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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 168, de 12/03/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 168
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles, 12 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas
--Del señor Recoder i Miralles (Grupo Catalán-Convergència i Unió), sobre
medidas para aplicar el Convenio bilateral de protección de inversiones a
los españoles expoliados por la Dictadura de Pinochet en Chile. (Número
de expediente 181/000407) (Página 4637)
--Del señor Estrella Pedrola (Grupo Socialista), sobre razones que
desaconsejan una intervención militar en Ruanda. (Número de expediente
181/000396) (Página 4638)
--Del señor Estrella Pedrola (Grupo Socialista), sobre características y
términos del mandato de una eventual intervención armada en Ruanda,
reclamada por el Gobierno de España. (Número de expediente 181/000397)
(Página 4638)
--De la señora Fernández Sanz (Grupo Socialista), sobre procesos
electorales para la renovación de los Consejos de Residentes en el
exterior. (Número de expediente 181/000403) (Página 4641)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre medidas para defender las exportaciones españolas por
carretera ante las dificultades impuestas por el Gobierno francés en la
circulación de vehículos pesados por su territorio durante los fines de
semana. (Número de expediente 181/000406) (Página 4644)
Dictamen sobre:
--Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de
Marruecos, por otra, firmado en Bruselas el 26-2-96. (Número de
expediente 110/000081) (Página 4646)
--Denuncia del Acuerdo de Cooperación sobre Marina Mercante entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la República de Gabón, hecho en
Madrid el 16-9-81. (Número de expediente 110/000082) (Página 4648)
--Actas y Decisiones adoptadas en el XXI Congreso de la Unión Postal
Universal (UPU), adoptadas en Seúl el 14-9-94. (Número de expediente
110/000083) (Página 4649)
--Convenio basado en el artículo K-3 del Tratado de la Unión Europea por
el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), firmado
en Bruselas el 26-7-95, y Declaraciones anejas. (Número de expediente
110/000084) (Página 4650)
--Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la interpretación con carácter prejudicial por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio por el
que se crea una Oficina Europea de Policía y Declaraciones anejas,
firmado en Bruselas el 24-7-96. (Número de expediente 110/000085) (Página 4652)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
Comisión Europea, relativo a las Disposiciones de Desarrollo del
Protocolo de Privilegios e Inmunidades de las Comunidades Europeas en el
Reino de España, realizado en Bruselas el 29-7-96 y 2-10-96. (Número de
expediente 110/000086) (Página 4652)
--Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra,
firmado en Luxemburgo el 22-4-96. (Número de expediente 110/000087)
(Página 4653)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria para la
promoción y protección recíproca de inversiones, firmado «ad referendum»
en Sofía el 5-9-95. (Número de expediente 110/000088) (Página 4654)
--Declaración prevista en el artículo 41 del Pacto Internacional de
Derechos civiles y políticos, hecho en Nueva York el 19-12-66. (Número de
expediente 110/000089) (Página 4654)
--Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ),
firmada en Buenos Aires el 3-8-96. (Número de expediente 110/000090)
(Página 4655)
--Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar, como objetivo final,
una Asociación de carácter político y económico entre la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Chile,
por otra, firmado en Florencia el 21-6-96. (Número de expediente
110/000091) (Página 4655)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR RECODER I MIRALLES (GRUPO CATALAN-CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE
MEDIDAS PARA APLICAR EL CONVENIO BILATERAL DE PROTECCION DE INVERSIONES A
LOS ESPAÑOLES EXPOLIADOS POR LA DICTADURA DE PINOCHET EN CHILE. (Número
de expediente 181/000407.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados miembros de la Comisión
de Asuntos Exteriores, se abre esta sesión de la Comisión que se
desarrollará conforme al orden del día que todos ustedes conocen, con
alguna pequeña precisión al respecto. Primero, se me informa de la
retirada de la pregunta que figura con el número 5, cuyo autor era el
señor Recoder i Miralles. Queda, pues, retirada.
Segundo, el punto número 6, solicitud de creación, en el seno de la
Comisión, de una subcomisión sobre la proyección exterior de España,
queda aplazado hasta futuras reuniones de la Comisión. La Presidencia
informará debidamente del momento en que dicha iniciativa pueda ser
considerada en el seno de la Comisión.
Hay una tercera observación. Siguiendo la práctica que iniciamos en la
última Comisión, procederemos a la acumulación de las votaciones, de
manera que tentativamente les puedo decir que las votaciones no tendrán
lugar antes de las once y media de la mañana, ya que tenemos los
dictámenes, o inmediatamente después si hemos llegado a la consideración
de los temas del orden del día.
Tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, quería plantear una
cuestión previa, si me lo permite, que se refiere a algo que tanto la
Mesa como los portavoces hemos comentado en algunas ocasiones, y es la
observación siguiente. Esta Comisión tiene, evidentemente, carácter
legislativo, pero éste se limita al trámite de los convenios y tratados
internacionales y no habitualmente a leyes articuladas que requieran
grupos de trabajo, ponencias, etcétera. Es decir, que por sus propias
características es de hecho, fundamentalmente, una comisión de control;
el aspecto de control supone prácticamente el 80 o el 90 por ciento de su
trabajo real. En ese sentido ha sido así y lo es tradicionalmente en
todas las legislaturas. La comparecencia del ministro se convierte en un
elemento básico, en un eje central del trabajo de esta Comisión, en
muchas ocasiones, porque así lo piden los propios grupos parlamentarios
--petición de comparecencia, preguntas o cualquier otra iniciativa
parlamentaria--, y en otras ocasiones por propia petición del Gobierno,
del Ministro de Exteriores, que tiene en esta Comisión una tribuna y una
plataforma para explicar y con ello difundir ante la propia opinión
pública, no solamente en el plano parlamentario, que es el ámbito
democrático de mayor nivel, sino a través del ámbito democrático, sus
políticas, sus proyectos o sus ideas.
Nos preocupa --y lo queremos decir sin ninguna agresividad-- que en la
presente legislatura se viene produciendo una ausencia demasiado
prolongada del ministro. Nosotros comprendemos que el Ministro de Asuntos
Exteriores tiene una agenda sobrecargada, que tiene muchas tareas, pero
siempre hemos comentado, ahora y en legislaturas anteriores, con éste y
con otros gobiernos, que la dedicación parlamentaria es una de las
prioridades más importantes del Ministro de Exteriores especialmente,
aunque también de otros ministros; digo el de Exteriores por los
argumentos que he dado con anterioridad. Se da la circunstancia de que
desde hace tres meses, creo que la última vez fue el 11 de diciembre, no
comparece el ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores, y, por
cierto, tampoco en el Pleno, en la sesión de control de los miércoles,
donde algunos tenemos preguntas atascadas desde hace un mes, porque el
Ministro de Asuntos Exteriores nunca puede estar un miércoles.
Todo este preámbulo es para encarecer al Presidente que, si lo tiene a
bien, y los demás grupos así coinciden, transmita al ministro --como
Presidente de esta Comisión-- esa preocupación --yo no llegaría más
lejos-- para que se retome la buena costumbre que ha habido en esta
Comisión de tener al menos una comparecencia mensual del Ministro de
Asuntos Exteriores y retomar el papel protagonista, importante, de esta
Comisión de Asuntos Exteriores en las tareas de la política exterior;
eso, sin menoscabo de la presencia aquí del Secretario de Estado, cuya
comparecencia agradecemos mucho, porque también queremos que los
secretarios de Estado vengan, y lo hagan con frecuencia, pero lógicamente
eso no sustituye que el titular de la cartera puede venir, insisto, con
mayor asiduidad para explicar los distintos aspectos de la política
exterior ante esta Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, naturalmente haré llegar al Ministro de
Asuntos Exteriores sus preocupaciones, que en gran parte son las mías, no
porque asista o deje de asistir, sino porque comparto su análisis sobre
la importancia de la asistencia del titular de la cartera de Exteriores a
esta Comisión. De manera que no tenga absolutamente ninguna duda de que
esa manifestación se la haré llegar oportunamente al señor ministro, y
aquí está el señor Secretario de Estado para que, si no lo hago yo, hoy
mismo lo haga llegar él.
Si me permite, simplemente quería corregir una pequeña parte de su
intervención. Creo que es muy importante la actividad legislativa de esta
Comisión y, consiguientemente, también lo es que la Comisión tenga esa
actividad legislativa. De manera que me parece importante que el ministro
comparezca, pero no porque no sea importante la actividad legislativa,
sino porque son importantes ambas cosas. Usted sabe que desde hace varios
años he tenido especial interés en subrayar el carácter realmente
fundamental de la actividad legislativa precisamente de esta
Comisión. El hecho de que no se produzcan las correspondientes ponencias
u otro tipo de sutilezas en la tramitación de las leyes no quiere decir
que esa actividad no tenga la importancia que tiene.
Como estoy seguro de que el señor Yáñez me aceptará perfectamente esta
manifestación, simplemente quiero decirle que haré llegar al ministro su
preocupación.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, muy brevemente.
Simplemente para manifestar que compartimos las manifestaciones
realizadas por el señor Yáñez. En este sentido, damos nuestro apoyo tanto
a la petición hecha por él como a las gestiones que la Presidencia ha
dicho que va a realizar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: En mi experiencia parlamentaria siempre he
compartido y me he sumado a las opiniones de los que piden que el
Ministro de Asuntos Exteriores comparezca más en esta Comisión, con este
Gobierno y, naturalmente, con los anteriores. Pero es de justicia decir
que este Ministro no está compareciendo menos que ministros anteriores.
Me imagino que en los tres meses de los que habla el Diputado por
Sevilla, señor Yáñez, no contará ni el mes de vacaciones parlamentarias
ni otros meses en los que hemos estado ocupados en otros asuntos como,
por ejemplo, los presupuestos. Lo único que me parece relevante decir es
que no considero razonable afirmar que este ministro y su equipo
ministerial --la prueba de ello es que tenemos aquí al Secretario de
Estado para la cooperación internacional y para Iberoamérica-- estén
prestando menor atención a esta Comisión de la que es práctica
parlamentaria y uso político en esta Cámara. Lamento mucho que el señor
Yáñez tenga algunas preguntas atascadas, pero todos los Diputados de la
oposición o de la mayoría hemos tenido esas experiencias en ésta y en
anteriores legislaturas. Sucede con los Ministros de Asuntos Exteriores
porque, por desgracia, viajan mucho, y mientras todos debemos hacer lo
posible para hacer llegar el mensaje de que desearíamos ver más al
ministro, conviene recordar que este ministro y este equipo ministerial
no está descuidando esta Comisión, sino todo lo contrario.
--DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE RAZONES QUE
DESACONSEJAN UNA INTERVENCION MILITAR EN RUANDA. (Número de expediente
181/000396.)
--DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE CARACTERISTICAS Y
TERMINOS DEL MANDATO DE UNA EVENTUAL INTERVENCION ARMADA EN RUANDA
RECLAMADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA. (Número de expediente 181/000397.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen de las cuatro preguntas del orden
del día que tenemos pendientes, después de la retirada de la quinta.
Antes que nada, quiero dar de nuevo la bienvenida a la Comisión a don
Fernando Villalonga, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica que será el que conteste las cuatro
preguntas.
Entiendo, señor Estrella, que la primera y la segunda serán debidamente
agrupadas. Con esos términos doy la palabra al señor Estrella, que es el
autor de las dos primeras preguntas: Razones que desaconsejan una
intervención militar en Ruanda, y características y términos del mandado
de una eventual intervención armada en Ruanda reclamada por el Gobierno
de España. Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Secretario de Estado, la epopeya, por
así llamarle, de España en la crisis de los Grandes Lagos en los meses
recientes se inicia en un momento en que un país vecino, Francia, diseña
y promueve una intervención, del despliegue de una fuerza que proteja el
desarrollo de la asistencia humanitaria, y el Gobierno de España decide
convertirse en acompañante de esa iniciativa francesa. Nada que objetar a
eso. Quizá comentar los riesgos que implica ir con esa compañía en esa
zona, no porque sea una mala compañía con carácter general, sino que en
esa zona la experiencia anterior de la Operación Turquesa, la historia
colonial, etcétera, traen una serie de elementos que quizá aumentan el
riesgo de quien despliegue fuerzas en esa zona acompañado por Francia.
Una simple reflexión.
Ulteriormente, a los pocos días de producirse una tragedia, la muerte de
cooperantes españoles, se reúne el Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea, y el ministro va a esa reunión. Le vemos
a la entrada anunciando con gran firmeza que va a proponer una acción
inmediata como es la constitución de una fuerza. En las semanas
anteriores también habíamos visto, como consecuencia de esa iniciativa
que luego quedó diluida al desaparecer los refugiados debido a que se
trasladaron, cómo el Ministro de Asuntos Exteriores había anunciado la
contribución española. Primero se habló de 800 soldados y después se
redujo a 300. Se llegó a decir que estaban ya vacunados y listos para ser
desplegados, y todo eso mientras veíamos una cierta perplejidad por parte
del propio Ministerio de Defensa. El ministro anuncia esa propuesta de
intervención en el Consejo de Ministros. No la desarrolla, no la
especifica, no la formula, pero parecía claro en los informativos que se
podían escuchar y ver a lo largo de la mañana, que el Gobierno tenía una
firme convicción y una propuesta que hacer en ese sentido. A las pocas
horas el ministro sale de la reunión y formula la posición española de no
ser partidario de la constitución de una fuerza. Tampoco desarrolla el
ministro los argumentos, simplemente dice que le han convencido de que no
es el momento oportuno para hacerlo.
