierno francés. De momento,
señorías, no se ha presentado ninguna queja por parte de los
transportistas españoles afectados. El proceso va con total normalidad.

Creemos que para continuar con esta normalidad es interesante que los
demás grupos parlamentarios apoyen la proposición no de ley por la que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe exigiendo al
Gobierno de la República Francesa el pago de indemnizaciones por los
daños y perjuicios ocasionados en las exportaciones españolas como
consecuencia de la huelga de camioneros franceses del pasado mes de
noviembre y para que las autoridades francesas y europeas garanticen el
derecho de libre circulación en el territorio de la Unión.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario
Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.

En nombre del Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la
palabra la señora Salinas.




La señora SALINAS GARCIA: Señorías, no es la primera vez que intervengo
en esta Comisión para debatir un tema que ya hemos tenido ocasión de
tratarlo, tanto en dos preguntas orales en el Pleno como en dos
proposiciones no de ley en esta misma Comisión, una presentada por el
Grupo Socialista y otra por el Grupo Mixto. Ambas proposiciones no de ley
fueron rechazadas por el Partido Popular. La verdad es que nos sorprende
bastante que, después de todo lo debatido, ahora el Grupo Popular
presente una proposición no de ley que no es sino la misma enmienda a las
proposiciones no de ley presentadas por mi grupo. Precisamente me
sorprende aún más porque, cuando presentábamos nuestra proposición no de
ley sobre este tema, el portavoz del Partido Popular nos decía
textualmente: la proposición no de ley del Grupo Socialista tuvo su razón
de ser el día 17 de diciembre de 1996 pero, al día de hoy --se refería a
cuando yo la presenté, el 19 de febrero--, creemos que ya se ha asumido,
porque insta al Gobierno español a que exija a la República Francesa el
pago de indemnizaciones por los daños y eso ya se está haciendo. Si el 19
de febrero no tenía mucha razón de ser nuestra proposición no de ley, ya
me dirán SS. SS. qué sentido tiene ahora, seis meses después. Creemos más
bien que el Partido Popular viene ahora, seis meses más tarde, con una
proposición no de ley bastante vacía de contenido y un poco a remolque
del mal sabor de boca que le quedó al rechazar algo que era de recibo, de
justicia y de actualidad y que le solicitábamos tanto el Grupo Socialista
como el Grupo Mixto en ambas proposiciones. De todos modos, mi grupo cree
que nunca es tarde si la dicha es buena, y estamos dispuestos a volver a
tratar el tema las veces que sean necesarias, con tal de llegar a
acuerdos ante un problema tan grave como el que sufrieron nuestros
intereses el pasado mes de noviembre durante doce días de huelga salvaje
en Francia.

Como bien reconoce el Partido Popular, el país más afectado fue España,
sobre todo las comunidades de Valencia, Andalucía y Murcia, y el sector
que más padeció fue el hortofrutícola, con unas pérdidas a nivel nacional
de unos 50.000 millones de pesetas. Ya manifestamos en su día el largo
peregrinar que han sufrido nuestros transportistas en esta desagradable
situación. El Gobierno francés se encargó de ir gestando durante el
conflicto una serie de trabas burocráticas tales como impedir claramente
la tramitación de denuncias en las gendarmerías, etcétera, que ahora
dificultan el cobro de indemnizaciones. No se aseguró para nada el
derecho de los camioneros españoles a presentar denuncias, sino más bien
todo lo contrario. (Rumores.) Esto mismo...




El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Salinas. ¿Podría pedir a los
comisionados que si no quieren oír por lo menos callen, y si es posible
escuchen?
Señora Salinas.




La señora SALINAS GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Como decía, no se aseguró para nada el derecho de nuestros camioneros
españoles a presentar denuncias, sino más bien todo lo contrario. Esto
mismo fue reconocido por el propio Subsecretario de Estado ante esta
Comisión. Fue evidente la pasividad del Gobierno francés y la escasa
implicación de la Unión Europea. A partir de ahí, las empresas españolas
de transportistas llevan gastado bastante dinero en abogados franceses,
agravado aún más porque no se les permite efectuar una denuncia por la
totalidad de los camiones afectados, sino de forma individualizada,
teniendo



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que abonar alrededor de 130.000 pesetas por cada camión. Al parecer, las
denuncias se tramitarán por vía administrativa y no pueden actuar
abogados españoles.

Por todo ello, y por no redundar en cuestiones ya debatidas con
anterioridad, el Grupo Socialista cree que nuestra proposición no de ley
iba más allá y buscaba, de alguna forma, poder garantizar el pago de
aquellos afectados que se van a tirar varios años en los litigios.

Creemos que es una cuestión de voluntad política. Por nuestra parte
tenemos toda la voluntad de llegar a textos alternativos si es posible.

Ya me ha manifestado el portavoz del Grupo Popular que no va a poder
aceptar nuestra enmienda. En aquella ocasión se argumentaron cuestiones
legales, pero lo cierto es que el Gobierno francés, en un caso similar,
adelantó las indemnizaciones. Sin embargo, creemos que ahora no hablamos
de los mismos parámetros jurídicos, y sobre eso también se ha debatido
largamente en esta Comisión. Basta con leer el «Diario de Sesiones» del
día 19 de febrero para comprobar en la intervención del portavoz del
Grupo Popular que no había problemas, que se estaba haciendo todo y que
por eso rechazaban las dos proposiciones no de ley. Si no había
problemas, no tendrán excusas para no aprobar nuestra enmienda, ya que
tienen la certeza de que el Gobierno francés pagará. No será necesario el
adelanto de las indemnizaciones. No pretendo crispar el ambiente y le
agradezco el tono hoy al portavoz del Grupo Popular, ya que en la
anterior ocasión a esta señoría se le acusaba de cinismo en este tema que
considero bastante serio como para crispar el ambiente. Me gustaría que
reflexionásemos y fuésemos todos capaces de llegar a un acuerdo que los
transportistas hace seis meses que están esperando. En los momentos
actuales estamos asistiendo a un posible brote del conflicto, ya que el
Gobierno francés ha incumplido el acuerdo que en su día firmó con los
transportistas. Hay avisos poco tranquilizadores de volvernos a encontrar
en una situación similar a la del pasado mes de noviembre.

La enmienda presentada por Izquierda Unida nos parece algo más completa,
pero al fin y al cabo desglosa los dos puntos de la proposición no de ley
un poco pobre del Partido Popular.

Por todo ello, nuestro grupo se va a abstener en la votación, ya que no
nos parece mal la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular,
pero sí bastante tarde y sobre todo incompleta e insuficiente. Lo que se
pretende es como lo que se dice de los hombres en la mili, que el valor
se les supone; lo que se pretende aprobar hoy se supone. Por coherencia
política nos vamos a abstener. No vamos a votar en contra sino que vamos
a actuar con responsabilidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: El Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya comparte la preocupación que subyace en
esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.

Anteriormente, como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo del debate,
se presentaron iniciativas, en términos más o menos similares, por parte
del Grupo Socialista y del Grupo Mixto dirigidas a resolver la misma
problemática. Insisto en que compartimos la preocupación pero no el tono
de puro elogio hacia la gestión del Gobierno de quien ha actuado como
portavoz del Grupo Popular. Si las cosas hubieran rodado tan bien como se
desprende de esa intervención, no haría falta que hiciéramos
absolutamente nada porque el tema estaría resuelto.

Lo cierto es que el problema está planteado y nos ha llegado a todos los
grupos, que lo hemos ido presentando en distintas formas y en distintos
momentos, y al día de hoy sigue sin estar resuelto, incluso, como se ha
puesto de manifiesto en la intervención de la representante del Grupo
Socialista, con la preocupación de que pueda volver a reproducirse. Es
una situación que nos preocupa a todos porque afecta a intereses muy
importantes de nuestro país. Sería bueno que, aunque en ocasiones
anteriores el Grupo Popular no apoyó iniciativas de otros grupos, no
contestáramos ahora con la misma moneda. Si el tema es importante para
los intereses de nuestro país, si se puede volver a reproducir, es bueno
que el Gobierno de nuestra nación pueda comparecer con el respaldo
unánime de toda la Cámara. En este sentido los representantes del Grupo
Socialista, sin perjuicio de que puedan mantener sus críticas sobre
actuaciones anteriores del Grupo Popular, creo que justificadas, no
harían bien en reproducir en estos momentos el mismo tipo de actuaciones,
máxime cuando insisten en que es un tema importante y preocupante que al
día de hoy no está resuelto. Hagamos un esfuerzo para que el Gobierno lo
resuelva, instemos al Gobierno a que lo haga y, si no, exijamos las
responsabilidades políticas oportunas y pertinentes, como ya hemos hecho
y como desearíamos no tener que volver a hacer pero que desde luego
haríamos en cumplimiento de nuestro papel democrático de oposición.

Por todo ello, señorías, hemos intentado actuar constructivamente en
relación con la proposición no de ley del Grupo Popular y hemos
presentado enmiendas que quizá sea cierto, como dice la representante del
Grupo Socialista, que son pobres y no sé si ha dicho humildes, pero que
en definitiva intentan conseguir que nuestros ciudadanos cobren de manera
justa y rápida las indemnizaciones y que se apoyen todas las gestiones
que lleven a cabo los interesados. En este sentido sería bueno y deseable
para nuestro país que eso se produjera. Instemos al Gobierno, con la
fuerza de este Parlamento y de todos los grupos políticos, a que eso sea
así, e insisto en que si no se produce exijamos las responsabilidades a
que haya lugar. Por todo ello, señorías, hemos presentado esta enmienda
que defendemos en este acto y para la que solicitamos el apoyo de los
otros grupos parlamentarios. En todo caso, votaremos la que ha sido
presentada.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pascual para explicar a la
Comisión si acepta o rechaza la tramitación de las dos enmiendas que han
sido presentadas a la proposición del Grupo Popular.




El señor PASCUAL MONZO: Señor Presidente, se han vertido muchas críticas.

La portavoz del Grupo Socialista decía que el mes de febrero era el
momento de realizar



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este debate, pero éste se planteó y hubo divergencia de posiciones entre
los distintos grupos. Parece que desde el Grupo Parlamentario Socialista,
como se ha citado aquí, hay cierto miedo o cierta preocupación en cuanto
al resultado final del pago de las indemnizaciones por parte de Francia.

Señorías, creo que el mejor respaldo para los intereses de los españoles
afectados es que desde el Congreso de los Diputados, desde esta Comisión
de Asuntos Exteriores hubiera unanimidad de criterio y de apoyo en este
período ahora de negociación, por llamarlo de alguna forma. Por tanto,
señorías, pensamos que hay que dejar intereses políticos particulares. El
Grupo Parlamentario Popular sabe que desde el Congreso no vamos a
solucionar este problema, pero que si todos los grupos votamos a favor
podemos darle un gran respaldo.

Señorías, brevemente quiero leerles una moción, del 15 de junio de 1994,
presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular, en la que el
portavoz del Grupo Socialista dice... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, le rogaría que se limitara
exclusivamente en sus manifestaciones a expresar la aceptación o rechazo
de las enmiendas que han sido presentadas, entre otras razones porque
hemos tenido en otra ocasión este mismo debate.

A esta Presidencia le gustaría, si me lo permiten, que fuera cual fuera
la decisión de los grupos, sí pudiéramos ofrecer a la opinión pública, y
ciertamente al Gobierno español y al Gobierno francés, una postura
unívoca y unida. Lo digo a todos los efectos. Si es posible, es posible;
si no es posible, no es posible. (Rumores.) Vamos a limitarnos al
estricto trámite reglamentario y a proceder en consecuencia.




El señor PASCUAL MONZO: Ateniéndome a las indicaciones de la Presidencia,
simplemente quiero decir que para que se vea en esta Cámara que no hay
ansias de protagonismo, ni mucho menos, del Grupo Parlamentario Popular,
vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que mejora la nuestra, y que la portavoz
del Grupo Socialista ha dicho que le parecía una buena enmienda. Por
tanto, rechazamos la del Grupo Parlamentario Socialista y aceptamos, en
aras a repartir entre todos el protagonismo y para que pueda salir de
esta Cámara un voto unánime, la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra en este
trámite? (Pausa.) En representación del Grupo de Coalición Canaria tiene
la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, estaba esperando este
trámite pero se han adelantado bastante, aunque también --tengo que
decirlo-- lo celebro porque me permite fijar de forma más contundente y
clara la posición de mi grupo, que va a ser de apoyo a esta proposición
no de ley, incluyendo la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que se ha aceptado y que nos
parecía perfectamente sensata.

Nosotros damos nuestro apoyo por un principio de solidaridad y para que
el Gobierno, tanto el español como el de la República Francesa, perciba
un mensaje: que tiene que haber una insistencia diplomática de las
autoridades españolas frente a las francesas no solamente para continuar
con el pago de las indemnizaciones, expediente por expediente individual,
como ha planteado y exigido la Administración francesa, sino para que se
cierre ya, porque no se pueden dilatar ad calendas graecas unos derechos
reconocidos a unas personas que requieren ser indemnizadas por los
perjuicios acarreados en la huelga de los transportes que ocurrió, como
bien se señala aquí, en el recuerdo histórico que queda en el «Diario de
Sesiones», el año pasado en Francia. Esto tiene que servir también para
que los países miembros de la Unión Europea normalicen y regulen todos
estos procedimientos administrativos. Se está creando una especie de
criterio, de doctrina o de cultura de la indemnización por daños y
perjuicios acarreados a terceros, miembros de la Unión Europea, en estos
conflictos laborales, sobre todo los que afectan al bloqueo del
transporte por carreteras, que repercuten en naciones como España por su
servicio al mercado hortofrutícola de consumo centroeuropeo.

Respecto al procedimiento administrativo, tampoco se puede dejar, ya que
la Unión Europea trata de regularlo todo con directivas, que cada país
aplique la suya. Cuando estamos hablando de una Europa de libertad de los
profesionales, resulta que Francia exige que estas causas sean llevadas y
ejecutadas solamente por abogados franceses o representantes legales
franceses y los procedimientos administrativos no tienen un marco de
resolución común. Sirvan al menos estas casuísticas penosas para que se
avance en eso, respecto a lo que siempre se nos llena la boca de
retórica, del espacio judicial europeo, del espacio policial europeo,
pues aquí, cuando viene un conflicto de este tipo, Francia se saca su
reglamento y, de una manera lo más acorde posible con el principio
napoleónico de la unidad total y absoluta de la función administrativa,
trata de aplicarlo en contra de socios de la propia Unión Europea.

Dicho esto y congratulándonos de que esto pueda encontrar un feliz
término con el pago de todas y cada una de las indemnizaciones exigibles
y a las que tienen derecho los lesionados españoles, votaremos
favorablemente. Nuestra línea es de solidaridad y, por tanto, cualquier
iniciativa parlamentaria de cualquier partido político la votaremos
favorablemente, como lo vamos a hacer con esta proposición.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, nuestro grupo
parlamentario va a sumar su voto favorable a esta proposición no de ley,
con la intención de que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de
los Diputados pueda dar un impulso a la solución del grave problema que
se planteó para legítimos intereses particulares con ocasión de la última
huelga de transportistas franceses.




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Celebramos que se haya admitido por el Grupo Parlamentario Popular la
enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque
dicha enmienda incorpora como principal novedad un punto segundo que va
un poco más allá de lo que es estrictamente el problema planteado por
esta última huelga e intenta adelantarse a la posible repetición de
problemas de este tipo instando al Gobierno a que plantee a las
autoridades europeas, especialmente a las francesas, la urgencia de
adoptar las medidas oportunas que garanticen en el futuro la efectividad
del derecho a la libre circulación en el territorio de la Unión. Estamos
llenándonos la boca, dentro del proceso de renovación de la Unión
Europea, con la libre circulación de las personas, bienes y servicios y
nos encontramos a menudo con la lamentable situación de que países que
tienen una posición geográfica estratégica dentro de Europa están
impidiendo, de la forma más literal, el ejercicio de estos derechos.

Por todo ello, repito, nuestro voto va a ser favorable a la proposición
no de ley y a la enmienda que se incorpora.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición no
de ley presentada por el Grupo Popular, en los términos en que ha sido
enmendada y recogida por el grupo proponente la enmienda del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS
EN TANTO EL GOBIERNO DE ISRAEL NO CUMPLA ESCRUPULOSAMENTE LOS ACUERDOS DE
OSLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000451.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en tanto el Gobierno de Israel no cumpla
escrupulosamente los acuerdos de Oslo. El autor de esta proposición no de
ley es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Quería recordarles que, si somos todos breves y concisos, lo que no obsta
para que seamos eficaces y claros, podemos acabar esta parte mañanera de
la sesión a las dos y cuarto, y luego continuar esta tarde. Les rogaría
que, en la medida de lo posible, hicieran caso de estas observaciones.

Para su exposición, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Efectivamente, aunque la fecha de entrada en el
Congreso de los Diputados de la proposición no de ley que nos ocupa tiene
ya dos meses, desgraciadamente la vigencia del problema que en ella se
señala sigue de absoluta actualidad. Como saben ustedes, el motivo
desencadenante es el proyecto del Gobierno israelí de crear un nuevo
asentamiento de 6.500 viviendas para colonos judíos en la colina árabe de
Yebel Abu Gneim. Esta situación no es nueva, no es la primera vez que se
pretende vulnerar flagrantemente los acuerdos de Oslo, que estipulaban la
paralización de la política de creación de asentamientos judíos en
Palestina, ya que en enero de 1996 el Gobierno israelí amplió nuevamente
los asentamientos en Jerusalén oriental en 50.000 viviendas.

La ampliación de las 6.500 viviendas que se pretende en estos momentos y
que no creo exagerado afirmar que constituye todo un casus belli para la
delicadísima situación de los acuerdos de paz entre Israel y Palestina
tiene, además de implicaciones políticas, implicaciones económicas de
primer orden, ya que supondría la absorción del área que conecta
Jerusalén con la ciudad de Belén y, por tanto, la posibilidad de
absorción por parte de Israel de recursos turísticos en una zona de
especial interés desde este punto de vista.

Hace pocos meses tuvimos ocasión de discutir en este Parlamento el
acuerdo entre la Unión Europea y el Estado de Israel por el que se
consideraba la protección de intereses económicos y el apoyo económico
por parte de la Unión Europea a este Estado. Por parte de mi grupo
parlamentario, que votó en contra de tal acuerdo de asociación
euromediterránea, se esgrimía que, más allá de otro tipo de
consideraciones, de lo que se trataba era de intentar que la suspensión
de la ratificación de este acuerdo por parte de un país como España
supusiera un acicate más, que parecía indispensable para que el Gobierno
de Israel se viera constreñido a desarrollar y a respetar los acuerdos de
paz. Desgraciadamente, esto no fue aprobado por la mayoría de los grupos
parlamentarios, y tengo que decir que recientemente, en un artículo del
ex presidente del Parlamento Europeo, don Enrique Barón, se afirmaba
taxativamente, tras las palabras del Presidente del Gobierno israelí
Netanyahu diciendo que la función de la Unión Europea era pagar y callar,
que el desbloqueo de la situación de parálisis del proceso de paz en
Oriente Medio es una condición necesaria para que avance el proceso de
integración económica y comercial.

Finalmente, quiero recordar unas palabras de Yaser Arafat --que además
muchas de SS. SS. tuvieron ocasión de escuchar de viva voz en la reciente
visita de una delegación del Congreso de los Diputados a Palestina--
diciendo a la delegación del Congreso de los Diputados que bastaría un
solo parlamento nacional europeo para detener la aprobación del acuerdo
euromediterráneo entre la Unión Europea e Israel y que debería detenerse.

Por lo tanto, dada la preocupación que me consta compartimos todos los
grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya propone que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno a solicitar de la Unión Europea la suspensión de la
aplicación del acuerdo euromediterráneo entre la Unión Europea e Israel,
mediante las actuaciones diplomáticas oportunas, así como la suspensión
de la aplicación de los acuerdos bilaterales entre España e Israel, y se
solicite, mediante las actuaciones diplomáticas oportunas, del resto de
los países



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de la Unión Europea la adopción de idéntica medida. Evidentemente, esta
presión política y económica que, a juicio de mi grupo parlamentario,
debe intensificarse acerca del Gobierno de Israel no es simplemente la
aplicación de sanciones económicas, contra las cuales nos hemos
manifestado en numerosas ocasiones, sino suspender la aplicación de
acuerdos comerciales preferenciales con un Estado que está teniendo la
osadía de poner en jaque a la Unión Europea y a un proceso de paz que es
la última esperanza para que la zona no se convierta definitivamente en
un polvorín.




