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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 186, de 15/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 186
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 20
celebrada el martes, 15 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Aprobar la celebración de la comparecencia del Delegado del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de Andalucía para informar, como consecuencia de
sus reiteradas declaraciones públicas, acerca de su modelo de relaciones
institucionales entre la Junta de Andalucía y dicha Delegación, así como
de su concepto del principio de colaboración entre Administraciones
Públicas. A propuesta de la Mesa de la Comisión, acordada en su sesión
con los portavoces del día 7 de abril de 1997. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000446) (Página 5174)
Propuesta de creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de
Justicia e Interior, para estudiar la regulación de las situaciones y
efectos jurídicos derivados de las uniones de hecho, con independencia
del sexo de sus integrantes, y otras formas de convivencia distintas del
matrimonio. A solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular, Catalán
(Convergència i Unió) y Coalición Canaria. (Número de expediente
158/000031) (Página 5175)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a la creación del Centro de Estudios
Penitenciarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 161/000227) (Página 5178)
--Sobre la explotación sexual de los niños. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000236) (Página 5184)
--Relativa a responsabilidad subsidiaria del Estado en la catástrofe del
«Aegean Sea». Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000254) (Página 5184)
--Por la que se insta al Gobierno a que adopte las previsiones necesarias
para la adecuación de los centros penitenciarios al principio
constitucional de reinserción con la consiguiente clausura del centro de
Algeciras (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000286) (Página 5188)
--Sobre medidas de seguridad en las estaciones de servicio de
carburantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000291) (Página 5190)
--Relativa a la instalación de la Academia de Suboficiales de la Guardia
Civil en Ubeda (Jaén). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000331) (Página 5192)
--Por la que se insta al Gobierno a ubicar la futura Academia de
Suboficiales de la Guardia Civil en el municipio de Ubeda (Jaén).
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000345) (Página 5192)
--Relativa a la separación visual del espacio interior de las celdas de
los centros penitenciarios. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 161/000371) (Página 5196)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
--APROBAR LA CELEBRACION DE LA COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, PARA INFORMAR, COMO CONSECUENCIA DE
SUS REITERADAS DECLARACIONES PUBLICAS ACERCA DE SU MODELO DE RELACIONES
INSTITUCIONALES ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DICHA DELEGACION, ASI COMO
DE SU CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE COLABORACION ENTRE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS. A PROPUESTA DE LA MESA DE LA COMISION, ACORDADA EN SU SESION
CON LOS PORTAVOCES DEL DIA 7 DE ABRIL DE 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000446.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Debate y votación sobre la celebración de la comparecencia del delegado
del Gobierno en Andalucía, que figura con el número 212/446 de los
antecedentes de asuntos pendientes de despacho en esta Comisión de
Justicia e Interior.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Si ningún grupo desea fijar su posición ni intervenir, vamos a proceder a
la votación sobre la procedencia de la comparecencia del delegado del
Gobierno en Andalucía, solicitada por el Grupo Socialista. (El señor
Guardans i Cambó pide la palabra.)
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, a efectos de orden, quería
comunicar la sustitución de dos miembros de la Comisión. Al señor Silva
Sánchez le sustituye el señor Sedó i Marsal y al señor López de Lerma i
López, el señor Campuzano i Canadés.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 12; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación de la comparecencia
del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.
--PROPUESTA DE CREACION DE UNA SUBCOMISION EN EL SENO DE LA COMISION DE
JUSTICIA E INTERIOR, PARA ESTUDIAR LA REGULACION DE LAS SITUACIONES Y
EFECTOS JURIDICOS DERIVADOS DE LAS UNIONES DE HECHO, CON INDEPENDENCIA
DEL SEXO DE SUS INTEGRANTES, Y OTRAS FORMAS DE CONVIVENCIA DISTINTAS DEL
MATRIMONIO. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS POPULAR, CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) Y COALICION
CANARIA. (Número de expediente 158/000031.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día, señorías: Debate y
votación, en su caso, de la propuesta de creación de una subcomisión en
el seno de la Comisión de Justicia e Interior, para estudiar la
regulación de las situaciones y efectos jurídicos derivados de las
uniones de hecho, con independencia del sexo de sus integrantes, y otras
formas de convivencia distintas del matrimonio. Como saben SS. SS., esta
iniciativa está suscrita por los grupos parlamentarios Popular, Catalán
(CiU) y Coalición Canaria.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, voy a intervenir muy
rápidamente, dado que mi grupo suscribió, junto con los grupos
parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), la solicitud de
creación de esta subcomisión para estudiar estos problemas. Como en el
documento de fundamentos que suscribimos los tres grupos están las
razones que nos impulsaban, dejando bien claro que por parte de Coalición
Canaria estamos a favor de que se regule todo el régimen jurídico de
deberes y obligaciones de las parejas de hecho, sólo quiero señalar que
seguimos entendiendo que la complejidad de la materia, por las
implicaciones que va a tener en toda la normativa del Derecho español que
por un efecto dominó sería afectada, hace necesario, por un sentido de
responsabilidad, que esta subcomisión, previamente, realice el estudio y
análisis de las repercusiones jurídicas, administrativas y de todo orden
legal que esta regulación va a suponer, pero con un tiempo tasado para
que tampoco se pueda interpretar esto como una maniobra de dilación.
Pretendemos que se haga con rigor y con el calendario de tiempos que
requiera el buen hacer en una materia tan complicada, en la que pocos
recurrentes del Derecho comparado se pueden encontrar.
Nuestro sentido de la responsabilidad nos hace creer que una legislación
ex novo en esta materia se debe hacer en el marco de una reflexión, de un
estudio y de una meditación de cuál puede ser el alcance y las
repercusiones que esta regulación pueda tener en los textos que puedan
resultar afectados y, por tanto, hace necesario nuestro mantenimiento de
la propuesta de crear esta subcomisión. Los demás argumentos, como he
dicho, señor Presidente, están en el razonamiento de los fundamentos del
documento presentado.
El señor PRESIDENTE: Las intervenciones se rigen por la norma
interpretativa de la resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de
junio de 1996. Como son varios grupos los proponentes, deberá intervenir
a continuación el siguiente, por su orden, que es el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, también seré breve, puesto
que la propuesta que ahora votamos lleva su propia exposición, pero sí
quería subrayar algo que ha afirmado el portavoz de Coalición Canaria y
que entiendo que es muy importante subrayar en este acto.
La constitución de esta subcomisión no es, ni de lejos, una maniobra
dilatoria, sino que es sencillamente un reconocimiento explícito de la
complejidad de este asunto. Mi grupo tiene claramente la intención de que
de esta Cámara salga, en un plazo breve y razonable, una regulación sobre
los legítimos derechos de las parejas de hecho, heterosexuales y
homosexuales, con independencia de su orientación sexual; una normativa
que permita una unificación de la actual jurisprudencia, absolutamente
dispersa y, en algunos casos, contradictoria, tanto del Tribunal Supremo
como de las distintas audiencias provinciales. Precisamente por el hecho
de existir esa complejidad técnico-jurídica, nos parece sensato estudiar
este tema con una cierta precisión.
Mi grupo no descarta --y así lo está estudiando en este momento--
presentar una proposición de ley sobre este mismo tema. Es decir, es
posible que mi grupo presente, en un plazo breve, una proposición de ley
que recoja lo que son nuestras propuestas para la regulación de la
problemática jurídica de las parejas de hecho, con independencia de su
orientación sexual, pero acompañado del estudio que pretende hacer esta
subcomisión. Sintetizando, quiero dejar bien claro que esto no es una
maniobra dilatoria, sino que precisamente subraya la importancia que
concedemos a este asunto, la necesidad de no hacer chapuzas, de no
innovar donde no es necesario, de atenernos muy bien a las soluciones que
ya han sido dictadas por la jurisprudencia y buscar su unificación,
intentando, evidentemente, conseguir el máximo consenso que sea posible
alcanzar en esta subcomisión y, en todo caso, en los trabajos posteriores
que se realicen en las ponencias que en su momento se constituyan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Trías.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular,
junto con el Catalán (Convergència i Unió) y Coalición Canaria, propuso
la creación de esta subcomisión el mismo día 18, día en que se debatieron
en el Congreso de los Diputados las proposiciones de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del
Grupo Parlamentario Socialista. Con independencia de que esas
proposiciones de ley han vuelto a ser presentadas para su tramitación en
la Cámara, este grupo considera que sería bueno que esta subcomisión, que
tiene un plazo determinado para elevar su informe --como han dicho otros
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, no se trata en
absoluto de una maniobra dilatoria porque tiene un plazo determinado--,
se creara por acuerdo de todos los grupos, que todos los grupos, de forma
unánime, acordásemos, con independencia de las proposiciones que estén
presentadas, la creación de esta subcomisión.
Que el tema es importante lo demuestra el gran impacto social que tiene
en los medios de comunicación que existan muchas parejas que deciden
tener sus hijos fuera del matrimonio y otras, del mismo sexo, que
pretenden ser asimiladas a lo que es la pareja matrimonial o a una nueva
regulación que denominamos pareja de hecho. Que ésta es una realidad que
el Parlamento tiene que regular de una forma u otra forma resulta
evidente, y sobre esa necesidad parece que todos estamos de acuerdo. Por
lo tanto, el tema no hay que plantearlo maniqueamente en parejas de hecho
sí o no, sino en parejas de hecho cómo y de qué forma. Ahora bien, en lo
que ya es posible que discrepemos, que tengamos opiniones distintas es en
las soluciones jurídicas que demos cada grupo político a este tipo de
cuestiones, y yo creo que éste es el gran objeto de esta subcomisión,
que, como hemos dicho, tiene un plazo de duración determinada para elevar
su informe. Por ello, proponemos que se realice un estudio previo que
permita concluir en la propuesta de las medidas más acertadas a este tipo
de situaciones, con el fin de que se realicen los cambios legislativos
necesarios para ofrecer un adecuado marco jurídico a las uniones de
hecho.
Que las proposiciones de ley que hasta ahora se han presentado en esta
Cámara adolecen de una gran imprecisión jurídica no es algo que opinen
solamente los grupos proponentes, y este Diputado particularmente, sino
todas aquellas personas a quienes se ha consultado, como, por ejemplo, el
presidente de la Asociación de abogados de familia, asociación que agrupa
a abogados de todo signo político. Las cuestiones que están sobre la mesa
son, sin duda, muy importantes para el desarrollo ordenado de una
sociedad. Por un lado, está la familia, cuya protección creo que nadie
duda en reivindicar; por otro, las parejas heterosexuales, que es muy
posible que no busquen la igualdad con el matrimonio y, en otro orden de
cosas, las parejas homosexuales, que sí reivindican una forma de unión lo
más parecida al matrimonio. Es conveniente señalar también --como ya se
ha dicho-- que, en el ámbito de la Unión Europea, sólo Dinamarca y
Suecia, y en algunos aspectos Holanda, regulan este tipo de convivencia
con algún detalle y precisión.
Finalmente, están los temas más polémicos que sin duda abordará también
esta subcomisión, si es que se crea. Uno es la adopción, que fue
propuesto por Izquierda Unida; confunden, a nuestro juicio, los términos
y pedimos que recapaciten. Ellos se refieren a la adopción como un
derecho que tienen determinadas parejas de adoptar, cuando consideramos
que la adopción no es nunca generadora de derechos, sino tan sólo de
obligaciones para con los menores y que toda la legislación debe girar en
torno a la protección de los menores y a las obligaciones que se tiene
hacia éstos. Otro tema sobre el que también es conveniente que se
pronuncie esta subcomisión es que exista la posibilidad de que haya
parejas de hecho con menores emancipados, y lo hemos leído en alguna
propuesta. Nos ha resultado sorprendente y preocupante.
Por todas estas razones, razones que este Diputado ya adujo en el debate
público del día 18, porque podrían afectar a principios fundamentales,
como son la libertad, la seguridad jurídica y la intimidad, creemos que
es necesario un estudio profundo y proponemos la creación de esta
subcomisión.
El señor PRESIDENTE: De los grupos restantes, en primer lugar, tiene la
palabra, por el Grupo Vasco (PNV), la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: El voto del Grupo Vasco será coherente con la
postura sostenida en el Pleno en el que se debatieron las iniciativas de
Izquierda Unida y del Grupo Socialista para la regulación de las parejas
de hecho.
Pese a lo manifestado por los grupos que proponen que se constituya esta
subcomisión, entendemos que es difícil huir de la idea de que se trata de
una maniobra dilatoria, puesto que el propio Reglamento de la Cámara
obliga a unos trámites que dificultan que puedan constituirse o, por lo
menos, que puedan empezar a funcionar operativamente con la rapidez que
se pretende. De hecho, en esta misma Comisión se creó la subcomisión para
el estudio del modelo policial, cuya andadura debió iniciarse el 15 de
octubre y que, sin embargo, en la práctica, no ha empezado sus trabajos.
Me resulta, por tanto, difícil pensar que lo que se pretenda con la
creación de esta subcomisión no sea dilatar la regulación que se
pretendía.
Creemos, además, que existe ya a disposición de la Cámara un material
abundante, constituido por las dos iniciativas que ya fueron objeto de
debate en la toma en consideración más la ahora presentada por el Grupo
Canario. Nos parece que, con esos materiales, cada uno de los grupos,
fruto de sus propias deliberaciones o de sus propias posturas, podrían
efectuar las enmiendas en el sentido que les pareciese conveniente y que
el debate se podría producir durante su tramitación en las distintas
instancias de la Cámara.
Por ello anuncio, como ya indiqué en el Pleno de la Cámara, que el voto
del Grupo Vasco va a ser opuesto a la constitución de esta subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Posiblemente no hubiéramos pedido la
palabra para intervenir en este turno de no haber habido una alusión muy
concreta por parte del representante del Grupo Popular hacia la necesaria
reconsideración de nuestra posición en un tema tan concreto cual es el de
la adopción.
Estamos absolutamente de acuerdo en que la institución de la adopción lo
que debe generar es fundamental la protección del adoptado. Pero no se
trata sólo de eso; hay algo más cuando se habla de la adopción.
Con respecto a esta subcomisión --subcomisión que vosotros vamos a
apoyar, aunque nos hubiera gustado que la proposición hubiera tenido el
beneplácito de toda la Cámara, que ya se hubiera hecho realidad y que,
como otros han dicho, no hubiera lugar a interpretar que estamos
intentando,
dicho en lenguaje coloquial, marear la perdiz para no entrar de lleno en
resolver este problema--, nos gustaría que no hubiera una actitud tan
absolutamente reduccionista de entender que estamos hablando solamente de
orientaciones sexuales y, además, contemplarlas con el prejuicio de
pensar que aquellos que no tengan una orientación sexual según las normas
--normas que no sé de dónde han surgido, porque están todas ellas
plenamente insertadas en la propia naturaleza-- no son capaces de poder
manifestar ni más ni menos que un derecho fundamental a la afectividad,
un derecho fundamental a la perpetuación de sus formas de pensar, a
volcarse en la educación de otros, al cuidado de otras personas. Y hay un
perjuicio, evidenteme, hacia los que, repito, no tienen los complementos
que algunos llaman normales, pensando que, detrás de ellos, hay una
actitud de perversión que no les permite ser ni buenos educadores, ni
buenos guardadores o cuidadores de otras personas.
Yo creo que quien tiene que revisar muy seriamente toda esa clase de
prejuicios es el Partido Popular, que en este tema va más bien a remolque
de los acontecimientos, pensando que no queda más remedio que contemplar
esta fenomenología, en lugar de felicitarse, como nos debemos felicitar
todos, de lo que supone de avance, en el sentido de ir progresando en un
mayor conocimiento y un mayor respeto de la dignidad humana y de un
derecho fundamental, que es el derecho a la propia personalidad en unos
seres humanos absolutamente irrepetibles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Presidente, señores comisionados, el
Grupo Socialista va a votar en contra de la propuesta de constitución de
la subcomisión. Y ello no porque crea que no haya que estudiar temas,
sino porque piensa que esta subcomisión nace con un vicio de origen tal
que hace imposible que se dedique al estudio pausado, reposado, con todos
los calificativos que el portavoz del Grupo Popular ha puesto sobre la
mesa, porque lo cierto es que nace como un sistema encontrado a última
hora, pocas horas antes de iniciarse el Pleno del día 18 de marzo, para
justificar el voto contrario a la toma en consideración de las
proposiciones de ley del Grupo Socialista y de Izquierda Unida.
Además de este vicio de origen tan difícil de subsanar que podríamos
decir que es insubsanable, es lo cierto que se enmarca en una voluntad
política de retrasar la discusión sobre el tema, voluntad política que
deberá ceder necesariamente ante la realidad social que hace que, desde
que se planteó por primera vez el tema en el Congreso, sea una cuestión
de debate público, social, no sólo en todos los medios de comunicación,
lo que hará que necesariamente en breve tiempo, quiéranlo o no los
señores del Grupo Popular, llegue a debatirse y a regularse. La propia
intervención del portavoz del Grupo Popular nos lleva al convencimiento
completo de que la subcomisión está planteada como un óbice a la
posibilidad de que prosperen las proposiciones de ley existentes, puesto
que el contenido de la intervención ha sido única y exclusivamente para
anunciar la presentación de enmiendas a ellas.
