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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 178, de 20/03/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 178
DE MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON JOSE IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 7
celebrada el jueves, 20 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Aguas y Costas (Blanco
Rodríguez), para informar sobre:
--Las decisiones que se están adoptando en materia de inversión en la
Comunidad Autónoma de Canarias. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 212/000447) (Página 4916)
--Medidas que piensa adoptar su Ministerio para paliar los daños
producidos por las inundaciones en Andalucía. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000050) (Página 4923)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo IU-IC), sobre previsiones acerca de la
ejecución de la regeneración de la fachada marítima de Gandía (Valencia).
(Número de expediente 181/000380) (Página 4927)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la ejecución del
Paseo Marítimo de Puzol (Valencia). (Número de expediente 181/000381)
(Página 4928)
Comparecencia urgente del señor Director General del Instituto
Tecnológico y Geominero (Custodio Gimena), para informar sobre los graves
hundimientos del suelo registrados en Medina Sidonia (Cádiz), así como de
las medidas a adoptar. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 212/000534) (Página 4930)
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (BLANCO
RODRIGUEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
--LAS DECISIONES QUE SE ESTAN ADOPTANDO EN MATERIA DE INVERSION EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 212/000447.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión con la comparecencia del
Secretario de Estado de Aguas y Costas, don Benigno Blanco, ante la
Comisión de Medio Ambiente, para explicar las decisiones que se están
adoptando en materia de inversión en costas y, en particular, las
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta comparecencia
ha sido solicitada por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Ateniéndome al tenor literal de la petición de comparecencia, el
contenido de la intervención inicial podría ser amplísimo. Por tanto, sin
perjuicio de ceñirme luego a los temas que se me planteen
específicamente, voy a hacer unas consideraciones generales sobre los
criterios más amplios que definen en estos momentos la política de
inversiones en costas y una referencia específica a la singularización en
el caso de Canarias.
Los criterios generales son los siguientes. Por una parte, concluir, en
la medida en que sea posible, el Plan de Costas 1993-1997. Como ustedes
saben, porque he tenido ocasión de decirlo ya alguna vez en esta
Comisión, el carácter inconcreto del Plan de Costas, en cuanto a la
definición de las obras específicas a hacer y el escaso grado de
cumplimiento de sus previsiones financieras en todos los años de
vigencia, hace que hablar de concluir el Plan de Costas quizá sea un poco
inexacto, pero es, desde luego, un parámetro de referencia que sigue ahí
para las inversiones del Ministerio. Por otra parte, y como es lógico, en
puro respeto a la legislación administrativa, se están manteniendo todos
los contratos adjudicados o con crédito retenido que existían en el año
1995 y que se han ido haciendo durante el año 1996. Ahí se nos plantea un
tema, al que no quiero hacer ahora especial referencia, que es el de los
convenios firmados en los primeros meses de 1996 con distintos
ayuntamientos y cuya problemática singular ya hemos tenido ocasión de
tratar en esta Comisión.
Un problema específico que se plantea respecto a la ejecución
presupuestaria en el programa de actuaciones en la costa es que han
aparecido bastantes deudas contraídas y no satisfechas de la época
anterior al Gobierno del Partido Popular, sobre la base de modificados
complementarios o emergencias que no contaban con ningún tipo de
retención de crédito, y que están comprometiendo un poco más el ya exiguo
presupuesto de inversiones de este año.
En cuanto a priorización de proyectos, porque, como SS. SS. saben por las
cifras que les hemos expuesto en otras ocasiones, es imposible atender
todos los compromisos existentes en la materia por vía convencional,
estamos fijándonos en dos criterios básicos. Uno, priorizar aquellos
proyectos cuya financiación está aprobada ya por los fondos de cohesión,
porque curiosamente hay aprobación de la Unión Europea para proyectos
concretos en actuaciones en la costa desde el año 1994 que ni siquiera se
han iniciado, y algunos, por desgracia, no se podrán iniciar nunca, por
falta de disponibilidad de terrenos o por inviabilidad medioambiental,
pero sí parece que debemos darle prioridad a aquello que ya está aprobado
para ser financiado por los fondos de cohesión, a efectos de no perder
esa cuota de participación de España en unos fondos europeos.
Otro criterio de priorización que se está aplicando para darle primacía,
al menos temporal, a unas obras respecto a otras, es la cofinanciación
por parte de las entidades municipales. Ese era el espíritu del Plan de
Costas, que luego se ha cumplido poco, porque la aportación de los
ayuntamientos no ha llegado a los porcentajes inicialmente previstos en
el año 1993 en el Plan de Costas, pero sí nos parece que es de justicia
que para aquellos ayuntamientos que ya han hecho un esfuerzo aportando
terrenos, aportando avales, aportando dinero, financiando y haciendo
ellos una parte de la obra, el Estado dé prioridad respecto a otras obras
para concluir la parte que le corresponde, porque no parece muy lógico,
cuando la otra parte contratante, en este caso los ayuntamientos, ha
hecho un esfuerzo financiero o presupuestario, que luego el Estado se
desentienda de su correspondiente obligación.
En cuanto a Canarias en concreto, dado que existían multitud de convenios
con diversos ayuntamientos que no pueden ser atendidos porque son nulos
de pleno derecho, según dictamen del servicio jurídico del Estado, y
aparte de que por volumen económico no sería posible acogerlos
con los Presupuestos Generales del Estado en varios años, estamos
negociando con el Gobierno de Canarias y los cabildos un convenio marco
para definir, no ya sólo actuaciones singulares en la costa, sino un plan
de ordenación de los espacios costeros de las Islas Canarias en el cual
se incardinen con lógica y no aisladamente las distintas actuaciones que
se vayan a realizar en la costa.
Considero que los planteamientos que se están haciendo en este convenio
que se está negociando en este momento debieran ser modélicos para lo que
me gustaría que fuese un modelo de gestión integral de la costa, acordado
entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Administración
central del Estado, para todas las regiones costeras españolas.
El esquema del convenio que se está negociando con Canarias parte de
configurar en el mismo, a través de la participación de los cabildos
insulares, que son los que tienen la competencia en la materia, un modelo
de cómo se quiere que quede la costa de las islas en los tramos en los
que se va a actuar, de tal manera que las obras que haga el Estado se
incardinen en proyectos más amplios de gestión íntegra del litoral.
Además, siguiendo el criterio que les decía antes de dar prioridad a los
supuestos de cofinanciación entre las entidades locales y la
Administración central del Estado, el esquema que se está utilizando en
esas negociaciones respecto al convenio para definir las respectivas
aportaciones financieras es que el Estado pague el 50 por ciento de las
obras que se acojan al convenio, los cabildos insulares otro 25 por
ciento y la entidad local en cuyo territorio se realice la obra el 25 por
ciento restante. Por tanto, en Canarias se va a un modelo de gestión
integral, no de actuaciones sueltas, basado en un claro principio de
cofinanciación entre las tres administraciones territoriales que, repito,
me parece que, en cuanto al esquema conceptual, al menos, puede ser
modélico de lo que nos gustaría que fuese una correcta planificación de
las costas en España.
Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo que ha solicitado la
comparecencia, tiene la palabra su portavoz, la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, vamos a compartir el tiempo que
nos corresponda el Diputado señor Segura, que en estos momentos está
ausente, y que espero que se reincorpore, y yo misma. Voy a empezar yo.
Muchas gracias, señor Secretario de Estado por esta nueva comparecencia
que hace en relación con la política de costas ante esta Comisión. En su
intervención no ha hecho ningún comentario diferente del que tuvo ocasión
de hacer a la vuelta del verano, cuando desde el Grupo Socialista
solicitamos su presencia en esta Comisión para intentar comprender por
dónde iba a ir el Ministerio. Su explicación nos resulta insuficiente en
cuanto que no da cifras de las actuaciones que en estos momentos, aun no
estando cubiertas por el presupuesto de este año, están, por decirlo de
alguna forma, embalsadas con compromisos políticos o institucionales ya
adquiridos y pendientes, por tanto, de que el presupuesto de 1998 las
pueda recoger. Perdóneme si hago insistencia en este punto, porque hay, a
lo largo y a lo ancho de todo el litoral español, numerosos ayuntamientos
de todos los partidos políticos que reclaman algún tipo de escenario, por
parte del Ministerio de Medio Ambiente, para saber si, aunque el
presupuesto de este año no recoge actuaciones respecto a las que había
habido acuerdos entre las administraciones con anterioridad, eso va a
desarrollarse o no en el presupuesto del año que viene, porque en
cualquier caso, para que eso sea así, como sabe, son precisos una serie
de estudios previos que tendrían que estarse desarrollando ya este año.
Por tanto, me gustaría, si puede hacerlo ahora, que me contestara en
cuanto a si existe en estos momentos ya una definición de las actuaciones
sobre las cuales a lo largo de este año se harán los estudios previos
para ser abordadas en el presupuesto del año que viene.
Entiendo que sí ha dado un criterio muy claro, el de la cofinanciación
por parte de los ayuntamientos, que, como bien ha señalado, era ya un
criterio presente en el Plan de Costas. Cuando antes decía que el
complimiento financiero del Plan de Costas había sido inferior a lo
previsto, es cierto sólo por lo que se refiere, precisamente, a las
administraciones territoriales, porque el Ministerio, en sus respectivos
presupuestos, fue aportando más de lo que estaba previsto. Se preveía que
hubiera un 70 por ciento con cargo a la Administración central y el
resto, aproximadamente, fuera con cargo a las otras administraciones. De
hecho, las cantidades entre los 15.000 y 18.000 millones de pesetas
anuales responden al objetivo de intentar cubrir en estos años anteriores
lo que eran los objetivos del plan 1993-1998.
Por otra parte, ha señalado que algunos proyectos han sido rechazados por
inviabilidad de carácter ambiental. Me gustaría que nos señalara cuáles
lo han sido.
También quería preguntarle sobre el convenio que anuncia --y que ahora
será objeto de mayor comentario por parte del Diputado José Segura-- en
relación con Canarias. Quería saber cómo se están desarrollando los
convenios de gestión integral de la costa, existentes desde hace más de
dos años, con el Gobierno de Asturias y con el Gobierno de Baleares, en
los que había habido un acuerdo en esa misma dirección intentando que las
administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y de
protección del medio ambiente trabajaran de forma conjunta con el
departamento de Medio Ambiente, en lo que se refería a la tutela del
litoral. Me gustaría saber, concretamente, cuántas veces se ha reunido la
Comisión de seguimiento de los convenios con el Gobierno de Asturias y
con el Gobierno de Baleares.
Señor Secretario de Estado, quería también que diera a esta Comisión
alguna explicación sobre lo que ha venido sucediendo desde el inicio del
mandato del actual Gobierno en los servicios periféricos de costas,
porque nos consta que la falta de definición clara de las tareas
administrativas, a la espera de la aprobación de la nueva configuración
de lo que son las estructuras periféricas de los ministerios, ha llevado
a situaciones en algunos casos de
cierto caos administrativo, estando, como han estado hasta ahora, los
servicios periféricos del Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente
unificados todavía, en los documentos escritos y firmados por los
respectivos responsables, bajo las denominaciones del antiguo Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. De hecho, se puede dar
el supuesto --y sería deseable evitarlo-- de que algunas resoluciones
adoptadas por parte de servicios periféricos de costas sean nulas de
pleno derecho, precisamente porque el ministerio para el cual parecía que
todavía estaban trabajando estos funcionarios había dejado de existir. Me
gustaría alguna explicación sobre la situación en la periferia.
Por último, con carácter general --aunque ahora se abundará en ello--,
querría saber si, cuando el Gobierno actual dice que los convenios
existentes en materia de costas son nulos de pleno derecho, se está
refiriendo a la capacidad de adoptar decisiones por parte de determinados
órganos del Ministerio en relación con disponibilidades presupuestarias,
entendemos, del año en curso, porque creo --ahora habrá ocasión de
comentarlo-- que este tipo de convenios a futuro están siendo en estos
momentos llevados a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente con
previsiones presupuestarias bastante elevadas en algunos casos, sin que
existan las condiciones presupuestarias que les den cobertura. Me estoy
refiriendo a convenios en materia hidráulica y algunos otros previstos en
materia de carreteras. Por tanto, no entendemos que se dé la nulidad de
pleno derecho en algunos supuestos y no en otros. Lo que tampoco podemos
compartir es que esa apreciación jurídica --creemos que discutible--
anule compromisos de carácter político entre administraciones que, a
través de estos convenios, asumían determinadas condiciones de desarrollo
de obras suficientemente analizadas y, por tanto, susceptibles de ser
incorporadas a dicho compromiso político.
Paso la palabra a mi compañero José Segura.
