CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 204



SANIDAD Y CONSUMO



PRESIDENTE: DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ



Sesión núm. 10



celebrada el miércoles, 23 de abril de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Director General de Salud Pública (Francisco
Polledo) para explicar la situación actual y perspectivas de la política
de salud pública. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 212/000407) (Página 5618)



Comparecencia del señor Subsecretario de Sanidad y Consumo (Castellón
Leal) para informar de las líneas generales de la política de consumo que
va a desarrollar el Ministerio de Sanidad y Consumo. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000409) (Página 5629)
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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (FRANCISCO
POLLEDO) PARA EXPLICAR LA SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA POLITICA
DE SALUD PUBLICA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 212/000407.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Como conocen todos ustedes por el orden del día, el punto primero es la
comparecencia del Director General de Salud Pública don Juan José
Francisco Polledo, para explicar la situación actual y perspectivas de la
política de salud pública. Es una comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Sin más, doy la bienvenida a su primera
comparecencia en esta Comisión a don Juan José Francisco Polledo y cuando
quiera puede empezar su comparecencia.




El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (Francisco Polledo): Señor
Presidente, señorías, además de cumplir con una obligación, es para mí
motivo de satisfacción comparecer ante esta Comisión de Sanidad y Consumo
del Congreso de los Diputados, especialmente cuando se trata de tomar en
consideración la política de salud pública. Agradezco sinceramente el
interés de esta Comisión por un ámbito concreto de las políticas
sanitarias que no suelen interesar más que en momentos en los que se
registran problemas especiales.

Evitaré, salvo que preguntas de sus señorías exigiesen lo contrario,
efectuar un análisis casuístico de los principales problemas de salud
pública de España, que inevitablemente nos obligaría a enfrentarnos con
una avalancha de cifras y datos, y sólo entraré en ello cuando resulte
absolutamente imprescindible e intentaré dar prioridad a un enfoque más
general que nos permita hacer un análisis global y sistematizado de la
política de salud pública. Pero antes de cualquier otra consideración,
permítanme que invierta unos breves instantes para circunscribir el
ámbito de intervención pública e intervención política al que nos
referimos con el término salud pública.

Puedo garantizarles que doctrinal y académicamente dista mucho de ser una
término pacífico y de significado unívoco, muy al contrario, es
susceptible de elásticas interpretaciones que oscilan desde aquellas que
consideran que nada del mundo sanitario resulta ajeno a este término,
incluyendo la propia administración sanitaria, hasta otros que lo
circunscriben a la mera intervención sobre algunos factores ambientales.

Como función administrativo-política, sí podemos definir un ámbito de
perfiles más concretos, coincidente, además, con el significado que
socialmente se suele atribuir a la salud pública. Estaríamos así ante el
conjunto de acciones encaminadas a influir positivamente sobre dos de los
cuatro determinantes del estado de salud de los individuos, en concreto,
las acciones encaminadas a actuar sobre los factores ambientales y sobre
los hábitos de vida.

Obviamente, y como cualquier otra política, la de salud pública no
contiene exclusivamente acciones generales sustantivas, como podrían ser
las vacunaciones sistemáticas o la obligación de probar el agua de
bebida, sino que precisan mantener funciones puramente instrumentales:
redes de vigilancia epidemiológica, sistemas de información, redes de
alerta, etcétera.

Finalmente, por circunscribir el ámbito de la política a la que nos vamos
a referir, recalan en la Dirección General de Salud Pública, y por tanto
en su política, funciones de opinable ubicación administrativa. Sería el
caso de la Comisión nacional de reproducción humana asistida y el
registro de donantes de gametos y preembriones; el registro de
interrupciones voluntarias de embarazos, o la comisión nacional de
hemoterapia.

Descrito el ámbito, creo que resulta imprescindible ocuparnos del
ambiente, es decir, de las circunstancias actuales que condicionan
determinantemente la política de salud pública en España. Son, desde mi
punto de vista, cuatro factores los especialmente relevantes: la
intersectorialidad, la interterritorialidad, la Unión Europea y la
exigencia social.

El carácter intersectorial viene basado, fundamentalmente, en
descubrimientos científicos que han ido poniendo de relieve,
paulatinamente, la intensa relación entre muchos factores
medioambientales y la salud de los individuos. Como quiera que la
intervención política sobre algunos de ellos --el agua, la vivienda, la
agricultura y la alimentación, el medio ambiente, etcétera-- se sitúa
extramuros de las políticas sanitarias, habremos de aceptar, sin ambages
y sin sorpresas, que parte de las políticas de salud pública se
encuentran en ámbitos no exclusivamente sanitarios.

Influir, sin sustituir, y persuadir, sin imponer, parecen las recetas más
recomendables para una autoridad sanitaria que pretenda realmente
alcanzar sus objetivos respetando los ajenos. No admitir la complejidad
de la sociedad en la que vivimos es la receta más segura para cosechar un
fracaso. La Dirección General de Salud Pública se siente concernida por
el objetivo de conseguir que los intereses sanitarios estén presentes en
ámbitos de toma de decisiones como los relativos a la calidad del agua,
en el agrícola alimentario, en la seguridad vial, en políticas
sectoriales como las de la mujer o los jóvenes, en el ámbito educativo,
en la política impositiva del alcohol o el tabaco, etcétera.

El segundo factor era el factor de interterritorialidad. En efecto, la
Constitución dejó abierta la puerta para que las comunidades autónomas
asumieran las competencias de salud pública. Así lo hicieron los
sucesivos estatutos de autonomía y, finalmente, así se plasmó en los
correspondientes reales decretos de transferencias. Sin entrar a
analizarlo, y muchos menos a juzgarlo, lo cierto es que el bloque
constitucional desarrollado entre 1978 y 1981 consideró conveniente y
posible transferir y fragmentar una función sanitaria con limitado
contenido económico pero alto componente de autoridad --la salud
pública--, pero no opinó lo mismo, salvo en contadas ocasiones, para una



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función de alto contenido presupuestario pero escaso componente de
autoridad: la asistencia sanitaria.

Es evidente que ésa fue una decisión trascendente y que viene
condicionando las políticas de salud pública que se desarrollan en
España. Puede optarse por no fragmentar la autoridad sanitaria y mantener
en una exclusiva instancia político-administrativa la toma de decisiones,
pero no fue eso lo que se hizo. Podría haberse construido un sistema en
el que las decisiones fueran únicas aun cuando se llegase a ellas a
través de un procedimiento que incluyera la intervención de diecisiete
autoridades diferentes, pero tampoco fue eso lo que se hizo. Lo que se
hizo fue posibilitar la adopción de diecisiete decisiones diferentes aun
cuando pudiera uno coincidir e incluso ser contradictorias a pesar de
partir de antecedentes idénticos. Insisto, señorías, en que esta
circunstancia ha venido marcando, y continúa haciéndolo, la política de
salud pública, que puede y debe desarrollarse desde la Administración del
Estado, pues está volcada, fundamentalmente, en superar y evitar los
potenciales efectos negativos de ese hecho.

El tercer factor al que me refería inicialmente era el de la Unión
Europea. Aunque con timidez, al artículo 129.A) del Tratado de la Unión
introdujo la posibilidad cierta de que la Unión Europea contara con una
política específica en el ámbito de la salud pública. Es cierto que ya se
habían hecho importantes incursiones, si bien a través de otras
políticas, en el campo de la seguridad de los alimentos, la sanidad
ambiental o las políticas veterinaria y fitosanitaria. Pero lo que el
artículo 129 ha propiciado ha sido el desarrollo de iniciativas y
programas concretos. Es el caso del Programa de Europa contra el cáncer,
o el Programa del sida, o iniciativas salud como la que está en fase de
elaboración, aunque con un fuerte impulso recibido en el último Consejo
de Ministros de Sanidad de noviembre pasado, para el desarrollo de una
red europea de vigilancia epidemiológica.

No obstante, es evidente que mientras persista la limitación que se
autoimpone el mencionado artículo 129, en el sentido de excluir
expresamente toda posibilidad de armonizar la normativa de los países de
la Unión Europea, no serán muy ambiciosas las políticas de salud pública
que nos puedan venir de Europa.

El cuarto factor al que me refería inicialmente era el de la exigencia
social. Me refiero con esta expresión a la actitud de una sociedad con
creciente formación y nivel cultural, con acceso a ingentes fuentes de
información, que muestra una ascendente intolerancia para aceptar
cualquier riesgo que considere prevenible. En definitiva, un conjunto de
factores que se manifiestan en una creciente exigencia del riesgo cero y,
además, desde el mismo momento en el que existe la más mínima duda.

Actitud que se complementa con una inclinación a la exigencia de
responsabilidades objetivas independientemente de la eventual
voluntariedad o culpabilidad del agente implicado.

Es cierto que en ocasiones esta tendencia conduce a situaciones
paradójicas y absurdas, fruto con frecuencia de que discusiones propias
de sede científica y necesitadas de sometimiento al método también
científico, saltan las barreras y, a través de los medios de información
general, se exponen a un público que no siempre puede, sin ayuda,
alcanzar a entender con precisión el alcance de lo que se le informa.

Pero no es menos cierto que la sociedad mandata inequívocamente a todos
los poderes públicos que sitúen el bien salud como un bien especialmente
tutelado, superior a cualquier otro y ante el que deberá ceder cualquier
interés.

Por lo demás, se trata de un fenómeno que no es exclusivo de nuestro
país, sino que es común a todas las sociedades desarrolladas, que no
toleran la sucesión consciente de ningún riesgo. Es obvio que se trata de
una actitud en la que frecuentemente podrían detectarse contradicciones,
y ocasionalmente proyecciones absurdas, pero no es menos cierto que es
fruto de la civilización y que sería descabellada cualquier política --y
no sólo la de salud pública-- que no tomara en consideración esta
circunstancia.

Así las cosas, y sin perder de vista estos factores, es más, básicamente
como respuesta a ellos, el desarrollo de una política de salud pública
desde la Administración General del Estado, concretamente desde el
Ministerio de Sanidad y Consumo, supone desarrollos de tres áreas
concretas de intervención. En primer lugar, la ejecución de las
competencias propias; en segundo lugar, la coordinación del desarrollo de
las competencias de las comunidades autónomas, y finalmente, las
relaciones con la Unión Europea y los demás organismos internacionales.

En cuanto a la ejecución de las competencias propias, se mantienen dentro
del ámbito competencial del Ministerio de Sanidad y Consumo; por una
parte, la sanidad exterior y, por otro lado, un importante número de
registros, autorizaciones sanitarias y sistemas de información cuya
existencia suele estar contemplada y prevista en normas reglamentarias.

Por lo que se refiere a la sanidad exterior, se trata de una compleja y
delicada función que se desarrolla en veintitrés puntos de inspección
fronteriza y en algunas decenas de centros de vacunación internacional.

Para que puedan sus señorías tener una idea cabal de la actividad
desarrollada en este área, extraordinariamente compleja y de muchísima
responsabilidad, aunque con frecuencia preterida en la consideración
general, permítanme darles algunas cifras. Durante 1996 se controlaron
77.453 partidas de productos alimenticios, de las que más de 5.000
precisaron la realización de alguna determinación analítica y más de 600
fueron rechazadas. En ese mismo período se gestionaron veintiséis alertas
internacionales relativas a productos con riesgo para la salud. Y por lo
que se refiere a la atención a ciudadanos españoles que viajan al
extranjero, se atendieron a casi 80.000 personas y se administraron más
de 75.000 vacunas.

El eficaz desempeño de las competencias de sanidad exterior en estos
momentos supone ser permeable a tres circunstancias. En primer lugar, la
creación de un mercado interior dentro de la Unión Europea, donde se
encuentra que a efectos de sanidad exterior nuestras fronteras han dejado
de serlo de España para pasar a serlo de Europa, y las normas sanitarias
incluidas dentro de los acuerdos GATT, así como el régimen de los
desplazamientos internacionales de personas cada vez más frecuentes y
entre áreas geográficas más distantes; en segundo lugar, la rivalidad
internacional



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entre puertos y aeropuertos de diferentes países, que obliga a que los
servicios aduaneros se presten en condiciones de máxima agilidad, y,
finalmente, la necesidad de integrar al máximo las competencias de
vigilancia y control de sanidad exterior con las que a nivel interno
desarrollan las comunidades autónomas.

Para dar respuesta a estos desafíos, en el área de la sanidad exterior
trabajaremos en las siguientes líneas. En primer lugar, adaptando los
mecanismos de gestión a las nuevas circunstancias, especialmente en lo
relativo a los requerimientos de urgencia y agilidad que exige el actual
tráfico internacional. Y, en segundo lugar, desarrollando todas aquellas
fórmulas que propicien una creciente participación de las
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas en algunas de
las labores de sanidad exterior.

El otro ámbito de competencias propias del Ministerio de Sanidad y
Consumo es el de los registros y autorizaciones y el de los sistemas de
información. Entre los primeros se encuentran el censo de instalaciones
de radiodiagnóstico y medicina nuclear, el régimen de excepciones de los
criterios de calidad de las aguas de abastecimiento público, el Plan
nacional de investigación de residuos en carnes, la notificación de
sustancias nuevas, el registro de plaguicidas, el registro de productos
dietéticos, etcétera. Es obvio que en este ámbito únicamente podemos
plantearnos dos objetivos concretos. En primer lugar, el rigor en las
autorizaciones y la calidad de los registros y, en segundo lugar, la más
amplia reducción de plazos y tiempos de demora.

Por lo que se refiere a los sistemas de información y mecanismos
asimilables, el esfuerzo de la Dirección General de Salud Pública se
comprometerá fundamentalmente, aunque mantendrá otros proyectos, con tres
objetivos concretos. En primer lugar, el mantenimiento actualizado de los
indicadores de salud que nos permitan tener monitorizada la evolución de
la situación de salud de la población española. Esperamos editar un
volumen con los indicadores cerrados a finales de 1996, a lo largo del
próximo año 1998. En segundo lugar, la realización periódica, en
colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, de la
encuesta nacional de salud como instrumento capaz de proporcionar
información directa sobre determinados problemas de salud, así como
información respecto de la percepción subjetiva que los ciudadanos tienen
tanto de su estado de salud como del sistema sanitario, que se
desarrollará a lo largo de este 1997. Finalmente, y para tenerlo acabado
durante este ejercicio, es un firme objetivo de la Dirección General de
Salud Pública elaborar un documento, tradicional en los países de nuestro
entorno, que bajo la denominación genérica de Estado de salud de la
nación, efectúe una didáctica comprensiva y útil recopilación de los
principales problemas de salud, los principales determinantes de los
mismos y los principales objetivos comunes a todas las administraciones;
un documento con vocación de convertirse en clásico que permita a toda la
sociedad tener una idea concreta de cuáles son sus más apremiantes
desafíos en materia de salud pública.

Por último, no quiero abandonar el área de las competencias propias sin
referirme a dos ámbitos distintos en los que hemos trabajado intensamente
en los últimos meses. En primer lugar, el de la reproducción humana
asistida. El pasado 22 de marzo se publicó en el «Boletín Oficial del
Estado» el real decreto por el que se crea la Comisión Nacional de
reproducción humana asistida. Se daba cumplimiento, de esta forma, a la
previsión recogida en la ley del mismo nombre, de 1988, y se atendía a
una justa reivindicación de profesionales y usuarios de estas técnicas
que reclamaban como imprescindible el contar con un órgano consultivo,
solvente y de prestigio, capaz de dar respuesta a los múltiples
interrogantes que surgen en un mundo complejo y en vertiginosa evolución.

Estamos en este momento inmersos en la fase de solicitud de
representantes a las corporaciones con derecho a ello y esperamos poder
constituir formalmente la Comisión antes del próximo mes de agosto.

En ese mismo ámbito, desde el mes de enero se han iniciado los trabajos,
en colaboración con las comunidades autónomas, para la puesta en
funcionamiento de un registro de donantes de gametos y preembriones,
dando también así cumplimiento a otra previsión de la ley mencionada y
dotando al sistema sanitario de un instrumento capaz de garantizar el
estricto cumplimiento de algunas disposiciones recogidas en los textos
legales.

Por último, el real decreto sobre publicidad de productos con pretendida
finalidad sanitaria, aprobado en agosto de 1996, nos ha permitido en los
últimos meses, también en colaboración con las comunidades autónomas,
actuar sobre más de sesenta productos que estaban transgrediendo esa y
otras normativas de nuestro ordenamiento. Y lo que resulta más
importante, alejándose de todo triunfalismo, nos ha permitido enviar un
inequívoco mensaje de que las autoridades sanitarias no iban a permitir
el desquiciamiento con el que el mercado amenazaba. Hoy, y sin que pueda
bajarse la guardia, podemos decir que la presencia de este tipo de
productos, incluso su simple intento, ha disminuido muy notablemente.

La segunda línea de actuación era la coordinación de las materias
competencia de las comunidades autónomas.

Uno de los principales, si no el principal, instrumento de acción a la
salud pública lo constituye la autoridad. Fragmentada ésta como
consecuencia de las transferencias, la coordinación pasa inmediatamente a
constituirse en labor fundamental del Ministerio de Sanidad y Consumo en
el área de la salud pública. Se trataría de evitar distorsiones en el
ejercicio de esta competencia que pudieran ser capaces de transgredir lo
previsto en el artículo 14 de nuestra Constitución, así como el conseguir
las sinergias derivadas de la actuación concertada de distintas
autoridades sanitarias. Así lo contempló la propia Ley General de Sanidad
que, aun sin sistematizarlos, recogió tres instrumentos para este fin: la
alta inspección, el Plan integrado de salud y el Consejo
interterritorial.

La evolución de la alta inspección, como consecuencia de la doctrina del
Tribunal Constitucional, se mantuvo inédita y no llegó a constituirse en
un instrumento útil para el fin que nos ocupa. El Plan integrado de
salud, presente también en la Ley General de Sanidad, ha venido
presentando una dificultad insalvable para su culminación: la



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falta de los planes de salud de algunas comunidades autónomas, condición
previa ineludible. Pero es que, además, el paso del tiempo, la disparidad
en los enfoques --desde planes de comunidades autónomas puramente
asistenciales a otros puramente salubristas y otros de tipo mixto--, la
coexistencia de comunidades autónomas que aún no han aprobado su plan de
salud con otras que van por la tercera revisión y el distinto carácter y
relevancia jurídico-política que se les ha concedido, desde un simple
documento técnico hasta acuerdo del correspondiente parlamento
autonómico; todos estos factores dificultan más todavía la elavoración de
un plan integrado que recoja lo más importante de todo lo común. Pero aun
cuando ello pueda ser finalmente conseguido --y es evidente que habrá que
intentarlo--, tendríamos un instrumento que ayudaría en el ámbito de la
salud pública pero ni de lejos sería capaz de dar respuesta a necesidades
y circunstancias imprevisibles y de respuesta inmediata.

