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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 197, de 23/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 197
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles, 23 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre criterios para desarrollar en el
ámbito interno el reciente Reglamento comunitario sobre Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). (Número de expediente
181/000337) (Página 5441)
--De la señora Leiva Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre razones
de la defensa de los mínimos de cinco socios y su volumen económico para
la constitución de organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
(Número de expediente 181/000416) (Página 5443)
--De la misma señora Diputada, sobre criterios que deben cumplir las
entidades asociativas para ser reconocidas como organizaciones de
productores de frutas y hortalizas. (Número de expediente 181/000475)
(Página 5445)
--De la misma señora Diputada, sobre gestiones para solucionar la deuda
de Hacienda con la industria alimentaria. (Número de expediente
181/000417) (Página 5447)
--Del señor Ortiz Molina (Grupo Socialista), sobre causas por las que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no continúa con el avance
del Plan Nacional de Regadíos, Horizonte 2005. (Número de expediente
181/000419) (Página 5449)
--Del señor Madrid López (Grupo Socialista), sobre eficacia de la Orden
Ministerial que desarrolla medidas urgentes aprobadas por el Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea para compensar al sector
vacuno. (Número de expediente 181/000422) (Página 5451)
--Del señor Chivite Cornago (Grupo Socialista), sobre motivo de la
prórroga de la vigencia de los Consejos Reguladores dependientes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (Número de expediente
181/000424) (Página 5453)
--De la señora Leiva Díez (Grupo Socialista), acerca de la posición del
Gobierno ante la denominada guerra del cava con respecto al Consejo
Regulador del mismo. (Número de expediente 181/000473) (Página 5454)
--Del señor Torres Sahuquillo (Grupo Socialista), sobre motivo para que
los productores españoles de oleaginosas dejen de recibir unos 5.000
millones de pesetas por la penalización de esta campaña. (Número de
expediente 181/000425) (Página 5455)
Ratificación de la Ponencia designada para informar la proposición de Ley
del sector pesquero de altura al fresco. (Número de expediente
124/000003) (Página 5458)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, de la proposición de Ley de ordenación del
sector pesquero de altura al fresco. (Número de expediente 124/000003)
(Página 5458)
Preguntas (continuación):
--Del señor Blanco López (Grupo Socialista), sobre medidas para controlar
a los barcos extranjeros que descargan atún rojo en los puertos españoles
del Mediterráneo. (Número de expediente 181/000448) (Página 5459)
--Del señor Blanco López (Grupo Socialista), sobre medidas acerca de la
cuota de atún rojo. (Número de expediente 181/000451) (Página 5459)
--Del señor Blanco López (Grupo Socialista), sobre acciones para lograr
en el ámbito de la Unión Europea (UE) la erradicación total de las redes
de enmalle a la deriva. (Número de expediente 181/000449) (Página 5459)
--Del señor Blanco López (Grupo Socialista), sobre defensa de las cuotas
pesqueras españolas en los acuerdos entre la Unión Europea (UE) y
Suráfrica. (Número de expediente 181/000452) (Página 5459)
--Del señor Blanco López (Grupo Socialista), sobre postura del Gobierno
acerca del aumento de contingente comunitario de bacalao. (Número de
expediente 181/000453) (Página 5459)
--Del señor Blanco López (Grupo Socialista), sobre medidas acerca de las
cuotas de pez espada Norte-Sur. (Número de expediente 181/000454) (Página 5459)
--Del señor Blanco López (Grupo Socialista), sobre medidas en relación a
la actuación del Gobierno irlandés respecto a los pesqueros españoles.
(Número de expediente 181/000608) (Página 5459)
Se abre la sesión a las diez y cinco de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Iniciamos la sesión número 12 de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca con el orden del día que se les ha facilitado.
Antes de empezar la formulación de las preguntas, quisiera decirles que
las votaciones de la ratificación de la ponencia de la proposición de ley
del sector pesquero de altura al fresco y de la proposición de ley de
ordenación del sector pesquero de altura al fresco se realizarán a las
doce de la mañana. A esa hora pararemos el trámite de las preguntas,
votaremos y continuaremos la sesión. Consecuentemente, les rogaría que
avisasen a los señoras y señores Diputados para que a las doce pudiéramos
tener el quórum suficiente para votar esta dos cuestiones.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE CRITERIOS PARA DESARROLLAR EN EL
AMBITO INTERNO EL RECIENTE REGLAMENTO COMUNITARIO SOBRE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS (OPFH). (Número de expediente
181/000337.)
El señor PRESIDENTE: La primera pregunta es del Diputado don Ricardo
Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Para su formulación, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias por su comparecencia al representante
del Ministerio de Agricultura.
Todas SS. SS. conocen que el pasado 16 de enero la Comisión Europea
aprobó el reglamento por el que se desarrollaba el Reglamento 2200/96, en
la relativo al reconocimiento de organizaciones de productores. Vale la
pena destacar que en esa ocasión la Comisión Europea cambiaba, por
primera vez, de una manera significativa el borrador del reglamento que
se había conocido hasta ese momento. El Ministerio de Agricultura se
atribuyó una buena parte de ese cambio de criterio por parte de la
Comisión, alegando que habían salido finalmente las posiciones sostenidas
por el Gobierno español. Esta afirmación es acertada en la medida en que
el reglamento ha fijado unos mínimos que recogen las distintas realidades
de las agriculturas de los diversos países miembros de la Unión Europea,
posición que era predicable por todos los gobiernos en la medida en que
así tenían cabida las distintas realidades de las agriculturas de los
países miembros.
El reglamento aprobado incluye la facultad de que los distintos Estados
miembros procedan a un desarrollo de los criterios que allí se fijan como
mínimos y los adecuen a las realidades concretas de cada uno de sus
países.
Quiero exponer al Ministerio y a su representante --como imagino que
habrá deducido por mi condición de Diputado por la Comunidad Autónoma
Valenciana-- la preocupación que existe en el ámbito de la agricultura
valenciana, específicamente en el de la citricultura, por el desarrollo
en el Estado español de los criterios establecidos en el reglamento
comunitario. Porque si es verdad que en el reglamento comunitario tienen
cabida las distintas realidades agrícolas, es evidente que, a la hora de
desarrollarlo en la realidad concreta española, cabe pedir al Gobierno
español que atienda específicamente esa realidad, sobre todo en lo que se
refiere a la realidad concreta de las organizaciones de productores en el
ámbito de la citricultura de las frutas y hortalizas.
La realidad de la citricultura en la Comunidad autónoma Valenciana es de
un minifundismo extraordinario. algunos datos servirán a S. S. para
hacerse una idea de la situación. El 50 por ciento de las explotaciones
agrarias en el sector hortofrutícola no supera una hectárea de
superficie, otro 45 por ciento está entre una y 10 hectáreas de
superficie y tan sólo un cinco por ciento de la superficie agraria
valenciana corresponde a explotaciones de más de diez hectáreas. Esta
situación de minifundismo, que se acompaña de una parcelación muy
elevada, tiene una incidencia muy negativa en lo que se refiere a la
competitividad de nuestra realidad económica agrícola, porque
evidentemente repercute en un necesario proceso de concentración y de
modernización.
Nosotros creemos que con esta realidad, que es perfectamente conocida por
todos, es necesario que el Ministerio de Agricultura defina una política
y que además tenga en consideración que, previsiblemente, en un plazo
corto, en los próximos años, una serie de acontecimientos de carácter
internacional, como la nueva ronda de negociaciones del GATT, hoy
Organización Mundial de Comercio, el compromiso de revisión de la actual
OCM de frutas y hortalizas en el año 2000 y la previsible y pronta
incorporación de otros países al ámbito de la Unión Europea, pueda dar
lugar a una revisión en profundidad de la actual política agrícola
comunitaria y que ello se traduzca en una disminución significativa de
los fondos que van destinados a esta política agrícola comunitaria. Por
tanto, deberíamos trabajar pensando que el período durante el que esté
vigente la actual situación debería aprovecharse para conseguir que
nuestra estructura productiva llevara a cabo un proceso de modernización
importante.
Desde este punto de vista, pretender una estructura normativa un
reglamento interno que no tenga perspectivas de futuro y que se limite,
pura y simplemente, a decir: Vamos a permitir que se consiga el máximo
dinero posible, sin saber qué objetivo perseguimos con ese dinero,
posiblemente sea un parche que no contribuya a solucionar los problemas
futuros. Por parte de la representación de la gran mayoría de los
agricultores implicados en este sector se ha elevado a la Administración
una serie de criterios relativos al número de miembros que debe tener
como mínimo una organización de productores, a la permanencia en ella, a
su funcionamiento democrático y a la posibilidad de comprar productos
ajenos a los propios integrantes de esa organización. La filosofía que
hay detrás de todo ello es intentar conseguir la mayor concentración y la
mayor participación democrática posible en estas organizaciones,
entendiendo que son fundamentales para esa modernización del sector.
Yo preguntaría al Ministerio cuál es su opinión en relación con todo esto
y, en definitiva, con qué criterios se va a producir ese desarrollo del
reglamento comunitario.
El señor PRESIDENTE: Para la contestación a su pregunta, tiene la palabra
el Secretario General de Agricultura y Alimentación, don Carlos Díaz
Eimil, al cual damos la bienvenida a esta Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Tiene la palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Muchas gracias, señor Presidente.
La pregunta del señor Peralta es muy amplia y llega muy lejos. Quizá
habría que empezar concretando estos criterios de los que nos ha hablado.
El reglamento de reconocimiento fue publicado en el Boletín Oficial de
las Comunidades Europeas el 4 de marzo --es del 3 de marzo-- y en él se
fijan algunos criterios pero se dejan otros muchos a la elección del
Estado miembro, dentro de determinados márgenes. Uno de los criterios es
el número mínimo de productores y el volumen mínimo de producción. En
ellos el Ministerio de Agricultura tiene pensado seguir exactamente los
mismos criterios que la Unión Europea, sin endurecerlos más, porque hay
la posibilidad de endurecerlos, no la de flexibilizarlos. En cuanto al
número de productores se hace una clasificación de tres categorías en el
reglamento, las organizaciones de cinco o más productores, las de 15 o
más productores y las de 40 o más productores. El volumen mínimo de
producción correspondiente a esas tres categorías es de tres mecus para
las de cinco, dos mecus y medio para las de 15 y un mecu y medio para las
de 40.
En estos dos criterios el MAPA deja todo tal como lo propone el
reglamento. El reglamento dice que hay que evitar abusos de poder, y no
dice más; que los Estados miembros tomen las medidas adecuadas. Y el MAPA
va a proponer que para las organizaciones de cinco o más miembros no sea
posible que más de un 40 por ciento de la participación esté en manos de
un solo socio; para los de 15 o más, ese porcentaje desciende al 33 por
ciento --es decir, cuando una organización tiene 15 o más, ningún socio
puede tener más del 33 por ciento-- y en las que tienen 40 o más socios
la participación máxima de un solo productor ha de ser el 20 por ciento o
inferior. Es una manera de evitar que un solo productor se haga con la
mayoría dentro de las decisiones de la organización de productores.
Otro criterio que fija el reglamento de la Unión Europea es el volumen de
negocios con terceros, de negocios ajenos al objetivo primario de la
organización de productores. El reglamento comunitario dice que ese
volumen de negocios no puede ser superior al de la actividad principal o,
lo que es lo mismo, que ese volumen de negocios puede llegar al cien por
cien del volumen de la organización de productores; en España lo hemos
limitado al 40 por ciento, esa cifra del 40 por ciento que ha sido tomada
de la legislación actual sobre cooperativas. Una manera de no poner en
desventaja a las cooperativas, desventaja relativa, frente a las otras
organizaciones de productores sería igualarles en eso y se ha tomado ese
criterio.
El reglamento de la Unión Europa establece el período mínimo de
afiliación en un año, como mínimo, diciendo además que, en caso de que
exista un programa operativo de una duración mayor, la participación ha
de llegar hasta el final de ese programa. Nosotros hemos subido esa
participación mínima a tres años y creemos que con eso se garantiza un
poco mejor la estabilidad o la vinculación de los productores.
Finalmente, quizá, habría que hablar sobre la personalidad jurídica de
las organizaciones de productores. Hemos tomado el mismo criterio que la
Unión Europea sobre ello, un criterio muy amplio, por el cual sólo se
exige que sea una personalidad jurídica que pueda cumplir con los fines
de la organización de productores. Por tanto, caben dentro de estas
organizaciones de productores las cooperativas, las SAT, las sociedades
mercantiles, anónimas o limitadas, y cualquier otra organización con
personalidad jurídica suficiente para cumplir los fines.
Estos son los criterios de la Unión Europea y las restricciones añadidas
a nivel nacional. Pero, ¿cuáles son los criterios políticos, y o los
criterios puramente económicos? Nosotros partimos de la necesidad de que
haya organizaciones de productores. Esta OCM trabaja todo a través de las
organizaciones de productores. Las retiradas se hacen a través de las
organizaciones de productores, la contratación con industria se hace a
través de las organizaciones de productores, las organizaciones de
productores tienen la capacidad de poner en marcha programas operativos
cofinanciados con la Comunidad para mejorar las estructuras de producción
y de comercialización, es decir, está todo pensado para que el sector
funcione a través de las organizaciones de productores, cuyo objetivo
primero es la concentración de la oferta.
Por tanto, es necesario superar el bajo nivel asociativo actual. Es
impensable que queden productores fuera de organizaciones, salvo en casos
excepcionales, puesto que van a estar en clara desventaja con el resto.
Para superar ese nivel asociativo hemos tratado de mantener al máximo las
organizaciones de productores ya existentes; con las nuevas condiciones
que se imponen, tratar de que no se quede fuera ninguna de las
organizaciones ya existentes o que se puedan integrar con modificaciones
pequeñas. En este sentido, se puede decir que, con las condiciones que
hemos puesto, todavía hay un 20, un 30 por ciento de organizaciones de
productores que no cumplen, que tendrán que adaptarse, y que significan
el 10 o el 20 por ciento de la producción.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Peralta Ortega. Tiene un minuto.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Díaz Eimil, por su respuesta.
Yo observo que algunas de las cuestiones a las que usted ha hecho
referencia recogen preocupaciones transmitidas por el sector. Por
ejemplo, que el mínimo de permanencia se fijara en tres años, que el
porcentaje de negocio ajeno no fuera el previsto como máximo en la norma
comunitaria, el cien por cien. Usted ha dicho que se fija en el 40 por
ciento, que se ha extraído de la legislación actual, que lo fija para las
cooperativas. Pues del mal, el menos. Porque sí es verdad la filosofía
que usted dice, que se trata de potenciar la pertenencia a las
organizaciones, no parece que sea coherente con eso que se permita que
haya gente que no esté en organizaciones y que las organizaciones compren
de fuera a gente que no tendría por qué organizarse, porque sin estar,
entraría por la vía de las organizaciones.
En definitiva, compartiendo la filosofía de que es necesario potenciar
las organizaciones, lo que han hecho ustedes, intentar recoger todo lo
que hay hoy, no define el objetivo importante, que es crear las
estructuras que permitan
la modernización de nuestra agricultura y de este sector en concreto,
ante unos retos difíciles que se presentan en los próximos años. Más
importante que recoger lo que hoy hay, que es la realidad actual, es
intentar conseguir que esta realidad pueda afrontar el futuro. Por tanto,
yo le pediría que siga dialogando con el sector, de cara a conseguir que,
efectivamente, esas condiciones de mayor competitividad se creen en la
mayor brevedad posible, lo cual requiere, sin lugar a dudas, potenciar y
fomentar las organizaciones de productores.
El señor PRESIDENTE: Brevemente también, señor Díaz Eimil. Tiene un
minuto para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
El hecho de que se desee que estén todos dentro de organizaciones no
quiere decir que nunca vayamos a llegar a esa situación perfecta. Está
claro que van a quedar fuera. Y, además, hay organizaciones de
productores que pueden comprar a otras organizaciones de productores; no
tiene por qué impedirse una posibilidad que existe.
Dialogar, por supuesto que vamos a hacerlo y lo estamos haciendo siempre.
Respecto a todas estas restricciones que se han introducido en las
condiciones marco impuestas por la Comunidad Económica Europea, hay que
pensar que nosotros tenemos que dar a nuestros productores la misma
flexibilidad que dan otros Estados miembros. Sería ingenuo por nuestra
parte autoimponernos unas restricciones que nuestros competidores
--Francia, Italia u Holanda-- no tienen. Por tanto, yo creo que se ha
llegado a un equilibrio difícil entre lo que sería dar una máxima
flexibilidad al sector y lo que sería tratar de potenciar unas
organizaciones con las características típicas españolas. Para nosotros,
la organización ideal sería a partir de 15 productores y de dos mecus y
medio. Reconocemos que hay zonas en las que los productores son muy
pequeños y en las que tiene sentido rebajar ese volumen a millón y medio,
aumentando el número de participantes, y también tiene sentido dar la
posibilidad de que grandes productores se puedan asociar en
organizaciones de productores de número relativamente pequeño, pero que
concentran mucha oferta. Son estas organizaciones a las que se ha
impuesto un volumen máximo.
En fin, vamos a desarrollar todo esto y los resultados los veremos en el
futuro.
--DE LA SEÑORA LEIVA DIEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE RAZONES
DE LA DEFENSA DE LOS MINIMOS DE CINCO SOCIOS Y SU VOLUMEN ECONOMICO PARA
LA CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS.
(Número de expediente 181/000416.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la segunda pregunta, tiene la palabra
la portavoz del Grupo Socialista, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Tengo que dar las gracias al señor Díaz Eimil por
su comparecencia, que es la primera que tiene durante el ejercicio 1997.
Voy a hacer la pregunta de forma muy escueta, puesto que el tiempo lo
puedo repartir con la segunda intervención.
