CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 183



POLITICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 14



celebrada el lunes, 7 de abril de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Secretario General de Empleo (Pimentel Siles),
para informar de las gestiones, posición y acciones futuras de su
Departamento respecto al expediente de 1.338 contratos de trabajadores de
Alcatel-Standar Eléctrica, S. A. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 111/000508) (Página 5060)



Preguntas:



--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre actuaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales tendentes a alcanzar un acuerdo que minimice el coste social
producido por el conflicto suscitado en los centros de la empresa
Alcatel-Standar Eléctrica, S. A. (Alcatel), como consecuencia de las
resoluciones de dicho Ministerio que autorizan 1.338 despidos. (Número de
expediente 181/000447) (Página 5060)



Comparecencia del señor Director General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (Minondo Sanz), para informar del balance de actuación
en el año 1996, así como de los planes de trabajo para el año 1997. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 212/000460) (Página 5067)

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Comparecencia del señor Secretario General del Fondo de Garantía Salarial
(Serrano Arroyo), para hacer balance de la actuación de dicho Organismo
en el año 1996, así como previsiones para su mejora en el año 1997. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 212/000459) (Página 5079)



Preguntas (continuación):



--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre iniciativas para promover la utilización por los
trabajadores varones de la normativa sobre bajas, excedencia y jornada
reducida prevista para los supuestos de nacimiento o adopción. (Número de
expediente 181/000354) (Página 5088)



--Del mismo señor Diputado, sobre accidente pirotécnico ocurrido en Reza
(Orense). (Número de expediente 181/000484) (Página 5089)



--Del mismo señor Diputado, sobre actuaciones disciplinarias en relación
con los funcionarios del Instituto Nacional de Empleo (INEM) implicados
en la irregular tramitación de prestaciones de desempleo en los casos de
las empresas Sonajas Publicidad y Publicidad Albacete. (Número de
expediente 181/000490) (Página 5091)



--Del señor Vaquero del Pozo (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre valoración de argumentaciones de la empresa Envases
Metalner para solicitar la aprobación de un expediente de extinción de
los contratos de los 49 trabajadores empleados en su planta de Linares
(Jaén). (Número de expediente 181/000398) (Página 5092)



--Del mismo señor Diputado, sobre financiación por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de la mitad del plan de jubilación de Santana
Motor, S. A., de Linares (Jaén). (Número de expediente 181/000399)
(Página 5093)



--De la señora Fernández Sanz (Grupo Socialista), sobre recursos
económicos para los servicios sociales hacia los españoles residentes en
el exterior y concretamente en los países de América. (Número de
expediente 181/000404) (Página 5094)



Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (PIMENTEL SILES), PARA
INFORMAR DE LAS GESTIONES, POSICION Y ACCIONES FUTURAS DE SU DEPARTAMENTO
RESPECTO AL EXPEDIENTE DE 1.338 CONTRATOS DE TRABAJADORES DE
ALCATEL-STANDAR ELECTRICA, S. A. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 212/000508.)



PREGUNTAS:



--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC), SOBRE ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES TENDENTES A ALCANZAR UN ACUERDO QUE MINIMICE
EL COSTE SOCIAL PRODUCIDO POR EL CONFLICTO SUSCITADO EN LOS CENTROS DE LA
EMPRESA ALCATEL-STANDAR ELECTRICA S. A. (ALCATEL), COMO CONSECUENCIA DE
LAS RESOLUCIONES DE DICHO MINISTERIO QUE AUTORIZAN 1.338 DESPIDOS.

(Número de expediente 181/000447.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores Diputados. Se
inicia la sesión con un cambio en el orden del día, en cuanto que, en
primer lugar, se va a producir la comparecencia del Secretario General de
Empleo, don Ramón Pimentel, para que informe de las gestiones, posición y
acciones futuras de su departamento respecto al expediente de 1.338
contratos de trabajadores de Alcatel-Standar Eléctrica, S. A., a
solicitud del Grupo Socialista.

Después de esta comparecencia se producirá la pregunta número 9 y, una
vez contestada esa pregunta, continuaremos con el orden del día.

Tiene la palabra el señor Pimentel, Secretario General de Empleo.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señor Presidente,
señorías, el 19 de diciembre pasado tuve el honor de comparecer ante esta
Comisión para contestar, en nombre del ministro, a una pregunta oral
formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda



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Unida sobre la situación del expediente de regulación de empleo
presentado ante el Ministerio de Trabajo por la empresa Alcatel-Standar.

En esta ocasión manifesté el interés y la reiterada voluntad de las
autoridades laborales de favorecer la búsqueda y consecuencia de
soluciones pactadas en cualquier expediente de esta naturaleza, máxime
cuando, como ocurre en este caso, se trata de un expediente de una gran
complejidad, en el que está en juego un elevado número de puestos de
trabajo y la viabilidad de una empresa ya tradicional en nuestro país,
que aglutina un importante volumen de empleo. Desde luego, puedo
asegurarles que por nuestra parte ha habido un continuado e intenso
esfuerzo por apoyar e impulsar la negociación, tanto en el período de
consultas previo a la resolución administrativa como en estos meses
transcurridos desde la aprobación del expediente, que, como saben, se
dictó el 12 de agosto de 1996 por imperativo legal, al vencer los plazos
establecidos para ello sin que en aquel momento se hubiera producido el
acuerdo de las partes.

La resolución, efectivamente, afectaba a 1.338 contratos de trabajo en el
período 1996-1998, basándose para ello en la concurrencia de razones
económicas y organizativas, que hacían necesarias estas medidas laborales
para garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la
misma. Esta resolución fue confirmada posteriormente por la resolución
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 9 de enero de 1997.

Sin embargo, dado que la existencia de la resolución de la Dirección
General de Trabajo no cerraba las posibilidades de negociación en cuanto
a las condiciones en que se debía producir la posible salida de este
excedente laboral, la Administración continuó desarrollando
posteriormente su actividad de comunicación con las partes y de
favorecimiento del diálogo entre las mismas, como les decía antes. Ello,
unido a la voluntad de negociación demostrada por la empresa y por los
representantes de los trabajadores, permitió que el 23 de octubre de 1996
se llegara a un acuerdo entre las partes para la aplicación negociada del
expediente. Este acuerdo incluía mejoras en las indemnizaciones y un
mayor desarrollo de las fórmulas favorecedoras de la adscripción
voluntaria al expediente por parte de los trabajadores y, además, incluía
--y ello debe destacarse especialmente-- la creación de una comisión de
seguimiento formada por representantes de la empresa y de los
trabajadores, para conocer la aplicación del plan estratégico de
viabilidad de la empresa, tanto en lo que respecta a los aspectos
sociolaborales como a los económicos, industriales, comerciales,
tecnológicos, etcétera. Según el acuerdo, la comisión de seguimiento, en
caso de estimarlo necesario, podía solicitar al Ministerio de Trabajo la
presencia de expertos o asesores que pudieran aportar sugerencias a su
trabajo.

A pesar de esto, en los meses de enero y febrero de este año se volvió a
producir, primero, un clima de enrarecimiento y, después, un clima de
conflictividad laboral como consecuencia de las discrepancias de los
trabajadores con la aplicación por parte de la empresa, a finales de
1996, de una serie de despidos previstos en el expediente de regulación
de empleo. Aunque el despido forzoso no afectó a más de 50 de los más de
500 trabajadores declarados excedentes para 1996, la representación de
los trabajadores entendió que la empresa no tenía por qué haber adoptado
estas medidas forzosas, debiéndose haber limitado a aplicar
prejubilaciones y bajas voluntarias. Por su parte, la empresa valoró
desproporcionada la conflictividad surgida como consecuencia de estos
despidos, especialmente teniendo en cuenta que se estaban utilizando
modelos de huelga por centros y por días, lo que ocasionaba un perjuicio
desproporcionado a la organización del trabajo. Además, la empresa
consideró que se habían producido comportamientos violentos por parte de
los huelguistas.

Como ocurre con cierta frecuencia en estas situaciones, la combinación de
un mantenimiento en la postura empresarial --la cual anunció la puesta en
marcha de los despidos correspondientes a 1997-- con la respuesta, en
forma de sanciones, a los incidentes producidos durante la huelga, motivó
un recrudecimiento de la conflictividad. Durante estos acontecimientos,
al igual que en el resto del proceso de tramitación y aplicación del
expediente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se mantuvo en
permanente contacto y a disponibilidad de la empresa y los sindicatos,
para intentar reconducir la situación al clima de diálogo que se
exteriorizó en el acuerdo de 23 de octubre del pasado año, siendo, eso
sí, conscientes de que la solución de un problema de relaciones laborales
tan complejo, como es la aplicación de un expediente de regulación de
empleo en una empresa del tamaño y las características de Alcatel,
difícilmente podía pasar, de forma exclusiva, por este intento de buenos
oficios por parte de la Administración. Felizmente, y sin duda de forma
sustancial por la capacidad negociadora de la empresa y los sindicatos,
la situación de conflictividad pudo terminar el pasado 21 de febrero y lo
hizo no con un acuerdo sobre el fondo del asunto, sino con un acuerdo
sobre la necesidad de seguir negociando y las fórmulas de arbitrar y
dirigir esta negociación, con el objeto de facilitar la viabilidad de la
empresa y aplicar ordenadamente el expediente de regulación de empleo, a
cuyo fin la empresa decidió incorporar a sus deliberaciones
--personalmente creo que es una buena noticia-- a un experto que tuviera
profundos conocimientos en el mundo de las relaciones laborales, que
tuviera autoridad moral y fuera respetado por ambas partes, para lo cual
designaron --a mi modo de ver, con gran acierto-- al inspector de Trabajo
y Seguridad Social don Marcos Peña, persona que, como digo, fue designada
de común acuerdo por ambas representaciones.

Insistimos en que una cuestión como ésta no tiene una solución definitiva
rápida o simple y en que esta solución ni siquiera debe salir
unilateralmente de la Administración, pero el hecho de que la negociación
continúe y la conflictividad se vaya superando nos hace ser optimistas en
cuanto a que la madurez y responsabilidad demostrada por los
protagonistas de las relaciones laborales permitan seguir avanzando en
una línea de acuerdos a partir del marco que supuso la resolución del
expediente de regulación de empleo, que, como se está viendo, es
compatible



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con el mantenimiento, e incluso con la intensificación, de la negociación
en el centro de la empresa.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo que ha solicitado la comparecencia,
tiene la palabra doña Dolores García-Hierro Caraballo.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señor Secretario General de
Empleo.

En primer lugar, quiero pedir disculpas porque, como la previsión era que
usted hubiera comparecido en tercer lugar, una pequeña parte de su
intervención me ha cogido trabajando en el despacho. No obstante, por lo
que he podido escuchar de su intervención --que, como digo, creo que ha
sido prácticamente la totalidad--, mantengo la misma incertidumbre que
cuando preparaba los contenidos que ahora le voy a exponer, y que me
preocupan, respecto a la situación por la que atraviesa el conflicto
generado por la multinacional Alcatel-Standar y el conjunto de sus
empleados en España.

Como todos conocen, el 5 de julio dicha multinacional plantea, después de
que durante el año 1995 se hubiera invitado a los trabajadores a bajas
voluntarias, como así se producen, hasta un número de 574, un nuevo plan
de rescisión de contratos, en concreto, de 1.338 empleos en tres
períodos: años 1996 a 1998; asimismo se plantea el cierre de dos plantas
industriales en Torrejón y Arteixo, la congelación salarial para los
próximos tres años, la enajenación de bienes y algunas operaciones
urbanísticas, calificadas en algunos casos de especulativas, en los
municipios de Torrejón y del ayuntamiento de Madrid.

Esta petición de rescisión de contratos se fundamentaba básicamente en
razones técnicas, organizativas y, sobre todo, en los costes de personal
y sobreexceso de plantilla. Dicha solicitud, como se ha dicho, se
presentó ante la Dirección General del Ministerio de Trabajo y
Migraciones, por ser ésta la competente, ya que afecta a más de dos
comunidades autónomas y por ser un número superior a doscientos empleos
los que se pretenden suprimir. Después de que las comunidades autónomas,
a excepción de Madrid que incorpora su posicionamiento con posterioridad
a la resolución del expediente, alegaron que les parecían injustificadas
las causas que planteaba la empresa y terminado el período de
alegaciones, la Dirección General de Trabajo procede a resolver el
expediente de rescisiones de manera positiva, dando la razón a la
multinacional en España. Se aceptan, sin más, las pretensiones de la
empresa, sin tener en cuenta la pérdida de tejido industrial que supone,
la pérdida de empleos y el declive que se produce en zonas muy afectadas
por reconversiones industriales, como el corredor del Henares y el
distrito de Villaverde, porque es a estas factorías a las que afecta
fundamentalmente, a sabiendas de que lo que se plantea como plan de
viabilidad no es un plan industrial, no es un plan de futuro que despeje
de verdad las incertidumbres de los trabajadores y de todos acerca de
cuáles son las verdaderas intenciones de la multinacional.

Al aceptarse tal como se presenta el expediente de rescisión por la
Dirección General de Trabajo, se crea un precedente muy negativo. Además,
es la primera vez en la historia de esta empresa que se aprueba, sin más,
una propuesta sin que haya mediado una negociación y un acuerdo entre las
partes. Se reconoce la imposición unilateral de la empresa y se rompe ese
precedente de la última década de llegar a la negociación y al diálogo y,
por tanto, a un acuerdo que permitiera ir reajustando las necesidades de
plantilla a las necesidades productivas de la empresa sin que eso
supusiera despidos traumáticos para los trabajadores afectados.

Si nos ajustamos a la razón que pudo llevar a la Dirección General de
Trabajo a dar el visto bueno a esta resolución, observamos que su propia
resolución hace hincapié en el informe emitido por el Ministerio de
Industria que da la razón a la multinacional. Lo que resulta llamativo,
al menos para mí, es ese comportamiento del Ministerio de Industria al
ponerse a las órdenes de la dirección de Alcatel, en lugar de presionar e
intervenir para defender los intereses de España, sobre todo el futuro de
las instalaciones y de los más de 4.000 empleos que previsiblemente se
perderán.

La actitud del Gobierno español es tibia, no está defendiendo como
debiera los intereses españoles, en contraposición con lo que está
pasando estos últimos días en otros países. En Italia, sin más, se ha
llegado a un acuerdo tripartito, Gobierno-dirección de
empresa-sindicatos; en Francia, se sigue negociando y también en
Alemania. Por cierto, que el número de empleados afectados en Italia o en
Francia es muy inferior al de España. En Italia, son 1.500 los que se
plantean como excedentes de una plantilla de 10.000; en Francia, 500
sobre una plantilla de 40.000; en Alemania, 1.400 sobre una plantilla de
15.000, mientras que en España, 1.338 sobre aproximadamente 5.900
empleados. Todo ello, sin tener en cuenta que en España se han alcanzado
acuerdos, en los últimos doce años, también de manera tripartita entre la
empresa, los sindicatos y el Gobierno, que, a la vez que se han producido
reajustes de empleo no traumáticos, han supuesto un enorme esfuerzo
económico y social por parte de nuestro país, tanto en inversiones para
investigación más desarrollo como en créditos subvencionados,
prestaciones por desempleo o jubilaciones anticipadas.

Como ya he dicho, se plantea una situación lamentablemente nueva para
nosotros, para los trabajadores y para los sindicatos que les
representan; una situación que les deja en precario frente a la dirección
de la empresa. Sorprende que el recurso de la huelga como medida de
presión, absolutamente legal y dentro de los criterios con los que se
debe desarrollar una huelga, desde el convencimiento, la voluntariedad y
la libertad con la que acuden los trabajadores, sea analizada por usted
como un elemento que ha crispado la situación, cuando lo que la ha
crispado aquí ha sido la actitud de la dirección de la empresa, pues en
lugar de facilitar la negociación y el acuerdo, se ha permitido una
situación de mayor fuerza.

No obstante, es cierto que cuando solicitamos su comparecencia
pensábamos, debido a sus declaraciones del pasado verano, aunque los
hechos posteriores no nos han permitido mantener ese nivel de esperanza,
que podíamos



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encontrar todavía un camino que permitiera vislumbrar esa posibilidad de
llegar a acuerdos no traumáticos para los trabajadores y, sobre todo, que
esa figura de hombre bueno o de experto del acuerdo de octubre podría
servir, efectivamente, para aproximar posiciones. Salvada su actitud, que
reconozco que aunque no se ha enmendado en la resolución que adoptaron el
12 de agosto no deja de ser positiva porque abre el camino de la
negociación, los vientos soplan en dirección muy contraria. La empresa se
reafirma permanentemente en no facilitar la información. Ha hecho usted
alusión al plan estratégico. Los datos que yo tengo, de esta misma
mañana, de los representantes sindicales es que aún desconocen ese plan
estratégico, ese plan de política industrial que garantice el futuro de
alcatel Standard en España. Por tanto, se están dando incumplimientos
objetivos ya desde el mismo momento en que la dirección de Alcatel no
está respetando en absoluto los contenidos de ese acuerdo de octubre y,
sin embargo, está provocando situaciones de mayor tensión, ya que se
produce el despido forzoso sin abrir las posibilidades que proponen los
sindicatos: que el número de rescisiones sea flexible y no en base a que
si el año 1996 ó 1997 la resolución del Ministerio de Trabajo permite
despedir 532, son 532 personas las que se tienen que marchar, sino que
haya flexibilidad para reajustar la plantilla, necesidad que admiten los
propios representantes sindicales, y que no sea en esas condiciones en
las que, a lo mejor, se tenga que marchar la persona que menos cobertura
social pueda tener.

Yo tengo que discrepar de que sea precisamente la representación de los
trabajadores la que está generando tensión. Muy al contrario, la
crispación, la tensión, la generan los que aprueban mediante resoluciones
los expedientes de rescisión y la propia dirección de Alcatel, que pone a
88 trabajadores en la calle. Esto va ligado a una situación que, como ya
he dicho, es la primera vez que sucede en una empresa que ha pasado por
diversas regulaciones, pero siempre en un marco de diálogo y de
negociación, y en las que los trabajadores han asumido, cómo no, la parte
de sacrificio que les corresponde. Pero, abundando en el propio plan,
supuesto plan, entre comillas, de viabilidad que propone la dirección de
la empresa, realmente se está cargando sobre España el déficit de una
operación francamente calamitosa, como lo fueron las inversiones en
Brasil. Probablemente como mercado nosotros podemos estar de acuerdo
mirando hacia el futuro, pero la inversión no se puede cargar sólo como
gasto en la contabilidad de Alcatel España sin repercutirlo en el
conjunto del grupo, puesto que eso supone más de 21.000 millones de
pesetas. También sucede con otros gastos; mientras que se dice que el
crecimiento salarial sube, y eso no responde a la realidad (el
crecimiento salarial ha estado contenido en un promedio de 1,5 en los
últimos tres años), crecen otros gastos de difícil justificación. Por
tanto, al mismo tiempo que se hacen transferencias desde Alcatel España a
otras empresas del grupo, lo que se está produciendo es una situación,
permítame, de falseamiento por parte de la propia multinacional para
hacer que en España se pague el conjunto de lo que sería el grueso de
esas 4.000 personas a las que tendrían que rescindir su contrato para
ajustarse a los planes que tiene la multinacional.

Lo que nosotros decimos al Gobierno de España y a usted, en tanto que
Secretario General de Empleo, es que todos tenemos la oportunidad aún de
evitar que se vaya a ejecutar sin más esta resolución sin tener encima de
la mesa las verdaderas intenciones de Alcatel para estudiarlas y
discutirlas. Si hay un plan industrial encima de la mesa que garantice la
viabilidad futura de las instalaciones en España, entenderemos que de
verdad hay una voluntad clara de no pensar que España sólo es un mercado
que se regula a sí mismo en función, como dice la propia declaración de
la empresa, de las necesidades del consumo interno. Vamos más allá,
porque España contribuye no sólo con el sacrificio de los reajustes de
plantilla, no sólo aportando mucho dinero público para las prestaciones
sociales, las jubilaciones anticipadas, etcétera, sino, fundamentalmente
desde que formamos parte de un mismo núcleo, desde una Europa que no sólo
es económica, que es social. Por tanto, España no debería tener un
tratamiento discriminatorio o más negativo en este caso concreto que el
que tiene Alemania, Italia o Francia. Esa es responsabilidad de ustedes,
nuestra, de todos. Sin intentar hacer del Estado un Estado
intervencionista en absoluto, sí se ha de aplicar, al menos, el artículo
131 de la Constitución, como se ha venido haciendo hasta ahora en esa
tarea de tutelaje, de defensa de los intereses, del tejido productivo y
económico de nuestro país junto con el empleo.

Desde luego, reconozca usted, como lo hizo en la declaración del mes de
julio del año pasado, que se adoptó una decisión precipitada, cuando
menos, quizá porque acababan de tomar posesión del cargo, a la hora de
aprobar este expediente de rescisiones que ha propiciado que Alcatel esté
hoy en unas condiciones que le permiten mantener ese juego, ese pulso
para al final llegar a hacer un reajuste puro y duro sin habernos
despejado la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro.

Acerca de ello los sindicatos, los trabajadores no están cerrados, como
todos sabemos, sino que están abiertos a que esa comisión de seguimiento
funcione de verdad y que la dirección de la empresa no vaya con ánimo de
obstruirla, de crear dificultades tomando medidas de despidos forzosos o
de cambio en los puestos de trabajo de personas cuando se da la
circunstancia de que las posiciones son de negociación. Y yo creo
finalmente que todavía estamos a tiempo de poder hacer cambiar esa
posición de fuerza para defender mejor los intereses que, estoy
convencida, usted defiende y tiene que defender el Ministerio de
Industria, el de Trabajo y, por lógica, por sentido común, todos los que
estamos aquí en esta Cámara.

Por tanto, eso es lo que demandamos desde el Grupo Socialista sabiendo
las dificultades, por supuesto. Volvamos al camino anterior por el que se
andaba estos años; ejerzamos como nos corresponde ante estas situaciones
y con los límites que tenemos para evitar convertirnos en un mercado
exclusivo en el que las multinacionales se pueden mover según el grado de
beneficios que obtienen, dependiendo de si el empleo es más barato en
otras zonas donde, por la inversión realizada y por la rentabilidad, la
productividad



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y la eficacia de las instalaciones en España, ahora pueden tener un
amplio mercado.




El señor PRESIDENTE: A efectos de producir la acumulación de la pregunta
formulada por el Diputado don Ricardo Peralta, tiene la palabra su
señoría.




El señor PERALTA ORTEGA: Habida cuenta de que la iniciativa de nuestro
grupo es una pregunta, voy a intentar ser más breve en su formulación.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Pimentel su presencia,
felicitarle y felicitarnos todos por los últimos datos de empleo que se
han conocido en el día de hoy referidos al pasado mes de marzo. Quiero
agradecerle en concreto la remisión que el señor Pimentel ha efectuado,
me imagino que no sólo a mí, sino a los restantes Diputados de esta
Comisión, del informe sobre contratación en el año 1996, que fue un
compromiso que adquirió en su última comparecencia. Lo he recibido,
efectivamente, así como unos datos sobre horas extraordinarias que
también se comprometió a remitirme, y que le agradezco lo haya hecho.

Usted sabe, señor Pimentel, que ésta es la segunda iniciativa de mi grupo
en relación con este tema. En la anterior, en unas circunstancias
distintas, le pregunté a usted acerca de qué valoración le merecía la
resolución que se había dictado por parte del Ministerio sobre el
expediente de regulación de empleo incoado por la empresa Alcatel. En
aquella intervención suya usted se limitó a valorar la actuación del
Ministerio como acorde con la legislación vigente; una actuación impuesta
por los plazos y por la regulación contenida en el actual Estatuto de los
Trabajadores. Yo tuve ocasión de decirle en aquel momento que aquella
resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y la confirmación de la
misma desestimando el recurso no iba a resolver la problemática de
conflictividad social y, en definitiva, la problemática de fondo que se
había suscitado en la empresa. Buena prueba de ello es que la ejecución
de esa resolución por parte de la dirección de la empresa, la
comunicación de 89 despidos nuevos en enero de este año, vuelve a
reproducir la situación de conflictividad social que ya se había conocido
anteriormente. En este nuevo contexto, el pasado 17 de febrero se
presenta la pregunta por parte de nuestro grupo acerca de qué actuaciones
se iban a llevar a cabo por parte del Ministerio de Trabajo en relación
con esta situación.

No sé si causalmente o casualmente el 21 de febrero las partes, la
empresa y la representación de los trabajadores, acuerdan, en definitiva,
dejar en suspenso la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo. Por
parte de la representación de los trabajadores se acuerda suspender las
huelgas, la conflictividad social, y por parte de la dirección de la
empresa se acuerda suspender la comunicación de nuevos despidos. En
definitiva, se deja sin efecto informalmente la ejecución de aquella
resolución. Yo creo que, tal como usted ha dicho expresamente, éste fue
un acto de responsabilidad por parte de las partes sociales, empresa y
trabajadores.

Yo celebro, señor Pimentel, el que el Ministerio de Trabajo por medio de
usted haya hecho una valoración positiva de esa voluntad de las partes
sociales. Yo creo que esta responsabilidad de las partes sociales, en el
caso concreto de esta empresa, ya se había acreditado durante repetidas
ocasiones en años anteriores. Se ha puesto de manifiesto aquí un dato en
el que ya tuve ocasión de hacer hincapié en la anterior iniciativa de
nuestro grupo: que nunca se había resuelto un expediente de regulación de
empleo sin acuerdo entre las partes, salvo en esta ocasión. Esta era la
primera vez que no se había producido acuerdo y había habido resolución
por parte del Ministerio de Trabajo unilateralmente. Yo pienso que es
bueno reconocer esta experiencia, esta sabiduría y esta capacidad por
parte de los agentes sociales, en este caso concreto por parte de la
dirección y de la representación sindical del grupo Alcatel, para
resolver los problemas. A nosotros no nos queda más que ser coherentes
con ese reconocimiento.

En estos momentos, se está negociando con la intervención de un asesor
externo, en la terminología que ellos utilizan (mediador quizá sería la
denominación más precisa técnicamente, pero si ellos le llaman asesor
externo, asesor externo), nombramiento que ha recaído en una persona que,
como ha dicho usted, nos merece todas las garantías por su experiencia y
su capacidad, y que contribuirá efectivamente a que las partes puedan
alcanzar ese acuerdo que nosotros deseamos que se produzca.

