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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 167, de 11/03/1997
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 167



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA



Sesión núm. 17



celebrada el martes, 11 de marzo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro del Interior (Mayor Oreja) para:



--Explicar las circunstancias que concurrieron en el suicidio del recluso
José María Aranzamendi, el día 7-2-97, en la prisión Alcalá-Meco
(Madrid). A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de
expediente 213/000210.)



--Explicar las circunstancias que rodearon la muerte de José María
Aranzamendi, preso de ETA, el día 7-2-97, en su celda de Alcalá-Meco
(Madrid), en relación con la aplicación del régimen penitenciario. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (BNG). (Número de expediente
213/000211.)



--Informar sobre las causas del fallecimiento de José María Aranzamendi,
el día 7-2-97, en su celda de Alcalá-Meco (Madrid). A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto (EA). (Número de expediente 213/000212.)



--Informar de las circunstancias en las que se ha producido el
fallecimiento del interno José María Aranzamendi en el centro
penitenciario de Alcalá-Meco (Madrid). A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(Número de expediente 213/000214.)



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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión, que tiene como orden del día,
como conocen SS. SS., las comparecencias del Ministro del Interior, que
vamos a sustanciar conjuntamente, salvo que algún grupo pusiera alguna
objeción, y que son la solicitada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
para que explique las circunstancias que concurrieron en el suicidio del
recluso José María Aranzamendi, el día 7 de febrero de 1997, en la
prisión de Alcalá-Meco; la del Grupo Mixto (BNG), para explicar las
circunstancias que rodearon la muerte de José Mari Aranzamendi, preso de
ETA, el día 7 de febrero de 1997, en su celda de Alcalá-Meco, Madrid, en
relación con la aplicación del régimen penitenciario; la solicitada por
el Grupo Mixto (Eusko Alkartasuna), para que informe sobre las causas del
fallecimiento de José Mari Aranzamendi, el día 7 de febrero de 1997, en
su celda de Alcalá-Meco, y la solicitada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para informar de las
circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento del interno
José María Aranzamendi en el centro penitenciario de Alcalá-Meco, Madrid.

Para una primera exposición, tiene la palabra el señor Ministro del
Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señorías,
quiero, en primer lugar, aprovechar mi presencia en el día de hoy para
trasladar mi pesar a la familia de Francisco Javier Gómez Elósegui, que,
como ustedes saben, ha sido asesinado esta mañana en San Sebastián.

Quiero asimismo, en esta misma sesión, trasladar mi apoyo inequívoco, mi
respaldo pleno y total a todos y cada uno de los miembros funcionarios de
prisiones, que están desarrollando una tarea ejemplar en toda y cada una
de las cárceles españolas, y me quiero sumar a su dolor y decirles que la
sociedad española está profundamente orgullosa de la tarea que
desempeñan, en condiciones muy difíciles, todos y cada uno de los días
del año.

En ese sentido, quiero comenzar mi intervención en esta comparecencia
insistiendo en que todas las muertes, sea cual sea la causa, producen una
lógica y natural tristeza. En los centros penitenciarios siempre se
procura detectar y controlar posibles conductas suicidas, existiendo
incluso procedimientos reglados cuyo fin es evitar que tales hechos se
produzcan. Aun así, y dada la relativa libertad de movimientos de la que
gozan los internos en el interior de las prisiones, es prácticamente
imposible, aunque éste sería nuestro deseo, evitar todas y cada una de
esas conductas. De esta forma, y aunque en muchas ocasiones se ha
conseguido impedir que se cometiesen actos suicidas, siempre ha habido
internos que han logrado consumar sus intenciones. Por ejemplo, desde el
año 1986 hasta el año 1996, ambos años inclusive, la media anual de
fallecimientos por suicidio en las prisiones ha sido de 25 casos.

