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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 206, de 06/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 206
SOBRE COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO
PRESIDENTE: DON GABINO PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 5
celebrada el martes, 6 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (Villalonga Campos), para informar
sobre las líneas generales y aspectos básicos del proyecto de Ley de
Coperación Internacional. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. (Número de expediente 212/000547) (Página 5662)
Preguntas:
--De la señora Balletbó i Puig (Grupo Socialista), sobre instrumentos
para favorecer una mejor coordinación con las Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs). (Número de expediente 181/000662) (Página 5673)
Comparecencia del señor Secretario General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (Espinosa Fernández), para informar sobre los
proyectos en curso de cooperación al desarrollo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000548)
(Página 5677)
Preguntas:
--De la señora Balletbó i Puig (Grupo Socialista), sobre aportación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) al fondo de
población de Naciones Unidas en el ejercicio 1997. (Número de expediente
181/000506) (Página 5686)
--Del señor Izquierdo Juárez (Grupo Popular), sobre aportación de España
en la crisis de los Grandes Lagos. (Número de expediente 181/000606)
(Página 5688)
Proposiciones no de ley:
--Sobre destino del 1 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB) para
la lucha contra la pobreza en el Tercer Mundo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000485)
(Página 5690)
Se abre la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (VILLALONGA CAMPOS), PARA INFORMAR
SOBRE LAS LINEAS GENERALES Y ASPECTOS BASICOS DEL PROYECTO DE LEY DE
COOPERACION INTERNACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000547.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Vamos a dar comienzo a la Comisión sobre Cooperación y Ayuda al
Desarrollo y lo hacemos dando la bienvenida al Secretario de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando
Villalonga, que, como saben, comparece para informar sobre las líneas
generales y aspectos básicos del proyecto de ley de cooperación
internacional.
Sin más dilación, por tanto, y dándole los buenos días, tiene la palabra
el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Muchas gracias, señor Presidente.
Ante todo, quiero agradecer al Grupo Popular la posibilidad que me ofrece
de exponer ante la Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo lo
que son las líneas generales y aspectos básicos del proyecto de ley de
cooperación internacional. Creo poder afirmar, sin riesgo a equivocarme,
que esta ley es una aspiración largamente esperada por todos aquellos que
trabajamos desde hace tiempo en el campo de la cooperación. Como saben
ustedes, España, en apenas 20 años, ha pasado de ser un país receptor de
ayudas exteriores a convertirse en el undécimo país contribuyente neto en
la lista de países donantes y, paralelamente al incremento de fondos
destinados a la ayuda oficial al desarrollo, nuestro país ha puesto en
pie una completa estructura para la gestión y articulación de su política
de cooperación al desarrollo. Sin duda, uno de los retos de nuestra
política de cooperación al desarrollo ha de ser el de procurar mantener
esta posición destacada en la lista de contribuyentes donantes
nacionales, así como mejorar progresivamente la ratio AOD/PIB que mide
ese esfuerzo nacional. Sin embargo, considero que el objetivo fundamental
de la misma ha de ser, ante todo, ganar la batalla por la calidad de la
cooperación y conseguir mejores resultados en su acción de lucha contra
la pobreza en los países del Sur, instrumentando un sistema de evaluación
que hoy todavía no se aplica y ejerciendo un cada vez más depurado
control del gasto para así poder rendir cuentas claras ante los
contribuyentes. No en vano la eficiencia de la cobertura de los objetivos
establecidos por los proyectos de ayuda al desarrollo, la eficacia de las
distintas fases de su ejecución y la calidad de los sistemas de control y
seguimiento supondrán la legitimación última de nuestro esfuerzo como
donantes.
La futura ley de cooperación está llamada a establecer el marco jurídico
definitivo de nuestra cooperación internacional, ordenándolo y
racionalizándolo de manera que pueda atender con la mayor eficacia sus
necesidades, y, en definitiva, la ley constituirá un elemento clave para
la correcta articulación de una política de cooperación española; por
otra parte, su promulgación dará respuesta a los requerimientos
formulados por los informes y ponencias sobre la cooperación
internacional, aprobados en anteriores legislaturas en esta Cámara y en
el Senado, así como a la recomendación efectuada por el Comité de Ayuda
al Desarrollo en su examen de la ayuda española de 1994. Todas estas
razones explican las causas por las que el Gobierno se ha planteado la
promulgación de la ley de cooperación internacional para el desarrollo
como una de sus prioridades en la presente legislatura. En tal sentido
subrayo, señorías, que el Gobierno tiene la intención de remitir a las
Cortes este proyecto de ley en el curso de este primer semestre del año.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado ya un anteproyecto de
ley de cooperación internacional para el desarrollo, en cuya redacción ha
tenido en cuenta tanto la versión preparada por el anterior equipo de
Gobierno, que no llegó a tener tramitación parlamentaria, como algunas
aportaciones de diversas instancias no gubernamentales competentes en
materia de cooperación. El Gobierno es consciente de la conveniencia de
lograr una ley que cuente con un amplio consenso nacional al objeto de
garantizar su eficacia y efectividad. Tengan la seguridad, señorías, de
que con la finalidad de lograr este consenso el Gobierno no regateará
esfuerzos. En estos momentos, el anteproyecto está en fase de examen por
los diferentes departamentos ministeriales. Mañana lo presentaré ante la
Comisión de secretarios de Estado y de subsecretarios y, tras su
aprobación por la misma, el texto deberá ser objeto de informe preceptivo
por el Consejo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo. A continuación,
volverá a la Comisión de secretarios de Estado y de subsecretarios, que
lo llevará al Consejo de Ministros para su aprobación. Será entonces
cuando el Gobierno presente el proyecto de ley definitivo a las Cortes
para su estudio y discusión.
Al pasar a tratar las características básicas de este anteproyecto de ley
que hemos preparado quisiera destacar los dos temas que considero que son
el objetivo central de la futura regulación. En primer lugar, hablaré de
la estructura institucional de la ayuda al desarrollo y de la metodología
de la planificación. El anteproyecto procede a analizar la actual
estructura institucional de la AOD y trata de conjurar el riesgo de
parálisis y descontrol que hoy la amenaza, ante la multiplicidad de
instancias competentes en la materia y la ausencia de un órgano que las
interrelacione efectivamente. El anteproyecto busca asegurar también la
plena participación de todos los agentes con voz propia en el mundo de la
cooperación al desarrollo a través de canales de participación adecuados,
garantizando, al propio tiempo, la aplicación y la vigencia del principio
de la unidad de acción del Estado en el exterior. En este sentido y en lo
que se refiere a la futura estructura institucional de la ayuda al
desarrollo, la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores al redactar
el anteproyecto se ha centrado en cuatro puntos prioritarios.
El primero de ellos es la coordinación interdepartamental. El
anteproyecto prevé el mantenimiento de la actual Comisión
Interministerial de Cooperación Internacional (CICI), que a lo largo de
los años ha probado ser una estructura útil de coordinación entre los
diferentes departamentos ministeriales gestores de AOD. Entre ellos
destacan el Ministerio de Asuntos Exteriores, que debe seguir siendo,
según la ley, el departamento que coordine la política de cooperación al
desarrollo, que es parte fundamental de la política general exterior del
Estado, y también el Ministerio de Economía y Hacienda, dada la
importancia cuantitativa del componente de los créditos FAD en la ayuda
al desarrollo. Con todo, no deben subestimarse las contribuciones de
otros ministerios ejecutores de gastos de AOD, que, a pesar de su escasa
relevancia, son importantes por su especialización sectorial.
En segundo lugar está la coordinación con la cooperación oficial
descentralizada. Como ustedes saben, se trata de un rubro en creciente
expansión que supone ya más del 14 por ciento de la AOD bilateral. Varias
comunidades autónomas han creado sus propios consejos de cooperación y
algunas prevén promulgar a corto plazo normas sobre la ayuda oficial al
desarrollo. Parece conveniente buscar la más estrecha coordinación entre
los distintos entes de la cooperación oficial descentralizada y con este
objetivo en el actual anteproyecto de ley se prevé la creación de un
órgano interterritorial de cooperación que sirva de cauce, de relación y
de instrumento de concertación permanente entre la Administración del
Estado y otras administraciones públicas donantes. Con esa finalidad se
impone también la necesidad de establecer un banco de datos común, un
registro común de organizaciones no gubernamentales y un instrumento de
información permanente que garantice el conocimiento de las acciones de
cooperación al desarrollo cofinanciadas por las diferentes
administraciones territoriales y que permita homogeneizar criterios en la
metodología de la formulación, gestión y seguimiento de proyectos de
cooperación, al objeto de evitar duplicaciones y solapamientos.
El tercer elemento es la creación, con una nueva forma, del Consejo de
Cooperación al Desarrollo. Hay que decir que el anteproyecto prevé la
permanencia de este órgano, que es una importante pieza en la estructura
institucional de la ayuda española; se reafirma en su carácter de órgano
consultivo, se mantiene como cauce privilegiado de presencia y
participación de instancias privadas competentes en materia de
cooperación y se le incorpora al proceso de definición de estrategias de
la política oficial de ayuda al desarrollo.
En cuarto lugar, se da una especial relevancia al papel del Parlamento.
El anteproyecto de ley propugna que las Cortes aparezcan como la pieza
fundamental del engranaje institucional de la futura política nacional de
cooperación al desarrollo, y es que el amplio consenso político y social
en el que ha de sustentarse esta política aconseja la activa implicación
del órgano que aúna y representa todas las voluntades del Estado.
Fomentar y potenciar el control parlamentario de la política de
cooperación a través de los plenos y por las comisiones especializadas
respectivas constituye una de las prioridades de la ley. Sin embargo, el
Gobierno también está convencido de que las funciones de las Cámaras no
pueden quedar limitadas, como he dicho en ocasiones anteriores, a una
actividad de control, sino que deben extenderse muy fundamentalmente a la
definición de los principios y directrices en los que se haya de inspirar
la política gubernamental de cooperación al desarrollo, principios que
deberían también inspirar la acción promovida por otras administraciones
territoriales y por los diversos agentes de la sociedad civil competentes
en cooperación.
Tal y como indiqué anteriormente, junto a la estructura institucional,
otro de los temas centrales que regula la futura ley será el de la
metodología de la planificación de la ayuda oficial y al desarrollo.
La futura ley introducirá un nuevo esquema de planificación en la acción
cooperativa del Estado. Como SS. SS. saben, el actual plan de cooperación
internacional --el PACI-- que se ha revelado como útil instrumento de
verificación, no ha podido ser nunca un verdadero instrumento de
planificación. Sin embargo, una planificación acertada y rigurosa
constituye un elemento indispensable, que puede además reconducir a un
esquema unitario y coherente los diferentes esfuerzos que en el ámbito
del territorio español se realizan en favor del desarrollo de los países
del Sur. Con este objetivo, el anteproyecto de ley establece dos vías
esenciales de la planificación, por un lado, el plan director a cuatro
años y, por otro, los planes anuales.
El plan director cuatrienal definirá las estrategias globales para el
período, marcará las prioridades geográficas y sectoriales --que puedo
anticipar a SS. SS. que no van a diferir básicamente de las
tradicionales-- y, por último, establecerá con carácter indicativo los
recursos que se destinarán a los diversos componentes de la cooperación.
Por otra parte, se mantendrá la vigencia de los planes anuales heredados
del PACI. Entre ellos, se diferenciarán el plan anual, orientado al año
futuro y sujeto a las condiciones presupuestarias del ejercicio, y el
plan de evaluación, que es una mirada retrospectiva anual sobre lo
gastado en el período inmediatamente anterior en la ayuda oficial al
desarrollo y que aclarará, como no ocurre con los actuales PACI, si se
han alcanzado los objetivos marcados y si han sido conseguidos los
resultados planificados. Con este nuevo método de planificación se busca
alcanzar una evaluación bastante más precisa de las realizaciones
conseguidas, una mayor eficacia en la ejecución del gasto y un mayor
control en su verificación. En definitiva, se trata de valorar con
suficiente precisión la eficacia y la eficiencia de nuestra AOD.
Me he centrado hasta ahora en el tratamiento que da el anteproyecto a dos
cuestiones fundamentales para la cooperación al desarrollo: su estructura
orgánica y su planificación y evaluación. Sin embargo, junto a ellas, el
texto desarrolla otros temas de gran interés. Entre éstos, podría
destacar sin ánimo exhaustivo la definición de los objetivos y
prioridades de la cooperación pública española, así como de las
modalidades e instrumentos de la cooperación. Entre estos últimos
subrayaría la propuesta de creación de ayudas financieras para la
cooperación al desarrollo en condiciones mucho más ventajosas que las del
mercado y siguiendo las prioridades que establece la ley, que serían
gestionadas en principio por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El
anteproyecto también prevé la definición de las organizaciones privadas
de cooperación para el desarrollo y su registro público, regula el
régimen jurídico del personal al servicio de la cooperación internacional
al desarrollo y aplica un tratamiento especial para el voluntariado.
Igualmente, en su último artículo, el anteproyecto establece y regula con
carácter general el fomento de la participación social en la cooperación
para el desarrollo y promueve la toma de conciencia de la sociedad
española por este tema.
No quiero terminar sin reiterar de nuevo el deseo del Gobierno de
conseguir una ley que cuente con el más amplio consenso de todos los
sectores de la sociedad española. Entendemos que la cooperación al
desarrollo es un elemento esencial de nuestra política exterior y como
tal debe contar con el apoyo de la sociedad española en su conjunto. En
aras de buscar este consenso --repito-- el Gobierno va a realizar los
máximos esfuerzos. El objetivo último a lograr por la futura ley de
cooperación internacional para el desarrollo no es otro que el de poder
disponer de un marco jurídico institucional eficaz que permita canalizar
con mayor eficiencia y el máximo rendimiento el generoso esfuerzo que
realiza la sociedad española en apoyo de las poblaciones del mundo más
necesitadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Como he llegado un poco tarde por
problemas de avión, no sé si se habrá referido al principio al tema de la
fechas. Yo agradezco profundamente al Secretario de Estado su
comparecencia para explicar la líneas generales del anteproyecto, aunque
lo primero que habría que señalar es la no adecuación de la fecha de la
presentación de la ley que se había señalado en su primera comparecencia.
Si no recuerdo mal, se hablaba de finales del año pasado y ya han pasado
algunos meses y todavía estamos en fase de anteproyecto. Creemos que esta
ley es muy importante y que había que haberla hecho con un poco más de
rapidez. En cualquier caso, nos alegramos de que ya esté a punto de ser
presentado el proyecto de ley ante las Cámaras.
Como usted ha señalado muy brevemente las líneas generales, yo también me
referiré muy brevemente a los rasgos generales del anteproyecto que usted
ha definido. Me voy a basar simplemente en tres cuestiones claves, sin
perjuicio de que cuando llegue el proyecto de ley podamos tener datos más
concretos y una mayor información y, por tanto, entrar en detalles más
específicos. La primera cuestión es la relativa a la unidad de acción del
Estado, en el sentido de ver cómo se coordina con lo que usted ha
denominado como autoridades o administraciones descentralizadas. Me
imagino que la descentralización hace referencia tanto a comunidades
autónomas como a administraciones locales, que yo creo que son de diversa
naturaleza, pero es cierto que ambas administraciones tienen líneas
presupuestarias de cooperación y ayuda al desarrollo. En este sentido,
¿qué es lo que ustedes consideran como unidad de acción del Estado? ¿Qué
es lo que va a suponer respecto a proyectos de cooperación y ayuda al
desarrollo que en este momento están siendo financiados por parte de las
comunidades autónomas? ¿Cómo se va a proceder a esa concertación? ¿Qué
relevancia van a tener esas prioridades? ¿Va a existir algún
condicionamiento para esas estrategias que en este momento están
realizando las comunidades autónomas? Todo esto lo ha explicado pero no
de manera muy detallada y nos parece un tema muy importante y, en función
de cómo se detalle, yo diría que incluso puede ser preocupante si supone
una cierta merma en la capacidad de actuación o en la capacidad de
decisión que han venido teniendo hasta este momento las comunidades
autónomas en materia de cooperación y ayuda al desarrollo. Eso por lo que
se refiere a los principios de unidad de acción del Estado en el
exterior, que ha denominado concertación o coordinación. Vamos a ver en
qué queda, si es concertación o es coordinación, y vamos a ver cuáles son
los mecanismos que se siguen para concertar esta serie de cuestiones.
En segundo lugar, habrá que ver exactamente cómo se compone esa comisión
o ese órgano interterritorial, cuál va a ser el modus operandi y cuáles
van a ser las funciones que va a tener: si va a ser simplemente
consultivo, quiénes van a participar, cómo se va a articular esa comisión
y cuáles
van a ser sus funciones en relación a la cooperación y ayuda al
desarrollo.
Una tercera cuestión evidentemente importante es el consejo. Ha señalado
que el consejo va a tener simplemente funciones consultivas. Me gustaría
saber si se piensa ampliar con otra serie de funciones como pudieran ser
las de asesoramiento o de control y por qué serían sólo funciones
consultivas. Respecto a la composición me gustaría conocer si se va a
mantener la misma que existía anteriormente y cuál es el análisis que
desde la Secretaría de Estado realizan ustedes de la experiencia que ha
habido ya con el Consejo de Cooperación al Desarrollo y si van o no a
modificarlo. En ese sentido nos gustaría conocer algunos detalles más en
este momento, si es posible, y, si no, esperaremos a la presentación del
proyecto de ley.
La cuarta cuestión a destacar es que el Parlamento, según nos ha dicho
usted, va a tener un papel importante a la hora de determinar las
prioridades en el plan director de cuatro años. Me gustaría saber si se
piensa establecer una relación más fluida en cuanto al control por parte
del Parlamento; las funciones de control del Gobierno, genéricamente, ya
las tiene, pero me gustaría saber si se piensan articular cauces más
flexibles o más ágiles para controlar el tema relativo a la cooperación y
ayuda al desarrollo. Quisiera saber qué interrelación puede tener el
Consejo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo con el Parlamento, si se
considera oportuno que pueda tener alguna relación institucional, sin
perjuicio de las relaciones oficiosas que puedan existir. Creo que sería
importante que nos lo aclarara.
No nos ha dicho nada sobre el personal, sobre quiénes se van a dedicar a
la cooperación y ayuda al desarrollo, tanto dentro del Estado como fuera
del mismo. Aparte del voluntariado, quisiéramos saber cuáles son las
características y si se ha considerado que conviene reestructurar el
personal cualificado, dado que es una materia específica que quizá
convenga organizar de una manera diferente.
Dejo estas cuatro cuestiones generales sobre la mesa por si considera
oportuno darnos más información en este momento, y, si no es así, nos
remitiremos al proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra
su portavoz, el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Mi intervención va a ser muy breve. Soy
consciente de que hoy tenemos la satisfacción de contar con la presencia,
siempre agradable, del señor Villalonga, Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional, quien viene a presentar la líneas generales y
los aspectos básicos del proyecto de ley de cooperación internacional, y
en esta Comisión vamos a tener tiempo de debatir y en su caso de enmendar
cada uno de los puntos de este proyecto de ley que tanto preocupan, con
razón, a la portavoz del Grupo Mixto. Por tanto, en este momento sólo
quiero expresar la satisfacción de que se haya hecho la promesa firme de
que en este semestre va a llegar a la Cámara el proyecto de ley de
cooperación internacional. Nosotros consideramos que es importantísima
como norma jurídica, como marco jurídico y como marco político para
nuestro Estado, habida cuenta de que ya no somos de los últimos, sino que
ocupamos el décimo lugar en el ranking mundial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: En primer lugar, quiero agradecer al
Secretario de Estado su comparecencia ante esta Comisión y, cómo no,
sumarme también al ambiente de optimismo por el hecho de que se plantee,
por primera vez, un anteproyecto que se somete al debate y consideración
de la Comisión, un anteproyecto de ley de cooperación internacional al
desarrollo. Creemos que se trata de una necesidad, pero estamos también
ante una reivindicación histórica. Quiero recordar al señor Secretario de
Estado, para ilustrar la importancia de que este anteproyecto venga a la
Cámara, que ya en el año 1982, antes de las elecciones generales,
convocados por una ONG, Justicia i Pau, todos los grupos que en ese
momento tenían representación parlamentaria se reunieron y firmaron un
doble compromiso. El primero era conseguir en el horizonte de esa
legislatura, la que finalizaba en 1986, dedicar el 0,7 por ciento del
producto interior bruto a la ayuda oficial al desarrollo; en fin, sobran
comentarios. El segundo era que todos los grupos políticos nos
comprometimos a la elaboración y tramitación en esa legislatura de lo que
entonces denominábamos una ley de política exterior. En definitiva,
estábamos pensando en esto, es decir, en elaborar una ley que permitiera
un desarrollo de la política española de cooperación y ayuda al
desarrollo, en ese momento en una fase mucho más incipiente que la
actual. La historia es la que es, han pasado muchos años y todavía no
hemos podido discutir ese proyecto de ley. Si no recuerdo mal, en mi
pasada actividad parlamentaria y en relación con este tema, le pregunté a
dos ministros de Exteriores. Me decían que lo estaban considerando, que
seguramente se iba a hacer pronto, pero lo cierto es que dicho
anteproyecto no vino a la Cámara. Por ello debo felicitarle por haber
tenido la iniciativa de traer el anteproyecto a la Cámara.
En este momento considero que es especialmente importante aprobar una ley
de este tipo, porque, como usted ha dicho al inicio de su intervención,
se han quemado algunas etapas ya en la política de cooperación. Hemos
pasado de ser un país receptor a ser un país donante y a ser
posteriormente un país miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE y ello conlleva, entre otras cosas, un incremento de la ayuda
oficial al desarrollo, pero también de la cooperación que se canaliza a
través de organizaciones no gubernamentales y que viene de los bolsillos
de los ciudadanos. Sobre todo, es necesario realizar una cooperación no
sólo de mayor cantidad sino de mayor calidad y ello quiere decir que
tiene que ser una cooperación más eficaz y mejor controlada, porque
estamos hablando en la mayor parte de los casos de fondos públicos y, por
tanto, existe una obligación por parte de las distintas administraciones
y de este Parlamento de asegurar que ese dinero
se gasta convenientemente. Estas cuestiones y otras a las que me referiré
muy someramente deben ser el objeto de este proyecto de ley. Por tanto,
repito, sea bienvenido el anteproyecto, que esperemos que pronto se
convierta en proyecto y después en ley, y por ello queremos mostrar
nuestra satisfacción porque parece que en esta legislatura lo vamos a
aprobar.
Permítame que haga una serie de observaciones rápidas sobre el texto,
porque estamos en una fase bastante incipiente todavía del debate. En
primer lugar, quiero hacer referencia a un tema que ya ha sido planteado
por un interviniente anterior, la señora Lasagabaster, que es el
principio de unidad de acción del Estado en el exterior, que ilustra este
anteproyecto y al cual se refiere de una forma destacada la exposición de
motivos y que luego aparece de nuevo en alguna parte del articulado. Es
deseable que se pueda conseguir este principio, señor Villalonga, es
decir, que haya unidad de acción. Ahora bien, discrepo con usted sobre
las vías para hacerlo. Creo que es bueno que se pongan de acuerdo en este
caso todas las administraciones públicas --central, autonómica y local--
sobre determinados aspectos que hacen referencia a la cooperación, por
ejemplo, los ámbitos sectoriales, los ámbitos territoriales y la
evaluación de los proyectos, pero nosotros siempre hemos creído --no es
la primera vez que lo pongo de manifiesto-- que ello se debe conseguir
por la vía del diálogo entre las distintas administraciones, intentando
llegar a unos acuerdos sobre cuáles son estos objetivos y, a partir de
ahí, que cada uno haga su trabajo. No he encontrado en la Constitución
ese principio de unidad de acción. Sí he encontrado un artículo que hace
referencia a la competencia de la Administración central en cuanto a las
relaciones internacionales, y el Tribunal Constitucional, si no recuerdo
mal, ha dicho que ese principio se concreta en aquellos casos donde una
acción de cualquier Administración pública genera responsabilidad para el
Estado, que no es el caso, creo yo, de la cooperación y ayuda al
desarrollo. Pues bien, la discrepancia por nuestra parte viene en el
momento en que ese principio se concreta en determinadas exigencias para
aquellos organismos o administraciones que realizan cooperación
descentralizada y a la que usted también se ha referido. Para nosotros
--y hablando ya de criterios muy globales-- este anteproyecto debería ser
riguroso y concreto en el momento de regular todas las acciones de
cooperación y ayuda al desarrollo que se nutren de los Presupuestos
Generales del Estado, fijando un marco, que debiera ser objeto de
diálogo, para la cooperación descentralizada o la cooperación realizada a
través de ONG con fondos propios, por tanto, con fondos que no se nutren
de los Presupuestos Generales del Estado. En ese sentido, hay aspectos
que usted ha citado, como el registro único de ONG o determinadas
acciones de control y evaluación por la Secipi de todas las acciones de
cooperación, con los que no podemos coincidir.