Entendemos, señor Secretario de Estado, que cuando el ministro va a
entrar en la reunión y anuncia que va a proponer la constitución de una
fuerza, tiene una propuesta concreta en cuanto a quién debe componer esa
fuerza, cuáles
deben ser las características y la misión de esa fuerza, cuáles deben ser
los medios logísticos que va a utilizar esa fuerza, los términos
concretos del mandato que debía recibir esa fuerza y que la Unión Europea
debiera solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo
contrario nos sorprendería bastante.
En la segunda parte nos gustaría saber qué sabían los catorce ministros
que no sabía el Ministro de Asuntos Exteriores de España para llegar a
convencerle tan fácilmente de que no era el momento oportuno. Estos son
los contenidos de las dos preguntas que formulamos y esperamos su
respuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Antes que nada y previo a comentar
algunas de las afirmaciones que ha hecho el señor Diputado en relación
con estas dos preguntas, quisiera decirle que el Ministro de Asuntos
Exteriores siempre se manifestó partidario de una fuerza multinacional de
intervención con carácter humanitario, tanto antes como después de la
reunión a la que usted se ha referido. Es importante señalar también que
en ningún momento España se ha planteado la posibilidad de una
intervención armada en Ruanda, tal y como lo plantea S. S. en la
pregunta. Siempre se trató de la posibilidad de una intervención en las
provincias del este del Zaire, fronterizas, como S. S. sabe, con Ruanda,
Burundi y Uganda. Hay que dejar claro también que España nunca ha
preconizado otra cosa que una intervención de fuerzas militares,
destinadas exclusivamente a permitir que se desarrolle con fluidez la
entrega de ayuda humanitaria y de emergencia a los refugiados y
poblaciones desplazadas por el conflicto bélico interno existente en el
este del Zaire. Hasta la fecha, la comunidad internacional no ha
considerado nunca una intervención militar que tuviese por objeto la
separación de los contendientes o el restablecimiento de la paz en la
zona.
Dicho esto, también parece evidente que cualquier contribución española a
la solución de la crisis humanitaria y política que padece todavía la
zona de los Grandes Lagos debía realizarse en el contexto de los
esfuerzos que hacen otros países y las organizaciones internacionales que
se han ocupado del conflicto, particularmente la Unión Europea y las
Naciones Unidas. Acciones unilaterales, por lo que se refiere S. S. de la
compañía, serían ineficaces y carecerían además de sentido práctico y de
sentido político. Por ello, la fuerza multinacional, cuyo despliegue se
consideró en su día, ha de conceptuarse dentro del pleno respeto al
Derecho internacional. En esas operaciones, como S. S. sabe, aparte de
las consideraciones políticas, es imprescindible el estricto cumplimiento
de una serie de requisitos. En concreto, contar con la autorización del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y contar, igualmente, con el
consentimiento y, más aún, con la cooperación de las partes implicadas.
Como S. S. sabe, las resoluciones 1.078 y 1.080 del Consejo de Seguridad,
aprobadas el pasado mes de noviembre, autorizaban el establecimiento con
fines humanitarios de una fuerza multinacional en la región. Con esta
autorización se cubría el primer requisito. Lo que no fue posible fue
obtener el beneplácito de los países de la zona, y más concretamente del
Zaire, aunque tampoco se obtuvo de Ruanda, de Burundi, de Uganda ni de
Tanzania. No dándose pues las condiciones necesarias para el despliegue
de una fuerza multinacional, autorizada en este caso por el Consejo de
Seguridad, cualquier otro tipo de actuación carecería de legitimidad
internacional y supondría una quiebra grave de los principios que rigen
las relaciones entre los Estados.
Además hay que tener en cuenta que en noviembre, cuando se concibe la
operación y se llevan a cabo los preparativos iniciales para configurar
la fuerza militar multinacional, el objetivo prioritario era el de
favorecer la llegada de la ayuda humanitaria a los refugiados. Aunque la
fuerza multinacional no llegó a desplegarse, como sabe S.S., sí que tuvo
la virtualidad, actuando desde luego junto a otros factores, de provocar
algunos cambios positivos en la zona, concretamente, el retorno súbito y
masivo de gran parte de los refugiados a su país de origen, es decir,
Ruanda. Con ello se había difuminado otro de los elementos fundamentales
que justificaban el envío de la fuerza multinacional.
Tampoco quisiera dejar de referirme, después de hacer estas
consideraciones respecto al envío de una fuerza multinacional, a la
situación y a las perspectivas del conflicto de los Grandes Lagos en este
momento.
Lógicamente la comunidad internacional y, en particular, los países
miembros de la Unión Europea y Estados Unidos siguen con atención la
evolución de la guerra civil que se desarrolla en el este del Zaire. No
parece, por los datos que tenemos en estos momentos, que una solución
militar se vaya a decantar de un lado o de otro de los bandos.
Persiste la opinión generalizada de que la solución de la crisis pasa
obligatoriamente por un alto el fuego y por el inicio de negociaciones
entre el gobierno de Kinsasa y los rebeldes de Kabila, al tiempo que se
organiza a medio plazo una gran conferencia regional que tenga como
objetivo dotar de estabilidad a toda la región de los Grandes Lagos.
Ese interés de la comunidad internacional por la situación en la región
se ha manifestado en la labor que ha desarrollado el representante
especial de la Unión Europea, el señor Ajello, y muy especialmente con la
aprobación reciente por parte del Consejo de Seguridad de la resolución
que S. S. conoce --la 1.097--, por la cual se adopta el llamado Plan
Sahnoun, nombre del enviado especial del Secretario General de Naciones
Unidas para los Grandes Lagos que en sus cinco puntos recoge las bases
para la pacificación del conflicto.
Los puntos del Plan Sahnoun, que cuenta con el pleno respaldo de la
comunidad internacional, son los siguientes: alto el fuego inmediato,
retirada de todas las fuerzas extranjeras incluyendo a los mercenarios,
respeto de la integridad territorial del Zaire y de los restantes Estados
de la
región, protección de los refugiados y acceso a los mismos para
suministrarles la asistencia humanitaria y la resolución de la crisis
mediante el diálogo, la iniciación de un proceso electoral en el Zaire y
la convocatoria de una conferencia regional.
El problema de los Grandes Lagos, como SS. SS. saben, se encuentra en un
momento crítico que requiere la acción concertada de todos los actores
internacionales para su solución. España entiende que el Plan Sahnoun
ofrece una oportunidad inmediata para desactivar la crisis y apoya
plenamente dicho plan y la labor mediadora del representante especial de
la ONU y de la OUA, señor Sahnoun.
También quisiera, por último, hacer una referencia a la ayuda
humanitaria, ya que el mantenimiento de ésta es igualmente una condición
importante para poner fin a la crisis actual y prevenir en la medida de
lo posible el desarrollo de una nueva crisis.
Sus señorías saben que esta cuestión ha sido ampliamente expuesta en
ambas Cámaras ante los medios de comunicación españoles y que España ha
hecho un esfuerzo importante de ayuda en una región que históricamente
nos es ajena. En ese sentido, sólo me cabe señalar la cifra global que
España ha dedicado a la región de los Grandes Lagos durante 1996 y hasta
la fecha, más de 1.100 millones de pesetas entre ayuda de emergencia y
programas de cooperación. Se trata de un esfuerzo de solidaridad
importante por parte de España, solidaridad que no sólo se manifestó en
la disposición de crear esa fuerza multinacional de carácter humanitario,
sino en el hecho práctico del volumen de la cooperación española con la
zona de los Grandes Lagos.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, yo agradezco al Secretario
de Estado la información que nos ha dado sobre la génesis y la situación
actual del conflicto de los Grandes Lagos; siempre será bienvenida esa
información. Sin embargo, el Secretario de Estado ignora el sentido de
las preguntas que formulaba este Diputado, que no iban dirigidas tanto
hacia el conflicto en sí, sino al papel de España, reflejado en la acción
del ministerio y en las palabras del señor Ministro de Asuntos
Exteriores. Porque el Ministro de Asuntos Exteriores hace una propuesta
concreta que nada tiene que ver ya con el mandato inicial del Consejo de
Seguridad. Lo ha dicho usted mismo. Usted atribuye al acuerdo del Consejo
de Seguridad prácticamente el retorno de la mitad de los refugiados. Yo
no sé si eso refleja la realidad o no, pero, en cualquier caso, es un
hecho que se produce, y la ejecución de aquel mandato pierde la mayor
parte de su sentido. Por lo tanto, cuando el ministro va al Consejo de
Ministros de la Unión Europea y anuncia que va a presentar una propuesta
para la creación de una fuerza de intervención con una función
eminentemente de protección de la ayuda humanitaria y de protección de
los cooperantes, así como permitir que se pueda distribuir la ayuda
humanitaria, entiendo que el ministro no se está refiriendo al mandato
anterior y que lo que va a pedir es un nuevo mandato. Lo que queríamos
saber era cuáles eran los términos y las características de ese mandato
en el diseño del Ministerio de Asuntos Exteriores, si es que los había.
Porque, una de dos, o el ministro estaba haciendo un brindis al sol,
movido quizá por el clima de tensión y de dolor que había en la sociedad
y en la opinión pública española, o el ministro había sido mal
aconsejado, y cuando un ministro es mal aconsejado, aunque son los
ministros los que dan la cara, normalmente lo que se hace es cesar a los
consejeros. Nosotros queremos saber si el ministro llevaba algo concreto
en la cartera cuando entraba al Consejo de Ministros y decía que iba a
proponer una acción. ¿Cuáles eran los términos del mandato que pensaba
reclamar como acuerdo de la Unión Europea para pedirlo a las Naciones
Unidas? ¿Cuáles eran las características y composición de la fuerza? ¿Qué
países estaban dispuestos a participar inicialmente en esa fuerza, porque
supongo que se hacen también unas consultas previas? ¿Cuál iba a ser la
duración del mandato? ¿Dónde se iba a desplegar esa fuerza? ¿Qué soporte
logístico iba a tener esa fuerza?
Señor Secretario de Estado, el Grupo Socialista es ferviente partidario
del consenso en política exterior, pero el consenso no se hace solamente
a base de declarar la voluntad de hacerlo, se hace a través de un diálogo
permanente --que nosotros creemos que es bastante limitado en la
actualidad-- y se hace también a través del propio Gobierno, que es a
quien corresponde formular las líneas de la política exterior.
A nosotros nos resulta bastante difícil seguir al Gobierno y no ya por un
hecho que estamos comprobando, y lo digo yo que tradicionalmente me
considero bastante agnóstico y no reconocía otra acepción de la palabra
trinidad que la de un edificio y que ahora estoy empezando a creer en la
existencia de la trinidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la
existencia de tres fondos de elaboración de pensamiento en materia de
política exterior. Pero es que hemos asistido --y lo han podido ver todos
los españoles a través de los medios de comunicación-- a la formulación
de dos políticas distintas por parte del ministro, en el lapso de seis
horas, y ésa es la segunda parte que queremos saber: qué sabían los 14
ministros que los asesores del ministro no le habían explicado cuando
entraba a esa reunión y que hicieron que el ministro declarase --repito
literalmente sus palabras--: Me han convencido de que no es el momento
oportuno. Eso lo queremos saber, señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Usted supone que el mandato de Naciones
Unidas había perdido su virtualidad en el momento en que se celebró el
Consejo Europeo de Asuntos Exteriores. Yo no sé qué le hace pensar a S.
S. que el mandato de Naciones Unidas había perdido su virtualidad. (El
señor Estrella Pedrola: La población estaba allí ya.) La necesidad de esa
intervención armada con carácter humanitario fue constatada por España y
solicitada
por toda la sociedad española, incluido el Grupo Socialista. Simplemente
quiero recordar aquí las llamadas continuas de su eurodiputado, el señor
Mendiluce, para una intervención armada de carácter humanitario, para
abrir corredores humanitarios en el Zaire y para facilitar la ayuda
humanitaria de las agencias internacionales. Por tanto, nada tiene que
extrañar ese ejercicio de responsabilidad humanitaria internacional hecho
por España desde un principio y por el Ministro de Asuntos Exteriores en
una zona en la que no tenemos ni tradición histórica ni una
infraestructura diplomática y consular suficiente como para garantizar no
sólo la seguridad de nuestras organizaciones no gubernamentales y de
nuestros misioneros, sino una efectividad mínima de una acción de la
envergadura que tiene una acción militar de carácter humanitario. Por
ello creo que la solidaridad y coherencia manifestadas por el Ministro de
Asuntos Exteriores son muy honestas y ajenas a cualquier interés de
carácter colonial, a cualquier interés de carácter económico o bastardo
en la elaboración de nuestra doctrina sobre la zona de los Grandes Lagos.
Nadie podrá decir que la doctrina española sobre la zona de los Grandes
Lagos está mediatizada por intereses económicos, por intereses
neocoloniales o por un ejercicio de lucha de influencia en los distintos
territorios.