Así las cosas, el principal elemento con el que podemos contar para esta
acción de coordinación en materia de salud pública es el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En su seno funciona una
comisión de salud pública con un rendimiento aceptable. Una comisión que
consiguió pactar una reforma de la red de vigilancia epidemiológica, que
ha aprobado recientemente protocolos comunes de vigilancia de todas las
enfermedades de declaración obligatoria y que mantiene unos niveles de
acuerdos sensatos en la ejecución de la normativa básica aplicable en el
campo de la salud pública. Una comisión de salud pública que el
Ministerio considera como un instrumento esencial, no para maquillar el
esquema de distribución competencial, con el que creemos que se debe ser
consecuente, sino como un instrumento necesario para que cada autoridad
sanitaria pueda desempeñar con eficacia sus propias competencias, porque
entendemos que la coordinación de las políticas de salud pública no es
una necesidad que deba concernir y preocupar exclusivamente al Ministerio
de Sanidad y Consumo, sino que, en buena lógica y razón, debería ser una
exigencia de todas y cada una de las autoridades sanitarias de las
comunidades autónomas. Puedo decirles que mi experiencia me demuestra que
así es con frecuencia y que el buen sentido ocupa mayoritariamente el
ánimo de las autoridades de salud pública de las comunidades autónomas.

Pero todo ello no puede, sin más, eliminar una limitación esencial que
atañe al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en su
conjunto y a la Comisión de Salud Pública en particular, que es la falta
de fuerza vinculante de sus acuerdos. Cuando se trata de adoptar medidas
con diferente repercusión, por ejemplo económica, en función del ámbito
territorial; cuando son acciones que afectan a sectores para los que
algunas comunidades autónomas tienen especial sensibilidad; cuando hay
que romper con la línea que históricamente viene siguiéndose en una
determinada comunidad autónoma; cuando se trata de problemas susceptibles
de discusión en función de adopción política, o cuando hay que gestionar
una situación crítica de fuerte repercusión ante la opinión pública, en
estos casos, la adopción de acuerdos a través de la exclusiva técnica del
consenso unánime y aun su respeto riguroso cuando han podido alcanzarse,
se ve notablemente dificultada, abriéndose la posibilidad de la adopción
de decisiones diferentes en cada ámbito territorial, algo a lo que, por
otra parte, la opinión pública suele reaccionar con asombro y
frecuentemente de forma muy crítica.

Creo sinceramente que proponer soluciones concretas para este problema,
por lo demás común a otros ámbitos de acción administrativo-política,
supera claramente mis responsabilidades, pero sí es mi obligación
señalar, sin dramatismos pero sin ambages, que la fragmentación de la
autoridad sanitaria en materia de salud pública debe mantenernos alerta
respecto a la posibilidad de que el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, con el solo instrumento del consenso no sea siempre
suficiente herramienta para evitar distorsiones y problemas. Ello, a mi
entender, deberá ser objeto de sensata y pausada reflexión, pero mientras
que persista supondrá para la dirección General de Salud Pública,
comprometerse especialmente con la mejor coordinación de las autoridades
sanitarias de las comunidades autónomas como su principal objetivo y
misión.

Por lo demás, y al margen de la buena administración de las situaciones
de urgencia que con tanta frecuencia surgen en el campo de la salud
pública, la Comisión de Salud Pública prestará especial atención a
aquellos problemas de salud que por su importancia figuran en la lista de
prioridades de todas las administraciones sanitarias; enfermedades
cardiovasculares, cáncer, tuberculosis, enfermedades transmisibles, salud
materno-infantil, etcétera, y sobre todo, y especialmente, al
mantenimiento del funcionamiento armónico de una red de vigilancia
epidemiológica capaz de detectar la irrupción de cualquier problema de
salud.

Sí desearía detenerme, siquiera brevemente, en dos problemas concretos a
los que deseamos dedicar una especial atención en el futuro, que son la
salud laboral y el sida. Por lo que se refiere a la salud laboral, y una
vez aprobado el reglamento de los servicios de prevención, la Comisión de
Salud Pública está trabajando, a través de un grupo ad hoc, en el
establecimiento de criterios comunes para su aplicación en todas las
comunidades autónomas. Concretamente, se está trabajando con especial
intensidad en el tema de los sistemas de información, de la formación del
personal de los servicios de prevención y en la organización interna de
dichos servicios de prevención.

En relación con el sida, y como quiera que hay comparecencias pendientes
para tratar monográficamente este tema, no me extenderé. Simplemente,
constatar que los datos epidemiológicos vienen revelando una estabilidad
de la epidemia e incluso el inicio de la fase de declive, sin que ello
deba suponer, en modo alguno, una relajación en el esfuerzo que toda la
sociedad debe hacer frente a este problema.

En este sentido, la Secretaría del Plan nacional sobre el sida centra sus
esfuerzos en tres pilares fundamentales: colaboración con el Plan
nacional sobre drogas y comunidades autónomas para la lucha contra la
transmisión del VIH en usuarios de drogas por vía parenteral, información
a la



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población en general --en este sentido se desarrolla una nueva campaña a
lo largo del año 1997-- y prevención en jóvenes y adolescentes en el
ámbito de la escuela. A este objeto está previsto el desarrollo de un
convenio con el Ministerio de Educación y Cultura y con el Ministerio de
Interior, al que el Ministerio de Sanidad y Consumo destinará un
presupuesto de 93 millones de pesetas, convenio en el que --aprovecho la
oportunidad para señalarlo-- se dará especial relevancia también a todo
lo relativo al tabaco, el alcohol y los trastornos de la nutrición.

Por último, señorías, no quiero finalizar este apartado dedicado a la
coordinación de las comunidades autónomas sin hacer una referencia
expresa al episodio relacionado con los casos de meningitis
meningocócica. En primer lugar, y por lo que se refiere a la situación
epidemiológica, señalar que los datos, finalizada la semana número 16,
son los siguientes. En este momento hay declarados 1.140 casos y
confirmados 700; en el mismo período del año 1996, el número de casos
declarados era 699; el porcentaje de casos del grupo C en lo que va de
año es del 66,6 por ciento; el porcentaje en el mismo período del año
1996 era del 51,6 por ciento, y la tasa de letalidad del 7,1 por ciento.

Es decir, se consolida una tendencia de incremento de casos a expensas
fundamentalmente del grupo C. Seguimos lejos de las tasas de 10 por
100.000 --no se ha producido en ninguna comunidad autónoma-- y se
mantiene la aplicación de los protocoles de quimioprofilasis, vacunación
de los contactos y vacunación de poblaciones concretas donde sí se
alcanzan esas tasas. La evolución de la situación está monitorizada y los
datos se evalúan semanalmente. Por lo demás, analizar lo que ocurrió
durante las dos últimas semanas del mes de febrero supone tomar en
consideración no sólo las actuaciones de las administraciones sanitarias,
sino también las de otros agentes con distinto grado de participación en
la crisis.

Por lo que se refiere a la actuación administrativa, ésta se
circunscribió a las decisiones adoptadas en el mes de noviembre de 1996
en la reunión que, a fin de analizar específicamente la situación y con
la participación de expertos de Canadá, Reino Unido y República checa, se
celebró en Santiago de Compostela. Como consecuencia, Galicia, La Rioja y
Cantabria procedieron a una vacunación masiva sistemática y en las demás
comunidades autónomas se mantuvo el criterio de vacunación de contactos y
poblaciones concretas con tasas elevadas.

A partir de aquí, y para comprender la situación creada, habrán de
tenerse en cuenta otras circunstancias entre las que pueden ser las
siguientes: el criterio particular de vacunación, generalmente no
expuesto públicamente, de algunos pediatras; el enfoque informativo
proporcionado al problema en algunos medios de comunicación; la
instalación de un rumor transmisible de persona a persona; el especial
sistema de comercialización de la vacuna, que al no estar registrada en
España por haber desaparecido el laboratorio que la comercializó hasta
1995, tenía que obtenerse a través del procedimiento de medicamentos
extranjeros, y un último factor que nos conecta directamente con las
consideraciones que hemos efectuado anteriormente: el efecto frontera.

También están las dificultades de la población, en general, para aceptar
que estas decisiones no deban ser completamente homogéneas para todo el
territorio. Se considera con carácter general que el Estado de las
autonomías daba lugar a diecisiete comunidades autónomas pero no a
diecisiete territorios epidemiológicos. En definitiva, un conjunto de
factores que condujeron a una situación negativa pero no excepcional. Las
terribles consecuencias ocasionales de los casos de meningitis han
provocado situaciones similares y vamos a referirnos, por ejemplo, a lo
que se vivió en Canadá.

La reacción de las autoridades sanitarias, incluido el Ministerio de
Sanidad y Consumo, fue unánime y trató de enfrentarse a la situación
desde el primer momento. El mismo día 14 de febrero en que se produce la
primera noticia en un medio de comunicación nacional, el Ministerio de
Sanidad y Consumo inició un exhaustivo comunicado público, y el día 17,
al final de la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, que reiteró la estrategia adoptada, se dio una
conferencia de prensa con la presencia del Presidente de la Sociedad
Española de Pediatría. Durante la semana del 17 al 22 de febrero se
efectuó una enorme actividad informativa que con ayuda de la desarrollada
por las comunidades autónomas permitió recobrar la tranquilidad y la
calma, si bien es cierto que ha quedado un fondo de preocupación que
rebrota cada vez que se produce un nuevo caso.

Por último, señorías, me referiré muy brevemente a la tercera de las
áreas de intervención: las relaciones con la Unión Europea.

Hasta tanto se produzca una eventual modificación del artículo 129 del
Tratado de la Unión, que pudiera permitir una más explícita política de
salud pública, se vienen aplicando las directivas que, aprobadas en
ocasiones en foros distintos de los estrictamente sanitarios, regulan
aspectos relacionados o relevantes para la salud pública. Así, en los
últimos doce meses se han aprobado tres reales decretos y dos órdenes
ministeriales que han permitido la trasposición a nuestro ordenamiento de
sendas directivas relativas a aditivos alimentarios, transporte marítimo
de grasas y aceites líquidos, notificación de sustancias nuevas y
clasificación de envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

En estos momentos, la Dirección General de Salud Pública está tramitando
ocho proyectos de reales decretos y una orden ministerial para trasponer
al Derecho interno otras tantas directivas comunitarias en este ámbito, y
en el proceso de tramitación se está haciendo un esfuerzo de
permeabilidad que permita coger los criterios y las opiniones de las
comunidades autónomas, puesto que son ellas las que tendrían que
ejecutarlas en su ámbito competencial.

Hasta aquí el análisis y la descripción de las líneas generales de la
actuación política de salud pública. Una política problemática, sin duda,
pero que debe tener como objetivo básico mantener y mejorar, si fuera
posible, los extraordinarios indicadores que presenta nuestro país en
aspectos como la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida en
buena salud subjetiva, la mortalidad infantil, las intoxicaciones
alimentarias o las enfermedades infecciosas y las prevenibles mediante
vacunación. Una política que deberá



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procurar mejorar los indicadores relativos a las enfermedades del aparato
circulatorio, la mortalidad por enfermedad cerebro-vascular, los
accidentes de tráfico o los accidentes de trabajo. Y que deberá hacer un
esfuerzo adicional ante problemas o como el tabaquismo, el consumo
excesivo de bebidas alcohólicas o el sida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra al señora García Manzanares.




La señora GARCIA MANZANARES: Bienvenido a esta Comisión de Sanidad y
Consumo, don Juan José Francisco Polledo, Director General de Salud
Pública. No es un desconocido para los miembros de esta Comisión ni para
quienes pertenecimos a ella en anteriores legislaturas. Es verdad que su
comparecencia en la pasada legislatura fue prácticamente habitual para
hablarnos de intoxicaciones alimentarias, de nuevas enfermedades o de
nuevos problemas infecciosos.

Le quiero dar, repito, la bienvenida a esta Comisión, pero también quiero
decirle algo al señor Director General de Salud Pública, porque me da la
sensación que esta legislatura no la ha empezado usted con buen pie. Han
sido muchos los problemas surgidos relacionados con la salud pública,
brotes, si no epidémicos, sí por lo menos de enfermedades importantes y,
si me permite una cariñosa licencia, me da la sensación que su sistema
inmunológico está muy bien, puesto que hay una epidemia que no le ha
afectado, que es la epidemia de ceses. Felicidades, señor Francisco
Polledo.

De su comparecencia, ciertamente amplia, muy clara, sobre lo que son las
competencias en materia de salud pública, hay una serie de cuestiones de
las que no nos ha hablado y otras de las que nos ha hablado mucho, pero
que no ha dado todos los datos que me gustaría tener.

Este año hemos empezado con algunos temas francamente importantes. Si
bien es cierto, como usted dice que al tener las competencias
transferidas diecisiete comunidades autónomas, y por tanto la autoridad
sanitaria también dividida, es difícil esa coordinación, no es menos
cierto que aunque sea difícil es una competencia exclusiva del Ministerio
de Sanidad; la máxima autoridad sanitaria sigue teniéndola el Ministerio
de Sanidad; la alta inspección sigue teniéndola el Ministerio de Sanidad;
la máxima responsabilidad del país en materia de salud pública sigue
teniéndola el Ministerio de Sanidad y me gustaría que nos hablara un
poquito de una serie de temas, sobre todo de cuál es la valoración que
tiene el Ministerio, la Dirección General de Salud Pública, sobre la
evolución; cuáles han sido o cuáles pueden ser las previsiones de cara a
las próximas campañas, tanto de otoño como del año que viene, y las
conclusiones de una serie de temas con los que no empezamos bien esta
legislatura.

Empezaré por el brote neumónico de Alcalá de Henares. Recordará, señor
Director General, este desgraciado incidente. No estamos pidiendo
responsabilidades. Es evidente que se dieron una serie de circunstancias,
parece que cuestionadas, y por algunas noticias que hemos tenido está
cuestionado también si fue efectivamente un brote neumónico. Es verdad
que son siempre opiniones generalmente de personas profanas que tratan de
contaminar un poquito a la opinión pública, pero por eso le pregunto,
como autoridad sanitaria, que nos exponga si tiene datos sobre la
evolución y sobre las conclusiones definitivas, para evitar,
precisamente, esas interpretaciones que no son sino escandaleras que
pueden provocar una alarma absolutamente innecesaria en la población. Yo
creo que, desde la responsabilidad de todos los miembros de esta
Comisión, deberemos unificar este criterio y transmitirlo así.

Igualmente le preguntaré sobre la meningitis. Nos ha hablado profusamente
de que no se trata de una epidemia. Estamos de acuerdo. Nosotros también
contribuimos, junto con el conjunto de miembros de esta Comisión de
Sanidad, a tranquilizar a la población, a apoyar al Ministerio y a las
autoridades sanitarias para que se evitara esa alarma social. Pero pasado
ya el tema, más o menos, o estando en el punto que está con los datos que
usted nos ha dado, sí me gustaría preguntarle qué conclusiones pueden
tener para hacer una campaña de otoño o una campaña en la próxima
primavera, porque creo recordar que es en otoño y en primavera cuando más
riesgo se da de aparición de estos brotes. Recordemos la de noviembre en
Galicia, la de este año en el resto del país o aquí en Madrid, por tanto,
desde sus conclusiones ¿qué previsiones hay? No le digo solamente desde
la responsabilidad de la Dirección General de Salud Pública, sino en
coordinación con todas las comunidades autónomas a través del Consejo
Interterritorial de Salud de la Comisión de Salud Pública, que es un
instrumento francamente adecuado para que esto se haga. Qué previsiones y
a qué conclusiones han llegado para prevenir, en la medida de lo posible,
si no ya la aparición de la enfermedad, que a lo mejor no está en
nuestras manos, sí para prevenir la aparición del brote de angustia que
se produjo en los padres.

Otro de los temas que afectan también a las áreas clásicas de su
responsabilidad, y del que tenemos algunas noticias --unas científicas,
otras simplemente de opinión pública, a la que convendrá atajar para
evitar precisamente esa contaminación que se hace a la sociedad--, es el
relacionado con el rebrote de tuberculosis. ¿Qué nos podría decir, señor
Director General de Salud Pública? Porque es verdad que en algunos
ámbitos científicos nos han dicho que está apareciendo esta enfermedad
que ya estaba erradicada. Esto es tremendamente importante, y que parece
que hay una forma de esta enfermedad de tuberculosis que es inmune, o que
por lo menos no responde a los tratamientos clásicos. Si esto se conoce
ya, ¿qué medidas se están poniendo para prevenirlo, para estudiarlo, para
coordinarlo?, ¿en qué zonas ha aparecido más?, ¿en qué grupos de riesgo?
De su amplia intervención no le preguntaré mucho más. Pero hay un tema
que sí nos preocupa, y es el de la sanidad exterior. ¿Por qué nos
preocupa? Pues precisamente por lo que usted ha comentado, no solamente
por la fragmentación de la autoridad sanitaria, sino también por la
eliminación de las fronteras. ¿Qué competencias tienen ahora las
comunidades autónomas? Porque además de tener sus propias competencias
las comunidades autónomas, que yo



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sepa, en todas ellas, a través de la delegación del Gobierno respectivo,
sigue habiendo competencias que dependen del Ministerio de Sanidad.