Después del esfuerzo que le ha costado a todo el sector productor
organizarse en estos últimos años, porque ya anteriormente el pilar
fundamental del desarrollo de la organización común del mercado era la
organización de productores de frutas y hortalizas, y cuando todos
hablábamos de la reforma sabíamos que iba a tener bastante más
importancia de la que había tenido hasta la fecha la organización de
productores de frutas y hortalizas, el sentido que todos, los políticos,
la Administración, el sector productor, tenían era que había que
fortalecer esas organizaciones de productores. Y fundamentalmente se
fortalecen consiguiendo concentrar la oferta por parte del sector
productor, como era la tendencia, por otra parte, en otros países, que
eran nuestros modelos en la Unión Europea. Por tanto, yo le hago la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son las razones que llevaron a la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación a defender el mínimo de cinco socios y
su volumen económico para la constitución de organización de productores
de frutas y hortalizas? Sé que ha contestado algo antes, pero quiero que
concrete exactamente este punto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
En las negociaciones, dentro de la Unión Europea, para llegar a estas
cifras había Estados miembros que pedían volúmenes de producción muy
escasos y números muy bajos de productores. España luchó para aumentar el
volumen de producción, porque creemos que hace falta un mínimo que
garantice unos servicios mínimos, es decir, que se pueda llamar a eso
organización de productores, y por eso se fijó ese mínimo de un mecu y
medio, aproximadamente 250 millones de pesetas. Ya nos parece demasiado
poco, pero es fruto de una negociación y ahí está, aunque nosotros
hubiéramos querido ponerlo más alto.
Respecto al número de productores, ha sucedido algo semejante. Nuestra
idea era que esas organizaciones deberían ser un modelo ideal a partir de
quince socios y de dos mecus y medio, pero tanto por arriba como por
abajo había que dar una cierta flexibilidad. Los grandes países
productores forzaron hasta cinco y lo hemos aceptado porque creemos que
eso ofrece una gama amplia para todo tipo de organizaciones de
productores. Como digo, a pesar de haber establecido estos límites de una
manera muy flexible, todavía hay organizaciones de productores
actualmente establecidas en España que tendrán que disponer de un período
transitorio para poder adaptarse a estas condiciones; incluso con
condiciones tan flexibles, será necesario hacer adaptaciones en ciertas
organizaciones de productores. La idea ha sido dar el máximo de
facilidades para que los productores formen organizaciones de
productores. Hay que
reconocer que existen zonas en las que los productores tienen
dificultades para atraer hacia sí un número suficiente de ellos para
constituir una organización si se les exige un mínimo de quince y por eso
se llegó hasta cinco.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Díaz Eimil, con todo el cariño y respeto,
creo que el Ministerio, con esta actuación, ha dado un gran paso atrás en
cuanto al futuro de la estructuración del sector productor español. Fue
grande el esfuerzo que se había hecho durante estos años y todo el
trabajo se ha caído por tierra. Como bien dice, la cesión de esas
negociaciones es uno de los puntos fuertes, que nosotros criticábamos, de
su fracaso en las negociaciones de la reforma de la organización de
productores de frutas y hortalizas.
No es ninguna barbaridad lo que estoy diciendo. Esto está avalado por las
declaraciones que hicieron las organizaciones de productores, los
sindicatos agrarios, la confederación de cooperativas agrarias españolas.
Si tenemos en cuenta las declaraciones que se hicieron en ese momento,
podremos ver cómo todos estaban de acuerdo con la postura que ahora le
estoy comentando. Sin embargo, su posición la aplaudieron las Fepex.
Estas han sido las grandes beneficiadas con la reforma que ustedes han
negociado en Bruselas.
Creo que esto va a dañar seriamente al sector productor español, va a
dañar la viabilidad del tejido productor hortofrutícola español. A juicio
del Grupo Socialista, va a permitir que organizaciones de productores
pequeñas, de cinco socios, ajenas a la vida diaria del tejido rural
español, de la constitución de nuestros pueblos, ajenas a los intereses
reales de los productores, puedan constituir organizaciones de
productores de forma muy fácil y sin ninguna complejidad administrativa,
pero va a ser difícil su permanencia en los mercados y va a distorsionar
el sentido real de los verdaderos productores españoles de frutas y
hortalizas. Esto sólo va a tener un objetivo: hacer rentables y viables
únicamente las organizaciones de productores que se constituyan por medio
de personas ajenas al sector productor agrario.
Por tanto, nos parece que el Ministerio ha cedido ante el sector
comercializador, ante organizaciones no productivas, frente a las
organizaciones agrarias y ante el sector productor. Esto es algo muy
importante, que tendrá que tenerse en cuenta en los desarrollos
posteriores de la normativa que habrá de habilitar el Ministerio de
Agricultura y pensamos que se ha perdido una oportunidad para que los
productores de frutas y hortalizas constituyan ese sector importante y
decidan su futuro, porque estos últimos años se había hecho un esfuerzo
ingente en zonas donde las explotaciones agrarias eran muy pequeñas y
tenían dificultades de asociación, pero poquito a poquito se iba
consiguiendo. Ustedes podrán vender políticamente que bajo su mandato ha
crecido el número de organizaciones de productores de frutas y
hortalizas, pero no podrán decir que han conseguido estructurar el sector
productor de frutas y hortalizas español. Se podrán canalizar los fondos,
pero no van a ir al sector productor español, y retirar los excedentes de
los mercados para mantener los precios beneficiará a unos más que a
otros.
El Grupo Socialista no está de acuerdo con la aprobación del número
mínimo de cinco socios para una organización de productores. No voy a
repetir la escala que usted ha mencionado, pero sí le quiero decir que la
tendencia en los países europeos era un número mayor de socios que el que
defendió el Ministerio de Agricultura a través de las organizaciones
técnicas y, desde luego, del criterio político en las decisiones que
tomaron cuando se puso a punto la reforma de la Organización Común del
Mercado de frutas y hortalizas. Los criterios que nos ha explicado para
evitar los abusos de poder son una venda que se ha tenido que poner
después de haber hecho la herida, herida que no tenía que haber hecho
previamente.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Díaz
Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Si fuera cierto que el Ministerio de Agricultura impuso sus criterios en
Europa a los otros países miembros que querían otras soluciones, habría
que decir que el Gobierno es Superman en Europa. España tiene ocho votos
y otros países tienen los suyos. La política agrícola común es el
resultado de un equilibrio entre quince Estados miembros; España, pone su
parte y los demás miembros, la otra.
Que las cooperativas han hecho declaraciones negativas. Ya hemos dicho
que esto va dirigido a toda clase de organizaciones con personalidades
jurídicas distintas. Aquí no sólo entran las cooperativas, sino también
las SAT y los sociedades mercantiles de todo tipo.
Usted ha dicho que el Ministerio va a favorecer únicamente a las Fepex,
que son organizaciones ajenas al sector. Si los que viven de producir y
de comercializar fruta son personas ajenas al sector (La señora Leiva
Díez: Al sector productor.), al sector productor, las Fepex son una
federación de productores y de exportadores. Las frutas y hortalizas se
producen para venderlas, no por gusto; es un sector que está
perfectamente legitimado y no se puede decir que sea ajeno al sector.
Que las cooperativas han hecho una gran labor. De acuerdo. Y que la van a
seguir haciendo. También de acuerdo. Pero lo que no pueden pretender las
cooperativas es tener el monopolio de un sector entero en España. Nos
estamos moviendo en una economía de mercado libre; la bondad y los
beneficios de organizar cooperativas se seguirá viendo y las cooperativas
seguirán creciendo y organizándose, como lo han demostrado hasta ahora,
pues han ido ganando terreno poco a poco y lo seguirán ganando.
Si un agricultor puede elegir entre afiliarse a una cooperativa de más de
40 miembros o a una SAT de cinco, es su elección. Creo que en un país
libre debemos dar a la gente la oportunidad de elegir y, si la
cooperativa le ofrece la mejor solución, no va a ser tan tonto como para
dejarse
engañar por otros. Nosotros pretendemos evitar que haya un monopolio en
el sector y que haya cabida para todos.
--DE LA SEÑORA LEIVA DIEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE CRITERIOS QUE DEBEN
CUMPLIR LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PARA SER RECONOCIDAS COMO
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS. (Número de
expediente 181/000475.)
El señor PRESIDENTE: Para la formulación de la pregunta número 3, tiene
la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Díaz Eimil, en el esfuerzo que se ha hecho
por consolidar el sector productor español no se ha ignorado en absoluto
al sector comercializador español. No podía ser de otra manera, puesto
que todos vamos en el mismo barco. (El señor Madero Jarabo: Bueno,
bueno.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora LEIVA DIEZ: En absoluto se ha dicho que se ha ignorado.
Simplemente, lo que le he querido decir es que se ha primado más a unos
que a otros. Eso es cierto. Usted mismo nos está diciendo que el
productor podrá elegir, pero todos sabemos la dificultad que entraña
llegar a un volumen de facturación de 247 millones de pesetas con un
mínimo de 40 socios. Sin embargo, para un número de 5 socios que no están
estructurados a nivel de concentración de oferta, es decir, de número de
productos, no de kilos, y que en ese momento están constituyendo el
tejido rural español, no es lo mismo llegar a 495 millones de pesetas de
facturación o, como usted nos decía, tres millones de ecus. Es más fácil
llegar a 495 millones de pesetas de facturación con 14 socios como
máximo. Tampoco estamos diciendo que ustedes sean Superman. Como en su
exposición nos ha dicho que no era ése el criterio inicial español, le
tendré que decir que fracasó en este aspecto. Eso es lo que le comentaba.
Por otra parte, y dado que ya hay que aplicar la normativa, estoy de
acuerdo con los criterios mínimos que ustedes nos han expresado.
Con respecto al final del período transitorio de los cinco años fijados
para que todas las organizaciones de productores de frutas y hortalizas
puedan ser reconocidas por el reglamento comunitario del Consejo, me
gustaría saber si tienen previsto el que todas las organizaciones de
productores alcancen algún nivel mínimo, tanto respecto al número de
socios como al volumen de comercialización.
También quisiéramos saber si el Ministerio de Agricultura tiene previsto
crear algún comité de seguimiento para el reconocimiento de esas
organizaciones de productores, formado por organizaciones implicadas del
sector. Es decir, que formen parte del tejido productivo --no confundamos
los términos-- y vigilen el buen desarrollo de la aplicación de la
normativa comunitaria en vigor.
Querría también que se me informara sobre otra serie de actuaciones. Como
anteriormente se ha estado hablando de la teoría, voy ahora a la parte
concreta. Todos estamos de acuerdo en que todo esto se va a ver muy
influenciado por la marcha de los presupuestos y que el nivel de ayudas y
el de comercialización de las organizaciones de productores se limita.
Por primera vez el Estado miembro y las organizaciones de productores van
a cofinanciar las retiradas, algo que se lo debemos a la negociación de
su Gobierno. Esto supone que por primera vez se van a renacionalizar las
ayudas de la política agraria común en un sector tan importante para
España como es el de frutas y hortalizas. Para aplicar todo esto y para
que la organización común de mercado de frutas y hortalizas tenga éxito,
las organizaciones de productores en España deben estar a punto. Estas
organizaciones de productores de España, como muy bien ha dicho, no
solamente están formadas por cooperativas, sino por otro tipo de
organizaciones. Querría saber si el Ministerio tiene prevista alguna
medida adicional para apoyar la constitución y funcionamiento de estas
organizaciones de productores que no sea la ya sabida de las ayudas
previstas en la Unión Europea.
Hay que primar, como todos sabemos, que el sector productor español, las
SAT y algún otro tipo, se constituyan en cooperativas. Me estoy
refiriendo a las que tienen de 15 a 39 socios o más. Estas cooperativas o
estas SAT necesitan hacer verdaderas inversiones para poner a punto sus
instalaciones y poder competir en el mercado con las que lo tienen más
fácil o con otros países de la Unión Europea, ya que estamos peleando por
los mismos mercados. Por lo tanto, tenemos que tener nuestros productos
normalizados y preparados para poder competir. Por ello pregunto si el
Ministerio tiene prevista alguna ayuda. Sabemos que está el reglamento
comunitario, sabemos que están las ayudas del Ministerio, pero también
sabemos que este año el Ministerio de Agricultura ha bajado bastante las
ayudas a la industria agroalimentaria. Lo que le estoy preguntando es si
el Ministerio de Agricultura tiene previsto favorecer o primar ayudas
preferentes para que estas organizaciones de productores se puedan poner
a punto. Sería una medida correctora positiva que modificaría ese mínimo
de cinco socios que hemos manifestado antes. Estamos pidiendo medidas
discriminatorias positivas para el sector productor español. Si lo tiene
previsto, haremos el seguimiento de las mismas, tanto en líneas de
investigación como en desarrollo, para disponer de los productos que en
este momento demanda el mercado, que todos sabemos que son cambiantes y
variables de unas campañas a otras, igual que sucede en la formación de
personal.
Aprovechando su comparecencia, quiero comunicarle que las organizaciones
de productores están un poco asustadas porque no tienen apoyo técnico
administrativo. Nadie sabe nada en este momento sobre las consultas que
se están realizando. Es decir, ¿tiene previsto el Ministerio hacer un
programa de formación para estas organizaciones de productores, así como
del personal del Ministerio que tiene que estar atendiendo a las
organizaciones de productores? Hay personas que, efectivamente, tienen la
información,
pero otras personas diseminadas por el territorio español no la tienen.
Ustedes decían en su programa electoral que iban a facilitar la gestión
administrativa en todos los temas relativos a la relación del ciudadano
con el Ministerio. Pues bien, en este caso el trámite administrativo se
ha complicado, y mucho, y sólo tiene que preguntarlo a cualquier
organización de productores. Simplemente estoy pidiendo facilidades y
asesoramiento para que estos trámites lleguen a buen fin.
También quería preguntarle si tiene conocimiento de cuántas de las
organizaciones de productores que hay en este momento en España van a
poder acogerse a este reconocimiento y qué volumen se comercializa a
través de organizaciones de productores, qué volumen se comercializa
únicamente a través de cooperativas y SAT y qué volumen se comercializa,
por lo tanto, a través de la organización Fepex.
El señor PRESIDENTE: Señora Leiva, tiene medio minuto más. Se lo advierto
por la repregunta.
La señora LEIVA DIEZ: Ya termino, señor Presidente.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para que las cooperativas o SAT o
cualquier otra forma organizativa que se puedan constituir en OPFH lo van
a hacer en la próxima campaña?
El señor PRESIDENTE: Para la contestación, tiene la palabra el señor Díaz
Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Respecto a que se ha primado más a unos que a otros, debo decir que ya
hemos visto que en realidad esas cifras de 5, 15, 40 socios responden a
distintos tipos de organizaciones. En las de 5 socios se exige una mayor
concentración de la oferta, porque se supone que son productores mayores.
En las de 40, que, lógicamente, deberían de tener mayor volumen, sin
embargo se exige menos porque se supone que son organizaciones de
productores pequeños. Es decir, que no es que se haya primado a unos más
que a otros, sino que se ha tratado de adaptar las condiciones de volumen
y de número mínimo a distintos tipos de organizaciones.
En cuanto a si todos deben alcanzar un nivel mínimo, he de manifestar que
no tenemos previsto nada más que lo que se va a legislar en el proyecto
de orden ministerial que estamos elaborando, basada en los criterios que
hemos contado antes. Sería absurdo exigir más a posteriori, porque
supondría poner más trabas y dificultar el desarrollo y la competitividad
del sector frente a otros Estados miembros.
Respecto a que hay muchas limitaciones financieras en la Organización
Común de Mercado, por supuesto que las hay, como las hay en todas las
organizaciones comunes de mercado. Las limitaciones financieras que se
refieren a cofinanciar son posibilidades que antes no existían. Es decir,
que se ha aceptado cofinanciar unas ayudas antes inexistentes. Yo creo
que esta situación es mejor que la anterior. Por supuesto que mejor sería
que Bruselas pagase todo, pero hay que ser conscientes de las
limitaciones del presupuesto comunitario dedicado a la agricultura.
¿Qué medidas tenemos pensadas para favorecer la formación de
organizaciones de productores además de éstas? Existe la posibilidad de
dar ayudas nacionales en el caso de organizaciones de productores en
zonas donde el índice asociativo es muy bajo; es decir, en aquellas zonas
en que es evidente una carencia de organizaciones de productores, existe
la posibilidad de dar esas ayudas. Es algo que estamos estudiando, pero
todavía no tenemos los datos de base y qué zonas serían ésas. Como digo,
ésa es una posibilidad que vamos a desarrollar. Además, tenemos todos los
reglamentos y todos los decretos de modernización y de formación que
usted ya conoce y que se continúan; se continúan con un presupuesto más
escaso de lo que sería deseable, pero no hay que olvidar que estamos en
una situación general de presupuestos restrictivos para cumplir con una
disciplina que nos exigen los objetivos de Maastricht. Dentro de esa
disciplina, el Ministerio de Agricultura ha sido el mejor parado, ya que
no ha habido ningún recorte presupuestario y sí un incremento de
presupuesto para hacer frente a deudas y obligaciones heredadas del
pasado.
¿Que las organizaciones de productores están asustadas porque no se sabe
nada, que hay que informar, que el trámite es complicado? Tengo que decir
que el hecho de informar a las organizaciones de productores es una labor
conjunta entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Creemos que se
les ha informado adecuadamente. Ha habido toda una campaña de información
en todas las zonas productoras. Lo que ocurre es que las organizaciones
de productores están inquietas, esperando que salga la famosa orden
ministerial concretando estos criterios. Esto es algo que va a salir en
unos días; desgraciadamente, todos estos trámites legislativos llevan su
tiempo, más por cuestiones formales que por cuestiones de fondo.
¿Qué volúmenes serán comercializados a través de las cooperativas, Fepex
y asimilados? No tengo las cifras absolutas, pero sí le puedo decir que
en los últimos años las cooperativas han ganado mucho en posición
relativa. Es decir, que lo que hace diez años se comercializaba
exclusivamente a través de operadores privados, hoy se realiza en gran
medida a través de cooperativas; esto es, que el volumen comercializado
por las cooperativas se incrementa no sólo en valores absolutos, sino
también en valores relativos, con lo que les van cogiendo cuotas de
mercado a estos señores a los cuales usted no tiene ningún aprecio y que
yo creo que también cumplen con una misión. Podría darle las cifras
absolutas en otro momento; ahora mismo sólo le puedo hacer una indicación
de tipo relativo, diciendo que las cooperativas están ganando posiciones
desde hace años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Leiva Díez, pero
brevemente, porque le queda medio minuto.
