CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 174



DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS



PRESIDENTE: DON GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA



Sesión núm. 7



celebrada el martes, 18 de marzo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey) para informar sobre:



--La reestructuración de los Ministerios y Gabinetes, así como del
proceso de ceses y nombramientos tanto en la Administración Central como
periférica del Estado. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente 213/000093.)



--El desarrollo de la LOFAGE, de los contenidos de la reforma de la
Administración periférica, así como del calendario de la citada reforma.

A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 213/000204.)

Página 4800



Se abre la sesión a las once de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados, señor
Ministro. Se abre la sesión y comenzamos con el orden del día. Hay dos
comparecencias, que tramitaremos conjuntamente si SS. SS. no tienen
inconveniente. La primera es una petición de comparecencia del Ministro
de Administraciones Públicas para informar sobre la reestructuración de
los ministerios y gabinetes, así como del proceso de ceses y
nombramientos tanto en la Administración central como en la
Administración periférica del Estado, solicitada por el Grupo Socialista
del Congreso. La segunda es de nuevo una petición de comparecencia del
Ministro de Administraciones Públicas para informar sobre el desarrollo
de la Lofage, de los contenidos de la reforma de la Administración
periférica y del calendario de aplicación de la citada reforma,
solicitada en este caso por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Sin más preámbulos, el señor Ministro de Administraciones Públicas tiene
la palabra para iniciar su intervención en relación con las dos
solicitudes de comparecencia, que tramitamos conjuntamente como les
decía.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Voy a
intentar, que no es fácil, resumir dos temas tan complejos y que podían
ser tratados con una enorme amplitud, y al menos recoger los aspectos
básicos de los dos asuntos que motivan mi comparecencia, a petición de
los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, respectivamente.

En primer lugar, y de acuerdo con lo que ha señalado en su intervención
inicial el señor Presidente de la Comisión, voy a informar sobre las
distintas medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la
reestructuración de la Administración general del Estado, medidas que se
emprendieron desde los primeros momentos de la gestión del nuevo
Gobierno, que han continuado a lo largo de varios meses; incluso restan
todavía, como luego diré, muchos aspectos pendientes.

Me voy a referir a tres aspectos. Primero, la reestructuración de los
departamentos ministeriales en sus servicios centrales, que es uno de los
puntos concretos de la petición del Grupo Parlamentario Socialista. En
segundo término me referiré a la reestructuración de los organismos
autónomos, y en tercer lugar trataré de las medidas adoptadas en relación
con los gabinetes.

De la reestructuración de la Administración periférica me ocuparé en la
segunda parte de mi exposición. Pero antes de hacerlo, y de acuerdo con
la petición, hablaré a SS. SS. de los ceses y nombramientos efectuados en
los distintos ministerios y en sus servicios periféricos. Por tanto, y de
conformidad con lo que acabo de señalar, comenzaré, en primer lugar,
tratando las reestructuraciones realizadas en la Administración, que es
un punto al que ya tuve ocasión de referirme con motivo de mi primera
comparecencia ante la Comisión para exponer las líneas generales de la
política de mi departamento el día 11 de junio del pasado año, es decir,
un mes y seis días después de ser nombrado Ministro.

Como les señalé en aquel momento, el Gobierno tenía el proyecto de
efectuar, primero, una reducción de cargos políticos nombrados por el
Consejo de Ministros, para proseguir a continuación con la reducción del
número de subdirecciones generales. Como tuve oportunidad de señalar,
pensábamos, y seguimos pensando, que la amplitud de las estructuras
obedecía más a razones retributivas y de promoción que a razones
organizativas. También podía darse el caso --no hay que negar esa
posibilidad-- de que determinadas necesidades organizativas en una etapa
hubiesen justificado la ampliación de una estructura administrativa, sin
que una vez satisfecha dicha necesidad con el paso del tiempo se hubiese
producido el reajuste a la baja.

Por último, es evidente que han permanecido con escasos cambios
estructuras de ministerios y organismos muy afectados por los traspasos a
las comunidades autónomas. Por ello el Gobierno procedió inmediatamente,
después de constituirse, a realizar el ajuste a la baja con los reales
decretos aprobados en el mes de mayo de 1996 sobre las estructuras
ministeriales. En esas primeras medidas el Gobierno se concentró en el
nivel de la responsabilidad política y en el nivel profesional más
próximo a la misma, es decir, en el nivel de los subsecretarios y de los
directores generales. Y fue especialmente significativa la reducción del
número de direcciones generales que se produjo.

No fue ésta una medida fácil, ya que prescindir de altos cargos y de
estructuras organizativas experimentadas en un determinado ámbito de
actuación supone siempre un coste de esfuerzo para los responsables
políticos. Pero estábamos convencidos de que en la situación a la que
habíamos llegado --éste es el primer punto clave al que quería hacer
referencia-- era preciso provocar una inflexión en las tendencias
organizativas, y ese punto de inflexión en las tendencias del crecimiento
debía apuntar claramente hacia la simplificación, hacia el
adelgazamiento, si me permiten SS. SS. una expresión muy gráfica, de la
estructura administrativa.

El caso es que en esas primeras medidas del mes de mayo, con la
aprobación de los reales decretos de estructura orgánica básica de los
ministerios, se produjo una supresión global de 72 altos cargos, pasando
de 441 en el conjunto de la Administración general del Estado y sus entes
públicos a 369. Hubo especial incidencia en las direcciones generales,
que es precisamente donde se había producido el mayor incremento a lo
largo de los años anteriores, lo que supuso una reducción del 33 por
ciento de las direcciones existentes en aquel momento en las estructuras
departamentales.

La segunda etapa de este proceso de simplificación, al que
específicamente aludían las exposiciones de motivos de los decretos de
estructura orgánica aprobados en mayo de 1996, tuvo lugar con ocasión de
la aprobación por el Consejo de Ministros del desarrollo de dichas
estructuras básicas, también por real decreto, en los primeros días de
agosto, concretamente en el Consejo de Ministros del día 2. En esta
ocasión, con el camino ya trazado por la supresión de determinadas
direcciones generales en cada ministerio,



Página 4801



y con la intención de suprimir aquellas subdirecciones cuyas funciones se
solaparan con las asignadas a otra unidad o cuya existencia no estuviera
claramente justificada, se produjo la desaparición de un total de 144
subdirecciones generales, que llegan a 158 si se consideran las
suprimidas en los organismos autónomos, en la forma que explicaré a
continuación.

Debo destacar al respecto que por primera vez una reestructuración
organizativa, como la emprendida por este Gobierno, supone una reducción
de estructuras, invirtiendo la tendencia que hasta ahora se venía
produciendo conforme a la cual toda reestructuración suponía un
crecimiento de las estructuras administrativas. Además, quiero señalar
que también por primera vez se fijan las reglas de juego para el conjunto
de los ministerios para toda una legislatura, aspecto éste probablemente
más importante. Es decir, hasta el 4 de agosto se procede a dos
reestructuraciones globales, una de directores generales para arriba,
para entendernos, y otra de subdirectores generales. Por primera vez se
hace un planteamiento global y por primera vez se rompe la inercia
tradicional de la Administración a su crecimiento.

Por lo que se refiere a la reestructuración de los organismos autónomos,
que era la tercera fase prevista por el Gobierno y anunciada en su
comparecencia del 11 de junio, a la que antes he hecho referencia, las
actuaciones han tenido en cuenta las tendencias marcadas en la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
aprobada, como es sabido, hace escasas fechas con carácter definitivo.

La Lofage configura un nuevo modelo de administración institucional
basado en las siguientes tendencias: simplificación de las figuras
existentes anteriormente, mayor homogeneización de los regímenes
jurídicos aplicables y reforzamiento de los sistemas de control y
evaluación. La misma ley concede un plazo de dos años a partir de su
aprobación para transformar el actual conjunto de organismos autónomos y
entes públicos y adecuarlo a los criterios que se establecen en ella.

Ello supondrá el mantenimiento, cuando sea necesario, del régimen de
descentralización funcional bajo la forma de organismos autónomos para
determinadas actividades de fomento, prestaciones o de gestión de
servicios públicos que formen parte de programas de actuación ministerial
(por ejemplo, Tráfico, Instituto Nacional de Empleo, etcétera) y
asimismo, cuando ese régimen de descentralización funcional se lleve a
cabo con contraprestación y en régimen de concurrencia, la fórmula
organizativa adoptada será la de entidad pública empresarial, por
ejemplo, Renfe, Puertos del Estado, Correos y Telégrafos, etcétera.

Pues bien, en el marco de estas tendencias los distintos ministerios han
llevado a cabo un primer análisis e identificación de aquellos organismos
autónomos que, sin necesidad de esperar a la aprobación de la Lofage y de
utilizar, por tanto, el plazo de dos años que en ella se establece, son
susceptibles de modificaciones de índole organizativa e incluso de
supresiones con carácter inmediato. Ello obedece bien a que sus funciones
no requieren el régimen de descentralización característico de los
organismos autónomos y pueden ser asumidas por la organización central
ministerial o bien a que la evolución del sector y su propia actividad en
los últimos años exija una adaptación de sus estructuras actuales por
haberse producido un sobredimensionamiento de las mismas.

El análisis realizado podía desembocar en tres tipos de medidas:
desaparición del organismo, disminución de la estructura del organismo o
modificación del organismo con la reordenación de sus funciones y la
consiguiente adaptación de su organización. Con esta perspectiva se
establecieron unos criterios comunes inspiradores de las medidas de
reestructuración de organismos. En primer lugar, en cuanto al ámbito de
actuación en esta fase se ha actuado sobre los organismos autónomos y las
entidades gestoras de la Seguridad Social, sin afectar a otro tipo de
entidades. En segundo término, hemos hecho un reconocimiento de la
diversidad. No se ha considerado procedente utilizar un criterio
cuantitativo y proporcional en lo que concierne a la supresión de
organismos y reducción de estructuras. La posición de partida de los
distintos ministerios no era homogénea en cuanto al número de organismos
ni son similares las necesidades de articular la gestión de cada
ministerio a través de organismos autónomos en función de los sectores de
actividad en los que actúa. De acuerdo con esos criterios, que fueron
establecidos de forma conjunta por Administraciones Públicas y Economía y
Hacienda, los distintos ministerios, en coordinación con el de
Administraciones Públicas, han establecido el alcance de las
modificaciones en esta fase, lo que ha permitido que mi departamento
propusiera al Consejo de Ministros distintos proyectos de real decreto
que han sido aprobados sucesivamente. Como consecuencia de ellos han sido
aprobados un total de 20 reales decretos de supresión de organismos,
reducción de su estructura o reordenación de sus funciones. A ello hay
que añadir otros seis proyectos que se encuentran actualmente en
tramitación, en ocasiones por requerir informes preceptivos externos a la
tramitación ordinaria. Todo ello arroja un balance hasta la fecha de
supresión de siete organismos autónomos, más cinco direcciones generales
y reducción de las estructuras orgánicas en 22 subdirecciones generales,
además de otras modificaciones y reordenaciones en el caso de seis
organismos. En cualquier caso la reestructuración de organismos autónomos
es un proceso abierto que va a continuar en los próximos meses.

Para cerrar mi exposición sobre la reducción de estructuras conviene
poner de manifiesto --como indicaré después con más detenimiento en el
curso de mi segunda comparecencia, que haré a continuación-- la
simplificación organizativa que va a implicar la aplicación de la Lofage
en cuanto a sus previsiones sobre la Administración periférica. Basta
ahora con indicar que en la puesta en práctica de las medidas previstas
para este mismo año la primera de las dos fases de reestructuración
fijadas por el Gobierno supondrá entre otras cosas la supresión en torno
a 150 direcciones provinciales o territoriales de diversos ministerios y
la integración de dicho servicio en las delegaciones y subdelegaciones
del Gobierno, sin contar las 17 direcciones territoriales de Sanidad ya
suprimidas. Con estas medidas se cerrarán las actuaciones sobre las
estructuras



Página 4802



organizativas que han afectado, primero, como he dicho, a los servicios
centrales; después a los organismos públicos y, por último, a los
servicios territoriales de la Administración general del Estado.

No obstante, y éste es un tema también importante, la culminación del
modelo organizativo precisa que los principios inspiradores de esta
reforma se trasladen también a la estructura de puestos de trabajo. Las
relaciones de puestos de trabajo, las conocidas vulgarmente como RPT,
tienen que adaptarse necesariamente, y en plazo más breve posible --es mi
intención hacerlo en su gran mayoría antes de Semana Santa, por tanto en
los próximos días--, para que la nueva organización administrativa
alcance plena operatividad. En consonancia con este objetivo las RPT de
todos los ministerios y organismos autónomos tienen que ser objeto de
adaptación y modificación conforme a las siguientes líneas y principios:
Primero, redistribución interna de los puestos de trabajo conforme a las
nuevas distribuciones de competencias y atribución de funciones de las
unidades orgánicas. Segundo, redistribución interna de los puestos de
trabajo para conseguir la máxima optimización de los recursos humanos,
potenciando aquellas unidades orgánicas que desarrollan las políticas
públicas que se consideran prioritarias. Tercero, redistribución, en su
caso, de puestos de trabajo entre distintos departamentos ministeriales,
como resultado del diagnóstico y evaluación que se está realizando en las
necesidades de recursos humanos, conforme al modelo competencial de la
Administración del Estado derivado de la culminación del proceso de
transferencias a las comunidades autónomas. Y, cuarto, contención del
gasto público y consecuentemente de los costes de personal, de modo que
el proceso de adaptación de las estructuras de puestos de trabajo se
realice adecuando las dotaciones de puestos a los créditos
presupuestarios, de manera que no se mantengan vacantes ficticias de
imposible cobertura.

Por tanto, resumo lo hasta aquí indicado de la siguiente forma. Hemos
pretendido hacer un planteamiento global de toda la Administración con
dos objetivos: Primero, hacer una reestructuración como he señalado,
global; segundo, dar un primer paso en una simplificación de la
Administración. Por tanto, las fases --vuelvo a resumir-- son las
siguientes: Primero, los reales decretos del mes de mayo de 1996, que
reestructuraban direcciones generales y cargos políticos para arriba,
para entendernos; en segundo lugar, el decreto de agosto, de
reestructuración de las subdirecciones generales; en tercer lugar, los
reales decretos de reestructuración de organismos autónomos, que he dicho
que han sido aprobados 20; en cuarto lugar, la reestructuración de la
Administración periférica, de la que hablaré después, y, en quinto lugar,
la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo que se
aprobarán antes de Semana Santa, al menos en su gran mayoría. Tengo que
decir que es un avance importante puesto que no tiene precedentes en la
Administración el planteamiento global y de conjunto de todos y cada uno
de los puntos a los que acabo de hacer referencia.

En cualquier caso y antes de pasar a los distintos aspectos de la Lofage
y al apartado de ceses y nombramientos en los departamentos
ministeriales, quisiera hacer también algún comentario, puesto que así se
me demanda en la petición de la comparecencia primera, en la que hace el
Grupo Socialista, sobre la reestructuración de los gabinetes de los
ministros y secretarios de Estado.

Como ustedes conocen, desde hace tiempo habíamos venido señalando que en
nuestra opinión existía, en primer lugar, poca claridad, porque no había
unas reglas de juego perfectamente definidas y, en segundo lugar, un
exceso de personal eventual, es decir, ajeno a la condición de
funcionario de carrera, ocupando puestos de asesoramiento a ministros y
secretarios de Estado en sus gabinetes. Sin duda en esos puestos
ministros y secretarios de Estado deben tener la posibilidad de
incorporar a personas ajenas a la Función pública, bien sea por razones
de estricta confianza personal para el trabajo a desempeñar como por su
especial conocimiento de una determinada materia sensible para el
ministerio en un momento dado. El caso es que considerábamos que, sin
perjuicio del criterio anterior, el volumen de personal eventual era
excesivo y esta impresión se confirmó una vez que el Gobierno comenzó a
constituir sus propios equipos de asesoramiento.

Por ello el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, estableció la
estructura básica de los gabinetes de los vicepresidentes del Gobierno,
de lo ministros y de los secretarios de Estado, que fue posteriormente
desarrollado con carácter definitivo por el acuerdo de Consejo de
Ministros de 26 de julio de 1996. De acuerdo con ello, los
vicepresidentes pueden tener entre sus asesores un máximo de diez
personas; en el caso de los ministros esta cifra se reduce a siete y en
el de los secretarios de Estado a tres. Además, como es lógico, normalizó
el acuerdo para el conjunto de los ministerios una situación que tenía
notable diversidad y unificó los criterios y puestos de otro nivel en las
áreas de prensa, relaciones públicas y secretaría de dichos cargos. Es
decir, fijó las reglas de juego, máximo de asesores --naturalmente no
tiene por qué cubrirse-- de un vicepresidente, de unos ministros, y
reglas de juego en las áreas de prensa, relaciones públicas y secretarías
de los ministerios. Con todo ello, el número total de puestos
susceptibles de ser cubiertos por personal eventual en los gabinetes de
vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado en el momento actual
es de 307, con una reducción del 20 por ciento en relación con la
situación anterior. Repito que ése es el número total de puestos
susceptibles de ser cubiertos por personal eventual.

En cuanto a los ceses y nombramientos en los departamentos ministeriales
y en la organización periférica, los comentarios que me suscita son los
siguientes. Primero quiero señalar que la entrada en vigor del
funcionamiento del nuevo Gobierno conllevó de una manera natural la
constitución de nuevos equipos de trabajo, como es perfectamente
entendible, con distintos objetivos a los establecidos anteriormente y
ello afectó, lógicamente, a la mayor parte de los altos cargos, de
director general para arriba, y en menor medida a algunos puestos de
carácter funcionarial a los que se había accedido por el procedimiento de
libre designación en sustitución de otros funcionarios que a su vez
anteriormente ocupaban dichos puestos.




Página 4803



Esto es algo, como digo, natural en todas las organizaciones públicas y
privadas, cuando se produce un cambio en los máximos niveles de
responsabilidad. Ha sucedido anteriormente y sucederá después. De lo que
se trata es de que estos cambios se lleven a cabo para mejorar el grado
de eficacia de las organizaciones y para renovar su impulso, y que ello
se haga en el caso de la Administración pública, respetando la normativa
vigente y los derechos de los servidores públicos profesionales, como así
se ha hecho. Además, la reorganización de las estructuras departamentales
con la supresión de un número importante de unidades y la reordenación de
muchas más, ha requerido el cese de un determinado número de funcionarios
por supresión de sus puestos. Ya he tenido ocasión de referirme a ello en
la primera parte de la comparecencia.

En cualquier caso, el Gobierno y el Ministro de Administraciones
Públicas, en la medida que es responsable de esta materia, han llevado a
cabo los cambios adecuados a los intereses de la Administración para dar
satisfacción a las necesidades de nuestra sociedad en este momento, sin
ánimo alguno, como es lógico, de perjudicar a los funcionarios, ya que
estamos convencidos de que ninguna reforma se puede llevar a cabo si no
es con el compromiso y el concurso de aquellos que materialmente tienen
que procurar que se lleven a buen término.

Me referiré ahora a algunos datos relevantes, aunque desde luego no es
posible ser absolutamente exhaustivo en esta materia.

En primer lugar, ceses y nombramientos de altos cargos, de directores
generales para arriba. En esos altos cargos ha habido un movimiento
significativo derivado, en primer lugar, de la notable reducción de
direcciones generales y, en segundo lugar, de la condición de puestos de
la confianza del Ministro en estos altos cargos; esto es algo natural. No
me parece preciso recordar lo habitual que ha sido que los cambios de
Gobierno producidos en cualquier etapa fueran acompañados de movimientos
importantes de los altos cargos de los ministerios cuyo titular había
cambiado. Naturalmente un ministro, aunque no se produzca ni siquiera un
cambio ideológico de Gobierno, nombra a su secretario de Estado, a sus
directores generales, etcétera.

En cualquier caso, me interesa señalar lo siguiente. Del conjunto de
direcciones generales anteriores se han mantenido cuarenta personas, es
decir, que cuarenta personas que eran directores generales en el Gobierno
anterior lo siguen siendo en éste, lo que supone un 16 por ciento del
total de direcciones generales que hay actualmente, 245, lo que significa
que no se ha seguido una política de ceses indiscriminados, porque allí
donde la persona que ocupaba el puesto anteriormente se ha considerado
idónea, se ha mantenido.

Segundo punto, los altos cargos que son cesados, que son funcionarios,
han visto estrictamente respetados sus derechos como funcionarios. De los
155 que han regresado al servicio activo, 93 se han incorporado a puestos
de estructura, y en otros casos ha sido previsto, por la reestructuración
de las estructuras de los ministerios, crear puestos ad hoc, para situar
a dichos ex altos cargos, situación que se produce respecto a sesenta y
dos personas.

Tercer punto, los puestos de altos cargos actuales están ocupados en un
78 por ciento aproximadamente por funcionarios, cifra que referida a los
directores generales alcanza más del 84 por ciento, que es ligeramente
superior al porcentaje existente en la etapa anterior.

En lo que se refiere a los subdirectores generales, que en este momento
son la pieza básica de apoyo de los altos cargos en la Administración
general del Estado, quiero apuntar algunas ideas para situar el
movimiento que se ha producido. Primero, la supresión, como he dicho
antes, de 158 subdirecciones generales, que suponen el 13 por ciento del
total. Segundo, el efecto engañoso que puede producir una lectura del
Boletín Oficial del Estado sin depurar su información, dado que han
aparecido ceses de subdirectores generales que luego han sido vueltos a
nombrar subdirectores, en muchos casos por cambiar las competencias de
sus subdirecciones generales, por lo que no se puede hablar de cese en el
sentido estricto en estos casos, ya que el señor es cesado en una
subdirección general pero es nombrado en otra.

También ha sido frecuente que se hayan producido cambios de
subdirecciones generales que después de haber sido cesados han pasado a
ocupar otra distinta subdirección general del mismo o distinto
ministerio. La realidad es que los servicios centrales de los ministerios
y organismos autónomos, los subdirectores generales cesados que han
perdido su nivel 30, suponen un porcentaje del 22,3 respecto a las
subdirecciones generales existentes a mayo de 1996. Ahora bien, si
eliminamos, como es lógico, los afectados por decisiones estructurales de
supresión de su puesto, dicho porcentaje se reduce al 10,3, lo que quiere
decir que han mantenido el nivel en torno al 90 por ciento sin
considerar, repito, los cesados por supresión o naturalmente las personas
que han pedido excedencia, servicios especiales, etcétera. Creo que la
cifra es suficientemente elocuente de la tendencia que se ha seguido de
estabilizar los puestos de subdirecciones generales, atendiendo a la
idoneidad de sus ocupantes.