Yo no quisiera hacer ahora otra valoración acerca de la actuación de las
partes que reconocer la responsabilidad que han manifestado las dos al
decidir sin condiciones previas iniciar un período de negociaciones
durante el cual ninguna de las dos utiliza, por una parte, su derecho a
los mecanismos de presión, y, por otra, su derecho a ejecutar una
resolución que está vigente en estos momentos. Sólo me limitaré a
preguntarle y a instar al Ministerio de Trabajo a que, desde su posición
específica de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, impulse el que
las partes puedan alcanzar acuerdo en esa negociación. Sin lugar a dudas,
ésa es la mejor solución posible para este conflicto.

En ese marco de acuerdo entre las partes, yo estoy convencido de que los
problemas y aquellos puntos concretos que ahora les separan, la
posibilidad de que se produzcan determinadas prejubilaciones, de que se
computen de una manera o de otra, tienen solución, y sería bueno que las
partes, desde luego con el impulso del Ministerio de Trabajo que nosotros
reclamamos, pudieran producir ese acuerdo que alcanzara una solución lo
más satisfactoria posible dentro de las dificultades que hay para la
problemática de Alcatel y para los intereses de los trabajadores.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Secretario General, por su
presencia nuevamente en esta Comisión y por las explicaciones que ha dado
respecto de la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista y de la pregunta acumulada del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

No es un tema nuevo, no es un conflicto nuevo; la situación de
Alcatel-Standar Eléctrica es una situación vieja,



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desgraciadamente, conocida por la mayor parte de los que conformamos esta
Comisión, ni siquiera es un conflicto que pudiera resultar novedoso a
esta sede parlamentaria. Como ya ha sido recordado, incluso este mismo
año el propio Secretario General de Empleo ha tenido ocasión ya de
contestar alguna iniciativa parlamentaria sobre el presente asunto. Por
tanto, este tema a mi grupo le causa preocupación, como todos los asuntos
de esta naturaleza, porque está en juego un elevado número de puestos de
trabajo y la viabilidad de una empresa importante. Justamente por la
importancia que tiene la resolución adecuada de asuntos como éste,
nuestro grupo no puede dejar de valorar positivamente lo que hasta ahora
ha sido la actuación del Gobierno, la actuación del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, porque estamos completamente seguros, no hay un
atisbo de duda en nuestro grupo parlamentario, de que hasta ahora por
parte del Gobierno, del Ministerio de Trabajo, se han defendido los
intereses de España y se ha hecho una defensa clara de los puestos de
trabajo en un año que, no nos cansamos de repetir, ha de ser el año de la
creación de empleo en nuestro país, que no sólo se puede dejar en
palabras, sino que creo que es intención de la mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara, por no decir de todos, de que se produzca
con realidad de datos cuando finalicemos el presente año.

Además, ha sido una actitud positiva, a nuestro juicio, de absoluto
respeto a la autonomía de las partes, a la voluntad negociadora, a su
capacidad negociadora, porque los agentes sociales ya tienen mayoría de
edad en nuestro país; desde la última reforma del mercado laboral, son
ellos los que tienen el protagonismo justamente en la resolución de estos
conflictos, en mayor medida de la que tenían con anterioridad, y por
tanto deben demostrar con su capacidad y voluntad negociadora que están a
la altura de las circunstancias, como creo que está ocurriendo en el
presente caso. Pero tampoco debemos olvidar en modo alguno --mi grupo
parlamentario desde luego no lo hace-- que la resolución que en su
momento fue emitida por la Dirección General de Trabajo y confirmada
posteriormente por el Ministerio fue una resolución que venía determinada
por imperativo legal, que venía determinada por un plazo perentorio, que
debía cumplirse y, como en alguna ocasión ya ha dicho el propio
Secretario General de Empleo, el silencio administrativo en este caso lo
juzgaba de manera positiva y no negativa y, por tanto, de no dictarse la
resolución, hubiera confirmado el petitum en este caso de la empresa
Alcatel-Standar Eléctrica. Por tanto, a nuestro juicio, esa resolución
fue dictada y bien dictada por la Dirección General de Trabajo y también
confirmada a su vez por el Ministerio, pero mantenía además el absoluto
respeto a lo que ya he mencionado con anterioridad, que era la capacidad
negociadora de las partes.

Y si es cierto que, a principios del presente año, como ha sido recogido
en la intervención del Secretario General, se generó nuevamente un clima
de tensión social en la propia empresa la valoración que mi grupo hace, a
diferencia de otros grupos, de que el Gobierno haya admitido que dicha
crispación se produjo únicamente por la actitud de los trabajadores (que,
si no hemos oído mal las palabras del Secretario General de Empleo, lo
que ha hecho ha sido un análisis prácticamente histórico de las
situaciones que, tanto por parte de la empresa como de los trabajadores,
pudieran llevar a ese aumento de conflictividad social en algún momento,
sin determinar claramente que las causas fueran imputables a ninguna de
las partes) es que el momento histórico y las circunstancia dieron lugar
a esa conflictividad social que, felizmente, se ha solucionado ya por
ambas partes.

También creo que es valorable muy positivamente que, a lo largo de ese
período de recrudecimiento de la tensión, la actitud del Gobierno haya
sido de respeto a las partes, y sobre todo de instar a que ese acuerdo se
pudiera formalizar en cualquier momento. Además, se ha visto plasmado
--como también ha reconocido el portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- en un nuevo acuerdo que todos
los grupos, al igual que el Gobierno, debemos respetar y ver si las
partes son capaces de llegar a un acuerdo final. No tanto se están
discutiendo las causas de fondo de la crisis que en este momento puedan
estar recogidas en este expediente de regulación de empleo, sino más que
nada la forma de llevarse a cabo el mismo, y nuestro grupo parlamentario
insta al Gobierno para que se respete el diálogo social y que, en la
medida de lo posible, se promueva, se favorezca la existencia de una
fluidez de ese diálogo entre las partes.

Creemos que el nombramiento --no voy a ser yo quien rompa la terminología
al uso-- como asesor externo del señor Marcos Peña ha sido muy adecuado y
además puede ayudar a la resolución final del conflicto. Por eso, con
brevedad, para terminar, señor Presidente, señor Secretario General de
Empleo, en este momento, dada la situación cronológicamente expuesta por
el Secretario General de Empleo, desde mi grupo hacemos votos para que
continúe el diálogo, para que ese diálogo fructifique al final en una
resolución del conflicto, y sobre todo para que el Ministerio tenga una
opción decidida de promover, de favorecer el acuerdo entre las partes,
actuación que, desde nuestro grupo, creemos que no ha faltado en ningún
momento, al menos no ha faltado en ningún momento desde que este nuevo
Gobierno tomó posesión el año pasado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel Pimentel para contestar
a las distintas intervenciones.




Es señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señorías, por
seguir el orden de intervenciones, coincido con la primera parte de las
ideas, de la intencionalidad última, que deduzco de las palabras de la
Diputada socialista; coincido con ella en que siempre un Gobierno,
independientemente del signo que tenga, tiene que orientar e intentar
encaminar sus actuaciones al mantenimiento y, si es posible, al
desarrollo de una infraestructura industrial tan importante para nuestro
país y para todas sus comarcas. En segundo lugar, también coincido con la
señora Diputada en que el mejor método para alcanzar este mantenimiento
es el diálogo. Sin embargo, una vez oídos estos principios generales,
desgraciadamente --me hubiera gustado que así hubiera sido--, el
desarrollo completo



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de su intervención no se correspondía con la idea. Es decir, las palabras
y los argumentos no continuaban lo que son principios que para ambas
partes serían coincidentes. Mezcla S. S. los intereses generales de
España con lo que es la resolución de un conflicto de intereses, un
conflicto laboral, un conflicto de partes, que es el pan nuestro de cada
día dentro de unas relaciones laborales.

Como usted sabe, un Gobierno, y por supuesto este Gobierno, debe estar
siempre orientado por dos principios: uno, el respeto a la ley y los
procedimientos administrativos que la articulan, ley cuyo autor, además,
en este caso concreto, fue su grupo, marcando plazos y procedimientos, y
nosotros la hemos aplicado, después de agotadoras sesiones de
negociación. No es correcto decir que no se haya negociado hasta casi el
infinito; al infinito es complicado llegar, pero se ha negociado horas y
días, porque, al fin y al cabo, el Gobierno está obligado a hacerlo por
imperativo de la ley, como usted bien sabe, y tuvimos que hacerlo. El
otro principio es, un respeto que anima siempre a este Gobierno y que
cada día es creciente. Además, su propio Gobierno así lo entendió en toda
su orientación; en cuanto a las relaciones laborales, hay que ir
ahondando cada día como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, en
la autonomía de las partes, y es un principio que ustedes han defendido y
que defienden continuamente.

En esa línea, le quisiera hacer primero una salvedad, y es que S. S. es
soberana de traer a este Parlamento cuantas iniciativas procedan, y aquí
estamos para aportar lo poquito que podamos aportar a este debate, pero
sí le digo que muchas veces también es responsabilidad de SS. SS. estimar
--y usted lógicamente así lo habrá hecho-- la conveniencia o no de elevar
a debate político lo que está actualmente negociándose con un mediador y
lo que está dentro de una negociación laboral, dentro de un procedimiento
laboral actual. Si usted entiende que es conveniente, lógicamente el
Gobierno está para responder a esta y a cuantas peticiones sobre este
tema o de cualquier otro haga y vendremos cada vez que usted nos lo
solicite.

Como Secretario General de Empleo y preocupado siempre por el futuro del
empleo en nuestro país, cuando le estaba oyendo hablar a usted con esa
certeza y seguridad del futuro y de la vida interna de la empresa,
pensaba que no sé qué futuro tendrá usted como Diputada y políticamente
en su grupo, supongo que bueno, porque tiene usted verbo fácil, un timbre
bastante claro, vehemencia suficiente en su expresión, y le supongo el
mejor de los futuros políticos, pero de lo que sí tengo la certeza es de
que, si por el azar de la vida no sigue en política, en la economía tiene
usted el mejor futuro, porque ha hablado con una gran seguridad, una
certeza, un clarividencia, una falta de duda sobre cuestiones
urbanísticas, inversiones estratégicas de la empresa en diversos países,
auditorías, transferencias de fondo, criterios contables, análisis de
mercado. Yo desde luego le auguro a usted el mejor de los futuros en el
mundo empresarial.

Como uno es simplemente Secretario de Empleo y, por tanto, está obligado
con las medidas laborales, no llega a la clarividencia empresarial con la
que nos ha ilustrado; tiene primero que atenerse a las leyes y hacer los
procedimientos más limitados, no de la clarividencia, sino de la
negociación día a día. Aplicamos la ley, intentamos negociar,
Desgraciadamente, repito, no conozco ese futuro de la empresa, pero le
puedo decir que estamos orgullosos de la marcha que lleva actualmente la
negociación, siendo complicada y creyendo que en estos momentos,
independientemente de que vengamos aquí cuantas veces deseen, es posible
llegar a un acuerdo, y en este sentido, siempre estaremos.

En cuanto a la opinión del Diputado de Izquierda Unida, coincido con él
en que la mejor solución siempre será un acuerdo entre todas las partes,
y supongo que está en el espíritu de todos los partidos que en última
instancia estamos dotándonos de unos cuerpos normativos, que en materia
laboral cada día el Estado tiene que garantizar, primero, la norma
laboral; en segundo lugar, el respeto a unas normas mínimas, pero cada
día se tiene que incrementar más la autonomía y la capacidad de
negociación de las partes.

Nosotros vamos a intentar hasta el agotamiento que haya acuerdo, pero en
ningún momento entraremos en opiniones que favorezcan a una u otra de las
partes. Espero y deseo que la próxima comparecencia sea para explicar un
acuerdo que, en último caso, es un acuerdo de parte, de parte de los
trabajadores y de parte de la empresa, y espero que ese acuerdo llegue
pronto para satisfacción de trabajadores, de la empresa y, en última
instancia, del empleo y mantenimiento industrial. (La señora
García-Hierro Caraballo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿A efectos de qué pide la palabra, señora
García-Hierro?



La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señor Presidente, a efectos de
precisar dos cuestiones y de contestar a una alusión muy clara y evidente
que se ha producido hacia esta Diputada.




El señor PRESIDENTE: Sólo a efectos de alusiones, porque sabe que, según
el artículo 103 del Reglamento, salvo circunstancias excepcionales, no
hay nuevos turnos. Tiene un minuto por alusiones.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: A efectos de las alusiones, señor
Presidente.

Señor Pimentel, nunca he dudado de la buena voluntad que usted plantea a
la hora de que haya un diálogo. Lo cierto es que, ante el imperativo de
esa ley que obliga a las partes a negociar y de la que nosotros
efectivamente fuimos impulsores, finalmente se agota el plazo de
negociación y hay una resolución que podía haber sido, en lugar de
positiva, de dar la razón a la empresa, negativa. Ustedes optaron por un
camino y nosotros lo consideramos, en base a sus propias declaraciones de
hace unos días, equivocado. Yo no digo nada distinto a lo que usted dijo
en el mes de julio.

¿Por qué trae el Grupo Socialista esta iniciativa aquí? Primero, porque,
como parte de esta sociedad, tiene la preocupación; segundo, porque
afecta fundamentalmente a la Comunidad Autónoma de la cual yo soy
Diputada; tercero,



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y más importante, porque los representantes de los trabajadores nos lo
han solicitado, y no lo han solicitado ante la falta de información, la
opacidad y falta de colaboración de la dirección de Alcatel en las
comisiones de seguimiento, en las reuniones de las que usted está
formando parte, y tiene constancia de que lo más fundamental, que es ese
plan de futuro estratégico, no está encima de la mesa, no se puede
discutir de las condiciones que se planteaban en ese acuerdo.

Por último, quiero despejarle a usted algo que parece que le preocupa,
que es mi futuro. Yo probablemente tengo un verbo fácil, quizá empleo
mucha pasión a la hora de defender causas que considero justas. Me pasa
lo que a usted, que provengo de una tierra y estoy en una tierra donde
las dificultades y la falta de oportunidades han existido desde la
infancia, y eso te da mayores razones para ser vehemente, aunque hay que
corregirse. Pero si la vehemencia y el apasionamiento están cargados de
la razón, del sentido común, que yo creo que eso es lo que usted en
última instancia me ha reconocido, que, independientemente de cuál sea mi
futuro aquí, sea breve o no, tengo un futuro en la economía de mercado
como empresaria, le quiero despejar que mis conocimientos son los de
alguien que comenzó a trabajar a los 14 años y que a los 16 ejercía ya
como sindicalista, defendiendo en este país, primero, que hubiera
democracia y, después, que hubiera libertades sindicales para que pudiera
llegarse entre las partes a sentarse para negociar y buscar soluciones
dialogadas a los conflictos laborales. Ese conocimiento y esa práctica
sindical de muchos años determina que haya tenido que estudiar muchos
expedientes como estos, la misma documentación que ustedes, para llegar a
la conclusión de que realmente son una tomadura de pelo las razones que
plantea la multinacional Alcatel en la rescisión de contratos en nuestro
país.

Ustedes y nosotros juntos tenemos que hacer un esfuerzo en la línea de lo
que se está haciendo, pero hay alguien más que tiene que arrimar el
hombro, que le he citado varias veces y usted inteligentemente no me ha
contestado, que es el Ministro de Industria, porque probablemente si, en
lugar de facilitarles el informe que se hizo favoreciendo los intereses
de la multinacional, se hubiera defendido más el sector de la
telecomunicación, el sector industrial español, estaríamos hoy en unas
condiciones distintas, estaríamos hablando de ese plan industrial, del
desarrollo de ese sector tan importante para nuestra economía, y no lo
estaríamos haciendo de una situación lamentable, donde la empresa es la
que tiene la sartén por el mango, y aquí estamos, al margen del papel que
cada uno juega, intentando defender el empleo.




El señor PRESIDENTE: Concluida la comparecencia del señor Pimentel, le
agradecemos una vez más su presencia.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL (MINONDO SANZ), PARA INFORMAR DEL BALANCE DE ACTUACION
EN EL AÑO 1996, ASI COMO DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 1997. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000460.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la comparecencia de don Javier
Minondo, solicitada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para informar del balance de actuaciones
en el año 1996, así como de los planes de trabajo para el año 1997.

El señor Minondo tiene la palabra.




El señor DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Minondo Sanz): Señoras y señores Diputados, al ser ésta mi primera
comparecencia ante esta Cámara, quiero que mis palabras iniciales sean
para expresar nuestro respeto y consideración a esta representación de la
soberanía nacional y para testimoniarles también la puesta a disposición
por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la mía
propia en cuanto pueda redundar en facilitar la alta función de sus
señorías.

Entrando ya en materia y refiriéndonos a la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social durante el año 1996, debemos empezar diciendo
que durante dicho año ha incidido más acusadamente que en años anteriores
el ejercicio de las competencias que corresponden a las comunidades
autónomas sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y ello
parece responder a un doble tipo de causas: por un lado, a la
transferencia, prácticamente simultánea, de competencias sobre la
ejecución de la legislación laboral a las comunidades autónomas de
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja,
Murcia, islas Baleares y Cantabria, cuyos efectos prácticos, aun cuando
algunas de ellas se dispusieran en el año anterior, se han desarrollado
plenamente en el año 1996; de otro lado también responde al ejercicio de
dichas competencias por parte de las comunidades autónomas, que ha
ofrecido en este año al que me refiero una mayor intensidad en aquellas
comunidades que ya disponían anteriormente de competencias. Junto a lo
anterior, 1996 se ha caracterizado también, por lo que atañe al objeto de
esta comparecencia, por la entrada en vigor de la Ley 31/1995, sobre
prevención de riesgos laborales, que ha provocado el lógico reajuste de
la inspección, al tener que acomodar sus criterios y pautas de actuación
a otras nuevas no coincidentes en todo con las anteriores. Quiere
decirse, por tanto, que el análisis de la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en el año 1996 ha de realizarse teniendo en
cuenta la concurrencia de un nuevo marco, si se considera lo indicado
sobre la citada modificación legislativa y por el hecho de que nada menos
que el 36 por ciento de la población laboral española sujeta a la
inspección haya pasado, y lo haya hecho a la vez, de la competencia
ejecutiva de la Administración del Estado a la de las respectivas
administraciones autonómicas, con lo que ello supone. Además de esto, se
produjo en dicho año, y concretamente



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en el momento en que accedí a las actuales responsabilidades, un patente
grado de desorientación y de desmotivación entre los funcionarios del
cuerpo de controladores laborales por los efectos para ellos de la
entrada en vigor del Código Penal de 1995, al no disponer dicho cuerpo de
la adecuada base legal que determine sus funciones y facultades,
problemática que, como conocen SS. SS., se resolvió mediante el Real
Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, restaurándose así su capacidad
operativa de actuación y de entrada en los centros de trabajo.

Respecto de las unidades de inspección de la tesorería --que era otro de
los problemas existentes en aquel momento--, ha de indicarse que se
acometió un proceso experimental para su puesta en funcionamiento
gradual, debidamente ordenado, que ha deparado, de otro lado,
antecedentes y datos necesarios para su correcta estructuración y para
que estas unidades alcancen la debida y necesaria eficacia. Asimismo, en
el mes de septiembre se adoptaron medidas en cuanto al señalamiento de
objetivos y prioridades de la inspección, que han permitido en el último
cuatrimestre del año 1996 aumentar en un 53 por ciento las actas de
infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo y un 59,3 por
ciento del importe de las liquidaciones practicadas en materia de
Seguridad Social, todo ello en relación a los resultados registrados en
los ocho primeros meses del mismo año 1996, pudiéndose cortar así una
clara tendencia decreciente de resultados iniciada en el año 1994.

Entrando en los datos más significativos de la acción inspectora, cabe
señalar que el número de actuaciones de la inspección en 1996 ha
ascendido a un total de 1.956.000, que corresponden a cerca de 600.000
investigaciones, de las que 474.000 se han realizado mediante visita a
centros, 66.700 mediante comprobación y 57.200 en virtud de expediente
administrativo previo a actuaciones; todas ellas corresponden al conjunto
de los miembros del cuerpo superior de inspectores de Trabajo y Seguridad
Social y al de controladores laborales. El conjunto de dicha actuación
anual se ha traducido en la práctica en 90.137 actas de infracción con
propuesta de sanción por importe de más de 15.000 millones de pesetas,
que han afectado a un total de más de 565.000 trabajadores. En ese
sentido, conviene señalar que la inspección ha comprobado la comisión de
más de 202.000 infracciones a la normativa correspondiente de aplicación,
de las que 117.606 han sido objeto de las actas antes indicadas y las
otras 84.449 han motivado el correspondiente requerimiento de
subsanación. Esto denota que además de la exigencia de responsabilidades,
la inspección pretende también practicar la información y la advertencia
ante las empresas para propiciar la subsanación de irregularidades.

En lo que atañe a la vigilancia de la cotización a los sistemas de
protección social, en dicho año la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ha instado más de 71.700 expedientes liquidatorios, que han
afectado a más de 517.000 trabajadores, alcanzando el importe de los
débitos liquidados la cantidad de 64.691 millones. En el mismo campo, la
inspección ha promovido la afiliación o el alta a la Seguridad Social de
más de 30.000 trabajadores.

En el conjunto de las áreas funcionales a que dedica su actuación la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se han revisado un total de
casi 140.000 contratos de trabajo, se han formulado 90 peticiones para la
actuación de la jurisdicción de lo Penal y se han emitido más de 8.600
informes solicitados por los juzgados de lo Social o por los juzgados de
instrucción. Se han cumplimentado más de 37.000 órdenes de servicio
instadas por representantes sindicales o de los trabajadores y otras
1.022 a petición de las asociaciones empresariales. Se han mantenido más
de 5.600 reuniones con representantes de los agentes sociales. Por
último, en lo que a datos de carácter general se refiere, se han emitido
más de 25.000 informes correspondientes a descargos o impugnaciones
frente a actas previamente practicadas por la inspección y se ha
gestionado también la instrucción de casi 43.000 expedientes
sancionadores. A 31 de diciembre del año pasado, sin salirnos todavía del
ofrecimiento de datos generales, cabe decir que el sistema de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social contaba con 605 inspectores de
Trabajo y Seguridad Social y con 777 controladores, lo que totaliza 1.382
funcionarios dedicados a la actividad inspectora a final de dicho año.

Descendiendo a un desglose sectorial y funcional de los datos relativos a
la actuación de la inspección en dicho año, esto es, por áreas
funcionales de su actividad: la de relaciones laborales, la de prevención
de riesgos laborales, la de empleo y migraciones y la de Seguridad
Social, podemos señalar que, medidas sobre el total del número de
actuaciones registradas, a la primera le correspondería el 6,4 por ciento
del referido total; las efectuadas en el ámbito de la prevención de
riesgos han supuesto el 17,4; el 23,5 corresponde al área de empleo y
migraciones y el 53,4 al área de Seguridad Social, correspondiendo el 2
por ciento restante a lo que pudiéramos denominar capítulo de varios.

La anterior es la clasificación tradicional en los últimos años que ha
utilizado la inspección. Si intentamos asumir los criterios de
clasificación jurídico-constitucional de la reciente sentencia de 28 de
noviembre de 1996, las áreas funcionales a estos efectos podrían
reconducirse a sólo tres: la de relaciones laborales y empleo, la de
prevención de riesgos laborales y la de protección social, acogiendo a
todos los sistemas de protección social de responsabilidad pública. En
tal hipótesis el desglose de la actividad inspectora en cada una de ellas
en el año 1996 ofrecería el resultado siguiente: el 16,3 por ciento
correspondería a relaciones laborales y empleo; el 14,7 por ciento
seguiría correspondiendo al área de prevención de riesgos; el 68,3 por
ciento, al amplio campo de la protección social y el restante 0,7 por
ciento, al de varios. Ello pone de manifiesto la creciente importancia
que va adquiriendo la Seguridad Social y demás mecanismos públicos de
protección social en el conjunto de la actuación de Trabajo y Seguridad
Social, por lo que puede ya afirmarse que, junto con la prevención de
riesgos laborales, la Seguridad Social ha venido a constituirse en el
campo principal en que se desarrolla actualmente la actividad inspectora.

Si descendemos seguidamente a la consideración detallada de la actuación
inspectora en cada una de las cuatro áreas funcionales --las áreas
tradicionales, las cuatro a las



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que me refería anteriormente-- en que se ha venido desarrollando la
actividad inspectora en el año 1996, podríamos decir lo siguiente. Por lo
que atañe al ámbito funcional de las relaciones laborales en el que la
Inspección de Trabajo actúa en dependencia funcional de las comunidades
autónomas, excepto en el caso de Asturias, en el año 1996 se han
realizado 123.888 actuaciones que han entrañado la intervención en 1.777
conflictos colectivos, huelgas y cierres laborales, observándose en este
dato con respecto a años anteriores el descenso lógico de este tipo de
intervenciones, que deriva de la reducción del número de situaciones
conflictivas. Asimismo se han efectuado 398 mediaciones por parte de la
inspección y se han levantado en esta materia 5.124 actas de infracción,
que afectan a más de 110.000 trabajadores, con sanciones de propuesta por
importe de más de 1.500 millones de pesetas, amén de otros 5.500
requerimientos para la subsanación de situaciones irregulares. La mayor
incidencia inspectora en esta área ha residido en la materia de salarios,
con un índice infractor del 5,1 por ciento en relación a las actuaciones
efectuadas, y también obviamente en la materia de contratación laboral,
habiéndose revisado más de 71.000 contratos y el desarrollo de la
relación laboral nacida de los mismos, detectándose irregularidades en
más de 9.600 de ellos, lo que entraña un índice infractor superior al 13
por ciento, el 13,6 por ciento concretamente.