El señor PRESIDENTE: Dado que no se ha presentado ninguna enmienda a esta
proposición no de ley, ¿desea algún grupo parlamentario hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro grupo parlamentario quiere
aprovechar el debate de esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para lamentar
una vez más en esta Comisión, lamentar, cuestionar, incluso manifestar
nuestra tristeza por la política que aplica la administración del
Presidente Netanyahu en relación al cumplimiento del plan de paz para
Oriente Medio, una política que ha llegado incluso a poner en peligro
dicho proceso de paz. El acontecimiento de Yebel Abu Gneim que constituye
el objeto de esta proposición no de ley, entendemos que es simplemente un
paso más, un hito en esta política que --repito-- cuestionamos y que en
absoluto compartimos. Ahora bien, yendo a la parte expositiva de la
proposición no de ley, nuestro grupo entiende que la solución planteada
al problema, al punto crítico incluso en que se encuentra el proceso de
paz de Oriente Medio, la solución a este problema, repito, no es
precisamente la vía que se nos sugiere en la proposición no de ley de
aislar a Israel en su relación con el mundo occidental, y, en el punto
segundo, muy concretamente a su relación con España, ni tampoco debilitar
aún más las vías de influencia de la Unión Europea en la zona, vías de
influencia tan cuestionadas por el propio gobierno de Netanyahu.

Por todo ello, el voto de nuestro grupo parlamentario será contrario a
dicha proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor De Puig.




El señor DE PUIG I OLIVE: Nosotros tenemos que decir que, aceptando en
buena parte los argumentos críticos que se han formulado aquí tanto por
el proponente como por el grupo que nos ha precedido en el uso de la
palabra, no podemos estar de acuerdo con el tenor literal de la
proposición, en parte porque nosotros hemos sido críticos con
manifestaciones de nuestro grupo político en España y en nuestro trabajo
en organizaciones internacionales, porque hemos entendido que el
desarrollo que se ha producido en Israel, después de la llegada al
Gobierno del primer ministro Netanyahu, no era el más conveniente para el
avance del proceso de paz. Hemos criticado aspectos puntuales, hemos
criticado la crisis a partir del conflicto del túnel, hemos criticado
también la política de asentamientos, pero hay que decir que la actual
situación no llega ahora porque haya una decisión de crear nuevos
asentamientos en los territorios ocupados; éste no es el elemento básico
de la cuestión. El elemento básico de la cuestión es un conflicto
político de envergadura histórica con muchos elementos complejos y de
responsabilidad en las dos direcciones, que sólo se puede analizar en su
complejidad. No se puede decir: vamos a tomar tal decisión porque en este
momento el actual Gobierno de Israel hace una cosa que nos parece mal y
vamos a ejercer represalias e iniciar procesos de ruptura con el país a
nivel de lo que se nos formula en la proposición.

Estamos de acuerdo en que hay que presionar y criticar. Nosotros hemos
defendido siempre una posición que ha sido siempre muy parecida a la
política del anterior Gobierno en Israel, sin que ello nos impidiera
sumarnos a ciertas críticas y valorar en lo que valía la posición de los
palestinos, al mismo tiempo que criticábamos también aspectos del bando
palestino, como es la existencia de organizaciones que practican la
violencia al nivel que conocemos y que enrarecen y complican, tanto como
la política del Gobierno israelí, la solución del problema. Estamos en
desacuerdo con la proposición no de ley por razones de fondo. Primero,
porque ese nivel de ruptura de denunciar o suspender un tratado no nos
parece una buena solución; al contrario, pensamos, como se ha dicho
anteriormente, que un ensayo de aislar a Israel podría ser una
provocación todavía mayor ya que podría reforzar las posiciones más
radicales nacionalistas, podría empujar, todavía más, al primer ministro
a posiciones irredentistas. Pensamos que esta propuesta podría provocar
el efecto contrario al que se busca. No creo que le pueda interesar a
Arafat, ni a los palestinos, que se suspendan estos acuerdos de
cooperación, el euromediterráneo, o los acuerdos bilaterales con Israel.

Por otra parte, si queremos de verdad que haya una influencia europea,
creo que éste es un mal procedimiento. Para tener autoridad moral y para
tener autoridad en un conflicto en el que hemos estado demasiado tiempo
fuera y en el que, por razones históricas, no hemos jugado el papel que
debería jugarse --y ahí está la afirmación que hizo en su momento el
Presidente Chirac, diciendo que era necesario que Europa contara más--.

Pero para contar más hay que tener algunos elementos en la mano para
poder presionar; el elemento de cortar las relaciones, de suspender los
tratados, nos dejaría sin ninguna capacidad de maniobra. Como españoles
me parece que la reflexión es tanto más importante cuanto el mediador en
este momento, de parte de la Unión Europea, es un diplomático español, el
señor Moratinos, que está haciendo esfuerzos que todos consideramos
extraordinariamente importantes. Si precisamente no queremos cortar las
alas al trabajo que pueda realizar el mediador europeo, en este caso un
compatriota como el señor Moratinos, lo que no debemos hacer precisamente
es cortar, denunciar o suspender este tratado. Críticas las que sean.

Nosotros las hemos realizado. Yo mismo he sido ponente en el Consejo de
Europa en el problema



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de Oriente Medio. Nos hemos entrevistado con Arafat, nos hemos
entrevistado con la oposición al Gobierno de Israel, hemos manifestado
todos los elementos críticos necesarios, porque estamos convencidos de
que las cosas no se llevan de la manera que deberían llevarse, pero no
quisiéramos establecer, a partir de estas críticas, una única conclusión,
que es la de romper con todo y llegar a una actitud radical que en nada
serviría para resolver el problema.

El último elemento que nos hace desistir de apoyar esta proposición no de
ley sería el de considerar que incluso en su planteamiento literal es
incorrecta. Se dice que habría que anular o que suspender la aplicación
de los acuerdos, el europeo y los bilaterales, y se dice: hasta que el
Gobierno de Israel no cumpla escrupulosamente los acuerdos de Oslo. Hay
que tener en cuenta de qué van los acuerdos de Oslo, porque los acuerdos
de Oslo, aunque hay un clima y diseñan una atmósfera y unos
procedimientos, la verdad es que dejan algunas de las cosas más
importantes y conflictivas para una futura negociación, sea el estatuto
permanente, o sea, por ejemplo, una cosa tan vital como la capital,
Jerusalén. Decir que cumpla escrupulosamente no se sabe qué quiere decir
cuando hay cosas que en el propio acuerdo de Oslo están para ser
negociadas. En cualquier caso, me parece que la proposición se aleja de
lo que es la posición de nuestros aliados, de la Unión Europea.

Tengo aquí las recientes resoluciones del Parlamento Europeo, tengo las
del Consejo de Europa, y en ninguna de estas resoluciones en las que han
participado las fuerzas políticas de Europa se plantea ese tipo de
posturas radicales que, como he dicho, quizá supondrían que fuera peor el
remedio que la enfermedad.




El señor PRESIDENTE: El señor Ricomá, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.




El señor RICOMË DE CASTELLARNAU: Qué duda cabe que existe coincidencia
con el fondo que se trasluce de la proposición no de ley presentada por
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Los acontecimientos
que de forma continuada van desarrollándose en la zona en conflicto no
hacen otra cosa sino incrementar la preocupación sobre el desarrollo del
proceso de paz entre palestinos e israelíes iniciado, tras muchísimas
dificultades, en la conferencia de Madrid de 1991. La insistencia en la
política de asentamientos por parte del Gobierno israelí, consolidada
tras el anuncio del proyecto colonial de Yebel Abu Gneim, va sedimentando
una zanja cada vez más profunda, abierta inicialmente por la violación
desde el lado israelí de los acuerdos de Oslo, que aleja progresivamente
los principios de diálogo y negociación, imprescindibles para la solución
del conflicto.

Este sentimiento de preocupación, que es común y que existe, está ubicado
tanto en el seno del Gobierno español como en el de la Unión Europea, y
se ha trasladado ya, entendemos, al terreno de la actuación, al campo de
los hechos reales. Prueba de ello es el mecanismo especial de seguimiento
para la cuestión de los asentamientos, conocido como settlement watch, y
los gestos, tanto en el campo de la práctica diplomática, mediante la
reciente declaración de la Unión Europea sobre la problemática de los
asentamientos y la carta que la actual presidencia europea dirigió
personalmente el 26 de febrero al primer ministro israelí, señor
Netanyahu, como también en el de la práctica activista, traducida en el
nombramiento, desde el pasado mes de diciembre, de un enviado especial
para la región, designación que recayó en el embajador español don Miguel
Angel Moratinos, diplomático que, por cierto, ha recibido elogios por
parte de diversos grupos de los presentes en esta Comisión, diplomático
que se encuentra en la región manteniendo contactos con todas las partes
implicadas, al objeto de favorecer una solución pacífica que permita
superar el actual impasse, contribuyendo a evitar la aparición de una
espiral de violencia, que no sabemos hasta dónde podrían llevar sus
repercusiones.

Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos positivamente estas
iniciativas de la Unión Europea, porque entendemos que el ámbito europeo
debe ser el ideal para canalizar las contribuciones en favor de la paz y
la concordia en la región de los diferentes países miembros, en aras de
una acción coordinada y eficaz, si bien no nos podemos olvidar, no
podemos ser ajenos al elevado grado de compromiso con el proceso de paz
adquirido por el Gobierno español, por el actual y también por el
anterior, especialmente desde la conferencia de paz en Madrid en octubre
de 1991, compromiso perfectamente asumido, como lo demuestra la ya
reseñada designación del señor Moratinos como enviado especial, y el
papel relevante que el Ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, jugó
a la hora de confeccionar la declaración institucional de la Unión
Europea, que ha sido el mensaje más contundente, más duro que la Unión
Europea ha dirigido a las partes implicadas, y muy en especial al lado
israelí.

Ciertamente, estamos ante un momento muy delicado del proceso de paz,
pero no es menos cierto que dicho proceso existe, es real y está amparado
en la manifestación de voluntades expresadas por las dos partes, con la
firma de los principios recogidos en la conferencia de Madrid y en los
acuerdos de Oslo, algo difícilmente pensable no hace tantos años, proceso
de paz al que se ha conseguido llegar gracias a la prudencia y a la
moderación en los posicionamientos, siempre tendentes a facilitar el
diálogo y la negociación y siempre alejados de radicalismos e iniciativas
contundentes y actitudes partidistas. Por ello, consideramos
imprescindible mantener esta línea de prudencia también en los momentos
en que las actitudes de una de las dos partes pongan en peligro la
consecución de los objetivos de paz, denunciando, siempre con firmeza,
todo gesto encaminado a paralizar el proceso, toda violación de los
acuerdos, pero trazando de forma paralela el camino para la recuperación
de las negociaciones, camino ansiado por las dos partes en conflicto,
como muy claramente manifestaron Weizman y Arafat, tras la entrevista
mantenida el martes, en Erez, donde el propio presidente de la autoridad
palestina afirmaba textualmente: Hemos decidido colaborar con los
israelíes para preservar la seguridad de nuestros dos pueblos. En la
recuperación del camino de la negociación



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está trabajando la Unión Europea, como lo prueba también la mediación,
que existió por parte del ente europeo, para que el presidente palestino
y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, David Levy, se entrevistaran
el 16 de abril, en La Valetta, con ocasión de la II Conferencia
Euromediterránea.

Es precisamente en el terreno de las formas, en el terreno de la
estrategia a seguir, donde se separan estas posturas que, como he
señalado al principio de mi intervención, son coincidentes en el fondo,
razón por la que no podemos apoyar la proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En ella piden, nada más y nada menos, que
la suspensión de la aplicación del acuerdo euromediterráneo entre la
Unión Europea, Israel y los países miembros, así como la suspensión de la
aplicación de los acuerdos bilaterales entre España e Israel, a la vez
que instan al Gobierno a ejercer las gestiones diplomáticas oportunas
para que el resto de los países miembros de la Unión Europea hagan lo
propio. Es decir, solicitan poner la cruz y la raya, el camino sin
retorno, que es lo mismo que decir el abandono de unas políticas que han
dado algo de fruto y que, por tanto, pueden generar mayores niveles de
éxito, en beneficio de una posición que entendemos sería parcial en favor
de una de las partes, que no haría sino incrementar las diferencias y
reducir las coincidencias al ir en contra del denominador común, que
entendemos que ha de existir para palestinos e israelíes, que debe ser el
llamamiento a desarrollar su capacidad de negociación y entendimiento.

Esta proposición no de ley, en caso de aprobarse, dejaría a España y a la
Unión Europea en un papel realmente complicado; en el caso español, le
dejaría en un papel de soledad, porque difícilmente los otros países de
la Unión Europea seguirían el mismo camino que España, con lo que nos
quedaríamos solos y aislados; y en el caso de la Unión Europea, la
dejaría en un papel difícil, porque mermaría la credibilidad de sus
buenas intenciones sobre Oriente Medio tras la reciente designación del
embajador Moratinos.

Por todo ello, creo que es obvia la posición de las tesis del Grupo
Parlamentario Popular a las que formula el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en su proposición no de ley y,
en consecuencia, anunciamos nuestro voto contrario.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores, vamos a proceder a la votación de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en sus términos literales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 30.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señoras y señores diputados, muchas gracias por su colaboración.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.




Eran las dos y quince minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA
LA UNION EUROPEA (DE MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR SOBRE: --LA CRISIS EN
ALBANIA Y LA ACTUACION DEL GOBIERNO ESPAÑOL. A PETICION PROPIA. (Número
de expediente 212/000557.)



El señor PRESIDENTE (Milián Mestre): Señorías, se reanuda la sesión.

Comenzamos por el punto 3 del orden del día: Comparecencia del Secretario
de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea ante la Comisión
de Asuntos Exteriores para informar sobre la crisis en Albania y la
actuación del Gobierno español.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Gracias, Presidente.

He sabido que sobre el tema de esta comparecencia, Albania, intervino ya
el Ministro de Defensa, señor Serra. Me imagino que, siendo miembro del
Gobierno, más autorizado que yo para hablar de los aspectos más
delicados, como el despliegue militar, esta Cámara ha sido ya saciada de
información. Quiero decir que yo había pedido una comparecencia, petición
que coincidió con la que había hecho el Diputado Yáñez, del Grupo
Socialista, en el momento en que se desencadenaba la operación; todavía
ni siquiera había partido hacia Albania el contingente español. Mi deseo
era informar inmediatamente a esta Comisión de Exteriores. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Por diferentes razones de calendario
conocidas de todos nosotros, esta comparecencia se ha retrasado. Entre
tanto ha venido el Ministro de Defensa y, por eso, con el permiso de SS.

SS., voy a reducir mi presentación a lo mínimo.

Quizá destacaría --y me voy a olvidar del papel que tengo escrito con
todos los detalles para dar una información más directa-- dos cuestiones
en el asunto de Albania que me parecen importantes, sobre todo el aspecto
político-diplomático de la operación.

La decisión del Gobierno de entrar en el conflicto estuvo motivada por un
deseo, primero, de contribuir a aliviar los problemas de un país asolado
por una crisis, que yo creo que SS. SS. conocen bien. España siempre se
ha alineado en todos los movimientos de solidaridad con países europeos y
particularmente los del este de Europa, a pesar de que, como SS. SS.

saben, tenemos muy pocos intereses en Albania. Prácticamente, ningún
ciudadano español y los pocos que estaban fueron repatriados
inmediatamente, gracias a la colaboración italiana. Ninguna inversión; no
tenemos representación, porque no tenemos ni siquiera embajada en Tirana.

Por lo tanto, nadie puede sospechar siquiera que la intervención española
tiene algún interés de



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tipo económico o pragmático inmediato; es una acción de solidaridad con
un pueblo que está sumido en una situación grave, de colapso de las
instituciones. No se puede decir que haya una guerra civil en Albania,
simplemente hay una falta de confianza generalizada en las instituciones.

En segundo lugar, y esto quiero subrayarlo particularmente, el Gobierno
español ha tomado esta decisión, que es costosa y conlleva riesgos, en un
gesto de solidaridad con Italia. Porque nosotros hemos apreciado que
nuestro amigo país mediterráneo, Italia, ha sido el que ha sufrido más
las consecuencias de esta crisis; hizo una llamada a la solidaridad
comunitaria y ésta no se cristalizó de manera inmediata. España quiso dar
una respuesta casi instantánea a una necesidad que nosotros veíamos por
parte de los italianos de recibir apoyo para poder crear una fuerza
multinacional que cumpliera ese mandato del Consejo de Seguridad.

Debo decir también que la reacción francesa fue igual de instantánea y
que, con ocasión del 40 Aniversario de la firma del Tratado de Roma, en
Roma, donde se celebró un Consejo extraordinario de Ministros, los
ministros Matutes y De Charette acordaron unánimemente apoyar la
iniciativa del Ministro Dini. Yo quisiera resaltar que éste es un gesto
que hacemos en solidaridad con Italia porque creemos que en este mundo
mediterráneo tenemos mucho en común y que Italia ha sufrido las
consecuencias de este colapso de la autoridad en Albania más que
cualquier otro país.

Y, por dar otro elemento de información político que puede resultar
interesante a esta Cámara, quisiera mencionar la reunión informal de
ministros, al margen de la de ministros del Consejo de Europa el lunes
pasado, que es la última información. Allí el señor Vranitzky, en nombre
del Consejo de Europa, y el señor Petersen, en nombre de la OSCE, dieron
una información acerca de la situación en Albania. Tuvieron un debate con
el Ministro de Asuntos Exteriores de Albania y se hicieron algunos
planteamientos que suponen alguna dificultad para la misión de la fuerza
multinacional, fundamentalmente, respecto a ese gobierno de conciliación
nacional, un deseo de las fuerzas políticas de no continuar su apoyo al
Presidente Berisha, dificultades en la convocatoria de elecciones.

Incluso se habló de una reinterpretación del mandato del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para que la fuerza multinacional de la
llamada Coalition of the willing, coalición de los dispuestos a
colaborar, empezara a hacer otras funciones que no eran estrictamente las
del mandato de Naciones Unidas, es decir, que pudieran entrar a hacer
funciones de policía, funciones de guardar fronteras o incluso de recoger
las armas. Como ustedes saben, ése es uno de los grandes problemas de
Albania en este momento. Hay seguramente más de medio millón de armas y
rifles de asalto que han sido saqueados de los depósitos de armas y que
están en poder de la población. En algunos casos tenemos informaciones
inquietantes de que hay algunas armas que están siendo enviadas de
contrabando a Kosovo y a Macedonia, donde hay importantes minorías
albanesas, lo cual podría incluso llevar a que hubiera focos de violencia
en algunas de esas comunidades.

Yo quisiera decir cuál fue nuestra posición. Yo fui en nombre del
Gobierno español, puesto que el Ministro Abel Matutes se encontraba de
viaje con Sus Majestades los Reyes, y en nombre de la coalición, ya que
tanto el ministro italiano como el ministro francés, que no estaban en
ese momento, me indicaron que yo podía hablar en su nombre. Y la posición
está clara. Los países que están en esta fuerza multinacional desean que
no haya interpretaciones del mandato de Naciones Unidas y, por tanto, el
mandato está claro en el sentido de que esa fuerza multinacional está ahí
para colaborar a que la ayuda humanitaria llegue a sus destinatarios, no
para hacer funciones de policía, no para guardar fronteras, no para hacer
ninguna otra cosa que no esté en el mandato del Consejo de Seguridad.

Creemos que las funciones de policía las tiene que hacer la propia
policía búlgara, y por eso hay programas para asistirla, para poyarla,
para reforzarla, para financiarla y para entrenarla.