En lo que a la periferia se refiere, creo que debemos partir de una
consideración previa, que es el perfil específico profesional pero
también representativo que tienen tales puestos, lo que indudablemente
repercute en la política de nombramiento de los ministerios en la
periferia. Yo he supuesto que en este ámbito el número de ceses haya sido
superior en proporción que en los servicios centrales, pero esto no debe
extrañar pues no ha sido infrecuente en épocas anteriores y responde a
las peculiaridades que ya he explicado anteriormente.

Más importante me parece asegurar en estos casos que la Administración
periférica, que va a experimentar una profunda transformación en el
futuro próximo, funcione adecuadamente y responda a las demandas
ciudadanas que es lo que hay que exigir a los responsables periféricos de
la Administración general del Estado.

En cualquier caso, los ceses producidos en la periferia han supuesto un
porcentaje de alrededor del 25 por ciento de los puestos de dirección de
la organización territorial de la Administración general del Estado y de
sus organismos. Esta cifra debe además matizarse teniendo en cuenta que a



Página 4804



la vista de las previsiones de la Lofage se han producido ceses no
seguidos de nombramiento, dejando los puestos vacantes con objeto de ir
encauzando la operación de transformación de la Administración
periférica.

En resumen, la política de renovación de los puestos de dirección que ha
seguido el Gobierno ha respondido a criterios que además de legítimos,
como es natural, han sido a mi juicio razonables para asegurar el impulso
que en esta etapa de transformación del país necesitaba la
Administración. Los nombramientos han estado marcados por criterios de
capacidad política, competencia profesional, experiencia, idoneidad para
los puestos y aptitud para ejecutar los proyectos innovadores que este
Gobierno está impulsando.

A título de ejemplo me referiré a algunos aspectos del perfil de los
altos cargos actuales que puede orientar sobre su preparación y
experiencia. En primer lugar, el 46 por ciento de los altos cargos que
tiene la condición de funcionarios lo forman inspectores de Hacienda,
diplomáticos, catedráticos, abogados del Estado, administradores civiles
y técnicos comerciales y economistas del Estado. Por otra parte, debo
destacar que el 73 por ciento de los altos cargos y subdirectores
generales se sitúa en la franja comprendida entre los 35 y 55 años, lo
que refleja el equilibrio entre juventud y experiencia de los
nombramientos producidos.

Por último, quisiera añadir otro rasgo de la política de nombramientos
que se ha seguido consistente en promover, a puestos de directores
generales, a funcionarios que estaban anteriormente ocupando
subdirecciones generales, valorando su competencia profesional con
independencia de su anterior trayectoria en la Administración. En mi
opinión, creo que en los nombramientos se han conjugado, como antes he
dicho, la competencia, la experiencia y la capacidad de innovación; no
obstante ha de ser, como es natural, la propia actuación de las personas
nombradas y los resultados de las organizaciones que dirigen los
elementos que nos permitan valorar la idoneidad de tales nombramientos.

No quiero abrumar a las señoras y señores Diputados con una ensalada
--perdón por la expresión-- de datos. En cualquier caso, si alguien tiene
interés en conocer exactamente ministerio por ministerio los datos
concretos de nombramientos, ceses, etcétera, con mucho gusto puedo
hacerlo porque tengo absolutamente todos los que se han producido, pero
me parecía más lógico y sensato hacer una intervención de tipo general,
porque, repito, no tiene excesivo sentido que yo esté aquí hablando
durante horas de una forma ininterrumpida. Pero, repito, estoy a su
disposición para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan a bien
hacerme durante esta primera parte de mi exposición.

La segunda parte hace referencia a una petición de comparecencia, que
plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, para que hable de los contenidos de la reforma de la
Administración periférica y del calendario de la citada reforma, cosa
que, con sumo gusto, paso a explicar. Paso a explicar, en concreto, las
actuaciones del Gobierno y, especialmente, del Departamento cuya
responsabilidad me corresponde, que están llevando a cabo en lo que se
refiere a la reforma de nuestra Administración periférica.

Como todos ustedes saben, una de las primeras medidas adoptadas por el
Gobierno constituido tras las elecciones de marzo de 1996 fue remitir a
las Cortes Generales un proyecto de ley de organización y funcionamiento
de la Administración general del Estado que ya ha sido aprobado por las
Cortes Generales.

Probablemente la novedad más importante --sin duda hay otras-- que
contiene la ley en relación con la situación actual y que reviste mayor
trascendencia en el conjunto del proyecto es la relativa a la nueva
regulación de la Administración periférica de la Administración general
del Estado, con la desaparición de los gobernadores civiles, la creación
de los subdelegados del Gobierno de carácter funcionarial y la
potenciación de los delegados del Gobierno, así como la integración de
servicios periféricos ministeriales bajo la dependencia de estos últimos.

No se les oculta a SS. SS. que la operación de poner en práctica la
transformación de la Administración periférica para adecuarla al modelo
establecido por la ley reviste una notable complejidad. No es ciertamente
un tema fácil llevarlo a buen término. Por ello, en mi intervención me
referiré a la importancia política de la reforma de la Administración
periférica y también a las experiencias anteriores; señalaré a SS. SS.

cuáles son, en mi opinión, los aspectos cualitativos a tener en cuenta en
este proceso; destacaré, a continuación, los aspectos más importantes de
la Lofage; pasaré después a exponer la propuesta de integración que el
Ministerio de Administraciones Públicas ha formulado al conjunto de la
Administración general del Estado; el estado de los proyectos en curso,
y, finalmente, les avanzaré el calendario que hemos previsto.

En primer lugar, un breve capítulo de antecedentes para que ustedes se
den cuenta de qué es lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años y
cuál era el pensamiento que había sobre este importante asunto.

La reforma en profundidad de la Administración general del Estado, en lo
que se refiere a los servicios territoriales es una tarea pendiente al
menos desde el año 1983. Hasta tal punto es así que ya en el año 1981 el
Gobierno había aprobado un real decreto situando a las direcciones
departamentales bajo la autoridad del gobernador civil. Eso se había
hecho así, pero lo cierto es que dichas direcciones seguían dependiendo
orgánica y funcionalmente de los respectivos ministerios y, al final, la
reforma quedó en un intento. Más tarde --esta reforma ya era una reforma
más en serio--, en el año 1983, la Ley del Proceso Autonómico fue rotunda
al establecer la reforma de la Administración del Estado, tanto la
central como la periférica, para acomodarla al proceso autonómico. Por lo
que se refiere a la Administración periférica, establecía la supresión de
delegaciones ministeriales y el reagrupamiento de los servicios que
deberían subsistir bajo la autoridad del gobernador o bajo la autoridad
del delegado, si tales servicios estaban ubicados a nivel regional. Pero
como todos sabemos, ni el intento del año 1981, ni el intento del año
1983 se concretó en nada. De ahí que en alguna ocasión haya dicho que la
reforma de la Administración periférica del Estado



Página 4805



es un eslogan y que vamos a intentar que deje de serlo para convertirse
en resultados prácticos. Lo que sí es cierto y absolutamente evidente es
que no había ninguna persona ni ningún grupo político que no afirmara con
meridiana claridad que era necesario reestructurar la Administración
periférica del Estado y adaptarla al nuevo modelo que esboza en su diseño
la Constitución de 1978. Repito, ha habido un intento claro en 1981, ha
habido un intento más claro aún en 1983 y ha habido innumerables
discursos por pronunciamientos y brillantes ideas expuestas con la misma
brillantez a lo largo de estos años. Nosotros pretendemos que esto no
quede en un discurso. Por eso se ha aprobado la Lofage y a partir de
ahora vamos a intentar ponerlo en marcha.

¿Cuáles son las razones de que hasta el presente momento no se haya
puesto en marcha lo que ya eran reformas? --he citado un decreto de 1981
y la ley de 1983--. Por una parte el volumen y la carga de gestión de los
servicios que por aquellas fechas seguían dependiendo de la
Administración del Estado en las provincias que resultaba inabarcable
para los delegados del Gobierno y gobernadores, salvo a efectos de una
supervisión de carácter formal. Por otra parte, los servicios
territoriales que realizan tareas con sustantividad propia requieren,
para desarrollar sus actuaciones con eficacia, una conexión funcional con
sus servicios centrales que con frecuencia minimizaba su relación con las
correspondientes direcciones provinciales o territoriales de los
ministerios, mucho más lógicamente con los delegados del Gobierno y con
los gobernadores civiles.

Convendrán conmigo todos ustedes en que, transcurridos 14 años, las
circunstancias han variado sustancialmente como consecuencia de los
traspasos ya efectuados a las comunidades autónomas, la ampliación de los
techos competenciales de las comunidades autónomas del artículo 143 de la
Constitución y la existencia de transferencias pendientes en materias de
tanta importancia y volumen como la educación. Todo ello enmarcado en un
proceso que se orienta hacia la administración única, contando con los
instrumentos de la delegación de competencias y las encomiendas de
gestión. Por tanto, la nueva situación nos exige la reforma en
profundidad de la Administración periférica. Para proceder a esa
transformación, debemos tener en cuenta la experiencia habida hasta el
momento, con el fin de no incurrir en la insuficiencia de las actuaciones
anteriores. Para ello, como he indicado al comienzo de mi intervención,
el Gobierno envió a las Cortes Generales como una de sus primeras medidas
un proyecto de ley, la Lofage, uno de cuyos aspectos más claves es la
regulación de la Administración periférica.

Las consecuencias que deben extraerse de todo lo anterior en orden al
proceso que se ha iniciado y que han inspirado en gran medida la
elaboración de la Lofage, son las siguientes. Primero, deben integrarse
en las delegaciones del Gobierno todos los servicios cuya integración
contribuya a simplificar la Administración periférica y permita una más
eficiente utilización de los medios disponibles. Además deben suprimirse
todos los servicios que sean innecesarios, especialmente las direcciones
provinciales o territoriales, puesto que la coordinación se producirá a
través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Respecto a los
servicios integrados, es preciso diseñar los mecanismos que aseguren
desde el primer momento la eficacia en su funcionamiento mediante la
comunicación con los servicios centrales, que le impartirán las
directrices técnicas de actuación.

Por otra parte, el proceso de integración debe ser paulatino, valorando
la mayor o menor complejidad del proceso en cada caso. Consecuentemente,
deberían quedar excluidos, al menos a corto plazo, aquellos servicios
cuya integración pudiera provocar disfunciones en su actuación hasta
tanto no puedan ser dirigidos con eficacia por las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno. Por último, deben reforzarse bajo la
dirección del Delegado del Gobierno, como responsable de la
Administración del Estado, los mecanismos de coordinación con respecto a
los servicios no integrados.

Permítanme ahora, señoras y señores Diputados, que pase a destacarles los
aspectos más importantes que la Ley de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, que acabamos de aprobar con
carácter definitivo la semana pasada, tiene con respecto a la
Administración periférica.

En primer lugar, se potencia a los delegados del Gobierno con rango de
subsecretarios como representantes del Gobierno en la comunidad autónoma,
que por primera vez van a ejercer el mando de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y a los que se atribuye la responsabilidad máxima de los
servicios de la Administración general del Estado en el territorio. En
segundo término, se suprimen los gobernadores civiles y se crean los
subdelegados del Gobierno, plenamente profesionales, que serán nombrados
entre funcionarios. El subdelegado dependerá jerárquicamente del delegado
y será nombrado por él mediante el procedimiento de libre asignación. La
categoría del subdelegado será la de subdirector general. La ley
establece, asimismo, que el Gobierno deberá aprobar el decreto de
estructura de las delegaciones del Gobierno que contendrá la relación de
servicios que se integran y su distribución en el ámbito autonómico y
provincial en el plazo máximo de seis meses, desde la entrada en vigor de
la ley. Esta actuación llevará aparejada la supresión de las direcciones
provinciales y territoriales de los ministerios, así como los organismos
públicos cuyos servicios se integran.

Como cuarta nota de relevancia que quisiera subrayar a SS. SS., figura
que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se adscriben
orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas y se organizarán
internamente en áreas funcionales a las que se incorporarán los servicios
ministeriales integrados. La dependencia efectiva del Ministerio de
Administraciones Públicas de las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno se producirá de acuerdo con las previsiones del decreto de
estructura de las delegaciones, y hasta tanto seguirán dependiendo del
Ministerio del Interior.

En quinto lugar, se integrarán en las delegaciones del Gobierno o en las
subdelegaciones, según la Lofage, los servicios territoriales de la
Administración del Estado y



Página 4806



sus organismos públicos, salvo aquellos casos en que por las
singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión resulte
aconsejable su dependencia directa de los órganos centrales
correspondientes en aras de una mayor eficacia en su gestión. Los
delegados ejercerán por sí o a través de los subdelegados las
competencias propias de los ministerios en el territorio y gestionarán
los recursos asignados a los servicios integrados. Se trata, pues, de
integración plena, sin perjuicio de las directrices que el ministerio
imparta a los delegados y subdelegados en cuanto a la estrategia de
actuación y a sus servicios integrados respecto de los criterios técnicos
que deben aplicar.

Para finalizar, como sexta de estas notas más relevantes, señalaré a SS.

SS. que para el apoyo al delegado del Gobierno en el ejercicio de sus
funciones directivas de la Administración general del Estado, se regula
en cada comunidad autónoma una comisión territorial con participación de
los subdelegados y los titulares de los órganos y servicios que el
delegado considere oportuno, para potenciar la coordinación de las
actuaciones, asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados y asesorar
al delegado.

Estas son las más importantes novedades que incorpora el proyecto Lofage
en materia de la Administración periférica. Paso ahora a explicar los
proyectos ya puestos en marcha por el ministerio que dirijo y la
propuesta de integración de servicios.

El ministerio ha puesto en marcha el pasado mes de julio un plan de
actuación integrado por cuatro proyectos. Los objetivos del plan son los
siguientes. Primero, asegurar la operatividad inmediata del nuevo modelo
de dirección de la Administración periférica a través de los delegados y
subdelegados. Segundo, incorporar al ministerio las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno sin solución de continuidad en su
funcionamiento. Tercero, integrar en las delegaciones y subdelegaciones
los servicios periféricos que resulte procedente y adecuado incorporar
desde el primer momento. Cuarto, racionalizar la organización y el
funcionamiento de las nuevas delegaciones y subdelegaciones para una más
eficaz y eficiente utilización de los medios y recursos.

De acuerdo con estos objetivos, se han diseñado cuatro proyectos que se
encuentran en distintos grados de ejecución. Primero, supresión de los
gobernadores civiles y nombramiento de subdelegados del Gobierno.

Segundo, adscripción al Ministerio de Administraciones Públicas de las
delegaciones y subdelegaciones e integración en las mismas de servicios
periféricos que proceda. Tercero, traspaso de recursos al Ministerio de
Administraciones Públicas, por parte de los ministerios afectados por la
integración, para gestionar las delegaciones del Gobierno con los
servicios integrados. Y, cuarto, racionalización de la estructura
resultante de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Proporcionaré a continuación a SS. SS. detalles sobre el estado de
ejecución de cada uno de estos cuatro proyectos. El primer proyecto,
supresión de los gobernadores civiles y nombramiento de los subdelegados
del Gobierno, viene exigido por el mandato de la Lofage de que los
gobernadores civiles desaparezcan y se nombren subdelegados del Gobierno
en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley, lo que se
producirá, como es sabido, a los 20 días de su aprobación. Se encuentra
ya preparado un anteproyecto de decreto que regula el régimen aplicable a
los subdelegados del Gobierno y a los directores insulares de la
Administración General del Estado. Este decreto requerirá informe previo
del Consejo de Estado que solicitaremos en trámite de urgencia. Su
entrada en vigor supondrá la derogación del estatuto de gobernadores
civiles y del real decreto de delegados insulares. En el marco de este
proyecto, se está preparando igualmente la delegación de competencias
entre órganos para que las funciones se puedan ejercer con regularidad
desde el primer momento. El primer proyecto se pondrá en marcha en plazo
muy breve.

El segundo proyecto sobre la adscripción al MAP de las delegaciones y la
integración de servicios tiene por objeto la identificación de los
servicios periféricos ministeriales que deben integrarse desde el primer
momento en las delegaciones del Gobierno, el traspaso de las delegaciones
del Gobierno y actuales gobiernos civiles al MAP y la elaboración del
decreto de estructura de aquéllas, conteniendo los servicios que se
integran. El plazo máximo de aprobación de este proyecto se sitúa en el
mes de octubre, aunque la intención del Ministerio de Administraciones
Públicas es no agotar dicho plazo.

En este proyecto el trabajo del Ministerio del Interior es muy intenso ya
que, como SS. SS. conocen, actualmente las delegaciones del Gobierno y
los gobiernos civiles dependen orgánicamente de dicho ministerio. Por su
parte, el proceso de identificación de los servicios periféricos
ministeriales se inició en julio del pasado año y el trabajo realizado
nos ha permitido formular ya una propuesta sobre la integración de los
actuales servicios periféricos de la Administración general del Estado en
las delegaciones del Gobierno. Esta integración deberá llevarse a cabo en
dos fases. La primera de ellas afectará a los servicios provinciales y
territoriales, cuya integración no exija ningún mecanismo específico de
adaptación para garantizar un desempeño adecuado de la actividad
administrativa dirigida a los ciudadanos y que, por lo tanto, puede
llevarse a cabo con carácter inmediato. En esta fase se integrará un
número importante de unidades administrativas cuyos efectivos humanos,
considerados caso a caso, no revisten un gran volumen, circunstancia ésta
que facilitará el proceso de integración. Yo calculo que el número de
unidades que se integrará en esta primera fase estará en torno a las 150,
comprendiendo un volumen total de 9.500 personas. Los ministerios
afectados serán: Agricultura, Pesca y Alimentación; Educación y Cultura;
Fomento; Industria y Energía; Sanidad y Consumo; Trabajo y Asuntos
Sociales.

La segunda fase se referirá a aquellos servicios que por la peculiaridad
o complejidad de las funciones que realizan o por el régimen jurídico de
la organización en que se integran requieran un análisis específico de
las condiciones en las que aquélla debe realizarse y configurarse
finalmente, manteniendo una relación peculiar con sus servicios
centrales. En esta fase se encontrarán incluidos servicios pertenecientes
a los siguientes ministerios: Administraciones Públicas; Economía y
Hacienda; Educación y Cultura; Fomento;



Página 4807



Justicia; Medio Ambiente; Trabajo y Asuntos Sociales.

Esta propuesta de integración de servicios que hemos formulado a los
ministerios está concebida con carácter progresivo, de modo que los
servicios incluidos en la primera fase se incorporarán a las delegaciones
del Gobierno, una vez aprobado el decreto de integración, aunque habrá
que establecer un sistema transitorio de funcionamiento hasta el inicio
del ejercicio presupuestario de 1998, en el que el ministerio gestionará
de manera completa dichos servicios; Personal, presupuesto, etcétera. Por
su parte, la integración de los servicios correspondientes a la segunda
fase se producirá también progresivamente a partir de 1998, una vez que
el nuevo modelo de funcionamiento se haya consolidado en su primera fase.

Por último, queda por señalar que quedarán fuera del proceso de
integración las organizaciones cuya integración, por su volumen de
gestión, no resultaría eficiente, es el caso, por ejemplo, de la Agencia
Estatal Tributaria, la Seguridad Social, Correos y Telégrafos, etcétera.

En el tercer proyecto, traspaso de recursos por parte de los ministerios
afectados por la integración para gestionar las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno con los servicios integrados, se está
trabajando con el Ministerio del Interior en relación con los medios
personales, materiales y presupuestarios, así como sobre los edificios
que acompañarán a las delegaciones del Gobierno y actuales gobiernos
civiles en su traspaso al Ministerio de Administraciones Públicas.

Próximamente será preciso acordar los mismos aspectos con los ministerios
afectados por la integración de sus servicios periféricos que les he
señalado anteriormente.

Por último, el proyecto concerniente a la racionalización de la
estructura resultante de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno,
que todavía no se ha puesto en marcha --es el último--, tiene por objeto
conseguir una más eficiente y eficaz gestión de los servicios integrados
en la delegación del Gobierno. Las actuaciones básicas del proyecto se
encaminarán a la elaboración y aprobación de las normas reglamentarias
que puedan ser precisas para desarrollar el decreto de estructura e
integración de servicios, que es el proyecto número dos al que he hecho
referencia, así como a la aprobación de las nuevas relaciones de puestos
de trabajo de las delegaciones y subdelegaciones, incorporando al
personal de los servicios integrados.

Antes de pasar al calendario --no quiero hacer excesivamente amplia mi
exposición--, quisiera resumir las conclusiones. Primero, el proyecto
para la desaparición de los gobernadores civiles y el nombramiento de
subdelegados del Gobierno se encuentra avanzado y no se han identificado
posibles obstáculos de importancia que puedan retrasar su ejecución. Por
tanto, esto estará resuelto aproximadamente en el término de mes y medio.

Esta operación constituye el arranque del proceso de la reforma profunda
de la Administración periférica. En segundo lugar, el trabajo conjunto
con el Ministerio del Interior acerca del traspaso de medios al
Ministerio de Administraciones Públicas como consecuencia de la
adscripción a éste de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno avanza
satisfactoriamente. Tercero, la integración de servicios periféricos debe
llevarse a cabo en dos fases: la primera, en el plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de la ley y, la segunda, a partir del año 1998. Por
tanto, es preciso tratar de inmediato, en los meses de abril y mayo, con
los ministerios afectados la propuesta de integración de servicios
elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas, cosa que ya se
está haciendo, como es natural. Posteriormente, deberán tratarse los
aspectos relativos al traspaso de medios de cada ministerio. En el caso
de los recursos humanos, deberán establecerse mecanismos que garanticen
una adecuada participación de los servicios centrales ministeriales en
las decisiones de relevancia.