En la segunda mitad de 1996 se han iniciado actuaciones específicas para
la detección de situaciones de discriminación salarial y laboral en
general de la mujer trabajadora que han afectado a 55.769 trabajadoras y
que han puesto de manifiesto en dicho colectivo la concurrencia de quince
supuestos de discriminación directa y otros 41 de discriminación
indirecta, apreciándose con carácter general la insuficiente
mentalización de trabajadoras, trabajadores, representantes y empresas en
orden a esta problemática.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales --y entramos en la
segunda área de actuación funcional--, actuando también la inspección
bajo dependencia autonómica, se han efectuado más de 107.000 visitas de
inspección que han motivado 75.000 requerimientos de subsanación y más de
10.700 actas de infracción con sanciones propuestas por importe de más de
4.100 millones de pesetas, 691 paralizaciones de trabajo y 1.051
propuestas de recargo de prestaciones por accidentes derivados de faltas
de medidas de seguridad. En esta materia conviene resaltar que se ha
intensificado la presión inspectora a partir del último cuatrimestre del
año en vista de la evolución de la siniestralidad laboral, de manera que
entre septiembre y diciembre de 1996 se ha levantado el 44 por ciento de
las actas de infracción, y a ese período también corresponde el 52,6 por
ciento del total del importe de las sanciones propuestas correspondientes
a todo el año 1996.

Conviene también recordar que la materia propia de esta área de
prevención de riesgos, como se ha dicho antes, ha sido profundamente
afectada por la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en
la medida que dicho instrumento legal introduce conceptos y regulaciones
novedosas que requieren un suficiente desarrollo normativo, así como la
necesaria progresión hacia una nueva mentalización general de quienes
resultan afectados o involucrados por la materia preventiva. Tales
circunstancias aconsejaron que, de acuerdo con las comunidades autónomas,
la Dirección General el 11 de abril de 1996 remitiese a las inspecciones
provinciales criterios de actuación poniendo el acento en actuaciones
inspectoras de carácter informativo y de asesoramiento que el 19 de
agosto siguiente hubieron de matizarse para potenciar la función
verificadora y sancionadora al objeto de equilibrar el signo de las
acciones a la vista de las circunstancias de siniestralidad a que antes
me referí.

En materia de empleo y migraciones, que es la tercera de las áreas a que
me referí anteriormente, se han efectuado cerca de 461.000 actuaciones,
que han dado lugar a la revisión de más de 68.000 contratos y se han
practicado más de 15.600 actas de infracción por 3.291 millones de
pesetas en sanciones propuestas. Destacan las actuaciones de lucha contra
el fraude social en la percepción indebida de prestaciones por desempleo,
que suponen más del 12 por ciento del total de las actuaciones de la
inspección en todas las áreas y que han motivado la baja o suspensión en
su disfrute a más de 9.200 personas y la imposición de sanciones por
importe de más de 1.700 millones de pesetas a las empresas infractoras.

Se han detectado asimismo irregularidades en cerca de 3.000 contratos
especiales de trabajo, se comprobó la no aplicación a los fines
establecidos de fomento del empleo indefinido de 1.887 subvenciones
provocando la devolución de las subvenciones recibidas por importe de
cerca de 800 millones de pesetas y, por último, se han detectado en esta
área 1.492 trabajadores extranjeros en situación laboral irregular.

En el área funcional de la Seguridad Social el número de actuaciones ha
sido de 1.045.553, que suponen el 53,4 por ciento del total, de las que
se han derivado los expedientes liquidatorios y los importes a que antes
nos referimos, así como la práctica de 51.670 actas de infracción con
sanciones propuestas por importe de más 4.700 millones de pesetas, al
tiempo que se ha promovido la afiliación a la Seguridad Social de los más
de 30.000 trabajadores a los que también nos referimos al inicio. De las
infracciones detectadas en esta área de Seguridad Social, que son 71.642
en total, más de 40.000 corresponden a irregularidades en la afiliación o
en las altas de trabajadores, gran parte de ellas con incidencia y
consecuencias en la cotización; 18.477, el 28,8 por ciento del total de
Seguridad Social, a descubiertos e infracciones conexas a defectos de
cotización; 3.286, el 4,6 por ciento, a aplicación indebida de bases o
tipos, y 1.189, el 1,6 por ciento, a irregularidades en la colaboración
de empresas o de mutuas en la gestión de la Seguridad Social, lo que
indica el alto grado de afectación de las actuaciones de la Inspección de
Trabajo en materia de lo que podría llamar régimen económico de la
Seguridad Social.

Completaríamos la visión panorámica de la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en 1996 con la reseña de las cerca de 7.000
actas de obstrucción levantadas y con la consideración de la labor de
apoyo técnico y de resolución de expedientes llevada a cabo directamente



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por la Dirección General, que en 1996 ha evacuado 113 consultas técnicas,
ha dictado 455 resoluciones en expedientes derivados de actas de
obstrucción, más otras 133 resoluciones en recursos ordinarios.

Con independencia de lo anterior, quiero reseñar que en 1996 la
Inspección de Trabajo ha suscrito convenios de colaboración en materia de
inspección de trabajo con las comunidades autónomas de Madrid, Aragón,
Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, éste último fue en
enero de 1997, convenios que se añaden a los concertados con
anterioridad, en la línea de incorporar la acción inspectora a la
ejecución de las competencias que corresponden a las comunidades
autónomas bajo cuya dependencia funcional se sitúa y actúa la Inspección
de Trabajo en las materias de dicha competencia.

La reseña, aunque apresurada y pesada, de la actuación de la Inspección
de Trabajo en el año 1996 no puede omitir las referencias a las labores y
estudios acometidos desde mayo de dicho año por parte de esta Dirección
General para la elaboración de un borrador de futura ley ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ya, con carácter de
proyecto de ley, ha tenido entrada en esta Cámara. No parece ser éste el
momento para comentar dicho proyecto. Unicamente quiero apuntar la
necesidad sentida de un instrumento legal que acomode la regulación de
esta inspección más exactamente a los principios del Estado de las
autonomías, la actualice y la modernice adecuándola a los requerimientos
del signo de los tiempos y resuelva suficientemente la indefinición en
que se encuentra el cuerpo de controladores laborales. Entendemos que el
proyecto de ley remitido por el Gobierno cubre cumplidamente los
indicados requisitos y objetivos.

La referencia al citado proyecto de ley nos coloca ante el futuro de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que enlaza directamente con
el segundo aspecto del objeto de esta comparecencia, consistente en las
previsiones y actuaciones de la inspección para el año en que ya nos
encontramos. Consideramos que dicha actuación ha de estar encaminada más
resueltamente aún a la aplicación del principio de legalidad y,
consiguientemente, a la persecución de los supuestos de fraude en sus
distintas modalidades.

Como conocen SS. SS., un bloque destacado de la actividad de la
inspección corresponde a las competencias propias de las comunidades
autónomas y ello significa que en tales materias la inspección está bajo
la dependencia funcional de la respectiva Administración autonómica,
salvo en Asturias, como dije anteriormente, y en Ceuta y Melilla,
correspondiendo a las autoridades de tales administraciones el
señalamiento de los objetivos inspectores, así como su seguimiento y
control, bien que en la medida de los medios y capacidades de que se
dispone en cada momento y lugar. Nos estamos refiriendo a que en las
áreas de relaciones laborales y de prevención de riesgos, de actual e
inequívoca competencia autonómica, dicho carácter de dependencia
funcional autonómica ha de destacarse en todo momento. A su vez no cabe
perder de vista que en 1997 será preciso ir acomodando a las previsiones
de la futura ley ordenadora y a sus principios inspiradores, los modos de
actuar de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y sus pautas de
organización funcional e incluso de mentalidad, aspecto en el que aun
habiéndose avanzado ya de forma patente, requerirá un esfuerzo
suplementario al objeto de que la entrada en vigor de dicha futura ley no
depare ningún tipo de disfuncionalidad significativa. En dicho marco y en
el ya esbozado como derivado de 1996, es en el que deberán encajarse los
planes de acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para
1997, que, en definitiva, han de estar dirigidos a la elevación de los
niveles de capacidad y de eficacia de la inspección, al mismo tiempo que
al cumplimiento de los principios de la futura ley.

Por bloques de materias, nuestro esfuerzo se dirigirá a los fines
siguientes. En las materias de relaciones laborales y de prevención de
riesgos ha de recordarse que el señalamiento de los objetivos de
actuación inspectora corresponde, como se dijo anteriormente, a las
respectivas comunidades autónomas por tener éstas atribuidas las
competencias de ejecución de la legislación laboral. Con todo, el 25 de
febrero de este año, la Dirección General propuso a las comunidades
autónomas un plan específico de actuación en materia de trabajo de
menores, que ha sido aceptado por gran parte de ellas, y en breve
remitiremos otra propuesta, partiendo de la experiencia obtenida en el
año 1996, para actuaciones en materia de discriminación laboral de la
mujer en la línea a que me refería anteriormente sobre la actuación
especial habida en 1996.

En materia de seguridad y salud laboral, las comunidades autónomas han
señalado objetivos a desarrollar en 1997 por las respectivas inspecciones
provinciales de sus demarcaciones, programaciones que, básicamente,
siguen la línea marcada en anteriores directrices centrales, lo que
permite augurar que en el contexto del año en que nos encontramos se
consolidará el proceso de intensificación del control inspector iniciado
en septiembre de 1996, al que ya me referí, y asimismo que dicha
programación autonómica posibilitará además atender la vigilancia y
promoción del cumplimiento del reciente reglamento de los servicios de
prevención, que es pieza importante para el desarrollo y aplicación de la
Ley de prevención de riesgos laborales. En este sentido es de esperar que
el número de visitas en materia de seguridad y salud laboral sea similar
al de 1996 y que crezcan las propuestas de sanción por incumplimiento de
obligaciones ya preexistentes a la entrada en vigor de la citada ley en
relación a las efectuadas en 1996.

En el área funcional de empleo y migraciones, se intensificará la
vigilancia sobre la utilización de ayudas y subvenciones públicas para el
fomento del empleo no temporal --empleo indefinido-- e incluso sobre
ayudas autonómicas en virtud de convenios existentes y a requerimiento y
petición de algunas comunidades autónomas. Se acentuará también la
atención en torno a la percepción indebida de prestaciones por desempleo,
en desarrollo de la colaboración formalizada con el Inem en septiembre de
1996, y se persistirá en la línea actual de vigilancia de los contratos
especiales y del trabajo de extranjeros no comunitarios.

En el área funcional de la Seguridad Social se prevé superar muy
ampliamente los resultados de los últimos años,



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especialmente en lo que atañe a la vigilancia de obligaciones de
cotización. Las medidas aplicadas desde septiembre de 1996 permiten
vaticinar que para 1997 existirá un aumento de más del 25 por ciento del
importe de las liquidaciones con respecto a las practicadas en el año
anterior, y el avance de los primeros meses de este año así lo confirma.

Se pretende incidir no sólo en el control de la morosidad, sino también,
con mayor énfasis que hasta ahora, en la detección de fraudes por
ocultación en la cotización, que ya en 1996 supuso el 47,1 por ciento del
total del importe liquidado, de forma que el aumento global del importe
liquidado venga acompañado también de un equilibrio más ajustado en las
parcelas morosidad y fraude, reforzando las acciones con mayor
repercusión recaudatoria. En la misma línea se trata de promover
comprobaciones integrales en grandes empresas, desarrollando las acciones
piloto ya experimentadas en la segunda mitad de 1996, cuyo resultado se
proyecta también superar ampliamente en el presente año, y se proyecta
persistir en actuaciones de vigilancia en materia de inscripción de
empresas y de afiliación y alta de trabajadores. A tales efectos se ha
formalizado el 12 de marzo pasado una instrucción conjunta con la
tesorería general de la Seguridad Social que, además de establecer las
bases para la actuación de las unidades de inspección en dicha tesorería
general bajo el principio de integración funcional en el sistema de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, profundiza en la necesaria
colaboración entre ambos bloques institucionales y en la utilización por
la inspección de medios, datos y antecedentes de afiliación y cotización
obrantes en la Seguridad Social, lo que permitirá un mayor grado de
eficacia. Se ha suscrito asimismo otra instrucción conjunta con el
Instituto Nacional de la Seguridad Social para una atención más directa y
coordinada en la erradicación de fraudes y en la obtención o disfrute
indebidos de prestaciones gestionadas por dicho instituto.

En otro sentido, cabe aludir que durante 1996 la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social participó en el comité de altos responsables de la
Inspección de Trabajo, institucionalizado en el año 1995 en la Unión
Europea, en actividades del comité consultivo de seguridad e higiene en
el lugar del trabajo y en otras actuaciones referentes a la Organización
Internacional de Trabajo y, obviamente, en este año 1997 se seguirá
participando en estos foros internacionales, así como en misiones
técnicas de apoyo y asesoramiento en siete países iberoamericanos a
requerimiento de las autoridades laborales de dichos países.

En otro orden de consideraciones me quiero referir a la situación de
recursos humanos en el sistema de la inspección. Al finalizar 1992 el
sistema disponía de 510 inspectores de Trabajo y Seguridad Social y 823
controladores laborales, en total, 1.333 funcionarios en inspección
activa. En marzo de 1997 se dispone de 659 inspectores y 795
controladores, incluidos los veinte con las prácticas ya ultimadas, que
totalizan 1.454, a los que cabe añadir los 20 nuevos inspectores que
están realizando ahora las prácticas previas a su incorporación a los
destinos resultantes, con lo que en la segunda mitad de 1997 se espera
disponer de 1.474 funcionarios en labores de inspección activa.

No se computan en las cifras anteriores los inspectores y controladores
en situación de servicio activo pero en destinos ajenos al sistema de
inspección, cuyo número podemos situar en torno a 80. Actualmente se está
desarrollando una nueva oposición correspondiente a la oferta del año
1996 para la selección de veinte futuros inspectores y la oferta de
empleo público para 1997 recientemente aprobada prevé veinte plazas para
inspectores y otras diez para controladores laborales.

Otro grave problema que ha afrontado la Inspección de Trabajo y que es de
cierta seriedad consiste en la insuficiencia de dotación informática que
padece y la obsolescencia de la que dispone. Se ha iniciado un proceso
para que la inspección utilice los medios y programas de que dispone la
Seguridad Social mediante el acceso que proporcionan las unidades
especializadas a las que anteriormente me referí, con lo que se está
ampliando ya la capacidad inspectora prácticamente sin ningún costo, y
similar efecto se está empezando a lograr también --y a costo cero-- con
la conexión a los bancos informáticos del Inem, al que seguirá la
conexión en su momento con la Agencia Tributaria.

Al mismo tiempo, y en la esfera interna del propio sistema de inspección,
trabajamos en la promoción de un plan informático que consiste
sustancialmente en la utilización racional de los medios de que ya
dispone el departamento, la renovación de servidores y equipos
inutilizados, la mejora de cableados en las redes locales, la elaboración
de programas que faciliten el trabajo de inspectores y controladores y el
diseño y desarrollo, como decía anteriormente, de un verdadero plan
integrado que esperamos desarrollar y completar a lo largo de 1997.

Por no dejar de abordar temas importantes, aludiremos también a la labor
de formación y perfeccionamiento profesional de los miembros de la
inspección. Seguiremos en 1997 con los cursos de formación para
funcionarios de nuevo ingreso, con un mínimo de dos meses de duración,
que trataremos de dirigir a aspectos prácticos de la función inspectora.

En cuanto a cursos de perfeccionamiento, de los que en 1996 se celebraron
doce impartidos a 348 inspectores más otros diez para 123 inspectores y
controladores, la restricciones presupuestarias impuestas para 1997 han
provocado su reducción a ocho para este año, que pretendemos paliar --y
hemos empezado a hacerlo ya-- incluyendo inspectores y controladores
laborales en acciones de formación y perfeccionamiento técnico a realizar
por las direcciones provinciales del departamento, organismos de la
Seguridad Social y por el propio Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, con lo cual, a la postre, en 1997, por una u otra
vía, esperamos alcanzar el mismo número de acciones de formación que en
1996.

También en 1997 la inspección continuará sus relaciones con los
representantes de los trabajadores y de los empresarios, como es
habitual, no sólo en el plano de las representaciones institucionales
establecidas, sino fundamentalmente en el plano de las relaciones
directas en el marco territorial, a nivel sectorial y de empresa, al
entender que son de enorme valor las visiones sindicales y empresariales



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sobre las realidades que constituyen el objeto de la actuación
inspectora.

La proyección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la
perspectiva de 1997 nos sitúa en la necesidad de abordar los retos que
ofrecen ya un presente y un futuro distinto a los de un pasado
relativamente próximo, y en la de ir acomodando la inspección a las
previsiones, como se dijo anteriormente, de la futura ley.

En relación a lo anterior, cabe señalar que en 1996 el 68 por ciento de
las actuaciones y el 83 por ciento de los expedientes iniciados por la
actuación inspectora se han referido a la vigilancia de la protección
social, lo que significa que actualmente, como dije al principio, la
Seguridad Social en primer término y la prevención de riesgos laborales,
en segundo, se han constituido en las principales dedicaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ello requerirá un grado de
reajuste de la propia concepción inspectora que exige ya mayor
programación de la acción, la paulatina especialización de sus miembros,
la aplicación del principio de trabajo en equipo para poder hacer frente
a una problemática ya suficientemente compleja, y en la que las
infracciones adoptan formas crecientemente sofisticadas, temas en los que
proyectamos continuar trabajando en 1997.

En definitiva, estimamos que con esta información se complementa el
objeto de esta comparecencia. Pensamos que SS. SS. han quedado informados
sobre la actuación y logros de la inspección en 1996, sobre sus
expectativas para este año y también sobre sus actuales problemas y sobre
la forma en que proyectamos acometer su solución.

Quedando a la entera disposición de SS. SS., quiero terminar
agradeciéndoles la atención con que me han distinguido.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario que ha solicitado la
comparecencia, tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor Director General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por su extensa e interesante
información sobre lo que ha sido la actividad en 1996 y las previsiones,
objetivos o fines trazados por esa administración respecto al año 1997.

Tenga la seguridad de que todos estos datos y la problemática que nos
transmite van a servirnos de norte y orientación a lo que es, desde el
punto de vista de este grupo parlamentario, el reto y el hecho más
importante que se va a producir respecto a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en este año: la consecución de la ley que esperamos
tenga el visto bueno de la Cámara en este año para ser cumplimentada en
todos sus trámites y resolver los problemas que usted ha transmitido y
que todos conocemos. Por ello me gustaría compartir con usted alguna
inquietud, para que su presencia aquí pudiera servir para aclarar
determinados aspectos que nos preocupan.

Usted ha hablado de un escaso número de funcionarios para acometer con
rigor todas las tareas que se evalúan por cientos y miles de actuaciones,
de expedientes, etcétera. Ejecutar esas tareas con los funcionarios que
existen, según nos ha comentado, en esta administración es poco menos que
imposible hacerlo con la seriedad necesaria, no porque la cualificación,
la valía y la dedicación de los funcionarios sea nimia, sino todo lo
contrario, porque precisamente el número ingente de problemáticas en
estos aspectos impide que con tan escasos medios humanos se pueda acudir
a resolverla. Junto a ello, los recursos técnicos o informáticos, como
usted nos señalaba, hacen más precaria esta situación. Sin embargo,
entendemos que la evolución de las cosas ha ido generando, a lo largo de
1996, una especie de escoramiento respecto de determinadas materias que
se han primado, quizá necesariamente, y han ido generando, en función de
cubrir determinados huecos, el ir descubriendo determinadas lagunas de
actuación. No sé si compartirá usted nuestra impresión, pero me estoy
refiriendo a que al intentar acometer las tareas encomendadas por la ley
de prevención de riesgos por parte de la Inspección de Trabajo y también
las tareas de la recaudación, es decir, la acción inspectora de
vigilancia, de control de la recaudación de las cotizaciones de la
Seguridad Social, ello ha podido crear lagunas eventualmente en lo que es
la cobertura de otro aspecto más problemático por lo extenso, por lo
crítico: la realidad de la economía sumergida, informal, en último
término, del campo de lo que son estrictamente las relaciones laborales.

Sabemos que su respuesta se orientará a constatar que la competencia
respecto a este tema, en concreto, no es de la Administración del Estado,
a la que usted representa. Estamos convencidos de que eso es así, pero en
la medida en que por parte de esta Cámara, y en último lugar por parte de
la Administración del Estado y de la Dirección General, existe la
preocupación y la necesidad de cubrir todos los aspectos, aunque no sea
más que desde el punto de vista estadístico y por los conocimientos
extensos que tiene de la materia. Por ello, nos gustaría que contrastase
con nosotros esta cuestión. Ha sido así, es una impresión que tenemos.

Por otro lado, hacía mención a las dificultades que se han añadido por la
desincentivación del colectivo de los controladores laborales en función
de la situación que dejaba la aparición del Código Penal, en concreto, la
indefinición respecto a la posibilidad de entrar en los centros de
trabajo para poder realizar su labor. Sin embargo, nosotros quisiéramos,
sobre todo de cara a acometer lo que es la legislación y, por tanto, la
definición de las funciones de este colectivo tan importante, que nos
facilitara su impresión respecto a si no ha sido solamente la aparición
del Código Penal, sino el mismo hecho de la indefinición de las funciones
y de la inserción orgánica de este colectivo lo que de alguna forma viene
a potenciar una cierta desincentivación y desmotivación, porque
estaríamos en la pista de poder enfocar mejor los contenidos de la futura
ley de inspección de trabajo si se nos facilitase una orientación precisa
en este tema.

Otro aspecto que quisiéramos tratar con usted es que en todo este caudal
de datos que se nos han dado aparece una laguna, por otra parte
necesaria, porque la ley no prevé de una forma clara y definitiva lo que
es la participación de los representantes de los trabajadores en la
cuestión del



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control, del seguimiento y de la colaboración, de la cooperación con la
Inspección de Trabajo en la función inspectora, en la función de
seguimiento. Nosotros quisiéramos saber si existe algún dato respecto a
esto, es decir, en qué porcentaje de actuaciones aparece el interesado o
el representante de los interesados, de los denunciantes, de los
afectados, en último término, por las infracciones, colaborando
efectivamente con la inspección y en qué medida su impresión y su
conocimiento de la función inspectora y de cómo se desarrolla ésta podría
orientarnos hacia la regulación de la colaboración y de la participación
de los representantes de los trabajadores y de los mismos interesados, de
los mismos afectados, en la tarea del control de las posibles
infracciones o situaciones conflictivas.

Espero que, sin duda alguna, aparte de los datos, que examinaremos con
detenimiento, nos sirva también su contestación a nuestras inquietudes
como una orientación importante a la hora de acometer esta futura ley de
inspección de trabajo.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Fernando
Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, quiero agradecer al señor
Minondo su comparecencia y su disposición con el futuro trabajo de esta
Comisión en relación con las tareas y las responsabilidades que tiene
encomendadas.

Quiero decir en principio, y también al señor Presidente de la Comisión,
que quizá en estas comparecencias --ya sé que ésta es la primera vez que
viene el Director General--, que hacen una valoración de lo que ha sido
el trabajo de un ejercicio, concretamente del de 1996 y previsiones de
1997, sería conveniente para los Diputados de la Comisión que se
dispusiera con tiempo de una información más concreta de los balances y
valoraciones de lo que son los ejercicios anuales, para que podamos tener
un debate de más interés. Sin ninguna duda, los datos que hoy nos ha
aportado el señor Minondo, y que creo que también nos facilitará por
escrito, si es posible, y yo así se lo pido, para que tengamos todas
estas referencias, nos permitan hacer una evaluación más exacta, de más
interés, y entre todos nosotros, y también por parte del Ministerio y por
la Dirección General, podremos llegar a mayores conclusiones, a mayores
exigencias o a mayores críticas, que también es una parte de nuestra
función.

En principio, quiero decirle que a mí me ha preocupado la valoración que
ha hecho del año 1996, y quizá haya motivos para que esa preocupación (ha
dado argumentos de ello) haya producido un cierto desconcierto. Ha
utilizado el Director General palabras como desorientación y
desmotivación en determinados colectivos, valoración que yo comparto sin
ninguna duda. Es cierto que ha añadido que han concurrido una serie de
factores que en 1996 son de un cambio sustancial en la realidad sobre la
que se ha tenido que operar. Se ha hablado de transferencia de
competencias en las comunidades autónomas; se ha hablado de aplicación y
entrada en vigor de una nueva ley, la ley de prevención de riesgos
laborales; se ha hablado de lagunas que ha dejado el Código Penal sobre
determinado tipo de actuaciones de funcionarios que ha planteado
problemas, y también se ha hablado de nuevas experiencias en el área de
la Seguridad Social. Pero yo diría que han concurrido todos esos motivos.

También, quiero pensar, es la primera comparecencia que hace el Director
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y el Gobierno
asume sus responsabilidades en unas fechas determinadas, ya que es cierto
que las elecciones son en un momento determinado, pero a mí me ha
preocupado. La impresión que me ha dado es que sólo al final del
ejercicio de 1996 se empieza a reaccionar para intentar introducir nuevas
orientaciones para el año 1997. Esa es la realidad. Ya digo que en ese
contexto, sobre esos datos estamos operando y voy a hacer mi
intervención.

Le quería exponer algunas cuestiones en las que querría incidir
especialmente. En esta Comisión y en esta Cámara, al Ministro del que
depende el Director General, en cantidad de ocasiones, se le ha llenado
la boca al hablar de las actuaciones de lucha contra el fraude, y no sólo
eso. En otras ocasiones, cuando se ha discutido, se han elaborado y se ha
hablado de los Presupuestos Generales del Estado en lo que se refiere a
la sección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se ha hablado de
los enormes esfuerzos y mejoras en la gestión que se iban a conseguir
como consecuencia de esa lucha contra el fraude. Y esa lucha contra el
fraude la ha planteado el Ministro en distintas áreas --también los
secretarios generales de empleo específicamente--, como en Seguridad
Social; se ha hablado de unos resultados yo diría que espectaculares;
incluso en algunos medios de comunicación, en ocasiones, se han dado unas
cifras que, sinceramente, no coinciden. Tendremos que volver a preguntar
al Gobierno y al señor Ministro si los datos que él ha venido dando
tienen que ver o no con los que luego se dan en las áreas concretas en
las que se lucha contra el fraude, porque si aquí el Director General nos
apuntaba sobre 9.200 personas a las que se han quitado prestaciones de
desempleo --supongo de desempleo, subsidio o lo que sea--, a mí no me
cuadran estas cifras con las enormes cantidades que nos ha dado el
Ministro cuando nos habla del éxito tan importante que tiene en la lucha
contra el fraude. En cualquier caso, son matices, problemas y cuestiones
que tendremos que encajar en las distintas intervenciones que se van
produciendo en esta Comisión.

