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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 182, de 07/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 182
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 19
celebrada el lunes, 7 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre uso de las autorizaciones concedidas por la disposición
adicional segunda del Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
(Número de expediente 181/000346) (Página 5024)
--Del señor Encina Ortega (Grupo Socialista), sobre creación de una
sección de la Audiencia Provincial de Cádiz en el Campo de Gibraltar
(Cádiz). (Número de expediente 181/000394) (Página 5026)
--Del mismo señor Diputado, sobre creación de una delegación de la
Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia para el Campo de
Gibraltar (Cádiz). (Número de expediente 181/000395) (Página 5027)
--De la señora Fernández de la Vega (Grupo Socialista), sobre medidas
ante el colapso del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Majadahonda (Madrid). (Número de expediente 181/000504) (Página 5028)
--De la misma señora Diputada, sobre resultado del control sobre el
cumplimiento del horario de trabajo en las secretarías y oficinas
judiciales y de juzgados y tribunales. (Número de expediente 181/000505)
(Página 5029)
--Del señor Navas Amores (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre fundamento de las declaraciones del Director General de
la Guardia Civil acerca de que la violencia de Navarra se debe a grupos
radicales procedentes del País Vasco. (Número de expediente 181/000369)
(Página 5032)
--Del señor Meyer Pleite (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre responsabilidades por la actuación de los grupos
rurales de seguridad de la Guardia Civil el día 3-2-97 contra vecinos de
Tarifa (Cádiz). (Número de expediente 181/000392) (Página 5033)
--De la señora Cunillera i Mestres (Grupo Socialista), sobre órdenes
impartidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destacados en
Cataluña, en relación con su intervención en el conflicto del transporte
por carretera. (Número de expediente 181/000481) (Página 5036)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre medidas para garantizar la seguridad de los alumnos que
acuden a los institutos de Bachillerato en las ciudades de Valencia,
Benetússer y Mislata (Valencia). (Número de expediente 181/000488)
(Página 5038)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para combatir el incremento el
tráfico de drogas que se observa en las costas del norte de la provincia
de Alicante y del sur de Valencia. (Número de expediente 181/000412)
(Página 5040)
--Del señor Navas Amores (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre razones por las que el Ministro del Interior no recibe
a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco
para hablar de política penitenciaria. (Número de expediente 181/000516)
(Página 5043)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre funcionamiento de la Guardia Civil del Mar en la
Comunidad Valenciana. (Número de expediente 181/000413) (Página 5046)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de la
redada policial llevada a cabo el día 17 de diciembre de 1996 en las
inmediaciones de la mezquita sita en la calle de Buenos Aires, de
Valencia. (Número de expediente 181/000345) (Página 5048)
--Del mismo señor Diputado, sobre afirmaciones del Delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana acerca de si la delincuencia en dicha
Comunidad Autónoma se debe, fundamentalmente, a la entrada en vigor del
Código Penal. (Número de expediente 181/000360) (Página 5050)
--Del señor Vázquez Vázquez, don Guillermo (Grupo Mixto), sobre apertura
de una investigación para averiguar de quién partió la orden de actuación
de la Policía Nacional el día 29 de enero de 1997 en Pontevedra. (Número
de expediente 181/000364) (Página 5052)
--De la señora Alvarez Gayol (Grupo Socialista), sobre medidas ante las
peticiones del comisario jefe de la Comisaría del Distrito de
Usera-Villaverde de recursos humanos y materiales para mejorar los
niveles de eficacia en la zona sur de Madrid. (Número de expediente
181/000517) (Página 5053)
--De la misma señora Diputada, sobre motivos del traslado del comisario
jefe de la Comisaría de Usera-Villaverde, de Madrid. (Número de
expediente 181/000518) (Página 5053)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE USO DE LAS AUTORIZACIONES CONCEDIDAS POR LA DISPOSICION
ADICIONAL SEGUNDA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/1995, DE 7 DE ABRIL, POR
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL.
(Número de expediente 181/000346.)
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión con arreglo al orden del día que
todas SS. SS. tienen. El objeto
fundamental es la contestación de preguntas por distintas autoridades de
la Administración.
En primer lugar figura la pregunta formulada por el Diputado don Ricardo
Fernando Peralta Ortega al Secretario de Estado de Justicia, que la
contestará, sobre uso de las autorizaciones concedidas por la disposición
adicional segunda del Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: En primer lugar, quiero dar las gracias al señor
Secretario de Justicia por su presencia.
Señor Secretario de Estado, como usted conoce perfectamente, así como el
resto de parlamentarios presentes en esta sesión, el vigente Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, que fue aprobado por un
real decreto legislativo de abril de 1995, establece como norma general
la posibilidad de recurso de suplicación en aquellas reclamaciones cuya
cuantía exceda de 300.000 pesetas. Esta cuantía era excesivamente la
misma que establecía el anterior texto articulado, que fue aprobado por
un real decreto de abril de 1990.
La Ley de Procedimiento Laboral, en su disposición adicional segunda,
tanto en su redacción de 1990 como en la actual de 1995, prevé la
posibilidad de que el Gobierno, previo informe del Consejo General del
Poder Judicial y con audiencia del Consejo de Estado, pueda modificar la
cuantía de la procedencia del recurso de suplicación. Esta posibilidad no
ha sido utilizada por el Gobierno desde el año 1990, en base a la
normativa antes citada, ni tampoco desde el año 1995 en base a esa
normativa. Han pasado, por tanto, prácticamente siete años desde que se
estableció dicha cuantía y la misma ha sufrido el deterioro como
consecuencia del índice de inflación experimentado en estos años.
Paralelamente, y durante este período de tiempo, se ha producido una
notable acumulación de recursos en las distintas salas de lo social de
los tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades
autónomas del Estado. Según los datos de que dispongo, obtenidos de la
última memoria presentada por el Presidente del Tribunal Supremo, los
asuntos pendientes en las distintas salas de lo social de los tribunales
superiores de justicia de las comunidades autónomas a fines del año 1990
eran 22.322 y a fines del año 1995 han pasado a 51.352. Se ha producido
prácticamente en ese período de tiempo --que es sólo parte, porque le he
dado datos referidos a fines de 1995, que son los últimos de que dispongo
en estos momentos-- un incremento de más del cien por cien; se han
duplicado los asuntos pendientes.
En esta situación, una posible solución sería que por parte del Gobierno
se hiciera uso de esa autorización prevista en la disposición adicional
segunda del Texto Refundido vigente, y mi pregunta, señor Secretario de
Estado, es si el Gobierno tiene previsto hacer uso de esa autorización.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Ante todo
quiero manifestar el honor que para mí constituye comparecer de nuevo
ante esta Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados
bajo la presidencia del nuevo Presidente.
Su señoría me pregunta por los números 1 y 2 de la disposición adicional
segunda de la referida ley. Como se ha dicho antes, esos dos números no
sólo se refieren al recurso de suplicación, a la cuantía que establece
esa ley para la procedencia del recurso en el número 1, sino también a
otros temas, es decir, a los honorarios a que tienen derecho los letrados
de las partes recurridas, a las sanciones pecuniarias y multas y a las
cuantías de los depósitos para recurrir en suplicación, casación y
revisión. Dicho precepto habilita al Gobierno para modificar
efectivamente cuantías, normalmente al alza, en función de la evolución
de la inflación, transcurrido un período razonable y sin que ello exija,
a nuestro juicio, decreto legislativo en desarrollo de ley o leyes, como
sabe S. S. que las ha citado anteriormente.
Desde nuestra perspectiva, y sin perjuicio de reconocer ese aumento de
asuntos que se ha producido también en el orden jurisdiccional y social,
el breve tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la vigente Ley
de Procedimiento Laboral (menos de dos años) y la moderada inflación
acumulada en el período (en torno al seis por ciento), de momento no
aconsejan al Gobierno hacer uso de la autorización conferida en la
disposición adicional segunda de la citada ley. Por tanto, entendemos que
la posible repercusión de ese seis por ciento de inflación no sería
suficientemente significativa y tampoco sería un mecanismo que evitara de
forma definitiva el que se haya duplicado el número de asuntos en el
orden social en concreto.
Por otra parte, como bien sabe S. S., nuestra preocupación actual está
más en función de aquellos órdenes jurisdiccionales que acumulan un mayor
número de asuntos y un mayor atasco en la administración de justicia,
comenzando por la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo proyecto
de ley regulador se traerá en breve a esta Cámara; la ley de
enjuiciamiento civil, cuyo borrador --como digo-- en muy pocos días será
presentado; posteriormente la ley de enjuiciamiento criminal y, por las
razones que antes he dicho y que están en la mente de todos, quizá el
orden jurisdiccional-social sería el último objeto de reforma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias por su respuesta, señor González Montes,
pero lamento decirle que discrepo profundamente de las manifestaciones
vertidas por usted. No puedo aceptar en modo alguno su afirmación de que
ha transcurrido escaso tiempo desde el año 1995. Es verdad que han
transcurrido dos años, pero lo importante es el tiempo pasado desde que
se estableció la cuantía en 300.000 pesetas para posibilitar el recurso
de suplicación; eso es lo verdaderamente importante, y eso fue en el año
1990. Han transcurrido siete años desde que se estableció la cuantía. Lo
que hay en el año 1995 es un texto refundido
que recoge, en ese punto concreto, lo que disponía el texto del año 1990,
la cuantía de 300.000 pesetas. Por tanto, no estamos hablando de un
escaso período de tiempo (también escaso si queremos), estamos hablando
de siete años y de la incidencia de la inflación de siete años, que no es
un seis por ciento, sino bastante más. Y sobre todo, lo que es más
preocupante, señor González Montes, es que en este período de tiempo,
según los datos de los que dispongo que son los de finales de 1995, los
asuntos pendientes en los tribunales superiores de justicia han pasado de
22.000 a finales de 1990 a 51.000 a finales de 1995.
Comprendo que en el orden de preocupaciones del Ministerio haya temas que
merezcan prioridad, pero éste, como usted ha dicho, es relativamente
sencillo de solucionar. Además, estoy convencido de que contarían con un
respaldo importante, porque se trata de constatar simplemente la
incidencia de la inflación; de constatar, a su vez, el incremento
extraordinario que se ha producido de asuntos pendientes en la sala de lo
social de los tribunales superiores de justicia de las comunidades
autónomas, más del doble en escasamente cinco años, suficiente como para
pensar que de seguir sin tomar medidas nos encontraremos con una
situación de la justicia laboral y social francamente preocupante y no
valdrá decir que hay cosas peores.
Me ha dicho usted que podría haber otras medidas, pero, ¿cuáles serían
esas medidas? ¿Se han aplicado? Porque, si no se aplica ninguna otra
medida, por lo menos ésta, que, según me dice usted y reconoce, es
sencilla y está plenamente justificada, ¿por qué no se adopta? En
definitiva, nos podríamos encontrar con que una jurisdicción que se
caracteriza intrínsecamente por ser rápida, y que requiere además
vitalmente serlo por los intereses que hay en juego, no lo sería.
Yo creo, señor González Montes, que las razones que me ha dado usted no
son realmente de peso, y como, por otra parte, me creo lo que usted me
dice de que abordar este tema no le requiere excesiva complejidad, que
está suficientemente fundamentado y que tendría respaldo adecuado, me
permitiría pedirle por favor que reconsideraran el tema y que vieran, en
la medida de lo posible, ante esta evolución que está teniendo la
jurisdicción social, y en concreto el tema de los recursos, la viabilidad
de que estas medidas sencillas, justificadas y seguramente consensuadas
se pudieran aplicar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Yo quisiera,
siempre en una línea, en la medida de lo posible, de que el objetivo
coincida --y espero que en muchos casos coincida--, decirle, sin tratar
de ninguna manera de obviar el problema que plantea S. S., que, en primer
lugar, nosotros no somos muy partidarios en general, salvo que realmente
las circunstancias lo aconsejen, de hacer parcheos legislativos, sobre
todo en leyes procesales, sino entrar en su momento, cuando sea
necesario, en la valoración de esa ley procesal y en su recorrido a lo
largo de los años y su eficacia.
En segundo lugar, una medida como la que plantea S. S. no cabe duda que
tendría también una repercusión económica en un momento en que quizá
pueda pensarse que no era adecuado, en una determinada clase de
trabajadores, que es en los que puede repercutir fundamentalmente este
tema.
En tercer lugar, sigo insistiendo en que habría asuntos más importantes
que abordar inmediatamente, porque, a pesar de lo que usted diga y a
pesar de que esto no se planteó, por ejemplo, en el año 1994 en el
Parlamento, precisamente cuando hubo una reforma, pensamos que la
incidencia en la cuantía de los recursos de suplicación no sería
definitiva tampoco a la hora de retraer la posibilidad de interponer esos
recursos y de disminuir el número de asuntos respecto a los que hay
actualmente.
En función de esos temas, y sin perjuicio de que le puedo decir que en
cualquier caso, y dado que usted lo ha planteado como lo ha hecho,
volveremos a pensar sobre este asunto, por el momento tengo que
reiterarle que no vamos a abordar una reforma de esta naturaleza.
--DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE CREACION DE UNA
SECCION DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CADIZ EN EL CAMPO DE GIBRALTAR
(CADIZ). (Número de expediente 181/000394.)
El señor PRESIDENTE: La segunda pregunta del orden del día es la del
Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, sobre creación de una
sección de la Audiencia Provincial de Cádiz en el Campo de Gibraltar.
Tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor Secretario de Estado, la Audiencia
Provincial de Cádiz cuenta con una planta judicial de 16 plazas de
magistrados, todas ellas dotadas y distribuidas en cinco secciones
mixtas. Sin embargo, la diversidad territorial y geográfica de esta
provincia, con una zona fronteriza, cual es el Campo de Gibraltar, que
dista casi 150 kilómetros de Cádiz, y con un muy voluminoso número de
asuntos para su enjuiciamiento en materia penal y recursos de apelación
en materia civil y penal, hace más que justificable la creación de una
sección de la Audiencia Provincial para el Campo de Gibraltar, pues ello
vendría a suponer que gran número de justiciables que a diario se
desplazan hasta Cádiz para asistir en concepto de acusados, de testigos,
de peritos o profesionales del derecho, evitasen esos larguísimos y
costosos desplazamientos al poder contar en Algeciras con la anhelada
sección de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Por ello le formulo al señor Secretario de Estado la siguiente pregunta:
¿es partidario el Gobierno, y para cuándo, de que, con motivo de la
modificación de la Ley de Planta, se desarrolle el artículo 80.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial e incluir la creación de la sección de la
Audiencia Provincial de Cádiz en la ciudad de Algeciras, que comprendería
los asuntos procedentes de Algeciras, San Roque y La Línea? (El señor
Vicepresidente, Cárceles Nieto, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): El señor Secretario de Estado
tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Como sabe S.
S., el artículo 80.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina,
como principio general, que las audiencias provinciales extenderán su
jurisdicción a toda la provincia. En el mismo sentido se expresa también
el artículo 3.º.1 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. No
obstante, el apartado 2 de dicho artículo 80 contempla la posibilidad de
creación de secciones de las audiencias provinciales fuera de la capital
de la provincia, a las que quedarían adscritos uno o varios partidos
judiciales. Es quizá el tema que me está planteando de alguna manera.
Ahora bien, como usted bien sabe, la creación de esas secciones supondría
modificación de la demarcación judicial, por lo que no puede ser llevada
a cabo por el Gobierno directamente si no es a través de una ley. En
efecto, el artículo 36 de dicha Ley Orgánica determina que corresponde al
Gobierno la creación de secciones únicamente cuando no signifique
alteración de la demarcación judicial, extremo desarrollado también en el
artículo 20 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
En estos momentos, el anexo V de la Ley de Demarcación y Planta Judicial
establece efectivamente una previsión, como se ha dicho antes, de 16
plazas de magistrados para la Audiencia Provincial de Cádiz, que se
encuentran dotadas en su totalidad y distribuidas en cinco secciones
mixtas. En base a la fundamentación expuesta por el Gobierno, únicamente
podrá constituir una sección de la Audiencia Provincial de Cádiz con
ámbito territorial limitado a los partidos judiciales integrantes de la
comarca llamada Campo de Gibraltar --Algeciras, La Línea de la Concepción
y San Roque-- cuando se haya creado por ley esa demarcación,
considerándose entonces que el momento más conveniente y oportuno para
efectuar, en su caso, esta modificación de la demarcación judicial sería
la revisión de la actual Ley de Demarcación y Planta Judicial en su
conjunto. En ese momento podremos plantearnos esa posibilidad.
Por otra parte, por el momento no está en las previsiones del Gobierno
dicha sección, en función de los datos y de las cargas de trabajo de la
Audiencia Provincial de Cádiz en concreto. Eso es lo que yo le puedo
contestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Tiene la palabra el señor De la
Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Efectivamente, señor Secretario de Estado,
nos constaba que esta creación, al implicar una modificación de la
demarcación, no puede ser llevada por el Gobierno, sino que ha de
realizarse mediante ley, tal y como establece el artículo 36 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, pero no es menos cierto que el artículo 35.5
de dicha Ley establece la posibilidad de que la demarcación judicial sea
revisada cada cinco años o antes si las circunstancias así lo aconsejan.
De ahí que, teniendo en cuenta que desde hace varios años el decanato de
los juzgados de Algeciras, con el apoyo de los diversos municipios de
cabecera de los partidos judiciales --Algeciras, La Línea, San Roque--,
ha venido planteando ante el Ministerio de Justicia que provea esta
circunstancia, pues ello traería enormes ventajas a los ciudadanos del
Campo de Gibraltar, ya que supondría un mayor acercamiento de la justicia
a los ciudadanos, le planteaba antes la cuestión.
En cualquier caso, señor Secretario de Estado, sería deseable y
aconsejable que el Ministerio de Justicia trasladase al Consejo General
del Poder Judicial la conveniencia de que éste materializase la
posibilidad de una sección desplazada al Campo de Gibraltar, a la
Audiencia Provincial de Cádiz, para el despacho de los asuntos
correspondientes, tal como he manifestado antes, porque esto, aunque
supondría un mal menor, sería una salida transitoria a los voluminosos
asuntos que allí penden. Tenga en cuenta que es una zona en la que se
producen continuas aprehensiones de droga, y todo lo que suponga una
aprehensión mayor de un kilo tiene que ser trasladado a la Audiencia
Provincial, por lo que nos encontramos con la circunstancia de que los
juzgados de lo penal no tienen apenas trabajo en aquella zona del Campo
de Gibraltar y, por contra, la Audiencia Provincial se encuentra
sobresaturada por esta circunstancia que le acabo de relatar.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Unicamente
para precisar que si se parte de los módulos orientativos establecidos
por el Consejo General del Poder Judicial, según los últimos datos que
nosotros tenemos, la media de asuntos ingresados por magistrado se sitúa
en 1995, que son los últimos datos fiables, en el 66,56 por ciento con
respecto a la media nacional en el orden civil, y en el 126,87 por ciento
en el orden penal, correspondiéndose respectivamente con 120 asuntos en
el orden civil y 185 en el orden penal. En ambos casos se encuentran por
debajo de los módulos operativos establecidos por el Consejo General del
Poder Judicial.
--DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE CREACION DE UNA
DELEGACION DE LA GERENCIA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA EL
CAMPO DE GIBRALTAR (CADIZ). (Número de expediente 181/000395.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Tercera pregunta, también del
señor Encina Ortega, sobre creación de una delegación de la Gerencia
Territorial del Ministerio de Justicia para el Campo de Gibraltar.
Tiene la palabra el señor Encina.
El señor ENCINA ORTEGA: Señor Secretario de Estado, al haberse
transferido las competencias en materia de personal y medios materiales
de la Junta de Andalucía el
pasado día 1 de abril de 1997, estimo que debe decaer la mencionada
pregunta por cuanto que compete al Gobierno de la Junta de Andalucía ya
dar respuesta a este problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): No tengo
nada que decir en función de lo que ya ha dicho S. S. anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): ¿Desea intervenir el señor
Encina?
El señor ENCINA ORTEGA: No, nada más. Muchas gracias.
--DE LA SEÑORA FERNANDEZ DE LA VEGA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS
ANTE EL COLAPSO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2
DE MAJADAHONDA (MADRID). (Número de expediente 181/000504.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Cuarta pregunta: medidas ante
el colapso del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Majadahonda (Madrid).
Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Fernández de la
Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Buenas tardes, señor Secretario de
Estado.
Como usted sabe, hay muchos --bastantes, más de los deseables-- juzgados
en España que atraviesan dificultades que obedecen a causas diversas pero
que están originando situaciones graves de colapso, que hacen que sea más
lenta la respuesta a los ciudadanos respecto a sus problemas. Son
conocidos de esta Comisión, porque se ha debatido en casi todas las
legislaturas, los colapsos que sufren algunos juzgados, sobre todo
algunos que históricamente vienen arrastrando situaciones de deterioro.
Entre éstos son conocidos los problemas que vienen atravesando desde hace
tiempo los juzgados de Majadahonda, que están bastante mal, lo cual ha
motivado actuaciones del anterior Ministerio de Justicia y del actual,
con la creación de dos juzgados en un breve plazo de tiempo, a pesar de
la escasez de consignaciones presupuestarias que ha habido. Se ha creado
el juzgado número 4 y en enero de 1997 ha empezado a funcionar el juzgado
número 5.
No obstante, la situación sigue siendo --como supongo que el señor
Secretario de Estado sabe-- bastante caótica, especialmente en el juzgado
número 2, que es el que peor está, según las noticias que tiene el Grupo
Parlamentario Socialista. Dicho juzgado, como usted sabe, tiene un
secretario judicial con un expediente y es un juzgado al que se le negó
el refuerzo --según las noticias que nosotros tenemos--, a pesar de que
su situación es de evidente retraso --tiene cerca de 1.800 asuntos
civiles y alrededor de 700 asuntos penales pendientes--, y las razones
que se han dado para denegar el esfuerzo es que acababa de crearse un
nuevo juzgado, que es el número 5.
Parece ser que debido a las protestas que ha habido, porque todos los
profesionales --procuradores y abogados de la zona-- han puesto de
manifiesto una situación que ya no se podía sostener ante los órganos
competentes del Consejo General del Poder Judicial y supongo que también
ante el Ministerio, se ha concedido alguna prolongación de jornada y
también que el Consejo ha nombrado un juez de apoyo. A pesar de ello, las
noticias que tiene el Grupo Parlamentario Socialista es que no han
nombrado todavía, que sepamos, un secretario o un oficial de apoyo para
suplir al secretario judicial, que ha sido expedientado en tres ocasiones
y que está suspendido de sus funciones desde el verano del año pasado.