En el comienzo de esta intervención quiero reiterar que el principio que
en muchas ocasiones se sostiene por los responsables de Interior de que
no tenemos nada que ocultar se queda corto en relación a la intensidad en
el esfuerzo de este departamento, como lo ha sido siempre. Tanto el
Ministro del Interior como el Director General de Instituciones
Penitenciarias somos los más interesados en el total y absoluto
esclarecimiento de los hechos. Quiero reiterar que desde el Ministerio
del Interior se cumplió escrupulosamente la ley, salvaguardando el
principio de secreto sumarial hasta que se proceda a la apertura, en su
caso, del correspondiente juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en
la ley procesal penal. Este departamento ha prestado, además, toda su
colaboración, como no podía ser menos, a la autoridad judicial competente
para lograr el completo esclarecimiento de los hechos.

Por otra parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
cumplimiento de las funciones de policía judicial que les atribuye la
legislación vigente, como no podía ser de otra forma, están llevando a
cabo la práctica de cuantas diligencias y pruebas les sean encomendadas
por la autoridad judicial competente.

Señorías, paso, a continuación, al relato de los hechos.

Aranzamendi, como ustedes saben, se encontraba en prisión preventiva
desde el 28 de febrero de 1995, dictada por el titular del Juzgado
Central número 5, tras su detención en Elorrio, Vizcaya, por pertenencia
a banda armada, asesinato y atentado. Había ingresado en el centro
penitenciaria Madrid-2 el 1 de julio de 1995, procedente del Dueso,
encontrándose a disposición de dicho juzgado en el sumario 25/1994.

Alrededor de las 19 horas del día 7 de febrero de 1997, cuando uno de los
funcionarios de servicio en el módulo 3, de cumplimiento en el centro
penitenciario de Madrid-2, practicaba recuento de internos, al llegar a
la celda número 49 encontró a José María Aranzamendi Arburu colgado por
el cuello, con las manos atadas a la espalda con las muñecas separadas
entre sí y con los pies también atados. La atadura de las manos estaba
hecha con un trozo de tela o pañuelo, sujeto por uno de sus extremos a
una de las muñecas y atado con un nudo fijo y, por el otro extremo,
mediante un nudo corredizo a la otra muñeca, de tal forma que entre ambas
manos había una cierta separación.

Toda esta pormenorizada descripción del modo en el que aparecieron atadas
las manos del cadáver demuestra que es posible que este tipo de atadura
se la pueda practicar uno mismo. Esto ocurre con relativa frecuencia,
como lo han manifestado expertos de Policía judicial que tienen amplia
experiencia en el levantamiento de cadáveres de suicidas por
ahorcamiento. Sobre las 14,30 horas del día 7 de febrero de 1997 se
procede al relevo de los funcionarios en todos los departamentos del
centro penitenciario Madrid-2, y a esa misma hora se inicia la operación
de recuento, celda por celda, por el funcionario asignado a la zona de
seguridad, sin que se observase anormalidad alguna en esa operación. A
las 19 horas se inicia otro recuento, comenzando por los internos que se
encuentran en el patio y zonas comunes y continuando por los que habían
quedado en sus respectivas celdas. Aranzamendi había solicitado esa misma
tarde permanecer en su celda por su voluntad de estudiar, petición a la
que no se puso ningún inconveniente al estar matriculado en primer curso
de periodismo.




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No sé si saben, señorías, que Aranzamendi había solicitado, el 3 de julio
del año 1995, comenzar sus estudios de periodismo en primer curso, y
exactamente el 5 de julio de 1995 hubo una respuesta de la dirección del
centro autorizándole, con lo cual la circular correspondiente al 7 de
noviembre de 1995 para regular la permanencia en celdas por razones de
estudio se le aplicó de forma inmediata. Pues bien, a las 19 horas, como
les decía, se inicia otro recuento, y al llegar a la celda número 49 el
funcionario observa que dicho recluso estaba colgado por el cuello,
sujetado por un cordón con las manos hacia atrás atadas entre sí en la
forma ya descrita y una venda sobre los ojos.

A continuación el funcionario cerró la celda y puso los hechos
inmediatamente en conocimiento del médico y del jefe de Servicios del
centro penitenciario y, minutos más tarde, el médico del centro comprobó
clínicamente la muerte del interno. El subdirector de régimen 2, esto es,
de seguridad, ordenó seguidamente el cierre de la celda hasta que
compareciera el magistrado juez de guardia, a quien de forma inmediata se
le notificaron los hechos.