La señora LEIVA DIEZ: Quiero decir que el Secretario General de
Alimentación ha emitido un juicio de valor
y no tiene por qué hacerlo. Usted no tiene por qué decir si tengo o no
aprecio a estos señores. Yo he colaborado con ellos durante muchos años y
le puedo decir que he trabajado para que se organicen con el sector
productor, porque sin ellos sería imposible el desarrollo. Soy más
favorable a que el propio sector productor se organice y tenga su cuota
de mercado. Por ello he estado trabajando y fruto de ello es que en estos
últimos años están creciendo.
Espero, señor Secretario General, que me envíe estos datos que le hemos
pedido en la Comisión y que en este momento no ha podido aportar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Quiero disculparme por esa apreciación mía que había sacado como
consecuencia de las preguntas anteriores. Por supuesto, retiro ese
juicio.
Los datos se los enviaremos; no hay ninguna dificultad para ello.
--DE LA SEÑORA LEIVA DIEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE GESTIONES PARA
SOLUCIONAR LA DEUDA DE HACIENDA CON LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. (Número de
expediente 181/000417.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 4 del orden del
día, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Esta pregunta la va a realizar el Diputado Carlos
Chivite.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista
señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Quiero dar la bienvenida al señor Díaz Eimil.
Como usted ya sabe, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas
lleva bastante tiempo denunciando los continuos retrasos, que en algunos
casos llegan hasta el año y medio, en los que Hacienda está incurriendo a
la hora de devolver los saldos acreedores por IVA derivados del diferente
tipo de aplicación, que para la mayoría de sus compras es el 16 por
ciento, mientras que la mayoría de sus ventas están gravadas con el 7 por
ciento. Esta deuda que Hacienda mantiene con la industria agroalimentaria
está provocando graves problemas económicos en algunas de ellas y, en
cualquier caso, está limitando sus posibilidades de inversión de unos
recursos que les son propios, pero que están en manos de la Hacienda
pública.
Muchas de estas empresas, debido a esta situación, se están viendo
obligadas a recurrir a financiación externa, con el coste financiero que
ello conlleva. Son tres las actuaciones que se deben realizar sobre este
tema: adecuar la normativa actual, introduciendo los cambios necesarios
para que se agilice la devolución de los saldos acreedores del IVA;
abonar a las industrias agroalimentarias las deudas que Hacienda mantiene
con ellas, estimada en alrededor de 30.000 millones de pesetas según la
propia Administración, y abonar los intereses de demora por el retraso en
la devolución. Señor Díaz, siendo la alimentación y las industrias
alimentarias una responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, aunque desgraciadamente en los presupuestos de 1997 no
parezca que ello sea así, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué
gestiones ha realizado o está realizando el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para que se solucione la deuda que Hacienda mantiene
con la industria alimentaria y que, como ya he dicho anteriormente,
asciende a unos 30.000 millones de pesetas?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General de
Agricultura y Alimentación.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
El problema es perfectamente conocido por el señor Chivite, que ha hecho
una exposición concreta. Lo único que habría que aclarar es que esa deuda
de 30.000 millones de pesetas no es una estimación de la Administración,
sino que la ha hecho la Federación de Industrias de Alimentación y
Bebidas.
Dejando eso aparte, ¿qué soluciones puede tener este problema? Hemos
tenido reuniones con Hacienda para tratar de solucionar el problema y la
intención del Ministerio es la de seguir extendiendo a otros sectores el
decreto de 1994, de procedimiento rápido, que se aplicó a aquellos
productos que tienen un IVA del 4 por ciento, e irlo extendiendo a
determinados sectores de productos que tienen el tipo reducido del 7 por
ciento. Esta es la solución que se tiene intención de poner en marcha,
pero el problema es el plazo, y les leo las razones del Ministerio de
Hacienda para no hacerlo de una manera inmediata. Dice que las
directrices marcadas por la política presupuestaria del Gobierno para el
próximo año, dirigidas fundamentalmente a cumplir los criterios de
convergencia para que España se pueda incorporar desde el principio al
sistema de moneda única, han obligado a interrumpir el proceso de
extensión de las devoluciones aceleradas de los créditos del impuesto. Y
continúa: El indicado objetivo del Gobierno, absolutamente prioritario,
hace muy difícil adoptar en estos momentos cualquier medida que
represente costes adicionales. De todas formas, debe entenderse que este
proceso no se abandona y que seguirá aplicándose tan pronto como las
circunstancias económicas lo permitan. Dicho de otra manera, en 1997 no
parece ser que Hacienda tenga intención de seguir adelante, pero sí en el
año siguiente.
Se ha dicho que esto crea un grave problema económico a la industria
alimentaria. Es cierto que 30.000 millones son muchos millones, para
ustedes y para nosotros, pero en España la industria agroalimentaria
tiene una producción bruta anual de siete billones 740.000 millones de
pesetas. Esto quiere decir que esos 30.000 millones que
Hacienda debe a la industria representan el 0,4 por ciento de la
producción anual. Dudo que ese 0,4 por ciento de la producción llegue a
causar graves problemas económicos, limite la inversión y produzca un
coste financiero insoportable.
Estoy de acuerdo con que las deudas hay que pagarlas, aunque se generen
en el año 1992, pero está claro que la situación para la industria
agroalimentaria no es tan grave como la que nos presentan.
El señor PRESIDENTE: Para repreguntar, tiene la palabra el señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Señor Díaz Eimil, me ha extrañado la última
parte de su intervención, porque minimiza el problema de los 30.000
millones y en mi exposición yo he explicado que no sólo me refiero a esa
deuda acumulada, sino a la devolución rápida. Usted mismo hacía
referencia al Decreto de 1994, donde se dio solución al diferencial entre
el IVA del 4 y el 16 por ciento. Pido que se continúe en esta línea,
sobre todo, porque además existe un dictamen motivado de la Comisión
Europea, emitido en junio de 1996, dando la razón a las demandas de la
FIAB y obligando al Gobierno a resolver mediante un sistema de devolución
rápida el diferencial entre el IVA repercutido y el soportado.
La FIAB sigue insistiendo en esto. No obstante, desde la Secretaría de
Estado de Hacienda que dirige Juan Costa --yo espero que me pasen datos
de qué reuniones han mantenido y a qué conclusiones se ha llegado entre
ambos ministerios-- se decía que no se podía resolver el problema en 1997
debido a las dificultades presupuestarias y a los condicionantes de
Maastricht --Maastricht, una vez más, como escudo protector--, planteando
como fecha para hacer efectiva la deuda a partir del 1 de enero de 1998.
Hasta ahora, señor Díaz Eimil, sólo palabras, sólo promesas y ninguna
disposición al respecto en el BOE. Usted sabe perfectamente que tiene que
cumplirse el dictamen de la Unión Europea y el Ministerio de Economía ha
de devolver de manera urgente esos saldos acreedores que no deben estar
en sus arcas sino en las de los industriales alimentarios, a quienes se
debe resarcir, además, de los daños económicos por intereses de demora
generados, a los que, por cierto, usted no ha hecho ninguna referencia en
su contestación.
El Gobierno español, sin dar una solución, ha conseguido una demora
adicional el pasado 17 de marzo, demora que va hasta el 19 de junio, para
evitar que sea denunciado ante el Tribunal de Luxemburgo por la Unión
Europea por incumplimiento de las directivas de armonización del IVA.
El Ministerio de Economía recientemente ha denegado incluso el pago de
los legítimos intereses de demora generados por esos saldos acreedores.
Yo le diría que, una vez más, este Gobierno utiliza la financiación
extrapresupuestaria para conseguir los objetivos de Maastricht, en este
caso a costa --por decisión del señor Costa-- de las pequeñas y medianas
empresas agroalimentarias que, paradójicamente, están financiando al
Gobierno. Se utiliza una vez más la contabilidad creativa diseñada para
llegar al euro a costa también de la industria agroalimentaria. Usted
minimizaba el problema, pero efectivamente son siete los billones que
supone el valor añadido que el sector aporta, y, en cualquier caso, sabe
cómo es la estructura del sector. Está muy atomizada, hay empresas muy
pequeñas a las que estas cifras les están resultado verdaderamente
gravosas no sólo por la deuda acumulada, sino también por lo que supone
en cuanto a disponibilidad de tesorería.
Una vez más --y usted hacía una pequeña referencia a ello-- quieren
utilizar como coartada la herencia recibida. Lo apuntaba cuando decía que
eran deudas acumuladas en el año 1992. Algún paso dio el Gobierno
socialista, como la respuesta con el Decreto de 1994, para resolver el
tema del cuatro por ciento. Yo le diría que el MAPA debe asumir esta
responsabilidad y debe forzar a que el Ministerio de Hacienda devuelva a
los industriales lo que les adeuda, y no sólo eso, sino con los intereses
correspondientes, estableciendo ya la normativa para la devolución rápida
de ese diferencial.
Usted ha hablado de la importancia económica y estratégica que tiene este
sector, no desde el punto de vista solamente industrial, sino también del
sector primario, del sector agrícola, principal abastecedor de esta
industria. Yo le diría que le transmita a la Ministra doña Loyola que
debe pasar a la acción e instar a su colega señor Rato para que suelte la
pela de una vez y devuelva a los pequeños y medianos industriales
agroalimentarios el IVA que tiene en sus arcas y que no le corresponde.
Debe presionar ante el Ministerio de Hacienda, pero con mejores
resultados que los obtenidos hasta ahora, en que se muestra tan agresiva
en sus expresiones como poco eficaz en sus acciones.
Sigo demandando que la industria agroalimentaria reciba lo que le
corresponde y es suyo, y que en estos momentos está en las arcas del
Ministerio de Hacienda, y no me sirve ni la excusa de Maastricht ni la
contabilidad creativa ni la financiación extrapresupuestaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
El dictamen de la Unión Europea no es de junio de 1996, es de diciembre
de 1995. Hubo un acuerdo entre el Ministro Solbes y el Comisario Monti
para no remitir el dictamen y hacerlo público después de las elecciones.
Eso lo digo como aclaración.
Estoy de acuerdo en que Hacienda no sólo debe el principal, sino también
los intereses, así como que el Ministerio de Hacienda ha conseguido una
demora hasta junio para evitar esa denuncia. Creo que eso va a ser una
presión suficiente para conseguir que el Ministerio de Hacienda haga un
esfuerzo de buena voluntad en este sentido.
Dice usted que son las pequeñas y medianas empresas del sector las que
están soportando esta deuda del Ministerio de Hacienda. Por supuesto que
hay muchas empresas muy pequeñas, pero, aunque sean pequeñas, les
corresponde
de media ese 0,4 por mil de la producción bruta, es decir, que cuanto más
pequeña es la empresa menor es la deuda de Hacienda; eso está claro. O
sea, que el hecho de que la empresa sea pequeña o sea grande no cambia el
fondo del problema.
El Gobierno del PSOE dio ya algunos pasos, como el Decreto del año 1994
sobre el procedimiento rápido, y ya he dicho que eso es, siguiendo ese
Decreto, lo que piensa hacer Hacienda para el año 1998 y posiblemente, si
quiere evitar esa denuncia ante el Tribunal de Justicia, tenga que
hacerlo antes.
El MAPA ha asumido esa responsabilidad que usted dice, ha hecho sus
gestiones y yo le podría mostrar documentos que tengo aquí, que son el
resultado de esas gestiones. Lo que le he leído es copia literal de las
respuestas del Director General de Tributos y del Ministro Rato a la
Ministra De Palacio. Así pues, el Ministerio de Agricultura es
suficientemente sensible al problema, pero hay que comprender que la
situación presupuestaria actual quizá tenga unos objetivos que sobrepasan
este problema que nos ocupa ahora.
Espero que desde el Ministerio de Agricultura consigamos que el
Ministerio de Hacienda adelante sus previsiones, pero está claro que no
hay una posibilidad material de hacerlo durante este año, a no ser que la
situación presupuestaria mejorase lo suficiente como para que el
Ministerio de Hacienda considere que puede hacer frente a esa deuda.
--DEL SEÑOR ORTIZ MOLINA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE CAUSAS POR LAS QUE EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION NO CONTINUA CON EL AVANCE
DEL PLAN NACIONAL DE REGADIOS, HORIZONTE 2005. (Número de expedien-te
181/000419.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 5 del orden del
día, tiene la palabra el Diputado Ortiz Molina.
El señor ORTIZ MOLINA: Señor Secretario General de Agricultura y
Alimentación, no me mueve en absoluto ningún ánimo polémico en la
información que solicito, sino el tratar de superar lo que en estos
momentos para mí puede ser una sensación negativa, cambiándola por una
percepción mucho más optimista al disponer de una información real sobre
la cuestión. Me refiero al estado en que se encuentran los trabajos,
incluso a la política de este año en materia de regadíos.
No me importa, en absoluto, que el detalle nos lleve a hablar del Plan
Nacional de Regadíos aprobado por el último Gobierno o de otra proyección
política en esta materia, lógica, por otra parte, al haber un cambio de
Administración. En cualquiera de los casos, lo que me interesa es la
sustancia del asunto, que es conocer en qué situación se encuentran esos
trabajos en materia de planificación para regadíos. Desde luego,
agradecería, si fuera posible, no volver a referirnos en la fase de
explicación a los famosos 21 estudios, a los 1.700 millones de pesetas,
por dos razones elementales. Una, porque ya conocemos ese argumento y,
otra, que considero de mucho más peso, porque ya ha transcurrido más de
un año de Gobierno del Partido Popular y creemos que a estas alturas
existen referencias objetivas suficientes para poder analizar este asunto
desde los propios planteamientos del Gobierno del Partido Popular y de
los compromisos que formalmente ha adquirido ante la Cámara.
El señor PRESIDENTE: El señor Díaz Eimil tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Usted tiene razón de que no viene a cuento volver a dar explicaciones
detalladas de cómo se ha generado el problema.
Fundamentalmente, lo que se ha hecho ha sido lo siguiente. Admitiendo que
el Plan Nacional de Regadíos, horizonte 2005, que presentó el Gobierno en
febrero de 1996, en vísperas de las elecciones, era un folleto que no
indicaba de dónde se obtenía el agua, que no tiene datos económicos, que
no estudia las producciones, que no dice de dónde se va a sacar el
dinero, el Ministerio de Agricultura lo que ha hecho, a partir de
mediados del año pasado, ha sido tratar de sacar el máximo fruto de los
estudios, que fueron contratados por importe de 2.000 millones en el año
1995. En eso se está trabajando. Se hizo un equipo en la Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural que está controlando la
marcha de esos estudios. Prácticamente están terminados. Lo único que
queda es la llave maestra de todo ello, que es el estudio de cierre, es
decir, lo que debería presentarse ante el Gobierno y, si éste lo aprueba,
ante el Parlamento, para tomar decisiones posteriores.
El Plan Nacional de Regadíos está haciéndose de una manera
suficientemente detallada que permita seguir el ritmo al Plan Hidrológico
Nacional. Como sabe, éste se puede aprobar en actos legislativos
distintos, por cuencas, y en este sentido el Plan Nacional de Regadíos,
que sirva de apoyo a ese Plan Hidrológico, debe tener suficiente
flexibilidad para acoplarse a él.
Si tuviese que darle alguna fecha de cuándo estarían terminados estos
trabajos contratados, podría indicarle que quizá dentro de un mes. El
trabajo está hecho prácticamente en el 95 por ciento o poco menos. Otra
cosa es el estudio de cierre en el que hay que ofrecer las conclusiones a
nivel técnico. Una vez hechos todos esos estudios hay que compendiarlo y
darle forma legible a nivel político desde un punto de vista técnico. Es
decir, el estudio de cierre será la evaluación técnica del resultado de
todos estos trabajos. El hecho de que se presente y apruebe más o menos
rápidamente dependerá de la decisión del Gobierno.
Los estudios de fondo del Plan Nacional de Regadíos están a punto de
concluirse. Usted puede volver a hacer una pregunta en un mes o mes y
medio y posiblemente se le podrá contestar diciéndole que ya están
terminados. Hoy por hoy no se puede decir eso.
El señor PRESIDENTE: El señor Ortiz tiene la palabra.
El señor ORTIZ MOLINA: No pretendía, en absoluto, que se me pudiera dar
una fecha sobre terminación de los estudios, y mucho menos de la posible
formulación de un Plan Nacional de Regadíos. Ya me conformaría con
percibir que el Gobierno tiene muy clara cuál es su política en materia
de regadíos y, sobre todo, que hay una decidida voluntad de llevar a cabo
alguna política en materia de regadíos.
Me va a permitir que lo anuncie con este escepticismo porque con su
última intervención sigo en las mismas en las que estaba. Hemos percibido
que este año no solamente las dotaciones presupuestarias han sido menores
que el año pasado, que quizá podía estar justificado por un contexto
económico general. Las informaciones que tenemos es que esas dotaciones
presupuestarias ni siquiera se están traduciendo en una ejecución en
materia de regadíos, donde creemos que hay una gran paralización, por las
informaciones de que disponemos. En cualquiera de los casos no creo,
insisto que sin ánimo de polemizar, que ése sea el problema ni lo que más
nos preocupa, sino lo que se desprende de sus propias palabras. Nos da la
impresión de que no hay voluntad y tampoco se tienen las ideas muy
claras. Lo digo no con ánimo de crítica, sino de que seamos todos muy
sinceros y asunto tan importante como éste, por lo menos en algunas zonas
del territorio, se pueda abordar con la claridad y de la manera directa
que merece.
Venimos recibiendo informaciones, ante formulaciones de preguntas con
respuesta escrita, y todas ellas responden a una contestación de manual.