Además, sabemos que el resto de los juzgados de Majadahonda también han
pedido apoyos y no los han conseguido, en razón a que, al parecer, se ha
creado un nuevo juzgado que ha empezado a funcionar.
Señor Secretario de Estado, está muy bien que se haya creado un nuevo
juzgado. Nosotros ya creamos el juzgado número 4, ustedes han creado el
número 5, que acaba de entrar en funcionamiento, pero eso no palía la
situación del Juzgado de Primera Instancia número 2, en el que el cúmulo
de asuntos es tal que en estos momentos, según mis noticias, hay casi un
plante de los profesionales, de los procuradores y abogados, en orden a
que la lentitud en la tramitación de los asuntos en ese juzgado exige
actuaciones concretas y urgentes. No vale la respuesta de que se ha
creado un juzgado nuevo; creo que lo importante es resolver los asuntos
que están allí atascados y retrasados y que originan un cuello de
botella, porque si el Consejo General del Poder Judicial nombra un juez
sustituto, pero a su vez no existe personal de apoyo, oficiales y
auxiliares, que saquen ese trabajo, a pesar del esfuerzo y de la
inversión en el juez sustituto, la verdad es que vamos a seguir en esa
misma situación. Nuestra pregunta es qué medidas piensa adoptar el
Ministerio de Justicia para tratar de paliar esta situación que
calificamos realmente de grave.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Sin
perjuicio de la exposición de antecedentes que ya ha hecho S. S., quizá
interese enmarcar este tema precisamente en dichos antecedentes.
La plantilla del juzgado número 2, como sin duda conocen, está compuesta
por dos plazas de oficial, cuatro de auxiliares y dos de agentes, que se
encuentran cubiertas en su totalidad. Hay que resaltar que la citada
plantilla de ese juzgado es idéntica a las de los restantes juzgados de
la localidad, excepto a la del juzgado número 1, que cuenta con una plaza
de auxiliar más por realizar funciones de registro civil.
Durante el año 1996 efectivamente se aprobaron prolongaciones de jornadas
retribuidas, de acuerdo con la disposición adicional novena del Real
Decreto 1616/89,
regulador de la cuantía del complemento de destino de los funcionarios de
la administración de justicia, para un oficial, tres auxiliares y dos
agentes. Las prolongaciones de jornada, como es sabido, van dirigidas a
mejorar la carga de trabajo de aquellos órganos jurisdiccionales que
presenten un mayor volumen de trabajo. El hecho de que se aprobaran seis
prolongaciones durante el pasado año es una muestra palmaria del interés
del Ministerio de Justicia por paliar los problemas que tiene ese juzgado
número 2 de Majadahonda.
En este sentido no se pueden olvidar las limitaciones presupuestarias
existentes, que obligan a restringir en muchas ocasiones la utilización
de este tipo de medidas. La entrada en funcionamiento, a la que se ha
referido anteriormente S. S., del juzgado número 5 de Majadahonda, el
pasado día 30 de diciembre, se traduce en una sensible disminución de la
carga de trabajo del juzgado número 2. Aun así, en 1997 se han aprobado
prolongaciones de jornada para un oficial y un auxiliar. También se ha
prolongado la adscripción de un agente del servicio de apoyo del Tribunal
Superior de Justicia, que se encuentran prestando servicio desde junio de
1996.
Por último, se encuentra pendiente de informe del Consejo General del
Poder Judicial, informe solicitado con fecha 23 de enero, el nombramiento
de un oficial interino para sustituir efectivamente al secretario que se
encuentra en situación de suspensión. Y en tanto se produce este
nombramiento, se ha aprobado una prolongación de jornada para el
secretario del juzgado número 1.
Esto es lo que puedo contestar a S. S. en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Tiene la palabra la señora
Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Me alegro de que mantengan esas
prolongaciones de jornada e insto únicamente al Ministerio de Justicia a
que se acelere el nombramiento del secretario, porque es el que conoce
bien el funcionamiento interno de un juzgado. Señor Secretario de Estado,
si se dan prolongaciones de jornada pero éstas no están controladas por
quien dirige la oficina judicial --y en este juzgado tenemos antecedentes
de que ha habido muchas anomalías en esa materia--, realmente no vamos a
llegar a sacar ninguna productividad de las inversiones que allí se están
haciendo. Le insto a que esto se acelere, que se nombre a ese oficial
interino que ya está pedido y que inicialmente se había denegado, que se
mantengan las prolongaciones de jornada y, sobre todo, que cuanto antes
se nombre a un secretario judicial, porque sin secretario judicial y sin
el mantenimiento de las medidas de apoyo mencionadas, ese juzgado no va a
poder salir adelante.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Unicamente
quiero añadir, en primer lugar, que al parecer hay resolución en el
expediente respecto al secretario judicial al que nos referíamos
anteriormente. No tenemos constancia de que esa resolución haya sido
recurrida, lo cual va a facilitar ese futuro nombramiento. En segundo
lugar, quiero decir también que el juzgado número 2 de Majadahonda está
incluido en los planes de inspección para 1997 del Consejo General del
Poder Judicial, lo cual espero que contribuya a que ese atasco vaya
desapareciendo y se resuelva el problema.
--DE LA SEÑORA FERNANDEZ DE LA VEGA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE RESULTADO
DEL CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO EN LAS
SECRETARIAS Y OFICINAS JUDICIALES Y DE JUZGADOS Y TRIBUNALES. (Número de
expediente 181/000505.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Quinta pregunta, también de la
señora Fernández de la Vega, acerca del resultado del control sobre
cumplimiento del horario de trabajo en las secretarías y oficinas
judiciales de juzgados y tribunales.
Tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: El pasado 17 de diciembre se
publicaba en el Boletín Oficial del Estado una resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia por la que se dictaban instrucciones
sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia.
Han tenido que transcurrir siete meses desde que ustedes llegaron al
ministerio para dictar una resolución que, salvo en la regulación del
horario en las guardias, que es ex novo y algún leve matiz, como ya se
puso de manifiesto en alguna otra intervención parlamentaria ante esta
Cámara, es sustancialmente idéntica a la publicada en febrero del año
pasado, casualmente recurrida por una corporación y casualmente
suspendida de forma cautelar por la Audiencia Nacional, con el
allanamiento del Ministerio de Justicia, es decir, del servicio jurídico
del Estado.
No voy a hacer aquí, señor Secretario de Estado, un análisis ni siquiera
describir, por ahora, los avatares y dificultades de todo tipo, algunas
tan peregrinas como que con la implantación del horario en la
Administración de justicia y su control se atascaba la independencia
judicial --espero que esta fase de la discusión del horario esté ya
superada--, o como que el órgano responsable del cumplimiento del control
del horario es el Ministerio de Justicia y/o las comunidades autónomas
con competencias en la materia, que felizmente su Gobierno ha reconocido
o se ha visto obligado a reconocer.
Lo que al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa ahora es lo poco o
nada que se ha avanzado en los últimos meses en esta materia. Señor
Secretario de Estado, para nosotros el servicio público de la justicia
--ya sé que a ustedes no les gusta mucho hablar de servicio público de la
justicia-- tiene deficiencias y es evidente que el horario y su control
no lo arregla todo, pero consideramos que, como en cualquier
administración, es necesario mejorar la
eficacia y desde luego la eficiencia, y uno de los instrumentos es que se
atienda al ciudadano durante un horario, de forma que el tiempo de
trabajo y de la productividad se incremente. La situación actual, tras
varios meses, sigue siendo descorazonadora. Las denuncias sobre el
horario siguen siendo constantes y existe una opinión generalizada de
ciudadanos, de profesionales y usuarios --cuando no son los propios
funcionarios de la Administración de justicia-- que reconocen que la
media de la jornada laboral hoy está en los juzgados de este país entre
las 24 y las 26 horas semanales. Esto es una constatación que está en la
opinión pública.
Ahí está la resolución que ustedes dictaron en diciembre, que establece
un horario de 37 horas y media semanales en cómputo mensual, pero lo
importante no es que haya aparecido esa resolución después de diversos
meses, sino que desconocemos si se han dictado las medidas de control
para el cumplimiento de ese horario. Desconocemos si tal y como establece
la propia resolución se ha publicado el calendario laboral, si se han
publicado los calendarios laborales en cada centro de trabajo, si se han
establecido mecanismos para el control del horario, si han hecho ustedes
ya un análisis del resultado del funcionamiento de esos mecanismos.
Esto es lo que, en definitiva, nos lleva a plantearle que nos explique,
señor Secretario de Estado, qué medidas está adoptando el Ministerio de
Justicia en esta materia de control de horario porque consideramos que
éste es un tema que, si no es el más importante, es de sumo interés para
empezar a lograr que los ciudadanos puedan tener una respuesta. Tampoco
sabemos si en este momento existen denuncias de que en cada órgano
judicial se sigue manteniendo un horario distinto de atención a
profesionales, cuando la propia resolución que ustedes dictaron establece
un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde --creo recordar--. La
situación sigue siendo, según nuestras noticias, caótica, y por eso nos
gustaría saber qué medidas está adoptando en esta materia el Ministerio
de Justicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Quisiera
empezar por aquello que se ha dicho antes sobre el servicio público de la
justicia. Me suena mejor el servicio público de la Administración de
justicia o de la organización de la Administración de justicia, no de la
justicia como tal. Por tanto, con la primera frase no estoy de acuerdo;
en la segunda sí podría estarlo.
Por otra parte, y sin perjuicio de eso, se nos achaca que ha transcurrido
mucho tiempo desde el momento en que adoptamos esta resolución de la
Secretaría de Estado, de diciembre hasta ahora, o desde el momento en que
pudimos adoptarla hasta diciembre de 1996.
Todos los temas delicados tienen su tiempo y así podría ser comprensible
en el caso del Gobierno anterior, ya que la resolución de la Secretaría
de Estado de Justicia con la modificación del artículo 455 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que otorga al Ministerio la competencia de
regular y controlar el cumplimiento del horario laboral de la
Administración de Justicia, y que es de noviembre de 1994, no se publica
hasta el 29 de marzo de 1996, y posteriormente hasta el 29 de abril de
1996 no se publica la instrucción correspondiente. Nosotros hemos tardado
mucho menos. Muchas veces se nos exige hacer en mucho menos tiempo lo que
no se ha hecho anteriormente con más tiempo, pero para enmarcar el tema,
y sin perjuicio de lo dicho, voy a pasar a explicar qué es lo que se está
desarrollando en esta materia.
Como bien sabe, según lo dispuesto en el apartado noveno de la citada
resolución, la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia ha elaborado una instrucción sobre el sistema de control del
cumplimiento de jornada y horario de la Administración de justicia, que
no es ni mucho menos idéntica a la anterior, que regula el uso de los
medios mecanizados de control horario y la justificación de incidencias,
tanto en los edificios donde está instalado el control mecánico, como en
los que no.
Dicha instrucción, por hacer un seguimiento del tema, fue remitida el
pasado 14 de enero a las comunidades autónomas con competencias asumidas
en materia de personal, con el fin de que emitieran el preceptivo
informe, de conformidad con el párrafo 1.º del artículo 189.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en redacción dada por la reforma que hubo en
1994, y una vez que dicha instrucción ha obtenido, salvo una comunidad
autónoma que nos falta todavía, el dictamen favorable a lo largo de
diversas fechas del mes de marzo --en este sentido han contestado
Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia y nos falta Canarias--, se ha
remitido también dicha instrucción a las centrales sindicales para que
den su opinión sobre la materia y cuando la hayan dado se remitirá, como
es natural --y ése es el procedimiento--, al Consejo General del Poder
Judicial para que realice las observaciones que estime oportunas. A
partir de entonces será cuando entre en vigor o se aplique a los
distintos órganos jurisdiccionales con el fin de realizar un efectivo
control del cumplimiento horario. A nuestro entender, esto no podría
hacerse de otra manera más que como se ha hecho. Concretamente esa
remisión a los sindicatos se ha realizado el 3 de abril, esta semana hay
una reunión en el ministerio con ellos para agilizar al máximo ese
procedimiento y también se ha analizado la instrucción por el consejo de
secretariado. Es decir, en breve tiempo podremos iniciar ya la aplicación
de dicha instrucción, que tiene temas que no coinciden y asuntos que nos
parecen importantes, por ejemplo respecto a las guardias o respecto a la
responsabilidad como jefe de la oficina judicial del secretariado
judicial, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor Secretario de
Estado.
Lamento discrepar de usted en este tema. Ya le he dicho al principio de
mi intervención que no quería hacer un relato pormenorizado de los
avatares y dificultades que llevaron
al anterior Gobierno a implantar el horario en la Administración de
justicia. Su ministra lo conoce muy bien porque ella fue partícipe de la
oposición que desde el Consejo General del Poder Judicial se hizo en su
momento a la implantación del horario. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Por tanto, eso que no quería traer a colación pero que
usted ha dicho que tardamos mucho en implantarlo, fue por dificultades
derivadas de quien no era partidario de que se estableciese un horario
controlado desde el Ministerio de Justicia y, sobre todo, porque se cedía
a las presiones de alguna corporación, en concreto del Consejo de
Secretarios Judiciales, que estaba en contra de las funciones que se les
atribuían y de los deberes que se les imponían a la hora de controlar ese
horario. Eso fue lo que pasó, ni más ni menos. Lo que pasó es que en el
momento en que en una organización se trató de introducir algo tan
elemental en otras administraciones como que haya un horario y se cumpla,
las corporaciones saltaron por los aires porque estaban en contra del
horario, y hubo colectivos y sectores que las apoyaron, entre los cuales
estaba parte del equipo actual del Ministerio de Justicia, no sólo la
ministra, sino algún otro miembro. ¿Qué ha ocurrido? A partir de que
ustedes toman posesión, la resolución evidentemente está recurrida; el
abogado del Estado se allana, la Audiencia Nacional suspende y ustedes
tardan siete meses más en dictar una resolución que, repito, introduce el
tema de las guardias y un leve matiz en algún otro tema, que es, sobre
todo, hacer alguna concesión a alguna de las corporaciones protestantes.
¿Qué ha pasado ahora? Que ha llegado el mes de diciembre y se dice en la
propia resolución que se van a dictar las instrucciones para controlar,
porque lo importante no es la resolución estableciendo el horario, aunque
lo sea; lo importante son los mecanismos de control de ese horario y,
evidentemente, todavía no tenemos mecanismos de control de ese horario.
Se dicta la resolución el 17 de diciembre y todavía estamos sin las
instrucciones. Ahora me dice usted que las acaban de mandar. Me alegro
mucho. Menos mal que las acaban de mandar y que ahora están pendientes de
informe de las comunidades autónomas. Comprenda usted, señor Secretario
de Estado, que con estos precedentes, al Grupo Parlamentario Socialista
le preocupe mucho si va a haber control o no del horario en la
Administración de justicia, porque nos sigue preocupando mucho el
servicio público de la justicia; me da igual que usted le llame servicio
público de la Administración de justicia. Estamos hablando de un servicio
público que tiene que atender a los ciudadanos, que tienen derecho a
poder acudir a los juzgados a unas horas determinadas. Lo mismo que digo
de los ciudadanos digo de los profesionales y usuarios. En la pregunta
anterior hablábamos, por ejemplo, de la situación de colapso en los
juzgados de Majadahonda. No sólo se arregla con prolongaciones de
jornada; habrá que controlar si las jornadas realmente se cumplen y,
desde luego, yo creo que tanto usted como yo, como todos, sabemos que en
estos momentos hay un incumplimiento generalizado de la jornada de
trabajo en casi toda la Administración de justicia, porque esto está
reconocido por profesionales, por usuarios, por abogados, por
procuradores y hasta por los propios funcionarios, que en muchas
ocasiones se quejan de esas prolongaciones de jornada, porque, como
siempre ocurre, a río revuelto, hay gente que trabaja, a lo mejor,
cuarenta horas, pero hay gente, la mayoría, que está dando un resultado,
un rendimiento y una productividad de veinte horas, y en el escaso tiempo
que tuvimos en funcionamiento los mecanismos de control instaurados por
el equipo anterior se pusieron de manifiesto muchas disfunciones, pero
como lo suspendieron inmediatamente no dio tiempo a actuar. Aquí, en este
ámbito, hay que actuar, hay que adoptar medidas disciplinarias, hay que
controlar el horario y hay que permitir que los abogados y los
profesionales puedan acudir a los juzgados sabiendo a qué horas pueden
acudir, porque sigue ocurriendo que cada juzgado pone sus horas y que un
abogado o un procurador van a hacer una gestión y se encuentran con un
papel en la puerta que dice: en este juzgado se atiende de 12 a 2, y eso
con una resolución que hoy existe.
Yo lo único que le pido, señor Secretario de Estado, es que aceleren, por
favor, la publicación de esas normas, para que cuanto antes sepamos todos
a qué atenernos y podamos exigir las responsabilidades concretas por un
funcionamiento de la justicia que es defectuoso. Yo no digo que con esto
se vaya a arreglar todo, pero vamos a empezar a abrir el camino para que
cada palo aguante su vela y, desde luego, aun cuando desde esta Cámara
vamos a apoyar siempre todas las medidas para que se den más medios a la
justicia, también vamos a exigir responsabilidades para que, desde la
justicia, se dé la atención que el ciudadano exige y se merece.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Montes.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Señor
Presidente, quiero hacer alguna puntualización.
A mí sí me ha preocupado mucho eso del incumplimiento generalizado en las
oficinas judiciales, cosa que no creo que ocurra de esa manera, al menos
por la experiencia que uno también tiene en esos lares. No digo que no
haya gente que no cumpla, porque sucede en muchos ámbitos de la
Administración, y en ello estamos también aquí. Ahora le daré algún
detalle más sobre este tema para que se tranquilice.
En primer lugar, no fuimos nosotros ni nadie del Ministerio quienes
impugnamos esa norma de ustedes ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. (La señora Fernández
de la Vega Sanz: Se allanaron.) No. La noticia que tengo es que el
abogado del Estado no se opuso, que era una figura procesal distinta al
allanamiento, como bien saben los que están sentados ahí. (La señora
Fernández de la Vega Sanz: Llámelo usted como quiera.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, no establezcan conversaciones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Es que es
muy distinto. En segundo
lugar, yo no tengo inconveniente alguno. No es que hayamos empezado a
enviar ahora a las comunidades autónomas, no. En diciembre se publica
este tema por la Secretaría de Estado y en enero comenzamos a enviarlo a
las comunidades autónomas por el camino que entendemos que se debe hacer.
¡Cómo no vamos a requerir, de alguna manera, la opinión de las
comunidades autónomas que tienen hechas transferencias! Ya he dicho que
han contestado cuatro, prácticamente todas, durante el mes de marzo,
incluso tengo fechas concretas y las contestaciones por escrito, salvo
una que ha sido oral, y que sólo falta la de Canarias, porque también se
ha hecho la transferencia posteriormente. Andalucía no va a dar tiempo,
dicho sea de paso, por aquello de que yo soy andaluz.
Se trata de una instrucción que se intenta verificar y contrastar con las
comunidades autónomas en una tema que es algo delicado, como se podrá
comprender, y también con las centrales sindicales y con el consejo. Por
ejemplo, sólo le leo alguno de los puntos fundamentales del contenido de
esa instrucción para que haya tranquilidad, porque, sin perjuicio del
ámbito de aplicación, hay un segundo punto que regula sistemas de control
en sedes con relojes de control horario instalados; tercero, sistemas de
control en sedes donde todavía no se hayan instalado medios mecanizados
de control; cuarto, publicidad del horario; quinto, justificación de
incidencias; sexto, relaciones de incidencias, etcétera. Es decir, como
se comprenderá, no se hace una instrucción de esta naturaleza y se
contrasta para que luego no vaya a funcionar o para que luego no vaya a
haber ese control horario. Indudablemente que sí. Lo que no queremos que
nos ocurra es lo que ocurrió anteriormente y, por tanto, yo creo que en
esta ocasión no va a suceder y que sí va a ser posible ese control
horario razonable sobre las oficinas judiciales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado de
Justicia.
Terminadas las preguntas formuladas a dicha autoridad, se suspende la
sesión durante unos segundos para que se incorpore el siguiente
compareciente. (Pausa.)
--DEL SEÑOR NAVAS AMORES (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE FUNDAMENTO DE LAS DECLARACIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE
LA GUARDIA CIVIL ACERCA DE QUE LA VIOLENCIA DE NAVARRA SE DEBE A GRUPOS
RADICALES PROCEDENTES DE PAIS VASCO. (Número de expediente 181/000369.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se incorpora a la Mesa el Secretario de
Estado de Seguridad, señor Martí Fluxá, para continuar el orden del día y
contestar a las preguntas de sus señorías.
En primer lugar, la pregunta realizada por el Diputado don José Navas
Amores que, excepcionalmente y sin que siente precedente en la Comisión,
va a formular el señor Meyer Pleite, por ausencia justificada del señor
Navas Amores, sobre fundamento de las declaraciones del Director General
de la Guardia Civil acerca de que la violencia en Navarra se debe a
grupos radicales procedentes del País Vasco.
El señor Meyer tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, muchas gracias por interpretar
de manera magnánima el Reglamento.
Nuestra pregunta iba en el sentido de que se aclararan las declaraciones
que venían a decir que la violencia en Navarra se debía,
fundamentalmente, a grupos radicales procedentes del País Vasco, es
decir, desde el punto de vista de una violencia importada a Navarra o
exportada desde Euskadi. Querríamos conocer de forma directa cuál es el
fundamento de esa información, toda vez que a todos nos interesa
erradicar la violencia, no solamente en Navarra, en Euskadi; que todos
seamos capaces, tanto en Navarra como en Euskadi, de actuar para
erradicar progresivamente la violencia en todas sus expresiones, hasta
llegar a su punto cero.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): El Director
General de la Guardia Civil efectuó el pasado día 27 de enero en Pamplona
unas declaraciones, que unos días más tarde fueron matizadas por él
mismo. Literalmente, el señor López Valdivielso manifestó: La violencia
callejera en Navarra está siendo provocada por grupos que desde el País
Vasco quieren alterar la paz en la Comunidad Foral. La violencia
callejera es un fenómeno externo y ajeno a la Comunidad Autónoma, ya que
no creo que sea el deseo mayoritario del pueblo navarro.
En cuanto a la matización de esas declaraciones, el señor López
Valdivielso se pronunció en los siguientes términos: Los grupos violentos
actúan tanto en Navarra como en el País Vasco. Esas alteraciones del
orden público no responden al sentir de la mayoría de la sociedad y esos
grupos en Navarra emulan y copian el proceder de grupos similares que
actúan en el territorio de Euskadi. Y, por último, concretó el señor
López Valdivielso: Lo más importante es que tanto en Euskadi como en
Navarra podamos conseguir entre todos acabar con la violencia callejera.