En cualquier caso, el proceso deberá concluir con la aprobación de una
relación de puestos de trabajo única para el conjunto de la delegación
del Gobierno. Ello permitirá optimizar la utilización de los recursos
humanos. Dada la complejidad de la operación, el recurso a los mecanismos
transitorios constituye una garantía para el buen fin de la misma, tanto
en la ley como en su desarrollo normativo, y todo el proyecto,
especialmente la propuesta que se formula, tiene un carácter gradual que
ha desechado las opciones máximas de carácter radical.

Finalmente, calendario previsto. La Lofage fue aprobada por el Pleno del
Congreso el pasado día 13. Inmediatamente después de la publicación en el
BOE --creo que todavía no se ha producido la publicación en el BOE,
supongo que se hará en próximas fechas-- habrá que pedir dictamen urgente
al Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto de subdelegados
del Gobierno y directores insulares de la Administración General del
Estado. La entrada en vigor de la ley tendrá lugar veinte días después de
su publicación, es decir, a mediados de abril. Nuestra intención es que
el Consejo de Ministros apruebe el real decreto sobre subdelegados del
Gobierno y directores insulares de la Administración General del Estado,
coincidiendo con la entrada en vigor de la ley. Los nombramientos de los
subdelegados deberán tener lugar en los primeros días del mes de mayo,
junto con los ceses de los actuales gobernadores civiles, en cumplimiento
del plazo de un mes que la ley establece a partir de su entrada en vigor.

La primera fase de la integración de servicios tiene, como he dicho, un
plazo de seis meses, aproximadamente mediados o finales de octubre, que
no se desea agotar; se llevará a cabo mediante decreto que, al mismo
tiempo establecerá la nueva estructura de las delegaciones del Gobierno,
incluyendo las áreas funcionales. Está previsto un sistema transitorio
para la gestión de los recursos integrados que se prolongará hasta el 1
de enero de 1998, que es el nuevo ejercicio presupuestario.

La segunda fase dará comienzo a partir de 1998, una vez que se haya
englobado el resultado de la primera; requerirá, lógicamente, un análisis
detallado de las características funcionales de los servicios afectados.

En fin, esto es todo lo que yo creo que puede resultar de interés tras la
petición de comparecencia para tratar este tema. Seguro que he sido
excesivamente prolijo, pero he considerado preferible entrar en algunos
detalles del plan, con el fin de que la Comisión dispusiera de una amplia
información



Página 4808



acerca de este proceso de reforma que consideramos muy importante en el
marco de la transformación del conjunto de la Administración General del
Estado para adecuarla a las características del Estado autonómico en el
contexto de la Unión Europea y prepararla para dar satisfacción a las
necesidades de la sociedad española del siglo XXI.

Quisiera decir, por último, a todas las señoras y señores Diputados que
éste es el primer proceso de intento de reforma de la Administración
periférica del Estado que se hace en serio. Lo he dicho al principio de
esta intervención. He recordado que en el año 1978 se produce un cambio,
o por lo menos el esbozo de un cambio radical en lo que es el proyecto de
reforma del Estado, es decir, hemos pasado de un Estado con un nivel de
descentralización política inexistente a un Estado con un nivel de
descentralización no sólo administrativa sino también política muy
fuerte, que se completa este año con la concesión de autonomía en el
ingreso también a las comunidades autónomas. Necesariamente, eso tenía
que producir un cambio en la Administración periférica del Estado. Todo
el mundo --vuelvo a insistir y lo reitero-- ha estado de acuerdo en que
esto es así, incluso veo aquí a alguna ilustre señora Diputada, la señora
Rubiales, que ha escrito magníficos y brillantísimos artículos sobre la
necesidad de proceder a la reforma de la Administración periférica del
Estado; es decir, que todo el mundo ha estado de acuerdo en esto. Como he
dicho, se hicieron intentos: en el año 1981 se hizo un intento, otro se
hizo en el año 1983, y resulta que, al final, nadie ha hecho
absolutamente nada, porque es muy difícil, porque es muy complejo, por
que muy antipático, no solamente explicarlo, que lo es, como ustedes
habrán percibido, sino también llevarlo a buen término. Pero es evidente
que, entre otras cosas, todos estamos aquí para intentar llevar a buen
término las cosas que todo el mundo dice que son necesarias. Y como es
una causa justa, es una causa en la que todos estamos de acuerdo, si bien
no espero el aplauso de todos ustedes --cosa que me parecería una
petición ciertamente exagerada--, sí al menos espero el apoyo si no
incondicional sí casi casi, porque, repito, es una reforma en la que,
vuelvo a insistir, todo el mundo está de acuerdo; sólo hubo dos enmiendas
a la totalidad, aunque aún desconozco el porqué hubo tales enmiendas de
totalidad después de oír la presentación que se hizo en el congreso de
los Diputados. Pero es lo cierto que la ley está aprobada, que no ha
generado grandes tensiones ni polémicas y que las únicas que puede
generar son las derivadas de la dificultad de aplicarla. Pero, como es
natural, estoy dispuesto a aplicarla y no estoy dispuesto a quedarme en
el intento.

Muchísimas gracias. Les pido disculpas por lo complejo de mi
intervención, ciertamente son temas poco entretenidos, pero estoy
absolutamente convencido de que tras lo que van a ser, a buen seguro, sus
brillantes intervenciones, también la mía de réplica lo será, y espero
que más entretenida que esta primera.

Muchas gracias por su amabilidad.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Vamos a pasar al turno de intervención de los Grupos Parlamentarios,
comenzando por aquello que han solicitado la comparecencia del señor
Ministro en la mañana de hoy.

Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el
señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Ministro por ésta su segunda comparecencia en la Comisión
desde el mes de junio, que se produce --espero que a partir de ahora no
sea así-- con unos intervalos largos de tiempo.

Comprenderán el señor Ministro y la Comisión que el volumen de cuestiones
que ha englobado en su comparecencia --bien es cierto que la solicitud de
la misma afectaba de manera muy general a la reforma global de la
Administración general del Estado-- haga que algunos temas no vayan a ser
objeto de especial análisis por parte del Grupo Socialista, y desde aquí
anuncio que habrá alguna nueva solicitud de comparecencia para intentar
profundizar algo más en algunas de las partes a las que se ha referido el
señor Ministro.

Creo que en lo que afecta a la reforma de la Administración general del
Estado, a la pretendida reforma que el Gobierno del Partido Popular, hoy
aquí por boca de su Ministro, ha expuesto, es necesario referirse, como
creo que en todo buen análisis, a algunos antecedentes, a los mínimos
antecedentes que obran en la Cámara y que obran en la opinión pública, y
un poco para tener el referente de cuál era el leitmotiv, de cuál era la
razón de ser última de la anunciada reforma de la Administración general
del Estado, que se planteaba en principios de adelgazamiento, austeridad,
profesionalización, etcétera, y lógicamente desde ahí efectuar el
contraste.

Antecedentes. En el año 1994 ustedes presentaron en este Parlamento una
proposición de ley de gobierno y administración que adjuntaba una
propuesta de reforma de adelgazamiento y ahorro de la Administración del
Estado. Esa propuesta consistía, básicamente, en la eliminación de cinco
ministerios, noventa organismos públicos y cinco mil altos cargos. La
tengo aquí por si el señor Ministro no se acuerda de ella. El ahorro que
se estimaba podía originar, según esa proposición, era de 120.000
millones de pesetas. Concretamente 50.000 millones como consecuencia de
la eliminación de los altos cargos y 70.000 como consecuencia de la
reforma de la Administración llamada institucional. Estos antecedentes
obran en la Cámara, son conocidos por la opinión pública y, lógicamente,
esta propuesta se sustentaba en un discurso que ustedes reiteraron hasta
la saciedad, que era el del despilfarro, el del engordamiento innecesario
de la Administración, el del enchufismo, el de la politización, en
definitiva, como males y como banderas que ustedes esgrimieron
reiteradamente. Eso fue en el año 1994.

Pero de manera mucho más reciente a lo que fue la convocatoria electoral
hay otros antecedentes. El señor Aznar, el 31 de marzo de 1995, decía que
iban a suprimir 5.000 altos cargos. Hago el paréntesis de que hoy es ya
comúnmente admitido que no hay miles de altos cargos. Como bien ha dicho
el señor Ministro, estaban en torno a los 400



Página 4809



en la época del Partido Socialista y el resto se refería a incluir en su
propuesta los niveles superiores de la Administración, niveles 28, 29 y
30. Decía el señor Aznar que había 17 secretarios de Estado, que
quedarían en 14; subsecretarios y secretarios generales 68, quedarán en
45; directores generales 404, quedarán en 300; subdirectores había 1.685,
quedarán en 95. Y así hasta lograr la reducción de 5.000 altos cargos.

El 1 de marzo de 1996, es decir, el último día de campaña electoral, el
señor Aznar volvió --en declaraciones a diversos medios de comunicación--
a hablar de que se reducirían 5.000 altos cargos, hay múltiples
referencias de prensa, concretamente el 72 por ciento de los altos cargos
y estructuras superiores de la Administración. Ya incluso después de
haber ganado las elecciones volvieron con ese mensaje y el 28 de abril
hablaban de 500 altos cargos. ¿Cuál es el balance? Como no podía ser de
otra manera, el balance de los datos que ha dado coincide con los datos
que tiene el Partido Socialista. Bien es verdad que el señor Ministro,
con la habilidad que le caracteriza, ha obviado algunas cuestiones que
tienen que ver con la foto global. El balance es que hay, en efecto, un
ministerio menos; el balance es que hay dos secretarías de Estado más,
cosa que no ha dicho el señor Ministro; el balance es que subsecretarios
y secretarios generales hay tres menos, subsecretarios y asimilados
obviamente; el balance es que directores generales hay 69 menos; el
balance es que niveles 30 y embajadores hay 41 más; el balance es que
niveles 29 hay 39 más y el balance es que niveles 28 hay 89 más.

Altos cargos --que tampoco ha sido referido por el señor Ministro-- no
asimilables, como se les conceptúa normalmente a los rangos a los que me
he referido anteriormente, es decir, sobre todo presidentes de entes
públicos o empresas públicas, de Renfe, de Feve, etcétera, han pasado de
27 a 36, con un aumento que es fruto de la creación de la comisión del
mercado de las telecomunicaciones, que incluye, como bien sabe el señor
Ministro, siete o nueve altos cargos, si lo que ha ocurrido en el Senado
prospera al final.

Les recuerdo que también han creado un nuevo ente público para la gestión
de las infraestructuras, que llevará una dotación parecida o similar y
producirá un aumento de altos cargos. Seguramente por eso el señor
Ministro ha eludido en su explicación cualquier referencia a los entes
públicos, no a los organismos autónomos, porque lo que ha pasado aquí es
que están creciendo, y si ponen en marcha el ente público para la gestión
de los impuestos en Canarias, crecerá todavía más aunque ése, a fuer de
ser honrado, ya estaba previsto desde la última Ley de Presupuestos que
hizo el gobierno socialista. Por tanto, demos todos los datos como son.

El número final de los altos cargos y niveles superiores de la
Administración arroja el siguiente balance. En marzo de 1996, en la
última etapa del gobierno del PSOE, había 8.311; en enero de 1997
--lógicamente hago referencia a las últimas cifras de que dispongo, que
son del mes de diciembre-- 8.418. La comparación del coste, señor
Ministro, que era el leit-motiv --los 70.000 millones-- de su gran
reforma, en mi opinión se ha quedado en una gran chapuza, que no es
responsabilidad de usted; la chapuza parte de quien hizo en su día el
análisis que hizo y, por tanto, no va a ser nuestra intención trasladar
al señor Ministro de Administraciones la responsabilidad política, no
sería seguramente justo, sino al Partido Popular en su conjunto y a
quienes en su día hicieron ese análisis.

Resulta curioso analizar que el balance de esa comparación de altos
cargos y niveles superiores, estimando lo que es un módulo de retribución
media de cada uno de los altos cargos y de los niveles 28, 29 y 30, que
en estos momentos su gran reforma, arroja un gasto de 541 millones de
pesetas más al erario público. Esa es la conclusión. Ya comprendo yo por
qué en toda su intervención el señor Ministro había eludido hablar del
ahorro, no ya de los 50.000 millones, ni siquiera. Esa es su gran
conclusión final. Porque me imagino que el adelgazamiento no se
predicaría en el sentido de adelgazar por adelgazar para que los altos
cargos tuvieran mejor condición física --que también es bueno--, sino que
estaría, obviamente, destinado a un ahorro fruto del despilfarro que
había caracterizado la etapa del Partido Socialista. Ese es el balance.

Aquí está el cuadro que he leído, hecho con el máximo rigor y utilizando
ese criterio. Los niveles a los que ustedes tanto se refirieron, los
famosos siete mil y ocho mil altos cargos, con su estructura, suponen un
gasto superior a 541 millones de pesetas. Me parece importante.

Respecto a la reforma de la Administración del Estado no voy a comentar
excesivamente sobre organismos autónomos. Creo que su reforma ha sido
pírrica. La supresión que han hecho de organismos autónomos ha sido
absolutamente insignificante y desde luego no ha comentado nada sobre
entes públicos. Por ello, le anuncio desde aquí que el Grupo Socialista
sí va a solicitar una comparecencia, bien del señor Ministro o de algún
secretario de Estado, para analizar en profundidad toda la Administración
institucional aun conociendo, como ha advertido, que la reforma no estaba
terminada.

Por tanto, el balance, señor Ministro, es el que es. Fíjese lo que voy a
añadir a continuación. Yo sé que ustedes están extraordinariamente
preocupados --lo han puesto de manifiesto en alguna circular del
Secretario de Estado de Administración para la pública-- por las cosas
que están pasando con el aumento de los niveles 28, 29 y 30, a los que
tanto se refirieron. Le voy a decir que el Grupo Socialista no le va a
criticar porque ese aumento se produzca, que usted sabe que se va a
producir porque va en la lógica del sistema y, además, supone los niveles
que prestan un servicio cualitativamente más importante al conjunto de la
Administración, porque usted mismo ha relacionado quiénes son esos
niveles 28, 29 y 30 y no lo va a criticar. Lo único que pretende el Grupo
Socialista es una restitución histórica. Creo que tiene todo el derecho
moral a decir y proclamar que ustedes hicieron con la Administración del
Estado la demagogia más insólita que se puede hacer en una batalla
política, porque ni había un engordamiento especial, como las cifras han
demostrado, ni había una creación de estructuras artificial ni había ese
enchufismo ni había esa politización, y el tiempo tiene que restituir las
cosas. Ese es nuestro objetivo y por eso hemos hecho un esfuerzo para
hacer un estudio sobre el gasto comparativo.




Página 4810



Le diré algo más, señor Ministro. En relación con las reestructuraciones
que se han producido en algunos ministerios, tenemos nuestra duda de que
hayan estado guiadas por la racionalidad. Yo creo que su reestructuración
ha estado guiada más bien por ser prisioneros de su discurso, pero como
el discurso era tan endeble no han podido afrontar el reto que tenían o
no han podido demostrar lo que dijeron para atacar al Partido Socialista
en su momento.

Por cierto, tampoco se ha referido a lo que ha pasado en las empresas
públicas, a cuántos ceses ha habido, a cuántas indemnizaciones ha habido,
pero, como no quiero engordar más los temas en este momento, anuncio que
el Grupo Socialista pedirá la oportuna comparecencia del Gobierno para
que informe sobre esta cuestión.

El señor Ministro también ha entrado en el tema de los ceses, de los
nombramientos, etcétera. Mire, señor Ministro, en este tema yo voy a ser
un poco más ácido: no me ha parecido nada correcto, nada serio, me parece
que es un mal estilo de gobierno desde el punto de vista del respeto al
Parlamento, que usted haya dado algún dato aquí sobre los ceses de libre
designación en los diversos niveles. También habrá una comparecencia, ya
lo anuncio, sobre este tema, y estudiaremos los datos que usted nos ha
indicado, señor Ministro, porque quedan plasmados en el «Diario de
Sesiones». ¿Por qué le digo esto? Porque desde el 20 de diciembre este
Diputado, pacientemente, está esperando una respuesta por escrito a una
pregunta que dice así: ¿Puede informar el Gobierno del número de ceses
llevados a cabo, desde el 6 de mayo de 1996, de funcionarios o personal
estatutario nombrados para puestos de libre designación, etcétera,
especificándose por departamentos ministeriales? Desde el 20 de diciembre
está en el registro de la Cámara. Ustedes se han saltado todos los plazos
y no han contestado, y ahora dice usted, señor Ministro, que están a
disposición de los Diputados los datos de unos y otros ministerios.

No sería prudente entrar ahora en ese debate porque es
extraordinariamente prolijo y largo, en su momento lo tendremos, pero
vaya desde aquí mi protesta más formal por cómo hacen ustedes las cosas
en relación con este Parlamento, porque han tenido tiempo suficiente, por
lo que veo tiene ya todos los datos, para que el Gobierno replicara.

Tienen ustedes obligación de responder por escrito a las preguntas, les
sean más cómodas o más incómodas, y por lo menos deberían intentar dar
una explicación de por qué razón no se producen las contestaciones a esas
preguntas.

Usted ha hablado de que se ha nombrado de manera profesional, de que se
ha acabado la politización --no lo ha dicho así exactamente, se lo digo
yo de antemano--, de que ha habido un proceso de selección. Yo no he
estado muy atento ni he seguido especialmente cuáles son los
nombramientos o quiénes han sido nombrados o el color político porque se
presupone, todos tenemos asumido que determinados niveles tienen que
tener color político, pero las formas, que a veces dan el ser a las
cosas, señor Ministro, son importantes en esta materia. Yo le voy a decir
que, seguramente, para esta comparecencia ha tenido mala suerte el señor
Ministro con que este Diputado sea de León, porque le voy a poner aquí
algún ejemplo que le va a resultar un poco significativo. Pocos días
después de la toma de posesión del Gobierno salió publicado en la prensa
de León lo siguiente: ¿cómo se nombra al director provincial de Educación
de León? Fíjese usted, aquí aparece en la prensa, si quiere luego se lo
facilito: El PP propone a Angel Lago como director provincial de
Educación de León por unanimidad de la comisión de educación del Partido.

Angel Lago, profesor, tal..., etcétera. Reunida ayer la comisión
provincial del PP acordó proponer al señor Lago como director provincial
del Partido Popular. Por cierto, luego hubo otras propuestas, también del
Partido Popular, estuvieron días en el debate y, en efecto, se aprobó esa
propuesta. Fíjese que no he ido a ninguna otra provincia, pero imagino
que los casos se habrán repetido. El director provincial del Insalud de
León fue el último nombramiento de directores provinciales. Le digo que
ha tenido mala suerte en ese sentido por la circunscripción. Fue el
último caso en el que se produjo el cese y el nombramiento, porque hubo
en su partido una pelea terrible para ver quién era. Había tres
candidatos que se presentaron a la convocatoria pública y cuando el pulso
se inclina por uno de ellos otro de los candidatos renuncia por carta
ante el presidente provincial del partido, carta que aparece aquí, que
es, a la sazón, amigo suyo el alcalde de León, Mario Amilibia. El
candidato va al ayuntamiento, con la carta de renuncia al cargo de
director provincial del Insalud, a decírselo y comunicárselo al
presidente provincial del partido en León, ni siquiera renunció
enviándola o yendo al ministerio. Esto ha pasado en León, con los dos
directores provinciales que todavía tienen mayor significación en la
periferia, educación e Insalud. Por lo menos podrían haber guardado las
formas, porque yo no recuerdo que esto haya pasado en otras épocas.

Insisto en que sobre el tema de los nombramientos y de cómo se han
producido, y sobre los ceses y los nombramientos de libre designación
también habrá un debate en su momento. No me gustaría que el debate se
centrara en el señor Ministro porque he insistido en que la
responsabilidad política en este terreno no está muy claramente situada
en usted, pero los hechos son los que son, lo que ha pasado es lo que ha
pasado y, aunque usted ha apuntado algún dato, tendremos ocasión y
momento para contrastarlo.

En relación con los gabinetes hay que dar los datos reales, señor
Ministro de Administraciones Públicas. Ustedes dicen que han procedido a
una regulación de los gabinetes, es decir, del personal eventual de los
ministerios. Por cierto, transparencia por transparencia --luego le
pondré algún caso de falta de transparencia en ese terreno--, no sabemos
si han regulado o no el gabinete de la Presidencia del Gobierno. Me temo
que no porque yo pedí, y esta vez ustedes sí tramitaron ágilmente, el
acuerdo de julio sobre gabinetes y allí no aparecía referencia alguna al
gabinete del Presidente del Gobierno ni a los eventuales que afectan a la
Presidencia del Gobierno. Fíjese que le digo de antemano que el
Presidente del Gobierno necesita tener un potente gabinete, seguramente
lo tiene el señor Aznar y no será objeto de crítica, pero, ya que ustedes
han presumido tanto de muchas cosas y han hecho tantas promesas,
inevitablemente hay que recordarles alguna cuestión.




Página 4811



Usted ha dado unos datos que no se corresponden con la realidad, se lo
digo así de claro. Seguramente, en este mundo de los eventuales puede
haber alguna confusión numérica porque es verdad que las diversas fuentes
en determinadas ocasiones no coinciden de manera exacta, pero, mire, yo
tengo aquí el número total de eventuales en gabinetes que había con el
Gobierno socialista, insisto, sin contar la Presidencia del Gobierno
porque siempre ha sido un mundo complejo, y el volumen total de miembros
de los gabinetes --y, además, es información de su propio ministerio--
era de 284, en gabinetes de secretaría y secretarías de ministro, de
ministro, le matizo. Este papel es del Ministerio de Administraciones
Públicas... (El señor Ministro de Administraciones Públicas [Rajoy Brey]:
Este, también.) Decía que el papel es del Ministerio de Administraciones
Públicas, y efectivos, no en RPT, eran 283 más los correspondientes a
secretarías de Estado, 365 en gabinetes. Y ahora ustedes tienen 356, sin
contar Presidencia del Gobierno, tienen 356 en estructura, no digo
efectivos, en estructura, no la cifra que ha dado. (El señor Ministro de
Administraciones Públicas, Rajoy Brey, hace gestos negativos.) Sí, sí,
porque tienen 16 por cada ministro contando secretarías, oficinas de
prensa, y gabinete de ministro, sin contar secretarios de Estado, y
tienen en las dos vicepresidencias 24 eventuales, alguno con rango, como
usted sabe, de subsecretario y otro con rango de director general. Esas
son las cifras, 356/365, prácticamente parecido, y, además le digo, acuda
a ese boletín que me parece que no le gusta mucho, el boletín del
registro central de personal, que da exactamente las cifras muy
parecidas: en abril de 1996, 426 eventuales en los diferentes
ministerios, y en diciembre, ya con su Gobierno, da 406, prácticamente
una ligerísima disminución. Por tanto, menos presumir. Y, fíjese, yo no
les critico que a lo mejor tenga que haber los asesores o eventuales que
tienen, pero la realidad es la que es con datos oficiales, datos del
boletín del registro central de personal, si es que ese boletín lo
consideran ustedes oficial, que espero que sí porque es un boletín
ciertamente útil, aunque ahora circule menos o circule cada más tiempo.