Sobre las 20 horas se personó el titular del Juzgado de guardia de Alcalá
de Henares acompañado del secretario judicial, médico forense y los
funcionarios de la Policía judicial, procediendo al levantamiento del
cadáver y a la inspección ocular de la celda, ordenando a continuación el
traslado del cuerpo para la práctica de la autopsia.

En la mesa de la celda se halló una nota manuscrita, que decía
textualmente: «Todo lo que hay aquí pertenece a Josu Ternera.» Nota que
fue recogida por el juez de guardia. La celda número 49 quedó precintada
por orden de la autoridad judicial y a su disposición. Las actuaciones
judiciales practicadas por este hecho constituyen las diligencias previas
60/1997 del Juzgado de Instrucción número 7 de Alcalá de Henares.

Nada más conocerse el lamentable hecho que nos ocupa, el propio centro
penitenciario se puso en contacto con el Juzgado de guardia de Alcalá de
Henares para poner los hechos en conocimiento del juez de guardia y
requerir su presencia. El centro penitenciario puso el asunto en
conocimiento de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y
desde ese centro directivo se inició una investigación interna, que es el
procedimiento habitual en todos estos casos, a fin de esclarecer las
circunstancias que rodearon el hecho. El centro penitenciario comunicó
igualmente las circunstancias del fallecimiento, tal y como establece el
artículo 216.2 del reglamento penitenciario. Por último, el director del
centro penitenciario, siguiendo los deseos expresados en la nota
manuscrita del fallecido, informó de lo ocurrido al interno José Antonio
Urrutikoetxea, que se encuentra ingresado también en el mismo centro
penitenciario.

¿Cuáles eran los antecedentes de personalidad del interno fallecido?
Aranzamendi acudió en repetidas ocasiones, desde su ingreso en el centro
penitenciario de Madrid-2, a consulta psiquiátrica (y estoy a su
disposición para explicar exactamente cada una de las consultas que se
van produciendo en los años 1995 y 1996), porque presenta problemas de
concentración y de memoria, por lo que se le practicaron diversas
revisiones neurológicas. Posteriormente manifestó sensaciones de tristeza
y de bloqueo mental. En ningún caso --como consta en los informes médicos
correspondientes-- manifestó síntomas que pudiesen hacer sospechar a los
especialistas de la existencia de ideas suicidas. Y, más concretamente,
el mismo día de su fallecimiento fue visitado en consulta por el
especialista en psiquiatría, manteniendo una actitud normal e incluso
interesándose por las fechas de futuras consultas.

En definitiva, en ningún momento los especialistas apreciaron indicio
alguno que hiciera sospechar el fatal desenlace que más adelante se
produciría. En este sentido existe una orden circular de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en la que se establecen las
pautas a seguir, a fin de evitar el riesgo de suicidio en los internos.

De lo actuado en la información reservada practicada no se deduce que se
hubiese incumplido dicha orden en ninguno de sus aspectos.

Es importante destacar a SS. SS. que, aunque es imposible saber lo que
pasa por la mente de una persona que se suicida, es muy fácil buscar
interpretaciones de las razones profundas por las que una persona se ha
suicidado. Yo no lo voy a hacer, ni en una dirección ni en otra; algunos
ya lo hacen, yo no lo voy a hacer, ni en la dirección de que son las
condiciones carcelarias las que provocan situaciones de estas
características, o bien por la pertenencia a una organización que aplica
fórmulas evidentemente coactivas que rozan, sin duda ninguna en muchas
ocasiones, lo que es una relación de personas humanas. Lo que es evidente
es que yo no lo voy a hacer. No voy a adentrarme en lo que puede
significar una causa muy profunda, que sólo corresponde a la propia
personalidad de Aranzamendi que tomó en aquel momento una decisión de
estas características.