Es cierto, señorías, que en esta Cámara existen vivas en este momento:
una proposición de ley, de fecha de 19 de marzo de 1997, presentada por
el Grupo Socialista; una proposición de ley, de fecha 19 de marzo de
1997, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya; una proposición de ley, de fecha 4 de abril de 1997, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al mismo tiempo firmante de la
propuesta de constitución de la subcomisión; nos ha anunciado hoy el
señor Guardans la intención de presentar en breve tiempo una proposición
de ley que regule la materia y existe una gran cantidad de declaraciones
de diferentes portavoces del Grupo Popular, desde las de finales de
octubre del año pasado diciendo que se iba a presentar rápidamente una
proposición de ley en la que se iba a ampliar el contenido de la
presentada el día 29 de octubre por el Grupo Socialista hasta las
posteriores, inmediatamente después del debate del 18 de marzo, del señor
De Grandes, portavoz del Grupo Popular, anunciando la presentación de un
proyecto de ley para inmediatamente después de Semana Santa y las últimas
manifestaciones públicas del señor Trías diciendo que se iba a presentar
una proposición de ley a estilo francés, regulando los contratos de
convivencia. Aparece claro que estamos en un trámite legislativo ya
iniciado, imparable, en el cual una subcomisión no va a ser una
subcomisión de estudio --subcomisión que en buena parte ha cumplido ya su
objetivo en la subcomisión sobre la familia--, sino que va a ser un
sistema para retardar esta tramitación. Este trámite es imparable pese a
la sorpresa que se produjo la semana pasada en la Junta de Portavoces
cuando el señor Michavila anunció su intención de agotar el período de 30
días que fija el artículo 126.2 del Reglamento de esta Cámara, para ver
si el Gobierno ponía algún obstáculo a la tramitación de las
proposiciones de ley de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, cuyo
contenido era sustancialmente idéntico al de las presentadas el 29 de
octubre y en las que no había hecho alegación económica alguna.
Sorprendió sólo relativamente, porque poco antes habíamos visto el
titular del periódico «El Mundo», que normalmente anuncia las acciones
que se ponen después en práctica por el Gobierno Popular, en el que se
hablaba del enorme coste económico de las proposiciones. Ello enmarca
cuál es la actitud y la voluntad del Grupo Popular en el tema, que es
retardar en todo lo posible, incluso hasta la disolución de esta
legislatura, la tramitación del tema. Nos oponemos a la subcomisión,
porque no se puede decir que no se puede tratar un tema que es
simplemente antidiscriminatorio, que es la resolución de problemas de
relaciones con terceros por parte de las parejas de hecho, porque hay que
estudiar a fondo todas las reformas del Código Civil en Derecho de
familia. Si hemos de estudiarlas, hagámoslo --para eso está el
Parlamento--, pero que no se convierta en obstáculo para tramitar las
urgentes proposiciones que están presentadas.
Por todo ello, señoría, además de la manifiesta imposibilidad de cumplir
los términos en que está presentada la resolución --a nadie se le escapa
que es absolutamente
imposible que se realice ningún trabajo, ni reposado ni de cualquier otro
tipo, para presentar resoluciones antes del 30 de junio--, el Grupo
Socialista votará en contra de esta propuesta que continuamos
considerando, pese a las manifestaciones de los portavoces de los grupos
que la sostienen, que constituye una maniobra dilatoria sobre el debate
que es urgente y necesario.
El señor PRESIDENTE: Como recordarán SS. SS., los términos de la
proposición formulada por los tres grupos concluyen solicitando la
creación de una subcomisión para el estudio de la regulación de las
situaciones y efectos jurídicos derivados de las formas de convivencia,
more uxorio y otras formas de convivencia distintas del matrimonio,
proponiendo los cambios legislativos necesarios para ofrecer un adecuado
marco jurídico a las uniones de hecho. Dicha subcomisión estaría
integrada por tres representantes de cada uno de los grupos de más de
cien Diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los grupos
de más de diez Diputados y un representante de cada uno de los grupos
restantes. En cualquier caso, el voto será ponderado y dicha subcomisión
deberá dar término a sus estudios antes del día 30 de junio de 1997,
emitiendo un dictamen con los resultados de su trabajo. Esa es, en
definitiva, la proposición que se va a votar. Previamente, vamos a
comprobar las sustituciones.
El presidente da lectura a la lista de los miembros de la Comisión,
presentes y sustituidos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba la constitución de una subcomisión en
esta Comisión de Justicia e Interior, con los fines que la Presidencia
indicaba, reflejados en la correspondiente propuesta de los grupos
Popular, Catalán y Coalición Canaria.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS
PENITENCIARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 161/000227.)
El señor PRESIDENTE: A los efectos de facilitar las responsabilidades
parlamentarias de los comisionados, teniendo en cuenta que el resto del
orden del día está integrado por proporciones no de ley, todas las cuales
tienen que ser objeto de votación, puesto al habla con los grupos a
través de sus portavoces, les indico que la votación de todas las
proposiciones no de ley que se hayan podido despachar hasta las trece
treinta horas serán objeto de votación a partir de esa hora. Es decir, no
se producirá ninguna votación antes de las trece treinta.
El siguiente punto del orden del día es la proposición no de ley del
Grupo Popular por la que se insta al Gobierno a la creación del centro de
estudios penitenciarios. Para intervenir en nombre del grupo proponente,
tiene la palabra don Francisco Antonio González.
El señor GONZALEZ PEREZ: Señoras y señores Diputados, desde finales del
siglo XIX existió en España una honda preocupación por establecer una
escuela profesional de modo similar a las existentes en Italia,
Inglaterra y Francia, en la que se pudieran adquirir los conocimientos
prácticos y la cultura necesaria, para que todos los que aspirasen a
ingresar en el cuerpo de prisiones tuvieran esa formación. Los primeros
proyectos de creación corresponden a 1889 y 1891, pero es en marzo de
1903 cuando se crea la Escuela de Criminología, establecida en la prisión
celular de Madrid, que tiene por objeto la enseñanza y educación del
personal de la sección directiva del cuerpo de prisiones. Fue una
institución muy combatida porque las asignaturas del programa eran las
más adecuadas a los profesores nombrado, catedráticos en la universidad
central, que resultaban impropias para la clase de alumnos de la escuela
e ineficaces para los servicios que habían de prestar en las prisiones.
Fue cerrada temporalmente en 1926. En marzo de 1932, se creó el Instituto
de Estudios Penales, dedicado a la preparación intensiva del personal del
cuerpo de prisiones, que nunca llegó a funcionar por las circunstancias
políticas que la época... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor González Pérez, un momento. Silencio, por
favor, porque me indican los servicios de la Cámara que no pueden cumplir
sus funciones con el murmullo y el ruido que hay.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
En mayo de 1940 se crea la Escuela de Estudios Penitenciarios, cuyo
objeto es la preparación intensiva del nuevo personal de prisiones, pero
es en febrero de 1943 cuando se la dota de una organización más sólida y
permanente como centro de enseñanza encargado de la formación de todos
los funcionarios que ingresen en las distintas escalas del cuerpo de
prisiones y del perfeccionamiento profesional de los funcionarios en
servicio activo. También se aprueba el plan de estudios y será en lo
sucesivo el único centro de capacitación profesional para todos los
sectores y especialidades dependientes de la Dirección General de
Prisiones. Hasta octubre de 1983 no se produce una nueva modificación del
Reglamento de la Escuela de Estudios Penitenciarios. La declaración
contenida en el artículo 25.2 de la Constitución española de 1978, a cuyo
tenor las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social, así como lo preceptuado en el artículo
1 de la Ley Orgánica General y Penitenciaria, que tiene como fin
primordial la reducción y reinserción social de los sentenciados a penas
y medidas privativas de libertad, hicieron necesarias una serie de
reformas
penitenciarias. Para la consecución de los objetivos apuntados, uno de
los medios principales a utilizar es el del personal penitenciario con
una formación idónea. La Escuela de Estudios Penitenciarios fue suprimida
en 1992, al crearse el Instituto de Investigaciones Penitenciarias que
nunca fue puesto en funcionamiento y que, a su vez, fue suprimido por el
Real Decreto 1885/1996, por el que se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior que crea, a su vez, el Centro de
Estudios Penitenciarios, cuya organización, ubicación y funcionamiento
hay que impulsar y desarrollar.
Hay que hacer un análisis de la realidad. En la actualidad, la formación
del personal de las instituciones penitenciarias se estructura en la
siguiente forma. Dentro del ámbito organizativo existe un área de
formación, en la subdirección general de personal de instituciones
penitenciarias, que se dedica a la organización y coordinación de los
cursos para funcionarios de los cuerpos penitenciarios. Dentro del ámbito
de infraestructuras, no se dispone de instalaciones propias, teniendo que
recurrirse a centros de formación privada u otro tipo de inmuebles, como
pueden ser hoteles o centros de convenciones. Dentro del ámbito de
contenidos, se produce una gran dispersión, debido al hecho de que,
además de los cursos organizados por la Dirección General, se dan cursos
por las diferentes organizaciones sindicales, con enfoques particulares y
a veces contradictorios con las directrices de la política penitenciaria
marcada por el Gobierno.
También hay que tener en cuenta otros factores importantes. El notable
incremento de trabajadores penitenciarios en los últimos años y la forma
de ingreso, el sistema de oposición, determina que la formación de origen
sea muy variada. Las necesidades del personal han obligado a que estos
funcionarios de nuevo ingreso hayan sido destinados directamente como
funcionarios en prácticas a los centros penitenciarios sin haber recibido
una formación previa del medio penitenciario y del trabajo a realizar.
Esta circunstancia ha ocasionado problemas a la organización y a los
propios trabajadores, al carecer de criterios adecuados y uniformes para
solucionar los problemas que surgen en el puesto de trabajo. Las
exigencias del tratamiento y el surgimiento de nuevas enfermedades que
puedan llevar a que esto se convierta en un problema de salud pública, ha
hecho necesaria la contratación de técnicos especialistas en ciencias de
la conducta y facultativos sanitarios que, aunque tengan una formación
específica general, necesitan una formación adecuada a los problemas
específicos que se les plantean.
Por último, la modernización de las infraestructuras penitenciarias y la
avanzada tecnología que se incorpora a las mismas, que modifica
sustancialmente las condiciones de trabajo, sobre todo en materia de
seguridad, hace necesaria la capacitación y cualificación del personal
penitenciario para hacer eficaces y rentables estas instalaciones. El
artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece para el
desempeño de las funciones que le están encomendadas a la Administración
penitenciaria, que contará con personal necesario y debidamente
cualificado. Asimismo, antes de iniciar su actividad, los funcionarios
penitenciarios deberán recibir la formación específica, tanto teórica
como práctica, en el centro oficial adecuado que reglamentariamente se
determine. La necesidad de proporcionar a los funcionarios de los
diferentes cuerpos penitenciarios una formación teórico-práctica
actualizada y adecuada a las funciones que tienen encomendadas, exige la
puesta en marcha, a la mayor brevedad posible, del Centro de Estudios
Penitenciarios.
Los objetivos que se persiguen con esta propuesta que hace el Grupo
Parlamentario Popular son: ejecutar la política de formación del personal
penitenciario con planes, programas y acciones de formación, calendario
de actuación y sistema de evaluación; capacitar, lógicamente, a los
directivos y mandos en técnicas y sistemas actualizados para la
coordinación y supervisión de los equipos de trabajo; formar a los
funcionarios de nuevo ingreso en los cuerpos penitenciarios,
proporcionándoles un conocimiento específico de su puesto de trabajo y
propiciando, de esta manera, una adaptación más rápida y provechosa para
el trabajo que desempeñan; incentivar la capacitación de los trabajadores
penitenciarios mediante cursos de perfeccionamiento, reciclaje y
especialización; cooperar con las instituciones académicas para formar al
personal, cuya actividad profesional se relaciona con el ámbito
penitenciario; y potenciar la investigación multidisciplinar a la
difusión de trabajos de materia penitenciaria.
En las conclusiones del estudio sobre condiciones de trabajo en los
centros penitenciarios españoles, editado por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias en 1996, se establece lo siguiente: que un
87,9 por ciento de todos los trabajadores encuestados no han recibido
ningún tipo de formación antes de ingresar en su centro, referente a los
riesgos que puedan derivar de su trabajo; el 80,5 por ciento de los
encuestados creen no tener posibilidades de promoción profesional dentro
de la institución. Del análisis comparado por categorías profesionales,
todas, absolutamente todas las categorías: vigilancia interior,
sanitarios, técnicos de los equipos de tratamiento, personal de oficinas
y directivos, coinciden en que lo que más les molesta y les preocupa es
la ausencia de carrera profesional.
Señorías, por todo ello, dentro del ámbito de la Administración general
del Estado en materia de instituciones penitenciarias, y ante la
necesidad de establecer criterios uniformes en la dirección de los
centros y en la forma de actuación, potenciar la autoestima de los
funcionarios y concienciarlos de la importancia de su tarea profesional,
se hace necesario e imprescindible poner en funcionamiento, a la mayor
brevedad posible, el Centro de Estudios Penitenciarios, dotándole de
infraestructuras suficientes en aulas de formación, zonas residenciales,
oficinas y otras instalaciones necesarias para proporcionar la formación
idónea al personal penitenciario; todo esto, dentro del ámbito de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, correspondiente a la
Administración general del Estado.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por el Grupo Socialista.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: La proposición no de ley objeto de debate esta
mañana es repetición de una presentada la pasada legislatura por el Grupo
Popular, que decayó por disolución de las Cámaras, y de otra presentada
en la legislatura actual, de la que el grupo autor de la misma desistió
voluntariamente.
La finalidad de esta proposición no de ley, según se dice en la
exposición de motivos, como fundamentación de la misma, es la de mejorar
la selección, formación inicial y continuada, especialización y
perfeccionamiento de los funcionarios penitenciarios a través de la
creación del Centro de Estudios Penitenciarios. El objetivo,
naturalmente, es plausible, dado que se incardina --aunque no lo ha dicho
el interviniente del Grupo Parlamentario Popular-- en el apartado quinto
de la moción consecuencia de interpelación que se aprobó por unanimidad
en esta Cámara el día 18 de junio de 1996. En el punto relativo a la
formación de los funcionarios se instaba al Gobierno a que mejorara los
mecanismos de formación inicial y permanente de estos profesionales y
adecuara la distribución de dichos efectivos humanos a las necesidades
reales de los centros. Pues bien, como decimos, esta proposición es
plausible, no sólo por obedecer a este objetivo, sino también porque es
desarrollo de un mandato que ha dirigido el Congreso de los Diputados al
Gobierno. El Grupo proponente cifra el objetivo para cumplir esta
finalidad en que el instrumento más importante es la creación de un
centro de estudios, heredero de la antigua Escuela de Estudios
Penitenciarios, creada en 1940, y sustituida en 1992 por el Instituto de
Investigaciones Penitenciarias, que, a su vez, fue suprimido en 1996 por
el Real Decreto que ha establecido la estructura orgánica del Ministerio
del Interior, que ha sido el que ha asumido las competencias de
instituciones penitenciarias con el Gobierno del Partido Popular.
La formación del personal de instituciones penitenciarias se dispensaba
por la citada escuela, hasta su supresión; formación que se limitaba a la
realización de cursos de formación que se limitaba a la realización de
cursos de formación básica para los funcionarios de nuevo ingreso, y de
perfeccionamiento para colectivos determinados en función de necesidades
concretas y sin ninguna planificación. Estos son los cometidos que
realizaba la antigua escuela. A partir de 1993, la Administración
penitenciaria socialista realizó planes anuales de formación, bien
propios, bien en cumplimiento y fruto de convenios suscritos con las
comunidades autónomas.
Por lo que se refiere a la selección de funcionarios, es cierto que los
penitenciarios deben reunir, además de los conocimientos
teórico-prácticos comunes a otros cuerpos de la Administración, los
perfiles profesionales que contemplen otros grados de conocimientos
específicos y especializados; necesitan, más que otros funcionarios, una
formación permanente y dinámica, dada la importante misión que tienen,
que es la de conseguir la resocialización, la reinserción de los internos
en la sociedad, y no sólo la de proceder a su custodia y retención, que
también es otra de sus misiones. Esto es lo importante, en opinión del
Grupo Socialista: el contenido, la selección y formación continuada, y no
el continente, que sería la creación del Centro de Estudios
Penitenciarios, escuela, o como quiera denominarse el instrumento
mediante el que se presta la formación.
En la fundamentación de la proposición no de ley, como base de la
necesidad de creación de esta Escuela de Estudios Penitenciarios, el
grupo proponente comete un lapsus: cita los artículos 53 y 248 del
Reglamento penitenciario, preceptos que se refieren al antiguo Reglamento
penitenciario de 1981, no al actual de 1996.
De otra parte, no es importante descentralizar de una escuela o centro
aquellas materias cuyas competencias no son exclusivas del Estado --no
olvidemos que las competencias en esta materia las tiene la Generalitat
en Cataluña--, sino continuar con la elaboración de planes conjuntos de
formación continuada y perfeccionamiento con las comunidades autónomas.
Como el Grupo Parlamentario Socialista es partidario de la elaboración de
estos perfiles profesionales y de la selección y formación permanente de
dicho personal y puesto que ello se puede cumplir de modo pleno sin
necesidad de crear ningún centro o escuela ad hoc, hemos presentado una
enmienda que trata de conseguir idénticos resultados que la proposición
no de ley del Grupo Popular, sin necesidad de crear un nuevo centro o
escuela. Las funciones de formación inicial continuada, cursos de
especialización y perfeccionamiento de los funcionarios penitenciarios
pueden ser perfectamente realizadas por la propia Dirección de
Instituciones Penitenciarias, dado que el Instituto de Investigaciones
Penitenciarias fue suprimido por el real decreto de 1996, de
establecimiento de la estructura orgánica del Ministerio del Interior.
Con la enmienda que hemos formulado contribuimos decisivamente, como
grupo de oposición, al control del gasto público, dado que no aumentamos
este gasto con la creación de un nuevo centro o escuela de estudios
penitenciarios.
Finalmente, en la proposición no de ley se insta al Gobierno a la
creación de este Centro de Estudios Penitenciarios en el plazo más breve
posible. Queremos señalar que en los Presupuestos Generales del Estado de
1997 no hay dotación presupuestaria que prevea inversión a alguna en la
creación de esta escuela y que ya está perfectamente acuñado, en términos
parlamentarios, qué hay que entender por el plazo más breve posible. En
opinión del Grupo Socialista, el plazo más breve posible no se puede
postergar ad kalendas graecas, ni tampoco se puede postergar su creación
a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para
1998. Hacemos notar esta salvedad al resto de los grupos parlamentarios
para que no haya ningún engaño a la vista de la redacción de la
proposición no de ley que dice que se instará al Gobierno a la creación
de este centro, con los cometidos que se han señalado y con los que
estamos de acuerdo, en el plazo más breve posible. El plazo más breve
posible, evidentemente, es el plazo más breve posible, no el próximo
ejercicio presupuestario. En términos parlamentarios, el plazo más breve
posible puede entender como 2, 3 ó 5 meses, nunca el próximo ejercicio
presupuestario.