Eso es lo que ha pasado con los gabinetes, y ésa es la realidad al día de
hoy. Por cierto, quería preguntarle si es intención del Gobierno regular
el gabinete de la Presidencia del Gobierno o adoptar algún acuerdo de
Consejo de Ministros para que realmente se sepa cuál es el volumen de
miembros eventuales que forman el gabinete de la Presidencia del
Gobierno.

De todas formas, al señor Ministro --que también ha hecho en este punto
una cierta referencia crítica--, le quisiera recordar que cuando el
Gobierno socialista llegó al poder había 25.000 personas eventuales en la
Administración. Lo digo porque el Grupo Popular en aquel entonces hizo
innumerables preguntas y varias interpelaciones sobre la cuestión de los
ceses, de los nombramientos y de los cambios. La virtualidad de la
democracia es que los «Diarios de Sesiones» existen y como iremos
desgranando estas cuestiones le invito a que haga un recordatorio, por
ejemplo, de lo que por aquella época preguntaba el señor Aznar como
Diputado de Alianza Popular, u otros dirigentes destacados de ese
partido. Nosotros sólo hemos hecho dos o tres preguntas sobre la cuestión
y desde luego con mucha menos fruición.

Sobre organismos autónomos y entes públicos, como le decía, tendremos
ocasión de debatir más profundamente. Le recuerdo el aumento registrado
en entes públicos, pero lo que me parece más importante en términos
globales es que ustedes, cuando hacían el análisis y las propuestas sobre
la Administración general del Estado, una de dos: o su desconocimiento
era patético sobre la misma o hacían una demagogia dañina sobre cuál era
la situación y sobre cuál había sido el estilo de Gobierno del Partido
Socialista. Por cierto, que tampoco presuman tanto, porque han dicho que
es la primera vez que se produce una inflexión en los altos cargos. Es
verdad que se ha registrado una inflexión en altos cargos, no en niveles
superiores, pero ésa no es toda la verdad. Del año 1982 a 1990, repase
los datos de su ministerio, hubo un crecimiento, es verdad, y desde 1990
a 1996 hubo un descenso en torno a 46 altos cargos. Presumir de estas
cosas es algo complicado.

Quiero pasar ya al tema de la Lofage. Desde esa perspectiva, quiero
decir, para concluir, que ese balance de su reforma es pírrico; su
reforma ha sido, en términos de operación política --no digo en términos
administrativos--, una chapuza, porque buscando el ahorro global lo que
ha supuesto es que al día de hoy hay quinientos millones más de gasto en
las estructuras superiores de la Administración.

En cuanto a la politización, los ejemplos que he puesto --y podría haber
puesto muchos más-- han sido suficientemente significativos. Usted sabe
que el Grupo Socialista ha apoyado globalmente el proyecto de ley de
organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, y
voy a ser muy breve en esta materia. Sabe también que quizás donde hemos
tenido alguna discrepancia más de fondo ha sido en la configuración de la
Administración periférica, porque entendíamos que se producía una
complejidad en la articulación de la nueva Administración periférica,
porque entendíamos que ese descenso del rango de la representación
política de los subdelegados no era positivo, pero sabe también, como ha
escrito doña Amparo Rubiales, a la que siempre cita, y el Grupo Popular
está también muy acostumbrado a citarla, que hemos sido y somos
partidarios de la reforma de la Administración periférica. Es verdad que
seguramente no se ha hecho todo lo que se tenía que haber realizado, algo
se hizo, pero no entren en contradicciones porque ustedes han nombrado
directores generales de algunos ministerios en esta etapa que ya estaban
de facto suprimidos, que estaban vacantes porque ya estaban llamados a
desaparecer. Le pongo algún ejemplo: Industria, Trabajo. En algunas
provincias ya estaban vacantes, no por estarlo, sino porque estaban
llamados a la desaparición práctica de las estructuras y ustedes los han
nombrado, incluso en Fomento. El día que hablemos de los nombramientos le
daré los datos más concretos.

Lo cierto es que ya habíamos conocido, y ahora también por el señor
Ministro, que hay un plan para el desarrollo de la ley. Me voy a limitar
a hacerle unas preguntas, que me parece que pueden tener interés, porque,
como le digo, con las salvedades que acabo de explicitar, creemos



Página 4812



que esa reforma de la Administración periférica hay que hacerla y cuanto
antes.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, le ruego las haga con
brevedad.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Las preguntas son las siguientes: ¿Los
subdelegados van a ejercer competencias similares a las de los
gobernadores, como aparecía en el plan de desarrollo? Es una pregunta
bien concreta. ¿Van a aumentar las competencias de los subdelegados en
materia de personal? Esto lo ha referido, pero si mis cálculos son
ciertos --más que hablar de unidades yo hablaré de servicios--, en lo que
es la Administración periférica del Estado, su plan establece que 30
servicios no son integrables, que 11 sí lo son ya, aunque 4 tienen
problemas, y que en la segunda fase serían 7 integrables y 2 con
problemas.

Esas serían las preguntas concretas. Le digo esto porque tiene interés el
conocer cuál va a ser el papel de los subdelegados y si las competencias
van a ser las mismas de los gobernadores. Sus gobernadores están diciendo
por ahí que van a tener las mismas competencias y que la aprobación de la
Lofage no supone, desde esa perspectiva, ningún cambio. El otro día creo
que hubo una reunión en el Ministerio de gobernadores y a la vuelta --ya
le digo que con esto de León tiene mala suerte-- el gobernador de León
hizo unas declaraciones en aquella circunscripción en las que dijo que la
aprobación de la Lofage no suponía ningún cambio, que el subdelegado de
León iba a tener las mismas. Esto hay que aclararlo.

Y la reflexión final --ya termino, de verdad, señor Presidente-- es la
siguiente: con el proceso de integración, la paradoja de esto es que van
a hacer una Administración periférica única del Estado; no van a hacer
una Administración única en general de las diversas administraciones; van
a hacer una Administración única del Estado. Y de forma seguramente no
prevista o no calculada lo que sucederá en la práctica es que el
subdelegado, al que han bajado de rango, va a tener más funciones, como
consecuencia del volumen de servicios que se van a integrar. A nosotros
nos sigue preocupando que con ese volumen de servicios que se van a
integrar, que buena parte de ellos seguramente serán a nivel provincial,
el subdelegado se quede con el rango que va a tener. Estas son nuestras
inquietudes, apoyaremos desde luego lo que signifique reforma de la
Administración periférica, pero nos parece que el panorama es bastante
complejo y seguramente para su ministerio mucho más, porque se le viene
encima un volumen de trabajo enormemente importante. No se den prisa en
estas cosas si no es menester, háganlo bien porque será mejor. La
Administración periférica todavía hoy juega un papel importante en este
país, de vertebrador, de prestación de servicios, y nosotros le
aconsejamos y le pedimos que lo hagan con la suficiente prudencia.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar hacer dos bloques de comentarios y
de preguntas, puesto que dos son los bloques que hemos tenido de
comparecencias. Pero permítanme, señor Presidente y señor Ministro, dos
comentarios para empezar. Ustedes han comenzado con el primer año de
celebración de haber llegado al Gobierno y este primer año, en cuanto a
Administración pública, podíamos cifrarlo en el año de la anunciación
continuada, pero esa anunciación continuada deberíamos concretarla en
hechos y en datos que pudiéramos valorar y medir.

La intervención del señor Ministro ha sido muy concreta al principio,
cuando ha hablado de los departamentos ministeriales. Ha podido decir los
altos cargos que se reducían, 68 ha dicho, de director general hacia
arriba y de subdirectores generales. Pero a partir de ahí ha empezado a
hablar de porcentajes, de comparaciones, pero no ha dado los datos
concretos, los números, cuántas personas. A mí me gustaría que en los
cuatro bloques que ha hecho nos dijese cuántas personas de libre
designación han nombrado ustedes, cuántos cargos han nombrado en
organismos públicos, en gabinetes, en lo que pudiéramos llamar
Administración o altos cargos de la Administración del Estado y cuántos
había antes, para comparar y ver si es verdad ese proceso de
simplificación. Porque la verdad, señor Ministro, es que una cosa es
predicar y otra dar trigo. Ustedes han predicado mucho antes de llegar al
Gobierno y después de haber llegado al Gobierno y el trigo que están
recolectando es más reducido.

Cuando tengamos esos datos y podamos compararlos, intentaremos conocer lo
que han sido nombramientos y ceses. Yo no me voy a situar en lo bueno que
había antes y en lo bueno que puede haber ahora, entre otras cosas,
porque ni antes había lo bueno ni quizá lo tenemos ahora. En cualquier
caso, lo que sí deberíamos ponernos como referente para la reflexión
sería: un Estado que ha tenido un proceso importante de transferencias a
las comunidades autónomas desde 1980 hasta ahora, un Estado que ha visto
hacer residir cerca de los ciudadanos un sinfín de competencias, sin
embargo, no adecua su estructura central y su estructura periférica a esa
realidad. Fíjese que cuando usted ha hablado en la segunda comparecencia
no ha aparecido la expresión Administración única --que tanto utilizaron
ustedes antes--, para la creación de una ventanilla única. (El señor
Ministro de Administraciones Públicas, Rajoy Brey, hace gestos al
orador.) Bueno, pero muy poquito; después veremos el «Diario de Sesiones»
para comprobarlo. Pero no ha hablado nada --fíjese-- de aquello que
ustedes anunciaron cuando presentaron la Lofage: qué competencias, de las
que corresponden hoy a los gobernadores civiles, van a ser transferidas a
las comunidades autónomas, no cuáles se pueden refundir en los delegados
del Gobierno, que después veremos cuáles han podido ser. En suma, ¿de
verdad estamos ante un adelgazamiento, una redistribución de la
estructura del poder, haciendo residir en porcentajes las esferas de
nuestro funcionamiento? Por ejemplo, ¿estamos dotando a los ministerios
transferidos a las comunidades autónomas --Agricultura, Cultura,
Industria, etcétera-- de una estructura adecuada a esa realidad? ¿Estamos
haciendo frente a una organización del poder



Página 4813



más simplificada y más reducida a nivel central y a nivel periférico, y
más residenciada en otros centros de decisión? La verdad es que esa parte
de la reflexión ya no la he encontrado en su comentario.

En todo caso, a mí me gustaría que también añadiera una explicación a
esto de los organismos públicos. Usted ha dicho --he entendido yo-- que
hay ya veinte reales decretos de supresión de organismos públicos y seis
pendientes de tramitación, y ha hecho referencia a la entidad pública
empresarial; hay algunas que estarían a nivel central. Quisiera saber de
qué manera va a evolucionar el proceso de funcionamiento de esa entidad
pública empresarial, sobre todo, de qué manera va a ajustarse a lo que
usted ha venido explicando como simplificación, homogeneización y control
de calidad, y los efectos que ha anunciado sobre las plantillas. Usted ha
dicho que, al final del proceso de los decretos que ha anunciado en
cuanto a los organismos públicos, después de eso que ustedes llaman
simplificación, reducción, agrupación de organismos, se hará una relación
de puestos de trabajo totalmente adecuada. Cuando ustedes pusieron en
marcha la Lofage, imagino que tendrían hecho un estudio, una propuesta,
un inventario. A mí me gustaría conocer si ustedes tienen hecho un
inventario concreto para ver qué evolución va a tener, qué movimiento
geográfico vamos a tener de esa cifra de 5.000 empleados públicos que
usted ha dado y que podrían estar afectados por todo ese movimiento.

¿Cuál es la realidad? Esos empleados públicos, ¿van a funcionar dentro de
esos organismos públicos, se van a distribuir entre la Administración
central, se les va a plantear otra alternativa? En suma, ¿algunos de
estos servicios van a gestionarse externamente, es decir, van a ser
privatizados o pueden estar en situación de privatizar? Puedo poner
varios ejemplos: Correos, Renfe u otros organismos que usted ha estado
planteando. La verdad es que eso que ustedes anunciaron de
profesionalización de la Administración, para despolitizarla o dar más
cabida a los funcionarios, nosotros todavía no lo hemos visto hecho
realidad. Es lógico que cuando un Gobierno llega al poder nombre, por
libre designación, a las personas que estime en mejores condiciones, pero
hay algo que nos choca. Si las personas son nombradas por libre
designación, entre funcionarios o de fuera, al final, estamos
consiguiendo un objetivo diferente. En lugar de hacer funcionarios
profesionalizados, a lo mejor vamos a tener funcionarios más politizados,
sobre todo después de algunas discusiones que ustedes hayan podido tener
para el nombramiento de algunos altos cargos.

En cuanto a los gabinetes, a mí me gustaría que se precisara en qué
consiste su reestructuración. Usted ha hecho alusión a los decretos que
ya conocíamos --en respuesta a preguntas escritas nuestras, se nos había
dado la composición de los gabinetes de los vicepresidentes, de los
ministros y de los secretarios de Estado--, pero quisiéramos saber si
esos gabinetes llevan incorporado, demás, lo que ustedes llaman prensa,
secretaría y relaciones públicas y, si son añadidos, cuál es el número
total. Respecto a lo que antes decía el portavoz socialista de que la
Presidencia del Gobierno es una cosa compleja --a mí me gustaría que
fuese menos compleja, que fuera más sencilla--, ¿se podría determinar
cuál es el volumen de personal y funcionamiento de la Presidencia, igual
que se hace con los vicepresidentes? Simplemente, queremos conocer el
número y el procedimiento para ese nombramiento, para ver si han tenido
en cuenta eso que ustedes llaman eficacia, capacidad y mérito a la hora
de obtener cada uno de los cargos.

Me voy a centrar, señor Presidente, en lo que ha motivado nuestra
solicitud de comparecencia. La verdad es que la Lofage está recién
aprobada. Por tanto, no habría que tener ninguna situación compleja hasta
que empezara a ponerse en marcha; pero cuando se presentó la Lofage y se
estaban haciendo cantos y concreciones, incluso el señor Ministro ha
dicho que había algunas medidas que se habían puesto en marcha ya. A mí
me gustaría conocer ese informe --que ha tenido amplia proyección hacia
el exterior-- que planteaba como dos velocidades de transferencias desde
la Administración periférica del Estado hacia las delegaciones del
Gobierno; ese informe que venía a decir que los subdelegados iban a
heredar las mismas competencias de los gobernadores civiles, para poder
despejar un poco estas incertidumbres que ahora se me añaden y que la
Lofage no me añadía. Teníamos dudas, y por eso presentamos nuestra
enmienda a la totalidad. Usted dice que todavía no ha comprendido por
qué. Pues, fíjese, nosotros queremos evitar que cambien de hábito y
mantengan al monje. Es decir, queremos evitar que mantengan el puesto y
mantengan las funciones, porque nos tememos que hayan cambiado solamente
el nombre, que ya es importante, porque la denominación de gobernador
civil supone una relación determinada. En fin, ya es algo, pero es
cambiar el nombre, cambiar los anagramas de las fachadas de los distintos
edificios. Antiguamente, ya hicimos un cambio de esos anagramas que había
en las fachadas de los edificios. ¿Es cierto que los subdelegados del
Gobierno van a tener unas competencias inferiores y cuáles son las que no
van a tener los subdelegados del Gobierno de las que tienen ahora los
gobernadores civiles? ¿Podría decirnos esta mañana qué competencias, qué
actuaciones de las que hacen hoy los gobernadores civiles no harán los
subdelegados del Gobierno? ¿Podría decirnos por qué esas dos velocidades
que se establecen en ese plan de transformación de la Administración
periférica del Estado que ha hecho? Porque esas dos velocidades no
estaban en la Lofage. En la Lofage se daban seis meses. Ahora, usted ha
dado seis meses para lo que pudiéramos llamar el bloque 1 de servicios,
que pueden ser integrables fácilmente, pero luego hay un resumen de
servicios no integrables en la Administración periférica --los que
pudiéramos llamar los delegados del Gobierno; la verdad es que ésa es la
Administración integrada que hacen ustedes-- y servicios excluidos en
inicio. ¿Qué quiere decir eso de servicios excluidos en inicio? Por
ejemplo, cuando hablan del Ministerio de Economía y Hacienda, del
Ministerio de Educación y Cultura, de Correos y Telégrafos, de las
jefaturas de Tráfico, de la dirección provincial del Inem, del Instituto
Social de la Marina, de la Tesorería, etcétera, ¿cuáles son los no
integrables y que, por tanto, van a funcionar dependiendo de sus
distintos ministerios; cuáles, en un proceso más largo, serían
incorporados a la delegación del Gobierno



Página 4814



y cuáles serían transferidos a las comunidades autónomas, a través del
150.2 de la Constitución? Con eso, tendríamos una especie de inventario
competencial, que sería bueno para conocer, por un lado, la evolución de
seis meses y, por otro, los aplazados en el tiempo. En su intervención,
usted ha dicho que comenzarían a partir de 1998, es decir, que unas
estarían ultimadas en el año 98 y otras comenzarían una vez que viéramos
consolidada esa parte de administración en manos de los delegados del
Gobierno.

Voy a terminar, señor Presidente, haciendo referencia al mismo proceso
para los organismos públicos. La Lofage también aprobaba un proceso,
aunque más largo --daban ustedes dos años para abordarlo--, que llevaría
consigo un sinfín de movimientos que podrían fortalecer unas iniciativas,
podrían simplificar o reducir otras e incluso suprimir. Me gustaría
conocer también si existe ese inventario, al margen de los veinte
decretos ya realizados y de los seis que están anunciados, porque ha
dicho el señor Ministro que tienen ya en marcha seis proyectos para
discutir.

Yo creo, señor Presidente, que a la hora de discutir sobre la
Administración central, sobre su simplificación, sobre su adecuación, al
margen de lo que se haya dicho o prometido antes de llegar al Gobierno,
que puede ser en esas cifras muy altas, conforme se han comparado antes,
sí nos gustaría conocer cuál es la realidad de partida y cuál es la
realidad al final de su legislatura. A mí me gustaría, por ejemplo,
conocer qué parte de aparato administrativo, en las cuatro vertientes de
la Administración central, y qué parte de la Administración periférica
--al margen de esos directores insulares que ustedes han añadido--
tendremos hoy de partida y cuál tendrá al final de la legislatura, cuál
es la meta de Administración que ustedes se marcan. Si tienen un norte,
cuáles serían los objetivos, los volúmenes de personal que destinarían y
las fórmulas de elección.

La verdad es que esa declaración de intenciones de reducir el peso
político de algunas figuras de la Administración yo creo que, ni siendo
subdelegados, porque sean funcionarios, se evade, ni siendo otro tipo de
cargo elegido, porque las batallas internas por esos cargos siempre se
darán, y lógicamente se eligen por la confianza que puedan tener para el
partido que les elige, sean funcionarios o sean personas externas. No me
he querido referir a la profesionalización, en el sentido de la
dedicación, puesto que eso está bastante claro en la Lofage y veremos
cómo evoluciona, pero ya les anuncio a ustedes que algunos de los
gobernadores civiles actuales tendrán difícil ubicación como subdelegados
si mantienen eso de la titulación superior como frontispicio para ser
nombrados a la hora de poder ocupar ese cargo, y a lo mejor esas
contradicciones se solventan nombrando a otras personas que no quiere
decir que tengan ni mayor capacidad política para ese puesto ni otra
cosa, sino simplemente un requisito de profesionalización funcionarial
que ustedes se han marcado.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que deseen intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Ministro.

Yo tengo que decir con toda sinceridad que Coalición Canaria sí aplaude
la labor realizada por el Ministerio en materia de administraciones
públicas y especialmente en las cuestiones de la Administración
periférica.

Señoría, en esta España de las autonomías constitucionales se reconoce de
una forma clara y terminante por el artículo 138 el papel de las islas, o
sea, la circunstancia del hecho insular. Es un criterio útil de política
legislativa que preserva las circunstancias de lejanía, de ultraperiferia
y fragmentación territorial dentro de la legislación general del Estado.

Junto a esto, el estatuto de Canarias, en la nueva redacción, catorce
años después de haber sido aprobado, mantiene y vela por el principio del
equilibrio regional. Es algo que nos obsesiona y nos preocupa a todos. Se
ha llegado a pedir en manifestaciones públicas nada menos que dos
autonomías en Canarias: la oriental y la occidental.

Tenemos que evitar los problemas de desequilibrio. Tal como se establece
en el estatuto de Canarias, en el artículo 3, por ejemplo, estará siempre
el Parlamento de Santa Cruz de Tenerife y la delegación del Gobierno
estará en Las Palmas de Gran Canaria; muy bien. La capitalidad será
compartida entre las dos capitales; muy bien. Pero, señor ministro, por
razones de apoyo a los principios de economía y simplicidad, ahora que va
a haber un delegado del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, creemos
que el subdelegado del Gobierno no debe estar en Las Palmas de Gran
Canaria, sino en la provincia hermana de Santa Cruz de Tenerife. Eso por
razones de economía y simplicidad, porque vendría a reflejar la situación
actual. Hoy día el delegado del Gobierno está en Las Palmas de Gran
Canaria y el gobernador civil en Santa Cruz de Tenerife.

En segundo lugar, y ahora invocando los principios de descentralización y
sobre todo de proximidad a los ciudadanos de la Administración pública,
especialmente de la periférica, todos sabemos, señor Ministro, que en
cada isla existe un cabildo insular, en cada isla existen municipios,
cada isla tiene personalidad legislativa en cuanto que pueden elegir
representantes en los órganos legislativos del Estado español, pero se
deja a discreción del delegado del Gobierno el que tenga una
representación de la Administración periférica, y nosotros consideramos
que en cada una de las islas debe haber, no por voluntad del delegado del
Gobierno, sino por ley, un director insular.