Aquí tengo varias: unas mías, otras de otros Diputados. Preguntemos lo
que preguntemos, se nos dice siempre lo mismo. Yo he preguntado por
regadíos para Murcia y se me da una contestación que es exactamente igual
que cuando se formula una pregunta en relación al plan de regadíos a
nivel nacional; exactamente igual, con puntos y comas. Creo que eso
denota una falta de atención y de voluntad en concretar detalles sobre
esas políticas. Pero, quitándole gravedad al asunto, me va a permitir que
diga que eso no es lo más grave, a mi juicio, sino las últimas
actuaciones formales del Ministerio contestando a determinadas preguntas.
Efectivamente, es razonable que el Plan Nacional de Regadíos esté en el
contexto de lo que es la política hidrológica del Gobierno de la nación.
Ya en la comparecencia del Gobierno en su momento se nos anunció que con
carácter inmediato --estamos hablando del año pasado-- se adoptaría una
iniciativa para traer una ley de medidas urgentes en materia de agua, que
a continuación se elaboraría un libro blanco sobre el agua y que eso nos
conduciría al Plan Hidrológico Nacional. Dentro de ese contexto estaría
el Plan Nacional de Regadíos. ¿Cuál es el problema? Esto es lo que
realmente me preocupa. Insisto, la falta de claridad de ideas y de
compromiso. Sucesivamente los compromisos se han ido dilatando en el
tiempo. Lo que se iba a presentar a final del año 1996 se anuncia para
los primeros meses de 1997, después se alarga para el verano.
En mi ánimo de no polemizar y de entenderlo todo, diría más. Esto no es
lo más grave. Lo que más me preocupa es la última contestación que me
facilitan en relación al Plan Nacional de Regadíos. El día 17 de marzo
ustedes contestan a la pregunta de un Diputado diciendo que los estudios
se van a acabar y que inmediatamente se pondrán en marcha los trabajos
para la configuración del Plan Nacional de Regadíos. Cinco días después
--insisto en que la contestación del día 17 sigue siendo de manual-- ya
me contestan a mí directamente, pero entrando en más detalle. Manifiestan
que han ampliado el plazo de entrega de esos estudios y han perfilado
--no voy a decir reorientado porque sería cambiar las bases del concurso
y eso sería complicadísimo de entender y de admitir-- determinados
detalles del concurso por el que se adjudican los estudios. Pero
--fíjese-- eso lo dicen cinco días después y en la contestación anterior
no hacen ninguna referencia a ello. ¿Es que ese cambio se produce en esos
cinco días? No lo creo, porque la fecha de entrega de los estudios era a
finales de 1996 y se supone que, si no se entregan en la fecha, si hay
alguna ampliación de plazo, será con carácter inmediato, no tres meses
después, y si hay reorientación de objetivos o matices, también se hará
en esa fecha. Lo que todavía me preocupa más es que cambian el texto de
la contestación --ésta sí la han elaborado, no es de manual, está mucho
más elaborada que las otras--, y esta última contestación termina
diciendo que el Plan Nacional de Regadíos no debe anticiparse al Plan
Hidrológico Nacional. Además, tenemos que tener en cuenta que la señora
ministra ha anunciado --o el Gobierno en general; no hay por qué
personalizar en este caso, puesto que las políticas de agua están
compartidas por dos ministerios-- que se mantiene el Plan Hidrológico
Nacional para el año 1998, cuando en todas sus manifestaciones anteriores
lo venía dilatando en el tiempo. Eso, que todavía es una promesa que no
ha llegado, se puede mantener; ya veremos cuando llegue 1998. En
cualquiera de los casos, si fuera cierto...
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, le rogaría que fuese terminando.
El señor ORTIZ MOLINA: Acabo inmediatamente, señor Presidente.
Si fuera cierto que el Plan Hidrológico Nacional se va a elaborar en el
año 1998 y ustedes contestan aquí que el Plan Nacional de Regadíos no
puede anticiparse a ese Plan Hidrológico Nacional, estamos hablando de
definir una política en materia de regadíos para el año 1998, con suerte,
lo cual nos llevaría a que en esta legislatura no solamente no lo están
ejecutando en los presupuestos anuales --insisto, salvo que esté en un
error--, sino que, además, la gran planificación en materia de regadíos,
prácticamente, quedaría para la siguiente legislatura.
Creo que eso sería un error muy grave porque, por mal que lo pudiéramos
haber hecho los socialistas en materia de política de regadíos, estoy
seguro de que alguna definición de esa política se podía haber
aprovechado, haber sido útil y haberse ejecutado, en tanto en cuanto el
Partido Popular se aclaraba y definía su propia política. Es razonable
--insisto-- que una administración distinta aplique su política, pero
que, mientras la define, aplique la que había en la medida en que sea
aprovechable, salvo que se tenga una solución inmediata. Paralizar lo que
había y dilatar una política tan importante como ésta a tres o cuatro
años después, sinceramente, nos parece un error.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz Eimil, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Le voy a dar una contestación fuera del manual. Para demostrar que hay
voluntad política, le diré que hoy, concretamente, se presenta el plan
hidrológico de la cuenca del Segura. En cuanto a que ese plan hidrológico
se puede aprobar en actos legislativos distintos, éste es un ejemplo.
Detrás de ese plan hidrológico tendrá que llegar el Plan Nacional de
Regadíos o el plan de regadíos de esa cuenca. El consejo del agua de la
cuenca tiene que emitir informe sobre este plan hidrológico, que deberá
seguir todo el procedimiento subsiguiente.
Hay que reconocer que un Plan Nacional de Regadíos de un país como España
no es un trabajo sencillo, es un trabajo de romanos. En España, los
regadíos se están haciendo desde la época de los árabes. Esto no se
improvisa y no se puede pedir al Gobierno que fabrique un plan en un
ratito. Hay que tener un poco de paciencia. Paso a paso iremos
concretando, para darle a usted la oportunidad de pensar que realmente
hay algo de voluntad.
--DEL SEÑOR MADRID LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE EFICACIA DE LA ORDEN
MINISTERIAL QUE DESARROLLA MEDIDAS URGENTES APROBADAS POR EL CONSEJO DE
MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UNION EUROPEA PARA COMPENSAR AL SECTOR
VACUNO. (Número de expediente 181/000422.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 6, tiene la palabra
la señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Esta pregunta es sobre el sector vacuno. Todos
sabemos los vaivenes que ha tenido el sector vacuno de un año a esta
parte y todos sabemos también las posturas que ha mantenido la
Administración española --con su ministra a la cabeza-- en los cambios
que se han producido en el asunto de las «vacas locas». No voy a
repetirlas porque ya se han reiterado en bastantes ocasiones en este
Parlamento, pero sí quiero señalar una, exclusivamente: repercutió
directamente en los precios y, por lo tanto, repercutió en el poder
adquisitivo de los ganaderos de vacuno, es decir, del sector productor
español. El ministerio anunció una orden y, también, unas ayudas; estas
ayudas no eran de fondos propios del Ministerio de Agricultura, sino de
la Unión Europea. Otros países limítrofes con España consignaron en sus
presupuestos y dieron a los ganaderos otra ayuda adicional, con fondos
del propio ministerio; sin ir más lejos, Francia.
A raíz de esto, nosotros preguntamos si cree el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación que la orden ministerial que desarrolla
medidas urgentes aprobadas por el Consejo de Ministros de Agricultura de
la Unión Europea va a ser eficaz para compensar al sector vacuno. De
paso, añadimos otra pregunta: ¿Cuáles son las razones por las cuales se
ha optado por esta orden y no por otras medidas adicionales?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
La manera de medir la eficacia es ver cómo se ha comportado el sector. No
le voy a aburrir enumerando todas las medidas que se han tomado, tanto a
nivel de la Unión Europea como a nivel español. ¿Cuáles son los
resultados? Los resultados se pueden medir, por una parte, por los
precios percibidos por los productores y, por otra, por el volumen de
producción. En cuanto a los precios, cuando empezó la crisis de las
«vacas locas» en el sector, los precios en la Unión Europea, en España,
en Alemania y en Francia, eran prácticamente iguales. Podemos decir que
en el momento más grave de la crisis, esos precios, que eran de 300 ecus
por 100 kilos, en Francia habían caído hasta 210 ecus --es decir, un 30
por ciento--; en Alemania habían caído hasta 240 ecus --o sea, un 20 por
ciento--; en la Unión Europea habían caído hasta 250 ecus, y en España se
mantuvieron al nivel de 260 ecus. Se puede decir que la repercusión de
todas esas medidas tomadas en la Unión Europea en España ha sido la
mayor. En el año 1996, el volumen de producción creció un 3 por ciento,
los precios descendieron un 13,9 --es decir, prácticamente un 14 por
ciento-- y el valor de la producción --aumentó un poco el volumen de
producción y, como consecuencia, bajó el precio-- bajó un 11 por ciento.
Esos son los datos del sector y los que les interesan a los ganaderos.
A pesar de toda esa crisis, la producción ha aumentado y sigue
aumentando. En el año 1995 hubo 640.000 solicitudes de primas; en el año
1996 hubo 700.000 solicitudes, y del año 1997 no tenemos datos todavía,
pero se están produciendo a un ritmo de crecimiento de un 9/10 por
ciento. Es decir, que el sector está creciendo en cuanto a solicitudes de
primas a un 10 por ciento anual. Si la gente produce más carne será
porque es un negocio, porque normalmente la gente no se anima a
arriesgarse en un negocio en el que se pierde dinero.
Yo le voy a facilitar a la señora Leiva este cuadrito, que es muy
significativo de cómo reaccionó el sector en cuanto a precios, tanto para
España como para el resto de la Unión Europea, Francia y Alemania. Eso
explica también por qué en Francia pagaron esa ayuda nacional que en
España, en principio, no se pagó. En Francia los precios cayeron un 30
por ciento, la situación era insostenible y se dio una ayuda nacional
complementaria. ¿Sabe usted lo que hicimos nosotros con esa ayuda
nacional complementaria? La hemos
dado también, pero en el sector del vacuno de leche, porque hemos
considerado que el vacuno de carne ya había sido suficientemente
compensado. No hay que olvidar que el vacuno de carne recibió en julio
junto a las primas normales 10.500 millones, más 4.800 millones en
octubre de 1996, más los beneficios de lo que se llama la minirreforma,
que representa un incremento adicional de 11.500 millones para 1997 sobre
el año 1996. Además, hemos obtenido un incremento de 50.000 primas,
cuando en todos los Estados miembros ese número de primas ha sido
disminuido.
Hablando de la ayuda nacional, decía que Francia la concedió en su
momento y que nosotros la vamos a dar ahora para compensar a los
productores de vacuno de leche por el menor precio del ternero que ha
tenido en el año 1996. Creemos que es un sector que merece también ser
ayudado, como lo fue en Alemania, y por eso nosotros lo hemos aplicado.
Son 6.000 millones que se reparten entre los productores de vacuno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Díaz Eimil, si usted me da esos datos
macroeconómicos estudiaré el cuadro, que todavía no ha llegado a mi
poder, pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo: en que, a pesar
de la crisis, hay producción que colocar en los mercados.
La Comisión de Bruselas acaba de aprobar un reglamento único sobre la
identificación y registro del ganado vacuno y el etiquetado de estas
carnes. Lógicamente, todo esto tiene que ir acompañado de unas campañas
de promoción, porque, ante todo, tenemos que recuperar la confianza de
los consumidores para que los productores puedan colocar su producto. En
este momento, tenemos noticias de que se han aprobado programas de
promoción y comercialización en diferentes Estados miembros.
Concretamente, en España hay dos programas: uno, que va a beneficiar a la
denominación específica ternera gallega, a la carne de Asturias, a la
ternera de Navarra, a la carne de raza de Pirineos, a la agrupación de
vacuno extensivo de calidad, y al programa Clara. Me gustaría que nos
diferenciara qué parte de este programa se lleva cada cual cuando estamos
hablando de una inversión de 380 millones de pesetas. El otro programa,
con 67 millones de pesetas, ha sido aprobado para el label de calidad
Calicatea, del País Vasco, me parece que de Vitoria.
En este momento, nos preocupa que unos puedan acceder a estas ayudas
comunitarias y otros, en otras comunidades autónomas, todavía estén
debatiendo cuál va a ser el programa de promoción y cuál va a ser la
figura de esta promoción, si va a ser un label, si va a ser una
denominación de origen, qué es lo que va a ser. Nos preocupa porque
creemos que lo importante es ganar la confianza de los consumidores, y en
el momento en que tengamos ganada la confianza de los consumidores
podremos superar en España esta crisis.
También queremos que le haga llegar a la Ministra Loyola de Palacio
nuestra preocupación porque por la financiación del asunto de las «vacas»
locas en la Unión Europea, las ayudas a otros productos como, por
ejemplo, los cereales, se puedan ver perjudicadas en el próximo
ejercicio, porque esto se está planteando en este momento en la Unión
Europea en la negociación de precios agrícolas para la siguiente campaña.
Tendrá nuestro apoyo. Desde luego, creemos que el productor vacuno y el
productor vacuno de leche, además del de carne, necesitan apoyo, porque
es injusto que otros sectores se vean perjudicados por el problema de las
«vacas locas», que no ha ocasionado España y que, además, estos sectores
españoles sean los grandes perjudicados porque bastante perjuicio tienen
ya con la aplicación del plan nacional de regionalización de cultivos
herbáceos, sobre todo en su versión regadíos.
El señor PRESIDENTE: Para la contestación tiene la palabra el señor Díaz
Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Hay una serie de campañas de promoción, que son muy convenientes para dar
confianza a los consumidores. La señora Leiva ha mencionado unos
programas que existen ya con una serie de dotaciones, y se pregunta por
qué otros no pueden hacer lo mismo.
Hay que decir que estos programas son de iniciativa privada. Tanto Clara,
como el ternera de Galicia, Asturias, etcétera, se deben a organizaciones
de productores que hacen estos programas, a los cuales la comunidad
autónoma o el ministerio dan el visto bueno y las ayudas son
comunitarias, gestionadas directamente en Bruselas. Por lo tanto, lo que
tienen que hacer otros productores, si quieren seguir esta vía que es muy
conveniente, es ponerse manos a la obra.
El ministerio solamente tiene competencia en lo que se refiere a la
identificación y etiquetado de la carne, que son reglamentos que están
prácticamente aprobados ya, en los cuales se pone en marcha, por una
parte, un sistema de identificación de los animales que permita conocer
su origen desde el momento de su nacimiento hasta que son despiezados en
la carnicería y es etiquetada esa carne. Todos esos programas de
promoción tendrán que ajustarse al reglamento del etiquetado, pero,
además, la idea es que este etiquetado de la carne sea obligatorio en el
año 2000. Esperemos que en el año 2000 se pueda comprar la carne como se
compran las galletas o la leche condensada, con una etiqueta que diga qué
es y de dónde viene.
Estamos de acuerdo en que no hay que perjudicar las ayudas a los
herbáceos y tomo nota. La posición española es ésa. Le puedo tranquilizar
a la señora Leiva en el sentido de que hay muchos Estados miembros que lo
apoyan; es decir, en el seno del Consejo hay mayoría en contra. Va a ser
muy fácil conseguir que eso no salga adelante, por lo que en este caso no
va a ser un mérito de la delegación española, sino que será un mérito
compartido entre los Quince, como suele ser lo que se hace siempre en
política agrícola común.
Sobre el perjuicio de los regadíos en el plan de regionalización, hay que
pensar que la superficie de regadío estaba
sistemáticamente penalizada porque se superaba siempre, y esa
penalización el año pasado fue del 25 por ciento. Si con el nuevo plan y
con las hectáreas que pasan de secano a regadío se consigue que no haya
esa superación, entonces, salimos lo comido por servido; es decir, las
ayudas por hectáreas serán inferiores, pero no habrá penalización, con lo
cual, a la hora de echar cuentas, lo único que habremos conseguido será
arreglar el secano y no perjudicar al regadío.
Nada más. (La señora Leiva Díez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Ya sabe S. S. que los debates se cierran con la
intervención del Gobierno; si no, reabriríamos una situación que no está
contemplada en el Reglamento.
--DEL SEÑOR CHIVITE CORNAGO (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MOTIVO DE LA
PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LOS CONSEJOS REGULADORES DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. (Número de expediente
181/000424.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 7, tiene la palabra
la portavoz del Grupo Socialista, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Pretendía hablar precisamente de ganar la confianza
al consumidor. En este momento, con el plan de etiquetado para el año
2000, se podía aplicar una única etiqueta para el consumidor --esto es
como lo de los descodificadores, espero que no me hable en la respuesta
de eso--, porque son muchas las que se están proponiendo en este momento
en las diferentes zonas productoras españolas, y, además, la de la Unión
Europea. Homogeneicemos esto porque, si no, va a ser el reino de la
confusión.
Por otra parte, estamos ya en la pregunta del motivo de la prórroga de la
vigencia de los consejos reguladores dependientes del ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Me va a contestar que en el boletín
del 24 de marzo de 1997 tengo la convocatoria de las elecciones, pero
cuál es mi sorpresa que aquí no aparece la denominación de origen Rioja.
Me sorprende, aunque no me extraña, porque durante la primavera pasada y
el verano, los medios de comunicación de La Rioja, de Navarra y del País
Vasco, es decir, de tres comunidades autónomas, nos estuvieron
sorprendiendo --aquí tengo todos los recortes por si quiere verlos-- con
texto del pacto sobre el vino de Rioja a que habían llegado. En estas
tres comunidades autónomas se decía que la Administración central debería
autorizar el acuerdo amparado en el artículo 149.2 de la Constitución.
Este acuerdo habla de una serie de puntos. No los voy a leer todos porque
tengo muy poco tiempo, pero sí voy a leer uno, que dice que el resultado
de la votación para elegir presidente del consejo será comunicado a los
gobiernos de las tres comunidades autónomas. El documento detalla que la
convocatoria y regulación de las elecciones será efectuada por las tres
administraciones, previo acuerdo entre ellas en cuanto a fechas y
trámites del proceso, con arreglo a criterios de representación
proporcional entre las diferentes zonas y subzonas de la denominación.