¿Cuál puede ser el resumen de la actuación del ministerio y cuál puede
ser la explicación jurídica de la actuación, sobre todo en cuanto a
nuestra presencia en la comunicación a raíz de los hechos? El resumen de
la actuación del ministerio se sustenta básicamente sobre seis puntos. En
primer lugar, el Ministerio del Interior actuó en su momento, al tener
conocimiento de los hechos, de conformidad con el principio legal de
secreto sumarial. En segundo lugar, hoy se ofrece información al
Parlamento, a requerimiento de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en
los artículos 109 y 110 de la Constitución, así como del artículo 202 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, que regula la obligación del
Gobierno de comparecer ante la Cámara cuando así lo solicite la Comisión
correspondiente. En tercer lugar, las comparecencias del Gobierno tienen
en todo caso, y en cuanto al margen de aportación de la información, la
necesaria limitación establecida por la ley en sus respectivos casos. En
cuarto lugar, en el presente caso la publicidad de las diligencias del
sumario, así como las actuaciones judiciales previas, se rigen
inexorablemente por el principio de secreto establecido legalmente. En
quinto lugar, en esta comparecencia la información que se ofrece no versa
sobre extremos de las actuaciones judiciales, sino que recae directamente
sobre aspectos obtenidos antes y al margen de dichas actuaciones. Se
refiere a actuaciones derivadas de la investigación practicada en el
ámbito administrativo penitenciario. En sexto



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lugar, en virtud de lo expuesto, no se produce revelación indebida ya que
no se aporta dato alguno sobre la investigación sumarial. Se cumple
estrictamente el principio del secreto del sumario.

¿Cuál es la explicación jurídica de la actuación? En primer lugar, el
ministerio, a través de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, emite una breve y escueta nota de prensa en la que se
menciona el suceso, sin hacer ningún tipo de valoración sobre las causas
y circunstancias de lo ocurrido. Fueron otros los que hicieron la
interpretación y valoración de lo que había significado. A nosotros nos
pareció que lo importante era dar a conocer el hecho lo más escuetamente
posible. Realizar estas valoraciones o informar en ese momento de todos
los detalles de las circunstancias que parecían rodear la muerte de
Aranzamendi, en nuestra opinión, hubiese sido inadecuada y atentatorio
contra el principio del secreto sumarial que prescribe el artículo 301 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto legal señala que las
diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral
con las excepciones determinadas en la presente ley. El régimen jurídico
de la publicidad en el proceso penal se regula en los artículos 301 y 302
de la citada ley, teniendo en cuenta la doctrina que a este respecto ha
sentado la Fiscalía General del Estado en su instrucción de 16 de marzo
de 1993. Tales preceptos establecen un sistema en el que la fase
instructora está presidida hasta la apertura del juicio oral, por el
secreto de las actuaciones, con excepción de las partes personadas,
respecto de las cuales puede igualmente declararse de modo excepcional el
secreto sumarial.

Por consiguiente, hasta que se produce la apertura del juicio oral,
existe el principio del secreto. En el presente supuesto todavía no se
encuentra abierto sumario alguno. Sin embargo, existen una serie de
diligencias previas, y por ello podemos afirmar con la doctrina
procesalista penal más acreditada que el procedimiento penal en el
presente caso se encuentra abierto, ya que su iniciación tiene lugar
mediante la puesta en conocimiento del órgano judicial de la notitia
criminis, la noticia del crimen, lo que en este supuesto ocurrió mediante
la comunicación del suceso por parte de los funcionarios de prisiones a
la autoridad judicial. Tal como ha declarado el Tribunal Constitucional
en diversas sentencias, a pesar de que el artículo 301 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal se refiere expresamente a diligencias sumariales,
el secreto que el mismo precepto establece se haría extensivo a todas
aquellas actuaciones judiciales que tienen el carácter de diligencias
previas, como se demuestra por el hecho de que en el procedimiento
abreviado no existe fase sumarial. A pesar de ello, para las diligencias
cuya práctica acuerda el juez, según se expresa en el último inciso del
artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también existe el
mismo principio de secreto. Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal
Supremo considera que el sumario debe entenderse como conjunto de
actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral, con lo que las
diligencias existentes estarían en el presente supuesto incluidas en el
concepto de sumarios.