El señor PRESIDENTE: No, perdóneme, señora Narbona. La palabra la concede
esta Presidencia. Usted ha expresado su deseo de repartir el turno de
diez minutos, que prácticamente está consumido. Le concedo la palabra al
señor Segura, no sin antes recordarle que, gracias al criterio flexible
de esta Presidencia, puede intervenir en este turno, pero le queda muy
poco tiempo. Le ruego, por tanto, señor Segura, la máxima brevedad en su
intervención.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente, aunque,
naturalmente, las gracias se las doy por elemental norma de cortesía
parlamentaria y respeto a la Presidencia, pero teñidas de una notable
frustración; frustración por cuanto la Comunidad Autónoma Canaria, por
ser una comunidad excepcionalmente singular en lo que se refiere al
tratamiento de la costa, es una comunidad en la que la importancia del
litoral, desde la perspectiva de las posibilidades de acceso al mar --no
solamente de los ciudadanos residentes en la misma--, de la ordenación
del territorio insular y de todo el conjunto de los diferentes ámbitos
competenciales que se solapan entre las administraciones públicas con
responsabilidades públicas en la Comunidad Autónoma de Canarias, como son
los ayuntamientos, los cabildos insulares y el propio Gobierno regional a
través de determinadas consejerías, singularmente la Consejería de
Política Territorial; una comunidad que tiene del orden del 50 por ciento
de su superficie calificada por la propia Comunidad Autónoma Canaria, a
través de su Parlamento regional, como parajes naturales, y, además, con
cuatro parques nacionales, que también tienen su vinculación con la
temática de costas que nos hemos planteado, qué duda cabe que sería
motivo de un debate más extenso (pero que las circunstancias de hoy no lo
permiten, no obstante hay toda una legislatura para ello), para que el
Parlamento, a través de su comisión específica, participe en la
definición de lo que deben ser las actuaciones en el litoral de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Usted sabe, señor Secretario de Estado, que Diputados y Senadores de los
diferentes grupos, aunque obviamente voy a referirme al mío, hemos
formulado una serie de preguntas que han sido contestadas a lo largo de
este año de una manera que no nos ha satisfecho políticamente, por cuanto
emitían un juicio y no ofertaban una salida alternativa derivada del
juicio emitido.
Es decir, a lo largo de los últimos años, se han venido suscribiendo
acuerdos institucionales entre los ayuntamientos de las islas de
Tenerife, de Gran Canaria, de la Gomera, de las diferentes islas de la
comunidad autónoma con la Dirección General de Costas. Eran acuerdos
institucionales de voluntad política, en los que no se encorsetaba
claramente el desarrollo temporal, el desarrollo financiero cuantificado
en el tiempo. Consiguientemente, en efecto, no tenían el carácter de
convenio, en el estricto sentido que administrativamente puede dársele,
pero sí supusieron, en los tres o cuatro últimos años, una extraordinaria
lección de cooperación coparticipativa entre las administraciones
locales, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente con la Dirección
General de Costas y el Parlamento, o sea, miembros de esta Cámara y del
Senado. La realidad es que se llegó a las conclusiones de una serie de
acuerdos institucionales que fueron desarrollándose en el tiempo y que,
naturalmente, cuando se produjo el cambio de Gobierno, si hubiésemos
dibujado un diagrama de barras, las dimensiones longitudinales en
vertical figurarían diferenciadas. Es decir, se redactaron proyectos, se
realizaron informes de impacto medioambiental, se sometieron los informes
municipales a información pública para hacerlos acordes con los planes de
ordenación del litoral, con los planes insulares, y la realidad es que en
los últimos años, específicamente en una isla que voy a citar como
referencia, Tenerife, se han llevado a cabo actuaciones en municipios del
litoral como Arona, Adeje, Puerto de la Cruz y otros distintos cuyo
conjunto informativo obra en esta documentación. Creado un nuevo
ministerio, con nuevas funciones y nuevos criterios, se puede plantear
que aquellos acuerdos institucionales deben ser modificados y adaptados a
los criterios de la Secretaría de Estado, en el ejercicio de las
competencias que tiene todo Gobierno.
Sin embargo, creemos que en las contestaciones parlamentarias no se han
buscado nuevos acuerdos. Coincidimos
plenamente y lo hemos manifestado en esta Comisión, al margen de que
basta con leer los «Diarios de Sesiones» de la Comisión de
Infraestructuras del Congreso de los Diputados de la anterior legislatura
y las intervenciones del Director General de Costas o de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente del Gobierno anterior en el Senado, para
comprobar que se ofertaba y se había iniciado con la Comunidad Autónoma
de Canarias la negociación de un acuerdo marco, de un convenio, tal como
se hizo con la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Nos parece muy positivo que exista un convenio con el Gobierno de
Canarias, en el que coparticipen instituciones fundamentales como los
ayuntamientos y los cabildos insulares, y que se cuantifique con absoluta
claridad, se prioricen actuaciones y se tenga muy claro la rentabilidad
que tienen las actuaciones en el litoral de cada una de las islas de la
Comunidad Autónoma canaria, cuya columna vertebral de su economía es el
sector turístico, el sector servicios.
Nuestra aspiración es que el camino recorrido desde la perspectiva
institucional, técnica, sea una directriz que sirva para continuar los
nuevos criterios que quieran adoptarse, en línea con lo manifestado por
la Ministra de Medio Ambiente hace muy pocos días en su visita a Canarias
para este tema, en la que anunció que más de 6.000 millones de pesetas
anuales se vertebrarían de manera clara en compromisos no etéreos, en
compromisos firmes. Hay que continuar esa directriz, esa línea de trabajo
que fue muy positiva, pues contó con la participación de todas las
instituciones, participación que no hay razón alguna para desestimar,
descartar ni minusvalorar. Hay un gran camino andado y hay que continuar
andándolo. No dude, señor Secretario de Estado, que estaremos coadyuvando
a construir esa línea.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Quiero darle las gracias, señor Secretario de
Estado, por esta comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente.
Dado que la comparecencia, en la solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista, particulariza las inversiones de costas en Canarias, voy a
referirme al objetivo de la misma que es, fundamentalmente, el relativo a
las costas canarias. Hablar de inversiones en las costas canarias es para
el grupo político que represento, Coalición Canaria, un tema de
extraordinaria importancia. No voy a descubrir nada si afirmo, con plena
rotundidad, que de una buena política en costas depende el desarrollo
económico y, por tanto, social del Archipiélago.
Canarias, por ser un territorio ultraperiférico, fragmentado, accidentado
y con escasos recursos naturales, depende, fundamentalmente, del sector
turístico. Un 85 por ciento de nuestra economía gira en torno a este
importante, para nosotros y para el conjunto del Estado, sector
económico. El turismo llega a Canarias por dos cuestiones fundamentales:
por una parte, por la diversidad paisajística que tienen las islas y, por
otra, por su mar, por su costa, por el sol asociado a las posibilidades
que nos da el mar en Canarias. De que seamos capaces de desarrollar una
política que mejore nuestras playas, nuestros puertos, los accesos al
mar, los charcos, los paseos marítimos y de ser cuidadosos con las
actuaciones que hagamos en el litoral para que estén integradas en el
entorno y el respeto al medio ambiente prevalezca sobre cualquier otra
consideración; de esas medidas depende en gran parte que Canarias pueda
tener un desarrollo sostenible y, por tanto, garantizar la prevalencia de
este sector que tanto significa para los canarios en un futuro. De ahí la
importancia que Coalición Canaria le da a esta comparecencia y al
objetivo que tiene planteado el Gobierno y que hoy nos ha trasladado, en
esta breve primera intervención, el Secretario de Estado.
Sin embargo, señorías, señor Secretario de Estado, no podemos dejar pasar
por alto, en una comparecencia de estas características, la grave
discriminación que Canarias ha sufrido en los últimos trece años en
materia de inversiones y, particularmente, en costas. Si comparamos las
inversiones globales con el resto del territorio del Estado en los
últimos trece años, hay un dato que he hecho llegar a las distintas
comisiones varias veces como un dato contrastado: en la Península se ha
invertido una medida de 187.000 pesetas por habitante y en Canarias
87.000 pesetas.
Estos escandalosos datos son aún más sesgados, la diferencia es aún mayor
si nos referimos a las inversiones realizadas en el litoral del
Archipiélago. Es más, si comparamos estas escasas inversiones realizadas
con las del resto del territorio peninsular, observaremos que también han
sido discriminatorias entre islas y entre municipios. En una etapa
pasada, que apostamos por que no se repita, ha primado el color político
de la corporación local sobre la objetividad; ha primado la improvisación
en lugar de la planificación; han primado los proyectos poco trabajados.
Cuando se actúa con urgencia, cuando se actúa sin criterio, cuando se
actúa sin planificación los proyectos no se trabajan debidamente y, por
tanto, no cumplen con el rigor, con el orden que debe cumplir un proyecto
y no se respeta algo a lo que antes hacía referencia: la adaptación
integral al entorno, al medio ambiente. Se ha puenteado a la comunidad
autónoma y a los cabildos. El trato fundamental ha sido entre Gobierno
central y ayuntamientos, lo cual ha posibilitado un clientelismo político
importante. No ha habido voluntad integradora entre todas las
administraciones. Cuando hablamos de costas, de litoral, intervienen
según el reparto de competencias que tienen los distintos niveles
administrativos: el municipio, el cabildo, la comunidad autónoma y el
Estado, porque todos tienen intereses en el litoral. Sin embargo, no ha
habido una voluntad integradora en las actuaciones en costas y esto ha
llevado a que determinados proyectos se eternicen, no se acaben nunca
porque no están los terrenos disponibles o porque no se logra la
concesión administrativa. En definitiva, los proyectos no salen con la
velocidad con que deben salir cuando las cosas se hacen bien.
Contra todas estas formas de actuar, Coalición Canaria apuesta por el
desarrollo de las inversiones, de todas y particularmente
de estas de las que hablamos hoy, en costas. Apostamos por caminar en una
línea aprobada ya por el Congreso, por la línea de la planificación, de
la racionalización, de la priorización, que son las líneas maestras que
se enmarcan en el Plan Director de Infraestructuras aprobado por todas
las fuerzas políticas del Congreso. Apostamos, señorías, por las
inversiones a medio y largo plazo, porque desarrollando planes a medio y
largo plazo es como podemos tener una perspectiva de todas las
actuaciones en el futuro; es como podemos trabajar en los proyectos con
el tiempo adecuado; es como podemos racionalizar y objetivar las
actuaciones; es, en definitiva, lo que nos permite realizar los estudios
de impacto con el tiempo necesario, en algunos casos antes de la
redacción del proyecto, para que en el pliego de contratación del
proyecto figuren ya las condiciones medioambientales, para que los
proyectos se adapten al entorno y no como está sucediendo, que primero se
elabora el proyecto y después el estudio de impacto se adapta al proyecto
para poder contratar inmediatamente la obra. Esta es una práctica que un
día sí y otro también estamos acostumbrados a ver en las costas
españolas. Algunos ejemplos hay, en Canarias también, y si fuera
necesario los podría poner sobre la mesa.
Apostamos por el equilibrio inversor entre territorios insulares y entre
distintas zonas de la isla; apostamos por la coordinación
interadministrativa entre los municipios, los cabildos, la comunidad
autónoma y el Estado; apostamos por el respeto institucional --no se
puede puentear a las comunidades autónomas y la relación natural del
Gobierno central debe efectuarse a través de las comunidades autónomas--;
apostamos por unos planes de obras que se ha propuesto elevar desde los
cabildos insulares, aprobados por la comunidad autónoma y ratificados por
el Gobierno central; apostamos, en suma, por el esfuerzo de todas las
administraciones por la cofinanciación de las inversiones. Apostamos, en
resumen, señor Secretario de Estado, señorías, por la eficacia y el
rigor.
La intervención del Secretario de Estado nos satisface en la línea que ha
avanzado, pues un camino para trabajar es el de los convenios. Los
convenios, en esa línea de actuación con la Comunidad Autónoma canaria,
que puede ser extrapolable a otras comunidades, pueden permitir la
planificación la racionalización, el cuidado de los proyectos, la
cofinanciación y un sistema integral entre todas las administraciones
para actuar en las costas.
Es necesario, señor Secretario de Estado, que cuanto antes se puedan
cerrar esos convenios con Canarias o con las comunidades autónomas con
las que se vaya a trabajar, que los convenios no vayan más allá del mes
de mayo, para que las cantidades previstas en el año 1997 se puedan
ejecutar razonablemente en el tiempo previsto. Obviamente, el modelo de
la planificación y la racionalización que defendemos es extrapolable no
solamente a un territorio como el canario, sino a todas aquellas
nacionalidades y regiones españolas que tengan costas, que tengan
litoral.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, don José Jiménez, por un tiempo máximo de 10 minutos. (El
señor Vicepresidente, Paniagua Fuentes, ocupa la Presidencia.)
El señor JIMENEZ SUAREZ: Seguro, Presidente, que no los consumiré.
Señorías, agradezco, como no podía ser menos, la presencia del Secretario
de Estado de Aguas y Costas en esta Comisión por lo que tiene de
positivo, útil y necesario para los trabajos de la Comisión y de los
grupos parlamentarios.
Deseo acentuar, en mi breve intervención, la legitimidad que ha tenido el
Gobierno al reconsiderar el programa 1993-97, como igualmente nos parecen
legítimos todos los convenios que en su momento se firmaron y que suponen
tomar el pulso de las necesidades de las costas y del litoral español. A
nadie se le oculta la sensibilidad que produce esta cuestión y la
vulnerabilidad de nuestros 8.000 kilómetros de litoral, de los cuales
casi el 10 por ciento están en el archipiélago canario.
Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente lleva a cabo casi 172
actuaciones en las costas, de las cuales 23 se encuentran en Canarias,
casi el 10 por ciento, lo cual es otro dato que acentúa la sensibilidad
que produce, a la que hay que responder con la vulnerabilidad de nuestro
archipiélago.
Nos parece coherente, y aplaudimos, la filosofía que intenta impregnar el
Secretario de Estado de Aguas y Costas en las futuras actuaciones, porque
es coherente con la Ley de Costas y con los sucesivos recursos de
inconstitucionalidad que vinieron a dar a las administraciones autónomas
y a los ayuntamientos un protagonismo que no tenían. Creemos que ése es
el camino. El Partido Popular y los Diputados canarios aplaudimos esa
idea y entendemos que es un camino útil y positivo por lo que supondrá el
respeto a ese conocimiento exacto que muchas administraciones locales y
ayuntamientos tienen del litoral donde llevan a cabo gran parte de sus
actividades. Ese puede ser el camino que despeje muchas de las
actuaciones que, por su celeridad en el planteamiento, pueden ser hoy
inviables o tener muchas dificultades a la hora de ponerse en marcha.
En síntesis, y con esto termino, agradezco, una vez más, la presencia del
Secretario de Estado de Aguas y Medio Ambiente y le transmitimos desde el
Partido Popular nuestro aplauso a la iniciativa de los convenios con
ayuntamientos, cabildos y comunidades autónomas, porque entendemos que es
el camino que hay que seguir.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para responder, tiene la
palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Gracias, señor Presidente, y a SS. SS. por sus intervenciones.
Sobre el objeto de la comparecencia no veo grandes discrepancias. Sí
algunas en la valoración que han hecho los representantes del Grupo
Socialista respecto a los convenios en la época anterior. No quiero abrir
aquí la batalla conceptual sobre los convenios, pero sí haré alguna
consideración.
La señora Narbona me dice que no he dado cifras. Tampoco se me pedían en
el tenor literal de la comparecencia. Los presupuestos son conocidos, el
número de preguntas que SS. SS. hacen en el ejercicio legítimo de sus
derechos es cuantioso --decenas al mes-- y vamos contestando,
prácticamente, actuación por actuación en la costa cuánto se ha
invertido, cuánto se ha certificado y en qué fase están de elaboración.
Si alguna no ha sido objeto de pregunta, puede serlo en cualquier momento
y, evidentemente, se les dará traslado de cualquier información
específica sobre gasto o consignación presupuestaria respecto a cualquier
actuación concreta que pueda preocuparles.
Puedo decirles que próximamente se aprobará el real decreto que
desarrolle el artículo 147 de la Ley de acompañamiento a los presupuestos
y que es decisión del Gobierno que una de las actuaciones que va a tener
prioridad para contratación, por la vía del artículo 147 de la Ley de
acompañamiento, es el plan de actuaciones en la costa, lo cual permitirá
en muy pocas semanas hacer un esfuerzo suplementario sobre el capítulo VI
de los presupuestos para ir adelantando algunas de las actuaciones en la
costa que están en situación de espera en estos momentos.
La señora Narbona pregunta qué proyectos han sido rechazados por
viabilidad medioambiental. Yo no tengo la lista aquí, pero se la puedo
trasladar, porque no soy yo quien los rechaza por esos motivos, sino la
Unión Europea a la hora de adjudicar fondos europeos, o la administración
ambiental española a la hora de emitir el correspondiente certificado.
En cuanto a los servicios periféricos de costas, no sé a qué se refiere
con lo del caos administrativo, porque este año se ha hecho un esfuerzo
suplementario, como SS. SS. saben, para corregir el déficit histórico que
existía en la consignación para gastos corrientes en el capítulo II, en
los servicios periféricos de costas, desde que la Dirección General de
Costas se separó de la de Puertos, y de hecho el único servicio que
aumenta ostensiblemente la consignación presupuestaria para gastos
corrientes en todos los Presupuestos Generales del Estado es precisamente
la Dirección General de Costas, con lo cual no creo que estemos en una
situación de caos administrativo general, sino, en todo caso, lo
contrario porque ya podemos pagar el teléfono, la luz y esas cosas. Algo
que en ocasiones anteriores en algunos servicios periféricos no se podía
ni hacer.
Respecto a la alusión que ha hecho la señora Narbona sobre que puede
haber resoluciones nulas por no saber a qué ministerio dependen o se
refieren, no me consta ningún recurso ni que se haya alegado indefinición
administrativa alguna como motivo de nulidad de resolución
administrativa. Si es así, le agradecería que me transmitiera a qué se
refiere esa referencia porque nos interesaría subsanarlo. En todo caso,
administrativamente está muy clara, desde el decreto de constitución del
ministerio, la adscripción de los servicios periféricos de costas a la
Dirección General de Costas. El que en las delegaciones del Gobierno y
gobiernos civiles no se hayan creado escindidamente organizaciones
periféricas paralelas del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Medio
Ambiente en nada afecta a la ubicación administrativa y a la dependencia
jerárquica de los servicios periféricos de costas. Repito que no me
consta absolutamente ningún recurso, alegación o motivo de nulidad, ni
siquiera de duda teórica, por esa circunstancia.
En cuanto a los convenios sin cobertura presupuestaria --y con esto
conecto con las observaciones que ha hecho el señor Segura--, tengo que
decir que si un convenio es sólo un compromiso político, evidentemente es
algo distinto. Ahora bien, cuando se quiere que los compromisos políticos
sean eficaces en un Estado de Derecho se articulan conforme a los
mecanismos que manifiestan la voluntad de la Administración pública. Un
convenio entre administraciones públicas no es un compromiso político, es
una forma regulada en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, con el consiguiente tratamiento en la Ley General
Presupuestaria, de concretar la capacidad de obligarse de las
administraciones públicas. Si se hace, se hace sometido a Derecho o no se
hace sometido a Derecho. En el caso de los convenios que estamos
tratando, con algunas excepciones --la lista se la enviamos a la señora
Narbona a raíz del debate presupuestario--, concurrían, a juicio el
servicio jurídico del Estado, dos motivos de nulidad, y eso no lo digo
yo, lo dice el servicio jurídico del Estado. Por lo tanto, decir que eso
era un compromiso político y que, en cuanto tal, sigue subsistiendo me
parece que tiene escaso rigor.
Nosotros no hemos procedido a declarar la nulidad formal de ningún
convenio porque nos parece que tampoco tiene sentido. Lo que sí tenemos
claro es que esa prisa por firmar convenios unilateralmente con distintos
municipios, fuera de un plan coordinado y sin que haya intervención del
correspondiente gasto por parte de la Intervención General del Estado,
genera unas expectativas que no se corresponden con el instrumento que se
ha utilizado, que es por eso nulo de pleno derecho.
Más que hablar del pasado, interesa hablar del futuro, como ha hecho el
representante de Coalición Canaria y el del Grupo Popular. Vamos a ver
cómo ordenamos, en el caso concreto de Canarias y en el resto de las
comunidades autónomas, las actuaciones de la Dirección General de Costas
en un contexto de planificación del territorio con todas las
administraciones que tienen competencias al respecto.
Ese concepto de gestión integral de la costa, que va más allá del
compromiso singular con una entidad local, es una forma razonable de
distribuir el gasto, de establecer criterios homogéneos de priorización
de los proyectos y de que no haya actuaciones aisladas sino una visión
conjunta de los usos de la costa, máxime en un territorio como es el de
las islas Canarias o las Baleares, donde la importancia de la costa tiene
para el conjunto de la comunidad autónoma una relevancia económica de
atracción de turismo, de incidencia medioambiental que va más allá de lo
ordinario en cualquier otro territorio peninsular. Creo que para el
futuro la línea de trabajo es ésta. Me alegra que se comparta por el
representante de Coalición Canaria, como no podía ser menos, porque así
estamos trabajando con el Gobierno canario, y ésa es la línea en la que
hay que actuar.
Un tema que ha suscitado el representante de Coalición Canaria y al que
me gustaría referirme es el relativo a la inexistencia aparente de
criterios objetivos para justificar por qué se invierte en unos sitios y
en otros, no. Sinceramente he hecho el esfuerzo intelectual de intentar
comprender, vistos los niveles de inversión en unas comunidades autónomas
o en otras en los últimos años, en unos tramos de la costa o en otros,
cuál podía haber sido el criterio de quien planificó esas inversiones, y
reconozco no haber llegado a ninguna conclusión. No puedo entender con
qué criterios actuaba sin más.
Por mucho convenio que se haya firmado, como es el caso de Baleares, hay
una inversión absolutamente insuficiente, que no se justifica en un
territorio insular. Hay provincias o ayuntamientos que han recibido
inversiones cuantiosísimas, mientras al lado no se gastaba una peseta.
Sinceramente no sé cuál ha podido ser el criterio, por lo tanto, tampoco
puedo decir si ha sido bueno o malo. Lo que digo es que me gustaría que,
a partir de ahora, sí haya un criterio y que éste sea el de la
planificación integral de la costa, respondiendo a un planteamiento
medioambiental y de usos acordados con las administraciones responsables
de la ordenación de los territorios costeros. En esa línea vamos a
trabajar. Hemos empezado en Canarias y seguiremos haciendo lo mismo en
otras comunidades autónomas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, haré una referencia a la intervención del portavoz del Grupo
Popular, que le agradezco. Quisiera resaltar una de las ideas que ha
comentado: la perfecta coherencia entre este planteamiento de gestión
integral de la costa y lo que el Tribunal Constitucional ha dicho en su
sentencia sobre la Ley y el Reglamento de Costas. Efectivamente, si
queremos ser leales al espíritu constitucional, la política de costas no
puede ser un instrumento de favoritismo desde la capacidad inversora del
Estado para unos u otros ayuntamientos. Tiene que ser un instrumento para
la ordenación del territorio en España. En esa óptica se exige una
colaboración leal entre todas las administraciones que tienen algún
título competencial sobre ese metro cuadrado de territorio, que forma
parte del dominio público marítimo-terrestre. Creo que eso es lo correcto
en óptica constitucional; eso es optimizar las inversiones que se
realicen y permite tener un criterio para objetivar por qué unas
inversiones sí, otras no, unas antes y otras después.
Nada más. (El señor Segura Clavell pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Ustedes saben que, según el Reglamento, con la
réplica del compareciente queda cerrado el debate. No obstante, con mucha
brevedad, tiene la palabra el señor Segura haciendo uso, una vez más, de
la gracia de esta Presidencia.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Secretario de Estado, le reitero que este
grupo parlamentario ha venido a construir, en esta Comisión y en otras.
Consiguientemente, vea en nuestras intervenciones ese afán de debate en
esta Comisión, tal como ofreció la propia ministra y he podido confirmar
esta mañana releyendo el «Diario de Sesiones» en dos comparecencias que
tuvieron lugar en las Cortes Generales, tanto en el Senado como en el
Congreso, en la actual legislatura; comparecencia en la que se ofreció a
debatir permanentemente sobre estos temas. Desde esa perspectiva, le
formulo los siguientes reparos. Ante la pregunta concreta que le formuló
doña Cristina Narbona en el turno del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cuántas veces se han reunido las comisiones de seguimiento de
Baleares y Asturias y qué grado de cumplimiento tienen los convenios que
regulan las relaciones bilaterales, me ha parecido no oír contestación.
En segundo lugar, todo depende de la buena voluntad que se ponga en
querer dar carácter formal o no a los acuerdos institucionales que
estaban suscritos. Si usted los lee --no es cuestión de analizarlos
ahora-- verá que se titulaban: acuerdos sobre la aportación de las partes
para la ejecución de obras, etcétera, en el municipio en cuestión. Señor
Secretario de Estado, es posible que la información que yo tenga en estos
instantes no sea suficientemente rigurosa, pero se ha hecho pública en
Canarias --los medios de comunicación disponen de la información-- un
proyecto de convenio en materia de carreteras, que previsiblemente va a
ser ratificado mañana por el Consejo de Ministros, que, como digo, está
en poder de los periodistas y al que yo he accedido, como miles de
personas en Canarias. Le voy a leer una frase de la segunda cláusula: La
financiación del convenio --estamos hablando del convenio de carreteras--
será realizada por el Ministerio de Fomento en los términos que se fijen
en este documento con cargo a las dotaciones que se le asignen por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Estas dotaciones
deberán ser compatibles con los objetivos de Maastricht y sus exigencias
sucesivas. Y habla de una serie de años.
Comprenderá, señor Secretario de Estado --quizá no sea esto lo que se
apruebe mañana--, que hay una vía abierta bastante etérea, poco concreta
que se tiene que basar en la buena voluntad y en los votos del Congreso
de los Diputados y del Senado aprobando las partidas presupuestarias
correspondientes dentro de cada proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado. Desde esa óptica, no entendemos algunos argumentos que se han
esgrimido.
El plan de costas, señor Secretario de Estado, del cuatrienio...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino en un minuto, señor Presidente, si tiene
la amabilidad.