Señor Presidente, el director general no se refería, por tanto, en modo
alguno, a ciudadanos vascos que se desplazan a Navarra, sino a los
comportamientos de los grupos que actúan en esa Comunidad Autónoma.
Resulta evidente, señor Presidente, que la violencia callejera, tanto en
Navarra como en el País Vasco, no es un fenómeno sociológico que surja de
forma natural y espontánea, sino que, por el contrario, forma parte de la
estrategia del grupo terrorista ETA y de su entorno, que utiliza la
violencia y la intimidación como único medio para intentar alcanzar sus
objetivos.
El problema, señor Presidente, no es que exista un nacionalismo radical
que en estos momentos tenga unos determinados postulados. Lo
verdaderamente importante es
que existe una minoría violenta que trata de imponer a la mayoría sus
dogmas y sus criterios. Este es el verdadero problema, y no otro. Existe
una clara y esencial traza divisoria entre los demócratas y los no
demócratas. Los primeros tenemos que actuar de forma clara y sin ninguna
vacilación.
En definitiva, señorías, de lo que se trata es de que seamos capaces de
articular de un modo razonable, con nuestras diferencias y nuestras
discrepancias, un proyecto cohesionado y fundamentado en la unidad para
hacer frente al problema de la violencia. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad deben realizar en esta materia, y así lo están haciendo, tanto
una función preventiva como una función de investigación de los hechos
para poner a sus autores a disposición judicial. Y, desde un punto de
vista político, y en la misma línea antes expresada, es responsabilidad
de todas y cada una de las fuerzas democráticas realizar un esfuerzo para
conseguir la unidad de las mismas y la acción común que permita acabar
con estas actividades delictivas que tanto perjuicio están causando a la
sociedad española.
Señor Presidente, éste es el verdadero sentido de las declaraciones del
Director General, de la Guardia Civil, y querer interpretarlas de otra
manera no ayuda en nada a lo más importante, que es que tanto en el País
Vasco como en Navarra podamos conseguir entre todos acabar con cualquier
forma de violencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Secretario de Estado, con la información que
nos da yo creo que quedan perfectamente matizadas estas declaraciones y
bien encuadradas en lo que todas las fuerzas democráticas pretendemos,
que es no solamente aislar, sino erradicar de forma definitiva el
fenómeno de la violencia en todas sus expresiones, en la terrorista y en
la violencia callejera, tanto en Euskadi como en Navarra. Esta matización
viene bien porque la declaración se podía malinterpretar en el sentido de
que el fenómeno de la violencia en Navarra, en cuanto a la violencia
callejera, era un fenómeno exportado desde Euskadi. A todos nos consta
que es una violencia que nace en Navarra, en el mismo marco de violencia
que en Euskadi. Esta matización resuelve perfectamente esta afirmación
que el 27 de enero nos dejó a todos un poco perplejos y queda
perfectamente aclarado.
El tema de la violencia callejera necesitaría, desde nuestro punto de
vista, una reflexión por parte de todas las fuerzas democráticas, para
que, en la defensa del Estado de Derecho, seamos capaces, no solamente
con iniciativa policial, sino con iniciativa política, de conseguir lo
que todas las fuerzas democráticas queremos: que impere el Derecho en las
calles, tanto de Navarra como de Euskadi, y que las expresiones de
violencia, desde las más dramáticas, las más salvajes, a las menos
salvajes, entre comillas, se conviertan en una anécdota y que cualquier
ciudadano, tanto de Navarra como de Euskadi, pueda pasear libre y
tranquilamente por las calles de Euskadi y de Navarra.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Agradeciendo la
intervención al señor Meyer, quiero hacer una matización al tema de la
violencia callejera.
Creo que éste es un fenómeno en el que, como en ningún otro, necesitamos
coordinación; necesitamos coordinación en varios frentes: coordinación,
por una parte, de todas y cada una de las fuerzas políticas, siguiendo la
iniciativa del señor Meyer, y coordinación también entre todos los
sectores que de alguna forma están afectados, como las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Poder Judicial, Fiscalía General del Estado,
etcétera. Es un fenómeno que nos afecta a todos y al que todos debemos
dar una contestación.
--DEL SEÑOR MEYER PLEITE (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE RESPONSABILIDADES POR LA ACTUACION DE LOS GRUPOS
RURALES DE SEGURIDAD DE LA GUARDIA CIVIL EL DIA 3-2-97 CONTRA VECINOS DE
TARIFA (CADIZ). (Número de expediente 181/000392.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es del señor Meyer Pleite,
sobre responsabilidades por la actuación de los Grupos Rurales de
Seguridad de la Guardia Civil el día 3 de febrero de 1997 contra vecinos
de Tarifa.
El señor Meyer tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: El pueblo de Tarifa, señor Presidente, señor
Secretario de Estado, ha vivido, a lo largo de más de un año, una
situación muy complicada, muy difícil, porque se ha negado, mediante
referéndum popular, a través de sus instituciones, a que el cable de alta
tensión con destino al norte de Africa, hacia Marruecos, pasara por sus
costas, y ello atendiendo a distintas razones. La primera es la voluntad
política expresada en este referéndum y en el pleno del ayuntamiento,
además de otro tipo de razones: ecológicas, sanitarias, etcétera. El
pueblo de Tarifa ha vivido en un estado lamentable en cuanto a
altercados, incidentes, con una desproporción clara por parte de las
Fuerzas de Seguridad de antidisturbios, teniendo en cuenta que éstas se
deben caracterizar por una gran objetividad en el momento del uso de la
fuerza, no actuando de manera que con su actuación se cree más conflicto;
es decir, que el agente de la autoridad, además de cargar, insulte o dé
malos tratos a la hora de las detenciones. El pueblo de Tarifa ha
entendido que las Fuerzas de Seguridad han actuado de una manera abusiva
en el uso de su fuerza. A nosotros nos parece que se crea un precedente
muy negativo, un mal precedente, si a cualquier pueblo, a cualquier
municipio que exprese una voluntad política clara, en cualquier problema
que pueda tener, se le responde mediante la fuerza, mediante el bote de
humo, mediante las bolas de plástico lanzadas por los antidisturbios. En
estos momentos, el sentimiento del pueblo de Tarifa es, de alguna manera,
que ha sido vencido mediante la fuerza por los antidisturbios,
por los grupos rurales de seguridad de la Guardia Civil. Y esto no es
bueno para la democracia.
En todo caso, lo que nos ocupa en estos momentos es que ha habido una
actuación yo creo que abusiva el día 3 de febrero de 1997, que merece por
parte del Ministerio de Interior no solamente una investigación, sino una
depuración de las responsabilidades, porque en estos momentos están sub
iudice actuaciones con lesiones graves, con insultos, con malos tratos,
que han dejado en muy mal lugar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Si
a esto añadimos que todavía no se ha indemnizado a un ciudadano que
perdió un ojo por una bola de goma hace un año en otro de los conflictos,
la verdad es que el conjunto de estas actuaciones, tanto para el pueblo
de Tarifa como para el resto de la provincia de Cádiz y para todos los
demócratas, creo que deja en muy mal lugar al Ministerio de Interior.
Nosotros entendemos que hay una serie de responsabilidades que convendría
investigar y que, sin menoscabo de esa investigación que está sub iudice
sobre lesiones producidas por esa carga, es necesario que por parte del
Ministerio de Interior se adecuen las vías oportunas para depurar las
responsabilidades de los mandos en esa carga --que nunca se debía haber
producido-- del día 3 de febrero de 1997.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Antes de
proceder a la exposición de los hechos, quisiera que todos nos hiciéramos
una reflexión inicial. Hemos de tener en cuenta que el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la Constitución y por las leyes, y
en particular el derecho de reunión y manifestación, debe realizarse
dentro del marco de la legalidad establecido por el ordenamiento
jurídico, compatibilizando este ejercicio con el de los derechos --como
el derecho a la seguridad en el trabajo o el derecho a la libre
circulación-- de los demás ciudadanos. En el presente caso, señor
Presidente, la actuación policial se produjo en virtud de la autorización
expresa del gobernador civil y también necesaria para hacer posible el
ejercicio de derechos y libertades constitucionalmente protegidos. Por
ello, en modo alguno podemos calificar de actuación provocativa la de
aquellos que no hicieron sino cumplir con sus funciones, con respeto
estricto a la legalidad vigente.
En lo que ya se refiere, más concretamente, al relato de los hechos, el
16 de diciembre de 1996, en la zona de la vega del término municipal de
Tarifa se reanudaron las obras de construcción de la infraestructura
necesaria para conectar España a Marruecos mediante un cable de 400
megavatios de potencia, a fin de proporcionar energía al citado país. Las
obras se realizan, señor Presidente, con el apoyo mayoritario de la
población de Tarifa, que va a ver cómo su municipio se beneficia de una
serie de infraestructuras, que ha sido la contraprestación pactada, mes a
mes, por los posibles daños que sufrirán, y con la oposición de una
pequeña parte de esta población, coordinada por la denominada plataforma
del cable. Esta plataforma del cable ha ido perdiendo paulatinamente los
apoyos con los que inicialmente contaba, semana a semana, mes a mes.
Señor Presidente, por otra parte, hay que partir del hecho de que los
acontecimientos se produjeron en el contexto de una huelga general
previamente convocada. A lo largo de la jornada del pasado 3 de febrero
tuvieron lugar diversas concentraciones en la zona de las obras. Como
consecuencia de la situación de tensión producida en el contexto de esta
huelga, se ocasionaron una serie de actitudes violentas, que desembocaron
en el lanzamiento de piedras y de otros objetos por parte de los
concentrados contra los obreros que realizaban sus actividades y los
efectivos de la Guardia Civil que les protegían.
Señorías, no quiero cansarles con un relato de hechos prolijo y de
difícil descripción por la pluralidad de acontecimientos y la
simultaneidad de algunos de ellos; además, estos hechos aparecieron
cumplidamente detallados en los medios de comunicación social. Por ello,
únicamente me centraré en las consecuencias de tales actitudes violentas.
Durante los incidentes de ese día resultaron heridos de diversa
consideración diez agentes de la Guardia Civil, que fueron atendidos en
centros de salud. Uno de los guardias civiles, así como uno de los
manifestantes, tuvieron que ser trasladados a un hospital de Cádiz,
debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Otro dato que pone de
manifiesto el alcance y gravedad de la situación viene determinado por el
hecho de que, desde la zona del cruce hasta Tarifa, durante todo el día 3
de febrero, un cordón de vehículos permaneció aparcado a ambos lados de
la calzada. Con el fin de dificultar la actuación de la Guardia Civil,
los manifestantes cruzaron en la calzada todo tipo de obstáculos,
incluidas motocicletas y vehículos. En las dos horas en las que
aproximadamente permanecieron los efectivos policiales en el cruce,
piedras, cohetes y bengalas, arrojados por los manifestantes, produjeron
daños --y pudieron producir daños aún muy superiores-- en vehículos y en
personas. Quiero resaltar que la Guardia Civil fue atacada constantemente
y estos ataques fueron repelidos con el lanzamiento de pelotas de goma.
La Guardia Civil no sólo usó una fuerza completamente proporcionada a la
naturaleza de las agresiones, sino que evitó en lo posible la utilización
de otros medios de defensa más violentos contra dichos ataques. Además,
es importante tener en cuenta que, con motivo de este conflicto y durante
dos días, permaneció destacado un oficial de enlace de la Guardia Civil
en el Gobierno Civil de Cádiz, para demostrar la importancia que el
Gobierno concedía a estos acontecimientos, que quería que, en todo
momento y en toda circunstancia, fueran debidamente seguidos y
controlados.
Señorías, como conclusión quiero manifestarles que la actuación de la
Guardia Civil en Tarifa el pasado día 3 de febrero se realizó en todo
momento en defensa de las agresiones sufridas y fue, en todo momento
también, proporcionada y ajustada a las circunstancias y presidida por el
criterio de prudencia y adecuación a las mismas. Se llevó a cabo en
estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias que
competen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogidas
fundamentalmente en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
que señala como deber de éstas el impedir la comisión de hechos
delictivos y restablecer la seguridad ciudadana, que fue alterada,
así como en la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la seguridad
ciudadana. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --insisto, señor
Presidente--, en el presente caso, lo único que hicieron fue garantizar
el ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos y, sólo en
garantía y salvaguarda de tales derechos y del restablecimiento de la
seguridad ciudadana, emplearon una violencia proporcionada y lógica a
unas agresiones injustamente recibidas.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Secretario de Estado, yo creo que lo que ha
vivido Tarifa durante año y medio --una situación difícil, de violencia
innecesaria-- tiene su origen precisamente en unas manifestaciones
erróneas suyas. Y es que usted ha dicho que las obras del cable de Tarifa
contaban con el apoyo mayoritario de Tarifa. A partir de ese dato, que no
es cierto, se ha producido una violencia absolutamente innecesaria, desde
el punto y hora de que políticamente no se asume --y no se dice la
verdad-- que el pueblo de Tarifa ha manifestado con claridad, de tres
formas distintas, que no quería ese cable por su municipio: una, el
referéndum; dos, las manifestaciones; tres --y lo más importante--, el
acuerdo plenario de su corporación local. Ese es el origen, el no
reconocimiento --en estos momentos, usted ha vuelto a decir que esas
obras contaban con el apoyo mayoritario de Tarifa-- es lo que ha creado
una violencia innecesaria en el municipio de Tarifa. Incluso su propio
partido, el partido que sustenta al Gobierno, el Partido Popular, antes
de estar en el Gobierno, mantuvo una actitud contraria a la instalación
del cable; después, una vez que ganó las elecciones, cambió de posición,
y no se puede faltar a la verdad en el sentido de que las obras se
realizaban con la oposición minoritaria de una parte de Tarifa. El
problema político que surge --político y no de orden público-- es
precisamente que no se reconoce que el pueblo de Tarifa se negaba a que
se instalara este cable por su municipio; a partir de ese no
reconocimiento tiene lugar todo lo demás, como consecuencia de ese no
reconocimiento. Le tocó a la Guardia Civil como le podía haber tocado al
Cuerpo Nacional de Policía o, si tuviéramos policía autonómica
--esperemos que la tengamos pronto en Andalucía--, a la policía
autonómica. Finalmente, al no reconocer una cuestión evidente como es el
pronunciamiento del municipio a través de su ayuntamiento, en
manifestaciones y en el referéndum, el pueblo de Tarifa dijo: No queremos
cable por nuestro municipio. A partir de ahí es cuando surge esa
actuación, actuación que, una vez producida, nosotros seguimos diciendo
que ese día se produjo con un abuso de fuerza, con malos tratos a
detenidos, con insultos --todo eso está sub iudice y ya dirán las
autoridades judiciales lo que tengan que decir-- y que fue absolutamente
desproporcionada.
Le reitero que hace un año un ciudadano perdió un ojo en una carga y
todavía está pendiente de la indemnización que le corresponde por parte
de la Administración. Creo que eso tampoco ayuda a que entre todos seamos
capaces de reconducir una situación que es complicada, compleja y que ha
dejado en muy mal lugar a las Fuerzas de Seguridad encargadas de velar
porque los acuerdos reales de Tarifa, que son no al cable, se hubiesen
cumplido.
Usted decía que había una colisión de derechos pero partía de una previa
que no se corresponde con la realidad. El hecho cierto es que el pueblo
de Tarifa expresó libre y voluntariamente en sus instituciones, en la
calle y en el referéndum, que no quería el cable y al pueblo de Tarifa se
le ha impuesto, al día de hoy, que el cable de Tarifa pase por su
municipio. Esta es la verdadera realidad y nos corresponde a las fuerzas
políticas no dejar en mal lugar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
creo que en esta ocasión las fuerzas políticas que han intentado
oscurecer, burlar, no decir la verdad en relación con la voluntad de
Tarifa han dejado en muy mal lugar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Meyer, la
historia del cable de Tarifa es la historia de una negociación. Es la
historia de cómo, poco a poco, la situación de los ciudadanos de Tarifa
va cambiando a lo largo de los meses y a lo largo de los años. La
situación del cable en la primavera de 1996, o incluso en otoño de 1995,
no tiene absolutamente nada que ver con la situación del pueblo en
noviembre o diciembre de 1996, o con la situación de hoy día, en abril de
1997.
Poco a poco, la población de Tarifa ha ido comprendiendo, ha ido dándose
cuenta de que las contrapartidas, las contraprestaciones que iba
recibiendo por el posible sacrificio que tenían que realizar en relación
con el cable iban a ser ventajosas, y, poco a poco, colectivos completos,
como los pescadores, se han ido pasando a las tesis del cable.
Oposición mayoritaria. Señor Meyer, puede usted estar seguro de que si
hubiera una oposición, no mayoritaria, sino absoluta, como usted me dice,
del pueblo de Tarifa, no habría forma ninguna de realizar este cable.
Hacerlo por la fuerza sería totalmente imposible ya que en España no
habría guardias civiles suficientes para ello. Esto no se podría haber
hecho con las mínimas dotaciones que han estado allí simplemente para
garantizar las obras.
Vuelvo a decirle lo mismo: El referéndum se gana; las manifestaciones se
producen. Pero ¿qué sucede? Pues que, poco a poco, al ver que colectivos
enteros dentro del municipio de Tarifa se van pasando a las tesis del
cable, aquellos piquetes, aquellas fuerzas que todavía lo defienden son
mucho más agresivas y más violentas en sus manifestaciones. Por ello, la
Guardia Civil tiene que actuar, cosa que no entra nunca dentro de los
deseos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que muchas veces
pintan como unas fuerzas y cuerpos deseosos de intervenir. Creo que no
hay nada más ajeno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desarrollar
agresividad, violencia, cargas, etcétera; es todo lo contrario,
garantizar las libertades de todos los ciudadanos, de todos los
españoles.
¿Qué es lo que sucede? Pues que, repito, poco a poco esa situación ha ido
cobrando un mayor realismo por parte
de la población y si en este momento repitiéramos el referéndum que se
hizo hace unos meses el resultado sería muy otro. Por otra parte, la
plataforma ha ido viendo cómo, exceptuando su portavoz y algún grupo
político que les sigue apoyando, los demás poco a poco se han ido
desenganchando. ¿Que esa situación es injusta y que demuestra lo fácil
que es muchas veces cambiar de parecer? Es una forma de opinar. Lo que le
quiero garantizar es que una enorme mayoría de la población de Tarifa en
este momento lo apoya, porque si no fuera así la realización del cable
sería totalmente imposible.
La actuación de la Guardia Civil fue absolutamente proporcionada a las
agresiones que sufría. Estoy seguro, señor Meyer, que usted ha visto los
vídeos, que han estado también a disposición de la Secretaría de Estado,
y le puedo garantizar que la agresividad por parte de los piquetes
informativos y de los contramanifestantes fue considerable. No creo que
pueda hablarse más que de la lógica intervención de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, que nunca, y vuelvo a insistir, lo hacen porque
ése sea un deseo subliminal, sino todo lo contrario, porque no les queda
otro remedio.
Por último, por lo que se refiere al ciudadano que perdió un ojo en una
manifestación que se produjo hace año y medio o dos años, pediré que se
hagan investigaciones y le puedo asegurar que el Ministerio de Interior
hará todo lo que esté en su mano, y en ello empeño mi palabra, para que
se resuelva lo antes posible esa indemnización, si es que está todavía
pendiente de nuestra decisión.
El señor PRESIDENTE: Las siguientes preguntas eran del Diputado Sanjuán
de la Rocha.
Se ha comunicado a esta Presidencia que el señor Sanjuán ha sufrido un
accidente que le impide estar esta tarde aquí. Por esta causa
justificada, quedan aplazadas estas preguntas, con el deseo de su pronto
restablecimiento.
--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE ORDENES
IMPARTIDAS A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DESTACADOS EN
CATALUÑA, EN RELACION CON SU INTERVENCION EN EL CONFLICTO DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA. (Número de expediente 181/000481.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es de la Diputada doña Teresa
Cunillera i Mestres, relativa a órdenes impartidas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado destacados en Cataluña, en relación con
su intervención en el conflicto del transporte por carretera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor Secretario de Estado, en un primer
momento mi pregunta tenía un ámbito territorial más concreto que el que
ha tenido en su redacción final, ya que se circunscribía a los hechos
acaecidos en la provincia de Lleida, de la que yo soy representante, y
más concretamente en la ciudad de Lleida en el conflicto que se generó
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y transportistas con motivo de
la huelga que hubo a primeros de año.
El motivo de extenderlo al territorio de Cataluña fue debido a que se
produjeron incidentes similares en otras partes de Cataluña. Pero a mí me
parece que vale la pena destacar los incidentes que ocurrieron
concretamente en la ciudad de Lleida, porque no es la primera vez que
allí ocurre un conflicto de estas características en el mismo sector. En
ocasiones anteriores en los que se produjeron estos conflictos no hubo
alteraciones de orden público destacables por parte de los huelguistas,
porque siempre se llegó a algún tipo de acuerdo, de tal manera que entre
las Fuerzas de Seguridad y los huelguistas se pudo articular una vía por
donde podían circular las urgencias de una manera fluida, etcétera. En
cambio, en este conflicto que nos ocupa se produjo un incidente en el
semáforo que cruza la N-II a la entrada de la ciudad de Lleida, donde por
tres veces se impidió a unos huelguistas cruzar la carretera por la
sospecha, me imagino, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, de que se iba a cortar la carretera. Como se quedó en sospecha,
nunca podremos saber si la iban a cortar o si no iba a ser así, como
dicen los transportistas.
El gobernador civil declaró a la prensa que el comisario obedecía órdenes
suyas y que él, a su vez, las obedecía del Ministerio del Interior. Esas
órdenes eran evitar por todos los medios cualquier interrupción de las
vías de circulación de tráfico en las carreteras, cosa que es evidente
que en este caso no sucedió. Por eso yo le he formulado la pregunta de
cuáles eran exactamente esas instrucciones respecto al conflicto de los
transportistas.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Las
instrucciones concretas que se dieron a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado destinadas en Cataluña en el conflicto de
transportes por carretera son las mismas que se impartieron para el resto
del territorio nacional y estaban dirigidas a, en cumplimiento de las
misiones que la Constitución asigna a estos cuerpos, hacer compatibles el
ejercicio de los derechos de huelga y de reunión por parte de colectivos
determinados con el de otros derechos fundamentales, entre ellos el
derecho a la seguridad, al trabajo y a la libre circulación.