Es evidente que la coherencia de nuestra política con la zona de los
Grandes Lagos tiene que casarse con otra realidad, y es que no podemos ir
a la zona de los Grandes Lagos solos, necesitamos alguna compañía. Yo no
sé si a usted Francia le parece una mala compañía, pero ya me dirá S. S.
quién es la buena compañía en el área y qué Estados con capacidad de
intervención militar no tienen intereses en el área o en la zona de los
Grandes Lagos. El bloqueo de la solución que proponía España, que era la
única coherente desde el punto de vista humanitario y moralmente válida
para un conflicto que todavía no ha terminado, ya que el regreso de gran
parte de los refugiados no elimina el sufrimiento de otros cientos de
miles de refugiados que han quedado en el territorio zaireño y que hoy en
día se ven amenazados por una guerra civil entre las fuerzas
gubernamentales y las del rebelde Kabila, precisamente el bloqueo de esa
situación y no haber podido la comunidad internacional --tal y como
solicitaba España, como solicitaban las organizaciones no gubernamentales
y como solicitaba también el Grupo Socialista-- se ha debido a un
enfrentamiento de intereses en la zona o diferentes análisis realizados
de manera enfrentada por las grandes potencias. Esto S. S. lo sabe bien.
El análisis que realizan las grandes potencias sobre el conflicto de los
Grandes Lagos no es para nada coincidente.
Todo ello nos lleva a plantearnos una realidad, y es que la percepción
internacional que se tiene de esa realidad africana vuelve a estar otra
vez mediatizada por intereses neocoloniales, entre comillas. La
desaparición de los dos grandes bloques, el final de la guerra fría, ha
supuesto nuevamente un reparto de influencias sobre Africa y esto evita
muchas veces un consenso generalizado de la comunidad internacional sobre
qué hacer con Africa. Curiosamente todo esto se ha demostrado en la
inoperatividad de las organizaciones internacionales, concretamente de
Naciones Unidas y de la comunidad internacional, para la resolución del
conflicto humanitario de los Grandes Lagos. Esta es la realidad, señoría.
No puede S. S. achacar a una incoherencia del Gobierno español, ni
muchísimo menos, la falta de resolución del conflicto de los Grandes
Lagos o a no haber podido enviar una ayuda humanitaria o a no haber
realizado una intervención militar humanitaria en la zona de los Grandes
Lagos. Precisamente nuestra postura ha sido la más coherente, la más
desinteresada desde el punto de vista económico, la que humanitariamente
se ha dado con mayor fuerza moral en la comunidad internacional, y ésa ha
sido la postura del ministro Matutes. Otra cosa es la realidad del
continente africano y ésa --estaremos todos de acuerdo-- en que es la que
es.
El señor PRESIDENTE: Me imagino que el señor Estrella a estas alturas
estará satisfecho por las contestaciones recibidas.
El señor ESTRELLA PEDROLA: No tengo nada que negar respecto a las últimas
palabras pronunciadas por el señor Secretario de Estado. Compartimos
plenamente esas palabras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
--DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE PROCESOS
ELECTORALES PARA LA RENOVACION DE LOS CONSEJOS DE RESIDENTES EN EL
EXTERIOR. (Número de expediente 181/000403.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 3, formulada por doña
Matilde Fernández Sanz y relativa a los procesos electorales para la
renovación de los Consejos de Residentes en el Exterior.
Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Secretario de Estado, gracias por su
comparecencia. Le hemos hecho llegar una serie de preguntas que persiguen
el objetivo de recabar de usted la información concreta y completa acerca
del cumplimiento y desarrollo del real decreto del año 1987, mediante el
cual se creaban los cauces de participación de los españoles que residen
fuera de España y, de forma concreta, la orden del año siguiente, de
1988, que regulaba la constitución, funciones, elección y funcionamiento
de estos órganos de participación o de desarrollo de democracia
participativa de los españoles.
Estamos hablando de un proceso que, según los datos recibidos por ustedes
y por el Instituto Nacional de Estadística el 1 de enero de 1997, en el
CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes, afecta a casi 795.000
ciudadanos españoles que pueden ejercer sus derechos civiles y políticos,
en parte porque el conjunto de los grupos políticos en la anterior
legislatura modificó la norma y dejó que ya no fueran los españoles los
que tuvieran la responsabilidad
de censarse sino que fueran nuestros equipos humanos, nuestros
funcionarios de Exteriores.
En los últimos meses de 1996 se ha iniciado la renovación en la mayor
parte de los casos o la elección en primera oportunidad de estos CRE.
Estos consejos se han extendido por Europa y los diferentes consulados
han convocado más o menos unos veinte procesos electorales en diferentes
consulados con el objetivo de disponer de estos 20 CRE. Si uno analiza
teóricamente los datos a lo largo de 1997 y quizá algunos meses de 1998,
deberíamos tener en torno a unos 75 u 80 CRE que corresponden a tantas
oficinas consulares donde hay más de 700 españoles censados. El objetivo
óptimo, creo que por parte de todos, sería disponer de ese órgano de
participación, que para los cónsules es un órgano reivindicativo en
muchas ocasiones pero que es también un órgano de coparticipación en la
solución de los problemas de los españoles. Insisto en que tendríamos que
cubrir el objetivo de llegar a casi 80 CRE. No quiero fijar una cifra
concreta porque hay unos posibles márgenes para conseguir esos CRE.
De esas veinte convocatorias que ha habido en el año 1996, señor
Villalonga, en cuatro circunscripciones consulares no se ha presentado
ninguna candidatura; en siete se ha presentado una candidatura y no ha
alcanzado el 10 por ciento de los apoyos de los potenciales votantes, del
n total. En las restantes se ha presentado una candidatura y ha alcanzado
el 10 por ciento o se ha presentado más de una y en este caso aunque sólo
vote media docena de personas el CRE se constituye. Con lo cual en la
mayoría de los CRE en que se ha realizado una convocatoria se va a tener
que repetir. Cuando los españoles han informado de qué es lo que estaba
pasando para tener tantas dificultades, las respuestas, en general, han
sido de tres tipos. Los cónsules decían que no disponían de recursos
suficientes. En general, decían: disponemos de los mismos recursos que
hace cuatro años para dedicar a los CRE. Hace cuatro años, la mayoría de
los cónsules, para llegar a toda la colectividad, al total de posibles
votantes, tenían que llegar a 200.000 personas; cuatro años después ya
tienen que llegar a casi 800.000, y hablan de disponer, más o menos, de
la misma cantidad; de no disponer de recursos para la publicidad
adecuada, y de no disponer de recursos para enviar las candidaturas por
correo y que también se pueda votar por ese método. En definitiva, existe
una falta de recursos para poder hacer frente a este proceso electoral.
Durante 1997, insisto, señor Villalonga, se va a tener que repetir el
proceso electoral donde no se ha concluido con éxito. Tal como dice la
norma, cada seis meses se debe iniciar proceso electoral hasta
conseguirlo. Se tiene que realizar en toda América, y en América hay 36
consulados que tienen más de 700 ciudadanos españoles, donde se debe
hacer proceso electoral, como también se debe hacer en Asia y en Oceanía,
aunque ahí la cantidad es menor, y llegar a los 39 posibles consulados
con CRE de Europa.
Todo esto se tiene que hacer en 1997, con lo que parece que hay una
escasez de recursos para llegar a los españoles informando y animando al
desarrollo de este proceso democrático. Mis preguntas van en la dirección
de conocer cómo está esta realidad y qué está pensando el departamento
para intentar subsanar las dificultades a lo largo de este año.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): De acuerdo con las solicitudes
formuladas por los CRE a sus respectivos consulados, el Ministerio ha
destinado un total de 29.445.000 pesetas a los procesos consultivos de
renovación de estos órganos. Estos recursos se han distribuido de la
siguiente manera: Hamburgo, tres millones de pesetas; Munich, 1.445.000
pesetas; Hannover, 1.500.000; Stuttgart, 2.500.000; Frankfurt, 3.200.000;
Bruselas, 2.475.000; Lieja, 725.000; Amberes, 875.000; Montpellier,
2.500.000; Pau, 550.000; Toulouse, 2.200.000; Lille, 1.250.000;
Estrasburgo, 2.200.000; Marsella, 1.800.000; Burdeos, Perpiñán,
Amsterdam, etcétera.
De la misma forma que se hizo en años anteriores, y con el fin de dar
cumplimiento a ese artículo 7 de la orden del Ministerio de Asuntos
Exteriores de 23 de febrero, que regula la constitución, funciones,
elección y funcionamiento de los consejos de residentes españoles en el
extranjero, las oficinas consulares procedieron a comunicar la
convocatoria de las elecciones para renovación de los CRE mediante una
circular dirigida a todas las asociaciones y centros de españoles de su
circunscripción, así como a publicar anuncios en los medios de
comunicación locales de mayor difusión, de modo que se asegurase un mejor
y mayor conocimiento de esa convocatoria por parte de los interesados.
Como norma general se descartó el envío de cartas personalizadas a cada
elector, ya que, por convocatorias anteriores, se ha comprobado su escasa
incidencia en el grado de participación. No obstante, y a pesar de no
estar previsto en la normativa, algunos consulados optaron por remitir
correspondencia informativa individualizada a todos los españoles que
tenían capacidad de voto. El resultado obtenido --y ésa es una realidad
con la que tenemos que contar en cuanto a esta participación de nuestra
colonia en el exterior en la elección de los órganos de representación--
no se ha correspondido con el esfuerzo económico efectuado en estos
casos. Simplemente les señalaré los bajos porcentajes de participación.
En Frankfurt, el 0,04 por ciento de los que tenían capacidad de voto, y
en Stuttgart, el 4,74 por ciento, lo que no ha permitido que saliese
proclamado un nuevo CRE, ya que, como usted bien ha dicho, en el supuesto
de presentación de una única lista la normativa requiere que la misma
consiga el respaldo de al menos un diez por ciento del electorado.
A juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, el enorme aumento que se
ha producido en el número de españoles inscritos en el Censo Electoral de
Residentes Ausentes, como consecuencia de la labor realizada por oficinas
consulares, no se ha correspondido con un incremento proporcional de las
personas interesadas en participar en las elecciones a los CRE. Ha
crecido mucho el número total
de inscritos en el CERA, mientras que el número de personas interesadas
en participar en las actividades de los CRE se ha mantenido exactamente
igual y, en consecuencia, el porcentaje final ha disminuido respecto al
número total de inscritos. Por el contrario, parecen tener mayor
incidencia en el menor o mayor índice de participación en los CRE otros
aspectos, otros factores, como pueden ser las características de la
colectividad española en cada circunscripción consular, el grado de
arraigo de las asociaciones, el número de candidaturas presentadas e
incluso la propia actividad desarrollada por el consejo de residentes
saliente, que también es muy importante.
Así pues, con motivo de las elecciones para la renovación de los CRE ya
en marcha o cuya convocatoria se realizará en los próximos meses, y que
afectarán a la inmensa mayoría de los consejos, por parte de las oficinas
consulares se tiene previsto intensificar aún más las campañas
informativas a través de las asociaciones y centros de españoles y en
aquellos medios de comunicación de más amplia difusión entre los
nacionales residentes en cada circunscripción, de modo que la inversión
responda en lo posible a los resultados que se desea obtener.
Esta es la realidad. Creo que se ha hecho un esfuerzo económico
importante. Este año se han aumentado las partidas de difusión y, sin
embargo, los resultados no han sido los esperados. El incremento de los
CERA después de los procesos de revisión de estos censos,
desgraciadamente no implica una mayor conexión de la colonia con la
realidad participativa ni con la realidad española, sino todo lo
contrario: la tendencia natural de la colonia, por el hecho mismo de la
lejanía, el paso del tiempo y la inserción del emigrante en el país
destinatario, hacen que la conexión con España, con los procesos
participativos españoles y con nuestra realidad sea cada vez menor, de
manera que la participación en estos órganos de representación que son
los CRE, a pesar del aumento del número de inscritos en los CERA, no
implica un mayor interés por parte de nuestra emigración. Esa es una
realidad, repito, y no creo que se supla con dinero, aunque sí es
importante el esfuerzo que hay que hacer, es importante incrementar los
medios de difusión, pero no creo que el resultado sea proporcional, en
cuanto a participación, a los medios invertidos en difusión. Siempre
ayudará, mejorará, que es el objetivo de la Administración, lograr una
mayor participación de las colonias, de la emigración, en los órganos de
representación, pero la realidad es la que es. Estamos abiertos a
cualquier sugerencia para poder mejorarla.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Villalonga, he tomado nota de cuatro
reflexiones generales que ha realizado en su respuesta.
En primer lugar, y respecto al dato económico, creo que en el Ministerio
de Asuntos Exteriores tienen que revisar esas cantidades. Puede que 30
millones no sea una cantidad suficiente para llegar, en el caso del año
1996, a los 500.000 españoles que viven en Europa. Sé que es una cifra
teórica, que luego, para las elecciones al CRE, se reduce en función de
cómo se agrupan en territorios.
Ha hecho el comentario de que tiene la sensación de que las cifras
personalizadas no producen buen resultado y sí un coste elevado. No es lo
que a mí me dicen los españoles a través de sus asociaciones o los viejos
dirigentes de los CRE que acaban de concluir su mandato. Merece la pena
que eso lo pensemos de nuevo. Me parece estimulante que en Exteriores
estén pensando en mejorar la campaña de difusión, creo que hay fórmulas,
los españoles están muy enraizados en la mayor parte de los países donde
viven, como usted bien ha dicho, y han sido capaces de desarrollar medios
de comunicación en habla hispana que la colectividad sigue de forma
perfecta, y usted lo conoce.
Comparto la sensación de inhibición. La explicación que me doy es la
juventud de este proceso de participación. Es la segunda vez que se
renuevan en la mayor parte de los consulados, el censo se ha multiplicado
por tres, y tal vez por responsabilidad de los representantes no llegando
a toda la colectividad o no buscando fórmulas para llegar, tal vez por
inhibición de la Administración o incluso de este Parlamento por
encontrar fórmulas de llegar a los españoles, todavía hay muchos que no
conocen qué es un CRE y para qué sirve y qué es un Consejo General.