Hay otras muchas cosas sustantivas en las cuales se requiere la
competencia del consejo regulador a las tres comunidades autónomas, en
detrimento de esa unidad de lo que han sido los vinos de Rioja hasta
ahora, y que dependía de la Administración central.
Quiero decir que no sé dónde está en conflicto. No sé por qué no ha
aparecido la convocatoria de Rioja en el boletín oficial junto a la de
los demás. No sé si usted la tiene ya firmada, me va a sacar debajo de la
manga que ya está firmada y que no me he enterado porque todavía no ha
aparecido en el boletín. Me gustaría que fuera así, porque lo que está
claro es que la convocatoria del consejo regulador de Rioja lleva ya un
año de retraso, y, por lo visto, el retraso va a ser mayor, con
discordia. No sé si va a haber la unidad que nos vendieron los consejeros
en las respectivas comunidades autónomas y va a pasar a depender
orgánicamente de las comunidades autónomas.
Me gustaría que me aclarara todos estos conceptos: dónde está el
conflicto, por qué no sale la convocatoria de Rioja; si es que tienen
problema entre ellos; si tienen problema entre ellos y el ministerio; si
el problema está en el Ministerio o si el problema está en la
constitución de la comisión lectoral central y comisiones de las
denominaciones. Explíquemelo porque nos preocupa mucho a Rioja y a las
tres comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Díaz
Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Por lo que se refiere a una sola etiqueta para la carne, creemos que no
debe ser así porque responde a programas distintos. Es algo así como si
pidiésemos una sola etiqueta para los distintos vinos que existen. La
etiqueta de la carne tendrá unos mínimos obligatorios que tiene que
cumplir todo el mundo con las indicaciones obligatorias, como en el caso
de los vinos, y luego habrá una serie de programas que ponen su etiqueta
adicional. Al consumidor se le va a ofrecer una homogeneidad mínima, pero
se le va a dejar también que elija, ya que el consumidor es muy
caprichoso y puede preferir comer ternera vasca, en vez de ternera
gallega, aunque, posiblemente, la diferencia no sea muy grande.
¿Qué ha pasado en el consejo regulador de Rioja? ¿Por qué no se ha
publicado todavía la convocatoria de elecciones? Usted sabe muy bien que
la denominación de Rioja cae dentro del territorio de tres comunidades
autónomas, lo cual dificultó consensuar esa convocatoria de elecciones.
Lo dificultó en el sentido de que, dentro de las comunidades afectadas,
había comunidades que opinaban que deberían hacer todo y que el
ministerio no se debería meter en nada, e incluso no había acuerdo entre
ellos. Por otra parte, el ministerio, según sentencia del Tribunal
Constitucional, no puede renunciar a sus competencias en este caso. Hay
una sentencia sobre el cava, la número 112 del
año 1995, en la cual Cataluña reclamaba para sí las competencias en el
consejo regulador del cava, en la que primero dice que el Estado puede
ordenar las denominaciones de origen que abarquen el territorio de varias
comunidades autónomas --concretamente señala que es una actuación que
lógicamente sólo pueden efectuar los órganos generales del Estado--, y
luego añade que es una normativa que, por razones territoriales, sólo
puede en estos casos dictar el Estado. Es decir, el Ministerio de
Agricultura no tenía margen de maniobra para darle gusto a la idea
primitiva de que las tres comunidades autónomas se ponían de acuerdo para
hacerlo todo. Aunque quisiera haber hecho eso el Ministerio de
Agricultura, no podía porque está obligado, por la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, a hacerse cargo de sus responsabilidades. Esto,
sencillamente, es lo que ha retrasado todo.
Ahora mismo me juran y me perjuran que la convocatoria de elecciones sale
en esta semana. Me parece una exageración, ya que hoy es miércoles, pero
puede salir dentro de quince días, cosa que no es demasiado grave. Al
final, las aguas han vuelto a su cauce. Ha sido una negociación
particularmente difícil, ya que ha habido que consensuar, porque todas
estas convocatorias de elecciones están consensuadas con las comunidades
autónomas y con las organizaciones profesionales de agricultores. Esto ha
sido particularmente difícil en este caso y justifica un retraso
adicional que tampoco ha sido tan grave, porque la convocatoria de
elecciones salió el 24 de marzo en el boletín oficial y va a tener un
retraso de un mes y pico.
El señor PRESIDENTE: ¿La señora Leiva quiere volver a intervenir?
La señora LEIVA DIEZ: No se puede decir que se basan en la sentencia
número 112, del año 1995, para haber tenido a los medios de comunicación
de tres comunidades autónomas toda la primavera y el verano pasado
poniendo en boca de la Ministra --espero que se lo comunique--, en
diarios que aparecieron el día 23 en todas las comunidades autónomas, a
raíz de una conferencia sectorial que hubo el 22 de junio de 1996, que
Loyola de Palacio concederá autonomía al consejo regulador, tal como le
solicitan los consejeros de agricultura de las tres comunidades
autónomas. Creo que esto es un fraude. En este momento lo que sí se puede
decir es que no hay autonomía en el consejo regulador. Me gustaría saber
si se va a configurar bajo el régimen de estatuto de autonomía, como
entidad pública sujeta al derecho privado, como se solicitó en su día por
parte de los tres consejeros. Lo que me está diciendo es que en Rioja
todo va a seguir igual que en las antiguas convocatorias. Aunque varíe el
número de vocales y haya ciertos matices, no va a haber autonomía en las
tres comunidades autónomas frente al ministerio, que era la razón
fundamental por la que se aplicaba este pacto sobre el vino de Rioja.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
El ministerio y la ministra han sido fieles a esa concesión de autonomía
en el sentido de concederla dentro de los límites de la legislación
vigente. Una ministra, por muy ministra que sea, no puede hacer nada
ilegal. Está claro que nosotros no tenemos la facultad de ejercer un
determinado poder en este tipo de consejos reguladores, sino que tenemos
la obligación de hacerlo legalmente. Por tanto, cuando habla la ministra
de conceder autonomía, habla de concederla dentro del margen que le
ofrecen las leyes.
No hay ningún fraude, ni todo va a seguir igual porque en el consejo
regulador se les da a las comunidades autónomas un papel determinante.
Dentro de esa legalidad vigente, la convocatoria de elecciones va a ser
exactamente igual que para los consejos reguladores que dependen
directamente de las autonomías. La única diferencia es que en las
normales el presidente de la comisión electoral será el presidente de la
comunidad autónoma, y creo que en Rioja ese presidente es el presidente
del consejo regulador. Es decir las diferencias entre la convocatoria del
20 de marzo y la que va a salir para Rioja van a ser mínimas. No hay nada
especial para Rioja, solamente la circunstancia de que es una
denominación que depende de tres comunidades autónomas y que, dentro del
marco legal del que disponemos, tendrán la autonomía que puedan tener, no
toda la que quisieran en algunos casos, porque lo que ha retrasado todo
esto han sido peticiones que se salían de la legalidad.
--DE LA SEÑORA LEIVA DIEZ (GRUPO SOCIALISTA), ACERCA DE LA POSICION DEL
GOBIERNO ANTE LA DENOMINADA GUERRA DEL CAVA CON RESPECTO AL CONSEJO
REGULADOR DEL MISMO. (Número de expediente 181/000473.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número ocho que figura en
el orden del día, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista,
señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Voy a intentar ser breve para cumplir el tiempo de
debate.
Tenemos una denominación de origen, cava; hay un consejo regulador; hay
una zona productora que afecta a varias comunidades autónomas españolas y
hay un conflicto que surge a comienzos de 1996. Aparecen en prensa
diversas informaciones respecto a un cruce de acusaciones entre las dos
empresas más importantes en la denominación cava en cuanto a diferentes
aspectos del reglamento, que no voy a enumerar aquí porque lo más
importante para el cava es su permanencia, su incremento en el mercado, y
la estabilidad en la producción, productores y elaboradores. Sí quiero
hacerle una pregunta al Ministerio de Agricultura: ¿Qué posición va a
mantener el MAPA ante la denominada guerra del cava con respecto al
consejo regulador del cava?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díez Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Ya sabe S. S. que la guerra dentro del consejo regulador se inició con
una denuncia contra la proclamación de vocales en el Tribunal de Justicia
de Cataluña, que sentenció que había que renovar ese consejo. Con todos
estos trámites, llegamos prácticamente al período en que caducan los
mandatos actuales y se hace una nueva convocatoria, que está dentro de
ésta del 20 de marzo que ya he mencionado. Ahí está incluido también el
cava.
¿Posición del Ministerio? Hemos considerado al consejo regulador
legalmente establecido, hasta que una sentencia de un tribunal ha dicho
que eso no era cierto. Como, por otra parte, teníamos que convocar ya las
elecciones porque caducaba el período de mandato, se han convocado.
Esperemos que esas elecciones se lleven a cabo de forma legalmente válida
y que se solucione esta guerra que no ha beneficiado a nadie, que ha sido
ampliada con denuncias cruzadas entre los principales elaboradores del
cava que han hecho mucho daño en el sector. La posición del ministerio es
que ahí está la convocatoria de elecciones. Hay que renovar el consejo
regulador, no sólo por un mandato de un tribunal de justicia, sino porque
ha llegado el momento de hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Díaz Eimil, usted sabe igual que yo que ha
sido todo bastante más complejo, pero prefiero no entrar en este momento
en el tema, cuando ya están las elecciones convocadas. Simplemente voy a
valorar el funcionamiento de la gestión encomendada y los problemas que
surgen en algún consejo regulador para la defensa de la calidad de los
productos.
La gestión encomendada a los consejos reguladores necesita una revisión.
Sabemos que están intentando modificarlo; nosotros lo teníamos previsto
para la siguiente legislatura. Les apoyaremos. Creo que hay una
resolución aprobada en esta Comisión de Agricultura, pero parece que no
hay voluntad política para ponerla en marcha, porque está aprobada pero
aquí nadie dice nada y sabemos que se está avanzando en la modificación
de la legislación. En los consejos reguladores hay que contemplar, en
primer lugar, los aspectos comerciales y económicos.
Como prioridad en la denominación del cava, la obligación del sector
reproductor es producir materia prima de calidad, tener presencia en el
consejo, que asegure un producto final de calidad y que sea remunerado
con precios que permitan vivir dignamente. El sector comercializador, sin
embargo, ha de tener la materia prima abundante, que no escasee y que
tenga calidad. Para conseguir el objetivo fundamental que necesita en
este momento el sector, que es posicionarse e incrementar su
participación en los mercados, quizá haya que plantearse modificar la
normativa, actualizándola, dependiendo de las demandas y necesidades que,
tanto el sector productor como el comercializador, tengan en este
momento. En este sentido, tendrá el apoyo del Grupo Socialista en esta
Cámara, siempre que se nos llame a negociar la adaptación de esta
legislación conjuntamente con el ministerio, por lo que es imprescindible
el acuerdo entre productores y comercializadores, entre la Administración
y los sectores y también entre los grupos políticos de esta Cámara.
Es fundamental para el desarrollo del producto saber que todos vamos en
el mismo barco, además de los componentes del consejo, desde el
presidente hasta el último vocal. El consejo regulador no puede ni debe
estar sometido a una indefinición y ha de cumplir la normativa, que para
algo está. Como le decía, si esa normativa no nos sirve, el pleno del
consejo está en su derecho, conjuntamente con el ministerio, para
elaborar una nueva reglamentación acorde con las necesidades actuales del
sector.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Eimil, para contestar
a las cuestiones planteadas por la señora Leiva.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Estoy completamente de acuerdo con la señora Leiva y le agradezco el
apoyo que ofrece. Intentamos consensuar la revisión de la legislación con
las organizaciones de productores que, aunque no tienen una relación
directa con los distintos partidos políticos, sí tienen cierta afinidad.
Contamos con su opinión. Reitero el agradecimiento de su colaboración y
no dude la señora Leiva de que pediremos su consejo.
--DEL SEÑOR TORRES SAHUQUILLO (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MOTIVO PARA QUE
LOS PRODUCTORES ESPAÑOLES DE OLEAGINOSAS DEJEN DE RECIBIR UNOS 5.000
MILLONES DE PESETAS POR LA PENALIZACION EN ESTA CAMPAÑA. (Número de
expediente 181/000425.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del orden del día número 9.
Para su formulación, tiene la palabra el Diputado, señor Torres
Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: En primer lugar, quiero saludar al Secretario
General de Agricultura y Alimentación, don Carlos Díaz Eimil. Le he
conocido esta mañana y para mí ha sido un gusto darle la bienvenida a la
Comisión. Entienda que las críticas que voy a verter en mi intervención a
la gestión del Gobierno del Partido Popular, no son en el ámbito
personal, sino político. Le aseguro que van a ser críticas moderadas,
cargadas de razón. Sólo por creer eso es por lo que las voy a hacer. Si
creyera que no las merece, no las haría.
Voy a hacer una pequeña introducción a mi pregunta, con su permiso, señor
Presidente. De todos es sabida la importancia que para el mantenimiento
de la renta agraria tienen las ayudas de la política agraria comunitaria,
sobre todo en España. Es una cifra más o menos aceptada por todo el
mundo, que supone en España casi el 30 por ciento dela renta agraria
española. Esto se ha puesto claramente
de manifiesto en los recientes años pasados con la pertinaz sequía que
hemos tenido, una sequía muy dura, donde, a pesar de la consiguiente
disminución de producciones, no se ha visto resentida la renta agraria
gracias a las ayudas de la PAC. Esta vez se ha visto clarísimamente la
poca razón que tienen algunos descerebrados que dicen que ingresar en la
Unión Europea fue un error. Afortunadamente, son muy poquitos.
Precisamente porque son tan importantes las ayudas de la PAC a la renta
agraria, el anterior Gobierno socialista negoció con la Comisión en
sucesivas ocasiones la no penalización a los agricultores españoles de
cultivos herbáceos por rebasamientos de superficie. Quiero aclarar que
era la no penalización reglamentaria. No era un capricho de la Comisión,
sino que reglamentariamente era oportuno. El Gobierno socialista negoció
con la Comisión y evitó las penalizaciones en secano, porque estaba
convencido de que era fundamental que esa renta agraria se mantuviera y
de que una manera de conseguirlo era gracias a estas ayudas de la PAC.
Tras esta situación, hubo cambio de Gobierno y el nuevo se estrenó con
firmeza ante Europa. Debo decir, señorías, señor Secretario General, que
esta firmeza ante Europa nos ilusionó a todos, porque de ella augurábamos
grandes beneficios para España, ya que si pasábamos del pedigüeño de
Felipe González al firme de Aznar, evidentemente sólo podíamos augurar
beneficios. Si con el pedigüeño de Felipe González habíamos conseguido
cientos de miles de millones para España a través de los fondos de
cohesión, con la firmeza del señor Aznar y de la Ministra sin duda íbamos
a conseguir beneficios mucho más importantes para nuestro país.
Usted habló antes de que el Gobierno no es Superman, en este caso parece
que tampoco la Ministra de Agricultura es Supergirl (Risas.), porque el
resultado, señorías, ha sido un poco inesperado, por la ilusión que nos
había creado a todos la firmeza ante Europa que el Gobierno había
anunciado, y algo defraudador de expectativas. Como consecuencia de la
firmeza del Partido Popular en Europa, por primera vez en España el
secano ha sido penalizado, por primera vez, señorías; ha sido penalizado
en Castilla y León en el 9,8 por ciento y en el País Vasco en el 3,9 por
ciento. Esto no había ocurrido antes, aunque se habían sobrepasado las
superficies con anterioridad, y saben ustedes, incluso, que en otra
comunidad autónoma, a la cual pertenezco, nunca hubo penalización,
repito, gracias al pedigüeño del Gobierno anterior.
Con la firmeza del Gobierno actual también se ha penalizado el regadío,
por rebasamiento de superficie, del orden del 25,3 por ciento para los
agricultores que podríamos llamar normales, y del 17,9 a los pequeños
agricultores. Por si fuera poco, se amenazaba ahora con nuevas
reducciones para la campaña 1997-1998 --estamos hablando del actual
debate sobre el paquete de precios--, y esas reducciones, de llevarse a
cabo, según las asociaciones agrarias españolas suponen alrededor de
30.000 millones de pesetas menos en ayudas para España. En oleaginosas,
además de la anterior penalización (porque hay que recordar que quienes
cultiven oleaginosas en regadío van a sufrir la penalización del regadíos
y quienes las cultiven en secano, en Castilla y León o en el País Vasco,
van a sufrir la penalización de secano) se está planteando que sufran una
nueva penalización los cultivadores españoles de oleaginosas que, según
las organizaciones agrarias, aproximadamente se cifra en unos 5.000
millones de pesetas. Que esto ocurra, que el Ministerio no pueda
impedirlo, que no haya intentado impedirlo --no que no lo haya intentado,
estoy convencido de que lo ha intentado--, que no lo haya conseguido, ha
sido criticado por todas las organizaciones agrarias españolas.
En resumidas cuentas, señor Secretario General de Agricultura y
Alimentación, quiero hacerle la siguiente pregunta: ¿cuál es el motivo
para que los productores españoles de oleaginosas dejen de recibir unos
5.000 millones de pesetas por la penalización de esta campaña?
El señor PRESIDENTE: Para la contestación, tiene la palabra, de nuevo, el
señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Aunque sólo hace la pregunta de las oleaginosas, también pone sobre la
mesa muchas cuestiones. Le tengo que asegurar que los que dicen que ha
sido un error ingresar en la Unión Europea son solamente los que no
cobran subvenciones; los que cobran subvenciones están de acuerdo con
usted.
Este año ha habido penalizaciones por la aplicación de las reglas de la
política agrícola común. En cuanto a la firmeza ante la Unión Europea le
diré que no se trata solamente de una firmeza a la hora de negociar, sino
también de una firmeza a la hora de aplicar la política. Es decir, no se
puede pretender aplicar la política agrícola común en el país agarrándose
a triquiñuelas o prácticas fraudulentas. Y no digo esto por un caso
concreto, sino, sencillamente, porque hay que ir haciéndose a la idea de
que cuando hay que aplicar una penalización se aplica y punto, porque
ésas son las reglas del juego. ¿Por qué no ha habido penalizaciones hasta
ahora? No las ha habido porque con motivo de la sequía se llegó a un
acuerdo, y era que una manera de ayudar a los agricultores en esa
situación de sequía sería no aplicar una penalización, penalización que
reglamentariamente, desde el punto de vista legal, todavía no está,
digamos, legalizada, y perdóneme por la redundancia; es decir, todavía se
tiene que aprobar ese reglamento que ha permitido no aplicar
penalizaciones en 1995.