Entrando en materias específicas, le quería hacer algunas preguntas, bien
para esta misma comparecencia o bien para momentos posteriores. ¿Se
podría delimitar qué actuaciones efectuadas por la inspección tienen que
ver con los planes de lucha contra el fraude, tanto en desempleo como en
Seguridad Social, respecto a todas estas actuaciones y a estos programas
que ha aprobado el Gobierno hasta ahora? O sea, ¿qué plus en la lucha
contra el fraude tiene que ver en todo este tipo de actuaciones? Soy
consciente, y no se nos oculta a ninguno de los Diputadas y Diputados que
estamos en esta Comisión, que no sólo es la inspección la que tiene
manera de detectar los elementos de la lucha



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contra el fraude, pero vamos a ir delimitando en cada una de las
actuaciones para que así podamos hacer mejor la labor de control al
Gobierno los Diputados de esta Comisión.

Por otro lado, le quería preguntar sobre algunas cuestiones a las que ha
hecho referencia. Ha manifestado que hay unos planes específicos en
materia de trabajo de menores, es verdad; se ha hablado de discriminación
a la mujer. Además de estas áreas, ¿se están potenciando realmente nuevas
formas de actuaciones ante los nuevos problemas sociales? Porque, sin
duda alguna --y algo que se ha dicho es verdad--, el modelo de relaciones
laborales en un sistema democrático se ha cambiado fundamentalmente. No
es lo mismo la Inspección de Trabajo de la historia anterior a la
democracia que la Inspección de Trabajo o las funciones de inspección de
trabajo en un sistema democrático, y es obvio que hay que encontrar
nuevos canales de actuación para llenar de contenido una función que, sin
ninguna duda, es de enorme interés social, sobre todo si se pone en
relación con los problemas reales, nuevos algunos de ellos, que afronta
la sociedad española. Quiero preguntar al Director General en qué medida
están o no encauzando esas nuevas áreas de actuación para la función
inspectora.

Hay una cosa que también me ha preocupado. Ha dicho, creo --igual me he
equivocado al oírlo--, que en 1997 los niveles de actuación en materia de
prevención de riesgos laborales (supongo que son actuaciones
sancionadoras, etcétera) iban a mantenerse igual; me preocuparía sobre
todo porque, como ha dicho, en 1996 la situación de siniestrabilidad
empeoró en un principio, y forzó a la inspección a tener que ponerse de
acuerdo con las comunidades autónomas para poder intensificar
determinadas actuaciones. Si 1997 se mantiene como 1996 y 1996 ha sido
malo, me preocupa mucho el pensar qué nos pasará este año.

Nada más, señor Director General.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gustavo
Alcalde.




El señor ALCALDE SANCHEZ: Quiero comenzar mi intervención dando la
bienvenida, en nombre de mi grupo, al señor Minondo en esta su primera
comparecencia ante la Comisión de Política Social y Empleo.

Creo, señor Minondo, que todos los grupos coincidimos en desearle los
mayores éxitos en su gestión al frente de la Dirección General, dado el
trascendental papel que juega la inspección en velar por el cumplimiento
del ordenamiento jurídico-laboral y de seguridad social en nuestro país.

Estoy convencido, señor Minondo, que el éxito está al alcance de sus
manos, pues cuenta con la capacidad, la experiencia y la voluntad para
llevar a cabo su misión y, lo que es más importante, con un colectivo de
funcionarios entre los que destacan los cuerpos de inspectores de trabajo
y de controladores laborales que, por su profesionalidad y por su
independencia, son toda una garantía para que la inspección sea esa
herramienta eficaz y eficiente que todos deseamos.

Sin más preámbulos, señor Presidente, quiero entrar en la materia de esta
comparecencia, agradeciéndole al señor Minondo su exhaustiva información
sobre las actividades desarrolladas por la inspección en el año 1996, así
como por la exposición de los planes y previsiones de actuación de dicha
inspección para el ejercicio de 1997.

En primer lugar, me gustaría destacar el empuje que ha sufrido la
actividad inspectora en el último trimestre del año 1996, una vez
solucionados por los actuales gestores los problemas importantes que
padecía el cuerpo de controladores laborales y las unidades de inspección
en tesorería y que no habían sido solucionados con antelación.

Si me lo permiten SS. SS., no voy a entrar en valoraciones de las cifras
expuestas por el señor Minondo, pues centrarse en estos árboles que son
las cifras me pueden hacer perder la perspectiva global de ver el bosque
en su conjunto. El bosque es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y el marco socio-laboral en el que ésta se desenvuelve. Este es un marco
complejo, intrincado y cambiante al que se ha de ir adaptando
continuamente de forma camaleónica la función inspectora. Es complejo e
intrincado puesto que a la inadecuación y a la desactualización del
cuerpo legal vigente, su dispersión y fragmentación normativa, se une,
además, la peculiaridad sobrevenida tras el texto constitucional de unas
competencias en materia socio-laboral que son compartidas entre la
Administración del Estado y las comunidades autónomas, con una doble
dependencia funcional de la inspección según quien ostente cada
competencia. Es cambiante también por la evolución de la sociedad, que
nos ofrece una vertiente positiva como es la plasmación normativa de las
conquistas o de los logros sociales, así como también una vertiente sin
duda negativa al propiciarse la aparición de nuevas prácticas irregulares
y fraudulentas, antes desconocidas o con menor incidencia, pero cada vez
con un mayor grado de sofisticación que obligan a la inspección a un
continuada formación y especialización.

Así, a tenor de la exposición del señor Minondo, vemos que el área
funcional de Seguridad Social supone en la actualidad más del 50 por
ciento de la actividad de la inspección, confirmándose la tendencia de
años anteriores y, según nos ha comentado con todo detalle para 1997, el
protagonismo de dicha área va a superar con amplitud el de ejercicios
pasados, pulverizándose, si me permiten de alguna manera el símil
deportivo, los registros anteriores en esta materia. En ello van a
influir, sin duda de forma determinante, los mecanismos de colaboración
establecidos entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la
Tesorería General de la Seguridad Social, con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, con el Inem y con la Agencia Tributaria.

Al hilo de esto último merece la pena destacar el esfuerzo que se está
realizando desde esa Dirección General, no sólo para dotar
suficientemente a la inspección de esa herramienta fundamental para el
ejercicio de sus funciones que es la informática, sino también para que
ésta sea usada de la forma más racional y eficaz posible mediante la
interconexión y el intercambio de datos con los bancos informáticos de
otros organismos públicos, de manera



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que la contrastada capacidad de nuestros funcionarios se vea ampliamente
potenciada. De esta forma, veremos cómo la adecuada utilización de los
recursos materiales a su alcance, junto a la necesaria formación y
perfeccionamiento de los miembros de la inspección, unido, cómo no, a una
progresiva especialización y al necesario trabajo en equipo, van a
permitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hacer frente, y de
forma eficiente, a su difícil, compleja y, por tanto, meritoria labor, lo
que vendrá a paliar los problemas de plantilla que pudieran existir.

La segunda ocupación en orden de importancia numérica, de primera
magnitud, sin embargo, por su importancia social, es la prevención de
riesgos laborales, que tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995,
adaptando la normativa legal española a la comunitaria, ha introducido,
como decía el señor Minondo, conceptos y regulaciones novedosos que
requerirán un desarrollo normativo adecuado y que habrán supuesto, sin
duda alguna, cambios en la inspección respecto a los criterios sobre
prevención de riesgos laborales, que me gustaría que el señor Minondo nos
ampliara un poquito más.

De la exposición del Director General me gustaría también destacar, en la
materia de relaciones laborales, aunque competencia de las comunidades
autónomas, los planes específicos en materia de trabajo de menores y de
discriminación laboral de la mujer, muy importantes ambos
cualitativamente.

Dentro de las actividades realizadas por la inspección durante 1996 y de
los objetivos para 1997, ha de resaltarse, asimismo, la persecución de
los supuestos de fraude en sus distintas modalidades en aplicación del
principio de legalidad, ya que es importante ir concienciando a nuestra
sociedad que si condenable es el fraude fiscal, tanto o más lo es --lo
debe de ser-- el fraude social.

Para finalizar, señor Presidente, y sin que mis palabras supongan ningún
desdoro para la brillante y meritoria actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, quiero destacar la elaboración por la
Dirección General de la Inspección de Trabajo, y la posterior
presentación por el Gobierno ante esta Cámara, del proyecto de ley
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que en
nombre de mi grupo parlamentario quiero felicitar al Gobierno y al
Ministerio de Trabajo en general, y al señor Minondo en particular, por
haber sido capaces, en menos de un año, de traer a esta Cámara esta
importante iniciativa legislativa, largamente demandada, que viene a
sustituir a la Ley 39/1962, norma preconstitucional, que aunque
constitucionalmente no esté cuestionada, ha quedado obsoleta no sólo por
el paso del tiempo, sino porque esta ley nació en el marco de un modelo
totalitario de ordenación de las relaciones laborales y sociales que se
articulaba en el intervencionismo del Estado como pieza básica del
sistema institucional, cuando hoy, tras la Constitución de 1978, los
valores supremos de nuestro ordenamiento jurídico son aquellos de la
libertad, la igualdad y el pluralismo políticos propios de un Estado
social y democrático de Derecho como el que instituyó la Constitución,
que además configura una nueva organización territorial del Estado muy
distinta de la existente en 1962, que justifica plenamente la
promulgación de una nueva ley.

Como aspectos más destacados del proyecto de ley presentado ante estas
Cortes, cabe señalar sintéticamente la configuración del sistema de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un conjunto institucional
integrado, cuyas funciones se ejercitan de acuerdo con el ámbito
competencial propio del Estado y de las comunidades autónomas.

El proyecto de ley opta por un sistema institucional único y común,
perteneciente conjuntamente a las comunidades y al Estado, descartando la
fragmentación de la inspección. Asimismo, estructura la actividad de la
citada inspección en torno a los principios de unidad de función y de
unidad de acto, y viene a dar fundamento legal, como reconocía el señor
Director General, al cuerpo de controladores laborales, al que integra en
el sistema de inspección, dándole el carácter de cuerpo nacional y
cambiando su denominación por la de subinspectores de empleo y Seguridad
Social.

No voy a extenderme más respecto del citado proyecto de ley, pues vamos a
tener ocasión próximamente, como ya se ha comentado, de debatirlo en
profundidad, pero sí que creía que era necesario citarlo aquí, pues
cuando entre en vigor la futura ley influirá decisivamente en el
ejercicio de la función inspectora.

No me queda, señor Presidente, sino reiterar el agradecimiento de mi
grupo al señor Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social por su comparecencia, así como desearle a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social los mayores éxitos en el cumplimiento de sus
funciones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Minondo para contestar a
las distintas intervenciones.




El señor DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Minondo Sanz): En primer lugar, quiero agradecer a todos los
intervinientes las palabras que han formulado de comprensión a la gestión
del que les habla y de apoyo a la importante función pública que
corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la atención
que, en definitiva, han dispensado a la existencia y al funcionamiento de
dicha inspección.

Voy a tratar de ir contestando, de la mejor manera posible, a las
distintas intervenciones. El representante de Izquierda Unida me pedía
--he entendido yo-- criterios o pareceres personales, y, en la medida de
lo posible, voy a tratar de satisfacerle.

No veo tan claro que haya un escaso número de funcionarios en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aun reconociendo que todavía no
son suficientes. No hay que olvidar que desde el período 1991-1992 al
presente, los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
han crecido extraordinariamente. Incluso, de acuerdo con los datos que
les aportaba en mi intervención, estaremos próximos --en pocos meses-- a
los 1.500 funcionarios de inspección. Cuando en el año 1992 estábamos
en 200 y



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pico menos y en 1990-91, en comparecencias en esta misma Comisión, mi
antecesor, contestando a un compañero de su grupo, habló de 300
inspectores y controladores más, creo que es una cifra que, desde el año
1990-91 a 1997, prácticamente, grosso modo, se ha cumplido. Es cierto que
la inspección de trabajo necesita modernizarse y actualizarse. De alguna
forma, el Diputado señor Gimeno ha aludido a los cambios sociológicos
reales que se han operado concretamente en los quince últimos años, y ya
no digamos si hacemos una comparación con la situación que generó la
vigente Ley de 1982, ordenadora de la inspección --por eso se opta por su
modificación--, que aconseja cambiar, en algún aspecto, incluso, hasta la
mentalidad de la inspección y de los miembros de la misma en la actuación
inspectora. Por supuesto, es necesario dotarles de los medios materiales
y personales de apoyo adecuados y organizarse, en algunas materias y en
algunas funciones, con arreglo a las exigencias de los tiempos, lo que
quizás no hayamos conseguido. En este sentido, quiero dedicar un recuerdo
a los funcionarios de la Inspección de Trabajo, a los inspectores de
Trabajo y Seguridad Social, a los controladores laborales, quienes, en
muchas provincias y en muchas ocasiones, cumplen su misión en condiciones
difíciles y --haciendo honor a la verdad-- con una clara y patente
precariedad de medios de todo tipo. Esto es, a mi juicio, lo que hay que
reforzar inicialmente, en la creencia de que, con parecido número al
actualmente disponible de efectivos humanos y con una reordenación
adecuada de la función inspectora, pueden alcanzarse con mucha mayor
eficacia, incluso con mayor comodidad para el inspeccionado --que también
hay que pensar en ello--, los objetivos de control y de exigencia de
responsabilidades, en definitiva, de lograr la aplicación de la legalidad
vigente en todos los ámbitos de inspección que tenemos encomendados. Otra
cosa será que en algunas parcelas --y estoy contestando ya a algunas
otras preguntas y al hilo de lo que el Diputado señor Gimeno también
planteaba--, precisamente por esas razones, se haya producido --valga la
expresión-- un corrimiento de la atención inspectora hacia materias en
las que el llamado fraude social, en sus distintas modalidades, tiene una
mayor exigencia y tiene, además, una mayor incidencia, teniendo presente
que en otras áreas --como puede ser, fundamentalmente, no tanto la de
economía sumergida, sino la de relaciones laborales estrictamente
considerada-- los trabajadores y los empresarios acuden, cada vez más, a
tipos de soluciones y de convención completamente distintas a las que
hace años eran habituales. Incluso --sí que inciden ahí las competencias
autonómicas--, las propias comunidades autónomas ahí han ido creando, con
diversas denominaciones, consejos laborales para la conciliación, en
definitiva, para la solución de conflictos, tanto individuales como
colectivos, que anteriormente repercutían, directa y totalmente, en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que ahora lo hacen en menor
medida. En materia de relaciones laborales, en su estricto sentido, la
actuación de la Inspección de Trabajo es fundamentalmente rogada, en un
porcentaje muy alto, en función de los requerimientos de actuación que
por parte de trabajadores --normalmente no por parte de empresarios,
aunque hay algún caso-- se reciben. Entonces, actúa en consecuencia,
excepto en los supuestos a los que me refería anteriormente, de mujer
trabajadora y de menores, por entender que ahí la labor de policía
laboral es más necesaria, más exigente y precisamente ahora es la que más
abandonada puede acabar quedando, como consecuencia de estos cambios
sociológicos y culturales que se han ido operando. En este sentido --como
les indiqué anteriormente--, en el año 1996 se han realizado dos
experiencias piloto tipo y pretendemos que en el año 97 se vuelvan a
realizar, bien entendido que son competencias de las comunidades
autónomas y que nosotros hemos cumplido en este momento, prácticamente,
con el papel de incitar a las comunidades autónomas para que establezcan
atenciones de este tipo en su programación inspectora, incluso
facilitándoles posibles programas de actuación, etcétera. Son labores, en
definitiva, que encajan dentro de una dirección general que, aun radicada
y ubicada en la Administración General del Estado, tiene también las
competencias de relación de carácter institucional, muy íntima y
directamente conectada con la materia de inspección de trabajo y
seguridad social, de dependencia funcional de las comunidades autónomas.

En este sentido, cabría decir que no se han primado materias. Lo que
ocurre es que seguimos acudiendo a donde siempre, aunque es verdad que
con un cambio de escenario. No ha cambiado la inspección de trabajo, nos
han cambiado el escenario. Acudimos, fundamentalmente --como he dicho--,
a la Seguridad Social en su doble vertiente: cotización, recaudación,
presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, y también a la vigilancia
del presupuesto de gasto, prestaciones, entendiendo por Seguridad Social
también el seguro de desempleo, es decir, sistemas públicos de protección
social. La materia de economía sumergida está íntimamente unida y
vinculada a ésta, en la medida en que, si se actúa en la persecución, por
ejemplo --y pongo ejemplos cotidianos--, de falta de altas a la Seguridad
Social, del trabajador-defraudador perceptor de un subsidio de desempleo
y que está trabajando haciendo chapuzas, etcétera, estamos actuando,
teóricamente, en materia de empleo, que es seguro de desempleo y es
Seguridad Social, en materia de Seguridad Social-prestaciones, materia de
Seguridad Social-recaudación, y en la persecución de una lacra como es el
fraude social, más o menos organizado. En este sentido, el Polei --del
cual ustedes tienen algún conocimiento porque se ha tratado en esta
Comisión en comparecencias de directores generales anteriores-- cumple
esta función, sigue en vigor y se sigue desarrollando.

En mi opinión --matizando quizá la insinuación que podría encerrarse en
su plantamiento-- es que, al relatar el año 1996, yo tendré que hacer una
relación de hechos y tendré que decir que hubo un momento en que el
conjunto de la inspección, especialmente los controladores laborales,
ciertamente, no se encontraba motivada --quiere esto decir que estaba
desmotivada--, fundamentalmente, por las causas y razones a las que yo me
referí. Efectivamente, en la situación anímica --vamos a llamarlo así--
de motivación profesional de los controladores laborales concurría



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también una circunstancia general, más profunda tal vez, que es
precisamente la que usted ha señalado. En síntesis, es cierto --y la
futura ley trata de resolverlos-- que aun habiéndose creado el cuerpo de
controladores en una ley de 1984, al presente, legalmente no están
integrados en el sistema de inspección de trabajo. Legalmente carecen de
base para actuar. Esto quiere decir que en cuanto aparece una norma como
el Código Penal, que establece cualquier tipo de limitaciones y de
exigencias legales, puede ocurrir --y así ocurrió-- que los controladores
laborales puedan encontrarse al borde de la comisión de delitos, que es
lo que hubo que atajar, como decía anteriormente, con toda urgencia.

Había que optar, de una vez por todas, por integrarlos o no en el
sistema, y el proyecto de ley opta por integrarlos con todas sus
consecuencias. Ya en la propia denominación se hace referencia al
ejercicio de funciones inspectoras, que es lo que a la postre hacen --la
realidad es que hacen funciones inspectoras--, en definitiva, se trata de
integrarlos en el sistema de la inspección de trabajo con la base legal
suficiente, y en ello estamos. Ahora, depende de las Cortes Generales el
arbitrar la sistemática de cómo se vaya a actuar.

En cuanto a la parte relativa a los representantes de los trabajadores,
sindicales y directos --es decir, la doble terminología--, en mi
intervención cité el número --por no cansarles, no lo repetiré-- de
reuniones, aparte de las institucionales y sin computar en la cifra que
les daba los contactos que obligatoriamente, por imperativo de la Ley de
prevención de riesgos laborales, un inspector de trabajo tiene que tener,
en cada visita que realiza a centros de trabajo, con los representantes
de los trabajadores. Como ustedes saben al presentarse en el centro de
trabajo un inspector de trabajo, además de identificarse ante el
empresario y representante legal tiene que hacerlo también ante los
representantes de los trabajadores. En otros muchos casos, es práctica
tradicional en la inspección de trabajo la entrevista del inspector o el
controlador actuante con la representación legal o sindical de los
trabajadores de la empresa. Sin computar eso, me refería a un dato que es
bastante significativo, y sin computar tampoco los contactos
institucionales como consecuencia de los organismos que tienen
establecida la representación en el mismo órgano de empresarios y
trabajadores y a la que concurre también la de la inspección de trabajo,
que también es una fuente de mutua intercomunicación, de intercambio de
opiniones, de criterios, de información y hasta de denuncia en la que
piensa seguir insistiendo.

Yo decía anteriormente que la inspección de trabajo y los que hemos
realizado función inspectora durante mucho tiempo sabemos lo valiosa que
es la información que se obtiene de los representantes de los
trabajadores y, cada ves más, aunque ciertamente en mucha menor medida,
de los representantes de los empresarios. Pensamos insistir en ello
porque creemos que es fundamental a lo largo de este año.

En cuanto a los planteamientos del señor Gimeno tengo que decirle, aunque
él lo ha dicho, que la persecución del fraude social, en el amplio
sentido del término, no corresponde la persecución del fraude oculto, que
no se puede detectar ni comprobar por otro medio. Cuando el fraude es
detectable por la Administración, mediante la gestión directa del
organismo correspondiente, como pueden ser cruces informáticos o de otra
índole, o cualquier otra actuación administrativa, lo que podríamos
llamar la administración de gestión, obviamente no hace falta ni es
preciso comprobar la concurrencia de un fraude, del carácter que sea,
para actuar y tomar las medidas correspondientes. Por otro lado, es
patente que si el fraude, en el amplio sentido del término, se oculta,
hay que ir a buscarlo, y ésta es la función que únicamente puede
desempañar y desempeña la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En
este sentido de alguna manera podría decirse que la inspección de trabajo
actúa, y en los datos que les he dado lo habrán visto, fundamentalmente
ante el fraude que cometen y realizan las empresas, más que ante el que
realizan perceptores de prestaciones, por no llamarles trabajadores. La
actuación va, en su número y en la intensidad, por estos derroteros.

Pretendemos intensificar, y enlazo con otra pregunta del representante
del Grupo Popular, en este año de 1997 muy especialmente la actuación
ante lo que denominamos grandes empresas o ante lo que, en terminología
de Seguridad Social, denominaríamos grandes cuentas.

La experiencia de una operación realizada en el año 1996 ha evidenciado
la existencia de insuficiencias de cotización, que no sé si llamarlo
fraude, porque puede que en algunos casos sea excesivo en término. Hay
fraudes, en el amplio sentido del término que es en el que nos estábamos
moviendo hace un momento, en este tipo de grandes empresas, a veces
inadvertidamente, otras veces como consecuencia de interpretaciones más o
menos interesadas de la norma aplicable, que se están traduciendo en la
constatación, en materia de cotización a la Seguridad Social, de la
aplicación de tipos más bajos de lo que corresponden; por ejemplo, la
cotización a la contingencia de accidentes de trabajo o más masivamente y
con mayor intensidad y en número de supuestos, en la ocultación de
conceptos retributivos que, debiendo formar parte de la base de
cotización no lo hacen. Se están practicando actas de cierta cuantía,
incluso bastante elevadas; materia en la que queremos persistir en este
año.

El año 1996, de los 65.000 millones grosso modo que se liquidaron el año
pasado, del orden de 12.300, y si quieren les mando el dato,
correspondían a estas llamadas grandes empresas; y este año gran parte
del aumento de las liquidaciones del primer trimestre del año 1997, con
respecto al primer trimestre el año 1996, el número de los importes
liquidados por la inspección de trabajo ha subido casi en el 67 por
ciento. Si mantenemos esa ejecutoria a lo largo del año, cosa que, a lo
mejor no es fácil, por supuesto superaríamos el objetivo del 25 por
ciento a que me refería anteriormente. Pues bien, gran parte de ese
incremento experimentado en el primer trimestre del año anterior, viene
referido a actuaciones en grandes empresas, en gran medida porque, a lo
mejor, con anterioridad, no se habían inspeccionado con el carácter
sistemático que se pretende hacer ahora. Las grandes empresas tienen un
volumen fuerte e importante de cotización y las infracciones que puedan
cometer se traducen en un número importante, en cuanto a su



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importe, en materia de liquidaciones. En cuanto al fraude social el
ministro de refería a lo obtenido en el ámbito de la gestión directa y yo
me he referido única y exclusivamente a la actuación estricta de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

No tengo el dato aquí del número de actuaciones en grandes empresas. El
número de actuaciones sobre el total que se refiere al amplio abanico de
lucha contra el fraude es del orden del setenta y tantos por ciento, pero
se lo remitiré por escrito. Traía el anticipo, pero el actuar sobre
Seguridad Social, economía sumergida y materias de empleo, es fraude. En
cuanto a la materia de relaciones laborales, de prevención de riesgos
laborales es menos fraude, aunque también lo hay.

Por lo que se refiere al trabajo de menores y mujeres vamos a seguir
insistiendo. En materia de discriminación de la mujer la gran dificultad
es que no hay mentalidad en la sociedad, y menos todavía en la sociedad
laboral, de la existencia de discriminaciones. No es infrecuente
encontrar convenios colectivos pactados por las representaciones de
empresarios y trabajadores que contienen algún tipo de normas que entraña
discriminación directa y sobre todo indirecta, más o menos encubierta, a
la igualdad de derechos entre los dos sexos. La actuación nuestra en esta
primera fase debiera ir encaminada más que a la práctica de actas de
infracción con propuestas de sanciones, a ir creando un ambiente
suficiente entre empresarios, trabajadores, y también trabajadoras en la
exigencia y en la mentalización de la problemática, para luego poder ir
resolviéndolo. En este sentido la campaña experimental realizada en 1996
no dio malos resultados. Tan es así que la experiencia obtenida la vamos
a aplicar corregida en este año.

Por lo que se refiere al problema de la ley de prevención de riesgos
laborales no es que vayamos a hacer las mismas infracciones que el año
pasado, sino que vamos a hacer más que el año pasado, que es lo que hemos
acordado con las comunidades autónomas, el cambio de signo, buscando el
equilibrio entre la nueva ley y la antigua que sigue en vigor, y
manteniendo el nivel de exigencia de responsabilidades que se implantó a
partir del mes de septiembre de 1996.