Como ha dicho que está abierto a escuchar opiniones, déjeme decirle, en
primer lugar, que el Grupo Socialista estaría encantado de poder
contribuir. Aquellas sugerencias que reciba del departamento de
Exteriores las intentaremos desarrollar, porque estimamos que es muy
importante profundizar en la democracia participativa y hacerlo también
con los españoles que viven fuera, ya que esto tiene que ver con sus
órganos de representación, pero también tiene que ver luego con la
participación de estos españoles en los procesos electorales de nuestro
país. En general, todos los grupos de esta Cámara estamos interesados en
los procesos electorales. Haríamos pedagogía si primero desarrollamos sus
procesos electorales, que permiten resolver los problemas de su vida
cotidiana.
Debemos de hacer esfuerzos entre todos, porque si no sale adelante una
candidatura o se presenta una y no consigue el diez por ciento, lo cierto
es que la oficina consular tiene que volver a trabajar a los seis meses
en lo mismo: de nuevo gastar dinero, de nuevo dedicar recursos humanos,
de nuevo paralizar otras actividades y otras gestiones o
responsabilidades de la oficina consular para hacer un proceso electoral.
Por tanto, seríamos ineficaces si cada vez que se convoca un proceso no
nos volcásemos en desarrollarlo.
Es responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores cumplir bien el
artículo 7 de la orden, cuando dice que tiene que llegar a los electores,
con las papeletas, con la información y con todos los apoyos. Es cierto
que dice, en primer lugar, a través de las asociaciones, pero también
dice la segunda parte del artículo con toda la publicidad necesaria para
llegar al conjunto de los votantes. Esto lo tenemos que desarrollar de
una manera completa.
Por último, le diría que en algunos lugares se piensa que tal vez nuestro
Gobierno actual no cree demasiado en este órgano de participación. Si eso
es así, lo que esperaríamos
es que una propuesta alternativa de cómo hacer funcionar o de cómo
desarrollar los cauces de participación democrática llegara a los CRE,
llegara al Consejo General de la Emigración, llegara a esta Cámara. Creo
que el Ministerio de Asuntos Exteriores, en primer lugar, y todos, en
segundo lugar, deberíamos propiciar, insisto, el desarrollo de la
democracia participativa de 1.200.000 españoles que viven fuera de
España.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Lo que no creo, señora Fernández, es
que el Gobierno haya manifestado, ni pública ni privadamente, que no cree
en los procesos participativos y en los órganos de representación, que
son los CRE. La realidad del CRE es que a lo mejor porque no se han
dedicado los recursos suficientes, aunque se han incrementado este año
respecto al anterior --la pasada convocatoria de renovación de los CRE--,
o por el hecho de que ya no somos un país de emigración y, por tanto, la
vieja emigración está más arraigada en los países de destino; lo cierto,
decía, es que hay que realizar un esfuerzo importante para lograr los
mínimos de participación y los mínimos de votos en las candidaturas. Esa
es una realidad que podemos intentar modificar desde la Administración, y
así se hace desde las oficinas consulares, pero lo que no podemos es
cambiar esa realidad de forma súbita o con la voluntad.
Sería deseable una mayor participación de la colonia de los españoles en
el exterior, por supuesto, no sólo en los CRE, sino en los procesos
electorales que tienen lugar en España. La participación es muy baja y el
esfuerzo que se realiza es enorme, con dotaciones presupuestarias mucho
mayores que las que se conceden para las convocatorias de elecciones para
los CRE. El esfuerzo que realiza el Estado en las elecciones generales o
municipales con los españoles en el exterior inscritos en los CERA es
enorme, y el gasto de correo y de propaganda lo es también. Sin embargo,
la participación que se logra es cada día menor, desgraciadamente. Esa es
la realidad.
Le vuelvo a repetir la voluntad de la Administración y del Ministerio de
Asuntos Exteriores de dar contenido a los CRE, de hacer que la
participación sea real, de que los españoles en el exterior se organicen,
participen y crean en los instrumentos que el Estado les ofrece.
Nuevamente nos ponemos a disposición de esta Comisión y de la Cámara para
recibir ideas que puedan mejorar el proceso de participación en estos
órganos de representación.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IU-IC), SOBRE MEDIDAS PARA DEFENDER LAS
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR CARRETERA ANTE LAS DIFICULTADES IMPUESTAS POR
EL GOBIERNO FRANCES EN LA CIRCULACION DE VEHICULOS PESADOS POR SU
TERRITORIO DURANTE LOS FINES DE SEMANA. (Número de expediente
181/000406.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta pregunta, de la que es autor don
Ricardo Peralta Ortega. Es una pregunta relativa a las medidas para
defender las exportaciones españolas por carretera ante las dificultades
impuestas por el Gobierno francés en la circulación de vehículos pesados
por su territorio durante los fines de semana.
Para exponerla, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Villalonga, por su presencia.
Recientemente, el Gobierno francés ha aprobado un decreto que tiene su
origen en la huelga de camioneros llevada a cabo en ese país a finales
del año pasado. Ese decreto, que tiene previsto entrar en vigor en el
corriente mes de marzo, endurecería las posibilidades de tráfico,
especialmente de camiones pesados, durante los fines de semana. En
concreto, según los datos de que dispongo, este decreto prohibiría la
circulación de vuelta a los puntos de origen.
La incidencia de esta medida, que en parte ya existía y que es reforzada
mediante este decreto, ha causado preocupación fundamentalmente en los
sectores ligados con la exportación, tanto los productores como los
transportistas, porque se temen que si se aplica este decreto en sus
términos literales tendría una fuerte incidencia en determinados
sectores, especialmente en los de productos perecederos, que tienen
necesidad de un transporte más inmediato y de una presencia urgente en
los puntos de destino.
Es verdad que, como ya he dicho, existía alguna normativa restrictiva en
este sentido y que la aplicación de la misma había sido, por decirlo de
alguna manera, según entienden los afectados, una aplicación flexible que
no había causado especiales problemas. Pero ése es un terreno de
flexibilidad política que está sujeto, por tanto, a los avatares
políticos.
Creo que éste es un tema importante, que afecta al fondo del proceso de
construcción europea y que requeriría por parte del Gobierno español,
directamente en relación con el Gobierno francés, y en concreto ante las
instancias comunitarias, se plantearan medidas para intentar conseguir
que este tipo de normas que pueda aprobar el Gobierno francés o la
práctica que exista en Francia, no afecte a lo que es un proceso de
carácter mucho más amplio y mucho más ambicioso.
En este sentido, desearíamos saber qué medidas va a adoptar el Gobierno
español en relación con esta problemática.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Intentaré aclarar los términos de este
decreto que ha adoptado el Gobierno francés, respecto a la circulación de
camiones por las carreteras
francesas durante ciertas horas de los fines de semana. Conviene
puntualizar que ese decreto, que entrará en vigor el 24 de marzo de este
año, lo que hace es derogar una de las excepciones que figuraba en el
decreto de 1994, que regulaba la circulación de vehículos de transporte
de mercancías, aunque el decreto que entrará en vigor este mes de marzo
mantiene el resto de las excepciones del anterior.
La publicación es consecuencia de los acuerdos que alcanzaron el Gobierno
de Francia y los sindicatos del transporte, que pusieron fin a las
huelgas del pasado mes de diciembre de 1996. Una de las reivindicaciones
de los transportistas franceses era la adopción de medidas para asegurar
el cumplimiento de la normativa social relativa a los tiempos de
conducción y descanso, aspecto que se recoge en las limitaciones horarias
de ese decreto que luego mencionaré.
De entrada hay que hacer dos consideraciones respecto del alcance de esta
medida. Tiene particular relevancia señalar que el decreto no es una
medida discriminatoria, lo cual sería contrario a la normativa
comunitaria, sino que esta medida es de aplicación general, es decir, se
aplica a franceses y no franceses. Por otra parte, se mantienen todas
menos una de las excepciones ya existentes en la anterior normativa, lo
que en la práctica reduce al mínimo el efecto perjudicial del decreto
para exportaciones españolas.
En concreto, el decreto del Ministro de Transportes de Francia, de 22 de
diciembre de 1994, prohíbe la circulación de vehículos de transporte de
mercancías de más de 7,5 toneladas de peso entre las 22 horas de los
sábados y vísperas de fiesta y las 22 horas de los domingos y festivos,
aunque establece una serie de excepciones al cumplimiento de esta norma
general. Mediante estas excepciones, enumeradas en el artículo dos del
decreto, se permite, entre otros, los transportes de prensa y
determinadas mudanzas. También se autoriza el transporte de animales
vivos y el de mercancías perecederas de origen animal o vegetal, se
encuentren en estado fresco, congelado o ultracongelado, así como el
transporte de los siguientes productos frescos: frutas hortalizas y
flores cortadas. La incidencia sobre las principales exportaciones
españolas, es decir, las frutas, hortalizas, animales y sus derivados,
será, pues, nula, por encontrarse su transporte exento de la prohibición.
La única excepción incluida en el párrafo octavo del mencionado decreto,
que ha sido derogada, es la que establecía una excepción aplicable
exclusivamente al transporte internacional, tanto el realizado con
vehículos franceses como extranjeros, que circulen en carga o en vacío
con destino a su lugar de residencia, su centro de explotación o su país
de matriculación.
Las exportaciones españolas, por tanto, no han de verse perjudicadas, ya
que teniendo como punto de referencia el estado de cosas actual, la
entrada en vigor de las nuevas disposiciones sólo modificará la situación
de los vehículos que regresen a nuestro país entre las 22 horas del
sábado o víspera de fiestas y las 22 horas del domingo o día festivo. En
definitiva, no es una medida discriminatoria; por tanto, se aplica a
todos. En segundo lugar, quería señalar a S. S. que también otros países
de la Unión Europea, entre ellos España, cuenta con medidas similares.
Por tanto, no creo que quepa el recurso ante instancias judiciales
comunitarias por la violación del principio de la libre circulación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
detallada información sobre el tema.
Creo que efectivamente, como usted dice, no es una medida
discriminatoria. Es verdad que también responde a una finalidad de
carácter social. Pero no es menos cierto, señor Secretario de Estado,
que, tal como usted dice, alguna incidencia sí que tiene. Se ha referido
a la vuelta a los puntos de origen de los camiones, y esa incidencia nos
obliga a reflexionar sobre esta situación. Es cierto que la Unión
Europea, en su origen, pretendía una libertad de circulación
exclusivamente. Yo creo que afortunadamente se va avanzando en que no sea
simplemente eso, que sea algo más y, en concreto que se avance en el
terreno de la cohesión social. Desde ese punto de vista cabe pensar que
las medidas que pueden afectar a la libre circulación atendiendo razones
de carácter social han de ser coherentes con el proceso de construcción
europea, tal como se está llevando a la práctica. Pero tendríamos que
reflexionar si esas medidas de carácter social las puede establecer
cualquier país individualmente. ¿Por qué razón Francia establece medidas
de carácter social que pueden no tener la misma incidencia en Francia que
en el resto de los países miembros de la Unión Europea? Aquí estamos en
presencia de lo que pueden ser medidas de carácter social razonables,
admisibles, plausibles, pero que adoptadas por un único país no sería la
primera ocasión en que se utilizan para poner límites a la libre
circulación.
En este caso concreto, señor Secretario de Estado, quizá no tendríamos
que plantearnos recursos legales, porque los fundamentos jurídicos hoy
vigentes no permiten abordar este tema desde el punto de vista de la
discriminación, pero tendríamos que tener la capacidad política para que
se reflexionara sobre este tipo de medidas, que yo creo que han existido
en otros ámbitos. En la protección medioambiental, en la protección de la
salud, etcétera, se han utilizado medidas de este tipo que en la práctica
han servido para poner límites a la libre circulación.
En este caso concreto, en el tema de la protección de derechos sociales,
insisto en que me parece que es un límite adecuado y que incluso habría
que promoverlo en atención al desarrollo predominante que ha tenido la
libre circulación sobre los derechos sociales, pero siempre que se haga
desde una perspectiva comunitaria. Quizá la utilización individual por
cada uno de los estados pueda tener repercusiones no previstas por el
propio Estado sobre otros terceros. En el caso concreto de nuestro país
es verdad que la incidencia puede ser pequeña, pero existe, y nosotros
tenemos la obligación de intentar defender esos derechos y esos
intereses, y si no es posible mediante las vías jurídicas, que creo que
efectivamente no sea posible, al menos políticamente deberíamos intentar
conseguir que todos los
estados piensen en la adopción de ese tipo de medidas, y que la
aplicación práctica de los mismos haga que realmente la incidencia no
exista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Estoy de acuerdo con usted, señor
Peralta, en que el espacio social europeo o las libertades sociales
muchas veces tienen que limitar otro tipo de libertades. En el caso de
Francia no soy un experto en la materia, pero estoy convencido, por el
procedimiento de adopción de este tipo de medidas, de que no se trata de
ninguna barrera no arancelaria encubierta a la exportación o destinada a
impedir la libre circulación, sino que se trata de una medida más bien de
protección social de los camioneros de carácter no discriminatorio, como
le dije antes, y que se aplica, además, en otros países europeos, entre
ellos España.