En segundo lugar, y dentro del ámbito de los principios, hay una
referencia constante --y esto no es nuevo-- a la política de cooperación
como integrante de la política exterior del Estado. Estamos de acuerdo en
que la política de cooperación es política exterior, pero creemos que
falta algo. Es decir, yo creo que la política de cooperación no es sólo
política exterior, sino que es algo más. Cuando una organización no
gubernamental hace política de cooperación, su fin último no es coadyuvar
a la política exterior del Estado español, sino que tiene otros fines muy
determinados, fines altruistas, fines ideológicos. Lo mismo ocurre cuando
los ciudadanos donan una parte de sus ingresos a la política de
cooperación o dedican un tiempo de su vida a hacer cooperación. En ese
sentido, desde la Administración o desde el ámbito político también se
puede considerar así, y ello hay que tenerlo muy en cuenta y debe quedar
perfectamente plasmado en la ley como principio. La política de
cooperación no es sólo política exterior, sino también política de
solidaridad. Podríamos poner unos cuantos adjetivos, pero en cualquier
caso creo que es algo más que política exterior. Y ello es simplemente a
título enunciativo, porque luego, cuando se examina el desarrollo del
anteproyecto, se ve que no estamos pensando sólo en política exterior,
sino que también pensamos en otras cosas, pero, como digo, a título
enunciativo se habla de política exterior, cosa que no es nueva, repito,
porque éste es un debate que en 1992, cuando hicimos el informe de la
política española de cooperación aquí, en el Congreso, estuvo encima de
la mesa; había quien defendía que la política de cooperación era política
exterior y otros defendíamos que era política exterior pero también algo
más y que quizá incluso habría que invertir las prioridades.
Dejo de lado los principios y me voy a referir a cuestiones más
concretas, aunque de forma somera. En primer lugar, estamos de acuerdo en
casi todos los aspectos que se tocan en el anteproyecto. Quizá en su
desarrollo tenemos objeciones, pero puedo decirle, señor Secretario de
Estado, que si hubiéramos hecho a ciegas una lista de aquellos temas que
debían ser regulados en una ley de cooperación y la comparáramos con su
anteproyecto veríamos que no se deja nada, están todos tocados, todos se
desarrollan de alguna forma, con mayor o menor fortuna. Por ejemplo, es
obvio que un anteproyecto de este tipo debe regular toda una serie de
prioridades territoriales y sectoriales, y ello se realiza; incluso le
diré que no es difícil que nos pongamos de acuerdo en las prioridades
territoriales porque es muy obvio cuáles son aquellas partes del globo
terráqueo a considerar como ámbitos territoriales prioritarios para
nuestra política de cooperación.
Sea bienvenida la intervención de las Cortes, además con un papel muy
protagonista en el diseño y en el control de la política de cooperación.
Nos parece muy bien, nos parece un paso positivo y que va a contribuir a
que la política de cooperación tenga una repercusión social y a nivel de
la opinión pública más importante por el hecho de que obligadamente va a
tener que ser objeto de varios debates en el Congreso de los Diputados y
en el Senado.
Hay un ámbito al que ustedes dedican mucho espacio, el de la
coordinación, que efectivamente es una cuestión muy importante. El
Consejo de Cooperación, que es el ámbito donde se encuentra representada
la sociedad civil y desde donde participa en la política de cooperación,
creo que se desarrolla correctamente. La coordinación interterritorial, a
la que nosotros damos mucha importancia,
siempre está basada en el diálogo y creo que es conveniente que se cree
un organismo donde se encuentren todos aquellos ámbitos administrativos
que realizan cooperación descentralizada para que intenten ponerse de
acuerdo. Repito y subrayo que no creo que sea difícil que se puedan poner
de acuerdo, pero ese acuerdo debe basarse siempre en el diálogo, no en la
imposición de unos determinados criterios desde la Administración central
del Estado.
En cuanto a la coordinación interministerial, enuncio los principios
básicos para este grupo parlamentario. Para nosotros, el director de la
política de cooperación tiene que ser el Ministerio de Asuntos
Exteriores, y sólo el Ministerio de Asuntos Exteriores. La
descoordinación y la dispersión en varios ministerios de la política de
cooperación han actuado en contra de la eficacia de esta propia política
de cooperación, y ejemplos hay los que quiera, como usted debe conocer
seguramente mejor que yo. Creemos que debe ser el Ministerio de Asuntos
Exteriores el ministerio de cooperación, el que dirija la política de
cooperación. Obviamente pueden tener responsabilidades otros ministerios,
seguramente las han de tener, pero siempre bajo la coordinación del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
En cuanto a los créditos a disposición de la política de cooperación,
creo que es positivo el desarrollo que se realiza en el anteproyecto.
Vamos allí donde nosotros hemos querido ir siempre, a que los FAD se
dividan en créditos con una finalidad claramente comercial que deben
existir para que el Ministerio de Economía pueda promover determinadas
exportaciones y compras de productos españoles. Ahora bien, éstos son
unos fondos que --lo sabemos todos--, constituyendo un elemento
importantísimo de la política española de cooperación, no han tenido en
cuenta los criterios no sólo sectoriales, sino incluso territoriales de
la política de cooperación. Por tanto, estos fondos deben mantenerse
--creo que a partir de ahora se llaman fondos de ayuda a la exportación--
y paralelamente deben existir unos fondos que deben ceñirse estrictamente
a los objetivos de la política española de cooperación. Creo que ésta es
una reivindicación tradicional del mundo de la cooperación; ha sido
debatida multitud de veces en esta Cámara --yo recuerdo debates con el
Ministro de Comercio y con el Secretario de Estado de Comercio en la
anterior legislatura-- y creo que supondría un paso adelante.
También nos parece positivo el desarrollo que se realiza de los
incentivos fiscales a la política de cooperación. En España no acabaremos
de tener un marco sólido de ayuda a la política de cooperación al
desarrollo hasta que las aportaciones de la sociedad civil a esta
política de cooperación estén suficientemente incentivadas desde la ley.
Se da un paso quizá insuficiente, aunque yo estoy seguro de que ustedes
deben tener problemas incluso para dar este paso que nosotros
consideramos insuficiente, y más en la coyuntura presupuestaria actual,
pero creo que debemos avanzar por esta vía.
También nos parece razonable que se desarrolle el estatuto del
cooperante. Nosotros quisiéramos desarrollarlo más y en ese sentido
realizaremos alguna aportación.
Por último, me parece positiva la referencia a la prestación social
sustitutoria, que siempre hemos pensado que es una actividad que puede
avanzar mucho en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Es decir, las
actividades de los programas de la prestación social sustitutoria en este
ámbito están insuficientemente desarrolladas --creemos que queda mucho
camino por recorrer-- y es bueno que se recoja en el anteproyecto de ley.
Esto es todo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Voy a ser muy breve.
En primer lugar, quiero decir que la política de cooperación, como ha
dicho el señor Secretario de Estado, es una política en la que el
consenso es fundamental, y en ese sentido estamos disponibles para ese
consenso parlamentario, en el bien entendido de que en el proceso previo
de información, de contactos y de opiniones sobre la futura ley todos los
grupos podamos tener el material necesario para iniciar un diálogo
fluido, porque si no puede ocurrir que los miembros de esta Comisión
estemos en situaciones diferentes, e insisto en que creo que todos los
grupos parlamentarios, todos los Diputados y Diputadas de esta Comisión
tenemos como objetivo fundamental lograr una coincidencia básica en estos
asuntos.
Quiero felicitarle por el anuncio de que finalmente este proyecto de ley
entrará en este primer semestre. Es una reivindicación histórica, como
usted muy bien conoce, y quiero exhortarte a que cumpla este compromiso.
No tengo ninguna duda de que lo va a cumplir, pero la experiencia
histórica sobre este proyecto de ley nos dice que anuncios de estas
características se han ido retrasando, como decía antes el portavoz de
Convergència i Unió, año tras año. Sería importante que el debate de los
próximos presupuestos generales del Estado se pudiera hacer con esta ley
aprobada, es decir, que iniciáramos el debate de los presupuestos con la
ley en vigor. Quiero señalar, no obstante, el hecho de que el aspecto
positivo del anuncio por parte del Secretario de Estado de la
presentación del proyecto de ley viene disminuido o empañado, en estos
momentos, por la tendencia no sólo en España, sino en general, de la
disminución de la ayuda al desarrollo. En los últimos años se ha
producido una disminución importante de la ayuda oficial al desarrollo.
España no se ha escapado a esta tendencia y es posible --ojalá no así--
que en el año 1997 esté en una de las cotas mínimas de ayuda al
desarrollo. Por tanto, desde este punto de vista quiero exhortarle a la
presentación de este proyecto de ley, pero también a que considere la
necesidad de que ha de ir complementado, como mínimo en los presupuestos
generales del año que viene, con más dotaciones económicas dignas.
A partir de aquí quiero hacer tres o cuatro precisiones porque usted ha
hecho una presentación genérica --no podía ser de otra manera-- de su
proyecto de ley, pero nuestro grupo desconoce el texto del mismo y es
difícil que pueda opinar de manera profunda. La primera consideración es
que he echado en falta en su exposición una explicación
más extensa sobre los principios rectores de la política de cooperación.
Usted se la ha sacado de encima diciendo que van a continuar con lo que
se hacía antes. Ha venido a decir: Tranquilícense que no vamos a
modificar nada. Sería importante que pudiera desarrollar esto un poco
más, sobre todo porque he tenido una cierta preocupación --es evidente
que de una intervención como ésta no puedo tener grandes preocupaciones--
respecto a que la política de cooperación no se caracterice como
complementaria, subsidiaria, de la política exterior del Gobierno. Creo
que si ustedes avanzaran por ahí se equivocarían. Estando de acuerdo,
como antes se ha dicho, en que la política de cooperación ha de estar
dirigida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que la
pluralidad, la riqueza, el hecho de que lo que mueve hoy a la sociedad no
es la política de asuntos exteriores, sino la política de solidaridad, en
un sentido muy amplio y a veces contradictorio, porque incluso la
prioridades de la política de solidaridad pueden ser y son distintas,
tanto desde las diversas administraciones como desde la Administración
central y la sociedad civil. Quisiera que consideraran no encorsetar
mucho la política de cooperación como una política complementaria,
subsidiaria de la política gubernamental exterior. Creo que si hicieran
esto se estarían equivocando. En ese sentido, ha habido una serie de
expresiones --antes se ha hecho referencia a la unidad de acción del
Estado o a una gran preocupación que me ha parecido tenía usted en
relación a los temas de control y de centralización-- admitiendo que uno
de los retos fundamentales de la política de cooperación hoy es
incrementar su eficacia. Por tanto, coincidiendo en este reto que tiene
hoy la política de cooperación, no intenten solucionarlo por la vía de
una gran centralización, de un gran control y de una subsidiariedad de la
política de cooperación a la política de asuntos exteriores. Comparto
algunas de las preocupaciones y reflexiones que se han hecho tanto desde
el punto de vista de la articulación de la política del Gobierno central
como de las comunidades autónomas con el conjunto de sociedad civil.
Estas son la primera y la segunda de las preocupaciones. La tercera sería
el consejo. No sé si usted puede detallar algunas cosas más. Me ha
parecido que le han preguntado por su composición, pero cuando ustedes
--el Gobierno-- califican el consejo de consultivo, ¿cuál es el ámbito
competencial? ¿Este consejo tiene capacidad de iniciativa o no la tiene?
¿Tiene obligación de respuesta o no?
Por último, quería preguntarle por los créditos FAD. Antes he oído a otro
portavoz que hacía esta distinción, largamente reivindicada, entre los
créditos FAD entendidos como ayuda a la política exterior y los créditos
FAD entendidos intrínsecamente como política de cooperación. Mi pregunta
es: ¿Hasta qué punto eso se desarrolla en el proyecto de ley? ¿Significa
o no, en función de su tratamiento, que va a haber un nuevo proyecto de
ley o un real decreto-ley o un decreto que desarrolle los créditos FAD de
cooperación? Este es un tema largamente en entredicho. El funcionamiento
de los créditos FAD no satisface a nadie y quiero saber hasta qué punto
se hace en el proyecto de ley una apuesta decidida por solucionarlo o se
va a remitir a otras disposiciones posteriores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz el señor Fuentes Gallardo.
El señor FUENTES GALLARDO: Señor Presidente, también voy a ser muy breve.
Señor Secretario de Estado, no puedo sumarme a la alegría expresada por
otros portavoces por la existencia de un anteproyecto que no conocemos;
probablemente otros portavoces lo conozcan, nosotros no.
La primera reflexión que he de hacer es que tal vez no deberíamos estar
hablando hoy de las líneas generales de la futura ley de cooperación,
sino de la ley de cooperación, habida cuenta de que en la comparecencia
primera del señor Secretario de Estado en esta Comisión, en septiembre
del pasado año, se nos dijo que la ley estaría a final de año. Además,
usted sabe que no partía de cero a la hora de elaborar el proyecto de
ley. Afortunadamente para usted había una documentación bastante amplia y
un elevado nivel de acuerdo entre las fuerzas políticas sobre lo que
deberían ser las líneas básicas de la ley de cooperación y de la
cooperación en general. El señor Secretario de Estado conoce muy bien,
porque lo habrá leído muchas veces, el informe del Congreso de los
Diputados del año 1992 y el informe del Senado del año 1994. Ha hecho
referencia también al proyecto de ley que tenía el anterior Gobierno y
que no llegó a la Cámara por la disolución anticipada de las Cortes. El
Consejo de Cooperación había hecho también un informe de ese proyecto de
ley y la propia coordinadora de organizaciones no gubernamentales tenía
también un proyecto. Es decir, que había y hay una documentación amplia
que permite al señor Secretario de Estado trabajar sobre documentos
serios, desde distintos puntos de vista, para elaborar el proyecto de
ley. Nosotros hemos presentado, a finales del pasado mes, una proposición
no de ley en el Congreso para que en breve plazo se traiga el proyecto de
ley de cooperación. Creo que el Secretario de Estado estará de acuerdo en
esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista porque, más allá de su
voluntad, que no pongo en duda, de la rapidez, no depende sólo de él.
Todos conocemos que en este tema hay muchos problemas entre ministerios,
pues cada uno tiene una visión. En el Ministerio de Asuntos Exteriores se
tiene una visión y después hay pequeños roces, en el buen sentido de la
palabra, con el Ministerio de Economía u otros ministerios. Por eso digo
que yo no le imputo el retraso. Usted querría haber tenido la ley en el
Consejo de Cooperación a final de año, como dijo. ¿Qué pasa? Pasa que son
otras visiones de otros organismos ministeriales que también tienen algo
que decir, y ahí empieza una serie de obstáculos que impiden llevar a la
práctica la voluntad que yo creo que tenía y que era verdad cuando lo
decía el señor Secretario de Estado en su primera comparecencia. Por eso
digo que si se aprueba esa proposición no de ley que ha presentado el
Grupo Socialista, con un horizonte tasado por el Congreso, no habrá más
remedio que traerla; si no, nos podemos encontrar con que esas disputas o
esas diferencias de criterio entre ministerios puedan alargar la
presentación del proyecto de ley por encima de la voluntad que nos ha
expresado el señor Secretario de Estado.
Difícilmente se puede entrar a valorar un proyecto de ley de tanta
importancia sin conocer el anteproyecto y simplemente por las
afirmaciones que ha hecho el Secretario de Estado, que yo y creo que
todos los portavoces que estamos aquí compartimos en gran parte.
Difícilmente se puede estar en desacuerdo con la exposición del
Secretario de Estado que, además, de alguna forma recoge todo ese bagaje
de consenso en el tema de cooperación que tienen las fuerzas políticas de
esta Cámara, ya iniciado en el año 1992 con el informe del Congreso,
repetido en el Senado y recogido en parte en el proyecto de ley del
anterior Gobierno. Pero quería hacer algunas matizaciones. Difícilmente
se podía hablar en 1982 y en 1983 de ley de cooperación. ¡Si éramos un
país receptor de fondos de cooperación! El problema de la ley de
cooperación y de la cooperación se plantea lógicamente cuando ya es una
realidad en la sociedad española, que es mucho más tarde. No es
casualidad que los distintos grupos políticos mostraran su inquietud
sobre esta cuestión (recuerdo aquí --ya no está presente-- al señor
Herrero Rodríguez de Miñón, que fue uno de los promotores de este informe
del Congreso de los Diputados) mucho más tarde. ¿Por qué? Porque esa
necesidad se plantea cuando la cooperación adquiere ya un volumen
importante en España, cuando España empieza a tener una cierta
importancia como país donante de fondos de cooperación y no antes. Digo
esto para acotar bien cuándo empieza realmente esta necesidad. Cuando
venga la ley --y ojalá venga en breve plazo si se aprueba esta
proposición no de ley del Grupo Socialista que hemos presentado-- nos
aproximaremos a ella como estamos haciendo en casi todos los temas que
afectan a lo que estamos hablando de cooperación. Es decir, lo normal es
que sea una ley que, recogiendo todo ese bagaje que hay de acuerdo, tenga
un amplio apoyo parlamentario, que sea una ley que sirva para los
objetivos de la cooperación, que también compartimos prácticamente todos
los grupos parlamentarios, y que tenga una tramitación lo más rápida
posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del señor Secretario de Estado y recordar a SS. SS., si me lo permite la
Presidencia, con toda brevedad, que ésta es una iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular y que nosotros hemos pedido la comparecencia del
señor Secretario de Estado en el contexto de lo que dice el escrito
presentado a la Mesa de la Cámara, que es la presencia del Secretario de
Estado de Cooperación Internacional para que nos explique las líneas
directrices, los aspectos básicos de la futura ley de cooperación
internacional. Por tanto, entendemos que el posicionamiento del resto de
los grupos ha de ser sobre la comparecencia que nosotros hemos
solicitado, puesto que es iniciativa nuestra. Lo que pretendíamos, no
obstante, como aclaración previa al pedir la comparecencia del señor
Secretario de Estado era que en esta Comisión de Cooperación y Ayuda al
Desarrollo se produjera ese debate inicial sobre los contenidos y las
líneas básicas de la futura ley de cooperación; ese debate inicial que
creo que es interesante que se produzca en esta Comisión puesto que, como
ha dicho el señor Secretario de Estado, es la única específica que tiene
su sede en el Congreso de los Diputados y que entiende exclusivamente de
estos temas.
Dicho esto, señorías, yo creo que efectivamente la ley de cooperación es
una aspiración largamente deseada. Como ha dicho el portavoz de
Convergència i Unió, ya se planteó por los años 1982 y 1983. Recuerdo a
SS. SS. que España entonces era ya un país donante y que España dejó de
ser un país receptor de fondos de cooperación al desarrollo con gobiernos
anteriores, en concreto en 1970, y estamos hablando de 1979, cuando se
crean, si mi memoria no me falla, los créditos FAD y las primeras
aportaciones de España a organismos multilaterales para la cooperación al
desarrollo y sus primeras operaciones bilaterales de cooperación al
desarrollo. La ley de cooperación, señor Secretario de Estado, es una
aspiración histórica de esta Cámara. Yo diría más, es una aspiración
histórica de la sociedad española. En aras al consenso, en aras al
futuro, en aras a mirar hacia adelante, nosotros no vamos a entrar en
valoraciones de por qué no se ha traído durante tantos años atrás una ley
de cooperación al Congreso de los Diputados. Yo puedo tener mi opinión,
nuestro grupo parlamentario puede tener su opinión particular. En
cualquier caso entiendo yo, señor Secretario de Estado, señorías, que
cuando el Gobierno legisla le devuelve al pueblo su soberanía. Es muy
fácil con estos temas hacer políticas voluntaristas, maximalistas o
políticas, si me lo permiten SS. SS., de clientelismo. No sé si estaré
explicándome suficientemente. Yo creo que una ley de cooperación, un
marco jurídico para la cooperación al desarrollo es, en definitiva,
devolver a los ciudadanos la confianza que depositaron en nosotros, los
legisladores, y en el Gobierno; en el Gobierno para gobernar, para
ejercer la facultad potestativa del ejercicio de la acción del Gobierno,
y en nosotros para legislar. Por tanto, señorías, el hecho de que en esta
legislatura y, como ha dicho el señor Secretario de Estado, en el curso
de este primer semestre se pueda presentar a las Cortes el proyecto de
ley de cooperación internacional ya es algo de extraordinaria
importancia, porque además de dar un marco jurídico a la cooperación y,
por tanto, avanzar en ese gran problema de la cooperación al desarrollo
que es el tema de la eficacia y de la calidad en la cooperación, además
de eso le devolvemos a los ciudadanos la soberanía. Nos vamos a dar un
marco jurídico, vamos a obligar al Gobierno de España, el Gobierno se va
a obligar con este proyecto de ley a cumplir una serie de objetivos y de
principios y una serie de programas y de presupuestos terminológicos,
ideológicos o como ustedes quieran llamarlos.
Señorías, señor Secretario de Estado, para el Grupo Parlamentario Popular
ganar la batalla de la calidad, que es lo que pretende esta ley de
cooperación, fuera de la guerra de cifras, fuera de otras cuestiones
importantes, qué duda cabe, pero no las más importantes, ganar la batalla
de la calidad es empezar a ganar la batalla contra la pobreza. Hoy,
señorías, la cooperación está en crisis. En función de nuestras
responsabilidades todos estamos asistiendo en los últimos
meses a reuniones sobre la ley de cooperación, sobre el futuro de la
cooperación en el próximo siglo, sobre la crisis de la cooperación, sobre
la fractura a finales del siglo XX, el ensanchamiento entre las
desigualdades en el Tercer Mundo después de tantos años de cooperación,
después de tantos esfuerzos conceptuales, de tantos esfuerzos
financieros, de tantos esfuerzos económicos. Hoy podemos decir, a tres
años del siglo XXI, que el esfuerzo de los países desarrollados no ha
sido eficaz en la lucha contra la pobreza, puesto que hoy, señorías, los
ricos son más ricos en el Tercer Mundo y los pobres más pobres. Este
debate, que es el gran debate, se plantea en el seno de Naciones Unidas,
incluso se cuestiona si los principios que han orientado las políticas de
cooperación durante todos estos años, durante los últimos cincuenta años,
han sido los adecuados, si el método para aplicar esas políticas de
cooperación ha sido el adecuado; también se plantea qué tenemos que hacer
los países desarrollados en el próximo siglo para intentar ganar la
batalla contra la pobreza, que el desarrollo no sea una utopía, como es
ahora, sino algo que podamos conseguir. Yo creo que una ley de
cooperación es el principio para eso. Por lo menos en España estaremos en
condiciones de sentar las bases políticas, y dicen los expertos en
cooperación que el futuro se construirá sobre decisiones políticas que
tomemos ahora. Es cierto --como se ha dicho-- que la ayuda al desarrollo
por parte de los países que forman el CAD, en la OCDE, está disminuyendo.