Eso nos está llevando a que, incluso con el mismo número de visitas,
haciendo las visitas mejor, y en este caso el número puede estar reñido
con la calidad, en el primer trimestre de este año, con los datos que
existen, el número de infracciones de este trimestre en promedio mensual,
con respecto a los doce meses del año 1996, recogidas en acta que eran de
1.225 en el año 1996, en el primer trimestre son 1.681, es decir,
cuatrocientas y pico más de promedio, o que el número de paralizaciones
de trabajos mensuales que fueron de 57,6 en el año 1996, en los tres
primeros meses de este año, sean de 87,6. Por tanto hay infracciones a la
normativa, y una actuación más exigente y más directa nos lleva a esto.

El problema es que como consecuencia de pretender enseñar, y ésta era una
auténtica actividad casi docente en las empresas, cuál era el signo y la
filosofía de la nueva ley, entre todos estábamos olvidando que
determinadas normas muy concretas, que se refieren a la integridad y la
prevención de la vida y la salud de los trabajadores, se estaban
empezando a incumplir. Esa situación nos ha obligado a lo que les dije
anteriormente: Matizar determinados aspectos y, con la aceptación de las
comunidades autónomas, puesto que estamos hablando en materias de su
competencia, volver otra vez a un nivel de exigencia nunca inferior al
anterior a la entrada en vigor de la ley, lo cual parecía que era lo
razonable, lo justo y lo prudente. En ese sentido, previendo un
incremento del número de visitas, sí va a haber un incremento,
significativo además, del número de actuaciones, ya que, a la postre, el
objetivo que tenemos que buscar es reducir el número de accidentes de
trabajo por el medio que sea.

El otro plano de la Ley de prevención es mucho más complejo y mucho más
exigente que la normativa anterior. Para su aplicación efectiva se
requiere el tiempo necesario para mentalizar a la mayoría de los
empresarios y trabajadores de este país, en definitiva a la sociedad, en
la problemática de la prevención de riesgos. Eso nos va a llevar tiempo y
no se puede alcanzar sólo con la inspección de trabajo. Este es un
instrumento capital en la obtención de la meta. Posiblemente el señor
Gimeno y yo hablaremos algún día de que también aquí nos han cambiado el
escenario, porque todo el movimiento y todo el cambio de escenario que va
a producir el desarrollo de la ley de prevención de riesgos laborales,
con una participación mucho más intensa de los trabajadores y los
representantes de los trabajadores, con la incidencia de agentes externos
como son las medidas de prevención y el largo etcétera que se prevé en la
ley, va a dejar a la inspección de trabajo encajada en un aspecto no como
el de ahora en el que prácticamente es el elemento más importante y más
capital en esta actuación, como decía anteriormente.

Al Grupo Parlamentario Popular le agradezco su intervención y las
palabras de ánimo con que nos ha distinguido. Vamos aunando la
estructura. El país lo exige, las necesidades sociales lo exigen y los
propios inspectores y controladores también lo exigen y lo piden. Parte
de la inquietud, no digo ya desmoralización y desmotivación, que se
advierte en los miembros de los cuerpos del sistema de la inspección
deriva también de cuál es el encaje de su función en el contexto actual,
por lo cual no es ningún secreto referirnos a la incidencia autonómica en
este marco. A este respecto, las alusiones al proyecto de ley son
ciertas. Como indiqué anteriormente, el proyecto trata de resolver, desde
el punto de vista de una visión de unidad institucional de la inspección
de trabajo, el ejercicio correcto y pleno de los cometidos que
corresponden a cada una de las administraciones. Las autonómicas son
administraciones competentes en materia de legislación laboral y --no
olvidemos también-- potencialmente en materia de Seguridad Social, como
se han encargado de recordar las recientes sentencias del Tribunal
Constitucional. La actualización, la modernización y el poder acometer
con los instrumentos legales que se contienen en el proyecto de ley,
fundamentalmente en materia de Seguridad Social, nuevas formas en que se
va exteriorizando el fraude, algunas de ellas muy sofisticadas, no pueden
acometerse con las limitaciones legales que tiene ahora la Inspección de
Trabajo, mientras que otras inspecciones, como puede ser por ejemplo la
tributaria,



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han ido actualizando de forma más acompasada a los tiempos sus
capacidades para actuar en este sentido.

Les agradezco su atención. Poniéndome enteramente a su disposición, no
tengo más que decirles, salvo que quieran alguna ampliación sobre los
datos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Minondo. Agradecemos su
comparecencia. Antes de dar paso al siguiente compareciente queremos
despedirle con los mejores deseos de cumplir con los objetivos que ha
expuesto.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA
SALARIAL (SERRANO ARROYO), PARA HACER BALANCE DE LA ACTUACION DE DICHO
ORGANISMO EN EL AÑO 1996, ASI COMO PREVISIONES PARA SU MEJORA EN EL AÑO
1997. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000459.)



El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto siguiente del orden del
día, que es la comparecencia del Secretario General del Fondo de Garantía
Salarial, para hacer balance de la actuación de dicho organismo en el año
1996, así como previsiones para su mejora en el año 1997. A solicitud del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el Secretario General del Fondo de Garantía Salarial,
don Juan Pedro Serrano Arroyo.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): Agradezco la posibilidad de poder comparecer y someterme al
control parlamentario en esta Comisión de Política Social y Empleo y
poder hablar del Fondo de Garantía Salarial. Voy a definir las funciones
que tenemos legalmente encomendadas conforme a la situación actual, es
decir, sin tener en cuenta ningún posible cambio normativo que se pueda
producir a corto plazo como consecuencia del diálogo social.

El organismo se creó en el año 1977, a través de la Ley de Relaciones
Laborales. Después de diversas modificaciones del Estatuto de los
Trabajadores se ha mantenido con una serie de funciones que son las
siguientes. En primer lugar, garantizar los salarios o las
indemnizaciones en caso de la insolvencia del empresario. En segundo
lugar, es un instrumento de apoyo o protección en estas empresas frente
al aumento de reorganización y de crisis industriales, ya que
garantizando las prestaciones y firmando acuerdos de colaboración se
pretende paliar al menos una excesiva pérdida de puestos de trabajo como
consecuencia de la crisis de estas empresas. En tercer lugar, es un ente
colaborador con los órganos jurisdiccionales en la ejecución laboral y
además tiene encomendada una última función, que no está todavía asignada
por el Gobierno al organismo, establecida en la disposición adicional
cuarta de la Ley de procedimiento laboral, como órgano gestor de los
anticipos reintegrables de la ejecución provisional de las sentencias.

En la actualidad el organismo depende de la Secretaría General de Empleo.

Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y tiene su
personalidad propia como todo organismo autónomo, con la suficiente
capacidad de obrar para contraer derechos y reconocer las obligaciones
que pudiera asumir. Asimismo, tiene un patrimonio independiente del
Estado y dispone de una financiación específica propia que son las cuotas
empresariales del 0,4, destinadas a una única finalidad que es el pago de
las prestaciones de garantía salarial.

Los fines más importantes del Fondo de Garantía Salarial son hacer
efectivos aquellos salarios o aquellas indemnizaciones que el empresario
no ha podido pagar como consecuencia de la crisis de sus empresas, bien
por suspensión de pagos, quiebra, insolvencia o por cualquier otra figura
contemplada legalmente dentro de los límites establecidos en el artículo
33 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, se pagarán las
indemnizaciones no sólo en los casos de suspensión de empleo, sino por el
hecho de ser una empresa de menos de 25 trabajadores correspondiente al
40 por ciento de la indemnización legal que le pudiera corresponder.

También se hará frente a las indemnizaciones como consecuencia de fuerza
mayor, como inundaciones, terremotos, etcétera, siempre y cuando se
exonere al empresario de tener que hacer frente al pago de estas deudas
laborales. En todos los casos, a excepción del 40 por ciento que se paga
a las empresas de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial
se subroga obligatoriamente en los derechos de los trabajadores.

Las prestaciones del Fondo las podemos resumir en dos de una manera muy
genérica: en primer lugar, los salarios, que tienen un límite doble: un
límite temporal, que es de 120 días, y un límite cuantitativo, que es el
del doble del salario mínimo interprofesional, sin las pagas
extraordinarias. Asimismo, las indemnizaciones reconocidas a consecuencia
de insolvencia o de sentencia o resolución administrativa --según los
artículos 50 y 51 del Estatuto de los Trabajadores-- tienen también una
doble limitación: por una parte, cuantitativa, el doble del salario
mínimo interprofesional, también sin la inclusión de las pagas
extraordinarias, y, por otra parte, temporal, de un año. Como ya he dicho
anteriormente, en los casos de las empresas de menos de 25 trabajadores
es el 40 por ciento de la indemnización legal, dentro de los supuestos
contemplados en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. El
Fondo paga, como consecuencia de la insolvencia laboral, que en nuestra
legislación está prevista como suspensión de pagos, quiebra, concurso de
acreedores, etcétera, y también según lo establecido en el artículo 275
de la Ley de Procedimiento Laboral, que es la denominada insolvencia
técnica, que solamente se reconoce la insolvencia de la empresa a efectos
del pago de prestaciones de garantía salarial; en los demás supuestos, a
efectos de acreedores, a efectos de los demás entes que giran alrededor
del mundo de la empresa, no estarían afectados, y se paga siempre y



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cuando se firme un convenio que se denomina de devolución de cantidades
con estas empresas.

Como consecuencia de la actuación del Fondo, en el año 1996 contaba con
un presupuesto de 77.000 millones de pesetas, que después de diversas
modificaciones se situó en cerca de 82.000 millones, habiéndose realizado
un grado de ejecución de ese presupuesto del 98 por ciento en el año
1996. En materia de ingresos, la ejecución del presupuesto ha sido del
110 por ciento. Simplemente a efectos de conocimiento, les diré que la
ejecución del capítulo I fue del 86 por ciento, prácticamente idéntica a
la de 1995, y fue de esta índole porque el organismo no habría podido
cubrir todas las plazas que tenía vacantes, y, aparte de eso, porque el
presupuesto de 1996 fue la prórroga del de 1995 y, por tanto, se contaba
con la misma dotación crediticia.

En cuanto a los gastos corrientes en bienes y servicios para el
funcionamiento del organismo a nivel estatal, así como para lo que se
denomina el levantamiento de las cargas o gravámenes que pesan sobre los
bienes que pueden ser objeto de adjudicación, el organismo se gastó 792
millones de pesetas, es decir, el 41 por ciento del presupuesto, cifra
relativamente baja, pero, teniendo en cuenta las apreciaciones que voy a
exponer cuando llegue al tema de las prestaciones, aquí de lo que se
trata es de hacer los gastos mínimamente imprescindibles para que todo el
dinero existente en el organismo se destine al pago de prestaciones. Las
transferencias corrientes se han ejecutado en su totalidad, al cien por
cien, y las inversiones reales en el 71 por ciento, el doble de 1995.

Como datos más significativos del presupuesto de ingresos, en la
liquidación correspondiente a 1996 hay que señalar que la recaudación de
cuotas, contemplada en el capítulo I del presupuesto de ingresos, que
efectúa en nombre del Fondo la Tesorería General de la Seguridad Social,
se ha ejecutado en su totalidad, es decir, la previsión realizada en su
día se ha ejecutado, por tanto, en el 101 por ciento.

En cuanto a tasas y otros ingresos, donde se recogen las cantidades
obtenidas por recuperaciones, han supuesto un incremento notable sobre el
ejercicio anterior de cerca de 17.000 millones de pesetas en su
totalidad, visto que durante 1996 se produjo la adjudicación de una serie
de bienes como consecuencia del pago de las prestaciones de Galerías
Preciados, como señalaré posteriormente. En 1996 el presupuesto de
prestaciones, base esencial del funcionamiento del organismo, estaba
cifrado en 71.855 millones de pesetas. Después de diversas modificaciones
crediticias, este crédito se situó en 77.288 millones de pesetas, y la
totalidad de las obligaciones fueron reconocidas; es decir, se ejecutó el
presupuesto al cien por cien en materia de prestaciones. De este total de
77.288 millones de pesetas, se han hecho pagos en efectivo por valor de
77.253 millones de pesetas a 133.061 trabajadores. Lógicamente, hay una
diferencia entre las obligaciones reconocidas y el pago realizado, porque
los recibos se ponen al cobro y hay trabajadores que, o bien porque no
pueden, o bien porque han tenido conocimiento con posterioridad, no lo
han retirado en ese momento, pero ese recibo que se ha quedado impagado
se genera en facturaciones posteriores y, por tanto, ese derecho no se
pierde por parte del trabajador al cual se le había aprobado su
expediente. Como dato más significativo, y sin ánimo de querer cansar a
SS. SS., le señalaré que la provincia donde más importes hemos pagado ha
sido Barcelona, donde se ha satisfecho un pago de 16.801 millones de
pesetas, afectando a 30.147 trabajadores; en Madrid, 8.665 millones, con
14.673 trabajadores; en Vizcaya, 4.541 millones, afectando a 6.903
trabajadores; en Valencia, 4.336 millones, afectando a 8.538
trabajadores; en Guipúzcoa, 3.935 millones, afectando a 6.294
trabajadores, y en Alicante, 2.618 millones de pesetas pagados, con 5.210
trabajadores afectados o que han cobrado sus prestaciones. Conviene
precisar que en varias provincias, aunque aglutinadas de un modo
centralizado, se pagaron los expedientes correspondientes a la empresa
hoy desaparecida Galerías Preciados, con un importe total de 10.159
millones de pesetas, y los trabajadores beneficiarios fueron 6.833. En
cuanto al volumen de este mismo gasto distribuido por comunidades
autónomas, la primera sería Cataluña, con 18.909 millones de pesetas; a
continuación País Vasco, con 8.940 millones de pesetas; la Comunidad de
Madrid, con 8.665 millones de pesetas; la Comunidad Valenciana, con 7.371
millones de pesetas, y Andalucía, con 6.122 millones de pesetas. Durante
1996 se ha constatado, se ha verificado una rebaja sustancial en las
solicitudes de prestaciones que se han elevado a la secretaría general
del organismo. Simplemente para conocimiento de SS. SS., les diré que en
el año 1995 las solicitudes de prestaciones fueron de 94.703 millones de
pesetas, y en el año 1996 se han situado en 72.363 millones de pesetas.

Aunque supone una disminución del 23,59 por ciento sobre las peticiones
del año anterior, sí parece oportuno señalar que supera con creces las
cuotas recaudadas, ya que, si nos han entrado peticiones por valor de
72.000 millones de pesetas, las cuotas recaudadas son de 66.000 millones
de pesetas. Se produce un desfase que ha venido sucediendo en ejercicios
anteriores y que es lo que ha dado lugar a que no se puedan atender todas
las solicitudes de prestaciones que se plantean ante la secretaría
general. Quiere decirse que, después de haber liquidado el presupuesto en
su totalidad, el presupuesto inicial más todas las modificaciones, y a
pesar de haber empleado toda la recaudación de cuotas, los 66.000
millones de pesetas, se han tenido que añadir en torno a 12.000 millones
de pesetas más para poder hacer frente a los 78.000 millones de pesetas
aproximadamente que se han pagado de prestaciones. A pesar de esto, como
digo, han quedado pendientes de pago 38.000 millones de pesetas. Esto es
debido principalmente a tres factores: en primer lugar, a que el tipo de
cotización al Fondo de Garantía Salarial ha permanecido inamovible desde
el año 1990 en el 0,4 por ciento; en segundo lugar, porque desde 1990 no
se ha recortado ni se ha reducido el nivel de cobertura de las
prestaciones y, en tercer lugar, como consecuencia de la crisis
económica, ha habido una solicitud de prestaciones en una cuantía tan
elevada que superaba con creces no solamente los presupuestos aprobados
por las Cortes Generales, sino también las cuotas recaudadas. Parece
oportuno señalar que la crisis económica va en relación muy directa con
el Fondo de Garantía Salarial, pero es



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como si fuera el furgón de cola; es decir, cuando empieza la crisis el
Fondo no tiene manifestación de la misma, sino cuando está bien
transcurrida. Por tanto, todavía se están pagando unas cifras muy
importantes, muy significativas, y como hay unos procedimientos
judiciales de por medio, hace que esta crisis económica afecte al
organismo un año, dos años, incluso tres años, después de que tiene su
origen la crisis de esa empresa.

También para conocimiento de SS. SS. quiero señalar que el presupuesto de
prestaciones para 1995 fue de 73.000 millones, que se hizo el mismo gasto
que en 1996, de 77.000 millones, que la entrada de solicitudes fue por
importe de 94.700 millones de pesetas y las cuotas recaudadas en ese
ejercicio 63.000 millones. En el año 1996 estos datos referidos al
presupuesto fueron 73.000 millones, 77.000 de obligaciones reconocidas,
las entradas de solicitudes, como ya he manifestado anteriormente, 72.000
millones, y las cuotas recaudadas, 66.000 millones. Se observa el desfase
entre las solicitudes y las cuotas recaudadas, a pesar del esfuerzo que
se ha hecho para poder pagar por encima del presupuesto inicial. Como
consecuencia del pago de las prestaciones, por imperativo legal el
organismo se subroga en los derechos de los trabajadores frente a la
empresa deudora, y entonces se obtiene una serie de cantidades a cuenta
de lo pagado. En concreto, durante 1996 el dinero efectivo, las
disponibilidades financieras, se situó en 5.188 millones de pesetas, y la
adjudicación de bienes en 10.289 millones de pesetas. Quiere decirse que
el total recuperado durante 1996 ascendió a una cifra total de 15.477
millones de pesetas.

Junto con este apartado de recuperaciones, hay una faceta muy importante
que desarrolla el organismo que es, en el diálogo con las empresas y con
los trabajadores, la posibilidad de que las empresas se acojan a los
acuerdos de devolución de cantidades, para que, de una manera aplazada,
durante ocho años, el organismo anticipe el pago de las prestaciones y la
empresa lo vaya devolviendo en este período de tiempo al interés legal
del dinero, como dice la normativa que regula al organismo.

Durante 1996 se firmaron 71 convenios en toda España y la cantidad
convenida ascendió a 6.346 millones de pesetas, habiéndose ingresado por
las cuotas temporales correspondientes al ejercicio 1996, aunque
lógicamente el convenio se hubiera firmado en otros ejercicios, 2.198
millones de pesetas. Durante 1997, en el período que llevamos hasta el 31
de marzo, se han firmado 14 convenios por una cantidad convenida de 1.531
millones de pesetas y unas cuotas temporales, ingresadas ya en efectivo,
de 232 millones de pesetas.

Junto con la firma de los convenios, el organismo puede ser, para
cancelar las deudas contraídas con él, receptor de bienes, bien sean
muebles o bien sean inmuebles, que permitan recuperar una parte de las
prestaciones abonadas. Durante 1996 se alcanzó la cifra de 10.155
millones de pesetas, en la cual se destacan diversos inmuebles en
distintos sitios del país (maquinaria, nombre comercial, la marca, los
rótulos, los grafos de Galerías Preciados), así como también el almacén
general de la extinta Galerías Preciados que está sito en la provincia de
Madrid.

Para 1997 el presupuesto de prestaciones se ha incrementado en 2.248
millones de pesetas, situándose en 75.638 millones de pesetas frente a
los 73.390 millones de pesetas del ejercicio 1996. En el caso de que
fuera necesario, de ser insuficiente y dentro de las competencias legales
que tiene el Gobierno en materia de legislación presupuestaria, este
crédito inicial de 75.000 millones de pesetas se podría situar en torno a
los 80.000 millones de pesetas a través de transferencias o suplementos
de crédito, competencia del Gobierno, sin perjuicio, lógicamente, de
proponer, en el caso de que así se lo aceptara el Gobierno, un proyecto
de ley para aprobar más modificaciones de crédito, si fuera necesario,
para el pago de las prestaciones durante 1997.

Este presupuesto aprobado para 1997 ha permitido que hasta el 31 de marzo
se hayan pagado 24.823 millones de pesetas, es decir, un 4,36 por ciento
más que en el ejercicio de 1996 en el mismo período, ya que en ese
período de 1996 --de enero a marzo-- se atendieron 23.786 millones de
pesetas. Los trabajadores que van a cobrar, porque están incluidos en la
nómina de marzo que se está haciendo efectiva en el mes de abril, serán
47.099 y los expedientes que ya han sido aprobados en estos tres meses
han ascendido a 15.608.

Las prestaciones pendientes de pago, que a 31 de diciembre de 1996 habían
ascendido a 38.000 millones de pesetas, a 31 de marzo se han situado en
31.843 millones de pesetas; es decir, en este primer trimestre de 1997
han descendido las prestaciones pendientes de pago en un valor de 6.543
millones de pesetas.

La pretensión de la Secretaría General de Empleo y de esta secretaría
general del organismo es la de agotar al cien por cien el presupuesto de
1997 en su totalidad, siendo superior al aprobado para el ejercicio de
1996, disponiendo para ello de las cuotas recaudadas por la Tesorería
General de la Seguridad Social, que se situarán en torno a los 69.000
millones de pesetas, y el resto con el saldo deudor que tiene el
organismo con la Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto,
durante 1997 se podrá atender un mayor volumen de prestaciones que en el
ejercicio anterior.

Los períodos de pago, asimismo, se han visto reducidos. Al finalizar el
ejercicio de 1996 se situaban en 12 meses más los 20 días de pagos. En la
última nómina de prestaciones, en la del mes de marzo que va a ser objeto
de pago durante el mes de abril, el plazo de tramitación se ha reducido a
10 meses más los 20 días de pago.

Quiero manifestar a SS. SS. que desde luego ni la Secretaría General de
Empleo ni la secretaría general del organismo pueden estar conformes con
estos datos, pero es aquello que se puede realizar desde el organismo. No
hay más posibilidad de dinero, no hay más posibilidad de crédito y, al
igual que en ejercicios anteriores, al no haber tocado las cuotas, al no
haber tocado tampoco las prestaciones, al haberlas mantenido en su nivel,
ha dado lugar a un embolsamiento consiguiendo únicamente reducirlo en
1997 de una manera más intensiva. Pero el organismo no tiene ya más
medios para poder hacer frente al pago de las prestaciones nada más que
de la forma en que lo estamos



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haciendo, en función de las cuotas recaudadas y de un mayor esfuerzo
financiero por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las cantidades que se han recuperado durante 1997 se sitúan, en la fecha
de 31 de marzo, en 1.331 millones de pesetas, de los que 1.102 millones
de pesetas son en dinero en efectivo --es decir, en disponibilidades
financieras-- y, en bienes adjudicados, 229 millones de pesetas.

En cuanto a otras actuaciones que se van a poder desarrollar durante
1997, la primera fundamental es la de intentar seguir el ritmo de pago,
que es superior al del ejercicio de 1996, porque el mayor objetivo, el
objetivo principal y prácticamente único que tiene el organismo es el de
reducir al máximo los plazos de tramitación y pagar el mayor número de
prestaciones, visto que viene de una acumulación de ejercicios
anteriores, e intentar mejorar en lo posible la calidad del servicio
público que se presta. Además, van a ir surgiendo nuevos cambios
alrededor de la actuación del organismo, cambios normativos como
consecuencia de los acuerdos sociales, cambios también en el mercado de
trabajo, cambios en toda la actividad de tutela del Estado, de la propia
Administración de justicia --saben SS. SS. que se han puesto en vigor a
partir de 1997 los tribunales de arbitraje establecidos entre las partes
sociales-- y también, a efectos de la Administración pública, la
aplicación de la Lofage, que puede incidir bien directa o indirectamente
en la actuación del Fondo. Lógicamente, esto obligará a un
replanteamiento de todo el proceso organizativo y de funcionamiento del
organismo para acomodarse a la nueva normativa.

La institución de garantía salarial viene recogida ya en tratados
internacionales, en concreto, en la Directiva 80/987 de la Unión Europea
y en el convenio 173 de la OIT. Este reconocimiento internacional de una
institución de garantía salarial exige una serie de requisitos en los
cuales no se impone un único modelo a los distintos Estados, y el Fondo
de Garantía Salarial en nuestro país cumple estos requisitos, o sea, que
tiene primero un patrimonio propio que es inembargable, en segundo lugar,
está financiado obligatoriamente por parte de los empresarios y, en
tercer lugar, paga las prestaciones con independencia del cumplimiento de
la obligación de contribuir a su financiación.

En materia de prestaciones, además, vamos a intentar mejorar los sistemas
informáticos del organismo para que los plazos de tramitación, sobre todo
en cada provincia, se intenten aminorar, o sean el mínimo imprescindible.

Además, se revisarán los criterios jurídicos, adecuándolos a la situación
jurisprudencial de cada momento y sin perjuicio del control que debe
existir en la tramitación y en la resolución de los expedientes para que,
efectivamente, aquellos trabajadores que tengan derecho a su cobro lo
puedan percibir adecuadamente y que los representantes de las empresas
tengan en el organismo un foro de atención donde puedan plantear los
problemas que tienen en la situación de crisis en la cual se encuentran.

De esta situación de los expedientes que se tramitan, de los expedientes
que se aprueban, de las causas, de los motivos por los cuales se
reconocen prestaciones es un compromiso del Fondo de Garantía Salarial
dar puntual respuesta e información a todos los interlocutores afectados
en el tema. Esto es así a través principalmente de las comisiones de
seguimiento provincial y a través del consejo rector, donde están
representadas las organizaciones sindicales y las organizaciones
empresariales. Este compromiso, además, se intentará compaginar con el de
una mayor celeridad, una mayor eficacia y lógicamente una mayor
transparencia en la gestión de las prestaciones que tiene que garantizar.

En materia de actuaciones jurídicas y de recuperaciones el Fondo de
Garantía Salarial va a intensificar --y de hecho ya lo está haciendo
durante 1997-- otras actuaciones jurídicas, profundizando en su análisis,
especialmente en todos los procedimientos concursales, suspensiones de
pago, quiebras, etcétera, y en las ejecuciones judiciales.

El organismo está presente absolutamente en todo el Estado español; por
tanto, participa en todos los juzgados a distinto nivel (en el Juzgado de
lo Social, en los tribunales superiores de justicia, etcétera) y por
ello, interviene prácticamente en todos los procedimientos concursales.

Está en condiciones de poder recoger y transmitir las experiencias de lo
que sucede en una parte del país a otro sitio, y yo creo que esto es
importante.