Creo que hay que estar vigilante ante este tipo de medidas que pueden
encubrir otros planteamientos de cara a la libre circulación de
mercancías, y esté seguro de que el Gobierno español estará atento a
cualquier movimiento en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el señor Peralta no quiere utilizar de
nuevo la palabra.
Con ello acabamos el primer punto del orden del día, contestación a las
preguntas. Querría, antes de continuar con nuestro orden del día,
agradecer al señor Villalonga, al Secretario de Estado, su presencia
aquí, y estoy seguro de que seguiremos contando puntualmente con ella.
DICTAMEN SOBRE:
--ACUERDO EUROMEDITERRANEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE
MARRUECOS, POR OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 26-2-96. (Número de
expediente 110/000081.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, continuamos con el
orden del día, en este caso examinando los convenios y tratados
internacionales que son sometidos a nuestra consideración y eventual
ratificación.
Vuelvo a recordar que las votaciones al respecto no tendrán lugar en
ningún caso antes de las once y media, cuando procederemos,
consiguientemente, a la votación uno por uno de los correspondientes
dictámenes, cuyo fondo vamos a discutir en este momento.
En primer lugar, el acuerdo figura con el número 7 del orden del día.
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de
Marruecos, por otra, firmado en Bruselas el 26 de febrero de 1996.
¿Grupos que desean utilizar la palabra? (Pausa.) El señor Castillo, por
el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor CASTILLO JAEN: Antes de nada deseo recalcar la importancia que
cualquier acuerdo tiene con nuestro vecino del sur, el Reino de
Marruecos, por las relaciones especiales que tenemos con él.
Este acuerdo, denominado Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una
parte, y el Reino de Marruecos, por otra, se firmó el pasado día 26 de
febrero de 1996 en sustitución del antiguo que había de cooperación y que
databa de 1976. El contenido de este acuerdo de asociación con Marruecos,
enmarcado en un nuevo sistema de cooperación que la Conferencia de
Barcelona estableció entre los países de la Unión Europea y la región del
sur del Mediterráneo, es similar a otros ya firmados con países como
Túnez o Israel, y parecido a los que se encuentran en período de
negociación con restantes países de la ribera del Mediterráneo.
El acuerdo se constituye con una duración ilimitada, y sus aspectos
destacables de mayor importancia son la creación de un diálogo político
regular a diferentes niveles, desde el ministerial al de altos
funcionarios; una libre circulación de mercancías, puesto que el objetivo
primordial es crear una zona de librecambio conforme a la normativa de la
OCM; cooperación económica, que cubre numerosos campos tales como el
industrial, medio ambiente, transportes, etc. Asimismo, incluye la
cooperación social y cultural, que engloba la educación, la formación
profesional, la sanidad, etcétera.
Desde el punto de vista institucional, este acuerdo crea un consejo de
asociación que se reúne a nivel ministerial anualmente y un comité de
asociación encargado de su puesta en marcha. El acuerdo es extenso,
consta de 96 artículos, agrupados en ocho títulos, de los que destacamos
el preámbulo, que hace referencia a los lazos tradicionales y a la
voluntad de reforzar la cooperación, así como la importancia que las
partes otorgan al respecto de los derechos humanos, los principios
democráticos y la libertad económica; acuerdo que confirma la voluntad de
establecer una zona de librecambio, de aplicación progresiva a lo largo
de un período transitorio de doce años como máximo a partir de la entrada
en vigor del mismo, de conformidad con las disposiciones de la OMC.
Para los productos industriales, y tratándose del régimen de importación
de la Unión Europea, los productos originarios de Marruecos serán
admitidos sin derechos de aduanas o tasas equivalentes. Aquellos derechos
y tasas que sean aplicables a los productos originarios de la Comunidad,
serán eliminados progresivamente según los calendarios previstos en el
Tratado.
Para los productos agrícolas, la Comunidad y Marruecos ponen en práctica
de manera progresiva una liberalización de sus intercambios recíprocos.
El acuerdo contiene, entre otras disposiciones de carácter económico, una
en relación a la libre circulación de capitales entre Marruecos y la
Comunidad, normas de competencia, ayudas del Estado y protección de los
derechos de la propiedad
intelectual, industrial y comercial. La cooperación económica tiene gran
importancia; tiene también el objetivo de ayudar a Marruecos a asegurarse
un desarrollo económico y social duradero que debe beneficiar a ambas
partes. Las partes acuerdan también reforzar la cooperación en los
ámbitos industrial, de promoción y protección de las inversiones,
agricultura, pesca, educación y formación, transportes,
telecomunicaciones, tecnología de la información, energía, cooperación
científica y tecnológica, medio ambiente, turismo, aduanas, estadísticas,
así como de cooperación en el campo de políticas económicas y regionales.
Un diálogo económico regular se instaura entre las dos partes con el
objetivo de cubrir los campos de la política macroeconómica. Se debe
prestar una atención particular a las iniciativas que puedan favorecer la
cooperación con el Magreb, con el objetivo de un desarrollo integrado en
la región tan importante para ambas partes.
El acuerdo facilita también la cooperación entre el Parlamento Europeo y
el Comité Económico y Social con las instituciones homólogas marroquíes.
Marruecos ha sido, como se ha señalado, el tercer país del Mediterráneo
occidental con quien se firma el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación.
En las perspectivas de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona
representa una realización completa del nuevo esquema duradero de
relaciones con los socios del Mediterráneo, basado en una sucesión
euromediterránea. Su conclusión, por tanto, responde a este nuevo esquema
de relaciones, siendo totalmente satisfactoria desde el punto de vista
español. Nuestro grupo apoya este convenio con Marruecos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Intervendré brevemente.
Nos gusta, cuando se ratifica o se aprueba en este caso el dictamen de
los sucesivos acuerdos euromediterráneos que van pasando por esta Cámara,
dejar constancia de nuestra satisfacción y sacarlos del anonimato de
otros tratados que puedan pasar más desapercibidos, para expresar hasta
qué punto compartimos su contenido y, sobre todo, los objetivos no sólo
económicos sino políticos que tienen detrás en la medida en que reflejan
claramente una voluntad de compromiso entre la Unión Europea y la ribera
sur del Mediterráneo, y suponen un claro desarrollo práctico y concreto
de la política euromediterránea, en su momento llamada así en la
Conferencia de Barcelona.
Por tanto, sólo deseo dejar constancia expresa de nuestra satisfacción
porque se apruebe el acuerdo en esta Cámara y pueda entrar en vigor a
corto plazo, y manifestar nuestros deseos de que aquellos acuerdos
euromediterráneos que quedan todavía por ser aprobados puedan pasar
también por esta Cámara en el plazo más breve.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Poco tengo que añadir, lo que pasa es que si
callase quizás podría pensarse que lo hago para no incomodar a mi paisano
el señor Castillo, quien ocasionalmente me facilita generosamente
transporte hacia la circunscripción. Como no es así, voy a decir un par
de palabras simplemente.
Deseo resaltar, como lo han hecho los portavoces anteriores, la
importancia de este acuerdo, que forma parte de la nueva política, de la
política mediterránea de la Unión Europea aprobada en la Conferencia de
Barcelona, de una política global mediterránea que tiene especial
importancia para España en el caso concreto de Marruecos, donde
precisamente ya se había venido desarrollando una línea de actuación por
parte de España que iba precisamente en este sentido, que incorporaba
cláusulas referentes al respeto a los derechos humanos y las libertades,
como ahora se incorporan también en el paquete de Barcelona, reflejando
lo que está contenido en el Tratado de la Unión Europea respecto a los
principios que deben inspirar la política exterior de la Unión Europea.
He de resaltar que a partir de una idea, que intenta trasladar no los
contenidos pero sí los principios, los aspectos positivos del proceso de
la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa al escenario
mediterráneo, no trasladarlo miméticamente pero sí hacer una trasposición
de un mecanismo, de un procedimiento que demostró ser eficaz en el caso
de Europa, se alcanzó en Barcelona un diseño que en el galicismo o
anglicismo habitual se llama partenariado y que el Ministerio de Asuntos
Exteriores, con buen criterio, ha optado por denominar asociación, hasta
que la Academia nos diga otra cosa. Eso supone un concepto global de
cooperación en pie de igualdad, con las evidentes diferencias que existen
en cuanto a niveles de renta y de desarrollo, entre el conjunto de los
países que forman el Mediterráneo, los que no son miembros de la
Comunidad y los que pertenecen a la Unión Europea.
Quiero resaltar, en primer lugar --como lo han hecho los portavoces
anteriores--, que hay un diseño de avanzar hacia una zona de libre
cambio, que el acuerdo euromediterráneo sitúa en el horizonte del año
2010; en segundo lugar, que quizá para esa fecha no se habrán alcanzado
grandes progresos en lo que debe ser la cooperación interregional en la
zona de libre cambio entre los países de la región; en tercer lugar, que
así como se prevé la libre circulación de capitales, de mercancías,
etcétera, no se dice lo mismo, por razones obvias --por el propio
desnivel socioeconómico y la presión demográfica--, sobre la libre
circulación de personas, algo que, en todo caso, nos debe hacer
reflexionar; y, por último --se ha señalado también por alguno de los
portavoces--, que hay una dimensión de cooperación en materia política y
de seguridad, que es importante y que debe instrumentalizarse a través de
generación de medidas de confianza y de transparencia en la región, y que
hay otra dimensión, difícil de articular, que es la cooperación social
completada con una cooperación cultural, es decir, el diálogo entre
culturas o el diálogo entre civilizaciones. Esto quiere decir que los
países miembros de la Unión Europea, y los países que no lo son pero que
forman parte de este acuerdo, optan por rechazar la noción que nos llega
desde el otro lado del Atlántico de que en el Mediterráneo existe y se va
a producir, inevitablemente, un choque de civilizaciones. Nos parece
importante destacar que la Unión Europea y los países que forman parte de
este acuerdo de Barcelona optan por el diálogo entre civilizaciones.
--DENUNCIA DEL ACUERDO DE COOPERACION SOBRE MARINA MERCANTE ENTRE EL
GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GABON, HECHO EN
MADRID EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1981. (Número de expediente 110/000082.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 8 del orden del día: Denuncia del
Acuerdo de cooperación sobre marina mercante entre el Gobierno de España
y el Gobierno de la República de Gabón, hecho en Madrid el 16 de
septiembre de 1981.
¿Grupos que desean utilizar la palabra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Este Acuerdo que se denuncia fue gestado hace
varios años, consiguientemente, antes de que España ingresara como
miembro de la Comunidad Económica Europea. En consecuencia, deberemos
tener en cuenta que, a partir de la entrada en vigor del Acta Unica
Europea --con la que se marcan las directrices de un mercado único en
todos los ámbitos económicos--, el Estado español ha tenido que ir
trasponiendo a su ordenamiento jurídico todas aquellas directivas y
reglamentos comunitarios que han sido progresivamente adoptados por la
Comisión Europea. En tal sentido, el progresivo avance de las políticas
de liberalización del transporte marítimo, de mercancías y pasajeros en
la Unión Europea, la creciente importancia de las normativas
internacionales de seguridad marítima, así como la unificación progresiva
de las políticas marítimas en el seno de la Unión Europea conducen,
razonablemente, a la necesidad de adaptación de los convenios bilaterales
en materia de marina mercante que cada uno de los países miembros de la
Unión Europea tengan suscritos con países terceros.
Estas razones, que someramente acabamos de indicar, son las que
justifican la necesidad de adaptación de muchos convenios bilaterales en
materia de marina mercante, que el Reino de España tendrá que ir
denunciando y negociando de nuevo con los países con los que tenga
relaciones comerciales de esta naturaleza y que, siendo miembros de la
Unión Europea, mantengan tráficos comerciales o de pasajeros con nuevos
puertos o pasen por nuestras aguas jurisdiccionales. Por todo ello,
nuestro grupo votará favorablemente a esta denuncia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Precisando un poco más los datos
señalados por la portavoz del Grupo Socialista, tenemos que decir que el
Acuerdo de cooperación sobre marina mercante entre el Gobierno de España
y el Gobierno de la República de Gabón --de cuya denuncia tratamos hoy en
esta Comisión-- fue firmado en Madrid el 16 de septiembre de 1981, por el
entonces Gobierno de la Unión de Centro Democrático, y entró en vigor el
1 de noviembre de 1987.
Como ya se ha indicado anteriormente, como consecuencia de las
obligaciones jurídicas derivadas de la adhesión a las Comunidades
Europeas, España asumió la obligación de modificar los acuerdos marítimos
bilaterales con terceros países de los que es parte, con objeto de
adaptarlos al Reglamento comunitario número 4.055, del Consejo, de 22 de
diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre
prestación de servicios al transporte marítimo entre los Estados miembros
y entre Estados miembros y países terceros, con el fin de permitir el
libre acceso, no discriminatorio a los nacionales de la Comunidad, a las
partes de cargamento a que tiene derecho España conforme a lo establecido
en el artículo 1.º del citado Reglamento 4.055/1986. Tal obligación
española deriva de lo establecido en los artículos 3.º y 4.º del
Reglamento y, de conformidad con los mismos, España se considera obligada
a adaptar el acuerdo antes del 1.º de enero de 1993. En consecuencia, se
dio inicio al procedimiento para la modificación del acuerdo.