Como usted sabe, con fecha de 12 de febrero de 1997, la Secretaría de
Estado de Seguridad impartió unas instrucciones concretas, ante la
posibilidad del recrudecimiento de la huelga, en las que establecía como
prioridades absolutas el restablecimiento de la libre circulación, la
fijación de rutas alternativas y la garantía en el abastecimiento de los
productos esenciales. Las distintas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad dirigieron su actuación debidamente coordinada por los órganos
competentes a la consecución de estos objetivos. Concretamente, la
dirección general de la Policía impartió las siguientes instrucciones a
todas las jefaturas superiores de policía a través de la asociación
general operativa. En primer lugar, adoptar las medidas necesarias para
prevenir cualquier incidente
que pudiera producirse con ocasión de la convocatoria de la huelga de
transportes. En este sentido se deberían extremar las tareas de
información por las unidades policiales correspondientes. También las
medidas provinciales de seguridad ciudadana debían poner en
funcionamiento los dispositivos pertinentes para evitar en todo momento
que se produjeran hechos y actuaciones atentatorias contra la seguridad
ciudadana y más concretamente contra el libre ejercicio del derecho al
trabajo.
En el supuesto de que se produjeran incidentes debería ser restablecida
la normalidad inmediatamente, adoptando, con respecto a sus
protagonistas, las medidas legales oportunas. Igualmente, se debería
comunicar cualquier incidente que se produjera relacionado con la
convocatoria de huelga, las previsiones sobre su evolución y toda la
información que pudiera ser de interés para el seguimiento puntual del
conflicto.
La Dirección General de la Guardia Civil a través de la Subdirección
General de Operaciones dio las siguientes órdenes. En primer lugar,
garantizar la libertad de secundar o no el paro convocado y mantener
expeditas las carreteras para aquellos transportistas que, decidiendo no
sumarse al paro, quisieran utilizarlas. En segundo lugar, ofrecer
protección a los transportistas o empresas que lo solicitaran,
especialmente a los transportistas de mercancías peligrosas y a los de
importancia para el abastecimiento de ciudades o establecimientos
fabriles. En tercer lugar, en caso de detectar la actuación de piquetes
violentos, proceder a la detención de sus componentes --instruyendo las
oportunas diligencias-- poniéndolos a disposición judicial. En el
supuesto de que se apreciase la existencia de piquetes informativos,
proceder a la identificación de los mismos; proponer un plan de rutas
alternativas para el caso de que se llegara a cortar algún punto de una
carretera de la red nacional o de importancia vital en las comunicaciones
comarcales; mantener un dispositivo de vigilancia en las grandes áreas
comarcales, centros de transportes, nudos de carreteras importantes,
polígonos industriales y zonas estratégicas para el transporte de
mercancías; evitar la parada o el agrupamiento de los camiones en los
arcenes de las carreteras o en las proximidades de las mismas; el
establecimiento de un plan de información a transportistas de vehículos
extranjeros, en relación con la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, sobre
indemnización a extranjeros por daños sufridos en territorio español,
derivados directamente de acciones violentas y aplicar el régimen
sancionador establecido en las leyes de seguridad vial y de protección de
la seguridad ciudadana a los ocupantes de vehículos que imposibilitaran o
entorpecieran el libre tránsito por las carreteras o vías públicas.
Respecto de las repercusiones de la huelga en Cataluña, querría
significarle lo siguiente, señora Cunillera. En primer lugar, las
concentraciones de camiones se produjeron con carácter limitado, y
siempre bajo control, en las provincias de Lleida y Barcelona. En Girona
y Tarragona no se registró una actividad sostenida y significativa.
Concretamente en Tarragona sólo el día 17 de febrero se pudieron observar
en la capital concentraciones de vehículos que tuvieran algún contenido.
Respecto de la actuación de piquetes hay que destacar el bloqueo del paso
fronterizo de La Junquera, que tuvo lugar el día 10 de febrero, sin que
el sistema de transporte quedara afectado al ser desviado el trafico por
la N-II. Otro incidente es que siete personas resultaron detenidas, entre
ellas los presuntos autores del apedreamiento de un camión, en el que
resultó herido grave su conductor (posteriormente, la autoridad judicial
decretó la libertad sin cargos de esos detenidos). En lo que se refiere a
los servicios de escolta de convoyes y camiones, la Policía Nacional
prestó escolta a 60 de estos convoyes y la Guardia Civil a 274, mientras
que el número total de camiones escoltados fue de 2.093.
Señor Presidente, señorías, como conclusión final de todo lo expuesto,
puedo manifestarles que, debido en gran parte a las medidas adoptadas, la
huelga no afectó al conjunto de la población en la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Las vías de comunicación se mantuvieron abiertas y los
suministros básicos continuaron siendo distribuidos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor Secretario de Estado, yo no tenía
ninguna duda de que las instrucciones que habían dado a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad iban en el sentido que usted ha expuesto. Tanto es
así, que yo formulé la pregunta preocupada más que por las instrucciones
por los antecedentes de las directrices que se van dando recientemente a
las fuerzas de seguridad en Lleida, que están creando una cierta
perplejidad, por decirlo de alguna manera, porque Lleida es una provincia
donde no suele haber graves alteraciones del orden público. Cuando ha
habido algún conflicto se ha encontrado la manera de poder expresarse sin
que haya habido ningún encontronazo que haya creado alguna situación que
pudiéramos llamar fuera de lo normal.
Tuve ocasión de dirigir una pregunta al Gobierno a raíz de una
manifestación que hizo a finales del año pasado el sindicato Unió de
Pagesos en la ciudad de Lleida. Son manifestaciones tradicionales en esa
ciudad, donde lo máximo que altera el ritmo ciudadano es el tráfico
rodado por la ciudad. La primera perplejidad que produjo esa
manifestación fue el despliegue que se llevó a cabo para reprimir la
manifestación, ya que había más números reprimiendo a los manifestantes
que manifestantes; ahí están las hemerotecas para poder comprobarlo. El
gobernador declaró a la prensa que había seguido las recomendaciones que
habían hecho los mandos policiales. Posteriormente, el gobernador hizo
otras declaraciones manifestando su satisfacción por el despliegue de
fuerzas antidisturbios para custodiar túneles y carreteras en las zonas
de alta montaña.
En el conflicto de transportistas, sobre el que le pregunto, hubo un
antecedente y es que ha existido un principio de acuerdo entre el comité
de huelga y el gobernador para delimitar cómo serían esas actuaciones. Se
produjo un incidente en la ciudad de Cervera con las fuerzas
antidisturbios
que disolvieron una concentración de camiones. Seguramente hubiera sido
posible hacerlo de una manera más moderada y no se hubieran encendido los
ánimos como ocurrió antes en Cervera que produjeron, seguramente, una
excitación posterior en los que se originaron en la ciudad de Lleida.
Como existía ese acuerdo previo con el Gobierno Civil es por lo que
seguramente los ánimos estaban más excitados. La preocupación que ha
producido este conflicto es por esa desmesura en las medidas que se
vienen adoptando de un tiempo a esta parte, y tan es así que he
presentado otra pregunta al Gobierno respecto a un conflicto que se ha
producido en la localidad de Termens. Se ha cortado una vía de
ferrocarril y hemos vivido un momento que yo no había conocido antes.
Sinceramente nunca había visto que un gobernador llamara inculto al
alcalde de una población, porque creo que es un insulto al conjunto de la
población. En todo caso, podremos verlo cuando se plantee esa pregunta en
esta Comisión. Lo que sí le diría es que no dudando en ningún momento,
como no lo he hecho, de que las directrices eran las que usted ha
expuesto, debería sugerirle al señor gobernador que además de aplicar
bien las medidas, lo hiciera con diálogo y buscando el entendimiento
entre las partes; todos saldríamos menos perjudicados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Como usted
misma me señala, las instrucciones son idénticas para todos los lugares
de España. No hubo unas instrucciones específicas en Lleida ni otras en
otros lugares de nuestra geografía. Sí hubo, sin embargo, algunos puntos
que tal vez fueran algo más conflictivos. Seguramente dentro de Cataluña
la provincia de Lleida fue la que, a lo mejor por una serie de
características especiales y geográficas, tuvo más incidencia. Creo
recordar que fueron 460 los piquetes identificados, mucho más que en
cualquier otro lugar, y los detenidos fueron tres en una provincia como
Lleida, tradicionalmente tranquila. Y como recuerda S. S. fue también en
la provincia de Lleida donde se produjo el apedreamiento del camión que
causó heridas muy graves a su conductor.
En todo incidente siempre cabe el tema de la proporcionalidad del medio
empleado para repelerlo. En ese aspecto las Fuerzas y Cuerpos tienen que
ser especialmente cuidadosos. Afortunadamente en este momento estamos
heredando buenas prácticas conseguidas con anterioridad en muchos puntos
y muchas circunstancias. Puedo garantizarle que no es voluntad del
Gobierno que esas buenas prácticas heredadas puedan ser modificadas o
puedan vulnerarse. A lo mejor en un momento concreto ha habido una orden
que se ha llevado con excesivo rigor o con excesivo entusiasmo, entre
comillas entusiasmo. Haremos todo lo posible para que eso no se vuelva a
producir. Por otra parte, quiero llevar a su consideración que es
precisamente en Lleida donde se produce mayor agresividad por parte de
los piquetes y ésa tal vez sea la razón que motive lo anterior.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS QUE ACUDEN A LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO EN
LAS CIUDADES DE VALENCIA, BENETUSSER Y MISLATA (VALENCIA). (Número de
expediente 181/000488.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es la 488, que formula el
Diputado don Ricardo Peralta Ortega, sobre qué medidas se van a adoptar
para garantizar la seguridad ciudadana de los alumnos que acuden a los
institutos de bachillerato en las ciudades de Valencia, Benetússer y
Mislata.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
comparecencia.
En los últimos meses, señor Martí Fluxá, se ha producido en la ciudad de
Valencia y en ciudades de su cinturón industrial, como Benetússer y
Mislata, distintas actuaciones de carácter delictivo en relación con
centros de enseñanza, en concreto institutos de bachillerato. Esas
actuaciones delictivas en algunos casos han afectado a la seguridad de
los alumnos de esos centros, a los ciudadanos en definitiva, y en otros
casos han afectado a los inmuebles, debido fundamentalmente a actuaciones
practicadas durante los fines de semana. Ante la reiteración de estos
hechos y la preocupación lógica que producían los mismos, los directores
de varios institutos de estas ciudades, en concreto de Valencia, tuvieron
una reunión con el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana a
primeros del mes de febrero. Me gustaría saber qué actuaciones se han
puesto o se van a poner en práctica por parte de la Administración para
dar una respuesta adecuada a esa realidad manifestada en los últimos años
y que fue comunicada a la Administración en esa reunión.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad han detectado determinadas situaciones de violencia
que se desarrollan en el entorno escolar, fundamentalmente en las grandes
ciudades. No obstante, la información de la que muchas veces disponemos
es parcial, ya que aparte de las averiguaciones propias sólo tenemos
conocimiento de los hechos realmente graves que se denuncian. Hay que
tener en cuenta, por tanto, una cifra oculta que no es cuantificable
desde el punto de vista de las estadísticas, pero que, por otra parte,
está también ahí. Por ello el problema que señala el señor Peralta es
particularmente preocupante.
Las infracciones más frecuentes se producen en los alrededores de los
colegios e institutos o en zonas de tránsito de los mismos, consistiendo
en agresiones verbales, incluso físicas; robos de objetos personales, con
intimidación; amenazas no sólo dirigidas a los menores sino también a su
entorno familiar, muchas veces éstas utilizadas
como chantaje para obtener dinero; delitos de daños y robos en el propio
colegio, muchos de ellos, como bien decía el señor Peralta, cometidos los
fines de semana, y la venta de drogas, en pequeña escala, en los
alrededores de los colegios. Las autoridades gubernativas, conscientes de
la importancia de este problema, están prestando una atención especial al
mismo nivel nacional en todos los lugares donde se está produciendo este
tipo de hechos. Así, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Seguridad
Ciudadana, hemos venido estudiando estos fenómenos de violencia desde
hace unas semanas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por otra parte,
han establecido planes concretos, creando y potenciando unidades
específicas que cuentan con personal especializado en el tratamiento
singularizado de este tipo de sucesos, en estrecha colaboración y
dependencia funcional de los jueces y fiscalías de menores.
Por lo que se refiere concretamente a Valencia, la Jefatura Superior de
Policía, además del conocimiento que tiene de estos hechos a través de
denuncias de supuestos concretos recibidos en sus servicios operativos,
ha recogido, a través del programa de contactos ciudadanos, la
preocupación de los responsables de los centros de enseñanza y de las
asociaciones de padres por la seguridad de sus alumnos. Esta preocupación
está motivada por los problemas de seguridad en el entorno de algunos
colegios, derivados principalmente, como antes he dicho, de la venta de
drogas y de los robos con intimidación que se producen. La Jefatura
Superior de Policía de Valencia está aplicando los recursos necesarios
para dar respuesta a esta problemática, actuando tanto en el aspecto
preventivo como en el de la investigación y seguimiento de cuantas
denuncias se reciben. Las medidas que se están llevando a cabo desde el
punto de vista preventivo, en colaboración con la policía local de
Valencia, son principalmente: Primero, el control y la vigilancia de los
establecimientos próximos a los centros, bares y juegos recreativos
principalmente. En segundo lugar, un incremento de la presencia policial
en las proximidades de los colegios. En tercer lugar, la celebración, con
carácter periódico, de unas charlas coloquio en los centros de enseñanza,
a fin de llevar al convencimiento de las asociaciones de padres de
alumnos el conjunto de problemas y las posibles vías de solución;
también, la aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, en lo que se refiere a los consumidores de
estupefacientes en las inmediaciones de los centros de enseñanza.
En cuanto a la investigación de los hechos concretamente denunciados a lo
largo de 1996, se ha procedido a la detención de trece personas acusadas
de distintos delitos, de los que fueron víctimas los alumnos de los
institutos. Se realizaron algunas operaciones policiales y registros
domiciliarios para erradicar el tráfico de drogas de las inmediaciones de
algunos de estos centros. Recientemente, ha tenido también lugar una
reunión en la Delegación del Gobierno en Valencia con representantes de
los institutos, donde se acordó la celebración próximamente de unas
jornadas relativas a este conjunto de problemas, en las que participarán
directores de centros de enseñanza, miembros del Cuerpo Nacional de
Policía y responsables del Plan Nacional sobre Drogas.
En lo que se refiere a la localidad de Mislata, el problema fundamental
se deriva, señor Peralta, del tráfico de drogas. Es un tráfico de drogas
que se desarrolla en huertas situadas a unos 600 metros de dos grupos
escolares, huertas a las que acuden consumidores especialmente por la
tarde. En esta zona, situada entre el municipio de Valencia y el de
Mislata, se están desarrollando periódicamente dispositivos policiales en
los que participan diversas unidades del Cuerpo Nacional de Policía, con
la colaboración de la policía local de ambas poblaciones, con la
finalidad de erradicar la práctica del tráfico de estupefacientes en esta
zona, particularmente sensible por la proximidad con estos centros de
enseñanza.
En Benetússer, la Guardia Civil, el ayuntamiento y la policía local han
realizado investigaciones ante el director del instituto, quienes nos han
manifestado desconocer una amenaza o riesgo concreto por el momento para
la seguridad de los alumnos. No obstante, dadas las inquietudes
manifestadas por el señor Peralta, he de decirle que desde el día 5 de
noviembre del pasado año se ha mantenido una vigilancia especial por
medio de una patrulla de la Guardia Civil a pie, que está recorriendo las
instalaciones y sus alrededores.
Por último, y con carácter general, quiero destacar que por parte del
Cuerpo Nacional de Policía, en cuya demarcación se suelen producir este
tipo de incidentes, se han creado grupos de menores integrados en las
brigadas provinciales de la Policía judicial que asumen la labor
fundamentalmente preventiva. Desde un punto de vista policial quiero
destacar que se obtienen resultados muy satisfactorios en este aspecto
preventivo, que creo que es el primero que debe preocuparnos, con la
colaboración entre grupos de menores y las unidades de seguridad
ciudadana. Asimismo, desde las delegaciones del Gobierno y gobiernos
civiles se trabaja intensamente en mejorar la cooperación entre cuerpos
policiales de ámbito estatal, así como de éstos con policías autonómicas
y locales, buscando la cooperación, que es la palabra fundamental que
debe primar en toda la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Así, al igual que en las otras que afectan a la seguridad
ciudadana, se mantienen estrechos contactos con las asociaciones de
vecinos, padres de familia, personal directivo y docente de los colegios,
ya que aportan datos fundamentales para detectar este tipo de sucesos,
adoptar medidas eficaces de prevención y esclarecer infracciones que
puedan producirse.
Señor Peralta, las autoridades con competencia en materia de seguridad
ciudadana, los mandos policiales y los agentes especializados que
trabajan en el campo de los menores son conscientes de que la violencia
que surja en los colegios e institutos --también el problema de la
droga-- nunca podrá erradicarse con medidas policiales. Por el contrario,
necesitamos el control de todos y cada uno de nosotros, la cooperación de
todas y cada una de las instituciones, muy especialmente de las propias
familias, para evitar esta violencia y este tráfico de drogas en los
centros escolares.
Nada más por el momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Martí Fluxá, estoy de acuerdo con usted en
que el tema no es único y exclusivo de Valencia o de Mislata o de las
ciudades del entorno, sino que es un tema más amplio y, por tanto, más
preocupante. Como usted dice, es un tema que se constata fundamentalmente
en torno a las grandes ciudades y en los centros educativos de las
grandes ciudades. Creo que, efectivamente, los datos que usted ha puesto
de manifiesto referidos a Valencia, u otros que ha dado de actuaciones
practicadas, acreditan la gravedad del tema y la preocupación por él. Yo
celebro que por parte del Ministerio se sea consciente de esta situación
no sólo específicamente en relación con Valencia, sino en general, y que
se hayan puesto en práctica determinadas actuaciones a las que ha hecho
usted referencia. Quiero decirle, en todo caso, que comparto su
apreciación de que la tarea fundamental debe ser una tarea de carácter
preventivo. En este sentido sí quiero decirle que existe la impresión de
que siendo importantes las cosas que se han hecho son todavía
insuficientes.
Me dice que se ha acordado promover la cooperación, que es quizá el
instrumento fundamental. Desde ese punto de vista creo que la celebración
de esas jornadas a las que ha hecho usted referencia son particularmente
necesarias porque es el ámbito adecuado para que los distintos sectores
implicados, tanto los ciudadanos como la Administración, puedan cambiar
impresiones y puedan articular planes de actuación. Eso, según me dice
usted, se habló en una reunión con el delegado del Gobierno el pasado mes
de febrero. Al día de hoy, prácticamente dos meses después, me habla
usted de que está previsto celebrar esas jornadas sin que me concrete
usted ninguna fecha. Me temo que en los momentos del mes de abril en que
nos encontramos, si no se trabaja con celeridad, prácticamente va a ser
imposible llevar a cabo la celebración de esas jornadas en el presente
curso académico y ya nos tendríamos que ir al siguiente curso. Creo, por
tanto, que es necesario que esos esfuerzos que se están llevando a cabo
se intensifiquen porque, ciertamente, la situación es preocupante tanto
por el número de incidentes que se producen como, sobre todo, porque
afectan a una población especialmente indefensa como es la población
estudiantil menor de edad. Por tanto, señor Martí Fluxá, sirva mi
pregunta para reconocer los esfuerzos que se están haciendo por parte de
la Administración en la medida en que usted los ha relatado y al mismo
tiempo para animarle e incentivarle a que sus esfuerzos se redoblen
porque realmente la situación es preocupante y porque el tiempo apremia.
El señor PRESIDENTE: Señor Martí.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Me alegro en
coincidir con el señor Peralta en la gravedad y en la preocupación por el
problema.
Evidentemente todas las medidas que se han adoptado son insuficientes.
¡Claro que son insuficientes! En este momento en que el problema de la
droga y muy especialmente en las zonas escolares está afectando muy
particularmente no ya a la seguridad, sino muy especialmente a la
formación de nuestros ciudadanos, me temo que es importante y toda
iniciativa tendrá siempre el apoyo del Gobierno y muy especialmente de la
Secretaría de Estado. Estas jornadas, como me dice, todavía no tienen
fecha y si la tienen, la ignoro, pero haré todo lo posible para que se
celebren en cuanto sea posible y con la máxima celeridad.
Hay otra serie de iniciativas que me he dejado en el tintero como puede
ser, por ejemplo, la policía de proximidad, que es de otra iniciativa que
ha adoptado la Dirección General de la Policía, dentro de la Secretaría
de Estado, que tenemos una gran esperanza en que sea particularmente
eficaz en la erradicación de la violencia de estos grupos.
Todo lo que se refiera a la labor que podamos realizar en colegios y en
institutos tendrá nuestro apoyo. La formación es fundamental y mucho más
importante que cualquier otro tipo de medida que pueda conducir a la
represión o a actividades posteriores. Por ello puede estar seguro que
tendrá la colaboración más entusiasta del Ministerio de Interior
cualquier iniciativa que pueda adoptar en este sentido.
Nada más.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR EL
INCREMENTO DEL TRAFICO DE DROGAS QUE SE OBSERVA EN LAS COSTAS DEL NORTE
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE Y DEL SUR DE VALENCIA. (Número de expediente
181/000412.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, con arreglo a la ordenación del
debate efectuada previamente, corresponde pasar a la pregunta número 412,
que es la que formula también el Diputado don Ricardo Peralta sobre las
medidas que se van a tomar para combatir el incremento del tráfico de
drogas que se observa en las costas del norte de la provincia de Alicante
y el sur de Valencia.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Martí Fluxá, en los últimos meses,
posiblemente relacionado con actuaciones que se llevan a cabo por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en otras zonas del Estado
español --insisto en que posiblemente relacionadas, pues ésta es la
hipótesis que se maneja por parte de las propias Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado-- se ha constatado un incremento de las actividades
de narcotráfico en toda la costa valenciana, pero especialmente en la
franja que corresponde al sur de la provincia de Valencia y al norte de
la provincia de Alicante. En este sentido, algunos datos concretos nos
pueden permitir confirmar esta afirmación.
En la primera semana de febrero se produjo una incautación por parte de
la Guardia Civil en la playa de Tabernes de Valldigna de 5.200 kilos de
hachís. Una semana antes, en Alicante, a la altura de Benidorm, se había
procedido a la intervención de un barco con 6.500 kilos de la misma
droga. Meses antes, a finales de octubre de 1996, tuvo lugar la
incautación de varios miles de kilos de esa misma droga, que estaban
sumergidos en el mar, por parte de buques pesqueros que estaban actuando
a la altura de Denia. En ese mismo mes, en el mes de octubre, hubo un
alijo importante también de esta misma droga que se aprehendía en Gandía
y Oliva a través de una actuación que se llevó a cabo por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. En noviembre de 1996 tuvo lugar otra
operación de la Guardia Civil en Cabanes, que intervino también varios
miles de kilos de droga. Antes le hacía referencia a que a primeros de
febrero hubo una actuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en Tabernes de Valldigna, pero días después se
producía el alijo de 1.200 kilos en Gandía, justo al lado. Por
remontarnos a fechas actuales, el otro día tenía lugar un nuevo
descubrimiento de droga, por parte de un buque pesquero, sumergida a la
altura de Altea.