La gran pregunta es: ¿cómo se compagina el secreto del sumario con la
aportación de datos que se ha hecho aquí esta mañana? Primero, la
institución que recibe la información en primer lugar es el Congreso de
los Diputados. Segundo, porque las informaciones que se han suministrado
provienen, no de las diligencias sumariales practicadas, sino de la
información interna que tal y como se ha señalado se ha abierto en el
ámbito administrativo penitenciario. Y, tercero, porque el momento
procesal donde se da la información no es indiferente. Lo que en este
momento creemos que no perturba en modo alguno una investigación
judicial, a lo mejor resulta que sí es perjudicial darlo a conocer a la
opinión pública cuando se produce una acumulación de informaciones
contradictorias. De ahí que siempre nos encontramos, señorías, ante un
difícil equilibrio que es, por un lado, la situación de mantener
informados a los ciudadanos y, por otro, el respeto absoluto a las
actuaciones de los órganos judiciales en el ejercicio de las labores que
constitucionalmente le están encomendadas. Probablemente la discusión
política está ahí. ¿Qué interesa más y mejor, poner el acento en el
cumplimiento estricto de la ley y que un ministerio no se convierta en
filtrador oficial de determinadas informaciones, o poner el acento en la
información? ¿Hay que cumplir estrictamente la ley, o hay que
contrarrestar la información que el entorno terrorista está dando a la
opinión inmediatamente con una información del Ministerio del Interior?
El Ministerio del Interior puso el acento en el estricto cumplimiento de
la ley, sabiendo que la información que estaba surgiendo de ese periódico
que está al servicio de los terroristas, que es el periódico Egin, se
haga lo que se haga, al final iba a contar su versión particular, porque
lo único que pretende es seguir justificando las actuaciones violentas en
el País Vasco. Es inútil tratar de pensar que con esa información se
podía contrarrestar una información de estas características. Desde el
Ministerio del Interior pusimos el acento en el cumplimiento estricto de
la ley. De hecho, el informe que se realiza el 14 de febrero, esta vez
interno, de investigación administrativa, tampoco lo damos a conocer
exhaustivamente, en la seguridad de que las decisiones y la investigación
judicial que de hecho se va a producir esclarecerá definitivamente un
suceso de estas características.

En cualquier caso, eso es discutible; en cualquier caso, eso es
criticable; en cualquier caso, es posible que nadie tenga toda la razón,
que todos tengamos algo de razón cuando se critica o cuando el Ministerio
del Interior defiende y pone el acento en el cumplimiento de la ley. Y
como todas las cosas en Derecho y en democracia, cuando hay un régimen de
opinión por un lado, cuando existen una leyes que marcan estrictamente un
funcionamiento de las instituciones, por otro estamos en el posible
margen del debate. Lo que está fuera de lugar, señoras y señores
Diputados, es que haya habido un funcionamiento al margen de la ley y del
Ministerio del Interior. En todo lo demás, en un momento en donde hace
falta que el referente del cumplimiento de la ley sea el básico y
esencial, más que debates de oportunidad o inoportunidad, la pregunta que
nos debemos hacer es si el Ministerio del Interior cumple o no la ley. En
ese sentido, termino esta intervención reiterando mi convicción de que el
cumplimiento estricto de la ley ha sido el referente básico del
Ministerio del Interior a la hora



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de abordar este trágico suceso que, sin duda ninguna, significa, una vez
más, una prueba de la esterilidad, de la inutilidad de una lucha absurda
y ridícula que algunos mantienen en el País Vasco.