Todo esto es importante ante el creciente comercio internacional de
productos alimentarios. Ya sabe usted que hubo algo que nos dio un buen
susto a lo largo de este año, que fue la aparición de la epidemia, o como
quiera que científicamente lo podamos llamar, de la encefalopatía
espongiforme-bovina, las famosas vacas locas. Efectivamente, hay órdenes
ministeriales y normas que ha tomado el Ministerio de cara a controlar la
importación de determinados alimentos, y supongo que esto se hace con
absoluto rigor y con absoluto seguimiento no solamente por parte del
Ministerio de Sanidad a través de Sanidad y Exterior, sino con un buen
control sobre las comunidades autónomas. Pero hay algunos productos
--también salió la noticia en la prensa-- que sí se hacen con derivados,
como son concentrados de carne que se venden en los supermercados, que no
son exactamente los lotes de carne que está prohibida su importación,
como determinado tipo de vísceras, sino algunos preparados concentrados
de carne, y mi pregunta es si también están, efectivamente, sujetos a ese
control y podemos tener garantías de que los productos que están en el
mercado pueden ser consumidos con toda tranquilidad para los ciudadanos.

Quisiera hacerle un par de preguntas, por si nos las puede aclarar, que
tienen que ver con nuestra relación con la Unión Europea. Tengo noticias
de que hay un nuevo organismo, a propósito precisamente de los problemas
originados con el tema de las vacas locas, en la Unión Europea. En la
Comisión en concreto, se creó un nuevo organismo para atender los
problemas de salud pública, o está en fase de crearse este organismo. Me
gustaría saber si tiene noticias de cuál sería su composición, sus
competencias, qué tipo de personal englobaría para coordinar precisamente
todos estos problemas que se dan, por una parte, con el libre mercado en
la Unión Europea, y, por otra parte, con el necesario control de sanidad
exterior que tenemos cada uno de los países.

Finalmente, en enero de 1997, también la Comisión europea aprobó el
Reglamento sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios,
relativo a su comercialización y etiquetado. A este respecto, me gustaría
que me dijera, señor Director General, si tiene prevista el Ministerio de
Sanidad la creación de una comisión nacional que analice, evalúe y
dictamine sobre la comercialización de nuevos alimentos o ingredientes
alimentarios modificados genéticamente y destinados al consumo humano,
tal como contempla el apartado 3 de ese Reglamento comunitario al que
hacía referencia.

Por mi parte nada más que agradecerle su comparecencia, su amable
explicación y reiterar la bienvenida a esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Manzanares. Cuando quiera puede
contestar el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (Francisco Polledo): Quiero
agradecer la intervención de la representante del Grupo Socialista y la
acogida que me ha dado. Trataré de responder a cada una de sus preguntas.

Evidentemente, y es lo que he querido manifestar en mi intervención, el
Ministerio se siente absolutamente concernido con la tarea de la
armonización de las políticas de salud pública de las comunidades
autónomas. En un ejercicio de absoluta consecuencia, todos debemos ser
conscientes de cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego son
las que son y no son otras. Y esas reglas del juego son
extraordinariamente eficaces y buenas para algunas cosas. Es decir, hay
muchísimas cosas en materia de salud pública que van mejor desde que son
competencia de las comunidades autónomas, y hay otras en las que hay que
hacer un esfuerzo para que no vayan mal. Pero no debemos, sobre todo
cuando surgen situaciones de dificultad, hacer como que no vemos o no
sabemos cuál es el marco legal en el que nos movemos en el ámbito de
salud pública, y eso es, quizás abusando de la paciencia y de la
cordialidad de sus señorías, lo que yo he querido dejar especialmente
claro en mi intervención. Pero por supuesto, señorías, que el Ministerio
se siente absolutamente responsable y concernido en el ámbito de la
coordinación de la materia de salud pública.

Respecto a las siguientes preguntas, el brote de Alcalá de Henares fue,
inequívocamente, un brote por legionella, un brote bien gestionado --debo
decirlo expresamente--; fue un brote muy grave, repito, pero fue un brote
muy bien gestionado, en el que se llegó al establecimiento de una
hipótesis concreta muy prematuramente y, como consecuencia de esa
hipótesis, se adoptaron medidas que, finalmente, resultaron eficaces. Por
eso, cuando surgen problemas como el de la meningitis, no es que se eche
en falta, sino que todo el mundo reclama un fuerte prestigio para la
autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria tiene enormes dificultades
para alcanzar ese prestigio y esa autoridad ante la población si
empezamos a difundir que el brote de Alcalá de Henares no fue por
legionella y que las autoridades sanitarias están mintiendo, porque eso
somete a las autoridades sanitarias a un desgaste frente al que se
muestran indefensas, y yo no siempre --y aprovecho la oportunidad que me
ha dado su señoría-- he tenido la oportunidad de decir que está
inequívocamente demostrado que el brote de Alcalá fue por legionella.

Cuando no tengo la oportunidad de desmentirlo, mi autoridad se ve
desgastada y cuando vaya a necesitar mi autoridad me daré cuenta que está
mellada, lo cual es muy grave y, desde luego, hay que hacer un
llamamiento a la responsabilidad de todos. El brote de legionella es una
de esas cosas que ocurren y que son difícilmente previsibles. Ese brote
fue claramente por legionella. Insisto en que se estableció por las
autoridades sanitarias una hipótesis de trabajo de forma muy prematura.

La Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Sanidad y Consumo
actuaron de manera muy coordinada. Se adoptaron las medidas pertinentes a
la hipótesis que se estableció inicialmente y esas medidas tuvieron sus
efectos.

Sobre el tema de la meningitis, no se puede ser adivino. Lo que sí les
puedo transmitir es que las autoridades sanitarias --el Ministerio de
Sanidad y Consumo, por supuesto--



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actuaron bien, y la estrategia final será la suma de las estrategias que
establezcan cada una de las comunidades autónomas. Pero en este tema,
como en otros sobre salud pública, las autoridades sanitarias van a hacer
exclusivamente una cosa: lo que en cada momento recomienden los expertos.

Es decir, no tengo criterio propio respecto a la meningitis. Si a mí me
dicen que no estamos para vacunar, no vacunamos. Si pasado el momento me
dicen: Estamos en una situación en la que hay que vacunar, se vacunará. Y
además lo puedo decir con la tranquilidad de que así hemos actuado cuando
ha sido necesario. Es decir, cuando en el mes de noviembre de 1996 se
discute este tema y se llega a la conclusión de que Galicia está en una
situación en la que es más recomendable vacunar que no vacunar, pues se
procedió a la vacunación. Y eso es cierto para la meningitis y para otros
problemas, pero, evidentemente, para la meningitis vamos a actuar
estrictamente de esa manera. En junio se hará una valoración final de la
situación, en la que, por cierto, habrá que incluir, a la hora de hacer
el análisis, el ingrediente de la angustia de la población, no se puede
despreciar ese factor a la hora de tomar decisiones, es un factor tan
digno de ser tomado en consideración como cualquier otro y hay que
tenerle evidentemente en cuenta, y lo que recomienden los expertos será
estrictamente lo que se hará porque no podemos actuar de otra manera.

La tuberculosis es lo que llamamos una enfermedad reemergente. La
sociedad se da de bruces de nuevo con problemas que consideraba
finalizados para siempre. Esta enfermedad está ligada a la infección por
VIH, fundamentalmente, y además con fórmulas de multirresistencia que
preocupan especialmente. Estamos tomando el pulso constantemente al tema.

Hay un consenso el año 1991 en el que se recogen las líneas de actuación
recomendables para las administraciones sanitarias en relación con la
tuberculosis. Estamos valorando la posibilidad de hacer un nuevo consenso
o quizás una addenda específica para el tema de la multirresistencia, en
el que se recojan básicamente los esfuerzos que deben hacer las
autoridades sanitarias. En este momento esos esfuerzos se deben cifrar en
establecer mecanismos que garanticen que los enfermos agotan el
tratamiento, que es la clave del problema que nos ocupa.

La sanidad exterior es un problema extraordinariamente complejo, que
convierte a su director correspondiente en una especie de semihéroe que
tiene que aguantar muchísima presión y en unas condiciones
extraordinariamente duras. Eso sigue siendo una competencia del Estado y,
efectivamente, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de los
veintitrés puntos de inspección fronteriza, mantiene una presencia
directa ahí. Evidentemente, es una actividad que hay que realizar cada
vez más en coordinación con las comunidades autónomas, porque es
impensable hoy en día que toda la sanidad exterior se pueda cifrar a
aquello que se pueda hacer en las aduanas o en las fronteras, sino que
también las autoridades del interior deben estar involucradas en este
tema. Hemos trabajado yo creo que sensatamente en el tema de la
encefalopatía espongiforme, aunque es un peligro latente con grandes
dudas y grandes incógnitas. Tengan en cuenta que si de por sí es difícil
manejar cualquier tipo de alerta o cualquier tipo de riesgo sanitario,
hacerlo cuando se trata de riesgos que no están todavía doctrinalmente
bien definidos, de los que no sabemos muchas cosas, en los que se duda de
cuál es el agente etiológico, no se sabe cuál es la transmisibilidad,
etcétera, es especialmente difícil. España se situó desde el primer
momento, desde el 20 de marzo del año 1996 en que se inicia la crisis, en
la línea de máxima seguridad. Hemos adoptado en cada momento aquellas
medidas que nos parecían más seguras. También en el tema del extracto de
carnes, y puedo garantizarles que buenos problemas nos ha dado ese tema y
buenas dificultades, pero España ha adoptado, y sigue adoptando en cada
momento, las medidas que mantengan máximas garantías para evitar
cualquier tipo de riesgo con la encefalopatía espongiforme y, de momento,
con el esfuerzo de todos lo vamos consiguiendo.

La nueva organización de la Unión Europea es algo que está en discusión.

El informe del Parlamento Europeo sobre la gestión, por parte de la
Comisión de la Unión Europea de la crisis de las vacas locas, fue un
informe bastante duro, y básicamente lo que se está haciendo de momento
--aunque probablemente en el futuro habrá otros movimientos-- es que
todos los organismos científicos de asesoramiento, y algunos otros de
toma de decisión que estaban en el ámbito de la Dirección General VI, de
Agricultura, por figurar así en el informe que hizo el Parlamento
Europeo, que es un ámbito muy sensible a los intereses de los sectores
productivos y menos a los de los intereses de los consumidores; muchos de
esos organismos, decía, están pasando a la Dirección General XXIII, que
es donde está la defensa de los consumidores, en el sentido de que allí
van a tener un funcionamiento más independiente y más sensible a los
intereses de esos ciudadanos.

Hay un reglamento comunitario que nos da un marco de decisión. En España
hay una comisión de bioseguridad en relación con la liberación
intencionada de organismos modificados genéticamente. Pero en cuanto a
los alimentos obtenidos a partir de organismos modificados genéricamente,
deberemos estar en el futuro, básicamente, a las decisiones que se
adopten en Bruselas. Bien es verdad que nosotros participamos en la
formación de la voluntad de la Unión Europea a este respecto y lo que sí
les puedo adelantar es la postura que ha mantenido España y que va a
seguir manteniendo siempre, y es que no se dé absolutamente ninguna
autorización más que en aquellos casos en los que esté muy claro que no
existe ni el más mínimo riesgo para la salud de los ciudadanos, cosa que,
por otra parte, es algo que de momento nadie ha puesto claramente de
relieve en relación con los alimentos modificados genéticamente. En todo
caso, por si no fuera así, exigiremos siempre que la autorización para
adoptar un alimento vaya precedida de los informes favorables de todos
los comités científicos y comités ad hoc que se pudieran crear
específicamente para ello.

Creo que he contestado a los puntos clave de su intervención. (La señora
García Manzanares pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué solicita la palabra?



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La señora GARCIA MANZANARES: Señor Presidente, exclusivamente para dar
las gracias al señor Director General por sus aclaraciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Riera.




La señora RIERA I BEN: Nuestro grupo, señor Director General, don Juan
José Francisco Polledo, quiere agradecerle sinceramente su comparecencia
en esta Comisión, y pensamos que usted ha hecho una amplia y detallada
exposición dado lo complejo que es el concepto de salud pública. Usted lo
ha definido como el conjunto de acciones encaminadas a influir
positivamente en la salud y nos ha hablado de la complejidad que tiene
esto porque se ve afectado por varias circunstancias, concretamente usted
hablaba de cuatro, haciendo especial hincapié en la intersectorialidad y
en la interterritorialidad.

Nuestro grupo, señor Director General, piensa que el problema de la
interterritorialidad es al mismo tiempo un problema y una suerte. La
grandeza de que dentro del Estado de las Autonomías, España tenga en este
momento diez autonomías, y es de esperar que en un plazo breve la
totalidad de las diecisiete, con competencias en materia de sanidad y
consumo, significa que cada una de estas comunidades podrá establecer sus
propias prioridades y asumir sus responsabilidades; o sea, la autonomía
tiene esta doble vertiente, la de que también te responsabiliza frente a
los ciudadanos de sus propias decisiones. Pensamos que esto es un factor
positivo. Simplemente hay que poner cuidado y atención para que por parte
del ministerio se incentive a que aquellas comunidades que, por ejemplo,
como usted ha dicho, en este momento no tienen un plan de salud, se
intente averiguar por qué no lo tienen y, a ser posible, que lo elaboren
pronto a fin de que los datos del ministerio puedan enriquecerse por la
aportación de todas y cada una de las comunidades.

Comprendemos que quizá sea más complejo de entender por qué si estamos en
Europa y todos nuestros esfuerzos coinciden para estar en el vagón de
primera en esta política europea, resulta que en política de consumo lo
que no es bueno para un país de la Unión Europea puede ser bueno para
España. Usted ha aclarado un poco esto respondiendo a la Diputada del
Grupo Socialista, pero hay una pregunta que quería formularle: ¿Cómo es
posible que hoy en día lo que es bueno en un sitio sea malo en otro, en
la sociedad de la globalización y la intercomunicación, donde la
información que se produce en un momento dado en el punto más alejado del
planeta, puede ser transmitida automáticamente a otro punto por más
distante que esté? ¿Cómo es posible que un problema de salud de un país
cercano para nosotros en Europa no sea considerado problema de salud en
España? En este sentido, le agradecería que, si puede ser, me amplíe la
información que usted ha dado a la Diputada socialista, y simplemente,
quiero reiterarle nuestro agradecimiento e incentivarle para que sigamos
trabajando en esta política de consumo globalizada, que ha de redundar en
un beneficio mutuo para toda la humanidad.

El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede contestar el señor Director
General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (Francisco Polledo): Quiero
agradecer el tono de la intervención de la portavoz del Grupo Catalán y
reiterar lo que dije en mi exposición inicial.

Evidentemente, las reglas del juego son las que son, las competencias
están en las comunidades autónomas y eso ha tenido muchos efectos
positivos en muchos ámbitos y en muchas circunstancias. Sin embargo, es
un factor que en otras circunstancias resulta problemático y difícil de
gestionar. Es algo a lo que todos debemos estar atentos, porque a veces
sorprende a los ciudadanos que las actuaciones no sean estrictamente
homogéneas. No obstante, hay que tener en cuenta que ello es
absolutamente posible. Evidentemente, nuestro esfuerzo y el del
departamento será conseguir que eso no tenga consecuencias negativas y
algo estamos logrando en ese campo. Incentivamos a las comunidades
autónomas que no han elaborado el plan de salud a que lo hagan, pero creo
que no hay que mitificarlo. Es decir, hay comunidades autónomas que han
trabajado muy bien en el campo de la salud pública sin haberse dotado de
un plan de salud y, sinceramente --y ésta es una opinión personal--,
pasados los efectos de algunas posturas oficiales de la OMS propias de
los años 70 y de los años 80, creo que probablemente irrumpiremos en el
siglo que viene con una consideración bastante diferente respecto a lo
que es planificar en salud y en términos de salud, sobre todo en el campo
de la salud pública. Creo que tener un plan de salud y un plan integrado
debe seguir siendo un objetivo, pero tampoco hay que mitificarlo ni hay
que considerar que el plan en sí mismo es un valor añadido. Entre otras
muchas cosas, para empezar, cabría decir que el plan es algo bastante
evidente, que se puede hacer sin saber que se está haciendo, como
escribir en prosa. Nosotros tratamos de que todas las comunidades
autónomas acaben teniendo su documento, creo que lo conseguiremos y
probablemente al final tendremos algo bastante parecido a un plan
integrado de salud o a lo que inicialmente se ha considerado como tal
pero no es bueno tener demasiadas expectativas respecto a lo que pueda
conseguirse de eso.

Finalmente, tampoco entiendo ni tolero ni asumo que problemas que en un
sitio lo son, en otro sitio no lo sean, pero la dinámica social a veces
provoca distintas sensibilidades. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro.

Cuando se produjo la parte álgida de la crisis de la encefalopatía
espongiforme, que como usted sabe era un problema vinculado
exclusivamente el Reino Unido, el consumo de carne de vacuno alemana
descendió mucho más en Alemania que el de carne de su propio origen en el
Reino Unido. Era una enorme paradoja que los alemanes dejaran de comer
más carne alemana, que técnicamente era segura, que los ingleses carne
inglesa que era la que teóricamente pudiera estar contaminada. Ese es un
ejemplo paradigmático que representa bastante bien cómo perciben las
distintas sociedades los problemas o los riesgos para la salud. Paradojas
como ésa son muy frecuentes. A lo mejor se mantienen niveles de enorme
exigencia en relación con la seguridad de



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un producto alimenticio cuando las posibilidades de que tenga algún
riesgo para la salud son remotas --como pudiera ser el tema de los
organismos modificados genéticamente--, y eso es compatible con un
porcentaje de fumadores del 45% de la población como dan algunos países
de Europa. Por tanto, la percepción subjetiva de la seguridad es algo muy
ligado a los propios países. En todo caso, estoy totalmente de acuerdo
con usted en que no hay nada que pueda ser un problema en un sitio y que
no lo sea en otro, por lo menos en lo que a la Unión Europea se refiere.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Alcalde.




El señor ALCALDE SANCHEZ: Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida al
Director General de Salud Pública, don Juan José Francisco Polledo, en
esta su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo.

Quiero, además, animarle, porque no hay que confundir el pie con el que
comenzamos la legislatura las distintas fuerzas políticas respecto de la
pasada, con el pie con el que empieza el señor Francisco Polledo que es
un buen pie, es el pie de la profesionalidad.