Esto pone de manifiesto ese incremento de tráfico de droga que se está
produciendo en las costas valencianas y, en concreto, en esa franja
litoral, hasta tal punto que el delegado de Gobierno en la Comunidad
Valenciana aplicaba la calificación de zona caliente a la zona del
litoral valenciano y a esa zona específica.
Lógicamente esta realidad obliga a poner en práctica actuaciones por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nosotros creemos
que en relación con esta medida quizá la respuesta más específica sería
la que hace referencia a la pregunta siguiente, que entiendo que no la va
a contestar usted, como es el despliegue de la Guardia Civil del Mar. No
obstante, no es la única actuación adecuada, hay otras, y nosotros
tenemos conocimiento de que recientemente se anunciaba la creación de una
unidad especial contra el narcotráfico que tendría sede en Valencia. Nos
gustaría saber el contenido de esta medida y de cualquier otra que, en
definitiva, se piense poner en práctica por parte de la Administración
para dar respuesta a una situación que sinceramente creo que exige
respuesta ante la gravedad de los hechos que se constatan.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Peralta,
en este caso como en la pregunta anterior, nunca se hace lo suficiente y
siempre hay posibilidades de hacer muchísimo más. Lo que podemos hacer en
esas circunstancias es todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que
humanamente sea posible para que este problema se vaya circunscribiendo y
atajando dentro, vuelvo a repetir, de las posibilidades que tenemos.
El levante español, por su situación costera, es uno de los puntos de
entrada de la droga en nuestro país --generalmente, como sabe, cocaína,
hachís--, destinada tanto al consumo interno como a su traslado a países
de Centroeuropa.
Todos los decomisos --muchos de los decomisos a los que se ha referido--
realizados en las provincias de Valencia y Alicante durante 1996
corresponden a estas sustancias citadas. De la misma forma, y realizando
un análisis de las operaciones más importantes efectuadas en 1996 en las
citadas provincias, se observa que la casi totalidad de las mismas se han
producido en aduanas, mar territorial y transportes terrestres. Esto
indica también el posible destino posterior de las drogas hacia otros
lugares y países, cosa que, por otra parte, nos tiene que dar igual; es
tan importante que se queden en España para el propio consumo de los
españoles como que España sea un punto de entrada con destino a otros
lugares más lejanos.
Esta situación no puede considerarse exclusiva del momento actual, por lo
que toda la zona viene siendo objeto de actuaciones continuadas por parte
de todos los cuerpos y fuerzas implicados en la lucha contra el tráfico
de drogas, que son potenciadas puntualmente cuando es preciso y
coordinadas desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional. Estas
actuaciones permanentes están dando unos resultados operativos positivos
e importantes, a algunos de los cuales se ha referido el señor Peralta.
Podemos destacar la operación realizada el pasado 25 de enero a 35 millas
al este de Alicante, con la intervención de más de 6.000 kilos de hachís
en el buque Mónica, o el desmantelamiento del laboratorio de drogas de
síntesis considerado como el más importante de Europa, desmantelamiento
ocurrido el 28 de noviembre del pasado año en la localidad de Macastre,
en Valencia.
¿Cuáles son las medidas, cuáles son esas iniciativas absolutamente
esenciales que el Gobierno está potenciando últimamente? Como conoce el
señor Peralta, el pasado 24 de enero el Consejo de Ministros aprobó un
plan de medidas para luchar contra las drogas en el que, junto a medidas
de carácter preventivo y asistenciales, se recogen una serie de
actuaciones importantes a desarrollar en el ámbito de la lucha contra la
oferta, el narcotráfico y el blanqueo de capitales, que se dividen en
tres partes fundamentales: medidas normativas, la creación de una oficina
central nacional y las unidades especiales, a las que también se ha
referido el representante de Izquierda Unida.
Respecto a las medidas de tipo normativo, grosso modo, hay que mencionar
la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal relativa al agente
encubierto y a las entregas vigiladas de dinero. En ese sentido conviene
destacar que la pasada semana ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Popular una proposición de ley para la modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal en esos aspectos y ha quedado registrada
y, por otra parte, es necesario destacar la elaboración de sendos reales
decretos de desarrollo de la Ley del fondo procedente de los bienes
decomisados y sobre el control de sustancias químicas catalogadas, ambos
en fase de los informes preceptivos.
En segundo lugar, la oficina central nacional. Esta oficina central
nacional deberá potenciar la coordinación operativa de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y el Servicio de Vigilancia Aduanera, y
su objetivo prioritario
será el establecimiento de una serie de canales de comunicación, de
informaciones y antecedentes entre los distintos cuerpos.
En el campo de las otras medidas y de las unidades especiales, quiero
citar, en primer lugar, la constitución del Observatorio Especial sobre
Drogas. Este será el barómetro que mida la situación de las drogas en
nuestro país y nos permitirá tener una visión más global del fenómeno de
las drogodependencias. Además, será un valioso instrumento para la toma
de decisiones del Plan Nacional sobre Drogas.
Por otra parte, en el marco de la cooperación exterior cabe destacar que
se impulsará --se está impulsando de una forma importante-- la unidad de
drogas de Europol, que coordina las distintas policías de los diferentes
países que trabajan en drogas y blanqueo de capitales. En la reciente
visita a España del máximo representante de Europol hablamos muy
especialmente de las medidas a adoptar y de la cooperación internacional,
absolutamente fundamental en estos aspectos.
Igualmente --insisto--, se van a crear las unidades de droga y crimen
organizado; unas unidades especiales para tratar de droga y crimen
organizado con las que se pretende dar respuesta a las expresiones
delictivas de la denominada delincuencia organizada en distintas zonas de
España, entre ellas Levante, que, como bien decía el señor Peralta, se
considera una zona prioritaria en el plan de medidas para 1997.
Por otra parte, y como sin duda conocen por las informaciones recogidas
en los distintos medios de comunicación, la Dirección General de la
Policía está poniendo en marcha el plan de policía de proximidad. Este
plan pretende hacer frente a las principales demandas en materia de
seguridad, que se concretan en dos aspectos fundamentales: en primer
lugar, la mayor actuación ante el tráfico de estupefacientes a pequeña
escala y, en segundo lugar, una mayor presencia policial activa. La
implantación de esta policía de proximidad, incardinada en estructura de
barrios y en colaboración con las policías locales, básicamente responde
a dos premisas: la actuación descentralizada y una prioridad de
actuaciones en la lucha contra la droga. Estas unidades de policías de
proximidad, que serán implantadas en Valencia, tienen como objetivo la
persecución del pequeño delito, pero también la consecución de un mayor
bagaje de información en todo lo que se refiere al campo de la droga y al
campo de esos pequeños delitos que, en más del 90 por ciento, están
ocasionados por hechos relacionados con la droga.
Es de destacar que la Guardia Civil --esta pregunta será desarrollada con
más detalle por el Director General del Instituto-- va a realizar un
despliegue importante en lo que se refiere a la costa de Valencia. Es
decir, que se van a tomar una serie de medidas, sin duda insuficientes,
como decía al comienzo de mi intervención, pero que son todas las que en
este momento nos permiten las actuales circunstancias. Con ellas se trata
de paliar en lo posible la incidencia de la droga en la Comunidad
Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Martí Fluxá, por su respuesta.
En alguna medida se pone usted la venda antes de la herida cuando dice
que siempre se hacen cosas que son insuficientes. Con esta pregunta yo
pretendía poner de manifiesto algo que usted reconoce que es así y, por
tanto, yo creo que deberíamos sacar una conclusión operativa: que en
estos momentos la zona de la costa valenciana --la expresión Levante en
ocasiones no está bien vista si se habla exclusivamente de Valencia-- es
una zona caliente, tal como usted ha dicho reproduciendo las
observaciones del Delegado del Gobierno. Es una zona caliente en cuanto a
tráfico de drogas, y buena prueba de ello son algunos de los datos que he
puesto de manifiesto y que usted ha reiterado: el desmantelamiento del
laboratorio más importante de Europa en fabricación de drogas de
síntesis, los alijos de miles de kilos de hachís que se han capturado en
distintas actuaciones en un corto período de tiempo, etcétera. Si la
actuación policial no alcanza la totalidad del tráfico real que se
produce, la incautación de miles de kilos hace pensar que pueda existir
un tráfico mayor y, por tanto, en unas cifras realmente preocupantes.
Creo que, al día de hoy --es una impresión personal que no sé si usted
comparte--, no existe una conciencia adecuada por parte de la sociedad
valenciana de la gravedad de los hechos que se están poniendo de
manifiesto en nuestro territorio. Digo esto no sólo por lo que se refiere
al tráfico de drogas, sino por otro tema que ha sido denunciado
reiteradamente por mi compañero de Alicante, el señor Alcaraz, en torno a
la presencia, como usted ha dicho, de crimen organizado y mafias de todo
tipo, en muchos casos conectados con este tipo de delincuencia
relacionada con el narcotráfico. Repito, que no existe una conciencia
adecuada. Por parte es la Administración se manejan datos --algunos los
ha puesto usted de manifiesto, otros posiblemente no se deban poner de
relieve-- que deberían servirnos para sacar conclusiones operativas y
para intentar hacer llegar a la sociedad valenciana la gravedad de esta
situación, posiblemente como consecuencia del esfuerzo y de los triunfos
alcanzados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su
actuación en otras partes de nuestro país, lo que ha dado lugar a que se
produzca este desplazamiento que, si siempre ha existido, en estos
momentos cabe constatar que tiene mayor gravedad y, por tanto, exige una
respuesta puntual más adecuada.
Ha hecho usted referencia a que por parte de la Administración se han
puesto en práctica medidas normativas, se ha creado una oficina nacional,
así como unidades nuevas. Las dos primeras son medidas de carácter
genérico. Las medidas normativas tendrán aplicación en todo el territorio
nacional y la creación de la oficina nacional es como consecuencia de
determinadas descoordinaciones que se habían apreciado. Lógicamente,
tendrá efectos positivos, pero servirá en todas partes, por lo que sólo
las del último apartado cabe pensar que son medidas específicas que
puedan tener incidencia concreta en el ámbito del País Valenciano, en la
medida en que se cree allí una unidad contra el narcotráfico que tenga su
sede en dicha Comunidad.
Yo le pediría que se intensificaran los esfuerzos, porque creo que la
situación tiene realmente gravedad, y que esa afirmación de zona caliente
esconde detrás de ello una situación de delincuencia preocupante, con
incidencia también preocupante en muchos ámbitos, por ejemplo el de la
seguridad de las personas, de su vida y su integridad física, como
consecuencia del tráfico de droga, de todo ese mundo de delincuencia que
se mueve en torno a esta actividad delictiva, y que eso se lleve a cabo
por parte de la Administración, en primer lugar, reforzando la presencia
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que combatan esta
actividad delictiva. En segundo lugar, haciendo un esfuerzo para que la
propia sociedad valenciana, a través de sus instituciones, a través de
sus organizaciones, tome conciencia de esta realidad y contribuya
decididamente a combatir este síntoma, que yo entiendo que tiene
gravedad, pero que afortunadamente hoy estamos en condiciones de impedir
que alcance, quizá, esa gravedad que en otras zonas del país obligaron,
tardíamente, a adoptar medidas especiales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Peralta,
creo que a todo Secretario de Estado le parecen insuficientes los medios
que tiene en su mano, porque siempre le parece que se puede hacer más; se
puede hacer mucho más en cuanto a la investigación sobre las drogas; se
puede hacer mucho más en cuanto a la erradicación de ese problema; se
puede hacer mucho más en cuanto a todo tipo de investigaciones en droga,
en terrorismo, en inseguridad ciudadana, en todo, hasta que
consiguiéramos esa sociedad ideal, pavlosiana, en la que no existiera el
mal, en la que no existiera el delito y en la que todos fuéramos buenos y
benéficos.
Evidentemente son insuficientes los medios. Lo que realmente pasa es que
hay muchas zonas calientes. Por desgracia, en nuestra accidentada
geografía hay muchas zonas en las cuales el tráfico de drogas supone un
problema importante y realmente acuciante que, como usted bien dice, es
la base y el origen de muchos problemas y, sobre todo, de muchos delitos,
pequeños y grandes. Están en la mente de todos zonas como Galicia o las
grandes ciudades que son un foco importante de tráfico, en las que se
produce el crimen, conectado con droga y sin conectar.
Por ello, repito, lo que el Gobierno ha hecho es lo que está en su mano,
que ha sido diseñar un plan. Un plan que, como usted bien dice, tiene
medidas normativas cuyos efectos tardarán en verse, evidentemente. Ese
tema está muy claro. Creo que el actual equipo del Ministerio del
Interior no pretende recoger en esta legislatura todos y cada uno de los
resultados de lo que ahora estemos sembrando, sino sembrar para que luego
tal vez recojan otros. Perfecto. Lo importante es que se recoja; lo
importante es que avancemos en los grandes problemas que tiene planteados
nuestra sociedad en los temas de inseguridad, de droga o de terrorismo.
Creo que en ese aspecto hemos avanzando mucho. La determinación de las
zonas que realmente son preocupantes, la aplicación de unas unidades
especiales --una de ellas tendrá sede en Valencia para que en toda la
costa valenciana pueda ser particularmente contemplada--, la adecuación
de la presencia de la Guardia Civil --como luego la explicará el señor
López Valdivielso, Director General de la Guardia Civil-- no sin sino más
ejemplos de una inquietud, de un interés real y efectivo del Gobierno
para que este problema no pase a mayores, y no sólo no pase a mayores
sino que poco a poco pueda ir disminuyendo en las zonas que son realmente
más complicadas.
Evidentemente --y estoy de acuerdo con usted, señor Peralta-- tenemos que
concienciar a nuestra sociedad de la importancia del problema, a la
sociedad valenciana y a la española en general, de que los grandes
problemas sólo pueden ser resueltos con la colaboración de todos y cada
uno de nosotros; no sólo de los que tenemos responsabilidades políticas,
no sólo de los que tenemos el mando de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, sino de todos y cada uno de nosotros. Sin una formación
profunda de nuestra sociedad sobre lo que son realmente cuestiones
esenciales serán muy complicado vencer ninguno de estos problemas. Antes
hablábamos de los problemas de formación dentro de los colegios, de la
violencia que aparece constantemente en colegios e institutos, del
tráfico de drogas en esos colegios e institutos, pero si no es con la
colaboración fundamental de todas las estructuras esenciales de nuestra
sociedad podremos avanzar muy poco.
Por ello y para concluir, señor Peralta, en estos dos aspectos, en los
que usted pedía el apoyo y la concreción de una serie de medidas por
parte del Gobierno puede estar seguro que prestaremos nuestra atención en
la medida de nuestras posibilidades, en el entendimiento de que siempre
será insuficiente, pero, por lo menos, para que podamos ir avanzando en
un camino y que ese camino sea el que todos queremos.
--DEL SEÑOR NAVAS AMORES (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE RAZONES POR LAS QUE EL MINISTRO DE INTERIOR NO RECIBE A
LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL PARLAMENTO VASCO PARA
HABLAR DE POLITICA PENITENCIARIA. (Número de expediente 181/000516.)
El señor PRESIDENTE: Como había indicado antes, de acuerdo con la
ordenación del debate, establecida en función de la comunicación recibida
del Gobierno que, en uso de sus facultades, había indicado que la
pregunta número 516 la iba a contestar el Secretario de Estado de
Seguridad, corresponde ahora la formulación de dicha pregunta.
El artículo 189 del Reglamento no establece la posibilidad de que las
preguntas puedan ser formuladas por otro Diputado que no sea el que las
plantea, pero como al comienzo de esta sesión autorizamos al señor Meyer
a formular
la anterior pregunta del señor Navas Amores, le voy a conceder la palabra
para formularla en este momento, en el bien entendido de que es la última
vez y que esta Presidencia, salvo que hubiera recibido antes una
comunicación suficiente justificando la incapacidad de estar presente un
Diputado que además, en este caso, es comisionado de esta Comisión,
declarará decaída la pregunta. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Para una cuestión de orden, señor Presidente.
Simplemente quiero señalar que desde el Grupo Parlamentario Popular
compartimos absolutamente el criterio y la decisión de la Presidencia.
Entendemos que esa decisión, hoy acertada, se formula ya, como muy bien
ha dicho el señor Presidente, con carácter excepcional.
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 516, sobre razones
por las que el Ministro del Interior no recibe a los miembros de la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para hablar de política
penitenciaria, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Efectivamente, se ha producido un hecho que
nosotros consideramos lamentable, como es el que la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Vasco haya solicitado una entrevista al Ministro
del Interior para comunicarle acuerdos en relación con esa institución
parlamentaria, en este caso en relación con la política penitenciaria, y
que la contestación del Ministerio haya sido una negativa.
Creemos que estamos más allá de lo que debe ser un problema de cortesía,
de lo que consideramos un deber institucional, como es el que cualquier
ministro, cualquier ministerio, estén siempre en disposición de dar a
conocer lo que se les pregunte, de forma directa, a través de cualquier
institución parlamentaria de cualquier comunidad. De lo contrario creemos
que esa falta de cortesía va más allá y se rompe lo que debe ser un
vínculo normal, institucional, como es conocer directamente cualquier
posición de cualquier parlamento de comunidad.
Creemos que merece una reflexión por parte del Ministerio del Interior
para que un hecho como éste no se repita y pueda haber una fluidez por
parte de cualquier comisión parlamentaria, de parlamentos autónomos, con
el Ministerio del Interior, en este caso, como con cualquier otro
ministerio. Por tanto, nos interesa conocer estas razones y, desde luego,
seguimos sin compartir que por parte del Ministerio no se haya recibido a
esta Comisión de Derechos Humanos para intercambiar opiniones en relación
con la política penitenciaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): En numerosas
ocasiones el Ministro del Interior ha venido manifestando cuál es la
posición del Gobierno en relación con la iniciativa emprendida desde la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco de dar a conocer el
plan de acercamiento de presos. Así, como bien dice el señor Meyer, no
consideró oportuno recibir a los miembros de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Vasco de la forma y en el momento en que esta
Comisión lo solicitó --insisto-- por entender que las iniciativas que
nacen desde la confrontación y la división de las fuerzas democráticas
vascas sólo sirven para generar confusión y desorientación.
Esta idea fue transmitida por el Ministro del Interior al Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, afirmando que la
decisión del Departamento de Interior parte del respeto inequívoco a
cualquier institución democrática, en este caso, la citada Comisión. Sin
embargo, el Gobierno consideró como principio básico el de favorecer,
política y socialmente, cualquier iniciativa que sirva para unir,
articular y orientar una mayoría pacífica en la sociedad vasca y
española. Así lo ha venido demostrando en los once meses que lleva al
frente del Departamento el Ministro del Interior.
Como quiera que se consideró que la iniciativa del referido plan por
parte de la Comisión no reunía estos requisitos básicos de búsqueda de
esta tendencia hacia la unidad de todos los partidos democráticos en la
lucha contra el terrorismo de ETA, se entendió que no era conveniente
acceder a la concesión de dicha entrevista. Por otro lado, tal y como se
ha podido demostrar por acontecimientos ocurridos con posterioridad y de
la observación de las reacciones contrapuestas de muy diferentes fuerzas
políticas, parece evidente que esta iniciativa en modo alguno habría
servido para unir a los partidos democráticos en materia tan esencial
como es la lucha contra la violencia y el terror de ETA sino, por el
contrario, para hacer crecer separaciones, quiebras y antagonismos.
Señorías, en modo alguno puede hablarse de una actitud de descortesía, y
menos aún de falta de respeto, por parte del Ministerio del Interior
hacia los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
Vasco. Todas y cada una de las instituciones democráticas merecen, como
bien dice el señor Meyer, el más absoluto de los respetos de nuestro
Ministerio, como no puede ser de otro modo, y más aún el Parlamento como
órgano en el que reside más directamente la soberanía popular.
Creo que está en la mente de todos, señor Presidente, la voluntad del
Ministro del Interior, que se ha entrevistado siempre, en todo lugar y en
todo momento, y ha derrochado diálogo con todas y cada una de las fuerzas
políticas que así se lo han solicitado, con todas y cada una de las
instituciones que así se lo han solicitado, y ha demostrado en todo
momento el mejor de los espíritus para buscar esa amplia base de
consenso, que es condición absolutamente fundamental para luchar contra
la violencia en el País Vasco. Una simple discrepancia de criterio, en
cuanto a la conveniencia de convocar una determinada reunión, no puede en
modo alguno considerarse como un signo de falta de cortesía o de respeto
a institución alguna. Así lo pone de manifiesto el propio Ministro del
Interior en la carta que dirigió al Presidente de la Comisión a la que
antes me he referido; y lo pone de manifiesto al mostrar la disposición
del Ministerio para proceder al estudio del referido plan de
acercamiento, por parte de las instancias correspondientes dentro del
mismo, en el caso de que la Comisión decidiese remitir dicho escrito al
Ministerio; decisión que la Comisión no ha tomado hasta este momento.
El Ministro del Interior manifestó entonces, y sigue manifestándolo, su
disposición a trabajar y evaluar las consideraciones y sugerencias que se
le hicieran llegar por parte de la Comisión, como ha venido estudiando y
trabajando en todas y cada una de las iniciativas que le han sido
sometidas y presentadas. Sin embargo, por las razones expuestas, por la
razón de que era una vía de separación más que de unión, no consideró
conveniente, en las circunstancias actuales, acceder a la reunión
solicitada.
En definitiva, señor Presidente, se trata de definir las posturas en las
que se encuentran los distintos partidos democráticos, ya que existe, y
debe existir siempre, una línea clara entre aquellos que matan y sólo
conocen la violencia como diálogo y quienes se mueven desde el profundo
respeto a los principios democráticos. Insisto, sólo desde la unidad y
consenso de todos los partidos democráticos podremos llegar a la unión de
la mayoría pacífica de la sociedad vasca y de la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Secretario de Estado, aquí no estamos
hablando de que se solicitara una entrevista de una fuerza política en el
marco, por ejemplo, del Pacto de Ajuria Enea, sino de algo que nosotros
creemos que habría merecido una respuesta positiva, y debería merecerla
siempre, como es una Comisión de un Parlamento autonómico.
