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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 180, de 20/03/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 180
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 17
celebrada el jueves, 20 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre la extensión de las iniciativas comunitarias de acuerdo con la
convocatoria de la Comisión, publicada en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de julio de 1996, con especial referencia a
la «REGIS (II)» de las regiones ultraperiféricas. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000299) (Página 4966)
--Sobre decisiones acerca de los contenidos de los artículos 4, 5, 6 y 7
de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/000335) (Página 4969)
--Sobre remisión a las Cortes en este periodo de sesiones de un proyecto
de ley que regule la utilización de inmuebles en régimen de tiempo
compartido, considerándola una actividad turística y regulando por tanto
la prestación de todos los servicios que tal consideración exige.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000339) (Página 4975)
--Por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas iniciativas en
relación con la supuesta prescripción de determinados expedientes
tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000385) (Página 4980)
--Para la reforma del Reglamento General de Inspección. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000395) (Página 4980)
--Relativa a la presentación en Bruselas del Programa Estratégico de
Renovación Urbana (URBAN) de la Bahía de Pasajes (Guipúzcoa). Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000391)
(Página 4990)
Se abre la sesión la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE LA EXTENSION DE LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS DE ACUERDO CON LA
CONVOCATORIA DE LA COMISION, PUBLICADA EN EL «DIARIO OFICIAL DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS» DE 10 DE JULIO DE 1996, CON ESPECIAL REFERENCIA A
LA «REGIS (II)» DE LAS REGIONES ULTRAPERIFERICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000299.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, buenos días.
Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda con los asuntos incluidos en el orden del día de hoy,
consistentes todos en proposiciones no de ley.
Consultados algunos Diputados, hemos convenido adelantar los trabajos de
la Comisión, puesto que estaba previsto en principio que comenzasen a
partir de las cinco de la tarde, a continuación de la sesión plenaria
celebrada esta mañana. Interrumpiremos aproximadamente a la una menos
cinco de este mediodía, en la medida en que tenemos una visita
comprometida con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y,
posteriormente, continuaremos la Comisión a partir de las cinco de la
tarde. Las votaciones, si a ustedes les parece bien, las podemos acumular
todas a partir de las seis de la tarde, que parece el momento
procedimental oportuno en que el estado del debate puede permitirlo, dado
el número de asuntos que hoy traemos a discusión. Nunca antes de la seis
de la tarde. Y en el supuesto de que el estado del debate lo permitiese
antes, suspenderíamos la sesión de la Comisión hasta entonces. Me imagino
que se podrán realizar con prontitud las votaciones al respecto.
Dicho lo cual, y en la medida que ya están aquí todos los ponentes para
comenzar con al menos las tres primeras proposiciones no de ley, que es
lo que previsiblemente podríamos ver a lo largo de esta mañana, sin más
dilación comenzamos con la proposición no de ley sobre la extensión de
las iniciativas comunitarias, de acuerdo con la convocatoria de la
Comisión, publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
10 de julio de 1996, con especial referencia a la «Regis (II)» de las
regiones ultraperiféricas, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Para sostener y defender esta proposición no de ley, por parte del Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Con esta primera proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista pretendemos no solamente sensibilizar a esta
Cámara en un tema que ya fue objeto de debate en el seno de la Comisión
Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, a propuesta de este mismo
grupo, el pasado 28 de noviembre de 1996, sino también producir la
correspondiente resolución que figura como conclusión después de la
motivación en la proposición no de ley publicada el 23 de enero de 1997
en la Serie D, número 95, del «Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados».
Señorías, el 1 de julio de 1994 se publicaron en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» las comunicaciones de la Comisión a los Estados
miembros, por las que se fijaban las orientaciones para las subvenciones
globales a los programas operativos, para los cuales se pedía a los
Estados miembros que presentasen solicitudes de ayuda para las diferentes
iniciativas comunitarias.
Así se hizo por las diferentes partes del Estado español en los meses
posteriores de aquel año 1994, para que se enmarcasen en el plan de
actuación quinquenal 1994-1999, procedentes de distintos colectivos a lo
largo y ancho de la geografía nacional, de distintas instituciones
locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales, u organizaciones no
gubernamentales para, al amparo de la convocatoria, responder a las
iniciativas comunitarias de reestructuración del sector pesquero,
iniciativa que lleva el nombre Pesca; para la regeneración de zonas
urbanas degradadas (Urban); para la adaptación de las pequeñas y medianas
empresas (Pyme); para la adaptación de los trabajadores a las
transformaciones industriales y manufactureras destinadas a fomentar
el empleo (Adapt); para el empleo y desarrollo de los recursos humanos
(Nao); Horizont; Resider II; de reconversión económica de las cuencas
siderúrgicas; de transformación económica de las zonas mineras del
carbón; de desarrollo rural (Leader II); y específicamente, que es la que
es objeto de nuestro debate, la iniciativa comunitaria Regis, para el
desarrollo de las regiones ultraperiféricas. Como es bien sabido, en el
Tratado de la Unión Europea la Comunidad Autónoma de Canarias es la única
región española que está catalogada como región ultraperiférica, siendo
una de las cuatro regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. La
iniciativa comunitaria Regis es la que abarca y concentra el régimen
financiero, al amparo de la cual se financian las sucesivas iniciativas.
Señorías, en aquella convocatoria, con unas bases recogidas en diferentes
puntos, tal como se puede leer en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» del 1 de julio de 1994, concretamente se primaban dos
componentes que cumplen las peticiones procedentes de cualquier colectivo
de la Comunidad canaria. Primero, Canarias está calificada como región
objetivo 1 por ahora y es región ultraperiférica. Pues bien, precisamente
en las bases de la convocatoria aparecía una especie de prima de posición
en base a ambos requisitos.
La realidad es que, fruto de esa convocatoria, el Gobierno español elevó
a la Comisión Europea, a la dirección general pertinente, toda una serie
de peticiones que en Canarias han supuesto una inversión que no estoy en
estos momentos en condiciones de cuantificar, porque se irá percibiendo a
medida que vaya evolucionando en el tiempo, pero que ha sido importante
para municipios como el de Santa Cruz de Tenerife o el de Las Palmas de
Gran Canaria, municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias que
comparten la capitalidad. Ambos, en conjunto, han percibido unos 4.500
millones de pesetas al amparo de la iniciativa Urban.
Sin embargo, nuestra preocupación se centra en la convocatoria ampliación
de la de 1994, producida precisamente el pasado mes de julio de 1996,
publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el 10 de
julio de 1996, donde se sacó a información pública la extensión
financiera de esas iniciativas comunitarias de 1994. Nos hemos encontrado
con la sorpresa, en primer lugar, de que determinados requisitos que
daban una posición preeminente a las peticiones procedentes de la
Comunidad Autónoma de Canarias, primándose la ultraperificidad, no
figuraban en ninguno de los puntos de la convocatoria Urban de las
iniciativas publicadas el 10 de julio de 1996 en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»; y, en segundo lugar, que no se incrementa en
una sola peseta, en un solo ecu, el montante financiero de la iniciativa
comunitaria Regis, que no figura en la convocatoria del pasado 10 de
julio.
Por ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que adopte las medidas oportunas ante la Dirección General de
Políticas Regionales y Cohesión de la Comunidad Europea, en el sentido de
solicitar en la convocatoria del 10 de julio de 1996 de las Comisiones
Europeas una extensión de la iniciativa comunitaria Regis, con el
correspondiente incremento de la contribución comunitaria, tal como se ha
hecho para las restantes iniciativas comunitarias procedentes de la
convocatoria del 1 de julio de 1994, habida cuenta de la singularidad del
programa operativo Regis, que en España es de aplicación única en las
islas Canarias, tal como se ha dicho, por su condición de región
ultraperiférica.
Señorías, yo creo que es bueno que los miembros de esta Comisión sepan, y
en efecto se recoja en el «Diario de Sesiones», que el propio Parlamento
Europeo, el 4 de febrero de 1997 (tengo en mis manos el documento de
trabajo titulado «Sobre los problemas de desarrollo de las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea»), a través de la Comisión de
Política Regional y actuando de ponente don Fernando Fernández Martín,
eurodiputado español del Grupo Parlamentario Popular y, además, ciudadano
español residente en Canarias, que ha sido Presidente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con mucho acierto incluyó en la resolución a la que
estoy haciendo referencia, en el apartado de políticas estructurales, la
frase siguiente: El montante atribuido a la iniciativa Regis para el
periodo 1994-1999 asciende a 600 millones de ecus. A este respecto, hay
que recordar que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 28 de marzo
de 1996, sobre la distribución de la reserva de las iniciativas
comunitarias, pidió el aumento de la dotación presupuestaria de Regis,
solicitud que aún no ha recibido respuesta por parte de la Comisión.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, esto que pidió el
Parlamento Europeo por unanimidad, a propuesta del ponente del Grupo
Parlamentario Popular, señor Fernández Martín, es lo que está pidiendo
ahora el Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión. Es decir, que
las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados específicamente, a
través de su Comisión competente en materia económica, se haga eco de esa
preocupación y solicite la ampliación pertinente, para dar respuesta a
tantas y tantas peticiones procedentes de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
El señor PRESIDENTE: No habiéndose presentado enmiendas a esta
proposición no de ley, corresponde un turno a los Diputados que deseen
fijar posición.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Debo empezar manifestando que se produjo una
ampliación de diversas iniciativas comunitarias publicadas en el «Boletín
de las Comunidades Europeas» el 10 de julio de 1996, donde se
aprovechaban unos fondos de reserva de 1.665 millones de ecus,
disponibles para el periodo 1994-1999 con el fin de mantener y
desarrollar determinadas iniciativas que se habían demostrado útiles,
entre las que están Urban, Adapt, Empleo, etcétera, que aquí se han
nombrado. La realidad es que se hizo una distribución de fondos, que fue
previamente pasada a información a los distintos Estados miembros, a la
Comisión, y ésta definitivamente lo aprobó en una reunión de 24 de abril
de 1996.
En el momento en que se adoptan las resoluciones definitivas y se
publican, ya no hay disponibilidad de más fondos comunitarios para otro
tipo de iniciativas. Esto hace ver de alguna manera que esta solicitud
del Grupo Socialista es extemporánea, no se hace en el momento oportuno.
Yo deploro tener que decir esto porque siempre recurrimos a lo mismo,
pero en el momento procesal oportuno se tenía que haber tomado la
iniciativa, si era necesario y preciso, y haber solicitado que se tuviera
en cuenta en las bases la condición de Canarias como región
ultraperiférica.
No obstante, puede darse la sensación equivocada, si se piensa que esa no
consideración de región ultraperiférica en este reparto de fondos puede
perjudicar a Canarias. De hecho, el señor Segura ha nombrado
anteriormente una serie de programas como, por ejemplo, el programa Urban
en el que Canarias, como región objetivo 1, sigue manteniendo la
posibilidad de obtener fondos no sólo a través de la iniciativa Regis,
sino que incluso en este momento se está tramitando un proyecto para el
valle de Jinamar, del ayuntamiento de Telde, acogida a esta iniciativa.
Hay, asimismo, otros programas mucho más significativos. Se ha nombrado
el programa Adapt dentro del cual hay un subcapítulo, que es el Adapt
Renovable, mediante el cual en estos meses pasados se están impartiendo
unos cursos destinados al reciclaje de una serie de profesionales para
adaptarlos a tecnologías, como son la desalación o las energías
renovables, que son energías de gran desarrollo en Canarias.
No puede sacarse la impresión equivocada de que la no obtención de la
condición de ultraperiférica para Canarias perjudica en cuanto a estos
fondos comunitarios. Por tanto, y expresado rápidamente, el Gobierno y el
Partido Popular creen que esta iniciativa llega fuera de tiempo y que no
es procedente.
Aparte de los argumentos que hemos expuesto, hay que tener en cuenta que
la Comunidad Autónoma de Canarias junto al Gobierno están tramitando un
estatuto que reconozca esa condición de ultraperiférica a las islas
Canarias. Si bien la denominación de estatuto permanente no es quizá la
más adecuada ni la más feliz, de lo que se trata es de que esa condición
de ultraperiférica se tenga en cuenta en el ordenamiento comunitario,
porque es cierto, como decía el Diputado señor Segura, que estamos
prácticamente fuera de la condición de región objetivo 1. No parece
lógico que cuando el Gobierno de la nación y el Gobierno de Canarias
están inmersos en un proceso de negociación complicado respecto del logro
de esa condición de ultraperiférica para incluirlo en el Derecho
comunitario, se presenten iniciativas un poco desperdigadas, que
contravienen una serie de principios y de procesos que la Unión Europea
tiene definidos de una manera muy clara.
Con esta intervención queda suficientemente clara cuál es la postura del
Grupo Parlamentario Popular. Como el Diputado señor Segura sabe que yo
aprecio y valoro su trabajo, que le tengo una consideración y estima
personal y sé que se preocupa por estos temas, no me tomará a mal que
haga un pequeño comentario jocoso, que demuestra efectivamente hasta qué
punto, en contra de algunas opiniones, el fútbol tiene una importancia
enorme en la concepción sociológica de las cosas. En la isla de Gran
Canaria, en la ciudad de Las Palmas, hay un dicho muy frecuente que dice:
«Eres más lento que Ricardito.» Ricardito era un interior de la Unión
Deportiva Las Palmas que se caracterizaba por llegar siempre tarde al
remate. A mí me da la impresión de que en este caso al PSOE y al profesor
Segura les ha pasado lo que al interior de la Unión Deportiva Las Palmas;
han llegado tarde a rematar este tema. Podían haberlo rematado
estupendamente con el Gobierno del Partido Socialista, porque, como decía
antes, era el momento procesal oportuno.
El señor Segura sabe que a partir del año 1999 habrá una renegociación de
todos los fondos estructurales. Si para entonces ya tenemos reconocida la
condición de ultraperiféricos en el Derecho comunitario, será mucho más
factible aprobar iniciativas de este tenor. Pero creemos --insisto, y con
esto acabo-- que en este momento está fuera de tiempo y lugar. (El señor
Segura Clavell pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efecto pide la palabra, señor Segura?
El señor SEGURA CLAVELL: No a efectos futbolísticos, sino para realizar
una matización argumental.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted un turno a los efectos del artículo 72
bis del Reglamento, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente, porque no
domino el Reglamento.
Con toda sinceridad no creo que les sea aplicable al Grupo Parlamentario
Socialista ni a este interviniente el símil que ha utilizado el señor
Medina en el sentido de que hemos llegado tarde, que hemos sido lentos.
En esta preocupación el Parlamento Europeo, el 22 de abril de 1996,
insisto, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, concretamente del
señor Fernández Martín, planteó la necesidad de esta ampliación
financiera que estamos solicitando, porque era consciente de que era una
ampliación financiera la que estaba gestando la Comisión Europea
realmente insuficiente. Este Diputado se nutre intelectualmente de las
publicaciones oficiales y, desde luego, el 10 de julio de 1996 se publicó
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». Pues bien, en los
primeros días de septiembre se solicitó la comparecencia, ante la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, del secretario de
Estado de Política Exterior para la Unión Europea, a petición del
Diputado que les habla, miembro de la misma, y de su grupo parlamentario,
para informar sobre las causas de la modificación que experimentan las
regiones ultraperiféricas en la regulación por la que establecen las
orientaciones de los programas operativos de la Unión Europea, y
particularmente Urban, Interreg, Adapt, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista. Se produjo el 28 de noviembre de 1996 esa
comparecencia. Y ahí mantuvimos ese planteamiento.
Muy pocos días después presentamos en la Cámara una proposición no de ley
que lamentablemente se está debatiendo
hoy, día 20 de marzo de 1997. En cuanto al ejercicio individual de mi
responsabilidad pública, tengo que decir que, como es obvio, quedará
constancia en el «Diario de Sesiones» de mi pesar por la lenta
tramitación parlamentaria, debida naturalmente a la densidad de trabajo
que tiene la Cámara, no imputable específicamente a ningún grupo ni a la
propia estructura.
Termino, señor Presidente. Nuestra preocupación se basa en resultados que
se han ido produciendo con posterioridad. El municipio de Santa Cruz de
Tenerife, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el de la ciudad de
La Laguna, los tres municipios más importantes de la Comunidad Autónoma
de Canarias en lo que se refiere a problemas sociales, solicitaron apoyo
económico al amparo de esta convocatoria del Urban, apoyo que les ha sido
desestimado; solamente se le ha dado al municipio de Telde concretamente,
al que ha hecho referencia el señor Medina.
Creemos francamente que hay un debilitamiento de la «pegada» (digámoslo
entrecomilladamente) comunitaria de España en estos temas ante la propia
Unión Europea. Y en ese sentido tendríamos que apiñarnos. Insto al Grupo
Parlamentario Popular y al Diputado que ha intervenido en su
representación, señor Medina, a que reconsideren esa posición. Estamos
ante un hecho de política de Estado para Canarias, no ante un
planteamiento de política sectorial divergente desde la perspectiva
ideológica. Se pide a la Comisión Europea un trato justo e igualitario
para la iniciativa de aplicación exclusiva a una sola comunidad del
Estado español, como es la Comunidad Autónoma de Canarias.
Consiguientemente, reiteramos nuestra petición de apoyo a la proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por igual turno y clase, tiene la palabra el señor
Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Seré extraordinariamente breve.
A veces la política se convierte en el arte de explicar lo inexplicable,
porque los tiempos tienen su razón de ser y los acuerdos quedan en los
papeles, como dice el señor Segura.
La distribución de fondos que presenta la Comisión para ser aprobada y
publicada el 10 de julio de 1996 por el «Diario de las Comunidades
Europeas», previamente había sido discutida y aprobada por el comité de
gestión de iniciativas comunitarias, que está formado por la Comisión y
por los Estados miembros, y esa reunión es de 1996. Es decir, ni siquiera
está constituido el nuevo Gobierno del Partido Popular. Luego, el
Gobierno en funciones tiene la responsabilidad de seguir defendiendo los
intereses del Estado español en su conjunto y de todas las regiones de
forma adecuada. Insisto, la historia está ahí, es una responsabilidad que
no se le puede atribuir, de ninguna manera, al Partido Popular.
Lo que sí es lógico también es que se considere que la Unión Europea
tiene unos procedimientos y unas reglas muy tasadas. Y ahí no vale que el
último que llega exigiendo es el que consigue lo que quiere conseguir,
sino que hay unos procedimientos que respetar y unas normas que rigen
estos programas comunitarios. Había que haber hecho valer esos argumentos
en el momento oportuno, por el Gobierno anterior, antes o cuando actuó
como Gobierno en funciones.
Por la cordialidad del debate, yo no quiero recordar a S. S. que hay
otras cuestiones de menor envergadura en las que se tomaron decisiones
durante el tiempo que transcurrió desde la celebración de las elecciones
hasta la constitución del Gobierno del Partido Popular sin que surgiese
ningún problema, luego, con mayor razón, se podrían haber tomado en un
asunto como éste, que es un tema de Estado que afecta a una región tan
importante para nosotros como es Canarias. Por tanto, se pueden seguir
sosteniendo los argumentos que este Diputado ha dado, en el sentido de
que no es el lugar ni el momento oportuno para plantear lo que se tenía
que haber realizado en forma adecuada en su momento.
Reitero que, sea cual sea la iniciativa, sean estos programas de
ampliación de los que hemos hablado o sea la propia iniciativa Regis,
nunca se consigue todo lo que se pide, pero el hecho de que determinados
proyectos puedan haber sido rechazados no implica que efectivamente no se
tenga la oportunidad de que proyectos bien expuestos y razonablemente
argumentados se puedan conseguir con cargo a esas iniciativas.
Seguimos sosteniendo que, en su conjunto, Canarias no queda perjudicada
por esta situación. Pero no se cierra el tema aquí, sino que seguimos
luchando para que se logre que la Unión Europea acepte la condición de
Canarias como región ultraperiférica, lo que de alguna manera se marca y
modula en ciertos requisitos que la Unión prescribe para el resto de los
países o de los Estados miembros, que, en el caso de Canarias, no puede
ser de directa aplicación por esa condición geográfica. No me resta nada
más que añadir.
--SOBRE DECISIONES ACERCA DE LOS CONTENIDOS DE LOS ARTICULOS 4, 5, 6 Y 7
DE LA LEY 19/1994, DE MODIFICACION DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE
CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000335.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la proposición no de ley
presentada en el orden del día como punto número 1, pasamos al debate de
la proposición no de ley que figura en el orden del día como número 2,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre decisiones acerca
de los contenidos de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 19/1994, de
modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, a petición de
este grupo.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: En el título I de la Ley 19/1994, conocida como
Ley del régimen económico y fiscal canario, sobre transportes y
telecomunicaciones, capítulo
I, dedicado al transporte, hay cuatro artículos (el 4.º: Principio de
libertad de transportes; 5.º: Liberalización de servicios; 6.º: Tráfico
regular de personas, y 7.º: Transporte aéreo y marítimo de mercancías)
que constituyen un conjunto legislativo interno dentro de la propia
estructura de la ley para una comunidad-archipiélago como la canaria, con
una serie de islas distanciadas no sólo geográficamente, sino también
--permítaseme la metáfora-- económicamente, con distancias geográficas
tan notables entre la isla del Hierro y la isla de Fuerteventura como las
que puede haber entre Madrid y Barcelona, pero con distancias económicas
que no son paralelas a las geográficas pues el desplazamiento aéreo
Madrid-Barcelona es lo que le cuesta a un residente en la isla del Hierro
si quiere desplazarse a la isla de Fuerteventura.