Además de animarle, quiero felicitarle en nombre de mi grupo por un doble
motivo. Primero, por su detallada exposición sobre la situación actual y
las perspectivas de la política de salud pública y, segundo, porque la
labor de su Dirección General es enormemente meritoria, ya que, a la
complejidad técnica de las amplias y difíciles materias de que se ocupa,
hay que añadir la confluencia de distintos factores, que usted ha
enumerado en su intervención, y entre los que me gustaría destacar
algunos. Por ejemplo, la evidente interacción entre salud y factores
exógenos al individuo --medio ambiente, vivienda, alimentación y un largo
etcétera--, cuyas políticas sectoriales no dependen del Ministerio de
Sanidad y Consumo, pero influyen directamente en el nivel de salud de la
población; sería lo que usted ha llamado la intersectorialidad.

Otro factor de indudable importancia es que, tras la promulgación de la
Constitución, las competencias de salud pública, en sentido estricto, en
lo que tradicionalmente se entiende por este concepto, con independencia
de las distintas interpretaciones del mismo a que usted ha hecho alusión,
son de las comunidades autónomas una vez asumidas por los distintos
estatutos de autonomía, quedándole al ministerio solamente la competencia
de coordinar las políticas de salud pública de las diecisiete comunidades
autónomas. Sin embargo, como usted ha dejado perfectamente claro en la
intervención, no siempre es posible poner de acuerdo a tantas partes, lo
que posibilita la adopción de medidas diferentes, incluso a veces
contradictorias, sobre una misma materia. Esto no tendría más
trascendencia que la meramente competencial si no se encontraran en medio
ciudadanos, que comprenden y comparten perfectamente la organización
territorial del Estado, pero que difícilmente entienden de barreras
territoriales en materia de salud pública, y a los que les resulta
incomprensible que ante un mismo problema de salud se adopten medidas
diferentes en su comunidad autónoma y en la vecina. Compleja, pues, su
dirección general, por lo que le reitero la felicitación y apoyo del
Grupo Parlamentario Popular.

La política ministerial en materia de salud pública se centra, a tenor de
sus palabras, en dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, las
actividades de las que el Ministerio de Sanidad y Consumo es titular,
incluyendo en este apartado la elaboración de normativa básica, tanto de
carácter interno como la trasposición de normativa de la Unión Europea y,
por otro, la coordinación de la política de salud pública de las
comunidades autónomas.

Respecto a las actividades de las que el ministerio es titular, no voy a
detenerme en aquellas que ha citado usted de registros, autorizaciones
sanitarias, sistema de información y otras, pero sí quiero destacar las
competencias en materia de sanidad exterior. Hay que resaltar su
importancia y dificultad en una época en la que desaparecen las fronteras
y en la que el comercio y los desplazamientos internacionales aproximan
cada vez más a los ciudadanos, no ya de Europa solamente sino del mundo
entero. Son unas acciones, las de sanidad exterior, que sólo tienen
reflejo en la opinión pública en contadas ocasiones, como puede ser el
caso del ébola en Zaire y Gabón o el de la encefalopatía espongiforme
bovina, la enfermedad de las «vacas locas». Sin embargo, detrás de estas
funciones hay una labor sorda y callada, muy eficaz en nuestro país, como
se ha demostrado en el caso anteriormente comentado de la encefalopatía
espongiforme bovina, radicando la verdadera importancia de sus
actuaciones en la dedicación constante a las labores de vigilancia y de
control de los riesgos sanitarios más allá de nuestras fronteras. Tampoco
debemos confundir aquí, señor Francisco Polledo, los sustos de la
población con la actuación de los servicios de salud pública de las
Administraciones central y autonómicas, que ha sido en todo momento
modélica. Como muestra de eficacia de nuestra sanidad exterior, y no se
ha comentado, cabe decir que de veintitrés puntos de inspección
fronteriza que tenemos en nuestro país, la Unión Europea no ha dado de
baja ni a uno solo.

Dentro también de las competencias que le son propias, compete al
Ministerio, a tenor del Artículo 4.015 de la Ley General de Sanidad, la
elaboración de informes generales sobre salud pública. En esta línea
bienvenido sea el anuncio que ha hecho usted de ese documento sobre el
estado de salud de la nación, que sin duda aportará una visión de la
salud de los españoles en su conjunto.

Ha hecho usted también referencia a la elaboración de normativa básica,
tanto de carácter interno como de trasposición de normativas de la Unión
Europea. No me voy a extender en las trasposiciones de las directivas
europeas presentes y futuras, pero sí que quiero destacar el Real Decreto
1.907/96 sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades
o servicios con pretendida finalidad sanitaria, que ha venido a cubrir,
sin duda, una laguna legal que era aprovechada con grandes riesgos para
la salud de los españoles. Asimismo tengo que hacer una mención especial
al Real Decreto 415/97 por el que se crea la comisión nacional de
reproducción humana asistida, comisión que ya contemplaba la ley del
mismo nombre, de 1988, y que no había sido desarrollada, siendo como es
imprescindible



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en una materia en continua evolución y cuya complejidad hace necesario un
órgano consultivo de expertos.

Respecto de la coordinación de las políticas de salud pública de las
comunidades autónomas, es preciso destacar las funciones de coordinación
de la comisión de salud pública del consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud en materia de promoción de la salud, y prevención de la
enfermedad. Es necesario resaltar el aceptable nivel alcanzado en dicha
coordinación entre las comunidades autónomas competentes, como hemos
dicho anteriormente, sobre esta materia, aun teniendo en cuenta que esta
comisión es un instrumento limitado y sin fuerza vinculante, por lo que
reforzar las competencias del consejo interterritorial y darle un
carácter no sólo consultivo y de consenso, sino también ejecutivo,
redundaría sin duda en una mejor coordinación y también en una mayor
coherencia y homogeneidad del sistema, para mayor tranquilidad de los
españoles.

Lamentamos, señor Director General, la práctica imposibilidad de elaborar
el plan integrado de salud que contempla la Ley General de Sanidad en sus
artículos 74, 75 y 76, dado que hay comunidades autónomas que todavía no
han realizado previamente los suyos, así como por las diferencias de
criterio que se han establecido entre las que lo han redactado. Criterios
básicos que deberían haber fijado en su momento la Administración central
del Estado dentro de las competencias de coordinación general
desarrolladas en el capítulo IV de la Ley General de Sanidad.

Siguiendo con el capítulo de competencias autonómicas, me gustaría hacer
hincapié, señor Director General, en varias cuestiones. Por el Real
Decreto 2210/95 se creó la red nacional de vigilancia epidemiológica, a
la que ya se ha referido usted, y respecto a la que me gustaría que nos
ampliara el grado de satisfacción que existe en el Ministerio de Sanidad
y Consumo sobre su funcionamiento y los posibles defectos a subsanar, si
los hubiera, en un próximo futuro.

También dentro de este capítulo, la sociedad española ha de felicitarse
por la estabilización en la evolución de la principal enfermedad
emergente, que es el sida. Sin caer en peligrosos optimismos, hemos de
proseguir en el mismo camino de coordinación con el Plan nacional sobre
el sida, con los planes respectivos de las comunidades autónomas, así
como continuar con las campañas que ya se están desarrollando de
información y de educación para la salud y prevención. Esto, junto a los
nuevos tratamientos y los esperanzadores avances que hay para la
enfermedad, nos permite vislumbrar un futuro en el que podamos erradicar
el sida o, al menos, convertirlo en una enfermedad crónica.

Me gustaría también que se refiriera a aquellas enfermedades
reemergentes, aunque ya lo ha hecho de alguna manera, como la
tuberculosis asociada a la presencia del VIH, que han experimentado un
espectacular crecimiento en nuestro país, y también a si desde la
comisión de salud pública del consejo interterritorial se ha estudiado la
puesta en marcha de medidas destinadas a luchar contra esta enfermedad
sobre la que habíamos bajado la guardia en los últimos años.

Respecto a la mayor incidencia de casos de meningitis meningocócica que
hemos padecido, especialmente en el mes de febrero y que aún padecemos,
aunque en menor cuantía, y que ha causado sin duda una importante alarma
social, injustificada desde el punto de vista epidemiológico, hemos de
recalcar que el ministerio ha tenido una correcta actuación dando la
adecuada información desde el primer momento de alarma. Algunos parecen
olvidar, sin embargo, que las competencias son de las comunidades
autónomas y que las medidas adoptadas fueron consensuadas en la comisión
de salud pública y en el propio consejo interterritorial.

En relación a las vacunaciones infantiles en general, querría preguntar
al señor Director General, si puede decirnos el grado de cobertura
vacunal a nivel del Estado y, en el caso de que no sea óptimo, qué
medidas se van a adoptar.

Por último, dentro de este capítulo de coordinación de las competencias
de las comunidades autónomas, desearíamos saber, respecto de las
competencias de coordinación que ejerce su ministerio, qué medidas están
adoptando y cuáles está previsto desarrollar en un futuro próximo,
respecto de enfermedades crónicas del tipo de enfermedades
cardiovasculares y neoplasias.




El señor PRESIDENTE: Cuando quiera puede contestar el señor Director
General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (Francisco Polledo): También
quiero agradecer la intervención del representante del Grupo Popular y
contestar a sus preguntas lo más concretamente posible.

La red nacional de vigilancia epidemiológica tiene un nivel de
funcionamiento razonable. Creemos que con la reciente aprobación, en el
último pleno del consejo interterritorial de los protocolos de vigilancia
de todas las enfermedades de declaración obligatoria, mejorará ese
funcionamiento pero, sobre todo, consideramos que alcanzaremos superiores
niveles de eficacia cuando seamos capaces de conseguir --y creo que
estamos camino de ello-- que por parte de todas las comunidades autónomas
se considere que esa red, como cualquier otra red de información, es
buena y necesaria, no sólo para el Ministerio de Sanidad y Consumo sino
que es buena, necesaria e imprescindible para que cada una de las
diecisiete autoridades sanitarias pueda desarrollar y efectuar sus
políticas con corrección. Es decir, que se vea que esa coordinación no da
respuesta exclusivamente a una necesidad del Ministerio de Sanidad y
Consumo sino que es una necesidad de las propias comunidades autónomas
para desarrollar sus políticas.

En cuanto al sida tenemos que seguir con la política que se ha venido
desarrollando en nuestro país en los últimos años. Estamos recogiendo
algunos frutos. Esto hay que decirlo con muchísimo cuidado para evitar
que se produzca una mala interpretación. Seguimos con un problema muy
grave con esta enfermedad pero, evidentemente, los últimos datos son
mejores que los anteriores. Hay que mantener el esfuerzo y estar muy
atentos ante una enfermedad



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que ha demostrado sobradamente capacidades para modificarse, para variar
y para presentarnos nuevos aspectos que en este momento no conocemos
todavía. Por tanto, hay que persistir en una situación claramente de
alerta porque además está unido a ello, la tuberculosis. La comisión de
salud pública ha tomado en consideración el tema de la tuberculosis en
repetidas ocasiones, todas las comunidades autónomas tienen aprobada,
además por escrito, una estrategia concreta en relación con el tema de la
tuberculosis, y yo creo que, fundamentalmente, el esfuerzo ahí es el de
una práctica clínica correcta. La tuberculosis, tal como se nos presenta
ahora, no es un problema de salud pública con las características que ha
podido vivir nuestro país en los años 40 ó 50 en los que había carencias
en cuanto a la calidad de la vivienda o la pasterización de la leche,
etcétera, sino que tiene unas características completamente distintas,
muy centrado en la práctica clínica, muy ligado a unos buenos protocolos
terapéuticos y, sobre todo, dirigido a conseguir que los pacientes agoten
el período de tratamiento, porque eso es lo que puede producir su
curación, sacarles del período de transmisibilidad y evitar que sirvan de
lecho al desarrollo de resistencias.

En cuanto al grado de cobertura vacunal, las cifras españolas
tradicionalmente se comparan de forma inmejorable con las de países de
nuestro entorno. Las coberturas están entre el 85 y el 95 por ciento para
cada una de las vacunas y, generalmente, si no alcanzan el cien por cien
es más por deficiencias técnicas en la obtención de los datos que por
otras razones. Conviene aclararlo porque, a veces, se ponen ejemplos
internacionales. Uno de los grandes desafíos que se planteaba la reforma
sanitaria del Presidente Clinton, en Estados Unidos, era conseguir
coberturas vacunales todavía muy lejanas de las que ya hace muchos años
son una realidad en nuestro país. Este es un bien muy preciado por la
sociedad, que está francamente vinculado a la sociedad, que lo aprecia
así y creo que podemos estar muy satisfechos del grado de cobertura
vacunal. Tenemos que seguir en esa misma línea. Durante muchísimos años
hubo pocas novedades en el campo de las vacunas internacionalmente, pero
en los próximos años es previsible la aparición de vacunas nuevas, sobre
todo de vacunas polivalentes, que pueden hacer que haya que modificar la
estrategia de las vacunaciones y los calendarios de vacunación. Tendremos
que hacer todo ello con absoluta sensibilidad para evitar que en ese
tránsito, que inexorablemente se va a tener que producir, perdamos
mínimamente algo que nos ha costado trabajo conseguir y que creemos que
extraordinariamente bueno para la sociedad y para el estado de salud de
la población. Con eso contesto básicamente a sus preguntas. Para
terminar, señor Presidente, si me lo permite y aun cuando evidentemente
no es este Director General quién para juzgar la actuación de esta
Cámara, yo quería expresar mi admiración por cómo actuó el Congreso de
los Diputados en relación con la crisis de la meningitis.




El señor PRESIDENTE: Señor Director General, como Presidente de la
Comisión le agradezco esa sensibilidad que ha tenido para captar la buena
actuación de los miembros de la Comisión en un momento en que es cierto
que había un alto grado de alarma social, y que, con la intervención,
tanto del señor Ministro de Sanidad y Consumo como de todos los
portavoces de los Grupos parlamentarios, conseguimos paliar un poco,
dentro de lo posible.

Le agradezco su comparecencia y estoy plenamente convencido de que ha
satisfecho las expectativas que se habían planteado los distintos
portavoces de los Grupos parlamentarios.




-- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (CASTELLO
LEAL), PARA INFORMAR DE LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE CONSUMO
QUE VA A DESARROLLAR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000409.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
comparecencia del Subsecretario de Sanidad y Consumo, don Enrique
Castellón Leal, para informar de las líneas generales de la política de
consumo que va a desarrollar el Ministerio de Sanidad y Consumo. La
petición de la comparecencia es del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Yo le doy la palabra al señor Subsecretario, a la vez que le doy la
bienvenida una vez más a esta Comisión.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Voy a
intentar ser lo más breve posible dentro de la amplitud del tema que se
nos ha planteado. Siento que en un día tan señalado como éste, desde el
punto de vista literario, esto no sea exactamente un ensayo aunque se
parezca. Desde luego no es una novela, eso está claro. (Risas.)
Como ya tuvo ocasión de exponer el Grupo Parlamentario Popular en la
anterior legislatura, la política de consumo tiene una incidencia directa
en el nivel de legalidad de vida de los ciudadanos y contribuye a lograr
la máxima eficacia en el funcionamiento del mercado, reforzando la
competencia pero garantizando, al mismo tiempo, la protección de los
legítimos intereses de los grupos sociales y, sobre todo, de los más
necesitados, lo que constituye el papel primordial del Estado en la
actividad económica.

Con el fin de hacer realidad los derechos del consumidor que nuestra
Constitución reconoce en su artículo 51, este Gobierno orienta su
actividad en el cumplimiento de los objetivos marcados por las líneas
básicas que expuso el Ministro de Sanidad en su comparecencia ante esta
Cámara en junio de 1996 y que constituyen, en definitiva, los principios
orientadores que han de marcar la política del consumo. No voy a
detenerme en la exposición de estas líneas directrices, puesto que ya son
conocidas por sus señorías y constan en el «Diario de Sesiones», y pasaré
a exponerles lo que constituye los retos del futuro a los que debe



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enfrentarse la política de consumo y las acciones previstas para
conseguirlo.

En primer lugar, para abordar adecuadamente el tema, es necesario tomar
en consideración una cuestión básica. La actividad del Gobierno en
materia de consumo exige, de un lado, la cooperación con las comunidades
autónomas que tienen atribuidas competencias de desarrollo legislativo y
ejecución en esta materia y, de otro, la incardinación de la política
desarrollada en el marco de las actuaciones de la Unión Europea, que está
desarrollando un papel cada día más activo en este área como demuestra la
reciente reorganización de la Dirección General XXIV, de política de los
consumidores.

En relación con la cooperación con las comunidades autónomas, el Estado
español es responsable ante la Unión Europea en las actividades referidas
al desarrollo del mercado interior, como es el caso de la gestión del
sistema de intercambio rápido de información de productos de riesgo o la
trasposición de normativa comunitaria. Además y fundamentalmente, la
cooperación del Instituto Nacional de Consumo con las comunidades
autónomas garantiza un control del mercado más eficaz y eficiente que
permite, entre otras cosas, en primer lugar, evitar su territorialización
y alejar el riesgo de provocar una disminución en la calidad y seguridad
de los productos y servicios ofertados a los consumidores con las
consiguientes repercusiones en la capacidad competitiva de las empresas
nacionales. En segundo lugar, imposibilitar la ruptura de la unidad del
mercado nacional y la instalación de un distinto nivel de protección de
los consumidores en los distintos territorios del Estado o un desigual
trato a las empresas. En tercer lugar, eludir la posibilidad de que en
determinados ámbitos territoriales se organicen mercados basura, que es
un término que se refiere a aquellos mercados donde se sitúan productos
sin cumplir los requisitos, debido a que las inspecciones en esos
territorios no son adecuadas. En cuarto lugar, soslayar la elección, por
parte de las empresas, de su ubicación en los distintos ámbitos
autonómicos, por aplicación de criterios no equivalentes en materia de
control y de sanción.

De todo ello, se deduce la importancia que el Gobierno concede a los
instrumentos de coordinación institucional en el desarrollo de su
política de consumo. Como consecuencia de ello es voluntad del
departamento intensificar y reforzar la cooperación con las comunidades
autónomas, fortaleciendo la utilización de los medios de los que ya se
dispone: la conferencia sectorial de consumo y la comisión de cooperación
de consumo.