Decía que en el cuatrienio 1993-1997 se planificó en Canarias con una
racionalidad, fruto del diálogo y esencialmente de la cooperación de
administraciones municipales que querían cooperar, que tenían planes
urbanísticos aprobados. Había islas que no tenían aprobado el plan de
ordenación del territorio dentro del que se enmarcan las actuaciones en
el litoral. Es decir, había multitud de dificultades de naturaleza
urbanística. Esencialmente se actuó en aquellos lugares de mayor
proyección y rentabilidad económica, en los grandes núcleos turísticos,
que en la isla de Tenerife están prácticamente bipolarizados entre la
zona norte y la zona sur, y que en otras islas están distribuidos más
espaciosamente, como pueda ser Fuerteventura, Lanzarote o Gran Canaria;
y, en segundo lugar, en los grandes núcleos poblacionales.
No mirando hacia atrás sino en esa línea de construir, le instamos a que,
a la mayor brevedad posible, nos traiga un proyecto de convenio para que
sea conocido por esta Comisión competente del Parlamento y nosotros
podamos aportar también nuestros criterios al respecto en función de la
experiencia adquirida y de la vinculación con las restantes
administraciones en Canarias.
Algún interviniente ha argumentado aquí que no merece la pena debatir,
pero yo quiero reconocer la actitud positiva que ha mostrado el Grupo
Parlamentario Popular por medio de su portavoz, señor Jiménez.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Supongo que no es momento de reabrir polémicas, pero voy a hacer unas
breves consideraciones.
No sé si se ha reunido la Comisión de seguimiento de Baleares y Asturias,
tampoco me consta que alguien lo haya pedido. Lo que sí puedo decir es
que yo he tenido reuniones específicas tanto con el Consejero de Baleares
como con el correspondiente Consejero de Asturias y con algunos de los
alcaldes. Acabo de cerrar un acuerdo con el alcalde de Gijón para
desarrollar una actuación concreta que va en la línea de las actuaciones
planificadas para Asturias y para Baleares.
En cuanto al convenio de carreteras y teniendo en cuenta la legislación
vigente --y es lo que ha informado el Servicio Jurídico del Estado--, la
nulidad de los famosos convenios firmados en la época anterior para
actuaciones en la costa dimana de dos cosas. No de que no digan en qué
año se va a hacer el gasto, un convenio no tiene por qué asignar una
anualidad del presupuesto ni anular la legislación presupuestaria, en el
sentido de que cualquier obligación económica asumida por el Estado, si
luego no tiene consignación presupuestaria, no se puede cumplir.
Evidentemente, eso es Derecho constitucional y presupuestario básico en
un Estado de Derecho. Los motivos de nulidad es que se formaliza como
convenio entre administraciones, y se presenta así a la opinión púbica
--y así lo entiende todo el mundo cuando lo reclama--, algo que no es
fiscalizado por la Intervención General del Estado como un compromiso de
futuro del Estado. Por eso, cuando se plantea el motivo de nulidad es
porque uno de los trámites administrativos necesarios para obligar al
Estado no se ha cumplido. ¿Por qué? No lo sé, pero no se ha cumplido de
manera sistemática.
En segundo lugar, porque la autoridad que firma muchos de esos convenios,
que es el Director General de Costas, algunos incluso constan en puro
cruce de cartas, no tenía competencia administrativa para obligar a la
Administración central del Estado. Son dos motivos de nulidad formal que
manifiestan o prisas un poco fuera de lugar en la elaboración de los
convenios desde el punto de vista administrativo, o un obviar las
dificultades presupuestarias del ejercicio correspondiente, limitándose a
vender un compromiso que jurídicamente, conforme al Derecho
administrativo vigente, no podía haber surgido porque no fue fiscalizado
ese gasto, y eso no pasa en un convenio. No me conozco el convenio de
carreteras porque no es de mi competencia, pero sí puede darse el caso de
un convenio que sí cumpla estos trámites, aunque no anualice con
precisión el ejercicio en que se va a realizar el gasto. Son dos
cuestiones jurídicas, presupuestaria y administrativamente distintas, y,
por tanto, no se puede hacer esa comparación que ha insinuado o ha hecho
expresamente su señoría.
En cuanto al afán de aportar y construir, estoy plenamente de acuerdo.
Creo que hay un consenso sobre la construcción futura, bajo el concepto
de gestión integral de la costa, que me resulta profundamente
satisfactorio, pero tampoco vamos a construir negando los errores del
pasado. Vamos a construir precisamente porque hemos detectado una forma
de actuar en el pasado que no nos gusta y por eso la cambiamos. Ahora
bien, si nos olvidamos ya de una vez del pasado y queremos construir y
apostar por el futuro, encantados, y seguro que ahí logramos un grado de
consenso muy importante.
En cuanto a traer aquí el convenio con Canarias, comprenderá S. S. que
estamos en una fase de negociación que la lealtad entre administraciones
exige que las conversaciones que se están teniendo se mantengan a ese
nivel. En cuanto haya un convenio definitivo, no sólo lo conocerá S. S.
sino que, además, como será aprobado por el Consejo de Ministros, tendrá
un carácter público y oficial y podrá ser objeto de debate, discusión y
conocimiento por todo el mundo.
--MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR SU MINISTERIO PARA PALIAR LOS DAÑOS
PRODUCIDOS POR LAS INUNDACIONES EN ANDALUCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000507.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, y cerrado el debate de este primer
punto del orden del día, vamos a pasar al segundo punto, que se refiere a
una iniciativa presentada también por el Grupo Socialista del Congreso
para la comparecencia de don Benigno Blanco Rodríguez, Secretario de
Estado de Aguas y Costas, para informar acerca de las medidas que piensa
adoptar su ministerio para paliar los daños producidos por las
inundaciones en Andalucía.
Don Benigno Blanco pide la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Como
creo que SS. SS. habrán visto en el «Boletín Oficial del Estado» del
pasado sábado, el Real Decreto-ley 4/1997, de 14 de marzo, que adopta
medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y
temporales... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, les ruego que se
mantengan en silencio y escuchen con atención la intervención del
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Agradezco a la Presidencia que aconseje no sólo que se me escuche, sino
que se haga con atención.
Decía que, como SS. SS. habrán visto, en el «Boletín Oficial del Estado»
ya se ha publicado el Real Decretoe-ley 4/1997, de 14 de marzo, que da
cobertura al abanico de medidas articuladas ante una situación de
emergencia como la que ha supuesto el último período de inundaciones de
diciembre de 1996 y enero de 1997 en varias comunidades autónomas, y
específicamente en Andalucía. Por tanto, supongo que una parte de la
legítima curiosidad política que llevó a plantear la petición de
comparecencia se habrá visto satisfecha, no sé si con agrado o no por los
contenidos de este real decreto.
Como ustedes saben, los daños han sido muy cuantiosos, en Andalucía han
sido muy llamativos y con situaciones que podríamos calificar un poco
literalmente de dantescas pero humanamente dramáticas, y, por tanto, el
esfuerzo del Estado por reparar todos los daños producidos va a exigir
bastante tiempo. Yo sé que las cuantías consignadas para el crédito
extraordinario, que es en lo que más llama la atención a la opinión
pública en el Real Decreto-ley --y es muy normal que sea así--, pueden
ser vistas como insuficientes desde Andalucía, aunque suponen un serio
esfuerzo, dada la apuesta por el rigor presupuestario y en el gasto
público que se está haciendo, evidentemente con efectos duros en
ocasiones en toda España. Se ha hecho un esfuerzo desde el Estado de
sacar hasta la última peseta que podíamos tener disponible en este
momento para afrontar los efectos de las inundaciones, y vamos a
priorizar, dentro de los muchísimos daños que se han ocasionado, los
siguientes conceptos, por lo menos en materia de las competencias de este
Ministerio. En primer lugar, lo que hace referencia a la seguridad y
manipulación de los grandes embalses y sistemas de regulación en la
región para estar en condiciones, si llegase el caso, de hacer frente a
nuevos períodos de lluvias masivas. En segundo lugar, las inversiones en
acequias y canalizaciones para que no se impida a partir del mes que
viene ningún riego que esté pendiente de la reparación de tales
canalizaciones de riego. Nos parece que tiene un carácter
cronológicamente prioritario hacer frente a la campaña de riegos que
empieza esta primavera. Por tanto, los primeros gastos que ya estamos
autorizando mediante la correspondiente declaración de emergencia a
efectos administrativos, al amparo de este real decreto-ley, se están
refiriendo a estos dos conceptos. Un tercer concepto que se está
priorizando, pero subordinado a los dos anteriores, está siendo la
reparación de cauces para evitar nuevas inundaciones o desprendimientos
de laderas o cauces de los ríos.
Con estos criterios de priorización ya hemos aprobado en el ámbito de mi
responsabilidad, en la Secretaría de Estado, unos 6.000 millones de
emergencias concretas hasta este momento --en cuanto se contraten,
inmediatamente se empezará--, y seguiremos gastando la parte del
presupuesto que nos corresponde. Como es lógico --y basta leer el real
decreto-ley y fijarse en la praxis administrativa ordinaria en casos de
emergencias, por decirlo así--, el esfuerzo colectivo que la sociedad
española, a través de las decisiones del Gobierno, hace con la Comunidad
Autónoma andaluza no se agota en las previsiones del crédito
extraordinario, que se dota contra deuda pública a través de este real
decreto. Hay otra serie de medidas que no exisgen un crédito
extraordinario, pero que sí suponen un gasto para el Estado; exenciones y
reducciones de impuestos, intervención de los consorcios de seguros
públicos, todo tipo de subvenciones, aunque no creo que sea el caso de
hacer aquí un listado exhaustivo.
Por tanto, las emergencias empiezan ya a atenderse tanto en los sectores
de actividad de otro ministerio, como pueden ser carreteras o grandes
infraestructuras, como en lo que es específico del Ministerio de Medio
Ambiente y de la Secretaría de Estado de Aguas, con estos criterios de
priorización de las obras a los que he hecho referencia y que seguirán
adelante, teniendo en cuenta que, además, el crédito extraordinario que
se aprueba es ampliable y que, por tanto, si durante el ejercicio es
necesario ir tirando de más dinero y es posible conseguirlo apretándose
el cinturón en el gasto público, evidentemente se irá haciendo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo solicitante de la comparecencia, tiene
la palabra su portavoz doña Cristina Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Efectivamente, el decreto-ley da una cobertura muy insuficiente en
relación con los daños detectados en particular en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que alcanzan los 150.000 millones de pesetas, frente a los
20.000 millones que se han dotado como crédito extraordinario para varias
comunidades autónomas. Por tanto, como usted bien señala, no podemos
estar satisfechos, y dado que está pendiente de convalidación en esta
Cámara este decreto-ley, es posible que sobre su contenido haya el
posicionamiento político correspondiente con alguna posible alternativa.
Por lo que se refiere al área de su Secretaría de Estado, ha hecho usted
mención a las prioridades de gasto de emergencia con carácter global.
Desearía, si es posible, que me señalara los daños que se han detectado
en cada una de las cuestiones que ha señalado: seguridad en los embalses,
reparación de infraestructuras de regadío y reparación de cauces. Cuánto
tienen cuantificado como daño a reparar y cuánto cree que podrá consumir
en su conjunto dentro del margen que en estos momentos tienen. Quiero,
sobre todo, señalarle algunos temas puntuales que son extremadamente
graves.
Por una parte, usted no ha comentado nada de un área que es también de su
responsabilidad, que son los daños en costas. En lo que se refiere a
costas, sin que podamos disfrutar de una cuantificación exacta, puesto
que precisamente debe darla el ministerio en el ámbito de sus
competencias, en Isla Canela y en La Antilla, en Huelva, se han
producido regresiones de las playas de gran envergadura, de hecho en Isla
Canela el agua del mar está en estos momentos llegando al muro de las
urbanizaciones; Mazagón ha sufrido también desperfectos importantes; en
Málaga ha habido rotura de emisarios y destrozos en las playas y se han
producido daños en los paseos marítimos de El Puerto de Santa María, de
Cádiz y de Rota. Si el ministerio ha hecho una cuantificación sobre los
daños en costas, le agradeceríamos nos la hiciera saber y también que nos
dijera si se van a atender, en qué medida y en qué calendario, las obras
correspondientes.
Por lo que se refiere al dominio público hidráulico, tengo que comentarle
un tema grave detectado en la provincia de Cádiz que afecta a las
localidades de Algar y San José del Valle, que están en estos momentos
incomunicadas por una inundación que ha hecho quedar bajo las aguas al
antiguo puente que conectaba con el embalse de Guadalcacín-2. Se da la
circunstancia de que el nuevo puente --el puente que se denomina Picado--
tiene adjudicada su obra a la empresa OCP desde marzo de 1996, y la obra
a estas alturas no ha comenzado. Las inundaciones han venido a crear una
situación de dificultad para numerosas familias en estas localidades y la
obra, además, se encarece ahora notablemente. Quisiera saber si esta obra
concretamente va a ser atendida por el ministerio y en qué medida.
Hay un tema más delicado que se refiere al pantano de Bornos. En el
pantano de Bornos --supongo que conoce el hecho, se produjo un desembalse
del cual no se dio información en el tiempo necesario para el desalojo de
una barriada de Jerez, lo que afectó a más de cien familias porque, como
digo, la Confederación Hidrográfica avisó en el momento de iniciar el
desembalse. El Ayuntamiento de Jerez anunció en su momento una querella
contra el Ministerio de Medio Ambiente y contra la Confederación
Hidrográfica, y me gustaría que en este caso, donde parece que existen
responsabilidades administrativas, se nos conteste por parte del
ministerio qué acciones se van a tomar.