Por primera vez en el secano hubo penalizaciones y en el regadío también.
Precisamente para corregir esa situación es para lo que hemos modificado
el plan de regionalización, que ha causado tantas quejas entre los
agricultores. Naturalmente en el plan de regionalización, a priori, puede
haber algunos agricultores que se sientan lesionados y otros que se
sientan beneficiados; por supuesto, los beneficiados no dicen nada y los
lesionados calculan sus daños en cifras astronómicas, como las
organizaciones de productores, que las han calculado en 30.000 millones.
Nosotros hemos hecho el balance con cifras y estamos dispuestos a
cotejarlo seriamente con las organizaciones de productores, cosa que no
han querido hacer, demostrando que este nuevo plan de regionalización que
hemos hecho logra
unos ingresos de 10.000 millones más sobre la situación anterior, que,
además, representa una mejor distribución, más justa, porque se evita la
penalización del secano, que era sistemática en Castilla y León y en el
País Vasco, y en regadío, ya lo he dicho, prácticamente lo que se
penalizaba por exceso de superficie ahora viene, digamos, deducido de
esas disminuciones que se han hecho de los rendimientos.
Paso a la pregunta concreta de las oleaginosas. Se dice que ha habido
5.000 millones de penalización. No es cierto, lo que ha habido ha sido
una corrección del cálculo de la ayuda a los agricultores. La ayuda a las
oleaginosas se calcula como diferencia de precio entre lo que se supone
que deben cobrar los agricultores para tener unos ingresos dignos y el
precio medio de mercado. En septiembre se hace un avance provisional, se
les da un dinero provisionalmente, calculando ese precio de mercado con
los datos disponibles hasta entonces, y en enero, cuando se conoce el
precio de mercado, se hace la corrección definitiva. Si la diferencia
entre el cálculo definitivo de la ayuda y la ayuda provisional que se les
ha avanzado en septiembre es inferior a un 8 por ciento no se hace nada,
y si es mayor del 8 por ciento se corrige esa diferencia en más o en
menos, en lo que corresponda. Este año el precio de mercado ha sido un 13
por ciento superior al primitivamente calculado; por tanto, a ese 13 por
ciento se le deduce el 8 por ciento y queda un 5 por ciento que hay que
descontar de la ayuda que se había calculado. Es decir, no se trata de
una penalización, sino simplemente de un ajuste definitivo de la ayuda.
Lo mismo pasa con la ayuda a la oveja, por ejemplo, que se calcula en
función de la diferencia de unos precios de mercado y un precio de
referencia para el agricultor, y esa ayuda es variable en función de los
precios de mercado. Cuando el mercado está muy alto la ayuda es muy baja,
cuando el mercado está muy bajo la ayuda es muy alta. Así funciona la
política.
Por tanto, cuando a un agricultor se le ha dicho provisionalmente: Usted
va a cobrar equis, y luego se le dice: No, a la hora de hacer los
cálculos definitivos, a usted le ha tocado cobrar equis menos el 5 por
ciento y todo esto es porque le hemos avanzado el dinero. El agricultor
no tiene derecho a decir que ha sido injustamente penalizado, sino,
sencillamente, que se le han ajustado las cuentas, como se dice en
términos castizos.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Eimil.
Tiene la palabra el señor Torres Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Díaz Eimil, usted viene a decirme: No
se ha penalizado a los cultivadores de oleaginosas, lo que ocurre es que
se ha corregido el cálculo de la subvención. Señor Díaz Eimil, el
resultado final es que van a recibir menos dinero del que se pensaba, y
además lo van a recibir, señor Díaz Eimil, injustamente. Usted sabe, como
yo, que es injustamente. ¿Por qué es injusto? Porque en la confección del
precio de referencia comunitario ha pesado mucho más la colza que el
girasol, usted lo sabe como yo; la colza ha disparado los precios y ha
disfrazado el precio medio de manera, digamos, irreal. ¿Qué supone esto?
Que los agricultores españoles de oleaginosas no han percibido el precio
medio mundial o del mercado de Rotterdam y ni siquiera lo han percibido
descontando ese 8 por ciento, sino que han percibido un precio muy
inferior. Es más, las noticias que tengo es que ningún agricultor de la
Unión Europea ha conseguido percibir el precio de referencia comunitario.
Por tanto, que recibiendo menos de ese precio se le penalice como si
hubiera recibido más, es bastante injusto. Es verdad que son reglamentos
comunitarios, es verdad que es legislación comunitaria, señor Díaz Eimil,
pero también lo era, repito, en años anteriores el rebasamiento de secano
y no se penalizó, y yo creo que fue por una buena gestión del Gobierno
anterior. ¿Por qué no decirlo también? Pero, fíjese usted, señor Díaz
Eimil, hay personas del Partido Popular con bastante responsabilidad que
opinan otras cosas. En el periódico Información, de Alicante, se dice que
los más de 3.000 agricultores de la provincia de Alicante que se dedican
a los cultivos herbáceos verán reducidas las ayudas de la Unión Europea
durante este año en unos 200 millones de pesetas. Estas subvenciones son
canalizadas por el Ministerio de Agricultura. La reducción afecta a las
zonas de la Vega Baja, Vinalopó y Campo de Elche, y ha sido duramente
criticada por el Director General de Producción Agraria y Pesca de la
Consellería, José Miguel Ferrer, porque dice, entre comillas, que ha sido
adoptada con nocturnidad y alevosía sin que el Ministerio se dignara
informar a los propios consejeros de las diferentes comunidades
autónomas, matizó Ferrer. Este señor es del Gobierno del Partido Popular,
del señor Zaplana, en Valencia. Por si el señor Ferrer no lo tenía claro,
la consejera dice: también la Consellera de Agricultura María Angeles
Ramón-Llin ha enviado una carta a la Ministra para exponerle las quejas
de su departamento y para que ponga los medios necesarios que impidan que
el año que viene se vuelva a repetir esta fuerte reducción de
subvenciones. Pero, fíjese lo que dice, además, don José Manuel Lasa, a
la sazón Consejero de Agricultura del Gobierno del Aragón, también un
Gobierno, como sabe usted, de coalición del Partido Popular y del PAR.
José Manuel Lasa ha explicado que la Ministra de Agricultura, Loyola de
Palacio, le reconoció recientemente que la penalización global hecha
desde la Unión Europea, al superarse en un 25,3 la producción nacional de
herbáceos, se debió a un error técnico. Dice que le reconoció la Ministra
que fue un error técnico. Según Lasa, la producción aragonesa de
herbáceos no superó los límites marcados en la PAC ni rebasó los módulos
para hacerse acreedora a sanciones comunitarias. Esto ha sido publicado
en el Diario de Teruel del sábado 19 de abril.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le rogaría concluyera.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino rápidamente. Quiero decir, señor Díaz
Eimil, que las críticas, como usted ve, no vienen sólo del Partido
Socialista, sino
que también vienen del Partido Popular, de responsables de agricultura
del Partido Popular. Por tanto, alguna cosa no está funcionando bien,
creo yo.
Como usted comprobará --y termino con esto, señor Presidente--, en ningún
momento le he hablado del plan de regionalización productiva, porque
pretendo no abrir en este turno ese debate. Le aseguro que vamos a
tenerlo en esta Cámara, pero es otro debate, entiendo yo. Yo sólo le he
hablado de las penalizaciones. Me gustaría que me despejara alguna
incógnita, que nos tranquilizara un poco a todos respecto al futuro,
porque también le he planteado qué está pasando con la negociación del
paquete de precios para la siguiente campaña 1997-1998, donde la amenaza
de reducción, como usted sabe, es bastante importante para España. Me
gustaría que me comentara algo al respecto.
Señor Díaz Eimil, le quiero agradecer aquí su comparecencia y sus
contestaciones, cómo no, pero debo manifestarle la preocupación de mi
grupo respecto al funcionamiento del Ministerio y a la consabida firmeza,
que no sabemos si ha acabado en ser flacidez o fragilidad, pero, en
cualquier caso, le ruego que desde su puesto haga cuanto esté en su mano
--cosa que, por cierto, no dudo que hará-- para corregir estos problemas.
El señor PRESIDENTE: El señor Díaz Eimil tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Todos los sistemas de cálculo de una ayuda si no son a nivel individual
siempre son injustos: cuanto más se globaliza, más injusticia se comete.
Para llegar a la justicia total habría que coger a los agricultores uno
por uno y calcularles su ayuda. Cuando se hace un cálculo a nivel de
comunidad autónoma ya hay mucha injusticia dentro de esos cálculos porque
hay, digamos, márgenes de maniobra en los que hay que mover o
estratificar a los agricultores y, por tanto, unos salen beneficiados y
otros perjudicados; si es a nivel nacional la injusticia es mayor, y si
es a nivel comunitario, mayor todavía. No hay un sistema moralmente justo
a nivel individual salvo cuando las ayudas se dan por productor
individualizado.
Todos los cálculos que se han hecho del dinero que se va a perder se han
hecho con hipótesis de partida favorables para el que quiere demostrar lo
que sea. Según las hipótesis de partida de las que usted comienza su
cálculo llega a los resultados que quiere. Nosotros hemos llamado uno por
uno a todos los grupos y a todas las comunidades que han protestado para
sentarse a hacer los cálculos, y hasta ahora no han aparecido.
¿Que Lasa ha dicho que la Ministra le había dicho que es un error
técnico? Supongo que sí, porque el plan de regionalización, que se
publicó en el Boletín Oficial, tenía erratas y errores que posteriormente
se subsanaron. Es algo suficientemente complicado, y se puede suponer que
puede haber errores. Si usted quiere hacer un debate sobre el plan de
regionalización, dése prisa, porque posiblemente si tardamos unos meses
veremos de una manera práctica que todas estas quejas eran infundadas. Si
usted espera a que los resultados de la campaña 1997-1998 estén
disponibles, entonces se va a quedar usted sin debate. (El señor Torres
Sahuquillo: ¡Ojalá! Me temo que no.)
Sobre negociación de precios en la Comunidad Europea y la reducción de
las ayudas para los herbáceos ya he dicho que no está teóricamente
conseguido, porque nada está conseguido hasta que se llega al acuerdo
final, pero, desde luego, me dejo cortar un dedo si resulta que se... (El
señor Torres Sahuquillo: ¡No se deje cortar demasiado!) (La señora Leiva
Díez: ¡Depende de cuál!) Sí, sí, me dejo cortar un dedo nada más; me lo
dejo cortar si resulta que se reducen esas ayudas, porque para reducir
esas ayudas hay que pasar por encima del cadáver de muchos ministros, no
sólo de la Ministra española sino de otros muchos más tan pesos pesados
como ése o más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Eimil.
Terminado el turno de preguntas orales a realizar al Gobierno a través
del Secretario de Agricultura y Alimentación, despedimos al señor
Secretario, le agradecemos su presencia, le deseamos éxitos en sus
gestiones futuras de negociación en la Unión Europea y le agradecemos
vivamente por parte tanto de la Mesa como de los Diputados de esta
Comisión su presencia en la Comisión, la suya.
Muchas gracias.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICION DE
LEY DEL SECTOR PESQUERO DE ALTURA AL FRESCO. (Número de expediente
124/000003.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a alterar el orden del día, según anunciamos
al inicio de la Comisión, adelantando la votación del punto número 17 del
orden del día, ratificación de la ponencia de la proposición de ley del
sector pesquero de altura al fresco.
Si no hay ningún grupo que se oponga aprobaremos este punto por
asentimiento, si algún grupo se opone procederemos a votarlo. (Pausa.)
Se aprueba por asentimiento.
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LA PROPOSICION DE LEY DE ORDENACION DEL
SECTOR PESQUERO DE ALTURA AL FRESCO. (Número de expediente 124/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación, con competencia legislativa
plena de la Comisión, a la votación del informe elaborado por la ponencia
sobre la proposición de ley de ordenación del sector pesquero de altura
al fresco. Todos los grupos han firmado el informe. Se entiende que
ningún grupo quiere fijar posiciones y, por tanto, pasamos directamente a
la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el informe de la
ponencia.
PREGUNTAS (Continuación).
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS PARA CONTROLAR
A LOS BARCOS EXTRANJEROS QUE DESCARGAN ATUN ROJO EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES
DEL MEDITERRANEO. (Número de expediente 181/000448.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al Secretario General de Pesca
Marítima, don Samuel Juárez, y continuamos con las preguntas orales.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Blanco López,
para formular la pregunta número 10 al Secretario General de Pesca.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, habíamos trasladado a los
portavoces de los grupos y creo que también al Secretario General de
Pesca y a la Presidencia la posibilidad de acumular todas las preguntas y
hacer un único debate sobre todas ellas. Si no tiene inconveniente la
Presidencia procedería a ello y, en caso contrario, las formularíamos una
a una.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Blanco, agrupamos todos los tiempos
y todas las preguntas y seguimos el trámite similar al del resto de las
preguntas, acumulando los tiempos.
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS ACERCA DE LA
CUOTA DE ATUN ROJO. (Número de expediente 181/000451.)
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE ACCIONES PARA LOGRAR
EN EL AMBITO DE LA UNION EUROPEA (UE) LA ERRADICACION TOTAL DE LAS REDES
DE ENMALLE A LA DERIVA. (Número de expediente 181/000449.)
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE DEFENSA DE LAS CUOTAS
PESQUERAS ESPAÑOLAS EN LOS ACUERDOS ENTRE LA UNION EUROPEA (UE) Y
SURAFRICA). (Número de expediente 181/000452.)
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE POSTURA DEL GOBIERNO
ACERCA DEL AUMENTO DE CONTINGENTE COMUNITARIO DE BACALAO. (Número de
expediente 181/000453.)
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS ACERCA DE LAS
CUOTAS DE PEZ ESPADA NORTE-SUR. (Número de expediente 181/000454.)
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS EN RELACION A
LA ACTUACION DEL GOBIERNO IRLANDES RESPECTO A LOS PESQUEROS ESPAÑOLES.
(Número de expediente 181/000608.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista,
señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Ciertamente las preguntas formuladas por el Grupo
Parlamentario Socialista, siete preguntas sobre temas diferentes en el
ámbito de la pesca, reflejan la preocupación y la inquietud que siente
nuestro grupo parlamentario en determinados temas pesqueros. Cierto es
que algunas de las preguntas formuladas son previas al Consejo de
Ministros de la Unión Europea celebrado los pasados días 14 y 15 y que
alguna de ellas tiene menor interés, dado que en dicho Consejo de
Ministros de la Unión Europea se avanzó en la línea de lo que nosotros
tratamos de preguntar en relación a estos temas, como puede ser la
erradicación de las redes de enmalle a la deriva. En cualquier caso, es
una buena oportunidad para que el Secretario General de Pesca, de acuerdo
con la pregunta que le formulamos y la reflexión que haré a continuación,
nos indique cuáles han sido los avances que en estos aspectos se han
producido en ese Consejo de la Unión Europea. Permítame, señor Secretario
General de Pesca, que le diga que el acuerdo alcanzado los días 14 y 15
posibilita avanzar en las pretensiones de este país, permite una cierta
tranquilidad al sector y también posibilita que el Grupo Parlamentario
Socialista traslade al Ministerio --ayer lo hice personalmente a la
señora Ministra-- la satisfacción que a todos nos produce dicho acuerdo,
que va en la línea de las pretensiones que se habían formulado y sobre
las que habíamos tenido oportunidad de reflexionar en esta Comisión.
Empezaré por hablar de un tema que preocupa al Grupo Parlamentario
Socialista, como es el de los aspectos relacionados con el atún rojo.
Sabe muy bien el Secretario General de Pesca que la pesca del atún rojo
viene siendo regulada por el organismo internacional Iccat, que desde su
constitución vino estableciendo una serie de recomendaciones en orden a
posibilitar la conservación de este recurso. Una de ellas ha sido la
limitación a los niveles de los años anteriores de la mortalidad de pesca
--que es una recomendación que se hace en 1974-- del atún rojo procedente
del Atlántico este y del Mediterráneo; la segunda fijación fue la del
establecimiento de un peso mínimo de 6,4 kilogramos; hubo otras
recomendaciones en relación al establecimiento de una veda del 1 al 31 de
julio de cada año para todos los barcos palangreros mayores de 24 metros
de eslora, y también una propuesta de reducción de capturas de un 25 por
ciento para el año 1998, tomando como años de referencia los años 1993 y
1994. Por tanto, el criterio
que venía manteniendo la Administración española, concordante con la
pertenencia al Iccat, era respetar estos acuerdos, por lo que sólo venía
concediendo permiso para estas pesquerías a seis embarcaciones de cerco,
con habitualidad histórica probada en esta pesquería. Pero resulta que
esta circunstancia, que le estoy poniendo de manifiesto, produce un
creciente malestar entre nuestros pescadores, pues consideran injusto que
España sea uno de los pocos países --por no decir el único-- del área
mediterránea que esté limitando el esfuerzo de esta modalidad pesquera,
altamente rentable, y se quejan, en términos de agravio, de la actuación
de algunas flotas --Francia, Italia, Túnez, Turquía, usted conoce
perfectamente el tema-- que no respetan los acuerdos del Iccat.
En este sentido, esta Comisión aprobó en su día una proposición no de
ley, que compartíamos todos los grupos de la Cámara, por la que
instábamos al Gobierno para que a su vez instara a la Unión Europea, a la
articulación de medidas que posibilitaran la regulación de estas
pesquerías con la colaboración de todos los países miembros, poniendo en
marcha un esquema de gestión que obligara a todos y que no resultara
discriminatorio para los intereses de nuestro país. En este sentido,
señor Secretario General de Pesca, le formulamos dos preguntas. Una
primera es para conocer cuáles han sido las medidas efectivas para
controlar a los barcos extranjeros que, de forma creciente, descargan
atún rojo en los puertos españoles del Mediterráneo. Y una segunda en
relación a qué medidas va a adoptar el Gobierno español acerca de la
cuota del atún rojo.