En España, disminuyó en el presupuesto del año 1996, un presupuesto
compartido; no obstante, la apuesta de los Presupuestos Generales del
Estado es la de invertir la tendencia del descenso y, en 1997, equilibrar
ese descenso progresivo que se produce desde el año 1995. La cuestión es
por qué se produce ese descenso. En Europa lo tenemos meridianamente
claro; es decir, ese esfuerzo importantísimo que estamos haciendo todos
los países por converger en la moneda única, y España en particular un
esfuerzo extraordinario en el último año de reducción del déficit para
recuperar el tiempo perdido y estar, como estamos hoy, en el pelotón de
cabeza de la Unión Europea. Estar ahí puede sonar a frase manida, pero
estar ahí va a suponer en el futuro no solamente mayor bienestar para las
españolas y españoles, sino también mayor calidad en nuestra cooperación,
sin lugar a dudas, cuantitativa y cualitativamente.
Señorías, ahora pondremos las bases políticas para la cooperación del
futuro, también en España. Esta ley es importantísima y por eso nosotros
celebramos que el actual Gobierno se comprometa a traerla en este período
de sesiones, si es posible; en cualquier caso, a aprobarla en esta
legislatura. Señorías, creo que el debate debe ser tranquilo, con
serenidad, porque tenemos que tener una ley de cooperación. Cuando la
decisión de traer la ley de cooperación ya está tomada --y lógicamente
esperamos que se cumpla--, el tiempo que tardemos en aprobar una gran ley
de cooperación, sobre la base del amplio consenso político y social, creo
que importa menos. Lo importante es tener una ley eficaz. Por tanto,
recogemos, señor Secretario de Estado, ese guante del consenso que usted
ha lanzado a la Comisión de Cooperación, y hago una llamada también a la
reflexión y a la serenidad en el debate.
Como se han avanzado algunas cuestiones, entiendo yo que se pueden hacer
algunos comentarios. Compartimos la idea del resto de los grupos
parlamentarios de que la política exterior no es solamente política
exterior, pero nosotros, señorías, queremos ir más allá --como ha dicho
el señor Secretario de Estado en su intervención inicial, que es la que
yo comento--, es decir, que la política de cooperación al desarrollo es
la pieza fundamental de la política exterior del Estado. Es un matiz de
extraordinaria importancia que yo agradezco y además comparto al cien por
cien. En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la política de
cooperación al desarrollo debe dar cobijo y paraguas a toda la política
exterior del Estado porque, en definitiva, eso es lo que ha dicho, en
repetidas ocasiones, el Presidente del Gobierno o nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores. El esfuerzo de política exterior que España hace en
todos los campos tiene un objetivo, que es la solidaridad de España con
el resto de los países, fuera de otros objetivos geopolíticos o
geoestratégicos, lógicamente legítimos en la defensa de los intereses de
España y que --entendemos, señorías-- políticas de cooperación al
desarrollo descoordinadas no pueden poner en peligro, porque al final
estaríamos tirando tejas contra nuestro propio tejado y provocando una
fractura en esos objetivos de solidaridad, sin lugar a dudas. Bajo ese
concepto, nosotros entendemos que la política de cooperación al
desarrollo debe influenciar los objetivos de la política exterior del
Estado y, por tanto, también los objetivos de nuestra política de
comercio exterior. Al final, señorías, la polémica nominativa sobre la
competencia específica de unas cuestiones u otras, en el Ministerio de
Economía y Hacienda o en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene menos
importancia si avanzamos en lo conceptual.
Señor Secretario de Estado, el Grupo Parlamentario Popular le da una gran
importancia, como usted sabe, al contexto social de la cooperación al
desarrollo. Entendemos que en ese proyecto de ley de cooperación debe
quedar determinado del modo más flexible y amplio posible, para que sean
reglamentaciones posteriores, dictadas sobre la base del diálogo y del
consenso social y político, las que establezcan los aspectos concretos de
la composición del Consejo de Cooperación al desarrollo, del registro de
organizaciones no gubernamentales, etcétera. Creemos que tiene una gran
importancia la regulación del contexto social de la cooperación en esta
ley.
Ha habido ciertos rumores, señor Secretario de Estado --aquí se han
apuntado algunas interrogantes al respecto, que nosotros reiteramos--,
relacionados con algunas declaraciones suyas en torno a que la intención
del Gobierno es que la Administración del Estado no estuviera presente
mayoritariamente en el Consejo de Cooperación al Desarrollo. Si esto
fuera así, le ruego una ampliación sobre el particular. Para nuestro
grupo parlamentario sería de gran importancia porque supone un avance
conceptual extraordinario.
Voy a terminar, señor Presidente, señorías, diciendo tres cuestiones, si
se me permite. Entendemos que en la política de solidaridad, en esta
legislatura, gracias --y lo digo con todas sus consecuencias-- al
ejercicio importante de
responsabilidad que el grupo mayoritario de la Cámara y sus socios
parlamentarios realizan sobre la acción del Gobierno y --entiendo-- al
ejercicio de responsabilidad que hacen también los grupos de la oposición
--en el debate y tramitación de este proyecto de ley, esperamos que así
sea--, y gracias, como es lógico, a la acción del Gobierno, me da la
sensación de que las cosas van más deprisa en apenas un año de Gobierno y
de vida de esta Comisión de Cooperación en esta etapa. Por ejemplo,
recuerdo a SS. SS. las acciones emprendidas respecto al comercio justo, a
las minas antipersonales, al tráfico de armas, el pronunciamiento de esta
Comisión sobre las operaciones humanitarias de mantenimiento de la paz,
etcétera. Entiendo que hay una presión social, una presión política y
también un Gobierno receptivo a esa presión social y política, un
Gobierno que no se escuda en sus propios planteamientos sino que está
abierto a esa presión de la sociedad para legislar y para realizar la
acción de gobierno con eficacia.
Señor Secretario de Estado, lo que le he preguntado sobre el Consejo de
Cooperación es importante, en lo conceptual, para nuestro grupo, porque
eliminaríamos de la cooperación al desarrollo algo por lo que debemos
luchar todos --yo lo enunciaba al principio de mi intervención; quiero
ser cortés pero no quiero dejar de ser claro--, que es el voluntarismo en
la cooperación. La cooperación al desarrollo tiene que ser eficaz para
luchar efectivamente contra la pobreza, no para mejor y mayor gloria de
quien hace cooperación al desarrollo; y me refiero a mejor y mayor gloria
política. Entiendo que uno de los elementos que hay que intentar que en
esta ley quede claro es la función directiva del Ministerio de Asuntos
Exteriores y la facultad potestativa de la política de cooperación, que
es un principio constitucional, pero debemos avanzar para evitar que las
políticas de cooperación al desarrollo tengan bandera política. Por
supuesto que aquí hay ideologías, hay criterios y hay discrepancias, pero
no hay banderas. La política de cooperación al desarrollo no se puede
utilizar, señorías, como se ha utilizado, para el fortalecimiento de los
liderazgos personales o de determinadas opciones políticas, porque la
pobreza, señorías, no entiende de estas cuestiones. Dejo este tema como
reflexión por si acaso pudiéramos avanzar en el futuro en estas
cuestiones. Nuestro grupo parlamentario da gran importancia, señor
Secretario de Estado, a que la Administración salga del Consejo de
Cooperación al Desarrollo y, en consecuencia, le pedimos una aclaración
al respecto.
El señor PRESIDENTE: Para responder a los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Gracias a todos los grupos por la
valoración que hacen del trabajo para el avance de la ley, que es de
todos y que no pretendo ni he pretendido en ningún momento decir que es
de esta Secretaría de Estado ni del Ministerio de Asuntos Exteriores,
sino que, muy al contrario, en mi intervención he dejado bien claro que
esto es el resultado de un trabajo anterior, puesto que contábamos con un
anteproyecto de ley y con aportaciones de las organizaciones no
gubernamentales. Como no es el objetivo de esta Secretaría de Estado
ponerse flores sobre quién presenta el proyecto de ley de cooperación
ante las Cortes, tampoco entraré en el argumento contrario, es decir por
qué no se trajo antes.
Es un momento importante para todos el empezar a trabajar con un proyecto
de ley que va a ser fundamental, que va a determinar la calidad y la
naturaleza de la ayuda española al desarrollo para los próximos quince o
veinte años. Creo que podemos ser generosos, realistas, prever un futuro
bueno para la cooperación y trabajar todos de forma creativa
conjuntamente para tener una buena ley. Porque el debate que realmente se
plantea ahora con la ley es el modelo de cooperación que queremos, y yo
soy de los que piensan que podíamos hacer una buena cooperación sin ley y
que podemos hacer una mala cooperación con ley, pero si tenemos una buena
ley de cooperación, lógicamente estaremos más encaminados a hacer una
buena cooperación. Ese es el gran debate y el gran tema que tendremos que
plantear ante esta Cámara.
Sobre aspectos concretos no les puedo avanzar mucho más, porque sería
lanzarme a una piscina que a lo mejor no tiene agua. Hay que formar la
voluntad de la Administración, y todos conocemos que esa voluntad es
compleja, porque en un aspecto como la cooperación no sólo entran los
diferentes departamentos ministeriales, sino que, además, la misma
cooperación, por su carácter horizontal, afecta a las políticas de todo
el Estado, desde la política cultural hasta las políticas sectoriales, la
sanitaria, la de educación y la propia política económica del Gobierno;
por tanto, es difícil conformar una voluntad única de la Administración
que aúne las diferentes voluntades y que dé como resultado un buen
proyecto de ley de cooperación. Esa es la dificultad. Sería fácil
presentar ante esta Cámara un mal proyecto de ley de cooperación, algo
vacío que no tuviese mayor trascendencia, y como es difícil yo tampoco me
atrevo a ser muy preciso en el contenido de este proyecto de ley, pero sí
hay algunos puntos que podríamos comentar y que SS. SS. han traído a
colación ante esta Comisión.
Respecto a los principios rectores, queda meridianamente claro en la ley
que el principio rector de la solidaridad en la lucha contra la pobreza
es el que marca la política de cooperación. Ahora, la solidaridad no es
un elemento puro dentro de la cooperación. Creo que son compatibles, y
así debe ser porque la sociedad lo quiere, diferentes objetos. La
cooperación es un instrumento fundamental en la política exterior del
Estado, no sólo es política exterior, pero es un instrumento fundamental
en ella, y creo que todos los grupos estarán de acuerdo con eso. Pero es
que además es solidaridad, puede ser fomento de la economía nacional y
debe serlo así. Nadie entendería que un esfuerzo económico que hace la
sociedad española no revirtiese, pudiendo hacerlo, en esta sociedad, en
bienes, en servicio, en empleo y en bienestar. De manera que todos estos
elementos son compatibles como principios rectores de la cooperación.
A unos sectores o actores de la cooperación les gustará más un elemento,
a otros les gustará otro, y yo creo que negar al Ministerio de Comercio
que la promoción comercial como objetivo fundamental de un determinado
tipo de crédito pueda tener además un objeto o un fin desarrollista de
lucha contra la pobreza es negar una realidad, y sería además tener una
visión muy pacata de lo que es la cooperación, de manera que la ley
recoge todos esos principios, y en la medida en que los recoge creo que
acierta en decir qué es lo que quiere la sociedad española respecto a la
cooperación internacional para el desarrollo.
Se ha tratado también aquí con especial preocupación el principio de la
unidad de acción del Estado en el exterior. Tampoco es un principio que
pueda provocar sorpresas. Todos los Estados, incluso los más federales,
tienen ese principio de unidad de acción en el exterior, y en la medida
en que la cooperación puede generar responsabilidades, y sobre todo
afectar a la política exterior, yo creo que a esta Cámara le corresponde
definir cuáles son las prioridades sectoriales y territoriales y
establecer una serie de mecanismos que garanticen esa unidad de acción.
No sería de recibo en estos momentos, por ponerles un ejemplo gráfico que
demuestra lo que es la unidad de acción en el exterior, que un
determinado ayuntamiento realizase en estos momentos una tarea de
cooperación, importante o no, en Irán, después del caso Mykonos. Creo que
a esta Cámara, a las dos comisiones, la de Asuntos Exteriores y la de
Cooperación, le corresponde también ejercer esa responsabilidad y señalar
que por supuesto tiene efectos dentro de la política exterior la
cooperación, con independencia de que tanto comunidades autónomas como
diputaciones provinciales y ayuntamientos, como agentes descentralizados
de la Administración para la cooperación al desarrollo, tengan
competencias en materia de cooperación reconocidas por el Tribunal
Constitucional.
Sin embargo, es al Estado al que le corresponde, a la hora de pasar la
revisión de la ayuda oficial al desarrollo, responder también por la
naturaleza, la calidad y la cantidad de esa cooperación que realizan
administraciones descentralizadas. Cuando pasamos el examen de la ayuda
oficial al desarrollo, es toda la ayuda oficial al desarrollo y no sólo
la del Estado, también la de los ayuntamientos, la de las comunidades
autónomas y la de las diputaciones. Por eso, respetando las competencias
de todas las administraciones, es importante, a través del diálogo y no
de la imposición, poder llegar desde esta Comisión, desde esta Cámara o
desde las Cortes a establecer principios rectores que nos afecten a
todos, es decir, que nos vinculen a todos. Cuando establezcamos una serie
de principios rectores generales de la cooperación, prioridades
sectoriales o geográficas, también serán de aplicación a comunidades
autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales, y servirán como
principios guía, que siempre serán de carácter muy general pero que desde
la soberanía popular de estas Cortes Generales pueden emanar fácilmente.
Otra cosa es el órgano de coordinación o de concertación
interterritorial, de carácter siempre consultivo y de carácter
constructivo para la cooperación. Es decir, lograr criterios conjuntos e
intercambio de información, lograr documentos normalizados para todos e
intercambiar criterios de proyectos que a lo mejor están cofinanciados
--y que suele ser así casi siempre-- por administraciones locales,
provinciales, autonómicas y del Estado, creo que será positivo, y no hay
en la ley, se lo aseguro --lo podrán comprobar cuando cuenten con el
texto--, ningún deseo por parte del Estado de dirigir esta Comisión de
coordinación interterritorial ni por supuesto de imposición de criterios
sobre temas que no son de su competencia. Las comunidades autónomas, los
ayuntamientos y las diputaciones provinciales son competentes para
realizar su propia cooperación.
Otro de los puntos que ha generado cierta duda de futuro es la naturaleza
del Consejo. El Consejo se mantiene en la ley, no pasamos a una
regulación estricta. La ley no recoge una regulación exhaustiva de su
composición, porque eso le corresponderá a un real decreto, y así
ocurrirá prácticamente con los instrumentos crediticios a la cooperación
--corresponde también a los reales decretos, y esta Cámara lo conocerá en
su día, regular de forma más exhaustiva no sólo los órganos de la
cooperación sino también los instrumentos--, por lo que no entra
directamente en la composición, pero aunque no tengamos una posición
definida todavía, me gustaría señalar la actual naturaleza del Consejo
para la Cooperación al Desarrollo.
Actualmente es un órgano consultivo y de participación con mayoría de la
Administración. Difícilmente la Administración puede consultarse a sí
misma, es un organismo que funciona de forma perversa, y eso lo han
puesto de manifiesto tanto las organizaciones no gubernamentales como los
grupos parlamentarios, que se dan cuenta de que, tal y como está ahora,
el Consejo de Cooperación al Desarrollo parece que responda a un deseo de
dar participación pero no darla, es decir, garantizarse la Administración
una mayoría dentro de un órgano que es consultivo para que las voces
disonantes no discrepen demasiado o al menos la discrepancia no tenga
demasiada trascendencia. La Administración, con una mayoría, siempre
obtiene la resolución que quiere por parte del Consejo de Cooperación al
Desarrollo. Esa es la naturaleza que nosotros queremos cambiar. No
tendría nada de especial, y creo que sería útil, que la Administración se
retirase y se convirtiese en un consejo consultivo de verdad de los
agentes sociales y de los expertos de cooperación, que a la hora de
regular aspectos concretos de la cooperación dijese qué es lo que está
bien y qué es lo que está mal y que emitiese su parecer de forma no
vinculante.
Lo que siempre he dicho, creo que comparten también los grupos de esta
Comisión, y estoy seguro que también el Grupo Socialista que
anteriormente fue gobierno, es que el Consejo de Cooperación no puede ser
un órgano de control, para eso están las Cortes Generales. Tiene que ser
un órgano consultivo, un órgano positivo, un órgano que informe, pero no
puede ser un órgano de iniciativa, de control, porque estamos usurpando
la soberanía. Es a esta Comisión de Cooperación al Desarrollo y a esta
Cámara, las Cortes Generales, a quien le corresponde el control de la
cooperación. Tiene que ser consultivo, podría tener iniciativa, se le
deben consultar de forma reglada algunos aspectos de la política española
de cooperación, porque a la hora
de realizar un programa cuatrienal se debe solicitar la opinión a Consejo
de Cooperación, pero de ahí a que se convierta en un órgano de control de
la Administración me parece que no responde ni a la voluntad de la actual
Administración ni siquiera a la voluntad de la actual composición del
Consejo, donde tiene mayoría la Administración. Como planteamiento
general me parece más honesto que la Administración se retire de ese
Consejo, dejar a la sociedad civil y a los expertos en cooperación que se
expresen libremente con el peso que les da su conocimiento sobre materia
de cooperación y su experiencia, que informen y que sirvan de órgano que
ayude a la Administración a formar su voluntad desde el conocimiento,
desde la experiencia y desde el saber hacer cooperación. Es un
planteamiento que no viene reflejado en la ley. Lo que sí viene reflejado
es el carácter consultivo, y no de control ni de otro tipo de naturaleza.
Sobre el Parlamento, tengo que decir que el deseo del Gobierno es
potenciar esta Comisión, potenciar también no sólo el control sino la
participación en lo que es la definición, como he dicho antes, de los
principios rectores, prioridades sectoriales a través de la planificación
y dar mayor prioridad a los Cortes.
Es prematuro hablar de una política crediticia. Aquí me expreso como
Secretario de Estado. Personalmente creo que es una asignatura pendiente
desde hace mucho tiempo. A nadie puede escandalizarle que diga que el
actual sistema crediticio para fomento de la exportación ha quedado
obsoleto por la propia evolución de las cosas. Nuestra pertenencia a la
OCDE y la restricción de la competencia ilícita en la promoción de bienes
y servicios nacionales cada vez es más restringida. Esa competencia
desleal que intenta evitar la OCDE hace que los créditos concesionales
para fomento de la exportación cada vez se encuentren con mayores
dificultades, no sólo de nivel de renta sino también de naturaleza de
proyectos. Como saben, hoy sólo se pueden utilizar créditos concesionales
para exportación de bienes y servicios en aquellos proyectos que vayan
dirigidos a sanidad, a tratamiento de aguas, a educación o a
electrificación rural; son las cuatro áreas que marca la OCDE. Eso ha
hecho que los créditos FAD hayan perdido también su vigor como
instrumento de promoción de bienes de exportaciones. Es necesario que
cada día el camino de esos créditos, que fueron muy importantes para la
economía española hace algunos años, tengan más objetivos de desarrollo
que no de exportaciones de bienes y servicios. Por eso es importante y
urgente que el Gobierno, con estas nuevas realidades, se plantee una
regulación diferente de lo que es la política crediticia para el fomento
de exportaciones españolas.
En este contexto es absolutamente necesario que la ley no sólo regule
unos créditos que pueden tener doble naturaleza, sino que regule
instrumentos de créditos de los que SS. SS. a veces no se acuerdan, pero
que son fundamentales para la cooperación, como es el microcrédito o como
son los revolving. Son instrumentos muy importantes, repito, que países
con gran experiencia en materia de cooperación han utilizado muy
exitosamente. Será un capítulo importante de la ley todo lo que sea la
parte crediticia.
También es importante, aunque todavía no está formada la voluntad de la
Administración por esa dificultad que les señalaba de que la cooperación
sea de carácter horizontal y que afecte a la política económica del
Gobierno, a la política fiscal, etcétera; también es importante, decía,
ayudar a la sociedad civil a que contribuya cada vez más a ese esfuerzo
solidario a través de incentivos que no pueden ser iguales que para otros
campos que también tienen su importancia. Creo que tiene que tener un
tratamiento diferenciado el incentivo fiscal a la solidaridad.
Esa es, más o menos, la estructura de la ley. Creo que hemos logrado un
buen anteproyecto de ley, que incluye logros del anterior, pero también
tiene elementos nuevos. Es una ley ambiciosa, y en el caso de ser
aprobada, en términos generales y con las líneas que actualmente tiene,
lograremos un buen instrumento para la cooperación y será positivo en
general.
PREGUNTA:
--DE LA SEÑORA BALLETBO I PUIG (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE INSTRUMENTOS
PARA FAVORECER UNA MEJOR COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES (ONGs). (Número de expediente 181/000662.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, relativo
a una pregunta de la señora Balletbó relacionada con los instrumentos
para favorecer una mejor coordinación con las organizaciones no
gubernamentales. Para su formulación, tiene la palabra la señora
Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Es sabida, y creo que además es compartido por
el Secretario de Estado, la importancia creciente del papel de las
organizaciones no gubernamentales en la gestión de los asuntos públicos.
Precisamente en una sociedad cada vez más globalizada, por la pérdida del
poder político de dirección que han tenido tradicionalmente los Estados
hay un desplazamiento en lo que sería la gestión de la soberanía hacia
organismos que podríamos llamar de sociedad civil. En esta parte de la
sociedad civil lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que aquellos
que de una forma u otra tienen como objetivo el poder y la gestión en el
crecimiento económico y la distribución de beneficios, están creciendo de
una forma muy importante. Me estoy refiriendo a los grupos
multinacionales, a los grupos multimedia, a los grandes grupos de
empresas, como pueden ser Coca-Cola, Nissan o Fiat. De una forma u otra
estos grupos ya se han organizado desde hace tiempo e intervienen en la
gestión pública mundial de una forma muy clara. Hasta tal punto esto es
así que algunos de estos grupos muchas veces son infinitamente más
potentes que los mismos estados. Creo que ahora en Naciones Unidas hay
187 países, y no se escapa a nadie que Fiat, Nissan, Coca-Cola, CNN,
etcétera, por citar algunas, son más potentes que el 90 por ciento de
estos Estados.
¿Qué hay que hacer para que se pueda seguir manteniendo el equilibrio en
la convivencia? A mí no me parece mal que estas empresas crezcan, pero
creo que hay una contrapartida que sería la internacionalización, la
potenciación de la sociedad civil organizada, aquellos que no tienen
poder económico pero que tienen la voluntad, las ganas de colaborar, las
ganas de gestionar o la solidaridad; aquellas organizaciones que pueden
capacitar activos muy importantes de la sociedad a través de los
intereses que despiertan en los jóvenes, etcétera. Estamos en un hecho
crucial para los próximos años, que es, por una parte, los Estados y, por
otra parte, la sociedad civil, que tiene varias variantes de
organización, una a través de los poderes económicos, las empresas; otro,
de tipo más social, etcétera. Por tanto, parece que eso hay que
potenciarlo, y hay que hacerlo sobre todo desde los Estados y desde los
poderes públicos.
En ese orden de cosas parece razonable, y yo estoy segura de que el
Secretario de Estado lo comparte, que los objetivos en relación a las
organizaciones no gubernamentales tendrían que ser, por una parte,
potenciar, ayudar y estimular; por otra parte, favorecer el diálogo, y,
en última instancia, garantizar una cierta neutralidad.