A la vista de estas argumentaciones, consideramos que los objetivos de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular se
cumplen mejor, porque se ahorra dinero y no se aumenta el gasto público,
a través de la enmienda que ha formulado el Grupo Parlamentario
Socialista y que dice literalmente lo siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo más breve posible, adopte
las medidas necesarias para el diseño de unos perfiles profesionales de
los funcionarios de instituciones penitenciarias y de un sistema de
formación permanente para dicho personal. De este modo, en opinión del
Grupo Parlamentario Socialista, si por parte de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias se imparten los cursos de especialización
dirigidos a los funcionarios penitenciarios y personal laboral
penitenciario, se cumplirá perfectamente el objetivo, con el que estamos
de acuerdo, del grupo autor de la proposición no de ley y también se
desarrollará en toda su integridad el apartado 5 de la moción,
consecuencia de interpelación, aprobada por unanimidad en el Pleno de la
Cámara el 18 de junio de 1996.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: A Coalición Canaria le parece esta proposición
no de ley que nos ha presentado el Grupo Popular muy oportuna y
necesaria. Dicho esto y oídos los argumentos del portavoz socialista
respecto de la enmienda presentada, desearía que hubiera el mayor
consenso posible y se lograra ensamblar el planteamiento de una
institución marco, como es un Centro de Estudios Penitenciarios, con la
finalidad --que es, a mi juicio, lo que contempla la enmienda del Grupo
Socialista-- didáctica, funcional y física donde se puedan formar
perfiles de funcionarios. Como bien se ha dicho, el funcionario de
prisiones tiene orígenes profesionales, académicos y estudios de muy
diversas disciplinas y, por tanto, formaciones que no tienen el contenido
profesional que después la actividad de funcionario de prisiones le da.
¿Qué ocurre con nuestro ordenamiento jurídico? Que el contenido,
filosofía y principios políticos democráticos que tiene la actual Ley
general penitenciaria española y el Reglamento penitenciario vigente ha
señalado ya una doctrina sobre el comportamiento del funcionario de
instituciones penitenciarias, aunque no lo haya personalizado tanto en el
funcionario, y a veces ha recurrido a la figura del juez de vigilancia
penitenciaria para establecer determinadas normas y comportamientos que
se salen del marco tradicional del carcelero clásico, es decir, del que
está encargado de la custodia, seguridad y retención del penado para que
no se fugue de la cárcel, que cumpla la pena impuesta por el tribunal
junto a lo que va creando más cuerpo de doctrina, que es el principio de
reinserción social. Aquí es donde viene el reto profesional para el
funcionario de instituciones penitenciarias que, junto a tener que ser
custodio en la línea tradicional de la seguridad del penado, en el
sentido de que cumpla su condena y no se fugue de la prisión, tiene que
cumplir también --con garantías profesionales, que no vienen adquiridas
antes de su oposición-- el principio político, loable, que encierra
nuestra legislación, que es el de reinserción social y preparar al penado
para esa reinserción social.
Cuando leemos el informe presentado a este Congreso por el Defensor del
Pueblo respecto de la situación de las prisiones españolas, se queda uno
aterrado por las cifras de las enfermedades que la población penal
española padece, enfermedades transmisibles contagiosas por vía sexual y
por vía parenteral, así como el porcentaje de drogadicción existente en
las prisiones. Ante estos problemas nos preguntamos: ¿quién se
responsabiliza para que pueda existir una actuación profesional,
responsable y consecuente con nuestro ordenamiento jurídico?
Se suprimió la vieja Escuela de Estudios Penitenciarios, como aquí bien
se ha recordado; se creó el Instituto de Investigaciones Penitenciarias
que venía supliendo la ausencia de una institución. En mi opinión, el
Gobierno cometió un error en 1996 al suprimir el Instituto de
Investigaciones Penitenciarias. No dio entonces ninguna razón de peso. Si
se debió a causas presupuestarias, creo que ahora puede corregirse ese
error. No podemos llevar al absurdo la reducción del gasto presupuestario
suprimiendo instituciones que son necesarias, y más aún cuando en nuestra
actuación administrativa en el ordenamiento penitenciario español hay
comunidades, como la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tienen
transferida la competencia. Puede haber algún punto de encuentro para
comparar qué experiencia útil tiene la administración penitenciaria de la
Comunidad Autónoma de Cataluña con sus penados y la que tiene el Estado.
Creo también que es importante conocer qué está ocurriendo en otros
países de nuestro entorno respecto a la privatización de las prisiones y
a la custodia de los presos. Tenemos el ejemplo británico y de otros
países.
¿Qué garantía profesional necesitan esos funcionarios para imbuirles ese
perfil, en el que estamos de acuerdo, dentro de una estructura
profesional? Porque tampoco se trata de hacer una clásica escuela de
formación profesional sino un centro de debate donde todos los
especialistas puedan contribuir a ir generando un cuerpo de conocimientos
y de doctrina al respecto. No cuestionamos el ahorro público en estas
cuestiones que tanto nos atañen, porque está demostrado que en la
política penitenciaria se está poniendo a prueba el sistema de libertades
y de derechos humanos de nuestro ordenamiento jurídico. No se trata
solamente de que ese funcionario tenga que adquirir conocimientos de
formación técnica de las prisiones de alta seguridad, del tratamiento
físico de los penados, sino también de las normas de conducta, que, junto
a la seguridad y a la custodia, permitan la reinserción social y luchar
contra todas esas lacras que están creando un caldo de cultivo
verdaderamente preocupante en la población penitenciaria española. Somos
partidarios de la creación de un Centro de Estudios Penitenciarios, o
como se le quiera llamar: de formación, de fijar los perfiles, o de
estudios de la política evolutiva penitenciaria.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: En idéntico sentido a lo manifestado por el
Grupo canario, al Grupo Vasco también le parece adecuada la creación de
un Centro de Estudios Penitenciarios, puesto que cuanto mejores sean los
profesionales que prestan este servicio en las instituciones
penitenciarias de forma más adecuada se podrá cumplir el fin
constitucional de la reinserción, al que también se ha referido el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
La presentación que de la iniciativa ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular centraba de manera adecuada la necesidad, en la
actualidad, de la creación de este centro orientado a la mejor formación
de los funcionarios, como ya se ha indicado. En cuanto a los temores o a
ciertas pegas manifestadas por el representante del Grupo Socialista en
relación con la creación de un centro, puesto que la finalidad se puede
conseguir de idéntica manera sin ese gasto presupuestario, nos parece que
sería posible sugerir la posible utilización --lo cual ahorraría, cuando
menos, los inmuebles-- del Centro de Estudios Judiciales, que ha quedado
prácticamente inutilizado en la actualidad con la creación de la
correspondiente escuela, cuya instalación ha correspondido a la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Perteneciendo al partido al que pertenezco, no me resta sino hacer
referencia al elemento competencial en esta materia, que también ha sido
aludido por el representante del Grupo Parlamentario Socialista y al que
en su exposición se ha referido el portavoz del Grupo Popular. En este
caso, no estamos hablando de cuerpos nacionales, sino de que es posible
que las comunidades autónomas que tengan asumida la competencia tengan
cuerpos propios, como es el caso de Cataluña y lo será en un futuro el de
la Comunidad Autónoma vasca. Entiendo que la regulación que se establezca
lo es respecto de las competencias que en este momento está ejercitando
el Estado, y estaremos atentos a evitar tendencias unificadoras con la
extensión de la igualdad al amparo del artículo 149.1.1.a de la
Constitución, que tanto se estira en determinados supuestos.
En todo caso, la Administración vasca, pese a no haber asumido las
competencias, está haciendo ya importantes esfuerzos, que podrían servir
de ejemplo y que ponemos a disposición del grupo autor de la iniciativa,
a través del Instituto de Criminología vasco que están dando excelentes
frutos en la formación del funcionariado del Estado que presta sus
servicios en la Comunidad Autónoma vasca.
De lo que he dicho se desprende que el Grupo Vasco votará a favor de la
iniciativa que se propone.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Voy a ser muy breve porque, como han reiterado
todos los portavoces que han intervenido hasta este momento, la Comunidad
Autónoma de Cataluña es la única que tiene competencias en el ámbito
penitenciario y, por tanto, sobre la formación de los funcionarios de
prisiones que tienen encomendada esa labor. No digo que no nos afecte
este tema, en la medida en que nos afecta la totalidad de los intereses
en todo el territorio del Estado, pero es lógico que nuestro
planteamiento al abordar esta cuestión sea distinto del de otros grupos
parlamentarios.
Comprendemos los motivos de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. A la hora de afrontar una mejora y un
perfeccionamiento en la formación de los funcionarios de prisiones,
coincidimos en que hay distintas opciones. Una de ellas es la que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, que es la recreación y puesta en
funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios, y otras son una
serie de medidas más dispersas y que no consisten exactamente en la
creación de un centro específico. No entramos en ese debate --si así
hubiera sido aceptado, tampoco hubiéramos tenido problemas en votar
favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista--, pero
reconocemos que la competencia en este caso le corresponde al Gobierno y
si éste opta por especializar la formación en el Centro de Estudios
Penitenciarios, no podemos sino apoyar esa iniciativa, por lo que daremos
nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: La primera pregunta que puede uno
hacerse cuando se enfrenta con una proposición no de ley como la que se
somete a debate sería la de la necesidad de la institución y para ello
habría que acudir, lógicamente, a los estudios y a la experiencia.
Yo todavía no he visto en una sola memoria del Defensor del Pueblo, que
es quien más atención ha dedicado a nuestros establecimientos
penitenciarios, una crítica --no digo ya feroz, ni tan siquiera leve--
acerca de la falta de formación de nuestros funcionarios de instituciones
penitenciarias, ni he visto que se hayan puesto de manifiesto
determinadas irregularidades que puedan ser atribuibles a una carencia de
la formación que puedan tener.
Sinceramente, nos enfrentamos a un debate que tiene mucho de burocrático,
no es un debate que tenga una racionalidad en cuanto a que estemos
contemplando una necesidad absoluta sin la cual nuestros establecimientos
penitenciarios no puedan vivir y que, de producirse el nacimiento de este
Centro de Estudios Penitenciarios, va a tener efectos balsámicos y va a
arreglar la situación de todos nuestros establecimientos, cosa que no
ocurre. Por ello, estamos mucho más en línea de la enmienda que ha sido
propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista. Dado que los
funcionarios que acceden al cuerpo de instituciones penitenciarias vienen
todos con su titulación, superan las correspondientes pruebas y
oposición, y luego viven, como es lógico, desde el momento mismo en que
acceden a la carrera, las prácticas con el resto de funcionarios mucho
más
versados, en donde las tienen que vivir, que es los propios
establecimientos penitenciarios, nos parece mucho más adecuado el sistema
de cursillaje, el sistema de formación especializada, el sistema de
atención a necesidades muy concretas que el andar estableciendo una nueva
estructura que, efectivamente, producirá el efecto que va a producir y
que ya advertimos, que será que un conjunto de funcionarios se dediquen a
la teorización y nos encontremos con un mayor abandono y una situación de
mayor insuficiencia de funcionarios en los establecimientos
penitenciarios.
No somos partidarios, por decirlo claramente, de esta clase de centros.
Esta clase de centros tiene razón de ser cuando, al finalizar
determinadas carreras, no se produce el sistema de oposiciones sino que
son centros de complementación formativa, como se da en otra clase de
sistemas que nos son propios. Si seguimos esta teoría, además de un
centro de estudios penitenciarios no sé por qué no hacemos un centro
--con todo el respeto y el cariño-- de letrados del Consejo de Estado y
otro centro para los letrados de las Cortes Generales porque parece que
la oposición no es bastante. Si quieren ustedes, también hacemos un
centro especial de taquígrafos y de estenotipistas; y hacemos otro
centro, a acabar la carrera de medicina, para médicos internistas.
Sinceramente, este método administrativo es absolutamente burocrático,
que se soporta por el precepto y que no tiene la menor utilidad, como no
la tiene el actual Centro de Estudios Judiciales, que no sirve
absolutamente para nada, porque si los que han accedido a la carrera ya
tienen la suficiente formación, no es necesario que nadie les dé repasos
de las disciplinas y las asignaturas que ya han cursado y lo que hace
falta es que, cuanto antes, se enfrenten con algo tan importante como es
el impartir justicia. Luego salen del Centro de Estudios Judiciales sin
saber lo que es una liquidación de tasas, sin haber visto una
providencia, sin saber lo que es un juzgado, van a parar a donde van a
parar y, en la soledad de los antiguos jueces de distrito o de los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, no pueden acudir a lo que se
les ha enseñado. No somos partidarios de este sistema de formación de
nuestro funcionariado; igual que no somos partidarios, lógicamente, del
sistema del funcionario al que no se le somete a ningún control y que,
por el hecho simple de serlo, va ascendiendo y ascendiendo hasta llegar
al grado máximo de la incompetencia. En consecuencia, no vamos a apoyar
la creación de un organismo más.
Nos extraña, además, la actitud de alguno de los intervinientes cuando,
en materia de establecimientos penitenciarios, las competencias se han
transferido. Lógicamente, deberíamos dejar que cada autonomía llevara
adelante el proceso de formación y de complemento de la formación de su
funcionariado, en una cierta competitividad en la que en un momento
concreto determinados establecimientos penitenciarios pudieran hacer gala
de un mejor, valga la expresión, tratamiento, unos mayores éxitos en
cuanto a la rehabilitación y la reinserción y, sobre todo, la mejora de
los métodos de trabajo dentro de ellos.
Por todo lo expuesto, no vamos a apoyar este Centro de Estudios
Penitenciarios, detrás del cual no hay más que una actitud
fundamentalmente corporativista y un deseo de alguien --a lo mejor ya
está designado el director-- de tener su pequeña parcela, a lo cual
entenderá, señor Presidente, que no vamos a dar nuestro beneplácito.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de dejar ultimado el debate y para la
aceptación o rechazo de la enmienda articulada por el Grupo Socialista,
tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor González.
El señor GONZALEZ PEREZ: Voy a intentar ser muy breve, aunque me gustaría
dejar afianzadas cuatro ideas, sin intentar reabrir el debate, sino para
puntualizar.
Ha quedado claro, por parte del Grupo Popular, que no se pretende, bajo
ningún concepto, la interferencia en este caso en las disposiciones que
la Comunidad Autónoma catalana tiene con respecto a las instituciones
penitenciarias, con lo cual se circunscribiría exclusivamente a los
funcionarios dependientes de la Administración general del Estado en
materia de instituciones penitenciarias. Dicho esto, debo añadir que el
modelo que proponemos no es, en absoluto, incompatible con los planes de
formación que las centrales sindicales están llevando a cabo o con los
planes o convenios que desde instituciones públicas o privadas también se
llevan a cabo.
También tengo que decir que en los Presupuestos Generales del Estado de
1997 no existe esa partida Si existiera, el Grupo Popular no traería a
esta Comisión la proposición no de ley que nos está llevando a este
debate. Por otra parte, cuando se habla de la mayor brevedad posible,
lógicamente hacemos referencia a lo que queda explícito en la enmienda
que presenta el Grupo Socialista: a la mayor brevedad posible, sin
matizaciones de ningún tipo y dentro de las posibilidades que la
Administración tenga.
La proposición trata de sentar una base inicial para corregir una grave
laguna arrastrada desde hace tiempo en el modelo de la formación inicial
y continuada de los funcionarios penitenciarios dependientes de la
Administración general del Estado. La enmienda que el Grupo Socialista
nos propone desvirtuaría absolutamente la propuesta que trae el Grupo
Popular a debate. Aun así, el Grupo Popular ha hecho una propuesta al
Grupo Socialista, mediante una enmienda transaccional, que ha sido
rechazada, con lo cual mantenemos nuestra firmeza en el planteamiento de
la proposición no de ley. Por lo tanto, señor Presidente, mantenemos
inicialmente la propuesta que se someterá a votación.
El señor PRESIDENTE: Como ha habido algunas puntualizaciones que suponen,
quiérase que no, reabrir el debate, tiene la palabra el señor Pérez
Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente, por la interpretación.
Así ha sido entendida por este Diputado, que pensaba que le correspondía
un pequeño turno.
Si no se explica el contenido de la enmienda transaccional, no se informa
adecuadamente al resto de los grupos parlamentarios y el Grupo Socialista
quedaría como reticente y en contra de cualquier enmienda transaccional.
La enmienda transaccional consistía en incorporar la enmienda
del Grupo Socialista a la del Grupo Popular, manteniendo la creación del
Centro de Estudios. El Grupo Socialista discrepa de la creación de un
nuevo centro. Asistimos --lo digo en sentido irónico-- a posturas
absolutamente delirantes. Resulta que el Grupo Socialista es el que
quiere ahora adelgazar la Administración del Estado y el Grupo Popular,
que pomposamente dijo en su programa electoral que iba a reducir no sé
cuántos miles de cargos y no sé cuántos cientos de órganos, ahora trata
de crear uno nuevo. Finalmente, no se puede contraponer la enmienda del
Grupo Socialista, que habla de que en el plazo más breve posible se
realice el perfil de formación de los funcionarios, con postergarlo al
ejercicio presupuestario del año que viene. El plazo más breve posible
significa, en términos parlamentarios, por la experiencia que tiene este
Diputado, 2, 3 ó 4 meses, no postergarlo al siguiente ejercicio
presupuestario. Esa es la postura definitiva del Grupo Socialista, señor
Presidente.