Qué duda cabe que cuando el legislador introdujo este capítulo I del
título I de la ley pensaba --y pensaba bien-- que el transporte
constituye una de las piezas angulares del desarrollo igualitario, de la
potenciación de los sectores económicos y de la oferta de servicios
equiparables en cada una de las islas de la comunidad canaria. Señorías,
el Grupo Parlamentario Socialista estima que 1997 y 1998 son años
cruciales para la política del transporte de la Unión Europea, porque no
nos olvidemos de que dentro de unos días, el 1 de abril de 1997, como
hemos reiterado en distintas intervenciones a lo largo de esta
legislatura, se alcanzará la máxima aplicación de todos los contenidos
del que se denominó tercer paquete en las políticas de liberalización del
tráfico aéreo; no nos olvidemos de que el 1 de enero de 1999 la política
de liberalización del transporte marítimo alcanzará la máxima plenitud; y
no nos olvidemos tampoco de que a mediados del año próximo se
posibilitará el mercado único del transporte por carretera para viajeros
y mercancías en el seno de la Unión Europea, lo cual va a afectar de
manera notable al transporte interior en cada una de las islas de la
comunidad autónoma.
Nosotros creemos que es fundamental afrontar como un cuerpo estructural
de disciplina económica la situación del transporte en Canarias. Esto es
lo que pretendían los artículos de este capítulo I. De ahí, señorías, que
nosotros, ya en la propia exposición de motivos de la proposición no de
ley decíamos que, en esa línea de preocupación, parece necesario recabar
del Gobierno información específica acerca de las iniciativas más
relevantes que deban tomarse en uno de los espacios aéreos españoles de
mayor densidad de tráfico, como es el del área de las islas Canarias, así
como sobre las medidas que sea necesario adoptar en desarrollo
reglamentario de los contenidos de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley
19/1994, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias,
referidos respectivamente a los principios de libertad de transporte,
liberalización de servicios, tráficos regulares de personas y transporte
marítimo y aéreo de mercancías.
Especial interés ofrece, desde la óptica general del Estado, el contenido
del artículo 5.2, que textualmente dice: Respecto al transporte aéreo por
compañías extranjeras desde, hacia y en tránsito por el Archipiélago, se
aplicarán los principios de máxima flexibilidad que sean compatibles con
la política aérea estatal y comunitaria, con el objeto de permitir la
conexión directa de las islas Canarias con otros países, especialmente de
Africa y América, y potenciar así su papel como centro distribuidor de
tráficos aéreos entre los tres continentes.
Con ese contenido se revelan innegablemente unas importantes
posibilidades ante las necesarias negociaciones de los convenios
bilaterales del transporte aéreo, que vinculan a España con muchos otros
países iberoamericanos y que posibilitarían que las islas Canarias
mejorasen su papel como centro distribuidor de tráficos aéreos entre los
tres continentes, dada su prevalente situación geográfica.
Quiero recordar a SS. SS. que precisamente el 11 de diciembre de 1996,
como consecuencia de una interpelación sobre la adaptación de España a
las políticas comunitarias de liberalización del tráfico aéreo, el Grupo
Parlamentario Socialista días después, en el debate de la moción
consecuencia de esa interpelación, hizo un planteamiento del cual el
Pleno del Congreso de los Diputados aprobó seis de las doce propuestas
que se sometieron a consideración de la Cámara. Concretamente se aprobó
presentar ante el Congreso de los Diputados, en el plazo de cuatro meses,
un informe de las necesidades y programa de cobertura de las redes de
gestión del tráfico aéreo, de los sistemas de localización y navegación
preferencial en España, de la política global comunitaria y de la
inserción de la política aeronáutica española. Precisamente en el punto
sexto se aprobó abrir negociaciones bilaterales con países
iberoamericanos para introducir en los nuevos convenios de transporte
aéreo derivados de las mismas el criterio de la múltiple designación de
empresas transportistas, con la intención de intensificar la
participación aeronáutica española.
Señorías, este sexto punto, aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados, aplicado específicamente a Canarias, constituye una resolución
de importante proyección para nuestro futuro. Porque, en efecto, el
Estado español tendrá que renegociar los convenios bilaterales que en
política aeronáutica le vinculan con los países iberoamericanos. El
Estado español tiene que posibilitar que el mercado único aeronáutico sea
de aplicación en España a todas las compañías aéreas españolas, a todas
las compañías comerciales de transporte aéreo, con cualquiera que sea el
titular de la misma. Es decir, compañías en estos momentos de titularidad
estatal, como puede ser Iberia o Aviaco, no pueden tener un trato
discriminatorio con respecto a otras compañías que en los últimos años
han aparecido en el mercado aeronáutico español. Consiguientemente, a
partir del próximo mes de abril, tendrán la posibilidad, si así lo
solicitan a la Administración aeronáutica española, de cubrir líneas
regulares con los diferentes países iberoamericanos.
Las compañías han hecho manifestaciones públicas en reiteradas ocasiones
--en mis manos tengo precisamente declaraciones públicas de varias
compañías privadas a las que, como está recogido en la prensa, cualquier
Diputado o Diputada que pueda tener interés puede acudir-- que solicitan
la autorización a la administración aeronáutica españolas. Y así lo ha
hecho el propio Gobierno de Canarias en declaraciones que en su momento,
meses atrás, hizo el
consejero de Industria, hablando de la posibilidad de establecer líneas
directas entre Canarias y distintos países del continente iberoamericano,
entre Canarias y distintas ciudades norteamericanas. Ello será posible si
se desarrollan mediante órdenes gubernamentales los contenidos de los
artículos a los que estamos haciendo referencia.
A nosotros nos preocupa también, señorías, el ámbito marítimo. En el
ámbito marítimo, el mercado internacional del flete es un mercado
complejísimo. El 80 por ciento de los productos que entran y salen de
nuestro país lo hace a través de los puertos y consiguientemente son
transportados a través de empresas navieras, a través de barcos de
bandera española o de otros tipos de banderas. Justamente en la Comunidad
Autónoma canaria reside el conocido como segundo registro de buques del
Estado español, que posibilita a flotas comunitarias el registro de sus
buques en la comunidad canaria, y consiguientemente unas situaciones de
fiscalidad y unas situaciones de exigencia, con respecto a la normativa
de mantenimiento del buque, que hacen competitivas a aquellas empresas
navieras que registren sus barcos en ese segundo registro con los que
están registrados en algunos otros.
Señorías, el tema del transporte marítimo o el del transporte aéreo con
Canarias es el ser o no ser de la comunidad canaria. Históricamente, la
empresa canaria ha demandado de la Administración general del Estado
coste cero para colocar los productos manufacturados generados por las
industrias canarias en tierra firme, en tierra peninsular.
El Gobierno tiene que regular los contenidos de los artículos a los que
estamos haciendo referencia, y tiene que regularlo con seriedad. Porque
la experiencia de los últimos meses ha sido una experiencia realmente
desagradable para los ciudadanos canarios.
Recordarán sus señorías, a modo de ejemplo, que en la Comisión de
Infraestructuras del Congreso de los Diputados, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, y fruto de una enmienda transaccional, se
aprobó una resolución, que se publicó en el boletín del 19 de octubre,
por la que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a que en el
plazo más breve posible adecuase el actual sistema de subvenciones al
transporte en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, de forma que
fuese compatible con los contenidos del Tratado de Roma y los reglamentos
comunitarios aplicables, de forma que tenga en todo caso limitado el
importe, etcétera. Evito leer el resto del contenido.
Lamentablemente, en los últimos momentos, a pesar de esa resolución del
Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Infraestructuras, el
Gobierno, el grupo parlamentario que lo sustenta, en el Senado, y
posteriormente ratificado en el Congreso de los Diputados, con el voto en
contra del Grupo Parlamentario Socialista, en la Ley de acompañamiento no
hizo caso, no respetó tal resolución, en lo que se refiere al contenido
de la subvención al precio del billete del viajero. Y de ahí que nos
veamos obligados próximamente a traer a esta Cámara un proyecto de real
decreto, para convalidación o tramitación, por los mecanismos que fuesen
pertinentes, a efectos de anular el contenido aprobado por esta Cámara en
la Ley de acompañamiento y que violenta precisamente los preceptos
recogidos en materia de subvención al transporte aéreo de pasajeros y
mercancías en la Ley económica del régimen económico fiscal canario.
Agradezco al Presidente su generosidad, pero voy a terminar en medio
minuto.
Señorías, el tema del transporte en estos años cruciales del mercado
único multimodal del transporte y el mercado único intermodal justifican
que esta Cámara, con carácter general para todo el Estado español, esté
en permanente ojo avizor. Se ha sufrido una dolorosa huelga dos meses
atrás. Según noticias de prensa y alguna que otra información a la que
vamos accediendo, es de prever que, al avanzar las políticas comunitarias
e ir produciendo impacto competitivo en la empresa española, se produzcan
en los meses próximos situaciones no deseables. Y para ello es menester
adoptar decisiones para todo el Estado. Pero es que específicamente en
Canarias el tema es aún mucho más importante. En Canarias no hay
posibilidad, y permítaseme esta broma de nuevo, de trasladar las
mercancías en tren o con el vehículo propio al resto del territorio
nacional. Eso lo entendió la Unión Europea y así recogió la especificidad
de Canarias en el Tratado de la Unión; eso lo entendió el legislador
español constituyente en la Constitución española, con el reconocimiento
de la insularidad. Y de ahí en cascada las diferentes leyes aprobadas por
esta Cámara y por el Senado. Obviamente, Señorías, esas leyes hay que
desarrollarlas mediante órdenes ministeriales, hay que desarrollarlas
mediante normativas internas.
Nosotros creemos que hay que avanzar en ese sentido y de ahí la sencilla
y hasta inocua propuesta con la que pretendemos rehuir una innecesaria
confrontación política sectorial; todo lo contrario, intentamos sumar más
que restar. Proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno
a presentar en el plazo de cuatro meses el conjunto de medidas que estime
oportuno a efectos del desarrollo de los contenidos de los artículos 4,
5, 6 y 7 de la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico y
fiscal de Canarias. Ese es el proyecto de resolución.
Me produciría una notable sorpresa que el Grupo Parlamentario Popular no
apoyase una propuesta tan constructiva como ésta, incentivadora del
trabajo, por cuanto nuestra obligación como grupo desde la oposición es
incentivar y estimular el trabajo hacia aquellos que tienen la
responsabilidad de hacer que avance esta maquinaria. Y, desde luego, de
la seriedad del Diputado Medina y de su grupo espero una intervención
constructiva y positiva en esta petición tan sencilla, que es decir al
Gobierno: «Gobierno, trabaje.» No es otra cosa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Yo, que conozco a don José Segura de hace mucho
tiempo, puedo constatar y constato que nada que políticamente plantee el
señor Segura es políticamente inocuo. No se atribuya usted tal gesto de
humildad, porque estoy convencido de que no es así. Pero sí es cierto que
efectivamente sobra trabajo y preocupación
por estos temas, temas que compartimos en el Grupo Popular con su
señoría.
Sin embargo, el idioma castellano es extraordinariamente rico y los
matices son muy importantes. Y de matices se trata. Porque la proposición
no de ley dice exactamente: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a presentar en el plazo de cuatro meses el conjunto de medidas
que estime oportunas a efectos del desarrollo de los contenidos de los
artículos 4 a 7 de la modificación del régimen económico y fiscal de
Canarias.»
Un conjunto de medidas es algo muy diferente a un informe presentado a
instancias de una moción de S. S., seis puntos de la cual fueron
aprobados por el Pleno del Congreso, donde lo que se pide es: Informe
usted qué está haciendo en esta línea. Y en esta línea, el Grupo
Parlamentario Popular lo que va a manifestar a Su Señoría es que esta
proposición no es aceptable, porque el Gobierno ya lleva tiempo
trabajando en este tema y estamos hablando de algo que está haciendo.
Indudablemente, todo trabajo es digno de ser incrementado y susceptible
de ser perfeccionado, pero, como ya dije otra vez a S. S., el Gobierno no
necesita que usted le inste a que trabaje, porque trabaja muchas horas y,
en opinión de este Diputado, trabaja bien.
Vamos a entrar en materia.
He dado muchas vueltas y llevo tiempo estudiando esta cuestión, con el
respeto que se merecen todas sus iniciativas, y yo creo que el mensaje es
ciertamente confuso.
Tuvimos la ocasión de debatir sobre otra proposición suya donde daba a
entender su preocupación por el marco liberalizador en transporte de la
Comunidad Europea; en realidad, lo que lanzaba era una especie de SOS
proteccionista. Decía: «Cuidado, que tenemos compañías que están
prestando un servicio público en Canarias, que tienen una cierta calidad,
como es Binter Canarias, y que, en un marco de liberalización, si no se
hace el adecuado decreto de obligación de servicio público --y eso está
contenido en su proposición-- para tener cuidado con determinadas líneas,
determinados horarios, determinadas tarifas, puede ocurrir que el
servicio prestado a los viajeros pierda calidad y que se pierda una
conquista que ha costado mucho tiempo establecer en Canarias.
Mi argumentación en aquella ocasión sigue siendo válida, y es que en
Canarias lo que normalmente siempre nos favorece es la liberalización, la
competitividad y la posibilidad de tener algún mecanismo compensatorio
para evitar ciertas rentas negativas de situación. Pero no tenemos o no
debemos tener ningún tipo de temor en la competencia abierta. Sí debemos
tener el temor de que normalmente ocurre que esos servicios públicos, que
en algunos casos son buenos y en otros no tanto, suelen costar, cuando
tienen el monopolio, mucho más dinero al bolsillo de los canarios y al
erario público de todos los españoles en su conjunto que cuando se presta
en competencia por otras empresas.
Y parece que el tiempo me ha dado la razón. Yo le anuncié en aquel
momento varias iniciativas de las que teníamos conocimiento, y esas
iniciativas han cristalizado. Y han cristalizado concretamente en que un
grupo privado, constituido a través de Air Europa, Canarias regional, no
sólo ha establecido líneas en Canarias muy recientemente, en competencia
con Binter, lo cual redundará indudablemente en una mejora de servicios y
en la calidad, sino que además está planteándose volar a Madeira y
Africa, que son mercados naturales cercanos al archipiélago canario, que
hoy no estaban cubiertos tampoco por Binter; demuestra que hay
posibilidades de ello.
En aquel momento yo le hablé de un tema que también se ha puesto en
marcha, que era una línea de helicópteros puerto a puerto, Las
Palmas-Santa Cruz de Tenerife. En algún momento alguien dijo que eso era
una cosa diría yo que exótica, singular, por los helicópteros. No se ve
así si usted analiza cuál es el tipo de pasajero que normalmente va y
viene en el día Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, y
viceversa: ejecutivos, empresas, Administración; el tiempo empleado en
los aeropuertos supone que la línea de helicópteros, en esto, no sean
ningún disparate. Es decir, hay un montón de iniciativas que dan a
entender que la liberalización es algo positivo.
Con esa base de argumentación, el Gobierno de la nación lleva trabajando
tiempo en este tema. Hay gestiones que están avanzadas, hay hechos que
son concretos y hay cosas que son objeto de negociación. Porque tampoco
ignora S. S. que hay algún tipo de competencias que están transferidas a
la Comunidad Autónoma canaria, con lo cual el Gobierno puede ser
coadyuvante, pero lo que no puede hacer es imponer algo. Concretamente,
el artículo 4 habla de los servicios de transporte aéreo y marítimo con
esa libertad de que habíamos hablado. Y también en el apartado d) habla
de las tarifas portuarias y aeroportuarias diferentes y reducidas
respecto de las vigentes a nivel nacional.
La situación actual es que, en el primer caso, ya lo ha dicho Su Señoría,
estamos en un proceso de liberalización claro; lo hemos hablado. Se ha
comentado en algún momento que un avión se queda y hace la competencia
interior; eso es bastante más complicado, porque es un tema de
tripulaciones. Hay compañías que ya están establecidas, como es el caso
de TransAvia, compañía holandesa que lleva y trae holandeses, y españoles
incluso, al mercado europeo, pero ése es un proceso imparable, donde lo
que hay que hacer es competir con calidad, con una buena prestación de
servicios, y no actuar en términos de proteccionismo.
Es bastante notorio que si Su Señoría quiere irse a Hierro, isla de
descanso y paradisiaca, tiene que pagar un dinero por ida y vuelta y
muchas veces es más caro que hacerlo con una compañía de Madrid.
Efectivamente, hay mucho que mejorar en ese sentido. Por tanto, esa
liberalización está en marcha y no hay que temerla.
En cuanto a las tarifas, las tasas de aterrizaje son iguales en todos los
aeropuertos de España, pero existen bonificaciones especiales para el
transporte de viajeros de carácter interinsular. Y también la normativa
vigente sobre tarifas aeroportuarias ya contempla en los aeropuertos
canarios un tratamiento más favorable que en el caso de los peninsulares.
El artículo número 5 hace referencia a eso que es una preocupación
constante en su labor política, que es el
transporte marítimo. Las competencias en materia de transporte marítimo
interinsular son un ejemplo de lo que le decía antes, porque están
transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Real Decreto
284/1995, de 24 de febrero. Por tanto, es ahí donde hay que actuar. Y ahí
el Gobierno de la nación se tendrá que circunscribir a lo que la
Comunidad Autónoma de Canarias decida. Y en cuanto al transporte aéreo,
la liberalización del cabotaje va a ser definitiva a primeros de abril.
Sin embargo, sí tiene importancia, y en esto valdría la pena detenernos
un momento, que se ha operado una liberalización muy importante en los
servicios de tierra. Se da, además, una circunstancia muy curiosa, que es
que en Canarias hemos hecho, respecto del handling, algo que en la
Comunidad Europea todavía no se ha hecho. Porque en la Comunidad Europea
se permite que durante un cierto tiempo se mantenga el handling en los
aeropuertos en régimen de monopolio. Sin embargo, hay un segundo operador
prestando servicio ya; en Gran Canaria, desde el 27 de marzo de 1994
--apúntese usted ese tanto, el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Socialista que le sustentaba en aquella época--; ídem de ídem, en
Tenerife sur y Tenerife norte, del 7 de noviembre de 1994; en Lanzarote,
el 6 de noviembre de 1995, y en Fuerteventura, el 6 de noviembre de 1995.
Esos servicios están liberalizados. Y, como todo proceso de
liberalización en los servicios de asistencia en tierra, tendrán que ir
poco a poco. Respecto de los otros aeropuertos, sabe el señor Segura que,
para establecer un segundo operador, hay que tener una dimensión de
mercado adecuada que no tienen. Tampoco podemos llevar a cabo un proceso
de implantación de un doble operador en un lugar donde no exista
viabilidad económica para que realmente pueda funcionar.
Yo suscribo con su señoría el tema del transporte regular de viajeros,
pero comprenderá que ni este grupo parlamentario ni el Gobierno al que
sustenta son personas infalibles y en determinados momentos se cometen
errores. Lo importante, cuando se cometen, no es sostenella y no
enmendalla, sino reconocer los errores y resolverlos; y realmente yo creo
que esto es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular respecto de
las tarifas. Pero no sólo afectaba a Canarias, por lo que no puede
esgrimirse como un agravio especial a la Comunidad Autónoma de Canarias y
a sus habitantes; en el caso de Baleares ocurrió exactamente igual. Eso
tiene sus razones, se puede analizar, pero creo que es mucho más
importante en este momento poner el énfasis en la solución del problema
que en las causas que llevaron a cometer el error.
Y así hay un punto del artículo 7.º en que coincido con su señoría que es
un problema tradicional. Es el de la compensación al transporte. Sabe que
una comisión mixta entre el Estado y la comunidad autónoma determina ese
marco de ayudas. Pero eso es algo que se ha quedado obsoleto y que no
cumple realmente la misión prevista. Sí le puedo decir que el Gobierno de
la nación y el de la Comunidad Autónoma canaria están en negociaciones
para cambiar ese marco regulador y poder establecer un sistema de ayudas
más operativo, más flexible y más justo que el que en este momento está
en vigor.
La conclusión final de mi intervención es que lamentablemente, y estando
de acuerdo en los principios fundamentales, creemos que no podemos en
este momento dar la aprobación a esta proposición, porque se insta a
hacer al Gobierno algo que ya está haciendo. Sí creo que cabe
perfectamente dentro del marco de la moción que presentó su señoría
consecuencia de interpelación que se presente en el plazo de cuatro meses
un informe donde diga cómo se están desarrollando estos aspectos
fundamentales de la libre elección de transporte y sus repercusiones.
Pero tal y como su señoría plantea la proposición no de ley da la
impresión de que el Gobierno no ha empezado a hacer nada en este campo,
que es lo que nosotros entendemos que no se puede admitir.