En cuanto a potenciar, ayudar y estimular, es verdad que precisamente una
de las características de estos grupos es que no disponen de unas
estructuras estables, no disponen de una capacidad de gestión, pero esto
lo pueden suplir muy bien por el número de personas y por lo que yo diría
que es la rentabilidad de la voluntad. Es decir, en otros organismos la
eficacia se da por la vía del salario; en estas plataformas, en estas
organizaciones, la eficacia se da por la vía de la rentabilidad de los
pocos recursos, y muchas veces hay un plus, que es el plus personal, que
hace que esto sea altamente rentable. En el sentido de potenciar, decía,
ayudar y estimular, el señor Secretario de Estado sabe que a mí
personalmente la idea de que el 80 por ciento de ayuda pública para
cualquier proyecto esté a la vez comensado por un 20 por ciento de ayuda
privada no me parece un objetivo desechable, ni mucho menos. Incluso
diría más, creo que a corto o medio plazo eso tendrá que aumentar. Tendrá
que aumentar la captación de recursos del sector privado. Otra cosa es,
señor Secretario de Estado, que esto se pueda hacer en seguida. Usted
sabe que la coordinación de organizaciones no gubernamentales no está del
todo de acuerdo y ha habido un cierto rechazo a esas medidas, que yo creo
que más que rechazo en su globalidad es a la implantación. La
cooperación, como se ha dicho aquí por parte de diversos portavoces, es
un tema reciente y, por tanto, no hay experiencia. No se trata de pasar
directamente a pedir un 20 por ciento de aportación privada. Quizá es más
razonable pedir primero un 10 por ciento, luego un 15 por ciento, luego
un 20 por ciento y después un 25 por ciento, para dar tiempo a adaptarse.
Yo lo que veo, señor Secretario de Estado, es que si una institución como
es la Secretaría de Estado tarda casi un año y medio en hacer un proyecto
de ley de cooperación, ¿qué no va a tardar una organización no
gubernamental, que tiene todo un proceso de debate interno, para
adaptarse a las nuevas circunstancias? Ahí quisiera escuchar la
explicación del señor Secretario de Estado porque me parece una cosa
razonable. A veces lo que pasa es que se dice: yo le pido un 80 y un 20,
pero luego en el seguimiento veremos qué hacemos. Son cosas que hay que
saber. A mí no me parece mal poner un objetivo, porque si no hay objetivo
no hay esfuerzo para alcanzarlo. Lo que luego tenemos que ver es cómo se
puede conseguir ese objetivo y en qué medida pueden paralizarse algunos
proyectos o se puede paralizar la marcha de alguna organización por
incapacidad o por dificultad en conseguir este objetivo a corto.
A lo mejor el objetivo 80-20 es interesante, pero a lo mejor lo más
interesante es indicarles a las organizaciones no gubernamentales qué
porcentaje de los gastos de estructura debe representar cualquier
proyecto en relación con lo que serían los gastos de programa. Yo sé que
éste es un debate que las organizaciones no gubernamentales tienen
abierto, porque algunas, por desconocimiento o por falta de previsión, se
han cargado con demasiados gastos estructurales, con lo cual se comen el
presupuesto destinado a las ayudas. Lo de menos es si yo tengo un 20-80,
porque a lo mejor con este 20-80 yo no hago rentable el proyecto; a lo
mejor interesa más ver qué proporción tengo yo de gastos de estructura y
qué tengo para el programa, porque naturalmente la ayuda al desarrollo
tiene que ser rentable en términos económicos o sociales. Estoy de
acuerdo con esto y seguramente el señor Secretario de Estado también lo
está.
La coordinadora de organizaciones no gubernamentales está planteando todo
eso y además se plantea otras cosas. Se está planteando los límites
salariales de los cooperantes. Este es un debate que tienen abierto y yo
he asistido a él. Hasta qué punto una organización no gubernamental, cuyo
objetivo es la ayuda a los que menos tienen, puede hacer que sus
cooperantes reciban un salario de tipo muy occidental en relación a lo
que está haciendo en un territorio donde los salarios son los que son.
Este es un tema.
Otro tema es, por ejemplo, el límite de los medios. ¿Justifica el fin los
medios? En eso también ha habido críticas dentro de las mismas
organizaciones respecto a otras muy potentes que casi son unas
multinacionales de la cooperación y que por sus capacidades han hecho una
gestión agresiva que a lo mejor se ha justificado para la captación de
fondos, pero que en cierto modo también ha levantado unas críticas
internas en el sentido de decir ¿vale todo? ¿Vale que yo ponga un anuncio
y despierte aquellos sentimientos de una sociedad muy satisfecha que
tiene una mala conciencia y le tengo yo que poner unos niños despedazados
para justificarme? ¿Debo hacer esto sin consultar a los países del Tercer
Mundo? Porque a los países en vías de desarrollo ellos les dicen que esas
imágenes les quitan poder y les hacen cada vez más subordinados de los
países desarrollados. Por tanto, a lo mejor lo que se está consiguiendo
con la cooperación, que es un objetivo a seguir, tiene unas
contrapartidas, que es el debilitarlos, que deberíamos tratar de limitar.
Ese también es un debate abierto.
En definitiva, creo que hay muchos temas, pero el papel de las ONG no es
sólo un elemento dinamizador y de encuadramiento de lo mejor de nuestros
jóvenes, sino que
además deben constituir un elemento moral y de conciencia. Eso también lo
ha dicho el señor Secretario de Estado en algún momento. El objetivo en
relación a las ONG ha de ser potenciar, ayudar y estimular a estas ONG.
Si éste es el objetivo, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Las estimulamos
exigiéndoles cosas con unos calendarios que les cuesta cumplir?
Otro tema sería el diálogo. El consenso parlamentario es esencial, pero
también tiene que haber el consenso social. Ahí volvería a insistir en lo
mismo, en el rechazo de las normas del 18 de julio por parte de la
coordinadora en relación al 80-20. Otra cuestión es que el Secretario de
Estado dice que el 80 es el 80 por ciento público y ahí se incluyen las
aportaciones de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. El
objetivo me parece bien, pero habrá que discutirlo con esos
ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, porque si no lo
discutimos con ellos y hacemos la norma incluso antes del proyecto de
ley, puede haber problemas. El proyecto de ley no ha entrado pero la
norma está aquí y decimos: les voy a ir acostumbrando --estoy haciendo
una parodia-- y así cuando venga la ley ya me entrarán. Creo que aquí
había un representante de un partido autonómico, un Diputado del grupo
logístico de apoyo al Partido Popular --que yo siento que no esté aquí,
aunque es mejor porque así no puede pedir la palabra para contrariarme--
que decía que la coordinación se tiene que dar, pero lo que no puede ser
es que venga impuesta. Yo estoy de acuerdo con que la coordinación la
tiene que hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene que
hacerse desde el organismo del Estado, pero el consenso social significa
que se consensua con las ONG y también con los ayuntamientos, las
diputaciones, etcétera, porque si no yo digo: el 80 de público y les
incluyo a todos porque a mí no me da la gana.
Ya está nervioso el Presidente, pero por una vez que me deja
intervenir... (Risas.) Estas serían las tres cuestiones: potenciar ayudas
y estimular, el otro sería el diálogo y, finalmente, la neutralidad.
Respecto a la neutralidad, me remito a una intervención anterior del mes
de septiembre del portavoz socialista Fuentes Gallardo, en la que le
solicitó el listado. Finalmente disponemos de este listado, y lo estamos
mirando --porque son largos--, porque hay que comprobar quiénes lo
solicitan, cuánto solicitaron, para qué proyecto, qué se concedió y
cuánto se concedió. En este sentido, señor Secretario de Estado,
realmente la neutralidad es básica. En esa comparecencia se habló del
FER, de la Fundación Clinic, del Opus Dei. Yo no tengo nada que decir en
contra de ninguna ONG, tampoco contra el Opus Dei. El Opus Dei tendrá sus
derechos, pero también los tienen los demás y de una forma u otra, como
decía muy bien el señor Izquierdo, lo que no puede ser es que cada
organización esté al servicio de objetivos políticos, pero tampoco
religiosos ni de grupos cerrados, digo yo, porque, al final, los partidos
políticos somos un colectivo confesado y confeso, mientras que algunos
grupos están confesos pero no están confesados. Me parece mucho mejor
decir que yo soy socialista y que quiero cooperar, que el que uno diga
que es independiente y, al final, por las noches, se dedica más a su
militancia espiritual que yo a la política. Me parecen bien las dos
cosas, pero que se sepa para que haya mucha transparencia y mucho
conocimiento, que es de lo que se trata en los fondos públicos.
En resumen, yo diría que no haya utilización política, pero tampoco
utilización religiosa, porque ésta también puede ser una actitud de
militancia política, por llamarlo así, como a veces lo es la política en
relación a la religión. Que sea un poco para todos. Estoy segura que el
señor Secretario de Estado comparte lo que decía el castizo, que el
infierno está lleno de buenas intenciones. Al final de la buena intención
miremos los papeles, porque igual nos condenamos todos, señor secretario
de Estado, usted y yo también. Por tanto, lo que hay que hacer es que esa
neutralidad se plasme de una forma u otra. Cuéntenos un poquito cómo está
el tema de las ONG, si usted comparte estos criterios y lo que tiene
previsto.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, no estaba nervioso en absoluto, me
encanta oírla. Era simplemente para ajustarnos un poco al tiempo, y
espero que nos salvemos todos.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para contestar la pregunta
de la señora Balletbó.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Usted me plantea una pregunta, pero yo
creo que más desde su posición como miembro de una organización no
gubernamental y que vive el día a día de la cooperación, que como miembro
de esta Comisión. Aun así, quiero decirle que yo comparto el análisis
inicial que usted ha hecho sobre las organizaciones no gubernamentales,
lo he dicho en esta Cámara y lo reconoce la ley, y el papel de la
sociedad en la cooperación, que fundamentalmente se realiza a través de
organizaciones no gubernamentales, pero también a través de
administraciones. Recogemos instrumentos de participación de
organizaciones no gubernamentales en diferentes órganos: en el consejo
consultivo, en sus relaciones diarias con la Agencia Española de
Cooperación, con la Oficina de Planificación y de Evaluación, etcétera.
Usted ha hecho un canto a la sociedad civil al principio, pero después ha
recogido carrete y a la hora de hablar de organizaciones religiosas ha
dicho ya que no. Parece que se desliga, que ya no sea tan partidaria de
la sociedad civil y más de los intereses declarados y oficiales de
partidos políticos. Yo creo que todo el mundo tiene cabida dentro de la
cooperación. Creo que la solidaridad no es un principio puro, como he
dicho antes, sino que puede tener muchos objetivos, unos de carácter
espiritual y otros sólo de carácter político, pero todos tienen su papel
en la sociedad internacional. Yo a los partidos políticos les doy un
grandísimo valor en la formación de valores democráticos, que son también
importantes para el desarrollo, y lo vemos día a día colaborando con
ellos en la formación de líderes políticos y de partidos de oposición
sólidos, de administraciones bien formadas y de buen gobierno y no
corruptas, con principios sólidos de formación. Eso lo vemos en
América Latina, donde tenemos una relación constante, pero también las
organizaciones religiosas hacen un gran papel, como por ejemplo en
Africa; por supuesto que sí. ¿Que tengan después fines también
proselitistas por sus propios convencimientos? Pues gracias a Dios. Ellos
fueron los que marcaron la cooperación de forma altruista y más solidaria
que nadie. Hay ejemplos perdidos en lugares donde no iba nadie, donde hay
conflictos y donde ni siquiera acuden las organizaciones no
gubernamentales civiles para el desarrollo, pues allí están las órdenes
religiosas trabajando por la solidaridad y en contra de la pobreza. Y ése
es un valor que también hay que potenciar.
En lo que no estoy de acuerdo es en volver otra vez a que la potenciación
de las organizaciones no gubernamentales pase por la financiación pública
al cien por cien. No puede ser. Las organizaciones no gubernamentales
tienen que tener un carácter no gubernamental. En la medida en que estén
financiadas al cien por cien dejan de ser organizaciones no
gubernamentales; se convierten en gubernamentales. Ese es un gran peligro
de la cooperación. Y a pesar de las críticas que haya habido a la
regulación de las subvenciones por parte de la Secretaría de Estado, han
funcionado muy bien. En el fondo, las organizaciones no gubernamentales
grandes, serias, especializadas, incluso pequeñas con implantación social
en la sociedad civil que usted llama fuerte han agradecido esta
normativa. Es una normativa mucho más suave, como repetí en anteriores
comparecencias sobre este tema, en cuanto a participación de fondos
privados o fondos propios que la de los países de nuestro entorno, donde
se exige hasta el 55 y el 60 por ciento de participación de fondos
propios. De manera que está funcionando bien, y eso lo prueba el hecho de
que se presentan proyectos, muchos de ellos con financiación propia de
ese 20 por ciento. No es una imposición que hace la Administración del
Estado. Nosotros regulamos nuestros fondos propios, después cada
comunidad autónoma regula lo propio. Me estoy acordando de una comunidad
autónoma cuya política de cooperación es fomentar que la sociedad civil
participe para evitar que la comunidad autónoma con fondos públicos
financie cooperación al desarrollo. No se impone ningún criterio. El
Ayuntamiento de Barcelona tiene unas normas diferentes de las que tiene
la Administración del Estado, pero yo creo que esta coordinación entre
todos, que es absolutamente necesaria, encontrará un marco institucional
adecuado en el Consejo Interterritorial de Cooperación. Ahí nos podremos
intercambiar información, etcétera.
Quiero decirle, respecto al diálogo, que una cosa es dialogar con las
organizaciones no gubernamentales, ejercicio que repetimos todos los
días, y otra cosa es consensuar lo que no es consensuable. No es
consensuable que las organizaciones no gubernamentales tengan el cien por
cien de la financiación. Si dialogar significa darles poder normativo y
que ellas regulen el acceso a los fondos públicos, esto no puede ser. Hay
un término medio, podemos llegar a acuerdos y de hecho llegamos.
Me gustaría dejar constancia también en esta Comisión que, a pesar de que
no se recogió en los Presupuestos Generales del Estado una subvención
específica para la coordinadora, dentro del diálogo del que usted habla,
sí me brindé a financiar proyectos concretos de esa coordinadora
destinados fundamentalmente a una de las labores que creo debe ser
esencial en una institución de esa naturaleza, como es la educación para
el desarrollo. Nos han presentado una serie de proyectos y he de decir
que ninguno era de educación para el desarrollo. Realmente estamos
necesitados en España de una labor intensa en los colegios, en las
escuelas, en las transversales de la Logse, de una acción clara y
decidida hacia esa educación para el desarrollo. Ninguno de los proyectos
presentados eran de educación para el desarrollo. No obstante, unos
proyectos que nos han parecido muy interesantes, como por ejemplo un
listado de organizaciones no gubernamentales que se facilite al público,
una serie de manuales, etcétera, les hemos financiado. No tengo ningún
inconveniente en financiar a la coordinadora todos aquellos proyectos que
sean en beneficio de la cooperación al desarrollo, y les he instado
--creo que así van a actuar-- a que presenten proyectos de educación para
el desarrollo y de sensibilización ante la sociedad, que con gusto los
financiaremos desde la Secretaría de Estado.
Respecto a la neutralidad, no sé si detrás de su afirmación, más que
pregunta, subyace una duda sobre la neutralidad de la Administración a la
hora de la concesión de subvenciones. Le aseguro que la neutralidad
existe y que no ha habido ninguna desviación.
He firmado todas las propuestas que la Agencia Española de Cooperación me
ha presentado sobre financiación de proyectos y no he introducido ningún
elemento político en esa financiación. Si usted cree que no hemos sido
neutrales o hemos sido partidarios en alguna, le pido lo indique; luego
con usted nos hemos portado muy bien.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Comparto casi siempre los criterios del
Secretario de Estado, porque en realidad creo que el objetivo que tenemos
es básicamente el mismo.
Sobre la neutralidad no tengo sospechas, pero a veces uno prefiere
adelantarse a los acontecimientos. Recogía un poco lo que había dicho el
señor Fuentes Gallardo en otra intervención y en todo caso, como aquí se
ha dicho muy bien, soy de los que creen que lo mejor es que haya una
buena coordinación entre la Administración y que el grueso de la
cooperación esté en su departamento. Lo creo y estoy dispuesta a
colaborar en lo que haga falta, porque además de los criterios de ayuda
entre países tiene que haber unos criterios de fondo, de desarrollo
sostenido y he visto proyectos de cooperación con créditos FAD que pueden
ser muy interesantes, por ejemplo en las relaciones bilaterales con algún
país, aunque no cumplen los requisitos de desarrollo sostenido. Esto
ocasiona perjuicios a medio plazo y estoy segura de que hay una más alta
sensibilidad en su departamento.
No me haga decir lo que no he dicho. Creo en la sociedad civil y la única
observación que hacía es: todos, también los laicos. La colaboración de
algunas organizaciones
laicas con Cáritas o con Intermón es altísima. Como usted ha dicho,
llegan con una razón de vocación y proyecto de vida en unos destinos que
a lo mejor otros que por su opción laica les permite tener una familia y
unos hijos, les cuesta más ir porque tienen otro tipo de
responsabilidades familiares y es más complicado o unos desarrollan una
vocación de sesenta años de vida y otros a lo mejor lo hacen sólo de
veinte años, en aquella época de su juventud en la que se pueden permitir
unos desplazamientos que más adelante no les resulta posible realizar.
No quiero indicar que estoy en contra de que se ayude a los del Opus,
pero me preocupa que como el dinero es el que hay, si va a la derecha no
va a otro sitio y al decir derecha significa si va a un lado no va al
otro.
Le pido un esfuerzo --y estoy segura de que está de acuerdo conmigo--, ya
que al final todos tenemos la sociedad civil organizada que podemos. De
una forma u otra esto es siempre un núcleo débil en la medida que es
mucho más difícil poner de acuerdo a un grupo de personas diversas que lo
hace voluntariamente que a un grupo que tiene un nexo de unión, tiene un
referencial al que acudir. La única cosa que le pido señor Secretario de
Estado, es que sea sensible con eso y en aquellos casos en que el 20 por
ciento es difícil, dé manga ancha, pero no manga ancha por hacer
excepciones; sin embargo, cuando haga el balance plantéese lo que ha sido
la cooperación --más tarde lo veremos en este listado que se nos ha
dado--, y si se ha perdido algún proyecto, que valía la pena por esa
dificultad o qué organizaciones se debilitan.
Creo que puede haber organizaciones no gubernamentales que lo mejor es
que no estén --se lo digo sinceramente--, porque poco aportan por el tipo
de organización que son. Estoy de acuerdo en que se exija, pero veámoslo
todo en el contexto a ver qué pasa y hasta qué punto llega esa norma que
comparto. Le digo más, esto a medio plazo tendrá que aumentar, no
obstante, la única cosa que lamento es que al haberla aportado de buenas
a primeras sin un cojín, algunas organizaciones hayan quedado
estarracadas; perdone la palabra, pero ésta es la única preocupación.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate el señor Secretario de Estado
tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): No quiero dividir la cooperación entre
solteros y casados y religiosos y no religiosos; los dos creemos en la
sociedad civil y estamos de acuerdo en que es participativa y plural y
tiene que ser así.
No puedo romper desde la Administración el principio de la seguridad
jurídica e implantar la manga ancha, un colchón, unos sí y otros no. La
norma es para todos igual. No veo ningún otro criterio que el de la
objetividad de la norma y de su aplicación para conseguir los principios
de igualdad, de legalidad y seguridad jurídica por los que también
tenemos que velar quienes nos dedicamos a la cooperación.
Creo que hemos sido muy tolerantes a la hora de aplicación de la
normativa. Es una normativa muy suave y de hecho tampoco ha causado
mayores perjuicios a la cooperación pues siguen presentándose multitud de
proyectos, muchos más que dinero, más de los que puede financiar la
cooperación española, de manera que no ha sido tan restrictiva ni tan
destructiva para la cooperación.
El proceso de depuración natural de organizaciones no gubernamentales se
tiene que dar y, como usted bien dice, habrá que ir a medio plazo a
criterios de mayor exigencia y de financiación de los proyectos con
fondos propios de las organizaciones no gubernamentales. Creo que ha sido
bueno. Ya me dirá su valoración después del análisis que realice, pero
creo que se ha clarificado el campo, se ha depurado y sobre todo ha hecho
más no gubernamentales a las organizaciones no gubernamentales y eso
siempre es bueno.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir la sesión por espacio de cinco
minutos para despedir al señor Secretario de Estado y recibir al
siguiente compareciente.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACION INTERNACIONAL (ESPINOSA FERNANDEZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS
PROYECTOS EN CURSO DE COOPERACION AL DESARROLLO, A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000548.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión de la Comisión con el
tercer punto del orden del día: comparecencia del Secretario General de
la Agencia Española de Cooperación Internacional, don Luis Espinosa, para
informar sobre los proyectos en curso de cooperación al desarrollo.
Al efecto tiene la palabra el señor Espinosa.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Para mí es un honor estar ante
ustedes para exponerles, con la mayor brevedad posible, los principios y
los proyectos en curso de la cooperación al desarrollo que este año, por
designio de ustedes y tras la aprobación de los presupuestos, van a
sufrir un incremento considerable de aproximadamente el 27 por ciento.
Previamente el Secretario de Estado les ha dicho a ustedes cuáles son los
principios generales de la cooperación y cómo se estaban haciendo, por lo
que voy a obviar toda esta parte. Sí quiero decirles que en todos los
proyectos que se realizan a través de la agencia la pertenencia de
nuestro país al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE nos obliga a una
serie de cuestiones, como son los géneros donde podemos aplicar esta
ayuda, qué capacidad tenemos e incluso el tanto por ciento máximo de
ayuda pública que podemos dar a este proyecto. Precisamente esto ha
obligado al Gobierno a introducir una serie de cambios importantes en los
modos de ejecución de la política de ayuda al desarrollo, en los métodos
de distribución e incluso en la definición de prioridades estratégicas y
alguna línea de política de gasto, aunque siempre, eso sí, teniendo como
fin la erradicación de la pobreza, que es el fin primordial de toda la
política de cooperación.
Como también creo que ha dicho el Secretario de Estado, este esfuerzo
económico para la erradicación de la pobreza ha de tener siempre presente
que no sea incompatible, sino más bien sinérgico, con la ayuda a las
propias instituciones económicas españolas, porque mal estaría que con el
dinero de los españoles, que con tanto esfuerzo se recauda, se pudiesen
financiar al final bienes y servicios de terceros países, sencillamente
porque tuviesen una mejor presencia en el mundo de las ONG de la que
hasta ahora tiene España. Lo diré de otra manera. No parece demasiado
correcto que algunos proyectos educativos estén financiados por España y
los mobiliarios de esos centros educativos se compren en Noruega o en
Suecia sencillamente porque los centros de distribución de agencias o de
ONG internacionales estén allí o porque participen esas empresas en la
feria que cada año se hace en Ginebra de los suplidores de las ONG.
Nosotros hemos pensado que la sinergia con el mundo económico tiene que
ser un factor importante para que los proyectos de desarrollo tengan una
valoración positiva.
También tengo que decirles que no importa tanto al Comité de Ayuda al
Desarrollo en este momento económico mundial la cantidad como la calidad,
y nadie crea que esto es ponerse un sombrero antes de la lluvia, sino que
es sencillamente constatar que ayer mismo todos los presidentes de
delegación del Comité CAD, en el que tuve el honor de estar representando
a nuestro país, decían que en este momento de contención lo importante es
que los proyectos tengan como finalidad realmente el desarrollo, que
sirvan para la finalidad que se han concebido.
Esto es lógico que sea así, porque insisto en que todo el dinero que
utilizamos, bien directamente o bien a través de las ONG, es un dinero de
los impuestos y, por tanto, tiene que tener esa finalidad de consenso
social que esta Cámara impuso en los años 1992 y 1994. Por ello, los
mínimos básicos de continuidad y estabilidad en los objetivos y
directrices de la política española de cooperación son factores de
congruencia con las prioridades sectoriales y territoriales, y en
consecuencia Iberoamérica es el lugar donde se concentran más del 45 por
ciento de nuestros programas, y dentro de Iberoamérica el área
centroamericana y de los Andes está siendo priorizado este momento quizá
por la especial circunstancia del abandono de la guerra como método de
convivencia en centroamérica y también por las necesidades de desarrollo
de esas zonas.