Esta es mi pequeña intervención, que la consideramos trascendente por
esas razones que hemos invocado del necesario equilibrio y paz regional.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría Echevarría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Ministro, por su presencia en
la Cámara con la documentada exposición que nos ha efectuado sobre las
dos materias que eran hoy objeto de su comparecencia.

Me referiré, en primer lugar, a la primera parte de su intervención,
agradeciéndole, como ya digo, los datos que



Página 4815



nos ha facilitado, no sólo a usted, señor Ministro, sino, si me lo
permite, también al señor Rodríguez Zapatero, cuyo seguimiento tenaz del
asunto que hoy nos trae a esta Comisión (su primera pregunta al respecto
data del 22 de mayo) ha hecho posible el intercambio documentadísimo de
datos entre ambos, Ministro y Diputado, del que todos deseamos resulte
una clarificación del panorama. En todo caso, hemos asistido a un
apasionante debate, como digo, sobre las complejas relaciones entre
política y Administración, y el uso que de ambas magnitudes se haga por
unos u otros grupos políticos.

Este es el momento adecuado, creo yo, puesto que ustedes, como Grupo
Popular, llevan ya un año desde que ganaron las elecciones, lo que es
tiempo bastante para pensar que ya deben estar plasmadas las
reestructuraciones que han considerado necesarias, y se ha producido
además la aprobación definitiva de la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, en la que se ha
pretendido delimitar normativamente que sean altos cargos y que sean
directivos públicos.

Es de agradecer el interés con que el Gobierno del Partido Popular ha
adoptado, desde los inicios, los temas de reforma administrativa, en la
que tanto el Ministro como su equipo gozan de fama de tener una
apreciable preparación, pero hay que señalar que se ha hecho una cierta
demagogia con este tema y que, al final, lo que podía haber sido una
reforma alabada por todos, se ha transformado en un no recorte criticado
por la práctica totalidad de la oposición política y de la opinión
pública. Todos los responsables políticos se han aferrado a la cifra
mágica de que se iba a reducir un 33 por ciento, cuando la realidad dista
mucho de ser así. En efecto, el Gobierno del Partido Popular, a juicio de
mi grupo, está pagando los platos rotos de una oposición poco edificante
en este terreno.

No me extenderé más sobre este aspecto, puesto que creo que los datos han
quedado expuestos por el Ministro y el grupo peticionario de la
comparecencia, y sí me adentraré en la segunda parte de la intervención,
que es el desarrollo de la Lofage, en lo que hace a la plasmación de la
Administración periférica del Estado o, si se prefiere, a lo que en la
querencia de mi grupo es hacia dónde se avanza en el modelo de la
Administración única, apreciación ésta que es inevitable perteneciendo,
como pertenezco, a un partido nacionalista de implantación muy localizada
y periférico en el Estado, y me lleva a considerar interesante el señalar
los avances que se han producido en este ámbito de la organización
territorial del Estado, por lo menos en principio, ya que se hace
bascular la presencia del Estado en las administraciones autónomas en la
figura constitucional del delegado del Gobierno con la supresión de los
gobernadores civiles y la tibia profesionalización de la emergente figura
de los subdelegados del Gobierno.

Creemos que es en relación con este aspecto con el que podremos valorar
si de aquí en adelante existen establecidos los mecanismos que permitirán
pasar a lo que era un anhelo, al menos en su programa de Gobierno, del
deseo a la realidad, si se va a hacer o no posible la Administración
única en el Estado autonómico.

Evidentemente, no es el momento ahora de extendernos sobre ello, pero por
la inevitable relación que tiene con las materias objeto de esta
comparecencia, me parece adecuado traer a colación ante la Comisión,
dentro de la proyección extracomunitaria que tiene el concepto de
Administración única, el concepto de Administración única como posible
cauce de alteración del sistema de distribución de competencias
ejecutivas entre el Estado y las comunidades autónomas.

La propuesta se articuló en su día, cuando surgió, en torno a dos ideas:
se pretendía, en primer lugar, cumplimentar los traspasos pendientes de
aquellas competencias asumidas por las comunidades autónomas en sus
respectivos estatutos y, en segundo lugar, se abogaba por una ampliación
de las facultades ejecutivas de las comunidades autónomas, utilizando
para ello los instrumentos previstos en el artículo 150.2 de la
Constitución.

Partiendo de estas premisas, resulta difícil negar que la propuesta de
Administración única tiene, como no podía ser de otro modo, una
inevitable dimensión competencial que será mayor o menor en función del
desarrollo que se haga de ella en el futuro, pues se debe señalar que,
prescindiendo del caso singular de los traspasos pendientes --en el caso
de la comunidad autónoma, como bien sabe el Ministro, todavía
numerosos--, la propuesta permanece aún inédita en lo que afecta al uso
del artículo 150.2 de la Constitución como instrumento de ésta; es decir,
hasta el momento no se ha utilizado tal precepto constitucional con la
finalidad expuesta de acometer la implantación en España de la idea de
Administración única.

No le negaré que conozco que en la doctrina se ha criticado o se ha
valorado de forma muy diversa esta posibilidad de utilización del
artículo 150.2, hablándose de alteración de la economía constitucional,
de cambio de modelo o de auténtico fraude a la Constitución; sin embargo,
existen también posturas favorables y entre ellas, como no podía ser
menos, la siempre intermedia y razonable sostenida por el profesor
Tornos, según el cual se puede defender la propuesta de Administración
única, que no supone, en principio, una modificación del sistema de
reparto de competencias, pero que sí representa, en su aceptación más
blanda y como mínimo, una alteración del ejercicio de estas competencias
por los entes que las tengan atribuidas, según la dicción concreta de la
Constitución y de los estatutos de autonomía.

Los problemas de aplicación de este precepto nos interesan y por eso
quería hacerle, aprovechando su presencia en la Cámara, hablando de la
articulación de la Administración periférica, tres concretas preguntas en
relación con la posible aplicación o no de este precepto en un futuro:
primero, con qué grado de generalidad se pretende extender el uso del
artículo 150.2 de la Constitución; en segundo lugar, qué tipo de
facultades estatales son las que se pueden transferir o delegar en las
comunidades autónomas sin que ello implique una modificación sustancial
del modelo de Estado, y, en tercer lugar, qué clase de instrumento,
transferencia o delegación es el que, a su juicio, o a juicio del
Ministerio que usted dirige, debe utilizarse en este empeño.




Página 4816



No me extenderé más en este aspecto de alteración competencial de la
propuesta de Administración única y sí me referiré a la otra dimensión
que tiene de racionalización de la Administración del Estado que es el
que, a nuestro modo de ver, ha quedado plasmado, si bien de manera tibia,
como tuve ocasión de sostener cuando se debatió en el Pleno de la Cámara
la llegada de las enmiendas procedentes del Senado, puesto que parece
que, a pesar del fuerte impulso político inicial que se hacía en torno a
esta idea de la Administración única, no ha tenido en el texto de la ley
más plasmación que la referencia que se hace a la misma en la exposición
de motivos, como fundamento de la asunción por parte del Gobierno de este
modelo de administración, cuando se recoge que resulta conveniente
introducir en esta ley el objetivo de la Administración única o común, de
forma que el protagonismo administrativo en el territorio lo tenga la
Administración autonómica, que también podrá asumir funciones
administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del
Estado, a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la constitución.

En este segundo aspecto, por tanto, de racionalización de la
Administración periférica del Estado, abrigamos una cierta esperanza,
pero nos gustaría saber --usted ya lo ha explicado pero tenemos todavía
cierta incertidumbre-- en qué va a irse plasmando esta propuesta. No le
oculto que hay tarea para todos. Evidentemente yo me he referido a dos
aspectos de proyección extracomunitaria del concepto de Administración
única, y en la proyección intracomunitaria tendremos mucho que decir los
partidos que tenemos responsabilidades en las comunidades autónomas,
puesto que ahí la dimensión competencial se articulará en relación con el
papel de las administraciones locales en la propuesta concreta que se
haga en cada uno de los casos.

Simplemente no quería dejar pasar la ocasión de manifestarle que para
nosotros la Lofage y la articulación que se hace de la Administración
periférica ha sido un paso, pero que alentamos o por lo menos tenemos la
duda sobre la incertidumbre del futuro con el que la propuesta de
administración única --repito, la idea hasta ahora sostenida-- se piensa
plasmar en la práctica. Sin negar sus virtualidades, tal perspectiva se
puede calificar, en nuestro criterio, como una aplicación pobre o
limitada de la propuesta que parecía haber en su programa electoral, ya
que nos parece que amputa los elementos más vinculados con el desarrollo
del Estado autonómico y se ocupa por el contrario --y de momento sólo de
manera indiciaria-- de las cuestiones más de índole doméstica.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, la
señora Gil i Miró tiene la palabra.




La señora GIL I MIRO: A la espera de conocer con más detalle de qué
manera se va a distribuir el trabajo ministerial articulándolo en la
Administración periférica, me parece oportuno aprovechar la comparecencia
y la explicación del señor Ministro para apuntar aquí también la postura
de mi grupo al respecto, porque en el Congreso, señor Ministro y señor
Presidente, ha sido aprobado un proyecto de ley y desde mi grupo, y
también desde mi Parlamento y desde mi Gobierno, hemos otorgado,
juntamente con nuestro voto favorable, la confianza a su Gobierno y la
confianza a usted, como responsable del Ministerio, en que van a
desarrollarlo con un programa coherente.

Nuestro interés se centra sobre todo en la concreción de la estructura de
la delegación del Gobierno, un aspecto que usted ha tildado --no con la
palabra que voy a decir, pero que se puede extraer de sus palabras-- como
nuclear dentro del cambio que sufre la Administración periférica; o sea,
una innovación importante. Realmente, es una innovación sobre todo
respecto al proyecto del Gobierno anterior, del que este proyecto de ley
que hemos aprobado recientemente es deudor, pero también esta innovación
se debe, sobre todo, al impulso dado por el pacto de gobernabilidad
suscrito entre Convergència i Unió y el Partido Popular.

Nosotros nos preocupamos por la estructura que va a tener la delegación
del Gobierno, porque para nosotros es lo que es un órgano administrativo,
y un órgano, como todos sabemos o deberíamos saber, significa simplemente
que es un instrumento, un órgano necesario, pero su estructura, sus
procedimientos y sus rutinas seguramente serán los factores que le
otorgarán un perfil centralista, un perfil que tienda hacia la
Administración única.

También hará patente la estructura de esta delegación la voluntad
político-administrativa de su Gobierno de ejemplificar con hachos un
camino, no sólo para evitar la duplicación de servicios y la
simplificación de la Administración, sino también para enfrentarse a una
realidad administrativa muy difícil de erradicar y que seguramente usted
ya la ha encontrado, que es que el sistema de decisiones sectoriales es
esclavo de las mismas unidades administrativas que se convierten en
grupos interesados en no desaparecer y que confunden las funciones
administrativas con el poder político.

En nombre de mi grupo ya dije en el Congreso, con ocasión de la
aprobación del proyecto, que la Lofage rompía el molde del centralismo,
del gobernador civil, pero también temía que la nueva delegación pudiera
transformarse en un almacén de copias que continuasen vigentes una vez
roto el molde.

Creo que hay, incluso en esta Comisión, en su Gobierno y a lo mejor
también en mi grupo en alguna ocasión, un discurso que podríamos
denominar, en términos bíblicos, con un pecado original, un discurso
ciertamente perverso, en este sentido, sobre lo que debe ser la nueva
delegación del Gobierno, sobre lo que es, lo que representa la nueva
estructura de la Administración periférica, cuando usted mismo habla de
regular delegaciones y subdelegaciones, y cuando Diputados portavoces
inquieren sobre las competencias de los subdelegados o denuncian
competencias de los subdelegados. O sea, que entre todos se empeñan en
convertir, supongo que de manera involuntaria, un cargo
administrativamente puro e incoloro, el del subdelegado, que es una
figura simplemente administrativa como un subdirector general, en una
especie de ectoplasma de la figura prontamente extinta del gobernador
civil. Yo creo que este discurso debería cambiar para la bondad de la
reforma.




Página 4817



En cualquier caso, el diseño y el papel activo de la Administración
periférica desde mi grupo consideramos que no debería ser homogéneo en
todo el territorio del Estado español, porque cada delegación del
Gobierno español y los servicios integrados y no integrados en ella
deberían reflejar y adaptarse a las características del ámbito autonómico
en que se encuentran. No sólo deben reflejar las peculiaridades de la
Administración general del Estado, sino las de la autonomía en que están.

Por eso quizá sería necesaria una especialización geográfico-política
que, en el caso de mi país, Cataluña, debería asumir y adaptarse al mismo
hecho constitucional asimétrico de su tratamiento.

Yo creo que debería tener el Gobierno --y usted en particular como
responsable primero-- la voluntad de explorar nuevos caminos, reducir la
Administración general en favor de la Administración autonómica, de
acuerdo con la capacidad organizativa de ésta, con su voluntad de
autogobierno y con una amplia concepción por parte del Gobierno del
Estado de lo que es la organización territorial de éste.

Yo creo que debería ser tarea del Gobierno prestar atención y escalar un
nuevo grado, adaptarse a la gran diversidad existente competencial y
demográfica y también salvar las mismas contradicciones que la formación
del proyecto va a poner sin duda en evidencia. Porque la Administración
tiene una sola función, servir a la ciudadanía, y el volumen o los
aspectos cuantitativos del servicio público que se presta se definen en
la Lofage como un componente que siempre será variable, pero que define
la misma Administración periférica. Pero también define como un
componente fijo de la ejecución del servicio las unidades provinciales en
una lectura absolutamente ad litteram del artículo 141 constitucional.

Esta lectura es la que homogeneiza la organización administrativo-central
periférica del Estado en las comunidades autónomas, como la mía,
pluriprovinciales, y esta variable de manera excéntrica y sorprendente va
a diferenciar enormemente en su estructura periférica las comunidades
pluriprovinciales de las comunidades uniprovinciales, sin tener en cuenta
como coartada el volumen de los servicios que se deben dar a la
ciudadanía. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es uniprovincial. Debe de
tener, no lo sé, unos cinco millones de habitantes. Cataluña es
pluriprovincial, tiene seis millones de habitantes. En cambio, en
Cataluña habrá una delegación del Gobierno y cuatro subdelegaciones. En
Madrid, casi con el mismo volumen, habrá, como es uniprovincial
simplemente una delegación del Gobierno. Esto es una contradicción de la
misma ley y quiere decir que podría haber una tratamiento no homogéneo de
la Administración periférica en cada comunidad.

Fíjese usted, la organización territorial que va a tener la comunidad
uniprovincial --digo Madrid, porque es muy amplia en volumen demográfico,
pero puede ser cualquiera-- satisfaría en gran parte las necesidades y
las aspiraciones de cambio organizativo periférico de mi Gobierno y, por
tanto, de mi grupo.

Este dato se lo doy como reflexión. Nosotros vamos a tener
subdelegaciones. Ustedes reglamentan las delegaciones del Gobierno y las
subdelegaciones; en cambio, habrá comunidades muy importantes, con gran
volumen de servicios, en donde no serán necesarias. Por eso yo desde mi
grupo le propongo que piense en ello y que abra nuevos caminos, si
pudiera ser, porque hay diversidad. Y hay diversidad de aspiraciones y
hay diversidad de capacidad organizativa en las distintas comunidades.

Por ello le pediría que pensara en desarrollar caminos diversos --que lo
haga poco a poco si su Gobierno quiere ser más prudente que osado--, pero
que avance en la diferencia y no en el tratamiento homogeneizador, porque
éste nunca nos satisfaría y porque jamás sería una descripción adecuada
de nuestra realidad.

Simplemente nosotros querríamos, pues, que la presencia de la
Administración periférica del Estado tuviera realmente en su organización
no sólo una reforma o un cambio de formas, sino un cambio y una
innovación, y que fuera un camino real hacia el concepto de
Administración única. Por eso pedimos que sea mínima y discreta. En todo
caso, como en cualquier cambio e innovación, se puede tener en cuenta
desde el Ministerio y desde su Gobierno la fórmula casi mágica de
Havelock (?) que sirve para todo, que dice que la fuerza del cambio es
igual a la fuerza de la demanda partida por la fuerza de la resistencia.

En este caso yo le puedo asegurar, en nombre de mi grupo, que en Cataluña
el cambio es posible porque la fuerza de demanda es muy superior a la
fuerza que pudiera haber de resistencia.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor López-Medel.




El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Quisiera comenzar, al igual que los otros
portavoces que han intervenido, agradeciendo la presencia del Ministro y
felicitándole por la claridad de su exposición y la gran información
facilitada. En ese sentido, la rapidez de la exposición del Ministro
demuestra para mí la manifestación de la rapidez con que desde el
Ministerio de Administraciones Públicas se está llevando a cabo el
proceso de reforma de la Administración general del Estado.

Quisiera partir de algo que, por importante y evidente, no debe dejar de
reiterarse. En efecto, toda operación de reestructuración administrativa
ha de partir de lo que hay. No puede partir de cero, sino, por contra, de
lo que hay. Y, en todo caso, hay que reiterar por los que creemos en la
Administración pública como sujeto encargado de desarrollar los intereses
generales, que es importante una mínima estabilidad de los elementos
organizativos, lo cual creo que también es un buen elemento o
manifestación de neutralidad y de continuidad de la Administración más
allá de los cambios políticos que puedan existir.

En este contexto básico es indudable que la llegada del Partido Popular
al Gobierno de la nación no ha supuesto convulsión alguna, sino la puesta
en marcha de un proceso de simplificación y racionalización de la
Administración general del Estado. Pese a quien le pese, es indudable que
el número de altos cargos existentes --que en alguna ocasión ya el
Ministro, contestando a preguntas parlamentarias, ha dado y hoy ha
reiterado aquí--, según el concepto



Página 4818



que por vez primera existe en una ley con carácter general, ha producido
una notable disminución. De 441 que había han pasado --ha dicho el
Ministro-- a 369 y, de una manera singular, se ha producido nada más y
nada menos que un 33 por ciento de reducción de direcciones generales. A
un segundo nivel --es decir, subdirecciones generales-- la disminución
también es notable, habiendo desaparecido, tal y como ha dicho el
Ministro en su exposición, 144 números de subdirecciones generales. Aun
siendo importantes los números --porque lo son y son incuestionables--,
una cosa es todavía más importante que el aspecto cuantitativo.

Por vez primera --y lo ha dicho el Ministro y yo quiero resaltarlo-- se
rompe la tendencia creciente, de manera que no sólo no se crean más
cargos directivos, sino que, incluso, con los límites expuestos con
anterioridad con carácter general, disminuyen. Y decía que éste es un
dato incuestionable.

Desde que el Partido Socialista ocupó el poder en diciembre del año 1982
se crearon más y más altos niveles. Ahora no sólo se estabilizan, sino
que incluso bajan. Y como nuestra política demuestra que sí que era
posible, en lugar de aplaudir o al menos callarse, desde el Partido
Socialista se nos insiste en lo mismo, que estamos incumpliendo nuestro
programa electoral. Por contra, nuestro programa electoral en materia de
Administración pública hablaba de una administración simplificada y
ajustada en su tamaño a la nueva organización del Estado, una
administración ágil y eficaz, y como compromisos y propuestas se decía y
se dice literalmente. Reducir departamentos ministeriales, adaptando sus
competencias a la realidad de la nueva ordenación territorial del Estado,
suprimir organismos públicos no estrictamente necesarios y drástica
disminución del número de altos cargos.

En ningún momento en nuestro programa electoral se habla de 5.000 altos
cargos; eso no está en nuestro programa electoral. Lo que está en nuestro
programa electoral es lo que les he leído, y me he permitido hacerles una
fotocopia para que ustedes dispongan de ello. Porque incluso cuando
nuestro programa electoral decía y dice, porque es un compromiso,
suprimir organismos públicos no estrictamente necesarios y drástica
disminución del número de altos cargos, en un gráfico suficientemente
expresivo se recoge la evolución de los años 1982 a 1995. En el primer
cuadro se habla de directores generales y en el segundo cuadro, donde se
establece esa comparación, se habla de secretarios de Estado,
subsecretarías, subsecretarios y secretarios generales, y se pone como
pie de página el incremento del número de altos cargos. Esto es lo que se
decía, ni más ni menos, en nuestro programa electoral. Y esto es lo que
estamos haciendo, operando una reducción muy notable de lo que son los
altos cargos.

Ustedes sí que llevaron una vez, en su campaña electoral, un dato
cuantitativo de notable valor emblemático. Ustedes aseguraron y se
comprometieron, en su programa electoral, a crear 800.000 puestos de
trabajo. Yo les aseguro que si después de su mandato --largo mandato,
durante 13 años-- al menos hubieran creado 100.000 ó 200.000 puestos de
trabajo y hubieran explicado a la ciudadanía por qué razones no podían
crear más, indudablemente nadie les hubiera reprochado nada, pues ustedes
habrían roto la tendencia existente en aquel momento del desempleo y, al
menos, hubieran creado esos 100.000 ó 200.000 puestos. Su problema es que
no sólo no crearon empleo sino que, incluso, lo destruyeron y en gran
cantidad. Por eso han pasado ustedes a los anales del incumplimiento
electoral.

Y ahora que llega el Partido Popular al Gobierno de la nación, sus
expertos, que trabajan a base de marketing, dicen: hay que hacer ver que
el nuevo Gobierno del Partido Popular incumple. Y lo repiten
machaconamente en todos los temas. Dicen: el Partido Popular está
incumpliendo su programa electoral, sin apenas conocer cuál era nuestro
programa.

Esto es lo que sucede también con el tema de los altos cargos. Antes les
señalaba una diferencia muy importante: nosotros, insisto, en nuestro
programa electoral en ningún momento hablábamos de 5.000 altos cargos.