Este año estamos en diálogo, en colaboración, para establecer acuerdos o
protocolos de actuación conjunta con los juzgados de lo social,
especialmente en Madrid, en materia de seguimiento de las ejecuciones
laborales de sus juzgados. En caso de ser positiva esta actuación
conjunta y este resultado, esto se podría extender paulatinamente al
resto de las provincias de España, entendiendo que puede mejorar la
prestación de servicio público que el organismo tiene encomendado. Este
acuerdo se centra especialmente en una serie de actuaciones previstas en
el artículo 251 de la Ley de Procedimiento Laboral; en concreto, la
resolución de los problemas relativos a la peritación de los bienes, la
custodia de los mismos y la administración e intervención de los bienes
embargados, así como el depósito de estos bienes embargados para su
visita, conocimiento y posterior venta.

Además, y como no podía ser de otra manera, el organismo tiene que estar
dispuesto, tiene que estar en condiciones de poder ejercer, por ser
parte, en los distintos procedimientos arbitrales, tanto en su vertiente
formal como en su vertiente material. Lógicamente, hay que estar atentos
al desarrollo de estas instituciones, ya que, en caso de que fueran
desplazando las actuaciones o fueran especializándose en actuaciones que
ahora mismo están encomendadas a los juzgados de lo social, las
prestaciones del Fondo de Garantía Salarial tendrían que tener, por
decirlo de alguna manera, una derivación de esos juzgados de lo social a
estos tribunales arbitrales.

En definitiva, podemos decir que el Fondo de Garantía Salarial actúa de
una manera homogénea en todo el Estado español; que su ánimo es el de
clarificar todos los criterios jurídicos y las actuaciones
jurisdiccionales y homogeneizarlas; que, además, actúa en relación con la
formación y el perfeccionamiento del personal, poniendo a su disposición
todos los instrumentos al alcance del Fondo que permitan dar una
respuesta a los problemas que se planteen.




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Aparte de esto, el Fondo está en condiciones de intercambiar experiencias
y conocimientos con otros sectores profesionales, especialmente los
afectados por las actuaciones del Fondo. Existe un plan de mejora de la
calidad del servicio público; se va a mantener la transparencia en la
gestión y se va a solicitar una actuación conjunta a todos los
interesados. Asimismo, continuamos en el camino de flexibilizar las
posturas del organismo en cada problema concreto, ya que cada caso es
distinto y, por tanto, lo que siempre planteamos es el estudio, el
análisis detenido de cada uno de los problemas para poder darle una
solución concreta, específica. Igualmente, el Fondo es un órgano
colaborador en el mantenimiento de la empresa y, a ser posible, trata de
minorar la posible pérdida de puestos de trabajo, y también está en su
ánimo llegar a acuerdos o propuestas de colaboración con profesionales
--abogados, graduados sociales-- e interlocutores --empresas,
sindicatos-- que tengan relación con el Fondo de Garantía Salarial por
motivos de trabajo.

En definitiva, el Fondo adopta un doble papel: por una parte, asume el
papel del empresario, garantizando salarios o indemnizaciones que un
empresario en crisis, por su insolvencia empresarial, no puede atender y,
por otra parte, una vez que paga, sustituye al trabajador en los derechos
que tiene frente a la empresa deudora. Esto hace que el organismo busque
la colaboración, nunca el enfrentamiento y nunca la separación o un mayor
ahondamiento en esa crisis, sino, como digo, intenta buscar la posible
solución, dentro del marco legal al que está sometido el Fondo de
Garantía Salarial, que es un fondo nacional, por lo que tiene presencia
estatal, y, además, está bajo el principio de caja única de la Seguridad
Social, que es la encargada de la recaudación de cuotas.

Para concluir, quiero señalar que, una vez esté cerrado el diálogo
social, se podrán concretar más las soluciones de futuro que afecten al
Fondo de Garantía Salarial. Ahora bien, para este Fondo será un reto el
estar al resultado de este diálogo social y de las posibles
modificaciones normativas que se pudieran producir para dar una respuesta
inmediata, dentro, como digo, de ese ánimo colaborador, para poder
aliviar en parte la situación de los trabajadores que se quedan en esas
empresas que están en crisis o bien de las propias empresas, para que, a
ser posible, puedan mantener el mayor número de empleos.

Esto es todo lo que tenía que decir.




El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo que ha solicitado la
comparecencia, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
don Pedro Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a ser muy breve, porque los temores que
tenía Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cuando solicitó su
comparecencia se ven confirmados con los datos que usted acaba de dar.

Efectivamente, contra el presupuesto del Fogasa en 1997, los sindicatos
Comisiones Obreras, UGT, ELA-STV, mostraron su desacuerdo, su
disconformidad, posiblemente en función de los temores que hoy se ven
confirmados en sus propios datos. Ellos decían que iban a faltar 41.000
millones de pesetas para poder pagar todos los gastos que tenía que
cubrir el Fogasa, fundamentalmente de prestaciones, y usted dice que hoy
quedan 38.000 millones de pesetas pendientes de pago. Los sindicatos no
estaban tan desacertados cuando se mostraron en contra de esos
presupuestos del organismo ya que, efectivamente, el dato que hoy se nos
ofrece de una mejora de la gestión --sin duda insatisfactoria incluso
para usted mismo, según sus propias palabras--, de que se ha reducido la
tramitación de los expedientes de 12 a 10 meses, más los 20 días de pago,
sin duda está muy relacionado con esta cuestión. No es solamente que los
procedimientos de tipo judicial vayan atrasando el momento efectivo del
pago, sino que, en la medida en que el organismo no tiene fondos
suficientes, se va cubriendo mal que bien --más bien mal-- el pago de
esos expedientes, pero se van dejando atrasados otros. Ese es para
nosotros el diagnóstico final de esta cuestión que se viene repitiendo
año tras año y que este año también se confirma que será así. Las
perspectivas para el futuro no son halagüeñas, sino todo lo contrario: en
el año 1997--lo veremos dentro de un año, cuando hagamos el balance de
esta cuestión-- volverá a pasar lo mismo, dado que los datos del
presupuesto, los 75.000 millones presupuestados, que podrían llegar a ser
unos 80.000 millones, al final, muy probablemente reflejarán la misma
realidad. Posiblemente, los 38.000 millones se reducirán a 33.000
millones, en la medida en que 75.000 más 38.000 son 113.000, y si a
113.000 se quitan los 80.000 que podrá haber al final, quedan 33.000
millones, que son los que quedarán pendientes de pago al final de 1997.

En cualquier caso, las cifras son prácticamente simétricas a las que se
nos ofrecen como balance de este ejercicio.

Para nosotros no basta que se hable de la realidad social del mercado
laboral, los cambios normativos, la urdimbre cultural del
intervencionismo del Estado e incluso de la Administración de justicia,
de los cambios, fruto del diálogo social, que sin duda van a ser
positivos, en función de la resolución extrajudicial de los conflictos y
de que se va a ir generando una situación distinta. La situación, muy
posiblemente, en función de las crisis empresariales del modelo
productivo, va a seguir teniendo los mismos parámetros y, por tanto, va a
ofrecer prácticamente la misma evolución que ha ofrecido en el pasado, y
tampoco nos basta con la buena voluntad, manifestada por usted, cuando
nos dice que se va a intentar mejorar la informática, los criterios
jurídicos, y que se va a procurar una mayor celeridad, eficacia,
etcétera. En definitiva, el problema es la falta de presupuesto, de falta
de previsión, de restricción presupuestaria en función de otros
parámetros, del modelo económico que está siguiendo el Gobierno y que
afecta de forma directa, concreta, a este organismo y, por tanto,
nosotros creemos que este organismo va a seguir teniendo los problemas
que tiene, lo que va a redundar en perjuicio de los trabajadores
afectados para los que este organismo nació y cuyo servicio pretende.

En todo caso, ante este juicio de valor que hacemos respecto de lo que
usted nos ha manifestado, ¿existe algún otro tipo de previsión por parte
de la Administración que usted representa o es seguro que va a ser así en
este año?



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Es decir, ¿puede existir la posibilidad de incrementos presupuestarios
extraordinarios en la medida en que se agilicen los trámites y se vayan
reduciendo de forma drástica los mismos, no ya a diez meses, sino a lo
que sería un término mucho más razonable de resolución de un expediente?
Si al final esas intenciones de eficacia tienen sus frutos, ¿habrá dinero
para poder hacerlo o tendremos que habilitar un crédito extraordinario
que no va a ser posible y, por tanto, no se va a poder optimizar la
gestión en función de esa falta de presupuesto? Esta no es una duda
hamletiana; las cifras cantan, la experiencia está ahí y la práctica
político-administrativa de su organismo nos demuestra claramente que
nuestras dudas y las de los sindicatos --y nuestro rechazo, por tanto, a
ese presupuesto-- están justificadas, por lo que aquí lo exponemos y
solicitamos de ustedes, en cualquier caso, una respuesta satisfactoria a
este juicio de valor que nosotros hacemos respecto a su información.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.




La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor Secretario General del Fogasa, quiero
agradecerle su comparecencia y todos los datos que nos ha dado. Sin
embargo, cuando hablamos de cifras como éstas y tenemos que compararlas
sería más que deseable que con anterioridad pudiéramos tenerlas a efectos
de ir valorándolas.

Le he escuchado con mucha atención y nos ha dado unas cifras que
preocupan cuando se está acostumbrado a conocer lo que es un expediente y
el tiempo que tarda cuando llega al Fogasa. Usted ha hablado de doce
meses, que se han reducido a diez, y la realidad está muy lejana de estas
cifras. Me explico. Usted conoce la tramitación de un expediente antes de
llegar al Fogasa, todo el proceso laboral, las demandas judiciales, que
hacen que en ocasiones estemos hablando de tres o incluso de cuatro años
con anterioridad a que se llegue a tener toda la documentación necesaria
para solicitar el expediente en el Fogasa. En la fase subsiguiente hay
casos que superan ampliamente un año y medio y dos años a la hora del
cobro en el Fogasa, y podríamos hablar hasta de expedientes concretos.

¿Por qué? Estoy segura de que si hoy hubiera habido aquí trabajadores
escuchándole, trabajadores que han padecido o están pendientes del cobro
del Fogasa realmente pensarían que estamos hablando de otro organismo,
que nada tenía que ver con lo que ellos han vivido con su expediente.

Primero, usted dice que hay 38.000 millones pendientes de pagar del año
pasado. Usted da la cifra y yo ni mucho menos quiero ponerla en cuestión,
pero cualquier sindicato, UGT o Comisiones Obreras, o cualquier abogado
que le lleve a un trabajador un trámite del Fogasa lo primero que le dice
es que el expediente que entra después de julio ya lo cobra con retraso,
porque como el presupuesto es totalmente insuficiente y se sabe desde
primero de año, se cubren los cobros de los seis o siete primeros meses y
ya sabemos que los demás quedan pendientes, con un grave problema, el de
que como eso no se regulariza, ahí están esos 38.000 millones que de
dónde los vamos a sacar, porque en 1997 vamos a estar otra vez en la
misma circunstancia, y con un agravante que usted citaba, que en el
Fogasa, simplemente en función de las crisis, de los expedientes de
crisis que ha habido y de que vamos con tanto retraso, en 1997 empezarán
a ingresar los del año 1990, y todos podemos recordar lo que en cuanto a
crisis han significado los años 1993 y 1994 en nuestro país, con
expedientes y cierres de empresas. Por tanto, le pediría que, aparte de
la buena voluntad en mejorar la cuestión, realmente se hiciera un
esfuerzo para resolverlo. La mejor fórmula es tomar en consideración las
propuestas que los agentes sociales hacen, porque son los que viven
directamente la problemática que se da.

También quiero hablar de los llamados convenios de recuperación. Usted
nos daba aquí una cifra de los setenta y pico para 1996 y consideramos
que ésa es una cifra infinitamente baja, que realmente podría haber
muchos más convenios de recuperación, pero creo que se están dejando de
lado y no se está apostando por este tipo de convenios, que podrían ser
mucho más ágiles y con los que el fondo podría recuperarse, si no en su
totalidad, sí en una buena parte, lo que sería realmente una ayuda para
que las empresas superaran un problema importante y continuaran
manteniendo un nivel de empleo, si no total, por lo menos en parte. Creo
que habría que potenciar más este tipo de convenios, lo que en la
actualidad no se hace.

Una cosa que tiene que cambiar radicalmente es la petición de datos. A la
hora de tramitar los expedientes se están pidiendo documentos que ni
siquiera la Ley de procedimiento administrativo contempla, porque dice
que no se debe exigir a un ciudadano una documentación que ya tiene el
Estado de por sí y se están pidiendo a los trabajadores que van al Fogasa
datos tan peregrinos como un certificado de antigüedad, que ya consta en
el expediente, que ya está en la Seguridad Social, y a lo mejor ese
ciudadano tiene que volver a iniciar todo un proceso con la Seguridad
Social para volver a conseguir otro certificado de antigüedad que,
repito, ya figura en el propio expediente. Creo que no se pueden utilizar
los trámites administrativos ni la petición de documentación para
retrasar los expedientes y que así no se vea tanto la falta de
presupuesto. Este debe ser uno de los objetivos prioritarios. Tenemos que
pensar que estamos tratando con personas que han tenido la desgracia de
quedarse en desempleo, que, además, ni siquiera pueden cobrar su
indemnización ni, a veces, sus salarios y que están en una situación
precaria que se ve alargada. El retraso no sólo afecta al tiempo sino
también al dinero. No es lo mismo cobrar 750.000 pesetas hoy, en 1997,
que cobrarlas dentro de cuatro años. Por tanto, le deseo éxito en su
gestión, principalmente porque redundará en beneficio de los
trabajadores, para que estos trabajadores que están en situación precaria
por lo menos vean que la Administración les echa una mano en una
situación como ésta.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Azpiroz.




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El señor AZPIROZ VILLAR: Pensaba comenzar diciendo aquello de ars longa,
vita brevis, pero alguna economía en el uso del tiempo voy a tener que
realizar.

En primer lugar, agradezco --cómo no-- la presencia del señor Secretario
General del Fogasa y la amplia explicación que nos ha dado, que, por otro
lado, creo que es tónica habitual suya en los lugares públicos en que le
toca explicar lo que es el Fondo de Garantía Salarial. He tenido buena
ocasión de comprobarlo recientemente en un encuentro organizado por el
Gobierno vasco y representantes de la economía social, de 28 de febrero
pasado, donde también públicamente dio todo tipo de datos a personas
directamente afectadas e interesadas en la materia.

Dicho esto, debo recordar que la última comparecencia relativa a la
materia que aquí ha sido objeto de debate por parte de los intervinientes
que me han precedido en el uso de la palabra tuvo lugar el 28 de octubre
de 1994, a instancias del Grupo de Izquierda Unida, representado por
nuestro compañero Ricardo Peralta, en donde se pedía un análisis del
presupuesto del año 1995 y de las previsiones que a tal efecto iba a
adoptar el Fondo de Garantía Salarial.

Asimismo señalaré, como no podía ser de otra forma, que el Grupo
Parlamentario Popular, este Diputado y considero que cualquier ciudadano
con el más mínimo sentido común y con la menor de las sensibilidades no
pueden por menos que compartir la preocupación en cuanto a los legítimos
derechos de los trabajadores y el acortamiento de los plazos para que
cobren las cantidades que legalmente les corresponden. Asumimos
plenamente esta premisa, aunque indudablemente tenemos que entrar en los
matices.

Es cierto, y se ha puesto de relieve por parte del Secretario General,
que ha habido una mejora y una celeridad en la gestión y en la resolución
y que se ha acortado el plazo de doce meses más los veinte días a diez
meses y veinte días. El Gobierno, su Secretaría General, todos nosotros,
tendremos que esforzarnos porque este plazo, presupuestariamente y en
términos de gestión, se vaya aminorando en el futuro, pero es una
situación comparativamente mejor que la que se producía no hace mucho
tiempo y, desde luego, que la que existía cuando se produjo la
comparecencia del 18 de octubre del año 1994, a la que me he referido.

No voy a entrar a hacer valoraciones en cuanto al orden de la
tramitación, porque soy abogado, he llevado muchos casos de este tipo y
comprendo perfectamente las dificultades en el procedimiento judicial
para poder llegar a una declaración de insolvencia que dé trámite o dé
pie a una declaración que quiebra, que dé paso o dé título suficiente a
los trabajadores para la recuperación, cuando menos parcial, de
indemnizaciones y salarios. Estamos hoy ante una comparecencia del
Secretario General del Fogasa y, en sus términos y en su competencia, le
debemos solicitar aclaraciones e informaciones, censuras o
reconocimientos como tal Secretario General del Fondo de Garantía
Salarial, en el que, como hace un momento he expuesto, aunque no sea en
los términos que todos los presentes pudiéramos entender como óptimos, lo
cierto es que se han reducido los plazos de tramitación. En este sentido,
voy a hacer dos observaciones como consecuencia del debate que se ha
suscitado aquí sobre esta materia.

Por un lado, afortunadamente, es cierto que el nivel actual de
cotizaciones respecto a obligaciones de pago o solicitudes que se
plantean al día de la fecha es mejor que hace años, y esto es bueno para
todos. Eso implica, además, que de alguna forma hay un reconocimiento
objetivo de un incremento de la actividad económica, con un mayor número
de cotizantes y un descenso en el nivel de quiebras, suspensiones y
necesidades de acogerse al Fondo de Garantía Salarial. Por otro lado, lo
mismo puedo decir en términos generales, aunque no dudo de que haya que
seguir esforzándose, en cuanto a las recuperaciones, vía convenio o
adjudicación, cuyas cifras, al menos las del año 1996, si se quiere un
ejercicio atípico --se ha explicado el tema de Galerías Preciados--, son
indudablemente mucho más importantes que las referidas a los años 93, 94
y 95.

He de hacer alguna observación respecto a los 38.000 millones, que
indudablemente nos preocupan. Entre el año 1993 y 1994 había también más
de 20.000 millones. Se ha hecho una pregunta, que indudablemente tiene
una respuesta presupuestaria, como es que en el año 1994 también hubo que
hacer una dotación de 4.000 millones más ante las necesidades financieras
de pago. Aquí también hay un factor --y le pido al señor Secretario
General del Fogasa una ampliación si lo estima preciso-- que quizá no
haya quedado suficientemente explícito, cual es el decalaje en el pago de
las prestaciones por la propia naturaleza del fondo y del trámite de los
expedientes. Nunca se cierra un ejercicio al 31 de diciembre, porque hay
que pagar expedientes que se están tramitando en octubre, bien porque
falta documentación, bien porque hay que verificarla, sea o no la
antigüedad, en evitación del fraude. Probablemente haya que buscar algún
elemento más ágil, pero sin duda se hace preservando la ley e intentando
también impedir la comisión de fraudes, porque, como todos sabemos puede
haber antigüedades de hace veinte años, pero también pueden existir
interrupciones, restricciones de contrato y reanudaciones de las
antigüedades, con lo cual los derechos posteriores son diferentes. Por
tanto, creo que hay que reconocer la realidad, y es que hay que mejorar,
pero se está mejorando, estamos mejor que hace unos años, y la
sensibilidad y la preocupación que hoy demuestra la Cámara no voy a decir
que me sorprenda, pero desde luego no se demostró tan lisa y llanamente
en el año 1994, y a los hechos y a las actas de esta Cámara me remito y
también a lo que se dijo o a lo que se calló. No estoy diciendo nada que
no sea cierto y estoy asumiendo la filosofía y la preocupación que
comparten usted, el Gobierno y el Grupo Popular de que hay que hacer
todos los esfuerzos posibles por llegar a pagar, en el mínimo período de
tiempo posible, las deudas indemnizatorias o salariales que los
trabajadores tienen legítimo derecho a cobrar. Creo que este año 1996 los
datos --y tal vez usted quiera profundizar en ello-- han roto esa
vertiente, esa línea que aquí se puso también de relieve en el año 1994,
cuando justamente se argumentaba lo que hoy se ha repetido como razón,
ese decalaje temporal entre crisis económica e intervención o actuación
liquidatoria del Fondo de Garantía Salarial. Ahí soy más optimista que
los



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que han intervenido anteriormete. Creo, de verdad, que esa curva se está
rompiendo, y ojalá no esté equivocado, y se está saliendo de ella, y en
el año 1996 los datos lo evidencia; de hecho, las mayores entradas de
solicitudes las podemos cifrar en 1994 y 1995, consecuencia de la crisis
de 1991, 1992 y 1993.

Agradezco su amplísima explicación, por cierto, como todas las de esta
tarde, en un esfuerzo informativo y de transparencia, pero con un cierto
optimismo. ¿No dispone el Fondo de Garantía Salarial de todo lo que
quisiera? Pues no. Ni los demás departamentos ni los demás ministerios.

¿Dispone de lo suficiente para ir mejorando la gestión que ha habido en
años anteriores? Sí. ¿Lo está haciendo? Sí. ¿Va a mejorar la situación?
Sí. Si estoy equivocado, rectifíqueme.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Serrano Arroyo.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): Quiero agradecer, en primer lugar, todas las opiniones,
incluyendo las más críticas e incluso ácidas.

Tengo que precisar que cuando he señalado que estamos insatisfechos iba
más en la línea del portavoz del Partido Popular, en el sentido de que lo
realizado es lo que hemos podido llevar a efecto, pero siempre debemos
ser inconformistas, pues, si no, nos quedaríamos dormidos en los
laureles. Cuando he hablado de esa necesidad de no estar excesivamente
contento con la situación actual no solamente aludía a la personal, como
Secretario General del Fondo de Garantía Salarial, sino también a la de
las autoridades políticas del ministerio de las que dependemos, en
concreto del Secretario General de Empleo. El ánimo de la Secretaría
General de Empleo y del Fondo de Garantía Salarial es intentar mejorar,
dentro de lo posible, toda la situación del fondo. De ahí viene la
insatisfacción; no es de otra índole ni viene como consecuencia de otros
temas que no han sido abordados en la comparecencia del día de hoy.

Efectivamente, las centrales sindicales no estuvieron de acuerdo con el
presupuesto aprobado. Eso ha venido sucediendo también en otros
ejercicios anteriores. Sí es cierto que se aprobaron los presupuestos por
el consejo rector, con el voto en contra de las centrales sindicales y,
con el trámite oportuno, se aprobaron por las Cortes Generales las cifras
correspondientes.

Quizás haya que unir distintas intervenciones de los portavoces de los
grupos y si me quedo alguna cosa en el tintero, estaría encantado, no
solamente en el día de hoy sino en cualquier otro momento, de poder
aclarar las dudas.

El tema más significativo es el del retraso. Es un tema importante y
sustancial para el organismo. En este aspecto, hay que distinguir dos
apartados, el retraso imputable, por decirlo de alguna manera, al Fondo
de Garantía Salarial y aquel que nunca puede serlo. Somos conscientes de
que un expediente se inicia en el organismo, pero ha tenido una vida
anterior, como se ha señalado por S. S., superior a veces incluso a
varios años, pero esto no es achacable al fondo; es un procedimiento en
el cual hay una diferencia entre empresario y trabajador, se sustancia en
la vía laboral, hay una serie de recursos y, como consecuencia de la
resolución definitiva del conflicto, procede la solicitud del pago de
prestaciones. La duración de ese procedimiento nunca puede ser achacable
al fondo. Sí puedo asegurar a SS. SS. que lo que se está pagando en la
nómina del mes de marzo es lo correspondiente hasta el 31 de mayo de
1996, es decir, lo que ha entrado en la Secretaría General. Salvo los
expedientes que estén en litigio, sobre los que podemos tener diferencias
--puede tratarse no solamente de aportar documentación innecesaria sino
documentos esenciales para poder tramitar el expediente--, todos los
demás están pagados. En la próxima nómina se incluirá prácticamente todo
el mes de junio del año anterior. Así vamos ahorrando tiempo respecto a
los retrasos habidos anteriormente. Por lo tanto, no hay, por decirlo de
alguna manera, ni parada biológica, en el sentido de presupuesto ni de
año natural, ni de orden administrativo. Nómina pagada, nómina que se
vuelve a confeccionar para volver a pagarla, lo que hace que esta
maquinaria esté rodando sin interrupción durante todo el ejercicio, de
tal manera que durante los tres primeros meses de 1997 hemos pagado mil y
pico millones de pesetas más que en el mismo período del año 1996. En
estos tres primeros meses han sido 23.000 millones de pesetas, frente a
24.000. Creo que es importante significarlo o, por lo menos, mencionarlo,
porque justamente la actuación y la actividad del organismo va en esa
línea.

¿Qué previsión podemos tener para 1997, partiendo del presupuesto que
tenemos aprobado, como es lógico? Primeramente los 24.000 millones de
pesetas que ya están pagados; en segundo lugar, los 32.000 millones de
pesetas que están pendientes de pago. Esto nos daría aproximadamente un
total de 55.000 millones de prestaciones ahora mismo en poder del
organismo. Las entradas estimadas y que puedan ser objeto de pago con
cargo a este ejercicio las ciframos --ahora le daré a S. S. una cifra
exacta-- en 32.000 millones de pesetas, lo que nos daría un total de
87.000 millones de pesetas. Frente a estos 87.000 millones de pesetas les
he señalado a SS. SS. que tenemos aproximadamente 80.000 para pagar.

Quiere decirse que la reducción en las prestaciones pendientes de pago
puede ser de esta índole. Lógicamente estamos hablando de una situación
normal. Si hay alguna incidencia que pudiera surgir y que no está
prevista o que no está controlada, lógicamente podrían aumentar
ligeramente estas cifras.

Para que vea que no son cifras optimistas o en el vacío le señalaré a S.

S. que hasta el mes de marzo de 1997 habían entrado 16.000 millones de
pesetas en peticiones, que están incluidas dentro de los 32.000 que están
pendientes de pago. En 1996 ya habían entrado 20.000 millones de pesetas.

Quiere decirse que en este ejercicio, en lo que llevamos de este
trimestre, hay un 22 por ciento menos de prestaciones o de solicitudes
presentadas al Fondo de Garantía Salarial. De continuar esta tendencia,
que es lógico que siga a la baja en los próximos meses, porque no estamos
pagando las insolvencias de los años 1990, 1991, 1993 ó 1994, ya que
están pagadas, sino las de todos los procedimientos de 1995, las
pagaremos todas en efectivo. Luego



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quiere decirse que la mayor parte de la crisis ya está superada, ya está
pagada por las prestaciones del fondo. Ya digo, salvo que una empresa
significativa, de un volumen importante, entre en crisis, que nadie lo
desea, lógicamente el organismo ve con optimismo la rebaja sustancial en
un trimestre, un 20 por ciento menos, de la solicitud de prestaciones.