Otra prioridad importante o característica es el Magreb porque, como
ustedes saben, es el flanco sur de nuestro país o el flanco norte de los
países menos desarrollados, que someten a presiones constantes a nuestro
territorio y a nuestra población. Quizás por ello esta Cámara sabiamente
dijo que como mínimo debíamos hacer que el 15 por ciento de nuestra ayuda
estuviese dirigida a esos países del Magreb. Indudablemente continúa
siendo una característica fundamental que cumplimos escrupulosamente.
Marruecos, Túnez, Argelia y en menor medida el pueblo saharaui --y al
decir en menor medida lo digo por su volumen, no por una calificación
política-- están recibiendo gran parte de los proyectos de España en
Africa, sin que abandonemos nuestra presencia incipiente en la región
sudsahariana, y más fundamentalmente en la zona lusófona Angola y
Mozambique, donde importantísimos proyectos están llevándose a cabo y
donde de alguna manera los países, los Estados, los gobiernos de esos
países acuden a nosotros para satisfacer algunas necesidades.
Si ustedes me permiten, les contaré como anécdota que en la entrevista
que el Presidente de Mozambique tuvo con la delegación española, por
cierto presidida por nuestro Presidente de Gobierno, en la FAO le hizo
una petición muy concreta: envíennos libros en castellano, porque son los
que van a sustituir en la educación a los libros que teníamos en el
idioma de la potencia colonizadora. También es un programa que estamos
haciendo; es decir, tenemos una presencia, aunque no excesiva, dentro del
Africa subsahariana, en la parte de Africa lusófana.
Especial mención merece, dentro de Africa, Guinea Ecuatorial. Las razones
históricas y de presencia española durante muchísimos años y el
desencuentro permanente que padecemos con este país hacen que la
cooperación, a pesar de ser muy importante, se lleve por cauces quizá más
heterodoxos que en cualquier otro país. ¿Dónde está la heteredoxia? Pues
en que fundamentalmente son las organizaciones religiosas las que tienen
presencia en Guinea, las ONG no tienen presencia en Guinea Ecuatorial
porque no les dejan estar y porque no pueden estar, y a través
fundamentalmente de las ONG tenemos que hacer todo el desarrollo. Pero
permítanme decirles que, por ejemplo en educación, más del 80 por ciento
de la educación primaria de Guinea Ecuatorial en este momento se realiza
por medio de organizaciones religiosas dentro de FERE y que más del 95
por ciento de la asistencia sanitaria primaria a la infancia se realiza
por estas mismas organizaciones religiosas; es decir, el Estado casi no
tiene presencia en estos dos ámbitos, ha sido relegado a otro ámbito, y
ahí es donde nuestra cooperación se está desarrollando.
Dejando a Africa a un lado, también tenemos una relación especial con
Filipinas, por razones obvias, razones históricas y también de una serie
de lazos más importantes que los momentos políticos determinados. En fin,
la agencia tiene programas y proyectos en casi todas las partes del
mundo, menos donde todavía el PACI no ha desarrollado su terreno de
acción, como puede ser el centro de Europa.
También tenemos que decir que los programas y las acciones se desarrollan
de tres maneras absolutamente diferentes. La primera, que dividiremos en
dos grupos, los programas gubernamentales hechos a través de la agencia,
bien directamente por ella o bien a través de organismos
multinacionales, y después lo realizado por organizaciones no
gubernamentales a las que se ha puesto una serie de compromisos para
hacer programas. Me gustaría señalar que la agencia española no
subvenciona nunca ONG, subvenciona programas de desarrollo económico y
social que presentan las ONG, las cuales tienen en las convocatorias
ordinaria y extraordinaria capacidad para presentar este tipo de
proyectos.
La Agencia Española de Cooperación tuvo un incremento importantísimo del
presupuesto, pasando a tener en este año 26.168 millones de pesetas para
acción directa, con un incremento del 37 por ciento respecto al ejercicio
anterior. Al día de hoy, tenemos comprometida la cantidad de 9.213
millones, es decir, el 35,18 por ciento y nos queda el resto para
utilizarlo a lo largo del año. Si quitamos el capítulo de personal, que
es obligado, de los 23.000 millones que tenemos para acciones, hemos
gastado 8.500 millones, es decir el 35,82 por ciento. ¿En qué proyectos?
Si tuviese que leerles proyecto por proyecto, necesitaríamos bastante
tiempo. Sus señorías pueden tenerlo cuando lo deseen, porque además de
que se publican cada tres meses en el «Boletín Oficial del Estado» todos
y cada uno de los proyectos que subvenciona la agencia a través de su
convocatoria abierta y permanente, también las de los ONG alcanzan su
refrendo y son distribuidas a SS. SS. Si alguien desea cualquiera de
ellos, inmediatamente podríamos darle todo lo que corresponde a la
agencia.
Lo que estamos haciendo a través de la agencia o bien por la ayuda con
los organismos multilaterales, son una serie de acciones de reforzamiento
institucional, una lucha contra la inestabilidad socioeconómica y también
una serie de proyectos para el mayor desarrollo empresarial y para el
mejor desarrollo cultural. Estos son los proyectos fundamentales en los
que la agencia está directamente comprometida. ¿Alguno de ellos? Por
ejemplo, la erradicación del trabajo infantil en toda Sudamérica es un
proyecto en el que la agencia ha comprometido doce millones de dólares y
que realiza por medio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo.
Es un programa importante y espera que al final del mismo en los países
del área andina y en Brasil, que son los países donde se está realizando
este proyecto, la edad mínima de acceso al trabajo pase a los 16 años y
que, de alguna forma, haya compromisos claros de las administraciones
respectivas para implantar legislaciones por las cuales la mendicidad, la
explotación, etcétera, queden terminantemente prohibidas y haya una base
legal para poder actuar cuando esto no suceda.
¿Otros temas? Tenemos una serie de asistencias importantísimas en el área
de creación de escuelas diplomáticas, de creación de escuelas de
inspecciones de trabajo, de reformas fiscales, de reformas aduaneras y de
reformas de los sistemas educativos. Permítanme darles una pincelada. Por
ejemplo, en Costa Rica tenemos ya 18 grupos escolares España, grupos
escolares que se han hecho con la cooperación española con los fondos de
contravalor. Es un verdadero gusto, por lo menos para mí llegar a esos
centros y, además de llamarse España, ver que día a día, todos los días
del año, ondea la bandera española junto a la bandera de Costa Rica, como
demostración de que allí la solidaridad española ha hecho posible primero
la edificación de la escuela y, segundo, la escolarización de los niños y
niñas que si no posiblemente serían carne de marginación.
¿Qué otros temas hacemos? Los temas sanitarios también son importantes.
Antes he oído un nombre y voy a decirlo, que es la Fundación Clinc.
Estamos orgullosísimos de hacer con ellos un proyecto de erradicación de
la malaria, según la vacuna del doctor Patarroyo. Hemos empleado 400
millones de pesetas en este programa habiendo conseguido algo fundamental
e importantísimo y es que en las zonas de Tanzania y Mozambique, donde se
está haciendo la aplicación, haya descendido el 22 por ciento la
mortalidad de los niños menores de cinco años. Sólo con esto, sea o no
eficaz la vacuna del doctor Patarroyo, en lo que no entro porque no soy
médico ni quiero serlo, solamente con esto estaría más que justificado el
empleo de este dinero. Entre otras cosas se han separado las aguas
limpias o de beber de las aguas sucias o de defecación, lo cual es un
gran avance y porque se han creado unos, parece, hospitales y digo que
parece hospitales porque son grandes salas, divididas con cañizos y con
unas mantas en el suelo que hacen de camas, pero eso es infinitamente
mejor de lo que se tenía antes. Es un proyecto sanitario que ha dado un
gran campanazo en aquella zona de la Africa subsahariana. Déjenme poner
otro ejemplo completamente diferente. La creación de los depósitos fríos
estancos en todo centroamérica para el tratamiento de las vacunas que se
echaban a perder por la falta de una cadena de frío. Hemos creado cada
equis kilómetros --no recuerdo cuántos son pero lo podría ver si a
alguien le interesa--, unos elementos estables en donde hay unas cámaras
que por medio de generación solar, donde se puede, y donde no por medio
de generador de gas-oil o gasolina, mantienen en frío las vacunas hasta
que éstas pueden ser distribuidas y puestas en la población que lo
necesita. De esta manera dice el Ministerio panameño de Sanidad se ha
conseguido la erradicación de dos o tres enfermedades, pero me van a
perdonar que no diga cuáles son. Si alguien quiere conocerlas lo miro,
porque, insisto, no lo sé.
A través del PNUD, que como saben es la Agencia de Naciones Unidas para
el Desarrollo, tenemos una serie de proyectos para capacitación de
jueces, magistrados y fiscales. Ya saben que la seguridad jurídica en
Iberoamérica es uno de los puntos esenciales. Si se consigue que haya una
seguridad jurídica de verdad, quizá empezaremos a conseguir una sociedad
democrática estable. Así lo vieron Naciones Unidas y así hizo la
recomendación. Se creó un fondo fiduciario para el cual España puso 140
millones de pesetas, en el que participan de forma muy bien valorada
jueces, fiscales y el propio Consejo General del Poder Judicial de
nuestro país.
Otro tema que nos preocupa muchísimo en el norte de Africa es la
formación del personal para evitar que la falta de perspectivas haga que
se produzca el cruce del Mediterráneo. Por eso les decía que, por
ejemplo, tenemos cantidad de programas de formación profesional en Túnez,
en Marruecos y en Argelia lo que nos dejan, porque ya saben los problemas
que estamos teniendo.
De la cooperación cultural ¿qué les diría? La agencia mantiene en todos
los países 17 centros culturales que son un foco de irradiación de la
cultura española, a la vez que un foco de incitación a la creación
cultural de los países donde está. La artesanía se está potenciando, las
bellas artes indígenas también se están potenciando, se crean unas
bibliotecas que son foco de atracción para todas las capas interesadas,
entre comillas, de sus países, desde el estudiante hasta el intelectual.
Estamos en esa presencia constante y continua y queremos continuar
estando.
Finalmente, excepto que SS. SS. quieran saber alguna cuestión más, deseo
hablarles de otras tres cosas que hace la agencia, que son la ayuda
alimentaria, la ayuda de emergencia y el programa de becas. La ayuda
alimentaria se da a aquellos países que tienen mala distribución
alimentaria o una deficiencia alimentaria, países que normalmente están
en el área americana, excepto la población saharaui y la población de
territorios palestinos. Por ejemplo, para este año, Nicaragua tiene 200
millones de pesetas de ayuda alimentaria; Honduras, 75; la República
Dominicana, 100; Perú, 75; Cuba, 150; Haití, 100; Mozambique y Egipto,
75; Mauritania, 150; los saharauis, 150 y los territorios palestinos 100
y, además, España da una ayuda de 250 millones para la reserva
alimentaria internacional, que está prevista en el convenio que
suscribimos con la FAO para 1997. Normalmente, en los países donde se
puede, la ayuda alimentaria la hacemos por vía de fondos de
contrapartida. Quiere decirse que, llegada la ayuda alimentaria española,
ésta se vende a los precios de aquel mercado y con ese dinero se
constituye un fondo mixto y, poniéndonos de acuerdo con el órgano de
cooperación del país al que se envía, se crean programas de desarrollo.
Por ejemplo, en Perú se han llevado a cabo 32 proyectos de
electrificación rural que son realmente increíbles; también se ha
desarrollado un programa de camionetas para municipios del altiplano, que
ven bastante imposibilitada su comunicación, y con esta forma de
transporte se puede hacer, porque no hay una línea rentable, entre
comillas, que pueda realizarla. Se han hecho otras muchísimas cosas:
edificios, casas de cooperativas, etcétera. Donde no se puede conseguir
este fondo de contrapartida porque no existe la base o la capacidad
suficiente, lo que se hace es sencillamente dar el alimento, procurando
que llegue a su destinatario. Para eso normalmente confiamos en los
gobiernos, excepto cuando los gobiernos nos han demostrado que no se
puede confiar en ellos, y en ese caso hacemos la distribución por medio
de las ONG o a través de nuestra embajada. La ayuda alimentaria viene
siendo una tradición de la cooperación española y vamos a continuar
haciéndola porque ha demostrado su bondad y su necesariedad.
En cuanto a la ayuda de emergencia les diré que es un capítulo que
tenemos reservado para cuando se produce una catástrofe o algo por el
estilo en cualquier país más o menos amigo y que requiera nuestra ayuda.
Esto ha pasado en Cuba con el huracán Lili, en Ecuador recientemente con
las graves inundaciones de la zona costera, en Mauritania a causa de una
gran tormenta que ha secado la mitad de la cosecha de cereales que tenían
para poder alimentarse y sucede de forma imprevisible. Les puedo decir lo
que hemos mandado este año, pero yo creo que es más interesante quedarse
con el concepto de que es un fondo que tenemos ahí para cuando sucede una
catástrofe inesperada e imprevista, ante la cual el Gobierno que sea
solicita la solidaridad internacional y nosotros acudimos con una
cantidad de dinero que decide nuestro Gobierno.
Y, finalmente, pasaré a hablar de las becas, que es un programa
fundamental en la cooperación española. Yo creo que la gran mayoría de la
inteligencia, entre comillas, iberoamericana se ha formado en España y
esto permite cada día realzar los vínculos que tenemos de dos sociedades
que quieren entenderse e ir por el mismo camino. Nosotros en el año 1996
hemos gastado 2.644 millones en becas y para el año 1997 está previsto
gastar 2.818 millones, de los que Iberoamérica se llevaría la parte del
león, como es lógico, el cuarenta y tantos por ciento, 1.121 millones,
más 16 millones. Luego tenemos también el mundo árabe, que se lleva 500
millones; los africanos y asiáticos, que se llevan 400 millones, y el
programa de lectores de español, que consiste en que enviamos profesores
fundamentalmente a las universidades del mundo africano y asiático, que
se lleva 75 millones de pesetas. Insisto en que si alguien quiere tener
algún detalle más de la distribución por países, la estadística la tienen
a su entera disposición. A través de la convocatoria abierta y permanente
que tiene la agencia, que cada 15 días reúne una comisión para
otorgarlas, hasta este momento se han dado 850 millones de pesetas de
ayudas para realizar proyectos particulares por medio de esta
convocatoria. ¿Cuáles han sido? Han sido muy variados. Por ejemplo, al
Instituto Español de Oceanografía se le han dado tres millones de pesetas
para realizar un estudio en colaboración con Argelia, Túnez y Marruecos
sobre unas algas comestibles en el norte del Mediterráneo; está el Puente
Familiar con Cuba, que ha tenido un importe de 11 millones de pesetas de
ayuda para enviar alimentos de primera necesidad a las familias que han
quedado en aquel país y no pueden alimentarse demasiado bien; o la
Fundación para la educación en televisión, en Panamá, Canal 5, que ha
tenido un presupuesto de 31 millones de pesetas para desarrollar
programas educativos, fundamentalmente de castellano; o el Centro
Cultural de España en Miami, que ha tenido una subvención de 18 millones
de pesetas para ayudar a su presencia, etcétera. Me van a permitir que no
continúe, insistiendo en que los datos, por supuesto, están a su
disposición.
Concluida esta parte les doy las gracias por la atención y estoy abierto
a las preguntas que ustedes quieran formularme.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Secretario General por su
comparecencia y su explicación.
Usted ha informado con carácter global de que el 45 por ciento de estas
ayudas va a programas en Latinoamérica. Por contra, por ejemplo, yo no sé
qué proporción va al Magreb. Usted ha dicho que era una segunda zona
importante
de su acción, pero tendríamos que ver cuánto se destina a la misma.
En programas de formación ha hablado usted de Túnez y se ha referido
también a Argelia. Uno de los grandes problemas de Argelia ha sido
precisamente la gran frustración de la sociedad argelina, porque el nivel
de formación es altísimo y la salidas, imposibles. Uno de los elementos
de radicalización de la situación en Argelia viene dado porque su nivel
de formación es uno de los más altos del Magreb. Esto crea una gran
frustración, porque gente que a nivel universitario o a nivel de carreras
técnicas ha tenido una alta formación, luego no tiene salidas. Ese
socialismo del Frente de Liberación Nacional no ha creado las
posibilidades para canalizar esa formación y, justamente, esta gran
frustración ha conducido a que unas élites altamente formadas se hayan
encuadrado en el FIS. Este es uno de los grandes problemas. A mí me
gustaría conocer más datos y si no dispone hoy de ellos, ya nos los dará
en otro momento.
En cuanto a los programas de servicios sociales básicos, uno de los
acuerdos de Beijing, de la IV Cumbre de la Mujer, indicaba que
precisamente la ayuda a la cooperación, canalizada en programas que
gestionan las mujeres, tenía dos ventajas importantes, una que rendía más
a nivel de territorio; otra, que iba más directamente a los más
desfavorecidos como eran los niños y los ancianos, y luego incluso había
una tercera consecuencia, que era que incidía en un elemento básico en
esas sociedades en cuanto a que proporcionaba alimento de forma más
directa y además capacitaba a las mujeres, sobre las que en los países
del Tercer Mundo descansan al final las responsabilidades básicas de la
familia y todos los temas de control de población, etcétera. Por tanto,
me gustaría saber, sobre este volumen de ayudas, qué porcentajes inciden
en la gestión directa por parte de comunidades femeninas.
Usted ha citado algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, los
400 millones de pesetas a la Fundación Clinic para la vacuna del doctor
Patarroyo, me parecen estupendos, como lo que se ha dado al Instituto
Español de Oceanografía para el estudio de algas comestibles. Lo que pasa
es que uno tiene la sensación de que a lo mejor éstos son otros
capítulos. Yo no digo que sean I+D. A mí no me parece mal que la
subvención a la Fundación Clinic esté en su departamento, pero quizás
estos 400 millones de pesetas tenían que haber sido un dinero extra en su
presupuesto; no digo que no se lo dé a la Fundación Clinic, ni que no
haga usted el estudio oceanográfico de las algas comestibles, pero a lo
mejor el estudio oceanográfico de las algas comestibles es un programa de
I+D y si lo llevamos directamente a la agencia, a lo mejor lo que tenemos
que hacer es subir las aportaciones. Nosotros ahora no tenemos los datos
del año 1996 relativos al perfil de distribución en relación al producto
nacional bruto, pero sí tenemos los del año 1995 y estábamos en el 0,28.
Por las informaciones que tenemos, está bajando. Claro, no baja si vamos
metiendo otras cosas, pero baja si analizamos los conceptos, es decir, si
ponemos los 400 millones de pesetas aquí --y estaba en otras partidas--
el conjunto baja. Yo creo que el objetivo que tenemos que tener es
acercarnos a este 0,7 por ciento. En este sentido, creo que la iniciativa
del Grupo Popular es muy adecuada, es decir, vamos a ver cómo nos
acercamos, pero, insisto, no poniéndolo todo, porque si es así, igual
podemos llegar al 0,30 por ciento. En todo caso, yo creo que lo que hay
que ver es la proporción y me parce estupendo que lo pongamos todo. En
ese sentido debo adelantarle que hace dos o tres días hemos recibido ese
listado que usted nos indicaba y lo tenemos que examinar para luego poder
preguntar sobre las conclusiones a las que hayamos llegado. A título
indicativo yo hice una serie de preguntas en relación a la cooperación,
en Latinoamérica y en otras zonas y he recibido respuesta escrita, pero
no la he recibido con respecto a Filipinas, y me gustaría tenerla porque
puede pasar que en Filipinas no todos los proyectos de cooperación, sin
duda necesarios, sean estrictamente de cooperación según los conceptos
que estamos definiendo en esta Comisión. Estarán bien o estarán mal, eso
ya se verá, pero es importante que no estemos diciendo que estamos dando
esta ayuda si nos situamos en unos porcentajes tan bajos; si lo metemos
todo, tendríamos que estar por lo menos en el 0,7 por ciento, y si
estamos tan bajitos, no podemos estar alimentando de una forma, no digo
falsa pero sí errónea, lo que son realmente proyectos de cooperación.
En mi intervención con motivo de la comparecencia del señor Secretario de
Estado quizás haya utilizado erróneamente la expresión manga ancha, pero
hay una cosa que es verdad y quiero saber su opinión. Cuando ustedes
piden un 20 por ciento de ayuda privada para los programas, sabe que la
Comunidad Europea está exigiendo el 15 por ciento. (El señor Secretario
General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Espinosa
Fernández. Es el 50 por ciento.) Bueno, por lo menos era el 15 por
ciento, rectifico, pero según las informaciones que yo tengo la Dirección
General de Relaciones con las ONG, hace exactamente unos poquísimos
meses, exigía un 15 por ciento. Si ha cambiado algo en los dos o tres
últimos meses, yo rectificaré, pero hace poquísimos meses en esa
dirección general se exigía que los recursos de la propia ONG fueran del
15 por ciento. Tampoco se decía si estos recursos propios tenían que ser
públicos o privados. Este es el matiz que yo quería introducir. Yo
defiendo la seguridad jurídica en torno a las ONG y no quiero
excepciones. Lo único que sí me gustaría es que el Secretario General de
la Agencia nos dijera cómo se han podido traducir estos criterios a la
hora de la verdad en relación a algunos proyectos. A lo mejor han
funcionado de maravilla, pero por eso se lo pregunto.
Estoy de acuerdo en que la cooperación es un tema que estabiliza a la
sociedad y comparto su criterio, que creo que lo ha expresado, en
relación a Latinoamérica, de que una sociedad se estabiliza también en la
medida en que económicamente se le pueda favorecer y pueda desarrollarse.
En este sentido creo que hoy los grandes problemas de la inseguridad no
vienen sólo del tráfico de armamento ni de los armamentos nucleares y
convencionales, sino de la pobreza que hoy por hoy es un gran foco de
inseguridad en Latinoamérica, en el Magreb, en el Africa subsahariana y
en algunos países del Asia. ¿Por qué? Porque no hay nada más desesperante
que la gente que no puede alimentarse
a sí misma ni a su familia. Esto está claro y por tanto me parecen
adecuados los proyectos de ayuda alimentaria que usted nos ha indicado.
Insisto en que me gustaría que usted me dijera cuál es la proporción en
el caso del Magreb, porque en un fondo como éste no vamos a quitar a los
latinoamericanos para dárselo a los magrebíes. A mí lo que me gustaría es
que aumentaran el fondo para darles un poquito más a los magrebíes. Estoy
de acuerdo con usted en que ahí tenemos un cinturón de pobreza que rodea
al continente europeo, en el que están Marruecos, Túnez, Egipto, y en el
caso de Argelia se agrava por la escisión dentro de la sociedad, con el
enfrentamiento civil armado que conlleva una descomposición total y una
impunidad por parte de unos grupos que asesinan a la población civil,
sobre todo a mujeres, de una forma absolutamente espeluznante. Por tanto,
la posición de mi grupo es tratar de acercarnos más hasta el 0,7 por
ciento para intentar hacer algún proyecto más en esas zonas, porque estoy
de acuerdo con usted en que es una zona que tiene que ser absolutamente
prioritaria para nuestro país y que lo es dentro de las prioridades de la
Comunidad. La Comunidad de una forma u otra nos mira en este campo.