Gran esfuerzo han tenido que hacer ustedes para buscar en las hemerotecas
y encontrar sólo dos recortes de periódico. Y sin perjuicio de que eso se
hubiera dicho en alguna ocasión por algún dirigente del Partido Popular,
insisto en que nuestro programa electoral, que es nuestro compromiso con
las ciudadanas y los ciudadanos españoles, en ningún momento habla de
ello; de lo que habla es de la reducción de los altos cargos y eso es lo
que se ha operado, en los términos que anteriormente el Ministro les ha
dicho y que yo también les resalto.

Además, en el supuesto de que en el programa electoral del Partido
Popular se hubiese recogido ese compromiso pasaría lo mismo que antes les
decía a propósito, y sin ningún ánimo comparativo, de su compromiso de
crear 800.000 puestos de trabajo. Nosotros sí hemos logrado romper la
tendencia creciente, la tendencia alcista y si bien no hemos logrado
reducir tantos altos cargos, sí es indudable que por primera vez se han
reducido en la Administración general del Estado, lo que no sólo no es un
incumplimiento en nuestro programa electoral sino que, por contra, creo
que es un gran éxito.

En cuanto a la Administración institucional, y sin perjuicio de que la
Lofage establezca un plazo de dos años para su reestructuración, creo que
el proceso de reforma tiene que venir precedido de un análisis riguroso
de cuáles deben ser los organismos afectados, dada la gran variedad y
tipología existentes. En todo caso, con la Lofage pretendemos una
simplificación de las figuras que existen bajo la rúbrica de organismos
públicos.

Además, como anteriormente ha dicho el Ministro, no se trata sólo de una
visión cuantitativa, no se trata de reducir por reducir, sino de utilizar
mejor y reducir sólo lo que es necesario para lograr una mayor eficacia.

Sin duda alguna este proceso de simplificación y de reforma de la
Administración institucional es un proceso abierto, y en estos momentos
desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que es suficiente la
supresión que se ha producido de siete organismos autónomos. Ustedes
dicen que tal vez sean pocos, pero si en el escaso tiempo de casi once
meses que lleva el Gobierno del Partido Popular, nada más entrar



Página 4819



hubiera suprimido de cuajo un gran número de entes de la Administración
institucional, estoy seguro de que ustedes nos criticarían por haber
entrado de una manera irracional, como si fuéramos el caballo de Pavía.

El caso es que ustedes se oponen a todo.

A propósito del tema de la política de los ceses y nombramientos quisiera
hacer una reflexión general. En los 13 años que ocupó el Gobierno de la
nación el Partido Socialista, cuando cambiaba un ministro ello se
traducía normalmente, aunque de forma escalonada, en un proceso de nuevos
nombramientos. Esto era frecuente y lógico, y nadie reprochó, en modo
alguno, que un ministro cambiase personas que ocupaban puestos de
confianza o de especial responsabilidad. Y ello no sólo respecto a lo que
eran los cargos políticos --ahora directivos, en ese concepto
clarificador que introduce la Lofage-- sino que tampoco era extraño
encontrar su aplicación a aquellos puestos de libre designación por su
especial responsabilidad, atendiendo a la naturaleza de las funciones. Y
si esto sucedía frecuentemente, en unos casos con mayor y en otros con
menor intensidad, es indudable que ahora es lógico y nadie puede
escandalizarse por el hecho de que habiendo cambiado no simplemente un
ministro sino todo el Gobierno se produzca una reestructuración y ciertos
cambios en puestos de responsabilidad.

En los puestos de libre designación, como indica su propio nombre y como
los configura el reglamento de ingreso y provisión de puestos de trabajo
de 10 de marzo del año 1995, el nombramiento es libre e igualmente ha de
ser libre su cese. Nadie puede pretender que un puesto obtenido por libre
designación sea para toda la vida. Eso sería una patrimonialización de lo
que es un cargo o un empleo público. Nadie tiene en propiedad un puesto.

Lo que se tiene en propiedad, a lo sumo --y utilizando esa terminología
que a mí no me gusta mucho--, es la condición de funcionario y su
adscripción a un determinado grupo o a un determinado cuerpo, pero no el
puesto de trabajo.

Sentada esta premisa, que a mí me parece importante, quiero resaltar que
absolutamente ningún funcionario que estuviera ocupando su puesto con
anterioridad, y que ese puesto hubiera sido obtenido por concurso de
méritos, ha sido removido por el hecho de la llegada del nuevo Gobierno.

Lo contrario sí que sería negativo, al igual que sería negativo que los
que estaban por libre designación al cesarles no se les hubiera respetado
los polémicos derechos y garantías que les concedieron, pero que están
así en la normativa que ustedes aprobaron. Y no debe olvidarse que, como
consecuencia de esa normativa que ustedes aprobaron, ha sido preciso en
algunos casos crearles puestos específicos, crear puestos ad hoc a las
personas que han sido cesadas de esos puestos que implicaban confianza.

Pero si ustedes cuentan los ceses tampoco deben olvidarse de otros
aspectos. Tampoco deben olvidarse de que, en algunos casos, como he dicho
antes 144, se han suprimido subdirecciones generales y, evidentemente,
eso lleva consigo el cese de los titulares que existían hasta ahora.

En otros casos unas personas han sido cesadas como subdirectores
generales y después del proceso de reforma o de racionalización han sido
nombrados de nuevo subdirectores generales. Con estos datos y teniendo en
cuenta lo que supone per se, como antes les decía, la libre designación,
creo que con las cifras que ha dado el Ministro el grado de estabilidad
de los titulares es sin duda alguna muy notable.

Señor Rodríguez Zapatero, usted ha querido traer a colación el caso
específico de su provincia, acusando al Ministro de algo en lo que es
evidente que él no tiene responsabilidad alguna y, además, elevando la
anécdota a nivel de categoría. Usted habla de su provincia, de León, pero
permítame que yo también hable de mi provincia, que la conozco muy bien,
y de mi región, que es Cantabria.

De una manera particular usted se ha referido al caso de León, al
director provincial del Insalud y al director provincial de Educación.

Pues bien, en estos tres últimos años, con anterioridad a que llegara al
Gobierno el Partido Popular, yo he conocido tres directores provinciales
del Insalud diferentes, con el mismo ministerio y con el mismo Gobierno
socialista, y eso nada quiere decir. Por otra parte, en cuanto a los
directores provinciales de Educación yo he conocido tres, en este caso en
siete años. Además, los tres que yo he conocido tenían y tienen y se
honran de ello y me parece legítimo, el carné del Partido Socialista.

Además, el último director provincial de Educación participó de una
manera intensamente activa en la campaña electoral de: Cantabria en
positivo; de: España en positivo, que ustedes diseñaron.

Sin embargo, el nuevo director provincial de Educación, ni le conocía.

Les aseguro que no es militante del Partido Popular, y tampoco lo es el
nuevo director provincial del Insalud, y yo les aseguro que tanto uno
como el otro en ningún momento, jamás, harán campaña electoral, porque
son puestos de funcionario y se limitarán a gestionar con eficacia sus
áreas de responsabilidad, pero en ningún momento van a interferir en la
política partidista.

En cuanto a los nombrados, usted decía que quizá los puestos que en
aplicación de la Lofage estaban en trance de ser suprimidos no se
deberían haber cubierto. Habría sido una irresponsabilidad mantener
algunos puestos de responsabilidad vacantes durante un año y sería
perturbador para los servicios públicos. Además, y con ello concluyo mi
referencia a Cantabria, puestos de libre confianza siguen ocupándolos las
mismas personas que los ocupaban en áreas importantísimas. El delegado de
la Agencia Tributaria sigue siendo el mismo que estaba con el Partido
Socialista; sigue siendo el mismo el director provincial del INSS y de la
Tesorería; sigue siendo el mismo el director gerente de Valdecilla y
todos los directores de los CAD; sigue siendo el mismo el jefe de la
demarcación de costas; sigue siendo el mismo el jefe de la demarcación de
carreteras. ¿Dónde está esa remoción que ustedes dicen? Insisto, no
eleven la anécdota al nivel de categoría.

Por otra parte y ya refiriéndome a la Administración periférica, es
ciertamente una cuestión pendiente y no voy a extenderme mucho. A pesar
de los buenos propósitos que tenía la ley del proceso autonómico, sus
preceptos apenas tuvieron virtualidad. Hoy en día, la necesidad de
adecuar la Administración general del Estado a la realidad del Estado
autonómico no es un mero principio sino una necesidad.




Página 4820



A ello responde que la Lofage establezca unas bases sólidas y no
meramente programáticas de lo que es la reforma de la Administración
periférica. Creo que el proyecto de la Lofage, que aprobamos el pasado
jueves en esta Cámara, es sin duda uno de los más importantes del nuevo
Gobierno. En diez meses, se ha aprobado esta ley cumpliendo lo que
nosotros decíamos en nuestro programa electoral de simplificación y
racionalización.

No voy a reiterar argumentos ya utilizados en su momento en los debates
parlamentarios, pero sí voy a hacer una serie de consideraciones a
propósito de lo que ha dicho el Ministro sobre la puesta en marcha de la
Lofage. Ante todo, creo que el desarrollo de la ley debe hacerse teniendo
como ley motiv principal y básico el de eficacia. Creo que la integración
de los servicios, que en ocasiones parece que ha pasado desapercibida, es
de los aspectos más importantes de la ley. Debe tenderse a potenciar la
integración de los servicios, pero siempre con racionalidad. No se trata
de integrar por integrar, sino de conseguir una mejor coordinación y
eficacia. Por ello, parece de gran sensatez tal y como lo ha diseñado el
Ministerio de Administraciones Públicas y hoy nos ha expuesto el
Ministro. En todo caso, creo que es importante la idea reiterada por él
de que la integración se realice de una manera progresiva, evitando
disfunciones. Si alguien aspira a una integración más ambiciosa y de
golpe, creo que con ello se generaría un totum revolutum que sería
contrario a ese leit motiv que antes señalaba, que es el principio de
eficacia. Por contra, nos parecen más razonables el esquema y los pasos
diseñados por el Gobierno. Además, el hecho de que estén tan avanzados
los trabajos en ese Ministerio, cinco días más tarde de la aprobación
definitiva de esta ley, cuando todavía no ha sido publicada en el Boletín
Oficial del Estado, demuestra que existe todo lo contrario a
improvisación; existe un gran trabajo del Ministerio, particularmente de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y, dentro de ella,
de la dirección general de organización. No existe voluntad de atrasarlo,
todo lo contrario, existe voluntad de tenerlo preparado al máximo sin ni
siquiera agotar los plazos. Por ello, permítame expresar, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, la felicitación más efusiva al trabajo, tal
vez callado, tal vez poco conocido ante la opinión pública, pero desde
luego muy lúcido y lleno de sentido común.

En todo caso, junto a la idea de carácter progresivo o gradual de los
procesos de integración, quiero resaltar que debe medirse muy bien en qué
forma y en qué medida debe llevarse a cabo la integración. Consideramos
que los servicios integrados deben tener los cauces adecuados para
mantener las relaciones oportunas con los servicios centrales. No pueden
quedar los servicios integrados como islotes incluidos en la delegación
pero ajenos a los criterios seguidos por el ministerio.

Concluyo, señor Presidente, agradeciendo su benevolencia, diciendo que
este desarrollo de la Lofage no es una apuesta ni es un reto exclusivo
del Ministerio de Administraciones Públicas, es del propio Gobierno. Por
ello, no simplemente en nombre de los Diputados del Grupo Popular en esta
Comisión sino en nombre de todo el Grupo Parlamentario del Congreso,
queremos pedir al Ministro, y que así lo transmita al Gobierno, que siga
existiendo la máxima colaboración de todos los ministerios. Por otra
parte, teniendo en cuenta la gran responsabilidad de gestión que va a
asumir el ministerio al integrar en esas dos fases a más de 15.000
funcionarios, consideramos que tal vez sería lógico que la estructura del
MAP se refuerce, dado el adelgazamiento que se va a producir en otros
ministerios, singularmente en el de Interior, a fin de lograr una mejor
gestión y eficacia en los servicios que se van a integrar.

Concluyo no sólo agradeciendo la presencia del Ministro y dándole el
pleno apoyo, tal y como antes pedía, sino expresándole una efusiva
felicitación por los trabajos que está realizando al frente del
ministerio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Cada uno de
los intervinientes ha incidido, en algunas ocasiones, en un tema y, en
otras, en algunos de los temas de la comparecencia; hay otros que
prácticamente no han sido tocados por ninguno de los intervinientes a lo
largo de sus distintas intervenciones.

En este turno, que aunque se llama de réplica no quiero que se interprete
exactamente así, voy a tratar lo siguiente. Primero, voy a intentar huir
del eslogan porque un asunto de estas características se presta, al
final, a hacer un eslogan para conseguir un titular; eso puede tener una
cierta trascendencia política, pero es evidente que, a los efectos de
esta Comisión, no tiene ningún interés de tipo práctico. En segundo
lugar, voy a intentar obviar las anécdotas, sobre todo elevarlas a
categoría aunque, si me lo permiten, sí que haré alusión a alguna
anécdota. En tercer lugar, tampoco voy a centrar mi intervención en
rebatir las afirmaciones que aquí se han hecho; más que nada voy a
intentar aclarar algunos matices que he querido ver en alguna de las
intervenciones. En cuarto lugar, voy a intentar hacer una intervención en
serio, porque el tema del que estamos hablando es lo suficientemente
serio como para que, al final, no vayamos a reducirlo a si se han cesado
a tres o siete más o si al director provincial de León le ha ocurrido una
u otra cosa.

Dentro de esa intervención en serio, voy a tratar de reflejar, con la
mayor claridad de la que sea capaz, las cosas que se han hecho, porque no
ha habido «anunciaciones», que es la palabra que se ha utilizado; ha
habido hechos objetivos y me parece que los hechos objetivos son
indiscutibles. Naturalmente las opiniones son absolutamente discutibles y
cada uno tiene la que estime oportuna y conveniente, pero los hechos son
difícilmente discutibles. Por tanto, voy a fijarme en los hechos y en los
objetivos. Intentaré hacer una intervención en serio; procuraré no hacer
referencias al pasado, aunque alguna voy a tener que hacer
inevitablemente y en alguna se va a deslizar algún matiz crítico aunque
no sea mi intención, pero es que no queda más remedio que se deslice
porque yo tengo que partir de lo que hay desde el momento en que he sido
nombrado Ministro. Es decir, yo no he llegado con una Administración



Página 4821



inexistente, sino que he llegado con una Administración en la que suceden
una serie de cosas que yo, repito, sin ningún ánimo crítico, voy a
intentar reflejar ahora.

¿Cuál ha sido la pretensión básica del Ministro de Administraciones
Públicas y de su equipo al llegar al Gobierno? En primer lugar, yo
siempre he tenido la sensación, y entiendo que ustedes también, de que no
hay ni existe ningún partido político --iba a decir en España, pero creo
que es probable que esto ocurra en Europa y en el resto del mundo-- que
no hable de que es precisa una reforma de la Administración. Todo el
mundo habla de la reforma de la Administración, de que hay que hacer un
gran esfuerzo para reformar la Administración, pero es lo cierto que,
cuando ese Gobierno deja de serlo, se sigue hablando de la reforma de la
Administración. En España hemos tenido casos muy claros de que al final
da lugar, como he señalado antes y en otras ocasiones, a que estemos ante
un eslogan. ¿Por qué sucede eso? Porque un determinado partido político
dice que va a adoptar algunas decisiones cuando llegue al Gobierno y
efectivamente las adopta y hay otras, como la reforma de la
Administración, que no las adopta porque es un tema muy complejo, lisa y
llanamente por eso. A todo el mundo le gustaría hacer una reforma de la
Administración, primero porque es necesario y, segundo, porque sin duda
alguna puede generar una mayor eficacia, que es lo que al fin y a la
postre persigue cualquier gobierno. Si no se hace se debe a que es un
tema muy complejo, muy difícil, muy arisco, que se presta mucho al
discurso fácil, y ciertamente no es fácil de llevar a la práctica.

¿Qué es lo que hemos pretendido nosotros? --vuelvo a insistir en que voy
a intentar explicarme con claridad--. Pues ir dando pasos para proceder a
una efectiva reforma de la Administración, pero ir dando pasos con
prudencia. Es probable que la prisa no sea buena consejera en ninguna
reforma que tenga que hacer cualquier gobierno, pero en un asunto como la
reforma de la Administración, particularmente de la Administración
periférica, sería una catástrofe actuar sin la debida prudencia. Ello no
significa que al final la debida prudencia se convierta en una
paralización y en no hacer nada. Por tanto, vamos a tratar de combinar en
el ministerio la debida prudencia con la necesidad de ir dando pasos en
la buena dirección. Me parece que más importante aún que dar pasos es ir
estableciendo los objetivos y sobre todo hacerlo en esa buena dirección a
la que hacía referencia antes.

¿Cuáles han sido los objetivos básicos del Gobierno en materia de
Administración pública desde que somos gobierno? En primer lugar, y ésa
ha sido mi obsesión desde que soy Ministro, la fijación de unas reglas de
juego, y tengo que decir que no las había. Repito, es una referencia
histórica, pero me gustaría que no se interpretase como crítica; es un
hecho objetivo, y no voy a echarle la culpa a nadie. Fijar reglas de
juego supone hacer en primer lugar una regulación global de los distintos
sectores de la Administración. ¿En dónde hemos pretendido y hemos hecho,
en la medida en que voy a explicar ahora, una regulación global? En los
siguientes temas. En primer lugar, en el real decreto de estructuras del
mes de mayo (es un tema conocido por todos ustedes) nosotros fijamos las
reglas de juego del gobierno que queríamos y a los cinco o seis días de
asumir esa responsabilidad de gobernar establecimos la estructura
orgánica de los ministerios a nivel de ministro, subsecretario general,
secretarios de Estado y directores generales.

Por tanto ha habido una regulación global y una fijación clara de las
reglas de juego. Quien quiera modificarlas --que naturalmente en un
momento concreto puede ser necesario hacer alguna reforma, suprimir una
dirección general, crear otra-- tendrá que pasar por el filtro del
Ministerio de Administraciones Públicas y del de Economía y Hacienda.

Pero, por lo menos, el Gobierno ha dado a conocer al conjunto de la
opinión pública española o a quien quiera interesarse cuáles son sus
reglas de juego y por primera vez se hace una regulación global, repito,
una fijación clara de lo que se quiere que sea la Administración general,
de direcciones generales para arriba.

En segundo lugar, hemos fijado las reglas de juego y hemos hecho una
regulación global de cuáles son las subdirecciones generales que queremos
a la vista de esas estructuras de dirección general para arriba que hemos
fijado. Lo hicimos en un real decreto de 2 de agosto. Por tanto, la
opinión pública española conoce por primera vez una regulación global de
las subdirecciones generales. ¿Qué es lo que se hizo antes? Repito que no
quiero que se me malinterprete. Se iban creando subdirecciones generales
a medida que a algún ministro se le ocurría que era necesario,
conveniente o que le interesaba crear una subdirección general. Aquí
hemos fijado las reglas del juego.

En tercer lugar, respecto a los llamados gabinetes y personal eventual
hemos hecho exactamente lo mismo. Es decir, este Gobierno le ha dicho a
sus ministros, a las personas que forman parte de él cuáles son los
llamados eventuales que pueden incorporar a sus gabinetes; cuál es el
número máximo naturalmente. Antes no estaba fijado tal número. Yo no lo
critico, pero digo que es un hecho objetivo que hemos fijado en las
reglas de juego.

Cuarto tema importante: organismos autónomos y entes públicos. Hay un
plazo, que efectivamente es de 6 meses, que se da en los reales decretos
del mes de mayo a los que yo hacía referencia. Pero luego se ha aprobado
una ley que establece un plazo de dos años para proceder a la
reestructuración de todo lo que son organismos y entes públicos, de los
que en este momento hay cinco o seis tipos, y reducirlos a dos solamente:
los organismos autónomos y los entes públicos. Nos hemos dado un plazo de
dos años porque no se crean ustedes que esto es tan fácil de hacer,
porque si lo fuera ya lo hubiera puesto en práctica otra persona con
anterioridad. Aunque haya un plazo de dos años creemos que se puede ir
avanzando, y por eso hemos aprobado 20 reales decretos de
reestructuración de organismos autónomos y otros seis supongo que los
aprobaremos en próximos días.

En quinto lugar, tenemos pendiente la fijación de las llamadas RPT, es
decir, las relaciones de puestos de trabajo. Si hay una reestructuración
del Gobierno de directores generales para arriba; si luego hay una
reestructuración de los subdirectores generales, parece lógico que se
produzca una reestructuración de los distintos puestos de trabajo,



Página 4822



cosa que, como he anunciado ya, haremos antes de la Semana Santa. Por
tanto, por primera vez haremos también una fijación global y una
aprobación conjunta de todas las RPT de los ministerios. Tengo que decir
que hay RPT que no se han modificado o que no se han tratado globalmente
sino que se han ido incrementando puestos poco a poco desde el año 1980,
y no es ninguna crítica. Yo me he encontrado al llegar al ministerio con
que existen muchísimas vacantes, por razones inerciales, de niveles que
ya no existen incluso, que no se van a cubrir nunca, y que desde tiempo
inmemorial no tienen ni siquiera dotación presupuestaria. Por tanto,
estamos en una fase que nos ha llevado mucho tiempo, que es ciertamente
compleja y difícil, y que espero que termine a partir del próximo mes de
marzo.

Hay además un punto sexto que es la reforma de la Administración
periférica, a la que se refiere la Lofage, y de la que he intentado
explica cuáles son las líneas básicas de futuro. Luego haré también
alguna observación sobre este asunto. Tengo que decir que la reforma de
la Administración periférica no se ha iniciado de momento por una
sencilla razón. Yo he presentado aquí la ley en el mes de junio. La ley
se ha aprobado hace unos días. Lo que nadie puede pedirme es que comience
la aplicación de una ley antes de que ésta haya sido aprobada por las
Cortes Generales, cosa que es perfectamente entendible.

Por tanto, primera idea. Se ha hecho o está en trance de hacerse --he
mencionado a los organismos autónomos, a las RPT que se aprobarán ahora y
a la Lofage-- una reestructuración global de la Administración general
del Estado. Segunda idea, se fijan con meridiana claridad los controles
para evitar que nadie tenga la tentación de saltarse, perdón por la
utilización de esta expresión poco académica, esa reestructuración
aprobada por el Consejo de Ministros, de suerte que para cualquier cambio
que se pueda producir --y tengan ustedes la seguridad de que serán muy
pocos y en cualquier caso para ir reduciendo y adaptando a medida que se
vayan produciendo los procesos de traspaso de la Administración del
Estado a las comunidades autónomas-- se establecen unos controles por
parte del Ministerio de Administraciones Públicas y del de Economía y
Hacienda. Es decir, hay regulación global y controles.