El Consejo de Ministros celebrado el 29 de diciembre de 1992 adoptó un
acuerdo por el que se autorizaba tal modificación a través de un
intercambio de notas verbales, que es el procedimiento usado para estos
casos. Con fecha 30 de diciembre de 1992, se envía una nota verbal a la
Embajada de la República de Gabón por la que se comunicaba a las
autoridades marítimas de Gabón que las autoridades españolas proponían
adaptar el acuerdo marítimo bilateral a las obligaciones derivadas de la
legislación comunitaria. Tal adaptación consistirá en la modificación del
artículo correspondiente al reparto de cargas --artículo 13, sobre
derechos de tráfico--, la supresión del artículo relativo a las tarifas
de fletes --artículo 14, sobre aprobación de las tarifas de fletes--, así
como en modificar parcialmente el artículo sobre la reserva de pabellón
--artículo 13--. Al no recibirse respuesta alguna a la citada nota
verbal, todavía, con fecha 29 de mayo de 1995, se envió una nueva nota
verbal en la que se reiteraba a las autoridades gabonesas la propuesta de
modificación del acuerdo bilateral contenida en la anterior. Al mismo
tiempo, se indicaba que, en caso de no obtenerse una respuesta positiva
antes del 1 de noviembre de 1995, España se vería obligada a denunciar el
acuerdo y que, en caso de producirse tal eventualidad, la parte española
se mostraría favorable a la negociación de un nuevo acuerdo de transporte
marítimo entre el Reino de España y la República de Gabón.
Durante ese lapso de tiempo, la Comisión Europea ha procedido a enviar a
las autoridades españolas varias cartas de emplazamiento recordando la
obligación de llevar a cabo la citada modificación o, en el caso de que
la misma no fuese aceptada por la parte gabonesa, la denuncia del
acuerdo. La denuncia del acuerdo está contemplada en el apartado 2 del
artículo 17 en los siguientes términos: El
acuerdo prevé que podrá ser denunciado en cualquier momento, por escrito
y por vía diplomática. En este caso, dejará de producir su efecto un año
después de haber recibido la denuncia por la parte contratante.
Con objeto de cumplir las obligaciones derivadas del citado Reglamento
4.055/1986, el Consejo de Ministros, previo informe favorable del Consejo
de Estado, autorizó la denuncia del acuerdo de referencia y dispuso su
remisión a las Cortes Generales, a efectos de lo previsto en el artículo
94.1 de la Constitución. Señorías, ése es el trámite que en estos
momentos realizamos en la Comisión de Asuntos Exteriores. En
consecuencia, solicitamos el voto favorable a la ratificación de este
acuerdo del Consejo de Ministros.
--ACTAS Y DECISIONES ADOPTADAS EN EL XXI CONGRESO DE LA UNION POSTAL
UNIVERSAL (UPU) ADOPTADAS EN SEUL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1994. (Número de
expediente 110/000083.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 9 del orden del día,
relativo a las actas y decisiones adoptadas en el XXI Congreso de la
Unión Postal Universal (UPU) adoptadas en Seúl el 14 de septiembre de
1994.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: Nuestro grupo manifiesta su conformidad, de
antemano, a la aprobación de las actas y decisiones adoptadas en el XXI
Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), en Seúl, los días 21 de
agosto a 14 de septiembre de 1994, al que asistieron representantes de
los 188 Estados miembros de la UPU. Este XXI congreso de la UPU ha
tratado una serie de temas importantes como consecuencia de los recientes
cambios políticos, económicos y tecnológicos acaecidos en toda la esfera.
Los principales acuerdos logrados incluyen la reforma estructural de los
órganos permanentes de la UPU, creándose dos nuevos consejos, el de
administración y el de explotación postal, en sustitución de los
anteriores consejo ejecutivo y consejo consultivo de estudio postal.
El consejo de administración es el órgano responsable de la toma de
decisiones entre congresos, del presupuesto, de la planificación
estratégica y de las políticas generales de la Unión, estando compuesto
por cuarenta y un miembros, según un reparto geográfico por zonas en las
que están representadas las administraciones postales.
El consejo de explotación postal, por otra parte, se ocupa de los
aspectos operativos y técnicos de los servicios y actividades de la
Unión, estando compuesto por cuarenta miembros, elegidos según una nueva
fórmula de representación geográfica. En él están representados los
operadores públicos, es decir, los prestadores del servicio postal
universal en cada Estado miembro.
De este XXI Congreso de la UPU ha surgido una nueva definición de la
Administración postal, término que se reserva a la autoridad
reglamentaria. Se introduce paralelamente al término operadores de
servicio público, denominación propuesta por España en la UPAE, para
diferenciar tales entidades del órgano regulador que es la administración
del Estado miembro.
El congreso también aprobó la introducción de la planificación
estratégica y el presupuesto por programas con objeto de dotar de mayor
transparencia y coordinación a la toma de decisiones sobre gestión y
financiación. Además, se aprobó un nuevo sistema de gastos terminales,
basado en el número de envío efectivamente intercambiado de correo
internacional y no en los desequilibrios de tráfico o diferencias entre
los envíos entregados y los recibidos. En este nuevo sistema se incluye
el nuevo concepto de correo masivo con una nueva fórmula de cálculo que
intenta reflejar los costes reales de la distribución del correo para el
país de destino, contribuyendo a prestar unos servicios postales
internacionales a precios asequibles.
El XXI congreso aprobó una resolución, de igual manera, por la que se
profundiza en las medidas iniciadas y se formulan nuevas proposiciones de
reforma que han de llevarse a cabo antes del próximo congreso, a celebrar
en Pekín en 1999. El fin último de la misma es mejorar la gestión de
trabajo de la Unión mediante un nuevo sistema de financiación de las
diferentes actividades de la misma, servicios obligatorios cubiertos por
el presupuesto y servicios en competencia cubiertos por financiación
extrapresupuestaria, y la apertura interna y externa de la Unión para
incluir a todos los actores del sector postal internacional incluidos los
operadores privados.
El congreso, finalmente, ha hecho frente al problema del reenvío,
consistente en el desvío hacia segundos o terceros países del correo,
reservado al operador público del país donde reside el expedidor para
volver a introducirlo en la red de distribución del país destinatario. Se
ha reformado el sistema de gastos terminales, como se ha expuesto, y se
ha revisado el artículo 26 del Convenio de la UPU, que castiga el
reenvío, actualizándolo.
El nuevo artículo 26 --antiguo 25--, aprobado por el congreso, sigue
manteniendo cautelas destinadas a proteger a los operadores contra los
tráficos abusivos, pero introduce modificaciones que benefician económica
y prácticamente al usuario. Antes de proceder a la devolución, el
operador público destinatario de los envíos postales ha de recurrir a la
exigencia, al expedidor o a la administración de depósitos, del pago
adecuado para así poder operar con normalidad.
Quiero resaltar que en el XXI congreso también se ha introducido el
inglés como lengua de trabajo en la Oficina internacional de la UPU. Este
Diputado no se puede congratular de que en 1994 no se pudiera introducir
el bilingüismo y el castellano hubiera formado parte también de este modo
de expresión.
Por último, España resultó elegida para formar parte del consejo de
explotación postal, pudiendo participar como observador en el consejo de
administración.
Por tanto, pido el apoyo positivo a estas actas y decisiones de este
congreso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Voy a ser muy breve después de la
intervención del Diputado responsable del Partido Popular.
Como habrán deducido, se trata de unas actas y de un convenio de un
importante contenido técnico, porque es, en definitiva, la revisión de la
constitución de la Unión Postal Universal, que se produce ahora en Seúl,
que da lugar a una revisión bastante compleja y amplia de los contenidos
de aquella constitución. De la revisión de la propia constitución yo
destacaría la creación de esos dos estamentos, de uno de los cuales
España forma parte, la modificación de los reglamentos, la elaboración de
una serie de convenios y normas comunes de aplicación al servicio postal
internacional, el tratar las cuestiones de aduanas, la responsabilidad de
las administraciones públicas --cosa que me parece de especial interés--,
algún tipo de servicio financiero postal, algunos servicios también de
especial interés, y un sistema de gastos terminales de tal manera que se
evalúen los gastos del correo no en función de la situación interna de un
país, sino del contenido depositado en los correos de cada uno de los
países destinatarios.
Es lógico que apoyemos estas actas que constituyen, insisto, la revisión
de un organismo internacional de la Unión Postal Universal del que España
es miembro, ahora de manera destacada porque entra a formar parte de uno
de los órganos de dirección de dicha Unión Postal Universal.
--CONVENIO BASADO EN EL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA POR
EL QUE SE CREA UNA OFICINA EUROPEA DE POLICIA (CONVENIO EUROPOL), FIRMADO
EN BRUSELAS EL 26 DE JULIO DE 1995, Y DECLARACIONES ANEJAS. (Número de
expediente 110/000084.)
El señor PRESIDENTE: Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea por el que se crea una oficina europea de Policía, Convenio
Europol, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995, y declaraciones
anejas.
Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Múgica.
El señor MUGICA HERZOG: Señor Presidente, señorías, este importante
Convenio del Tratado que va a crear una oficina europea de policía --por
eso se llama Convenio Europol-- fue firmado en Bruselas el 26 de julio de
1995, y su importancia deriva de las tareas que debe asumir y ejecutar,
entre ellas, fundamentalmente, la persecución de la delincuencia
organizada.
En primer lugar, actuará en materia de prevención y lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes, algo tan importante en estos momentos
después de la descomposición del antiguo imperio soviético, como el
material nuclear y radiactivo, que puede llevarnos, si no es controlado y
orientado, a la reedición en la realidad de las películas de James Bond;
la red de inmigración clandestina que está perturbando enormemente
Europa, pues incluso la emigración clandestina está siendo utilizada por
grupos de extrema derecha en Francia para desestabilizar el sistema de
libertades; la trata de seres humanos, trata de blancas y el tráfico de
vehículos robados. Como se ve, tiene una importante proyección política
la creación de esta oficina de entendimiento policial entre los países de
la Unión.
Posteriormente, se ocupará (para nosotros, los españoles, es
fundamental), en un plazo máximo de dos años, de los delitos cometidos o
que puedan cometerse en el marco de las actividades de terrorismo que
atenten contra la vida, la integridad física y la libertad de las
personas y sus bienes. Incluso el Consejo podrá decidir por unanimidad
--supongo que el Gobierno español lo podría instar al suscribir mediante
acuerdo parlamentario este tratado-- que se adelante el plazo de entrada
en acción de la unidad Europol contra el terrorismo. Después, también
actuará sobre delitos conexos, el blanqueo de dinero, ligados a las
formas de narcotráfico y todos los actos que puedan asumir estos delitos.
Constará de unidades nacionales y de funcionarios de enlace.
Para la persecución de estos objetivos, y por tanto de los delitos, se
crea un amplio sistema de información, sistema de información que
incluirá a las personas sospechosas de haber cometido o participado en un
delito que sea competencia de Europol, a las personas respecto de las
cuales existan hechos graves que justifiquen la presunción de delitos. En
estos datos constará el apellido de soltera, el nombre --en su caso,
alias-- o nombres utilizados, fecha, lugar de nacimiento, nacionalidad,
sexo y otros rasgos que permitan la calificación del presunto, futuro, o
eventual delincuente.
Por supuesto que a este sistema de información podrán tener acceso los
nacionales de cada país, previa la petición al Estado miembro de la
Unión. Tenemos que decir, como algo importante, que desde una perspectiva
democrática hay un amplio nivel de protección de datos y que cada
ciudadano tiene derecho de acceso a los mismos. Solamente podrá denegarse
la comunicación si el ciudadano de un Estado recaba datos del archivo y
resultan necesarios para que Europol pueda cumplir adecuadamente sus
funciones, como proteger la seguridad de los Estados miembros, el orden
público, combatir los delitos y proteger los derechos y libertades de
terceros.
Hay una autoridad común de control. Hay un informe ante los órganos
europeos. Las lenguas serán las de todos los países de la Unión Europea.
Se informará, como he dicho, al Parlamento Europeo. En resumen, está
lleno de cautelas y de garantías solventes para que Europol no se
extralimite de las importantes funciones que ha de desempeñar. En
atención a esas garantías que constan en el tratado cuya ratificación se
solicita, y en función de los importantes objetivos que se persiguen,
creo que esta Comisión debiera aprobarlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: El Convenio Europol que se debate en este
momento en la Comisión se integra en el llamado tercer pilar comunitario
y, por tanto, se enmarca, indirecta o directamente según se mire, en el
conjunto de la reforma de las instituciones de la Comunidad, el
incremento de las competencias de la Unión Europea y el eventual paso de
determinados asuntos, entre ellos este mismo, del nivel meramente
intergubernamental, es decir, de la cooperación entre Estados, al nivel
propiamente comunitario.
Independientemente de como termine esa evolución que está en discusión en
sede de la Conferencia Intergubernamental, sí es claro que la aprobación
de este convenio por parte de esta Cámara, y lo que ello tiene de ser un
paso más de cara a su entrada en vigor, es un hito importante en la
medida en que supone un avance en la integración europea, al dar un
primer paso de auténtica cooperación policial e intergubernamental en los
ámbitos de justicia e interior, en este caso más propiamente de interior,
más allá de los acuerdos de Schengen. Nuestro grupo da su pleno apoyo,
aun sabiendo que estamos en un nivel todavía inferior a lo que algunos
consideramos objetivo a alcanzar.
El Convenio Europol, contrariamente a lo que la opinión pública puede
haber percibido en alguna información que ha aparecido, no pasa de ser
una oficina de información, una apuesta en común de determinados datos.