Sin entretenerme en explicitar la actividad desarrollada por ambos
órganos, ya que posteriormente voy a referirme a ellos, sí deseo
manifestar que el pasado 3 de marzo se celebró en Valladolid la 8.a
comparecencia sectorial de consumo, presidida por el Ministro de Sanidad
y Consumo. Este órgano de cooperación tenía pendientes de ratificar
bastantes acuerdos. Me interesa especialmente abordar este tema porque en
esta conferencia sectorial se adoptó el acuerdo de elaborar un plan
estratégico de la política de consumo para el próximo cuatrienio, en el
que deberá plasmarse la política de consumo a desarrollar en todo el
Estado español. Como sus señorías pueden suponer, dado el reciente
acuerdo, el plan está en sus inicios, pero el pasado 17 se constituyeron
los grupos de trabajo para la elaboración del texto que se someterá a la
aprobación de la comisión sectorial prevista para octubre.

Quiero destacar asimismo el impulso que en el ámbito autonómico se está
dando a la política de consumo, de lo que es buena prueba el hecho de que
al menos cinco comunidades --Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria y
Madrid-- están elaborando sus estatutos del consumidor, viniendo así a
sumarse a las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Murcia, Comunidad Autónoma Valenciana y el País
Vasco que ya tienen estos instrumentos elaborados.

Si para el Gobierno el marco de referencia autonómico es básico a la hora
de desarrollar los espíritus esenciales de su política de consumo, no
menos importante es el referente de la Unión Europea que, como se conoce,
es cada día más activa en este área. El pasado 10 de abril, se celebró en
Luxemburgo el Consejo de Ministros del Consumo de la Unión Europea. Entre
los asuntos tratados, de un alto interés para la política de consumo,
cabe destacar los siguientes: la adopción de una posición común en
relación con la propuesta de directiva modificada en el Parlamento
Europeo y en el Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia
de protección de los intereses de los consumidores, y la adopción de una
posición común referida a la modificación de la Directiva de crédito al
consumo. Se produjo también, y tengo interés en reseñarlo, un debate
interesante y constructivo sobre la política de protección de los
consumidores en un entorno cambiante y cómo abordar los sistemas
relacionados con el consumidor en los años futuros.

Las razones que llevaron a la presidencia holandesa a introducir este
debate se relacionan directamente con la constatación de los retos a los
que ha de enfrentarse una política de consumo racional y eficaz. Estos
retos no son otros que los derivados de la creciente globalización de los
mercados, los cambios en el entorno económico y social de los
consumidores, a los que no es ajeno el establecimiento de la Unión
Monetaria y también, muy importante, el rápido desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación.

La postura defendida por el Gobierno español en este debate, plenamente
coincidente con la de la propia Comisión, la del Parlamento Europeo y la
del comité Económico y Social, en cuanto a la necesidad de seguir
manteniendo la intervención de los poderes públicos en el mercado, al
objeto de garantizar la adecuada protección de los consumidores, se
concreta en las siguientes líneas.

Respecto del papel del consumidor en el funcionamiento de los mercados,
hemos defendido la necesidad de reforzar su posición, contribuyendo a
dotar al consumidor de un papel más protagonista como agente activo y
responsable lo que constituye, en el ámbito comunitario, la expresión de
la política que hemos adoptado en el orden interno. Por ello, el Gobierno
español propuso al Consejo realizar una seria reflexión sobre las
posibilidades de mejora del sistema de representación de los
consumidores,



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que permita un ejercicio más activo de sus derechos, fortaleciendo su
posición en el mercado y posibilitando, en consecuencia, la existencia de
un diálogo equilibrado entre las organizaciones de consumidores y las
organizaciones profesionales.

Respecto del papel de los gobierno, el criterio sostenido por el Estado
español es plenamente favorable al mantenimiento de la intervención
gubernamental y ello por diversas razones. Primero, porque en la
actualidad el mercado no ofrece todavía las garantías necesarias para
poder prescindir de la actuación de las autoridades a escala nacional y a
escala comunitaria. Segundo, porque debe asegurarse a los consumidores su
pleno ejercicio como agentes activos del mercado y, tercero, porque la
acelerada evolución de los mercados provocará la necesidad de adopción de
medidas y acciones que permitan enfrentarlos, mejor a su realidad
cambiante.

No obstante, en aras a favorecer en el ámbito del consumo la concertación
social, la intervención estatal debe concentrase en la adopción de las
medidas que potencien la situación de los consumidores en el ejercicio
activo de sus derechos. Las medidas concretas de actuación deberían ir,
por tanto, orientadas al establecimiento de normas claras que garanticen
en todo caso la salud, la seguridad y los derechos económicos de los
ciudadanos. Para ello es preciso adoptar, en el ámbito comunitario,
normas de armonización que ofrezcan a los consumidores una adecuada
protección en campos tan trascendentes como los servicios financieros o
la responsabilidad del prestador de servicios, sin obviar aquellas que
garanticen su posición y derechos ante los problemas derivados de la
sociedad de la información o de los servicios de interés general, máxime
en un proceso de liberalización como el que se vive en la Unión Europea.

Estas medidas deben completarse con la adopción de directivas, en
distintas fases de tramitación, relativas a garantías y a acciones de
cesación.

Otro elemento de actuación concreto sería obtener una mejora sensible en
el información y educación de los consumidores, garantizando estos
derechos configurados como básicos y que, a mi juicio, deben tender a
favorecer la necesaria adquisición de sentido crítico imprescindible para
desenvolverse en mercados tan complejos como los actuales.

También hay que garantizar el acceso a la justicia de los consumidores y
sus organizaciones. Quizás sea éste, además, un campo donde debe
avanzarse con mayor rapidez y energía, puesto que las medidas adoptadas
hasta el momento en el ámbito comunitario se han mostrado ineficaces e
insuficientes. En el ámbito del Estado español, por el contrario, la
experiencia del sistema arbitral de consumo ha supuesto un instrumento
eficaz para resolver los conflictos de consumo, fundamentalmente por la
celeridad, gratuidad y antiformalismo del procedimiento. La posibilidad
de extrapolar la utilización de procedimientos semejantes al arbitraje de
consumo en las reclamaciones trasfronterizas, resultaría altamente
positivo para la protección de los consumidores. Finalmente, hay que
asegurar la integración de la política de los consumidores y las demás
políticas comunitarias, dado que este tipo de actuaciones, hasta la
fecha, se han revelado eficaces para garantizar la salud, la seguridad y
la confianza de los consumidores en el mercado.

Todo esto que he comentado en relación con los temas que se trataron en
la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, están en línea
con las líneas básicas 2, 3 y 4 que expuso el ministro en su
comparecencia y que son: mejorar la educación en función de los
consumidores; potenciar la representación de los consumidores y su
participación en las decisiones que les afecten, y reforzar y actualizar
el marco normativo para garantizar sus derechos e intereses legítimos.

En el ámbito de la normativa comunitaria, resultan de especial
trascendencia, a efectos de la protección de los consumidores y usuarios,
la reciente adopción de la Directiva relativa a la venta a distancia, así
como el avanzado estado de tramitación en el que se encuentran las
propuestas de directivas relativas a publicidad comparativa e indicación
de precios.

Antes de abandonar las cuestiones relativas a la Unión Europea, quisiera
abordar brevemente la reciente reorganización de la Dirección General
XXIV, de política de los consumidores y, desde ya, de protección de su
salud. El interés del Gobierno en este caso se centra en que el
reforzamiento que supone para este órgano la nueva atribución de
funciones, y en consecuencia la potenciación de la política del consumo
comunitaria a la que se incorpora la protección de la salud alimentaria,
tenga una respuesta adecuada a nivel del Estado español. Como sus
señorías sin duda conocen, la reorganización de la Dirección General XXIV
trae causa en la crisis provocada por la encelopatía espongiforme, el
denominado síndrome de las «vacas locas» y se traduce, en primer lugar,
en la función de las actividades de control fitosanitario, veterinario y
de productos alimenticios y, en segundo lugar, en la adscripción a esta
dirección general del sistema de alerta rápido de información sobre
productos peligrosos de consumo. Con todo ello se pretende dotar de mayor
eficacia y transparencia a las actividades de protección de la salud
alimentaria, separando los servicios responsables de la elaboración
normativa de aquellos de consulta científica y de los de control, e
impulsando la transparencia y difusión de la información en el proceso de
decisión de las acciones de control.

Como les decía hace un momento, esta reorganización sitúa al departamento
ante la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de redactar alguna
de sus estructuras o, más posiblemente, establecer mecanismos de
cooperación adecuados en los que sin duda el Instituto Nacional de
Consumo debe jugar un papel más importante.

En relación con el reforzamiento del papel activo del consumidor en el
mercado, que es otra de las áreas de actuación preferente en materia de
consumo, la posición de desequilibrio de los consumidores y la
atomización y escasa fuerza de sus organizaciones, requiere por nuestra
parte la adopción de medidas tendentes a fortalecer su posición en el
mercado, lo que pasa inexorablemente por vigorizar sus organizaciones. Se
trataría, en definitiva, de que los consumidores se conviertan en
auténticos interlocutores sociales, de que dejen de precisar la constante
intervención



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del Estado para reequilibrar su posición en el mercado y de que sean
capaces de constituirse en un frente común que condicione la política de
los sectores económicos, relegando el papel de los poderes públicos a
aquello que constituye su razón de ser: el establecimiento de políticas
que garanticen la defensa de sus derechos básicos.

Con este objetivo en mente se está trabajando en diversas áreas. De un
lado, intentando facilitar y favorecer la colaboración entre asociaciones
de consumidores de ámbito nacional. En esta línea, la orden de
subvenciones de este año prioriza la financiación de los programas
desarrollados en cooperación entre distintas asociaciones y aunque el
proceso de valoración de programas aún no ha concluido, sí puedo
anticiparles que, por primera vez, las asociaciones de consumidores han
presentado programas conjuntos. Esto, sin duda, puede contribuir no sólo
a procesos de concertación que son los que estamos viendo en estos
momentos, sino en un futuro quizás a procesos de concentración. De otro,
mediante la realización de un proceso de reflexión en el que están
participando el Instituto Nacional de Consumo y todas las organizaciones
de ámbito nacional, sobre el papel de las asociaciones de consumidores de
la sociedad actual y los instrumentos más adecuados para contribuir a
fortalecer su posición en el mercado, se está permitiendo un ejercicio
más activo de los derechos de los consumidores. Este proceso de reflexión
permitirá abordar, a medida que avance, problemas que en estos momentos,
desde el punto de vista de las asociaciones, pueden calificarse de
endémicos: escasa filiación, atomización, problemas de financiación,
etcétera. Además, pretendemos mediante su fortalecimiento que el Consejo
de Consumidores y Usuarios cumpla el papel preeminente que está reservado
a los consumidores en un mercado tan cambiante y complejo como el actual.

Este órgano, el Consejo de Consumidores y Usuarios, que inició su segundo
mandato en junio de 1996, tiene una clásica reivindicación, que es la
personalidad jurídica. De hecho, en las actuaciones prioritarias fijadas
por el Gobierno para la actual legislatura, se encuentra la potenciación
de ese Consejo de Consumidores y Usuarios y su configuración como
organismo dotado de personalidad jurídica propia.

En estos momentos, el propio Consejo de Consumidores y Usuarios, a
requerimiento del Instituto Nacional de Consumo, está trabajando en un
documento que servirá de base para la adopción de las medidas necesarias
para cumplir el objetivo previsto, en el caso de que, tras el proceso de
reflexión iniciado, se confirme la necesidad de la adopción de la medida.

Debo referirme, por último, y antes de abordar las actuaciones concretas
desarrolladas por el Instituto Nacional de Consumo en lo que va de
legislatura, debo referirme a la preocupación del Gobierno en la
protección eficaz de los consumidores ante el proceso de liberalización
de los servicios públicos que está teniendo lugar en la Unión Europea. El
Instituto pretende celebrar, con la colaboración de la Comisión, un foro
de debate que cuente con la participación de los sectores afectados: los
consumidores, los responsables políticos y administrativos españoles y
comunitarios y los parlamentarios, en el que se aborden con profundidad
aspectos tales como la influencia de la liberalización en la calidad,
precios y universalidad de la prestación de los servicios, el grado de
intervención de la administración pública para garantizar los servicios
en condiciones adecuadas y los requisitos que deben cumplir las entidades
que se hagan cargo de la gestión de los servicios liberalizados,
especialmente en aquellos casos en los que se hayan de prestar en régimen
de monopolio natural.

Paso a hablar de las actuaciones que se llevaron a cabo a lo largo de los
últimos meses. Al respecto, debería informarles que sobre la base de las
directrices marcadas por el Ministro, una de las primeras actuaciones que
se realizó se concretó en la definición de objetivos básicos que
permitirían un diseño eficaz de las acciones ejecutivas del Instituto y
también los indicadores que permitirían hacer un seguimiento de su grado
de cumplimiento, al objeto, en su caso, de corregir las actuaciones
diseñadas. Esta acción, sin duda, permite una mayor racionalización de la
gestión administrativa, con un mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles, y se ha concretado en un cuadro de mandos cuyos detalles no
voy a pasar a especificar, pero que recoge perfectamente una serie de
indicadores que pueden servir para enjuiciar la actuación del Instituto
Nacional de Consumo en sus objetivos más esenciales.

Al margen de esta iniciativa, que se realizó en materia de
racionalización de la gestión administrativa, debo destacar también el
esfuerzo que se ha hecho en la contención del gasto sin disminuir por
ello la eficacia de la gestión. A este respecto, y brevemente, debo
informar a sus señorías que en el presupuesto del Instituto Nacional de
Consumo de 1997 se produjo una disminución importante del gasto en el
capítulo 2, gastos corrientes, del 11,5 por ciento, en pesetas de 1996.

Paralelamente, se ha continuado con la política que se había iniciado en
la anterior legislatura en orden a la reducción de personal mediante la
amortización de las plazas que van quedando vacantes y cuya cobertura no
resulta imprescindible.

Especialmente significativo es el hecho de que, sobre una plantilla
global de 257 personas el año 1992, en diciembre de 1996 se había
producido una disminución de 35, lo que representa prácticamente el 14
por ciento de los efectivos del Instituto Nacional de Consumo. Como saben
también, el presupuesto del Instituto asciende, durante 1997, a 1.574
millones de pesetas frente a 1.672 de 1996. Consideramos, por tanto, que
el esfuerzo que ha realizado el Instituto Nacional de Consumo, en orden a
la adopción de costes, es importante y que, por nuestra parte, debería
darse por concluido en aras a garantizar la eficaz, eficiente y ágil
gestión de la política de consumo, sin llegar al riesgo de adelgazar
tanto la estructura administrativa que haga inviable la adopción de una
política propia de consumo seria y coordinada.

En lo que concierne a realizaciones concretas, y en lo referente al
período de mayo de 1996 a marzo de 1997, yo destacaría lo siguiente. En
el área normativa, la adaptación del ordenamiento jurídico interno a las
normas comunitarias, avanzándose en los trabajos de elaboración de las
normas de trasposición de directivas relativas a los siguientes temas,
cláusulas abusivas en los contratos celebrados por



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consumidores, cuya fecha límite de transposición era al 31 de diciembre
de 1994. Este asunto está sometido a informe del Consejo de Consumidores
y Usuarios el anteproyecto de ley de condiciones generales de
contratación, cuya trasposición correspondería al Ministerio de Justicia;
este último se encuentra en avanzado estado de trámite, pendiente, en
estos momentos, sólo del informe del Consejo de Estado. El segundo asunto
sería la utilización de inmuebles a tiempo compartido, cuya fecha límite
es el 29 de abril de 1997. El anteproyecto de ley de aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles, que como en el caso anterior recoge una
regulación más amplia que la mera trasposición de la norma comunitaria, y
también está muy avanzado, ha sido informado por el Consejo de
consumidores y usuarios y su trasposición corresponde, igual que en el
caso anterior, al Ministerio de Justicia. El tercer asunto es el
etiquetado energético de electrodomésticos, cuya trasposición corresponde
al Ministerio de Sanidad y Consumo, que ya ha elaborado un anteproyecto.

Y, finalmente, la modificación de las indicaciones obligatorias en el
etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios, cuya
trasposición estaba como límite en julio de 1996; también corresponde al
Ministerio de Sanidad y Consumo y el anteproyecto va a ser enviado en un
plazo muy breve al consejo de Estado para su informe.

Sin constituir trasposición de una normativa comunitaria, pero sí de
trascendencia en la protección de consumidores y usuarios, y también
pendiente, está el anteproyecto de ley de ventas a plazos de bienes
muebles, que se encuentra en trámite de audiencia ante el Consejo de
Consumidores y Usuarios, siendo esperada su próxima remisión al Consejo
de Ministros.

No querría tampoco dejar en el tintero la aprobación reciente del Real
Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial
de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria,
y que viene a dar respuesta a los problemas de consumo y salud pública
planteados por la proliferación de productos denominados milagro en el
mercado español. Con el objetivo de lograr la máxima efectividad en la
aplicación de esta norma, el Ministerio, a través de la Dirección General
de Salud Pública, ha puesto en marcha un programa de coordinación
interterritorial e intersectorial, ya que la publicidad y promoción de
este tipo de productos puede encuadrar tanto en el ámbito de la salud
pública como en el farmacéutico o en el de consumo y afectar, en distinto
grado, a diferentes comunidades autónomas. Como resultado de todo ello, y
hasta el pasado día 7 de abril, el Ministerio y las comunidades autónomas
han actuado frente a 54 productos que incluyen, entre otros, complementos
dietéticos, productos adelgazantes y energizantes o con supuestas
propiedades preventivas y terapéuticas frente al cáncer o frente a un
diferente número de procesos y enfermedades.

En el área de cooperación administrativa, el objetivo del Instituto sería
reforzar e intensificar su coordinación con las comunidades autónomas en
sus vertientes de control de mercado, normativa, educación y formación y
arbitraje de consumo. A este respecto querría indicarles que en la
conferencia intersectorial de consumo, que se celebró en Valladolid el
pasado 3 de marzo, se ratificaron diecisiete acuerdos de cooperación de
consumo y se adoptaron dos acuerdos adicionales. En esta conferencia
sectorial de consumo se abordaron cuestiones de índole muy diversa que
por tener especial significación citaría algunas de entre ellas.