En segundo lugar, la fuerza multinacional, esta coalición, no desea
cambiar de interlocutor político; por tanto, deseamos seguir manteniendo
el diálogo con el Gobierno del Presidente Berisha durante el tiempo que
dure. Nosotros comprendemos que el Gobierno del Presidente Berisha puede
no tener la confianza de todas las fuerzas políticas, pero la manera de
resolver ese tema es convocar elecciones.

Por último, reafirmamos nuestra voluntad de que deseamos que se convoquen
elecciones en el plazo previsto, si es posible, entendiendo que hay
alegaciones bien fundadas de que todavía no se dan las condiciones, de
que todavía hay armas por ahí sueltas, de que los censos no están claros,
pero lo mejor es enemigo de lo bueno y si estamos esperando a que las
condiciones en Albania sean totalmente óptimas para llevar a cabo una
elección, esa elección no va a tener lugar Dios sabe hasta cuándo, quizá
hasta el año que viene. Y la verdad es que esta situación de precariedad
no se puede mantener. Es evidente que no hay confianza en el Presidente
Berisha y en este Gobierno de conciliación nacional, y la mejor manera de
dar paso a un gobierno que goce de la confianza de la población es
celebrando unas elecciones que, aunque puede ser que no se den las
condiciones óptimas para ello, sí se dan por lo menos las condiciones
mínimas para que sean unas elecciones aceptables, que se celebren bajo el
control de la OSCE y del Consejo de Europa, y que den salida a una nueva
situación política que cuente con la confianza de la población.

En ese contexto se inscribe nuestra acción allí. El Ministro Serra ya les
habrá dado todos los detalles sobre la situación de nuestras tropas,
sobre sus funciones, sobre las perspectivas. Yo creo en la excelente
labor que están realizando nuestros hombres allí.

Quisiera añadir que por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, a
pesar de no tener embajada en Tirana, hemos destacado ya una persona con
carácter permanente para que esté allí mientras dure esta operación.

Además, nuestro embajador, que es el embajador en Roma, que tiene
acreditación múltiple en Albania, presentó sus credenciales en Tirana
hace unos días; creo que ha sido el lunes de esta semana. Dentro de este
marco, las cosas se suceden con normalidad. Ahora el tema más importante
es saber



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cuándo y cómo se pueden organizar las elecciones y si se pueden hacer
dentro del plazo previsto, porque eso contribuirá a clarificar el único
tema que está todavía abierto, que es cuál va a ser la duración del
mandato de nuestras tropas.

Hay una cosa que está clara, y es que el mandato del Consejo de Seguridad
acaba el 29 de junio, pero a mí personalmente me parece difícil que esa
fecha, al final de ese mandato, todas las tropas de esta fuerza
multinacional puedan hacer los petates y volver a casa. Por tanto,
seguramente habrá una extensión del mandato del Consejo de Seguridad,
pero, como queda un mes y medio hasta entonces, de momento yo no puedo
avanzar más información que la que he dado a SS. SS.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Querría antes que nada pedirle perdón y mil excusas por haber llegado
ligeramente tarde, también a todos los comisionados, pero a veces no
todas las previsiones de tiempo se pueden cumplir. Gracias de nuevo por
su presencia y por sus explicaciones.

Invito a aquellos grupos parlamentarios cuyos portavoces quieran hacer
uso de la palabra a manifestarlo.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Voy a ser breve, solamente por una cuestión de
cortesía hacia el señor Señor Secretario de Estado, dado que él, a través
de la iniciativa del Gobierno, solicitó días atrás esta comparecencia
informativa.

Efectivamente, ayer ha estado el señor Ministro de Defensa ante la
Comisión correspondiente informando de esto, pero, desde el punto de
vista de Coalición Canaria, la prioridad de debate se la damos al
Ministerio de Asuntos Exteriores, porque no contemplamos la aventura de
Albania como una cuestión prioritaria militar, sino como una cuestión de
la política exterior española.

Señor Secretario de Estado, yo quiero únicamente que usted recoja mis
palabras como una reflexión crítica para hacérsela llegar al Gobierno.

Cuando se trata de operaciones de este tipo, que ayer el señor Ministro
de Defensa calificaba de atípicas, y yo no lo digo que lo sean, pero si
lo son, la política exterior del Gobierno debe estar ausente y distante
de políticas atípicas.

Nuestro marco de política exterior y de defensa está dentro de la Unión
Europea, dentro de la soberanía española, por cierto, y si nos salimos
del marco de la Unión Europea no tenemos otro escenario que el de las
Naciones Unidas, o cualquier otro organismo internacional, como puede ser
el que se adoptó después de la intervención de los cascos azules en la ex
Yugoslavia, entrar a través de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte. Pero aventuras de compadreo de solidaridad con Italia o con otros
países... Como usted bien ha dicho, en Albania no tenemos ningún interés;
habría que preguntarse qué nos va allí. Pero empiezo por decirle, señor
Secretario de Estado, que donde están los intereses de relación del
Gobierno en estas operaciones es en ser consecuente con su política
exterior y en respetar la soberanía parlamentaria.

Nos comprometimos en octubre de 1995, adoptamos un acuerdo en la Cámara,
para que, de todas estas operaciones exteriores, el Parlamento, a través
de nuestra Comisión, recibiera información documentada, que es una de las
palabras clave en la resolución que adoptamos por unanimidad todos los
grupos parlamentarios en el año 1995. Aquí no ha entrado un documento,
señor Secretario de Estado, sobre la decisión española de enviar fuerzas
militares a Albania. Y esas fuerzas militares tienen, por supuesto, todo
nuestro aliento y nuestro apoyo mientras estén cumpliendo una orden, pero
no estamos discutiendo en este momento el grado de eficacia y de
cumplimiento, que doy por excelentes, de la fuerza expedicionaria
española; estamos hablando de una cuestión de responsabilidad política
del Gobierno ante esta Comisión como instrumento representativo del
Congreso de los Diputados, para recibir información documentada y
coparticipar en esto.

Lo único que tiene el Gobierno es una autorización del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, con una resolución, la 1.101, para
participar en esto, y participar en unas condiciones que son de una
precariedad jurídica y de correlación internacional total y absoluta.

Porque ni esa operación está organizada por Naciones Unidas, ni está al
amparo de la OTAN, ni de ningún organismo supranacional, como puede ser
la UEO, o dentro del propio seno de la Unión Europea, donde las
discrepancias han sido tan manifiestas, donde son clamorosas las
ausencias de grandes potencias de la Unión Europea, que no han deseado
intervenir en esta situación extraña de Albania, porque ni lo han
solicitado las partes albanesas. Al final, señor Secretario de Estado,
puede parecer que las fuerzas que han ido lo que están haciendo es
afianzar el régimen del Presidente Berisha. La única resultante que se
observa allí a la fecha de hoy, y por las declaraciones de mandos
militares, es que parece que el que consolida su posición en el gobierno
es el Presidente Berisha, porque ni las fuerzas han podido desarmar a la
población que tomó las armas de los arsenales militares, ni están
haciendo funciones de policía, como usted bien ha dicho. Cuando se trata
de garantizar un apoyo logístico en misión de paz y garantizar
suministros, los propios jefes militares, sobre el terreno, dicen que los
mercados albaneses están perfectamente abastecidos de alimentos.

El Ministro de Defensa en su informe dice que las carencias son de
medicamentos. Si ésas son las carencias, tenemos instrumentos a través de
Naciones Unidas, de la OMS, de la Cruz Roja Internacional o de quien sea
para garantizar la llegada de esos medicamentos. Hasta ahora no se ha
hecho ninguna operación sobre el compromiso del Consejo de Seguridad, que
es una misión de paz para prestar ayuda humanitaria a las misiones que se
encuentran en dicho país. Señor Secretario de Estado, quisiéramos que
llegase a esta Comisión información documentada porque supongo que algo
habrá dicho la Cruz Roja. Si va a llevar medicamentos allí, es lógico que
pida protección a las fuerzas militares españolas, italianas, francesas,
griegas, turcas o a las que tengan algún destacamento militar sobre
terreno albanés.




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En esta línea de reflexión, y por el compromiso de apoyo al Gobierno,
pedimos que las ayudas sean transparentes, que sean cómodas, que estén
dentro de la misma lógica con la que usted ha hecho su exposición, señor
Secretario de Estado, y con la que yo participo. Usted tiene la
sensibilidad diplomática de saber que estamos hablando de un tema que no
es militar, sino que puede complicarse con un problema de relaciones
exteriores, y por congruencia queremos estar de acuerdo con esos apoyos.

Como miembro de esta Comisión, primero, desearía recabar el derecho a
recibir información documentada sobre la resolución de este Parlamento de
1995. Segundo, como la Resolución 1.101 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas habla de un plazo de tres meses --y parece que la primera
decisión del Gobierno español es permanecer allí ese tiempo--, que
durante este tiempo nos llegue información a esta Comisión,
fundamentalmente a través de su departamento. Creemos que es el lugar
adecuado desde donde debe partir de manera prioritaria toda la
información y gestión. El Ministerio de Defensa en este momento no puede
tener un protagonismo prevalente, tomando decisiones sobre esta cuestión.

Debe hacerse dentro del contexto de la política exterior española y a
través de la Unión Europea, puesto que Albania está en territorio
europeo. La situación puede degenerar en la descomposición de un Estado,
pero no en otra cosa.

Señor Secretario de Estado, si el Gobierno interpreta que se necesita una
prórroga, debemos tener el oportuno debate y la suficiente información en
esta Comisión o dentro del sistema parlamentario establecido en nuestra
democracia, porque al final esto será bueno para todos. Incluso para
cuando tengamos que opinar sobre los créditos extraordinarios o los
costes de operaciones de este tipo que repercuten en los Presupuestos
Generales del Estado, en los presupuestos del Ministerio de Defensa o de
cualquiera de los organismos españoles que tienen que destacar unidades
al territorio de Albania para realizar esta misión.

Sirva esto, señor Secretario de Estado, como reflexión, dentro de un
deseo de ordenar y clarificar las ideas, con pleno respeto a las
decisiones del Gobierno. Como existen estos acuerdos desde 1995, el
Gobierno tiene que guardar el respeto debido a esta Comisión y al
Congreso de los Diputados sobre un tema tan delicado como es la política
exterior española, y más relacionado con países tremendamente
conflictivos en los que, al final, no sabemos a qué hemos ido allí y en
cuánto tiempo tenemos que prorrogar nuestro mandato. Por ello necesitamos
la correspondiente información para pronunciarnos al respecto.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Después de agradecer la información que nos ha
facilitado el Secretario de Estado, me ahorro buena parte de lo que iba a
decir porque con gran precisión lo ha expuesto el portavoz de Coalición
Canaria. Suscribiría casi en su integridad sus palabras, empezando por
manifestar el más absoluto respeto, en nombre de mi grupo, a los
militares españoles que están actualmente en Albania desempeñando una
tarea nada fácil. Por tanto, vaya por delante esa manifestación pública
de respeto a las personas concretas que están allí desempeñando esa
tarea.

No voy a reiterar lo que con brillantez ha explicado muy claramente como
su posición el portavoz de Coalición Canaria, pero sí quiero destacar el
tema de fondo. Esto no debería ser --y, si lo es, no nos parece que lo
deba ser-- una operación militar en la que el peso estuviera en lo
militar. Es una operación en la que el Ejército es un instrumento. Por
tanto, la relevancia que pueda tener el Ministerio de Defensa es
sencillamente instrumental al servicio de una política exterior española.

Eso es lo que echamos en falta aquí, por lo menos la visión de fondo de a
qué línea, a qué planteamiento global responde, en términos de política
exterior, o simplemente en términos de información a la Cámara.

No prejuzgo si hay un planteamiento de fondo, un análisis a medio y largo
plazo de lo que pueda tener la decisión de enviar tropas a Albania en
términos de política exterior. ¿En qué nos distinguimos de otros países
europeos que no han querido hacerlo? ¿Es simplemente en que somos más
solidarios? ¿Qué elementos de análisis hemos tenido? Señor Secretario de
Estado, lo que nos falta es esa información política que vaya mucho más
allá de si hace esto o lo otro, de si están destinados en tal plaza o en
tal otra, o entran por este puerto o por el otro; una visión en términos
de política exterior transmitida a este Parlamento y, en su caso,
documentada. Analistas españoles, y en este caso extranjeros, con
artículos publicados en periódicos de gran tirada en toda Europa y que me
merecen un grandísimo respeto por su objetividad, han manifestado un
profundo escepticismo por esa operación, entendiendo que el resultado
final de la misma, en el mejor de los casos, será una consolidación del
régimen del señor Berisha, y poco más.

Como bien decía el portavoz de Coalición Canaria, de hecho no hay
problemas de carencia. Había problemas de desorden público, pero esos los
tiene que resolver la policía, en su caso entrenada o con medios, pero no
una fuerza militar, que, como bien ha dicho el Secretario de Estado, no
va a desarrollar tareas de policía. Parece ser que no hay auténticos
problemas de aprovisionamiento en los mercados. Hay problemas de medios
en los hospitales, en sanidad, etcétera. No se acaba de entender. ¿Quizá
hay falta de información? Sería un punto de crítica, porque no se acaba
de entender exactamente cuál es el sentido de esta operación militar.

Cómo se enmarca. Adónde vamos. Qué pasará a partir del 29 de junio.

Porque el propio Secretario de Estado ha dicho, y es evidente, que va a
haber una renovación. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta llegar a qué?
¿Hasta llegar a unas elecciones limpias? Unas elecciones limpias,
convocadas con el señor Berisha en el poder, no parece que vayan a ser
aceptadas por la oposición, si es que se la puede llamar así, porque
tampoco es que esté perfectamente organizada. No querría entrar tanto en
el detalle, pero toda esta información política es la que nos falta. A
ello se añade que los propios medios de comunicación españoles han
perdido el interés por el tema de Albania. Con



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lo cual, en la medida en que pudiéramos sacar de ahí un poco más de luz,
el tema de Albania, como tantos otros temas de política exterior, tiene
puntos de fugacidad luminosa y puntos de profunda oscuridad. En este
momento hemos vuelto a la oscuridad en la medida en que no hay alguna
anécdota que se refiera a las tropas españolas destinadas allí. Ha pasado
a ser, al menos durante una temporada, un tema irrelevante en las páginas
de política internacional de nuestra prensa. Por tanto, si ni el Gobierno
informa, ni la prensa informa, difícilmente tenemos elementos de juicio.

Suscribo buena parte, por no decir todos los comentarios que ha hecho el
portavoz de Coalición Canaria. Cuanto menos ciño mi crítica a la falta de
información, si no es cuanto más, que creo que más, y quisiera hacer una
pregunta muy concreta en relación a algo que ha comentado de pasada el
señor Secretario de Estado, que es, también en términos de análisis y de
prospectiva de política exterior, cómo percibe la influencia que puede
tener toda esta situación en Macedonia y en la minoría albanesa, en
Kosovo y en el resto de Macedonia. Ha comentado muy de pasada el hecho de
que se tiene detectado un notable contrabando de armas. ¿Qué perspectivas
de riesgo futuro se prevén en ese contexto?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: No sé si el Secretario de Estado se encuentra
sorprendido por el clima y por algunos de los argumentos que está
teniendo que escuchar en esta Comisión. A nosotros nos gustaría centrar
un poco más el tema, porque muchas de las cosas que se han dicho hasta
ahora aquí las compartimos plenamente; otras no, pero bastantes de ellas
sí.

Lo primero que quisiéramos hacer es dejar claro que para nosotros no
existe la menor duda sobre la legitimidad del Gobierno para tomar este
tipo de decisiones. En segundo lugar, que tomada la decisión por el
Gobierno de que España participe en una fuerza multinacional en Albania,
nosotros la respetamos y respaldamos. En tercer lugar, que entendemos que
el Gobierno tendrá sus razones, pero nos gustaría conocerlas en el
momento en que se toma la decisión. No basta con que esa decisión se
comporta con los dirigentes de los grupos políticos la víspera de su toma
por el Consejo de Ministros, como pienso que se habrá hecho. Tenemos una
resolución de la Cámara, de octubre de 1995, que establece un
procedimiento, que no está destinado tanto a controlar los actos de
Gobierno, que no supone un menoscabo de su legitimidad para tomar este
tipo de decisiones, sino que, por el contrario, y se ha venido
demostrando en la práctica de legislaturas anteriores, fortalece las
decisiones que toma el Gobierno en estas materias y permite la
conformación de un consenso parlamentario que hasta ahora ha funcionado
al cien por cien. Ha podido haber discrepancias en aspectos no
sustanciales de las decisiones, pero no las ha habido en el fondo, como
entiendo que tampoco las hay excesivamente de fondo en esta cuestión. Las
hay, sobre todo, en cuanto al desconocimiento --y eso es lo que se
refleja en las intervenciones que ha habido hasta ahora-- sobre algunos
de los aspectos de la decisión adoptada y, sobre todo, a la
desinformación a que, consciente o inconscientemente, nos ha sometido el
Gobierno en esta decisión. Se ha tendido más a una operación mediática
que a una operación de carácter y contenido político --según sus
palabras--, con un componente militar. Se ha mandado una misión a la que
ha ido un periodista por cada diez soldados. Pero es ahora cuando
nosotros vamos a conocer el tema. Creo que eso subyace aquí y debiera
hacer reflexionar al Gobierno.

Habla usted de que la motivación principal de nuestra toma de decisión
era la solidaridad con Italia. También solidaridad con Grecia y, muy
especialmente, con el pueblo albanés. Esas son razones que podemos
entender nosotros. Pero lo que no podemos es hacer un discurso que
contradice el que estamos intentando realizar en el ámbito de la Unión
Europea, porque --y usted ha sido uno de los protagonistas de ellos--
llevamos unos cuantos años procurando que la Unión Europea haga suyo el
interés por el Mediterráneo y sentando el principio de que el
Mediterráneo no es un problema de España, de Italia o de Francia, sino
que es una dimensión de la política exterior de la Unión Europea en su
conjunto, como lo es también la política hacia los países del Este, hacia
los países bálticos o hacia América Central.

Entiendo que esa interpretación que usted nos acaba de hacer --que la
realizó también el Vicepresidente del Gobierno en el Pleno del día 16--
es una regresión en una línea en la que llevamos avanzado mucho y
habíamos convencido a bastante gente. Lo que están expresando sus
palabras es el fracaso de esa proyección de lo mediterráneo, de la
importancia de lo mediterráneo como valor colectivo y como proyección
colectiva cuando el tema se lleva al Consejo de Europa, donde, si no
mienten las agencias de noticias, en concreto la Agencia Europa, hay tres
países que comprometen públicamente en aquel acto su disposición a
contribuir con fuerzas, que son Francia, Italia y Grecia; y hay otros
países que dicen que no están de acuerdo en que la Unión Europea se
implique en tal operación, que están conformes en contribuir con ayuda
humanitaria, etcétera, pero que no están dispuestos a colaborar ni con
hombres ni con financiación para una operación de componente militar.

Eso nos tiene que hacer reflexionar también sobre la Europa que estamos
construyendo. Probablemente no es éste el momento de debatirlo, pero no
lo podemos obviar, y la verdad es que eso se ha hecho hasta ahora.

Incluso en el acuerdo que adopta el Consejo de Ministros en España se
invocan las decisiones del Consejo de Europa, pero se oculta que no ha
habido posibilidad de ponerse de acuerdo en el mismo y que ha habido
países muy influyentes, países que lideran la vocación de una Europa
unida y con una política exterior y de seguridad y defensa europea que se
han negado, sencillamente, a que la Unión Europea como tal conforme una
fuerza multinacional.

Nos preguntamos por qué no se ha intentado hacer esto en la Unión Europea
Occidental, porque a lo mejor en ese escenario hubiera habido menos
problemas con algunos



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países que están en la Unión Europea, pero no están en la UEO como
miembros de pleno derecho. Quizá en ese escenario se hubieran puesto más
en evidencia las contradicciones de algunos países, estoy pensando
concretamente en el caso de Alemania. Ese es un problema que se ha
obviado por parte del Gobierno. Se ha intentado presentar esto como una
parte de un esfuerzo europeo comunitario en el que se materializaba la
solidaridad de los mediterráneos. No es así. El Gobierno español ha
decidido jugar en ese ámbito, en ese discurso. Nosotros lo respaldamos y
lo respetamos plenamente, nos parece bien, pero no ha habido --y hay que
decirlo-- una solidaridad comunitaria para esta misión, para esta
operación.