En general, me gustaría que transmitiera a esta Comisión una estimación
sobre daños en dominio público adicionales a los que ya le he hecho
mención y que usted mismo ha señalado en su intervención, los referidos a
seguridad de los embalses, reparación de infraestructuras de regadío o
reparación de cauces.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Luis Torres.
El señor TORRES GOMEZ: La valoración de daños que hace la señora Narbona
es de 150.000 millones y, por otro lado, tengo referencias del Presidente
de la Junta, acordadas con otros partidos políticos, según las cuales era
menor. No sé de dónde sale esa cifra. Me gustaría que la señora Narbona
lo aclarara en algún momento.
Como bien saben, ésta es una situación absolutamente excepcional. A lo
largo de los meses de diciembre de 1996 y enero de 1997 se ha producido
un régimen de lluvias que es completamente anormal --por lo menos en
Andalucía--, que ha provocado daños cuantiosos, desde luego, pero no
estoy de acuerdo en que se valoren en esa cantidad de 150.000 millones.
Digo que es anormal porque es una circunstancia --por lo menos en lo que
se refiere a la memoria histórica-- que no se había vivido en Andalucía
en los últimos cuarenta años.
Consecuencia de ello y de las excepcionales aportaciones habidas se han
producido grandes vertidos, a los que hay que unir, por otra parte, los
elevados caudales circulantes por los cauces. Habría que tener en cuenta
el estado en el que se encontraban porque eso ha sido lo que ha dado
lugar a esos deterioros, a movimientos de laderas, afectaciones de vías,
daños por falta de capacidad de desagüe, erosión de defensas, cortes de
vías debido al incremento del agua: algo, como digo, que nunca se había
producido.
Todo ello ha dado lugar a unos daños que en el decreto se reconocen que
son de imprescindible reparación, bien para paliar de manera inmediata
unas situaciones que allí en Andalucía son graves, bien para evitar daños
que podrían ser mucho mayores. La situación presupuestaria que tenemos es
la que es. Al aprobarse por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de
mayo el Real Decreto limitando su alcance a un crédito extraordinario por
20.000 millones --limitación que no es caprichosa, como SS. SS. saben,
sino que es debido a un reajuste por limitación presupuestaria-- no es
posible atender la demanda de la comunidad histórica con el presupuesto
ordinario.
Los criterios básicos que entiendo que ha seguido el Gobierno para
realizar este reajuste --dado el reconocimiento de que los daños causados
son mayores que este presupuesto que aplica el real decreto, y teniendo
en cuenta las valoraciones que se han dado en Andalucía, que me parece
que son adecuadas-- pretenden, en primer lugar, atender con carácter
prioritario la reposición de las infraestructuras averiadas, que es lo
más urgente, y de entre esas estructuras averiadas, las que requieren una
utilización inmediata, y fundamentalmente, como ha dicho muy bien el
Secretario de Estado, los canales, las acequias, las presas, las
conducciones dañadas y en la cuantía suficiente para volver a ponerlas en
marcha, a darles el estado de utilidad que tenían porque son
imprescindibles. Por eso se han dejado para mejor ocasión --como pasó
también en anteriores reales decretos con otros gobiernos-- todas las
estructuras que están dañadas, ciertamente, y así se reconoce, pero cuyo
uso no es inmediato. La disponibilidad presupuestaria es la que es y, en
consecuencia, el Gobierno tiene que atender lo urgente, que es lo que se
pretende con este real decreto.
Por nuestra parte sólo nos resta agradecer al Gobierno el esfuerzo
realizado en esta situación, un esfuerzo bastante considerable por
atender en la cuantía que lo está haciendo a Andalucía, que entiendo que
supone del orden del 80 por ciento de todo el presupuesto dedicado para
este fin, y un deseo y una petición al señor Secretario de Estado para
que cuando se solucione la actual situación presupuestaria atienda con
prontitud el resto, a través de ese crédito ampliable al que aludió
anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Agradezco las dos intervenciones en sentido constructivo, porque las
catástrofes creo que merecen --y es justo que se las trate así-- un
sentido constructivo a la hora de resolverlas. Ya sabemos que nunca se
llega a todo ni con la rapidez ni con el dinero que se quisiese, y creo
que los análisis que se han hecho aquí son absolutamente lógicos y
correctos. Voy a hacer unas breves observaciones al respecto.
La señora Narbona me dice que no he hecho referencia a los daños en
costas, y no la he hecho porque se me había pedido comparecer para hablar
de los efectos de las inundaciones. Puedo añadir los temporales porque
los daños de costas los tengo, son: en Andalucía, 1.284,50 millones de
pesetas, que se dividen de la siguiente manera: en Cádiz, 334,50; Huelva,
425; Málaga, 375; Almería, 150.
En cuanto al desglose por conceptos de los gastos por inundaciones en
territorio continental, no lo tengo por conceptos, lo tengo por
confederaciones. Puedo darle las cifras y, en todo caso, se le pueden dar
otras más adelante desglosando por los conceptos que desee. En el
Guadiana se valoran en 912,5 millones de pesetas; en el Guadalquivir,
9.758, y en la Confederación Hidrográfica del Sur de España, 11.435,4
millones de pesetas. Estos son los gastos.
En cuanto a las actuaciones de las confederaciones, yo, con su permiso,
no voy a enjuiciar la actuación de Bornos en concreto. Todas se están
investigando, como es lógico, y me parecería prematuro decir aquí que
alguien se ha portado mal o bien. Tengo que decir que, en su conjunto, en
una situación de absoluta emergencia, desconocida desde hace muchas
décadas e imprevisible en gran medida, la capacidad de reacción de todas
las administraciones, y en particular de las confederaciones
hidrográficas, me parece que es óptima; que los funcionarios han hecho un
esfuerzo sobrehumano en horas de trabajo, en dedicación, que yo, por lo
menos, les agradezco profundamente y que ha permitido gestionar
razonablemente bien una situación que pudo ser absolutamente caótica,
precisamente por el carácter no previsible y absolutamente desbordado de
las fuerzas naturales. Si en algún caso hubiese habido algún episodio en
el que pudiese descubrirse negligencia por parte de alguien, teniendo en
cuenta, sin duda alguna, el contexto en el que se estaba actuando, las
condiciones en que estaba Andalucía y el esfuerzo que todos estaban
haciendo, si hubiese que exigir responsabilidades a alguien,
evidentemente, se exigirían. No me consta que sea así en ningún caso.
En cuanto a si, de haberse realizado obras previstas con anterioridad,
hubiéramos soportado mejor algunos de los daños concretos --se cita el
caso de Algar y San José del Valle--, sin duda ninguna; pero eso no sólo
allí, sino en muchos puntos del territorio de las confederaciones. Por no
hacer referencias concretas, todas las infraestructuras previstas para
una correcta gestión de las cuencas en sus respectivos planes
hidrológicos hubiese ayudado a que la gestión de este período excepcional
de inundaciones y temporales hubiera sido más óptima de lo que ha sido.
Me temo que cada vez que haya una desgracia natural de este estilo se
podrá hacer la misma consideración, porque no es fácil imaginarse un
futuro hipotético en el cual contemos con todas las infraestructuras que,
teóricamente, hubiesen permitido evitar al cien por cien los eventuales
daños que se pudieran producir. Creo que ésta es la naturaleza humana y
la forma de ser de las cosas.
En cuanto a la intervención del representante del Grupo Parlamentario
Popular, le agradezco especialmente el sentido constructivo de la misma,
y tomo nota --y comparto-- de que, a pesar de este esfuerzo inicial,
quedan daños por reparar y que, si es responsabilidad nuestra, aparte del
esfuerzo inicial de este momento, en el futuro hay que ir paliando todos
los daños que se han producido, en la medida en que el presupuesto y la
capacidad administrativa lo vayan permitiendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Benigno Blanco.
La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, ¿se puede pedir alguna
aclaración? ¿Tenemos los tres minutos de gracia que la Presidencia
concede, sin ánimo de reabrir el debate?
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, lo que pasa es que yo nunca he
hablado de tres minutos; pero, en fin. (Risas.)
La señora NARBONA RUIZ: Lo que usted me conceda, señor Presidente, estará
bien.
El señor PRESIDENTE: Tiene el tiempo más breve posible, sin agotar ese
plazo máximo.
La señora NARBONA RUIZ: Quería saber si las cifras que me ha dado el
Secretario de Estado en relación con los daños en costas, derivados de
los temporales que acompañaron a las inundaciones, son daños que van a
ser reparados por parte del ministerio a lo largo de este ejercicio, si
están dentro o no del crédito extraordinario.
Recojo de su intervención que no conocía las dos situaciones puntuales
que he mencionado. Simplemente, quiero reiterarle que en ambos casos se
trata de cuestiones graves, sobre las que nos gustaría en esta Comisión
conocer el desarrollo de los hechos. Creo que si ha habido una
responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lo
que se refiere a las inundaciones en Jerez, deberíamos conocerlo, y lo
mismo en relación a una obra puntual. Es cierto, todas las obras que
quedan por hacer son impedimentos para que se gestione bien.
Evidentemente, el que el presupuesto de obras hidráulicas este año sea
infinitamente más bajo que el de años anteriores no prepara demasiado
bien para las siguientes inundaciones. En ese sentido, espero que haya
una holgura presupuestaria derivada de una nueva valoración de los hechos
que han acaecido, que sirva precisamente para incrementar el presupuesto
que le corresponde gestionar, señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Don Benigno Blanco, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Por
supuesto, los daños a reparar en costas están incluidos. Si usted ha
leído el Real Decreto-ley 4/1997, habrá podido comprobar que, entre los
daños a bienes públicos, se mencionan específicamente los ocasionados al
dominio público marítimo terrestre. Por lo tanto, se incluyen estos
gastos entre aquellos que deben ser atendidos con cargo a las
disposiciones de este real decreto.
Yo no tengo inconveniente en que S. S. suponga que no conozco las dos
actuaciones a que ha hecho referencia. Puedo asegurarle que las conozco
--créaselo o no--, pero no voy a hacer aquí ningún juicio sobre si las
actuaciones han sido correctas o no. Por supuesto, S. S. tiene derecho a
pedir información en una comparecencia, o a través del instrumento
parlamentario que juzgue más conveniente, para analizar cualquier
actuación, pero yo, en este momento, no voy a entrar a hacer un análisis
de la conducta o de la actuación de ningún organismo ante aquellas
inundaciones, porque me parece, sinceramente, que ni es el momento
pertinente ni tengo toda la información en la mano para poder
pronunciarme en un sitio tan serio como éste sobre las actuaciones de las
confederaciones. Pero ese debate se puede plantear más adelante, cuando
S. S. desee.
Por otra parte, me congratulo de que me desee un presupuesto a gestionar
más amplio en los próximos años. Estaría encantado de que pueda ser así.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA EJECUCION
DE LA REGENERACION DE LA FACHADA MARITIMA DE GANDIA (VALENCIA). (Número
de expediente 181/000380.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día, relativo a una
pregunta oral presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre previsiones acerca de la ejecución
de la regeneración de la fachada marítima de Gandía.
Para plantearla, tiene la palabra don Ricardo Fernando Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Blanco, por su presencia. Mi
pregunta es muy concreta. Existían compromisos y proyectos elaborados en
torno a la regeneración de la fachada marítima de Gandía. En el proyecto
que en su día se había elaborado estaba prevista la aportación tanto por
parte de la Administración central como por parte del Ayuntamiento de
Gandía y, asimismo, tenía el respaldo del Banco Europeo de Inversiones.
Sin embargo, en los últimos meses de 1996 surgieron noticias e
informaciones que hablaban de la posibilidad de que este proyecto
--seguramente el proyecto más importante en cuanto a regeneración de
costa que se lleva a cabo en el ámbito de la provincia de Valencia--
quedaría paralizado. Nos gustaría saber exactamente cuáles son las
previsiones del ministerio en relación con la ejecución de ese proyecto.
El señor PRESIDENTE: Don Benigno Blanco, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Yo no
sé de dónde salen esas informaciones, pero, desde luego, desde el punto
de vista de la Dirección General de Costas, no está paralizado. Es un
proyecto en trámite y la información de la que yo dispongo en estos
momentos es la siguiente. Hubo un primer proyecto, que se presentó a la
Dirección General de Costas y fue objeto de una serie de observaciones
negativas por parte de los técnicos de la correspondiente subdirección.
La objeción fundamental que presentaba era una ampliación de la ocupación
de la playa, que --como usted sabe-- es una posibilidad expresamente
considerada como negativa por el artículo 44.5 de la Ley de Costas. En
este caso concreto, el volumen de metros cuadrados de playa a ocupar
--que superaba los 40.000-- parecía una objeción bastante seria para
aprobar ese primer proyecto; además, había otras objeciones relativas a
usos previstos, etcétera, pero ésa era la objeción fundamental. En
consecuencia, y como es normal en la tramitación de estos proyectos, se
solicitó del Ayuntamiento de Gandía una modificación y revisión del
proyecto para salvar las objeciones que, desde el punto de vista de la
legislación vigente, se habían puesto por la Dirección General de Costas
--básicamente en los dos puntos, y sobre todo en el primero, a que antes
hice referencia-- respecto a la ocupación de la playa.