--SOBRE LA EXPLOTACION SEXUAL DE LOS NIÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000236.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de ley,
pasamos al siguiente punto del orden del día, en el que figura la
proposición también no de ley del Grupo Popular sobre la explotación
sexual de los niños.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: El Grupo Parlamentario, a la vista de algunos
recientes acontecimientos que han vuelto a plantear la urgencia y el alto
grado de sensibilidad y de preocupación social que comporta el asunto
objeto de esta iniciativa, por considerar que la misma tiene por objeto
esencial dar apoyatura política a las importantes recomendaciones
elaboradas en el Congreso de Estocolmo, ha cursado un escrito ante los
órganos correspondientes de la Cámara a efectos de solicitar el
aplazamiento de este debate en la Comisión de Justicia e Interior, a fin
de que en el próximo Pleno, o como mucho en el siguiente, esta iniciativa
pueda ser debatida por el Pleno de la Cámara. De manera tal que, en este
acto, solicitamos de la Presidencia el aplazamiento de este debate, a fin
de que el referido escrito pueda surtir todos los efectos reglamentarios
señalados y esta iniciativa pueda verse, por tanto, en el Pleno del
Congreso.
El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 194 del Reglamento de
la Cámara, las proposiciones no de ley se debaten en Comisión o en Pleno
en función de la voluntad manifestada por el grupo proponente y de la
importancia del tema objeto de la proposición. Además, para la inclusión
de estas proposiciones no de ley en el orden del día del Pleno se está a
lo dispuesto a las preferencias que resultan de la composición de la
Cámara y de las posibles iniciativas que puedan sustanciar cada uno de
los grupos.
En definitiva, la pretensión del Grupo Popular no está prevista
expresamente en el Reglamento. Sin embargo, siendo algo que el Reglamento
vincula a la voluntad del grupo proponente, parece lógico que, presentado
ese escrito, la Presidencia lo debe aceptar. No obstante, si algún grupo
desea manifestar su criterio, la Presidencia está dispuesta a conceder la
palabra.
Por el Grupo Socialista, la señora Fernández de la Vega tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: El Grupo Parlamentario Socialista, a
la vista de la lectura del Reglamento que ha hecho el Presidente, y
aunque no fuera ésa exactamente la previsión reglamentaria, no se opone a
que esta proposición no de ley se discuta en el Pleno. Lo que íbamos a
decir aquí lo diremos allí.
Más que sorprender nos confirma que en este tema, como en tantos otros,
el Grupo Parlamentario Popular haya intentado con esta proposición no de
ley --ésa es la impresión que nos causa-- justificar --por lo menos lo
intentó cuando lo propuso el 4 de noviembre de 1996-- su postura de
oposición a la proposición del Grupo Parlamentario Socialista de creación
de una subcomisión para abordar una problemática tan importante y
compleja como la referida a la explotación sexual de los menores. Está
claro que el Grupo Popular es partidario de crear subcomisiones. Hoy lo
hemos visto cuando existen textos articulados no sólo en este caso, en el
que hay una problemática completa. Creemos que el contenido es más un
brindis al sol que otra cosa, lo que no significa que no sea importante.
No obstante, queríamos dejar constancia de esto, sin oponernos, y lo que
tengamos que decir ya lo diremos en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: En atención a lo que anteriormente puso de relieve
la Presidencia y a que ningún grupo ni comisionado muestra su oposición a
esta alteración del orden del día, queda aplazado el debate y votación,
en su caso, de la proposición no de ley a la que nos estábamos refiriendo
hasta que por la Mesa del Congreso se resuelva sobre su eventual
tramitación en el Pleno o sea nuevamente remitida a esta Comisión, para
su definitiva tramitación ante la misma.
--RELATIVA A RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DEL ESTADO EN LA CATASTROFE DEL
«AEGEAN SEA». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000254.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día, señorías, es
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la
responsabilidad subsidiaria del Estado en la catástrofe del Aegean Sea.
El señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Dentro de poco hará cinco años que se produjo
la catástrofe del Aegean Sea en las costas gallegas, una catástrofe de
consecuencias ecológicas y económicas muy importantes, una noche del 3 de
diciembre de 1992. La catástrofe del Aegean Sea, que consistió en la
salida al mar de 80.000 toneladas de crudo que llegaron rápidamente a
todas las rías adyacentes, venía a unirse a otros dos graves accidentes
con consecuencias ecológicas importantes: en 1976, el del Urquiola, que
esparció por el mar de las costas gallegas de la provincia de A Coruña
100.000 toneladas de crudo, y en 1979, el del Andros Patria, que esparció
208.000 toneladas de petróleo. Hay que añadir que lo que vivimos muchos
ciudadanos de esta zona de A Coruña fue un impresionante espectáculo
dantesco, empezando por una nube tóxica de grandes dimensiones que acabó
por situarse sobre todo encima de la ría de Ferrol, pero que estuvo a
punto de obligar a Protección Civil al traslado de miles de ciudadanos de
la ciudad de A Coruña e incluso a estar ultimado ya el traslado de los
presos de la cárcel de A Coruña. Por supuesto, la Torre de Hércules quedó
completamente chamuscada y, lo que es más grave, hubo pérdida de vidas
humanas y un gravísimo desastre ecológico que provocó la muerte de aves
acuáticas y de peces. Los investigadores cifraron entre cinco y diez años
el tiempo necesario para una mínima recuperación de todo el ecosistema de
la plataforma continental de esa zona. El ya entonces presidente de la
Xunta de Galicia dijo, taxativamente, después de visitar toda la zona,
que aquello era una catástrofe y que, en consecuencia, debía ser
declarada zona catastrófica.
No vamos a entrar en el hecho de que esta catástrofe se produjese, sin
duda, por algunas órdenes dictadas precipitadamente, por razones
económicas y por la manera de tratar nuestras aguas jurisdiccionales que
tiene determinado tipo de empresas con grandes intereses transnacionales,
que las utilizan, incluso, no pagando un canon debido a las autoridades
del Estado español, como pudo ser el tradicional fondeamiento de buques
en la ría de Ares, o haciendo algún tipo de faena realmente peligrosa
como fue la entrada de este petrolero en una noche de temporal,
precisamente por ahorrar algunos dineros a la compañía Repsol, pero sí
vamos a hablar de las actuaciones subsiguientes, que son las ilustrativas
para que se entienda por qué presentamos esta proposición no de ley. (El
señor Vicepresidente, Cárceles Nieto, ocupa la Presidencia.)
Las primeras actuaciones consistieron, curiosamente, en minimizar el
impacto visual, invirtiéndose 130 millones de pesetas para la limpieza de
playas. Como los informes de tipo ecológico decían que no se podía faenar
en esas aguas, se dio un subsidio a los mariscadores y a los marineros,
durante un período de tres meses, por un montante global de 270 millones
de pesetas para los mariscadores y de 260 millones de pesetas para los
marineros; debe tenerse en cuenta que, en conjunto, son más de 3.000
personas. Los estudios científicos oficiales --acabaron por no ser tan
oficiales, pero sí de instituciones rigurosas-- cifraron las pérdidas
cuantificables en más de 20.000 millones de pesetas, por no hablar de
pérdidas o de daños ecológicos de difícil cuantificación. Curiosamente,
el capitán del buque --que fue detenido-- fue liberado inmediatamente.
Después, a la hora de ser acusado y llevado a juicio, se adujo la
imposibilidad de extradición, sin que se presentase nunca en los juicios
que se celebraron en la ciudad de A Coruña.
En enero de 1993, por fin, se firmó un acuerdo, para la tramitación de
reclamaciones, entre la compañía aseguradora, el fondo internacional para
pagar daños por contaminación de hidrocarburos y las administraciones
públicas, tanto la central como la autonómica. Pero lo grave fue que en
este acuerdo se contempló siempre la cuestión como una relación de
derecho privado entre las personas afectadas --es decir, esos 3.000
marineros y mariscadores, aparte de otras empresas--, y la Administración
se limitó a dar una especie de asesoramiento y, al mismo tiempo, poner la
infraestructura necesaria en la ciudad de A Coruña para que se
presentasen las reclamaciones. La mayoría de las reuniones de este foro
se celebraron en A Coruña, Santiago y, sobre todo, en Londres. La Fidac
--la fundación que debe encargarse precisamente de la indemnización y a
la que creo que el Estado español contribuye con 40.000 millones de
pesetas anuales-- mostró siempre una postura obstruccionista, alegando la
falta de datos, basándose en que es un sector precapitalista y que la
formalización fiscal ante los organismos oportunos no se había realizado
en la forma debida y, lógicamente, apoyándose en que nunca se había
declarado zona catastrófica y que la paralización de actividades, de
marisqueo y de pesca, solamente se había producido durante tres meses;
además, como el Estado español no se presentó como tal, en cuanto
defensor de un bien público gravemente dañado, tendremos el porqué de la
facilidad de este obstruccionismo. El 13 de marzo de 1995 se suspendió un
primer juicio --ya que todas las cuestiones se llevaron como acusaciones
de tipo particular-- por ausencia del capitán y, celebrado más tarde
--creo que en junio de 1996--, se llegó a un tipo de resolución vaga, no
suficientemente taxativa y que deja las puertas abiertas al fondo y a la
casa aseguradora para seguir mareando la perdiz.
En definitiva, señorías, después de prácticamente cinco años, nos
encontramos con una situación en la que más de 3.000 pescadores y
mariscadores recibieron no más de 700 millones de pesetas porque no se
declaró zona catastrófica y no se hizo exclusión de pesca, precisamente
como debía haberse hecho por motivos científicos y económicos. El fondo
lo más que hizo fue adelantar una especie de ayuda humanitaria --como si
se tratase de una hambruna, en la mejor tradición de películas como el
Plácido, de Berlanga--, incluso con grave vejación y discriminación,
porque hay noticias fidedignas que indican que accidentes posteriores que
acontecieron en las costas de Inglaterra sí fueron saldados
inmediatamente con 18.000 millones de pesetas, o que en el más reciente
del Japón se pagó el 80 por ciento de lo reclamado. Pero hay una
diferencia sustancial: que en estos dos casos fue la respectiva
administración pública la que hizo la valoración, la presentó ante el
fondo y, lógicamente, le obligó a pagar y no a entrar en un litigio de
tipo privado. Me parece que es hoy cuando hay una reunión del fondo y en
el orden del día de este comité
ejecutivo no figura nada en relación a este tema, lo cual indica que
estamos en una política de largas y sería grave que no concluyese, cuando
menos, paliando las consecuencias más graves para los afectados, que en
el caso del marisqueo y de la pesca se vieron gravísimamente disminuidos.
En todo caso, aunque no se quiera aceptar el carácter subsidiario del
Estado español a la hora de paliar esta catástrofe, sí creo que es
importante que asuma la responsabilidad en el pago a los afectados. El
Estado, ya que no se puso al frente de la defensa de los recursos propios
a su debido tiempo, lo debe de hacer en este momento y, sobre todo,
empezar a pensar que en estos casos no se trata de tutelar exclusivamente
unos intereses privados más o menos económicos, sino que al Estado le
corresponde defender y garantizar el ecosistema. Por tanto, si no fue
reparado el daño, en este caso el daño particular, el Gobierno del Estado
español debe de hacer todo lo posible por que el mismo sea reparado y
porque las actuaciones en los foros internacionales correspondan, en
primer lugar, al dinero que deposita el Estado español en ellos y, en
segundo lugar, al daño producido a un bien que es de titularidad pública,
porque la plataforma continental corresponde al Estado, al margen de que
se haya explotado por nuestros pescadores y mariscadores. Por eso
presentamos esta proposición no de ley, que tiene cuatro puntos que van
en esta dirección.
No sé si es el momento de posicionarme, señor Presidente, respecto de las
enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios Popular y
Socialista. Si no es así, lo dejo para después de escuchar sus
intervenciones respectivas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): A esta proposición no de ley
hay dos enmiendas presentadas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo
Popular.
Para la defensa de la primera, tiene la palabra el señor Gago, en nombre
del Grupo Socialista.
El señor GAGO LOPEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición sobre la proposición
no de ley presentada por el Diputado del Bloque Nacionalista Galego, don
Francisco Rodríguez Sánchez, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y
relativa a la responsabilidad subsidiaria del Estado en la catástrofe del
Aegean Sea.
No creo que sea necesario recordar los hechos que motivan la presente
proposición, por ser de sobra conocidos y haber tenido una difusión
amplísima en los medios de comunicación pero, habiendo mediado la
intervención de los tribunales de justicia en primera instancia y
habiendo recaído sentencia, aunque no firme, en el proceso penal
sustanciado al efecto, parece evidente que, para decidir nuestra postura
sobre lo instado en la proposición a debate, debemos analizar la
concordancia de lo solicitado con lo dispuesto en el fallo judicial, al
objeto de ser respetuosos y consecuentes con la decisión de los
tribunales. La sentencia, por tanto, debe ser objeto de un cuidadoso
estudio y marcará la pauta y los márgenes de los extremos de lo
solicitado en la proposición no de ley, para que su contenido no exceda
de lo declarado en los hechos y fundamentos de Derecho que la forman.
En este sentido, conviene recordar que el fallo de la sentencia condena
al capitán del barco y al práctico del puerto como autores penalmente
responsables de un delito de imprudencia temeraria, declarando su
responsabilidad solidaria frente a los terceros perjudicados, y
declarando también la responsabilidad civil directa y solidaria de la
compañía aseguradora y del fondo internacional de daños causados por la
contaminación de hidrocarburos. Por otra parte, el fallo también declara
responsabilidad civil subsidiaria --repito, subsidiaria-- de la compañía
propietaria del buque, la Aegean Sea Triders Corporation, y del Estado
español. Es preciso resaltar esta diferencia pues, como de todos es
sabido, la responsabilidad civil subsidiaria sólo es exigible cuando la
directa no alcanza a resarcir todos los daños ocasionados, y sólo cuando
se haya justificado que se han ejercitado las acciones correspondientes
para el resarcimiento ante los declarados responsables civiles directos
sin obtener un resultado totalmente satisfactorio. En este caso, por
tanto, no es posible exigir, a nuestro entender, el cumplimiento de la
responsabilidad civil subsidiaria porque, primero, no consta acreditado
el agotamiento de las acciones que deben dirigirse contra los
responsables civiles directos y, segundo, la sentencia no ha adquirido
firmeza, lo cual supone un obstáculo legal prácticamente insalvable.
En otro orden de cosas, sorprende que la proposición no de ley sólo haga
mención de las indemnizaciones administrativamente reconocidas, pues la
sentencia también recoge el reconocimiento de un número de ellas, dejando
la declaración de otras para el trámite de ejecución. Por lo cual, al
haber mediado un procedimiento judicial, las indemnizaciones exigibles
serán las judicialmente reconocidas. Ahora bien, si lo que pretende el
grupo proponente es que, para evitar injustas e indeseables dilaciones en
la percepción de las indemnizaciones por parte de los perjudicados, el
Estado opere como caja de anticipos realizando un adelanto a cuenta,
entonces la proposición no de ley debe ser enmendada en la forma
propuesta por nuestro grupo, de forma que, aun no compartiendo algunas
afirmaciones de la exposición de motivos, podamos emitir un voto
afirmativo al final del debate.
Por tanto, esperaremos la respuesta a nuestras enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Fernández de Mesa, tiene
la palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, efectivamente puede
haber diversas interpretaciones sobre la proposición no de ley presentada
por el Bloque Nacionalista Galego, pero lo claro y evidente es que
existen unos hechos objetivos que, aunque conocidos y reiterados, no está
de más volver a repetir.
Efectivamente, aquel accidente del día 3 de diciembre del año 1992 dio
origen a una serie de iniciativas del Gobierno central y del propio
Gobierno de la Xunta de Galicia,
debido a los daños que había producido el mismo, con graves perjuicios
derivados de la rotura de sus tanques y del derramamiento a la mar del
crudo que transportaba tanto en lo que respecta al medio ambiente como a
la socioeconomía de las rías afectadas y sus alrededores, como
consecuencia de la marea negra producida entonces.
El Grupo Parlamentario Popular entendió en el año 1993, a raíz de la
disolución de las Cámaras y en virtud del Decreto-ley 2/1993, de 15 de
enero, que era necesario retomar aquellas propuestas realizadas y,
teniendo en cuenta las medidas adoptadas para paliar los daños por aquel
accidente marítimo, solicitábamos la adopción de un conjunto de nuevas
medidas dirigidas a disminuir los efectos negativos que esa situación
había provocado sobre la actividad económica de las empresas y los
trabajadores dedicados a la pesca, al marisqueo y a la acuicultura.
Para ello, con fecha de septiembre de 1993, el Grupo Parlamentario
Popular presentó una proposición de ley que, por la nueva disolución de
las Cortes, quedó sin poder ser tramitada. Ha pasado un lapso de tiempo
importante hasta poder volver a presentar nuevas iniciativas tendentes a
reconocer unos daños producidos y, sobre todo, a solucionar de una manera
definitiva los inconvenientes económicos que han sufrido las personas
afectadas por aquel accidente lamentable.
Antecedentes parlamentarios sobre esta cuestión hay bastantes. Ya en la
IV legislatura, y en contestación dada por el Gobierno a una pregunta
escrita formulada por este Diputado, se aludía a los distintos supuestos
de la catástrofe ecológica provocada por el petrolero Mar Egeo y se
describían las actuaciones emprendidas: un Real Decreto-ley del 15 de
enero, al que he hecho referencia, así como las actuaciones de la Xunta
de Galicia, que por su parte había habilitado créditos especiales para el
abono de unas primeras indemnizaciones por los días de paro forzoso. La
Comunidad Europea había facilitado y habilitado fondos de ayudas
sociales, que ascendían a 90 millones de pesetas, para mariscadores y
afectados, y otra ayuda adicional de 40 millones de pesetas por efectos
medioambientales.
Sucesivamente se presentan iniciativas y en la V legislatura el Grupo
Parlamentario Popular presenta una proposición de ley que, por la
disolución de las Cámara, caduca y no puede ser debatida. El Gobierno
aprobó entonces dos reales decretos, uno del 15 de marzo del año 1994,
que completaba el Decreto 2/1993, de 15 de enero, para paliar
determinadas consecuencias adversas de aquel accidente. Ese real decreto
fue convalidado por unanimidad en la sesión del Congreso de los Diputados
del 28 de abril del año 1994. Solicitó entonces el Grupo Parlamentario
Popular la tramitación como proyecto de ley de aquel real decreto, al
detectar determinadas deficiencias en el texto susceptibles de ser
subsanadas a través de enmiendas presentadas en el debate. Sin embargo,
fue rechazada por 149 votos en contra y tan sólo 129 votos a favor.