Algunos otros portavoces se han referido a la resolución del Congreso.

Repito lo que dije ayer al Ministro de Defensa. Nosotros entendemos que
esa resolución es un marco adecuado para las relaciones entre el Gobierno
y el Parlamento en todo lo que se refiere a las operaciones de paz. Si el
Gobierno lo considera así, operemos en el marco de esa resolución,
perfeccionémosla, si hay que corregirla; si no, dígasenos y presentaremos
una proposición no de ley para establecer un marco que delimite esas
resoluciones.

Nuestro grupo también se empieza a plantear algunas dudas sobre lo que
hace año y medio acordamos en esta Comisión; y si no, debíamos
desarrollarlo. Por ejemplo, ¿es lógico que se apruebe por el Pleno de la
Cámara un crédito de 1.300 millones para una reunión internacional, en el
próximo mes de julio, y no tenga nada que decir el Congreso de los
Diputados sobre los 500 millones de pesetas que van a financiar esta
operación o los 20.000 millones de pesetas que están financiando la SFOR?
Probablemente los grupos parlamentarios tendríamos que plantearnos alguna
cuestión al respecto.

Señor Secretario de Estado, ésta ha sido la tercera misión sobre la que
ha decidido el Gobierno. Ha habido una, que fue el paso de IFOR a SFOR,
una continuidad prácticamente sin cambio sustancial de mandato; no hemos
recibido ninguna información. Ha habido una misión nonata, la de Zaire,
que era un tema que en la reunión hispano-francesa --creo recordar que de
Marsella, si no estoy equivocado-- no estaba en la agenda y que aparece
en el comunicado final, es decir, los franceses, aparentemente, lo
suscitan sobre la marcha y España se incorpora a esa iniciativa francesa;
aquello no llega a sustanciarse, no llega a materializarse y tampoco
recibimos información en su momento. Y tenemos esta operación, que no se
ha dicho que fuera especialmente delicada, sino que es una operación del
Capítulo VII, que implica autorización para el uso de las fuerzas más
allá de la legítima defensa. Esto tiene una dimensión en la que yo creo
que el Gobierno, aunque sólo fuera por sentido de la responsabilidad,
debiera intentar ir acompañado --porque va a estarlo, no le va a faltar
la compañía-- y traer esa decisión al Congreso antes de que el
contingente español salga para su destino. Eso no menoscaba la autoridad
y la legitimidad del Gobierno; por el contrario, la fortalece.

No se ha dicho tampoco que uno de los requisitos que nosotros en esta
Comisión consideramos fundamental en las operaciones de paz, porque
incrementa la seguridad de nuestras fuerzas, es el consentimiento de las
partes, y el propio Ministro de Defensa ha dicho que lo que hay en
Albania es una situación de caos, y no hay un claro consentimiento de las
parte porque éstas son confusas.

Otro requisito esencial para nosotros, también por la propia seguridad de
nuestra fuerza, era la imparcialidad. El propio país que dirige la
fuerza, en contra de lo que suele ser práctica habitual en estos casos,
porque no se suele poner a la cabeza, ni participando siquiera --un país
que está implicado, que tiene un pasado en la zona-- por boca de altos
dignatarios de su Gobierno ha cuestionado el principio de imparcialidad
al pedir públicamente la salida del Presidente Berisha, cosa que podemos
compartir, pero que probablemente no contribuye a mantener esa imagen de
la imparcialidad de la fuerza.

Nos gustaría que no se mezclase el papel de esta fuerza multinacional con
otras cuestiones como el proceso electoral, etcétera, porque nada tiene
que ver, eso tiene otras dimensiones. Hemos asistido a una situación en
la que, navegando nuestras fuerzas camino de su destino, en el Parlamento
italiano se vivía una dramática decisión, donde por momentos parecía que
el Gobierno iba a perder la votación. ¿Qué hubiera ocurrido si esa
votación la pierde el Gobierno? ¿Hubiera ordenado el Gobierno español dar
la vuelta a los barcos? Habría sido preferible que esa decisión la
hubiera compartido con el Congreso, habríamos estado todos implicados en
ello y no le hubiera faltado --insisto-- el respaldo de esta Comisión,
como no ha faltado el respaldo para este tipo de decisiones en el pasado.

Finalmente, lo ha enunciado usted y la posición de nuestro grupo es muy
clara en este sentido, esa fuerza multinacional española, o esa misión
que está ahí ahora, no puede en absoluto ver extendido o modificado su
mandato a ejercer misiones de policía, ni mucho menos a desarmar a la
población que está en posesión de armas. Sería un cambio excesivamente
importante en el mandato de la misión. Probablemente ése pueda ser un
objetivo a realizar por la comunidad internacional, pero no es ni puede
ser el de la fuerza que está hoy desplegada en Albania. Nosotros lo
entendemos así y me satisface ver que también lo entiende así el
Gobierno. Por tanto, señor Secretario de Estado, cuenta usted, cuenta el
Gobierno, con el respaldo del Grupo Socialista, con el respeto a la
decisión del Gobierno. Esperamos tener una información para la época en
que se tenga que plantear la eventual prórroga de la decisión y esperamos
también poder desarrollar estos temas en el ámbito de la resolución que
aprobó el Congreso de los Diputados en octubre de 1995.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Quiero expresar el apoyo del Grupo Popular, no
solamente a la decisión del Gobierno, sino a la manera en la que ha
puesto en marcha esta misión de tropas españolas en el marco de una
fuerza internacional de protección en Albania, a los objetivos y a las
razones políticas, de política exterior, de seguridad nacional,



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que justifican la participación solidaria de España, junto con otros
países europeos, en Albania.

Permítanme --no suelo hacerlo porque normalmente es otro el que lo dice
primero-- que diga que, a diferencia de alguno de los ilustres
participantes en este debate, yo sí he estado en Albania, yo sí he estado
con las tropas españolas, yo sí he visto lo que hay y lo que no hay en
los mercados y yo sí he visto de qué estamos hablando, y yo me he leído y
releído no solamente la resolución 1.101 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, sino también el informe sobre la participación de España
y el papel del Parlamento en los mecanismos que producen la participación
de España en misiones de paz, y creo que hay una cierta confusión en este
debate.

En ningún momento, desde mi punto de vista, siempre modesto, este
Gobierno ha hecho nada distinto de lo que otros gobiernos anteriores, con
estos mismos documentos en la mano y con resoluciones parecidas, han
realizado, y se han cumplido todas las condiciones establecidas en su día
por este Parlamento, por la Comisión de Asuntos Exteriores, en la
anterior legislatura, en lo que se refiere a la información, al debate o
al control del Gobierno cuando éste estima que es necesaria la
participación de nuestro país en una operación de paz. Por tanto,
permítanme que señale a los ilustres portavoces que me han precedido que
no se puede hablar en este caso de desinformación, de oscurantismo, de
falta de razones y falta de explicaciones, como muy bien sabe el señor
Estrella en este caso.

Naturalmente, esta Comisión y el Parlamento desean recibir --estamos
todavía en plazo para ello-- la información que algunos portavoces han
reclamado. Eso es perfectamente razonable y yo estoy seguro de que
existirá un magnífico informe con todos los apéndices posibles, como ha
existido en casos anteriores. Por supuesto, toda decisión de prorrogar el
mandato será comunicada en forma y tiempo, y esta Comisión recibirá
periódicamente los informes del Gobierno sobre el estado de la situación,
valoración, perspectivas, etcétera, de la misión. Pero creo importante
decir que el Gobierno no solamente ha explicado el sentido del mandato de
Naciones Unidas o las razones de la presencia de esos 325 hombre y
mujeres que forman parte de la Agrupación Serranía de Ronda y que están
en la zona de Lezhë, en la costa norte de Albania, sino que también ha
dicho las razones de política exterior, que son perfectamente justas.

En esta Comisión nos hemos hartado de decir --y yo he escuchado
larguísimas peroratas de otros Diputados, algunos de los cuales no están
hoy aquí, otros sí-- la importancia que tiene que los países europeos,
los países mediterráneos, se adelanten a las crisis mediante acciones
decididas de prevención, capaces de garantizar que determinadas
situaciones no degeneren en crisis aún mayores que puedan afectar de
forma dramática a otros países de la zona, cuando además especialmente
estamos hablando de una región, la región mediterránea, que ya tiene
suficientes problemas como para dejar que se creen, por la inacción, la
pereza o la indecisión de nuestros gobiernos, crisis aún mayores. Ese es
el sentido de la presencia en Albania de tropas de países mediterráneos.

Tengo que decir que no se puede hablar de confusión o de fracaso de la
Unión Europea cuando son las naciones mediterráneas, en este caso
lideradas por Italia, las que asumen con sus propias manos y con sus
propias tropas la responsabilidad de garantizar que se puede llegar a una
solución estable y duradera a la crisis albanesa. Me parecería
perfectamente lógico que, si no lo hubiéramos hecho, alguna de SS. SS. se
escandalizara y hubiera requerido al Gobierno que hiciera frente a sus
responsabilidades por un deber grave de omisión cuando, pudiendo haberse
intervenido a tiempo, no se hizo. Eso es lo que se ha hecho en Albania.

En Albania se ha intervenido a tiempo, se ha evitado que una crisis muy
grave degenerase en una situación incontrolable, no solamente para los
países que, como Italia y Grecia, pero especialmente Italia, se enfrentan
a las consecuencias directas de la crisis albanesa, sino también para los
demás países del Mediterráneo, para los otros países balcánicos de la
zona y, desde luego, para toda la Unión Europea.

Debo decir que no solamente tengo un sentimiento de orgullo por lo que
están haciendo allí nuestras tropas que en una situación difícil han
conseguido poner en marcha su misión con enorme esfuerzo y sacrificio,
sino que me alegro de que el Gobierno español sea capaz, con otros
Gobiernos y otras fuerzas armadas de otros países, de impedir que en
Albania se pueda llegar a una situación muy peligrosa y que de esta
manera podamos defender mucho mejor nuestros verdaderos intereses
nacionales, que son que el Mediterráneo sea una zona de seguridad y no
una zona de conflicto. Si a SS. SS. esto les parece poco, tengo que decir
que no sólo en el Congreso de los Diputados de España, sino también en el
Parlamento Europeo, en el seno de la OSCE, del Consejo de Europa y de
cuantas instituciones están llamadas a intervenir para solucionar
problemas de esta naturaleza, se ha debatido y se ha señalado cuál es la
situación política concreta a la que nos enfrentamos.

Me parece bastante razonable recordar que estamos en Albania para apoyar
la solución política que permita que sean los albaneses los que puedan
solucionar sus problemas; los enormes problemas de seguridad que ahora
tienen por el asalto a los cuarteles. La presencia de comités locales
armados, bandas criminales armadas, etcétera, ha producido una situación
en la que, por primera vez, existe en Albania un Gobierno de concordia
nacional en el que el Presidente Berisha, del Partido Democrático, y el
primer Ministro Fino, del Partido Socialista, han puesto unas bases
mínimas para llegar a una salida electoral. Salida electoral, por cierto,
que debe tener todas las garantías y, comentando algunas de las cosas que
se han dicho, debe basarse en la restauración de las autoridades locales
que fueron democráticamente elegidas en octubre del año pasado en unas
elecciones que nadie contestó, ni siquiera la oposición. Eso es un buen
precedente.

Tendemos a dejarnos oscurecer las ideas por determinadas opiniones a
veces muy bien intencionadas, otras menos, que pretenden hacernos decir
que en Albania no ha existido un sistema democrático capaz de producir
resultados electorales válidos. Por lo que se refiere a las últimas



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elecciones locales, sí lo hubo, fueron debidamente observadas,
monitorizadas --como se suele decir en la jerga internacional-- por todas
las organizaciones europeas competentes y ese resultado electoral fue
debidamente aceptado por todo el mundo.

Esa tiene que ser la base política en la que nos tenemos que mover.

Debemos enviar un mensaje muy claro a las autoridades albanesas, tanto
del Partido Democrático como del Partido Socialista, de que los países
mediterráneos europeos allí comprometidos desean que sean los propios
albaneses los que, con unas mínimas bases de consenso y acuerdo político,
lleven a una salida a esta grave crisis, y tenemos que desarrollar el
compromiso que hemos iniciado con la presencia de nuestras tropas, para
que los albaneses puedan salir de forma razonable de la crisis en la que
ellos se metieron. A ningún país europeo, en ningún caso a España, le
interesaba ni le interesa que la crisis albanesa degenere en algo peor.

Esta comparecencia no sólo es especialmente útil, sino especialmente
necesaria. Le agradezco al Secretario de Estado su trabajo y su tarea en
este sentido. Podemos estar satisfechos por la manera en que se ha puesto
en marcha y se ha aplicado esta decisión política del Gobierno en uso de
sus responsabilidades y competencias y por la forma en la que, tanto
nuestros diplomáticos como nuestros militares, han aplicado muchos
conocimientos de las últimas experiencias y operaciones de paz en las que
ha intervenido España.

Estuve allí y puedo permitirme la osadía de decir que si ese país
consigue salir --como espero-- de la crisis en la que está será porque
hubo una acción temprana y decidida de las naciones mediterráneas
europeas que hoy están allí. Ese es un motivo también para sentirse
orgulloso.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): He tomado buena nota de las observaciones
hechas por los diputados, señores Mardones, Guardans y Estrella, respecto
a la información que este Parlamento merece.

Quisiera recordar que la resolución del Consejo de Seguridad autorizando
una fuerza multinacional se tomó en la madrugada del Viernes Santo, que
creo era el 28 de marzo. El lunes día 31 o el martes primero de abril, yo
mismo, en representación del Ministro de Asuntos Exteriores que en aquel
momento se encontraba en una unidad de vigilancia intensiva, me dirigí al
Presidente de esta Comisión para solicitar una comparecencia inmediata
con el fin de informar a los señores diputados. Todos sabemos que
diferentes razones de calendario lo han impedido cuando incluso estaba ya
programada en dos ocasiones y ha tenido que retrasarse. Soy el primero en
lamentarlo porque participo de lo que dice el señor Estrella: este
intercambio de información con los grupos conforta al Gobierno en una
acción en la que sabe que al inscribirse en una línea claramente aceptada
por todas las fuerzas políticas españolas, no puede obtener más que
apoyo.

En esta operación las premisas son claras, hay una luz verde del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas; no se ha mencionado, pero hay dos
instituciones en las cuales España participa plenamente que han estado
implicadas desde el primer día. No debemos dejarnos obsesionar porque
todo se haga en la Unión Europea, porque nosotros somos miembros muy
activos --y miro a mi izquierda-- de la OSCE, de la Organización de
Seguridad y Cooperación Europea, y somos miembros del Consejo de Europa.

Todos sabemos que el Consejo de Europa destacó al ex canciller Vranitzky
para ocuparse de la crisis albanesa desde el primer momento y el actual
Presidente de la OSCE, señor Petersen, estuvo implicado desde el
principio junto con el Presidente del Consejo. Las primeras reuniones
antes de que se decidiera la fuerza multinacional tuvieron lugar sobre el
terreno --sobre un barco, si mi memoría no es mala, en el puerto Durres--
e incluyeron al Presidente Van Mierlo, de la presidencia holandesa, al ex
canciller Vranitzky y al señor Petersen, en un intento de poner
conjuntamente los esfuerzos de todas las instituciones que tienen como
misión velar por la seguridad de nuestro entorno europeo a todos los
niveles, para evitar una caída hacia una situación incontrolable.

Este tema fue suscitado también en la OTAN, pero no tuvo un eco digno de
ser mencionado puesto que no pareció que la Alianza Atlántica podía en
ese momento hacer ningún tipo de intervención. Es un asunto que fue
tratado en el marco de la UEO --y en esto respondo al Diputado
Estrella--, y debo decir que la primera misión de evaluación se hizo en
el marco de la UEO, en el contingente Eurofor-Euromarfor. Fue
precisamente a ese contingente, en el cual están incluidos los países
mediterráneos, al que se le encargó la primera evaluación sobre cuáles
eran las posibilidades de una participación militar en un esfuerzo de
pacificación o tranquilización.

La entrada de una figura importante en este Gobierno, del socialista
señor Fino, ha dado credibilidad al Gobierno de conciliación nacional
porque todos sabemos que el señor Berisha no goza de la simpatía de la
población albanesa, ya que ha concitado el cristalizar toda la
frustración de la población que ha sufrido la crisis del famoso sistema
de las pirámides que ha arruinado a una gran parte de la población
albanesa. Es evidente que el señor Berisha, al ser un Presidente
constituido, era la única persona que podía dar un elemento de
continuidad a un Gobierno en el cual quien ha llevado la voz cantante y
quien ha estado allí con los ministros europeos ha sido el señor Fino,
que tiene una legitimidad que nadie discute y cuyo partido está bastante
bien aceptado dentro de amplios sectores de la población albanesa. Yo
debo decir que el señor Fino y el Ministro de Asuntos Exteriores se
desplazaron a Roma a hacer una llamada al Consejo de Ministros de la
Unión Europea, no al Consejo Europeo porque ahora ha entrado en ello. Es
más, ellos pedían una intervención militar pura y dura que a nadie le
pareció sensato.

Nosotros descubrimos allí algo decepcionante --y en eso no puedo más que
estar de acuerdo con Rafael Estrella-- y es que la Unión Europea, como
tal, no tuvo una reacción de solidaridad unánime y nos vimos confrontados



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con una situación difícil. Por un lado, estaban países, que no voy a
nombrar, que uno podría haber supuesto que tendrían que haberse sumado
inmediatamente con un gesto de solidaridad. Aunque no hubiesen enviado
tropas, que por lo menos hubieran dicho que les parecían bien. No
obstante, mostraron una gran reticencia. Mientras tanto, otros países que
no están en la Unión Europea, preocupados por la situación, como Turquía,
Hungría y Rumanía, inmediatamente dijeron que estaban dispuestos a
participar. Si no he nombrado la solidaridad con Grecia ha sido por una
omisión culpable que estoy dispuesto a redimir inmediatamente porque
Grecia, como Italia, ha sufrido de una manera inmediata la crisis
albanesa. Por otro lado, tenemos dos países nuestros, mediterráneos, que
piden ayuda para ver de qué manera se puede parar esa cuesta abajo hacia
el colapso total de la sociedad albanesa, y no hay una respuesta unánime
del Consejo. Hay algunos países, como Austria --no quiero olvidarlo--,
que dice que sí participa; Francia, Italia, Grecia, y el resto empieza a
contemplar el tema con indiferencia. En aquel momento empezamos a
recordar lo que pasó recientemente en Bosnia-Herzegovina cuando dejamos
que la situación se fuera de las manos con las consecuencias que todos
conocemos y, al final, todos hemos tenido que intervenir con unos costos
inmensamente superiores y con unas consecuencias que todavía estamos
sufriendo.

Este era el momento de dar un paso adelante, y el Gobierno lo hizo en la
confianza de que cumplía con un deber de solidaridad con un pueblo
europeo que, aunque no tengamos con él un interés económico o material
inmediato, sí tenemos un interés humano, porque España tiene un
compromiso con la democracia, con el pluralismo, con el respeto al Estado
de Derecho y con el bienestar de los pueblos, sobre todo, con los pueblos
de nuestro entorno más cercano, porque no nos olvidemos, Albania es un
país mediterráneo.

Nosotros no podemos predicar nuestro carácter mediterráneo y volver la
espalda a un país mediterráneo como han hecho otros países de la Unión
Europea. Si ellos vuelven la espalda porque no les interesa el
Mediterráneo, no quiere decir que no sea el momento para España de dar
testimonio, y más que nunca en este momento. Por eso lo dimos
conjuntamente con nuestros socios mediterráneos: con Francia, Italia,
Grecia y con otros países que inmediatamente percibieron la peligrosidad
de la situación y dieron un paso adelante. Ese paso adelante era
inconcreto. Nadie dentro de la Coalition of de willing sabía qué es lo
que quería hacer. Sabía lo que no quería hacer. Sabía que no debía ser
una fuerza de intervención de policía, del tipo de IFOR o SFOR, como la
que había intervenido en Bosnia, sino que lo que el Gobierno de
reconciliación nacional pedía a voces era un gesto, un paso, que hubiera
una presencia extranjera, que hubiera una señal visible de que los países
europeos estaban implicándose en la operación, aunque sólo fuera con la
presencia física de las tropas allí, sin hacer nada. Eso era suficiente
para pacificar los ánimos en un país donde había habido un colapso de
autoridad y donde las cosas estaban empezando a salirse de su órbita.