Por lo que yo sé, el Ayuntamiento de Gandía presentó una nueva propuesta
que retranqueaba bastante la línea de ocupación de la playa, pero
mantenía la tipología del paseo tal como estaba. Desde la subdirección
general de actuaciones en la costa --y ésta es la última actuación que me
consta en este momento-- se dio la conformidad a que, con esos
parámetros, se realizase la elaboración definitiva del proyecto técnico
en los términos de la legislación de contratación administrativa. En este
momento la Dirección General de Costas está esperando que se le presente
ese nuevo proyecto técnico, basado en los criterios que siguiendo las
observaciones de la Dirección General de Costas presentó, digamos, en
segunda instancia el Ayuntamiento de Gandía. Las previsiones --puramente
verbales-- que teníamos eran que se nos iba a entregar antes de que acabe
el mes de marzo, por lo tanto, supongo que no tardará mucho en ser
entregado. Una vez que llegue el proyecto --como pasa con todo proyecto
de una actuación en la costa--, será sometido a los trámites
administrativos pertinentes, el primero de los cuales es la aprobación
técnica, luego saldrá a información pública --no sé si ese tipo
de proyecto exige evaluación de impacto ambiental-- y, a continuación,
estaría ya en condiciones de empezarse materialmente el proceso de
contratación.
En consecuencia, no hay paralización, sino los trámites y diferencias de
criterio normales en la tramitación de estos proyectos cuando interviene
más de una administración pública.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Blanco, por su respuesta. Yo
celebro especialmente su afirmación de que no hay ninguna paralización.
Efectivamente, esas noticias aparecieron publicadas en los medios de
comunicación y, con independencia de cuál fuera la fuente, se hacía
referencia no sólo al tema de Gandía. Se hablaba también en aquella
información del tema de Alfaz del Pi y de Puzol, del que hablaremos
posteriormente y podremos comprobar en qué medida tenían algún fundamento
ese tipo de informaciones. En todo caso, insisto, celebro que como
Secretario de Estado descarte cualquier tipo de paralización en lo que se
refiere al proyecto de regeneración de la playa de Gandía.
A continuación quisiera llamarle la atención sobre la importancia que
para una ciudad como Gandía tiene este proyecto. Es un proyecto muy
importante que va a suponer un esfuerzo notable por parte del
ayuntamiento y aún mayor, sin lugar a dudas, por parte de la
Administración central. El ayuntamiento está dispuesto a contribuir
porque lo considera absolutamente necesario y creo que esa consideración
es compartida y compartible por la Administración central. Por tanto,
convencido como estoy de que el Ayuntamiento de Gandía presentará ese
proyecto técnico, a que usted ha hecho referencia, en el plazo más corto
posible, le pediría que por parte de la Administración central se
aceleraran los trámites de cara a que ese proyecto de regeneración de la
playa de Gandía, que tanta importancia tiene y cuya necesidad es tanta,
pudiera ver la luz cuanto antes.
El señor PRESIDENTE: Señor Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Nada
tengo que añadir, salvo que en lo que se publica en los medios de
comunicación sin su fuente hay que dar el valor que tiene a la falta de
identificación de la fuente. Habitualmente, una gestión realizada o la
petición de un acelerón en los trámites administrativos dan lugar al
planteamiento del iter largo que llevan los trámites administrativos y
suenan voces de: paralización, ya no se hace, y no es así. Las cosas
llevan sus plazos, sus tiempos, y la Administración es segura pero lenta.
Eso es verdad. En consecuencia, hay que seguir una serie de tramitaciones
que lleva, repito, a que las prisas subjetivas que tiene siempre, muy
legítimamente, el beneficiario de la obra no se vean correspondidas con
frecuencia por la actuación administrativa. Pero para su tranquilidad le
reitero que no hay paralización alguna sino la normal, ya sea lenta o
rápida, tramitación administrativa de un proyecto de este estilo.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC) (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA EJECUCION DEL PASEO MARITIMO
DE PUZOL (VALENCIA). (Número de expediente 181/000381.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a debatir el cuarto punto del orden
del día, que se refiere a una pregunta oral presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, cuyo autor es
don Ricardo Peralta, sobre las previsiones acerca de la ejecución del
paseo marítimo de Puzol (Valencia).
El señor PERALTA ORTEGA: Le decía anteriormente, señor Blanco, que las
noticias que aparecieron hacían referencia a una paralización de varios
proyectos y se citaba concretamente el de Gandía, que ya ha tenido usted
ocasión de desmentir. A continuación le pregunto por el de Puzol, que
también apareció ayer en las referencias y sobre el que confío que la
respuesta que me dé el señor Secretario de Estado irá en la misma
dirección. En una respuesta que me consta que dio el Gobierno a una
compañera Diputada de Valencia --en que se hacía referencia a la
incidencia del recorte presupuestario en las actuaciones correspondientes
al plan de costa en la provincia de Valencia-- se reconocía que uno de
los proyectos redactados y con aprobación técnica era el relativo al
paseo marítimo de Puzol, a la defensa y regeneración de la playa. Sin
embargo, en relación con este tema también apareció la noticia de que
había quedado paralizado. Incluso parece ser que el convenio que en su
día se suscribió por parte de la Dirección General de costas con el
Ayuntamiento de Puzol podía ser tachado de electoralista. Yo recuerdo que
un antiguo compañero decía que era un poco absurdo acusar a los políticos
de electoralistas, porque si la cosa es buena, lo es, y para eso estamos
los políticos, para intentar hacer cosas buenas. Por tanto, creo que no
tiene sentido hablar de que sea electoralista el proyecto de regeneración
o de ejecución del paseo marítimo de Puzol, sino si es necesario o no
este proyecto. De la necesidad de este proyecto estoy convencido que es
difícil dudar. Muy recientemente, hace unas semanas, el Ayuntamiento de
Puzol, por mayoría de sus componentes, constataba que se había producido
un deterioro notable de la costa en esa localidad. Se hablaba de que la
costa había retrocedido más de 10 metros en la última década como
consecuencia, por una parte, de la falta de medidas idóneas en la propia
localidad y, por otra parte, como consecuencia de la incidencia del
puerto de Sagunto, que queda al norte, con el efecto clásico que producen
los puertos en las playas, y en el caso del Mediterráneo en las playas
que están situadas al sur. Por tanto, es difícil dudar de la necesidad y
la urgencia de este proyecto. Desde ese punto de vista, me gustaría saber
cuáles son las previsiones que
tiene el ministerio en relación con la ejecución del paseo marítimo de
Puzol.
El señor PRESIDENTE: Señor Blando.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): El
paseo marítimo de Puzol --como sabe usted probablemente mejor que yo-- ha
tenido, desde el año 1986, una vida administrativa con muchos avatares
que han llevado incluso a intervenir al Tribunal Supremo. Se trata de uno
de esos casos en que los intereses contrapuestos entre las
planificaciones de las administraciones públicas y los derechos de
particulares lleva a pleitos que, con lo que tarda la jurisdicción
contencioso-administrativa en pronunciarse definitivamente, a veces
alargan durante años y años el que se pueda tener la disponibilidad
última de los terrenos. Y todavía no tenemos, dentro de esta larga
tramitación que viene desde el año 1986, una definición última de cuáles
deben ser las obras a realizar.
Como usted sabe, ha habido discrepancias entre el ayuntamiento y la
Dirección General de Costas sobre si estamos hablando de un solo proyecto
o de tres proyectos distintos y, en la última fase, sobre cuál es la
prioridad, qué proyectos se hacen antes y cuáles después. Sigue sin haber
todavía un acuerdo sobre esa definición última, estando todos de acuerdo
sobre el modelo final al que debe llegarse, pero no por dónde hay que
empezar, precisamente por la valoración que se hace desde la Dirección
General de Costas de lo que supone el proceso de retroceso de la costa
que está produciéndose en el litoral valenciano y que afectaría a la
propia viabilidad de las obras del paseo marítimo y de regeneración de la
playa si no se hacen en la forma que técnicamente sugieren nuestros
expertos, que no coincide totalmente con lo que desde el ayuntamiento se
quiere. Por tanto, creo que para avanzar definitivamente no bastan sólo
convenios, aunque efectivamente hubo un convenio de febrero del año 1996,
si no recuerdo mal, en el que se daba una solución que plantea problemas.
Es uno de esos convenios que por los motivos a los que hice referencia en
la primera comparecencia de esta sesión vespertina pueden considerarse
nulos. Sin embargo, al margen de convenios o no convenios, ahí tenemos un
problema. Hay ya un estudio técnico bastante profundo, pero creo que
habría que urgir al ayuntamiento --por nuestra parte ya estamos urgidos
por la naturaleza de nuestras competencias-- a llegar a un acuerdo
definitivo sobre por dónde empezamos las obras para que esa tramitación
administrativa pueda estar tan avanzada a corto plazo como estaba la de
Gandía, aunque no ha llegado a su punto final. Aquí hay más inmadurez de
concepto por no acabar de definir el orden de realización de las obras,
pero, desde luego, no hay decisión alguna de paralización; estamos en la
fase de discusión técnica sobre lo que hay que hacer.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Blanco, es verdad que el proyecto de
regeneración de la plaza de Puzol ha sido conflictivo por la existencia
de particulares que cuestionaban las actuaciones administrativas y
pretendían defender sus supuestos derechos; yo no me atrevería a
calificarlos de derechos. No es menos cierto que una de las obligaciones
de la Administración es intentar que el interés general prevalezca sobre
los intereses particulares y, desde ese punto de vista, el interés
general parece claro que es llevar a cabo el proyecto respetando siempre,
en la medida en que haya que hacerlo, los intereses particulares.
Le acepto que me diga que no está paralizado el proyecto, a pesar de que
en términos parlamentarios sabemos que los proyectos se paralizan en
ocasiones creando comisiones de estudio, una ponencia o una subcomisión,
con el nombre que le queramos dar. Usted me dice que aquí no hay ninguna
voluntad de paralización sino, simplemente, de estudiar bien a fondo el
tema y resolver las dificultades. Yo le tomo la palabra y si me dice que
el tema está pendiente de un acuerdo yo le digo que me consta la voluntad
del Ayuntamiento de Puzol de alcanzar ese acuerdo. Le pediría que, si es
posible, me concrete que está dispuesto a cursar una convocatoria al
Ayuntamiento de Puzol para concretar lugar y día en que se produzca la
reunión en que se pueda alcanzar ese acuerdo. Si se encuentra usted en
condiciones de decirme que va a cursar esa convocatoria, estoy convencido
de que los ciudadanos de Puzol empezarán a creer que es verdad que no hay
voluntad por parte del ayuntamiento de mantener paralizado un proyecto
que ya lleva así mucho tiempo, como usted sabe, y que es muy necesario,
porque por una razón o por otra el deterioro de la playa de Puzol se ha
producido y medidas de intervención son necesarias. Por tanto, le
agradecería esa contestación si está en condiciones de dármela.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Seré
muy breve. Los intereses particulares deben ceder, en un buen esquema
constitucional, sobre la primacía del interés general a las necesidades
de este último, pero la ventaja y el inconveniente de un Estado de
Derecho es que los formalismos jurídicos, a la vez que son garantía de
los derechos y libertades de los ciudadanos, traban muchas veces la
actuación de la Administración.
Como usted sabe, uno de los problemas serios que ha habido en el proyecto
de Puzol es la disponibilidad de los terrenos. Lo que ha motivado la
intervención del Tribunal Supremo y que haya tenido que reiniciarse el
procedimiento de exploración ha sido precisamente no hacer las cosas bien
en su momento. Actualmente está pendiente el procedimiento de
expropiación, de nuevos recursos y la fijación de justiprecio por el
jurado provincial. Hay ciertas dificultades administrativas, no todas
imputables a la dirección general, puesto que no es la responsable de la
disponibilidad de los terrenos. También hay un problema técnico. No me
parece que una comparecencia parlamentaria de un secretario de Estado sea
la mejor forma de concertar una reunión con día y hora, pero me consta
que el Director
General de Costas es muy asequible, ha tenido ya sus entrevistas con el
alcalde y basta con llamarle para quedar con él.
La buena voluntad se supone, pero todos tenemos que colaborar. Aquí hay
un problema de concepción de las obras para tener la seguridad de que no
invertimos en vano, como ha pasado tantas veces en las costas, por no
estudiar muy bien el orden en que hay que hacer las cosas para evitar que
el mar acabe arrasando lo que se ha construido un año o dos antes. Las
objeciones que desde la Dirección General de Costas se han puesto a los
planteamientos del ayuntamiento responden no a un prurito técnico de
poner problemas, sino a la seria preocupación por hacer viable la
inversión que se realiza. Dicho esto, le aseguro la mejor voluntad y
plena disponibilidad para llegar a acuerdos. Y, por supuesto, para quedar
con el Director General de Costas basta que el alcalde le llame por
teléfono.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Benigno Blanco. En nombre de la
Comisión de Medio Ambiente quiero darle las más expresas gracias por su
nueva comparecencia en esta Comisión.
Comunico a SS. SS. que vamos a proceder a la interrupción de la sesión
hasta las dieciocho horas, en que está prevista la siguiente
comparecencia.