Aparte de consideraciones sobre la línea que todos perseguimos de buscar
siempre la unidad de las fuerzas democráticas frente al fenómeno de la
violencia, estamos hablando de que una Comisión del Parlamento Vasco, en
función de una decisión política, democrática, del Parlamento Vasco, pide
una entrevista con el Ministro del Interior. Nos tenemos que plantear y
ver qué precedente se crea desde el propio Ministerio con esa negativa de
que una comisión de un Parlamento autonómico pida presentar un acuerdo,
discutirlo, evaluarlo, reflexionarlo con el Ministerio equis, en este
caso el de Interior. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos parece
grave, porque las demás consideraciones son subjetivas. Lo que el
Ministro del Interior entiende que es negativo para la unidad de las
Fuerzas democráticas, otros podemos entender que es positivo para la
unidad de las fuerzas democráticas. A algunos les parecerá que el acuerdo
parlamentario no ayuda a esa unidad de las fuerzas democráticas y otros
entenderemos que efectivamente va en la corriente de aislar el fenómeno
de la violencia. Desde luego, la preocupación de la fuerza política a la
que represento, como la de todas las fuerzas democráticas en el País
Vasco, en Navarra y en el Estado español, es aislar completamente y
eliminar de raíz todo lo que es el fenómeno violento y terrorista de ETA,
de Navarra y del conjunto del Estado.
Por tanto, lo que nos ocupa en estos momentos es esa negativa que, además
de no ser cortés, rompe con una tradición institucional que se debe
reconducir, porque cuando cualquier parlamento autonómico, en relación
con materias de competencia de Justicia e Interior, pida una reunión para
evaluar acuerdos que tengan que ver con el Ministerio, la respuesta, más
allá de consideraciones de oportunidad, debe de ser siempre afirmativa.
Creo que es un problema que merece una reflexión, una apuesta en común en
cuanto se refiere al Parlamento Vasco y en cuanto a las competencias que
tiene asumidas el Ministerio de Interior. Todo lo que sea la política de
acercamiento de presos vascos, de acuerdo con la legislación, no
solamente nacional sino europea, merece esa respuesta positiva. Sobre lo
demás, sobre las consideraciones de si es bueno o es malo, pues nosotros
consideramos bueno lo que el Ministro entiende que es malo y, desde
luego, tanto el Ministro como el que habla estamos en este lado de la
línea democrática, frente a ETA, frente a los violentos. Lo que nos ocupa
hoy es esa negativa, que merece esa reflexión para que siempre sea
positiva la respuesta a este Parlamento Vasco, como a cualquier otro,
para poner en común y discutir con el Ministerio esos acuerdos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Meyer, yo
creo que en ningún caso puede considerarse un precedente la negativa del
Ministro a recibir esta Comisión del Parlamento Vasco. Tenemos que ver,
en principio, a qué se debe esa visita. Es decir, no es la negativa a una
comisión que viene del Parlamento Vasco, sino es una Comisión muy
concreta que viene a hablar de un tema muy concreto y muy puntual.
Durante los once meses que llevamos al frente del Ministerio, señor
Meyer, el esfuerzo máximo ha sido evitar quiebras, evitar fisuras, dar la
sensación de ser un bloque unido; un bloque unido al que usted también
pertenece, señor Meyer, que es el bloque de los demócratas, de los no
violentos, de los que buscan fundamentalmente el diálogo. Por ello se
consideró en aquel momento que la medida de recibir a los representantes
del Parlamento Vasco en ningún momento, en ninguna circunstancia,
favorecería el diálogo de las fuerzas políticas, sino todo lo contrario.
Sería una forma de introducir crisis, problemas y cuestiones de difícil
entendimiento entre unos y otros grupos. Por ello, no existe la negativa
a recibir a una Comisión del Parlamento Vasco. Se recibe a todas y cada
una de las comisiones, se reciben todas y cada una de las iniciativas y
el Ministerio --nos enorgullecemos de ello-- jamás ha rechazado el
diálogo durante estos once meses. ¿Qué sucede? Que es una iniciativa muy
concreta que va a crear división, oposición y tensión entre fuerzas y
cuerpos. En aquel momento, se pensó claramente que no procedía celebrar
esa audiencia, esa entrevista solicitada.
Por otra parte, quiero recordarles, señorías, que esta Comisión plantea
en la misma propuesta una entrevista con un recluso, con Txikierdi, que
no ha propiciado avance
alguno en la materia cuando se ha celebrado, y coloca en el mismo nivel
una entrevista con un miembro convicto y confeso de ETA, como es
Txikierdi, con un Ministro que forma parte de un Gobierno
democráticamente elegido. Es decir, el planteamiento le parece erróneo al
Ministerio.
Por último, y con ello concluyo, en ningún momento puede hablarse de
precedente por cuanto que el Ministerio ha recibido a todos y cada uno de
los representantes parlamentarios, de los grupos políticos que así lo han
querido. De hecho, en estas últimas fechas, como usted sabe, señor Meyer,
se están desarrollando unas nuevas entrevistas en este sentido. Una cosa
es ese tipo de entrevista, de contacto, y, otra, acceder a una iniciativa
que no sólo no hubiera supuesto ningún elemento positivo sino que, por el
contrario, hubiera sido una fuente de crisis y de tensión entre el resto
de las fuerzas políticas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martí Fluxá.
Se suspende la sesión unos minutos para que se acerque a la Mesa el
Director General de la Guardia Civil. (Pausa.)
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL DEL MAR EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 181/000413.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es la número 413, del Diputado
don Ricardo Peralta Ortega, a la que va a contestar el Director de la
Guardia Civil, y que versaba sobre cuándo va a entrar en funcionamiento
la Guardia Civil del Mar en la Comunidad Valenciana.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Le doy la bienvenida al Director General de la
Guardia Civil, señor López Valdivielso, y le quiero preguntar por un tema
que guarda relación con una pregunta a la que anteriormente ha contestado
el Secretario de Estado de Seguridad, cuya intervención ha seguido el
propio señor Valdivielso.
La Guardia Civil del Mar, como él conoce perfectamente, se creó en el año
1991 y su despliegue se inició en el año 1992. Tenía unas funciones
concretas a desempeñar. Dentro de ellas, se pensaba lógicamente que la
Comunidad Valenciana era una zona donde debería instalarse la Guardia
Civil del Mar. En tal sentido, en las distintas actuaciones que hemos
llevado a cabo en este Parlamento para conocer su despliegue en la
Comunidad Valenciana, se nos había anunciado que era uno de los sitios en
donde estaba prevista su instalación con prioridad.
Tengo a la vista el «Diario de Sesiones» de una Comisión del Senado, de
finales de 1995, en donde comparecía la entonces Secretaria de Estado de
Seguridad, a petición del Grupo Popular. Quien entonces actuaba como
representante del Grupo Popular hacía referencia a una comparecencia
anterior del Director General de Seguridad, que comentaba que en Valencia
ya había una patrullera. Añadía: La verdad es que todavía no existe una
patrullera realmente en la zona valenciana, la que existe está en Murcia
y cubre Valencia, Alicante y Castellón. Ninguna de estas provincias
valencianas tiene patrullera, embarcación o servicio de la Guardia Civil
del Mar. Me reconocerá la señora Secretaria de Estado --decía el
representante del Grupo Popular-- que es una zona geográfica importante
para las misiones que tiene encomendada la Guardia Civil.
En su respuesta, la Secretaria de Estado decía que, efectivamente, eran
conscientes de que en la Comunidad Valenciana era necesario reforzar los
efectivos que tiene la Guardia Civil del Mar. Manifestaba que,
precisamente por eso, las nuevas patrulleras que se habían terminado de
construir se iban a dedicar en concreto a la zona de Valencia. Insisto en
que esto era diciembre de 1995. Ese dato de que se iban a dedicar algunas
patrulleras nuevas a Valencia guardaba relación con que, según
manifestaba la propia Secretaria de Estado, en el año 1996 se iban a
adquirir seis patrulleras ligeras y dos medias, que extenderían sus
servicios a las provincias, entre otras, de Valencia.
Ha transcurrido el año 1996 y no se ha producido ese hecho. A finales de
octubre del año 1996, la propia Dirección General de la Guardia Civil,
según recogían los medios de comunicación, hacía referencia a que, a
primeros de 1997, se pondría en funcionamiento en Valencia el servicio
marítimo provincial, es decir, recogía el periódico, la base del mar que
lleva retrasándose dos años por problemas de presupuesto.
Desgraciadamente, al día de hoy --y estamos ya en abril de 1997--,
todavía no se ha cumplido. La última noticia que tenemos por los medios
de comunicación es que se retrasa hasta este verano. No hace falta que le
insista en la importancia que tiene el despliegue de este servicio,
previsto ya, por otra parte, por el propio ministerio hace mucho tiempo.
Por tanto, nos gustaría saber en concreto cuándo va a producirse el
efectivo despliegue de la Guardia Civil del Mar en la Comunidad Autónoma
Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): Quiero
agradecer a S. S. la formulación de esta pregunta, prueba del interés que
S. S. tiene por las actividades de la Guardia Civil en general, y por el
servicio marítimo en particular.
Si el señor Presidente me lo permite, quiero aprovechar brevemente, y
desde luego sin rebasar el tiempo que tengo adjudicado, para decir alguna
cosa en relación con el servicio marítimo, para que todos seamos
conscientes de la importancia que tiene. Efectivamente, se creó, como S.
S. ha dicho, en el año 1991 por la necesidad de que la Guardia Civil
pudiese ejercer adecuadamente las funciones, las misiones y los cometidos
que las leyes nos encomiendan; por la creciente importancia que iban
adquiriendo las actividades que se desarrollan en nuestro mar
territorial, mar territorial que, simplemente deseo recordar, está
delimitado por casi 8.000 kilómetros de costa y por las 12 millas
hacia adentro del mar --o de la mar, como diría un marinero--; así como
por las propias funciones que la Guardia Civil desarrolla en tierra:
policía gubernativa, policía judicial, policía fiscal y policía
administrativa. Para ello, es cierto, se creó una jefatura y una
previsión de dotar con un servicio marítimo provincial a cada una de las
provincias españolas con costa, con litoral, dotando a cada servicio
marítimo de tres embarcaciones. Como las inversiones para poner en marcha
un servicio marítimo son muy importantes, ésta ha sido posiblemente la
causa de que no se haya podido llevar al ritmo previsto por la
Administración bajo cuyo mandato se creó el servicio marítimo. Es un
problema con el que nos hemos encontrado al llegar a nuestras actuales
responsabilidades.
En principio, se crearon cinco servicios marítimos provinciales, en La
Coruña, Cantabria, Barcelona, Murcia y Algeciras, y, más recientemente,
en el año 1994, se ampliaron a ocho, creando servicios marítimos en
Almería, Málaga y Huelva, con 19 patrulleras, 12 medias y 7 ligeras. En
cuanto a efectivos, en estos momentos hay 502 mujeres y hombres, guardias
civiles; 125 patrones, luego están los marineros, y hay un importante
grupo de personal de tierra, porque hacen falta mecánicos, personal
auxiliar, personal administrativo para el trámite de las diligencias y
quienes operan las comunicaciones.
Me gustaría dar unos datos para insistir en la importancia de
determinados servicios de la Guardia Civil de los que se habla, aunque
muchas veces no sabemos la realidad de su relevancia. Este servicio
marítimo, no muy importante en cuanto a medios y a efectivos, desde su
creación hasta el día 31 de enero de este año, ha hecho más de 22.000
intervenciones en el mar; ha llevado a cabo 1.107 servicios humanitarios,
con 670 personas rescatadas y más de 2.200 auxiliadas; ha interceptado
más de 2.000 inmigrantes ilegales; ha incautado casi 46.000 kilos de
droga; ha incautado más de 2.100.000 cajetillas de tabaco de contrabando.
Es muy importante la tarea que lleva a cabo el servicio marítimo.
Justamente por eso, una de las prioridades de esta Dirección General es
aumentar, potenciar todo lo posible el servicio marítimo de la Guardia
Civil. Es una satisfacción para mí decir que va a haber un servicio
marítimo en Valencia en breve plazo. Espero que en este verano esté
plenamente operativo, pero ahora estamos resolviendo algunos pequeños
detalles, como es la formalización de la entrega de las dependencias en
el edificio de la Capitanía Marítima de Valencia. Estamos acondicionando
la planta que la Marina Mercante nos va a ceder en uso para este servicio
marítimo de la Guardia Civil, estamos haciendo las pruebas de mar y,
paralelamente, se están llevando a cabo los trámites administrativos de
matriculación de las embarcaciones. El pasado mes de marzo ya hemos
destinado a este servicio a 48 miembros de la Guardia Civil, con las
titulaciones y las especialidades necesarias, si bien su incorporación se
retrasará al momento en que los barcos estén disponibles.
Se ha producido un retraso con respecto a la fecha prevista. Yo pensé que
a finales de 1996 podría estar implantado, pero los barcos llevaban ya
tiempo fabricados, más de un año, y, ahora, cuando han ido a ponerse en
marcha para proceder a la entrega a la Guardia Civil, ha habido que hacer
algunas tareas de mantenimiento y sustitución de determinadas piezas que,
como consecuencia del año de inmovilización, se han deteriorado. Eso ha
supuesto estos meses de diferencia que van desde finales de diciembre,
que es la fecha en la que yo me comprometí en mi comparecencia ante el
Parlamento argumentando que podía estar en marcha, hasta este verano.
Afortunadamente todo está resuelto, están a punto de terminarse las
pruebas de mar y, como digo, está destinado el personal. En principio,
habrá 54 programas diseñados, un capitán, un segundo jefe y luego todo
ese personal que he mencionado: patrones, mecánicos y marineros. Va a
contar con dos unidades navales, con una patrullera media y una ligera.
La diferencia entre la patrullera media y la patrullera ligera es que la
primera tiene 16 metros de eslora y la ligera es más corta, 12 metros, y
que una tiene 500 millas de autonomía a velocidad de crucero y la otra,
300 millas. La tripulación de la patrullera media está compuesta por
siete personas y está dotada de importantísimo equipo, tanto de
navegación como de transmisiones para las misiones de vigilancia y
también para las de protección ecológica. Ya saben ustedes que en todas
las misiones de la Guardia Civil le damos una gran importancia a ese
aspecto de protección de la naturaleza y consideramos que estos barcos,
junto a tareas de vigilancia en la lucha contra el narcotráfico, de
control de la inmigración ilegal, también van a llevar a cabo tareas de
tipo ecológico. La patrullera media lleva un pequeño armamento. La otra
lleva solamente cuatro personas en la tripulación, pero, en cuanto a
instrumentos de navegación y de vigilancia, más o menos son los mismos.
Está previsto que pueda ser operativo el mes de julio. Avanzaremos todo
lo posible y con eso vamos a cubrir un hueco muy importante de nuestro
litoral. Tenemos previsto crear servicio marítimo también en las otras
dos provincias de la Comunidad Valenciana, pero la verdad es que en estos
momentos no tenemos medios, no tenemos presupuesto como para afrontar a
corto plazo la construcción de más barcos. No obstante, tenemos la
previsión de en el año 2000 poner en marcha el servicio marítimo en
Alicante y el año 2001 en Castellón.
Hasta ese momento, el litoral de Castellón estará atendido por el
servicio marítimo ubicado en Murcia y Alicante por el servicio marítimo
ubicado en Valencia. Son dos barcos, naturalmente es pasar del cero al
infinito. En estos momentos, tenemos en Barcelona y en Murcia. Todo eso
quedaba sin cobertura. Pensamos que con estos barcos se podrán hacer
tareas importantes en el litoral mediterráneo, que estaba sin cubrir. Si
las cosas van como espero, también este año --al margen de su pregunta--
pondremos en marcha el servicio marítimo en Tarragona, que cubre parte
del litoral, que estará ubicado físicamente en Torredembarra; Baleares,
que tendrá su sede en Porto Pi, y Pontevedra, en el otro lado, que tendrá
su sede en Marín.
Quizás podríamos abordar con una sola patrullera
--porque la verdad es que no tenemos más que nueve nuevas-- Cádiz
que, con apoyo de Algeciras, podría operar ahí, pero no me comprometo. Me
comprometo a que antes
del verano esté funcionando el servicio marítimo de Valencia, de
Tarragona, de Baleares y de Pontevedra, y, como digo, a toda velocidad,
para que antes de que empiece el verano tengamos operativo el servicio
marítimo de Valencia.
Es cuanto puedo decirle, salvo que quiera alguna precisión que, si estoy
en condiciones de dársela, con mucho gusto, se la daré.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Director General, por sus
informaciones.
Celebro que me anuncie que antes del verano se pone en funcionamiento. Le
quiero tomar la palabra de que así va a suceder y no se produce ningún
retraso más, por la razón que sea. Creo que es importante que se ponga en
funcionamiento.
Antes hemos hecho referencia al crecimiento de actividad delictiva,
ligada fundamentalmente al narcotráfico, en muchas ocasiones a través del
mar en el ámbito de la Comunidad Valenciana, donde se produce la
circunstancia aparentemente extraña de que buques pesqueros sacan del mar
miles de kilos de droga que tienen depositados allí o que han tenido que
abandonar narcotraficantes, lo cual pone de manifiesto la necesidad de
que se actúe decididamente en el ámbito geográfico del país valenciano
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no se vaya
al albur de que cualquier pescador pueda encontrar lo que no quiere
pescar.
Sinceramente, a mí me preocupa que diga usted que hasta el año 2000 ó
2001 no se va a reforzar la dotación. Eso me haría pensar que son ustedes
conscientes de la importancia y de la necesidad que tiene el tema pero
que no le dedican los medios adecuados, porque creo recordar que esas dos
unidades que se van a poner en práctica ahora vienen desde el año 1995.
Ya en el año 1995, la Secretaría de Estado de Seguridad decía que se iba
a producir la entrega en el año 1996. Finalmente, parece ser que no han
sido operativas en 1996 y que van a serlo en 1997, pero desde allí hasta
el año 2000 ó 2001, no parece que por parte de la actual Administración
se vaya a producir un esfuerzo. Sinceramente, le digo que en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma, del País Valenciano, hace falta reforzarlas
todas. De hecho, las previsiones iniciales, en cuanto al servicio
marítimo de la Guardia Civil, eran ambiciosas y muy amplias. En el ámbito
de la Comunidad Valenciana esas previsiones eran justificadas, por lo que
le animaría a que hiciera un esfuerzo para ver inmediatamente su puesta
en funcionamiento (yo acepto su afirmación de que será antes del verano y
será bienvenida), así como a que ese refuerzo que hace falta lo podamos
ver con la máxima celeridad posible, antes incluso de las fechas a las
que ha hecho usted referencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): Sólo
quiero decirle que yo hago míos sus deseos. Usted entiende perfectamente,
señoría, que el problema es la limitación presupuestaria, que estamos
administrando recursos escasos y que, dentro de esa escasez, intentamos
sacarle la mayor eficacia posible.
Vamos a poner en marcha estos nueve barcos, es un paso importante, y si
el panorama presupuestario cambiase rápidamente daríamos orden de
proceder a los astilleros para que nos construyesen más barcos. También
necesitamos efectivos adecuados, formados: hay que hacer patrones de
yate; hay que hacer mecánicos. Tenemos ese plan del año 2002-2001. ¿Que
podemos adelantarlo? Yo seré el primero en felicitarme de ello.
Antes me he referido a las actividades concretas del servicio marítimo,
pero no contamos con la cantidad de misiones que realiza la Guardia Civil
apoyándose en el servicio marítimo. Cuando hablamos de cantidades de
droga incautada por el servicio marítimo, es sólo el servicio marítimo,
pero hay otras muchísimas operaciones, bien con otros servicios de la
Guardia Civil, bien en combinación con el servicio de vigilancia
aduanero, donde la tarea que se desarrolla es importantísima. De ahí la
importancia que esta Dirección General da al servicio marítimo.
Le agradezco al señor Diputado la formulación de la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Se suspende unos segundos la sesión para que se
incorpore a la Mesa el Director General de la Policía. (Pausa.)
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA REDADA POLICIAL
LLEVADA A CABO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 1996 EN LAS INMEDIACIONES DE LA
MEZQUITA SITA EN LA CALLE BUENOS AIRES, DE VALENCIA. (Número de
expediente 181/000345.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es la número 345, que formula
también el Diputado don Ricardo Peralta Ortega, que contesta el Director
General de la Policía, sobre opinión del Gobierno acerca de la redada
policial llevada a cabo el día 17 de diciembre de 1996 en las
inmediaciones de la mezquita sita en la calle Buenos Aires, de Valencia.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Quiero comenzar dando la bienvenida al señor
Cotino, deseándole suerte --no había tenido ocasión de decírselo
anteriormente-- en esos destinos y funciones que tiene ahora en el
conjunto del Estado.
A mí me gustaría saber, señor Cotino, qué opinión le merece al Gobierno
la redada policial que se llevó a cabo el pasado día 17 de diciembre en
las inmediaciones de una mezquita sita en la ciudad de Valencia, en
concreto en la
calle Buenos Aires, y que dio lugar a la detención de casi 80 personas,
todas ellas de nacionalidad extranjera.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Desde hacía
algún tiempo, a través de las asociaciones de vecinos y comerciantes de
la zona del barrio de Ruzafa, se venía denunciando el incremento de
hechos delictivos referidos fundamentalmente a robos en domicilios y
establecimientos, tirones, agresiones en la vía pública y, básicamente,
pequeño tráfico de droga.
Por la brigada provincial de Policía Judicial se pusieron en marcha
actuaciones de investigación orientadas a averiguar la identidad de los
autores y esclarecer los hechos delictivos que provocaban la situación de
inseguridad en el mencionado barrio. De dichas investigaciones resultaron
indicios evidentes de que muchos de los hechos que denunciaban, tanto de
forma singular como a través de las asociaciones de vecinos y
comerciantes, se podían cometer por personas que vivían o frecuentaban de
forma habitual las inmediaciones de la zona a la que alude la pregunta,
detectándose asimismo el asentimiento de grupos en la misma zona.
Sin perjuicio de las investigaciones singulares en relación con los
hechos concretos, la brigada provincial de Policía Judicial elevó a la
Jefatura Superior de Policía de Valencia un exhaustivo informe sobre la
situación descrita, dando lugar a que, a la vista de su contenido, se
estimase necesario llevar a cabo una intervención policial debidamente
planificada y coordinada en su ejecución para paliar los problemas de
inseguridad que se venían padeciendo y que eran objeto de quejas de los
diversos sectores ciudadanos del barrio.
Con esta actuación previa y preparatoria se llevó a cabo la operación
policial el día 17 de diciembre, debiéndose ser calificada de adecuada y
correcta en su ejecución y con absoluto respeto a la legalidad vigente.