El señor PRESIDENTE: Para un breve turno, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Medina, yo quisiera dejar muy claro lo
siguiente: A lo largo de los cinco últimos años, es decir, desde 1990
hasta que cesó el Gobierno socialista, el Grupo Parlamentario Socialista
qué duda cabe que se identificó con las políticas de liberalización del
tráfico aéreo que, coloquialmente, y lo he dicho en muchas ocasiones, se
convirtieron en un conjunto de medidas gubernamentales, de órdenes
ministeriales publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». La primera
de ellas, en el año 1991, denominándose todo aquel conjunto primer
paquete de políticas de liberalización del tráfico aéreo. En 1992,
segundo paquete; todo otro conjunto de medidas publicado en el «Boletín
Oficial del Estado». Y en abril de 1993, el tercer paquete. Fruto de esas
medidas, comenzó a liberalizarse el handling en España en aeropuertos de
más de un millón y medio de pasajeros por año; concretamente empezó la
experiencia en los aeropuertos de la Comunidad canaria; Gando, en la isla
de Gran Canaria, y Tenerife sur, en la isla de Tenerife. Fue una
experiencia muy positiva que se ha ido extendiendo con posterioridad a
Alicante, a Palma de Mallorca, a Madrid, etcétera. Además, en ese paquete
se recoge también la posibilidad del autohandling, que ha posibilitado
que otras compañías se den a sí mismas el apoyo correspondiente en
tierra. Todo ello ha traído consigo un abaratamiento tarifario y unos
beneficios globales a la economía de este país, a los ciudadanos y al
transporte de mercancías. Y eso, en efecto, es imputable a los sucesivos
gobierno socialistas. Luego no se nos puede decir que tengamos temor a
esas políticas de liberalización.
En reiteradas ocasiones he manifestado mi preocupación de que, si bien no
me opongo, como es obvio, a esa liberalización, porque son directivas
comunitarias que era fundamental trasponer al ordenamiento jurídico
español, aún en España no se haya adoptado la decisión fundamental de la
denominación de líneas marítimas de interés social o líneas aéreas de
interés social, cosa que han hecho ya la mayor parte de los países
comunitarios, y como hemos dicho en varias ocasiones, países
pertenecientes al interland económico comunitario.
A nosotros nos preocupa que, en Canarias, el Gobierno español tiene que
adoptar una serie de medidas que aún no
ha adoptado. Por ejemplo, resulta fundamental el control del pasillo
aéreo Canarias-península, en manos de los sistemas de control de la
autoridad aeronáutica española. A nosotros nos preocupa que aún no se
haya producido normativa del Gobierno español estableciendo los criterios
para las condiciones administrativas de líneas marítimas y de líneas
aéreas. A nosotros nos preocupa que no se den pasos en una línea positiva
de liberalización del suministro de combustible a las aeronaves, al
amparo de lo que establece el REF, consiguientemente, abaratando precios,
y, en esos márgenes tan escasos de la competencia aeronáutica, convertir
los aeropuertos canarios en aeropuertos competitivos con otros
aeropuertos de la zona geográfica, de ese interland geográfico, a efectos
de atraer tráficos y consiguientemente riqueza en la comunidad canaria y
posibilitar nuevas rutas que, partiendo de Canarias, permitan la
distribución de pasajeros y la distribución de mercancías.
Nosotros hemos demandado constantemente, y lamentamos que aún no se haya
hecho, en paralelo a esos avances de esas políticas de liberalización, lo
que los gobiernos socialistas tenían previsto hacer: definir las líneas
marítimas de interés social. El transporte marítimo con Canarias requiere
esa definición. ¿Y ello significaría apostar por una compañía de
titularidad estatal? En absoluto. Ello significaría que, cuando se
abriese el concurso público y se publicase en el «Boletín Oficial del
Estado», se podrían presentar a cubrir las líneas Canarias-península
cinco compañías distintas que cumpliesen los requisitos. Y aquellos
pasajeros que, en el ejercicio de su libertad individual utilizasen
cualquiera de esas cinco compañías, podrían percibir el correspondiente
apoyo económico, la financiación del Estado, la ayuda de Estado. Que
cualquier ciudadano residente canario que utilice la compañía Iberia, Air
Europa, o cualquier otra compañía, recibe la correspondiente subvención.
La definición de líneas de interés social no imposibilita la competencia,
en absoluto, sino que posibilita que las ayudas de Estado las pueda
recibir aquellos operadores transportistas que, cumpliendo los requisitos
establecidos en la base de condiciones correspondiente del concurso
público que se abra oportunamente en su momento, puedan prestar el
servicio y consiguientemente repercutir en el ciudadano el beneficio que
reciban. Las ayudas de Estado hasta ahora eran exclusivamente,
prácticamente para las compañías de bandera. En esa política de
liberalización, sinceramente, el Gobierno no está dando la talla en la
adopción de medidas normalizadoras y que potencien esa competitividad.
Termino, señor Presidente. Hay, desde luego, numerosos temas que nos
preocupan. Esta proposición no de ley es una aproximación. Nosotros lo
que hemos pretendido es que dentro de cuatro meses el Gobierno traiga un
conjunto de medidas para su discusión en la Cámara.
No hay ni trampa ni cartón. Empezó su intervención el señor Medina
hablando de la riqueza del castellano... No, no. Lo que pretendemos es
que se avance.
Si ustedes votan en contra, y son mayoría, de este proyecto de
resolución, allá cada uno con el ejercicio de su responsabilidad.
Nosotros, desde luego, seguiremos perseverando en esta línea de conducta
política, por cuanto no podemos olvidar que fue el Grupo Parlamentario
Socialista el grupo fundamental en la elaboración de esta ley y en su
aprobación, en la que se abstuvo el Grupo Parlamentario Popular, y no
queremos entender que el Grupo Parlamentario Popular no se identifica
plenamente con sus contenidos por el hecho de su abstención en el
Congreso y en el Senado en el momento de la tramitación y aprobación
definitiva.
Y el último mensaje, que sí que quisiéramos nosotros hacer llegar al
Grupo Parlamentario Popular, es que, precisamente en un saludable
ejercicio democrático, un grupo parlamentario como el Popular, que
mantiene a un Gobierno, en efecto, coaligado y con pactos políticos con
diferentes grupos, cuando se plantean iniciativas notablemente
constructivas, y ésta quiero entender que es así, tiene, en ese saludable
ejercicio democrático, que hacer el esfuerzo de intentar lanzar puentes a
efectos de construir entre todos una estructura de Estado, que en
Canarias es notablemente débil y que requiere de un afianzamiento
estructural que no lo da solamente un grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Del conocimiento que tengo de su señoría, está
absolutamente claro que no hay ni trampa ni cartón. Esto no lo puedo
dudar. Pero también tendrá que reconocer que su señoría no puede
autocalificarse como políticamente inocuo. Esto, políticamente, tiene su
razón de ser. Y es una obligación razonable de la oposición marcar plazo,
exigir al Gobierno, acotar su actuación, y eso lo hace legítimamente. Y
el Gobierno da sus razones, y el grupo parlamentario que lo apoya
exactamente igual, de por qué estima que en este caso particular (en otro
caso puede que sea distinto) tal acotamiento no procede.
Su señoría tiene una formación científica y técnica igual que yo y sabe
que concretamente en los circuitos eléctricos hay regímenes transitorios
y regímenes permanentes. No se puede saltar de golpe de una situación a
otra contraria. Y su señoría ha nombrado un tema que creo que lo deja
perfectamente claro. Que precisamente estamos asistiendo, a través de la
firma del protocolo eléctrico, a toda una reordenación del sector
energético español, y concretamente Canarias tiene una condición
especial, por ser un sistema extrapeninsular y con una situación muy
especial. Porque, por ejemplo, Canarias, como decía su señoría, no puede
mandar sus mercancías por carretera o por tren. Tampoco puede acceder a
las grandes redes transnacionales de suministro de energía eléctrica, de
gas natural, etcétera. Eso hace que se tenga que contemplar una situación
peculiar y eso se está desarrollando, como es, por ejemplo, el acceso a
terceros de las instalaciones de almacenamiento de combustible, que es un
tema muy importante que está ahí.
Quiero con esto decir que su señoría no es que plantee cosas
descabelladas, en absoluto. No es tampoco que, llegado un momento, haya
determinadas definiciones
de líneas marítimas de interés social o determinada definición de
obligación de servicio público para transporte de viajeros en las cuales
estemos de acuerdo. En lo que estamos en desacuerdo es el tempo. En lo
que estamos en desacuerdo es en que nos tengamos rápidamente que definir
sobre una serie de cuestiones cuando, por decirlo de alguna manera, el
suelo es movedizo, el mapa no está absolutamente definido todavía, porque
hay toda una serie de cuestiones de tipo competencia. Y en el transporte
aéreo he dado ejemplos; ésa era mi intención y probablemente no he sido
suficientemente claro y explícito. Hay que dejar que las fuerzas del
mercado se sitúen para que la acción del Estado y de la comunidad
autónoma sea subsidiaria donde realmente lo es. Por una razón fundamental
de economía, y es que aquellas cuestiones que se puedan hacer de una
forma más económica, sin el problema de la eterna subvención, mucho
mejor. Pero la subvención, el apoyo, tendrá que llegar para la prestación
de aquellos servicios sociales que la propia iniciativa privada, en este
marco nuevo de liberalización, no cubra.
Eso es razonable. Su señoría y el Grupo Popular no están en desacuerdo;
es simplemente un problema de tiempo y de oportunidad. Creo que está
definido y claro. Yo reitero mi reconocimiento. Su señoría suele tocar
problemas muy reales y muy claros; discrepamos a veces en la manera de
hacer operativa su solución, pero no en los problemas de fondo, que creo
que están bien planteados. Eso es todo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir en este momento la continuación
de los debates y los reanudaremos a partir de las cinco de la tarde.
Antes, y en la medida en que el señor Segura, lógicamente, no asistirá
esta tarde, le quiero decir a él y a los señores Azpiroz Villar, Bermúdez
Alonso, Borrell Fontelles y Sánchez Llibre, que la Mesa les felicita por
el día de su santo, que fue ayer.
También quiero recordar a las señoras y señores Diputados y al «Diario de
Sesiones», dada la enorme asistencia que hoy tenemos, que cuando nos
reunamos por la tarde ya no será el invierno, sino que habremos entrado
en la primavera.
Señores Diputados, hasta las cinco de la tarde.
Era la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
--SOBRE REMISION A LAS CORTES EN ESTE PERIODO DE SESIONES DE UN PROYECTO
DE LEY QUE REGULE LA UTILIZACION DE INMUEBLES EN REGIMEN DE TIEMPO
COMPARTIDO, CONSIDERANDOLA UNA ACTIVIDAD TURISTICA Y REGULANDO POR TANTO
LA PRESTACION DE TODOS LOS SERVICIOS QUE TAL CONSIDERACION EXIGE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000339.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, buenas tardes. Como
saben SS. SS. perfectamente, cuando suspendimos la sesión de esta
Comisión era invierno; ya es primavera. (Risas.) Celebrémoslo todos,
pues, además, en función de que tengan ustedes en cuenta que las notas
les serán enviadas a su domicilio después de las vacaciones de Semana
Santa, para que puedan disfrutarlas adecuadamente tras de este intenso
período lectivo. Dicho lo cual reanudamos el orden del día interrumpido
esta mañana.
Lo comenzaremos por el punto número 3, consistente en la proposición no
de ley sobre remisión a las Cortes en este período de sesiones de un
proyecto de ley que regule la utilización de inmuebles en régimen de
tiempo compartido, considerándola una actividad turística y regulando por
tanto la prestación de todos los servicios que tal consideración exige, a
petición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Cataluña, para cuya defensa tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Resulta evidente la necesidad de regular una
oferta turística que no puede seguir en una situación de desamparo como
está en la actualidad. Yo creo que ningún grupo político está conforme
con la situación actual en la que se encuentra la multipropiedad, y no
solamente por el volumen de negocio que representa, sino, de forma muy
importante, por su repercusión en la configuración del producto
turístico. Es innegable que la multipropiedad ha representado una serie
de problemas, desde la publicidad agresiva hasta la especulación
urbanística que a su amparo se ha realizado, que ha dañado seriamente la
imagen de este producto turístico, de manera que en cierto modo lo ha
podido incluso quemar. Tenemos la obligación de recuperar esta actividad
y, desde aquí, de defender a los que han intentado hacer de este sector
un sector digno que tuviese su espacio dentro del producto turístico. Por
tanto, hay que separar a aquellos que han abusado de los que de una forma
honesta han querido hacer una buena labor --repito-- desde el punto de
vista turístico. La realidad es que brilla más o se señala más una mala
acción que buenos profesionales trabajando y por eso es una realidad que,
como decía, la publicidad agresiva y la especulación urbanística han
dañado seriamente este producto amparándose en su desregulación.
En este marco, a nosotros nos causó una gran satisfacción enterarnos de
que se había discutido en el Consejo de Ministros la posibilidad de
tramitar un anteproyecto de ley que regulase de forma definitiva este
producto turístico. Tengo que reconocer que la primera intención al tener
esa noticia fue retirar nuestra proposición no de ley, porque entendíamos
que nuestro interés podía haber quedado satisfecho con ese anuncio. Sin
embargo, la participación en unas jornadas de multipropiedad y en
concreto la intervención de un ex Diputado por Málaga, Luis Pagán, que
trabajó activamente en este tema en la anterior legislatura,
nos llevó a presentar un panorama no tan halagador, en el sentido de que
había habido más de dos intentos de hacer una ley de multipropiedad que
se habían quedado en el camino, porque no se había producido la decisión
final de terminar un trabajo iniciado. Eso fue lo que nos motivó a
mantener y a defender aquí hoy esta necesidad de que la mayoría de esta
Comisión comprometa al Gobierno antes de que termine el período de
sesiones a tener ya en trámite esta proposición de ley. Luego, tiempo
habrá de discutir el fondo del asunto.
También debo decir que vamos tarde en relación a Europa. Sus señorías
saben que hay una directiva del Parlamento Europeo y del propio Consejo
que obligaba a que en el mes de abril estuviesen ya regulados algunos
aspectos, sobre todo aquellos que tratan de la defensa de los
consumidores, porque no es tampoco noticia el señalado interés que se
tiene en Europa por regular, sobre todo desde el punto de vista del
consumidor, el sector turístico. También vamos sobre todo tarde con
relación a los propios intereses del turismo español y de la economía del
Estado. Por tanto, nosotros esperamos que con la aprobación de esta
proposición no de ley y sobre todo con su cumplimiento por parte del
Gobierno nos pongamos al día, nos pongamos en una situación --repito-- de
buscar un encaje a la multipropiedad o como terminemos llamándole, porque
quizás el nombre no sea el más apropiado, de buscar su espacio a ese
producto turístico dentro del turismo nacional.
Sin entrar en el fondo, aunque tiempo habrá de que cada grupo, en el
trámite parlamentario, plantee sus ideas, a nosotros nos parece
imprescindible remarcar que estamos ante un producto turístico, que no
estamos ante un producto inmobiliario, y también que la regulación de la
ley que se lleve a cabo en este Congreso debe de hacerse evidentemente
con el total respeto a las legislación autonómicas, tanto en materia de
consumo como en materia de turismo, que están prácticamente transferidas
en su totalidad. Por tanto, espero en definitiva que tras el acuerdo de
esta Comisión se comprometa el Gobierno, podamos dar moral a este sector
que ha sido maltratado, en algunos casos injustamente, y, repito, empezar
a plantear salidas al turismo nacional, que tanta falta hace.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por parte del Grupo Popular, para cuya defensa tiene la palabra
el señor Gamero.
El señor GAMERO MIR: En relación a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para
instar al Gobierno a remitir a las Cortes en el transcurso de este
período de sesiones un proyecto de ley que regule la utilización de
inmuebles en régimen de tiempo compartido, considerándola una actividad
turística y regulando, por tanto, todos los servicios que tal actividad
exige, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Presidente,
señorías, yo quisiera en primer lugar agradecer esta iniciativa, sobre
todo y fundamentalmente por lo que de positivo aporta y por el hecho de
que la misma nos permite también hablar en esta Cámara del sector
productivo más importante de nuestro país y sin duda el que tiene una
mayor proyección de futuro, que es un sector multidisciplinar que incide
indirectamente en todos los demás sectores productivos de nuestro país.
Hay que recordar una vez más que el sector turístico en España representa
el 10 por ciento del producto interior bruto y el 11 por ciento de los
puestos de trabajo y que según unos estudios recientes de la Organización
Mundial del Turismo, el sector turístico en el ámbito mundial duplicará
sus cifras en los próximos veinte años, pasando de 750 millones actuales
de turistas en el mundo a más de 1.500 millones en ese período de tiempo.
Por ello, creo de sumo interés que seamos todos conscientes de la
importancia que el sector tiene para la economía de nuestro país y
especialmente para la creación de puestos de trabajo, que es el primer
objetivo del Gobierno del Partido Popular, y sin duda también lo es de
todos los españoles, y debemos hacer de ello partícipes al conjunto de la
sociedad española.
En la exposición de motivos, el grupo proponente hace referencia a la
falta de normativas que regulan la actividad de la multipropiedad en
nuestro país y a la Directiva 94/47 CE del Parlamento Europeo, que
protege los derechos del consumidor. El sistema de explotación turística
de inmuebles de multipropiedad en España, a diferencia de otros países
con arraigadas costumbres en sistemas de clubes o trustees, era
desconocido hasta fechas recientes. No obstante, dicha modalidad ha
tenido un amplio desarrollo, hasta hacer de España el segundo país del
mundo en número de complejos explotados en esta forma, con más de 400.000
propietarios.
Ciertamente, para la Unión Europea ha sido ya desde hace tiempo motivo de
preocupación por la gran cantidad de problemas que se han producido en
este sector, desde la iniciativa de la propuesta de resolución sobre la
necesidad de colmar la laguna jurídica existente en materia de
multipropiedad, que fue presentada al Parlamento Europeo el 17 de octubre
de 1986, hasta la Directiva ya citada, 94/47 CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los
adquirentes de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de
tiempo compartido. Es sin duda en su aspecto comercial donde radica el
origen de los problemas mencionados que ha venido planteando este sector
en distintos países y también en España, debido a que algunos promotores
extranjeros utilizan métodos comerciales no ortodoxos para captar sus
clientes, también extranjeros. (El señor Vicepresidente, Martínez
Sanjuán, ocupa la Presidencia.)
En los antecedentes parlamentarios encontramos que, por ejemplo, en la
III Legislatura, el 20 de diciembre de 1988, ya se aprobó una proposición
no de ley en Comisión del Congreso, a propuesta del Grupo CDS,
acordándose la creación de una ponencia, que culminó con un informe el 27
de junio de 1989, que en su conclusión 5.ª dice, y cito textualmente: Es
necesario que el Gobierno aborde con urgencia, entre otras, la regulación
de la multipropiedad. También en la IV Legislatura, el 17 de septiembre
de 1991, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no
de ley del Grupo Socialista, por la que se solicitaba
al Gobierno el envío a la Cámara de un proyecto de ley que regulara la
multipropiedad. En la V Legislatura, con fecha 20 de abril de 1994, el
Pleno del Congreso aprueba una propuesta de resolución del Grupo Vasco, a
tenor de la cual el Gobierno remitirá a la Cámara un proyecto de ley que
regule la adquisición de bienes inmuebles en régimen de multipropiedad.
Asimismo, el 19 de diciembre de 1995, el Pleno del Congreso aprueba
también por unanimidad el segundo punto de la moción del Grupo Popular
sobre política general de consumo y medidas legislativas a adoptar para
la homologación de nuestro sistema de protección del consumidor con el de
los países de nuestro entorno, en el que se insta al Gobierno a
incorporar urgentemente a nuestro ordenamiento jurídico las directivas de
la Unión Europea aún pendientes en materia de protección de los
consumidores, entre ellas la Directiva ya mencionada 94/47 CE. En la
actual y VI Legislatura, el 19 de junio de 1996, la Ministra de Justicia
responde en el Pleno del Congreso a la pregunta del Diputado Damián
Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular, poniendo de manifiesto
la intención del Gobierno de remitir a la Cámara un proyecto de ley de
regulación de la figura de multipropiedad, con el que se dará
cumplimiento a la obligada trasposición de la Directiva 94/47 CE para su
integración en el ordenamiento jurídico nacional.
Señor Presidente, señorías, a tal efecto el Ministerio de Justicia ha
elaborado un anteproyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles, que supone la incorporación al ordenamiento
jurídico español de la Directiva ya repetida, 94/47 CE, del Consejo, de
26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo
referente a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un
derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. El
texto de dicho anteproyecto ha sido objeto de estudio en el Consejo de
Ministros del día 17 de enero de 1997, por lo que es posible que tan
pronto se reciban los informes preceptivos y el dictamen del Consejo de
Estado, además de las consultas que se han efectuado a las comunidades
autónomas y al propio sector afectado, dicho anteproyecto sea aprobado
por el Gobierno y acordada su remisión como proyecto de ley a las Cortes
Generales para su tramitación parlamentaria.
Por todo ello, y en aras de un consenso sobre este tema, tan importante a
nuestro entender, hemos presentado una enmienda de modificación que
entendemos no varía sustancialmente la proposición no de ley que, de
aceptarse, votaríamos favorablemente. La enmienda de modificación, con
nueva redacción, sería, y cito textualmente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que
regule la utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido.
Con esta nueva redacción, entendemos que se cumple con el objetivo y con
el espíritu de la proposición no de ley, sin invadir competencias de las
comunidades autónomas, algunas de las cuales han legislado ya al
respecto, como es el caso de las islas Baleares, y puede haber otros. No
se establece un plazo determinado, ya que se deben cumplimentar las
consultas a las comunidades autónomas y también a las instituciones
representativas del sector y conseguir ese dictamen del Consejo de
Estado.
Por todo ello, señorías, el Grupo Popular confía en que sea aceptada esta
enmienda, en cuyo caso votaremos favorablemente la proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): ¿Grupos que deseen fijar la
posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez.