Fíjese, por ejemplo, en Italia, que en algunas cosas va incluso por
delante de nosotros, siendo como es un país que al parecer tiene enormes
dificultades para alcanzar el ingreso en la moneda única. Por delante
tenemos a Bélgica, Alemania, los Países Bajos y a Francia. Ya no hablo de
Noruega, Dinamarca y Suecia, que están a años luz y no pretendo que nos
comparemos. Creo que nuestra posición de país medio en contribución
dentro de la consideración internacional todavía no se corresponde con lo
que nosotros damos para la ayuda de cooperación, y nos correspondería
ocupar un lugar bastante más alto.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz, el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Quiero agradecer en primer lugar de manera muy
especial la presencia del Secretario General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, don Luis Espinosa, porque, señorías, la
intención del Grupo Parlamentario Popular al plantear esta comparecencia
no ha sido la de asetear al Secretario General de la Agencia con
preguntas concretas, como él muy bien ha dicho, sobre proyectos de
cooperación específicos, puesto que están a disposición de todos los
grupos parlamentarios y de toda la opinión pública a través del «Boletín
Oficial del Estado», sino la de hacer realidad el compromiso del Gobierno
y de nuestro grupo parlamentario para que la Comisión sobre Cooperación y
Ayuda al Desarrollo sea un instrumento eficaz de control parlamentario
sobre los proyectos y programas de cooperación y además también de
iniciativa parlamentaria en este sentido.
Recogemos, señor Secretario General, los datos globales que nos ha dado
con satisfacción y con optimismo, y al mismo tiempo con agradecimiento,
porque el hecho de que la Agencia Española de Cooperación Internacional
en estos momentos tenga comprometido y gestionado un 35 por ciento de su
presupuesto en ayuda directa al desarrollo es un dato no habitual, lo
cual quiere decir --y, por lo tanto, queremos que quede constancia
pública de nuestro agradecimiento-- que se está trabajando con eficacia y
que se están cumpliendo los objetivos presupuestarios.
Esto es de extraordinaria importancia, porque cuando no se cumplen los
presupuestos, llegan los finales de año y la Administración se
revoluciona a sí misma y los criterios, en principio objetivos, de
eficacia en la cooperación --en cualquier tipo de política, pero más en
este caso-- se pierde un poco por la necesidad de cubrir el expediente de
decir que se ha empleado el presupuesto en tales partidas y podemos dar
un balance equilibrado o positivo de nuestra gestión. En este caso el
hecho de que la Agencia Española de Cooperación Internacional tenga
comprometido más del tercio de su presupuesto indica que nuestro
programa, el programa del Gobierno sobre temas de cooperación al
desarrollo se está cumpliendo con criterios de eficacia.
No tengo nada que decir, señor Secretario General de la agencia, sobre
las prioridades geográficas que usted ha señalado, puesto que en
definitiva son las que han emanado de estas Cortes y sobre las que existe
un amplísimo consenso parlamentario y social. Pensamos que, como ha dicho
usted, el objetivo de la cooperación es la erradicación de la pobreza y
por ello saludamos con satisfacción la importancia especial que ha dado a
los programas de cooperación para la erradicación del trabajo infantil en
Iberoamérica. Lo consideramos fundamental y está muy de acuerdo también
con el mandato de las Cortes. No en vano hace pocos meses aprobamos por
unanimidad una proposición no de ley sobre comercio justo y solidario
donde uno de sus argumentos fundamentales era éste, la erradicación del
trabajo infantil y, por tanto, de la explotación de la infancia. Le
pedíamos al Gobierno --y recibimos con satisfacción sus datos-- que
incorporara activamente las políticas de comercio justo y solidario en
sus objetivos de cooperación. Felicitamos al Secretario General por esta
iniciativa que consideramos muy relevante.
Es importante que la Comisión conozca las prioridades sectoriales de la
cooperación, que son extraordinarias, en función de las obligaciones de
España en sus acuerdos internacionales, en función de lo que se ha
demostrado como bueno en política de cooperación y ayuda al desarrollo.
Consecuentemente, si el Secretario General de la agencia quisiera ampliar
en términos globales cuál es el monto total de los proyectos de
cooperación según las prioridades sectoriales que se consideran en este
momento más importantes, se lo agradeceríamos mucho.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, tiene la palabra para
contestar a los grupos parlamentarios.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Antes de nada quiero decirles que en
cuanto a la distribución geográfica de la ayuda, la agencia está
condicionada por el acuerdo unánime de la Cámaras de 1992, que estableció
la obligatoriedad de esta distribución poniendo unos mínimos, que le
recuerdo
que eran de un 45 por ciento para Iberoamérica, un 25 por ciento para el
Magreb y el resto para zonas fuera de estas enunciadas. Eso es lo que
hemos cumplido y lo que estamos cumpliendo, porque lógicamente una norma
aunque no tenga carácter de ley, pero que ha sido aprobada además por
unanimidad por quienes representan al pueblo español, es para nosotros
absolutamente obligatoria y la seguimos con lupa, lo cual no significa,
porque no podría ser, que en cada uno de los dieciocho grupos de
programas que lleva la agencia tenga que establecerse ese 45 y ese 25 por
ciento, porque consideremos la ayuda de emergencia, por ejemplo.
Imaginemos que, a Dios gracias, en el norte de Africa no sucede ninguna
catástrofe ni calamidad a lo largo de un año. Pues lógicamente no
dedicamos ni una peseta de ayuda de emergencia al norte de Africa.
Piensen ahora que en un año hay no una sino cuarenta y siete calamidades.
Pues a lo mejor a la ayuda de emergencia dedicamos bastante más del 25
por ciento. No obstante, en el monto global de los 195.000 millones de
pesetas que el Estado ha distribuido este último año para la cooperación
internacional, aproximadamente se cumple ese 25 por ciento, que va para
las zonas del Magreb que son absolutamente sensibles.
Me gustaría no olvidar nada de lo que me ha preguntado la dignísima
representante del Partido Socialista. Empecemos por la formación. Es uno
de los capítulos esenciales de toda cooperación al desarrollo. Ya sabe
usted que ha sido definida por el Cedefop, que es la Agencia de la
Comunidad para la Formación, como arma estratégica para lo que queda de
esta década, pensando que si no se da un nivel de formación adecuado,
cualquier otra cosa no podrá ser bien hecha a partir del año 2000.
Me ha puesto el ejemplo de Argelia y estoy bastante de acuerdo con usted,
pero me va a permitir una pequeña acotación: el problema de Argelia es
que hubo una titulitis totalmente ajena a la realidad económica del país.
No se puede tener 300.000 ingenieros nucleares --y es un ejemplo, no una
realidad-- cuando no se tiene ni una sola central de tratamiento nuclear.
No se puede tener --y esto ya sí es un dato real-- una facultad de
ingeniería de ferrocarriles cuando no hay ni 1.500 kilómetros de vía,
entre otras cosas porque no hay posibilidad de sacarlos. Sin embargo,
Argelia necesita como todo el norte de Africa una ayuda esencial en
formación profesional de choque en las habilidades más esenciales. Uno de
los graves problemas de Argelia en este momento es el parque
automovilístico, por la falta e incapacidad de talleres de reparación.
Este hecho, que podríamos trasplantar a otras muchas áreas, nos lleva a
que la política de cooperación en la formación básica y en la formación
profesional que está desarrollando nuestro país es acertada y nos ha sido
reconocida por los gobiernos de Marruecos y nos ha sido solicitada
repetidamente por el Gobierno de Túnez, cuyo presidente, con ocasión de
la visita a nuestro país, reiteró la gran necesidad de que España
incrementase su esfuerzo si podía para poder tener una formación
profesional mejor.
Me decía usted que no sabe cuánto se ha dado para la promoción de los
servicios sociales básicos. No hay un rubro de servicios sociales
básicos. Como usted sabe perfectamente, el CAD divide en dieciocho los
sectores de ayuda al desarrollo, que si quiere se los digo:
fortalecimiento institucional; agricultura; infraestructura, energía y
comunicaciones; desarrollo estratégico urbano; agua potable,
asentamientos urbanos y su saneamiento; comercio, banca y turismo;
industrias manufactureras, extractivas, construcción y equipamientos
industriales básicos; artesanía; desarrollo empresarial y economía
social; cohesión social, servicios comunitarios y población; sanidad,
educación y formación; ciencia y tecnología; medio ambiente; programa de
investigación, difusión o sensibilización y, finalmente, un gran capítulo
que es «otros», donde se incluye lo que se haya podido quedar fuera de
los diecisiete primeros. Sin embargo, no hay ningún programa que sea
servicios sociales básicos; por tanto, lamentablemente, no puedo darle a
usted una cantidad determinada. Sí puedo decirle que si por servicios
sociales básicos, por ejemplo, entendiésemos infraestructuras, le diría
que en este capítulo hemos gastado para el año 1996 4.700 millones; en lo
que va de año llevamos 2.798 millones de pesetas y muy posiblemente
lleguemos a final de año aproximadamente a los 5.000. En desarrollo
estratégico urbano, que supongo que estará dentro de esos servicios
sociales --no lo sé--, nos hemos gastado 5.151 millones de pesetas. En
agua potable, asentamientos urbanos, etcétera, hemos gastado 3.998
millones de pesetas. Creo que en un país con necesidades de desarrollo
económico y social todo lo que contribuya a una mejor preparación de la
sociedad marginada, de los grupos sociales más vulnerables constituye un
servicio social básico.
Usted ha mencionado la Conferencia de Beijing. Indudablemente en ella se
hicieron una serie de recomendaciones, recomendaciones que no han sido
trasladadas en forma compulsiva, ni tan siquiera como recomendación, a
los órganos del CAD. El tema mujer no aparece como un capítulo dentro de
él, quizá porque han pensado que además de los 18 grupos incluir los de
mujer, jóvenes, etcétera, crearía tal dispersión que impediría realizar
una estadística concreta. Sin embargo, la agencia ha detectado que hay
determinadas áreas donde la mujer tiene un papel fundamental. Como usted
muy bien ha dicho, en algunas sociedades iberoamericanas la mujer se
constituye en cabeza de familia en muchas más ocasiones que el varón y,
por ello, sí tenemos una serie de programas dedicados especialmente a la
mujer. Por ejemplo, en Costa Rica hemos creado unas oficinas municipales
de formación activa de los derechos de la mujer que funcionan bastante
bien. En Nicaragua hemos creado unas comisarías de policía especiales
para evitar el maltrato a la mujer, que allí era uno de los elementos más
nefastos de la convivencia. En Perú hemos creado unas cocinas llevadas
por mujeres. Estas cocinas están siendo de una gran eficacia para
contribuir a erradicar la marginalidad de ese tipo de familias. Pero
tampoco tengo ninguna estadística de cuánto sumarían todos los programas
específicos de mujer que se han hecho. Ha habido algunos. Sin embargo,
hay otros que han sido excesivos. Me gustaría recordar, por ejemplo, que
en Machu Pichu se hicieron 16 programas exactamente iguales en el
transcurso de dos años sobre la formación sexual de la mujer
indígena de esa zona. Indudablemente, todas las mujeres indígenas de allí
deberían ser las más expertas del mundo respecto a la formación sexual,
cosa que lamentablemente no es cierta.
Su señoría dice que le preocupa la disminución del ratio ayuda al
desarrollo respecto al PIB del año 1995. Es verdad. Es una preocupación
que no sólo tiene usted sino creo que todos los que estamos en este
ámbito de cooperación. Permítame corregirle un dato. En el año 1995 fue
del 0,27, no del 0,28. No es que tenga mayor importancia, pero el CAD que
nos dio la OCDE fue del 0,27.
Los presupuestos del año 1996 --que, como usted recordará, gestionamos en
parte pero no presentó ni realizó el actual equipo de Gobierno-- hizo
disminuir del 0,26 al 0,23 nuestra aportación respecto al PIB. Se pasó
del 0,26 al 0,23. ¿Por qué disminuyó? Por varios motivos. Porque el día 1
de mayo de 1996 se había gestionado el 8 por ciento de la ayuda de todo
el año. También ha disminuido porque la utilización de las técnicas
financieras de los FAD ha dejado 30.000 millones sin utilizar, si mal no
recuerdo, lo que ha hecho disminuir la cifra. Sin embargo, tengo que
decirle que en porcentaje bruto, no en porcentaje del PIB, sino global,
la cooperación española ha sido mayor que la de los años 1995 y 1996.
¿Qué va a pasar ahora? La verdad es que en este año no lo sé. Ayer
finalizaban las evaluaciones en el seno del CAD de París; cuando vengan
las estudiaremos, las analizaremos y diremos lo que nos parecen.
En cuanto al 0,7, si S. S. me permite, me gustaría más que hablásemos del
1 por ciento, porque ésa es la recomendación de las Naciones Unidas. Nos
solemos acordar solamente de la primera parte de esa recomendación. Esta
dice que los países desarrollados deberían emplear el 1 por ciento de su
producto nacional bruto en ayuda al desarrollo; el 0,7 de esa ayuda
debería ser coordinado por los poderes públicos y el 0,3 debería ser la
aportación de la sociedad civil no gubernamental, no pública, no derivada
de impuestos. Pues bien, si comparamos en 1995, último año del que
tenemos datos, lo que ha hecho la aportación pública respecto a su 0,7
con lo que ha hecho la aportación privada respecto a su 0,3 nos
encontramos con que el sector público va bastante por delante del privado
en esa solidaridad institucional con los países en vías de desarrollo.
Convendría no olvidarlo por una razón fundamental, porque en las
cuestiones de solidaridad, si el Gobierno va por delante, puede retraer a
los particulares, que podrían pensar: si ya lo da el Gobierno, ¿para qué
tengo que darlo yo? Y se olvidan de que el concepto de solidaridad es más
amplio que el gubernamental.
¿Estamos en la media? Sí. De los 21 países de la OCDE que han entregado
sus datos al CAD estamos justo a la mitad. Hay tantos países que dan más
que nosotros como que dan menos. Le aseguro que entre estos últimos hay
países tan importantes y representativos como Estados Unidos, Japón y
otros muchos. Y hay países que siendo más pequeños que nosotros dan más
que nosotros en porcentaje de su PIB, como es el caso de Luxemburgo,
Noruega o de Holanda. Pero déjeme decir también que quizá en cuanto a
Holanda tendríamos que hacer una pequeña salvedad, porque si nosotros
contabilizásemos como lo hace Holanda quizá subiríamos bastantes décimas
nuestra ayuda al desarrollo, porque también en la contabilidad hay que
establecer determinadas diferencias.
Ha mencionado la aportación de las ONG a los proyectos de desarrollo. La
Comunidad Europea establece que sus fondos nunca serán superiores al 50
por ciento, bajo ningún concepto, excepto en los programas de
distribución de ayuda alimentaria y emergencia, cuya aportación llega al
95 por ciento. Por ejemplo, si se piensa repartir leche a los niños de
Irak, se hace una especie de concurso entre las ONG que tienen presencia
allí y se les da ese dinero. En el Decreto del 28 de julio --permítame
que le corrija la fecha-- lo que se dice es que la cooperación española
podrá dar hasta el cien por cien cuando sea necesario, pero no menciona
rígidamente el 80 por ciento. De hecho ha habido proyectos que por su
especial incidencia han tenido una aportación mayor que ese 80 por
ciento. Y el 20 por ciento restante tiene que salir de donde sea. Las
ONG, que son organizaciones implicadas y nacidas de la sociedad civil,
han de tener la base suficiente para poder recurrir a ella para
establecer una parte de sus proyectos.
Finalmente, ¿acciones como la erradicación de la malaria o el alga
alimentaria son o no ayuda al desarrollo? Sí en los términos
internacionales; absolutamente en los términos que establece la OCDE. Si
nosotros queremos hacer otra división, y tenemos capacidad para ello,
diremos sí o no, pero mientras el Gobierno español y las Cortes, como
hasta este momento al menos, sigan aceptando la distribución de los 18
sectores que ha diseñado el CAD de la OCDE, indudablemente estas acciones
entrarán total y absolutamente dentro de ayuda al desarrollo, y no por
ello disminuye la cantidad de dinero. Por ejemplo el Gobierno anterior,
basándose en la mayoría parlamentaria que su grupo le otorgaba, tenía un
programa sanitario en Cuba tremendamente más amplio que el de la
Fundación Clinic de erradicación de la malaria, y no por eso dejaba de
ser un fondo de CAD. Exactamente igual, era un fondo CAD de los previstos
por el Comité de Ayuda al Desarrollo. Por cierto, como pude ver
personalmente lo que hace la Fundación Clinic en Mozambique, tengo que
deciles que es un orgullo para todos los españoles que pensamos que la
cooperación sirve para algo lo que está haciendo esta fundación en esta
zona de Africa.
No puedo por menos que coincidir con usted, señor portavoz del Partido
Popular: la erradicación de la pobreza es el hito fundamental que
preocupa a la agencia como brazo ejecutor de la política gubernamental de
desarrollo. El comercio justo y solidario es el enfoque prioritario para
esta etapa que viene, como no puede ser de otra manera. De nada sirve que
hagamos que un país sepa producir y desarrollar si luego no puede vender
y comerciar con sus productos porque tiene que entrar en cadenas más o
menos monopolizadas que le impiden obtener el justo beneficio de su
trabajo, y por tanto éste es un tema de enfoque prioritario para la
agencia.
Finalmente, hemos hecho 18 proyectos. Si me lo permitiera el Presidente,
yo pongo a su disposición todo este mamotreto de estadísticas de los 18
sectores en vez de leérselo
y contárselo, para que, si el Presidente lo tiene a bien, lo distribuya
entre SS. SS.; quizá sea lo más claro, lo más explícito y lo mejor,
excepto que ustedes quieran cualquier otra cosa, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Quiero puntualizar un par de cosas. En primer
lugar, es natural que el porcentaje de la cooperación aumente si aumenta
el PIB, porque si no aumentara en términos absolutos significaría que lo
que estamos haciendo no es aumentar, sino restar. Me parece absurdo
porque esto ya lo sabemos todos; es decir, si el PIB aumenta en un punto
se supone que en un punto respecto a la proporción tendrá que aumentar la
ayuda al desarrollo, luego esto está sobrado y aquí nos entendemos todos
perfectamente.
Yo no voy a entrar en decir quién es el bueno y el malo de las ONG; todas
son buenas: Patarroyo, la oceanografía, todas, yo no voy a entrar en este
trapo, señor Secretario General de la Agencia, porque me parece absurdo.
Yo he preguntado cuántos temas de investigación y desarrollo se ponen en
la cooperación, cosa que me parece estupenda, pero espero que en la
cooperación no pongan el armamento ya que el asunto tendría grandes
proporciones, porque algunos países esto lo entienden como cooperación.
Lo único que le digo es que esas partidas --que son todas bienvenidas, y
más si hubiera-- pueden hacernos creer que crecemos falsamente respecto a
unos datos que teníamos, nada más. Es como el tema del empleo: si todas
las mujeres antes no nos dábamos de alta en las agencias de contratación
y ahora sí, naturalmente aumenta el paro. Si algunas no tenían
expectativas de trabajo, no aumenta. Con esto sucede un poco lo mismo, o
sea que yo creo que nos entendemos, usted explica estupendamente, no me
haga decir lo que yo no digo.
Argelia. Estoy de acuerdo con usted. Desde luego, en el mundo de los
antiguos países de la órbita de la Unión Soviética lo que sobran son
ingenieros nucleares a punta de pala, y por 70.000 pesetas puede poner
usted a uno en la nómina que le hace una pequeña bomba para que la guarde
en el armario, que supongo que no está en su intención, pero es así. En
Novosibirsk, que era la capital del armamento, hay cantidad de ingenieros
nucleares que trabajan lunes, miércoles y viernes, unos, y martes, jueves
y sábados, otros, y no sé lo que hacen, supongo que nada, pero están
intentando hacer una transición difícil. Por eso estoy absolutamente de
acuerdo con usted, en esta línea. Y estoy de acuerdo en que hay que
sensibilizar a la población respecto a la cooperación. Ahora bien, el
capital privado no puede nunca sustituir a la ayuda oficial. Si en un
país ha habido unas campañas autónomas de sensibilización precisamente ha
sido en España en los últimos tiempos, hasta el punto de que han causado
una gran expectación en la comunidad los acampados del 0,7 para exigir a
los estamentos públicos el 0,7, pero a la vez su movilización ha tenido
una repercusión automática en los privados. Y es que yo creo que una
campaña como la del 0,7 tenía dos efectos: exigir a la Administración
pública e indirectamente crear en la sociedad el sentimiento de que esto
era necesario. Yo no conozco los datos de las aportaciones de los
privados, usted los sabe mejor que yo, y en eso acepto sus informaciones,
como si me dice usted que bajan, me lo creo, qué remedio me queda, porque
no tengo ningún dato para rebatirlo.
Déjeme también decirle una cosa. No sé si fue el 17 o el 18 de julio,
tendrá que hablar con el señor Villalonga Campos, porque dijo lo
siguiente: las modificaciones de las bases que introdujo la Secretaría de
Estado el 17 de julio, y por tanto publicadas el 18 de julio... Ustedes
verán, esto es del 17 de septiembre de 1996, pero pónganse de acuerdo,
porque yo entro en el capote de su Secretario de Estado; corríjale en
cuanto llegue al Ministerio y dígale que yo cometo errores por su culpa,
pero nada más.
Quizá ha habido una confusión cuando yo he hablado de los servicios
sociales básicos. Yo estaba pensando --no sí si lo he dicho, tendría que
remitirme al «Diario de Sesiones»-- en el fondo de ayuda a la población,
que es un tema destinado a las mujeres como servicio social básico.
Quizás no lo he dicho, pero como tendremos ocasión en la próxima
pregunta, lo desarrollaremos. En todo caso, gracias por comparecer.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Intervengo para decir que no me parece muy
razonable que se aproveche una comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular para plantear otras grandes cuestiones de la
política de cooperación que además han tenido su sitio en la
comparecencia anterior y que tienen su sitio en algunas preguntas; por
ejemplo, el tema del 0,7 vamos a verlo en una proposición no de ley a
continuación. En todo caso, tampoco me quiero meter en lo que no es mi
responsabilidad.
Quiero reiterar, señor Secretario General de la agencia, nuestro
agradecimiento por los datos que ha facilitado a la Mesa de la Comisión,
que transmitirá al resto de los grupos parlamentarios, para realizar un
seguimiento concreto de las prioridades sectoriales y geográficas de
nuestra cooperación al desarrollo, y termino agradeciéndole esa
transparencia y ese ejercicio de ventanas abiertas en estos temas, lo
cual no ha sido normal en esta Cámara ni tampoco en años anteriores, y no
se me entienda esto como crítica, sino en definitiva como la constatación
de un avance muy positivo. Le agradecemos su transparencia, su
cordialidad y sus criterios clarísimos en las cuestiones que ha señalado.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, quiero aclararle que fue una
intervención del señor Secretario General, que ha hablado del 1 por
ciento, del porcentaje del 0,7 y del 0,3 público y privado, la que ha
provocado la intervención de la portavoz socialista que, haciendo
referencia a ese dato que ha dado el señor Secretario General, ha hecho
uso de la palabra, aunque tengamos un debate a continuación.
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Agradezco las puntualizaciones de
ambos portavoces. Indudablemente, señoría, la transparencia es la norma
que este Gobierno impone en su gestión y la que me obliga lógicamente, y
además con mucho gusto, porque creo que es la mejor manera de que todos y
cada uno sepan en cada momento, primero, de dónde sale el dinero;
segundo, a dónde va el dinero y cómo se transmite ese dinero. Yo creo que
nunca seremos suficientemente transparentes para que hasta la última
persona que esté interesada sepa el cómo, el porqué y el para qué.
Sin querer entrar a ningún trapo, yo no le he pedido que defina la bondad
ni la maldad de las ONG, porque como elementos de la sociedad civil creo
que al menos a mí, como parte ejecutora del Gobierno, no me corresponde
hablar de bondades ni maldades, sino juzgar los proyectos que presentan
las ONG, y no es que estos proyectos sean buenos o malos, sino adecuados
o no adecuados a una serie de circunstancias que vienen establecidas en
varios elementos: a), el PACI; b), las propias resoluciones de esta
Cámara, y c), la legislación vigente. En eso es en lo que toca a la
agencia que dirijo juzgar si son adecuados o no, así como si son
adecuados dentro de unas normas del CAD, y en las normas del CAD le
aseguro que no hay nada de investigación y desarrollo. Hay algo muy
importante y es que la ayuda a la sanidad básica y la erradicación de una
enfermedad endémica es totalmente ayuda al desarrollo. La malaria,
enfermedad endémica en gran parte de Africa por problemas de aguas
estancadas, entra total y exclusivamente dentro de lo que es política de
ayuda al desarrollo.