La segunda reflexión que queríamos hacer en el día de hoy era la
referente a la utilización, por parte de algunas flotas comunitarias, de
las redes de enmalle a la deriva. Sabe que se viene trabajando en
promover, desde hace tiempo --también es una reflexión compartida--, en
el seno de la Unión Europea, una pesca responsable. La utilización de las
redes de enmalle a la deriva no es desde luego una buena conducta y
supone, como usted conoce perfectamente --y comparte además--, un agravio
para las flotas pesqueras de nuestro país. De ahí nuestra preocupación
por el hecho de que no se habían establecido --permítame que hable en
pasado-- mecanismos suficientes, por parte de la Unión Europea, para
despejar el horizonte en el sentido de saber cuándo se habían suprimido
las redes de enmalle a la deriva o, si lo prefiere, las volantas.
En este sentido, por lo que se ha trasladado por los medios de
comunicación y por alguna información en relación con el Consejo de
Ministros de los días 14 y 15, conocemos que se ha producido un cambio
sustancial en la posición de algunos países que venían manteniendo el
criterio de utilizar este tipo de artes. Señor Secretario General, es una
buena oportunidad para que nos explique, para que conozcamos en sede
parlamentaria, cuál ha sido el avance que se ha producido en este terreno
y saber por dónde va a ir el horizonte, para tener clara cuál va ser la
fecha aproximada, como siempre en estos temas, para la eliminación
definitiva de este tipo de artes.
La cuarta pregunta tiene que ver con las relaciones entre la Unión
Europea y Suráfrica. Queríamos saber qué tipo de acuerdos, qué tipo de
medidas, cuál es la posición de la Secretaría General de Pesca del
Gobierno de España en relación con la política comercial pesquera con
Suráfrica. Sabe perfectamente que se están negociando acuerdos
comerciales con este país, acuerdos comerciales que, en algún momento de
la negociación, se venían condicionando para avanzar, para consolidar,
las cuotas pesqueras nacionales en Suráfrica.
En este sentido, creemos --y nos lo puede confirmar o no-- que hubo, por
utilizar una expresión, una cierta bajada de guardia en relación con
nuestras posiciones respecto a este país. Simplemente queremos saber si
esto es una intuición, por lo que hemos reformulado la pregunta, o si,
por el contrario, obedece a algo cierto. Esperemos que esto sea sólo una
intuición del Grupo Socialista y después de su reflexión podremos saber
cuáles son las relaciones, cuál es la política, cuáles son las
actuaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno en relación
con este tema. Por eso le preguntamos, señor Secretario General, cuál es
la posición del Gobierno en relación con la defensa de las cuotas
pesqueras nacionales con respecto a Suráfrica.
Una quinta pregunta tiene que ver con el contingente comunitario de
bacalao adoptado a finales de 1996. Simplemente me voy a limitar a
formularle las preguntas tal y como están planteadas en el «Diario de
Sesiones». Queremos conocer la postura del Gobierno español respecto al
aumento del contingente comunitario de bacalao adoptado a finales de
1996. De igual forma --sexta pregunta-- queremos conocer la posición y
las medidas que va a adoptar el Gobierno acerca de las cuotas de pez
espada Norte-Sur.
Por último, como séptima pregunta, voy a hacer una reflexión acerca de
las medidas que el Gobierno adoptó o está adoptando con respecto a las
actuaciones del Gobierno irlandés en relación con los pesqueros
españoles. Tiene que entender que en este momento sea la mayor
preocupación que el Grupo Parlamentario Socialista tiene sobre este
particular. Hemos visto cómo a lo largo de estos últimos meses nuestros
pesqueros han sido víctimas de la actuación de la inspección irlandesa,
en algún momento creo --usted podrá confirmárnoslo-- que vulnerando las
normas y el Derecho internacional al respecto. En algún momento tuvimos
la impresión --yo le he escuchado a usted en alguna entrevista en directo
en alguna emisora de radio-- de que el Gobierno de España tenía una
cierta complacencia con las actuaciones del Gobierno irlandés. Incluso en
el momento de los primeros apresamientos --son palabras suyas-- decía que
lo que estaba haciendo el Gobierno irlandés era aplicar la normativa al
respecto y que, por lo tanto, nada había que objetar y nada había que
decir.
Entiendo que a raíz de los apresamientos más sistemáticos han ido
suavizando su posición inicial, dándose cuenta de que no se trataba
solamente de la aplicación del Derecho internacional, sino de una clara y
manifiesta provocación, en algunos casos, a nuestros pesqueros, de una
clara y manifiesta actuación para poner en entredicho la actuación de los
barcos españoles que faenan en esta zona. Sabe que esto ha generado
incertidumbre y gran preocupación en el sector, incertidumbre y
preocupación que no está despejada porque día tras día o semana tras
semana, como
prefiera, estamos asistiendo a nuevas actuaciones del Gobierno irlandés.
Sabe que tiene todo el apoyo de este grupo parlamentario en la defensa de
los intereses de los pesqueros españoles en esta zona y queremos y
deseamos que el Gobierno de España mantenga una posición de firmeza,
siempre con respeto a las normas y al Derecho internacional al uso, en la
defensa de los intereses de nuestros pescadores y que nuestros pescadores
ven que el Gobierno de España les protege, les ayuda y está con ellos, no
en la vulneración de la norma, pero sí en la actuación responsable cuando
se desenvuelven en el marco legal adecuado. En algunas ocasiones, estará
de acuerdo conmigo, la actuación de la inspección es demasiado drástica,
demasiado contundente y hace algunas interpretaciones de la norma que no
compartimos desde el Grupo Parlamentario Socialista.
Estas son, señor Juárez, algunas de las reflexiones que le quería hacer
en relación con las preguntas que le formulo. Le agradezco su presencia
en la Comisión y espero que nos aclare las dudas con su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Para la contestación a estas cuestiones, tiene la
palabra el Secretario General de Pesca, don Samuel Juárez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Juárez Casado): Quiero
comenzar dando las gracias al portavoz del Grupo Socialista por sus
palabras positivas en relación con el resultado del Consejo de Ministros
de Pesca de la Unión Europea de los pasados días 14 y 15, diciéndole que
compartimos esa satisfacción por los resultados obtenidos. Creo que la
Ministra tendrá ocasión de explicar los resultados en esta Cámara en
breve plazo.
Comienzo dando respuesta a las preguntas planteadas. Voy a responder por
el mismo orden en que fueron formuladas, y a tratar de dar toda la
información requerida. En relación con el problema del atún rojo, especie
que, como bien ha dicho S. S., es una especie amenazada en el seno de su
hábitat natural, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, es una de las
especies reguladas sobre las que dirige su atención, como especie en
peligro de extinción, la Comisión internacional para la conservación del
atún del Atlántico. En ese sentido, desde la Secretaría General de Pesca
Marítima hemos dirigido nuestra atención al control de la actividad de
las flotas, tanto española como extranjeras, de una forma preferente
hacia este recurso. Se han realizado una serie de actuaciones
relacionadas con los barcos extranjeros que capturan túnidos y pez espada
en aguas del Mediterráneo, y se ha concertado con la Armada un plan de
vigilancia e inspección en el mar Mediterráneo, en especial en el
archipiélago balear y la costa levantina, tanto en aguas jurisdiccionales
españolas como en las internacionales adyacentes. En dicha campaña está
previsto, como en el pasado año 1996, el embarque periódico de
inspectores de pesca de la Secretaría General de Pesca Marítima en
patrulleros costeros. Con esto se pretende impedir la actividad pesquera
de buques extranjeros no autorizados en aguas jurisdiccionales españolas,
conocer la presencia de buques pesqueros extranjeros en aguas próximas al
mar territorial español y evitar conflictos entre pesqueros españoles y
de otras nacionalidades que concurren en el mismo caladero. Todo este
tipo de actuaciones se ven apoyadas por las decisiones tomadas en el seno
de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que
España impulsa para hacer que la presión pesquera en esta zona se reduzca
sobre esta especie y que se encuentra
--como usted conoce y espero que todos sean conscientes-- con los
problemas, que no conviene negar, que se derivan de la aplicación del
Derecho internacional del mar.
Realmente en la zona del Iccat se está avanzando de forma positiva pero
lenta, como corresponde a este tipo de organismos, por desgracia, en la
regulación de esta pesquería. Durante este ejercicio se ha prohibido la
pesca con cerco durante el mes de agosto, al igual que se había prohibido
con grandes palangres durante los meses de junio y julio. Esperamos que
todas las medidas que en colaboración con los Estados miembros del Iccat
se llevan a cabo surtan su efecto. Además, estamos trabajando para
impulsar todas las iniciativas que se están tomando en el Mediterráneo
para tratar de mejorar los sistemas de control en esta zona pesquera.
Como ustedes conocen, se está tratando de dotar de mayor capacidad de
ejecución al Consejo General de Pesca del Mediterráneo y se está
trabajando en el seno de conferencias diplomáticas sucesivas, la última
de ellas la de Venecia, para tratar de que la cooperación entre los
países que están operando en la zona conduzca a un nivel de control más
satisfactorio. Al mismo tiempo nos vemos obligados también, como es
nuestra obligación, a controlar la actividad de la propia flota española.
Usted ha mencionado que en el sector pesquero español existe la sensación
de que sólo se controla a la flota española, a la flota que faena en el
Mediterráneo persiguiendo esta especie, y sin embargo existe cierto
descontrol sobre otras banderas. También es un problema el control de la
flota española, por cuanto existen ciertas dificultades para que España
pueda cumplir sus compromisos de no incrementar su esfuerzo de pesca por
encima de las recomendaciones del Iccat. Digo que existen ciertas
dificultades porque frecuentemente los niveles de pesca se sitúan muy
próximos al máximo. Como rasgo diferencial con otros países de nuestro
entorno que pescan atún rojo en el Mediterráneo, fundamentalmente
Francia, tenemos una dificultad añadida que consiste en que los
pescadores españoles capturan atún rojo en el Atlántico y en el
Mediterráneo y Francia solamente está pescando en el Mediterráneo.
Además, nosotros pescamos con esos cerqueros, con flota artesanal y con
almadrabas, mientras que Francia pesca exclusivamente con flota
industrial. Eso hace que exista el sentimiento de discriminación frente a
Francia, que es el principal país, pero realmente no se percibe que
España está pescando con cantidad de flota y en zonas mucho más diversas
de aquellas en que lo hacen, por ejemplo, Francia y los países del
Mediterráneo y, por tanto, España tiene la necesidad de no permitir, en
aras al cumplimiento de sus compromisos internacionales, el crecimiento
desmesurado de esta flota de cerqueros que faena en el Mediterráneo, lo
que no quita para que la Secretaría General de Pesca, el
Ministerio, esté estudiando la elaboración de una norma específica para
regular esta actividad que permita, sobre todo, la modernización y la
renovación de esas embarcaciones que realmente presentan un
envejecimiento que las hace no idóneas en este momento para el ejercicio
de la actividad.
Enlazando con la cuestión relativa a las redes de enmalle a la deriva, en
nuestra opinión se han producido algunos avances en el Consejo de
Ministros de los pasados días 14 y 15, avances que consisten en que la
delegación española ha tenido la iniciativa, en el seno del Consejo, de
promover el dossier de la propuesta del reglamento que había elaborado la
Comisión a finales de 1994 para prohibir la utilización de estas artes
por parte de la flota comunitaria, así como la necesidad de que tanto la
Comisión como el Consejo trabajen para que en el plazo más breve posible
se pueda conseguir una eliminación de este tipo de artes con efectos
nocivos, en los cuales no voy a abundar en este momento. El cambio
fundamental se produce, por una parte, al reconocer Italia, uno de los
principales países, el primero, que pescaban con redes de enmalle a la
deriva, la necesidad de esta erradicación y manifestar en el Consejo que
iba a trabajar y a apoyar las iniciativas tendentes a esta erradicación
total. También hubo una toma de posición explícita de Alemania, en el
Consejo, que manifestó que iba a trabajar también y teníamos todo su
apoyo para tratar de prohibir las redes en el plazo más breve posible.
Francia sigue en su posición inicial y el cambio de postura que nosotros
valoramos con mayor aprecio es el de la Comisión, que por fin se ha
comprometido a reformular su propuesta inicial para tratar de acomodarla
a la nueva situación, a las sugerencias que se habían planteado desde
distintas delegaciones, fundamentalmente por España, en el sentido de
separar el Báltico y procurar una medida de reducción progresiva de esas
redes. La Comisión se comprometió a iniciar los contactos necesarios para
plantear al Consejo, en el plazo más breve posible, una nueva propuesta
que pudiera obtener la mayoría cualificada necesaria para su aprobación.
Ni que decir tiene que la delegación española trabajará en los próximos
meses de forma intensa con la Comisión para conseguir --no sería
responsable por mi parte concretar el plazo puesto que no existe-- que
esta propuesta se presente y sea aprobada a la mayor brevedad.
Pasando a la cuestión relativa a las cuotas españolas en Suráfrica, he de
decir que el acuerdo bilateral entre el Gobierno de la República de
Suráfrica y el Gobierno de España entró en vigor el 8 de marzo de 1982.
No obstante, las autoridades sudafricanas permitieron la presencia de la
flota española en su zona económica exclusiva desde el año 1980. A partir
de marzo de 1992, que es la fecha en que expiraba el citado acuerdo
bilateral, y en virtud del artículo 167 del Tratado de Adhesión de España
a las Comunidades Europeas, el Consejo de la Unión Europea ha venido
autorizando prórrogas anuales del mismo. La última ha finalizado el 7 de
marzo de 1997, habiéndose solicitado y concedido ya por parte de la
Comisión una nueva prórroga del acuerdo bilateral hasta el 7 de marzo de
1998. No obstante, España desde el año 1992 no ha obtenido cuota de
merluza en aguas sudafricanas. Actualmente estamos a la espera de que se
pueda disponer de un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Suráfrica,
al haber sido autorizada la Comisión a negociar el mismo por decisión del
Consejo de 18 de septiembre del año 1995. En este contexto la Comisión de
la Unión Europea viene manteniendo conversaciones exploratorias con
autoridades sudafricanas para sentar las bases sobre las que negociar un
acuerdo de pesca en un momento en que dichas autoridades están definiendo
su nueva política pesquera.
Refiriéndome ya más concretamente a la cuestión a que hizo usted alusión
en el sentido de que existía una postura de vinculación con la política
comercial, efectivamente existe un mandato otorgado en junio del año
pasado a la Comisión para que se negocie un acuerdo de comercio y
cooperación de larga duración con Suráfrica, un mandato que recoge cinco
elementos que conforman un paquete negociador. Es un acuerdo de
cooperación científica y técnica, un acuerdo sobre protección de
denominaciones de origen, un acuerdo de cooperación pesquera, un acuerdo
de comercio y cooperación y un protocolo de adhesión de Suráfrica a la
Convención de Lomé. En este momento se ha producido --y creo que es el
hecho que motiva la intervención de S. S.-- la aprobación, por parte del
Consejo de la Unión Europea, de la incorporación de Suráfrica al Convenio
de Lomé por las implicaciones que la misma tiene en los años futuros y
sobre todo porque, de no aceptarse esta incorporación, los plazos para
que Suráfrica pudiera acceder a este status se prolongarían demasiado en
función del calendario previsto. Sin embargo, en la misma sesión del
Consejo de Asuntos Generales en la cual se dio el visto bueno a esta
incorporación a Lomé se aprobó una declaración expresa en el sentido de
que la intención del Consejo de la Unión Europea sigue siendo que se
negocie un paquete global y que, por tanto, lo que se está negociando
tiene una vinculación clara entre todos los elementos del mismo que he
citado: el acuerdo de cooperación científica y técnica, el acuerdo sobre
denominaciones de origen, etcétera. La parte que preocupaba de una forma
más intensa a nuestro sector pesquero era la que se refería al acuerdo de
cooperación comercial. Es un acuerdo que todavía no se ha empezado a
negociar, al igual que el acuerdo pesquero; solamente hay conversaciones
previas. Entendemos que esta declaración del Consejo da las garantías
suficientes para que esta vinculación prosiga, independientemente de la
incorporación de Suráfrica a Lomé que por motivos de agenda y sobre todo
del interés que tiene el Consejo de la Unión Europea de favorecer el
desarrollo de este país sudafricano ha sido aprobada, pero entendiendo
que la vinculación prosigue.
Siguiendo con las preguntas me referiré ahora a la postura sobre la
negociación del contingente comunitario de bacalao. Efectivamente, para
el año 1996 el Reglamento 789/1996, sobre la apertura y modo de gestión
de contingentes arancelarios comunitarios autónomos para determinados
productos de la pesca, incluía un volumen de contingente de 50.000
toneladas de bacalao. Esta cantidad se agotó en el mes de agosto, lo que
motivó una petición de aumento de 30.000 toneladas por parte de Portugal,
secundada por Dinamarca. La postura de España, de mutuo consenso
entre la Secretaría General de Pesca Marítima y la Dirección General de
Comercio Exterior, fue la de mantenernos prudentes ante los volúmenes
propuestos. Nuestra delegación mantuvo la necesidad de reducir la
propuesta de la Comisión cuanto fuera posible por entender que no estaba
justificado un aumento de ese volumen. Durante la reunión del Comité de
Representantes Permanentes previa al Consejo de Ministros de Pesca, en
que se debatió la demanda de aumento del contingente de bacalao de 30.000
toneladas, se llegó a un consenso en el sentido de que este incremento se
quedara en 10.000 toneladas, añadiendo que el destino tendría que ser
obligatoriamente el secado y salazón, con un arancel del 4,5 por ciento
en lugar del cero por ciento. Nosotros creemos que en este terreno es
necesario compatibilizar las necesidades de la industria comunitaria por
una parte, pues la Comunidad en su conjunto y España por supuesto son
fuertemente deficitarias en este producto y necesitan estas
importaciones, y además existen unas necesidades claras de la industria
del procesado. Tengo que informarle de que en estos momentos se estima
que la industria del secado y salazón de bacalao en España da empleo a
entre 800 y 1.000 personas, de modo que es necesario que este
abastecimiento se produzca de forma regular y que exista una cierta
estabilidad en el mismo. Este fue el motivo que nos llevó a exigir que
este contingente fuera más reducido, porque entendíamos que era
demasiado, y además que su destino obligatorio fuera la industria de
procesamiento.