Debo decir que ese objetivo se cubrió con la resolución de Naciones
Unidas, en la cual se dijo claramente que la presencia multinacional era
únicamente para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria. Luego
dicen que las necesidades de ayuda humanitaria no son tan grandes como se
pensaban en aquel momento. Entonces nadie sabía lo que había en aquel
país. No había información y todo hacía pensar que estaban ante una
gravísima precariedad de alimentos. Pensamos: sólo falta que a todo lo
que hay se añada una secuela de miseria y de hambre, por lo que hay que
estar preparados para que los alimentos lleguen y para que no haya un
asalto a las ONG o a la Cruz Roja en busca de alimentos, precisamente en
un sitio donde todos sabíamos que habían saqueado los arsenales
militares. Ese era el motivo de la presencia de las tropas: garantizar
que una operación para evitar el desastre no permitiera una degeneración
de la situación hasta el punto de lo que no había pasado todavía pasara,
que es la total confrontación civil, el total desorden, enfrentamientos y
muertes, porque muertes en Albania no se han producido más que de manera
accidental por gentes que han manipulado armas de fuego de manera
irresponsable, pero no ha habido facciones que se hayan enfrentado. En
este sentido, la rapidez era absolutamente imperativa y actuamos con
rapidez.

El señor Estrella nos ha recordado que, en un momento dado, hubo un
debate en el Gobierno italiano. Nosotros lamentamos que este tema de
Albania, que era de interés nacional para Italia, fuera utilizado por los
adversarios del Presidente Prodi para poner en un aprieto al Gobierno.

Nosotros supimos desde el primer momento --y así nos lo hizo saber el
Presidente Prodi-- que estaba en condiciones de poder remontar ese
problema parlamentario, como, en efecto, sucedió. En cualquier caso, si
Italia se hubiera retirado de esta Coalition of the willing hubiéramos
tenido que ponernos otra vez sobre la mesa y ver qué era lo que íbamos a
hacer. Esa coalición hubiera seguido adelante, porque no solamente era
Italia, sino que es todo, en conexión como dije, con la OSCE, con el
Consejo de Europa y con la misma Unión Europea.

Después de lo que ha pasado nos debemos felicitar del resultado porque la
situación de Albania no ha degenerado, no ha caído en una crisis
irremediable. La situación está lejos de ser ideal, pero está
estabilizada. Todo parece indicar que el Gobierno va dialogando con los
comités locales y trata de poner las condiciones para hacer las
elecciones y, si todo va bien, las elecciones se celebrarán, como están
previstas. Una vez que se haya cumplido ese trámite, la presencia de las
fuerzas no tiene sentido.

Entretanto, como ustedes saben, el Consejo de Asuntos Generales de la
Unión Europea decidió dar seguimiento a la idea italiana de convocar una
conferencia para la reconstrucción y rehabilitación económica de Albania,
conferencia que se va a convocar en las próximas semanas, de tal manera
que se puedan concitar todas las ayudas internacionales, la labor de los
organismos internacionales de créditos, de bancos, de agencias, de
organizaciones no gubernamentales, para empezar a reconstruir la economía
del país, que es verdaderamente el más grave problema al que se enfrenta
Albania. Esto se ha producido con urgencia y



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ante la dificultad de una situación tan absolutamente voluble, como es un
principio de algo que puede degenerar en una guerra civil y que podía
haber tenido incalculables consecuencias en la zona.

El Diputado Guardans preguntaba con inquietud, que yo comparto, qué pasa
en Macedonia, donde hay un 36 por ciento de población albanesa, y qué
pasa en Kosovo, donde hay un 98 por ciento de población albanesa. De
momento no pasa nada, la zona está tranquila, pero hay un germen de
problema: hubo pirámides también en Kosovo y en Albania, porque la
influencia albanesa traspasó las fronteras y, por tanto, hay gente
descontenta. Una situación de caos progresivo hubiera afectado a
Macedonia, a Albania y a Yugoslavia, que es Kosovo, porque aunque tenga
un 98 por ciento de población albanesa pertenece a la Yugoslavia actual,
con consecuencias quizás incalculables para otra región que está siempre
caliente y que sigue caliente, que es Bosnia, que también es fronteriza a
través de Montenegro.

España ha actuado aquí con un claro objetivo de política exterior, de
solidaridad de los países europeos mediterráneos con Albania, país que,
aunque está muy lejos de nosotros, está muy cerca de nuestro corazón,
puesto que no le deseamos las desgracias que han vivido las ex repúblicas
yugoslavas. Yo creo que la operación se ha hecho dentro de los límites
más razonables. Se ha enviado un contingente que es lo mínimo, una unidad
táctica, con un mandato claro de Naciones Unidas, con un período
determinado, que es corto. Hasta ahora nos debemos felicitar por el
resultado de esta operación. Naturalmente que tenemos que estar muy
atentos a estos desarrollos. Naturalmente que tenemos que saber cómo
vamos a salir, porque es más fácil entrar en estas situaciones que salir
de ellas. Para eso me comprometo aquí a dar una información puntual al
Parlamento y recojo las sugerencias de Luis Mardones, de Ignacio
Guardans, de Rafael Estrella, incluso de José María Robles, de que el
Ministerio de Asuntos Exteriores prepare la documentación con todos los
detalles de la operación y que, además, se siga informando porque, a
medida que lleguemos al plazo, van a ser muy importantes las decisiones
que vayamos a tomar en cuanto a nuestra permanencia allí y por cuánto
tiempo. Simplemente quisiera volver a reiterar a los diputados aquí
presentes mi total disponibilidad personal, y, desde luego, la del
Ministro y la del Ministerio de Asuntos Exteriores, para facilitar toda
la información que sea necesaria, precisamente por lo que he dicho al
principio, porque ese conocimiento del Parlamento conforta al Ejecutivo
en estas decisiones que a veces hay que tomar con rapidez y que no
siempre son fáciles, aunque no me cabe la menor duda --y creo que no le
debe caber tampoco a nadie-- de lo acertado de la decisión tomada y de
que está dando unos resultados satisfactorios.




El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra. Con brevedad,
por favor.




El señor GUARDANS I CAMBO: Voy a hacerlo con brevedad, señor Presidente.

Por algunas alusiones y, sobre todo, por el tono que puede haber tenido
la interpretación que se le ha dado a mi intervención anterior, querría
hacer alguna puntualización brevemente porque de las palabras del
Secretario de Estado e incluso de las del portavoz del Grupo Popular, que
han tenido un cierto tono de reprimenda, puede haber parecido que
discrepamos del fondo de la operación, como si no tuviéramos la
suficiente visión de las virtudes que podría tener.

No he pretendido, en nombre de mi grupo, manifestar una discrepancia
sobre la oportunidad de esta operación. Reitero nuestro apoyo al Gobierno
por el hecho de que tomara en su momento esa decisión, que había que
tomar y está en su poder tomarla, porque es el Ejecutivo el que la tiene
que tomar y no se puede andar con consultas previas que, por lo demás, no
están previstas cuando, además, la urgencia lo requería. Compartimos ese
análisis que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, y que ha
desarrollado después el Secretario de Estado, respecto de lo que podía
haber ocurrido y las virtudes que, en opinión del Secretario de Estado
--no voy a entrar en el debate del análisis, porque no tendría ninguna
lógica--, puede haber tenido la operación.

No querría que se interpretara nuestra intervención como que criticamos
el hecho mismo de que se haya tomado esta decisión. Mi intervención iba
más por la forma. En este aspecto, reitero lo dicho por los riesgos de
futuro, riesgos que puede que haya que asumir. Porque si hay que asumir
riesgos, queremos que se nos explique por qué se asumen y, a partir de
ahí, los asumiremos. Cualquier decisión en política exterior y en
política interior tiene riesgos. No pretendemos que se tomen sólo
decisiones de política exterior sin riesgos, pero no hay que ocultarlos.

Aquí los hay, el Secretario de Estado los ha puesto sobre la mesa, y a
nosotros no se nos ocultan; hay riesgos no militares, sino de política
exterior de peso, de relaciones incluso con nuestros socios de la Unión
Europea. Hay una serie de riesgos de conjunto y lo que querríamos es que
se hiciera partícipe a esta Cámara de ese análisis que ha llevado a esta
decisión, que se nos haga --si me permite la expresión-- más cómplices de
esa decisión, teniendo más información en su momento, no a priori, puesto
que no era posible, pero inmediatamente a posteriori. Quizás deberíamos
haber tenido antes este diálogo que hemos tenido hoy. Yo no tenía ese
dato puntual que ha comentado el Secretario de Estado relativo a que
pidió comparecer en la Comisión inmediatamente después de la decisión del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Efectivamente, hay un juego de
agendas y la Mesa tendrá sus razones para que esta comparecencia se haya
dilatado de esta manera. Eso tiñe, en cierta medida, algunos de los
comentarios que yo pueda hacer.

Sintetizando --y perdón, señor Presidente, pero me parecía importante
dejar esto claro--, no hay un reparo sobre el fondo de la operación, no
discrepamos del análisis de la oportunidad pero nos parece que en
términos políticos esto exige una explicación, buena parte de la cual se
ha dado esta tarde, y una documentación que esperamos de la Secretaría de
Estado.




El señor PRESIDENTE: El señor Estrella tiene la palabra.




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El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, se ha entendido
perfectamente nuestra posición. El Secretario de Estado la ha respondido
a plena satisfacción para nosotros y sólo quiero hacer una rectificación.

Ha dicho que, en el caso de Italia, los adversarios del Gobierno
intentaron ponerle en aprietos. Esa es la función de los adversarios de
los gobiernos: poner a los gobiernos en aprietos. Es mucho peor, duele
mucho más y puede ser mucho más dañino cuando eso lo hacen los coaligados
o los que te respaldan. Esto ha sido lo que ha ocurrido en el caso de
Italia. Esa era mi rectificación.




El señor PRESIDENTE: Si me lo permiten, sin entrar en el fondo de la
discusión, yo quería corroborar una afirmación del señor Secretario de
Estado. Efectivamente, el señor Secretario de Estado me llama el 1 de
abril, diciéndome que quiere comparecer. Respondo que me parece muy bien.

El 2 de abril el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes firma
el correspondiente escrito dirigido al Presidente del Congreso de los
Diputados manifestando que, en nombre del Gobierno, pide la comparecencia
del Secretario de Estado de Política Exterior para informar sobre la
crisis en Albania y la actuación del Gobierno español. Ese escrito tiene
entrada en la Secretaría General del Congreso de los Diputados el mismo 2
de abril. Ese escrito es considerado por la Mesa del Congreso el día 8 de
abril, ordenando que se tramite de la manera adecuada. Ese escrito entra
en la Secretaría de Comisiones el día 10 de abril. Entre el 2 de abril y
el 10 de abril transcurre un cierto tiempo, y haremos las meditaciones
correspondientes.

Desde aquel momento esta Comisión ha tenido lo que yo llamaría una
reunión y media: una reunión el 9 de abril, en donde no podíamos tener
conocimiento de que la Mesa de la Cámara había tomado la decisión
correspondiente por las fechas que acabo de indicar; y otra media
reunión, que tuvimos deprisa y corriendo el día 24 de abril, el jueves
por la tarde, porque, a pesar de que estaba prevista, efectivamente, la
celebración de la Comisión como consecuencia de la prolongación del
Pleno, no pudimos hacer otra cosa que no fuera más que cumplir con las
exigencias reglamentarias de aprobación de los tratados correspondientes.

Desde el 24 de abril hasta la fecha de hoy, y han sido la Mesa y los
portavoces a instancias de la Presidencia quienes han convocado esta
reunión extraordinaria, no hemos podido celebrar esta comparecencia. Así
pues, corroboro plenamente lo que ha señalado el señor Secretario de
Estado. Este Gobierno, como otros, tiene muchos defectos, pero en este
caso no tenía ninguno. Lo digo porque, como muchas veces lo hemos tratado
en las reuniones de la Mesa y los portavoces, es ocasión de exponerlo
ante toda la Comisión. Es necesario que nos planteemos exactamente cuál
es el sentido de la urgencia y de la inmediatez que tienen los trabajos
de esta Cámara si queremos efectivamente que, como decía el señor
Guardans, tengamos una cierta complicidad y sea la Cámara la que se
entere antes que los medios, aunque sea perfectamente legítimo y lícito
que éstos se enteren. Aquí nos encontramos en un caso donde una voluntad
expresa y certificada del Gobierno de comparecer y de ofrecer las
explicaciones correspondientes, se ve retrasada más de un mes por
cuestiones que tiene que ver con lo que yo llamaría torpe funcionamiento
de esta Cámara.




--LA DECISION DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA ADHESION DE ESPAÑA AL PROTOCOLO
III DEL TRATADO DE PELINDABA. A PETICION PROPIA. (Número de expediente
212/000582.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es
la comparecencia del Secretario de Estado de Política Exterior y para la
Unión Europea, también a petición propia, para informar sobre la decisión
del Gobierno respecto de la adhesión de España al protocolo III del
Tratado de Pelindaba.

El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Como SS. SS. conocen por la respuesta del
Ministro don Abel Matutes a una pregunta sobre este tema formulada el
pasado mes de junio de 1996, éste es un asunto que por sus múltiples
implicaciones --que van más allá en el caso de España de las
exclusivamente referidas a la no proliferación nuclear-- ha requerido un
detenido examen previo a la adopción de una decisión.

En el curso de los últimos meses hemos realizado un minucioso estudio del
Tratado de Pelindaba y de su protocolo III, llegando a la conclusión de
que España, dados los inconvenientes que suscitaría la firma del
protocolo, no debe suscribirlo. Tenemos la intención de informar de esta
decisión al Secretario General de la Organización para la Unidad Africana
expresándole que, no obstante, España suscribe íntegramente el espíritu
del tratado, que coincide plenamente no sólo con nuestra política de no
proliferación nuclear, sino con compromisos que hemos aceptado en el
marco de otros tratados multilaterales. Paso ahora a explicar las razones
de esta decisión y cuáles son las circunstancias que le han llevado al
Gobierno a adoptarla.

Como SS. SS. conocen, el 11 de abril de 1996 se firmó en El Cairo el
Tratado sobre una zona libre de armas nucleares , llamado Tratado de
Pelindaba --este nombre pintoresco viene de una localidad en Africa del
Sur, que es donde se gestó la idea de este tratado--, cuyo objetivo es la
desnuclearización del continente africano. El tratado tomó el nombre de
esta localidad, como he dicho, donde se hallaban localizadas en el
período del apartheid las instalaciones clandestinas en las que se
fabricaron los ingenios nucleares explosivos de Sudáfrica. Cuando
Sudáfrica trató de normalizar su situación después del régimen de
apartheid desmanteló estas instalaciones y sometió a salvaguardias
generalizadas todas sus actividades nucleares como Estado no poseedor de
armas nucleares. De ahí viene que este tratado se haya bautizado con este
nombre, que es un nombre simbólico en Africa de una decisión tomada por
el Gobierno de Sudáfrica de abandonar su compromiso con la
nuclearización.




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Como se indica en el preámbulo del Tratado, los Consejos de Ministros de
la OUA celebrados en Abuja y en Dakar en 1991 y 1992, constataron que la
evolución de la situación internacional era propicia para la aplicación
de la Declaración de El Cairo de julio de 1964, en la que los Jefes de
Estado y de Gobierno africanos manifestaron que estaban dispuestos a
comprometerse, mediante un acuerdo internacional que debería concertarse
bajo los auspicios de Naciones Unidas, a no fabricar armas nucleares ni
adquirir el dominio sobre ellas.

El Tratado de Pelindaba, que es la materialización de esta voluntad,
cuenta con un texto principal, cuatro anejos y tres protocolos. Los
protocolos I y II están abiertos a la firma de los países con arma
nuclear, refiriéndose el primero de ellos a la renuncia al uso de las
armas nucleares contra ningún Estado parte del tratado o seguridades
negativas y, el segundo, a la prohibición de realizar ensayos nucleares
en la zona delimitada por el Tratado de Pelindaba. El protocolo III está
abierto a la firma de España y Francia en tanto que son Estados con
posesiones territoriales en la zona.

En el acto de la firma del tratado, China, Estados Unidos, Reino Unido y
Francia firmaron, en tanto que países con arma nuclear, los protocolos I
y II, y Francia, asimismo, firmó además el protocolo III como país con
territorios en Africa. En fechas más recientes, el pasado 5 de noviembre
de 1996, la Federación Rusa firmo también los protocolos I y II. España
es, pues, el único Estado llamado a firmar, por tener posesiones o
territorios en Africa, que todavía no lo ha hecho.

Hasta la fecha, cuando hemos tenido necesidad de pronunciarnos sobre este
tema en foros internacionales, con ocasión de la adopción de resoluciones
que de alguna manera instaban a suscribir el tratado y sus protocolos,
nuestros representantes --tras informar de las líneas generales de
nuestra política de no proliferación nuclear-- han venido manifestando
que el tema estaba siendo objeto de un detenido examen jurídico y que
ello no prejuzgaba una decisión final, que España adoptaría, sobre la
firma del protocolo III del tratado.

Como he mencionado más arriba, el protocolo III está abierto a la firma
de España y Francia por ser Estados con posesiones territoriales en la
zona, de acuerdo con lo que establece el artículo 1.º, que dice lo
siguiente: Cada parte del protocolo se compromete a aplicar en los
territorios que se encuentren de iure y de facto --debo hacer aquí una
salvedad que no es baladí para quien hace análisis jurídicos de textos
internacionales, y es que en la versión inglesa, que es la que
formalmente suele hacerse, no se dice territorios que se encuentren de
iure y de facto, sino que se dice de de iure o de facto, y ese matiz,
como digo, no es baladí-- bajo su responsabilidad internacional situados
dentro de la zona libre de armas nucleares en Africa, las disposiciones
que figuran en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del tratado y a
asegurar la aplicación de las salvaguardias estipuladas en el anejo II
del tratado.

De esta relación de artículos, España se vería afectada fundamentalmente
por aquellos que establecen conexiones con organizaciones o tratados del
continente africano, en especial el artículo 13 y el apartado 4 del anejo
II del tratado, que establecen la obligación de remitir un informe anual
a la Comisión Africana de Energía Nuclear con la información enviada por
el Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre las actividades de
inspección del organismo en el territorio de la parte de que se trate.

La comisión, cuya composición y funciones se hallan reguladas en los
artículos 12 y 13 y el anejo III, está formada por los Estados parte del
tratado y no de los protocolos, como sería el caso de España. Está
compuesta entre otros, por un presidente, un vicepresidente y un
secretario ejecutivo, cargo este último que es designado por el
Secretario General de la OUA.

Es evidente que desde el punto de vista de la política de no
proliferación nuclear española, el tratado y su protocolo III están en
plena --y repito, en plena-- sintonía con nuestra posición nacional.

España ha ratificado el Tratado sobre la no proliferación de armas
nucleares, el famoso TNP, y ha suscrito un acuerdo de salvaguardias
generalizadas con el Organismo Internacional de la Energía Atómica
(OIEA), con sede en Viena. Ello supone que nuestro país ha renunciado a
producir armas nucleares y se ha comprometido a utilizar la energía
nuclear únicamente con fines pacíficos.

Además, por decisión de este Congreso de los Diputados de 1981 y 1985,
mantenida en el referéndum consultivo de marzo de 1986, mantenida también
con ocasión de la decisión de la integración de España en la estructura
militar de la OTAN, está prohibida --y aquí cito-- la instalación,
almacenamiento o introducción de armas nucleares en territorio español.

Por último, deseo añadir que España, como así lo hemos manifestado por
medio de la Unión Europea en declaraciones comunes recientes, ve muy
favorable el acuerdo alcanzado sobre el programa de reforzamiento de las
salvaguardias del Organismo Internacional de la Energía Atómica, conocido
con el nombre de 93+2, que con toda probabilidad será aprobado por la
junta de gobernadores de este organismo, precisamente en este mes de
mayo, que es para cuando está prevista la reunión. Su finalidad es
aprobar un protocolo adicional que refuerce las capacidades de inspección
de la OIEA, de forma que no se produzcan casos como el de los programas
desarrollados clandestinamente por Iraq y la República Popular
Democrática de Corea sin el conocimiento del organismo.