El señor PRESIDENTE: Por el orden de solicitud de esta comparecencia,
corresponde intervenir en primer lugar al Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), en nombre del cual concedo la palabra al señor González de
Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Quisiera comenzar, en primer
lugar, al igual que lo ha hecho el señor Ministro, manifestando la
consternación del Grupo Parlamentario Vasco ante un nuevo asesinato,
sucedido en la mañana de hoy en San Sebastián, en la persona del señor
Gómez Elósegui, persona muy conocida en la circunscripción por la que
este Diputado es electo; ciudadano vasco de conocida militancia
nacionalista, tanto política como sindical. En estas circunstancias
quiero manifestar, además de los sentidos pésames, el apoyo al Ministerio
del Interior en las labores que está desarrollando en las tareas
antiterroristas. Quiero manifestar esto al comienzo para que se pueda
interpretar la intervención que va a seguir en relación a la convocatoria
que hoy nos ocupa, para que las cosas queden suficientemente en su sitio
cuado ciertos mensajes son difíciles de entender de y digerir en otros
territorios del Estado.

Suele hablar el señor Ministro, para nosotros machacona e incluso a veces
hirientemente, de las tentaciones que deben conocer, no sé si el Partido
Nacionalista Vasco o alguno de sus miembros. Quisiera manifestar hoy,
señor Presidente, en esta Cámara, la posición básica del Partido
Nacionalista Vasco en relación a la política de normalización y
pacificación de Euskadi, el apoyo al Ministerio del Interior en la lucha
antiterrorista y la felicitación a estos agentes de las Fuerzas de
Seguridad del Estado que en la mañana de hoy han logrado detener a uno de
los terroristas y conseguir la posibilidad de identificación y detención
del resto de lo que parece ser que es el núcleo duro del comando Donosti.

Creo que es oportuna la felicitación y el establecimiento de las líneas
básicas al inicio de esta solicitud de comparecencia del Ministro del
Interior para informar sobre el tema que nos ocupa.

En todo caso, señor Ministro, el Partido Nacionalista Vasco entiende que
incluso en estas circunstancias es oportuno realizar un análisis sereno y
de rigor. No estamos por un debate de oportunidad, tal y como usted ha
sugerido. Se trata de ir al fondo de la cuestión y de examinar los
componentes básicos que se presentan ante una situación tan macabra como
la que nos ocupa. No vamos a entrar nosotros ni en las causas ni en las
circunstancias; no creemos que se trate de eso, sino de aprovechar, en el
sentido positivo del término, unas circunstancias trágicas para poder
analizar, en un debate de fondo, las circunstancias en las que se vive y
se conoce la actual situación penitenciaria en el Estado. Creo que de eso
se trata; de intentar, por tanto, dejar las oportunidades a un lado y
hacer una intervención yendo al fondo de la cuestión y manifestando
aquellas líneas básicas que para el Grupo Parlamentario Vasco son
fundamentales en relación con este tema.

Nos preocupa, en consecuencia, la radiografía que se deriva de la
descripción que usted ha realizado, cuáles son, al final, los sustratos
que existen ante los datos que usted ha proporcionado y que la opinión
pública ha conocido.

Ha indicado usted que Aranzamendi fue detenido en febrero de 1995,
estaba, por tanto, desde esta fecha bajo la custodia del Estado. Por los
datos que tiene el Grupo Parlamentario Vasco, el juez de la Audiencia
Nacional decretó su encarcelamiento bajo la acusación de haber realizado
tareas de apoyo para el comando Vizcaya y, en consecuencia, llevaba dos
años en la cárcel en espera de juicio y era un preso preventivo; incluso
pocos días antes el juez había prorrogado la prisión al recluso. Creemos
que aquí existe una línea fundamental de análisis. Conocemos en la actual
política penitenciaria del Estado situaciones penitenciarias prolongadas,
sin juicios, con acusaciones policiales no contrastadas con las
suficientes garantías y unos reclusos que ven prolongada su situación
durante muchos años. Creemos que ésta es una de las líneas fundamentales
del debate de fondo que habría que seguir en el día de hoy.

Ha indicado usted, en segundo lugar, las condiciones en las que se
produjo el suicidio. En un principio, parece bastante difícil imaginarse
la posibilidad teórica de que una persona en esas circunstancias sea
capaz de realizar todas esas actividades previas a su suicidio. En todo
caso, habrá que seguir la investigación judicial. Usted ha hecho una
serie de consideraciones en relación al secreto del sumario. Yo no soy
jurista y difícilmente le voy a poder rebatir en relación a ese tema.