Se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA URGENTE DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO Y GEOMINERO (CUSTODIO GIMENA) PARA INFORMAR SOBRE LOS GRAVES
HUNDIMIENTOS DEL SUELO REGISTRADOS EN MEDINA SIDONIA (CADIZ), ASI COMO DE
LAS MEDIDAS A ADOPTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 212/000534.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se reanuda la sesión
con el quinto punto del orden del día, que se refiere a la comparecencia
solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista de don Emilio Custodio,
Director General del Instituto Tecnológico y Geominero, para que informe
sobre los graves hundimientos del suelo registrados en Medina Sidonia
(Cádiz), así como de las medidas a adoptar.
Don Emilio Custodio tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y GEOMINERO (Custodio
Gimena): Buenas tardes.
Voy a informar sobre la situación que existe en Medina Sidonia, según los
datos que obran en el Instituto que dirijo. En este Instituto se recibió
la solicitud del Gobierno civil de formar un grupo para estudiar los
movimientos de ladera y la aparición de inestabilidades en las
construcciones y hubo una primera reunión durante el mes de enero.
Después hubo una segunda visita durante el mes de febrero. Así, el tema
ha sido conocido.
Se puede informar que se trata de un clásico movimiento de ladera
originado por las extraordinarias lluvias que se produjeron en el período
precedente, a consecuencia de las cuales se están dando deslizamientos de
unos materiales sobre otros que están saturados de agua. Este es un
fenómeno que no es nuevo en la zona. Observando la fotografía aérea se
ven deslizamientos importantes que han sucedido en un pasado no datable,
pero probablemente no muy lejano; aparecen una serie de grietas que
corresponden al inicio de deslizamientos. Esto tampoco es una novedad,
pues algunos habitantes de la zona recuerdan destrucciones de edificios
en épocas pasadas por estas causas.
Además de la lluvia --es un barrio no demasiado reciente, pero sí
moderno, en el cual, como en todos los barrios modernos, hay un buen
servicio de abastecimiento y saneamiento--, estos pequeños movimientos
dan origen a la ruptura de las conducciones, lo cual aumenta la cantidad
de agua que hay en el subsuelo y, a su vez, facilita este movimiento.
La identificación del problema es suficiente para decir que para atajar
el problema, en caso de que se produzcan nuevas lluvias en una fecha
próxima o un evento sucesivo, habría que construir una pantalla que
impidiese que las aguas de la zona alta incidiesen sobre la zona baja.
Eso sería una protección y es una obra que se puede definir, se está
definiendo en estos momentos. No se puede decir ahora si esta obra
drenaría por gravedad y sería estable, lo que sería de fácil instalación
y funcionamiento, o tal vez habría que instalar unas captaciones de agua
que tendrían que ser bombeadas, en cuyo caso la comunidad debería tomar
las acciones correspondientes para mantener estas obras en funcionamiento
y si hubiera desperfectos en el futuro tendría que irlas reparando y
sustituyendo.
Esto es, en definitiva, lo que sucede. No es un hecho insólito, es un
hecho relativamente común. En este caso, la coincidencia de este período
húmedo y la mejora social del barrio pueden haber contribuido a esta
situación, pueden haber sido la causa de este inicio de movimientos, que,
repito, no son nuevos, pues hay claras señales de que en el pasado, en un
pasado no muy lejano sucedió lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del grupo que ha solicitado la comparecencia, tiene la palabra
su portavoz, doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias al Director General del Instituto
Tecnológico y Geominero por su comparecencia. Queremos darle también la
enhorabuena por su reciente nombramiento y desearle que le vaya bien,
lamentando que probablemente el cambio del anterior director general haya
podido provocar algún tipo de desconexión o de falta de seguimiento de un
problema que afecta, desde nuestro punto de vista, de manera grave al
barrio de Santa Catalina de este pueblo de Medina Sidonia, de Cádiz.
Quisiera hacerle un estado de la cuestión para que, además del informe
técnico que nos ha presentado y que tengo por escrito, porque me lo
entregó el alcalde del Ayuntamiento de Medina Sidonia --es un informe
provisional, a falta de un informe definitivo--, tenga algunos datos
sobre la situación y sobre los efectos que ha provocado ese deslizamiento
de ladera.
Este barrio de Santa Catalina, que puede haber tenido algunas viviendas
nuevas, porque algunas viviendas desaparecen y otras se construyen, es,
sin embargo, un barrio que tiene un origen muy antiguo. Es del siglo XVI;
el casco histórico de Medina-Sidonia es probablemente de origen fenicio,
la propia palabra lo dice, y el barrio está en el centro de su casco
histórico, prácticamente a espaldas del ayuntamiento. Esto da una
naturaleza muy específica, como todos los cascos históricos, a esas
viviendas, casi todas de planta baja y con escasa cimentación, debido a
las características de construcción antigua.
Con las pasadas inundaciones, se han hecho patentes una serie de efectos
en las viviendas que prácticamente dan hoy la impresión de que el barrio
está en ruinas. Tenemos 35 viviendas desalojadas y 50 en trance de
desalojo porque no se encuentran todavía las viviendas suficientes para
poder acoger a las familias que siguen en esas casas en trance de
desalojo y que están apuntaladas. Es una población de aproximadamente 350
personas, de las 700 que tiene ese barrio; es decir, prácticamente la
mitad de un barrio que está en un casco histórico se ve afectada
gravemente, porque o bien ha tenido que desalojar su vivienda o, si no,
se encuentra en angustia permanente porque los testigos de las grietas
van desapareciendo y ello provoca la alarma. Hay dificultades de todo
tipo para continuar el desalojo. El ayuntamiento ha asumido, con
subvenciones de la diputación y de la Junta de Andalucía, el pago de los
alquileres de muchos de estos inquilinos que han tenido que trasladarse a
nuevas viviendas, pero nos encontramos con fenómenos como la
especulación, como la carencia de viviendas incluso para realojar a esas
35 familias que ya han sido desalojadas. El ayuntamiento tiene
dificultades para el pago de estos alquileres y las expectativas de los
50 vecinos restantes son difíciles. Hay un compromiso de la Junta de
Andalucía para habilitar unas viviendas de primera urgencia para aquellas
familias con más necesidades.
Lo cierto es que la situación es bastante grave y no sólo desde el punto
de vista físico de las viviendas. Yo personalmente he visitado casi todas
ellas, me he procurado un catálogo y en algunas no solamente las grietas
son muy grandes, sino que incluso se han producido boquetes muy profundos
en los suelos de las viviendas, que provocan la natural alarma en sus
inquilinos. Algunas familias necesitan incluso algún tipo de tratamiento
psicológico para afrontar una situación cuyo final no saben cuál va a
ser.
El informe provisional que se ha elaborado, tal vez por ser provisional,
no hace un diagnóstico fijo ya que tiene algunas contradicciones y no
genera la suficiente tranquilidad en esta población. Alguna de las
cuestiones que señala es que estas grietas evidentemente han sido
originadas por el fenómeno de las inundaciones, pero existe una primera
razón, que son los movimientos de la corteza terrestre, fenómeno que,
permítanme que se lo diga, porque no soy experta en este tema, no sé a
qué se refiere: el diapirismo. Y la actividad sísmica. Es decir, que hay
fenómenos subyacentes más profundos que los debidos a las inundaciones y
a la rotura de esas conducciones de agua como consecuencia de la fractura
del terreno. Digo que el informe genera una cierta intranquilidad porque,
por ejemplo, afirma que un tema que habrá que investigar es la erosión
interna y los espacios subterráneos de origen cáustico que parece sufrir
el cerro por efecto de las corrientes de agua que circulan por él. No
sabemos las implicaciones de ello en la estabilidad y si aumentarán o no
los efectos en los movimientos de la ladera. Esto da intranquilidad a
quienes están viviendo en esa situación.
El informe también dice más adelante que estamos en una fase inicial del
movimiento, por deslizamiento del terreno, lo cual hace pensar que puede
haber una fase posterior que podría agravar la situación actual.
Asimismo, continúa diciendo que, si se repitieran estas lluvias de
diciembre de 1996 y de enero de 1997, que han sido las últimas
provocadoras de esta situación, llegará un momento en que el terreno no
tenga la resistencia suficiente.
Estos párrafos son bastante preocupantes para la población que está
viviendo encima de este casco histórico, sobre todo porque el régimen de
lluvias puede volver en primavera, puede agravarse y las personas que
están viviendo allí pueden tener riesgos en su seguridad personal. No es
la primera vez que sucede y lamentablemente no quisiéramos que se
produjera lo que ya se produjo en casos anteriores, en los que murieron
algunas personas.
Nosotros creemos que las catástrofes naturales son evitables y que no nos
la manda Dios. Existen procedimientos para que la naturaleza se pueda
controlar. Pensamos que la resignación no debe ser el objetivo la que
tengamos que llegar, ni mucho menos, sino que debemos poner todos los
medios para evitar situaciones que pueden degenerar en desgracia. Es
nuestra obligación. Nuestra preocupación tiene una base muy profunda.
Perdóneme que le hayamos hecho venir y que estemos a estas horas en esta
Comisión, cuando ya prácticamente no se está celebrando casi ninguna
otra, pero pensamos que es un tema que requiere no solamente nuestra
preocupación, sino la del Gobierno y querríamos hacerle algunas
preguntas. El informe provisional dice que la estabilidad estaría
garantizada si se impidiera el aporte del agua, si se pusiera en marcha
esta pantalla y este drenaje. Una de las medidas provisionales que el
informe detalla es la construcción de esa pantalla o una barrera de
drenajes verticales para garantizar la estabilidad de la ladera. Y nos
gustaría saber cuál es el motivo por el cual todavía no se ha puesto eso
en marcha y si hay posibilidad de que se puedan tomar algunas otras
medidas que se crean necesarias.
Al mismo tiempo, a pesar de que el informe provisional no es más que eso,
un informe provisional, dice que el plazo que se fija para la emisión
definitiva del informe puede estar condicionado a las cargas de trabajo y
disponibilidad del personal que actualmente tiene el organismo y a lo que
pudiera indicar su dirección en cuanto a prioridades. Lamentaríamos que
un tema de personal o de carga de
trabajo fuera la razón para que el informe definitivo no tuviera la
urgencia que creemos que debe tener un asunto de esta naturaleza, en el
que está en riesgo la seguridad de las personas. Por tanto, le rogaríamos
que el informe definitivo estuviera en el plazo mínimo posible. Creo que
el plazo que se fijó y que refleja el informe provisional es un plazo en
el que probablemente todavía no se había valorado suficientemente la
repercusión de los efectos de estos deslizamientos de ladera, porque la
visita de los técnicos del Instituto Geominero se efectuó en enero y en
febrero, cuando aún no se habían producido todos los efectos; cuando
éstos han seguido produciéndose pensamos que son razones suficientes como
para que el informe no tenga el plazo que en principio se le había dado,
sino que se acelere y se le dé el máximo trámite de urgencia.
Le pedimos, en primer lugar, que se pongan en marcha esas medidas que el
informe provisional dice, que se ponga en marcha urgentemente esa
pantalla que provoque que se estabilice momentáneamente la ladera, para
poder transmitir a la población la tranquilidad que merece, porque no
tiene ni una noche en la que pueda descansar con relativa tranquilidad y,
al mismo tiempo, que dé la tramitación de urgencia a ese informe
definitivo para que, a ser posible, en el plazo más corto, plazo que
quisiera que aquí pudiera comprometer, tuviéramos ese informe y esta
población pudiera, como he dicho antes, descansar tranquila.
Usted, señor Director, representa en estos momentos al Gobierno. Tengo
que lamentar que la comparecencia ayer mismo, en el Parlamento, de la
Ministra de Medio Ambiente no fuera lo suficientemente satisfactoria en
este tema. Nos ha extrañado que se haya remitido exclusivamente al
informe y no nos haya dado ningún detalle más de alguna actuación del
Gobierno en cuanto a un tema que afecta a la seguridad, como digo, en
conjunto, de unas 700 personas que viven en este barrio.
Entendemos que la ministra ha perdido la oportunidad de haber dicho
públicamente a este barrio y a este pueblo que va a impulsar todas las
responsabilidades del Gobierno y que va a presentar una propuesta de
actuación coordinada entre todas las administraciones porque, como
probablemente usted conozca, las responsabilidades en muchos campos son
compartidas. Evidentemente, hay una responsabilidad del Gobierno. La
prueba es el propio decreto de las inundaciones, que la Cámara refrendará
dentro de poco; es una expresión de que cuando hay catástrofes el
Gobierno de la nación tiene una asignación y un compromiso con la
población afectada.
Lamentablemente, el decreto de las inundaciones, que el propio Gobierno
valoró, para la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 120.000 millones, al
final ha resultado ser muy exiguo, de apenas unos 20.000 millones de
pesetas y para cinco comunidades autónomas. Usted me dirá si con ese
recorte tan brutal de las propias previsiones del Gobierno se podrá
afrontar problemas que ya no sólo derivan de la circunstancia
provocadora, de las inundaciones, sino de las propias características
geológicas y de los profundos movimientos sísmicos, como refleja el
informe, que pueden ser la base de la situación que estamos viviendo.