El señor PEREZ SEGURA: Señor Presidente, lamento la imposibilidad de que
la defensa de la posición de nuestro grupo la pueda realizar don Antonio
Costa, puesto que tiene una Comisión a esta misma hora y por lo tanto no
puede hacerlo, ya que él seguramente habría ilustrado mucho más a SS. SS.
en esta materia que conoce perfectamente. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Ante la regulación jurídica de una figura tan compleja como es la del
dominio para la utilización de inmuebles en tiempo compartido, denominada
coloquialmente multipropiedad, que nos ofrece para discusión el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nuestro grupo quiere señalar lo
siguiente y luego hacer una propuesta de enmienda in voce por si puede
ser compartida tanto por el proponente como por los otros grupos, dada la
intención que, al menos en las conversaciones previas, ha habido por
parte de todos ellos de llegar a un buen acuerdo en la regulación de esta
figura.
Nuestro grupo entiende que esta actividad tiene múltiples
interrogaciones. Sin duda incide directamente sobre los intereses del
sector inmobiliario, pero también afecta de una manera determinante a la
industria, a una de las principales industrias españolas, como es la del
turismo. En este sentido, todos somos conscientes de que las competencias
en materia turística en muchas de las comunidades autónomas, y sobre todo
en aquellas a las que afecta más directamente esta figura, están
transferidas y en el ánimo de este interviniente y de su grupo no está
pasar por encima de dichas competencias, sino al contrario, tratar de
encajar los intereses de los consumidores, las garantías a los
consumidores, en definitiva, las garantías a los titulares de este tipo
de propiedad principalmente. Para ello tenemos diversos posicionamientos
ya en la historia parlamentaria reciente, como han señalado otros
intervinientes, evidenciando la necesidad de regulación de esta figura.
También tenemos, y con un plazo que termina de una manera más o menos
urgente, una directiva europea que nos urge a ello. Tenemos anteproyectos
ya preparados por el Gobierno socialista en otros tiempos y también
tenemos la certeza, evidenciada por el portavoz del Grupo Popular, de que
en fecha reciente, en enero, el Gobierno ya ha empezado a estudiar esta
cuestión.
Es por todo lo que antecede por lo que nuestro grupo es, digamos,
corredactor, quizá la palabra más justa sería cofirmante, de una enmienda
in voce que pasaría a presentar a SS. SS. por si fuese adecuado tenerla
en cuenta. Entiendo que sí por las conversaciones que anteriormente hemos
tenido. Esta enmienda consistiría en añadir al punto final de la
presentada por el portavoz del Grupo Popular la siguiente
frase: En el respeto al régimen de ordenación del sector turístico y de
protección de los consumidores establecido en su marco competencial por
la comunidades autónomas.
Por lo tanto la proposición no de ley quedaría exactamente en el tenor
literal que surgiera de la adición de la frase que anteriormente he
pasado a leer a todos ustedes a la enmienda que ha presentado el Grupo
Popular. Entendemos que con ello culminará el ánimo conciliador y de
consenso de todas las posturas y por lo tanto podría ser aceptada por
todo el mundo y sobre todo por el grupo proponente, que es lo que
importa.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que sobre las enmiendas que se realizan y
se formulan de viva voz, orales, en Comisión, en relación con la
proposición no de ley y que no han sido presentadas en tiempo
reglamentario efectivamente se puede ser absolutamente amplio en relación
a su admisión o no, siempre y cuando --y por supuesto-- ningún grupo se
oponga a la tramitación de esas enmiendas no reglamentarias. Por
consiguiente y posteriormente sugeriré a los demás grupos parlamentarios
si no tienen nada que oponer a esta enmienda oral formulada por el señor
Pérez Segura por parte del Grupo Socialista.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Homs, pero antes deseo decirle al señor Borrell que por parte de la Mesa
de la Comisión se felicitó a todas las personas cuyo nombre empieza por
José con ocasión de que ayer fue el día de San José y que no hemos tenido
ocasión de hacerlo con anterioridad.
Tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Esta proposición no de ley que ha presentado el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene el
apoyo de nuestro grupo parlamentario en su contenido. Estamos de acuerdo
con la motivación que ha impulsado esta iniciativa. Creemos que estamos
ante una necesidad de regular la materia de que se trata en esta
proposición no de ley. La llamada multipropiedad hoy exige una regulación
jurídica y este vacío debería ser cubierto con toda prontitud.
No obstante, señor Presidente, parece ser que tenemos un problema de
plazos. Parece que todos estamos de acuerdo, tanto el Grupo Parlamentario
Popular, como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, como incluso el Partido Socialista y mi grupo también, en
instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley que regule la
utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. La única
discrepancia que tenemos es qué plazo de tiempo le damos al Gobierno.
Yo quiero motivar al Grupo de Izquierda Unida. Quiero decirle que ésta no
es una cuestión que hayamos tratado una sola vez en esta Cámara. Llevamos
muchos años tratando este tema. Han pasado muchos años sin esa
regulación; incluso ha habido muchas iniciativas en años anteriores
instando al Gobierno a que se regulara, pero por la necesidad y la
urgencia de regular esta materia no debiéramos ahora perder la
oportunidad que tenemos de un consenso para instar al Gobierno, para
urgirle ese texto, por una cuestión estrictamente de matices en los
plazos. No estamos de acuerdo en demorar esa instancia sin límite alguno.
Por lo tanto, mi grupo no le plantea al Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya que esa instancia al Gobierno no quede
condicionada por un plazo, sino que propone que le pongamos un límite al
Gobierno, pero un límite razonable. Creo que la única discrepancia está
en si esta exigencia la sometemos a la duración del período de sesiones,
es decir, hasta el 30 de junio, o le dejamos al Gobierno un margen un
poco más amplio.
Señorías, yo creo que la importancia, la trascendencia y el impulso
político que le daríamos a este compromiso debería hacernos ver que sería
muy conveniente que todos los grupos parlamentarios coincidiéramos en un
plazo. Yo sé de la necesidad, sé de la urgencia, sé de la problemática
que hay detrás de toda esa materia. Mi grupo está totalmente de acuerdo
en instar urgentemente al Gobierno sobre la presentación del proyecto de
ley, pero no quisiera perder el consenso ni que se dejara escapar en esta
Comisión la posibilidad de alcanzar un consenso, estrictamente por una
cuestión de matices en el plazo de tiempo que queremos darle al Gobierno.
Mi grupo vería bien un plazo razonable de seis meses. Vería bien que no
le diéramos al Gobierno tres meses y algo más, sino un marco de seis
meses. Señorías, seis meses prácticamente nos sitúan en septiembre. Del
30 de junio a septiembre no hay casi actividad legislativa en esta
Cámara, con lo cual no hay ninguna alteración desde el punto de vista
legislativo si le instamos a hacerlo con un plazo del 30 de junio o del
30 de septiembre. Por lo tanto, estaríamos facilitándole al Gobierno
poder tomar la iniciativa legislativa, teniendo en cuenta que no por
hacerlo antes del 30 de junio esta Cámara le daría más celeridad, porque
hasta el 30 de septiembre no podríamos entrar en materia. Seamos
sensatos. Yo pido al grupo proponente que, estando todos de acuerdo, en
lugar de establecer que la remisión se haga en el período de sesiones,
estipulemos que sea en el plazo de seis meses. Estoy abierto a
transaccionar un poco menos, si quieren SS. SS., y buscar un plazo un
poco más corto, pero no perdamos por dos meses de vacaciones un consenso
político para urgir al Gobierno a que presente un proyecto de ley de
trascendencia importante en el sector del turismo.
Señor Presidente, mi grupo quiere, pues, presentar una enmienda en estos
momentos, transaccional también, que paso a entregar a la Mesa de la
Cámara, que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a remitir a las Cortes en el transcurso de los próximos seis
meses un proyecto de ley que regule la utilización de inmuebles en
régimen de tiempo compartido, en el respeto al régimen de ordenación del
sector turístico y de protección de los consumidores establecido en su
marco competencial por las comunidades autónomas.
Esta sería, pues, señorías, la propuesta que hace mi grupo en aras a
alcanzar ese consenso, abierta sin duda a bajar un poco más si es
necesario ese plazo, pero en todo caso buscamos un punto intermedio entre
lo que es el período de sesiones y lo que sería un plazo razonable de
seis meses.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Homs, que el plazo al que se refiere
de meses es de fecha a fecha, no en su cómputo de días que podían ser
hábiles o inhábiles, fecha a fecha de seis meses.
¿Están de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios en que se admitan
las enmiendas orales formuladas para su tramitación? Señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Por nuestra parte no hay ningún problema en que
se tramiten.
El señor PRESIDENTE: Señor Gamero.
El señor GAMERO MIR: Insistimos en el plazo.
El señor PRESIDENTE: Simplemente le requiero si admite o no admite su
grupo que las enmiendas formuladas de viva voz puedan ser tramitadas o no
en esta sesión, porque si no, lógicamente, tanto la enmienda formulada
por el señor Pérez Segura como la enmienda formulada por el señor Homs no
podrían ser admitidas a trámite.
El señor GAMERO MIR: Yo entiendo que no, porque estamos con dos
planteamientos totalmente distintos aquí. Nosotros proponemos que no haya
una limitación en el tiempo para que se tramite este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Entonces usted se opone a la tramitación de las
enmiendas formuladas fuera de plazo.
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Para una cuestión de orden. El Reglamento permite
que en debates como el que estamos celebrando los grupos intentemos
formular enmiendas transaccionales in voce para acercar posiciones. La
enmienda que propone mi grupo es a la iniciativa de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Por lo tanto, si la acepta el grupo
proponente de la proposición no de ley, no entiendo por qué ha de haber
aquí un trámite.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, me temo que las enmiendas
transaccionales orales se refieren exclusivamente a los proyectos de ley.
La tramitación reglamentaria de las proposiciones no de ley es
enormemente pesada, enormemente formal y sujeta a un formato
perfectamente determinado. Existe un texto de proposición no de ley al
que me parece, si no recuerdo mal, hasta con seis horas antes de su
tramitación, bien en Pleno, bien en Comisión, se pueden formular
enmiendas por escrito. De todas maneras en Comisión suele haber un
criterio mucho más amplio en lo que se refiere a la tramitación de las
enmiendas formuladas oralmente, pero lógicamente siempre y cuando ningún
grupo político se oponga a que se tramiten las enmiendas orales
formuladas. Por esto esta Presidencia reclama a los diferentes grupos
parlamentarios que han hecho uso de la palabra si se oponen o no se
oponen a la tramitación de estas enmiendas orales. Basta con que haya
algún grupo político que se oponga para que no se tramite de esta manera.
No hay otra razón.
El señor Gamero acaba de manifestar que su grupo político se opone a la
tramitación de estas enmiendas orales, luego lógicamente debemos
resignarnos ante las circunstancias de los tiempos.
Señor Centella, debemos tener por no presentadas o no admitirlas a
trámite las enmiendas orales, y luego se admitirá o no la enmienda
formulada por el Grupo Popular.
El señor CENTELLA GOMEZ: Lamentamos que no se haya permitido, porque
nosotros estábamos dispuestos a admitir su tramitación. Pero, en fin, ha
quedado evidenciado cuál es el trasfondo, que no era tan de matices, como
decía el portavoz de Convergència, sino que era un tema más de fondo; no
era cuestión de matices. Nosotros estábamos dispuestos, y estamos
dispuestos si todavía se recapacita, a aceptar la enmienda de
Convergència i Unió, en aras de ese consenso. Lo que no admitimos es la
enmienda del Partido Popular.
Por tanto, se pasaría a votación --si no se puede admitir la enmienda,
que sería nuestra voluntad-- el texto íntegro de la proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Segura.
El señor PEREZ SEGURA: La enmienda de nuestro grupo es coincidente con la
del Grupo de Convergència i Unió, ya que son perfectamente
identificables, incluso a nivel literal, con el añadido de fijar un
plazo, que parece lógico, suficientemente amplio, además teniendo en
cuenta que el propio Gobierno, o el portavoz del grupo que le da
sustento, ya ha dicho que en el mes de enero ya han empezado los trabajos
previos legislativos para regular esta materia.
El señor PRESIDENTE: Señor Gamero, ¿entonces mantiene usted en sus
términos estrictos la enmienda que ha sido formulada o quiere introducir
algún tipo de modificación a efectos de buscar un acercamiento con el
Grupo de Izquierda Unida?
El señor GAMERO MIR: Yo quería proponer la fecha de 30 de diciembre en
todo caso, porque entiendo que el 30 de junio o el 30 de septiembre es
prácticamente lo mismo, porque estamos sobre dos meses inhábiles y no
avanzaremos mucho más en los trámites que se están llevado a cabo. Es
para tener más seguridad de que efectivamente estamos dando un plazo que
sea factible cumplirlo, conociendo el calendario parlamentario y cómo se
están llevando los trámites de las consultas. Yo propondría el 30 de
diciembre.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, espero que usted no haga uso de su
apellido y que en función de que estamos en primavera podamos llegar a un
adecuado acuerdo en este tema.
El señor CENTELLA GOMEZ: Me parece extraño, cuando se negaba una enmienda
transaccional, que ahora se intente presentar otra enmienda
transaccional. Vamos a
ser serios. Lo que el Gobierno está intentando, o el partido que sostiene
al Gobierno, o el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, es
dilatar el tema.
Nosotros estaríamos de acuerdo en admitir la tramitación de la enmienda y
creemos que se debe admitir. Se vote a favor o se vote en contra, todos
los grupos debemos admitir la tramitación de la enmienda que ha hecho
Convergència i Unió y de la que ha hecho el Partido Socialista Obrero
Español, aunque se vote en contra. Impedir la propia tramitación de esa
enmienda nos parece bastante lamentable. Nosotros volvemos a pedir que se
admita la tramitación de la enmienda, puesto que si no aquí no se
admitiría la tramitación de ninguna enmienda transaccional. O se admite
una o se admiten todas.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, el asunto no es ése en absoluto. Lo
que sucede es que desgraciada o ventajosamente nos regimos por un
Reglamento que es enormemente estricto en determinadas ocasiones. Y en
este caso el debate de las proposiciones no de ley es un debate tasado,
sin prejuicio de lo cual si los grupos parlamentarios desean reconsiderar
el que sean admitidas a trámite las enmiendas orales formuladas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo
Socialista, por parte de esta Presidencia no hay ningún inconveniente al
respecto. El señor Gamero tiene la palabra.
El señor GAMERO MIR: En aras al consenso que estamos intentando todos
propiciar, aceptaremos la fecha de 30 de septiembre propuesta en la
enmienda de Convergència.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que en función de lo que usted me acaba de
manifestar, señor Gamero, aceptan que se tramiten las enmiendas orales
formuladas por el Grupo Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), en cuyo caso la redacción quedaría en los siguientes términos,
sino lo entiendo mal: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
remitirle en el transcurso de seis meses un proyecto de ley que regule la
utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, en el respeto
al régimen de ordenación del sector turístico y de protección de los
consumidores, establecido en su marco competencial por las Comunidades
Autónomas. De todas maneras, se lo pasaremos después al profesor Cazorla
para que haga alguna corrección gramatical sintáctica adecuada para que
el texto sea suficientemente comprensivo y comprensible.
Señor Homs, tiene usted la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, yo quisiera agradecer al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular por haber comprendido la
importancia del consenso que alcanzamos sobre esta materia. Sin duda es
puntual, no tiene una significación política muy amplia. Pero, señorías,
detrás de esta regulación que estamos instando eso puede afectar y
alterar la situación, que tendría un alcance a muchos miles de personas
en nuestro país. Porque el régimen que vamos a urgir al Gobierno que
regule tiene un alcance importante.
Agradezco al Partido Popular la actitud que han adoptado para poder
alcanzar este consenso, que sin duda tiene mucha importancia y
significación para la actividad turística.
El señor PRESIDENTE: Damos por cerrado, por consiguiente, el debate de la
proposición no de ley.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DETERMINADAS INICIATIVAS EN
RELACION CON LA SUPUESTA PRESCRIPCION DE DETERMINADOS EXPEDIENTES
TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000385.)
--PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCION. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000395.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
consistente en la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
adoptar determinadas iniciativas en relación con la supuesta prescripción
de determinados expedientes tramitados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, a petición del Grupo Parlamentario Socialista,
que si les parece a ustedes bien podemos acumularlo con el debate del
punto número seis, consistente en la proposición no de ley para la
reforma del reglamento general de inspección, a petición del Grupo
Parlamentario Popular, que si no entiendo mal también se refiere al
artículo 31.4 del reglamento general de inspección de los tributos,
aprobado por Real Decreto de 26 de marzo de 1986.
¿Tienen ustedes inconveniente en que tramitemos conjuntamente en el
debate ambas proposiciones no de ley? (Denegaciones.)
Por consiguiente, tiene la palabra en primer lugar, para defender la
proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: No quisiera que por el hecho de que a estas
horas tan intempestivas de la tarde, en vísperas de abandonar
temporalmente algunas obligaciones parlamentarias, el afán de aligerar el
trámite de esta Comisión impidiera tomarse suficientemente en serio la
gravedad que nuestro grupo le da al hecho de que el Gobierno adopte todas
las medidas que estén en su mano para defender los intereses de la
Hacienda pública, desde la hipótesis, hipótesis que en este caso me
parece que tiene una presunción de cumplimiento, de que los intereses
generales de los ciudadanos, los intereses generales del país, coinciden
mucho más en este caso con los de la Hacienda pública que la defensa de
algunos intereses particulares, legítimos, pero en todo caso particulares
o privados. (Rumores.)
Desde esta perspectiva, es verdad que en los días pasados hemos tenido la
ocasión de discutir ampliamente en el Congreso... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Eguiagaray. Ruego a las señoras y
señores Diputados que guarden silencio, y si desean hablar o intercambiar
opiniones entre ustedes lo pueden hacer perfectamente fuera de esta sala.
Señor Eguiagaray, puede usted continuar.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Decía, señor Presidente, que en los días
pasados hemos tenido ocasión de discutir en el Pleno del Congreso de los
Diputados, como consecuencia de una interpelación y de la correspondiente
moción, iniciativas planteadas por otros grupos para la mejor defensa de
los intereses generales de Hacienda.
Yo no quisiera reproducir por enésima vez, hasta el hastío de sus
señorías, los mismos argumentos que he tenido ya ocasión de expresar en
la comparecencia del señor Costa en esta Comisión de Economía y Hacienda,
en múltiples declaraciones públicas, en varias intervenciones ante el
Pleno del Congreso de los Diputados, y que hoy, en todo caso de una
manera sumaria, volveré a reproducir. Pero sí quiero constatar, una vez
más, el que a mi juicio hay una enorme contradicción cuando se defiende
que no es posible instar o iniciar los trámites para la declaración de la
nulidad del artículo 31.4 del reglamento de la inspección y que
simultáneamente se señale el que las resoluciones de los tribunales
económico-administrativos que han aplicado la hipótesis de la
prescripción siguiendo una de las varias hipótesis hoy en discusión ante
los tribunales y en la doctrina administrativa, son lesivas para los
intereses de la Hacienda pública, cuando, en manifiesta contradicción con
lo que se ha dicho, reconociendo la no prescripción, sin embargo, se
niega la verosimilitud, la conveniencia política, jurídica, o la
oportunidad incluso de llevar a cabo los trámites para producir la
declaración de nulidad del artículo 31.4.
Aquí hay varias discusiones en juego. Una es la de la prescripción. Me
parece que la manifestación más exuberante, por no decirlo de otra forma
menos notoria, de hasta qué punto no han prescrito, es que el Gobierno, a
través de su Ministro de Economía y Hacienda y Vicepresidente Segundo del
Gobierno, simplemente ha dicho en el Boletín Oficial del Estado, que es
la forma más solemne de decirlo, que los expedientes sometidos a
discusión no han prescrito. (Orden ministerial por la que se declara la
lesividad de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central,
de 16 de diciembre de 1996.) Por lo tanto no han prescrito, no solamente
según el criterio del Partido Socialista, que a los efectos del juego
político y dialéctico puede ser sospechoso, sino a los efectos de lo que
entiende la doctrina administrativa, de lo que entiende en este caso la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de lo que entiende el
propio responsable actual de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, que es el Ministro de Economía y Hacienda, pues sin duda
alguna los expedientes no han prescrito.
Segunda cuestión. Si no han prescrito, eso quiere decir que hay derechos
de la Hacienda que están en este momento pendientes de ser resueltos,
derechos que están planteados ante los tribunales. Y es también notorio,
no solamente en el ámbito de la buena fe, sino en el ámbito de la
doctrina racional administrativa, que se pueden producir, y de hecho se
producen, colisiones entre principios jurídicos muy respetables, como son
el de reserva de ley, el de jerarquía normativa, y otros, en la actual
redacción del artículo 31.4 del reglamento de la inspección,
especialmente tras la interpretación sobrevenida, y de la que algunos
parecen ser particulares entusiastas, según la cual la no interrupción
del plazo de la prescripción establecido en esos artículos del reglamento
de la inspección debiera extenderse al plazo de la liquidación llevado a
cabo por las oficinas técnicas de la Administración general tributaria.
En estas circunstancias no parece que, más allá de las discusiones
jurídicas, discusiones jurídicas que nos pueden entretener ad infinitum,
un Gobierno que quiera de verdad defender los intereses de la Hacienda
pueda, incluso desde el punto de vista tentativo o procesal, más allá de
sus convicciones, renunciar a un instrumento que está abierto en este
momento y que goza desde luego no solamente de la plausibilidad general
de que gozan todos los instrumentos jurídicos al servicio del interés
común, sino que además puede ser un instrumento eficaz para hacer posible
el que si algún riesgo existiera de prescripción este riesgo, al menos,
quedara minimizado o incluso suprimido si de verdad se cree, como yo
creo, que el artículo 31.4, en su actual redacción y en la interpretación
que algunos hacen, es o puede ser manifiestamente nulo de pleno derecho.