Las acampadas y las demás normas que hace la sociedad civil tienen todo
mi respeto, pero ello no significa que esas acciones de la sociedad civil
tengan que condicionar la acción de la Agencia Española de Cooperación,
porque lo que tienen que condicionar es la voluntad de SS. SS., que son
los padres legisladores de la patria y los que tienen que determinar, con
su legislación y con sus acciones lo que nosotros, gestores, debemos
realizar. El día que esta Cámara ponga a disposición del Ejecutivo, por
medio de la Ley de presupuestos, no el 1, sino el 3 por ciento del PIB
para ayuda al desarrollo, a quien está hablando, si es que continúa
dirigiendo la agencia, le corresponderá poner los medios técnicos y
humanos necesarios para que ese equis por ciento se dedique al fin que
ustedes le han dado. Pero son SS. SS. las que tienen esta capacidad y no
seré yo quien quiera hurtarles ni una millonésima parte de la misma.
Por lo demás, muchísimas gracias por la paciencia que han tenido.
PREGUNTAS:
--DE LA SEÑORA BALLETBO PUIG (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE APORTACION DE LA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECI) AL FONDO DE
POBLACION DE NACIONES UNIDAS EN EL EJERCICIO 1997. (Número de expediente
181/000506.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
pregunta de don Pablo Izquierdo, de Grupo Popular, respecto a la
aportación de España en la crisis de los Grandes Lagos. Tiene la palabra
el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, si no está mal el orden del
día del que dispongo, ahora viene una pregunta de la señora Balletbó. La
pregunta siguiente, señor Presidente, si me permite indicárselo, la hará
en mi nombre la Diputada Ana Torme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Pasamos al punto 4 del orden del día: pregunta de la señora Balletbó
sobre aportación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al
fondo de población de Naciones Unidas en el ejercicio 1997.
Tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Quiero agradecer al portavoz del Grupo Popular
que, aunque algunas cosas dice que no le perecen bien, ésa le haya
parecido estupenda.
Yo soy de las que creo que todo influye y pienso que además al señor Bush
le influyó la CNN para mandar las tropas a Somalia; imagínese si no nos
influye incluso la acampadita. Pero esto es al margen. Por eso unos son
los técnicos y otros son los políticos.
Quiero plantearle una cuestión en la que España no está especialmente
bien situada, aunque es verdad que es un tema en el que otros países
tampoco están en una posición óptima. Aun cuando tengo alguna limitación
informativa, los datos me indican que los países miembros del CAD
destinan un promedio de sólo un 10 por ciento de la ayuda oficial al
desarrollo a la cobertura de necesidades sociales básicas, dentro de las
cuales el tema de la población es importante. En ese sentido, usted sabe
que el marco del pacto 20/20 de los servicios sociales básicos comprende
esencialmente, aunque tiene una lista muy larga, educación básica,
atención primaria de la salud, incluida la salud reproductiva y la
planificación familiar. Una de las preocupaciones es que no hay dinero
para todos y, como es natural, hay que atender al PNUD, hay que atender a
la OMS, a la Unicef y a la Unesco, pero el tema del fondo de Naciones
Unidas al desarrollo es importante. En este sentido, según los últimos
datos publicados de los que dispongo procedentes del año 1994, España
está situada en una franja bastante baja en cuanto a la ayuda a la
población. Por descontado, en cabeza están Estados Unidos, Alemania,
Japón, Reino Unido, Suecia, etcétera, pero nosotros nos situamos
empezando por abajo: Portugal, Irlanda y después España, con 0,6 millones
de dólares. La pregunta que tengo que formularle al Director General es
si, a pesar de las restricciones
presupuestarias, que no afectan sólo a España sino también a Alemania, al
Reino Unido y a los Países Bajos, tiene previsto un cierto incremento de
esas aportaciones para cumplir con el seguimiento y evaluación de la
puesta en práctica del programa de acción, adoptado en la Conferencia de
El Cairo y que España suscribió. Usted indicaba que algunos de estos
acuerdos eran recomendaciones, eso es verdad. En las conferencias
internacionales siempre se dan recomendaciones, hasta que los respectivos
parlamentos las aprueban. Le agradezco que haya ensalzado nuestro papel,
del que somos todos conscientes, sobre todo en la oposición, de que nos
toca legislar y arbitrar el reparto de los fondos. Pero déjeme decirle
que también corresponde al Gobierno traer a las Cámaras el cumplimiento,
para su aprobación y ratificación en la Comisión de Asuntos Exteriores,
de estos acuerdos, porque si no no pueden ser adoptados. Es un tema que a
España le interesa especialmente. En términos comparativos, la aportación
de España como país donante en este capítulo se sitúa en una franja
bastante baja, ya que sólo Irlanda está por debajo de nosotros. Incluso
dentro de los países de la Comunidad estamos igual que Portugal. Tendría
especial interés en escuchar, señor Espinosa, cuál es la posición
respecto a este tema y si hay una perspectiva de incremento de estos
fondos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Señoría, quisiera recordarle que el
año 1994, fecha de la estadística que usted ha dado, no estaba gobernando
este equipo de gobierno y no tomaba decisiones con respecto a la salud
reproductiva y planificación familiar. Quizá porque estamos de acuerdo en
que en los años 1994 y 1995 esta cifra era excesivamente pequeña con
respecto a la ayuda al desarrollo, en 1996 la AECI viene desarrollando
con el fondo de población de Naciones Unidas, que como usted sabe es el
Fnuap, un proyecto titulado Salud reproductiva y planificación familiar,
con una aportación de un millón de dólares, 145 millones de pesetas, y
una duración de dos años, 1996 y 1997. Este proyecto, en el que están
involucradas varias ONG españolas, está reforzando los servicios de salud
materno-infantil en ocho oficinas regionales del departamento de salud de
Filipinas, en 45 hospitales y en otras dependencias de 27 provincias del
país. Su finalidad es reducir la tasa de mortalidad materna de 209 a 100
defunciones por cada cien mil partos y la mortalidad infantil de 53 a 48
defunciones por cada mil nacidos vivos. Además de esta contribución
financiera, la AECI está financiando a un experto español en la sede de
la Fnuap de Nueva York, con un coste de 33.800.000 pesetas, y a una
voluntaria de Naciones Unidad adscrita al proyecto. El coste de ambos
puestos es de 43 millones de pesetas. Estamos en estudio de varios
proyectos...
Es este momento tenemos en estudio varios proyectos más con el Fnuap en
Argelia, Cuba, Perú y Bolivia, que en caso de merecer la atención que
pensamos deben merecer se incluirán en el presupuesto del año 1998, a
presentar ante SS. SS. Finalmente, conviene recordar además que a partir
de 1995 España ha dado 60 millones de pesetas anuales de contribución al
Fnuap, lo cula significa un aumento del 22,5 por ciento sobre la
contribución de años anteriores, que tan perfectamente ha señalado S. S.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Si manejamos estadísticas no me importa darle
el dato de 1994 ni de 1995, donde se pasó del 3 y 4 por ciento en ayuda
al desarrollo al 13 por ciento; es decir, se aumentó y, por tanto, ese
aumento afectaba al Gobierno que usted citaba. En todo caso, es verdad
que en términos puntuales las cifras indican poco, porque usted me dice:
un millón de dólares a 145 pesetas, pero creo que ha hecho el cambio un
poco alto. Me parece que está un poco más bajo, aunque depende del día en
que usted aprobara el proyecto y no sé si estaría a 145 pesetas o a
menos. Supongo que usted aprobaría en dólares y el aumento del dólar no
nos lo puede imputar --creo yo modestamente--porque ya estará
desembolsado, ya estará allí, pero es igual, no vamos a discutir ahora
por cinco millones de pesetas. La verdad es que cuando se hacen las
cifras hay que ver lo que representa en las cifras totales, porque si la
ayuda al desarrollo crece porque aumenta el PIB es lógico que haya algún
programa de apoyo a la población.
Tendríamos que estudiar en qué medida realmente se puede trabajar en el
tema de la población. Antes hemos hablado, y creo que nos hemos puesto de
acuerdo, en que el tema de pobreza genera gran inseguridad. Yo soy de los
que creen que no genera inseguridad el aumento de la población, lo que
crea inseguridad es la pobreza, pero la pobreza tiene dos consecuencias
automáticas, que son el incremento de la población, por un lado, y el
movimiento migratorio por otro, y hay que tener en cuenta que una cosa
son los desplazamientos ocasionados por guerra y otra por falta de
recursos alimenticios. Todo eso aumenta el círculo vicioso de la
inseguridad. En este sentido me parece haber entendido que usted también
estaba de acuerdo en que algunos programas destinados específicamente a
las mujeres tenían repercusiones muy positivas en la reivindicación de la
pobreza. El tema de la población afecta directamente a las mujeres, no
porque los hombres no sean responsables de este tema, sino porque los
errores en esa materia siempre los acabamos padeciendo las mujeres y, por
tanto, somos las más sensibles en esta cuestión. Por tanto, yo creo que
sería interesante tratar ese tema. Además yo creo que ustedes tienen una
ocasión bastante buena. Me parece que el 27 o el 28 del mes de mayo la
señora Sadik está en España camino de Santiago para la conferencia anual
del SID, de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, y tiene
especial interés en entrevistarse con usted y el señor Villalonga para
hacer lo que llaman los ingleses advocacy en favor de ese tema. Debo
decir que estoy dispuesta a trabajar con la señora Sadik para hacer
advocacy y ver si conseguimos lobbies, no porque no crea que los
parlamentarios somos independientes, no porque no crea que la soberanía
de esta Cámara está por encima del bien y del mal, no porque no crea que
las acampadas no nos afectan a nadie, sino porque a Dios rogando y con el
mazo dando, e igual que vinieron los amigos del PNUD a explicarnos cuáles
eran sus necesidades, es razonable que otra agencia de Naciones Unidas,
que yo creo tiene un papel extremadamente importante, trate de
concienciar a los gobiernos respectivos de la importancia del tema de la
población. Yo me sentiría muy orgullosa de que mi país pudiera remontar
un lugar en esta lista de países que ayudan con fondos directamente a la
población y me pudiera desplazar un poquito de Irlanda hasta situarme por
encima de Portugal, que no es un país precisamente mucho más potente que
el nuestro y, en cambio, en este sentido está haciendo más.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Señoría, yo estoy de acuerdo con
usted en que las aportaciones para el tema de la población son
fundamentales en la ayuda de cooperación al desarrollo, pero he debido
entenderla mal cuando usted decía que toda la ayuda para el desarrollo es
la que se hace a través del Fnuap; seguro que la he entendido mal. Quería
decirle que la ayuda que el Gobierno español hace a través de la agencia
a los temas de población y básico de nasciturus, etcétera, es bastante
mayor de la que hacemos a través del Fnuap, pero la pregunta que me había
pasado don José María Michavila era sobre aportación de la agencia
española al fondo de población de Naciones Unidas en el ejercicio 1997.
Por tanto, en la primera contestación me he limitado a decirle única y
exclusivamente las cantidades económicas que la agencia ha destinado al
Fnuap, pero insistiendo muy mucho en que esto es una parte y no
precisamente la más importante de lo que destina la Agencia Española de
Cooperación Internacional a todo el fondo poblacional.
Usted ya sabe que es una decisión política única y exclusivamente cómo se
realiza la ayuda, si se hace por medio de mecanismos multilaterales o por
medio de mecanismos bilaterales. El mecanismo multilateral de las
agencias de Naciones Unidas tiene un gravísimo problema, que es el coste.
Hay agencias que quieren cobrar un 20 ó 25 por ciento de overhead de
royalties o de gestión, cantidad que estimamos muy excesiva y que
indudablemente no parece corresponder con los gastos de gestión que
tenemos en la relación bilateral. Precisamente en los momentos en que
tenemos que mirar la pela, perdón la peseta con más cuidado debemos
también reducir lo más que podamos esos gastos de gestión para bajarlos
al cuatro o al cinco, que es lo lógico y lo que nos cuesta a nosotros,
porque dedicando esa cantidad realmente a los programas poblacionales
estamos haciendo un incremento importante.
Como conclusión mía, y espero que también lo sea de S. S., diré que
estamos incrementando nuestra aportación a los programas poblacionales.
Esta aportación se está incrementando no solamente a través del Fnuap
sino también a través de la cooperación bilateral directa, porque nos
parece más importante en cuanto a tema de gestión y ahorro económico, y
es uno de los parágrafos que nos parece más importante desarrollar en el
próximo futuro. Por eso en los presupuestos que presentará la agencia al
Gobierno y el Gobierno a estas Cámaras hay un programa importante de
incremento.
--DEL SEÑOR IZQUIERDO JUAREZ (GRUPO POPULAR) SOBRE APORTACION DE ESPAÑA
EN LA CRISIS DE LOS GRANDES LAGOS. (Número de expediente 181/000606.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la pregunta
sobre la aportación de España en la crisis de los Grandes Lagos, para
cuya formulación tiene la palabra la señora Torme Pardo.
La señora TORME PARDO: Señor Presidente, señorías, señor Secretario
General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, al plantear
hoy esta pregunta nos llegan informaciones no demasiado halagüeñas acerca
de la posible solución del conflicto de los Grandes Lagos, sobre todo
teniendo en cuenta el ultimátum dado por el líder rebelde zaireño Kabila
al Presidente Mobutu. La verdad es que todavía no podemos perder la
esperanza de que se entre en un período de transición que desemboque en
unas elecciones libres, lo que supondría además el cumplimiento de uno de
los cinco puntos básicos aprobados en la resolución del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para la pacificación de este conflicto.
Lo cierto es que esta crisis política, que se prolonga desde hace más de
dos años, ha desembocado a su vez en una grave crisis humanitaria. La
situación es dramática, tanto de la población zaireña víctima de esta
guerra civil como de los cientos de miles de refugiados en su mayoría
procedentes de Ruanda, situación que les ha llevado a cruzar masivamente
las fronteras de los países limítrofes o incluso volverse a repatriar a
su país de origen a pesar de las posibles represalias políticas a que se
exponen al volver a su país. Esto origina hechos tan dramáticos y
lamentables como el que ha ocurrido el pasado domingo, cuando han
perecido cerca de 100 refugiados hutus en un tren que se había organizado
para repatriarlos a su país de origen, Ruanda.
Ante esta grave crisis política y social en la región de los Grandes
Lagos la respuesta de España se ha caracterizado por un gran esfuerzo de
solidaridad a pesar de no ser una región con la que hayamos mantenido
unos especiales lazos históricos. En este sentido, señor Secretario
General, quisiera que nos expusiera en qué ha consistido la ayuda que se
ha dado por parte de España a esta crisis de los Grandes Lagos, tanto en
concepto de ayuda de emergencia como en concepto de ayuda ordinaria, y
desglosando, si es posible, las aportaciones procedentes o facilitadas
por el Gobierno español de las aportaciones facilitadas por otro tipo de
entidades españolas.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Señoría, como usted muy bien ha
dicho, el Gobierno español desde hace más de un año está más que
preocupado, preocupadísimo por el grave drama humano que está sucediendo
en la región de los Grandes Lagos, región que, aunque no hayamos tenido
una presencia histórica importante, está pasando quizá por la mayor de
las calamidades como es el genocidio sistemático y sucesivo. Tanto es así
que el Gobierno español me encomendó ir a Ruanda hace aproximadamente
cuatro meses con una misión doble: una primera, de protesta formal ante
el Gobierno ruandés por el asesinato de cooperantes españoles; y una
segunda, de evaluación, para ver cómo estaba la zona y cuáles eran
nuestras posibilidades. La intransigencia política y el desequilibrio que
hay en la zona hacen, existiendo suficiente cantidad de ayuda alimentaria
y sanitaria para poder atender las necesidades de la zona, la
imposibilidad material de hacer la distribución de una forma razonable y
equitativa. La existencia de bandas, grupos, mafias y todo lo demás,
armadas, menos armadas y más armadas que creen que la distribución y la
justicia pasan por ellos mismos olvidándose de los demás; el desprecio
absoluto a la vida humana de aquella zona, etcétera, hacen casi imposible
que la ayuda que deciden los países occidentales, que la ayuda que
deciden los gobiernos, entre ellos el nuestro, pueda ser eficazmente
recibida y notada por la población.
Puedo asegurarle que mientras que los grupos armados disponen de todo, la
población no dispone de casi nada. Este es un cuadro del que tenemos que
ser conscientes a la hora de intervenir porque la solidaridad tan
impresionante que de demostró entre la sociedad española, entre la
sociedad civil, recolectando miles y miles de toneladas de artículos,
alimentos, etcétera, en muchas ocasiones no han tenido peor destino que
pudrirse en unos almacenes por la absoluta imposibilidad e incapacidad
para desarrollar una acción y una tarea. Por tanto, todos los datos que
voy a dar a continuación tienen que ser mirados desde esta perspectiva.
También hay otra perspectiva que me gustaría incluir y es que los
españoles que están en toda aquella zona casi han quedado reducidos a los
grupos religiosos porque las ONG, voluntariamente algunas y a petición de
nuestro Gobierno otras --y esto también quiero decirlo con toda la
claridad--, han abandonado la zona; la han abandonado no porque
cobardemente hayan huido, ni muchísimo menos, sino, insisto, por la
imposibilidad material de garantizarles la más mínima de las seguridades.
Cuando reunimos en Kisangani a todos los cooperantes y les rogamos que en
nombre del Gobierno español abandonasen Ruanda, la contestación por parte
de los religiosos fue rotundamente que no. Incluso les advertimos que
teníamos --entre comillas-- noticias de que el grupo religioso era el
próximo que iba a sufrir en sus carnes un atentado, tanto fue así que
nosotros abandonábamos Ruanda un viernes y el domingo, durante la
celebración de la Santa Misa, mataron a un sacerdote canadiense. Aun así
allí quedaron unos españoles porque lo desearon. Hablaba de la poca
presencia de voluntarios españoles, bien sean religiosos o ONG, porque
esto también impide una buena distribución de la ayuda española; por
tanto, también tenemos que ser cautos y entrar dentro de los mecanismos
multinacionales de distribución cuando tenemos seguridad, porque también
tendría maldita gracia que, por ejemplo, ahora hiciésemos una expedición
de urgencia con alimentos a algunos campos de refugiados y que esos
alimentos sirvieran para avituallar a uno de los ejércitos que funcionan
en la zona. Ese es un tema que, insisto, creo que SS. SS. también deben
tener en cuenta.
Aun con todo, en el año 1996 y hasta la fecha la aportación española ha
sido especialmente significativa. En conjunto, España ha proporcionado
8.627.792 dólares, al cambio de cada momento, no al de hoy, 1.243
millones de pesetas. Esta cantidad se puede desglosar en 7.694.472
dólares correspondientes a ayuda humanitaria y de emergencia y 933.320
dólares de ayuda a programas específicos presentados por diferentes ONG.
En este marco también quiero destacar las contribuciones efectuadas para
esta zona el programa mundial de alimentos, a la reserva alimentaria
internacional de emergencia y al Acnur, que, como saben ustedes, es la
Oficina de Refugiados. Entonces la totalidad de estas ayudas han supuesto
2.756.283 dólares. Asimismo no quiero dejar de mencionar la solidaridad
demostrada por otros organismos, que, de acuerdo con los datos
disponibles, alcanzan la cifra de 3.343.000 dólares. Esta cantidad se
desglosa en diversas contribuciones como son: la Junta de Andalucía, 2
millones de dólares al Acnur; los fondos de diputaciones provinciales,
entre las que destacan Valladolid y Valencia, 400.000 dólares; al Comité
Español de Unicef por programas de repuesto, 621.000 dólares; a la Cruz
Roja Española, 216.000 dólares; la contribución especial de una ONG
llamada «España con Acnur» para colaborar con el retorno de los
refugiados, 106.000 dólares, etcétera.
Quiero terminar señalando a SS. SS. el enorme esfuerzo que para España ha
supuesto la crisis de los Grandes Lagos. Dicho esfuerzo ha sido fruto de
un impulso de solidaridad al que no ha sido ajeno ningún sector de la
sociedad española. Permítanme asegurarles que el Gobierno por su parte
continuará haciendo todo lo posible para mejorar la situación humanitaria
que atraviesa la región y para ello cuenta con las personas indicadas en
las embajadas de la zona para realizar constantemente una evaluación de
lo que podemos hacer en cada momento.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Unicamente quiero darle las gracias y expresarle
en nombre del Grupo Parlamentario Popular la satisfacción que nos produce
el conocimiento de estos datos, saber y corroborar que España ha
realizado un gran esfuerzo en cuanto a la canalización de fondos de ayuda
humanitaria a la región afectada por esta grave crisis social y política.
Además quiero destacar que se trata de una solidaridad guiada únicamente
por intereses humanitarios y no por otro tipo de intereses económicos,
comerciales o coloniales.
También queremos hacer desde aquí el reconocimiento a la sociedad civil
no sólo por las aportaciones económicas, sino también por la
participación de ciudadanos españoles en unas condiciones de seguridad
muy limitadas, como efectivamente hemos podido comprobar, con riesgo para
sus propias vidas.
Quiero felicitarle por el esfuerzo realizado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional y es nuestro deseo que siga manteniendo la
trayectoria con esos intereses únicamente humanitarios y con esa
prudencia para evitar que las ingentes ayudas puedan desviarse de los
fines a que están en principio destinadas.
El señor PRESIDENTE: Reitero mi agradecimiento al señor secretario
general, al que despedimos en este momento, antes de entrar en el
siguiente punto del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE EL DESTINO DEL UNO POR CIENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB)
PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EN EL TERCER MUNDO, PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000485.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al siguiente punto del
orden del día, el sexto: proposición no de ley sobre destino del uno por
ciento del producto nacional bruto para la lucha contra la pobreza del
tercer mundo. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: No encuentro en este momento la proposición no
de ley, pero no importa porque su contenido es conocido por todos.
El Grupo Parlamentario Popular considera que el 0,7 es insuficiente,
aunque es un gran logro de la sociedad española y, en concreto, de ese
movimiento de solidaridad al cual admiramos y apoyamos como es la
plataforma por el 0,7. Cuando se produjo la primera crisis de los Grandes
Lagos dicho movimiento impulsó en España de manera importante, junto con
otras organizaciones no gubernamentales y la propia Administración, esa
explosión de solidaridad que se produjo en nuestro país. Desde entonces y
hasta ahora la participación de la sociedad civil, de las organizaciones
no gubernamentales, en el objetivo, que no es utópico, del 0,7 ha calado
profundamente en la sociedad y en los grupos parlamentarios.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que el 0,7 es insuficiente porque
son muchas las necesidades de desarrollo, porque son muchas las
desigualdades y queda mucho camino por recorrer en la lucha contra la
pobreza. Hoy a finales de siglo, como decíamos antes, debatimos en este
Parlamento y en otros foros, lo que se ha llamado cierta crisis de la
cooperación al desarrollo. Creemos desde nuestro grupo parlamentario que
a finales de siglo tenemos oportunidad de tomar decisiones políticas que
conduzcan a la cooperación al desarrollo en el próximo siglo, a esos
objetivos de eficacia que todos nos hemos propuesto. Por eso el 0,7 es
insuficiente y tenemos que reeditar en este Parlamento la recomendación
de Naciones Unidas a que antes se refería el Secretario General de la
Agencia Española de Cooperación Internacional.
El gran objetivo de la comunidad internacional es el uno por ciento del
producto interior bruto y a ese gran objetivo va destinada esta
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Decimos en el primer punto
que el Parlamento debe instar al Gobierno del Estado a coordinar los
esfuerzos para que el conjunto de las administraciones públicas alcance
ese 0,7 en el horizonte del año 2000.