Y tercera idea, que es importante (aunque como ya he dicho en alguna
ocasión, me interesa más fijarme en la primera, en la reestructuración),
lo que ha ido produciendo poco a poco una reducción de la Administración
general del Estado, que necesariamente tiene que producirse. ¿Por qué?
Por algo tan obvio como que en España se está dando un traspaso hacia las
comunidades autónomas. Voy a darles algún dato que ciertamente es
sorprendente. En España en los últimos diez años el conjunto de la
Función pública, de los funcionarios públicos, se ha incrementado en más
de 600.000. Lo ha incrementado el conjunto de las administraciones; las
corporaciones locales de una manera feroz; las comunidades autónomas que
han recibido un traspaso de 400.000 funcionarios y en este momento tienen
600.000, es decir, han creado doscientas y pico mil plazas; y la
Administración central del Estado que debía haber reducido los 400.000
traspasados y que en realidad ha disminuido ciento y pico mil
funcionarios.

En este momento el capítulo 1 del presupuesto del conjunto de
administraciones, es decir, los gastos de personal, importa más de 8
billones anuales. No sé si ustedes creen que es bueno o malo que el
conjunto de los capítulos 1 de los presupuestos de todas las
administraciones importe más de 8 billones anuales. Personalmente creo
que no es muy razonable. Creo que no es función de la Administración
pública la creación del empleo público. Naturalmente esto es muy
opinable, pero creo que ésa no es la función de la Administración.

Hemos iniciado un proceso de reducción, pero lo más importante, que me
interesa destacar aquí y que ya lo he hecho alguna vez, es que se ha roto
la inercia a crecer, que tradicionalmente ha tenido la Administración,
que no ha sido producto de un plan preconcebido por nadie, porque a nadie
se le ocurre llegar a un sitio y decir: me voy a fijar como objetivo el
que la Administración crezca en un 10 por ciento; nadie hace ese
planteamiento. Lo que ocurre es que probablemente lo más cómodo o lo que
genere menos tensiones y problemas sea dejar que la Administración vaya
creciendo inercialmente, que es lo que ha ocurrido. Luego voy a dar una
explicación sobre este asunto. Creo que el primer paso que se ha dado en
mayo con la reducción de un tercio de las direcciones generales
sinceramente va en la buena dirección. El Gobierno puede gobernar con un
tercio menos de direcciones generales. Esto podrá ser criticado, pero el
Gobierno cree que puede hacerlo y, por tanto, lo hace. El Gobierno cree,
en segundo lugar, que puede gobernar con menos subdirecciones generales
de las que había antes, y lo hace. A lo mejor alguien cree que es
conveniente que se creen más subdirecciones generales. El Gobierno cree
que se puede gobernar, y lo está demostrando, con menos subdirecciones
generales.

En tercer lugar, también se produce una reducción en los eventuales. Yo
no quiero entrar en guerras de cifras, pero tras la nueva regulación del
personal eventual, y haciendo abstracción del área de la Presidencia del
Gobierno, que está como antes en cuanto a su número máximo, el número
total de personal eventual que puede haber en la Administración general
del Estado es de 307 personas. Está regulado. En este momento están
cubiertas 241, de esas 307 plazas.

¿Qué es lo que ocurría en la situación anterior y vuelvo a insistir en
que no se me malinterprete? Que no estaba regulado este asunto. Estaban
reguladas por algunos acuerdos del Consejo de Ministros algunas personas
de personal eventual, pero el resto no estaba regulado por las razones
que fueran. Lo cierto es que el número máximo de personas que había sin
estar reguladas, era de 385. Pues bien, se ha producido una reducción. No
es un dato ciertamente significativo, pero se ha producido; ni tampoco el
objetivo del Gobierno ha sido proceder a una reducción de personal
eventual, que era de 385 personas en aquel momento, como he dicho. Pero
el objetivo básico del Gobierno, por lo menos el mío, era fijar las
reglas del juego. Esto es lo que tiene usted, señor ministro, para las
labores que usted tenga a bien llevar a buen término en su ministerio.




Página 4823



En cuarto lugar, también la reestructuración de organismos autónomos y
entre públicos ha ido produciendo, poco a poco, una reducción, que ya se
ha producido. Se han suprimido, como he dicho antes, unos cuantos
organismos autónomos, unas cuantas direcciones generales y unas cuantas
subdirecciones. ¿Por qué? Porque creemos que pueden funcionar sin tener
tantas direcciones y subdirecciones o creemos que no es bueno que existan
algunos organismos autónomos. Y tenemos un plazo de dos años para
proceder, según la Lofage, a una reestructuración más completa.

Por último, vamos a proceder próximamente, como he señalado ya en dos
ocasiones a lo largo de mi intervención, a una reestructuración de las
llamadas RPT.

En relación con este punto voy a dar una explicación de qué es lo que
ocurre con los famosos niveles 28, 29 y 30, y voy a intentar explicarlo
sin ningún ánimo crítico.

El 1 de enero de 1989 el número de funcionarios que ocupaba puestos de
trabajo de niveles 28 a 30 era de 3.584. El 1 de enero de 1997 son 8.076;
es decir, que se produce un incremento de 4.492 efectivos. ¿Por qué se
produce esta situación? Pues por una razón que todos ustedes van a
entender a la perfección: por una mala, o, a lo mejor, porque no era
posible otra, utilización del sistema retributivo.

Como ustedes saben los funcionarios tienen su sueldo, tienen sus trienios
y luego hay dos complementos, el complemento de destino y el complemento
específico. El complemento de destino es un complemento que, al final,
por lo que luego diré, acaba yendo unido a la persona, mientras que el
complemento específico remunera la mayor dificultad técnica de un puesto,
la responsabilidad, la dedicación, la incompatibilidad, la penosidad o la
peligrosidad del puesto. Entonces, para remunerar a determinados cuerpos,
en lugar de utilizar el complemento específico, como se hace en muchas
comunidades autónomas, se ha utilizado el complemento de destino, y yo no
lo critico. Simplemente me limito a reflejar lo que ocurre.

¿Qué es lo que ha pasado? Que ese nivel de complemento de destino se
consolida; es decir, va íntimamente unido a la persona. Entonces, todas
las personas que han adquirido el nivel 30, 39 ó 28, tienen nivel 30, 29
ó 28 y nadie les puede privar de ese nivel 30, 29 ó 28, mientras que si
la mayor remuneración la tuvieran como consecuencia de la utilización del
complemento específico, sin duda, ocurriría otra cosa diferente.

Buena prueba, por ejemplo, de que se ha utilizado el complemento de
destino --a lo mejor es que no se podía hacer otra cosa, es decir, que
nadie vea ningún afán crítico en este tema-- para incrementar las
retribuciones de los funcionarios, es que existen cuerpos de funcionarios
que ya ingresan en la Administración con el nivel 28, y hay otros cuerpos
de funcionarios que al poco tiempo de llegar a la Administración ya
tienen nivel 28. Todos los investigadores científicos, profesores de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
cien por cien, tienen esos niveles, pero pasa lo mismo con los
inspectores de Hacienda, abogados del Estado, etcétera.

Por tanto, si a ello añadimos que por virtud de la normativa aprobada
todas las personas de libre designación o todas las personas de altos
cargos, al estar determinado tiempo en un puesto consolidan el nivel, es
imposible que se produzca una reducción de esos niveles de complemento de
destino.

Voy a dar un dato, también sin ánimo crítico, y es que en el mes de marzo
del pasado año se acordó que, con efectos de 1 de enero del año 1997, un
número de funcionarios, concretamente 340 puestos de la estructura
periférica del antiguo Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social,
pasasen a tener un nivel 28 ó 29; es decir, estas 340 personas que antes
no tenían nivel 28 ó 29, ahora, por una decisión tomada en marzo y que
entra en vigor en enero, pasan a tener niveles 28 y 29. ¿Qué es lo que se
ha hecho? Pues, lo mismo. La forma de mejorar la retribución es darles un
complemento de destino en lugar de utilizar el específico. Eso es
exactamente lo que ha ocurrido.

¿Qué inconvenientes tiene esto? Pues, tiene algunos inconvenientes. En
primer lugar, que se produce un gran incremento de personas en la
estructura jerárquica del nivel funcionarial. Hay mucho nivel 28, 29 y
30. Pero luego tiene un inconveniente mucho mayor y es que prácticamente
elimina la posibilidad de carrera administrativa. Porque si una persona
entra en la Administración General del Estado con 26 ó 27 años y un nivel
28 y a los dos años es nivel 29 ó 30, su carrera administrativa ha
terminado. Con lo cual puede estar a los 30 años habiendo llegado al
cénit de la carrera administrativa. Por tanto, genera ese grave
inconveniente.

¿Qué es lo que hay que tratar de hacer en el futuro? Yo creo que, en
primer lugar, paralizar el proceso continuado de crecimiento. Es evidente
que se van a seguir produciendo algunos aumentos porque, como he dicho,
primero, nadie puede perder el nivel, con lo cual nadie puede bajar de
nivel 28, 29 ó 30 y, segundo, han reingresado muchos altos cargos y nos
encontramos con casos como este al que he hecho referencia de los 340
puestos de la estructura periférica. Por tanto, hay que romper la
tendencia que ha sido muy exagerada de crecimiento de esos niveles.

En segundo lugar, lo que sin duda es un reto muy complejo, habrá que
establecer un auténtico modelo de carrera administrativa, que debe
establecerse en el estatuto de la Función pública. En eso estamos
trabajando, y tampoco es un tema fácil. Buena prueba de que no lo es que,
desde el año 1978, no hemos sido capaces de aprobar un estatuto de la
Función pública.

Esto es lo que yo quería decir sobre los niveles 28, 29 y 30, y me
gustaría que tratásemos este asunto con la seriedad debida. Primero es
verdad que se ha producido un aumento muy importante, y he dado las
cifras. Segundo, se ha producido fundamentalmente por razones
retributivas. En lugar de utilizar el complemento específico, utilizamos
el de destino. Y tercero, como quiera que el complemento de destino va
unido a la persona, no se le puede privar a nadie de ese complemento 28,
29 y 30.

Espero que las cosas queden claras y, sobre todo, que seamos capaces de
contener el crecimiento que se ha producido a lo largo de estos últimos
años y de proceder al diseño de una auténtica carrera administrativa.

A continuación voy a referirme al famoso asunto de los nombramientos y
los ceses, sobre el cual poco se ha dicho



Página 4824



por parte de los distintos intervinientes, aparte de alguna anécdota.

Estoy absolutamente convencido de que lo que ha dicho el señor Rodríguez
Zapatero es cierto. A mí me es incómodo argumentar aquí que, al final,
hay determinados cargos que son de confianza política y que ese
nombramiento genera tensiones dentro del partido, porque yo lo viví en mi
tierra, para no poner un ejemplo de ningún otro sitio. El señor
López-Medel ha puesto el ejemplo del sitio que más conoce que es
Cantabria, el señor Rodríguez Zapatero del sitio que más conoce, que es
León. Yo pongo el de Pontevedra. Los problemas que hubo para la
designación de gobernadores civiles en Pontevedra entre las distintas
fracciones del PSOE, y hablamos de gobernadores civiles, eran un hecho
objetivo. No le digo nada los comentarios que hubo en el Partido
Socialista de Galicia sobre el señor García Sabell, antiguo delegado del
Gobierno, desde tiempo inmemorial, como es sabido por todos los
presentes.

Sin duda eso son anécdotas; anécdotas que no son buenas. Yo estoy
absolutamente de acuerdo en que no es bueno que se produzca un debate
dentro de un partido sobre quién tiene que ser el gobernador civil y que
luego se dimita ante el presidente provincial. No es bueno que se
produzcan esas anécdotas, pero también debemos huir de elevar a categoría
lo que no deja de ser una anécdota, ciertamente mala, que le ha sucedido
al Partido Popular y que probablemente nos siga ocurriendo en el futuro,
que les ha pasado a ustedes y que seguro les pasará cuando ustedes
vuelvan a gobernar, y como le ha ocurrido al PNV, a Convergència i Unió y
a cualquier fuerza política. (El señor Ríos Martínez: Ellos no han
nombrado gobernadores todavía.--Risas.) No me refiero a gobernadores,
sino a todos los cargos como es perfectamente entendible.

Dicho esto quisiera hacer también algunos comentarios sobre los famosos
nombramientos y ceses que ha hecho el Partido Popular, aunque hoy no se
ha dicho aquí, pero aprovecho la ocasión para aclararlo. Tengo que decir
con meridiana claridad que hay cargos políticos que naturalmente quien
quiera los puede cesar. Mi antecesor, el señor Lerma, cesó a todos los
directores generales del área de la Función pública, lo cual yo no
critico, pero parece más lógico que los cese yo, porque a fin de cuentas
se supone que yo aplico otro programa diferente. Pero además de cesar a
cargos políticos stricto sensu, hay muchos puestos que son de libre
designación, e igual que es nombrado alguien por libre designación, es
cesado de la misma manera, y eso es perfectamente entendible.

Naturalmente, hemos cambiado a los ministros, subsecretarios, secretarios
de Estado, cosa perfectamente entendible, pero se han mantenido, sin
embargo, 40 direcciones generales, porque nos parecían puestos
eminentemente técnicos. Yo mismo intenté mantener a dos porque me
parecían unas personas muy cualificadas y ellos no quisieron, y ahora
están de subdirectores generales, que es lo que pidieron, en el
ministerio. Pero voy a dar algunos datos para que ustedes los conozcan.

En los servicios centrales de la Administración general del Estado había
840 subdirectores generales; de esos 840 se cesaron 482, pero de esos
482, 194, es decir casi 200 fueron nuevamente nombrados subdirectores
generales. Pero es que además, se jubilaron 19, a servicios especiales
--y por eso fueron cesados--, se fueron 28, y al final lo que sí hubo fue
una supresión de 119 --que fueron los únicos que perdieron el nivel 30--,
porque, como ustedes saben, se suprimieron muchas direcciones generales.

De suerte que de los directores generales que antes existían, solamente
ha perdido su nivel el 10 por ciento, que no es una cifra que pueda
calificarse de ciertamente exagerada ni que autorice a hacer según qué
discursos. En las unidades periféricas, en ministerios y organismos
autónomos, de 559 se ha cesado a 170 personas. Yo no sé si son muchos o
no, cuando en teoría todos son nombramientos de libre designación, pero
de esos 170 luego resulta que 12 han sido nombrados para nivel similar o
superior en la periferia, y que 13 se jubilaron o pidieron la excedencia,
y siete los servicios especiales. Por tanto, de esos 559 al final los que
han perdido su nivel son 134, que tampoco me parece una cifra exagerada.

Yo concretamente --y me va a permitir que ponga mi ejemplo, para eso
estoy aquí; y fíjese que no sé si es bueno o malo poner el ejemplo-- soy
Ministro de Administraciones Públicas y puedo decir que de 50
subdirecciones generales --teniendo en cuenta que eliminé diez, me han
quedado 40-- al final se produjeron 12 ceses, lógicamente los diez
cesados más otros dos. De esos 12 ceses dos fueron nuevamente nombrados
subdirectores generales y uno mantiene el nivel 30. Con lo cual, al
final, los ceses efectivos que yo produje de subdirectores generales
fueron cinco, que tampoco parece una cifra escandalosa. Por lo que se
refiere a la periferia, yo dirijo una cosa que se llama Muface --que es
muy importante--, que tiene 52 direcciones provinciales, y de esos 52
directores provinciales dos se fueron voluntariamente, porque les dieron
en la periferia un nivel superior, dos se jubilaron o pidieron la
excedencia y cesamos a cinco. Tampoco parece una cifra ciertamente
exagerada. Yo creo que los datos que he dado en mi intervención inicial
responden a la realidad y no voy a los antecedentes históricos. Creo que
este Gobierno ha sido sensato --y por eso lo digo-- a la hora de plantear
los ceses y los nombramientos en los distintos puestos de libre
designación. Naturalmente en los puestos políticos se ha cesado, como es
perfectamente entendible, a la inmensa mayoría, pero no en los puestos de
libre designación para funcionarios.

Por último --es probable que me olvide de algunos temas, porque han sido
muchas las cosas que se han dicho de manera dispersa-- voy a hacer algún
comentario sobre la Ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado. En primer lugar, yo creo que todos
estamos de acuerdo en una cosa, en que era necesario adaptar la
Administración periférica del Estado al nuevo modelo autonómico, todo el
mundo lo ha dicho. Segundo, creo que todos estamos de acuerdo en que ya
se ha intentado, precisamente porque era necesario. Y yo he citado aquí
un real decreto del año 1981, en la época de UCD, y la Ley de proceso
autonómico, que luego volvió a citar el señor López-Medel en su
intervención. Hubo un intento serio de hacerlo también por parte del
Partido Socialista. He mencionado antes a la señora Rubiales porque no
hace mucho tiempo también fue citada en las Cortes. Ella ha publicado



Página 4825



un artículo que explica exactamente lo que ha hecho el Gobierno del
Partido Popular, porque incluso a los gobernadores los llamaba
subdelegados del Gobierno, que es exactamente lo mismo. Y no lo digo con
ninguna pretensión, simplemente para manifestar que todo el mundo estaba
de acuerdo en que era preciso la reforma de la Administración periférica
del Estado. Tercero, ya se ha aprobado la ley y, por tanto, creo que este
Gobierno ha sido razonablemente diligente, porque este Gobierno ha
presentado la ley al mes siguiente, y luego se ha aprobado, como
consecuencia de los trámites parlamentarios que todos ustedes conocen,
hace unos días. En cuarto lugar, yo creo que hay un diseño; es decir, la
ley es muy clara en lo que dice. Yo desde luego soy un absoluto
convencido de que la ley es una buena ley, y voy a intentar explicar por
qué. ¿Cómo estaba la Administración periférica del Estado hasta este
momento en España? Primero, había una figura, que era la única
constitucional, que era la del delegado del Gobierno, que no se sabe
exactamente qué funciones tiene; tiene las funciones de coordinar, de
dirigir, y en unos sitios coordina más, en otros coordina menos y en
otros pues no coordina casi nada. Al final resulta que la delegación del
Gobierno y sus funciones depende de la persona que esté al frente. Yo
podía citar --cosa que no me parece lógico que haga-- algún caso de
delegado de Gobierno que yo conocía bien que no coordinaba nada ni le
preocupaba, entre otras cosas porque los gobernadores no le dejaban,
porque ellos eran del partido y el otro no tenía nada que ver con el
partido. Pero ésa era la situación: el delegado del Gobierno, única
figura constitucional, con funciones indefinidas. Segundo, el gobernador
civil era, sin duda, el que mandaba, entre comillas --y permítanme la
utilización de la expresión-- en las provincias. Personalmente yo he sido
partidario de la desaparición de la figura del gobernador civil, y ya lo
he dicho públicamente en alguna ocasión, no ahora, sino antes. ¿Por qué?
Porque el gobernador civil tenía fundamentalmente cuatro funciones: era
jefe provincial del Movimiento, lo que ya no existe; era jefe de la
Administración local, ya no lo es, porque la Administración local es
democrática; coordinaba la Administración periférica, que se ha reducido,
como es evidente, hasta límites como los que ustedes conocen y ejercía la
jefatura de las Fuerzas de Orden Público, pero ahora ya hay un delegado
del Gobierno. Yo comprendo que haya quien quiera decir que es muy
simbólico y que es la demostración de la unidad nacional --en fin, no
tanto--, pero yo creo que no tiene nada que ver la unidad nacional ni la
presencia del Estado en la periferia, que tendrá que tener la que tenga,
con la existencia de la figura del gobernador civil. Tercero, en cuanto a
cómo estaban los servicios periféricos dependientes de los ministerios,
en teoría estaban coordinados por el delegado del Gobierno, más en teoría
también por el gobernador civil, y en la práctica en constante contacto
con los servicios centrales de la Administración del Estado. Por tanto,
teníamos un delegado del Gobierno, con unas funciones que no se sabe
cuáles eran, un gobernador civil, que dirigía el orden público y que más
o menos intentaba coordinarlo, y luego una serie de servicios que
dependían directamente de los ministerios. Esa era la situación.

Yo creo que ahora se ha diseñado en la Lofage qué es lo que hay que
hacer. Se nos ha llegado a decir por algún interviniente que estamos
actuando con lentitud, cuando resulta que todavía no ha entrado la Ley en
vigor, pero dicho esto, voy a actuar con prudencia, porque esto no es
fácil. Hay quien se cree que esto de reformar la Administración
periférica es un discurso. En primer lugar, hay que proceder al traspaso
de muchos funcionarios de los servicios centrales de Interior al
Ministerio de Administraciones Públicas, y eso no es fácil, y
naturalmente ese traspaso entrará en vigor el 1 de enero de 1998, cuando
se haga el nuevo presupuesto. Es decir, a lo largo de estos meses
trabajaremos conjuntamente, y el Ministerio de Administraciones Públicas
ya está haciendo simulaciones de nóminas, simulaciones de cómo hay que
gestionar el gasto corriente de los edificios de las delegaciones de
Gobierno, etcétera. Pero creo que eso es perfectamente entendible.