(Rumores.)
En este caso, señor Presidente, es bueno recordar que la Ley de régimen
jurídico de las administraciones... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, un momento. Señoras y señores
Diputados, he dicho en varias ocasiones que si desean intercambiar
criterios o hablar entre ustedes, hagan uso de su palabra particularmente
fuera de la sala. Si no es absolutamente imposible seguir la locución del
orador. Señor Eguiagaray, le ruego continúe.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una
de las mejores leyes sin duda alguna que ha sido aprobada en la
legislatura anterior, en su artículo 62 dispone que serán nulas de pleno
derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución,
las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, entre
otras las que regulen materias reservadas a la ley. No estoy hablando,
por lo tanto, de una legislación preconstitucional, estoy hablando de una
legislación administrativa, sin duda como todas discutible, pero en todo
caso la que en este momento está en plena vigencia.
Igualmente es concordante con esa disposición del artículo 62 de la Ley
30/1992, el artículo 51 de la propia ley u otros artículos, como el 23,
el 26, el 28 de la Ley de régimen jurídico de la Administración del
Estado, que, por cierto, todos ellos son perfectamente concordantes, como
no podía menos de ser, con el artículo 9 de la Constitución española.
Principios y artículos todos ellos que hacen referencia a cosas serias, a
cosas como el principio de jerarquía normativa, a los principios de
legalidad, a los de reserva de ley, esto es, a que la Administración no
puede dictar disposiciones contrarias a las leyes ni regular, salvo
autorización expresa de una ley, aquellas materias que sean de la
exclusiva competencia de las Cortes Generales.
¿Qué es lo que ocurre en el ámbito tributario? El artículo 10 de la Ley
General Tributaria, en su letra d), señala que será por ley como se
regulen en todo caso los plazos de prescripción o de caducidad y también
su modificación. Y al amparo del principio de reserva de ley, el
instituto de la prescripción se regula en los artículos 64 y 65 de la Ley
General Tributaria, a la vez que el artículo 66 determina las causas que
interrumpen los plazos de prescripción. Adicionalmente, en la propia Ley
General Tributaria, el artículo 150.2 señala que la inobservancia de los
plazos por la Administración no implicará ni siquiera la caducidad de la
acción administrativa; en cambio dará derecho, eso sí, a que los
ciudadanos reclamen en queja por el no cumplimiento de los plazos
establecidos.
Todo esto lleva a la conclusión de que, especialmente tras la
interpretación que tras aproximadamente diez años de aplicación
relativamente pacífica del artículo 31.4 del reglamento de la inspección,
en una suerte de equilibrio entre lo que son los principios de seguridad
jurídica de los ciudadanos y los principios de seguridad jurídica no
solamente de los ciudadanos afectados interesados, contribuyentes
afectados, sino los de seguridad jurídica que afectan a todo el conjunto
de ciudadanos, esto es, a todos los españoles, contribuyentes o no
contribuyentes, afectados o no por un expediente, se hubiera llegado a
una suerte de equilibrio. La Hacienda no puede dormirse en sus laureles
pero al mismo tiempo no puede interpretarse el artículo 31.4 de tal
manera que lo que no está dispuesto en la Ley General Tributaria para que
produzca la prescripción, un reglamento lleve a la conclusión de que se
ha producido la prescripción.
En ese marco de reflexión general, y sin duda alguna también por mor de
las tantas veces citada y no por ello inmerecidamente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Orden de 12 de diciembre de 1960 sigue siendo
derecho aplicable, y derecho aplicable que es el que permite precisamente
la declaración de nulidad de las disposiciones de carácter general. La
vigencia de esta orden ministerial, orden que al señor Vicepresidente del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda le debe producir un espasmo
especial, de acuerdo con sus manifestaciones en el último Pleno del
Congreso de los Diputados, pero que está salvada por la disposición
derogatoria tercera de la Ley 30/1992.
Pues bien, de acuerdo con esa orden ministerial, orden del año 1960, de
cuya vigencia no hay dudas ni en la doctrina ni en quienes analizaron
cuáles serían las normas que subsistirían en vigor cuando la Ley 30
entrara efectivamente a ser derecho aplicable, hay un procedimiento
posible, que es el procedimiento que acreditaría el que no solamente el
debate político lo reduciríamos a aquello que debe ser el debate
político, el debate entre el Gobierno y la oposición, e incluso entre el
actual Gobierno y el anterior Gobierno, o entre la actual oposición y la
anterior oposición, como quieran ustedes, señores del Partido Popular.
Pero los intereses de la Hacienda pública no los hacemos decaer porque
hagamos primar algunos intereses, a los que se les atribuye poco menos
que el rango de derechos generales y derechos fundamentales de los
ciudadanos, frente a otros derechos, que son a mi juicio mucho más
importantes, que son los de todos los ciudadanos a que las reclamaciones
instadas y planteadas ante los tribunales por la Hacienda pública en el
pasado, en virtud de las interpretaciones permanentemente establecidas y
permanentemente mantenidas por la Administración tributaria, por los
tribunales de Justicia y por la doctrina administrativa sustancialmente,
salvo el último período, sigan defendiéndose por todos los medios
procesales más allá de cuál sea la intención del Grupo Popular y de otros
grupos políticos sobre el futuro de la reglamentación de la Hacienda
pública y del funcionamiento de los procedimientos de gestión.
Señor Presidente, lo que quiero decir es que aquí hay un debate político
que lo hemos hecho unas diez o doce veces, y me temo que seguiremos
haciéndolo. Hay otro debate que es diferente. Sin duda alguna los dos
están conectados. Cualquiera sabe que la defensa de los intereses de la
Hacienda o la defensa de los intereses jurídicos del Estado, incluso de
los valores económicos que el Estado tiene la obligación, a mi juicio, de
seguir defendiendo, se hace utilizando los recursos jurídicos que están a
mano, aquellos que la legislación vigente autoriza y permite. No pido más
que éstos se utilicen y se utilicen hasta el final.
Yo creo que hay un debate político que es sobre si el pasado pudo ser
mejor de lo que fue, y ése es un debate político. Hay otro debate
político mucho menos glorioso, que es el debate sobre acusaciones de
delito. Pero no quiero en este momento, salvo que el señor
Martínez-Pujalte me obligue a ello, entrar en eso, ni siquiera en
réplica. Lo que quiero es tratar de distinguir entre lo que me parece
razonable y lo que creo que debiera ser el objeto de una eventual
aproximación a una posición de acuerdo.
Señor Martínez-Pujalte, si me permite que me dirija a usted en este
momento, a mí me parece razonable que ustedes defiendan tesis políticas
contra un Gobierno al que ustedes se opusieron como oposición y al que le
juzgan responsable político de no sé cuántos males. Pero lo que creo es
que no tienen ustedes el derecho a que la responsabilidad que ustedes le
atribuyen políticamente a un gobierno se ponga de manifiesto en forma de
renuncia a la utilización de los procedimientos jurídicos que están a
disposición de la actual Administración y del Gobierno de la nación para
defender intereses de la Hacienda pública.
Dicho de otra manera, según sus palabras o en los términos en los que
ustedes han puesto el debate, hacer que 200.000 millones de pesetas sean
200.000 millones a los que ustedes puedan renunciar porque favorezcan,
mediante la no utilización de procedimientos jurídicos, una posible
instauración de la doctrina según la cual esos expedientes han prescrito,
cuando es público y notorio que
hoy no han prescrito, puesto que si no no tendría sentido ni la
declaración de lesividad ni el que hubiera recursos ante los tribunales
alrededor de esas cuestiones, si todo eso es así, señor Martínez-Pujalte,
yo no les pido que se conviertan a las tesis del Partido Socialista, lo
único que les pido es que el Gobierno no renuncie, como hoy está
renunciando, para hacer triunfar sus tesis, esto es, para favorecer el
que antes o después se imponga una determinada doctrina, que renuncien a
aquello que hoy está en su mano utilizar, que son todos los recursos
jurídicos para hacer que prevalezcan los intereses generales de la
Hacienda.
En el año 1994 el servicio jurídico de la Agencia Tributaria, en un
dictamen cuyo conocimiento hoy es público y que --por cierto-- hasta
ahora curiosamente no había trascendido, dictamina no solamente que la
doctrina que ustedes han esgrimido hace tiempo de que ya en fecha tan
temprana como el año 1991 la Dirección General de Tributos ya había
puesto de manifiesto la tesis de la prescripción de los expedientes, sino
que ratificando aquel dictamen de la Dirección General de Tributos,
solamente que referido a una cuestión radicalmente diferente, el servicio
jurídico de la Agencia Tributaria dice, y ratifica a todos aquellos que
le plantean la duda sobre qué hacer ante las discusiones jurídicas que ya
se estaban produciendo, que no sólo algunas sentencias, sentencias, que
no resoluciones, de tribunales superiores de Justicia y de tribunales
contencioso administrativos en general, son radicalmente inadecuadas,
sino que es preciso seguir defendiendo por todos los medios oportunos, en
casación, y en casación para unificación de doctrina, exactamente la
misma tesis, la tesis de la no prescripción. ¿Basado en qué argumentos?
En los mismos argumentos que machaconamente y para su aburrimiento vengo
sosteniendo y seguiré sosteniendo, no porque me entusiasme especialmente
sostener lo que estoy dispuesto a aceptar que ya aburre hasta a las
ovejas, sino porque estoy convencido de que solamente diciendo unas cien
mil veces la misma cuestión será posible poner de manifiesto no solamente
el que ésta ha sido la doctrina unánime administrativa, la doctrina que
todavía no ha sido desmentida en términos de jurisprudencia de los
tribunales y es la doctrina que mejor defiende los intereses generales de
los españoles, esto es, los intereses en este caso de la Hacienda
pública.
Señor Martínez-Pujalte, mi optimismo sobre la humanidad es tan infinito
que sigo creyendo en que todavía más allá de los rifirrafes políticos hay
un cierto lugar para la racionalidad, esto es, para que ustedes sigan
criticándonos todo lo que tengan que criticarnos, pero al menos no hagan
la crítica al Partido Socialista ni al Gobierno anterior sobre la espalda
y sobre los intereses de los españoles, que es el de cobrar aquellas
deudas reclamadas, pendientes ante los tribunales y que además se deben a
presuntos defraudadores, a los que no debiéramos primar en términos de
defensa de sus derechos.
El señor PRESIDENTE: Me satisface enormemente que comparta mi criterio
personal en lo que se refiere al concepto de optimismo, que muchas veces
se confunde con el de esperanza y otras veces con ilusión, ilusión que a
veces puede que pase de la ilusión a lo ilusorio.
A continuación le doy la palabra al señor Martínez-Pujalte, en función de
que por parte del Grupo Popular ha sido formulada una enmienda a esta
proposición no de ley, y para la defensa también de la enmienda formulada
por ustedes.
Le quiero recordar, señor Martínez-Pujalte, que dados a veces los excesos
verbales que se producen en estas comisiones y que pueden dar lugar a que
se produzcan juicios de valor o inexactitudes sobre la conducta de un
Diputado, la dignidad o el decoro de un grupo parlamentario --con lo cual
incurriríamos en un supuesto del artículo 71 del Reglamento, a un turno
de breve manifestación por alusiones-- que se abstenga de realizar, a ser
posible, este tipo de declaraciones, sin perjuicio de que pueda defender
con todo el calor de que sea posible y sea usted capaz --y yo estoy
además convencido de que lo hará-- tanto la enmienda formulada por su
grupo como la proposición no de ley que ha sido formulada por ustedes.
Tiene usted la palabra, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, tendré muy en cuenta
sus palabras para realizar mi intervención en los límites que ha
expresado, aunque sí es verdad que tengo que contestar a otra en la que
repetidamente se ha hecho alusión a mi nombre y que iba dirigida
expresamente a mí. Por tanto, tengo que defender mi enmienda, contestar
los argumentos que se han dado y además defender la proposición no de ley
que ha presentado mi grupo.
Cuando se habla de deudas tributarias, se citan unas actuaciones, en el
caso de las actuaciones inspectoras, donde se realiza una notificación al
contribuyente, posteriormente se abre un proceso de instrucción, se incoa
un acta, de conformidad o disconformidad, y se levanta. El contribuyente
tiene 22 días para efectuar las alegaciones pertinentes si el acta es en
disconformidad y la Administración tiene un tiempo para responder a esas
alegaciones y hacer la liquidación pertinente. El reglamento general de
inspección establece que ese tiempo sea de un mes y el artículo 31.4
decía que a los seis meses decaían las actuaciones y no se interrumpía la
prescripción de los hechos imponibles. Si eso no sucedía, esa deuda
tributaria liquidada se pasaba al cobro y el contribuyente la pagaba.
Ahora mismo hay que emplear mecanismos jurídicos para intentar cobrar,
porque todas esas actas están en los tribunales y hay que ir a los
tribunales a intentar cobrar esas actas, porque la Administración
tributaria incurrió en retrasos injustificados que hicieron que se
perdieran unos dineros --hoy no están en las arcas públicas--, que
ascienden a 202.000 millones de pesetas, perjudicando por tanto
gravemente los intereses de la Hacienda pública.
Voy a procurar centrarme en lo que es la defensa de la proposición no de
ley en la posición de mi grupo respecto a la proposición no de ley del
Grupo Socialista. Señor Eguiagaray, yo no entiendo muy bien su
proposición no de ley (Rumores.) y a lo mejor es bueno que nos la
explique. ¿Cuáles deben ser los
plazos que debe tener la Hacienda pública para las actuaciones
inspectoras? (Un señor Diputado: Explícaselo, explícaselo.) ¿Cuáles deben
ser los plazos que debe tener la Hacienda pública para realizar las
inspecciones y cuál debe ser el plazo por el cual prescriban las
actuaciones inspectoras si se interrumpen injustificadamente? Usted decía
que estábamos debatiendo cuáles deben ser los plazos, si es posible
declarar nulo con carácter retroactivo el artículo 31.4 y también por qué
ha pasado esto, pero yo creo que también hay que introducir en este
debate, señor Eguiagaray, cuál es la intención del Grupo Socialista en
torno a cuáles deben ser los plazos en las actuaciones inspectoras,
porque aquí nos podemos encontrar con un debate en el que ustedes están
pidiendo declarar nulo el único plazo que existe actualmente para llevar
a cabo las actuaciones inspectoras. ¿Usted cree que es razonable que no
exista ningún plazo? ¿Cree que es razonable que la Inspección de Hacienda
no tenga ningún plazo para llevar a cabo las actuaciones inspectoras?
¿Cree que es razonable que los ciudadanos españoles desde ahora hacia el
futuro no tengan ninguna garantía en el plazo en que la actuación
inspectora puede interrumpir sus actuaciones? ¿Cuál es la voluntad al
plantear esa proposición no de ley? ¿Es intentar cobrar lo pasado
declarando nulo un artículo e inmediatamente poner en el ordenamiento
jurídico otra vez un plazo para que los ciudadanos de cara al futuro
tengan garantías, todos los ciudadanos, no los afectados por ese número
de expedientes, que han sido perjudicados por estar en los cajones las
actas más de seis meses? ¿Usted cree que es razonable que todos los
ciudadanos, de cara al futuro, cuando se enfrenten a una actuación
inspectora no tengan ningún plazo? Porque eso es lo que se contiene en
esta proposición no de ley del Grupo Socialista, declarar nulo un
artículo, por tanto, eliminar el único plazo que existe. Desde luego, mi
grupo cree que es bueno que existan los plazos. En el proyecto de ley de
derechos y garantías del contribuyente establecemos un plazo para todo el
conjunto de la actuación inspectora, que es de doce meses y establecemos
un plazo para la no interrupción de las actuaciones inspectoras, de seis
meses. Hay algún otro grupo de esta Cámara que ya ha manifestado que es
bueno que ese plazo de seis meses pase a ser de cuatro para mejorar el
conjunto de garantías de los ciudadanos hacia el futuro.
¿Aquí estamos hablando de eliminar los plazos con carácter retroactivo y
luego inmediatamente volver a ponerlos? ¿Es eso, señor Eguiagaray?
¿Estamos hablando de emplear la argucia legal de declarar nulo un
artículo para poder cobrar unas actas perjudicadas por la torpeza de la
Administración tributaria anterior? Es bueno saber de qué estamos
hablando, cuál es la intención política de esta proposición no de ley. Yo
creo, señor Eguiagaray, que cada grupo tiene el derecho de realizar las
actuaciones políticas que crea convenientes. A mí me parece también que
es bueno que la opinión pública y que las señoras y señores Diputados
sepan que con esta actuación del Grupo Socialista lo que se está
intentando es restar eficacia a una comisión de investigación abierta en
esta Cámara, a una comisión de investigación que aprobó el Pleno de esta
Cámara para señalar las responsabilidades políticas, si hubiera lugar,
por los retrasos injustificados de unas actas, y además plantear cuantas
reformas sean necesarias para que se mejore la eficiencia de la
Administración tributaria y para que los hechos que tuvieron lugar en el
pasado no vuelvan a suceder en el futuro. Aquí el Grupo Socialista está
intentando echar cortinas de humo trayendo este debate una y otra vez a
foros distintos de la comisión de investigación, sea al Pleno, sea a la
Comisión de Economía, para, trasladando el debate, impedir que la
comisión de investigación realice sus trabajos con eficacia, con
eficiencia, se puedan señalar las responsabilidades políticas a que
hubiera lugar y además proponer cuantas medidas sean necesarias para
mejorar el funcionamiento.
Es verdad que mi grupo tiene la voluntad clara de intentar cobrar todo lo
cobrable, llegando hasta la última instancia para cobrar hasta la última
peseta. De hecho, ya no ha lugar al segundo punto de la proposición no de
ley que ustedes han presentado, porque ya se ha cumplido. Piden que el
Gobierno inicie de forma inmediata los trámites y procedimientos que
permitan declarar nula la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de 16 de diciembre. Lo dijo el secretario de
Estado en su comparecencia y ya lo ha hecho el Gobierno. Esa declaración
de lesividad de la resolución del TEAC, anunciada por el secretario de
Estado en su primera comparecencia, fue llevada a cabo en plazos cortos y
además rompiendo una tradición de lo que había sucedido hasta ahora
--declaraciones de lesividad desde luego no eran frecuentes en la
Administración española--. El Gobierno está haciendo todo lo posible por
intentar cobrar esas deudas, deudas producidas por la negligencia e
irresponsabilidad en la defensa de los intereses de la Hacienda pública
del Gobierno socialista anterior. Y ahora dicen: nunca ha existido el
artículo 31.4, nunca ha existido, ése es el gran argumento. Declárenlo
nulo, no para quitarlo de ahora hacia delante, sino porque nunca ha
existido. Un ministro del Gobierno socialista fue el que hizo el
reglamento. (El señor Eguiagaray Ucelay: Los reglamentos los hace el
consejo.) Ese reglamento se llevó al Consejo de Estado firmado por un
ministro de un gabinete socialista. El Consejo de Estado hizo
observaciones a un montón de artículos, no precisamente al 31.4. Once
años ha estado aplicándose ese artículo del reglamento a decenas y
decenas de contribuyentes, a miles de contribuyentes. Se han aplicado los
plazos que ese reglamento estipulaba miles y miles de veces y hay decenas
de sentencias que han basado su fallo en ese artículo del reglamento, sin
decir que era nulo. Es más, en el Supremo, en su primera sentencia, de
cinco magistrados reunidos, cuatro de ellos dijeron que ese artículo no
era nulo, que era válido; uno de ellos manifestó que podía ser declarada
su nulidad, pero ese mismo magistrado posteriormente, en una sentencia,
refiriéndose a otro plazo pero al mismo artículo, dijo que ese artículo
era válido y lo aplica y fundamenta su sentencia en ese artículo.
Aquí estamos debatiendo lo que ustedes quieran, porque ustedes han traído
este asunto a la Cámara y podemos estar debatiendo una y otra vez qué
está haciendo el Gobierno actual por cobrar. Estamos haciendo todo lo
posible, estamos yendo a todas las instancias posibles, estamos poniendo
todos los medios posibles para cobrar, para no perjudicar a la Hacienda
pública, pero ¿no hubiera sido más sencillo cobrarlo en su tiempo? (El
señor Eguiagaray Ucelay: No ha prescrito.)
Dice usted, señor Eguiagaray, que no ha prescrito. Todas las sentencias,
una tras otra, van diciendo que sí ha prescrito, todas las sentencias,
una tras otra. Y nosotros vamos a los tribunales, ponemos recursos y los
jueces nos dicen: ha prescrito, porque el artículo 31.4 decía que ustedes
tenían obligación de responder en el plazo de seis meses. Y no se
respondía, esas actas permanecían en los cajones. Eso produjo un efecto
discriminatorio de unos ciudadanos frente a otros. Mientras que a miles y
miles de ciudadanos se les aplicaban los plazos con rigurosidad y pagaban
sus deudas tributarias, hay algunos que no las pagaban, y todavía el
Grupo Socialista no ha dicho ni una sola vez, señor Eguiagaray, y a lo
mejor lo tienen que decir, por qué sucedía eso, por qué se discriminaba a
unos ciudadanos frente a otros, por qué en la Oficina Nacional de
Inspección, oficina de élite, donde se inspeccionaba a los contribuyentes
con más de 10.000 millones de facturación, el 50 por ciento de las actas
en disconformidad están perjudicadas. Y usted no ha dicho todavía ni una
sola vez una razón por la que esto sucedía.