Es importante destacarlo. No estamos creando un FBI a la europea, sino
que estamos poniendo en común unas informaciones sobre historiales de
delincuencia y sobre operaciones determinadas y, por tanto, articulando
mecanismos de colaboración entre las distintas policías. Eso es mucho y
es poco simultáneamente. Es mucho, porque es mucho más que lo que tenemos
ahora; es poco, porque se queda muy lejos de lo que debería ser la
auténtica consecuencia en el ámbito policial de la supresión de fronteras
dentro del espacio de la Unión Europea.
Creemos (también lo cree el Gobierno, otra cosa es que por razones de
conveniencia o de meros apoyos en este momento en la Unión Europea sea
todavía una opción algo lejana) en la necesidad de contar con una policía
que en determinados ámbitos opere auténticamente y con verdadera
capacidad operativa en toda la Unión. Mientras eso no llegue, bienvenido
sea el Convenio Europol como mecanismo de comunicación.
Querríamos dejar constancia, sin embargo, de una preocupación que ya
hemos manifestado en otros ámbitos y que afecta directamente a este tipo
de mecanismos creados en el ámbito intergubernamental y, por tanto,
propiamente internacionales, puesto que el Convenio Europol no crea un
sistema comunitario, sino que, por el hecho de ser aprobado a través de
convenios en los distintos parlamentos, no deja de ser un mecanismo
intergubernamental comunitario, pero básicamente intergubernamental.
Decíamos que una cosa que nos preocupa, y de la que querría dejar
constancia en este momento en que vamos a dar nuestro consentimiento a la
aprobación de este convenio, es el problema del control político de los
mecanismos de Europol. Es un problema que ya nos estamos encontrando con
Schengen, que está en tierra de nadie. Schengen no es un mecanismo
europeo, tampoco es un mecanismo nacional, y a base de estar en tierra de
nadie ni puede ser controlado a nivel europeo ni puede ser controlado a
nivel nacional.
Nos tememos --esperamos que no sea así y pondremos nuestros medios en su
momento para que eso no suceda-- que va a ocurrir lo mismo con Europol,
que por no ser un verdadero mecanismo comunitario, en el caso en que no
se decida su comunitarización, no sea posible su control auténtico y el
control de los mecanismos que aquí se establecen a nivel de Parlamento
Europeo, el verdadero control político. Y simultáneamente, desde que este
Parlamento, con el dictamen positivo de hoy y en su momento en el Pleno,
decida dar su consentimiento a la creación de esta oficina, hemos hecho
una dejación de soberanía en un punto concreto que nos impida cualquier
control posterior porque ya nos excede y es algo que está en un marco
mucho más amplio.
Este tipo de fórmula --que no digo que se generalice, pero que ya tiene
un precedente y éste podría ser otro--, de mecanismos de enorme
importancia desde el punto de vista de los ciudadanos, de control de los
ciudadanos, de información de los datos de los ciudadanos y que, sin
embargo, no tiene control parlamentario ni europeo ni nacional, es algo
que nos preocupa y de lo cual queríamos dejar constancia en el momento de
manifestar claramente nuestro voto positivo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Después de las documentadas intervenciones que
ha habido, poco quedaría por decir, pero teniendo constancia de la
importancia de este convenio voy a insistir en el mismo en nombre del
Grupo Popular. (El señor Vicepresidente, Milián Mestre, ocupa la
Presidencia.)
En el artículo K.1.9 del Tratado de la Unión se prevé la intensificación
de la cooperación policial para la lucha contra el terrorismo, el tráfico
ilícito de drogas y otras formas graves de delincuencia internacional,
especialmente mediante la creación de una oficina europea de Policía.
El objetivo de Europol, de conformidad con el punto 9 del artículo K.1
citado, consiste en mejorar la eficacia de los servicios competentes de
los Estados miembros y la cooperación entre los mismos con vistas a la
prevención y lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de
estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional, en
la medida en que existan indicios concretos de una estructura delictiva
organizada y que dos o más Estados miembros se vean afectados por la
forma de delincuencia antes mencionada, de tal modo que debido al
alcance, gravedad y consecuencia de los actos delictivos, se requiera una
actuación común de los Estados miembros. A tal fin las funciones de
Europol son básicamente de carácter normativo
y, en concreto, sus funciones prioritarias son el intercambio de
información y su compilación y análisis.
Como todo registro informatizado de datos, participa del principio básico
de seguridad y protección de datos personales, y pese a que no se aplica
en sentido estricto el Convenio de Estrasburgo sobre la materia, el
régimen previsto de protección de datos es un buen equilibrio entre el
deber de sigilo exigido y el derecho que asiste a los particulares de
conocer la información que sobre ellos exista. España siempre ha
impulsado la celebración de este convenio y contribuyó activamente a que
los esfuerzos culminaran satisfactoriamente, tal como se constató en el
Consejo Europeo de Florencia.
Para terminar, el Consejo Europeo celebrado en Dublín los días 13 y 14 de
diciembre de 1996 decidió que el convenio Europol debe ser ratificado a
la mayor brevedad posible. El Grupo Popular votará afirmativamente este
convenio.
--PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACION CON CARACTER PREJUDICIAL POR
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL CONVENIO POR EL
QUE SE CREA UNA OFICINA EUROPEA DE POLICIA Y DECLARACIONES ANEJAS,
FIRMADO EN BRUSELAS EL 24 DE JULIO DE 1996. (Número de expediente
110/000085.)
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Vamos a pasar al número 11 del
orden del día: Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación con carácter
prejudicial por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del
Convenio por el que se crea una oficina europea de Policía y
declaraciones anejas, firmado en Bruselas el 24 de julio de 1996.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Este protocolo fue establecido sobre la base del
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la
interpretación con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas del Convenio por el que se crea una oficina
europea de Policía y declaraciones anejas, y fue firmado en Bruselas el
24 de julio del año 1996. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El protocolo sobre interpretación a título prejudicial por el Tribunal de
Justicia del Convenio Europol permite que se adopte una forma de
competencia de entre las cinco especialmente previstas: ausencia de
jurisdicción del tribunal; recurso voluntario en interpretación por los
tribunales cuyas decisiones no admiten recursos; recurso obligatorio en
interpretación por los tribunales cuyas decisiones no admiten recurso; a
su vez, recurso voluntario en interpretación por todos los tribunales; y
recurso obligatorio en interpretación por todos los tribunales.
Habida cuenta lo delicado de los datos que se manejan en este ámbito,
como Francia e Irlanda, se propone que la postura española, tal como el
Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior han indicado, sea la
expuesta en la letra a), del apartado 2, del artículo 2, es decir,
recurso prejudicial sólo planteable con carácter voluntario por las más
altas jurisdicciones: Tribunal Supremo.
El Consejo Europeo de Florencia tomó nota con satisfacción del compromiso
alcanzado sobre el texto del protocolo, compromiso al que España ha
contribuido muy activamente. Hay que recordar que, en virtud de la
declaración del 26 del julio del año 1996, el presente protocolo debe ser
ratificado simultáneamente con el Convenio Europol.
El Grupo Popular dará su voto afirmativo al presente protocolo.
El señor PRESIDENTE: El señor Múgica, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
El señor MUGICA HERZOG: Simplemente, señor Presidente, quiero mostrar mi
acuerdo con las manifestaciones y defensa del protocolo de la Diputada
que me ha precedido en el uso de la palabra, y señalar la importancia que
tiene que cualquiera de los órganos jurisdiccionales internos, cuyas
decisiones no pueden dar lugar a un recurso jurisdiccional de carácter
interno, podrá solicitar del tribunal de Justicia que se pronuncie con
carácter prejudicial sobre un asunto pendiente cuando dicho órgano
jurisdiccional considere necesaria una decisión al respecto para poder
emitir su fallo.
El tema tiene importancia para garantizar a las partes que concurran a
una litis la resolución de las necesidades planteadas como para que demos
nuestra aprobación plena a este protocolo.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
COMISION EUROPEA, RELATIVO A LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO DEL
PROTOCOLO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN EL
REINO DE ESPAÑA, REALIZADO EN BRUSELAS EL 29 DE JULIO DE 1996 Y EL 2 DE
OCTUBRE DE 1996. (Número de expediente 110/000086.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen del punto número 12 del orden del
día: Canje de notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la
Comisión Europea relativo a las disposiciones de desarrollo del Protocolo
de privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas en el Reino de
España, realizado en Bruselas el 29 de julio de 1996 y el 2 de octubre de
1996.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
La señora López i Chamosa, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: El articulado de este canje de notas plantea,
entre otras cuestiones, los gravámenes sobre la adquisición de bienes y
servicios, donde queda claramente expuesto que las autoridades españolas
concederán a las Comunidades Europeas la exención de los impuestos
indirectos sobre las entregas de bienes y prestaciones de servicio para
uso oficial, además de regular el método y procedimiento de la exención,
cuestión en la que mi grupo está de acuerdo y que, por tanto, votaremos a
favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Seco.
El señor SECO GORDILLO: Quiero decir que el tratado por el que se
constituyó un consejo y una comisión única de las Comunidades Europeas,
el Tratado de fusión de 8 de abril de 1965, dispone en su artículo 28 que
las Comunidades Europeas gozarán en el territorio de los Estados miembros
de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su
misión, en las condiciones establecidas en el Protocolo anejo al presente
Tratado. Lo mismo se aplicará al Banco Europeo de Inversiones, materia
que viene relacionada en el Protocolo de privilegios e inmunidades, en su
artículo 19, cuando señala que, a los efectos de aplicación del presente
Protolo, las instituciones de las Comunidades Europeas cooperarán con las
autoridades responsables de los Estados miembros interesados.
Por esta razón se firma el acuerdo al que nos estamos refiriendo, cuyo
detalle ha expresado la señora López i Chamosa, por lo que me resta
únicamente señalar que las razones que aconsejan la conclusión por España
de estas disposiciones de desarrollo derivan de los compromisos
contraídos por nuestro país que se encuentra obligado por el Protocolo de
privilegios e inmunidades anejo al Tratado de fusión de 8 de abril de
1965, del que el Reino de España es parte. Por tanto, el Grupo Popular
votará favorablemente dicho acuerdo.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE ARMENIA, POR OTRA,
FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 22 DE ABRIL DE 1996. (Número de expediente
110/000087.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen del punto número 13 del orden del
día: Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas
y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por
otra, firmado en Luxemburgo el 22 de abril de 1996.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Milián, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Nos encontramos de nuevo ante un instrumento
jurídico que viene a censurar un cambio de una realidad geopolítica en
los países del este europeo.
En este caso afecta, como dijimos en la última sesión de esta Comisión
cuando se aprobó el de Azerbaiján y Georgia, a un área muy sensible y
determinada, en el corazón del continente euroasiático, como es el
Cáucaso. Hay unas razones objetivas que merecen ser subrayadas en un
tratado como éste. Una es la importancia geopolítica del factor económico
en una zona tan delicada, donde existen trasiegos importantes económicos,
bien sea transporte de mercaderías, bien sea, sobre todo, energético. Es
una zona muy conflictiva que desgraciadamente no está desprovista de
conflictos regionales permanentes y estas imperiosas condiciones afectan
muy seriamente al transporte internacional y, sobre todo, al comercio.
En segundo lugar, este área produce materias energéticas de gran
importancia para la Unión Europea. Esta es una de las razones por las
cuales conviene arbitrar cuanto antes unos sistemas de entendimiento en
esa zona, puesto que el consumo de petróleos, etcétera, de origen
asiático necesariamente tiene que discurrir por ese espacio físico del
Cáucaso, y muchos de los problemas también tienen su origen en él por
esas fuentes energéticas originarias. Son dos razones muy serias que nos
avisan de la necesidad de cerrar estos grandes compromisos con la Unión
Europea que mejoran las condiciones tanto para el país que lo ha firmado
como para la Unión, con los beneficios económicos subsiguientes a los que
ya he aludido.
España se encontró siempre entre los primeros países en ratificar
acuerdos semejantes con Estados de la ex Unión Soviética y, por supuesto,
no habrá por nuestra parte la más mínima reticencia respecto a su
importancia y a su urgencia, por cuanto que España es uno de los países
que ha estimulado este tipo de relación.
Por lo que se refiere al acuerdo de Armenia, viene a sustituir al de
cooperación comercial y económica, firmado el 18 de diciembre de 1989 con
la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Que, de nuevo, el escenario del cambio
producido a partir de 1991/1992 nos lleva a buscar nuevos entendimientos
con las naciones subsiguientes a la desintegración de la Unión Soviética.
Este es el caso concreto, como lo fueron los dos anteriores ya defendidos
en la sesión anterior, de modo que las directivas de negociación de este
acuerdo, de octubre de 1992, vienen simplemente a cerrar las
negociaciones con las Repúblicas Caucásicas, negociaciones que se han
desarrollado a lo largo del año 1995 y que culminaron con la redacción de
un acuerdo, de cuatro anexos, de un protocolo, de siete declaraciones
conjuntas, de un canje de notas y, finalmente, de una declaración
específica del Gobierno francés. El acuerdo tiene, pues, carácter mixto y
ha sido firmado por parte comunitaria, por la Comunidad y por los Estados
miembros, el 22 de abril de 1996 en Luxemburgo, y los procedimientos para
la conclusión del acuerdo, según las tres comunidades, son los que
afectan --no voy a pormenorizar ahora en los artículos-- al Tratado de la
CECA y al Euratom. Existen, por supuesto, cláusulas condicionantes o de
garantía. Por ejemplo, una de ellas cubre el respeto a la democracia,
otra los derechos del hombre, otra los principios de economía de mercado
y otra, finalmente, permite la suspensión unilateral en casos de
urgencia.