Naturalmente que vamos a empezar en una primera fase por la integración
de algunos servicios. ¿Es que vamos a integrar todos a la vez? Es decir,
en 18 años nadie integró nada y ahora resulta que el Partido Popular
tiene que integrar todos a la vez. Señorías, esto no es tan fácil. Es
decir, vamos a empezar poco a poco y no va a ser fácil, porque integrar,
por ejemplo, a las delegaciones de Agricultura a las direcciones
provinciales que luego suprimiremos, no es tan fácil, supone un traspaso
de medios materiales y personales del Ministerio de Agricultura al MAP, y
lo mismo ocurre con las de industria. ¿Cuánto tiempo tarda la
Administración central del Estado y las comunidades autónomas para
proceder a lo mejor al traspaso de 50 funcionarios y un coste efectivo de
500 millones de pesetas? Esto es muy complicado y, por tanto, vamos a
hacer dos fases. Y por supuesto que en un primer momento afirmamos que
hay servicios que no se deben integrar. Por ejemplo, la sanidad y
educación en aquellas comunidades autónomas donde no se ha producido el
traspaso, no se van a integrar de momento. ¿Por qué?
Porque creemos que el delegado, con un subdelegado, no puede dirigir algo
tan importante y con tanto volumen de gestión como es la sanidad y la
educación; simplemente por eso. Y, desde luego, creemos que no puede
dirigir ni la Agencia Estatal Tributaria ni el ente público Correos y
Telégrafos. Por tanto, vamos a ir poco a poco y empezaremos este año por
una serie de servicios de una serie de ministerios y el año que viene
continuaremos por otros. Pero lo que me parece más importante es que
iremos ya, tras fijar los objetivos, a ir precisando las tendencias y dar
pasos en la buena dirección, que eso es lo importante, eso es lo que más
me preocupa de la Lofage, sobre la cual, además, voy a intentar responder
a una serie de preguntas concretas que se me han hecho.

Sobre los gobernadores y los subdelegados, yo creo que los gobernadores
han tenido siempre una clara vocación política, creo que es un hecho
objetivo, mientras que el subdelegado del Gobierno se ha concebido desde
el inicio como algo de índole estrictamente profesional. En primer lugar,
porque los subdelegados serán nombrados entre funcionarios de carrera y
tendrán nivel de subdirector general, cosa que a alguna gente le puede
parecer bien y a otra mal,



Página 4826



pero el Gobierno ha decidido, porque es nuestra opinión, que sean
funcionarios de carrera y tengan nivel de subdirector general. En segundo
lugar, están concebidos como un colaborador técnico de los delegados del
Gobierno y estarán subordinados jerárquicamente a ellos, a los que
corresponderá el nombramiento por el procedimiento de libre designación.

¿Cuáles son las competencias? La ley le atribuye las siguientes: primero,
dirección de los servicios integrados de acuerdo con las instrucciones
del delegado. Parece lógico que los servicios integrados los dirija
alguien; puesto que no va a haber directores provinciales de agricultura
ni delegados de industria, alguien tendrá que dirigirlos, por lo que será
el subdelegado con las instrucciones del delegado. Segundo, dirigirá las
fuerzas y cuerpos de seguridad allí donde no radique la sede del
delegado, salvo en aquellas comunidades en donde exista policía
autonómica; un hecho diferencial, sin duda alguna. Tercero, dirigirá y
coordinará la protección civil allí donde no radique la sede del
delegado; sanciones de tráfico, sólo las leves. Estas son sus
competencias y, además, las que delegue o descentre el propio delegado
del Gobierno. Por tanto, sí es una operación importante y sí que se
produce un cambio importante.

¿Qué sucede en Canarias? ¿Por qué creemos que es bueno nombrar un
subdelegado en la sede de la delegación del Gobierno, sita en la isla de
Gran Canaria? Yo comprendo los problemas importantes que son
tradicionales y muy difíciles de superar, aunque todo el mundo debería de
hacer un esfuerzo que no es fácil de hacer, ciertamente y, sobre todo, no
es fácil que ese esfuerzo se plasme en algo positivo, que son los
problemas habituales que existen en Canarias a la hora de ubicación de
distintos organismos, que da lugar a en un sitio el Parlamento, en otro
la delegación, etcétera. Ahora, nosotros creemos que es bueno que haya un
subdelegado también en la isla de Gran Canaria. ¿Por qué? Primero, porque
el delegado del Gobierno ahora sí que va a asumir funciones que antes no
tenía, conforme al diseño que anteriormente he hecho. Segundo, porque,
además, al integrarse la Administración periférica bajo la dependencia
del mismo, parece lógico que una persona a la que se le pasa a una
Administración periférica y tiene que coordinar el resto de las islas,
tenga un subdelegado de carácter funcionarial que asuma esas funciones.

Yo creo que es una cosa sensata y que tampoco debe provocar problemas
insuperables.

Otro tema sobre el que se hizo alguna pregunta concreta es el famoso de
Correos y Telégrafos. Yo leí el otro día en algunos medios de
comunicación que como Correos y Telégrafos no era un servicio de los
considerados a integrar, poco menos que se iba a privatizar y he leído
todo tipo de declaraciones, algunas ciertamente curiosas, que espero se
hayan producido por despiste. En el caso de Correos y Telégrafos, lo que
hace la Lofage es adaptar Correos y Telégrafos al nuevo modelo previsto
en la misma. Como he dicho antes, en este momento hay una muy variada
tipología de organismos y de entes públicos, que van a quedar reducidos a
dos, que son: organismos autónomos administrativos y entidades públicas
empresariales. Pues bien, Correos va a ser una entidad pública
empresarial. Eso no tiene nada que ver ni con su privatización ni con
otro tipo de asuntos que he oído por ahí, porque la peculiaridad más
destacable es que al personal de Correos --más de 50.000 funcionarios--
se le va a seguir aplicando su normativa actual, lo que posibilita que
los funcionarios sigan desempeñando sus servicios en el organismo como
funcionarios, mientras que el modelo general para las entidades públicas
empresariales prevé la existencia de funcionarios como excepción, y se ha
considerado por los Ministerios de Fomento y de Administraciones Públicas
que el mantenimiento de los criterios generales sobre personal en el
organismo Correos y Telégrafos acarrearía problemas de adaptación que
podrían conllevar graves perjuicios para el eficaz funcionamiento del
mismo. No es esto sino una demostración de que cualquier reforma debe
hacerse con la prudencia necesaria para llevarla a buen término y para no
acabar haciendo el ridículo, que es lo que supongo que todos ustedes no
desean que hagamos. Con todo lo dicho hasta ahora ya termino.

Si tuviera que resumir diría que, prescindiendo de las consideraciones
políticas que naturalmente cada uno puede hacer, lo que es evidente es
que es muy difícil negar que el ministerio tiene los objetivos claros en
todas las materias sobre las que hemos hablado aquí, y también es muy
difícil negarle que haya dado pasos, y muchos, en la dirección de
conseguir esos objetivos, porque en 10 meses gobernando, entre otras
cosas, sólo en el área de Administración pública, este Gobierno ha
presentado y aprobado la Lofage; ha presentado y está en las Cortes en
este momento el proyecto de ley de Gobierno; ha modificado, de acuerdo
con su programa electoral, la ley de jubilación de los funcionarios,
permitiendo que se puedan jubilar los que quieran a los 70 años y, sin
duda, ha aprobado importantes reales decretos de estructuración, fijando
tendencias y rompiendo inercias anteriores de sus propias estructuras.

Por tanto, a partir de ahí, ¿podemos seguir analizando sine die las
hemerotecas? Tengo que decirle que a mí me es especialmente molesto, como
es perfectamente entendible. No sé si es bueno que sigamos analizando
sine die las hemerotecas, aunque sí tengo claro que no es bueno que yo me
dedique a analizar sine die todo lo que ha sucedido en los últimos años.

Creo que no es bueno, nunca lo he hecho y naturalmente no lo voy a hacer,
entre otras cosas, porque me produce una falta de higiene mental de
considerabilísimas proporciones y en mi escala de valores --que cada uno
tiene la que quiere-- la primera siempre es la higiene mental, que es lo
que hace vivir de una manera más feliz, saludable y deportiva, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. (El señor Rodríguez
Zapatero pide la palabra.)
Señor Rodríguez Zapatero, le doy la palabra para un turno excepcional,
según prevé el Reglamento, y le ruego que sea muy breve.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, brevísimamente.

Simplemente quería hacer tres consideraciones. La primera, comprendo lo
de las hemerotecas, y no es intención



Página 4827



del Grupo Socialista tener este debate permanentemente. Le diré que
llevamos 10 u 11 meses de Gobierno y que, en este terreno, ustedes
estuvieron años machacando con una intensidad y virulencia notables, que
lógicamente no se puede comparar con la prudencia con la que el Grupo
Socialista vuelve a este tema de forma esporádica.

Yo sé que todo Gobierno tiene la tendencia, cuando entra un partido
nuevo, a creer que la realidad anterior era mala o criticable en su
conjunto, es decir, que estaba el sistema un poco desmantelado, y tiene
la vocación de hacer un sistema nuevo. Pero, señor Ministro, usted no
puede decir seriamente que no había reglas del juego. El Gobierno
socialista, cuando entró, trajo a este Parlamento un proyecto de ley de
la Administración del Estado que fue aprobada incluso por este Gobierno,
y el proceso de estructuras, de creación de ministerios, de órganos
superiores y directivos que hacía por la misma vía que usted lo han
hecho: por la vía del decreto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es
que ustedes entran de nuevo y regulan globalmente, como hizo el Partido
Socialista, de nuevo, en 1983; eso es lo normal cuando hay un cambio de
partido en el Gobierno. Y ustedes, ahora, irán cambiando parcialmente,
como ya han hecho, porque ya hay cambios mediante los decretos de mayo y
de agosto, y ha habido cambios en estos meses de determinadas
estructuras. Pero reglas de juego, había: había una ley de la
Administración del Estado donde se especificaba cómo se producían los
cambios, y cada vez que había elecciones y cambio de Gobierno, con la
victoria del Partido Socialista, solía haber cambios, o cuando había
cambios de ministros, como seguramente les pasará a ustedes. Por tanto,
el marco estaba. Y también había un acuerdo en relación con los gabinetes
del Consejo de Ministros, del año 1983. Yo no quiero discutir ahora las
cifras, porque me parece absurdo entrar en ello. Quería decir que, más o
menos, el balance es global en los eventuales, es parecido; al final, y
algún día, a lo mejor, lo tendremos que discutir con más detalle, pero el
balance es global, y eso no lo vamos a criticar. Pero, ¡se nos dijeron
tantas cosas de los asesores y de los eventuales que, por favor...! El
señor Ministro tiene que comprender que el Grupo Socialista tenga, de vez
en cuando, que recordar estos temas. Sería, por otra parte, una escasa
lealtad a nosotros mismos y a nuestra tarea.

En cuanto a los niveles 28, 29 y 30, el Grupo Socialista suscribe al cien
por cien su explicación y, por tanto, ya le digo desde aquí que no vamos
a criticar que aumente, porque va a aumentar. Simplemente me llama la
atención que usted no haya explicado este tema a sus compañeros de
partido cuando eran oposición y el Grupo Popular podría haber hecho el
análisis, sensato y racional, de cuál es la estructura de los niveles
superiores 28, 29 y 30, que son elevados en nuestro país.

Y hay una cuestión que me ha preocupado. El volumen de empleos públicos
--por cierto, la nómina de todos los empleados públicos no son 8
billones, son 6,2 billones aproximadamente-- está por debajo de la media
de los países de la Unión Europea. Se ha dicho que tenemos que hacer una
cierta defensa de la Administración pública y de la Administración del
Estado, que con esos debates puede ponerse en cuestión. Digamos la
realidad, el empleo público está por debajo de la media europea. Usted
tiene la obligación de ser defensor de las administraciones públicas y de
lo que supone, es su tarea, e intentar que funcionen bien, racional y
eficazmente y yo creo que con esas cifras no podemos estar lanzando el
mensaje equívoco a la sociedad española de que hay excesivos empleados
públicos, porque no es cierto. Si queremos un Estado del bienestar, un
Estado moderno, como los países de la Unión Europea, anótese el dato de
que estamos ligeramente por debajo, en porcentaje, de lo que son los
países en la Unión Europea.

No le quiero decir nada ni entrar al debate --ya lo anuncié antes-- sobre
la libre designación, sobre los ceses y designaciones. De toda su
contestación, que en términos generales ha estado marcada por el carácter
de la prudencia, me parece que el Gobierno, cuando se tenga que enfrentar
al debate en profundidad, debate que el Grupo Socialista promoverá, es en
estos donde va a tener más dificultades. Simplemente se lo quiero
advertir. Ha dado algún dato, muy parcial por cierto, y usted los conoce,
como los conoce el Grupo Socialista, evidentemente. Ha dado datos muy
parciales; yo le podría invitar a que diera datos de algún organismo o de
alguna periferia, pero, insisto, no lo voy a hacer, porque creo que sería
replicar y contrarreplicar y, como ya he anunciado que vamos a solicitar
una comparecencia sobre este punto, no voy a entrar en ello.

Respecto a la Lofage, la prudencia va a tener el apoyo del Grupo
Socialista. Sabemos la complejidad que tiene la transformación de la
Administración periférica y en ese terreno nos gustaría que hubiera la
máxima prudencia y, sobre todo, la máxima clarificación del papel final
de los subdelegados. Pero no es el punto en el que el tono crítico del
Grupo Socialista vaya a estar más claro o más elevado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos Martínez.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve porque la
respuesta del señor Ministro ha seguido en la tónica de su primera
intervención, aunque ha profundizado en algunos datos. Le he hecho
algunas preguntas concretas en cuanto al volumen de personal que han
nombrado por libre designación y del que había antes por cada uno de los
distintos organismos y espero tener los datos.

Todas las intervenciones han sido serias. El señor Ministro, en positivo,
decía que él quería hacer una intervención seria y podemos entender que
los demás no nos hemos comportado con rigor o con seriedad. Con toda la
seriedad del mundo, me gustaría saber si este año nos vamos a gastar más
o menos dinero en altos cargos, sumando todas las decisiones. Si los
5.000 funcionarios que se iban a reducir eran de los 8.000 pertenecientes
a los niveles 28, 29 ó 30. En suma, que la seriedad nos la tenemos que
aplicar todos.

Respecto a Correos, los cinco o seis tipos de organismos autónomos y
comerciales que ahora hay, ustedes los van a reducir a dos: unos,
organismos autónomos administrativos,



Página 4828



y otros, entidades públicas empresariales. Ustedes, con Correos, han
hecho un híbrido, han hecho una entidad pública empresarial, pero los
funcionarios seguirán. Si lo hubieran mantenido, hubiéramos entendido que
no había ninguna duda en cuanto a su futuro, pero, como ustedes han
empezado a privatizar y a vender tantas y tantas cosas, es posible que
mañana, de esa entidad pública empresarial rentable y bien gestionada, a
lo mejor se les ocurra sacar alguna de sus vertientes o unidades de
negocio. Si no lo es, me tranquiliza enormemente. Por último, señor
Presidente, yo sé que la Lofage se ha aprobado hace poco. Por tanto, mi
pregunta no iba al problema de la urgencia. De su explicación, señor
Ministro, hay dos cuestiones que me gustaría que se pudieran precisar o
despejar. Primero, la filosofía de la Lofage. Tanto en los principios
como en el articulado, ustedes decían textualmente que el objetivo era
ordenar la unidad de acción de la Administración General del Estado en la
comunidad autónoma, integrando en la delegación del Gobierno toda la
estructura periférica del Estado que fuera necesaria, en función de los
diferentes ritmos de transferencias a las comunidades autónomas. Y en el
articulado, igual. Yo no he encontrado qué competencias de las que ahora
mismo están en vigor en la administración periférica van a ser reducidas
y, por tanto, qué personal, qué estructura va a dejar de funcionar y va a
ser transferido o localizado en las comunidades. Segundo, en esa
explicación que ha dado el señor Ministro respecto de la prudencia, decía
que no era fácil el tema. Yo sé que el señor Ministro sabía con
antelación que esto no era fácil y que había que ser prudente, y yo no
creo que el Ministro fue imprudente cuando presentó la Lofage y los
compromisos de la misma en tiempos, seis meses para una cosa, dos años,
para otra. Pienso que era tan prudente entonces como ahora lo puede estar
siendo.

No es buena la sensación de inestabilidad o de zozobra que puede haber en
un volumen importante de servicios, no ya si van a estar en una
delegación territorial del ministerio o en la delegación del Gobierno,
eso no es una zozobra, pero sí las fronteras de reducción,
simplificación, agrupación y el volumen de personas que está alrededor.

No es bueno mantener mucho tiempo, en lo que es administración, para
refundir, unir y funcionar; simplificando --que era el objetivo
fundamental--, qué va a desaparecer de esa estructura, qué va a dejar de
funcionar y se va a englobar dentro de otra y qué puede trasladarse a
otra parte de la administración. Insisto en que todo esto es respecto de
la administración periférica. En cuanto a los organismos públicos,
todavía peor, porque hay veinte decretos pero el personal es el mismo;
habrá que reubicarle, habrá que recolocarle, habrá que esperar a los RPT
que decía antes el señor Ministro, los definitivos.

En suma, de acuerdo con la prudencia. La cuestión no es fácil, pero no se
atrasen tampoco, porque la zozobra es mal negocio para todos. La
inestabilidad es negativa, para quien gobierna y para quien sufre el
gobierno, y aquí hay de los dos tipos de maneras de estar. En todo caso,
señor Ministro, tendrá nuestra colaboración con total lealtad, como
oposición, en los temas en los que podamos participar, e inclusive en los
que no, aunque hagamos una propuesta que no sea considerada positiva por
parte de quien gobierna.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Señor Ministro, al no aludir al tema de los
directores insulares, entendemos que considera aceptable nuestra
propuesta de que en cada una de las islas haya un director insular y no
sólo un criterio a juicio de la voluntad libre del delegado del gobierno.

El delegado del gobierno va a tener en mi isla de Gran Canaria un
subdelegado del gobierno y otro en la provincia hermana de Tenerife, va a
tener siete directores insulares... (El señor Ministro de
Administraciones Públicas (Rajoy Brey): cinco directores.) Entonces, en
las dos islas capitalinas no va a haber directores insulares.




El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, posteriormente le contestará el
Ministro. Continúe, por favor. (Rumores.) El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Va a
ser un verdadero virrey de la administración, va a tener tiempo hasta
para gestiones políticas. Y no me estoy refiriendo al actual delegado del
gobierno, que da la casualidad de que es un hombre jurídicamente muy bien
preparado y gran amigo mío (Risas.), sino que hablo por criterios de
racionalidad y criterios de equilibrio regional.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Quiero agradecer, una vez más, al señor
Ministro, sus esclarecedoras explicaciones y manifestarle una pequeña
queja en el sentido de que me hubiese gustado oír algo respecto a
articular la idea de la modificación de la administración periférica a la
que se refiere la Lofage con la idea de administración única, que es
contenido del programa electoral de su partido. En cualquier caso, me
quejo poco porque la legislatura es todavía muy joven y tiempo habrá.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Medel.




El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, de una manera muy breve
quiero reiterar la felicitación al Ministro, muy especialmente por su
intervención en clave positiva y por el trabajo que está realizando al
frente del Ministerio con todo su equipo para que, como él ha dicho, la
reforma de la Administración deje de ser una teoría o un discurso y se
convierta en una realidad.

Por último, y sin perjuicio del debate político entre los distintos
grupos, quiero solicitar una cosa a los grupos de la oposición. Creo que
la labor de la oposición es enjuiciar al Gobierno. No se empeñen en
enjuiciar la labor del Gobierno cuando estaba en la oposición. Ante todo,
los grupos parlamentarios estamos convencidos de algo importante:



Página 4829



la Administración está al servicio de los ciudadanos y el gran reto, y
estoy seguro de que el Ministerio piensa así, es lograr una mayor
eficacia para la defensa de los intereses generales; desde la óptica,
tiene el pleno respaldo no sólo del grupo parlamentario al que
represento, sino, estoy convencido, de todos los grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Creo que los
temas han sido suficientemente debatidos y algunos se han dejado
voluntariamente para debates posteriores y, por tanto, no es mucho lo que
tengo que decir ahora. Si acaso, debo responder a alguna cuestión
concreta, que es evidente que se me ha olvidado, porque son muchos los
asuntos que se me han planteado. Concretamente, en el tema canario, la
estructura supone la creación de un subdelegado en la isla de Gran
Canaria; en lo demás, la situación es igual. Yo lo he justificado por las
nuevas funciones que pasa a asumir ahora el delegado del Gobierno y por
una circunstancia muy importante, que es la integración de los servicios
periféricos bajo la dependencia del delegado del Gobierno, lo cual lleva
aparejado, a su vez, como he dicho, la supresión de muchas direcciones
provinciales y de muchas delegaciones, etcétera. Por tanto, creo que vive
como un virrey, si entendemos que el virrey es un señor que se preocupa,
trabaja y dedica horas a su gestión.

El tema de la administración única es otro de los asuntos complejos. Es
probable que no tengamos el mismo concepto de administración única la
señora Uría y yo. Las interpretaciones literales --en Derecho había la
histórica, la lógica, la sistemática y la literal-- siempre me dan un
poco de miedo, porque la administración única es que no hay otra, sólo
hay una. Debe haber Administración periférica del Estado en todas las
comunidades autónomas, por la razón de que el Estado sigue ejerciendo
--y, en mi opinión, debe seguir haciéndolo-- una serie de competencias en
la periferia y, por tanto, tiene que tener administración. Lo que sí
parece razonable es que este proceso, que es para integrar, para que
funcione mejor, debe ir acompañado de un proceso de reducción; lo que sí
hace es administración única de la administración periférica del Estado,
pero no administración única en el sentido de que la única Administración
--por hablar con claridad-- sea la del Gobierno vasco.

Creo que hay que ser moderados en los planteamientos y dejémoslo en un
par de administraciones, una única y la otra, también convendría que
fuera única mediante traspasos a las corporaciones locales. Pero ése es
otro tema que probablemente no me compete a mí.

Sobre la Lofage, las matizaciones que ha hecho el señor Ríos han sido
razonables. Dice que le ha sorprendido la regulación de Correos. Más me
sorprendió a mí enterarme el otro día de que la íbamos a privatizar.

El tema de los eventuales, me parece que ya está muy manido.

Termino, señor Presidente, volviendo a insistir en lo que dije al
principio: creo que han sido diez meses en los que no sólo se han fijado
los objetivos y se han ido poniendo y practicando las reglas del juego,
sino que se han hecho muchas cosas y ahí está el «Boletín Oficial del
Estado» y el de las Cortes, que es lo único que no me va a dejar engañar
a SS. SS., pretensión que, por otra parte, como, a buen seguro, saben,
nunca he tenido; ni siquiera se me ha pasado por la imaginación.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su presencia
esta mañana en nuestra Comisión.

Muchas gracias, señoras y señores Diputados; gracias también al personal
de la Cámara y a los medios de comunicación.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.