En lo relativo a la cuestión de las cuotas de pez espada norte-sur,
informaré que en la décima reunión extraordinaria del Iccat --la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico--, que se celebró
en noviembre de 1996, se adoptaron dos nuevas recomendaciones en relación
con el pez espada. La primera establece un total admisible de capturas en
el Atlántico Norte de 11.300 toneladas en 1997, 11.000 en 1998 y 10.700
toneladas en 1999. A España le corresponderá un 41,25 por ciento de este
TAC en cada año. Hay que resaltar que nuestro sector, con la clave de
reparto que se estipuló en el seno del Iccat y que viene a establecer un
principio de estabilidad relativa sobre este stock, ha sido uno de los
más beneficiados. Por la segunda recomendación se prorrogan las medidas
fijadas para el Atlántico Sur sobre congelación de capturas a los niveles
del 93 ó 94, a elegir por las partes contratantes, lo que supone para
España un total de 7.900 toneladas para el presente año. En la próxima
reunión a celebrar es muy probable que se establezca el reparto
porcentual del TAC de pez espada para esta zona de pesca, al sur de 5
grados norte.
En este contexto, entre las acciones a desarrollar a fin de cumplir con
las recomendaciones emanadas de este organismo se está preparando un
proyecto de norma que modificará parcialmente la Orden Ministerial, de 6
de noviembre de 1995, por la que se regula la actividad de la flota
española dirigida al pez espada y que permitirá actualizar los límites de
capturas que se vayan fijando en el seno del Iccat. Por otra parte, es
firme voluntad de la Administración incidir en la aplicación estricta de
la obligación de comunicar las capturas, transbordos y desembarques, así
como del cumplimiento de las normas relativas al esfuerzo, conforme viene
ordenando la precitada orden ministerial. Hay que tener en cuenta en este
punto que, en el caso de que las cuotas distribuidas se agotaran, se
tomaría la medida de cerrar la pesquería hasta el final del período
correspondiente. Por último, desde la Administración se intenta fomentar
entre el sector la operatividad de los caladeros del Pacífico e Indico,
para la flota de palangre de superficie, como medida estructural de
redistribución de esfuerzo pesquero.
En relación con este asunto, España, siguiendo el modelo de la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, tiene dos flotas
diferenciadas, la flota que faena en el Atlántico Sur y la flota del
Atlántico Norte. La flota del Atlántico Norte está atravesando
dificultades precisamente por la mala situación del stock de pez espada,
dificultades que está solventando en buena medida con la pesca de otro
tipo de especies accesorias. La Secretaría General de Pesca Marítima
trabaja en la preparación de un plan que permita la redistribución de
esta flota a fin de lograr que se incremente la operatividad, como he
dicho, en zonas pesqueras donde esta presión sobre los recursos es menor,
y he citado el Pacífico y el Indico. Sin embargo, no somos favorables a
contagiar, por decirlo de alguna forma, el sobreesfuerzo pesquero del
norte al sur, tal y como está siendo demandado desde algunos sectores,
puesto que entendemos que sería perturbar la situación de cierta
estabilidad de la flota del sur con los problemas de la flota del norte,
y entendemos que la flota del norte tiene que tener su propia solución y
no contagiar problemas a ninguna otra zona pesquera.
En relación con la actuación del Gobierno irlandés respecto a los
pesqueros españoles, durante los primeros meses de 1997, hasta hoy, se
han producido siete apresamientos de buques de pabellón español que
estaban operando en aguas bajo jurisdicción irlandesa. Como es conocido,
la normativa comunitaria de control establece la competencia de los
Estados miembros a la hora de controlar las actividades pesqueras que se
realizan en aguas bajo su soberanía o jurisdicción. Han existido quejas
desde el sector pesquero afectado con relación al sistema de inspección
de las autoridades de control irlandesas. Las quejas derivan del
procedimiento utilizado, que, según las informaciones recibidas, se ha
producido mediante abordajes a los buques sin comunicar previamente la
intención de los inspectores de subir a bordo y sin que los buques de
inspección estuvieran identificados reglamentariamente. Las medidas
adoptadas ante estas actuaciones han sido las siguientes. Por una parte,
como se hace habitualmente en todos los casos de apresamientos en
cualquier zona, una vez recibida la información sobre cada uno de los
apresamientos se ha dado traslado a las autoridades diplomáticas para
conceder auxilio a los armadores y tripulación afectados en los puertos a
que fueron dirigidos los buques. Una vez recabada la versión de los
hechos de parte del capitán o patrón de pesca del buque español, se han
efectuado las gestiones necesarias ante las autoridades irlandesas con el
fin de aclarar las circunstancias de los apresamientos.
En cuanto al modo de proceder en las inspecciones, se ha remitido una
queja muy clara a la administración pesquera irlandesa, denunciando las
posibles irregularidades que pueden haberse cometido al irrumpir sin
previo aviso y sin identificación en los buques y solicitando tanto
explicaciones detalladas sobre estos hechos como el cese inmediato de
este tipo de actuaciones. Se ha puesto en conocimiento de las autoridades
irlandesas la preocupación del Gobierno español ante este tipo de
incidentes y la necesidad de que cesen inmediatamente y sea exigido el
cumplimiento estricto de la normativa en vigor. Desde un punto de vista
técnico, se ha solicitado a los servicios de la Comisión Europea el
desarrollo de un procedimiento de inspección unificado a nivel
comunitario que detalle los pasos a seguir y complete los principios
generales sobre este tema, contenidos en el Reglamento de la Comunidad
2847/93 por el que se establecen medidas de control para las actividades
pesqueras. Por último, se han efectuado gestiones directas ante las
autoridades irlandesas para proceder a la liberación de buques que
pretendían ser apresados por causas erróneas, como algunos de los casos a
los que me he referido anteriormente.
Debo indicarle que el Gobierno está fuertemente preocupado por esta
situación, que se está trabajando en estrecha colaboración y coordinación
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y que se van a arbitrar los
medios necesarios para finalizar con este tipo de actuaciones. A este
respecto está prevista, en próximas fechas, una reunión bilateral con las
autoridades irlandesas en la que se expresarán las quejas oportunas y se
exigirá el cese de estas actuaciones. Además de todo ello, y ya no como
consecuencia de este tipo de actuaciones pero sí de la conciencia de que
tenemos necesidad de una mayor coordinación y colaboración con Irlanda en
el ámbito pesquero, la ministra se había dirigido a principios de año al
ministro irlandés para crear un órgano de coordinación entre las
administraciones, y también entre los sectores pesqueros implicados, que
se pudiera reunir periódicamente para analizar todos los problemas que
puedan surgir en relación con la actividad pesquera en sus aguas. Se ha
recibido una respuesta positiva del ministro irlandés y se va a poner en
marcha, en el plazo más breve posible, esta especie de comisión de
coordinación entre ambos países.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, empezaré por hacer una reflexión
acerca del último tema, que era la mayor preocupación que tenía el Grupo
Parlamentario Socialista, en relación con la actuación de las autoridades
irlandesas respecto a los buques de pabellón español que faenan bajo
aguas de jurisdicción irlandesa. En primer lugar tengo que decir que de
la misma forma que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene
inconveniente en reconocer cuando el Gobierno acierta --y empezaba mi
intervención diciéndolo esta mañana--, tenemos la impresión contrastada
de que el Gobierno ha estado dubitativo, cuando menos, al producirse los
primeros apresamientos por parte de las autoridades irlandesas. Dudas que
se vieron reflejadas en declaraciones en entrevistas radiofónicas --por
lo tanto no se puede decir que se utilizaron artes que desviaban el
contenido de lo que se quería decir--, cuyas cintas puedo poner a
disposición de la Comisión, y también en declaraciones a los medios de
comunicación. Pero me quedo con lo primero porque eran declaraciones
textuales del responsable de pesca, en este caso, en relación a las
actuaciones del Gobierno irlandés. Por ello me alegra saber que estaban
errados en el primer momento y que han reconocido que la inspección
irlandesa no se estaba ajustando a los procedimientos que rigen en este
tipo de actuaciones. Señoría, ratifico la posición del Grupo
Parlamentario Socialista de que estamos altamente preocupados por lo que
es una actuación reiterada, constante, de las autoridades irlandesas que
está generando una gran inquietud y preocupación en el sector, que
necesita de la actuación firme y decidida del Gobierno de España y
también de la Unión Europea en la defensa de los intereses de nuestra
flota. No pedimos nada que vaya en contra de las normas al uso. Con la
norma en la manos y exigiendo a nuestros buques que no se salgan de ella,
tenemos que mantener esa actitud de firmeza en la defensa del sector, esa
actitud que yo echaba en falta o que cuando menos observamos en un primer
momento una cierta duda. Sabe, insisto, que tiene nuestro decidido apoyo
y nuestra comprensión.
No voy a entrar en los detalles técnicos que ha puesto de manifiesto
sobre los porcentajes de las pesquerías del pez espada y del bacalao. En
relación al bacalao planteaba algo que nosotros compartimos, y como lo
compartimos es por lo que le hemos formulado la pregunta. Decía que el
abastecimiento regular daba empleo a 800 ó 1.000 personas. En efecto, eso
es así. De ello se deriva nuestra preocupación por el aumento a Dinamarca
y Portugal de las toneladas que solicitaron, que si bien es cierto no
tiene nada que ver con la posición inicial --y usted nos comunica que el
Gobierno mantuvo una posición para tratar de que fuera menor-- en todo
caso sepa que nuestra preocupación existe porque es un tema que aparte de
generar empleo para nuestro país hay que andar con pies de plomo por la
situación de esa pesquería.
El tema de Suráfrica me ha dejado un poco preocupado porque lo que ha
puesto usted de manifiesto --y permítame la redundancia--, que es la
preocupación que nosotros teníamos. Avanzamos en determinados acuerdos en
relación a Suráfrica, pero no avanzamos simultáneamente en relación a los
acuerdos comerciales pesqueros que para mí y para el sector es lo de
mayor preocupación. Esto puede suponer que cuando queramos avanzar en
esta línea, a lo mejor el interés de este país, por estar ya en Lomé,
dificulta este tipo de avances. Por eso le formulábamos la pregunta. Sabe
que nosotros creemos que es importante avanzar en los acuerdos
comerciales pesqueros, que hay que presionar a la Unión Europea para que
se avance en estos acuerdos comerciales, que no se puede bajar la guardia
y que tienen que mantener todo tipo de actuaciones en orden a posibilitar
este avance que estamos reclamando.
La posición de Italia y Alemania, en relación con las redes de enmalle a
la deriva, es un avance significativo sobre
las posiciones iniciales que va a posibilitar que exista una mayoría
cualificada para que cuando en el seno de la Comisión se plantee esta
situación se pueda sacar adelante. No se le escapa que éste es un tema de
enorme importancia y transcendencia para nuestro país. Sólo cabe decir
que es conveniente y necesario seguir presionando a la comisaria en el
seno de la Unión Europea para que presente lo antes posible, dentro de
los tiempos razonables para ello, una propuesta de erradicación
definitiva de este tipo de artes.
Con relación al atún rojo --para ser breve y no prolongar demasiado esta
intervención--, me parece conveniente que la inspección efectúe labores
de control que sirvan para dar tranquilidad a nuestros pescadores.
Planteaba usted que el control no se debe hacer sólo sobre los buques
extranjeros; es también necesario algún tipo de control sobre la flota
española. Nosotros compartimos esa decisión. En todo caso, se debería
hacer un esfuerzo para que nuestra flota no se viera lesionada por la
actuación de los buques extranjeros y que no existiese esa situación de
inferioridad de condiciones con relación a ciertas flotas que faenan
también en el Mediterráneo.
Concluyo agradeciéndole las respuesta que nos ha dado y deseando que me
aclare, en lo posible, algunas dudas que planteé en esta mi última
intervención.
El señor PRESIDENTE: Para dar contestación a las preguntas que ha
planteado, tiene la palabra el señor Juárez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Juárez Casado):
Refiriéndome, en primer lugar, a la cuestión de los apresamientos en
Irlanda, usted ha calificado la actitud del Gobierno, en principio, como
dubitativa cuando menos. Yo diría que ha sido una actitud de precaución,
como no puede ser de otra forma en estos casos.
Hay dos cuestiones diferentes que usted ha apuntado y que no conviene
mezclar. Por una parte, la cuestión del procedimiento que debe seguirse,
por supuesto. Se está exigiendo y se exigirá con la mayor firmeza que no
exista tipo alguno de atropello en esta cuestión. Tengo que decirle,
además, que existe el convencimiento de que el problema está muy
localizado, incluso en el seno de los propios servicios de vigilancia
irlandeses, y que se están haciendo las gestiones oportunas. Por otra
parte está el fondo de la cuestión: la capacidad de Irlanda para
inspeccionar --que, por supuesto, he manifestado que la tiene toda y que
en ningún momento podría ser cuestionada-- y la necesidad de que nuestros
barcos cumplan las normas. Tan es así que cuando en alguno de los casos
se podía demostrar claramente que no había infracción, el barco fue
liberado inmediatamente ante nuestras gestiones. El problema es que el
sector pesquero (lo he manifestado a los medios de comunicación y lo
seguiré haciendo, porque creo que es mi obligación con este sector), ha
de saber que tiene que cumplir las normas y que en ningún momento se va a
ver amparado por la Administración pesquera española cuando se dé una
situación de incumplimiento. Efectivamente, existen circunstancias que
hacen que los incumplimientos en países como Irlanda tengan algunas
connotaciones más complicadas que en países como Francia. Y me explico.
Irlanda tiene un sistema por el cual las infracciones pesqueras no son
objeto de un expediente administrativo sino que se ven en los juzgados.
Eso conlleva que los barcos tienen que ir a puerto y una serie de
molestias adicionales que no se darían si el procedimiento fuera otro;
pero es el procedimiento irlandés. Es una de las servidumbres de pescar
en aquellos mares. Los pescadores tiene que saberlo y tienen que ser
conscientes de que en el cumplimiento de las normas está la mayor
garantía para que su actividad se desarrolle con total normalidad.
En la pregunta solicitada por S. S. sobre el contingente del bacalao,
quiero seguir subrayando que es difícil mantener el equilibrio en la
situación actual. Es decir, la flota española captura bacalao, pero
captura menos del 50 por ciento de lo que se consume en España y es
necesario recurrir a las importaciones para alimentar la industria y para
mantener los requerimientos del consumo. El problema fundamental --al
cual no me voy a referir en profundidad pero que voy a citar-- es que se
está dando algún cambio en la orientación del consumo de bacalao en
España. Nosotros estamos preocupados con ese tema, lo estamos estudiando,
porque es posible que en algún caso se esté orientando el consumo hacia
formas diferentes de presentación o de preparación del bacalao a las
tradicionales por parte de la flota española, de modo que estas
importaciones pueden tener un efecto, si se quiere, distinto del que
tendrían si los gustos del consumidor no estuvieran evolucionando, lo
cual está siendo objeto de un examen por parte de los servicios de la
Secretaría, por lo que, en breve, espero tener ocasión de comentarlo y
explicarlo en esta Cámara.
Sobre los acuerdos con Suráfrica, es evidente que los cinco elementos del
paquete no están avanzando simultáneamente. Pero lo que a nosotros nos
preocupaba más y a lo que vinculamos la cuestión del acuerdo de pesca es
el acuerdo comercial. El acuerdo de pesca nosotros siempre hemos
entendido que es de tipo comercial también y, por tanto, no es posible
dar facilidades comerciales a Suráfrica en productos de pesca o en otro
tipo de productos si no se daba un avance paralelo en un acuerdo de
pesca. Sin embargo, para nosotros la vinculación, por ejemplo, con el
acuerdo sobre denominaciones de origen no es el mismo, a pesar de que es
el mismo paquete. Lo mismo ocurre con la adhesión de Suráfrica a la
Convención de Lomé. Lógicamente, la adhesión a Lomé forma parte de la
política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y no parece
prudente que dicha política se ligue temporalmente de forma exacta a la
política de acuerdos comerciales que lleva otro ritmo y que, siendo parte
del mismo paquete, nosotros, por supuesto, no entenderíamos un avance en
el acuerdo comercial sin un avance en el acuerdo pesquero. Pero la
adhesión a Lomé tiene otras implicaciones mucho más profundas que tienen
que ver con el desarrollo de este país y con la estabilidad incluso de
esta zona de Africa, en la cual entendemos que hay otros intereses que
permiten comprender este diferente ritmo y creemos que las garantías que
ha otorgado el Consejo de Ministros de la Unión Europea son suficientes.
El atún rojo sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación
de la Secretaría General de Pesca Marítima y seguimos entendiendo que la
dotación de los servicios de inspección es insuficiente --lo he dicho
aquí más de una vez--, y tienen en el control de la pesquería del
Mediterráneo uno de nuestros principales objetivos. Como ejemplo y a
título de anécdota --para terminar--, ayer mismo se apresó por parte de
estos servicios un carguero italiano en el Mediterráneo faenando en aguas
españolas con redes de deriva, lo cual supone una prueba de los frutos de
esta intensificación de la inspección que esperamos pueda conducirnos en
breve a una situación de mayor satisfacción de la que disfrutamos
actualmente.
El señor PRESIDENTE: Agotado el orden del día, quiero agradecer su
presencia al Secretario General de Pesca Marítima, señor Juárez Casado,
así como desearle éxito en las futuras negociaciones. Agradezco,
asimismo, a los señores Diputados y a los medios de comunicación su
presencia en esta Comisión.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.