Como vemos, estamos ante un instrumento jurídico de gran interés, de gran
trascendencia en orden a la cooperación internacional, y su entrada en
vigor tendrá lugar el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en
la cual ambas partes notifiquen su cumplimiento, puesto que existe la
posibilidad de un acuerdo previo provisional para entrar justamente en
avanzada antes de su propia ratificación plena.
Consecuentemente, dada su naturaleza y el interés destacados, nuestro
grupo va a apoyarlo favorablemente.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN SOFIA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000088.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que
figura con el número 14, Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Bulgaria para la promoción y protección recíproca de inversiones,
firmado ad referendum en Sofía el 5 de septiembre de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
¿Nadie va a intervenir por el Grupo Socialista? (Denegaciones.) No se
sientan ustedes acobardados por lo que diga el señor Milián. (El señor
Yáñez-Barnuevo García: Estamos muy bien defendidos por el señor Milián.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Popular la señora Pulgar tiene la palabra.
La señora PULGAR FRAILE: El presente acuerdo, por el que se aprueba la
firma ad referendum del Acuerdo entre el Reino de España y la República
búlgara para la promoción y protección recíproca de inversiones, fue
firmado el 5 de septiembre del año 1995. La primera ronda de
conversaciones, a fin de concluir el texto del acuerdo, tuvo lugar en
Sofía, como ya he dicho, en septiembre del año 1989. Posteriormente se
celebraron dos rondas más en Madrid, que dieron lugar a un texto
consensuado, que fue rubricado por ambas partes en marzo del año 1994. El
último impulso para concluir el texto se dio con vistas a que dicho texto
fuera firmado durante la visita que el señor Presidente del Gobierno
tenía previsto realizar en esas fechas a Bulgaria, si bien dicha visita
se pospuso hasta finales del año 1995, fecha en que se firmó el acuerdo.
Este acuerdo tiene como objetivo fundamental desde el punto de vista
español fomentar la inversión productiva española en Bulgaria, ofreciendo
un marco jurídico de protección y las inversiones que se dirijan a ese
país. Desde la óptica búlgara el objetivo de este acuerdo es captar la
inversión extranjera que contribuya al desarrollo económico dentro del
proceso de apertura de la economía del país.
Los elementos del acuerdo pueden ser considerados como los habituales en
los acuerdos de este tipo. Son aspectos a destacar los siguientes. En el
término de la inversión se comprenden acciones y otras formas de
participación de sociedades, créditos pendientes, incluido cualquier
préstamo, haya sido o no capitalizado, y cualquier otro derecho que tenga
un valor económico; bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos
reales tales como hipotecas, gravámenes o derechos de prenda. Se
comprenden también derechos de autor, derechos en el ámbito de la
propiedad industrial e intelectual tales como patentes, licencias,
dibujos industriales, marcas y nombres comerciales y, asimismo,
procedimientos y conocimientos técnicos y fondo de comercio.
La parte contratante receptora de la inversión facilitará a la otra parte
el acceso al mercado de divisas en forma no discriminatoria, y las
transferencias se realizarán en divisas libremente convertibles. Las
partes contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos
necesarios para efectuar dichas transferencias sin excesiva demora. No
deberán transcurrir más de tres meses desde la fecha en que el inversor
haya presentado debidamente las solicitudes necesarias para efectuar las
transferencias hasta el momento en que realmente dicha transferencia se
efectúe.
El acuerdo entrará en vigor la fecha en que las partes contratantes se
hayan notificado recíprocamente el cumplimiento de las respectivas
formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de los
acuerdos internacionales.
Por tanto, el Grupo Popular va a dar su voto afirmativo.
--DECLARACION PREVISTA EN EL ARTICULO 41 DEL PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 19 DE DICIEMBRE DE
1966. (Número de expediente 110/000089.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 15, Declaración prevista en
el artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular
tiene la palabra la señora Castro Masaveu.
La señora CASTRO MASAVEU: La ratificación por España de este pacto se
llevó a cabo el 27 de abril de 1977. Posteriormente, en enero de 1985, el
Gobierno español reconoció por tres años la competencia del Comité de
Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones por las que un
Estado parte alegará que otro Estado parte no cumple obligaciones de
dicho pacto. Se renueva en 1988 por cinco años la citada declaración y,
como quiera que estos años han transcurrido ya con creces y no fue
renovada la declaración, corresponde ahora realizarla ex novo.
Dada la situación que al día de hoy tiene España en materia de derechos
humanos, creemos que se puede hacer una declaración sobre bases de
permanencia. De esta forma el Gobierno de España declararía que con
arreglo al artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos se reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para
recibir y examinar las comunicaciones
en que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple las
obligaciones que le impone tal pacto.
Por tanto, el Grupo Popular va a votar favorablemente que España se
comprometa sin término de tiempo por medio a la enunciada declaración,
entendiendo que ello contribuirá a destacar el compromiso firme de
nuestro país en el respeto de los derechos y libertades que recoge dicho
pacto.
--ACTA DE FUNDACION DE LA ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE JUVENTUD (OIJ),
FIRMADA EN BUENOS AIRES EL 3 DE AGOSTO DE 1996. (Número de expediente
110/000090.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 16 del orden del día, Acta de fundación
de la Organización Iberoamericana de Juventud, conocida por sus siglas de
OIJ, firmada en Buenos Aires el 3 de agosto de 1996.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Boix.
El señor BOIX PASTOR: Desde 1985, Año Internacional de la Juventud, se
han mantenido diversos encuentros de los responsables de los organismos
oficiales de juventud de los países iberoamericanos sin una
institucionalización debida de estos encuentros. En la VI Cumbre
Iberoamericana que se celebró en Sevilla en el año 1992 se decidió
iniciar el proceso para la constitución de esta organización
iberoamericana para la juventud.
El pasado 3 de agosto, en Buenos Aires, se firmó el acta de fundación de
esta organización, que pasará de ser una entidad dependiente de la
Organización de Estados Iberoamericanos, a estar dotada de plena
personalidad jurídica, internacional y de autonomía institucional. Esta
organización tiene por objeto la coordinación de los esfuerzos dirigidos
a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, así como al fortalecimiento
de las estructuras gubernamentales de juventud de los países miembros.
Finalmente, quiero destacar el artículo 4.º de este Acta de fundación, en
donde se detalla la financiación de la organización que se establece
mediante contribuciones voluntarias de los Estados miembros.
Por todo lo expuesto y entendiendo que este organismo contribuye al
diálogo, la concertación y la cooperación en materia de juventud, nuestro
grupo parlamentario votará favorablemente.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Señor Presidente, voy a ser muy breve,
dado que resta poco por añadir a lo expuesto por el portavoz del Grupo
Socialista. En todo caso insisto en la importancia que tiene el hecho de
que la Organización Iberoamericana de Juventud adquiera personalidad
jurídica internacional y de autonomía institucional, desvinculándose de
esta manera de la Organización de Estados Iberoamericanos, circunstancias
que deben contribuir a facilitar la consecución de los objetivos,
expresados por el portavoz socialista, que propiciaron en su día la
constitución de la OIJ.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular manifiesta su acuerdo a la
ratificación del Acta de fundación de la OIJ sobre la que trata este
punto del orden del día.
--ACUERDO MARCO DE COOPERACION DESTINADO A PREPARAR, COMO OBJETIVO FINAL,
UNA ASOCIACION DE CARACTER POLITICO Y ECONOMICO ENTRE LA COMUNIDAD
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE CHILE,
POR OTRA, FIRMADO EN FLORENCIA EL 21 DE JUNIO DE 1996. (Número de
expediente 110/000091.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, el
Acuerdo marco de cooperación destinado a preparar como objetivo final una
asociación de carácter político y económico entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra,
que fue firmado en Florencia el 21 de junio de 1996.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señorías, como bien saben, en enero de este año
el Consejo de Ministros se manifestó conforme con la propuesta del
Ministerio de Asuntos Exteriores de autorizar ad referendum el Acuerdo
marco sobre cooperación que nos ocupa. El objetivo final de este acuerdo
es crear una asociación de carácter político y económico entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República
de Chile, por otra. Este acuerdo, señorías, vendrá a sustituir al
anterior de fecha 21 de diciembre de 1990. Es lo que llamamos acuerdo de
tercera generación, es decir, aquel que presenta como fundamento el
respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos
fundamentales. Los ámbitos que incluye dicho acuerdo son el diálogo
político, el diálogo sobre comercio, sobre economía y sobre cooperación,
aunque bien es cierto que este último capítulo, el de cooperación, está
aplicándose ya desde el acto de firma tras el canje de notas que se
realizó paralelamente a este acuerdo.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Como se ha dicho, este acuerdo de la Unión
Europea y sus Estados miembros con la República de Chile es de los
llamados acuerdos de tercera generación, lo que supone un cierto
reconocimiento, o sin el cierto, un verdadero reconocimiento de
que en Chile se respetan los derechos humanos, es una democracia
establecida y consolidada, que ésa es y no otra la premisa para firmar
este tipo de acuerdos que suponen una paso importante en el marco de las
relaciones entre la Unión Europea y los países con los que este tipo de
acuerdos se firman, que van más allá de la relación del establecimiento
de marcos de librecambio y crea auténticos marcos de confianza mutua y,
finalmente, incluso de cooperación política, aunque el marco sea
básicamente de comercio y de ámbito económico.
Nos parece un convenio de enorme importancia y de gran trascendencia
política y de nuevo mi intervención tiene como objeto justificar, que es
lo que entiendo que es la razón de ser de las intervenciones de los
grupos parlamentarios, el voto, y el voto es positivo por lo que supone
de anclaje de la República de Chile con la Unión Europea, dentro de la
dialéctica que tiene Chile en este momento, como tienen otros países,
particularmente los más desarrollados en el ámbito de Iberoamérica, entre
mirar hacia Europa y mirar hacia su aliado del Norte, lo cual se traduce
en la firma de acuerdos con unos u otros, que en algunos casos podrían
llegar a ser incompatibles. Este es un tema de gran actualidad y el paso
de este acuerdo por esta Cámara tiene por eso mayor relevancia. Que salga
de aquí un claro pronunciamiento a favor de la relación estable entre la
Unión Europea y Chile --de la que este convenio no es más que un paso
previo, como ya se ha dicho-- no es más que el marco previo para llegar a
firmar un acuerdo mucho más sólido, de mucho más contenido, que
establezca, como dice su nombre, una asociación de carácter político y
económico entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la
República de Chile, asociación a la que daremos la bienvenida cuando deba
ser discutida. Por el momento damos nuestro pleno apoyo al acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Boix.
El señor BOIX PASTOR: Este Acuerdo marco de cooperación entre la
Comunidad Europea y la República de Chile sustituye al acuerdo que con el
mismo nombre fue firmado el 20 de diciembre de 1990 y como elemento
esencial del presente acuerdo quiero resaltar su fundamento consistente
en el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos
fundamentales.
Tiene como objeto preparar una liberación progresiva y recíproca de todos
los intercambios hasta que las partes determinen, en función de las
tareas y las propuestas elaboradas en el marco del presente acuerdo, el
momento para pasar a la asociación de carácter político y económico. Con
la finalidad de alcanzar estos objetivos el acuerdo incluye los ámbitos
de diálogo político, de comercio, de economía y de cooperación. así como
otros sectores de interés común con el objeto de intensificar las
relaciones entre las partes.
Por todo esto, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Finalizamos el examen de los puntos del orden del
día para la sesión de hoy y pasamos, en tiempo debido, a la votación de
los puntos relativos a los convenios y tratados internacionales.
La Presidencia, entre tanto, ha sido regularmente informada de las
sustituciones habidas en el Grupo Socialista, que constarán en el acta
correspondiente, y, a continuación, vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, punto número 7 del orden del día, Acuerdo
Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros y el Reino de Marruecos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos el punto número 8 del orden del día, denuncia del Acuerdo de
cooperación sobre marina mercante entre el Gobierno de España y el
Gobierno de la República de Gabón.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación, sometemos a votación el punto número 9 del orden del día,
actas y decisiones adoptadas en el XXI Congreso de la Unión Postal
Universal.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Son aprobadas por unanimidad.
Punto número 10, Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea por el que se crea una Oficina Europea de Policía.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Es aprobado por unanimidad.
Procedemos a votar el punto número 11, Protocolo establecido sobre la
base del artículo K.3 de la Unión Europea relativo a la interpretación
con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, por el que se crea una Oficina Europea de Policía y
declaraciones anejas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 12, Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la Comisión Europea relativo a las disposiciones de desarrollo
del Protocolo de privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas en
el Reino de España.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votamos ahora el punto número 13 del orden del día, Acuerdo de
colaboración y cooperación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Armenia, por otra.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 14 del orden del día, Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Bulgaria para la promoción y protección recíproca de
inversiones.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Es aprobado por unanimidad.
Punto número 15, Declaración prevista en el artículo 41 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Procedemos ahora a la votación del número 16 del orden del día, Acta de
fundación de la Organización Ibero-americana de Juventud.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Finalmente, el punto número 17, Acuerdo marco de cooperación destinado a
preparar, como objetivo final, una asociación de carácter político y
económico entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la
República de Chile.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: También es aprobado por unanimidad.
Llegamos al final de esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Querría agradecer a todos ustedes, señoras y señores Diputados, su
asistencia y su atención.
Antes de levantar quería, con su permiso, convocar a los señores
portavoces para que se acercaran a la Mesa presidencial.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.