Hay que señalar que la operación policial estuvo precedida de numerosas
denuncias de los vecinos, como decía anteriormente, y por ello la
operación, que fue correcta en su ejecución, se concibió bajo los
parámetros de prevención genérica y específica de la investigación y
control de la situación de legalidad en materia de extranjería.
De todo ello, como usted conoce y ha dicho, se identificaron estas
personas, de las cuales 30 tenían antecedentes por delitos de tráfico de
drogas y contra el patrimonio y por estancia ilegal en España. Algunos de
los detenidos venían utilizando más de 25 identidades diferentes. Cinco
de ellas estaban reclamadas judicialmente y 25 se encontraban en
situación irregular en España. Con la pertinente autorización judicial se
procedió a la entrada y registro de un domicilio, deteniéndose a sus
cuatro ocupantes e incautando joyas y efectos que luego se comprobó
procedían de robos de domicilios.
Por todo ello, estimamos que era necesario realizar la actuación
policial, por lo que se desprende de los resultados de las averiguaciones
y de las identificaciones posteriores.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Cotino, creo que ha repetido usted la
valoración que hizo en el momento en que se produjeron los hechos.
Coincidía con que, en fechas inmediatamente posteriores, se encontraba
usted, si no recuerdo mal, en la ciudad de Valencia acompañando al
Ministerio del Interior y dijo usted que la actuación de la policía había
sido correcta. Yo creo que ésa no es una valoración correcta. Dice usted
que hay actuaciones que explican la intervención policial. Así visto se
pierde la perspectiva.
¿Cree usted que es correcta una actuación policial que sólo da lugar a la
detención de extranjeros --esa, aparentemente, es la información de la
que se dispone--, en la que se actúa sólo contra determinados ciudadanos,
en un ámbito concreto en el que se sabe que se ha producido un
asentamiento progresivo en los últimos años de ciudadanos extranjeros en
la ciudad de Valencia; se actúa en relación con ellos y, al parecer, sólo
en relación con ellos? Sabe usted que esta actuación de la Policía ha
sido investigada por el Defensor del Pueblo. Sabe usted que el defensor
del Pueblo ha sugerido -- según los datos de que disponemos-- que se
eviten en lo posible redadas generalizadas en aquellas zonas con un alto
número de inmigrantes. Reconociendo que en esa actuación no se produjeron
infracciones legales, el Defensor del Pueblo considera necesario reiterar
el deber legal de extremar las medidas que eviten ese tipo de impresión
que se traduce, porque la impresión que los medios de comunicación
trasladan de esta actuación policial es la siguiente: La Policía detiene
a 80 musulmanes y al imán de una mezquita de Valencia cuando salían de
orar. Este era uno de los titulares de un medio de comunicación
valenciano. El otro, me imagino que prácticamente en los mismos términos.
Yo creo que esta secuela de la actuación policial no es positiva.
Estos días hemos asistido a un debate que a mí me parece que también es
nuestro. Se planteaba en relación con Francia y con las actuaciones de un
partido, el del señor Le Pen, que estoy convencido de que todos
rechazamos en el ámbito de esta Cámara. Una de las afirmaciones del señor
Le Pen es que los extranjeros fuera de su país, porque son elementos
nocivos. Yo creo que la respuesta adecuada a esa actuación es la que
hacía el Parlamento Europeo de declarar este año 1997 el Año Europeo
contra el Racismo y la Xenofobia, pero tengo mis dudas de que este tipo
de actuaciones policiales, si no se extreman, tal como dice el Defensor
del Pueblo, las medidas y el ámbito y si no se saben gestionar
adecuadamente, puedan tener algún efecto positivo en orden a la detención
o el descubrimiento de algún tipo de actuaciones delictivas y de
delincuentes. Estoy convencido de que efectivamente se ha producido, pero
pienso que pueden tener también un efecto negativo, efecto negativo que
los responsables políticos deberíamos cuidar especialmente. Desde ese
punto de vista, la recomendación que ha hecho el Defensor del Pueblo es
ajustada, y a mí me gustaría oírle decir, señor Cotino, por parte de la
autoridad policial, de la Dirección General de la Policía, del Ministerio
del Interior, se van a tener en cuenta en
el futuro este tipo de secuelas de cara a que la lucha contra la
delincuencia, que hay que realizarla y que nosotros apoyamos, sea del
color que sea, sea de la nacionalidad que sea, no pueda tener ningún tipo
de secuelas o añadidos que yo creo que también estamos todos de acuerdo
en que hay que evitar, porque es algo extraordinariamente sensible y
preocupante.
La señora VICEPRESIDENTA (Fenández de la Vega Sanz): Señor Cotino.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): señor Peralta,
por supuesto que coincido con usted y con el Defensor del Pueblo respecto
a las consideraciones y las reflexiones que usted hacía, pero es bueno
destacar que en el caso de esta operación de la que estamos hablando era
de una finca ocupada por personas de distintas nacionalidades, también
españoles, que se identificaron cuando la policía identificó a todos los
que vivían en aquel bloque de fincas. No se discriminó a unos o a otros;
dio la coincidencia de que algunos de los extranjeros que yo le he
nombrado estaban en busca y captura o con expedientes de expulsión del
país y por ello, además, se pidió el registro judicial de otro domicilio;
porque cuando se intentó identificar a todas las personas había indicios
de que una de ellas podía tener otros contactos u otras responsabilidades
de delincuencia, como así fue, ya que en su casa se pudieron encontrar
distintos productos robados.
La policía, repito, en este caso no discriminó a personas de un país o de
otro, sino que identificó a todas aquellas personas que en ese momento
determinado estaban en los edificios que componían esa calle, que usted
conoce como yo -- es una calle estrecha, con edificios más o menos
abandonados y con asentamientos en la zona--, y mayoritariamente eran
personas de otros países; también había españoles.
Por lo que respecta a las declaraciones del imán --o al menos él se
denomina como tal en esta mezquita--, tengo que decirle que, a raíz de
esa identificación, se siguió una investigación sobre los hechos y esta
persona pasó a disposición judicial, por encontrarse en su domicilio
algunos documentos relacionados con terrorismo.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE AFIRMACIONES DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA ACERCA DE SI LA DELINCUENCIA EN DICHA COMUNIDAD AUTONOMA SE
DEBE, FUNDAMENTALMENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DEL CODIGO PENAL. (Número de
expediente 181/000360.)
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): La siguiente
pregunta la formula el mismo Diputado del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don Ricardo Peralta, sobre
afirmaciones del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
Valenciana acerca de si la delincuencia en dicha comunidad autónoma se
debe fundamentalmente a la entrada en vigor del Código Penal.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Cotino, el pasado día 8 de enero el
delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, coincidiendo
con la toma de posesión de mandos policiales, puso de manifiesto en su
intervención que el índice de delincuencia en nuestra Comunidad había
crecido en los últimos meses alrededor del dos por ciento, a causa
fundamentalmente --según sus afirmaciones-- de la aplicación del nuevo
Código Penal. Tomando pie, sin lugar a dudas, de estas enseñanzas del
delegado del Gobierno, que es la máxima autoridad en este ámbito, el día
23 de enero el Jefe Superior de Policía de Valencia afirmaba, en una
intervención, que el aumento de la delincuencia en el año 1996 había sido
del tres por ciento, un poco más de lo que había dicho el delegado del
Gobierno, si bien inferior al que se había producido a nivel nacional,
que era del seis por ciento en ese año, 1996, pero que, desde luego, la
causa era la aplicación del nuevo Código Penal. Era particularmente
rotundo en estas afirmaciones el Jefe Superior de Policía, ya que decía:
Los delincuentes son delincuentes, pero no tontos; por tanto, saben que
ese delito está menos castigado e inciden más en eso.
Es significativo que en estas mismas fechas, el 10 de enero, se
presentaba también el balance de delincuencia en la Comunidad de Madrid y
quienes lo presentaban, autoridades responsables en la materia,
constataban, por ejemplo, que el nivel de homicidios había descendido en
un 19 por ciento. Según los medios de comunicación que recogían esa
intervención, las autoridades policiales no tenían explicación para ese
descenso, de la misma manera que --decían-- tampoco la tenían para el
incremento. Aparentemente, hay una contradicción en este tipo de
afirmaciones. Parece ser que quienes son responsables en Valencia saben
que los delincuentes valencianos, que es donde se produce este
incremento, no son tontos, deben ser unos delincuentes especiales y que
están al tanto de debates tan prolijos y complejos como fueron los del
Código Penal. Fíjese si fueron prolijos y complejos que algún destacado
dirigente político llegó a decir que cuando se aplicara el Código Penal
iban a salir miles y miles de ciudadanos en libertad; luego, es verdad
que no salieron tantos. El debate fue complejo realmente, pero al parecer
los delincuentes estaban al tanto de este tema tan enjundioso y tomaban
medidas adecuadas.
Yo no sé si el Gobierno comparte estas valoraciones y por eso me gustaría
saber cuál es la opinión del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Cotino.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): He leído las
declaraciones del delegado
del Gobierno y del Jefe Superior de Policía a las que usted hace
referencia y ciertamente estaban dentro de un contexto en el que se
estaban analizando las distintas causas por las que se podía haber
ocasionado el aumento de la delincuencia en Valencia. Entre las causas
que se citan está la posibilidad de que, al aumentar el Código Penal las
cifras de entre 30.000 y 50.000 pesetas, eso pudiera suponer, muy
probablemente --por lo menos eso es lo que se desprende de esas
declaraciones--, un aumento de la delincuencia.
No sólo el Gobierno lo entiende así, creo que lo entendemos todos, y en
el debate anterior, con las preguntas que usted realizaba al Secretario
de Estado, yo pensaba en las reflexiones de ambos sobre el tema de la
droga. Posiblemente el 80 por ciento de los delitos menores que se
cometen en el país, según las estadísticas, están muy relacionados con el
problema de la droga. Cuando una persona necesita robar para la dosis que
consume o algo relacionado con ello, si el robo es menor tiene menos
posibilidades de entrar en la cárcel o de ser detenido. Por ello, creo
que es importante que consideremos que, aunque el nuevo Código Penal no
tenga una repercusión directa en que haya aumentado la delincuencia,
puede ser una de las causas, básicamente en la delincuencia menor, esa
diferencia entre las 30.000 y las 50.000 pesetas, que, como usted bien
conoce, es motivo para que el juez pueda llevar a la cárcel, si así lo
estima el fiscal, a una persona.
Por otra parte, como consecuencia de la entrada en vigor de la ley penal,
se han producido revisiones de aquellas causas penales instruidas por
delitos con pena inferior a la del vigente Código Penal y que han
derivado de las excarcelaciones de penados. Es probable que no sean las
cifras de las que en su momento se hablaba, pero ciertamente ha habido
algunas personas --por lo menos policialmente se ha podido comprobar--
que han salido de las cárceles, han cometido delitos y han sido puestas a
disposición judicial de nuevo por delitos de estas características--. No
es un número preocupante, pero es un hecho que existe.
Otro tema es la sustitución de penas de prisión de hasta seis meses por
arresto de fin de semana, lo cual supone que un gran número de
delincuentes se hallan en libertad durante el cumplimiento de la pena,
siendo este aspecto especialmente relevante en aquellos delincuentes
contra la propiedad, toda vez que este tipo de delitos cuantitativamente
supone la mayoría de los que tienen lugar en España.
Ni que decir tiene que el Cuerpo Nacional de Policía está sujeto a las
leyes y a los códigos actuales. Por ello, lo que tenemos que hacer es
hacer cumplir esas leyes, sin emitir opiniones sobre que en algún punto
el nuevo Código pueda repercutir en un aumento de delincuencia en una
ciudad determinada. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Cotino, le voy a felicitar no sólo por la
parte que le pueda corresponder como responsable de la policía en las
actuaciones de los últimos meses a las que hemos hecho referencia --por
ejemplo, en el caso de incautaciones de droga en el País Valenciano y
otro tipo de delincuencia--, sino específicamente por su actuación en
esta Comisión y por su esfuerzo para sacar la metedura de pata del
delegado del Gobierno de Valencia y del Jefe Superior de Policía.
Hilando muy fino, a lo mejor podemos tener la duda de si efectivamente el
nuevo Código Penal puede tener alguna incidencia, pero eso ocurre entre
usted, que es el Director General de Policía, y quienes estamos aquí,
Diputados que se entiende que tenemos una determinada preparación. Ahora
bien, estamos hablando de la incidencia que tiene en los delincuentes.
Dice usted: Quizá alguna de las excarcelaciones que se produjeron, que
conviene recordar que fueron muy poquitas, muy lejos de aquellas cifras
que se habían utilizado como arma política en campaña electoral y en los
meses inmediatos... Sin lugar a dudas, es posible. A lo mejor alguna otra
medida tiene alguna incidencia también.
Yo creo que, en definitiva, no hay ninguna razón seria para hacer este
tipo de afirmaciones, que son afirmaciones preocupantes, porque es la
afirmación de un delegado del Gobierno y de un Jefe Superior de Policía
cuestionando el trabajo del Parlamento, en una materia tan fundamental
como un Código Penal, Código Penal que fue el resultado de un trabajo
parlamentario de todos, al que cada uno prestamos un distinto nivel de
adhesión, pero en el que todos participamos. Es, en definitiva, una ley
que hoy está vigente, resultado del Parlamento.
Creo que no es ni el trabajo ni la mejor labor de un delegado del
Gobierno, en el ámbito de la Comunidad Autonómica Valenciana ni en ningún
otro ámbito, tampoco de un Jefe Superior de Policía, decir que el
incremento de la delincuencia se debe a la entrada en vigor del Código
Penal. Pienso que no estaría de más que dieran instrucciones (creo que
ustedes ya lo habrán hecho y en ese sentido me permitiría felicitarle) en
el sentido de que este tipo de manifestaciones sólo sirven para complicar
las cosas y para hacernos perder de vista lo que debe ser el trabajo
fundamental de todos y especialmente de aquéllos, como los delegados del
Gobierno o como el Jefe Superior de Policía, que tienen una especial
responsabilidad en el ámbito de combatir la delincuencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Cotino.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Brevemente.
Señor Peralta, ciertamente creo que no podemos sacar de contexto un grupo
de ideas expuestas por un delegado del Gobierno o por un Jefe Superior de
Policía en unas declaraciones y que se recogen en los medios de
comunicación. En el contexto de las declaraciones, tanto el delegado del
Gobierno como el Jefe Superior de Policía hablaron de que posiblemente
una de las causas podría ser. Tampoco digo yo que no lo sea. No reafirmo
que todas las causas sean por el Código Penal, pero hay una serie de
datos con los que, considerados mera y simplemente, le puedo decir
que, por ejemplo, de enero a mayo de 1995 las personas que entraron en la
cárcel fueron el 25 por ciento de los detenidos, cuando resulta que en el
mismo período, después de la aplicación del Código Penal y la nueva Ley
de Enjuiciamiento solamente fueron el 6,24. Habrá que hacer estudios.
Tampoco podemos hacer una valoración, ni para bien ni para mal, de un
período de tiempo tan corto para decir que las culpas puedan ser del
Código Penal, pero no podemos decir que no tenga nada que ver el Código
Penal. Tendríamos que abrir un período de reflexión, estudiar los datos y
ver por dónde vienen las repercusiones. Pero, por supuesto, en el
contexto de las declaraciones, cuando las hicieron el delegado del
Gobierno y el Jefe Superior, el Código Penal sería uno de los puntos; ni
el único ni el más importante.
--DEL SEÑOR VAZQUEZ VAZQUEZ, DON GUILLERME (GRUPO MIXTO), SOBRE APERTURA
DE UNA INVESTIGACION PARA AVERIGUAR DE QUIEN PARTIO LA ORDEN DE ACTUACION
DE LA POLICIA NACIONAL EL DIA 29-1-97 EN PONTEVEDRA. (Número de
expediente 181/000364.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el Diputado don Guillerme
Vázquez Vázquez, que contestará también el Director General de Policía,
sobre apertura de una investigación para averiguar de quién partió la
orden de actuación de la policía el día 29 de enero de 1997, en
Pontevedra.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Director General, como
usted sabe, el pasado 29 de enero tuvo lugar en Pontevedra una carga
policial contra un grupo de transportistas, que permanecían concentrados
delante de la factoría de la empresa Tafisa, para denunciar su situación
laboral y exigir que la empresa negociase con ellos, una empresa, por
cierto, para la que muchos llevaban trabajando en exclusiva hasta 30 años
y que en ese momento prescindía de sus servicios, algo que abocaba a
estos trabajadores a una situación de incertidumbre ante su inmediato
futuro.
La carga policial a la que me refiero fue claramente desproporcionada,
según los testigos presenciales, y así se recogió en todas las
informaciones de prensa. Los transportistas en ese momento permanecían en
las aceras, por lo que ni siquiera obstaculizaban el tráfico rodado. A
pesar de ello, la policía intervino con dureza y, como consecuencia de
ello, numerosas personas resultaron contusionadas y tres de ellas, con
edades entre 60 y 62 años, precisaron atención médica. Esta actuación
policial mereció la repulsa de las fuerzas políticas y sindicales de la
ciudad --excepto del Partido Popular--, que cuestionaron la actuación del
señor gobernador civil, que, con sus declaraciones posteriores a los
hechos, dejaba entrever que el responsable de esa actuación concreta fue
el jefe de la fuerza pública en ese momento, ya que el señor gobernador
acabó asumiendo la responsabilidad pero afirmó que no dio la orden
concreta de cargar, sino solamente de garantizar el paso de vehículos y
mercancías que, como decía antes, en ese momento no estaba obstaculizado.
En todo caso, conviene aclarar estos extremos porque ya se ha hecho
referencia, a lo largo de esta sesión, a que prevé la Constitución que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, evidentemente adecuando los medios a emplear a las
circunstancias que concurren, con el fin de causar el menor daño posible
a personas y bienes. Desde nuestro punto de vista, en este caso concreto,
como en algunos otros que en los meses pasados tuvieron lugar en Galicia,
existe ya una preocupante desproporción entre los medios empleados por
las fuerzas de orden público y la gravedad de las alteraciones del orden
que se pretenden corregir. Varias actuaciones policiales, como usted
sabe, se saldaron con numerosos ciudadanos heridos de cierta
consideración, como aconteció, por ejemplo, con cargas sobre los
trabajadores de Endesa o sobre los estudiantes en Santiago.
Todo ello nos lleva a plantearnos o que los responsables actuales del
orden público en Galicia siguen fielmente las directrices del Gobierno,
lo que induciría a pensar que el Gobierno se inclina por una política de
incrementar la represión para resolver los conflictos, o bien que estos
responsables políticos no son las personas más adecuadas para llevar a
cabo la tarea que les encomendó ese Gobierno, lo que le debería llevar a
reconsiderar su permanencia en el cargo.
En todo caso, la carga policial de 29 de enero merece una explicación por
parte del Ministerio, que debería aclarar a los ciudadanos de quién
partió la orden de cargar, qué causas concurrían para que fuese necesaria
una actuación policial tan enérgica y, por lo tanto, si los medios
empleados fueron acordes con la gravedad de la alteración. Por último,
naturalmente, si el Ministerio respalda la actuación del señor gobernador
civil de Pontevedra. En ese sentido, formulamos nuestra pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Cotino.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): La Dirección
General de la Policía recibió en su día informe puntual, tanto de la
Comisaría de Policía de Pontevedra como de la Jefatura Superior de
Policía de La Coruña, sobre la actuación policial llevada a cabo el día
29 de enero del presente año en la factoría de la empresa Tafisa. De los
mencionados informes se desprende que la actuación de los efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía, con ocasión de dicha intervención, fue
totalmente correcta y proporcionada ante la situación creada por unas 60
personas allí congregadas que se proponían impedir la entrada de camiones
para el transporte de mercancías en la citada factoría. En consecuencia,
por parte de la Dirección General de la Policía no se ve la necesidad de
realizar otras investigaciones, además de los informes que ya en su día
se solicitaron, como antes he mencionado.
La unidad policial desplegada en el citado lugar tenía la misión de
garantizar el libre tráfico de mercancías y entrada y salida de camiones,
a cuyo efecto había recibido las correspondientes órdenes superiores,
autorizándole a la utilización de la fuerza si fuera necesario. En la
operativa policial se tuvieron en cuenta las circunstancias de los
incidentes originados por este mismo conflicto en los días precedentes.
La actitud de las personas congregadas, que, colocadas en la vía pública,
trataban de impedir el paso a cuatro camiones que pretendían entrar en la
factoría, motivó que por los responsables de la fuerza se les hiciera
reiterados requerimientos para que dejaran la vía libre. Ante la negativa
de tal retirada, la fuerza pública intentó su desplazamiento hacia las
aceras, a lo que los congregados, camioneros en su mayoría, opusieron
resistencia, forcejeando e intentando agredir a los efectivos policiales,
que tuvieron que hacer uso de sus defensas, consiguiendo la retirada de
los congregados, dejando expedito el acceso a la factoría y permitiendo
la entrada normal de los cuatro camiones.
Respecto a las órdenes dadas, emanan, como es normal, del Gobernador
Civil, a propuesta del comisario que manda en cada momento en el efectivo
y que le explica la realidad que está ocurriendo en la calle. Por ello
nosotros respaldamos la postura que tuvieron tanto la comisaría de
Pontevedra como el Gobernador Civil, para mandar esta intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Cotino, a lo largo de la
sesión, una y otra vez, cualquier actuación por parte de las fuerzas de
orden público es siempre correcta. A veces me pregunto si es posible que
siempre se tenga razón, que nunca un Gobierno o alguna fuerza actuante no
se extralimite en sus funciones, si los responsables políticos siempre
están acertados.
No voy a entrar a discutir, obviamente, su valoración. La mía concuerda
con la percepción que periodistas presentes tuvieron de esa actuación
policial y es totalmente distinta. Quiérese decir que no había margen de
duda en ninguna de las informaciones de prensa sobre lo que aconteció en
aquel momento con los transportistas. La fuerza pública cargó sin motivo
aparente. Usted dice que se hizo una carga de tipo preventivo, por si
acaso procedían a cortar el paso y en función de los antecedentes. Esto
es lo que yo le he entendido. Parece ser que, según yo entendí, se
proponían impedir la entrada, se proponían impedir; no estaban impidiendo
nada en ese momento. Y usted dice que intentaron agredir a las fuerzas
del orden. Yo le repito que allí había un grupo de transportistas,
reivindicando unos derechos laborales. Usted me dirá que ninguna
reivindicación laboral puede poner en peligro los derechos ciudadanos,
pero fíjese que las personas que resultaron más contusionadas eran
personas de bastante edad, que pensemos que estén suficientemente fuertes
como para suponer un peligro para las fuerzas del orden. Yo creo que
convendría hacer alguna reflexión. Cerrarse siempre en banda diciendo que
tenemos razón y que todo está bien, me parece que no ayuda a corregir
actuaciones equivocadas; no ayuda a corregir que se vuelvan a producir
actuaciones de este estilo y siento decirle que lo único que provocan es
un aumento de desconfianza en las actuaciones de las fuerzas de orden
público.