Algunas de las consideraciones que ha realizado son bastante razonables,
pero creo que tienen una falta de credibilidad en una primera instancia,
señor Ministro. Usted podía haber comparecido aquí a petición propia al
día siguiente, tenía recursos reglamentarios para informar, con carácter
secreto, de lo que había sucedido ese día en la cárcel de Alcalá-Meco, y
seguramente la versión que usted hubiera ofrecido tendría mucha más
legitimidad. Hoy usted acude a esta Comisión a remolque de la petición
realizada por cuatro grupos parlamentarios y, en definitiva, nos
encontramos con una falta de credibilidad de lo que es la actuación del
propio ministerio. En todo caso, de su intervención no hemos podido
deducir si el ministerio y usted mismo conocían, en el mismo momento en
que supieron que Aranzamendi se había ahorcado, que las circunstancias
ahora explicadas fueron las que ocurrieron en dicho acontecimiento.

En todo caso, le voy a contar una anécdota personal, si me lo permite,
señor Presidente. El día 8 de febrero leí el periódico Egin y pensé para
mí: una más; ya estamos otra vez en las mismas. Leí con tranquilidad la
nota del ministerio, incluso participé en alguna tertulia haciendo las
consideraciones tópicas al respecto, diciendo: ¡qué van a contar los de
Egin! Hoy me siento defraudado, señor Ministro, se lo digo con todo el
corazón; me siento defraudado por haberme equivocado, por no haber sabido
transmitir a los ciudadanos las certezas reales a través de las cuales
uno debe saber transmitir la realidad que conoce y que le llega por
distintos canales.




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La información que expone usted hoy ante esta Comisión coincide
sustancialmente con la que Egin dio ya el día 8 de febrero. Eso es lo
dramático, señor Ministro. Podrá hacer usted consideraciones de índole
garantista, de índole parlamentaria, de índole política, le asisten todas
esas razones. Lo que es un dato claro es que el 8 de febrero demócratas
vascos que intentamos explicar a nuestros conciudadanos un hecho tan
lamentable como éste nos equivocamos de plano. El ministerio nos
equivocó. Hoy asistimos a una primera intervención del señor Ministro en
la que no se entona ni el más mínimo mea culpa; una vez más se echan los
balones fuera, se viste el muñeco con interpretaciones jurídicas, con
interpretaciones políticas, con interpretaciones parlamentarias,
correctas todas ellas, y es difícil rebatir todas esas argumentaciones;
pero esas no son las únicas argumentaciones, existen otras, como la
argumentación de la credibilidad política. Y en este caso, señor
Ministro, tengo que reconocer, con hondo sentimiento, que Egin tenía
razón en la versión que ofreció el día 8 de febrero. Esa es la
constatación que rompe la línea de flotación de la política de
comunicación del ministerio. El ministerio realizó todas las
consideraciones que usted ha manifestado, estaba en su derecho, pero en
nuestra opinión tomó una opción incorrecta. Y tomó una segunda opción
incorrecta al no solicitar su comparecencia a petición propia en esta
Cámara. ¿Por qué, señor Ministro? ¿Por qué usted, que es tan diligente a
la hora de estar en todos los medios de comunicación --nos levantamos y
nos acostamos con el señor Mayor Oreja en los medios de comunicación--,
en esta ocasión no lo ha sido? Esa es la pregunta que ha quedado flotando
en el ambiente.

Quisiera realizar una segunda consideración en relación a la situación
personal en la que se encontraba el recluso y a la que usted se refería
con rigor: pérdida de memoria, dolores de cabeza, mareos constantes,
tratamiento psiquiátrico correcto, usted ha descrito su estado de salud y
psíquico. Parece ser que los funcionarios de la cárcel de Alcalá-Meco
eran conscientes de esa situación personal, pero de ello no se deriva que
se haya adoptado el tratamiento sanitario y psiquiátrico oportuno para un
recluso de esas condiciones personales.