Además, debo añadir que en materia de prohibición de ensayos nucleares
España firmó el pasado mes de septiembre el Tratado para la prohibición
completa de ensayos nucleares. Tampoco existe contradicción alguna con
nuestra pertenencia a la OTAN o con ningún tratado internacional suscrito
por España. En este sentido, cabe decir que España, por sus compromisos y
obligaciones, está en primera línea en lo que se refiere a promoción de
la no proliferación de armas nucleares de destrucción masiva y de las
nucleares en particular.

Podemos decir, por tanto, que el tratado como tal no añade nada nuevo ni
contiene disposición o garantía alguna adicional en el ámbito de la no
proliferación nuclear que no haya sido asumida ya por España para la
totalidad



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de su territorio nacional. Ello incluye, naturalmente el archipiélago de
las islas Canarias, Ceuta y Melilla. Por esta razón, nos parece que una
eventual firma del Tratado de Pelindaba plantea otro tipo de problemas,
que son los que identificamos como de índole política por la sombra que
proyecta sobre este tratado la Organización de la Unidad Africana.

El tratado implica la africanidad política del archipiélago canario
concediendo una especie de derecho a la OUA para interesarse y
pronunciarse acerca de las islas Canarias. Creo que es bien conocida de
esta Cámara la posición del Gobierno español respecto a todas las
sugerencias y pretensiones de la OUA sobre el archipiélago canario, así
como nuestra política de reafirmación del citado Archipiélago no sólo
como parte integrante de España sino, sobre todo, como parte integrante
de la Unión Europea y ahora de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, no
podemos ni debemos incurrir en ninguna contradicción de este tipo.

La fórmula que se emplea en el artículo 1 del protocolo III, referida al
compromiso de aplicar en los territorios en los que se encuentren de iure
o de facto las disposiciones del tratado, es casi idéntica a la empleada
en los textos de Naciones Unidas para definir los territorios sujetos a
descolonización. Yo creo que esto no necesita comentarios.

Asimismo, en el mapa del anejo I del tratado, en el que se define el
territorio comprendido en la zona libre de armas nucleares en Africa, es
decir, la zona del Tratado de Pelindaba, no aparecen ni Ceuta ni Melilla
ni las Chafarinas ni los Peñones, pudiendo ser interpretada esta omisión
de forma que se cuestione nuestra soberanía sobre esos territorios
españoles.

Naturalmente, en ese mapa sí figuran como territorios africanos las islas
Canarias. La firma supondría además las inspecciones de los territorios
españoles por la Comisión Africana de Energía Nuclear, controlada, como
he mencionado, por la OUA. Como SS. SS. conocen, la aplicación de
salvaguardias en todo el territorio español está confiada a la OIEA, de
un lado, y a Euratom, por otro; ambos son organismos de reconocida
seriedad y solvencia que no permiten interferencias políticas. En uno, en
la OIEA, somos parte integrante y en el otro nos vemos afectados por el
sistema de salvaguardias de la Unión Europea al que pertenecemos nosotros
y todos los territorios nacionales que la componen.

Por último, el Secretario General de la OUA es el depositario tanto del
Tratado de Pelindaba como de la Convención de Bamako; regirnos por estos
tratados contribuiría a que otras voces proclamasen la africanidad
política de nuestros territorios.

Por todo ello, y tras procederse a un minucioso examen de las ventajas e
inconvenientes de una eventual firma del protocolo III, se ha decidido
que la posición más adecuada para los intereses españoles es no firmar e
informar de ello a la Organización para la Unidad Africana, manifestando
que, una vez realizado el estudio jurídico del protocolo, se ha decidido
no firmarlo; no obstante lo cual, España suscribe plenamente el espíritu
del tratado que coincide totalmente con nuestra política de no
proliferación nuclear.

El Gobierno confía en que esta línea de actuación será comprendida y
compartida por todos los grupos parlamentarios, a cuyo sentido de
responsabilidad apelamos, subrayando que esta decisión del Gobierno está
basada en consideraciones de política de Estado y no incide en modo
alguno en nuestra política respecto a las armas nucleares y a la no
proliferación de las mismas.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que desean hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, comienzo mi intervención,
como antes, haciendo referencia a la exquisita sensibilidad que en
determinados temas de su competencia, de política exterior, el señor
Secretario de Estado, señor De Miguel, viene evidenciando. Este es uno de
ellos y quiero reconocerlo públicamente, porque aquí no solamente estamos
hablando de una cuestión de fondo importantísima políticamente, sino
también de formas. Quiero manifestar que por lo que el señor Secretario
de Estado ha explicado, la postura del Gobierno español es auténticamente
de Estado, y coincido con ella en el fondo y en las formas. Es un tema
tremendamente delicado desde la óptica de la política exterior española
en defensa de los legítimos intereses consagrados en la Constitución
española, incluidos los del archipiélago canario y su comunidad autónoma.

Por eso, en nombre de Coalición Canaria, hago esta reflexión. Las formas
son fundamentales para definir cuáles son los límites de la dignidad y de
la soberanía de un Estado.

Me parece oportuno, señor Secretario de Estado, que ustedes lo
notifiquen, para evitar aquí y allá lecturas indebidas o intencionadas en
un tema en el que determinadas, aunque minoritarias, fuerzas políticas
del archipiélago canario pudieran dar alguna expresión testimonial,
legítimamente según cuál sea su representación y el foro en que lo digan,
pero que sería contraria a la política de Estado de la nación española,
de la que forma parte inexcusable, y constitucionalmente reafirmada, el
archipiélago canario. Si ustedes comunican a la Organización para la
Unidad Africana, a su secretario, que suscribimos el espíritu, nos
quedaríamos en las formalidades, porque España lo puede decir por dos
razones: España ha suscrito todos los tratados de no proliferación de
armas nucleares en los foros y escenarios donde está la representación
universal de todos los Estados, que es en Naciones Unidas y en los
organismos internacionales respectivos. Además, como usted también ha
recordado, en septiembre pasado firmamos el Tratado de la prohibición
completa de ensayos nucleares en cualquier zona del globo terráqueo. Al
adoptar estos compromisos internacionales, y subrayo internacionales,
España se somete a unos sistemas de inspección, que son el Organismo
Internacional de la Energía Atómica y el Euratom. No son organismos
políticos y, por tanto, están lejos de cualquier interpretación sesgada
de algún interés. Todo esto coincide con el referéndum español para la
adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte, en el año 1986 y



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con todo lo que se ha venido derivando, los compromisos y debates en esta
Cámara, que dan testimonio de que podemos suscribir ese espíritu. Sin
embargo, como Estado nos debemos a unos procesos formales, que son los
que ha expuesto el señor Secretario de Estado en su información y que
este Diputado, como portavoz de mi grupo, suscribe íntegramente.

Le diría más. Hay que hacer llegar a la Organización para la Unidad
Africana no solamente nuestra suscripción moral de los principios y el
espíritu en este primer punto, sino que la soberanía española exige
claridad en la identificación de los territorios porque, como bien se ha
referido el señor Secretario de Estado, en el primer anexo, aparecen
mapas pintados, y en uno de ellos se excluye a Ceuta y Melilla,
Chafarinas y los Peñones, y deja dentro de la línea al archipiélago
canario. Por eso aquí le pido, señor Secretario de Estado, la más firme
defensa de la unidad territorial y política del Estado español en todos
sus territorios --continentales, peninsulares, insulares, periféricos o
ultraperiféricos, como les queramos llamar--, pero que forman parte de
ese principio consagrado como nación en la Constitución española.

Nos puede dejar un poco desmarcados --pero no veo razones para tener que
montar otro discurso-- el que Francia haya firmado el protocolo número
III. Resulta que los protocolos números I y II los firman esos países que
tienen el arma atómica, y los pueden suscribir tranquilamente la
República Popular China, los Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran
Bretaña, pero lo firma Francia también. Francia aparece firmando el I, el
II y después el III. Allá Francia con sus responsabilidades, pero de lo
que yo estoy bien seguro es de que Francia va a invocar el derecho a ser
inspeccionada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, o por
el Euratom, y no por este organismo que aparece aquí dentro del seno de
la Organización para la Unidad Africana, que se podría irrogar un droit
de regard, un derecho a echarles un vistazo, hecho que la soberanía
estatal no puede consentir.

Vuelvo a decir que éste es un tema que tiene una lectura y una
sensibilidad política en Canarias, y aquí queremos ser inexorablemente
contundentes y claros para secundar lo que el señor Secretario de Estado
bien ha calificado de una auténtica política de Estado. España ha dado
pruebas, a lo largo de sus diferentes Gobiernos, desde la UCD, el
Gobierno socialista y el actual del Partido Popular, de una inequívoca
posición de ir contra la proliferación de armas nucleares, contra los
ensayos nucleares y contra cualquier experiencia de las mismas. Quiero
recordar aquí, en honor a la verdad, que el Gobierno de la UCD en 1977,
siendo Ministro de Asuntos Exteriores don Marcelino Oreja, en un
contencioso tremendamente político con la Organización para la Unidad
Africana sobre el tema de Canarias, mantuvo una política de una gran
generosidad, transparencia y total predisposición a dejar las cosas bien
claras, incluso concediendo a los países miembros de la OUA, de una
manera de facto, ya que no de iure, porque lo impedía una política de
garantías de Estado, ese droit de regard, ese derecho de ir por ahí
echando un vistazo para ver cómo éramos y qué teníamos.

Cumplidos estos requisitos, creo que tenemos todos los créditos y todos
los títulos, señor Secretario de Estado, para mantenernos en esta postura
de Estado, para que se hagan estos comunicados en los dos sentidos que le
he dicho y que usted ha propuesto, y que yo resumo al decir: ¡Ojo con el
respeto a las soberanías de los territorios nacionales! Por supuesto,
Canarias, dentro del Estado español y por la vecindad geográfica al
continente africano, también está interesada en que dentro del territorio
del continente africano no haya ningún país con armas ni artilugios
nucleares o atómicos de utilización bélica, porque estamos incluso en
contra de la distribución por aquellas aguas de residuos radiactivos.

Dicho esto, y con mi adhesión a este planteamiento de política de Estado,
quiero también reconocer la exquisita información que el señor Secretario
de Estado ha mantenido con el señor Presidente del Gobierno autónomo de
Canarias para que estuviéramos todos perfectamente informados
puntualmente al día, sin esperar, señor Presidente, a que los ritmos
parlamentarios nos hagan llegar las fechas de comparecencias o los
papeles y documentos. Indico esto en honor del departamento de Asuntos
Exteriores del Gobierno español, y muy especialmente del señor Secretario
de Estado que hoy está aquí con nosotros.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Brevísimamente, señor Presidente.

El señor Secretario de Estado comentaba que la razón de ser de su
exposición ante esta Comisión, con la decisión de no ratificar el
protocolo número III, era --aparte de la información-- buscar el apoyo de
los grupos políticos de esta Cámara. En la medida en que una decisión
negativa como ésta no se somete a votación, consideraba mi obligación
tomar la palabra para mostrar el pleno apoyo político, en nombre de mi
grupo, a una decisión como ésta que, por lo demás, parece absoluta y
claramente justificada.

Es evidente que históricamente, me atrevo a decir, como grupo
parlamentario, nos hemos caracterizado siempre por nuestra postura
netamente antinuclear, y que aunque en los tiempos del debate atlantista
y del debate de la OTAN mantuvimos una posición más matizada de conjunto,
sí era netamente antinuclear. Por tanto, si no se explicara correctamente
--como perfectamente ha hecho el señor Secretario de Estado--, podía
haberse entendido mal esta decisión, que geográficamente nos puede coger
muy distantes, pero no así políticamente, y conceptualmente en absoluto.

Se trataba de dejar clara constancia de la no africaneidad política
cuando menos de las islas Canarias.

Sepa el señor Secretario de Estado, en la medida en que eso sirva, que
tiene el pleno apoyo político de mi grupo en esta decisión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Segura.




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El señor SEGURA CLAVELL: Señor Secretario de Estado, los miembros del
Grupo Parlamentario Socialista de esta Comisión hemos seguido con mucho
interés su exposición en un tema que nos preocupa como grupo
parlamentario, ya que como tal, desde que se constituyó, en junio de
1997, después de aquellas primeras elecciones constituyentes, jugó un
papel fundamental en la vertebración de un hecho político concreto, que
yo diría que es el eje esencial de la posición que ha inspirado al
Gobierno en la toma de la decisión que el señor Secretario de Estado nos
ha expuesto. Me refiero a la cohesión no solamente territorial o de
solidaridad económica, sino política de las diferentes partes que
integran el Estado español.

Naturalmente, le hemos seguido con mucho interés, por cuanto hay una
parte esencial del Estado español --la Comunidad Autónoma de Canarias--
que no es posesión territorial --obviamente, según terminología de otros
tiempos, y en frase que quizá aquí se ha deslizado de forma involuntaria,
por parte de alguno de los intervinientes anteriores--, sino que es parte
integrante del Estado español.

Me ha llamado la atención, a la hora de tratar esta política de Estado,
la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios, demostrada por el
hecho simbólico y puntual de que sus responsables ante esta Comisión de
Exteriores han delegado la intervención en diputados que representan a
alguna de las dos circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a la vista de las personas que han intervenido ya, don Luis
Mardones, que representa a Coalición Canaria con cuatro diputados; el
Grupo Parlamentario Popular, a través del Diputado señor Soriano, y quien
les habla también como Diputado, que representa a una de las
circunscripciones canarias. El único caso, como es obvio, ha sido el del
señor Guardans, que representa a otra circunscripción (El señor Robles
Fraga: Todo se andará.--Risas.), pero que a través de su corazoncito, por
razones históricas, no solamente por la aportación que Guimerá y otros
hicieron a la cultura en Cataluña, también ha manifestado su solidaridad
al respecto.

Señor Secretario de Estado, qué duda cabe que en los últimos años España,
el Gobierno, ha dado pasos importantes en su política internacional a
efectos de situar a la Comunidad Autónoma canaria en una plataforma,
haciéndose eco de los planteamientos que han surgido del propio
Parlamento autónomo de Canarias, lo que hemos visto reflejado en tratados
internacionales de la dimensión, por ejemplo, del Tratado de la Unión
Europea. En dicho tratado figuran por primera vez, de pleno derecho, con
su reconocimiento en la disposición adicional correspondiente, las islas
Canarias, como región ultraperiférica de la Unión Europea.

Sabemos del esfuerzo de los gobiernos anteriores y del actual, a quien
damos un margen de confianza en este aspecto de política internacional y
ha sido motivo de debate en las Cortes Generales en los últimos meses en
dos ocasiones, específicamente en la Comisión Mixta Congreso-Senado para
la Unión Europea, analizando el modelo de status jurídico estable,
consolidado en la modificación que surja de la Conferencia
Intergubernamental que perfile y consolide también el nuevo Tratado de la
Unión Europea y en él la comunidad canaria, junto con otras comunidades
de naturaleza archipielágica, calificadas como regiones ultraperiféricas
de la Unión Europea. Sabemos de los momentos cruciales que se viven en
los aspectos económicos vinculados a la renegociación de lo que
establecen los reglamentos comunitarios que han ido configurando el
Poseicán y otros mecanismos, así como el hecho específico de la
organización común de mercado para el plátano, tema que menciona como
aspectos fundamentales de negociaciones internacionales, que la propia
Unión Europea los toma como bandera y España, como elemento vertebrador
de ese proyecto, y que, en una voz europea unitaria, defiende en los
foros internacionales, como puede ser en la Organización Mundial del
Comercio, donde se han planteado determinados problemas, las
singularidades específicas y europeístas de una comunidad como la
canaria.

Señor Secretario de Estado, los que en esa época de la transición
política, a la que hice referencia, de los años 1977 y 1978, teníamos
otras responsabilidades en administraciones locales en Canarias, vivimos
acontecimientos que afortunadamente miramos ya en lontananza y nos parece
que representan perfiles diluidos en el tiempo y que a buen seguro no se
volverán a reproducir. Podría correrse el riesgo de su reproducción si el
Gobierno español hubiese adoptado una decisión contraria a la que el
señor Secretario de Estado nos ha anunciado en su intervención. De ahí
que veamos esa decisión con tranquilidad, con sosiego y que le digamos
que cuente con nuestro respaldo.

Es bien cierto, y tomo con ello la recta final de mi intervención, señor
Presidente, que la decisión de no ratificar este protocolo número III no
significa renunciar a planteamientos de desnuclearización que España ha
ratificado, ha corroborado, ha suscrito, y de los que hace una conducta
política. Es verdad que en sesiones plenarias de los municipios de
algunas islas de la Comunidad Autónoma canaria se han producido
resoluciones en ese sentido y no podemos dejar de mencionarlo como
representantes de la voluntad popular de la comunidad.

En consecuencia, si el Gobierno español adopta la decisión que ha
adoptado, fundamentada racionalmente, como lo ha hecho el señor
Secretario de Estado, nosotros, como grupo parlamentario que tuvo la
responsabilidad de mantener y apoyar a un gobierno cuya línea directriz
en este proyecto de tratado internacional sobre una zona libre de armas
nucleares en Africa, que se inició en 1964 y que tomó la recta final en
los dos últimos años, conociendo a través de responsables anteriores del
Ministerio de Asuntos Exteriores la posición que se mantenía al respecto,
que se encuentra en la línea directriz que el actual responsable del
Ministerio ha expuesto, no podemos más que reiterar nuestra satisfacción,
por cuanto correr el riesgo de una calificación política improcedente
para partes esenciales del Estado español, singularmente el archipiélago
canario, no nos parece procedente en esta etapa; no lo fue en etapas
anteriores, ni lo puede llegar a ser en etapas posteriores.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Soriano.




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El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, y como no podía ser de
otra manera, quiero expresar el apoyo del Grupo Popular a la decisión del
Gobierno de no proceder a la firma del protocolo III del Tratado en
cuestión y solidarizarme con lo manifestado por los anteriores
representantes de los grupos parlamentarios, que viene a coincidir
sustancialmente con la postura del Gobierno, como no podía ser de otra
forma en un asunto de tanta importancia política para una región como las
Islas Canarias.

Ya se ha puesto de manifiesto que los países que han firmado los
protocolos I y II, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en
general los tres estados occidentales, han hecho declaraciones
interpretativas que constituyen en muchos casos claras reservas, al igual
que lo hizo la propia Federación Rusa, que estableció reservas expresas,
aunque firmó dichos protocolos.

El artículo fundamental del Tratado, que nos afecta por las razones antes
indicadas, es el primero. Dice que se entiende por zonas libres de armas
nucleares en Africa el territorio del continente de Africa, los Estados
insulares miembros de la Organización de la Unidad Africana y todas las
islas que se consideren parte de Africa en las resoluciones de la
Organización de la Unidad Africana, entendiendo por territorio las
tierras, las aguas archipielágicas y el espacio aéreo sobre todo ello,
así como los fondos marinos y su subsuelo. Por consiguiente, estamos en
el núcleo fundamental de la cuestión a tratar. Tenemos que decir,
matizando alguna apreciación indicada, que la situación de Francia en
relación con los territorios franceses de la zona, la isla de La Reunión,
Mayotte y otras islas dispersas, nada tienen que ver con la situación,
Canaria, como el propio Gobierno francés ha venido reconociendo en sus
relaciones con el Gobierno español previas a la firma por parte de
Francia de este Tratado. Ni étnicamente, ni culturalmente, ni
sociológicamente, las posesiones francesas en Africa pueden tener
similitud alguna ni comparación con las islas Canarias.

El Gobierno anterior, porque el Tratado lleva firma de 11 de abril de
1996, cuando todavía no había tomado posesión el Gobierno actual de sus
responsabilidades, no aceptó la invitación de su colega egipcio para
asistir a la firma de este Tratado, si bien, desde entonces el Gobierno
de España manifestó que el objetivo que se pretendía con el Tratado de
Pelindaba obedecía a algo que estaba aceptado ya previamente por el
Gobierno español y así se ha puesto de manifiesto por los anteriores
intervinientes.