Por lo tanto, por parte del organismo y de la Secretaría General de
Empleo, de la que depende, se entiende que en este año 1997 puede haber
suficiente dinero para poder financiar absolutamente todas las
solicitudes de prestación presentadas durante el año; los ritmos los
están marcando la entrada de las mismas. No creo que existan
modificaciones excesivamente sustanciales sobre lo que estoy pergeñando,
porque más bien se está observando que en enero, febrero y marzo esta
entrada de solicitudes ha ido reduciéndose sustancialmente respecto de
los mismos meses de años anteriores. Por eso no es necesario ningún otro
tipo de modificación en principio para poder atender más prestaciones. En
el caso hipotético de que lo fuera, lógicamente, aparte de las
modificaciones que concede la Ley General Presupuestaria al Gobierno para
aprobar un suplemento de crédito, con el 5 por ciento, por ser el
presupuesto de un organismo autónomo administrativo, estaría siempre la
vía de un proyecto de ley en las Cortes Generales para poder aumentar
sustancialmente los créditos, repito, si fuera necesario.

No tenemos ningún inconveniente en enviar los datos siempre con
anterioridad. Es más, siempre estamos a disposición de poder facilitar
aquellos datos del organismo que sean de interés, ahora o bien con
posterioridad a la comparecencia.

Hay un problema que también se ha planteado, que es la disminución del
número de convenios de recuperación. Efectivamente, es un tema que nos
preocupa, pero no están abandonados ni es una política de segundo orden
para el organismo. Como recordatorio, les diré que, inicialmente, cuando
una empresa entra en crisis lo primero que deja de pagar, lo digo por la
experiencia, es la Seguridad Social, la Hacienda pública, a los
proveedores, a los acreedores, siendo lo último los salarios; incluso
puede haber tenido que pedir un crédito hipotecario a un banco, y
justamente, cuando llega el fondo, que tiene que sustituir al empresario
para pagar al trabajador, todos los demás acreedores ya están situados,
es decir, han garantizado sus créditos, como no podía ser de otra manera.

Si deja de ingresar a la Hacienda pública, lógicamente habrá que
embargar, y así sucesivamente. Eso dificulta grandemente la recuperación
por parte del organismo. En la crisis somos el furgón de cola y a efectos
de deudores también somos los últimos. Somos los últimos en todo el
proceso y es lógico que tengamos menos presencia en estas actuaciones que
la Seguridad Social o que la propia Hacienda pública, pero es por la
propia dinámica de la situación de los créditos del Fondo de Garantía
Salarial. Ya digo que lo último que se deja de pagar son los salarios, y
en el caso de que haya que hacer frente al pago de las indemnizaciones,
se deberá ir además a un proceso de negociación para la extinción de las
relaciones laborales que incluso puede ser largo, aunque sea dentro de un
procedimiento concursal. Esto provoca que el organismo sea el último
vagón de todas las actuaciones con carácter general y, sobre todo,
institucional. Me gustaría remarcarlo porque ello provoca que nuestras
cifras en esta materia estén sensiblemente rebajadas respecto a otros
órganos que tienen un posicionamiento anterior justamente por sus
actuaciones. No obstante, las actuaciones en materia de convenios de
recuperación no están abandonadas ni colocadas en segunda fila por parte
del organismo. Es más, siempre y en todos los foros, lo que pedimos a los
interlocutores sociales y a las propias empresas es la posibilidad de que
en cualquier momento, cuando se inicie la crisis, se acerquen al
organismo para poder negociar, para poder hablar con ellos, para poder
solventar o aliviar en parte la crisis.

La petición de datos nos preocupa. Nos gustaría conocer dónde se puede
producir alguna distorsión para corregirla, pero tengo que decirle que el
Decreto 505, que regula el organismo, fija taxativamente la petición de
documentación que se exige a un beneficiario de prestaciones, que es muy
poca. En concreto se pide el DNI, la afiliación a la Seguridad Social, la
antigüedad en la vida laboral y la sentencia o la resolución
administrativa que devenga el derecho para el percibo de las
prestaciones. Por regla general el organismo suele estar conectado, bien
directamente o bien por las direcciones provinciales, con la informática
de la Seguridad Social para que el informe sobre la vida laboral se envíe
directamente. Ahora bien, pudiera ser que por cualquier motivo
excepcional ese soporte informático con los datos de la vida laboral, a
efectos lógicamente de la antigüedad y de las prestaciones, porque con
ellas se hace el cálculo de los salarios o de las indemnizaciones que
pudieran corresponder, no estuviera adecuadamente conectado en algún
lugar o con la suficiente sintonía para poder tenerlo en un corto plazo
de tiempo. Hay veces en las que los trabajadores, al no proceder de un
lugar céntrico, les es más fácil, por medio de la administración propia,
poder aportar la información sobre la vida laboral y no recurrir al
circuito que nosotros tendríamos que emplear, que no lo establecemos
nosotros sino que está recogido en el Decreto 505. Puede ser un circuito
un poco prolijo y largo y a veces el ciudadano puede aportar ese
certificado más fácilmente. No se hace con el ánimo de perturbarle, sino
de facilitarle incluso la posibilidad de reconocérselo. Por tanto, quería
descartar que en alguna provincia se haga con el ánimo de retrasar la
presentación de los expedientes. Incluso aunque se pidiera esa
documentación, cuando se remite a la Secretaría General del organismo
para su pago, como dice la Ley de régimen jurídico y de las
administraciones públicas, se tiene en cuenta la fecha de presentación en
la provincia. Por lo tanto, aunque se hubiera demorado para pedir un
dato, siempre nos retrotraeríamos al origen de todo ello.

El mayor esfuerzo que podemos realizar está centrado en tres apartados en
los que creo que se rompen las cifras simétricas que S. S. planteaba.

Esas cifras simétricas se dan prácticamente parecidas o similares durante
tres ejercicios: 1993, 1994 y 1995. Son ejercicios cerrados a los cuales
me remito. Sobre ellos ya no doy mi opinión, sino



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que son los datos de una gestión totalmente cerrada. A partir de 1996,
esa situación se quiebra radicalmente. En primer lugar, porque las
solicitudes de prestaciones se reducen sustancialmente; en segundo lugar,
porque también se reducen las prestaciones pendientes de pago. Creo
recordar que la última información que se le dio al Congreso
--quizá fuera en respuesta a una pregunta escrita, más que en una
comparecencia--, en el año 1995, fue que las prestaciones pendientes de
pago eran en torno a 46.000 millones de pesetas; al finalizar el
ejercicio de 1996, ya eran de 38.000 millones, es decir, se habían
reducido en 8.000 millones, y solamente en tres meses estamos en 32.000
millones de prestaciones pendientes, es decir, en tres meses lo hemos
reducido en 6.000 millones de pesetas. Creo que ése es el camino, desde
luego, es el marco en el cual se está moviendo el organismo de acuerdo
con la directriz que tiene para poder ejecutar la actuación que tiene
encomendada, y todos los esfuerzos van a ir en esa línea. Necesariamente,
rebajando permanentemente plazos de tramitación y reduciendo las
prestaciones pendientes de pago.

Son tres actuaciones principales, que rompen la línea anterior. En primer
lugar, se han incrementado los pagos en lo que llevamos del año 1997; en
1996 no fue posible por la prórroga de los presupuestos. Cuando tomó
posesión el nuevo Gobierno y se le rindió cuentas de la situación en que
se encontraba el Fondo de Garantía Salarial, el ejercicio estaba avanzado
y no se podía aprobar un proyecto de ley por las Cortes, por los plazos
necesarios para su tramitación, por lo que ni siquiera se planteó. En
1997 se dispone de más dinero para poder pagar prestaciones y, como he
dicho, en un trimestre, se están pagando 1.000 millones de pesetas más.

Lógicamente, no podemos pagar todo de un golpe porque la recaudación de
cuotas se hace mensualmente, con una secuencia también temporal por las
empresas, y no anticipan --por decirlo de alguna manera-- todo el
ejercicio para que lo pudiéramos hacer en tres o cuatro meses, pero creo
que es positivo y optimista el haber aumentado en 1.000 millones de
pesetas el pago de prestaciones, sobre el mismo período del año 1996; son
las cifras las que lo dicen.

En segundo lugar, en tres meses, hemos reducido las prestaciones
pendientes de pago en 6.000 millones de pesetas. A 31 de diciembre de
1996 estaban en 38.000 millones y a 31 de marzo --es decir, hace muy
pocos días-- se estaban situando en 32.000 millones de pesetas. Son
cifras ciertas y reales que están debidamente contabilizadas en el
organismo, que van en consonancia porque en el año 1996 ya se redujeron
en 8.000 millones sobre el año 1995 y, lógicamente, el plazo de
tramitación también ha seguido la secuencia. Creo recordar que cuando
comparecí en esa sesión que ha mencionado S. S. anteriormente,
superábamos los doce meses de pago de prestaciones. En el año 1995
también fue muy elevado el tiempo de tramitación. Como he dicho, a 31 de
diciembre de 1996, el plazo fue de doce meses y ahora estamos en diez
meses, contados además con exactitud. Ya le he precisado a S. S. que de
lo que se va a pagar en el mes de abril, todo ha entrado en la secretaría
general --con independencia de las incidencias que haya tenido su
expediente-- a 31 de mayo. Por tanto, hemos reducido sustancialmente el
plazo de tramitación. Creo que son tres variables importantes de la
gestión del organismo, que son fácilmente demostrables. Lógicamente,
cuando se termine el ejercicio, me gustaría poder decir que hemos
cumplido, porque estas previsiones que hemos realizado van en esa línea.

Salvo que exista un algo o una empresa con la suficiente entidad para
distorsionar el planteamiento que he expuesto en esta comparecencia, creo
que la actuación del fondo girará alrededor de estas cifras. A pesar de
este optimismo, siempre tiene que quedar una insatisfacción porque,
lógicamente, hasta que todo el volumen de prestaciones de pago no estén
resueltas, no nos podemos dar por satisfechos. Es lo único que quería
manifestar, pero no solamente como actuación del propio organismo sino
--quiero remarcarlo también-- de su responsable político, que es el
Secretario General de Empleo.

Muchas gracias por su atención y por las manifestaciones que SS. SS. han
hecho sobre el organismo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano Arroyo. Con sus
palabras concluye la comparecencia, última de las previstas hoy en el
orden del día. Le agradecemos la información que nos ha facilitado a
todos.




PREGUNTAS (continuación):



--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (G. IU-IC), SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES VARONES DE LA NORMATIVA SOBRE BAJAS,
EXCEDENCIA Y JORNADA REDUCIDA PREVISTA PARA LOS SUPUESTOS DE NACIMIENTO O
ADOPCION. (Número de expediente 181/000354.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el turno de preguntas.

El señor Peralta Ortega, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, va a formular su primera pregunta, a la
que contestará don Juan Carlos Aparicio Pérez, Secretario de Estado de la
Seguridad Social, a quien damos la bienvenida.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, no porque el señor Aparicio no
domine el tema, porque estoy convencido que de su época simplemente de
parlamentario está en condiciones más que sobradas para contestar
adecuadamente estas materias laborales.

Quisiera preguntar acerca de un dato que se ha constatado. Siendo
voluntad del Parlamento facilitar la interacción de la mujer en el
trabajo y al mismo tiempo conseguir que el hombre se implicara también en
el cuidado de los hijos y las tareas domésticas, la última legislación
que se ha dictado en materia de ampliación de la familia, de hijos y
demás, contempla la posibilidad de disfrute de los derechos, tanto por
parte de la mujer como por parte del hombre.




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Sin embargo, se puede constatar también que el empleo por parte de los
varones es prácticamente inexistente.

Ante esta realidad, que es contradictoria con la voluntad de este
Parlamento, en alguna comunidad autónoma, en concreto en la Comunidad
Autónoma Valenciana a la que pertenezco se han puesto en marcha campañas
explicativas dirigidas, fundamentalmente, a conseguir por parte de los
varones un mayor empleo de esos derechos mediante un conocimiento más
profundo de la actual legislación.

Creo que es una medida positiva y que habría que plantearse su
utilización a nivel estatal. Por tanto, le hago esta pregunta: ¿Qué
medidas, éstas u otras, se barajan por parte de la Administración
central, de cara a promover la utilización por los trabajadores varones
de esta normativa?



El señor PRESIDENTE: El señor Aparicio tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Como bien señalaba S. S., estamos ante un caso que se da con cierta
frecuencia. No es tanto el tema de ausencia de normativas sino de una
escasa divulgación o conocimiento de las mismas. Como bien señalaba hace
un instante, hay un tipo de acciones en las que caben dos grandes líneas
de cooperación: la línea de cooperación con las comunidades autónomas, en
la medida en que puedan sentirse competentes en esta misma materia, que
ciertamente estamos deseando estimular --ya se están teniendo contactos
con distintas comunidades para poder hacer campañas divulgativas de
carácter conjunto-- y una segunda área de corresponsabilidad, esto es, la
divulgación por parte de los propios agentes sociales.

Desde nuestra perspectiva entendemos que la contribución de los
representantes sindicales puede ser también decisiva a la hora de
configurar lo que sin duda demandaba: una mayor mentalización social o
una mayor aceptación social de lo que es la corresponsabilidad en la
educación de los hijos.

Insisto que en esta línea iríamos, junto a la serie o batería de temas
que tienen dos foros naturales de debates: de un lado, la subcomisión
creada a tal efecto en el Parlamento para protección de la familia, que
es un foro en el que sin duda alguna estoy seguro que van a poder medirse
los equilibrios que conllevan que estas actuaciones no tengan
posteriormente incidencia ni sobre la competitividad ni luego sobre
costes, sobre el sistema de protección social, y la segunda línea de
trabajo, digamos, foro natural, sería la Comisión Permanente, para tratar
del acuerdo alcanzado por las centrales sindicales Comisiones Obreras y
UGT, donde se está hablando de perfeccionamiento en las fórmulas de
protección social y también de utilización más generosa o más frecuente
en este caso de la normativa ya existente. En ambos foros, lógicamente,
las propuestas del Gobierno van en la línea de lo que señalaba: mayor
divulgación, corresponsabilidad con las comunidades autónomas y, si es
posible, colaboración y corresponsabilidad con los agentes sociales.

El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señor Aparicio.

Para celebrar que la Administración sea consciente de esta situación y
animarle a que profundice en las medidas que puedan conducir a que lo que
era el objetivo del Parlamento, lo que es la voluntad de que se produzca
esa más fácil interacción de la mujer en el trabajo y al mismo tiempo una
mayor corresponsabilidad en las tareas domésticas se pueda hacer
realidad.

Eso, sin lugar a dudas, requiere algunas medidas porque los datos que hoy
se producen no son acordes con esa voluntad.




El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Con toda brevedad.

Insisto en que dentro de esos dos foros está la Conferencia
intersectorial de asuntos laborales que, como sabrá, va por fin a
constituirse. Es un ente adecuado para que haya esa cooperación de la
Administración central con las comunidades autónomas. De igual modo, le
puedo garantizar que ha sido presentada también esta cuestión ante la
comisión permanente de seguimiento del acuerdo del pasado día 13 de
octubre.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE ACCIDENTE PIROTECNICO OCURRIDO EN REZA (ORENSE).

(Número de expediente 181/000484.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta del señor Peralta,
que tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Aparicio, el pasado día 19 de febrero,
según los datos de que dispongo, hubo un accidente laboral en una
industria pirotécnica en la localidad orensana de Reza. Este accidente
tuvo una especial gravedad, no sólo porque fallecieron tres personas y
una cuarta resultó gravemente herida, sino porque era el tercer accidente
que sufría la misma empresa, la Pirotecnia Josma, según los datos que
nosotros tenemos, y que no obstante el Gobernador Civil, a pesar de tales
antecedentes, calificaba, en declaraciones que hizo inmediatamente, de
escrupulosa en el manejo de los explosivos. No tenemos datos para poner
en cuestión esta afirmación del Gobernador Civil, salvo los que dimanan
del propio historial de la empresa, pero en todo caso nos plantean una
reflexión.

Es verdad que la pirotecnia es una industria peligrosa y es verdad que
usted ha tenido ocasión de plantearlo reiteradamente en este Parlamento,
en esta Comisión. Hay que reflexionar sobre las medidas adecuadas para
que esta industria mejore su capacidad de desarrollarse sin que se



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pongan en peligro la vida y la integridad física de las personas.

Yo quisiera saber, en relación con este accidente concreto al que he
hecho referencia anteriormente, qué conclusiones ha sacado el Gobierno de
ello.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Como sin duda conoce el señor Peralta, la autoridad laboral como tal
competente de manera directa sería la Consejería de Justicia e Interior
de la Junta de Galicia. No lo digo por eludir la información, que
lógicamente quiero facilitarle, sino por hacer esta primera delimitación
de carácter competencial. Hemos pedido, a través de la Inspección de
Trabajo, que sí que es un órgano de ámbito estatal dependiente del propio
Departamento, la información, que nos ha sido facilitada y que con gusto
le traslado.

Voy a evitarle, por razón de la hora y dado que le entiendo bien
informado de alguna de las circunstancias, una descripción exhaustiva de
los hechos acontecidos. Tal vez pueda decirle también que obra un informe
de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil que habla de que
había unos vehículos, circunstancia que nosotros no conocíamos, lo que
parece indicar que se estaban haciendo pruebas. Le puedo decir que estas
pruebas deben realizarse con autorización. No parece ser este el caso, y
nos hallaríamos probablemente ante un incumplimiento de la licencia o la
autorización prevista en el artículo 25 del Reglamento de explosivos. En
consecuencia, tampoco se habría acomodado a la legalidad el transporte de
los productos pirotécnicos de acuerdo con otro reglamento, también de
ámbito nacional, como es el de transporte de mercancías peligrosas.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 6 de Orense ya ha
iniciado diligencias previas con motivo de este siniestro, y hemos
solicitado también al Gobierno Civil de la provincia que remita a la
Inspección el informe o atestado policial del Cuerpo Nacional de Policía.

¿Cuál es la impresión que tenemos? Por un lado, que no resulta posible
por el momento dar una visión definitiva sobre el referido suceso.

También me comprometo a que la información que venimos recabando sea
puesta en su conocimiento.

Si vemos las especialísimas circunstancias que concurren en el tiempo
--un hecho sucedido fuera del horario habitual y en un lugar que tampoco
era el taller, sino las inmediaciones en este caso de un río--, tampoco
cabe sacar conclusiones válidas en orden a la adopción de medidas
generalizadas para este tipo de industria. Si me lo permite, estamos ante
un caso bien concreto de funcionamiento, cuando menos --yo diría--
irregular o anómalo, no estamos hablando del conjunto. No obstante,
existe una comisión interministerial, como conoce sin duda, que con
cierta frecuencia se reúne para intentar ver este conjunto de normas, que
afectan, como verá, también a los Departamentos de Interior y de Fomento,
porque tiene distintas variables o dimensiones.

No me atrevo a darle una versión definitiva de los hechos. Puedo decirle
que la calificación, de darla, sería la de una situación excepcional en
el tiempo, en el espacio y en las circunstancias que concurren.

Ciertamente, en la medida que se vaya teniendo una mayor información,
tanto de la vía judicial como de las otras vías de investigación
abiertas, será facilitada a este departamento, y nunca renunciará este
Gobierno a perfeccionar lo que es el conjunto de acciones
interadministrativas que permitan que una actividad importante, desde el
punto de vista económico, que crea y ocupa puestos de trabajo, pueda
seguir funcionando, pero, eso sí, siempre con las debidas garantías para
sus trabajadores.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Aparicio, por sus datos.

Admitiendo que concurren circunstancias especiales en este caso concreto,
no es menos cierto que es un nuevo accidente en la industria pirotécnica.

En la Comunidad Valenciana, a la que yo pertenezco, desgraciadamente son
frecuentes este tipo de accidentes. De ahí que yo creo que haya que sacar
una conclusión. No se puede bajar la guardia, porque la industria
pirotécnica es una industria peligrosa. Creo que la Administración tiene
que tener claro la necesidad de llevar a cabo una labor de inspección
permanente en relación con estas industrias.

En ocasiones no es un problema única y exclusivamente de normas porque,
como dice usted, se pueden producir circunstancias especiales. Hace falta
que esté la Administración encima para que ese tipo de hipótesis que se
barajan de que se estuvieran haciendo pruebas y de que por eso no
estuviera en su lugar habitual, no se puedan llevar a cabo si no es con
respeto a la ley, que tiene como uno de sus objetivos, seguramente el
prioritario, el respetar y garantizar la integridad física de las
personas.

Por tanto, en primer lugar, creo que es necesario mantener la inspección
permanente en relación con estas industrias pirotécnicas, no con la
finalidad de hacerles la vida imposible, sino simplemente para que sea
posible la vida con las industrias pirotécnicas y que no nos encontremos
con este tipo de circunstancias.

En segundo lugar, creo que ese tipo de organismos de la Administración
Pública --usted ha hecho referencia a que funcionan y a que se reúnen de
vez en cuando-- se deben reunir para actualizar los planes de
seguimiento. Tengo que decirle que en el caso de la Comunidad Valenciana,
sin lugar a dudas, por una labor perseverante por parte de la
Administración Pública, afortunadamente en los últimos tiempos no se ha
producido ningún accidente grave. Esto es de celebrar pero, sin ninguna
duda, se debe a que, por parte de la Administración, se ha puesto en
práctica una labor seria que desgraciadamente costó muchas vidas el que
se pusiera en práctica.

En tercer lugar, en aquellos supuestos en los que se constaten
irregularidades y actuaciones contrarias a la



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norma, que se aplique la norma con todo rigor, porque es la única manera
de conseguir que este tipo de actuaciones, al margen de la ley, que
desgraciadamente se traducen en graves daños para las personas, no se
vuelvan a repetir.




El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Con suma brevedad.

Comparto la preocupación del señor Peralta por una mayor seguridad de los
trabajadores y por una viabilidad del sector pirotécnico español.

Debo decirle que, al igual que en la pregunta anterior le señalaba que no
estábamos ante una carencia, ante un vacío de normas, sino ante una falta
de divulgación en el conocimiento de las mismas, en este caso estamos
ante una normativa bastante completa, en la que tampoco puede evitarse,
como en ningún otro aspecto de las normativas genéricas del Estado, que
se producen incumplimientos. Debe extremarse la vigilancia. Y me permito
finalmente decir que, como habrá visto, es una cuestión claramente
interdepartamental dentro de la Administración Central y que también
requiere esa cooperación que, lógicamente, desearíamos incentivar con las
propias comunidades autónomas.

Las dos claves las ha dado usted, sin duda ninguna: respeto a la
normativa, garantías para los trabajadores y, por qué no decirlo, la
viabilidad económica de un sector con arraigo y con importancia en
nuestra actividad.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN RELACION CON LOS
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) IMPLICADOS EN LA
IRREGULAR TRAMITACION DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO EN LOS CASOS DE LAS
EMPRESAS SONAJAS PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD ALBACETE. (Número de expediente
181/000490.)



El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, formule su última pregunta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Aparicio, en los últimos años se vienen
tramitando en la provincia de Albacete una serie de estudios en relación
con una actuación irregular que se produjo en el Inem sobre el contenido
de un informe llevado a cabo por la Inspección de Trabajo.

En el apartado de hechos probados de ese informe de la Inspección de
Trabajo se venía a reconocer que el jefe de una sección de prestaciones
del Inem de la ciudad de Albacete dio órdenes a un funcionario para que
tramitara las prestaciones de pago único de trabajadores de una empresa
en la que ese Jefe de Sección y su familia tenían una participación. Esa
actuación fue detectada por el propio Inem, que comprobó que,
efectivamente, la tramitación no se había llevado a cabo con arreglo a la
legislación vigente.

Como consecuencia de estas actuaciones se adoptaron dos tipos de
conclusiones, según los datos de los que dispongo: una de ellas referida
a este funcionario en concreto, y era que se constataba que tenía
participaciones en negocios que no había comunicado al Inem y, como
consecuencia de eso, se le impuso una sanción de suspensión de empleo y
sueldo de siete días.

La segunda conclusión fue considerar ilegal el reconocimiento a las
prestaciones que se habían llevado a cabo por ese procedimiento irregular
y, en consecuencia, reclamar las prestaciones que habían sido así
reconocidas. Según los datos de los que dispongo, éstas son las dos
actuaciones que se llevaron a cabo.

De ser así, se habría producido, en mi opinión, un vacío importante, y es
deducir las responsabilidades del irregular reconocimiento de las
prestaciones que llevaron a cabo dos funcionarios del Inem. La depuración
de esas responsabilidades, en su caso, tendría que hacerse a través de un
procedimiento disciplinario distinto de aquel que se adoptó cuando se
constató que tenían participaciones en una empresa que no habían
comunicado al Inem.

Yo quisiera saber si es así y si por parte del Inem se han llevado a cabo
actuaciones disciplinarias encaminadas a corregir esa actuación irregular
de los funcionarios que reconocen prestaciones al margen de los
procedimientos establecidos.




El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Como bien señalaba el señor Diputado, este incidente tiene su origen en
julio de 1994, en el que se detectan por parte de la Dirección Provincial
del Inem estas presuntas irregularidades entonces y se inician las
actuaciones. En este caso el Inem pone el hecho en conocimiento de la
Inspección Provincial de Trabajo.

Paralelamente, porque quiero destacar que existen dos vías. La Inspección
de servicios del propio Inem inicia una investigación sobre la actuación
de estos funcionarios, en la que se llegó a la conclusión de que había
motivos suficientes para la apertura de los correspondientes expedientes
disciplinarios contra ambos funcionarios, y el Inem les abrió dicho
expediente el 5 de agosto del año 1994. Estos expedientes se resuelven
por parte de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo en junio de 1995,
en el caso de un funcionario, y en diciembre de 1995 en el caso del otro.

Las resoluciones les imponían a ambos sendas sanciones de suspensión de
funciones por infracción administrativa --voy a hacer hincapié-- grave de
siete y tres días, respectivamente, con lo que el expediente
disciplinario, en la vertiente que usted señalaba, quedó cerrado.