Tengo que decir, señorías, que en este caso el Gobierno realiza y ha
realizado, por medio del Ministerio de Administraciones Públicas, una
labor importante de coordinación para tratar de corregir errores y, sobre
todo, de zanjar de una vez por todas la cuestión que en este momento
plantea el Grupo del Bloque Nacionalista Galego. En ese sentido, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación que
condensa las propuestas realizadas por el Bloque Nacionalista Galego y
que en dos puntos resume la iniciativa que se ha planteado. En el primero
de ellos, el Grupo Parlamentario Popular propone que esta Cámara inste al
Gobierno a que, con independencia de las gestiones que están realizando
en este momento la Administración del Estado y la Xunta de Galicia, se
concedan ayudas, tanto en concepto de adelanto de las indemnizaciones a
percibir como de complemento de las mismas, para los afectados por el
embarrancamiento del barco Aegean Sea; teniendo bien en cuenta --y quiero
hacer esta salvedad-- que las ayudas no deben tener el carácter de
indemnizatorias por la responsabilidad subsidiaria del Estado, ya que
este asunto se encuentra sub iudice, como muy bien apuntaba el señor
Gago, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Popular entiende que esta Cámara
debería instar al Gobierno a que, en defensa de los intereses españoles,
inste al Fondo Internacional de compensación de daños por la
contaminación de hidrocarburos, Fidac, a la liquidación definitiva de las
cantidades que corresponden como indemnizaciones a los afectados por la
mencionada catástrofe ecológica.
Entendemos que se mejora el texto, que lo reunifica y que, desde luego,
respeta en su totalidad el fondo que compartimos de la definitiva
solución de un problema que va a cumplir dentro de muy pocos meses cinco
años desde que se originó el citado accidente.
Por ello, proponemos la enmienda que la Mesa tiene en su poder.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Al producirse una modificación
de los términos en los que estaba redactada la enmienda, ha de entender
esta Presidencia que se produce una enmienda transaccional en los
términos defendidos por el señor Fernández de Mesa. De manera que, a
estos efectos, para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Aceptamos la enmienda de modificación que
presenta el señor Fernández de Mesa, del Grupo Parlamentario Popular, con
las matizaciones que ha hecho a la redacción que figura en el texto. Como
se trata de mejorar las cuestiones técnicas, esperamos que ese párrafo
que dice que las ayudas no deberán tener el carácter de indemnizatorias
por la responsabilidad subsidiaria del Estado, que ya se aclaró que
efectivamente era el sentido de la enmienda, no figure, porque no tiene
ningún sentido en una resolución, ya que sólo debemos votar lo resolutivo
y no lo que sean opiniones o valoraciones de tipo particular que, por
supuesto, ya están excluidas del propio texto de la resolución. En este
sentido, la aceptamos, porque pensamos que, efectivamente, no conlleva
para nada que el Estado se reconozca responsables, subsidiario, a pesar
de que en los procesos judiciales en última instancia sí se indica que
puede serlo. Como las enmiendas
que ha presentado el señor Gago, también hacen referencia a esta
cuestión, pensamos que es la mejor opción, con las salvedades indicadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Comenzamos nuestra intervención
celebrando que tanto por parte del proponente como por parte de los
enmendantes se haya llegado a un acuerdo que nos parece muy sensato, que
dará un planteamiento de resolución a este problema que no será el que
inicialmente algunos podían haber tenido la tentación de darle de
carácter exclusivamente jurídico, haciendo depender ni más ni menos que
de una resolución judicial --que ya veremos cuándo se produce y adquiere
firmeza-- algo tan importante como es la reparación inmediata y la ayuda
más que necesaria a aquellos que fueron víctimas de la catástrofe del
barco Mar Egeo. Lo hacemos con satisfacción porque, además, como ya hemos
manifestado desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, coincide con nuestra doctrina. Y es que
cuando se llega a situaciones catastróficas como éstas no tiene ninguna
razón de ser escudarse en planteamientos jurídicos y no atender
inmediatamente a la reparación de los daños causados. El Estado --y el
Estado es, por encima de todo, la manifestación de la solidaridad de una
comunidad-- debe volcarse de inmediato en todas las situaciones
catastróficas que puedan darse, tratando de paliar los efectos de éstas,
sin perjuicio de que después, lógicamente, pueda ser declarado o no
responsable jurídicamente y de que en todo caso ejercite contra quien
proceda las acciones, en repetición y en resarcimiento, para recuperar
aquello que inicialmente ha tenido la obligación de cumplir por el simple
hecho de ser precisamente el Estado, en ese sentido de responsabilidad
general que le da razón de ser y que le da toda legitimidad para poder
llevar adelante sus propia función.
Por ello, apoyaremos con nuestro voto la enmienda que ha sido objeto de
transacción y que ha sido aceptada por el proponente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Tiene la palabra el señor Gago,
en relación con la enmienda presentada.
El señor GAGO LOPEZ: Conocemos la enmienda transaccional del Grupo
Popular; coincide con el espíritu de las nuestras y, en aras a una
resolución rápida y eficaz, las retiramos y aceptamos el texto
consensuado.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS PREVISIONES NECESARIAS
PARA LA ADECUACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS AL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE REINSERCION CON LA CONSIGUIENTE CLAUSURA DEL CENTRO DE
ALGECIRAS (CADIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000286)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): El siguiente punto del orden
del día es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que
adopte las previsiones necesarias para la adecuación de los centros
penitenciarios al principio constitucional de la reinserción, con la
consiguiente clausura del Centro de Algeciras (Cádiz).
Presenta esta proposición no de ley el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya defensa tiene la palabra el
señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Esta proposición no de ley parte de una realidad
incuestionable, como es la situación en que se encuentra el centro
penitenciario de la ciudad de Algeciras, centro que no reúne las
condiciones mínimas exigibles para un establecimiento que tiene un
cometido muy marcado por la Constitución, como es la reinserción, la
resocialización de los internos. Numerosos colectivos sociales, los
propios trabajadores del centro y, sobre todo, la propia institución del
Defensor del Pueblo han denunciado esta situación en numerosas ocasiones,
abogando por el cierre y por la construcción de un nuevo centro que reúna
las mínimas garantías para la dignidad de los internos y para la dignidad
de los funcionarios que tienen ese cometido de la reinserción, de la
resocialización de los reclusos.
Atendiendo a estas peticiones, atendiendo a la propia posición de la
institución municipal, presentamos en su día esta proposición no de ley
para instar al Gobierno a que adoptara las previsiones necesarias para la
adecuación de este tipo de centros al mandato constitucional de
reinserción, y planteábamos en dicha proposición no de ley la
consiguiente clausura del actual centro de Algeciras, por no reunir estas
condiciones mínimas. No obstante, la propia proposición no de ley podía
llamar a un equívoco, en el sentido de que pedíamos sencillamente la
clausura del actual centro, y aunque en la exposición de motivos
planteábamos con claridad que había que construir uno nuevo, al no
expresarlo en el texto de la proposición no de ley, parecía que llamaba a
equívoco. Se va a mejorar el texto con una enmienda transaccionada con el
Grupo Socialista, en la que quedan claros los dos objetivos, que son:
construir un nuevo centro que tenga dignidad para el cometido de un
centro penitenciario; y, por otro lado, una vez que se construya,
proceder al cierre del actual centro. Con esa transacción que ahora
planteará el compañero del Grupo Socialista creo que queda claramente
fijada la proposición no de ley, que es, sencillamente, instar al
Gobierno a que acelere la construcción de ese centro alternativo para que
pueda procederse con rapidez a la clausura de un centro que no tiene
condiciones y que ha sido denunciado, como digo, por numerosos colectivos
sociales, por los trabajadores del centro y por la propia institución del
Defensor del Pueblo.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Meyer, deduzco de su
intervención que hay una enmienda transaccional. En cualquier caso, hay
una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya
defensa tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Como acaba de manifestar el portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hemos
presentado --y dispone de ella la Mesa-- una enmienda transaccional en la
que queda claro que la clausura del centro no es inmediata, como acaba de
decir el portavoz de Izquierda Unida. Nosotros introducimos la necesidad
de que se considere prioritaria la construcción del nuevo centro de
Algeciras en el marco de la revisión del plan de amortización y creación
de centros, que se proceda a su inmediata construcción y a la
consiguiente clausura del actual, una vez construido el nuevo, al no
reunir el actual las condiciones mínimas necesarias para este tipo de
establecimientos.
La Memoria del Defensor del Pueblo, en su página 110, hace una
descripción del estado actual de este centro penitenciario, y no queda
ninguna duda sobre las condiciones pésimas en las que se encuentra debido
a los años que tiene, a pesar de las numerosas obras que se han venido
haciendo en los últimos años. Sin embargo, la antigüedad del mismo hace
que actualmente no se pueda desarrollar la función de resocialización de
los internos.
No quisiera terminar mi intervención sin hacer un breve recorrido por el
período 1991-1996, en el que se puso en marcha el plan de amortización y
creación de centros penitenciarios que aprobó el Gobierno socialista. En
ese período de tiempo se crearon 20 nuevos centros, invirtiéndose más de
125 millones de pesetas. Entre los nuevos centros que se han construido
no se encuentra, a pesar de considerarse como prioritario, el centro de
Algeciras. Y no se ha construido no porque no se hubiera dedicado una
atención a la política penitenciaria desde la Administración anterior,
sino porque han existido distintas causas que han provocado una y otra
vez que no se pueda iniciar la construcción del mismo. La construcción de
este centro conlleva el cierre del centro penitenciario de Jerez y había
que ubicarlo en un lugar que reuniera las condiciones adecuadas; hubo
incluso un referéndum en Jimena de la Frontera para ver si se ubicaba
allí y fue rechazado por el pueblo, e igualmente ocurrió en Tarifa.
Después de mucho peregrinar, parece ser --según nuestras noticias-- que
el Ayuntamiento de Algeciras ha cedido terreno y, según ha anunciado ya
un representante del Partido Popular con datos muy precisos, el inicio de
las obras es inminente. Nos alegramos de que el Gobierno haya dado este
paso y, en definitiva, con la proposición no de ley queremos todos que
esta noticia anunciada recientemente se haga realidad ya. Esperamos, por
otra parte, que esta proposición no de ley acelere aún más la
construcción del nuevo centro y así poder clausurar el actual porque,
como ya se ha dicho, no se ajusta al principio constitucional de
reinserción.
Por ello, señor Presidente, votaremos a favor de la proposición no de ley
de IU-IC con la enmienda transaccional introducida por nuestro grupo, que
tiene la Mesa en su poder, y que ha sido aceptada, como ha puesto de
manifiesto el grupo proponente en su anterior intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): ¿Grupos que no han intervenido
y desean hacerlo? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Rodríguez.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Intervengo para anunciar nuestro voto
negativo a la proposición no de ley de Izquierda Unida, incluso con la
transacción del Grupo Socialista. No estamos en desacuerdo con todo lo
que se ha dicho, porque es evidente que las instalaciones no son
adecuadas, que no cumplen las normativas penitenciarias en vigor. Este
centro es uno de los pocos que todavía tiene dormitorios colectivos,
cuando la legislación penitenciaria establece que los internos deben
alojarse en celdas individuales aunque, como todos sabemos, el artículo
19 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y los artículos 13 y 14 del
reglamento penitenciario se refieren a la posibilidad de compartir celdas
y espacios comunes cuando la población penitenciara supere el número de
plazas disponibles.
En estos momentos, si consideramos que lo ideal es que cada interno ocupe
una celda y que no existan dormitorios colectivos, sino habitáculos
individuales, la capacidad óptima ideal de la prisión de Algeciras está
sobrepasada en un 30 por ciento, aproximadamente, en el caso de los
hombres, y en algo más de un 40 por ciento en el caso de las mujeres.
Datos que nos indican por sí solos la necesidad de construir un nuevo
centro penitenciario en esta localidad.
Somos conscientes --y evidentemente lo era la Administración anterior--
de que por distintos motivos esta actuación, que debería haber sido
prioritaria y que ya estaba contemplada en el plan 1985-1988, no se ha
llevado a cabo. Finalmente, en el plan de amortización y creación de
centros penitenciarios, aprobado por el anterior Gobierno en 1991, se
volvía a establecer la necesidad de cerrar algunos centros obsoletos, y
entre ellos se encontraba, una vez más, el centro de Algeciras,
sustituyéndolo por otro centro de nueva construcción, pero a la vista
está que en estos momentos se está impulsando la construcción del nuevo
centro de Algeciras para dar una solución a la problemática que se
plantea por todos los grupos de la Cámara y que, sin duda, compartimos.
Me permitirán que les lea algunas de las características del nuevo centro
penitenciario, que ya figuraba en un «Diario de Sesiones» como respuesta
a las distintas preguntas parlamentarias que se han efectuado respecto a
las previsiones sobre la ubicación de un nuevo centro penitenciario en
Algeciras. Se contestaba a estas preguntas, en fechas ya más recientes,
que, conforme a la información facilitada por la sociedad de
infraestructuras y equipamientos penitenciarios, la ubicación del futuro
centro penitenciario de Algeciras está prevista en una parte de la
denominada finca de Botafuegos; que el presupuesto total de la inversión
de la obra será de 8.400 millones, aproximadamente; que se realizará
conforme a un centro tipo similar a otros que se están construyendo en
estos momentos, como
el de Madrid 5 o el de Topas, en Salamanca; que constará de 14 módulos
residenciales, un módulo especial y otro de ingresos, tránsitos y
salidas, además de estar dotado de un edificio de enfermería, otro
sociocultural y deportivo, oficinas, talleres productivos, cocinas,
almacenes, instalaciones generales necesarias para su funcionamiento,
estimando una ocupación de un interno por celda, puesto que la capacidad
del centro sería de 1.008 plazas, ampliables a 1.600. Se dijo que las
obras se iniciarían en el presente año, cosa que está ocurriendo, al
menos por lo que se refiere al movimiento de tierras, y que entrará en
funcionamiento en el año 1998. A mayor abundamiento, les diremos que, por
lo que se refiere a los trámites que se están llevando a cabo, ya el
propio Ayuntamiento de Algeciras, en sesión plenaria del 10 de enero de
1997 --acuerdo publicado también en el Boletín Oficial de la provincia de
Cádiz--, aprobó un acuerdo en cuyo punto primero se decía que se aprobaba
el proyecto del plan especial para el establecimiento y coordinación de
infraestructuras básicas para el nuevo centro penitenciario promovido por
la sociedad de infraestructuras y equipamientos penitenciarios, S. A.,
SIEP. En segundo lugar, se consideraba de utilidad pública e interés
social dicha instalación y se autorizaba su emplazamiento en suelo no
urbanizable, habida cuenta de que el centro penitenciario va a
construirse en suelo rústico y que, por tanto, se requiere la
recalificación del suelo para la obtención definitiva de la licencia de
obras; recalificación del suelo que se está llevando a cabo en estos
momentos en la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía que, como todos sabemos, tiene que
autorizar el cambio de uso del suelo y ratificar, por tanto, este acuerdo
plenario del 10 de enero de 1997.
Creo que la transacción del Grupo Socialista mejora bastante la
comprensión de la propuesta inicial de Izquierda Unida. Es evidente que
no es deseable en ningún caso la clausura del centro hasta que no se
inaugure el nuevo centro y podamos dar una respuesta tanto a los presos
de la zona como a los familiares de los mismos y a los trabajadores del
centro, que, obviamente, no quieren traslados, aun en la situación en que
se encuentran --y créanme que es así--. Sin embargo, vamos a rechazar la
proposición no de ley porque su aceptación supondría asumir una
proposición que entendemos reiterativa en su planteamiento principal, que
significaría revisar el plan de amortización y creación de centros e
innecesaria en estos momentos en cuanto que ya se está procediendo a la
construcción de un centro nuevo. En su momento, cuando este centro se
haya construido, esperemos que en el año 1998, tal y como se ha
comprometido el Gobierno en distintas intervenciones, se procederá a la
clausura del actual centro de Algeciras.
--SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE
CARBURANTES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000291.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Punto 7 del orden del día:
Proposición no de ley sobre medidas de seguridad en las estaciones de
servicio de carburantes.
Para su defensa, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Pérez Segura.
El señor PEREZ SEGURA: Señor Presidente, hace algo más de un año
aconteció en una localidad de la provincia de Tarragona, en concreto en
Banyeres del Penedés, un atraco a una estación de servicio de
carburantes. En ese atraco se produjo la muerte de una joven, Ana Marín,
trabajadora del citado establecimiento. Después de unos días de intensa
búsqueda por parte de la Guardia Civil se encontró su cadáver en una zona
boscosa cercana. Dicho hallazgo conmocionó al entorno familiar, de amigos
y de vecinos de la localidad donde residía, así como al conjunto de la
provincia de Tarragona que hace unas semanas, con ocasión del aniversario
de los hechos, volvió a expresar su indignación con una manifestación
para pedir una mejora en las situaciones de seguridad de estos
establecimientos y por el hecho de que aún no se había detenido al
culpable o culpables de su asesinato. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Esto que acabo de relatar no es un caso aislado, desgraciadamente. Un
repaso a la prensa diaria nos da a conocer con qué frecuencia se producen
atracos en las estaciones de servicio de carburantes y en cada atraco,
señorías, se corre el riesgo potencial de un fatal desenlace como el que
sufrió la joven Ana Marín. A través de las estadísticas oficiales sabemos
que en el lapso de tiempo de una anualidad se produjeron en dicho ámbito
territorial 76 hechos delictivos en gasolineras, entre robos y atracos.