En primer lugar, uno de los asuntos abordados en la referida reunión fue
el relativo a la actividad de la Unión Europea. En esta área, además de
abordarse distintos aspectos relacionados con las prioridades de la Unión
Europea, se entró en la consideración del orden del día del Consejo de
Ministros de Consumo que se produjo el pasado 10 de abril, y también en
la modificación del Tratado de la Unión.

En relación con la moneda única, se adoptó el acuerdo de hacer un
seguimiento de la implantación, apoyando y promoviendo la adopción de
cuantas medidas permitan proporcionar al ciudadano un tránsito
transparente y normalizado al nuevo sistema monetario, favoreciendo las
actuaciones útiles para sensibilizar a los consumidores en el proceso de
implantación del euro, fundamentalmente a través de acciones formativas y
de apoyo que favorezcan la creación de un clima de confianza.

También se ratificó un procedimiento para el establecimiento de criterios
comunes y consensuados de interpretación de normas a efectos de
inspección y sanción, adoptándose reglas de competencia territorial. Se
aprobaron las campañas de inspección de ámbito nacional que se
desarrollarían durante el presente ejercicio y que se refieren a
productos dirigidos especialmente al consumo infantil, al etiquetado y
garantía de bienes muebles, a la oferta, promoción y publicidad en la
venta y arrendamiento de viviendas, y a las tarjetas de pago comerciales,
esto es, aquellas que emiten establecimientos comerciales en favor de sus
clientes para domiciliar o aplazar los pagos.

Encuadrado en el Programa coordinado de control de mercado de la Unión
Europea, se acordó, asimismo, realizar la campaña de inspección y control
oficial de productos alimenticios que por su contenido están dirigidos a
personas que sufren alergia o hipersensibilidad a los alimentos, centrada
en el aspecto de contaminación de estos productos. Se trataría, en
consecuencia, de examinar los productos alimenticios que se comercializan
con la indicación de que carecen de algún ingrediente, por ejemplo, los
que no contienen sal para verificar que esto es así en todos sus
extremos.

Esta conferencia sectorial ha aprobado, asimismo, el Plan normativo para
1997, que incluye la elaboración de los textos referidos a los siguientes
asuntos: cartel informativo de los artículos que se están comercializando
después de la fecha de consumo preferente y antes, por supuesto, de la
fecha de caducidad; compra-venta de vehículos de segunda mano; venta,
suministros, revisión e instalación de gases licuados del petróleo, y
condiciones de comercialización de productos textiles.

En el ámbito de la publicidad se ha aprobado un documento en el que se
establecen las líneas de actuación para cooperar en el control
administrativo de la misma con el fin de conseguir la mayor efectividad
en las actuaciones de



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las distintas administraciones públicas en relación con la publicidad
ilícita. Se abordó, por primera vez en este nivel, la preocupación por la
protección de los consumidores usuarios de Internet, realizándose una
primera aproximación al problema con el objetivo de tratarlo en mayor
profundidad a través de la Comisión de Cooperación de Consumo.

Otros asuntos que se trataron también, por completar la exposición, fue
el seguimiento del Plan estratégico de protección al consumidor para el
período 1994-1997 en el ámbito de la Unión Europea, el procedimiento del
sistema arbitral de consumo y el procedimiento sancionador.

En relación con la línea décima, que ya expuso el Ministro en su
comparecencia inicial y que reza «Contribuir a que todas las
administraciones con competencias en consumo cooperen a una acción
eficiente», la Comisión de Cooperación y Consumo se ha reunido en cinco
ocasiones durante el período de julio de 1996 hasta febrero de 1997, y
hemos hecho énfasis especial en incrementar el número de reuniones hasta
llegar a una expectativa de que debe llevar a cabo una media de ocho
reuniones anuales.

En materia de colaboración con las corporaciones locales, se ha seguido
la línea tradicional de instrumentalizarla a través de los convenios
suscritos con la Federación Española de Municipios y Provincias. En el
año 1996, la contribución económica del Instituto Nacional de Consumo en
la ejecución del convenio ascendió a diez millones y medio de pesetas,
que se destinaron fundamentalmente a la financiación de un encuentro
relativo a la política de consumo, en el que se estableció el papel que
han de jugar los servicios de consumo de las corporaciones locales en el
contexto del Mercado Unico Europeo, la implantación de una aplicación
informática para la gestión de los servicios municipales de consumo y la
elaboración de un manual sobre inspección de consumo.

En lo que se refiere al área de información, formación y educación, se ha
incrementado de forma importante la actividad del Instituto Nacional de
Consumo, también en línea con la segunda de las directrices que se
establecieron por el Ministro en la comparecencia inicial de mejorar la
educación y la información de los consumidores.

El boletín «Noticias», que el Instituto Nacional de Consumo comenzó a
elaborar en noviembre de 1996, realizado íntegramente con medios propios
y cuyo objeto es facilitar una información general sobre los diversos
asuntos de actualidad en el mundo del consumo, ronda ya los 2.000
ejemplares y se distribuye, entre otros lugares, en las oficinas
municipales de información al consumidor, las direcciones generales de
consumo de las comunidades autónomas, diversos departamentos de la
Administración central vinculados al consumo, asociaciones de
consumidores, Defensor del Pueblo, grupos parlamentarios, instituciones
europeas, organismos iberoamericanos y empresas adheridas al sistema
arbitral de consumo. Por otro lado, y desde 1996, el Instituto Nacional
de Consumo accede gratuitamente al espacio normativo de Radio 5 «Todo
noticias», donde se divulgan temas de consumo de interés para el
ciudadano y de orientación práctica. Las asociaciones de consumidores
también tienen acceso libre a estos espacios.

Se ha incrementado notablemente la intervención de técnicos del Instituto
en la gran mayoría de informativos radiofónicos y televisivos de emisoras
de ámbito nacional, autonómico y local, aparte de la constante emisión de
notas de prensa y la participación de expertos del Instituto Nacional de
Consumo en las entrevistas que se solicitan por parte de los medios de
comunicación.

La escuela de consumo impartió, en 1996, quince cursos destinados a
inspectores de consumo, técnicos y asociaciones de consumidores, técnicos
de laboratorio y técnicos del sistema arbitral de consumo. Para 1997 se
prevé la realización de doce cursos, y se han realizado asimismo,
actividades que refuerzan la educación y la formación del consumo.

Concretamente, las actividades previstas para 1997 se refieren, por una
parte, a facilitar el desarrollo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de técnico superior en servicios del
consumidor, apoyar la especialización en consumo de jóvenes
universitarias que han optado por titulaciones de reciente creación, por
ejemplo, la licenciatura de medio ambiente, e introducir seminarios de
consumo en titulaciones universitarias tradicionales, como sociología,
ciencias de la información, ciencias económicas empresariales, derecho,
etcétera. Finalmente, potenciar la relación medio ambiente-consumo en
cuanto a incluir la gestión medioambiental en los centros de la
Administración.

En lo referente al fomento del movimiento asociativo, que, como he
informado a sus señorías, constituye una de las áreas de actuación
preferente del organismo y además se corresponde con la tercera línea
directriz que estableció el Ministro en su comparecencia inicial, se va a
potenciar la representación de los consumidores y su participación en las
decisiones que les afectan, y el Gobierno ha afrontado el problema de la
consolidación de un movimiento asociativo de consumo desde distintas
perspectivas. Por un lado, manteniendo, a pesar del esfuerzo de
contención del gasto público, una dotación presupuestaria para su fomento
a través de las subvenciones, que constituyen una cantidad de 225
millones de pesetas en 1997. No obstante, la orden de la convocatoria
presenta sustanciales diferencias respecto a normas anteriores,
potenciando la colaboración entre organizaciones, priorizando los
programas conjuntos y reforzando los mecanismos de control y
racionalización en la utilización de fondos públicos.

Por otro lado, como les he indicado, se han reforzado las actuaciones del
Consejo de Consumidores y Usuarios, constituido en su segundo mandato el
25 de junio de 1996. En este corto espacio de tiempo cabe destacar su
actuación en cuanto a la celebración de una jornada sobre la moneda
única, su participación activa de los grupos de trabajo constituidos en
el seno del Ministerio de Industria y Energía para el desarrollo del
protocolo eléctrico nacional, su posicionamiento público en relación con
los productos manipulados genéticamente, exigiendo que esta circunstancia
se haga constar en el etiquetado y otras actuaciones del Consejo de
Consumidores y Usuarios que no voy a relatar para no extenderme
demasiado.

Como he tenido ocasión de exponer ante sus señorías, los anteproyectos de
ley que se están tramitando en estos



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momentos, y que pueden afectar a los consumidores y usuarios, están
siendo sometidos a audiencia del Consejo de Consumidores, lo que, al no
constituir, por otra parte, un trámite legal de obligado cumplimiento,
pone de manifiesto nuestra voluntad de fortalecer la actividad de este
órgano, al igual que la presencia en el mismo de diversos responsables
políticos y administrativos para informar sobre las medidas adoptadas por
el Gobierno.

En materia de justicia, que también constituye uno de los puntos, de las
líneas directrices básicas que se establecieron en su momento, el
objetivo es reforzar y potenciar el sistema arbitral de consumo, para lo
cual se está procediendo a realizar la actividad de las 57 juntas
constituidas que nos permita determinar y poner en práctica las acciones
necesarias para lograr un buen funcionamiento del arbitraje de consumo y
conseguir la consolidación de este sistema.

El sistema arbitral de consumo, que se constituyó como un sistema
extrajudicial y voluntario de la resolución de conflictos planteados por
los consumidores, ha contribuido, sin duda, a garantizar su acceso a la
justicia, y ello por su carácter gratuito, poco formal, ejecutivo y
rápido.

La dificultad de la resolución de los conflictos de consumo ante los
tribunales de justicia tiene su origen, como se puede imaginar, y entre
otras causas en su escasa cuantía, que pocas veces justificaría el gasto
ocasionado como consecuencia de las acciones judiciales. Por ello, el
sistema arbitral de consumo se revela como un instrumento eficaz para
resolver esas dificultades añadidas. Además, contribuye a descargar a los
tribunales de justicia del ingente trabajo y probable colapso que
supondría la generalización de las acciones de consumo en el supuesto de
arbitrarse procedimientos más simplificados y sin coste para la
resolución de ese tipo de conflictos.

El reto del sistema arbitral de consumo es el de conseguir que el
consumidor lo perciba como un elemento diferenciador en favor de la
calidad y atención que le ofrece al comercializador y/o productor de
servicios, discriminando sus opciones de compra a aquellos
establecimientos adheridos al sistema.

Paralelamente, respecto de los sectores empresariales, debe avanzarse su
convencimiento a esos sectores de que la adhesión al sistema arbitral
constituye un elemento más de los servicios ofertados y contribuye a su
imagen de marca. En 1996 se dio un fuerte impulso al sistema como
consecuencia de la adhesión, entre otras, de las empresas de telefonía
móvil Airtel y Telefónica móviles, y de Unespar, patronal de seguros,
adhesión esta última de gran trascendencia por la importancia que ese
sector tiene para el consumidor medio. A la adhesión de la patronal de
seguros le ha seguido la de las compañías aseguradoras en número de
quince hasta estos momentos. Se considera inminente la constitución de la
junta de arbitraje de Cantabria, única de ámbito autonómico no
constituida hasta la fecha.

Y ya para finalizar esta comparecencia, diré que uno de los puntos que
también se trató en la comparecencia inicial del Ministro, exactamente el
número 8, hacía referencia a la cooperación con los países
iberoamericanos que están iniciando el desarrollo de la protección del
consumidor. En esta línea tengo que decir que no sólo se han venido
manteniendo los contactos bilaterales, la línea de colaboración y
prestación de apoyo y la asistencia técnica que tradicionalmente se ha
seguido por el Instituto Nacional de Consumo, sino que esta colaboración
se ha visto reforzada recientemente con la celebración del primer
seminario sobre derecho y política de consumo que se organizó en Colombia
entre los días 31 de marzo y 4 de abril por el Instituto Nacional de
Consumo y el Instituto de Cooperación Iberoamericana de la Agencia
Española de Cooperación Internacional. Además, se ha sugerido, por parte
del resto de los países, la posibilidad de institucionalizar esta reunión
mediante la celebración de seminarios anuales para los que ya se han
ofrecido posibles sedes.

Concluyo ya, señorías, esperando que esta intervención, quizás un poco
pesada, haya podido ser clarificadora en cuanto a las líneas de política
de consumo, lo que se ha hecho hasta la fecha y los trabajos que se van a
desarrollar en los sucesivo, siempre de acuerdo con las líneas que se
establecieron inicialmente en esta comparecencia inicial. En cualquier
caso, estoy a su disposición para aclarar cualquier duda o comentar los
aspectos que hayan podido quedar poco o nada claros en esta primera
exposición.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Montes Contreras.




La señora MONTES CONTRERAS: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
darle la bienvenida de nuevo, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, al señor Castellón a esta Comisión de Sanidad y Consumo.

Quisiera empezar mi intervención destacando la importancia que para el
Grupo Socialista ha tenido, a través de todos los años en los que ha
estado llevando a cabo la gestión en materia de política de consumo, lo
que era la defensa de los derechos de los consumidores, porque
consideramos que en una economía de mercado en la que estamos inmersos, y
en un Estado social y democrático de Derecho, no podía ser de otra manera
sino que desde el Gobierno se viniese, de alguna manera, a discriminar
positivamente a una parte de la relación entre consumidores y productores
que por el devenir económico resulta ser la más débil. No cabe duda de
que la compleja situación de producción, la amplia oferta que actualmente
sale de nuestro mercado hace que cada vez sea más difícil para el
consumidor tener conocimiento y poder salvaguardar todos sus derechos
frente a la oferta de los productores.

Nosotros siempre hemos propuesto la salvaguarda de los derechos de los
ciudadanos como consumidores, el derecho a la seguridad y a la salud, el
derecho a la protección de sus intereses económicos, el derecho a la
información, educación y formación y el derecho a la participación de los
consumidores en todas aquellas decisiones que podían afectarle
directamente. Y desde aquí quiero dar la enhorabuena al Gobierno del
Partido Popular, porque, a través de la exposición que nos ha hecho el
señor Castellón, ha venido a posicionarse en la misma línea en la que
hemos venido trabajando los socialistas desde hace ya bastantes años.




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Quisiera también destacar el fuerte impulso que se ha dado a las
políticas de consumo en este primer año de gobierno el Partido Popular,
pero la apreciación que nosotros tenemos es que tampoco ha habido tal
impulso. Quizás se ha dado un solapamiento de las políticas de consumo,
que han quedado relegadas frente a las políticas de sanidad. El hecho de
que el Ministerio sea de Sanidad y Consumo hace que, de alguna manera,
las políticas de sanidad, que tienen mayor repercusión a nivel social,
solapen y dejen en un segundo término las políticas de consumo. Nosotros
creemos que es importante que se le dé al consumo la importancia que
tiene, porque al final estamos defendiendo los intereses de todos los
ciudadanos. Es importante, insisto, que se le dé mayor auge a esta
política de consumo, ya que en este año no lo hemos visto.

Compartimos también el planteamiento de que los ciudadanos españoles,
como consumidores, no podemos ya circunscribirnos solamente a lo que es
el mercado interior español. Estamos en el Mercado Unico Europeo, y esto
hace que las relaciones sean bastante más complejas y que los
consumidores españoles tengan acceso a una serie de productos de fuera de
nuestras fronteras, y que, a la vez, los productores españoles tengan que
competir con sus productos fuera también de nuestras fronteras, con lo
cual, todo lo que hace referencia a la producción normativa quizás ya no
tiene ese marcado carácter interno, sino que cada vez es más abierto.

Todo esto hace que, en lo sucesivo, la producción normativa sea más de
ámbito comunitario y será a la Administración del Estado a la que
corresponda armonizar esas directivas comunitarias con todo lo que es
nuestro marco legal a nivel nacional en aquellas competencias que son
exclusivas del Gobierno de la nación, y a nivel autonómico cuando las
competencias sean de ámbito autonómico.

Le damos la bienvenida a este posicionamiento que, al final, nosotros
entendemos que lo que hace es continuar con las políticas que en materia
de consumo se han venido desarrollando desde el Grupo Socialista cuando
ha estado en el Gobierno.

Una de las líneas estratégicas que nosotros siempre habíamos planteado
era la normativa --y aquí el señor Castellón nos ha puesto de relieve que
están trabajando en este área de producción de normas--, pero quiero
hacerle una reseña, porque la política de protección de los consumidores
en nuestro país comienza en los años 80, básicamente. Desde ese momento
hasta la actualidad, por los sucesivos gobiernos que ha tenido nuestra
nación, se ha hecho un esfuerzo en producción normativa, lo que hace que
la defensa de nuestros consumidores haya alcanzado unas cotas en
bastantes casos por encima de la media europea. Esto hay que reconocerlo,
y hay que reconocer la capacidad que han tenido los distintos gobiernos
para realizar las investigaciones y establecer ese marco normativo muchas
veces por encima de lo que es la media de protección en otros países de
nuestro ámbito europeo. Desde aquí queremos animar al Gobierno para que
tengan esta capacidad de previsión y de seguir produciendo normas que nos
sitúen en una posición ventajosa con respecto a nuestros socios europeos.

Otra de las líneas estratégicas que los socialistas hemos mantenido a lo
largo de estos años ha sido el control del mercado. No basta con que se
produzcan las normas, sino que es preciso que los bienes y servicios se
ofrezcan a los consumidores con arreglo a estas normas que estamos
estableciendo. En este sentido, queremos animar al Gobierno para que siga
coordinando este control de mercado, que participe de lo que es el
control del mercado exterior, de países de fuera de nuestra comunidad. El
Gobierno de la nación tiene encomendado lo que es el control del comercio
de la Unión Europea. Esto garantiza la seguridad de todos los bienes y
servicios que puedan entrar en la Unión Europea pero, por otro lado,
tiene que garantizar que nuestro comercio interior, nuestros productos
nacionales cumplen toda esta normativa. De esta forma, si garantizamos
que lo que se produce en nuestra industria cumple las garantías,
lógicamente estamos potenciando su posición de salida al mercado europeo.

En este sentido, el control del mercado se nos muestra como un mecanismo
bastante eficaz, tanto para la defensa de la garantía de los derechos de
los consumidores como para el propio desarrollo de la economía nacional.