Señorías, mi grupo desde luego no es el que está trayendo estos debates a
la Cámara, ni a la Comisión de Economía ni al Pleno. Nos gustaría que
estos debates estuvieran centrados en la comisión de investigación, que
es lo que el Pleno aprobó, pero una y otra vez el Grupo Socialista y el
Grupo de Izquierda Unida están haciendo que ese debate se traslade a
otros foros para tapar la eficacia en los trabajos de la comisión de
investigación. Mi grupo, señor Eguiagaray, hablará de este tema cuantas
veces ustedes lo planteen, pero cuantas veces ustedes lo hagan diremos
que fue la torpeza, la negligencia o la intencionalidad del Grupo
Socialista la que dañó los intereses de la Hacienda pública en 202.000
millones de pesetas; que fue la incapacidad del Gobierno socialista en
defender los intereses de los ciudadanos la que está haciendo que el
Gobierno actual tenga que emplear mecanismos legales para intentar
recuperar algo de ese dinero perjudicado, porque ustedes no lo cobraron
en su tiempo.
Mi grupo quiere que se investigue, mi grupo quiere que se sepa la verdad,
mi grupo quiere que se intente cobrar todo lo cobrable y queremos además
que esto no suceda en el futuro. Por eso hemos presentado una enmienda a
su proposición no de ley, señor Eguiagaray, que no sé si usted aceptará,
donde proponemos medios para que la Administración sepa si puede iniciar
la declaración de nulidad de ese artículo. Hemos presentado una enmienda
pidiendo a la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Estado que
haga un informe completo y que lo envíe a la Cámara. Hemos presentado
además una enmienda que contiene otros puntos para que esto no suceda en
el futuro y hemos presentado una proposición no de ley donde pedimos que
el reglamento general de inspección se vaya adecuando a lo que tiene que
ser la ley de derechos y garantías del contribuyente. Queremos instar al
Gobierno a que haga con celeridad ese estudio para que cuando entre en
vigor la mencionada ley se reforme cuanto antes el reglamento general de
inspección para que la hacienda pública cobre lo que tiene que cobrar,
para que los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los gastos
públicos con equidad y con justicia, pero además para que los ciudadanos
tengan un marco legal de derechos y garantías, que es el fundamento del
Estado de Derecho, que es el fundamento de las libertades de los
ciudadanos. Nosotros creemos que es bueno que la Administración también
esté sometida a plazos, que la Administración esté sometida al régimen
administrativo, que no sólo lo estén los ciudadanos. Por eso hemos hecho
ese proyecto de ley y por eso entendemos que su proposición no de ley
está planteando un tema muy difícil y es: anulen el artículo para cobrar
algo de lo que se perjudicó por torpeza, negligencia o intencionalidad, y
luego pongan otra vez plazos para que en el futuro los contribuyentes
tengan garantías.
Espero que el Grupo Socialista diga si acepta o no nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, no porque usted lo diga,
sino porque lo dice el Reglamento, se lo preguntaré más tarde, cuando
acabe el debate, al señor Eguiagaray.
Por parte del Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Con mucha brevedad, porque mi grupo ha
consumido todos los espacios posibles, razonables y convenientes en el
Parlamente para hablar de este tema. Hemos hablado ya demasiado de este
asunto. Desde que se ha creado la comisión de investigación para analizar
la situación de los expedientes supuestamente prescritos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria se han abierto debates con
interpelaciones, mociones, proposiciones de ley, con solicitud de
comparecencias --como la del secretario de Estado de Hacienda--, debates
para la creación de la propia comisión y por lo tanto mi grupo
parlamentario ha dicho ya todo lo que tenía que decir. Creo que el resto
de los debates debe tener lugar dentro de la comisión de investigación y
no fuera y desde luego vamos a votar de ahora en adelante siempre en
contra a cualquier iniciativa que tenga relación con el objeto de la
comisión de investigación.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, mi grupo quisiera ratificar las
palabras que ha dicho el Presidente de la comisión de investigación.
Estamos absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Jon
Zabalía: no deberíamos abordar más esta materia hasta que la comisión de
investigación no concluya sus trabajos. Por lo tanto, señor Presidente,
mi grupo pide a los dos grupos que retiren las dos proposiciones no de
ley que hay en debate, y si no lo hacen, señorías, provocan que los demás
grupos parlamentarios tengamos que pronunciarnos antes de poder concluir
los trabajos de la comisión de investigación.
Me ratifico, repito, en todos los extremos que ha señalado en estos
momentos el Presidente de la comisión de investigación. Como no quiero
demorar más este debate, señor Presidente, concluyo ahí mi intervención,
a pesar de
que si se tramitan las dos proposiciones no de ley que tenemos sobre la
mesa, habrá que revisar un poquitín la redacción de la proposición no de
ley que ha presentado el Partido Popular, toda vez que se remite a un
proyecto de ley cuya tramitación todavía no ha concluido en la Cámara y
tendremos que retocar esa redacción, porque tiene sus complicaciones
instar al Gobierno a adecuar un reglamento a un proyecto de ley, porque
un proyecto de ley puede quedar, señorías, modificado. Tendré en aquel
momento, señor Presidente, el interés de pedir la palabra para ofrecer
alguna mejora de redacción al respecto.
El señor PRESIDENTE: En la medida en que entiendo que por parte del Grupo
Catalán de Convergència i Unió han sido presentadas sendas enmiendas de
totalidad a las proposiciones no de ley formuladas tanto por el Grupo
Socialista como por el Grupo Popular, en razón de la tramitación que
venimos solicitando, posteriormente someteré si se admiten o no se
admiten a tramitación estas enmiendas de devolución que se han sometido a
la consideración de la Comisión por parte del señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Ha sido un ruego solamente, señor Presidente. Ha
sido un ruego que puede ser aceptado, claro está.
El señor PRESIDENTE: Bien, pero hemos de darle el trámite correspondiente
si queremos que...
El señor HOMS I FERRET: Pero no impositiva sino voluntariamente.
El señor PRESIDENTE: Sabemos, señor Homs, que usted además de seny tiene
auctoritas en esta Comisión y en el Congreso de los Diputados en general,
y por supuesto sus ruegos, y desde luego esta Presidencia los asume, son
órdenes en cuanto a la tramitación correspondiente.
Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Nuestro grupo evidentemente votará que sí a esta
proposición no de ley. Coincide con las intervenciones que hemos hecho en
la interpelación y en la defensa de la moción del martes. No voy a
repetir los argumentos que hemos formulado extensamente en días
anteriores. Simplemente me quería detener en la motivación que el Partido
Nacionalista Vasco introdujo el martes para decir que votaría que no a la
moción y que hoy tanto para el Partido Nacionalista Vasco como
Convergència i Unió han utilizado como argumento fundamental. Vienen a
decir: mientras que la comisión no acabe aquí no podemos decidir nada
sobre todo esto.
Quiero rogar que se lean el objeto de la comisión. El objeto de la
comisión es esclarecer los hechos denunciados, no es sustituir al
Gobierno en estos momentos en la defensa de los intereses generales. Por
lo tanto, ni en la interpelación que nuestro grupo planteó ni hoy en la
proposición no de ley del Grupo Socialista hay ni un solo punto de
contacto con el objeto de la comisión, sino que lo que estamos haciendo
es impulsar a que el Gobierno, como en parte está haciendo, defienda los
intereses generales de la Hacienda pública. Por ese motivo nosotros vamos
a votar que sí. No se puede decir con seriedad que el Gobierno deje de
hacer cosas para defender los intereses generales de la Hacienda hasta
que la comisión acabe los trabajos. Los trabajos de la comisión han de
ser fundamentalmente --insisto-- para esclarecer los hechos, ver
responsabilidades, proponer nuevas fórmulas de actuación, pero ni la
comisión sustituye al Gobierno en la defensa de los intereses generales
ni el Gobierno puede estar pasivo tres o cuatro meses esperando a que la
comisión acabe los trabajos. La comisión tiene un objeto, esclarecer los
hechos, y el Gobierno tiene otro, defender hoy los intereses generales de
la Hacienda pública. Por tanto, esta proposición no de ley es adecuada y
la votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, por parte del Grupo Socialista, a
efectos de aceptar o no la enmienda que le ha sido formulada por el Grupo
Popular en relación a su proposición no de ley y en relación a si admite
o no a trámite la enmienda oral que formula el Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene usted la palabra.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Empezaba yo mi intervención, que creo que era
coincidente con un cierto sentido de optimismo de la voluntad, imaginando
que el mundo podía ser mejor de lo que es e imaginando que además podía
caber un cierto espacio para la racionalidad, para que el debate político
tuviera su espacio, de contradicción incluso, pero que la contradicción
no se hiciera sobre las espaldas de la Hacienda pública. Por las
argumentaciones y por los planteamientos alternativos, veo que este
optimismo, en el que no le quiero de ninguna forma involucrar, señor
Presidente, no es compartido por todos en esta Cámara. Yo lo lamento,
seguiré pensando que alguna vez estas cosas ocurrirán.
En todo caso, el señor Martínez-Pujalte me invitaba a que explicara un
montón de cosas en relación con los planteamientos que había hecho. Casi
tengo la tentación de responder a su ruego de que yo lo explique (Varios
señores Diputados: ¡No, no!), pero he apreciado que, aparte de usted, el
resto no desearía en absoluto que yo atendiera su solicitud. Por lo
tanto, señor Martínez-Pujalte, sin que esto lo tome usted como
descortesía, ni hacia usted ni hacia su grupo parlamentario, muchísimo
menos hacia el resto de los grupos, estoy convencido de que no necesitan
ninguna aclaración adicional a lo que he dicho. Es más que diáfano y
notorio por qué he dicho lo que he dicho, por qué sostengo lo que
sostengo y por qué al mismo tiempo no puedo aceptar, porque me parece que
es unirlo a lo que ya es bastante errado, un nuevo error. En este
sentido, si su propuesta de texto alternativo en relación con lo que hay
que hacer es la que ustedes han presentado, la someten a votación y la
aprueban --para eso tienen votos y apoyos--, habremos consumado, me
parece, un nuevo error, que significa no solamente convertir el pasado en
un análisis hecho con los criterios que ustedes tienen para el futuro,
sino al
mismo tiempo renunciar definitivamente a defender los intereses de la
Hacienda pública.
El señor PRESIDENTE: En relación a que se tramite la enmienda formulada
por parte del Grupo Catalán, ¿está usted de acuerdo en que se tramite a
efectos formales, la acepte luego o no la acepte?
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Sin duda. Yo siempre estoy de acuerdo en que
se tramite todo.
El señor PRESIDENTE: Y entiendo que no la acepta, evidentemente.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Sin duda.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿acepta usted la enmienda
formulada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, en su tramitación,
y luego, si admiten ésta, ya dirán si la aceptan o no la aceptan,
evidentemente?
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, sí. También habría que
decir que...
El señor PRESIDENTE: No, también no, sólo eso.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: La admitimos, como no podía ser de otra
manera, a trámite y retiraremos nuestra proposición no de ley en la
medida en que el Grupo Socialista también lo haga, porque nosotros
entendemos...
El señor PRESIDENTE: Es que aquí no hay condicionantes, la retira o no la
retira. No me diga usted que la retira en función de lo que haga otro
grupo con otra proposición no de ley que no tiene nada que ver con la
suya en principio.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, estamos debatiendo dos
proposiciones no de ley a la vez y mi grupo entiende que o se retiran las
dos o desde luego mi grupo no retirará la suya. Si el Grupo Socialista
acepta que este tema se circunscriba a la comisión de investigación, mi
grupo aceptaría retirar las dos enmiendas en su conjunto. Si no, mi grupo
propone al portavoz de Convergència i Unió que nos haga esa enmienda
transaccional a nuestra proposición no de ley. (El señor Homs i Ferret
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, entiendo que se remite, además de al
artículo 72 del Reglamento, al 72 bis. Tiene usted la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Para una cuestión de orden. Yo solamente he hecho
una propuesta, cuyo alcance abarca las dos proposiciones no de ley. Se
trata de que ambas se retiren. Si se admite a trámite, que se someta a
votación que ambas se retiren. No estoy planteando o una o la otra; estoy
diciendo las dos. Si se admite, que se vote la propuesta, en el sentido
de que ambas proposiciones no de ley se retiren. (El señor
Vicepresidente, Martínez Sanjuán: ¿Cómo se va a votar eso?)
El señor PRESIDENTE: Evidentemente y por mucho que usted quiera reclamar
cuestiones de orden, usted habla de un hipotético Reglamento de la Cámara
que no existe, y en este caso yo comparto también la ilusión del señor
Eguiagaray en cuanto a lo que pueda significar la utopía
generalizadamente, y más aún en los tiempos primaverales que
evidentemente invaden nuestros corazones y me temo que también nuestras
cabezas. No estamos en ese momento oportuno, señor Homs, lo siento mucho.
Las enmiendas no se votan, se votan las proposiciones no de ley, bien con
el texto presentado, bien con las enmiendas, aceptadas o no.
Entiendo que por parte del señor Eguiagaray no se admite la enmienda de
devolución, en el sentido de que se mantiene en sus estrictos términos la
proposición no de ley en el texto que ha sido formulado, sin admitir
ninguna enmienda, y que, por consiguiente, el señor Martínez-Pujalte
mantiene su proposición no de ley en los estrictos términos en que ha
sido formulada, sin lugar a ningún tipo de enmiendas ni adiciones al
respecto. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Señor Martínez-Pujalte, dígame.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, el portavoz del Grupo
de Convergència i Unió ha dicho que en caso de no admitirse la devolución
haría una enmienda in voce o una mejora del texto que hemos presentado y
nosotros queremos conocer cuál es el texto que quiere presentar el
portavoz del Grupo de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, tiene usted la palabra. Me temo que
usted no quiere presentar ningún texto alternativo, ¿no es así?
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, si usted nos ayuda a
simplificar la tramitación de esas dos proposiciones no de ley, iremos
más rápido.
Mi grupo ha hecho un ruego, no había hecho una enmienda. Usted ha
convertido un ruego en una enmienda de devolución. Yo se lo agradezco, ha
clarificado usted el procedimiento de la enmienda de devolución instada
en un ruego.
Ahora, atendida ya la posición de todos los grupos y puesto que vamos a
votar las dos proposiciones no de ley, mi grupo, a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, quiere hacerle notar, señor
Presidente, que la redacción de los dos puntos debe ajustarse, porque el
punto primero habla de estudiar la reforma
necesaria para adecuar el reglamento general de inspección al proyecto de
ley de derechos y de garantías del contribuyente, y, señor Presidente,
dicho proyecto de ley está en trámite parlamentario y puede ser objeto de
modificación. Por lo tanto, yo propongo que en lugar de que se hable de
estudiar la reforma necesaria para adecuar el reglamento general de
inspección al proyecto, se diga a lo que establezca la futura ley de
derechos y garantías del contribuyente y a las conclusiones de la
comisión de investigación. Y en el segundo punto hagamos el mismo
ejercicio. Al final, cuando habla de los plazos establecidos en el
proyecto de ley, que diga en los plazos que establezca la futura ley de
derechos y garantías del contribuyente y las conclusiones de la comisión
de investigación.
Esta es la enmienda in voce que presento en estos momentos a la
proposición no de ley del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Mire usted, señor Homs --y no es por espíritu en
absoluto dialéctico ni de discusión particularmente con usted--, al
socaire de tramitaciones reglamentarias, al socaire de formalismos
reglamentarios, no quieran hacer comulgar a la Mesa con ruedas de molino.
Si ustedes quieren llegar a acuerdos con diferentes grupos
parlamentarios, díganlo sin más, pero si quieren aceptar y seguir el
Reglamento, presenten enmiendas adecuadamente con seis horas de
antelación al momento en que vaya a ser objeto de debate la proposición
no de ley correspondiente y cumpliremos el Reglamento.
Que ustedes no lo quieren hacer así, perfectamente. Pero no quieran desde
luego confundir a esta Mesa, confundir a esta Presidencia en relación a
lo que significa la tramitación reglamentaria.
¿Algún grupo, de acuerdo con la doctrina que se viene sentando en las
discusiones en esta Comisión, quiere establecer o se opone a la
tramitación de la enmienda oral que ha sido formulada por el Grupo de
Convergència i Unió?
El señor Eguiagaray manifestó que no se opone nunca y en absoluto a que
se tramiten las enmiendas orales que se formulan por los demás grupos
parlamentarios, y entiendo que quiere hacer lo mismo en relación con
ésta. ¿O no es así, señor Eguiagaray?
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, a mí me gustaría ser
enormemente liberal en este tipo de cuestiones, a la vez que advierto que
es una responsabilidad que dejaré en manos de la Mesa, no como
planteamiento del grupo parlamentario.
Yo veo un riesgo en que cuando se plantean dos proposiciones no de ley,
alternativas sin duda alguna, posteriormente, cuando un grupo no puede
votar, aparentemente porque encuentra obstáculos, sean formales o de
contenido, a una de ellas, y sin haberse tomado el previo esfuerzo por
encontrar otro tipo de soluciones, tratemos aquí de hacer un apaño. Y lo
digo no porque en estos momentos no me merezca un enorme respeto incluso
las posiciones que ha mantenido el señor Homs, sino por lo que pueda
ocurrir en el futuro. Si al final no sabemos cuál es el procedimiento que
vamos a utilizar, me parece que esto es una forma de falta de seguridad
jurídico-política en la tramitación de proposiciones.
Por lo tanto, yo no quiero ser quien diga que esto no procede. Lo que
creo es que la Mesa --y tendrá desde luego mi aval de antemano y sin
saber lo que vaya a decidir-- debiera sentar un cierto criterio para que
no sea hoy por ti y mañana por mí, sino un cierto criterio que permita
algún grado de seguridad. Porque aunque yo simpatizo con la flexibilidad
y a capacidad de acomodarse de la que el señor Homs hace gala cada día
que tenemos Comisión, sin embargo también me produce una cierta
preocupación el que no importen los procedimientos establecidos en el
Reglamento y que al final se pueda hacer de una proposición no de ley una
cuestión radicalmente distinta de la que se ha planteado. Porque
naturalmente es completamente distinto el sentido jurídico y político que
tiene el decir que una cosa se acomode a lo que se apruebe después en una
ley, que decir que hagamos antes el reglamento de una ley que todavía no
ha sido aprobada, que es lo que dice en este momento la propuesta
alternativa.
¿Cómo no le voy a dar la razón de sentido jurídico, político y común que
tiene lo que dice el señor Homs? Pero por eso mismo es por lo que me
parece que es radicalmente inaceptable, entre otras muchas razones, la
proposición no de ley. Si ahora, por esta vía del acuerdo de una mesa de
café, hacemos una proposición no de ley infumable jurídica y
políticamente, a mi juicio --y perdóneme, señor Martínez-Pujalte, es
solamente en el sentido figurado lo que quiero decir, comulgo en esta
parte de la argumentación con el señor Homs radicalmente--, me parece que
no puede ser, no puede ser que seamos tan flexibles que le cambiemos el
sentido a las cosas.
Pero he dicho antes, y me atengo a ello, que si éste es un criterio de
economía política que conviene llevar a cabo para ésta y para ulteriores
comisiones, yo lo dejo en manos de la Mesa. No quiere ser el Grupo
Socialista en la oposición quien haga de veto, entre otras cosas porque
quizá así esté más legitimado para enfadarse cuando tiene actitudes de
naturaleza equiparable de otros grupos políticos. Entre otras cosas, por
eso. Pero creo que ése debe ser un criterio de la Mesa. Pero que no valga
solamente para esta sesión, que valga para todas.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, la Mesa ha manifestado con
anterioridad su criterio en el sentido siguiente. En principio seguimos y
aplicamos el Reglamento con rigor en lo que se refiere a la presentación
de enmiendas y a su tramitación parlamentaria en esta Comisión. Es decir,
las enmiendas deben ser formuladas a las proposiciones no de ley por
escrito y al menos con seis horas de antelación al momento en que se
celebre el debate correspondiente en la respectiva Comisión. Ahora bien,
si por algún grupo parlamentario se formulare algún tipo de enmienda
oral, de viva voz, en el momento y en el transcurso de los debates, será
sometida a tramitación en el sentido de permitir al grupo proponente que
admita o no los términos de la enmienda oral formulada, es decir, se
modifique el texto de la proposición de ley, siempre y cuando no se
oponga ningún grupo parlamentario a que se tramite de esta forma esta
enmienda oral, de viva voz planteada. Efectivamente, es una
reinterpretación del Reglamento a los efectos de intentar agilizar, de
intentar llegar a acuerdos de la forma más amplia posible entre los
diferentes grupos parlamentarios.
Por consiguiente, lo que usted plantea a la Mesa de que tomemos nosotros
la decisión de la tramitación o no de la enmienda oral formulada no
podemos hacerlo, por cuanto ya es doctrina de esta Mesa en esta Comisión
que sean los grupos parlamentarios quienes manifiesten si se oponen o no
a la tramitación de este tipo de enmiendas.
Señor Homs, tiene usted la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, si el Grupo Parlamentario
Socialista se opusiera a mi enmienda in voce, yo rogaría que el letrado
de la Mesa analizara jurídicamente si la Comisión se puede pronunciar
sobre el texto tal como está planteado, porque no se puede votar una
ilegalidad. Por eso yo he presentado la enmienda in voce, señor
Presidente, porque no puede un Reglamento adaptarse a un proyecto de ley.