Insisto en que la percepción en general de las personas que estaban allí
fue que la carga fue desproporcionada. En todo caso, cada uno tiene su
criterio.
El señor PRESIDENTE: Señor Director.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): En mi exposición
anterior posiblemente me haya explicado mal, pero hay un hecho que se
recoge claramente y es que el día anterior a los hechos de los que
estamos hablando, el día 28, cuando tres camiones de la empresa Pérez
Torres, acompañados por la escolta policial, pretendían entrar a esta
empresa, fueron retenidos por los camioneros que se habían concentrado en
las inmediaciones de la factoría, causando diversos daños a los vehículos
y coaccionando a los conductores, quienes desistieron de continuar y
regresaron a su base en la localidad de Marín, ya que los efectivos
policiales no eran suficientes para controlar la situación, debido al
número de personas concentradas en su actitud violenta. El hecho había
ocurrido el día anterior y al día siguiente se repite el mismo hecho; por
eso tiene que actuar la policía. Paralelamente a los informes que
recabamos de la policía, como he expuesto al comenzar la intervención,
para averiguar si se había actuado proporcionalmente o no --y nosotros
entendemos que sí--, se dio cuenta también al juzgado, por si hubiese
alguna negligencia por parte de los actuantes. Y hasta el momento no
hemos tenido ningún requerimiento al respecto.
El señor PRESIDENTE: Solamente quedan por formular dos preguntas, señor
Cotino, puesto que las del señor Sanjuán, como antes he anunciado, quedan
aplazadas ante su imposibilidad justificada de asistencia a esta sesión
de la Comisión.
Rogaría a la señora Alvarez Gayol que me indicara si tiene inconveniente
en sustanciar en una sola intervención sus preguntas, teniendo en cuenta
que ambas se refieren a hechos relativos a acontecimientos que guardan
relación con la comisaría de Usera, en Madrid.
La señora ALVAREZ GAYOL: Señor Presidente, no tengo inconveniente.
--DE LA SEÑORA ALVAREZ GAYOL (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS ANTE LAS
PETICIONES DEL COMISARIO JEFE DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE
USERA-VILLAVERDE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA MEJORAR LOS
NIVELES DE EFICACIA EN LA ZONA SUR DE MADRID. (Número de expediente
181/000517.)
--DE LA SEÑORA ALVAREZ GAYOL (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MOTIVOS DEL
TRASLADO DEL COMISARIO JEFE DE LA COMISARIA DE USERA-VILLAVERDE DE
MADRID. (Número de expediente 181/000518.)
El señor PRESIDENTE: Para referirse a la pregunta sobre qué medidas se
han tomado desde la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid
ante las reiteradas peticiones del comisario jefe de la Comisaría del
distrito de Usera-Villaverde, de recursos humanos y materiales para
mejorar los niveles de eficacia ante una situación delictiva cada vez más
preocupante en la zona sur del municipio de Madrid y a la pregunta sobre
cuáles son los motivos para que el comisario jefe de la Comisaría de
Usera-Villaverde haya sido trasladado a otra comisaría, tiene la palabra
doña Enedina Alvarez Gayol.
La señora ALVAREZ GAYOL: Señor Presidente, en primer lugar quiero dar la
bienvenida al señor Cotino a esta Cámara.
Entrando en materia, he de decir que don Félix Alonso, comisario jefe del
distrito de Usera-Villaverde, ingresa en el cuerpo de la Policía en 1970.
En 1977 asciende a inspector de primera. Casi siempre ha desarrollado su
labor en actividades operativas, excepto un período de año y pico que
estuvo en actividades de gestión. Se le han concedido tres felicitaciones
públicas --años 1976, 1977 y 1980--, seis felicitaciones públicas y
premio --1978, dos veces en 1979, 1981, 1982 y 1983-- y se le ha
concedido la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco en el año
1993. Asciende a comisario en 1989 y hasta el 12 de enero de 1997 ha
realizado su trabajo en lo que se denominaría de distrito de Madrid. El
12 de enero de 1997 se le traslada, como jefe de la comisaría local, a
Pozuelo de Alarcón, comisaría que, como usted sabe, es de categoría
diferente; no me atrevo a calificarla --por tener un contenido
peyorativo-- de inferior. Desde 1974 a 1996 este comisario realizó una
variedad de cursos, obteniendo diversas titulaciones, entre otros, sobre
drogas, delincuencia juvenil, seguridad ciudadana, etcétera. También
publica artículos en la revista denominada «Policía». Ante todos estos
datos, nos hemos encontrado con que el 15 de enero de 1996 se le envía al
comisario jefe de la Comisaría de Usera-Villaverde un fax en el que se le
cita urgentemente al servicio de personal de la Jefatura para firmar un
PF --esto es, un documento personal funcionario número 6-- de cese de esa
Comisaría de Usera-Villaverde y nombramiento para la de Pozuelo. Creemos
que no nos encontramos ante necesidades tácticas, estratégicas,
organizativas, etcétera, del cuerpo policial; se le ha convocado a una
reunión y se le explican dichas necesidades; posteriormente se actúa y
directamente se le manda un fax de cese y traslado.
Como usted sabe, estamos en democracia que también, como usted sabe, no
está reñida ni con la disciplina ni con la autoridad que a todo cuerpo
del Estado le es necesaria para ejercer sus funciones, pero sí está
reñida con fórmulas viejas que podíamos denominar dictatoriales,
autoritarias, despóticas, etcétera, que era norma habitual en el anterior
régimen político de nuestro país, ya superado. En democracia se cuidan y
miman tanto el contenido como la forma que envuelve ese contenido.
Por esta razón le hacemos esta pregunta y también la relacionamos con que
el comisario jefe del distrito de Usera desde el primer momento en que
llegó fue enviado a ese destino --me refiero a ese distrito-- y se
encontró con una serie de problemas lógicos respecto a los medios con los
que cuenta, de diferenciación de los medios, medios materiales, técnicos,
etcétera. Este comisario jefe redactó los correspondientes documentos
pidiendo medios y queremos saber, en concreto --ligando la pregunta a lo
que he dicho anteriormente-- de qué medios se ha dotado a este comisario
jefe para superar los problemas que existían en un distrito tan
complicado, tan amplio de terreno y población --lo que llamamos una
población popular que no quiere decir del Partido Popular--; si nos da
una respuesta estaremos encantados de aceptarla.
El señor PRESIDENTE: En la forma en que ha desarrollado S. S. las dos
preguntas --según entiende la Presidencia, sobre todo en lo que se
refiere a la remoción o cese del comisario jefe de la Comisaría de
Usera-Villaverde--, ha hecho algunas matizaciones que parece se refieren
a situaciones personales de dicho funcionario. Sin que sea nada más que
una pura puntualización reglamentaria, el artículo 186 del Reglamento
establece que no será admitida la pregunta de exclusivo interés personal
de quien la formula --se entiende del Diputado-- o de cualquier otra
persona singularizada. Con esta matización, esta Presidencia no tiene
intención alguna de limitar ni la pregunta de S. S. ni la contestación
del Director General. (La señora Alvarez Gayol pide la palabra.)
Tiene la palabra.
La señora ALVAREZ GAYOL: No tengo ningún interés personal al que usted se
refiere, según el artículo que ha mencionado. Tengo un interés político,
como es lógico, y es mi tarea, mi función y mi responsabilidad. En esa
línea he planteado las cosas que he planteado. Creo que se me ha
entendido perfectamente, no tengo intereses personales en este tema.
El señor PRESIDENTE: Le he dicho lo que dice el artículo, aunque no lo
comento. Habla de exclusivo interés personal de quien formula la pregunta
o de cualquier otra persona singularizada.
La señora ALVAREZ GAYOL: Pero yo no estoy en ese tema, señor Presidente.
Lo siento mucho.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ha desarrollado la pregunta con una mención
personal relativa a este comisario. Estaba formulada dicha pregunta en
los términos de las causas de remoción. Tan ampliamente como sea menester
y como entienda, el señor Director General puede contestar --y espero que
con satisfacción de S. S.--. En una segunda intervención, y con la
amplitud que estime oportuna,
puede S. S. hacer las puntualizaciones precisas. A los efectos de ordenar
el debate he hecho mención del precepto reglamentario que someto a
consideración en el desarrollo de la pregunta de S. S. y de la
contestación del Director General.
Señor Director General, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): El comisario que
ostentaba su cargo como comisario jefe de la Comisaría de
Usera-Villaverde, como usted nos ha anunciado, tiene una larga
trayectoria profesional, pero no menor ni mayor que otros comisarios que
en la misma fecha fueron cambiados de destino en otras comisarías de
Madrid como, por ejemplo, Ventas, Buenavista, Retiro, Universidad,
Vallecas, Estrella-Entrevías y otras locales como Alcobendas-San
Sebastián, Torrejón de Ardoz, Coslada, Pozuelo de Alarcón, etcétera. Creo
que los presentes en la sala y este Director General deberíamos estar
satisfechos porque en general el Cuerpo Nacional de Policía tiene una
buena trayectoria profesional, especialmente cuando las personas llegan a
comisarios. Suelen recibir felicitaciones de distinto tipo como
personales o condecoraciones de medallas blancas o medallas rojas, según
sus actuaciones. Por ello, descalificar, o dar más alabanzas de las que
pueda tener, a un comisario no es misión básica de este Director General
y entiendo que le corresponde al jefe superior de una demarcación
policial determinada hacer cuantos cambios crea oportunos para mejorar el
servicio de esa jefatura superior.
Como usted bien ha dicho, la Comisaría de Usera-Villaverde es una de las
zonas en las que no sé si la gente es del Partido Popular o no --no me
importa lo más mínimo, me importan todos por igual--, pero en esa zona
hay bastantes problemas de delincuencia especialmente relacionados con la
droga. Por parte de los mandos policiales se creyó oportuno, en una
remodelación no puntual para esa comisaría sino genérica para la Jefatura
Superior de Policía de Madrid, que el comisario que estaba realizando
esas funciones pasara a otra parte. Usted me dice que este comisario
pidió una serie de medios para luchar mejor en la zona. Es así. Casi
todos los comisarios suelen pedir los medios que creen oportunos, que en
ocasiones pueden ser dados y en otras, por situaciones presupuestarias,
tienen que ajustarse a la realidad del momento.
Tengo que decirle que en la Comisaría de Usera-Villaverde, que es una de
las más grandes de Madrid, hay 166 funcionarios, 25 más que cuando llegó
este comisario a su puesto, es decir, se le aumentó la plantilla. Pero no
me gustaría calificar ni descalificar al comisario de esta Comisaría, ni
hablar de si fue o no eficaz, porque estamos hablando de un profesional,
y como no se le trasladó por su eficacia o ineficacia, sino por una
remodelación general de la zona, no quisiera entrar en detalles concretos
sobre un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que me merece, como
los demás, todos los respetos. Puedo decirle que en dicha Comisaría hay
25 funcionarios más y que, según los datos que me han pasado, cuando este
funcionario estaba allí había diez vehículos Zeta, seis vehículos tipo K,
un coche Nissan, una moto y dos furgonetas. ¿Son suficientes esos medios?
Me remito a la comparecencia anterior del Secretario de Estado. Creo que
cualquier directivo que está al frente de la Policía piensa que siempre
necesita más medios para luchar conta el delito, pero lo que está claro
es que es la tercera comisaría mejor dotada de Madrid, con los medios que
se disponían en aquel momento. Y tengo que anunciarle que por esas
circunstancias de delincuencia y por la problemática que tenemos, es una
de las comisarías en las que la Dirección General quiere llevar a cabo
algún proyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotino.
La señora Alvarez Gayol tiene la palabra.
La señora ALVAREZ GAYOL: Ya era hora de que al señor Presidente se le
aclaren las ideas sobre el tema de parentesco que me ha citado
anteriormente.
Señor Cotino, le hemos hecho la pregunta porque nos la han demandado --y
usted lo sabe-- las organizaciones de vecinos de los dos distritos; me
refiero, en términos locales, no en términos policiales, a Usera y
Villaverde, el distrito policial Usera-Villaverde. También incluyo en esa
demanda la opinión publicada que llamamos, de los medios de comunicación
tanto de la zona sur, que hay varios periódicos en la zona, como
periódicos incluso a nivel nacional en la parte de Madrid o no. Bien es
verdad que los dos boletines oficiales de este Gobierno no lo han
publicado --me refiero a ABC y a El Mundo-- y por ello a lo mejor el
Gobierno del Partido Popular no se ha enterado. Y nos lo han demandado
los vecinos y sus organizaciones porque cuando ha habido que resolver
problemas se han encontrado con un comisario jefe que, junto con otros
policías, también del distrito, han puesto su granito de arena para
intentar resolverlos y, lógicamente, estas organizaciones y esta opinión
publicada han visto el cambio. Explicaré lo que yo creo que ha podido
pasar, porque no sé si ha intentado entretenerme o echarme humo, señor
Cotino. Si este comisario se ha dedicado concretamente, junto con otros
policías, a resolver problemas y los vecinos han sentido que éste era un
comisario que respondía a sus demandas, cuando le han trasladado se han
quejado, y me parece lógico que se quejen, cosa que no ha pasado --porque
yo también he leído la prensa-- en los otros distritos. Yo no he visto
nada en los medios de comunicación respecto a los cambios de Vallecas a
Estrella; los vecinos y asociaciones no se molestaron en opinar sobre ese
tema. Indudablemente no me ha contestado, por lo menos por ahora; espero
que en la próxima intervención me dé una contestación que me convenza.
¿Y qué creo que ha pasado? Que en una fecha determinada, muy cercana a
ésta, un inspector jefe de la Comisaría de Usera-Villaverde fue reclamado
a actuar por parte de una concejala del Ayuntamiento de Madrid, del
Partido Popular. Por cierto, y lo introduzco, la semana pasada también
fue reclamada a actuar la Policía Nacional de la misma forma por el
alcalde de Aranjuez. La actuación anterior se terminó metiendo en el
calabozo a una serie de personas que eran representantes de asociaciones
de vecinos; en el caso de Aranjuez la cuestión terminó, como usted
sabe, con varios heridos en el hospital. Lo que a nosotros nos preocupa
es que estamos empezando a comprobar lo que nos temíamos, no lo que
deseábamos, de este Gobierno del Partido Popular: que ante situaciones
conflictivas que tendrían que resolver dialogando y convenciendo, se
inclinan por dar.
Este inspector jefe que actuó a instancias se permite el lujo,
posteriormente, de desobedecer las órdenes que da el comisario jefe sobre
el tema en concreto, órdenes referidas a que como eran vecinos que
estaban en el calabozo, que todo el mundo los conocía porque eran
representantes de asociaciones de vecinos, después de tomarles
declaración, como corresponde --eran gente conocida, no se iban a fugar a
las Américas--, se les pusiera en libertad; y este inspector jefe
desobedeció esa orden en concreto. Y lo ligo con lo que decía de la
entradilla sobre el tema de que la democracia no está reñida ni con la
autoridad ni con la disciplina necesarias. Pero da la casualidad de que
este inspector jefe sí desobedece una orden. Y yo pienso que,
posiblemente, este inspector jefe lo hiciera amparándose en las nuevas
formas, en la vieja filosofía y en el viejo espíritu, que los mandos, que
la política del Gobierno puede estar intentando transmitir a toda la
policía. Además, este inspector jefe manda un escrito directamente al
jefe superior de la policía de Madrid, con el objeto de que se apruebe,
se apoye y, de paso, se aplauda la actuación del inspector jefe. Eso es
lo que se llama la solución que viene después. Inmediatamente, se
traslada al comisario jefe a Pozuelo de Alarcón. Este tipo de
experiencia, como ustedes saben, ya la hemos vivido, ya la ha catado el
Gobierno en lo que pasó en la Audiencia Nacional, que recordarán.
De resultas del cese y traslado del comisario jefe, surgen los siguientes
hechos. La Junta Municipal de Usera que representa electoralmente a ese
distrito adopta el siguiente acuerdo, que dice: El pleno de la Junta
Municipal de Usera agradece a don Félix Alonso, anterior comisario del
distrito de Usera, el buen trabajo profesional llevado a cabo en el
distrito de Usera, instando a la Dirección General de la Policía y a la
Delegación del Gobierno a que conste en su expediente personal, etcétera.
Las asociaciones de vecinos de Villaverde publican una hoja informativa
que dice --no voy a leerla toda--: Rechazamos enérgicamente la forma en
que se ha producido el cese/relevo del comisario del distrito
Usera-Villaverde, don Félix Alonso. Necesitamos, deseamos y exigimos que
este cambio no afecte en absoluto a los compromisos adquiridos por el
citado comisario respecto a la confianza, desarrollo y respeto a las
libertades hacia las entidades sociales, políticas y económicas.
Censuramos cualquier cambio de responsabilidad por motivos políticos en
aras de una supuesta mayor eficacia a cambio de la menor participación de
los vecinos y las entidades en el movimiento sociopolítico de nuestro
distrito. (Esas son las de Villaverde que, en total, son once
asociaciones de vecinos.) Y las asociaciones de vecinos de Usera publican
una nota de prensa que dice --y sólo voy a leer una parte--: Que han
tenido una reunión con el Jefe Superior de la Policía, don Carlos
Corrales Bueno, en relación a este tema; que ha habido un preacuerdo con
el señor Corrales, en el sentido de que dicho señor hará lo posible para
ordenar el traslado de dicho comisario --al día siguiente hay varios
cambios de comisarios, sin confirmar el del señor Alonso--, y que don
Félix ha de presentarse en su nuevo destino de Pozuelo el día 16 a las 9
de la mañana. Las asociaciones entienden que el señor Corrales Bueno les
ocultó lo que ya conocía, si es que lo conocía --esto es mío, no lo pone
el documento--, y que el preacuerdo fue una maniobra para quitarse de
encima la reclamación que les estaba efectuando los que se sienten
engañados. Asimismo, queremos dejar claro que las entidades vecinales de
Usera estamos satisfechas con la labor que venía desarrollándose por
parte del comisario de Usera. (Siete asociaciones de vecinos.)
Yo supongo que todos ustedes entienden que es difícil poner de acuerdo lo
que son las organizaciones de vecinos y lo que muchos vecinos defienden.
Si miran los documentos verán que muchos vecinos han estado publicando
cartas en los distintos periódicos en las que decían que el comisario
jefe era un buen comisario, de lo que se deduce que tenía que ser un
hombre querido, respetado y admirado por estos vecinos y por los
representantes de los mismos. Ante esto, ¿qué opino que ha pasado? Que la
reacción ha sido moverlo todo para que todo siga exactamente lo mismo,
excepto el cese y traslado del comisario jefe de Usera-Villaverde. En eso
se enmarca lo que usted me ha planteado. Cuando vi la noticia y conocí el
respeto que tenía este comisario jefe en la zona, porque conmigo habían
hablado asociaciones de vecinos, me molesté en llamar al delegado del
Gobierno de Madrid y me contestó que eran necesidades organizativas del
servicio. Yo creo que no respondía a eso, lo que pasa es que tenían que
hacer algo ante la movilización popular que se formó por este hecho.
Yo quiero transmitirle una cosa: creo que no es bueno que el Gobierno del
Partido Popular transmita al Cuerpo Nacional de Policía una nueva
enseñanza del tipo de la descrita que vaya ligada a los nuevos tiempos, a
la nueva filosofía y al viejo espíritu, porque la política de no dialogar
y de dar no es positiva. Ha durado mucho en este país y creo que no es
bueno. Por lo tanto, quizá tendremos que volver a vernos en esta Cámara
para seguir hablando de este tema, porque no nos quedará otro remedio que
volver a plantearlo.
Y con respecto a los medios --estoy totalmente de acuerdo con usted-- he
de decir que siempre son escasos. También estoy de acuerdo con usted en
que es una zona conflictiva y que necesita mucha más atención, pero no me
ha dado ninguna respuesta. Le rogaría que me diera alguna.
El señor PRESIDENTE: Una sola precisión, con toda la cortesía
parlamentaria, sobre mi anterior intervención, que quizás S. S. no ha
interpretado en la forma en que yo se lo quería sugerir: en modo alguno
he intentado decir que S. S. tuviera parentesco con el funcionario al que
hacía referencia.
La señora ALVAREZ GAYOL: Por si acaso.
El señor PRESIDENTE: El señor Cotino tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): yo creo que a S.
S. le ha traicionado el subconsciente. Ha dado una explicación de lo que
precisamente hacía el Gobierno que usted sustentaba. Se ha confundido de
marco y ha explicado aquí lo que quizá ha conocido muy bien durante
bastantes años. Por eso no voy a entrar a discutir sobre ese tema.
No digo que la culpa de lo ocurrido fuera del comisario, porque creo que
debo defender a todos los comisarios por igual. Cuando hay algún caso
como el que nos ha dicho, entre un comisario y un inspector, lo que se
hace es abrir un expediente, nombrar las personas adecuadas para
resolverlo y que cada uno tenga la responsabilidad que le corresponda.
Eso es lo que se ha hecho con el incidente que usted ha citado de la
junta de distrito. No confunda los términos. No sé si el inspector actuó
bien o mal, pero tampoco sé si actuó bien o mal el señor comisario. Por
lo tanto, creo que no es misión de este Director General --no sé si es de
usted-- juzgar antes que hayan juzgado los instructores que llevan a cabo
un expediente. Debe estar totalmente tranquila, pues hasta que ese
expediente no se termine no se hará un juicio temerario de la actuación
ni del inspector ni del comisario. Si ese señor ha sido trasladado ha
sido por una serie de razones de operatividad a nivel de la Jefatura
Superior de Madrid y porque dada la casualidad de que en esa comisaría,
no porque el comisario lo quisiera --por supuesto que no lo querría--, en
el año 1996 aumentaron los delitos en un 26,46 por ciento, un número
importante, uno de los más importantes de Madrid, y la eficacia policial
disminuyó alrededor de dos puntos con respecto al mismo período del año
anterior. El jefe superior de policía tiene que tener en su mano una
serie de datos para saber dónde debe de poner a un comisario en un
momento determinado. Esas y no otras actuaciones fueron las que movieron
a ese jefe superior y a su equipo a cambiar a ese comisario de zona. Todo
lo demás que usted se imagina y se piensa es posiblemente lo que algunas
personas que usted apoyaba en su Gobierno han hecho. Este Gobierno y este
Director no hará eso ni ahora ni nunca.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cotino.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.