Comento estas dos cuestiones: ¿Por qué el conjunto de las
administraciones públicas? Porque España es un país plural que tiene una
Administración descentralizada, porque el dinero de la Administración
pública es un dinero no de lo público, sino del público, que nace del
esfuerzo de los ciudadanos españoles a través de sus impuestos directos,
a través de sus impuestos indirectos, etcétera. Por tanto, es dinero de
todos los ciudadanos españoles. Ese dinero, gracias a la estructura
descentralizada del Estado, a nuestro sistema de comunidades autónomas,
se ingresa en las arcas de la Administración y se gasta a través de
diferentes conductos como puedan ser las comunidades autónomas, las
diputaciones, ayuntamientos y el Estado, como ya he dicho. Ese esfuerzo
de solidaridad de la sociedad española debe estar compensado con un
esfuerzo de solidaridad conjunto de todas las administraciones públicas
del Estado, y alcanzar entre todos el 0,7 en el horizonte del año 2000
sería importante.
¿Por qué el horizonte del año 2000? Porque queremos dejar sentadas las
bases políticas de la cooperación al desarrollo en el próximo siglo y
porque entendemos que el horizonte del año 2000 no debe llevar fechas
concretas, cortapisas o enclaustramientos de legislaturas. Lo ha dicho el
Presidente del Gobierno en los medios de comunicación estos días: la
intención del Gobierno es llevar la legislatura al horizonte del año 2000
y que se produzca en este país --estamos seguros-- la normalidad
institucional para que las legislaturas duren lo que tengan que durar. En
ese sentido coincidirían el horizonte de esta legislatura con el año 2000
para alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento.
La segunda parte de nuestra proposición no de ley es de extraordinaria
importancia. En ese objetivo de alcanzar el uno por ciento del producto
nacional bruto no puede estar ajena la sociedad civil, no puede estar
ajena la iniciativa privada, tanto de particulares como de empresas.
Entendemos que el Gobierno de la nación tiene que facilitar los medios
para que esa solidaridad de la sociedad civil pueda producirse
eficazmente. Para ello instamos al Gobierno a impulsar, incentivar y
facilitar que a través de la iniciativa privada, bien de particulares,
bien de empresas o de fundaciones, etcétera, se cubra ese segundo gran
objetivo de Naciones Unidas que es alcanzar el 0,3 por ciento, de esa
forma, con el esfuerzo de las administraciones públicas,
estaríamos en el gran objetivo del uno por ciento en el horizonte del año
2000.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz,
señor Fuentes, tiene la palabra.
El señor FUENTES GALLARDO: Si hiciésemos abstracción de algunas
situaciones que se están produciendo en nuestro país, podrían ser
razonables muchas cosas que dice la proposición no de ley del Partido
Popular.
Más allá del carácter retórico, de declaración de principios, hay que
analizar algunos datos concretos. En primer término, los compromisos de
cada uno. Queremos recordar que en diciembre de 1995, tres meses antes de
las elecciones, no mucho tiempo antes, se firmaron unos acuerdos entre
distintos grupos políticos con la coordinadora y la plataforma del 0,7.
En esos compromisos por parte del Grupo Parlamentario Popular firmaba la
señora Loyola de Palacio, que no es una militante cualquiera sino que es
y era una militante muy cualificada del Grupo Parlamentario Popular.
Cuando ella firmó ese documento, tenía cierto compromiso de llevarlo
adelante. ¿Qué decía aquel documento que firmó? Decía que se comprometía
a llegar al 0,7 en la legislatura y a que en el año 1996 se alcanzase el
0,35 por ciento del PIB como ayuda oficial al desarrollo. No soy mal
pensado ni mal intencionado y pienso que cuando uno firma algo es porque
cree que puede hacerlo, pero después las cosas van por un sentido
distinto y a veces la voluntad de uno se compadece mal con la realidad.
Eso le pasa a cualquiera, le ha pasado al Grupo Parlamentario Popular y
le puede pasar a cualquier grupo. Dicho esto, hay que decir públicamente
que ese compromiso no puede ser llevado a la práctica. No pasa nada, pero
hay que decirlo.
Qué se nos propone ahora en la proposición no de ley. En primer lugar, no
aparece la palabra legislatura. Aparece la palabra horizonte. Incluso en
términos políticos no me parece correcto que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno para que haga algo en el horizonte del año 2000. Es un
término de ambigüedad absoluta. ¿Cuál es el horizonte del año 2000? ¿El
año 2002, el 2004 o el año 1998? ¿Cuál es? Por qué no poner el término
legislatura, entendiendo por tal no la duración real --nadie sabe cuál
puede ser--, sino la duración legal, es decir, los cuatro años. Si la
legislatura durase cuatro años, se llegaría a ese compromiso del 0,7. Me
parece más preciso en términos políticos y en línea con lo que se firmó.
El segundo punto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular me parece que en principio se podía discutir lo del 0,3 para la
iniciativa privada, pero no me parece correcto invocar resoluciones de
Naciones Unidas, para apoyar el 0,3 de la iniciativa privada que no
indican exactamente lo que dice la proposición no de ley. Dicen cosas
distintas en parte, pero es una interpretación que puede dar lugar a un
cierto debate, aunque tal vez no sea lo sustancial. Lo del 0,3 es una ida
discutible, pero no me parece correcto apoyarlo en resoluciones de
Naciones Unidas que, a mi juicio, no dicen eso exactamente sino otra
cosa.
¿Por qué, en mi opinión, pasa todo esto, por qué se hacen estas
modificaciones? Es verdad que las cifras de la ayuda oficial al
desarrollo del año 1995, responsabilidad del anterior Gobierno
socialista, bajaron respecto a 1994. Es cierto, está en los datos y
querer ocultarlo es una necedad, bajaron. Además me parece razonable que
los representantes del Grupo Popular criticasen duramente al Grupo
Socialista porque las cifras de ayuda oficial al desarrollo de 1995
bajasen respecto a las de 1994. Lo entiendo, forma parte del juego entre
Gobierno y oposición. Pero en 1996, cuyas cifras todavía no conocemos
pero que en la próxima comparecencia nos las tendrá que dar el Gobierno,
todo el mundo que trabaja en la cooperación intuye que van a bajar
respecto a las de 1995. Ante aquellas cifras tan malas de 1995 respecto a
1994, que fueron tan criticadas por el Grupo Popular, he de indicar que
las de 1996 van a bajar respecto a las de 1995, lo que presenta un
panorama que no es nada positivo. ¿Qué pasa entonces? Ustedes dan un
salto adelante. Para no hablar del presente de la cooperación diseñan un
futuro etéreo en el horizonte del 2000. Hablemos del horizonte del 2000,
hablemos del uno por ciento para no hablar de cuál va a ser la realidad
de la cooperación y de la ayuda oficial al desarrollo en 1996. Esa es la
explicación que encuentro y no otra.
¿Qué proponemos en nuestra enmienda? En primer lugar, proponemos
sustituir la palabra «horizonte» por «legislatura», que es lo que
firmaron todos los grupos políticos. Proponemos que el 0,35 de ayuda
oficial al desarrollo al que se tenía que haber llegado en 1996 --no se
ha podido, sus motivos habrá tenido el Gobierno, sus explicaciones ha
dado y dará en el futuro-- se consiga en 1997. Proponemos que se consiga
el 0,7 por ciento en la legislatura y para acercarnos a esta cifra, ahora
que van a empezar a discutirse los Presupuestos Generales del Estado,
pedimos que en los presupuestos de 1998 figure el 0,5 por ciento para
ayuda oficial al desarrollo.
En relación al segundo punto, estamos de acuerdo en que hay que potenciar
la participación de la iniciativa privada en el campo de la cooperación y
de la ayuda oficial al desarrollo. No estamos de acuerdo en invocar el
argumento de resoluciones de Naciones Unidas, pero para conseguir que la
iniciativa privada participe más en la ayuda oficial al desarrollo y en
la cooperación se necesitan dos cosas fundamentales que son las que
exponemos en nuestra enmienda de modificación del segundo punto.
Solicitamos que haya unos programas amplios de sensibilización de la
opinión pública en todo lo que se refiere a cooperación internacional,
que me parece algo razonable y sobre lo que creo que nadie estará en
contra, y además algo que se ha dicho ya por representantes del actual
Gobierno, que se estudien también las medidas fiscales que incentiven la
participación de la iniciativa privada en todo lo que es cooperación al
desarrollo.
Esa es la postura que defendemos en nuestras enmiendas, repito, para
terminar, por unos motivos muy sencillos. Entendemos que los compromisos
se firman a veces sin percatarse de que la realidad es bastante dura.
Creemos que hay que tender a establecer compromisos de legislatura
no de horizontes. Además, me parece una paradoja que se repita
insistentemente que el 0,7 es insuficiente, cuando lo que es realmente es
inexistente. ¿Cómo vamos a decir que el 0,7 es insuficiente si no estamos
ni en el 0,35? En todo caso, podríamos decir que es una meta, parecería
más razonable, pero no decir que es insuficiente, salvo que, con la
explicación que antes di, intentemos diseñar un futuro idílico para que
no se hable del presente, porque ni es tan idílico ni tan positivo.
Concluyo con el tono cordial que todos utilizamos en esta Comisión en
casi todos los temas manifestando la posición del Grupo Socialista en
estas dos enmiendas con las matizaciones que he hecho a los puntos de la
proposición no de ley del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
su portavoz, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria ha venido
mostrando siempre, cada vez que se ha realizado una debate, su posición
sobre el destino en los Presupuestos Generales del Estado de una partida
por un importe, simbólico y testimonial, como era muchas veces, pero que
queremos que de una vez sea real y auténtico, del 0,7 por ciento del
producto interior bruto para destinarlo a esta ayuda al desarrollo a
países del Tercer Mundo, con todos los aditamentos del discurso político
de solidaridad a que nos obligan también nuestros compromisos con las
Naciones Unidas y todos los acuerdos suscritos por España.
Nosotros vamos a mostrar nuestro apoyo ante esta nueva iniciativa que
trae el Grupo Popular. Nos parece un avance que se trate de involucrar
aquí a todas las administraciones públicas, porque la iniciativa siempre
había venido al Parlamento cargando este 0,7 --en su porcentaje
correspondiente: 0,5 ó 0,35-- a los Presupuestos Generales del Estado, y
se producía la ausencia de una aportación presupuestaria, que tenía
también una lectura de ausencia política y, por tanto, de ausencia
solidaria, de las restantes administraciones públicas, entiéndase
comunidades autónomas, diputaciones, cabildos insulares o ayuntamientos,
que todos ellos tienen su marco conjunto de actuaciones coordinadas entre
sí pero no entre ellos, como se pretende ahora con esta iniciativa del
Grupo Popular, para que esta contribución, a conseguir en su número
carismático del 0,7 por ciento en una primera fase y del uno por ciento
siguiendo las indicaciones como un desiderátum de Naciones Unidas muy en
el futuro, pudiera ser establecida en el marco de nuestra Constitución,
que habla de un Estado de las Autonomías. Por tanto, este principio de
solidaridad debe ser no sólo formal sino real y únicamente se puede
alcanzar con una coordinación que no estaría de más, como sucede muchas
veces con el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el
Gobierno del Estado coordina con las comunidades autónomas, por medio de
sus respectivos consejeros de Economía y Hacienda, todas las
distribuciones y compromisos presupuestarios que tengan que hacerse en el
ámbito general del Estado. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa.
Frente a una discusión de si este 0,7 por ciento es insuficiente o
inexistente, diré que insuficiente o inexistente lo ha sido en pasadas
legislaturas. Por tanto, de una vez por todas vamos a tratar de
solucionarlo, porque si es inexistente hoy, lo era también hace cuatro,
ocho y doce años. Vamos a ver si tenemos voluntad política de realizar
este esfuerzo dentro de los compromisos, porque aquí vale el refrán de
que una coas es predicar y otra dar trigo. Cuando este tema se ha
discutido en el foro de Naciones Unidas, los países a los que
corresponde, de acuerdo con su producto bruto, hacer una aportación del
0,7 o similar ponen una serie de condiciones de sistemas de control a los
países a los que va destinada, para que estas ayudas al desarrollo no
terminen entrando en mecanismos oscuros de corrupción (venta de bienes o
servicios, incluidas armas, a las que no van destinadas estas ayudas) por
voluntad de un principio occidental establecido por Naciones Unidas, que
lo ha venido exponiendo en sus discursos y en su retórica, pero que, al
fin y al cabo, son símbolos testimoniales de la voluntad que se quiere
expresar.
Dentro del pragmatismo y de la posibilidad de realizar estos esfuerzos
conocemos el caso del Gobierno autónomo de Canarias, que viene destinando
con cargo a sus presupuestos ayudas muy concretas hacia algunas etnias
del continente africano y muy específicamente al pueblo saharaui, que
figura ya siempre en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Canarias. En la misma línea van las aportaciones que hacen cabildos
insulares y ayuntamientos del Archipiélago. Por tanto, valgan estas
expresiones, señor Presidente, consideramos correcta la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y en esta línea la
vamos a apoyar con nuestro voto positivo.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Es evidente que desde la perspectiva del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la iniciativa que hoy
nos presenta el Grupo Popular es importante y además responde a
compromisos que el conjunto de las fuerzas políticas hemos ido asumiendo
desde hace tiempo en este ámbito de la cooperación. El debate en relación
a los presupuestos se ha producido y se va a producir en los trámites
correspondientes de esta propia Cámara. Por tanto, no corresponde entrar
ahora a discutir aquí los compromisos que los diversos grupos asumimos en
relación con el mundo de las ONG antes de la campaña electoral. Hoy el
Grupo Popular formula una iniciativa que intenta articular, en un espacio
temporal amplio y creo que con voluntad de consenso, lo que debe ser la
política de cooperación y ayuda al desarrollo que vamos a tener que
impulsar en los próximos años, y se produce en un momento en que
seguramente la efervescencia social que se planteó a raíz de las
movilizaciones del 0,7 no está presente, en un momento en que en el
conjunto de administraciones públicas, tanto las autonómicas como las
locales, se está abriendo una reflexión sobre su papel, sobre sus
posibilidades, en un momento
en que el mundo no gubernamental está sometido a importantísimos cambios,
en un momento en el que vamos a tramitar en esta legislatura una ley de
cooperación que todos habíamos demandado desde hacía muchísimo tiempo, en
un momento también en que vamos a tener que reformar el papel del Consejo
de Cooperación al Desarrollo. Por tanto, en este contexto amplio de una
nueva etapa en las políticas de cooperación, reafirmar el compromiso del
0,7 desde esta perspectiva nos parece realista. Entendemos la posición
del Grupo Socialista. Es evidente que desde la oposición se deben
denunciar las insuficiencias presupuestarias, pero nos parece que desde
la coherencia de lo que ha sido su gestión en estos últimos trece años
han de ser conscientes de los límites presupuestarios en los que nos
movemos en este ámbito. Aquí el Grupo Popular asume un compromiso del año
2000 y yo creo que cada grupo interpretaremos el horizonte en el sentido
más preciso posible. Nuestra voluntad, consecuente con el pacto con las
ONG, es que ese compromiso sea para el año 2000. En todo caso, si el
horizonte es el del 2001, no creo que, por desgracia, esto vaya a
solucionar ningún problema de fondo.
Cuando tomamos la referencia del 0,7 para el conjunto de las
administraciones públicas intentamos racionalizar lo que hace tres o
cuatro años producía un evidente descontrol. Yo era Diputado en el
Parlamento de Cataluña cuando las movilizaciones del 0,7, y era evidente
que si nos referíamos al 0,7 del conjunto del presupuesto de la
Generalidad, estábamos hablando también de recursos que provenían del
Estado, y si el 0,7 era en relación a los recursos propios de la
Generalidad de Cataluña, estábamos planteando seguramente unas cifras que
en relación con lo que solicitaban los agentes sociales eran seguramente
pequeñas. El debate hay que enmarcarlo en el sentido de que el conjunto
del dinero que las administraciones públicas del Estado español destinen
a esta materia llegue al 0,7. Este concepto me parece importante. Va a
ser importante, evidentemente, que esta necesidad de coordinación se haga
respetando las iniciativas políticas que las comunidades autónomas y las
administraciones locales tienen en esta materia. Sería un error plantear
que esta voluntad de coordinación implicase atacar la capacidad de
iniciativa de las propias autonomías.
En segundo lugar, todo lo que sea incentivar el compromiso de la sociedad
civil en esta materia nos parece básico e importantísimo, y en este
sentido es evidente que la legislación española, tanto en el ámbito
fiscal como en el ámbito del voluntariado o del desarrollo del mundo no
gubernamental, es escasísima, y nos parece, por tanto, oportuno y
necesario que hoy se plantee esta iniciativa. Nos gustaría que en esta
política se pudiese llegar a acuerdos, como se ha llegado en otras
ocasiones, y hacemos un llamamiento en ese sentido a los grupos
mayoritarios de esta Cámara para que creemos estos espacios de
coincidencia, que me parece que es lo que, por otra parte, la gente más
sensibilizada en este tema nos exige, que éste no sea un ámbito de
desgaste político sino de consenso que permita al conjunto de las
administraciones impulsar políticas efectivas.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, tiene la palabra a los efectos de
manifestar la aceptación o no de las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: A efectos de manifestar la aceptación o no de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, con toda cordialidad y
en el mismo tono correctísimo que usted ha empleado, señor Fuentes,
entiendo que estamos hablando de cosas diferentes, incluso compartiendo
el fondo de sus enmiendas y estando de acuerdo con lo que plantean,
admitiendo, cómo no, que todos los grupos parlamentarios y partidos
políticos firmamos en la pasada campaña electoral el pacto por la
solidaridad, sabiendo también además, como sabe esta Cámara y la sociedad
española entera, que aquel pacto por la solidaridad fue una declaración
de intenciones de extraordinaria importancia, pero que no tiene
virtualidad, puesto que ni siquiera la plataforma del 0,7 ni la
coordinadora de ONG lo aprobaron, puesto que lo consideraban
insuficiente, y esto no lo digo como crítica sino como admiración, porque
en definitiva ésa es su obligación solidaria, considerar insuficiente lo
que realmente lo es y decir que es inexistente, señor Fuentes, lo que es
inexistente.
Con el resto de los grupos parlamentarios coincido en que es inexistente
el 0,7 pero lo era también en años anteriores. Probablemente --no me lo
tome como crítica, señor Fuentes, sino como planteamiento constructivo
que usted aceptará con toda seguridad--, si hubiéramos avanzado en los
últimos catorce años hacia el 0,7 de manera más decidida, hoy tendríamos
menos camino por recorrer, pero no es una crítica, sino una realidad,
porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Tenemos que hacer, como
ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, entiendo yo, planteamientos
realistas que no nos estropeen la utopía, porque yo considero que el
objetivo del uno por ciento no es una utopía, sino un objetivo que
podemos conseguir, pero con el esfuerzo conjunto de todos, sociedad civil
y Administración pública y dentro de ésta, el conjunto de las
administraciones públicas.
Dicen los expertos en cooperación, señor Presidente, que si España
aplicara en estos momentos el 0,7 no tendría capacidad para hacerlo, ni
el Estado ni las administraciones autonómicas ni las administraciones
locales. Estaríamos hablando de 600.000 millones de pesetas, ratio del
actual producto interior bruto; no tendríamos capacidad para hacerlo.
Vamos a construir las bases políticas de nuestra cooperación al
desarrollo fuera de planteamientos maximalistas, fuera de un voluntarismo
que tiene su eficacia en medios de comunicación, pero que no conduce a
ningún sitio. Vamos a construirlas entonces, señorías, señor Fuentes,
desde la realidad de las circunstancias actuales y de los objetivos de
política social y de política económica que tiene este país en este
momento, que son compatibles --por tanto, también en sus objetivos
presupuestarios, los presupuestos de 1998, que se discutirán en esta
Cámara-- con los objetivos de la política de cooperación al desarrollo.
En consecuencia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tengo que
rechazar las enmiendas que presenta a los dos puntos, compartiendo el
fondo y su intención y
comprendiendo su papel de oposición, que es correcto e interesante y
además necesario y legítimo, por entender que nada tienen que ver con lo
que estamos debatiendo. En esta proposición no de ley planteamos otra
cuestión y estamos a la espera, como es lógico y siempre lo decimos, de
iniciativas parlamentarias de otros grupos en este sentido para fijar
nuestra posición sobre las cuestiones que usted ha señalado. Es este
momento, le pido al grupo parlamentario mayoritario de la oposición, como
han hecho otros portavoces parlamentarios, que se sume a una iniciativa,
para que el Gobierno y la sociedad tengan el respaldo mayoritario de un
amplio consenso político, que entendemos que es posible, que se puede
conseguir en ese horizonte del 2000 y que en definitiva va a sentar las
bases de una cooperación al desarrollo en la que van a estar implicadas
directamente las comunidades autónomas y la administración local en su
coordinación, en su concertación, en su diseño y en su formulación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Para decir que mantenemos nuestras enmiendas y
que tras la intervención de algunos portavoces me queda la duda de si las
han leído exactamente. Quiero resaltar, y no es por contradecir a nadie,
porque lo ha dicho el señor Izquierdo, que en nuestra enmienda, primero,
recogemos lo del 0,7, incluida la aportación de todas las
administraciones públicas. Unicamente proponemos que en lugar de que
figure «horizonte del año 2000» se recoja la expresión «presente
legislatura» creo que no se nos puede decir que seamos un grupo que no
atiende a razones, que es inflexible, que no tiene en cuenta la realidad,
porque en el primer punto de nuestra enmienda somos bastante flexibles y
decimos: 0,35 para 1997, entendiendo que no se pudo hacer en 1996 por
muchos motivos y lo aceptamos; 0,5, para 1998, y al final de la
legislatura se trata de conseguir el 0,7 por ciento. No es cuestión de
que los grupos parlamentario interpreten la palabra horizonte. Esto va
dirigido al Gobierno: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno. Lo
que preocupa no es lo que piense un grupo parlamentario u otro de la
palabra horizonte, sino lo que interprete el Gobierno. Para evitar la
polisemia es mejor utilizar en ciertas ocasiones términos unívocos, y
presente legislatura es unívoco. La palabra horizonte es más equívoco,
más polisémico, incluso, como me señalan, un término muy utilizado en
grandes películas cinematográficas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Con toda brevedad, señor Fuentes. En sus
últimas manifestaciones se deja ver lo que es su trabajo, que hace muy
bien y nosotros se lo reconocemos: intentar quitar virtualidad positiva a
una iniciativa que va a tener el respaldo mayoritario, según se ha podido
saber por la opinión del resto de los portavoces de esta Comisión, es
decir el respaldo mayoritario de la Cámara. Está en su perfecto derecho
de hacerlo, pero le repito que no estamos hablando de lo mismo. Lo que
quiere el Grupo Parlamentario Popular es que el Congreso de los Diputados
siente las bases genéricas, amplias, flexibles y realistas, señor
Fuentes. Si no hiciéramos ese ejercicio de realismo, su grupo
parlamentario no tendría demasiada coherencia en sus críticas al actual
Gobierno, con ser legítimas, puesto que han tenido más oportunidad que
nadie para hacer lo que dicen que nosotros tenemos que hacer. Tampoco
vamos a suponer, señor Fuentes, en el caso de que ustedes hubieran ganado
las elecciones, que existía el voluntarismo inequívoco de alcanzar los
presupuestos porcentuales de ratio AOD/PNB que usted ha indicado. Vamos a
ser realistas, vamos a hacer no políticas maximalistas sino políticas
contrastadas y vamos a ir hacia horizontes que sean perfectamente
alcanzables. El horizonte del año 2000, señor Fuentes, es el horizonte
del año 2000. Eso lo ha de interpretar el Gobierno pero también esta
Cámara, sin lugar a dudas.
El señor PRESIDENTE: Rechazada la enmienda del Grupo Socialista, vamos a
proceder a la votación de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete;
en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, sin más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.