Por lo tanto, con ánimos de poder votar un texto que no incurra en una
ilegalidad, he presentado esta enmienda in voce. Si el Partido Socialista
no quiere que se acepte a trámite está en su derecho, pero entonces
estaríamos considerando una cuestión que en sí misma, si la aprobáramos,
estaríamos incurriendo en una ilegalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, la legalidad o ilegalidad, la sanción o
no sanción, dentro del derecho parlamentario, no viene dada por ningún
juez, ni existe ninguna sanción específica al respecto. En definitiva,
nos comportamos de acuerdo con un Reglamento, que cuando no es estricto
en cuanto a los términos que se pueden seguir, su sanción o no se basa en
el acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios, en que se tramite
de una forma o se tramite de otra. Pero únicamente requiere una
unanimidad, no un consenso entre determinados grupos o los grupos que
puedan conformar una mayoría circunstancial o no al respecto; requiere
unanimidad de todos los grupos para que efectivamente se tramite de esta
manera.
Por consiguiente, se lo vuelvo a someter. En principio, y de acuerdo con
el Reglamento, toda enmienda (y enmienda significa cualquier tipo de
modificación al texto de una proposición no de ley) ha de ser formulada
por escrito y con seis horas de antelación al menos al momento en que se
celebre el debate --y el letrado me puede corregir al respecto--, y a los
efectos de intentar llegar a transacciones, a acuerdos, a consensos, de
la forma más amplia posible. Esta Mesa ha entendido y así nos hemos
manifestado, y lo hemos hecho en la anterior proposición no de ley que
acabamos de ver en esta Comisión, de que admitimos la tramitación de
enmiendas orales de viva voz.
¿Qué significa la tramitación de enmiendas orales de viva voz? Significa
pura, lisa y llanamente, que el grupo proponente puede modificar el texto
de su proposición no de ley en función de esta enmienda oral que ha sido
formulada. Ahora bien, en la medida en que no está previsto
reglamentariamente este supuesto, hemos entendido por parte de la Mesa
que sería bueno que ningún grupo parlamentario se oponga a la tramitación
de esta proposición no de ley enmendada de esta forma oral. Porque tiene
razón el señor Eguiagaray en que si no lo hiciéramos así efectivamente
los grupos que no han formulado enmiendas no han podido tener
conocimiento suficiente de la enmienda que ha sido formulada, y por
consiguiente el debate y su posición respecto a esta proposición no de
ley no sería correcta, porque no ha tenido lógicamente el tiempo
parlamentario necesario para poder adecuar su posición al respecto.
Por consiguiente, me reitero. ¿Se opone algún grupo a la tramitación de
la enmienda oral, de viva voz, formulada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular? Reitero que no es un problema de que la pelota
esté en el tejado de la Mesa o en el tejado del Grupo Socialista, es
simplemente que me diga si se opone o no se opone, desde un punto de
vista liso, llano y sin que signifique --esta mesa lo entiende así--
ningún tipo de criterio ni de connotación de política al respecto. Se
trata nada más de tener un precedente, porque me imagino además que será
un problema que se plantee en sucesivas ocasiones a lo largo de las
discusiones en esta Comisión.
Señor Eguiagaray, le ruego simplemente que me diga si se opone o no se
opone a su tramitación.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Sí, señor Presidente, me opongo.
El señor PRESIDENTE: Se opone. Entonces, no ha lugar lógicamente ni
siquiera a que entremos en discusiones ahora, porque lógicamente en
cuanto hay un grupo que se opone a la tramitación de la enmienda la
enmienda no se tramite como tal. (El señor Aguirre Rodríguez pide la
palabra.) Señor Aguirre, tiene usted la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Simplemente para dejar constancia a los
miembros que tienen alguna veteranía en esta Comisión del hecho de que
éste ha sido el procedimiento habitual de esta Comisión y de otras
comisiones de esta Cámara, por recordar, la de Presupuestos. Por lo
tanto, tomamos buena nota de la actitud que adopta el Grupo Socialista en
este momento, que cambia la norma habitual, probablemente no escrita pero
sí habitual y costumbre de estos trámites, con las enmiendas orales in
voce que se pueden producir en los debates. Simplemente dejar constancia
de esta precisión.
El señor PRESIDENTE: Desde luego esta Mesa tiene buena constancia y no
hace falta que se reitere por parte de usted. Evidentemente, es un
criterio que hemos seguido y cualquier grupo es absolutamente libre de
manifestar su oposición o no a la tramitación de las enmiendas orales, es
decir, las enmiendas formuladas fuera del plazo reglamentario para que
sean objeto de tramitación. Por consiguiente, y queda así el objeto del
debate, se someterá posteriormente a votación la proposición no de ley
formulada por el Grupo Socialista en sus estrictos términos y la
proposición no de ley formulada por el Grupo Popular en sus estrictos
términos.
Señor Homs, tiene usted la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, yo ruego a la Mesa y al letrado
que nos diga a los miembros
de la Comisión si podemos aprobar que se adecue el reglamento general de
inspección al proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente.
¿Cómo se puede adecuar un Reglamento a un proyecto de ley? ¿Cómo podemos
votar en esta Cámara eso? ¡Por eso he hecho la enmienda, y por eso el
Partido Popular ha aceptado la enmienda, y por eso yo le ruego al Partido
Socialista que acepte la enmienda! Porque es que, si no, ¿cómo vamos a
poder votar que un reglamento se adapte a un proyecto de ley? Esto es una
ilegalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, estamos debatiendo el texto de una
proposición no de ley. Si ustedes quieren que esa proposición no de ley
se debata en los términos que ustedes proponen, lógicamente presenten una
proposición no de ley al respecto y que siga su tramitación
reglamentaria. Y es más, lamento profunda y enormemente que estemos
debatiendo sobre una tramitación reglamentaria en algo que parece
absolutamente simple.
Señor Zabalía, tiene usted la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, de acuerdo con su
interpretación si un grupo parlamentario se opone a cualquier
modificación, hay que votarlas, ¿no? ¿Es así? A cualquier modificación.
Eso es lo que he entendido.
Bueno, pues entonces yo me voy a oponer a cualquier modificación y pido
que se voten las proposiciones tal como están.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, la interpretación que ha hecho esta
Presidencia de acuerdo con la Mesa es que con respecto a las enmiendas
presentadas fuera del plazo reglamentario, si algún grupo parlamentario
se opone a su tramitación lógicamente no se admite su tramitación
reglamentaria, exclusivamente.
Tengan ustedes en cuenta, señoras y señores Diputados, lo siguiente.
Nosotros estamos aplicando ni más ni menos que lo que se hace en el Pleno
de la Cámara en relación a la tramitación de las proposiciones no de ley.
Las enmiendas que no son formuladas dentro de plazo, si algún grupo
parlamentario se opone a su tramitación reglamentaria, lógicamente no
pueden ser objeto de tramitación, en la medida en que puede verse
afectado algún grupo parlamentario para poder defender adecuadamente los
derechos políticos en su expresión parlamentaria. Lógicamente no podemos
atentar a la defensa que hace el grupo parlamentario desde sus derechos
políticos, como es completamente lógico.
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Yo le ruego, señor Presidente, que abandonemos el
debate de los trámites reglamentarios y de las interpretaciones
reglamentarias y vayamos al contenido. Señor Presidente, usted es el
Presidente de la Comisión de Economía, y el Presidente de la Comisión de
Economía debe entender que esta Cámara no le puede instar al Gobierno a
que adecue un reglamento a un proyecto de ley. Es que es así de obvio. Yo
le ruego al letrado que le instruya a usted de la obviedad que yo le
estoy haciendo ver.
El señor PRESIDENTE: Pero señor Homs, si estamos hablando de textos de
proposiciones no de ley y de tramitaciones reglamentarias. No tiene que
ver nada una cosa con la otra, señor Homs.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, yo pretendía conseguir el
resultado que me parece que es evidente en la discusión entre los grupos
parlamentarios. No quiero hacer más referencias al carácter difícilmente
votable del texto que ha sido presentado por el Grupo Parlamentario
Popular.
Como he dicho al principio que tenía una enorme resistencia a oponerme a
nada, si he ejercido ese derecho es por poner en evidencia hasta qué
punto ese texto es un texto difícil de poder ser votado.
Yo no quiero crear dificultades más allá de las razonables en las
relaciones entre los grupos parlamentarios, y muchísimo menos introducir
tradiciones que estoy seguro de que a todos nos van a beneficiar en el
juego de una Comisión. Por eso, señor Presidente, me parece que, visto lo
que me parece que ha sido bastante evidente, yo quiero retirar mi
oposición a que se pueda tramitar la enmienda in voce del Grupo de
Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿admite usted la enmienda
formulada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió a su proposición no
de ley? Perdón, señor Saura, ¿admite usted la tramitación?
(Asentimiento.) El señor Saura lo admite. ¿La admite usted entonces,
señor Martínez-Pujalte? (Asentimiento.) Queda redactada en esos términos.
Le ruego, señor Homs, que haga pasar a los servicios de la Cámara su
brillante intervención anterior en relación... (El señor Zabalía Lezamiz
pide la palabra.) Señor Zabalía, perdóneme, le ruego me disculpe.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Yo creo que no hablo mucho tiempo, pero creo
que bastante claro. He dicho que se voten las proposiciones no de ley tal
como están.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario
Vasco se opone a que se tramite la enmienda en los términos así
formulados. Por consiguiente, las proposiciones no de ley serán votadas
en los estrictos términos en los cuales han sido formuladas.
--RELATIVA A LA PRESENTACION EN BRUSELAS DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE
RENOVACION URBANA (URBAN) DE LA BAHIA DE PASAJES (GUIPUZCOA). PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000391.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
consistente en la proposición no de ley relativa a la presentación en
Bruselas del programa estratégico de renovación urbana (Urban) de la
bahía de Pasajes
(Guipúzcoa), a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya
defensa tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La presentación de esta proposición no de
ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista responde a los fondos
estructurales que tiene establecidos la Unión Europea. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Cortajarena. Ruego a las señoras y
señores Diputados que si quieren intercambiar criterios, opiniones, o
bien simplemente necesidad de charlar entre ustedes, lo hagan fuera de la
sala, a los efectos de que podamos ilustrarnos adecuadamente con las
palabras de la señora Cortajarena. Siga usted, por favor.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor Presidente. Les comentaba
que dentro de los fondos estructurales existen los planes de renovación
urbana, denominados Urban. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, yo comprendo que puedo
ejercer escasa autoridad ante ustedes, ahora no me obliguen a utilizar
los servicios disciplinarios de la Cámara para hacerla imponer. Señor
Martínez San Juan, señor Eguiagaray.
Señora Cortajarena, le ruego continúe.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: A la tercera va la vencida, suele decir
el refrán, ¿no?
Les comentaba que la presentación del proyecto de la renovación urbana de
la bahía de Pasajes está presentado por los ayuntamientos de la comarca
de Oarsoaldea a través de la agencia de desarrollo. Este proyecto tiene
que ver con una serie de municipios que es la cuarta comarca, la cuarta
área más deprimida de toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
Euskadi. Y realmente allí se dan una serie de problemas sociales,
económicos, urbanos y medioambientales que son de todos conocidos.
La problemática además presentada en este proyecto Urban de la bahía de
Pasajes encaja perfectamente con el objetivo de la iniciativa
comunitaria, porque trata de la regeneración de las áreas de más de cien
mil habitantes. En este entorno urbano los problemas que se afrontan
tienen que ver con tres elementos. Primero, la regeneración de espacios
muy condicionados por el puerto y el ferrocarril. En segundo lugar la
búsqueda de espacios industriales que busquen alternativas de instalación
de determinadas empresas que generan bastantes dificultades, como son las
de impacto ambiental, sobre todo en Herrera, Trincherpe, San Pedro y
Rentería, la necesidad de una serie de infraestructuras diversas para el
desarrollo económico y la calidad de vida. Y por último la existencia
detectada de colectivos sociales especialmente problemáticos,
especialmente adscritos a problemas de riesgo social. Estamos hablando de
una gran juventud que está en paro, que permanece en paro; la mayor tasa
de Guipúzcoa en cuanto a la drogadicción, y también una población muy,
muy envejecida.
Todo el programa Urban de la bahía se concentra en cifras y datos
estadísticos que revelan la gravedad del problema y que nos tienen que
hacer sonar las alarmas. En concreto tiene una densidad de población
doble más alta que toda la de Guipúzcoa, es decir, tiene 660 habitantes
por kilómetro cuadrado; la tasa de desempleo es un 5 por ciento superior
a la media de Guipúzcoa, las principales empresas han reducido su
actividad. Nombres tales como Aceros Corrugados, Papelera Española,
Victorio Luzuriaga, etcétera, han hecho perder en diez años un 16 por
ciento de empleos. Y las nuevas pymes no pueden dar cobertura ni
capacidad a todo este declive económico de la zona.
Como consecuencia de ello se está produciendo una continua radicalización
en cuanto a la vida y la convivencia, y es de todos bien conocida la
marginalidad social y la violencia callejera que en esta zona se da.
Con el programa Urban se empezó a trabajar con tres objetivos muy claros.
En primer lugar, la aportación económica de la Unión Europea hubiese sido
una chispa que permitiría poner un poco en funcionamiento toda una serie
de apoyos interinstitucionales y suponía que fuera un motor para la
regeneración urbana y económica del entorno de la bahía.
En segundo lugar, la redacción del proyecto ha supuesto una gran
coordinación por parte de todas las instituciones. No podemos olvidar que
el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa, los cinco
ayuntamientos y el puerto han asumido el compromiso del desarrollo de
este proyecto, sobre todo con una intervención global como respuesta
única a un problema que es urbano y humano de una gran magnitud.
El proyecto en su totalidad abarca una cuantía económica de 2.860
millones, de los cuales el 50 por ciento lo tendría que sufragar la Unión
Europea y el otro 50 por ciento era asumido por los cinco municipios de
la zona, es decir, 1.430 millones.
Para resumir, y siendo breve, les diré que se puede agrupar el proyecto
en cinco grandes apartados. El primero es de promoción económica y de
fomento del empleo, y comprende una asignación presupuestaria y un costo
de 1.100 millones de pesetas. El segundo es de formación para el empleo,
ya les he dicho, de los jóvenes y de personas con problemas de adición a
la droga, y es de 564 millones. La asistencia social y el apoyo a
marginados --esto iría dirigido prioritariamente a menores y a colectivos
con dificultades de inserción social--, 236 millones. La cuarta gran área
es la renovación urbana y la protección del medio ambiente, con 850
millones. Y aquí estarían incluidos proyectos de gran trascendencia, como
la primera fase del plan de regeneración de la zona portuaria de todo el
barrio de la Herrera. Y por último sería un órgano de gestión que abarca
una asignación económica para la asesoría, la dirección, la valoración y
la evaluación de los criterios económicos y el cumplimiento de los
objetivos que representa el plan, que son 200 millones de pesetas.
Los fondos estructurales, señor Presidente, señorías, cuentan en este
proceso de tres años, de 1996 a 1999, como ya lo he dicho inicialmente,
con 140 millones de ecus.
Realmente la elaboración de este proyecto ha supuesto dos años de gran
trabajo, dos años de un reconocimiento expreso por parte de los técnicos
y de los funcionarios del Ministerio de Economía, y también un
reconocimiento explícito por parte de los funcionarios de la Unión
Europea y de la comisión que tiene que llevar este programa adelante. Por
lo tanto, nos ha supuesto un grave perjuicio ver que de la noche a la
mañana, y nunca mejor dicho, ha caído el proyecto de renovación urbana de
la bahía de Pasajes, habiéndose presentado en Bruselas tres proyectos que
tienen que ver con Aragón, con Cataluña y con Baleares.
En este momento lo que a nosotros nos gustaría conocer, como Grupo
Parlamentario Socialista, es qué razones ha tenido el Gobierno para
excluir el programa de la bahía de Pasajes y qué razones ha tenido para
aceptar el proyecto de Baleares. Lo pido sucintamente, porque realmente
hemos estado trabajando el señor Zabalía y el representante del Grupo
Parlamentario Popular y tendríamos un texto alternativo, si se admite por
parte de la Mesa, para hacer la proposición no de ley de instar al
Gobierno a que incluya en el programa de iniciativa comunitaria Urban
96-99 el programa estratégico de renovación urbana de la bahía de
Pasajes, junto con los diez proyectos ya presentados ante la Unión
Europea, siendo el reparto proporcional de los fondos subvencionados,
mediante el reparto proporcional de los fondos subvencionados.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que haga llegar a los servicios de la
Cámara el texto de la modificación introducida, porque posteriormente
solicitaré la opinión de los demás grupos parlamentarios en relación a la
admisión o no de la modificación de la proposición no de ley que usted
formula.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? Por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Dejo constancia para el «Diario de Sesiones» y
ante la Mesa y la Presidencia que en esta sesión sustituyo a mi compañero
don Jesús Gómez, tanto a los efectos de intervención como de votación
subsiguiente.
Entrando ya en el punto del orden del día respectivo, señor Presidente,
Coalición Canaria tiene una especial sensibilidad en este problema del
programa estratégico de renovación urbana, del Urban. Precisamente
Coalición Canaria se ha visto en la necesidad de ordenar, dentro de sus
peticiones ante el Ministerio de Economía y Hacienda, dos expedientes que
procedían del Archipiélago canario, uno ubicado en la isla de Gran
Canaria y otro en la isla de Tenerife. Se nos señalaron las limitaciones
presupuestarias que existen. Y tuvimos que optar por inclinarnos
solamente por uno solo de los expedientes, que es el que ha ido a
Bruselas.
Nosotros, que daríamos nuestro apoyo pleno a cualquiera de los
expedientes, no solamente el de la bahía de Pasajes en Guipúzcoa, sino a
cualquiera de las decenas de expedientes que se han quedado fuera,
incluido el que nosotros hemos padecido de referencia a la ciudad de San
Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, que por las razones de
limitación presupuestaria no ha podido entrar, pero si se abre esta
cuestión nosotros estaríamos de acuerdo en que con la iniciativa de los
grupos parlamentarios, instándoselo al Gobierno, se pudieran encontrar
fórmulas extras de financiación. Porque nosotros lo que sí entendemos es
que un reparto proporcional de los fondos que hay, de los fondos
subvencionados, no va a hacer nada más que gravar sobre los
ayuntamientos, sobre las otras corporaciones, una carga financiera que no
sabemos si están en condiciones de soportar.
El programa no se puede llevar parte por parte y expediente por
expediente. O entran todos los expedientes que han quedado fuera en el
programa estratégico de renovación urbana --que me imagino que junto a
este que se cayó de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife,
habrá otros de todas las comunidades autónomas de España o de aquellos
ayuntamientos que lo hayan solicitado-- o nosotros no estaríamos en
condiciones de votar singularizadamente ninguno de estos proyectos, como
este que viene hoy, en este momento, aquí. O todos o ninguno. Además los
expedientes, según nuestras noticias, los remitió ya a Bruselas en el mes
de enero el Ministerio de Economía y Hacienda. Por tanto no sabemos si
esto puede implicar, paralizar y perjudicar a los ayuntamientos cuyos
expedientes ya han entrado en Bruselas, cosa que nosotros no quisiéramos
que estuviera bajo nuestra responsabilidad.
Por tanto, en principio, señor Presidente, y si no hay una
reconsideración global de todos los expedientes que no han podido entrar
por las limitaciones presupuestarias o los condicionantes técnicos
pertinentes, nosotros vamos a votar en contra (por estas razones
solamente) de esta proposición no de ley, como de cualquier otra que
singularizase un expediente fuera de los que ya han ido a Bruselas.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Mi grupo parlamentario va a votar a favor de
esta proposición no de ley, y desde luego si se admite el texto
alternativo que ha presentado la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, votaríamos afirmativamente también.
Desde nuestro grupo parlamentario hemos estado apoyando desde el
principio este proyecto de la bahía de Pasajes. No sólo este proyecto,
había dos proyectos de Euskadi que estaban presentados a la segunda
convocatoria del Urban, que eran la bahía de Pasajes y el ayuntamiento de
Santurce. Entendemos que, por lo que se nos ha comunicado desde la
Secretaría de Estado de Presupuestos, ninguno de los dos proyectos ha
sido seleccionado. En concreto, por lo que respecta a este precisamente
de la bahía de Pasajes, que es el que nos ocupa en esta proposición no de
ley que ha presentado el Grupo Socialista, desearíamos conocer las
razones de su exclusión.
El proyecto cumple con todos los requisitos que establece la normativa
europea, que determina los criterios de selección de los programas
estratégicos de renovación, Urban, como tenemos constancia del propio
Ministerio de
Economía. La bahía de Pasaia, por otra parte, comprende, como ya se ha
dicho, los municipios de San Sebastián, Pasajes, Rentería, Lezo y
Oyarzun, es la segunda área urbana más importante del País Vasco; agrupa
a más de 250.000 habitantes. Es un área que ha sufrido un fuerte impacto
por la desindustrialización, con tasas de paro superiores a la media del
Estado y por encima del 22,5 por ciento de la población activa. Con
problemas económicos, con deterioro medioambiental en un área con alta
tasa de densidad de población, como también ha quedado apuntado por la
portavoz socialista. Un área, en definitiva, que necesita un plan global
de regeneración, y para lo cual tiene el apoyo no sólo de los municipios
implicados, sino además de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Gobierno
vasco a través de su sociedad industrial Spri (?) y del puerto de
Pasajes, con una inversión de 2.860 millones de pesetas, de los cuales la
mitad, el 50 por ciento, 1.430 millones, están dispuestos a poner, como
es preceptivo, las instituciones vascas.