Como bien ha señalado el Secretario de Estado, el Tratado viene a
establecer de una forma clara y paladina, si así se firmase por el
Gobierno español, la africanidad política de las islas Canarias.

Y esto es algo que en una región que forma parte del Reino de España, que
está considerada como región ultraperiférica de la Unión Europea, en modo
alguno es admisible en estos momentos. La fórmula empleada en ese
artículo 1.º del protocolo III, y también lo ha dicho el Secretario de
Estado, es casi idéntica a la empleada en los textos de Naciones Unidas
para definir los territorios sujetos a descolonización. Todo esto, con
los añadidos, puestos de manifiesto anteriormente, de que no aparecen
Ceuta, Melilla, las Chafarinas y los peñones.

Además, la firma supondría la admisión de inspecciones de los territorios
españoles de Canarias por parte de la comisión africana de energía
nuclear, controlada por la OUA, lo cual nos resulta de todo punto
inadmisible. Dejando claro que España ha ratificado el Tratado sobre la
no proliferación de armas nucleares, que supone que nuestro país ha
renunciado a producir el arma nuclear y se ha comprometido a utilizar la
energía nuclear únicamente con fines pacíficos, que está prohibida la
instalación, almacenamiento o introducción de armas nucleares en
territorio español, es obvio que el espíritu que subyace en este Tratado
es ampliamente compartido por todas las fuerzas políticas.

La cuestión de Canarias en el seno de la OUA, por otra parte, ha ido
perdiendo importancia a partir de los primeros años 80. Como bien
recordaba el señor Segura, en los años 1977, 1978, 1979 tuvo una cierta
virulencia. Yo podría contar anecdóticamente que, siendo presidente de la
Junta Preautonómica de Canarias, en momentos en los que estaba en plena
efervescencia la reivindicación de la OUA respecto de Canarias, siempre,
con el apoyo de todas las fuerzas políticas, al menos las de ámbito
nacional, nos negamos a la intervención de la OUA, incluso
inspeccionando, porque lo pretendieron, oficialmente el territorio de las
islas Canarias. Al final, llegó una comisión a Canarias,
extraoficialmente y al margen de cualquier relación diplomática,
integrada por cinco personas de raza africana, y al ver que la totalidad
de la población canaria era de raza europea, no quería creerse que en
Canarias no existiese nadie de raza africana; incluso preguntaron que
dónde estaba el gueto de la raza africana. A los dos días de estar allí,
tuvieron que irse convencidos de que Canarias no tenía nada que ver con
Africa. Incluso históricamente --y es curioso indicarlo también a título
anecdótico--, en Canarias en los siglos XVII y XVIII, cuando los soldados
canarios iban a prestar servicios en los Tercios de Flandes o en el
territorio peninsular, se dirigían --y yo tengo, en este sentido, cartas
curiosísimas-- a determinadas localidades de Canarias y añadían a
continuación: Santa Cruz de Tenerife-La Laguna-islas Canarias-América.

Siempre se ha considerado a Canarias más un territorio americano que un
territorio africano. Es más, es difícil encontrar en Canarias una familia
que no tenga algún familiar --porque a lo largo de los cinco siglos de
historia la emigración a América ha sido constante y permanente-- en
territorio americano; prácticamente es imposible encontrar en Canarias a
alguien que tenga un familiar en territorio africano; es realmente muy
difícil.

Resumiendo, tenemos que decir que nos parece muy acertada la postura del
Gobierno de no proceder a la firma de este Tratado, con las salvedades
antes indicadas relativas a que prestamos el apoyo al sustrato básico del
Tratado en cuanto al no establecimiento de armas nucleares en ninguna
parte del territorio nacional, porque seguimos insistiendo en que
Canarias es una región ultraperiférica europea, integrada en la Unión
Europea y, en consecuencia, en el marco de esa política, porque Canarias,
ni étnicamente,



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ni culturalmente, ni sociológicamente, y mucho menos políticamente, puede
ser considerada formando parte del continente africano.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Tengo muy poco que añadir, señor Presidente.

Unicamente quiero agradecer a los diputados que han intervenido,
representantes de los diferentes grupos políticos, el apoyo que han dado
a esta decisión del Gobierno español, muy particularmente al señor
Guardans, pues, siendo seguramente el único no canario de los
intervinientes, que haya dado el apoyo que ha dado me parece que
simboliza mucho el gran compromiso que tiene el partido al que él
representa con la política de Estado de España.

También quisiera decir, señor Presidente, que, por respeto a esta Cámara,
la comunicación al Secretario General de la OUA, que está preparada, no
ha salido; será firmada mañana por el Ministro de Asuntos Exteriores.

Creo que después de haber sido informado el Parlamento y después de haber
recibido el apoyo que hemos recibido, el Ministro de Asuntos Exteriores
podrá firmar totalmente tranquilo esta carta al Secretario General de la
OUA, en la cual vamos a transmitirle nuestra decisión en los términos en
los que me he manifestado en mi comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Seguramente, señor Secretario de Estado, los grupos
parlamentarios presentes agradecerán que les haga llegar una copia de la
carta, una vez firmada.




PREGUNTAS:



--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO POPULAR), SOBRE LA POSICION DE ESPAÑA Y
DE LA UNION EUROPEA (UE) RESPECTO A LA CRISIS ARGELINA, ASI COMO EN
RELACION CON LOS DERECHOS HUMANOS EN DICHO PAIS. (Número de expediente
181/000603.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer y último bloque del orden del día
de esta Comisión de Asuntos Exteriores, que son las preguntas
parlamentarias.

Tengo que decir a la Comisión que ha sido aplazada la última de las
preguntas, la número 8, de la cual era autor el señor Peralta Ortega;
será considerada en un momento ulterior. Quedan las preguntas números 5,
6 y 7, las tres del señor Milián Mestre.

Pregunta número 5, de la que, como he dicho, es autor el señor Milián
Mestre, sobre la posición de España y de la Unión Europea respecto a la
crisis argelina, así como en relación con los derechos humanos de dicho
país.

Tiene la palabra el señor Milián.

El señor MILIAN MESTRE: Voy a ser breve en la exposición de la pregunta,
porque es de suma actualidad, pero sí quisiera referirme a los datos
fundamentales del problema.

Argelia, que es nuestra vecina, especialmente en el Mediterráneo español,
que la tenemos prácticamente a una hora de avión de las costas catalanas,
está convertida en un polvorín después de las frustradas elecciones de
1991. Ocurre que la frustración de 1991 da lugar a una extraña
imbricación política interna, donde los intereses supranacionales también
parecen tener opiniones diversificadas, y recuerdo perfectamente cómo en
el quinquenio posterior ha discrepado la postura norteamericana,
supuestamente democrática y respetuosa con la voluntad interna del país o
de la sociedad argelina y, por el contrario, cómo la antigua potencia
colonial, que en este caso es Francia, ha mantenido posturas
diferenciadas de los norteamericanos, justamente por entender que era un
grave riesgo asumir esa voluntad, al parecer explícita, de la
participación en las tendencias islamistas radicales de ciertos sectores
de la comunidad argelina. Consecuentemente, dos serias discrepancias en
la visión internacional respecto al mismo problema.

En el año 1995, se produce el triunfo de Zerual en la Presidencia, que
es, en definitiva, el que marca el escenario actual. Hemos ido
conociendo, a partir de ese momento, una serie de promesas de próximas
elecciones, que parece que están al caer, en julio de 1997, si antes no
ocurre nada que lo impida; serán unas elecciones legislativas que, por lo
visto, podrían clarificar mucho la situación interna. Sin embargo,
elementos artificiosos o elementos constitutivos de la mentalidad y del
espíritu del pueblo hacen retraer este criterio de esperanza, de
confianza, a la vista de lo que está sucediendo, con un terrorismo
desatado, con la imposición de la violencia más extrema que se conoce,
después de lo sucedido en el Líbano, con explosiones prácticamente a
diario y mortandades de 90 y 100 personas, lo cual ha llegado incluso al
campo, al interior de la nación.

¿Qué ocurre? Que todo esto ofrece un panorama inquietante, que se une a
elementos fundamentales, a la inevitable transición interna del país
hacia tres aspectos. Primero, una transición económica para resolver
gravísimas cuestiones internas, producto de un régimen anterior
fracasado. Segundo, una transición social que impone soluciones
drásticas, habida cuenta de la demografía explosiva que hay, ya que el 60
por ciento de la población es menor de 30 años, dato que es muy
alarmante. Y tercero, una inevitable transición política que estructure
de alguna manera el sistema interno para obviar estas gravísimas
presiones. Todo esto, unido al fundamentalismo islámico, que es el que
está insuflando el mayor de los radicalismos, a poco que nos cercioremos
de que es un fundamentalismo llevado a sus tendencias más radicales,
ofrece un escenario que debe inquietar no al Mediterráneo, sino incluso
al continente europeo y a la política internacional.

Justamente en este hecho he fundado yo mi intervención, sobre todo en
preguntarle a usted cuáles son las orientaciones que existen en este
momento, las perspectivas



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analíticas, respecto a esta situación, ya no la cuantificación de las
víctimas. Poco importa si son 60.000 ó 70.000 las personas muertas, como
se dice en algunos informes, poco importa en este caso cuál es la razón
del terrorismo que considera al Estado como un enemigo del pueblo, como
también hemos visto en otros informes, pero sí hay algo funfamentalmente
preocupante, que son, primero, los intereses constitutivos de la propia
sociedad; segundo, los intereses económicos que con España tiene
concertados la nación argelina, especialmente todo lo que hace referencia
al suministro energético y al gasoducto ya en uso Magreb-Europa, que
atraviesa por nuestro país y precisamente en él suministra lo que el año
2000 será el 12 por ciento de los suministros energéticos; y, en tercer
lugar, ese riesgo cierto --y yo no quiero hablar de islamofobia, como
diría mi amigo el Diputado Martínez, aquí presente-- que suponen los
movimientos islamistas, como uno puede ver, por ejemplo, en libros de
reciente aparición como el de Jean-Claude Barreau, De l'Islam en général
et du monde moderne en particulier.

Estamos conociendo un escenario muy inquietante y a mí me gustaría saber
cuál es la postura del Gobierno español respecto a estas últimas
situaciones creadas, sobre todo cuál es la posición de la Unión Europea a
la vista de la magnitud del problema, que obviamente trasciende a nuestra
posibilidad de valorar el conflicto.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a esa pregunta, tiene la palabra el
señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): El Gobierno español sigue con enorme interés
y preocupación la situación en Argelia, un país con el que, como ha dicho
el Diputado, España mantiene importantes relaciones políticas, económicas
y comerciales y con el que además compartimos una proximidad mediterránea
evidente. Esta crisis grave y compleja que vive este país, en la que
inciden factores de tipo político, socioeconómico e incluso cultural,
está produciendo todo un revulsivo que pone en peligro no solamente la
situación en Argelia en sí misma, sino incluso todo el entorno
mediterráneo, del cual nosotros somos de manera muy cercana dependientes.

Yo creo que sobre todo la influencia sobre Marruecos es particularmente
inquietante.

Esta situación de crisis y de atentados que el Diputado ha descrito tiene
y ha tenido una incidencia muy negativa en la esfera de los derechos
humanos, y precisamente en este sentido tanto España como la Unión
Europea se han pronunciado en diferentes ocasiones manifestando su
preocupación. Así, en el discurso que hizo en la Asamblea General de
Naciones Unidas la presidencia irlandesa en el pasado período de sesiones
señaló la condena de la Unión Europea por todos los actos de violencia en
Argelia y renovó un llamamiento en favor del pleno respecto de los
derechos humanos. En aquella ocasión, la Unión Europea se declaró también
esperanzada de que la paz y la estabilidad, el diálogo pacífico y las
elecciones libres y justas terminarían prevaleciendo en Argelia como
resultado final de ese proceso democrático iniciado en 1995. En marzo de
este año y con motivo de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos en
Ginebra, la Unión Europea volvió a realizar un llamamiento similar en
favor del cese de la violencia y por el pleno respeto de los derechos
humanos.

En el plano interno no se vislumbra un horizonte claro de mejoría en el
ámbito político y las elecciones presidenciales de noviembre de 1995, que
se saldaron con el triunfo del Presidente Zerual, parece que en aquel
momento quisieron alumbrar un proceso de reformas políticas. Ha habido
una conferencia de consenso nacional que ha preparado una reforma
constitucional, esta reforma constitucional ha sido acompañada de una
revisión de la ley electoral y de la ley de partidos políticos y la
última y decisiva etapa de este proceso de reformas políticas se abrirá
ahora, muy pronto, con la celebración de las elecciones legislativas, que
están previstas para el día 5 de julio. Después vendrán las elecciones
locales, pero yo creo que estas elecciones son cruciales.

Ni el Gobireno español ni la Unión Europea ponen en duda la importancia
de este proceso, deseamos que se concluya satisfactoriamente, y así lo
expresó la presidencia española en las conclusiones que se plasmaron en
la declaración final del Consejo Europeo de Madrid en diciembre de 1995.

Aun considerando que corresponde al pueblo argelino la búsqueda de las
mejores maneras de abordar y resolver sus problemas, el Gobierno español
considera que la solución de los mismos ha de buscarse a través del
diálogo del Gobierno con las fuerzas políticas representativas mediante
una vía pacífica, y sobre todo aquellas que abogan por la vía pacífica.

El objetivo de este diálogo debería ser el fin de la violencia y la
integración de las fuerzas vivas del país en un proceso de reconciliación
que proporcione estabilidad y cree las mejores condiciones para recuperar
el proceso de desarrollo económico.

El Gobierno, en sus contactos periódicos con las autoridades argelinas,
ha reiterado este mensaje, subrayando muy particularmente la firme
condena de la violencia y de los actos terroristas y la importancia de
respetar los derechos humanos. En particular el Gobierno espera que las
próximas elecciones que darán lugar a una nueva cámara de diputados y que
sustituirá al consejo nacional de transición se desarrollen de manera
irreprochable y cuenten con la participación masiva del pueblo argelino y
de sus formaciones políticas. El Gobierno tiene la esperanza de que estos
comicios legislativos, que habrán de ser en breve plazo, supongan un paso
decisivo en la definitiva normalización política del país.

Ustedes saben --y esto lo añado como información adicional-- que el
Gobierno argelino ha pedido incluso ayuda, por parte de países europeos y
otros, de presencia de observadores en estas elecciones y que España ha
manifestado una voluntad de principio de poder contribuir, naturalmente
haciendo la salvedad importante de que tiene que garantizarse de alguna
manera su seguridad e integridad física, porque nos parece que en la
situación en que se vive hoy en Argelia no pueden desplazarse
observadores si no existen garantías de su integridad; la situación, como
todos ustedes conocen, es difícil.




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Este mensaje de confianza en que estas elecciones se celebren de manera
transparente y limpia y que abran paso a una nueva etapa ha sido el
mensaje que han transmitido reiteradamente el Ministro de Asuntos
Exteriores en su última visita a Argelia y el Presidente del Gobierno
cuando vio al Primer Ministro de Argelia en Roma el pasado 17 de
noviembre, y por nuestra parte, dentro de la Unión Europea, estamos
apoyando, junto con los socios comunitarios, todas las acciones que
tengan por objeto alentar y apoyar la transición iniciada. Un elemento
fundamental de todo esto es mantener, incluso en esta situación difícil
de transición política, todo el apoyo necesario a través de la Unión
Europea, con vistas a la conclusión de un acuerdo euromediterráneo de
asociación entre la Unión Europea y Argelia, que había sido dejado de
lado precisamente por la difícil situación política y que en este momento
se encuentra en negociación, gracias al impulso dado muy particularmente
por la delegación española, que ha insistido en que la Comisión Europea
negocie este acuerdo. Se puede esperar que estas negociaciones para la
conclusión de un acuerdo de asociación culminen de forma satisfactoria
para ambas partes, que las elecciones del 5 de junio consoliden esa nueva
etapa de cambio democrático en Argelia y se vean acompañadas por un apoyo
claro de la Unión Europea, que se puede materializar por la firma de este
acuerdo de asociación que garantice a Argelia, no solamente la
estabilidad política que le van a dar las elecciones, sino también la
estabilidad de encontrarse firmemente anclada económicamente a la Unión
Europea.

Esto se inscribe dentro de las prioridades del proceso de Barcelona,
dentro de los tres pilares en los cuales España ha renovado su compromiso
y la Unión Europea también en la reciente conferencia de La Valetta. Ello
incluye no solamente este acuerdo con la Unión Europea, sino la
continuación de la cooperación económica a todos los niveles, también en
el plano energético, que ha sido mencionado y que es realmente muy
importante porque es una de las principales fuentes de ingreso para los
argelinos.

Mantenemos una actitud esperanzada respecto a las elecciones del día 5 de
junio, con el deseo de que esto contribuya a despejar el paisaje político
de Argelia, y sostenemos a nivel bilateral, también dentro de la Unión
Europea, nuestro compromiso por participar en el comercio y en el
desarrollo económico con Argelia con objeto de que, al mismo tiempo que
consolida sus libertades democráticas, haya también un futuro de
esperanza económica para la población argelina.




--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO POPULAR), SOBRE RESULTADO DE LA REUNION
MANTENIDA CON EL CONSEJO DE COOPERACION DEL GOLFO, ASI COMO DE LOS
CONTACTOS CON LAS AUTORIDADES DE LA REGION. (Número de expediente
181/000605.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta siguiente, la que lleva el
número 6 en el orden del día, formulada por don Manuel Milián, sobre el
resultado de la reunión mantenida con el Consejo de Cooperación del
Golfo, así como de los contactos con las autoridades de la región.

El señor Milián tiene la palabra.




El señor MILIAN MESTRE: El asunto del Golfo es otro problema que ha
traído desde lejanos tiempos inquietudes, sobre todo a analistas y a la
gente que se dedica a la prospectiva.

Recuerdo la lectura de un libro de Alexandre de Maranches que me
impresionó mucho cuando hablaba en uno de los capítulos de las guerras
del petróleo. Es un libro de hace diez o doce años, pero el autor hace
unos quince años pronosticó que la guerra inminente vendría justamente
por Afganistán, con la invasión de la entonces Unión Soviética, que pasó
de inmediato al Golfo. ¿Qué quiere decir? Que una de las zonas
geopolíticas de mayor importancia estratégica está justamente en ese
lugar y que la conservación de más del 60 por ciento de las reservas
energéticas del mundo concentradas en ese Golfo suponen un bocado de
enorme apetito para cualquier potencia o para cualquiera que se pretenda
potencia supranacional.

En este sentido los hechos ocurridos en los años 1990-1991, con la
invasión de Kuwait, etcétera, plantearon la enorme trascendencia y
gravedad que tenía esa zona del globo terráqueo y los intereses que en
torno a la misma se mueven. En consecuencia, que se produzcan esas
reuniones y se haya reanimado justamente este Consejo de la Unión Europea
y el Consejo de Cooperación con el Golfo, me ha parecido una buena
noticia y especialmente a los españoles, habida cuenta de que fue un
hecho que se produjo el 16 de julio de 1995 en Granada y que fuimos
nosotros los que planteamos esa conveniencia de reactivar las relaciones
entre ambos bloques a la vista del estancamiento del que no parecían
salir.

El 17 de febrero pasado se ha celebrado en Doha la séptima reunión
ministerial entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo
y nos gustaría conocer cuáles han sido las consecuencias, los resultados
y las perspectivas de la misma. Ahí está claro que hay dos bloques de
grandes intereses que, sumados los unos y los otros, suponen mercados de
enorme importancia. Creo que la zona del Golfo es el quinto mercado más
importante para las economías europeas, aunque tenga solamente una
población de veintiún millones de habitantes, pero con un poder de
expansión y un poder adquisitivo valorado en cifras espectaculares. No es
de extrañar que la Unión Europea tenga que platear un política clara y
coherente respecto a estos grandes intereses.

Según creo, la última reunión ministerial entre ambos bloques, la Unión
Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, tuvo lugar en Luxemburgo
el 22 de abril del año pasado, que fue previa a la que ahora nos estamos
refiriendo. En ella se ha ido viendo cómo aparecen dos claras posturas.