Los datos más recientes que obran en poder de este Diputado aluden a los
atracos acontecidos en las áreas de servicio más cercanas a la ciudad,
Tarragona, existentes en una vía importante, la autopista A-7. Existe una
gasolinera en cada dirección de circulación. En el área denominada sur se
han producido atracos, en una relación cronológica, los días 26 de
noviembre de 1996, 7 de diciembre de 1996, 11 y 23 de enero del año en
curso; y la misma gasolinera, en su sección norte, en la otra dirección,
también ha sufrido en este lapso de tiempo atracos los días 7 y 15 de
septiembre de 1996, 2 de noviembre de 1996 y 15 de enero de 1997, y con
toda seguridad desde el mes de enero a la actualidad también se deben
haber producido otros atracos similares. Por lo que hace referencia a
otros ámbitos territoriales también poseemos datos que se han publicado
con abundancia en la prensa. Por ejemplo, las estaciones de servicio
arraigadas en la provincia de Barcelona sufrieron 91 atracos en 1996, lo
que en comparación con los 44 registrados en 1995 significa el importante
aumento del 107 por ciento.
Señorías, las estaciones de servicio, las gasolineras son presa fácil
para los atracadores en las actuales circunstancias de seguridad y la
vida de sus trabajadores, como hemos dicho anteriormente, está en
permanente peligro. No quisiera ser alarmista pero los datos concretos
son ésos. La afirmación que acabo de hacer no es sólo mía --la reproduzco
literalmente en esta Cámara-- porque en sus intervenciones determinados
representantes de la patronal del
sector también se muestran de acuerdo en estos hechos y, en términos
generales, con la instalación de las medidas de seguridad que la
Administración les exija y que son objeto de esta proposición no de ley.
Sirva como prueba de este criterio concordante de patronal y sindicatos
el acuerdo que se acaba de suscribir en el mes de enero de este año en
Sevilla, incluso con una intervención expresa del Gobierno civil de la
provincia.
La seguridad en las gasolineras viene regulada por el Reglamento de
seguridad privada objeto del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.
Este reglamento abre la vía para que, a criterio del Gobierno civil
correspondiente en cada provincia --supongo que ahora deben ser los
delegados o subdelegados del Gobierno quienes tengan la competencia en
esta materia--, se puedan adoptar las medidas de seguridad en los
establecimientos citados. Ahora bien, la importancia del asunto y su
generalización, y sobre todo el incremento de atracos que se viene
produciendo, a la vista de los datos que me he permitido aportar a la
Cámara, aconsejan que las medidas de seguridad a adoptar sean liberadas
del criterio discrecional de un delegado gubernativo y pasen a ser normas
generales de obligado cumplimiento en beneficio de una hipotética, una
posible, una deseada reforma del reglamento antes mencionado.
Por lo que antecede, el Grupo Socialista, en el ánimo de que sea
compartida por la totalidad de los grupos de esta Comisión, presenta a su
consideración la siguiente proposición no de ley, que cuenta, como saben
SS. SS., con una autoenmienda a fin de ajustar al máximo el objetivo de
la misma a lo dispuesto legalmente en la actualidad sobre la materia en
el propio reglamento. Dado que existe esta autoenmienda y dada también la
brevedad de la proposición no de ley, me permito leerla a SS. SS. En su
parte dispositiva tiene el siguiente tenor: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que, atendiendo a las posibilidades contempladas en
el Reglamento de seguridad privada aprobado por el Real Decreto...,
establezca en las estaciones de servicio de carburantes las medidas que
sean precisas para preservar la seguridad de los trabajadores y, en todo
caso, las siguientes --y aquí viene la modificación que dice--: la
instalación de circuito cerrado de televisión --a lo que se añade--,
provisto de videograbador con mando a distancia, y también el blindaje de
las cabinas de los operarios, que tendrán a su vez el necesario mecanismo
de alerta a los diversos cuerpos de seguridad a través de su conexión con
una central de alarmas para casos de emergencia. Esto es todo, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la
palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, nuestro grupo va a apoyar esta
proposición no de ley desde las mismas consideraciones que ya ha
manifestado el portavoz del Grupo Socialista. Efectivamente, las
gasolineras, las estaciones de servicio son absolutamente vulnerables
para la delincuencia y a los datos que ha aportado el portavoz del Grupo
Socialista se podrían añadir en cada provincia, en los últimos meses,
situaciones parecidas. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz, en mi
circunscripción, en muy poco tiempo hemos tenido la desgracia de tener un
asesinato en una estación de servicio, en Jerez de la Frontera, y a los
pocos meses un secuestro en el municipio de Sanlúcar de Barrameda. Es
decir, todos esos datos se van repitiendo, desgraciadamente, en el
conjunto del territorio. Esto parte de la realidad de que, en muchas
ocasiones y a determinadas horas, las estaciones de servicio no reúnen
las condiciones mínimas de seguridad. Por tanto, todas las propuestas de
modificar la actual normativa en la línea de preservar, de garantizar, de
apoyar y de mejorar todo el tema de seguridad creo que es de justicia.
Así lo están reclamando tanto los trabajadores como la patronal de las
gasolineras y se está llegando a acuerdos; en Sevilla las centrales
sindicales junto con la patronal parece que ya han llegado a un acuerdo
en este sentido.
Por consiguiente, nuestro grupo, en base a esas consideraciones, va a
votar favorablemente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Señor Presidente, voy a fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular en relación con esta proposición no de ley,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a que en uso de sus posibilidades y en función del Reglamento de
seguridad privada se establezcan medidas especiales de seguridad en las
estaciones de servicio de carburantes y concretamente a la instalación de
circuito cerrado de televisión, así como el blindaje de las cabinas de
los operarios y su conexión a las centrales o sistemas de alarma, con las
modificaciones que introduce la enmienda que presenta el propio Grupo
Parlamentario Socialista en relación con la posible utilización de mando
a distancia para videograbador, así como la inclusión de la expresión
«centrales de alarma» en la segunda de las medidas adoptadas.
En relación con esta proposición no de ley del Grupo Socialista, el Grupo
Parlamentario Popular tiene que manifestar que existen razones que de un
modo objetivo permitirían mostrarse favorable a la misma, ya que las
medidas que se proponen en algunos casos, ciertamente no en todos, pueden
aumentar la seguridad de las estaciones de servicio y porque la mera
existencia de estas medidas de seguridad tiene un efecto disuasor en la
comisión de futuros delitos. Por tanto, son medidas asumibles para todos
aquellos que pensamos que la mejor forma de luchar contra la delincuencia
es precisamente la prevención del delito.
Por lo demás, al Grupo Parlamentario Popular le preocupa
extraordinariamente también la seguridad de los trabajadores de las
estaciones de servicio, en la misma medida en que le preocupa la
seguridad de los empleados de banca o de otras actividades sujetas a un
alto factor de riesgo. Sin embargo, en relación con esta proposición no
de ley encontramos una serie de razones que nos invitan a oponernos a la
misma y, por tanto, a votar en contra.
La primera es la inutilidad de las medidas que se plantean por lo menos
en gran parte de los casos y de las estaciones de servicio. No es
necesario recordar aquí que existen infinidad de estaciones de servicio
muy distintas en su localización, en su volumen de negocio, en su nivel
de riesgo y, por tanto, no puede afirmarse que la aplicación generalizada
de estas medidas tenga la misma efectividad en función de los parámetros
a que antes he hecho referencia. Así, las grandes estaciones de servicio
necesitarían infinidad de cámaras de vídeo para la vigilancia no sólo de
todos y cada uno de los surtidores de combustible, sino también para la
atención de las diversas entradas que tienen estas estaciones e incluso
de los otros servicios complementarios que se prestan. Con la enmienda
que se presenta resulta aún más rechazable la obligatoriedad para todas
las estaciones de servicio de instalar circuitos cerrados de televisión
porque, por un lado, tiene un coste elevadísimo para muchas estaciones de
servicio cuyo volumen de negocio no les permitiría asumir este coste
extraordinario y, por otra parte, porque resulta difícil pensar, en
relación con la enmienda que introduce el Grupo Socialista, que un
empleado de una estación de servicio que está siendo atracado a punta de
pistola o con arma blanca, normalmente al grito de manos arriba, va a
tener tiempo y tranquilidad para usar un mando a distancia para activar
un videograbador.
En relación con el blindaje, su aplicación generalizada, por virtud de la
ley, tampoco puede tener la pretendida utilidad que se pretende, ya que
esta medida de seguridad solamente sería aplicable a aquellas estaciones
de servicio que funcionan en régimen de autoservicio y en las que los
empleados están en un lugar fijo y sin moverse del mismo, pero no a
aquellas estaciones de servicio tradicionales en las que los empleados
siguen siendo los que personalmente y de un modo manual suministran el
combustible a cada uno de los vehículos. Además, en relación con las
estaciones de servicio que funcionan en régimen de autoservicio, esta
medida de seguridad limitaría mucho la prestación de los servicios
complementarios de tiendas, de lavado de vehículos, etcétera, que las
mismas prestan.
En segundo lugar, las medidas propuestas en esta iniciativa nos parecen
desproporcionadas. La aplicación indiscriminada de estas dos medidas
puede provocar situaciones desproporcionadas por la razón antes apuntada
de que existen estaciones de servicio de grandes dimensiones mientras que
otras son bastante pequeñas. Por otra parte, resulta desproporcionado si
consideramos que la normativa de seguridad dispensa de la obligación de
tener circuito cerrado de televisión incluso a aquellas entidades
bancarias situadas en localidades de menos de 10.000 habitantes. Si una
entidad bancaria, que por definición es el objetivo ideal del atracador,
está dispensada de tener circuito cerrado de televisión, cuánto más una
estación de servicio que por definición no es el objetivo ideal del
atracador, aunque también tiene un alto índice de riesgo. Por otro lado,
el riesgo objetivo que padecen las estaciones de servicio depende de
muchas circunstancias. Y permítame el señor Presidente que cuente el caso
de una estación de servicio de Sevilla, situada en uno de los barrios de
más peligrosidad en este sentido y que, sin embargo, se encuentra
enclavada en la mitad al menos de su perímetro en un cuartel de la
Policía Nacional, incluso con una garita que mira a la estación de
servicio. En ese caso resultará absolutamente desproporcionado obligar al
propietario a poner un circuito cerrado de televisión, ya que
difícilmente puede considerarse como un objetivo prioritario del
atracador.
En tercer lugar, nos parece que esta iniciativa resulta innecesaria por
dos razones fundamentales. Primero, porque el artículo 130 del Reglamento
de seguridad privada, al que se ha hecho referencia, concretamente en su
apartado 5.º prevé que, en los casos en que el volumen económico, la
ubicación de la estación de servicio o, en general, su vulnerabilidad lo
requiera, los gobernadores civiles podrán imponer a las empresas
titulares la obligación de adoptar las medidas de seguridad previstas en
el artículo 112 del mismo Reglamento de seguridad privada; artículo 112
del Reglamento de seguridad privada que prevé, entre otras medidas, las
que se contemplan en esta iniciativa y concretamente la creación del
departamento de seguridad, el establecimiento del servicio de vigilantes
(armados o no), la instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y
protección, como el circuito cerrado de televisión, y la conexión de los
sistemas de seguridad con centrales de alarma ajenas o propias. Y nos
parece que es una medida innecesaria, en segundo lugar, porque el
Ministerio del Interior está elaborando una orden ministerial,
actualmente creo que en fase de informe, por la que se desarrolla
precisamente el Reglamento de seguridad privada en determinadas
actividades e instalaciones y concretamente una de ellas son las
estaciones de servicio.
En conclusión, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta
iniciativa porque nos parece inútil, porque vemos que no se ajusta al
principio de proporcionalidad, y porque nos parece innecesaria. Ya está
regulado en la ley y está siendo desarrollada y concretada por el
Ministerio del Interior en esta orden ministerial a que he hecho
referencia. Entendemos que no tiene sentido instar al Gobierno a que haga
precisamente lo que está en trámites de hacer.
--RELATIVA A LA INSTALACION DE LA ACADEMIA DE SUBOFICIALES DE LA GUARDIA
CIVIL EN UBEDA (JAEN). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000331.)
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A UBICAR LA FUTURA ACADEMIA DE
SUBOFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE UBEDA (JAEN).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000345.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de ley,
vamos a abordar a continuación el de los puntos 8 y 9 del orden del día
que quedan acumulados
por tratarse de la misma cuestión. El punto 8 se refiere a la proposición
no de ley relativa a la instalación de la academia de suboficiales de la
Guardia Civil en Ubeda, provincia de Jaén, del Grupo Socialista; y el
punto 9 a la proposición no de ley, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en la que se insta al Gobierno a ubicar
la futura academia de suboficiales de la Guardia Civil en el municipio de
Ubeda.
Para una intervención en relación con la proposición no de ley del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Pliego Cubero.
El señor PLIEGO CUBERO: Señorías, Ubeda es una ciudad situada en el
centro de la provincia de Jaén, en la comarca de La Loma, tiene 31.000
habitantes y debo decir que participa, en términos socioeconómicos, de la
misma problemática que la provincia de Jaén, en el sentido de que se
encuentra en los últimos parámetros que se consideren tanto respecto a
Andalucía como respecto a España. La ciudad de Ubeda ha mantenido una
relación intensa y positiva con la institución de la Guardia Civil. Según
los datos que he recabado, desde el año 1946 ha funcionado la Academia de
la Guardia Civil en Ubeda hasta el año 1995 en que se procedió a su
cierre definitivo. Compartía instalaciones con la cercana ciudad de
Baeza, que es donde por tener unas instalaciones más modernas
definitivamente se ha ubicado esta academia. Desde el año 1995, por parte
del ayuntamiento, de los vecinos, de las asociaciones ciudadanas,
etcétera, se produce un movimiento para conseguir que la Guardia Civil
siga teniendo una presencia importante como había tenido en Ubeda. En
conversaciones con el entonces Gobierno socialista y con la delegada del
Gobierno en su representación, doña Amparo Rubiales, se llegó al acuerdo
de que la única posibilidad que había era ubicar en Ubeda la academia de
suboficiales de la Guardia Civil. Hubo unas declaraciones públicas, la
delegada del Gobierno se personó en Ubeda para este compromiso político y
las gestiones quedaron así. Con la constitución del nuevo Gobierno del
Partido Popular se retoma el asunto y algunos hechos se producen respecto
al mismo. El Ayuntamiento de Ubeda celebró pleno el 23 de enero de 1997 y
todos los grupos políticos tomaron el acuerdo, por unanimidad --recuerdo
que allí gobierna el Partido Popular--, de que se ubique en Ubeda la
academia de suboficiales de la Guardia Civil y que los gastos de
acondicionamiento de la misma corran por cuenta del Ministerio del
Interior, como responsable de este tema. Sin embargo, el 5 de marzo de
1997, en el programa «Hoy por hoy» de la Cadena SER, el señor López
Valdivielso, Director General de la Guardia Civil, hizo unas
declaraciones en las que contemplaba la posibilidad de ubicar esta
academia en Ubeda, entre otros lugares, y manifestaba claramente su
voluntad de que fuese el ayuntamiento el que pagase o gestionase estos
500 millones de pesetas en que se han calculado los gastos de
acondicionamiento, toda vez que el Gobierno había recibido ofrecimientos
para ubicarla en distintos sitios.
Debo decir que nuestra proposición no de ley va en esas dos direcciones.
En primer lugar, conseguir del Gobierno el compromiso político de ubicar
esta academia de Ubeda; en segundo lugar, que la responsabilidad, en
todos y cada uno de sus términos, corresponda al Gobierno de la nación y
al Ministerio del Interior y que, en consecuencia, los gastos de
acondicionamiento, sean los que fueren, corran por cuenta del citado
ministerio. Ese es nuestro planteamiento. No creemos, de ninguna manera,
que los vecinos de Ubeda u otras administraciones tengan que hacerse
cargo de gastos de esta naturaleza, que no son de su competencia. Por
tanto, es una cuestión de prioridad política, de decisión política.
Nosotros optamos por que el Gobierno, en ese sentido, mantenga una
discriminación positiva con la provincia de Jaén y, además del compromiso
político, asuma el compromiso de que estos gastos de acondicionamiento
corran por cuenta de quien es formalmente su responsable, el Ministerio
del Interior. El Director de la Guardia Civil, en sus declaraciones,
parece que tajantemente dejaba fuera este compromiso económico y nosotros
tratamos de aportar soluciones.
Señor Presidente, señorías, en el debate de los Presupuestos Generales
del Estado se habló de una financiación extrapresupuestaria en torno a
180.000 millones de pesetas, no recogidos en las partidas
presupuestarias, que vendrían de la venta de activos públicos. De hecho,
algún grupo de esta Cámara retiró sus enmiendas a los presupuestos por
determinados compromisos, también extraparlamentarios. Yo pregunto --y
espero que el Grupo Parlamentario Popular dé respuesta a ello-- si de
estos 180.000 millones de pesetas no hay 500 millones para la provincia
de Jaén, para el acondicionamiento de esta academia, que --insisto-- ha
jugado y debe jugar en el futuro un papel socieconómico importante en una
provincia muy deprimida y con graves problemas de desempleo. Desde el
punto de vista político, sería una discriminación positiva que los
ciudadanos de la provincia valoraríamos en su medida.
En consecuencia, pedimos a los grupos de esta Comisión que apoyen no
solamente el posicionamiento político en el sentido de comprometerse con
ubicar la academia en Ubeda, sino que sea el Ministerio del Interior, el
Gobierno central en definitiva, como responsable formal de la misma, el
que corra con los gastos de acondicionamiento, porque sería una hipoteca
importante para este municipio que las arcas municipales tuvieran que
sufragar esa cantidad de 500 millones de pesetas.
El Señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, abundando en las mismas
consideraciones que las expresadas por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y desde un criterio de racionalización del
actual patrimonio de la Dirección General de la Guardia Civil, de unas
instalaciones en Ubeda que están prácticamente sin usar y que con las
pertinentes reformas pueden cumplir perfectamente los requisitos para
albergar la futura academia de suboficiales de la Guardia Civil, nos
parecía razonable y oportuno --atendiendo además a una petición, creo que
unánime,
del Ayuntamiento de Ubeda-- plantear que el Congreso instara al Gobierno
a ubicar esta futura academia de suboficiales en el municipio de Ubeda. Y
cuando lo redactábamos así, instando al Gobierno, dábamos por sentado --y
seguimos dándolo por sentado-- que le corresponde al Gobierno asumir
todos los gastos que acarree la instalación de esta academia de
suboficiales. No se entendería de otra manera. Es decir, no podríamos
compartir la idea de que el Gobierno aprobara la ubicación pero se
desentendiera de los gastos de lo que significan las reformas necesarias
para construir una academia. Creo que el que ahora los gastos de
construcción de la academia de suboficiales fueran a cargo de los
presupuestos municipales, es decir, que lo pagaran los vecinos de Ubeda,
supondría una marcha atrás en el sentido de lo que es un Estado moderno.
Creo que es una academia de suboficiales para el conjunto del Estado y el
Estado tiene que hacer frente a los que significa la ubicación y, además,
la construcción de la academia.
Esta es nuestra posición. Esperamos que el conjunto de los grupos
resuelva que esta academia se ubique en Ubeda por una cuestión de
racionalización, porque existen ya esas instalaciones aunque haya que
hacer las reformas oportunas, y porque la corporación del Ayuntamiento de
Ubeda ha planteado, prácticamente por unanimidad, que se instale en el
municipio.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre instalación en Ubeda de la academia de suboficiales de
la Guardia Civil. Para la defensa de dicha enmienda y fijación, en su
caso, de la posición sobre el texto de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el Diputado don Luis de Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Señorías, la responsabilidad a la que aludía el
Diputado señor Pliego respecto a unas declaraciones del Director de la
Guardia Civil se refería, única y exclusivamente, a la posibilidad
presupuestaria que había para la creación de la academia, no a la
voluntad del Partido Popular ni del Gobierno de no establecerla en Ubeda.
Parece que viene siendo reiterativo que el señor Pliego haga alusión a
que la construcción de la nueva academia se financie con la venta de
activos públicos, y yo debo decirle que la que se comprometió fue la
señora Rubiales. Que yo sepa, el Partido Popular no ha dicho nada de que
se pague sobre los 200.000 millones que van faltando o que se pague con
arreglo al tema de la deuda histórica o que se pague por cualquier otro
concepto el dinero que se dejó de ingresar, como puede ser el colegio de
huérfanos de la Guardia Civil, etcétera. Ese tema ya viene siendo
reiterativo y lo que vamos a tratar es de sacar adelante la ubicación de
la academia.
Quiero recordar a SS. SS. que ya en el año 1978 ó 79 --no lo sé
exactamente--, el teniente general Aramburu Topete --entonces era
Director General de la Guardia Civil-- hizo una visita a Ubeda para
gestionar con el alcalde --que, por cierto, era del Partido Socialista--
la cesión municipal de todos los terrenos colindantes con la academia
para ampliar sus instalaciones y reunir en un solo centro la formación de
los que iban a ser guardias civiles profesionales y de los 5.000 guardias
civiles auxiliares. La negativa del alcalde del Partido Socialista --creo
que era el señor Padilla en aquel momento-- fue rotunda y hubo que optar
entonces por la creación de un centro en Baeza porque el alcalde de ese
municipio sí ofreció los terrenos. Como quiera que la academia de Baeza
es de reciente construcción y se ha diseñado para un fin docente, ahora
la academia de Baeza es la que como centro de enseñanza reúne las
condiciones que no reunía la de Ubeda. Esta es la causa por la que, una
vez que desaparecen los guardias civiles auxiliares, siendo suficientes
las instalaciones de Baeza, siendo más modernas y mejor adaptadas para
alojar a todos los guardias alumnos que iban a ingresar cada año, se
cierra la academia de Ubeda y se emplea sólo la academia de Baeza para
ese fin. No obstante, aunque parece que la academia de Ubeda sigue
cerrada como centro docente, sin embargo, la academia de Ubeda comparte
la plantilla de unos 90 guardias civiles de Baeza que tienen su
alojamiento en dicha academia.
En definitiva, lo que yo quiero dejar claro --porque se ha visto en el
pleno del Ayuntamiento de Ubeda, cuyo alcalde es del Partido Popular-- es
que las imputaciones de responsabilidad de la situación en que se
encuentra la academia no es del actual alcalde, sino de decisiones de
alcaldes anteriores del Partido Socialista, de la misma manera que la
situación de la academia de Baeza y sus beneficios para el pueblo de
Baeza son logros del alcalde también socialista. En la actualidad, parece
lógico que el Ayuntamiento de Ubeda y su alcalde, ante el establecimiento
de una academia de suboficiales de la Guardia Civil, pretendan subsanar
lo que anteriores alcaldes erraron y que reclamen ahora para su ciudad el
beneficio de la ubicación de la academia de suboficiales que estamos
tratando. Sobre esta ubicación el Ministerio de Defensa y el Ministerio
del Interior no sólo no tienen nada que objetar, sino que coinciden en
las razones que avalarían dicha ubicación, que son que Ubeda, además de
contar ya a su favor con una antigua y estrecha relación con la Guardia
Civil, también posee una infraestructura aprovechable y la ventaja de la
posibilidad de la academia de guardias de Baeza.
El segundo punto de la proposición no de ley del Grupo Socialista --la de
Izquierda Unida la vamos a admitir--, que dice: «Librar todos los
recursos económicos necesarios para el cumplimiento de este compromiso y
que el mismo sea operativo durante el presente ejercicio de 1997», no nos
es posible, señor Pliego, votarlo favorablemente en 1997, por la sencilla
razón de que no hay consignación presupuestaria, a pesar de esos activos
a los que usted hace mención, no se contempló tampoco en los Presupuestos
Generales del Estado, ni es posible ubicar una academia de suboficiales,
con la complejidad que conlleva, de la noche a la mañana.
El número medio de personal, señorías, de la academia de suboficiales que
puede ingresar sería unos 725 más las
plantillas, que entre los profesores, el personal auxiliar, de seguridad,
etcétera, sumarían unos 120 más las visitas; en total estamos hablando de
unas 1.100 personas vinculadas directamente a la academia. Se habla de
500 ó 600 millones de pesetas que se estiman precisos para adecuar la
academia de Ubeda. Esa inversión necesita un poco de sosiego y una
comprobación un poco más detenida porque entendemos que cualquier cálculo
de futuro debe partir de estimaciones que pueden ir variando a lo largo
del tiempo. Ese monto de 500 ó 600 millones, que parece que será un poco
aleatoriamente, debe revisarse sobre la hipótesis de estos datos que
hemos dado anteriormente. Además, en los costos de la obra deben
contemplarse también conceptos distintos al alojamiento como son
calefacción general, transformadores, tendido eléctrico (que si lo ha
visto S. S. está ya más que obsoleto), ampliación de instalaciones
deportivas, derribo de construcción inadecuada, reparación de cubiertas.
En fin, todo ello, según se dijo por el ministerio en una contestación,
creo recordar, sobre el 1 de marzo a algún Diputado de Izquierda Unida,
está en estudio. En consecuencia, señorías, y dada la actual situación
presupuestaria, hasta tanto se resuelve la ubicación de la academia de
Ubeda y la adecuación de sus instalaciones, la Guardia Civil podría
ubicarse y utilizar las instalaciones de Baeza, si bien ese uso
extraordinario el Partido Popular cree que no se debe prolongar en el
tiempo más de lo necesario.
Para terminar, nada nos cabe objetar a la decisión política de ubicar en
Ubeda la academia de suboficiales de la Guardia Civil. La tradición, como
les decía anteriormente, la estrecha relación que existe entre la
población y la academia, y el hecho de contar con unas infraestructuras
aprovechables y la proximidad de la de Baeza abogan, desde luego, en
favor de esta idea. Respecto del costo de la iniciativa quiero señalar
que antes de tomar una decisión irreversible han de resolverse los
problemas, de los que habíamos hablado anteriormente, sobre la anexión de
terrenos colindantes, asegurarse los naturales suministros de agua y
energía eléctrica y garantizar los servicios adecuados para su
funcionamiento. Por ello, y en el deseo de que la academia de la Guardia
Civil se ubique en Ubeda, el Partido Popular presenta la siguiente
enmienda de modificación, que dice: Primero, asumir el compromiso
político de ubicar en la ciudad de Baeza la academia de suboficiales de
la Guardia Civil y, segundo, librar los recursos económicos necesarios
para el cumplimiento de este compromiso cuando el Ministerio del Interior
tenga asignada la partida presupuestaria correspondiente.
Señorías, lo importante para nosotros es que la academia de suboficiales
de la Guardia Civil vaya a Ubeda, y ese compromiso se adquiere por parte
del Gobierno. Lo accesorio es el cuándo, si se tiene en cuenta que esta
decisión requiere una asignación y una meditación suficientes del
proyecto que se vaya a realizar. Si ustedes admiten esta enmienda de
modificación el Partido Popular votará a favor de la proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Para aceptar o rechazar la enmienda del Grupo
Popular tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Si me permite, señor Presidente, a modo de
aclaración, no veo mucho al general Aramburu Topete entrevistándose con
el alcalde socialista de Ubeda, en 1978, toda vez que no se habían
celebrado todavía elecciones municipales democráticas. En cualquier caso,
es aceptable la enmienda del Partido Popular toda vez que quedan
recogidos los dos puntos fundamentales, que son el compromiso político de
que la academia de suboficiales de la Guardia Civil se ubique en Ubeda y
que sea el Gobierno el que se haga cargo de estos gastos, que nosotros
habíamos cifrado en 500 millones porque el Director de la Guardia Civil
dijo exactamente esta cantidad, y es una persona de la suficiente
relevancia como para tomar esta palabra en consideración.
Creo que la enmienda es aceptable, pues en cualquier caso se cumplen los
objetivos que pretendía la proposición no de ley. (El señor Meyer Pleite
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Si su señoría escuchó cuando la Presidencia inició
el debate, se refirió a que teniendo en cuenta que decían lo mismo se
iban a sustanciar en una sola intervención.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Lo que no quita, querido señor
Presidente, para que Izquierda Unida, aceptando el trámite, pueda decir
lo que tenga que decir respecto a la enmienda. Bien está que el trámite
sea uno, pero no hemos delegado todavía nuestra aceptación o denegación
de la enmienda en el Grupo Socialista, por mucho cariño que le podamos
tener en este momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, es así pero la enmienda del Grupo
Popular era estrictamente a la proposición de ley del Grupo Socialista,
no a la de Izquierda Unida.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Pero hay una proposición que se ha
tratado conjuntamente y se va a votar conjuntamente porque son similares.
Debería pronunciarse Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Ya sabe S. S. que la Presidencia considera que
siempre lo que abunda en la fijación de una posición, que seguro que
dotará de mucha más fuerza a la proposición, le parece conveniente que
tenga la mayor participación de todos los grupos, y naturalmente el señor
Meyer o el señor Castellano, si lo desea, pueden intervenir.
El señor Meyer tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, muy rápidamente, creo que es
razonable la enmienda que presenta el portavoz del Partido Popular,
atendiendo a que la instalación de una academia requiere su tiempo,
porque resuelve lo fundamental, y es que queda claro que la ubicación
está en Jaén, en concreto en Ubeda, y el compromiso de que se doten los
presupuestos necesarios para abordar la instalación definitiva de esta
academia de suboficiales en el municipio de Ubeda.
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano --lo digo para tener ordenada la
votación--, ¿quiere eso decir que como la enmienda era a la proposición
no de ley del Grupo Socialista el Grupo de Izquierda Unida retira la
suya? ¿Desea que sea votada independientemente?
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Que sea votada en una sola votación.
El señor PRESIDENTE: ¿En una sola votación en el sentido que asume una
enmienda formalmente no presentada por el Grupo Popular a la proposición
no de ley del grupo al que representa su señoría?
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Pero como ha sido presentada a un
trámite conjunto de ambas la podemos tomar como parte. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Para una cuestión aclaratoria, señor Presidente.
Entiendo que del resultado del debate, llegado el momento, el texto de
las proposiciones correspondientes a los puntos 8 y 9 del orden del día
será, en su caso, sustituido por la votación del texto resultante de este
debate que dirá: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a,
primero, asumir el compromiso político de ubicar en la ciudad de Ubeda
(Jaén) la academia de suboficiales de la Guardia Civil; segundo, librar
los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de este
compromiso cuando el Ministerio del Interior tenga asignada la partida
presupuestaria correspondiente. En el entendido, y así lo hacemos
constar, de que con este texto transaccional se integra el sentido de las
proposiciones no de ley tanto del Grupo Socialista como del Grupo de
Izquierda Unida, con las modificaciones propuestas por mi grupo. ¿Este
será, por tanto, el texto sometido a votación? Pregunto a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Este será el texto sometido a votación si SS. SS.
así lo desean. La Presidencia en ese punto consideraría que debería
votarse --y así lo había previsto--, en primer lugar, la proposición no
de ley del Grupo Socialista con la enmienda del Grupo Popular que había
sido aceptada, y en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida. Pero como los auxilios tan generosamente prestados por
el portavoz de Izquierda Unida nos aseguran que realmente el mejor texto
es el que resulta de la proposición del Grupo Socialista con la enmienda
del Grupo Popular, en definitiva, si se trata de que todos los grupos
puedan sumarse en su voto a ese texto, así la Presidencia les dará
oportunidad de hacerlo y poder cumplir sus deseos.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente, pero
los auxilios realmente eficaces han venido de parte del señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Agradezco al señor Castellano su amabilidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Castellano y también al
señor Gil Lázaro por sus auxilios.
--RELATIVA A LA SEPARACION VISUAL DEL ESPACIO INTERIOR DE LAS CELDAS DE
LOS CENTROS PENITENCIARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 161/000371.)
El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día es la proposición
no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la separación
visual del espacio interior de las celdas de los centros penitenciarios.
Para la defensa de dicha proposición no de ley tiene la palabra la señora
Torme.
La señora TORME PARDO: Señor Presidente, señorías, como es natural, esta
proposición no de ley pretende afectar tan sólo en los centros
penitenciarios dependientes de la Administración del Estado. Dicho esto,
quiero señalar que desde nuestro grupo, al presentar esta proposición no
de ley, hemos tenido en cuenta dos tipos de consideraciones, en primer
lugar, el marco legal, definido por la Constitución, la Ley Orgánica
General Penitenciaria y el reglamento penitenciario, que concibe el
derecho al honor y a la intimidad personal como un derecho fundamental de
todos los ciudadanos y, por tanto, también de las personas condenadas a
penas privativas de libertad; en segundo lugar, cuál es la situación
material de los centros penitenciarios, en los que la ocupación real
supone la imposibilidad de que todos y cada uno de los internos tengan
una celda individual, de manera que muchos internos comparten celda con
otros y en muchos casos las instalaciones sanitarias no tienen ningún
tipo de separación, por mínima que sea, con el resto de la celda, de
forma tal que los internos han de hacer uso de dichas instalaciones
sanitarias sin ninguna posibilidad de intimidad, con lo que ello conlleva
de vulneración de los derechos al honor, intimidad y dignidad de los
internos.
Pues bien, comenzando con las consideraciones legales, nuestro texto
constitucional concibe el honor y la intimidad de la persona como un
derecho fundamental en su artículo 18. Por su parte, en el artículo 10
del texto constitucional se afirma que la dignidad de la persona es
fundamento del orden político y de la paz social, todo ello de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo y
ya en referencia directa con la población reclusa, el artículo 25, en su
apartado 2, afirma taxativamente que los condenados a penas privativas de
libertad gozarán de los derechos fundamentales que no se vean
expresamente limitados por el fallo condenatorio, el sentido de la pena o
la legislación penitenciaria.
Por su parte, la Ley Orgánica General Penitenciaria manifiesta, en su
artículo 3, que la actividad penitenciaria se ejercerá en todo caso
respetando la personalidad de los reclusos,
al tiempo que en el siguiente artículo se establece que la Administración
penitenciaria tiene la obligación de velar por la vida, la integridad y
la salud de los internos. Este mismo texto legal concreta en su artículo
19 la cuestión del alojamiento de los internos en sus celdas, en el
sentido de que todos ellos han de alojarse en celdas individuales, si
bien ese mismo artículo y la propia ley orgánica abren la posibilidad de
que los internos compartan sus celdas o que incluso se ubiquen en
dependencias colectivas, por diversas circunstancias, como pueden ser la
insuficiencia temporal de plazas individuales o por prescripción médica.
La propia Ley Orgánica General Penitenciaria se hace eco de lo
establecido por nuestro texto constitucional, de forma que en su artículo
23 dispone que determinadas actividades, absolutamente necesarias en una
prisión, como registros, cacheos, recuentos, y cualesquiera otras
relacionadas con la vigilancia y el control de los internos, deben
realizarse siempre teniendo en cuenta el debido respeto a la dignidad de
la persona.
Con este mismo tenor, el reglamento penitenciario también dispone, en su
artículo 4, el derecho que tienen los internos a que se preserve su
dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio, por supuesto, de las
medidas que exija la vida cotidiana y el régimen de la prisión. Asimismo,
se insiste en que los presos o los internos deben disponer de su propia
celda, salvo que las dimensiones o condiciones de habitabilidad de los
dormitorios permitan alojar a más de una persona, en cuyo caso habrá de
preservarse el derecho a la intimidad de los que comparten dicho
habitáculo, en la medida de lo posible. Lógicamente, el reglamento
penitenciario también se refiere a la necesidad, aun preservando la
dignidad y el derecho a la intimidad de las personas, de que se realicen
en los centros penitenciarios actividades propias de los mismos,
encaminadas a garantizar la seguridad interior y, en consecuencia y en
última instancia, a velar por el derecho a la vida y a la integridad
física de los reclusos y del propio personal al servicio de la
Administración penitenciaria, siendo, por tanto, estas actuaciones que
garantizan la seguridad interior en las prisiones las que necesariamente
vienen a redefinir y de alguna forma a delimitar el derecho a la
intimidad en el interior de los establecimientos, pero sin que ello
signifique que la Administración no deba realizar todos los esfuerzos
posibles encaminados a que se materialice más y mejor el derecho a la
dignidad de las personas y de su propia intimidad.