Quisiéramos pedirle que a ser posible transmitiera a la ministra nuestro
pensamiento de que las catástrofes naturales son evitables y que además
en el Senado existe una comisión especial creada para la prevención y
asistencia en situaciones de catástrofe. Si existe esta Comisión es
porque se puede tomar medidas y desde luego más vale adoptarlas antes que
no tomarlas ante los hechos consumados y cuando todos lamentemos lo
sucedido.
Agradezco su comparecencia en estos momentos, en los que, como digo, ya
debería haber finalizado el trabajo y quiero insistir en que todo el
Gobierno podría y debería estar comprometido en un tema de esta
naturaleza.
Hay precedentes ya de que tanto en el Ministerio del Interior como en el
de Fomento, como en el de Medio Ambiente existen partidas, incluso
habituales, para casos semejantes. Existe también la posibilidad de
decretos específicos que puedan abordar situaciones similares a la que
estamos analizando.
Por eso quisiera, en último lugar, manifestarle la preocupación que
tenemos por la situación de este barrio para que así lo transmita al
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar la posición?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Aurelio
Sánchez.
El señor SANCHEZ RAMOS: Señor Presidente, también deseo manifestar, cómo
no, el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular por la
comparecencia de don Emilio Custodio, Director del Instituto Tecnológico
y Geominero.
El Grupo Parlamentario Popular comparte la preocupación del Grupo
Parlamentario Socialista en este tema y lógicamente mucho más la de los
vecinos del barrio de Santa Catalina, preocupación por el presente,
puesto que no saben qué riesgos corren las personas que aún no han
abandonado sus casas, y por el futuro, ante la incertidumbre, puesto que
no saben si podrán volver a ocupar sus viviendas una vez que se conozca
la posibilidad de reparar los daños actuales, ya que hay grietas que
continúan aumentando aunque haya bajado el nivel de agua. Esta es una
grave preocupación, doble, que tienen los vecinos.
Este es un tema que viene de antiguo. Incluso la diputación provincial
solicitó un estudio a una empresa privada en septiembre de 1996. También
el arquitecto municipal de Medina Sidonia ordenó el apuntalamiento de
varias casas, que en algunas no se ha efectuado --esta valoración de los
vecinos nos causa temor-- por falta de puntales y tablones, en un
ejercicio de irresponsabilidad local temeraria, diríamos nosotros.
Yo quisiera tranquilizar a la portavoz del Grupo Socialista, cuya
intervención parece querer mostrar que el Gobierno permanece pasivo ante
esta situación que día a día, momento a momento, viven estos vecinos.
Quisiera recordarle que el 16 de enero el gobernador civil de Cádiz tomó
la iniciativa en este tema y solicitó el primer estudio al Instituto
Geominero y este dictamen que hoy nos trae su Director.
El 19 de enero, tres días después, el gobernador civil visita la zona, y,
además de dejar claras las competencias de cada administración en el tema
que nos ocupa, ofreció la ayuda técnica del Gobierno así como la asunción
de los gastos de emergencia, reposición de ajuares, enseres, etcétera. El
23 de enero se celebró una importantísima reunión en la sede de la
delegación de gobernación de la Junta de Andalucía, con participación del
Gobierno central, autonómico, diputación, ayuntamiento y asociación de
vecinos del barrio; acordaron, en primer lugar, buscar las viviendas de
alquiler para los realojos urgentes. Segundo, anunciaron el acuerdo de la
Junta, diputación y ayuntamiento, para, en un acuerdo tripartito,
construir cien viviendas en régimen de alquiler y de renta módica.
Tercero, se encargó al representante del Instituto Geominero, que ya
estaba presente en esa reunión, la realización de este estudio que
determinase las causas y las medidas para atajarlo y se dio un plazo de
seis meses, que aún no ha concluido, para realizar este estudio.
Sí quisiera aprovechar para pedir al Director que el plazo para el
dictamen, que en un principio se fijó en seis meses, pudiera acortarse al
máximo posible, sin que mermara los condicionamientos técnicos del mismo;
luego ese dictamen pudiera dar lugar a un proyecto, y ya se valoraría y
se vería la asunción de responsabilidades o quién tendría que ejecutar
las acciones.
El delegado de gobernación de la Junta anunció que se iniciarían
inmediatamente las obras de reposición, saneamiento y alcantarillado,
porque las tuberías estaban rotas y estaban provocando el acopio de aguas
a esta zona.
La prensa calificó de histórica esta reunión en la que todas las
administraciones, formando un frente común, en una piña, identificados
todos con el problema, cada una en el ámbito de sus competencias, se
reunieron para atajar estos graves daños, lo cual no encaja con los
temores que nos presenta la portavoz del Grupo Socialista de que parece
que unos han asumido responsabilidades, y otros, no. La propia prensa
constata que cada uno asumía las suyas.
Hay el siguiente problema. Desde entonces, desde que esta reunión tiene
lugar, desde que se inician los estudios hasta hoy los vecinos siguen sin
tener noticias y su incertidumbre crece. Eso lo entendemos y lo
compartimos. También existe el riesgo de que nuevas lluvias, que suelen
tener lugar en primavera y con carácter torrencial, puedan agravar el
problema. De ahí, señor Director, que le pidamos la máxima celeridad en
este dictamen.
Lo que ya no queremos mezclar, cuando todos estamos muy identificados con
los problemas de los vecinos, son las disquisiciones políticas entre unos
y otros, achacándonos quién hace, quién no hace, quién deja de hacer.
Pienso que el problema es lo suficientemente grave para seguir con el
consenso que habíamos adoptado en estas reuniones previas y, en unión de
los vecinos, tratar de dar respuesta y solución a sus graves problemas.
Entiendo políticamente la pregunta a la ministra de la señora Romero
sobre si tiene conciencia el Gobierno de los daños. ¿No la va a tener?
¿Usted no lee la prensa? ¿A usted no le informan sus compañeros de
partido, su ayuntamiento, que es del PSOE, ni la diputación, que es del
PSOE, ni el gobierno autonómico, que es del PSOE, de estas reuniones que
le estoy diciendo? Comprendo que es la oportunidad política y está en su
derecho, pero le rogaría que dejáramos los derechos políticos y
atendiéramos las necesidades de los vecinos. Por eso, señor Presidente,
desde el Grupo Popular, repito, que agradeciendo su presencia, le
instamos a que, de la manera más urgente posible, se haga ese dictamen,
que aunque no sea un proyecto completo ese dictamen, una vez valorado,
pueda dar lugar a ese proyecto, ese proyecto se elabore y veamos quién
debe asumir, de qué manera y de forma urgente las medidas necesarias para
sacar a los vecinos de esa incertidumbre presente y futura en que están
viviendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para réplica el Presidente don
Emilio Custodio.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y GEOMINERO (Custodio
Gimena): Agradezco mucho las palabras de los dos Diputados, y voy a
tratar de centrarme en el tema que afecta al instituto que represento,
dando las contestaciones lo más escuetamente posible.
Se ha hecho mención a un informe, este informe lo envié al Gobierno Civil
en un intento de informar sobre la marcha de los trabajos, pero no es un
informe mío, es un informe que me hace la gente que está trabajando en el
instituto y me lo traslada a mí. Por tanto, en la redacción aparece
alguna cosa que puede chocar. De todas maneras, este informe lo asumo
totalmente dado que lo hacen personas altamente cualificadas en este
trabajo, pero tiene carácter de provisionalidad. En este informe se
apuntan diferentes cosas que creo hay que ponerlas en contexto. Por
ejemplo, se habla de sismología, aunque en ningún momento se dice que sea
un terreno sísmico o que las causas de estas catástrofes sean sísmicas.
Sabemos todos que esa zona tiene cierta vibración producida por los
fenómenos sísmicos, y eso hace que determinados fenómenos se desencadenen
como podía desencadenarlo el paso de un camión, una cantera o como podía
desencadenarlo cualquier otro fenómeno. No tiene más significación que
ésa. Es decir, ¿por qué se inicia? Porque estando las condiciones
presentes, en un momento determinado puede darse la circunstancia que lo
arranca. Esto no tiene mayor trascendencia. Sí es cierto que en esta zona
al tratarse de un material que los técnicos llamamos calcarenitas, unas
arenas cementadas con carbonato, el carbonato se disuelve por la
existencia de infiltración de agua. A lo largo de toda la historia,
probablemente acelerada por la mejora social que han tenido las viviendas
que han dado origen a más infiltraciones, se puede haber ido disolviendo,
y a profundidades no muy grandes puede haber zonas en las cuales la
calcarenita se ha transformado en arena y esa arena, parcialmente en
algunos casos, puede haber sido vaciada, lo cual se suma a los problemas
generales de la zona en el sentido de que alguna casa puede tener
problemas en los cimientos y se encuentre que la sustentación deja de
existir en un momento determinado. Pero esto es una parte menor del
problema. La parte mayor es la que el diagnóstico dice: un movimiento de
ladera ocasionado
por una fuerte acumulación de agua debida a las lluvias y probablemente
reforzada por el agrietamiento que se ha producido que permite más
infiltración y que permite, además, el aumento de la carga hídrica de los
servicios de abastecimiento y de los servicios de alcantarillado. No voy
a negar que es un fenómeno que tiene cierta complejidad y que esta
complejidad necesita cierto tiempo para poder dar un diagnóstico con más
precisión. Hace falta tiempo para observar. En la zona no solamente se
han personado, sino que han trabajado, han observado pozos, han medido
niveles, han trazado perfiles, han tratado de identificar los mecanismos
que estaban desarrollándose y con el tiempo que ha transcurrido, que son
escasamente dos meses desde la primera visita, en un sistema que tiene
una inercia relativamente grande, es un tiempo muy corto para observar y
poder llegar a definiciones que sean de cierta precisión.
Sin embargo, el tiempo es suficiente en este momento para tener el
diagnóstico hilvanado. El Diputado del PP, don Aurelio Sánchez, nos
solicitaba si se podía aportar el diagnóstico y yo creo que en estos
momentos, con una nueva visita para comprobar que la evolución es la que
se prevé, se puede adelantar un diagnóstico, y ese diagnóstico permite
decir cuáles pueden ser las obras que hay que hacer para paliar el
problema, y digo paliar porque éste es un problema, repito, complejo y de
un movimiento en masa. No son problemas nuevos. El hecho de que la
población sea una población antigua, no quiere decir que esté exenta. En
España hay poblaciones con castillos romanos que en estos momentos se
están moviendo exactamente por el mismo fenómeno, y sobre todo este
fenómeno es debido a la expansión de la población y a que esa población
quiere mejorar su nivel de vida, entonces tiene abastecimiento de agua y
tiene saneamiento, y esto ayuda muchas veces a complicar estos problemas.
La solución de estos problemas, una vez hecho el diagnóstico, es de obra
civil, drenaje, pantalla-drenaje, y esto es lo que, una vez esté hecho el
diagnóstico, la comisión correspondiente va a poder evaluar y poner los
medios necesarios para, dentro de la complejidad y dentro de que no se
puede garantizar que en el futuro no vaya a haber nuevos movimientos, por
lo menos tratar de solventar el problema de forma razonable, como se ha
señalado en otros lugares del país. (La señora Romero López pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Usted sabe, doña Carmen Romero, que, según el
reglamento, el debate finaliza aquí. ¿Tiene usted algo más que añadir y
aportar al esclarecimiento del debate?
La señora ROMERO LOPEZ: Al esclarecimiento del debate no, pero sí a la
urgencia del problema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por un tiempo máximo de tres
minutos y sin que sirva de precedente, porque ya en la intervención
anterior ha rebasado ampliamente el plazo que marca el reglamento.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Solamente quiero decir que ante la dificultad de no tener un diagnóstico
definitivo lo cierto, porque el informe provisional lo dice, es que
existen condiciones claras de inseguridad y, por tanto, al existir esas
condiciones claras de inseguridad el Gobierno tiene que tomar medidas
urgentes, independientemente de que esté o no esté el informe definitivo.
Por tanto, la pantalla es urgente si la pantalla es la medida más
necesaria para poder frenar ese deslizamiento de la ladera. Si el
director general dice que el informe definitivo no tiene todavía el
diagnóstico, le pido que aquí, en nombre de todos aquellos ciudadanos que
se sienten en esa inseguridad, que transmita al Gobierno la máxima
urgencia para la definición de esa medida, de esa pantalla y, al mismo
tiempo, si es posible me contestara sobre la urgencia que va a dar al
informe definitivo, como antes he solicitado.
El señor PRESIDENTE: Don Emilio Custodio tiene la palabra.
El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y GEOMINERO (Custodio
Gimena): En cuanto a la urgencia, lo he dicho anteriormente, hace falta
una nueva visita, hacen falta unas nuevas medidas y hace falta elaborar
esos datos. Con esta nueva visita y con la elaboración de datos se puede
avanzar ya el diagnóstico. Hubiese sido mejor, evidentemente, tener el
tiempo que inicialmente se había acordado, que era hasta junio, pero
también se puede hacer con algo más de imprecisión, y esto es lo que le
voy a transmitir al equipo que está trabajando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Custodio.
Con la intervención de don Emilio Custodio se da por finalizado el debate
de este punto del orden del día y la sesión.
En nombre de toda la Comisión, tras esta su primera comparecencia,
quisiera desearle toda clase de éxitos en su difícil gestión y labor.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.