De este procedimiento disciplinario, y en opinión de quienes entonces
tenían las responsabilidades del Departamento, solamente se podía deducir
que los funcionarios habían incurrido en falta administrativa, ya que la
irregularidad era de carácter formal --no acomodarse al procedimiento



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establecido-- y en este caso en carácter de tentativa, puesto que no se
había llegado a producir el reconocimiento de las capitalizaciones, que
era en lo que habían intervenido los funcionarios. Dicho de otra manera,
no se había producido el pago efectivo de la prestación en la forma
solicitada.

Continuaron, sin embargo, las investigaciones de la Inspección de Trabajo
para determinar si había habido fraude en el reconocimiento inicial de
estas prestaciones, que en 1996 culminaron con el levantamiento de las
oportunas actas de infracción a la empresa y a los trabajadores
implicados por cobro indebido de prestaciones; insisto, no de la
capitalización, que no se había llegado a cobrar.

Podría informarle, si quiere tener la cronología completa, que el
procedimiento iniciado con el levantamiento de las actas de infracción
sigue su curso --ese segundo proceso que le citaba--, con propuesta de la
Inspección Provincial de Trabajo de extinguir las prestaciones y exigir
el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Se desestimaron
estas alegaciones y se interpusieron por parte de la empresa los
correspondientes recursos ordinarios, que a su vez fueron desestimados, y
se interpusieron recursos contencioso-administrativos, que son a los que
ahora tendremos que esperar, en febrero de 1997.

Es lo que le puedo informar hasta este punto. No ha habido en este caso
pasividad, no ha habido interrupción, pero no podemos elevar
cualificaciones y categorías, a la vista de los datos que en este momento
están disponibles.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Aparicio, es un tema que ha sido complejo,
sin lugar a dudas, confuso quizá también, porque no ha habido suficiente
información. Yo he procurado atender las afirmaciones que usted hacía. Me
decía que no había habido pasividad. Quizá no la haya habido. De lo que
tengo mis dudas es que el resultado final sea satisfactorio. No sé si
usted compartiría conmigo esta afirmación. El hecho de que el jefe del
departamento de prestaciones de una capital lleva a cabo una actuación
formal al margen del procedimiento, es decir, se salta el procedimiento
para reconocer prestaciones, es tremendamente grave. De generalizarse
esta conducta supondría que la norma no existe. Que esto lleve como
consecuencia una sanción de suspensión de empleo y sueldo, según ha dicho
usted, de siete días a un funcionario y de tres días a otro, y que al día
de hoy sigan desempeñando las funciones --el dato que tengo es que siguen
desempeñando las funciones-- ello supone, permítame esa licencia de quien
no está en las responsabilidades que tiene usted y de quien no está en el
mismo grupo parlamentario que usted, que el resultado no es
satisfactorio. Quizá no haya habido pasividad. No tengo datos para
afirmarlo y creo lo que usted me dice. Quizá no haya habido
consentimiento, cooperación o actuación negligente por parte de los
superiores en relación con estos funcionarios. Pero tengo que decirle que
la sanción que se impone a esos funcionarios por la tentativa de
comisión, que afortunadamente no se llegó a producir porque se descubrió
a tiempo, es por una actuación muy grave. En nombre de mi grupo
parlamentario tengo que decir que el resultado no es satisfactorio. No sé
si estamos en condiciones de calentarnos la cabeza para intentar
conseguir un resultado satisfactorio. Tenga plena seguridad de que la
voluntad de nuestro grupo sería que se produjera así.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Ciertamente me lo pone muy difícil, señor Peralta, porque la satisfacción
en términos políticos es un concepto enormemente subjetivo y, si me lo
permite, jurídicamente indeterminado. Sí habrá que satisfacer de manera
más objetiva, y parece que ha habido un respeto a las propias normas y a
los propios procedimientos. En este caso, cabría hablar de una razonable
satisfacción de la demanda, de los procedimientos iniciados. Dicho de
otra manera, se pueden sentir satisfechos en la medida en que se pueden
sentir cumplimentados y completos.

Se han introducido elementos de subjetividad política y no seré yo quien
opine sobre el grado de satisfacción o insatisfacción que para las
distintas fuerzas que hayan valorado estos hechos pueda producirse. Pero
también le voy a decir con toda rotundidad que, a la vista de los hechos
producidos, no parece encontrarse base para elevar a otras categorías
--lo decía en la primera parte de mi intervención-- penales o de otro
signo estos mismos comportamientos por parte de la Administración.

Insisto, difícilmente podré concordar con usted lo que es una
satisfacción de carácter político.




--DEL SEÑOR VAQUERO DEL POZO (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE VALORACION DE ARGUMENTACIONES DE LA EMPRESA ENVASES
METALNER PARA SOLICITAR LA APROBACION DE UN EXPEDIENTE DE EXTINCION DE
LOS CONTRATOS DE LOS 49 TRABAJADORES EMPLEADOS EN SU PLANTA DE LINARES
(JAEN). (Número de expediente 181/000398.)



El señor PRESIDENTE: La pregunta sobre valoración de argumentaciones de
la empresa Envases Metalner para solicitar la aprobación de un expediente
de extinción de los contratos de los 49 trabajadores empleados en su
planta de Linares (Jaén) la ha formulado el señor Vaquero del Pozo, que
tiene la palabra.




El señor VAQUERO DEL POZO: Para retirar esta pregunta porque no ha lugar
en los momentos en los que se hace la comparecencia para contestarla,
dado que la empresa Envases Metalner ya no existe. Ha habido un acuerdo
entre los trabajadores y la empresa y se ha liquidado la situación. Por
tanto, no ha lugar a la pregunta, lamentando que al parlamentario que en
su día hizo la pregunta



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no se le haya facilitado esta información hasta hace muy pocas fechas.




El señor PRESIDENTE: Queda retirada.




--DEL SEÑOR VAQUERO DEL POZO (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE FINANCIACION POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES DE LA MITAD DEL PLAN DE JUBILACION DE SANTANA MOTOR, S. A., DE
LINARES (JAEN). (Número de expediente 181/000399.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, hay una pregunta formulada también
por el señor Vaquero sobre financiación por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de la mitad del plan de jubilación de Santana Motor, S.

A., de Linares (Jaén).

Tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Esta pregunta sí tiene vigencia, dado que
sigue en pie el problema de las prejubilaciones y su financiación de la
empresa Santana Motor, de Linares, que en su día tuvo una situación muy
difícil. Se produjeron enormes movilizaciones, no sólo de conflictividad
laboral sino también ciudadana, de todo el pueblo de Linares y de la
comarca en su conjunto, que finalmente encontró una solución.

Afortunadamente, podemos decir que la solución para esta empresa es
rentable, desde el punto de vista económico, y que, en todo caso, lo que
queda pendiente en el plan de viabilidad que en su día se habilitó es la
financiación de las prejubilaciones. Por tanto, la pregunta hace
referencia al compromiso por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales respecto de la mitad del plan de jubilaciones anticipadas de
Santana Motor de Linares. Espero su respuesta simplemente a efectos de
poder comentar después algunos de los aspectos que sin duda ninguna podrá
suscitar la contestación.




El señor PRESIDENTE: El señor Aparicio tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Con mucho gusto contesto, entendiendo que también --antes, en la anterior
pregunta ciertamente hablábamos de falta de satisfacción-- haya podido
darse un cierto grado de satisfacción a quien preguntaba.

Voy a ser rápido y lo más sintético posible. Para situar la cuestión, el
resto de nuestros compañeros de la Comisión conocen que la gestión de los
expedientes de regulación de empleo en el caso de Andalucía se realiza
por parte de la Comunidad Autónoma, y en el caso de la empresa que he
citado, el Ministerio de Trabajo se comprometió el año 1993 a financiar,
en la parte que no pudiera cubrirse con la asignación anual que
correspondiera a Andalucía, y en la medida en que la disponibilidad de
crédito lo permitiese, las subvenciones al plan de jubilaciones
anticipadas de los trabajadores de dicha empresa en el período 1994-1999.

Esta financiación se llevaría a cabo a través de las ayudas denominadas
equivalentes a la jubilación anticipada y que conocerá S. S. que estaban
reguladas en aquel momento por la Orden Ministerial de 9 de abril de
1986. Dichas ayudas se cofinancian entre la empresa y la administración
pública correspondiente, y sólo pueden realizarse para los trabajadores
que al cumplir los 60 años se incorporan al sistema de ayudas,
permaneciéndose a partir de ese momento en situación asimilada al alta y
efectuándose las cotizaciones correspondientes, de forma que al cumplir
los 65 años puedan acceder a la jubilación ordinaria en el régimen de
Seguridad Social de encuadramiento.

El compromiso del Ministerio en su momento fue el de transferir fondos en
cuantía suficiente a la Junta de Andalucía, que, insisto, es la
Administración pública competente para el pago de las ayudas, y que
permitieran acometer este gasto correspondiente a la Administración, es
decir, el 40 por ciento del coste total del plan. Toda vez que el sistema
está organizado en torno al cumplimiento de la edad de 60 años de los
trabajadores, los pagos no se realizan de una sola vez para todos los
afectados, sino en función de los distintos colectivos y a medida que van
cumpliendo la edad exigida. Eso permite hacer una programación anual de
cantidades a aportar por la Administración pública, y en este sentido el
Ministerio de Trabajo se comprometió a transferir a la Junta de Andalucía
los fondos suficientes para los distintos ejercicios, previa petición,
eso sí, como es lógico, por parte de la misma y teniendo en cuenta el
estado justificativo de la gestión. Así se hizo en 1993, en que la Junta
de Andalucía, junto con el estado justificativo del ejercicio 1992, que
presentaba un remanente de 168 millones de pesetas y las previsiones para
el período 1994-1999, remitió la relación de compromisos de 1993,
efectuando una petición de fondos de 631 millones, fondos que fueron
transferidos por el Ministerio. En este importe de 631 millones se
incluían, aparte de otras obligaciones, el costo de las jubilaciones
anticipadas de un primer colectivo. Sin embargo, en el ejercicio 1994 la
Junta de Andalucía no utilizó la totalidad de los fondos asignados, y no
ha existido desde entonces ninguna nueva petición de mayores dotaciones
económicas por parte de la misma.

Años después se ha tenido conocimiento de la firma de un plan privado de
jubilaciones, dada la gravísima situación por la que atravesaba la
empresa, que en ese momento se trata de financiar para dar cobertura a
los trabajadores a los que han extinguido su contrato de trabajo en los
últimos años, pero cuya naturaleza jurídica es evidentemente distinta a
las subvenciones que se abonan a través del sistema de ayudas
equivalentes a la jubilación anticipada. Estos hechos tienen dos
implicaciones: en primer lugar, no se puede dar un destino distinto al
previsto reglamentariamente a los fondos existentes y regulados por la
orden de 5 de octubre de 1994, y en segundo término, en cuanto al dinero
a aportar, es obvio que resulta diferente realizar un pago único a que se
efectúe en ejercicios sucesivos y por las diferentes previsiones. Por
tanto, y aún en la imposibilidad de transferir para esta cuestión
específica fondos a



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través de la aplicación presupuestaria destinados a ayudas equivalentes,
objeto del compromiso, sensu stricto, adquirido por el Ministerio de
Trabajo y cumplido en la medida en que le fue requerido por la Junta de
Andalucía, el Ministerio ha asumido un nuevo compromiso de aportar la
cantidad de 1.000 millones de pesetas al plan privado de jubilaciones
recientemente celebrado, pagaderos por mitades en los ejercicios de los
años 1997 y 1998.




El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, tiene la palabra.




El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Secretario de Estado de la
Seguridad Social. Yo conocía los datos que acaba de relacionar y, sin
embargo, también conozco que existe por parte de la Junta de Andalucía la
solicitud de que la ayuda de su Ministerio sea de 1.810 millones de
pesetas, en cuyo caso hay una diferencia estimable que, en la medida en
que puede incidir en la viabilidad del plan, habrá que situarlo en el
ámbito en el que el problema está, y es posiblemente compartido entre la
Junta de Andalucía, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el
comité de empresa y la empresa misma, que sin duda alguna tendrán que
resituar esta cuestión en los términos precisos y adecuados. Por mi
parte, tomo nota de esta cuestión
Al mismo tiempo, solicito que respecto a este expediente haya una cierta
celeridad en la resolución de lo que es otro elemento importante, dado
que ha habido un problema de 430 millones, es decir, un retraso del pago
de las cotizaciones por parte de la empresa, que ha generado también un
retraso por parte de la Consejería de la Junta de Andalucía a la hora de
valorar esta cuestión. Finalmente, esa valoración se ha producido el 31
de marzo de este mismo año. Son, como he dicho, 430 millones de pesetas.

La empresa tendrá que buscar avales para ello y, finalmente, la Tesorería
General de la Seguridad Social tendrá que comprobar esos avales y
fraccionar los pagos, etcétera. En todo caso, supuesto que los 362
afectados hasta ahora mismo están sólo cobrando el complemento y, por
tanto, esa póliza no está sirviéndoles para mucho --hay un retraso de
tres meses, desde finales de año hasta ahora--, solicitaría por parte de
la Tesorería General de la Seguridad Social la máxima celeridad en la
resolución definitiva del expediente cuando llegue a sus manos.




El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Unicamente subrayarle que trataremos de darle la máxima celeridad, pero,
dado que estamos aplicando fondos públicos, también tendrá toda la
rigurosidad y todo el control necesario.

De las propias palabras del señor Diputado se desprende que el Gobierno
ha sabido actuar, después de haberse producido un cambio estratégico en
las orientaciones de viabilidad de la empresa, manteniendo y respetando
niveles de compromiso. Me gustaría subrayar que, a pesar de que ha habido
un cambio importante de decisión y del cauce normativo con el cual se
afrontó esta cuestión, no ha habido desprendimiento ni falta de apoyo o
de ayuda a los planes que puedan dar viabilidad a esta empresa, sin duda
importante tanto para la provincia como para la comunidad autónoma a la
que pertenece. Tenga la certeza que cuando nos sean demandadas estas
actuaciones complementarias --que como también habrá visto no siempre nos
han sido demandadas-- se tomarán con el máximo interés.




--DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE RECURSOS
ECONOMICOS PARA LOS SERVICIOS SOCIALES HACIA LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN
EL EXTERIOR Y, CONCRETAMENTE, EN LOS PAISES DE AMERICA. (Número de
expediente 181/000404.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada por la Diputada del Grupo
Socialista, doña Matilde Fernández, sobre recursos económicos para los
servicios sociales hacia los españoles residentes en el exterior y,
concretamente, en los países de América.




La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Secretario de Estado, tres eran las
preguntas que he formulado y las tres bastante concretas y precisas.

Una de ellas se refiere a los recursos que a lo largo de 1997 se van a
dedicar a los centros sociales y sanitarios que atienden a emigrantes,
sobre todo en América. Si tiene los datos, sobre Europa, por favor, me
los hace llegar, y ya sólo queda Australia.

La pregunta, claro está, es fruto de que a lo largo de todos estos años
se ha producido un trasvase solidario del Inserso para sumar cantidades a
los recursos que ya están dibujados en el presupuesto dentro de la
Dirección General de Ordenación de las Migraciones o ahora de la
subdirección que ha sido trasladada a la estructura administrativa del
Inserso. La pregunta se refiere a la suma del presupuesto con los
proyectos solidarios que llegan del Inserso.

La segunda pregunta se refiere a los proyectos --y no enumero los que
hasta ahora estaban cubiertos por la Administración de una o de otra
manera--, y la tercera hace mención a un proyecto concreto que no ha
tenido ayuda en el pasado porque no estaba terminado, es una inversión
hecha por los españoles de Buenos Aires, la residencia tinetense. Cuando
el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales la visitó hace unos
meses, y recientemente, en este mes, la nueva Directora General de
Ordenación de las Migraciones, quedaron comprometidos con la firma de un
convenio para el concierto de plazas para que esa residencia se pudiera
llenar con personas españolas con muy bajos recursos. Esas son las tres
preguntas.

Señor Secretario de Estado, el 17 de marzo, en el Senado, el Secretario
de Estado de Exteriores contestó a un Senador socialista sobre los
recursos que las oficinas consulares iban a tener para estos proyectos.

Por eso me quiero centrar sólo en los del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y, desde luego, no le estoy hablando de



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todos los proyectos, sino sólo de tres: le estoy hablando de lo que antes
se llamaban los programas 14, 15 y 18, ahora, con el cambio de la
subdirección al Inserso, no sé si ha habido que cambiar también
numeraciones; por tanto, obviemos esa numeración. Es el programa que se
refiere a las ayudas a las instituciones, centros sociales y centros
sanitarios; el programa que se llama ayudas a obras y equipamiento y el
programa que se llama ayudas para el desarrollo de proyectos concretos
sociales y sanitarios. No son ayudas individualizadas, sino ayudas a
organismos, organizaciones e instituciones.




El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Comprenderá que tal vez en algunas de las cuestiones que ha suscitado no
pueda manejarme con la soltura presupuestaria y técnica necesaria, sobre
todo de ejercicios anteriores; lógicamente, no tengo inconveniente en
reconocer que todavía no he adquirido esa misma celeridad. Me decía que
su pregunta era muy concreta, y yo le digo que ciertamente lo es, tal vez
el concepto puede ser no tan concreto en algunos de los casos porque,
ciertamente, los servicios sociales, como sin duda conoce, es un concepto
bastante más amplio, de distintas interpretaciones. Hay una parte que le
facilitaré por escrito porque creo que eso hará menos tedioso este
trámite para el resto de las personas que acuden hoy a la Comisión.

Considero que se refiere a toda la protección social o prestaciones,
ayudas y subvenciones que se conceden a los emigrantes, yendo con ello
más allá del concepto estricto de servicio social, que es una expresión
que se ha utilizado normalmente para prestaciones en especie como pueden
ser las de residencias de la tercera edad.

Hay un cuadro que le facilitaré que recoge lo que va desde el año 1991
hasta el año 1996, del cual se pueden extraer las siguientes
conclusiones. Se produce un incremento sostenido del gasto en el conjunto
de los conceptos o programas, incremento que es más notable en lo que se
refiere a las pensiones por ancianidad, que han pasado de 1.772 millones
de pesetas en 1993 a 4.328 millones de pesetas en 1996, y es previsible
que en 1997 se agote el presupuesto para este concepto, que es de 4.800
millones de pesetas. Se ha producido una baja en el gasto de ayudas por
incapacidad, porque, a medida que los beneficiarios de estas ayudas
cumplen 65 años, pasan normalmente a solicitar pensión asistencial. Hay
un incremento, no demasiado elevado pero creo que sí sostenido, de las
ayudas para familias con hijos que realizan estudios. Destaca también el
incremento de las ayudas para participar en el programa de viajes de la
tercera edad a nuestro país.

Plantea una cuestión que es difícil: cómo se presta ayuda sanitaria a
personas emigrantes cuando además se trata de personas individualmente
consideradas. Normalmente se está actuando a través de organizaciones o
de asociaciones que contraten las pólizas colectivas de seguro sanitario.

Con la ayuda abonan la cuota a las personas sin recursos o con recursos
muy bajos. Se ha tenido en cuenta la experiencia de Colombia y creemos
que está dando buen resultado. Y ayudas individuales extraordinarias a
través del programa 2, para pagar una parte de la cuota que se les exige
para ser atendidos en centros sanitarios. Este es el caso de dos
hospitales, que sin duda conoce, como es el Hospital Virgen de Covadonga,
que la beneficiencia española tiene en Méjico, y, como antes me citaba,
la Fundación tinetense, que a continuación le resumiré.

En relación al presupuesto del año 1997 --y le aseguro que en este caso
me gustaría ser tan exhaustivo como usted lo ha sido en su
planteamiento-- también le facilitaremos un cuadro con los diferentes
conceptos. Existe un incremento total neto, respecto al año anterior, de
110 millones de pesetas, debiendo tenerse en cuenta que en realidad el
concepto que más se ha incrementado es el de las pensiones asistenciales
por ancianidad, con un total de 164 millones, lo que permite que esas
pensiones asistenciales, además del incremento del 2,6 por ciento para
resarcirles de la subida del IPC, en este caso español, hayan tenido una
cantidad superior. Si le sirven como indicativos, en Argentina, el
conjunto del gasto en pensiones de ancianidad crece el 4,01; en México,
el 4,62; en Venezuela, el 4,44; Brasil, el 4,19; Uruguay, 4,26, y
porcentajes muy similares en el resto de países de Iberoamérica.

Me dicen los servicios que sin duda alguna lo conocen mejor, que en
cuanto al resto de programas no es posible desglosar el presupuesto
disponible por una distribución definitiva en estudio.

Paso a cuestiones muy concretas que ha citado. Respecto a la residencia
tinetense le debo informar que a fecha de hoy no se ha recibido todavía
en la Dirección General ninguna petición de ayudas por parte de la
fundación. Desde la visita que citaba realizada por la Directora General
de Ordenación de las Migraciones, los días 20 a 23 del pasado mes se han
mantenido contactos con la dirección de la residencia, contactos que se
mantienen en la actualidad a través de la Consejería Laboral y de Asuntos
Sociales de la Embajada de España en Buenos Aires, para ver cuáles son
las posibilidades de ayuda.

Respecto a los centros residenciales y asistenciales que se atenderán, he
de decirle que el plazo para solicitar las ayudas del programa 15, ayudas
asistenciales y culturales por parte de los centros, finalizará el 15 de
abril, y cuando se hayan recibido las solicitudes, una vez informadas las
consejerías laborales y de asuntos sociales, las remitirán a la Dirección
General de Ordenación de las Migraciones, y allí se examinarán y se
determinarán las ayudas.

En cuanto al programa 18, sobre ayudas para obras y equipamientos, el
plazo de finalización de solicitudes es aún mayor, concluye el 30 de
junio; en consecuencia, estamos ante una situación en la que --insisto--
difícilmente podría facilitar una información útil para su señoría.

En los servicios sociales de españoles residentes en el exterior, y
concretamente en los países de Iberoamérica, la orden por la que se
establecen y regulan los programas de ayudas a la emigración, de 14 de
diciembre de 1995, que continúa vigente, establece que los distintos
programas asistenciales tienen diferentes períodos para poder optar, como
le señalaba y sobre este tema no tendría ningún inconveniente,



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más avanzado el año, concluidos los períodos de solicitud, de informarle
sobre cuál ha sido la distribución exacta y final de los mismos.

Lamento que alguno de los aspectos a que se ha referido no haya podido
ser satisfecho, tal vez porque ha aportado una mayor exhaustividad de la
que contenía la pregunta en su formulación inicial, pero tampoco existe
ningún inconveniente en facilitarle esta información escrita, que,
insisto, también facilite el trabajo y la capacidad de residencia de
quienes han acudido hoy a esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández.




La señora FERNANDEZ SANZ: Era una triple pregunta muy concreta para que
una persona como usted, llevando otras materias, pudiera, en un informe
amplio, ser capaz de acotarlo. Toda la información que me ha dado no
tiene que ver con esas tres preguntas. De todas formas, agradezco los
datos facilitados y los que me vaya a entregar ahora, pero habíamos
quedado con la Secretaria General que, aprobado el presupuesto y ubicada
ya la dirección, nos haría llegar inmediatamente la respuesta a cómo se
podía dotar una parte de presupuestos del Inserso y con eso responder a
lo que ya en el Consejo General de la Emigración, y por el conjunto de
las asociaciones, está planteado, solicitado y reivindicado, y que para
el mes de mayo más o menos, que es cuando hay un consejo general de la
emigración, se esperaba tener esas respuestas.

Respecto a la residencia tinetense, sí me preocupa su respuesta. Ha
salido en los medios de comunicación españoles y argentinos, así como en
los de la colonia española, que ya se está esperando una respuesta por
parte del Ministerio, y usted, sin embargo, me ha contestado que no hay
ninguna solicitud. Es más, de hecho ya se sabe que hay un primer convenio
que fue rechazado por la junta directiva del hogar y de la residencia y
el compromiso de enviar otro convenio. Eso sí me deja un poco preocupada
y le rogaría que a la unidad responsable le trasladara esta información,
porque los españoles en Argentina están esperando ya un segundo convenio
para ver qué ayuda pueden tener, puesto que estamos hablando de un país
en el que hay una solicitud muy amplia de ayudas para residencias ante el
fenómeno del envejecimiento de los españoles allí y también del deterioro
económico de ese país; esa residencia tiene 64 plazas que hace varios
meses que están ultimadas y pendientes de ocupar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Voy a ser muy breve. Concreción por concreción, la residencia tinetense
--aprovecho para decir que es para los naturales de Tineo, en la
Comunidad Autónoma de Asturias-- es un proyecto que, sin duda, requiere
una atención, atención que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
está tratando de prestar, pero en cuyo diseño y puesta en marcha, como
sin duda conoce la señora Diputada, no ha habido ese grado deseable de
consulta y colaboración previo, con el fin de conocer la viabilidad del
proyecto y las condiciones que permitirían una igualdad de acceso al
resto de los residentes españoles a esta red pública. Dicho de otra
manera, se trata de un hecho cierto, de un problema cierto con el que nos
encontramos, pero, desde luego, no creo que quepa imputar al nuevo equipo
de gobierno el que exista esta situación de dificultad, ni el que esas
dificultades de puesta en funcionamiento y de acceso de ciudadanos sean
reales, como usted describía. Insisto, no creo que ésa sea una dificultad
imputable al nuevo equipo de gobierno, que, eso sí, ha tratado de conocer
de primer mano, en la visita que usted misma citaba, cuáles son las
posibles fórmulas de ayuda. Ciertamente, creemos que también corresponde
a esta fundación, que sigue siendo una fundación de carácter privado, el
presentar las condiciones que considera razonables o las solicitudes que
considere dignas de atención por parte del Gobierno español. Tan pronto
como eso se produzca, intentaremos que la solución sea satisfactoria para
ambas partes.




El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta, que había sido formulada por
el señor Campuzano, de Convergència i Unió, ha sido pospuesta a solicitud
de dicho grupo, por lo cual hemos concluido con el orden del día.

Agradecemos al señor Aparicio y a todas las señoras y señores Diputados
su, más que vocación, devoción parlamentaria, como hoy han puesto de
manifiesto.

Se levanta la sesión.




Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.