Según los informes, los proyectos que han sido seleccionados ha sido diez
proyectos, de los cuales siete son de Objetivo 1, dos de Objetivo 2 y un
proyecto está fuera de Objetivo.
Mi grupo no tiene nada en contra de los proyectos que han sido
seleccionados, pero nos gustaría saber cuáles han sido los criterios.
Desde luego, hay un proyecto que nos llama poderosamente la atención,
porque precisamente el objeto de los proyectos Urban es la regeneración
de zonas que tienen los componentes que antes he apuntado: paro, densidad
demográfica, marginación, reindustrialización, y desde luego a todos nos
llama la atención que haya sido seleccionado un proyecto como el de Palma
de Mallorca. No tengo nada que decir sobre esta región, sobre ningún
proyecto, y no quiero tampoco, y no lo voy a hacer, excluir a nadie; lo
que quiero es que se integre el proyecto Urban de la bahía de Pasajes.
Lo cierto es que los criterios que impone la Comunidad Europea son lo
suficientemente flexibles como para permitir la discrecionalidad de los
Estados para decidir los proyectos a subvencionar, y es aquí donde nos
surge el interrogante: cuáles han sido los criterios definidos que ha
empleado el Gobierno para seleccionar estas tres zonas geográficas que
antes ha apuntado la portavoz socialista, es decir, Zaragoza, Santa
Coloma de Gramanet y Palma de Mallorca. Creo que a todos nos puede llamar
la atención, dentro de una, digamos, posible ignorancia de los proyectos,
del fondo de los proyectos, que Palma de Mallorca es una de las primeras
zonas o, mejor dicho, la primera zona turística del Estado, que es una
región con unas tasas de paro que son las más bajas del Estado, que ocupa
la primera posición en el ranking de renta per cápita, en definitiva, una
región que no tiene precisamente, desde mi punto de vista, las
características que debe cumplir un programa estratégico de renovación
urbana como del que hemos hablado antes de la bahía de Pasaia.
Por lo tanto, y vuelvo a repetir, sin tener nada en contra de ningún
proyecto, sin excluir ningún proyecto, que no lo pedimos, lo que sí
pedimos es que se incluya el proyecto de la bahía de Pasaia. Técnicamente
es posible, se puede incluir once proyectos, se pueden repartir los
fondos destinados a los proyectos seleccionados, y por lo tanto ésa es la
propuesta que hace el Partido Socialista y la cual nosotros vamos a
apoyar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Soto.
El señor SOTO GARCIA: El Grupo Popular valora positivamente el programa
estratégico de renovación urbana de la bahía de Pasajes que ha sido
presentado a la ampliación de la iniciativa comunitaria Urban y tanto
este grupo como el Gobierno de la nación somos plenamente conscientes de
los problemas que aquí se han descrito, tanto sociales o económicos como
medioambientales, que sufre el área urbana de la bahía de Pasajes. Por
ello yo creo que hay un acuerdo fundamental de fondo entre todos los
grupos de la Cámara que hemos tomado posición sobre el tema, así como por
parte del propio Gobierno de la nación. Sin embargo, se ha utilizado por
parte de los promotores del proyecto un instrumento financiero entendemos
que poco operativo, como es la iniciativa comunitaria Urban, para
resolver y dar respuesta a esas necesidades de la bahía de Pasajes. No
voy a entrar en el contenido real, porque alguna referencia ha hecho la
representante socialista sobre lo que es la iniciativa comunitaria Urban
y tampoco es el momento, pero sí que me detendré en los criterios de
selección de los proyectos que ha aprobado el Gobierno de la nación y que
se han remitido a Bruselas.
Como sabemos, la iniciativa comunitaria Urban fundamentalmente se inicia
en 1994 y tiene una vigencia hasta 1999 y pretende contribuir a resolver
los problemas socioeconómicos y medioambientales de barrios urbanos en
verdaderas dificultades. Esto hay que dejarlo claro, estamos hablando de
barrios urbanos. Luego hay que dejar otro tema muy claro, que el
presupuesto que la Comisión Europea ha asignado a esta iniciativa
comunitaria Urban es francamente modesto, muy modesto, diría yo. Estamos
hablando de que para todo el programa para toda la Unión Europea no llega
a los 600 millones de ecus, de los cuales a España le han correspondido
inicialmente, en la primera convocatoria, 160 millones de ecus para
proyectos que ya están actualmente en desarrollo y en ejecución, y en
esta ampliación o segunda convocatoria del programa Urban, hay que añadir
para España 76,93 millones de ecus, que lógicamente son los que
corresponden a los proyectos que han sido seleccionados por el Ministerio
de Economía y que en estos momentos están en análisis en la Comisión
Europea. Lógicamente, dentro de estos proyectos no ha sido incorporado el
programa operativo de la bahía de Pasajes.
Creo que hay que citar los proyectos que el ministerio ha tenido en sus
manos para seleccionar los que hemos comentado. Se han presentado nada
más y nada menos que 75 proyectos en esta segunda convocatoria del Urban,
de los cuales el ministerio ha seleccionado doce; nueve corresponden a
zonas de Objetivo 1 y tres están fuera de objetivo --2 de ellos de
Objetivo 2 y uno fuera de todo objetivo--. Obviamente, la bahía de
Pasajes entraba en la zona
de Objetivo 2 y por tanto estaría dentro de esos no seleccionados por
parte del ministerio dentro del Objetivo 2.
Los criterios de selección, que creo que es el meollo de la cuestión, son
exactamente los mismos que fueron tenidos en cuenta en el año 1994 para
la primera convocatoria del Urban y además han sido aplicados
prácticamente por los mismos equipos técnicos del ministerio y con los
mismos parámetros. En definitiva responden a los propios criterios de la
Comisión Europea para el desarrollo y ejecución del programa Urban. No
voy a entrar en estos criterios de selección, salvo que algún grupo
quiera alguna ampliación de los mismos, porque creo que están
perfectamente a su disposición tanto en la Comisión Europea como en el
propio ministerio, para saber sobre qué ejes ha girado la selección de
los proyectos. No es ocioso citar que la selección ha sido objetiva y
realizada con rigor y también debemos pensar que lo fue así en la primera
convocatoria.
Yo quisiera hacer una llamada de reflexión al Grupo Socialista proponente
en el sentido de que tiene que entender que no podemos admitir la
redacción de su proposición no de ley, en cuanto a que se reconsidere la
valoración de los proyectos y se incluya el proyecto no seleccionado de
la bahía de Pasajes, entre otras razones por las siguientes. Primero,
porque sería entrar en una nueva revaloración de todos y cada uno de los
75 proyectos presentados a esta nueva convocatoria. En segundo lugar, se
produciría inmediatamente una paralización de los proyectos
seleccionados. Sería muy costoso para las corporaciones locales y para
otros entes públicos que están involucrados en estos proyectos paralizar
la convocatoria y por tanto toda la ejecución de estos programas que
tienen que ser rápidamente ejecutados. Y en tercer lugar, yo creo que eso
tampoco modificaría los criterios que han servido de base a la selección
de los doce proyectos por parte del Ministerio de Economía, sin perjuicio
de que podría darse la paradoja de que después de perder mucho tiempo
llegásemos a las mismas conclusiones. En cualquier caso no me parece
oportuno que volver a una nueva valoración de los proyectos fuera a costa
de repartir el poco dinero que concretamente en este caso para el
Objetivo 2 tiene asignado el programa Urban, porque eso supondría
prácticamente no sé si repartir la miseria, pero sí por lo menos hacer
inoperante gran parte de los proyectos si se tratase de ampliar
ostensiblemente el número de ellos a financiar con las asignaciones al
Objetivo 2 dentro del programa Urban. Así pues, no es factible ni aprobar
la proposición no de ley tal como en estos momentos está recogida en el
boletín de la Cámara ni admitir a trámite la enmienda in voce de la
Diputada proponente, porque eso supondría, insisto, una vuelta atrás de
todo el proceso, sin la seguridad de que efectivamente esa vuelta atrás
fuera a modificar los criterios de selección de los proyectos que en
estos momentos están en Bruselas.
Se ha comentado que cuáles han sido los criterios que han servido de base
a la no inclusión, yo no diría la exclusión, de la bahía de Pasajes y las
razones de inclusión de, concretamente, un proyecto importante en Palma
de Mallorca. Pudiera dar una relación exhaustiva de cuáles han sido esos
criterios, pero yo creo que sería mucho más operativo que los propios
enmendantes tuvieran conocimiento directo por parte del ministerio,
porque la transparencia en este tema es una obviedad, y no habría ni que
decirlo, por parte de la secretaría de Estado de Presupuestos en cuanto a
qué criterios se han seguido para seleccionar, por ejemplo, el proyecto,
yo creo que muy equilibrado, del casco antiguo de Palma de Mallorca y
cuáles han sido los criterios para no seleccionar otros proyectos. Lo que
sí puedo adelantarles a SS. SS. es que justamente el proyecto de Palma de
Mallorca ha tenido una excelente calidad técnica y además ha sido el que
mayor puntuación ha tenido a todos los presentados, incluidos los tres
seleccionados dentro del Objetivo 2, con lo cual pocas vueltas le podemos
dar al tema y sería bueno que la proponente se hiciera algunas
reflexiones que yo creo que son necesarias.
Yo no sé si es excesivamente ético o legítimo plantear por parte del
Grupo Socialista que se incluya este proyecto, cuando justamente el
proyecto de la bahía de Pasajes fue presentado en la anterior
convocatoria y es el mismo que se ha vuelto a presentar en esta
convocatoria. La pregunta es por qué no lo seleccionaron ustedes en esa
primera convocatoria y ahora pretenden a toda costa, incluso en contra de
la propia legalidad, incluirlo en esta segunda, y ésa es una pregunta que
le hago sinceramente sin ánimo de beligerancia, porque creo que en este
tema hay que ser excesivamente pausado, pero se lo pregunto. Dado que
usted me ha preguntado qué razones hubo de exclusión, tendríamos que
saber qué razones tuvieron ustedes para excluir el programa de la bahía
de Pasajes en la primera convocatoria del Urban, y si había lagunas, qué
ha hecho usted para subsanarlas para que en esta segunda convocatoria
pudiéramos haber estudiado con otra perspectiva este programa importante
de la bahía de Pasajes. Además ha tendido usted una trampa, señora
Cortajarena, al presentar la proposición no de ley, porque sabiendo que
la relación de proyectos estaba ya en Bruselas, en la Comisión, remitida
por el Gobierno de la nación, usted pretende rectificar algo que ya es
muy difícil por parte del Gobierno de la nación. ¿Usted cree que es
presentable que un Estado miembro de la Unión rectifique después de
mandar correctamente valorados unos proyectos, simplemente porque a usted
no se le haya ocurrido poner en orden el proyecto que en su día fue causa
del rechazo con el Partido Socialista? Usted me dirá por qué se le ha
ocurrido tan tarde, sabiendo que dos meses casi después usted presenta la
proposición no de ley, sabiendo que además no es técnicamente posible ni
legal hacer esta rectificación por parte del Gobierno de la nación. Yo no
entro ni salgo en que la Comisión Europea, que es la que decide, pueda en
un momento determinado rectificar o ratificar la propuesta y la relación
de proyectos del Gobierno español, pero eso en cualquier caso habrá que
dejárselo a la Comisión.
En definitiva, resumo, señora Diputada, creo que en su día no quiso
incluir el proyecto en el programa del Urban, cuando podía haberlo hecho
su Gobierno, y ahora pretende que este Gobierno lo incluya, cuando usted
sabe que legalmente no puede hacerlo. Yo no quiero calificar esta
actitud; analícela usted misma y usted sabrá cómo la resuelve.
No obstante, no me quiero quedar en una mera cuestión de oposición a la
proposición no de ley sino todo lo contrario, porque, insisto, las
necesidades de la bahía de Pasajes son evidentes, como aquí se ha
expuesto y como conocemos todos los que hemos leído el programa
estratégico presentado al Urban, y por tanto habría que buscar soluciones
técnicas entre todos para, con cargo a los fondos y a los programas
europeos, poder resolver un problema que creo que nos afecta
fundamentalmente a todos.
Ya que estamos con enmiendas in voce, le propondría una concretamente a
la proponente y es que por parte del Congreso de los Diputados instáramos
al Gobierno a que, en colaboración con las propias instituciones del País
Vasco y en concreto con la sociedad promotora de este proyecto, ejecutara
todas las iniciativas necesarias para que con cargo a los
correspondientes fondos y programas de la Unión Europea se pudiera
desarrollar adecuadamente el programa estratégico de renovación urbana de
la bahía de Pasajes. Creo que hay instrumentos a los que acudir para
financiar, al margen del Urban, este proyecto. Ahí está el Feder, ahí
está el programa operativo del Objetivo 2 --el Feder en estos momentos
está todavía sin remitir a la Comisión Europea o al menos sin aprobar por
parte de la misma-- y ahí están otros instrumentos dentro del Fondo
Social Europeo que podrían financiar perfectamente, porque hay medios
suficientes, este proyecto y este programa estratégico de remodelación y
reforzamiento de la bahía de Pasajes. Esta es mi propuesta y lamentaría
mucho que no pudiéramos llegar a una transacción en este sentido. Desde
luego, la transacción que se ha anunciado por parte de la proponente,
como digo, es inadmisible, porque supondría prácticamente eliminar la
posibilidad de gestión de los proyectos seleccionados sin ninguna
seguridad para que el proyecto de la bahía de Pasajes fuera incluido.
El señor PRESIDENTE: Señor Soto, por supuesto y siempre en aras de que no
confunda el rigor con la rigidez, le ruego que exponga estrictamente los
términos en que formula su enmienda de viva voz, por favor.
El señor SOTO GARCIA: Señor Presidente, la leo literalmente: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno de la nación a que, en colaboración
con las instituciones del País Vasco y en concreto con la sociedad
promotora del proyecto, ejecute todas las iniciativas necesarias para que
con cargo a los correspondientes fondos y programas de la Unión Europea
se pueda desarrollar adecuadamente el programa estratégico de renovación
urbana de la bahía de Pasajes.
Esa sería la respuesta del Grupo Popular como alternativa a la redacción
de la proposición no de ley y de la otra enmienda in voce desarrollada
por la señora Cortajarena.
El señor PRESIDENTE: Señor Soto, a pesar de que antes manifestó en su
intervención que se oponía a la tramitación de la modificación de la
proposición no de ley formulada por la señora Cortajarena y en la medida
que entiendo que usted se contradice a sí mismo, deduzco que retira su
oposición a la tramitación de la modificación de la proposición no de ley
formulada por la representante del Grupo Socialista.
El señor SOTO GARCIA: No es que me oponga al fondo de la proposición no
de ley, sino que propongo una redacción alternativa a la propuesta de la
proposición no de ley que ha hecho la señora Cortajarena.
El señor PRESIDENTE: Señor Soto, entiendo que no se opone en definitiva a
la tramitación que ha formulado la señora Cortajarena.
El señor Mardones antes manifestó cierta oposición a que se tramitase en
este momento procedimental todo tipo de enmiendas de viva voz u orales.
Señor Mardones, tiene usted la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: En congruencia con la expresión de mi
pensamiento anterior, me mantengo en esa misma línea y me opondré tanto
si se mantiene el texto de la iniciativa originaria del Grupo Socialista
como si se mantiene esta enmienda en que se recoge un tratamiento
sectorial individualizado del problema que yo he tratado aquí de
generalizar.
El señor PRESIDENTE: En la medida que un grupo parlamentario se opone a
la tramitación de las enmiendas, tanto de viva voz cuanto a la
modificación de la proposición no de ley, se votará en los términos
estrictos en que ha sido formulada por el Grupo Socialista. (La señora
Cortajarena Iturrioz pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Simplemente quería hacer una matización,
dado que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular así me la ha pedido.
El señor PRESIDENTE: Discúlpeme. En esta Comisión, en principio,
solamente hay una persona, un señor Diputado, que a pesar de no ser
miembro de la misma, tiene bula segura, sin perjuicio de lo cual y sin
perjuicio de que el señor Soto le haga preguntas, usted no tiene por qué
responderlas ni es reglamentario que lo haga y se las puede formular
fuera de la Comisión, pero desde luego tiene usted también un turno, vía
artículo 72 bis, y le ruego que sea breve, por favor.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Seré muy breve. Quería decirle al
representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que nosotros
cuando hemos tenido que presentar el proyecto de la bahía de Pasajes
también hemos rechazado otros proyectos que teníamos previstos. En
concreto, al representante del Grupo Parlamentario Popular le quiero
manifestar que en el año 1994 el Gobierno vasco presentó dos proyectos a
los programas de renovación urbana. El planteamiento fue que se valoró el
de la margen izquierda y el de la bahía de Pasajes y que los guipuzcoanos
aceptamos retirar el Urban de la bahía de Pasajes y apoyar que fuera el
de la margen izquierda.
Otra de las cuestiones que me ha planteado es que en enero se remitieron
estos proyectos a la Comisión de las Comunidades Europeas, pero le quiero
comentar que era muy difícil que hiciéramos una iniciativa legislativa,
dado que en enero, por si no lo recuerda, son vacaciones parlamentarias,
yo diría que mal llamada vacaciones parlamentarias, porque en general
todos los parlamentarios trabajamos bastante en esa época, pero éste fue
el motivo por el cual no pudimos presentar esta iniciativa legislativa.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones correspondientes a
los asuntos comprendidos en los puntos que acabamos de debatir.
Señores portavoces, ¿tienen ustedes fuerzas suficientes para comenzar la
votación? (Asentimiento.) Pasamos, por consiguiente, a la votación de la
proposición no de ley sobre extensión de las iniciativas comunitarias, de
acuerdo con la convocatoria de la comisión publicada en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», de 10 de julio de 1996, con
especial referencia a la REGIS (II) de las regiones ultraperiféricas,
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Votamos la proposición no de ley sobre decisiones acerca de los
contenidos de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 19/1994, de
modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley sobre remisión a las Cortes en este
período de sesiones de un proyecto de ley que regule la utilización de
inmuebles en régimen de tiempo compartido, considerándolo una actividad
turística y regulando por tanto la prestación de todos los servicios que
tal consideración exige, a petición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda-Iniciativa per Catalunya, en los términos resultantes de la
enmienda transaccional de viva voz formulada por el Grupo Catalán de
Convergència i Unió y que ha sido aceptada por el grupo parlamentario
proponente. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Solicitaría la lectura por los servicios de la
Cámara o como estime de esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Los servicios de la Cámara, normalmente, de acuerdo
con el Reglamento, no hacen uso de la palabra nunca; luego lógicamente yo
procederé a su lectura oportuna. De todas maneras, si hubiera usted
llegado a tiempo, hubiera tenido conocimiento oportuno y suficiente del
texto de la proposición no de ley en los términos en que queda redactada.
Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a las
Cortes en el transcurso de seis meses un proyecto de ley que regule la
utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, en el respeto
al régimen de ordenación del sector turístico y de protección de los
consumidores establecido desde un marco competencial por las comunidades
autónomas.
Si bien gramaticalmente y desde un punto de vista sintáctico comprendo
que no es precisamente correcto, de todas maneras, con brevedad también y
en aras del tiempo que hemos tenido al respecto, se somete a la votación
en los términos que acabo de leer ahora. (El señor Mardones Sevilla pide
la palabra.)
Señor Mardones, tiene usted la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Para una aclaración, señor Presidente. Dado
que este Diputado es sustituto de otro compañero de grupo y que me
pasaron la citaciones para esta Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, en documento normalizado de la Cámara, citándome para las 17
horas de la tarde de hoy y con un orden del día que se me informa que
comenzó por la mañana, por tanto fuera de esta citación formal, yo pido
disculpas al señor Presidente por haber llegado tarde, pero a este
Diputado ya no le falta nada más que solicitar del Presidente de la
Cámara habitación nocturna en esta casa, porque ya no da uno abasto a ir
de comisión en comisión, habiendo comenzado esta tarde a una hora
reglamentaria en la Comisión Mixta Congreso Senado sobre los problemas de
la droga.
Quiero decir, ya amablemente, señor Presidente, que votaremos
afirmativamente por parte de Coalición Canaria esta enmienda a la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, a pesar de que esta Comisión se haya
adelantado en sus estrictos términos y así ha sido comunicado a todos los
miembros de la misma por parte de esta Presidencia, el debate de esta
proposición no de ley ha comenzado a partir de las 17 horas del día de
hoy.
Votamos la proposición no de ley en los términos que han sido objeto de
enmienda.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Es aprobada por unanimidad la proposición no de ley.
Sometemos a votación la proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a adoptar determinadas iniciativas en relación con la supuesta
prescripción de determinados expedientes tramitados por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista, en los estrictos términos en que ha sido objeto de
formulación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
votos en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la presentación en Bruselas del programa
estratégico de renovación urbana (Urban) de la bahía de Pasajes
(Guipúzcoa), a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley para la reforma del reglamento general de
inspección, a petición del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 17; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señoras y señores Diputados, no vayan ustedes tan deprisa que aún no se
ha levantado la sesión por parte de la Presidencia, a pesar de que no
existan ya puntos por debatir del orden del día.
Quiero desearles a todos ustedes en nombre de la Mesa, en el mío propio y
de los demás miembros de la Comisión que pasen unos magníficos días de
recogimiento y devoción en la Semana Santa.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda, del jueves, 20 de marzo de 1996, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.