Nosotros hemos defendido tradicionalmente que este control de mercado se
base en los principios de profesionalidad, y de suficiencia de medios,
incorporando todas las nuevas tecnologías de información para que sea
capaz de crear bases de datos y dar respuestas rápidas. Esto se ha hecho
así hasta ahora y esperamos que en adelante se siga potenciando. También
pensamos que los principios de claridad, de armonía de mercado y de la
eficiencia, con el empleo racional de los medios, deben inspirar el
control del mercado.

Otra de las líneas estratégicas que nosotros hemos venido defendiendo es
el fomento del asociacionismo del consumo. Vemos que se sigue manteniendo
este objetivo de fomento de las asociaciones de consumidores, y no podía
ser de otra manera porque viene impuesto tanto por la Constitución como
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esto es
importante porque en la medida en que las asociaciones de consumidores
sean fuertes y sean capaces de representar los intereses de los
consumidores, será menos precisa la intervención tutelar por parte de la
Administración. De cara a potenciar este asociacionismo y de cara a hacer
que estas asociaciones de consumidores sean fuertes, el Grupo Socialista
también comparte la línea de fomentar la autosuficiencia de las
asociaciones de consumidores. Sin embargo, hemos de partir de la realidad
que tenemos en nuestro país. En otros países de nuestro entorno europeo
es cierto que hay asociaciones de consumidores bastante más fuertes que
las nuestras, que se financian básicamente a través de revistas que
publican estudios sobre productos que hay en el mercado. La venta de
estas revistas que ofrecen una información al consumidor les permite
prácticamente financiarse. En España el tiempo que llevamos en esta
andadura es bastante menor y aunque nos encontramos con una situación
bastante buena, la verdad es que no estamos en los niveles en que se
encuentran otros países europeos. Desde aquí queremos seguir animando al
Gobierno para que siga potenciando y subvencionando a estas asociaciones
de consumidores,



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porque compartimos también los criterios que ha dado el señor Castellón
en cuanto a estas subvenciones a las asociaciones.

Creemos que es importante el papel que tienen las asociaciones de los
consumidores en cuanto a las funciones de educación, información y de
formación. Para ello la publicación de análisis comparativos hace que
nuestros consumidores se encuentren con más armas en sus manos a la hora
de tener que decidirse entre una opción y otra y, además, orientan la
demanda hacia aquellos productos que ofrecen una mejor relación
calidad-precio, con lo cual se sigue potenciando todo lo que concierne a
la competencia. Esto hace que los fabricantes tengan que esforzarse en
elaborar aquellos productos que son más demandados. Lógicamente, si el
consumidor tiene la información sobre qué productos son los que mantienen
mejor esta relación calidad-precio, esto va a dirigir de alguna manera la
producción.

También consideramos que es importante para este fomento de las
asociaciones de consumo el hecho de que, en la medida de lo posible, sea
un movimiento asociativo más fuerte que el actual, en el sentido de que
no sea tan atomizado. Es verdad que es un movimiento atomizado y que
tiene pocos afiliados, pero para que haya más afiliados, los consumidores
tienen que ver que las asociaciones de consumidores son los
interlocutores válidos tanto con la industria como con la Administración.

Por eso, desde la Administración, debemos seguir potenciando el que estas
asociaciones de consumidores sean los interlocutores válidos. En este
sentido hay que seguir trabajando en el Consejo de Consumidores y
Usuarios como órgano de representación de los consumidores y potenciar
este órgano mediante recursos y medios que hagan posible que esta
representación sea real.

El acceso a la justicia es otra de las líneas en la que hemos venido
trabajando y tenemos claro que debe ser una de las líneas estratégicas
para el desarrollo de políticas de consumo. Desde aquí queremos animar al
Gobierno a que siga potenciando estas juntas arbitrales y que se creen
todas las que quedan pendientes. Esto es importante porque, sabemos que
son las empresas las que voluntariamente deciden si quieren pertenecer o
no a estas juntas arbitrales. De todas formas, creemos que se puede
potenciar el que las empresas participen en estas juntas arbitrales si
conseguimos, y en este sentido creo que la Administración del Estado
también debe de jugar su papel, que la opinión pública tenga una
información real de los beneficios que supone el sistema arbitral del
consumo. Esto hará a su vez que para las empresas sea interesante
adherirse al sistema arbitral de consumo y así seguir potenciando este
mecanismo.

Con relación a las relaciones extrafronterizas en Europa, nos parece muy
bien que se intenten desarrollar, a nivel europeo, mecanismos similares a
los que tenemos establecidos en España.

En cuanto a la información, formación y educación que debe de ser otra
línea estratégica en lo que es política de los consumidores, creemos
importante que se siga produciendo esta información, esta formación y
esta educación, ya que esto posibilitará que los ciudadanos puedan
conocer cuáles son sus derechos y ejercerlos, porque si no conocemos
cuáles son los derechos difícilmente los vamos a ejercer. Es importante
que desde el ministerio se fomente que haya una información homogénea
sobre las características de los productos, de los bienes, de los
servicios en todas las comunidades autónomas para que los ciudadanos
puedan comparar. Es importante en esta materia de información...




El señor PRESIDENTE: Señora Montes, le pediría por favor que abrevie. Ha
sobrepasado muchísimo el tiempo. Su derecho es su derecho, pero no abuse.




La señora MONTES CONTRERAS: Intento ir rápida.

La publicidad es una de las informaciones que con mayor facilidad llega a
los ciudadanos y creemos que es importante el control y el seguimiento
que desde los poderes públicos y desde las organizaciones de consumidores
se hace de la publicidad. En este sentido, a mí me gustaría incidir
específicamente en cómo se realiza actualmente la publicidad del tabaco.

Parece que se está dando una interpretación un poco laxa de lo que es la
normativa en cuanto a publicidad del tabaco. Es una preocupación no ya
solamente nuestra sino que, a nivel europeo, en ese Consejo de Ministros
al que el señor Castellón ha hecho referencia, se refleja también la
preocupación que los Estados miembros tienen por la problemática del
tabaquismo y su incidencia a nivel europeo y español. Yo tengo por aquí
una nota en la que se habla de que el tabaquismo es la primera causa de
muerte en España. Con todos sus problemas asociados. Sería importante que
desde el Gobierno se acometieran acciones que viniesen a poner alguna
cortapisa a este tipo de publicidad que últimamente estamos viendo en los
autobuses urbanos, que son servicios públicos. Pensamos que en una
legislación como la nuestra deberíamos ser un poco más restrictivos y
hacer efectivos los derechos de los ciudadanos a la salud.

También me gustaría, por un lado, que se potenciase la creación y el
acceso a base de datos sobre legislación y documentos de consumo, de
forma que tanto las asociaciones como las personas interesadas, los
consumidores, tuviesen acceso a esta documentación. Por otro, desde el
Ministerio de Sanidad y Consumo debe fomentarse la educación de los
consumidores no sólo como parte de la relación comercial, sino la
educación de esa capacidad crítica como consumidor para saber cómo
enfrentarse a esa publicidad.

Respecto a la cooperación institucional, el señor Castellón ya nos ha
hecho una exposición muy detallada de la reunión que ha mantenido la
conferencia sectorial de consumo. Quiero destacar también el papel
importante de la comisión de cooperación de consumo, que está formada por
el Instituto Nacional de Consumo y los directores generales de consumo,
cuya labor debemos de seguir potenciando, ya que fruto de ella son esos
documentos en los que se venía trabajando desde hace bastante tiempo y
que se han aprobado en la conferencia sectorial de consumo. Eran líneas
de actuación que ya estaban establecidas y pedimos que se siga
potenciando esta cooperación institucional.




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En cuanto a la integración en otras políticas, que es otra de las líneas
estratégicas de política en materia de consumo, he de decir que,
efectivamente, al consumidor le afecta prácticamente todo lo que se
decide por otros departamentos. La Ley General de Defensa de Consumidores
y Usuarios declara que la defensa de los consumidores ha de ser tenida en
cuenta por los poderes públicos en sus actuaciones y desarrollos
normativos. Aquí quiero hacer especial mención al descontento que el
Consejo de Consumidores y Usuarios muestra en cuanto al desarrollo del
protocolo eléctrico. La información que tengo es que no han sido
consultados ni informados. Es una explicación que aparece en una revista
de información a los consumidores y me gustaría que esta línea
estratégica de políticas de consumo no sólo sea una declaración de
intenciones sino que esta integración en otras políticas se lleve a cabo
de forma real.

También me gustaría destacar un último aspecto. La subida de las tarifas
telefónicas es una de las medidas que también ha sido criticada por las
organizaciones de consumidores y usuarios. Por ello, hay que decir al
Gobierno que, por favor, no olvide a las organizaciones de consumidores
porque tanto por ley como de hecho, son los únicos interlocutores que
están capacitados para defender los intereses de los ciudadanos como
consumidores.




El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario de Sanidad y Consumo tiene la
palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): En primer
lugar, agradezco la intervención porque creo que es un ejemplo de que
cuando los temas, sobre todo en este tipo de política de consumidores, se
llevan de una forma razonable, puede no ser difícil coincidir. Y no es
que coincidamos nosotros, es que la mayor parte de los países de la Unión
Europea coincide en los planteamientos de garantizar esos derechos a que
ha hecho referencia de seguridad y salud, intereses económicos y
participación de los consumidores, de manera que patrocinar ese tipo de
políticas es la tónica general entre los países de la Unión Europea.

Tampoco tiene nada de extraño porque creemos en el mercado, pero también
creemos que el mercado es imperfecto y que un necesario equilibrio, en
estos momentos, consiste justamente en reforzar el papel o en garantizar
la posición del consumidor. Pensamos también que en el futuro habrá que
seguir trabajando por la vía de reforzar esa posición, para que, en un
marco de garantías en elementos básicos, sean los consumidores los que
puedan realmente ejercer con fuerza esa posición de interlocutores y que
la ecuación productos-consumidores tienda a equilibrarse. De manera que
sobre eso no es difícil que estemos de acuerdo.

En relación con lo que ha comentado sobre la apariencia de poco impulso a
las políticas de consumo y a que parecen relegadas con respecto a las
políticas de sanidad, justamente continuando su propio argumento, creo
que es evidente el interés que entre la opinión pública, sobre todo en
estos últimos tiempos, suscitan los temas de sanidad. Por eso, para
desgracia nuestra, que tenemos mucho interés en reforzar el papel del
Ministerio como responsable del área de consumo, nos encontramos con que
en general se da más importancia a los temas de sanidad --que no discuto
que son muy importantes-- que a los de consumo, y, por decirlo de alguna
forma, esto va en contra de nuestro interés, ya que realmente queremos
reforzar los temas de consumo. De manera que ahí hay una dificultad de
visualización de las políticas de consumo que hace que parezca que no se
está dando impulso. Yo creo que se está dando un impulso importante a los
temas del consumo, aunque siempre es mejorable.

También ha comentado la importancia --yo he insistido sobre ello--, cada
vez más acuciante, de una buena conexión entre las directivas de la Unión
Europea y la normativa que se aprueba tanto a nivel estatal como a nivel
de las comunidades autónomas. De ahí el papel de pivote, sobre el que yo
he insistido, del Instituto Nacional de Consumo como elemento de enlace
entre las políticas que se elaboran a nivel de la Unión Europea y las
políticas que se elaboran a nivel de las comunidades autónomas. Esto lo
hemos justificado en muchas ocasiones cuando se ha hablado del Instituto
Nacional de Consumo, cuyo papel hoy allí es muy relevante, pero que
incluso lo será más en el futuro.

No voy a extenderme sobre el tema del control de mercado. Se ha editado
un documento por parte de la Conferencia sectorial de consumo, que
podemos suministrar, sobre procedimientos para notificación, control y
seguimiento de productos de consumo no alimenticios que puedan suponer un
riesgo para la seguridad de los consumidores. Esto recoge el interés que
ha habido en la Unión Europea en relación, precisamente, con la respuesta
en materia de seguridad de los productos al desaparecer las fronteras
interiores comunitarias. Concretamente, en el marco de la Directiva
92/59, se consideró necesario disponer de un sistema de intercambio
rápido de información en situaciones de urgencia, derivadas de la
existencia de productos que pudieran suponer un riesgo, y también la
Comisión Europea, mediante la Recomendación 92/579, invitó a los Estados
miembros a crear las infraestructuras necesarias para la identificación
de los productos peligrosos en las fronteras exteriores, con objeto de
garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores no sólo en
el interior del territorio. Es un documento bastante extenso y no voy a
prolongarlo más, pero está a su disposicón. Creo que el control del
mercado es un tema básico y hay la información adecuada que permita
llevar este control con efectividad.

En cuanto al fomento del asociacionismo, estoy completamente de acuerdo.

Creo que es un objetivo importante, conectado con lo que decíamos al
principio. Nosotros reforzamos con intervención estatal el equilibrio en
esa ecuación consumidor-productor, pero es una solución coyuntural. La
solución definitiva es que se refuercen las asociaciones de consumidores
y se alcance la autosuficiencia en cierto sentido, aunque sin duda nunca
sea total. La autosuficiencia es un objetivo importante.




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También coincido en el hecho de que --además precisamente ahí dirigimos
nuestras políticas-- en la medida en que los consumidores vean lo
efectivas que puede llegar a ser las asociaciones de consumidores,
ciertamente podrán incrementar su participación en ellas. Así estas
asociaciones también verán los beneficios de no estar absolutamente
dispersas, como están en estos momentos, y el reforzamiento de esa
posición del consumidor al final será muy interesante para que funcione
correctamente el mercado.

La información, formación y educación son un objetivo obligado por
nuestra parte. Sí creo que están haciendo cosas en el tema de formación.

Cuando he analizado las actividades desde junio, he hecho referencia a
que se han llevado a cabo veintidós cursos de consumo en la escuela, y
desde octubre de 1996 se publica el boletín de noticias, desde enero y se
ha empezado a transmitir información por Internet. De manera que aquí,
aunque siempre hay cosas por hacer y hay que mejorar bastante, se está
incidiendo de manera clara en los temas de formación.

Con respecto a la publicidad del tabaco y a su interpretación laxa, es
posible, no discrepo. Compartimos la preocupación. Sabemos que en España
el tema de publicidad está en unos perfiles inferiores a otros de la
Unión Europea y, desde luego, el Gobierno en un tiempo breve acometerá
acciones en este sentido.

En relación con la accesibilidad a los datos sobre documentación de
consumo, si hay alguna cuestión concreta que podamos resolver con los
métodos y medios que tenemos en estos momentos, no hay ningún problema en
transmitir información. Creemos además que es obligado. No tenemos ningún
reparo en reconocer que la transparencia de información es vital en este
mercado y, desde luego, si nos indican que hay temas con insuficiencias,
estamos dispuestos a corregirlas.

Finalmente, ha resaltado del papel de las asociaciones de consumidores en
todo tipo de políticas, porque de forma indirecta siempre afectan a los
consumidores. He comentado en mi exposición inicial que estamos haciendo
un esfuerzo para que el Consejo de Consumidores y Usuarios sea oído
incluso en aquellas materias en las que no es preceptivo. Hemos
conseguido que se le escuche en muchos ámbitos y vamos a proceder a
enviar un documento a distintos departamentos del Gobierno, para
acrecentar este reforzamiento del consejo como un órgano que debe ser
escuchado en múltiples asuntos. Pero eso tiene que ir en paralelo, así lo
estamos hablando con las propias asociaciones, con un reforzamiento del
Consejo de Consumidores y Usuarios, de manera que puedan hacer frente a
todos los informes y dictámenes que se les pidan, porque, si no, tampoco
tenemos interés en agobiar a las asociaciones de consumidores con la
solicitud de múltiples informes, ya que probablemente, en muchos casos,
no tendrían el soporte administrativo suficiente como para poder
abordarlos. De manera que, concomitantemente, vamos a tratar esos temas
con las asociaciones de consumidores y, también, vamos a incidir en los
departamentos del Gobierno para que se envíen todavía más asuntos a
dictamen o informe de los consumidores.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Riera.




La señora RIERA I BEN: Voy a ser muy breve en mi intervención.

Ante todo, señor Castellón, quiero darle la bienvenida a esta Comisión de
Sanidad y aprovechar para reconocer públicamente que, últimamente, a
usted le estamos dando la bienvenida casi de continuo, lo cual es de
agradecer porque quiere decir que no escatima en absoluto su presencia en
esta Cámara.

Hoy hemos tenido dos comparecencias que pienso que son complementarias y
que en ciertos aspectos se solapan. El Director General de Salud Pública,
señor Francisco Polledo, ha tenido una intervención larga y extensa que
en ciertos aspectos usted ha complementado o a la inversa, porque me
parece que es muy difícil hablar de salud pública sin hablar de consumo y
viceversa.

Por tanto, sólo he de manifestarle, señor Subsecretario, que nuestro
grupo parlamentario comparte, en líneas generales, el criterio que usted
ha manifestado. Compartimos completamente la importancia que tiene que
desde el ministerio se coopere con las comunidades autónomas que tienen
competencias en esta materia. Compartimos la importancia de la
conferencia sectorial del consumo como órgano importante en el plan
estratégico. Y, desde luego, compartimos también la importancia que el
ministerio quiere dar a la representación de la asociación de
consumidores, fomentando su operatividad y procurando en lo posible que
deje de ser un organismo excesivamente atomizado, donde a veces se
trabaja de forma descoordinada.

La representante del Grupo Socialista ha tenido una larga y amplia
intervención que pienso que en muchos aspectos ha sido reiterativa
incluso con la de usted, porque hay más puntos de coincidencia que de
desacuerdo, afortunadamente. Simplemente quisiera también manifestar la
inquietud de nuestro grupo para que, dentro de las políticas de consumo
se dé un papel predominante y relevante a lo que es la educación en el
consumo ya desde niveles primarios como puede ser en la escuela. Sin
duda, si educamos ya a nuestros niños en criterios de calidad de consumo
y de calidad de mejora del nivel de vida, todas las políticas que luego
puedan coadyuvar a ello tendrán una tierra mucho más abonada y mucho más
receptiva para que, entre todos, podamos mejorar en este importante
aspecto.