Una, desde el punto de vista político, donde se ve y surge un diálogo
institucional a nivel ministerial y que se tuvo en una reunión previa en
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en el año 1996;
y un segundo punto de vista, que es estrictamente el económico-comercial,



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donde se manejan cifras muy altas, en mecus concretamente.

Tengo entendido que en los años 1994 y 1995 las exportaciones de la Unión
Europea a esta zona han sido de 19.302 y 19.339 millones de ecus, frente
a exportaciones del conjunto de esa zona a la Unión Europea en esos dos
años de 11.376 y 11.028 millones de ecus, respectivamente. Eso, unido a
la estrategia de la propia materia de estas exportaciones, como son los
puntos energéticos derivados del petróleo, establece una serie de
conveniencias que se cifran, como hemos visto, en la documentación que
hemos tenido a nuestro alcance respecto a zonas de libre comercio,
reordenación aduanera, etcétera, que lo que hacen es intentar mejorar las
condiciones para estas relaciones y para la viabilidad economicista de
las mismas.

Señor Secretario de Estado, me gustaría que, desde el punto de vista
comunitario, nos cifrara cuáles son los objetivos que afectan a esa
región más específicamente, desde la óptica política y económica y, en
segundo lugar, cuáles son las consecuencias derivadas de esta reunión del
17 de febrero, que ha sido el refuerzo o el reestímulo que España, a
través de la reunión de Granada del año 1995, ha producido en los
intereses entre ambos bloques.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): La reunión de Granada, iniciada por la
Presidencia española de las troikas de los Ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea y del Consejo de Cooperación del Golfo, ha
propiciado que de nuevo se reunieran a nivel ministerial la Unión Europea
y el Consejo de Cooperación del Golfo, precisamente en Doha el pasado 17
de febrero, reunión a la que tuve ocasión de asistir en representación
del Ministro, que estaba acompañando a sus Majestades los Reyes en un
viaje oficial a Egipto.

Esta reunión es una más de las que se inscriben en las que anualmente
tienen los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y del
Consejo de Cooperación del Golfo. Siempre se ven todos los meses de
septiembre, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero una
reunión de este tipo fuera de Europa, con un planteamiento ya claro de
esa relación entre el Consejo de Cooperación del Golfo y la Unión Europea
como bloque, no se había celebrado desde hacía tiempo.

Quiero confirmar la importancia de los flujos comerciales que el Diputado
Milián ha destacado y que arrojan un balance favorable para Europa. En
1994 y 1995 las exportaciones de la Unión Europea al grupo de países que
forman el Consejo de Cooperación del Golfo han sido de 19.302 y 19.339
millones de ecus, frente a las exportaciones de los países del Consejo de
Cooperación del Golfo hacia la Unión Europea que han sido de 11.376 y
11.028 millones de ecus. Lo cual quiere decir que hay una tasa de
cobertura de nuestro comercio de casi un 50 por ciento.

A pesar de la escasa población --el Diputado Milián lo ha señalado, son
sólo veintiún millones de habitantes--, el Consejo de Cooperación del
Golfo es, como el Diputado ha dicho, el quinto mercado más importante
para las exportaciones europeas. A la vez, Europa creo que es el primer
destinatario del crudo que el Consejo de Cooperación del Golfo vende en
el mundo.

Como se ha dicho, esta reunión de Granada permitió la regeneración del
clima de confianza necesario y la creación de unos grupos de trabajo
orientados a intensificar el marco institucional.

Por lo que se refiere a la reunión de Doha, debo decirles que, después de
haber asistido a muchas reuniones con los ministros de la Unión Europea y
del Consejo de Cooperación del Golfo, creo que ésta ha sido la más
importante, la más interesante y la más sustantiva. Por primera vez, de
verdad, no solamente se está hablando de esa relación económica entre el
Consejo de Cooperación del Golfo y la Unión Europea, sino que ha habido
un verdadero diálogo político entre los ministros árabes y los ministros
de la Unión Europea.

Quisiera señalar que se dio una especial relevancia a las cuestiones
comerciales. Los países que pertenecen al Consejo de Cooperación del
Golfo están detrás de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Ustedes saben que la dialéctica de la Unión Europea en este tema es que,
antes de empezar a hablar de un acuerdo de libre comercio entre dos
bloques, primero tienen que consolidar el tratado de libre comercio entre
ellos mismos. Lo cual, aunque parezca paradójico, tiene sus dificultades,
puesto que los diversos emiratos y estados del Consejo de Cooperación del
Golfo tienen regímenes aduaneros muy dispares y no logran ponerse de
acuerdo en establecer una tarifa común. Por tanto, mientras ellos no
terminen de hacer su tarea interna es muy difícil hacer una política de
bloques, puesto que la Unión Europea no desea tener un acuerdo de libre
cambio con aranceles aduaneros diferenciados, dependiendo de si las cosas
van a Bahrein, a Qatar, o a Abu Dhabi.

Ha habido un gran avance en estos temas. Nos parece que ha habido por
parte de ellos una gran determinación para terminar su acción interna y
seguir con la negociación global con la Unión Europea. Y, como he dicho
antes, ha habido también un número muy importante de intercambios de
orden político, de interés mutuo que, en este caso, se han referido
fundamentalmente a la seguridad y a la estabilidad en la región del Golfo
y a la situación y perspectivas del proceso de paz en Oriente Medio.

Creo oportuno señalar que con motivo de esta reunión aproveché la ocasión
para hacer contactos bilaterales con todos y cada uno de los
representantes del Consejo de Cooperación del Golfo y me entrevisté con
los Ministros de Asuntos Exteriores de Qatar, Omán, Bahrein, Arabia
Saudita, y con el Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda de Kuwait.

El resultado de los intercambios con estos ministros nos lleva a la
conclusión de que las relaciones políticas de España con los países de la
zona son excelentes, pero que las relaciones económicas, salvo con Kuwait
y con Arabia Saudita, dejan mucho que desear. Esos países no están
comprando en grandes cantidades en España, entre otras



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razones, porque nosotros no estamos comprando petróleo en la mayor parte
de ellos. Nuestra representación a nivel diplomático solamente existe en
Kuwait, Arabia Saudita y en los Emiratos Arabes Unidos, a pesar de que
hay una gran demanda, particularmente por parte de Qatar y también de
Omán, de que abramos una embajada en Doha y en la capital de Omán, además
de que esos países tienen embajadores residentes en Madrid.

A pesar del excelente clima en las relaciones bilaterales que tenemos con
esos países y del gran entendimiento a nivel político y diplomático, creo
que queda todavía un gran camino por andar y que España tiene un amplio
margen para desarrollar sus relaciones comerciales y políticas con los
socios del Consejo de Cooperación del Golfo.

Debo decir que con Arabia Saudita tenemos unas relaciones excelentes y
privilegiadas. Prueba de ello es la reciente visita del Ministro de
Asuntos Exteriores a Riad y la anunciada visita del Príncipe Saud,
Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, a España.

Naturalmente, estamos haciendo muchas otras acciones. Muestra de ello ha
sido, por ejemplo, la visita de la Infanta doña Cristina a Abu Dhabi y
algunos otros viajes y misiones comerciales de personalidades y de
ministros a diversos países de la zona. Pero, como ya he dicho, las
relaciones bilaterales con la mayor parte de los países del Golfo tienen
todavía un gran margen para poder progresar por parte española.

Respecto a la parte comunitaria, esta última reunión de Doha ha
consolidado el interés de los dos grupos regionales en tener una
negociación de bloque entre los dos. Creo que sería extraordinariamente
fructífera e interesante, dado el nivel de los intercambios comerciales.

Creo que se ha registrado por primera vez, de una manera interesante y
sustantiva, un diálogo político sobre los grandes temas, sobre todo la
seguridad y la estabilidad del Golfo y el proceso de paz en Oriente
Medio, que hasta ahora, aunque había habido intercambios, no habían sido
de la profundidad de lo que han sido en Doha.




--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO POPULAR), SOBRE OPINION DEL GOBIERNO
ACERCA DE LA SITUACION DE BULGARIA, ASI COMO DE SU PROXIMO PROCESO
ELECTORAL. (Número de expediente 181/000607.)



El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a la pregunta, de la que es
autor también el señor Milián, sobre lo que el Gobierno piensa acerca de
la situación de Bulgaria, así como de su próximo proceso electoral.

Tiene la palabra el señor Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Esta pregunta está presentada mucho tiempo atrás
y, por tanto, la formulación ahora resulta inexacta, puesto que el
próximo proceso electoral, en todo caso, es próximo pasado y en él ha
habido resultados sorprendentes hasta cierto punto, no tanto para quienes
conocíamos un poco la realidad interna del país. La Unión de Fuerzas
Democráticas ha alcanzado un éxito enorme --obtuvo el 50 por ciento de
los votos-- y, por supuesto, se han reforzado las posiciones internas,
que buscan el camino de la integración en el mundo occidental y la
consolidación del sistema democrático.

Dicho esto, quisiera advertir que las razones fundamentales de esta
pregunta son porque ello venía motivado por la existencia de una crisis
profunda búlgara en la propia sociedad que, en los últimos tiempos,
especialmente en la que tuvo lugar en el mes de enero pasado, provocó
tensiones internas muy serias en el pueblo, ya que salió a la calle y
amenazó, con movimientos similares a los de Belgrado, con romper el
estado político, justamente porque estaba todavía en la permanencia de
una nomenclatura del antiguo régimen, camuflada y gobernando, a su
manera, de espaldas a una realidad sociológica que no se correspondía con
esa evidencia.

Todo esto llevó a un adelanto de las elecciones, que estaban previstas
para el año 1998 y que se han celebrado en el año 1997, tras la caída de
los últimos hombres de la transición del sistema anterior, como era el
Presidente Jelev, que el 22 de enero fue sustituido por Peter Stoyanov,
un hombre también de la Unión de las Fuerzas Democráticas y que hablaba
claramente un idioma distinto, buscando una adecuación de lo que era la
voluntad popular y lo que era el sistema político, o, viceversa, adaptar
el sistema político a lo que es la opinión pública.

Todavía el Presidente Jelev, en Le Monde, en el mes de enero, hizo unas
declaraciones en las que decía: Nos encontramos ante un bloqueo
constitucional y queda la presión de la calle. En Bulgaria la gente
siente el hambre y no tiene esperanza. Su comportamiento es imprevisible.

Esta frase de Jelev, que leí en Le Monde en el mes de enero, revela muy
claramente cuál era la situación interna y los riesgos para la democracia
que motivaron justamente mi pregunta y el ánimo de tutela que busca, no
digo la pregunta, sino la motivación de la respuesta.

La crisis económica todavía hoy es profunda. Tengo la información de que
en el año 1996 la inflación alcanzó el 311 por ciento, mientras que el
lev, que es la moneda nacional, fue devaluado un 560 por ciento. El
colapso del sistema bancario, parecido en parte a lo que ha ocurrido en
su entorno y que usted ha mencionado antes cuando hablaba de Albania, ha
sido otro de los grandes problemas que han agravado todavía más el
sobrepeso de la deuda externa, que supera los 12.000 millones de dólares.

El salario medio es inferior a los 20 dólares mensuales, y las pensiones
no bastan ya para comprar ni siquiera el pan. Es una situación realmente
límite. Si esto lo ubicamos al sur de la ex Unión Soviética, en un rincón
donde el aislacionismo de esta nación es fácilmente visible (entre
Turquía, Grecia y Rusia por el norte, y en su lado occidental todo el
complicado mundo balcánico, con Albania, Kosovo, etcétera, más las
implicaciones que pueda tener esta región), es evidente que tiene una
significación importante que se busquen soluciones políticas y ayudas de
algún género a un país que está en el ombligo prácticamente de la zona
volcánica por excelencia, desde el punto de vista político. Por eso, es
un país que requiere salidas imaginativas. Y salidas imaginativas sería
buscar apoyos de la Comunidad, un entendimiento



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no solamente por parte de Europa de sus males, sino una buena atención a
lo que son sus demandas. Una de sus demandas fundamentales --y yo
justamente he recibido esta mañana la prueba de ello-- es su inento de no
quedarse aislado en el tema de la OTAN. El que va a ser ahora Presidente
de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, el señor
Agow, ha mandado, a través de la Asamblea de la OTAN, un informe pidiendo
que se atienda a este miedo peculiar que ellos sienten, en la búsqueda de
la democracia, de la seguridad y la estabilidad interna, al aislamiento
y, por supuesto, a no quedar relegados en un tren de integración
defensivo, que puede ser el primer paso a valorar, en torno de la ex
Unión Soviética con la integración de los primeros países de su grupo.

Por esta razón, el objetivo de mi pregunta era saber la postura del
Gobierno respecto al impulso en Europa de una política de protección, de
tutela de un país de raíces claramente cristianas, de tolerancia probada,
como se demuestra en una comunidad islámica que es respetada y que tiene
su propio partido político, que participa electoralmente y que tiene sus
propios diputados, lo cual es una convivencia ejemplar para el desastre
bosnio, por ejemplo, tan vecino, y que además tiene el inconveniente de
sentirse de alguna manera condicionado por la presencia rumana, cuya
situación interna tampoco está clara ni definida. Su aspiración es no
quedarse aislada tampoco en el proceso integrador de la comunidad de
defensa europea a través de la NATO, que justamente es para los rumanos
un motivo de inquietud y de angustia.

Estas son las razones que han fundamentado esta pregunta en su día y que
nos ha llevado ahora, con un cierto retraso, a la respuesta. Pero
quisiera decir que hay un hecho nuevo positivamente sorprendente, que de
alguna manera vuelve a vincular a España en ese protagonismo indirecto, y
es que nuestro país siempre ha tenido en su seno a una personalidad tan
destacada como el Rey Simeón de Bulgaria, de ejemplar comportamiento
personal y político, y que en este momento se está convirtiendo, según
las noticias de buen alcance que tengo yo, en la esperanza blanca del
pueblo búlgaro. Aunque sea un país pequeño y tenga una población
reducida, creo que merece una atención especial, puesto que mejor
inversión, hablando en términos simplemente de simpatía y de acomodo a
las conveniencias económicas, no podíamos tener de cara al futuro. Este
es el razonamiento de por qué hace unos meses yo presenté esta pregunta,
que obviamente ha quedado superada ya por el proceso electoral, pero el
planteamiento de base que la soportaba, como usted verá, señor Secretario
de Estado, está perfectamente definido en una realidad objetiva.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Ni que decir tiene que España y el Gobierno
han seguido con particular interés la crisis política desencadenada en
Bulgaria a finales del pasado año, que ha tenido como consecuencias la
dimisión del gabinete socialista y su sustitución por un ejecutivo de
transición, que está todavía en funciones, la convocatoria de estas
elecciones, que han sido ejemplares y transparentes, el pasado 19 de
abril, y la constitución de un nuevo Gobierno, que va a entrar en
funciones un día de éstos, no sé si el 20 de mayo.

Verdaderamente, la evolución en Bulgaria ha sido muy positiva,
esperanzadora, en la medida en que las fuerzas de este país, contra todo
pronóstico y contra todas las predicciones de los agoreros, han sido
capaces de alcanzar una solución política dialogada, frenando una
escalada de conflicto que parecía inevitable y que hubiera tenido
consecuencias incalculables para la estabilidad de toda la región. No hay
más que pensar la cantidad de países con los que tiene frontera Bulgaria.

Yo diría que Bulgaria es el verdadero corazón de los Balcanes.

Igualmente favorable es la opinión que tenemos ante la forma de afrontar
la crisis económica, que es el gran problema de Bulgaria en este momento.

Valoramos muy positivamente el acuerdo que ha alcanzado este Gobierno de
transición con el Fondo Monetario Internacional, porque éste concede a
Bulgaria un total de 660 millones de dólares, destinados a apoyar las
reformas económicas. También nos parece extraordinariamente positiva la
decisión del Gobierno de proceder a la privatización de más de 400
empresas públicas en una primera iniciativa y abrir las inversiones
internacionales. Yo quiero manifestar aquí la gran satisfacción que nos
ha producido el hecho de que una empresa española, en consorcio con
socios búlgaros, se haya hecho con la mayor empresa de cementos del país,
con una inversión que va a suponer, en el plazo de los próximos cinco
años, un desembolso de más de 209 millones de dólares. Este es un signo
verdaderamente esperanzador del interés de los inversores españoles por
la situación de Bulgaria y no hace más que abrir un proceso, que es el
único verdaderamente interesante para transformar la economía búlgara,
que es la inversión extranjera.

Con respecto al proceso político, nosotros estamos totalmente de acuerdo
en cómo se ha llevado a cabo el proceso electoral y cómo se ha
constituido el Gobierno. Y por hacer referencia final a un tema que
preocupa mucho al Gobierno búlgaro, que el Diputado Milián ha citado (que
es el tema de su futura consideración o eventual consideración como país
elegible para llevar a cabo negociaciones para la ampliación de la OTAN),
quiero decir que el martes a mediodía, después de la reunión del Consejo
de Europa, he tenido una entrevista en Estrasburgo con el Ministro en
funciones de Asuntos Exteriores --porque es del Gobierno de transición--,
que me ha transmitido formalmente el deseo del Gobierno búlgaro de
recibir el apoyo de España con vistas a que Bulgaria sea considerada para
esta primera adhesión. En el caso de que esto no pudiera ser posible, que
se mantenga claramente una política de puerta abierta, para que Bulgaria,
si no entrara en esta primera ola de adhesiones, pudiera tener una
esperanza para iniciar las negociaciones en un período posterior. He
transmitido al Ministro de Asuntos Exteriores búlgaro las instrucciones
de mi Ministro respecto de la simpatía que tiene España por integrar a
Bulgaria en este ámbito defensivo y de seguridad de nuestra Alianza. No
he podido darle garantías de



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si estará en la primera o en la segunda ola de ampliación, porque
naturalmente esto es una decisión colectiva que tenemos que tomar de
acuerdo con criterios objetivos.

Quiero señalar que, en nuestra opinión, el Gobierno búlgaro reúne muchos
de los criterios objetivos para ser miembro de la Alianza y,
fundamentalmente, algo que hay que subrayar, que es su excelente relación
con todos sus vecinos, teniendo en cuenta la dificultad que ello
conlleva, porque en todas sus fronteras tiene vecinos con graves
problemas y nunca ha habido conflicto alguno de vecindad; es quizá el
único país de la zona que no los ha tenido. Además, hay otra cosa muy
importante desde el punto de vista de la Alianza, que es la excelente
relación que ha tenido siempre el Gobierno búlgaro con Rusia, lo cual
contribuye a tranquilizar a la Federación Rusa respecto a las intenciones
que pueda tener cualquier movimiento de ampliación de la Alianza. Por lo
tanto, pleno apoyo al proceso político; plena identificación con la nueva
política económica, hasta el punto de que incluso inversores españoles
están participando y nosotros les vamos a alentar de manera activa; e
interés y apoyo por su futura participación no solamente en la Alianza,
sino también en la Unión Europea. Acabamos de tener un consejo de
asociación con Bulgaria y la conclusión es que Bulgaria está bien situada
para iniciar las negociaciones de adhesión en un futuro muy próximo, en
cuanto se termine la conferencia intergubernamental. Bulgaria se va
consolidando como un espacio de estabilidad y de prosperidad, que es lo
que nosotros deseamos.

Por muchas razones y también por la que el Diputado señor Milián ha
señalado de que nuestro país tiene aquí un embajador extraordinario --yo
no sé si plenipotenciario, pero, desde luego, extraordinario--, que es el
rey Simeón y también por nuestra afinidad, España tiene un futuro
excelente para las relaciones bilaterales con Bulgaria. Por otro lado,
también existe ese futuro con la Unión Europea y con la Alianza.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado por su
presencia, por la claridad y la importante información que nos ha
transmitido. Una vez más, ha sido un placer para la Comisión recibirle.

Gracias, señores comisionados --los que quedan-- por haber tenido la
paciencia de soportar esta no corta precisamente sesión. Antes de
levantarla, querría convocar a los miembros de la Mesa y a los portavoces
que queden --veo que son pocos-- a una breve reunión en el despacho de la
Presidencia de la Comisión, en la segunda planta.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y cinco minutos de la tarde.