Pues bien, una vez hecha esta referencia al marco legal, paso a las
consideraciones sobre la situación material de los centros
penitenciarios. En este sentido es necesario destacar el hecho de que la
ocupación real de nuestros centros en la actualidad supone la
imposibilidad de que todos y cada uno de los internos tengan un
habitáculo individual, habida cuenta del déficit de plazas existente.
Sobre este particular parece importante que nos refiramos, aunque sea de
una forma tangencial, al hecho de que se están construyendo nuevos
centros penitenciarios y se está trabajando sobre un nuevo plan de
infraestructuras penitenciarias que vendrá a sustituir al plan de
amortización y creación de centros penitenciarios de 1991, con la
finalidad de acabar con el déficit de plazas, por una parte, y, al mismo
tiempo, adaptar las infraestructuras penitenciarias a las exigencias y
necesidades que marca la normativa vigente, pero el hecho es que en estos
momentos muchos internos comparten celda con otros y en muchos casos las
instalaciones sanitarias no tienen ningún tipo de separación, por mínima
que sea, con el resto de la celda, de forma tal que un número
relativamente importante de internos han de hacer uso de estas
instalaciones sin ninguna posibilidad de intimidad.
En la actualidad, la situación en este asunto que nos ocupa responde a
los siguientes datos que voy a exponer muy sucintamente. Primero, existen
13 centros penitenciarios en los que no hay ninguna separación dentro de
las celdas compartidas, pero estructuralmente es factible ubicarla. En
segundo lugar, hay 7 centros en algunas de cuyas celdas hay separación y
en otras no. Tercero, 48 centros tienen separación en todas las celdas
compartidas y, cuarto, existe un solo centro, Puerto I, en el que no hay
celdas compartidas y, por tanto, no es necesario hacer esta separación.
(La señora Almeida Castro: Sí es necesario.)
Por cuanto antecede, mi grupo parlamentario, con el objeto de mejorar las
condiciones de calidad de vida de los internos y de preservar
adecuadamente su derecho a la intimidad, presenta esta proposición no de
ley relativa a la separación visual del espacio interior de las celdas,
de forma que, en el caso de las celdas compartidas, el gobierno adopte en
el plazo más breve posible las medidas oportunas para suministrar algún
tipo de separación en forma de cortina, mampara o cualquier otro material
que se considere adecuado, a fin de separar esa zona concreta de
ubicación de las instalaciones higiénico-sanitarias con respecto al resto
de la celda, por supuesto sin que ello interfiera en la seguridad
interior de los centros o en la de los propios internos.
El señor PRESIDENTE: Quiero hacer constar que no ha habido enmiendas a
esta proposición no de ley. ¿Desea algún grupo intervenir en relación a
esta proposición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria va a votar favorablemente
esta proposición no de ley, cuya iniciativa nos ha traído el Grupo
Parlamentario Popular, precisamente por razones fundamentadas en lo que
es el espíritu y también gran parte de la letra del reglamento
penitenciario y de lo que se recogía en la Ley Orgánica General
Penitenciaria, en cuanto a lo que era el derecho constitucional de la
intimidad de las personas cualquiera que fuera su situación, en este caso
de reos y de penados que están en el ámbito de las instituciones de los
centros penitenciarios. Qué duda cabe que con el hacimiento existente en
nuestras prisiones no puede cumplirse el principio de que cada recluso
tenga su celda individual y tienen que compartirla, y aquí es donde puede
entrar en una apreciación de conflicto el derecho a la intimidad, incluso
para aquellas necesidades fisiológicas más íntimas, que es el que trata
de resolver esta proposición no de ley: separar visualmente
la zona de habitación de la de los sanitarios que hay en el interior de
las celdas.
Sólo quiero hacer una única observación al Grupo Popular y es que estando
de acuerdo en el fondo de la cuestión, yo creo que el legislador nunca
debería indicar a los servicios profesionales de las instituciones
penitenciarias el tipo de medio físico que constituya la barrera visual,
es decir, ya conlleva la idea de impedir la visualización para garantizar
el derecho de la intimidad, porque que el legislador recomiende a un
funcionario de prisiones que se pongan mamparas o cortinas dentro de una
celda da escalofríos, por la casuística que hay de ahorcamientos dentro
de las celdas y las utilizaciones que puede haber con fines distintos.
Quienes tenemos esa experiencia sabemos que proponer la instalación de
una cortina dentro de una celda es algo que se le debería dejar decidir a
los propios servicios profesionales. Por tanto, en el fondo de la
cuestión estamos completamente de acuerdo, que pongan mamparas o
cortinas, pero en cualquier caso que sean instrumentos inertes para que
no se produzcan lesiones ni autolesiones --cuando con las mamparas-- ni
otras cuestiones que están fuera de las normas físicas de seguridad que
Instituciones Penitenciarias conoce perfectamente. Hacemos esta
observación para que se tenga en cuenta al menos en la lectura del
«Diario de Sesiones», porque nosotros no presentamos enmiendas a este
respecto, pero creemos que deben ser los servicios de Instituciones
Penitenciarias los que pongan los medios físicos adecuados para
garantizar esta opacidad visual.
Es señor PRESIDENTE: Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Presidente, la verdad es que aunque sea
una cuestión de ir a menos, como yo digo, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tampoco va a ser contraria a esta resolución, pero sí queremos
decir que la dignidad de los presos no está en las cortinas ni en unas
mamparas. Me parece que tiene que ser algo inherente a la construcción de
los propios centros penitenciarios, a una Ley General Penitenciaria que
era progresista, una ley que intentaba configurar la vida de las cárceles
de forma más avanzada, con celdas individuales, y estamos llegando a que,
ya que tienen que estar hacinados y compartiendo las celdas, tengan una
cortina para preservar la privacidad de sus necesidades más íntimas. La
nueva construcción de centros tiene que obedecer a este principio, de que
en cualquier caso, aunque sean celdas individuales, haya una separación
entre lo que son los inodoros sanitarios y lo que es la vida en común en
una celda, porque no me parece que estar escribiendo en una celda, aunque
esté uno solo, con un váter en mitad de la misma sea una cosa ni sana ni
higiénica ni siquiera culturalmente admisible, y si, encima tienen que
estar hacinados en una celda y tienen que usar el mismo retrete, me
parece que es una cosa alucinante. Aunque sea una enmienda in voce,
pediríamos que, en lo sucesivo, en todas las prisiones, esa zona,
estuviera separada aunque la celda fuera utilizada por un solo preso.
Desde luego, se puede alcanzar esa privacidad, como dice la proposición
no de ley muy educadamente, y que tengan el debido recogimiento los
presos en sus necesidades. Más que poner cortinas en una celda me parece
que se tendría que ir hacia una construcción que permitiera la intimidad
y la separación, que nos parecen básicas no solamente para la intimidad
sino también para las condiciones sanitarias de las celdas. Todo ello nos
parece un poco triste, por lo que nuestro grupo ha insistido mucho, en
las cuestiones penitenciarias para que se intente llegar a una forma
distinta de construir las cárceles, a tener centros más cercanos, que los
reclusos no estén hacinados y que no se tengan que compartir las celdas.
En cualquier caso, vamos a apoyar, en lo que nos parece un ir a menos
pero que puede ayudar a salvaguardar la intimidad de las personas, esta
proposición no de ley.
No me parece lógico, por otra parte, que el Congreso de los Diputados
tenga que dar órdenes, como ha dicho el señor Mardones, sobre algo que
está en la ley, que está en la Constitución, sino que debía salir de la
propia dirección de los centros no permitir que existan esas
circunstancias. Para ello no se necesitan órdenes del legislador sino
iniciativa del que dirige los centros, del que está responsabilizado de
la custodia de los presos. Si tenemos que hacerlo, y me parece triste a
estas alturas, nosotros los apoyaremos, pero creo que eso estaba ya
recogido en una ley, en nuestra Constitución, en lo que es el mínimo
respeto a la dignidad, y en ese sentido se debe construir los centros,
atendiendo a todas esas necesidades y no poniendo cortinas, que no sé
cómo van a terminar, ni dando este tipo de soluciones, que me parece que
entran dentro de la consideración mínima de lo que deben ser los derechos
de las presos. En cualquier caso, en cuanto pueda servir de alivio,
quiero decir que nosotros no nos vamos a oponer, pero queremos
reivindicar una política penitenciaria menos de cortinas y mucho más de
racionalidad para con los presos en la construcción de nuevos centros de
no hacinamiento, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Señor Presidente, no era necesaria la exhibición
torrencial de argumentos constitucionales y penitenciarios que ha hecho
mi paisana, Diputada por Valladolid, doña Ana Torme, para mover la
voluntad del Grupo Socialista a votar favorablemente esta proposición no
de ley, aunque agradecemos, por supuesto, la exposición erudita que ha
realizado.
Es cierto que en el régimen penitenciario español rige el principio
celular, es decir, cada interno debe ser alojado en una celda, según
establece el artículo 19.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el
artículo 13 del reglamento penitenciario. Es cierto que se puede alojar
en cada celda a más de un interno, por insuficiencias temporales, siempre
que se preserve la intimidad de los alojados. Es cierto el alto número de
internos, preventivos y condenados, y la situación de los centros
penitenciarios hasta el desarrollo del plan de creación y amortización de
centros penitenciarios --existían en España centros penitenciarios
viejos, anticuados
y escasos-- no permitía el cumplimiento de estas orientaciones de la
legislación penitenciaria, que no derechos subjetivos. Por esa razón, es
necesario establecer las medidas pertinentes para evitar los
hacinamientos y, como ha dicho el Defensor del Pueblo en la Comisión
correspondiente cuando presentó el informe sobre la situación
penitenciaria y de los depósitos municipales de detenidos en España, para
lograr que la privación de libertad de una persona no afecte ni a su
dignidad ni al resto de sus derechos fundamentales, que, como es bien
sabido, están únicamente limitados por el contenido del fallo
condenatorio, del sentido de la pena y de la legislación penitenciaria.
Esta situación, como dice el propio Defensor del Pueblo, ha mejorado de
modo notable desde su anterior informe sobre la situación penitenciaria
en España, que de todos es sabido data de 1988, como consecuencia,
constata el propio Defensor del Pueblo, de la mejora de las
infraestructuras penitenciarias producidas por el plan de amortización y
creación de centros penitenciarios, aprobado por el Consejo de Ministros
el 5 de julio de 1991, que ha sido posteriormente precisado y
complementado por el acuerdo también del Consejo de Ministros, de 1 de
marzo de 1996. Esta situación, por aplicación de estos planes, ha
permitido y permitirá en los sucesivo, cuando se termine la construcción
completa de los planes previstos, que rija plenamente en España el
principio celular de que cada interno debe tener su propia celda para
preservar su intimidad, su honor y todos los derechos que recoge la Ley
Orgánica General Penitenciaria y el reglamento de desarrollo.
Por otra parte, además de por la Constitución, por la legislación
penitenciaria (la ley y el reglamento) y por las recomendaciones del
Defensor del Pueblo, el Grupo Socialista quiere invocar, lo está haciendo
reiteradamente en apoyo de su tesis, la moción, consecuencia de
interpelación, presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre política penitenciaria del Gobierno, que fue aprobada por
unanimidad el 18 de junio de 1996, que en su apartado cuarto insta al
Gobierno a aportar las medidas precisas para evitar situaciones de
hacinamiento, falta de higiene y cualesquiera otras que operan en
menoscabo de los derechos de los internos. Por consiguiente, mientras no
pueda ser cumplido de modo general el principio de un interno en cada
celda, hasta que se termine la construcción de los nuevos centros
penitenciarios previstos en el plan de creación y amortización de los
mismos, es necesario que la Administración penitenciaria --en este caso,
no sería necesaria ninguna proposición no de ley, sino que bastaría con
un simple acto de la Administración penitenciaria-- adopte las medidas
necesarias para la preservación de la intimidad e higiene en las celdas
compartidas por más de un interno, separando del modo más conveniente
para el cumplimiento del fin las zonas de habitación de las de los
sanitarios.
Señor Presidente, en consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista
votará favorablemente la proposición no de ley objeto de debate. (La
señora Torme Pardo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, brevemente, la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señor Presidente, únicamente para precisar algún
aspecto de mi exposición que no hubiera quedado claro, sobre todo a tenor
de la intervención del señor Mardones.
Comentaba que no le parecía oportuno indicar el tipo de materiales. Ha
sido sencillamente una exposición indicativa a ese título, señalando
además que se podrá emplear cualquier otro material que consideren
oportuno las autoridades o los responsables, por supuesto, y sin que la
instalación de esas separaciones pudiera interferir de forma alguna tanto
en la seguridad interna de los centros penitenciarios como en la
seguridad física de los propios internos. Por si acaso mi exposición
había suscitado alguna duda a este respecto, quiero que quede claro.
En cuanto a lo que decía la señora Almeida, quiero señalar que, por
supuesto, nosotros pensamos que esa separación no es el único requisito
que contribuye a la dignidad de los internos, pero, de alguna manera, sí
que contribuye a mejorar su calidad de vida durante el tiempo de
privación de libertad y a mejorar o preservar su derecho a la intimidad.
De ahí que lo defendamos no como una orden que se da desde el Congreso al
Gobierno, porque en esta materia, desde luego, hay una total sintonía
entre el Gobierno y el grupo parlamentario que en este caso apoya la
labor del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Siendo ya justamente la hora que la Presidencia
había señalado para la votación, vamos a proceder a la de todas las
proposiciones no de ley que se han debatido esta mañana. En primer lugar
ruego a los portavoces indiquen las sustituciones de los señores
comisionados por otros Diputados para que la Mesa pueda tomar nota de las
mismas.
Si no recuerdo mal, el Grupo Socialista nos ha anunciado que el señor
Pliego sustituye al señor Sanjuán. ¿No hay ninguna otra? (Pausa.) El
Grupo Catalán (Convergència i Unió) confirma las sustituciones que esta
misma mañana había anunciado. El señor Rodríguez, del Grupo Mixto,
sustituye a la señora Lasagabaster. Señor Gil Lázaro, ¿el Grupo Popular
mantiene las sustituciones anunciadas? (Asentamiento.)
¿Alguna otra sustitución? (Pausa.)
Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Luis Pérez Segura sustituye al señor Benegas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entonces, vamos a comenzar las votaciones.
Votamos en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Popular por la
que se insta al Gobierno a la creación del Centro de Estudios
Penitenciarios, en sus propios términos al no haber sido aceptada la
enmienda que ha sido planteada y debatida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, señorías --puesto que, como recordarán, la que
figuraba en el punto cuatro del orden del día ha quedado aplazada para,
en su caso, ser debatida en el Pleno--, la proposición no de ley relativa
a la responsabilidad subsidiaria del Estado en la catástrofe del Aegean
Sea. Esta proposición, señorías, después del debate y aceptada una
enmienda con alguna transacción, queda redactada en los siguientes
términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con
independencia de las gestiones que esté realizando la Administración del
Estado y la Xunta de Galicia, se concedan ayudas tanto en concepto de
adelanto de las indemnizaciones a percibir como de complemento de las
mismas para los afectados por el embarrancamiento del barco Aegean Sea.
Este es el punto 1, y el punto 2 sería del siguiente tenor: Que en
defensa de los intereses españoles inste al Fondo Internacional de
Compensación y Daños por Hidrocarburos (Fidac) a la liquidación
definitiva de las cantidades que correspondan como indemnizaciones a los
afectados por la mencionada catástrofe ecológica.
En estos términos, señorías, votamos la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, a continuación, señorías, la proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por la que se insta al Gobierno
a que adopte las previsiones necesarias para la adecuación de los centros
penitenciarios al principio constitucional de reinserción con la
consiguiente clausura del centro de Algeciras (Cádiz), en los términos de
la enmienda transaccional a la que voy a dar lectura: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que en la revisión del plan de amortización
y creación de centros penitenciarios adopte las previsiones necesarias
para la adecuación de los centros al principio constitucional de
reinserción, considerándose como prioritaria la construcción del nuevo
centro de Algeciras, debiéndose de proceder a su inmediata construcción y
a la consiguiente clausura del actual, una vez construido el nuevo, al no
reunir las condiciones mínimas necesarias para este tipo de
establecimientos.
Esta enmienda, que ha sido aceptada por el grupo proponente, fue
formulada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley objeto de
esta votación.
Seguidamente, señorías, vamos a votar la proposición no de ley del Grupo
Socialista sobre medidas de seguridad en las estaciones de servicio de
carburantes, en los términos que resultan de las modificaciones que el
propio grupo proponente ha introducido en el curso del debate y que
fueron explicitadas por quien las defendió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley que acaba
de ser objeto de votación.
Vamos a someter a votación las dos proposiciones no de ley, una del Grupo
Socialista, relativa a la instalación de la academia de suboficiales de
la Guardia Civil en Ubeda, y otra del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a ubicar
la futura academia de suboficiales de la Guardia Civil en el municipio de
Ubeda. Se realizará una sola votación, puesto que la Presidencia ha
interpretado que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya asume el texto resultante del debate de la enmienda formulada a
la proposición no de ley del Grupo Socialista por el Grupo Parlamentario
Popular y cuyo texto completo es el siguiente: 1. El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a asumir el compromiso político de ubicar en
la ciudad de Ubeda (Jaén), la academia de suboficiales de la Guardia
Civil. 2. Liberar los recursos económicos necesarios para el cumplimiento
de este compromiso cuando el Ministerio del Interior tenga asignada la
partida presupuestaria correspondiente.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
El último punto del orden del día, señorías, es la proposición no de ley
del Grupo Popular relativa a la separación visual del espacio interior de
las celdas de los centros penitenciarios. Se procederá a la votación en
los términos que resultan de la propia proposición, puesto que no ha
existido ninguna enmienda al texto de la misma.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Señorías, se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.