El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede contestar el señor
Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Yo creo que
el tema de la cooperación es obligado. Queremos insistir en que incluso
se incremente el número de reuniones en las que se tocan los temas, y
queremos ampliar el número de temas que se tocan. En relación con la
última cuestión, evidentemente, nos preocupa. Se ha hecho un énfasis
bastante grande en los temas



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de educación. En otros ámbitos de mayor edad, aunque siempre jóvenes, en
relación con las distintas titulaciones, tanto de medio ambiente como en
otras más tradicionales de sociología o ciencias económicas, intentamos
incorporar a los programas temas de consumo, pero, sin duda, también es
importante y más eficiente empezar en la escuela. Estamos trabajando en
ello, pero no se le escapa que son tantas las materias que inciden en el
período de formación en la escuela que los propios maestros a veces se
encuentran un poco agobiados al tener que incorporarlas.

Insistiremos sobre ello, pero teniendo en cuenta las limitaciones propias
del órgano vector, para que tenga capacidad para emitir toda esta
información adecuadamente a los niños que están en este período escolar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Burgos.




El señor BURGOS GALLEGO: Mi grupo parlamentario tiene que comenzar su
intervención agradeciendo al señor Subsecretario su comparecencia y
también la presencia de otros responsables de la política de consumo de
su ministerio. Sean todos bienvenidos a esta Comisión y esperamos que en
este área de consumo se reproduzca su comparecencia con una cierta
periodicidad, aunque sólo sea para modificar la tendencia de situaciones
anteriores. Yo creo que su intervención ha sido muy rigurosa y consagra
la definición de la política de consumo como una política de madurez,
plenamente adaptada a lo que es la nueva dimensión, la dimensión europea,
que marca decisivamente las actuaciones en estas materias.

Me he tomado el trabajo de releer intervenciones de otras legislaturas,
que la portavoz anterior del Partido Socialista ha reiterado casi
milimétricamente, y creo que ciertamente hemos dado un salto cualitativo
muy importante con respecto a anteriores intervenciones. Su intervención
hoy aquí, señor Subsecretario, no deja lugar a dudas del cambio de
perspectiva, de criterios y de enfoque ante ésta que juzgo una nueva
realidad. Yo creo que usted ha aportado hoy actuaciones concretas,
orientaciones de futuro y, sobre todo, una perspectiva desde luego
muchísimo más integral y muchísimo más adaptada a esa nueva realidad que
en ocasiones anteriores.

Es verdad que la política de los consumidores ya no deja indiferente a
los ciudadanos y eso, de alguna manera, también debe afectarnos a sus
representantes políticos y a los medios de comunicación social. Este es
un dato muy relevante porque la política de consumo se configura ya como
una fuerza transversal, bien es verdad que hoy por hoy bastante virtual,
pero que incluye a todas las categorías sociales y, si me apura, a todas
las fuerzas políticas en la preocupación por estas materias, ya que yo
soy de los que piensan que constituyen sin duda una de las orientaciones
de la política del futuro.

A mí me ha interesado especialmente la parte de su intervención que hace
referencia a su posicionamiento en el proceso de liberalización de los
servicios públicos. Sin duda uno de los aspectos que no había tenido
hasta ahora suficiente tratamiento en materia de políticas de consumo en
nuestro país había sido la orientación del consumidor como usuario de los
servicios públicos y no solamente como consumidor de los productos, ya
sean alimentarios o de otra índole. Esta paulatina liberalización de los
servicios públicos, tanto en nuestro país como en el resto de Europa,
tiene una importancia decisiva en la vida cotidiana de nuestros
ciudadanos, que afecta a ámbitos como las telecomunicaciones, la energía,
los transportes, correos, etcétera. Yo creo que de todo este proceso de
liberalización hay que extraer una conclusión evidente y es que esto se
debe trasladar a ventajas objetivas para el consumidor en términos de
posibilidad de elección, de aumento de la calidad de la oferta y de
mejora en la política de precios. Esta es la política general del
Gobierno del Partido Popular y es una política que debe tener también su
correlato inmediato en la orientación de la política del consumo, para
que esos ámbitos de liberalización no supongan, en absoluto, merma de los
derechos de los usuarios sino todo lo contrario.

Por eso, mi grupo le anima, como responsable último de esta política de
consumo, a que esa nueva orientación, que también afecta a otros ámbitos
de la política de su propio Ministerio, se oriente permanentemente a la
defensa del ciudadano como usuario, como consumidor y como contribuyente,
es decir, como objeto de estas políticas, ya que, al final, lo que
consagra esta política es que el consumo, en su más amplio concepto, debe
satisfacer los derechos del ciudadano y no tanto una dimensión concreta
de esa ciudadanía.

Quiero felicitarle porque de su exposición se denota, fundamentalmente,
que hemos superado una etapa de estancamiento en esta materia,
últimamente enmarcada por una cierta pasividad y por la ausencia de
iniciativas. Aquí se ha recalcado especialmente la relevancia plena que
tiene la coordinación con otras administraciones en esta materia. Y
recuperar por parte del Ministerio, por parte de los responsables de
consumo, los cauces institucionales de cooperación y de coordinación de
las administraciones, entendemos que era un objetivo absolutamente
fundamental.

La conferencia sectorial de consumo --y quiero recordar que es el máximo
órgano de coordinación que existe en el ámbito del consumo en nuestro
país-- no se reunía desde el año 1994. Precisamente siendo éste el órgano
encomendado por el Plan estratégico de consumo vigente del año 1994 a
1997 de hacer un seguimiento de la actuación y de las políticas
desarrolladas en este país en materia de consumo, creo que era
suficientemente significativa la ausencia de su convocatoria del interés
que existía realmente porque esas orientaciones, esas declaraciones de
intenciones vinieran acompañadas, además, de una evaluación de lo que en
la práctica estaba suponiendo la aplicación de las mismas. Mi grupo se
felicita por la recuperación de esta conferencia sectorial de consumo y
por el incremento de las reuniones y de los mecanismos de cooperación
también de la Comisión en materia de consumo,



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que, como usted ha dicho, ha duplicado sus reuniones en los últimos
meses.

Usted ha anunciado aquí hoy algo que me parece sumamente relevante, que
es la elaboración de un nuevo plan estratégico en materia de consumo que
sustituye al aprobado en 1994 y que mi grupo desea que tenga mejor suerte
en su aplicación práctica que ese mismo, porque analizando todos los
aspectos que aparecían contenidos en ese Plan estratégico de protección
al consumidor del año 1994 al año 1997, vemos en qué medida gran parte de
sus contenidos siguen hoy plenamente vigentes porque no han sido
desarrollados suficientemente. Yo creo que la elaboración de ese plan
estratégico debe, como punto esencial, recuperar la voluntad de que la
política de consumo en este país pase de ser una mera declaración de
intenciones a instrumentos prácticos y perfectamente contrastables en la
realidad.

En el ámbito de los instrumentos normativos, usted ha hablado de una
serie de medidas y de directivas comunitarias que han de ser objeto de
traslación a la legislación de nuestro país. Mi grupo parlamentario tiene
especial interés en solicitarle que haga lo posible por incrementar la
celeridad en la trasposición de estas normativas comunitarias, porque a
diferencia de lo que parece que opinan otros grupos, a nosotros no nos
basta con la meta productividad normativa. Entendemos que la celeridad en
su aplicación es una condición esencial. El mero retraso en la adoptación
de estas normas constituye ya de por sí un perjuicio para nuestros
consumidores y, además, no basta con que esa productividad de normas sea
el único factor a tener en cuenta, sino que lo que hay que hacer es
exigir su cumplimiento. El salto cualitativo del que hablaba antes tiene
mucho que ver con esa celeridad que el Ministerio de Sanidad y Consumo y
el resto de los departamentos del Gobierno está mostrando, y debe mostrar
aún más si es posible en el futuro, en relación con la adopción de estas
normativas comunitarias, y sobre todo con el exquisito cumplimiento de
las mismas, porque si repasáramos gran parte de las medidas legislativas
adoptadas en este país en los últimos años en materia de defensa de los
consumidores, veríamos hasta qué punto en muchos de sus aspectos siguen
siendo papel mojado, y voy a evitar hacer una enumeración de las que creo
más importantes en aras de que también mi grupo adopte iniciativas
parlamentarias en esta materia en los próximos tiempos.

Por supuesto que no puedo dejar de pasar mi intervención sin hacer un
recuerdo al aspecto fundamental de la participación y de la
representación de los consumidores a través de sus cauces legales, que
son fundamentalmente las asociaciones y los organismos constituidos para
su representación. Todos hemos manifestado que estamos a favor de su
vigorización, de convertirlos realmente en interlocutores sociales.

Faltaría más que a estas alturas todavía hubiera dudas al respecto. Pero
me gustaría poner énfasis en un tema que considero esencial, porque
también lo consideran las asociaciones de consumidores y usuarios, que es
conseguir consolidar, en el más breve espacio de tiempo posible, la
personalidad jurídica del Consejo de los Consumidores y Usuarios. Sin
duda es un tema complejo, un tema difícil de evaluar y que está siendo
objeto de discusión permanente con estas asociaciones, pero creo que la
madurez de la representación asociativa de los consumidores en nuestro
país no estará plenamente conseguida hasta que ese Consejo de
Consumidores y Usuarios no tenga una personalidad jurídica propia que le
permita una actuación aún si cabe más eficaz en defensa de los derechos
de los consumidores. Hasta ahora, esa representación, que sí era muy
criticada por las asociaciones presentes, se limitaba a una mera
actividad de consulta. Yo creo que hay que dar un paso más en esa línea,
precisamente en el mismo espíritu que usted ha demostrado en su
exposición.

Sobre las subvenciones es evidente que a nosotros la política general de
subvenciones nos parece un mal menor, y en el tema de consumo igualmente.

Las subvenciones son necesarias en la medida en que las asociaciones
todavía no han conseguido un nivel de autofinanciación suficiente. Bien
es verdad que es muy conveniente poner de manifiesto que hay muchas
maneras de entender las subvenciones, o al menos hay dos esencialmente:
las subvenciones como instrumento de dirigismo político o de definición
desde la Administración del modelo de asociacionismo que se pretende y
los objetivos que se persiguen con el mismo, o un modelo de subvenciones
que debe ir dirigido a satisfacer las necesidades del propio mercado y
las actuaciones preferentes de las asociaciones en estas cuestiones. Yo
creo que se ha optado, a diferencia de ocasiones anteriores, por esta
segunda forma, que me parece muy positiva, que es la que de verdad puede
conseguir frenar esa dispersión y esa diversidad de asociacionismo que
tenemos. Y uno de los aspectos esenciales que se introducen por primera
vez, que es favorecer la colaboración entre las asociaciones y no su
confrontación, su enfrentamiento, es un tema que merece la pena resaltar
en esta comparecencia.

Mi grupo, desde luego, quiere instarle a continuar por este camino,
porque demasiadas veces la política de subvenciones en materia de consumo
ha sido objeto de polémicas, ha sido objeto incluso de denuncias públicas
y de manifestaciones del propio Tribunal de Cuentas, que llegó a pedir
determinar las responsabilidades contables en la administración del
dinero público en el Instituto Nacional de Consumo. Nosotros pensamos que
ésa es ya una época y una fase felizmente superada, y que el criterio de
otorgamiento de las subvenciones y el criterio de participación de los
consumidores a través de sus asociaciones y del Consejo de Consumidores y
Usuarios, son un exponente de esa madurez en el asociacionismo que todos
defendemos.

Queremos también instarle a que en este proceso tan relevante que nuestro
país está acometiendo en estos momentos de cara a la Unión Económica y
Monetaria, hagamos, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo y también
desde otros departamentos, por supuesto, todos los esfuerzos necesarios
para conseguir lograr ese tránsito transparente y normalizado del que
usted hablaba, porque nos jugamos en gran medida la credibilidad de la
construcción



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europea. A los ojos de los ciudadanos, la relación de consumo es la que
justifica en última instancia el Mercado Unico Europeo y la propia Unión
Económica y Monetaria, y en la medida en que los ciudadanos no perciban
que sus derechos y la defensa de sus intereses quedan plenamente
salvaguardados en este proceso de integración europea, tampoco se
sentirán plenamente protagonistas del mismo. En materia de política de
consumo tenemos que desarrollar un nivel de actividades de información y
de educación al consumidor, especialmente en este proceso que estamos
acometiendo con éxito y que debe fructificar en muy breve espacio de
tiempo con nuestra plena incorporación en esta materia.

Para finalizar, señor Presidente, simplemente hacer mención a uno de los
aspectos que, desde mi punto de vista y también en opinión del Grupo
Parlamentario Popular, constituye un mecanismo esencial a salvaguardar y
a extender en la medida en que todavía no se ha conseguido hacer en todo
el territorio nacional, que es el mecanismo de acceso a la justicia, y
sobre todo al sistema de arbitraje en nuestro país.

Sin duda hay muchos sistemas de acceso o de resolución extrajudicial de
los contenciosos entre los usuarios y los productores, pero tenemos que
ser conscientes de que el sistema arbitral español es probablemente el
más atractivo de todos los que existen en nuestro entorno europeo, y que
puede perfectamente coexistir con otros instrumentos de mediación o con
la proliferación de defensores privados del consumidor que están
previstos hoy día en legislación como la de la supervisión del seguro
privado, etcétera. Pese a este innegable atractivo, y también a la no
pequeña implantación que tiene este sistema, todavía queda mucho por
hacer para su extensión efectiva y para garantizar el acceso de todos los
ciudadanos al mismo, y esto pasa por prestigiar las actuaciones de las
juntas arbitrales en todos los ámbitos, porque mi grupo parlamentario
juzga que la pérdida de un cauce extrajudicial de tan buenas cualidades
como éste, sería un daño irreparable no sólo para los consumidores sino
para la Administración de justicia en general. Le traslado la impresión
de mi grupo y nuestro mayor interés en que este sistema arbitral de
consumo pueda verse eficazmente extendido a toda la población en la
medida en que el Ministerio tiene el papel impulsor, aunque su puesta en
práctica es competencia de otras comunidades autónomas y, desde luego, le
anuncio que uno de los aspectos que para nosotros tiene especial
relevancia, y que será objeto de una iniciativa parlamentaria, es la
extensión efectiva del arbitraje a todas las empresas de titularidad
pública, porque la Administración en esto, como en tantas cosas, tiene
también un deber de ejemplaridad que conviene tener muy presente.

Señor Subsecretario, sólo me queda reiterarle nuestro compromiso de
colaboración, nuestra enhorabuena por su claridad de exposición y por las
orientaciones de futuro y nuestra mejor disposición a la colaboración en
estos temas y en cualquier otro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Muy
brevemente. Creo que S. S. ha hecho una intervención amplia y sumamente
interesante. Simplemente voy a detenerme en cuatro aspectos concretos. El
primero es el que se refiere a la liberalización de los servicios
públicos. Simplemente quisiera constatar que, efectivamente, en la
reunión del Consejo de Ministros de Consumo el último día 10 en
Luxemburgo, hubo unanimidad en el sentido de que estos mercados
emergentes de los servicios públicos son una garantía del abaratamiento
de los precios, una garantía de eficiencia, y que solamente existen
diferencias, lógicamente, en función de que en unos u otros países el
movimiento de consumo está o menos avanzado. Pero yo creo que todo el
mundo está de acuerdo en que el mercado en su conjunto ofrece señales que
mejoran la eficiencia, y también todo el mundo está de acuerdo en que,
mientras los consumidores en los respectivos territorios no tengan la
potencia y pujanza suficiente, un grado de protección tiene que existir,
eso queda fuera de dudas. También se hace una distinción notable entre lo
que es intervención y lo que es regulación. Los mercados, para mejorar,
siempre necesitan regulación, no mucha pero sí una regulación que coloque
las cosas en su sitio, que permita extraer los aspectos permanentemente
positivos que tienen y delimitar los aspectos que puedan ser más
conflictivos o que puedan realmente perjudicar a los propios
consumidores. De manera que con esto quisiera constatar una posición
prácticamente unánime en los países de la Unión Europea.

Recojo, en segundo lugar, la petición de incrementar la celeridad en la
trasposición de directivas. Tomaremos todo el interés y haremos el
esfuerzo necesario para que eso se produzca con rapidez. Sólo quiero
apostillar que las subvenciones que hemos planteado aparte de la
necesaria transparencia como un objetivo fundamental de las mismas, son
un instrumento de política del Ministerio en el sentido de llevar a cabo
esas directrices a que hice mención al principio. En este caso, la
directriz o la línea básica de fomentar la cooperación entre las
organizaciones de consumidores, si es posible la concentración, porque
eso lógicamente va dirigido al objetivo último de reforzar la posición de
los consumidores en su conjunto. De manera que utilizamos la política de
subvenciones en este sentido.

Finalmente, respecto al sistema arbitral, coincido en que es un excelente
sistema para resolver los problemas de los consumidores; aplaudo la
iniciativa que se va a plantear porque estoy de acuerdo totalmente con el
papel ejemplificador que tiene que tomar la Administración pública.

También recojo la petición de impulsarlo y de que se extienda eficazmente
a toda la población, y de alguna forma soporto el punto al que ha hecho
referencia porque es un punto que difícilmente se puede explicar, pero sí
es el papel que tiene que jugar el Ministerio en un estado muy
especializado en esta materia, que es el de impulsar los proyectos. Este
papel de impulso, quizás de liderazgo en esta materia que es tan compleja
de llevar la práctica, es donde el Ministerio quiere hacer, a través del
Instituto Nacional de Consumo, un énfasis especial.




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Tenemos pocas atribuciones concretas, pero sí una capacidad importante de
influencia que el Ministerio está dispuesto a jugar en aras de los
objetivos a que hacía mención al principio de garantizar una cierta
homogeneidad en el territorio y, sobre todo, en aras de que el consumidor
tenga una certidumbre acerca de que, se mueva por donde se mueva, las
condiciones son parejas. De manera que ese papel impulsor del Ministerio
creo que es uno de los elementos claves, críticos, difícilmente
explicables en movimientos concretos, pero sí que subyace en el fondo de
toda disposición en lo que se refiere a la conexión entre las normativas
europeas y las normativas del territorio del Estado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario, por su
comparecencia.

No habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.




Se levanta la sesión a la una y veinte minutos de la tarde.

Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de SANIDAD Y
CONSUMO, del miércoles, 23 de abril de 1996, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.