Y siguiendo con el debate de fondo, quisiera hacer una segunda
consideración. ¿Por qué no se han aplicado las previsiones legales y las
disposiciones del reglamento penitenciario en orden al estado
penitenciario que corresponde a los reclusos que se encuentran en estas
condiciones de salud y psíquicas? ¿Se le hubiese prolongado la prisión
preventiva a un recluso común en estas circunstancias? ¿O es que hay
presos y presos? ¿Existen distintas categorías de presos? (Rumores.)
Usted mismo se desdice, señor Ministro. Tengo un recorte de prensa del
día 9 de febrero en el que usted afirmó que no hay que extrañarse de que
HB intente buscar otras interpretaciones en las causas de la muerte de
Aranzamendi: Creo que es pura y estricta manipulación, una falacia pura,
una falsedad. Esto declaró usted el día 9 de febrero en los medios de
comunicación. Sin embargo, hoy nos encontramos con que ratifica la
versión que conocimos el día 8 a través de Egin.

Existen aspectos más mecanicistas sobre los cuales no hemos obtenido
suficiente información. Sí nos interesaría, por ejemplo --y está fuera
del secreto del sumario--, que nos pudiera facilitar alguna noticia sobre
la carta que en los últimos días ha dado a conocer la familia del señor
Aranzamendi; quién la encontró, cómo esquivó los mecanismos de seguridad
de la cárcel de alta seguridad de Alcalá-Meco y cómo tarda más de un mes
en ser recibida por sus familiares. Nos gustaría saber si usted tiene
noticias en relación a estos extremos. De lo que usted ha informado se
deriva que existe una nota que se encuentra allí mismo en la celda.

Existe una carta más que hemos conocido en las últimas jornadas,
casualmente en vísperas de esta misma comparecencia.

Señor Ministro, nosotros entendemos que el Estado y el Ministerio del
Interior deben garantizar la seguridad de aquellos reclusos a los que las
instituciones han privado de libertad. Ese es el debate de fondo. Y un
suicidio en estas circunstancias de un recluso en su celda es un fracaso
institucional en toda regla, un fracaso que hay que analizar con
detenimiento. Aquí no vale, señor Ministro, venir a afirmar: yo no soy el
culpable, el malo es el ahorcado. Del ahorcado le podremos dar nuestra
opinión con todo rigor, pero de lo que se trata es de examinar otra serie
de circunstancias. Analizar, por ejemplo, por qué cuando el Parlamento
vasco, en un informe riguroso, pide que se cumpla la legislación con
estos reclusos y que se haga un análisis de la situación penitenciaria,
usted se hace el sordo elegantemente, señor Ministro. ¿Por qué mira a
otro lado? Sale a colación precisamente el conjunto del informe del
Parlamento vasco en relación a todos estos temas porque resulta que usted
no quiere recibir a una comisión parlamentaria que representa al
Parlamento vasco, que viene a exponerle sus opiniones en relación a estos
temas en un asunto suficientemente trabajado. Además, señor Ministro,
intenta en el día de hoy vestir con ropaje jurídico una intervención en
48 horas que es, en nuestra opinión, un grave error político. Nosotros
creemos que aquí existen dos graves errores políticos: por una parte,
haber ofrecido una nota en esa línea y, por otra parte, no haber
solicitado la comparecencia a petición propia, aunque fuera con carácter
secreto. Todas las disquisiciones legales que ha hecho se podían salvar.

En esta casa existe una Comisión de secretos oficiales y las comisiones
saber cómo se articulan los procedimientos reglamentarios en orden a que
el carácter secreto de las actuaciones quede suficientemente garantizado.

Yo, que soy lego en la materia, reconozco que la música de lo que ha
contado sobre el secreto sumarial se me hace bastante heterodoxa, pero no
es éste el fondo de la cuestión.

Quisiera insistir en el debate de fondo y en la política informativa del
ministerio. En nuestra opinión, su ministerio cometió un grave error el
día 7 de febrero al no haber solicitado su comparecencia a petición
propia. Existe un tercer dato en relación a la ausencia en la autopsia
del forense designado por la familia, dándose una vez más una versión
incompleta en relación a ese tema. Se dio por supuesto que el facultativo
nombrado por designación familiar habría asistido a esa necropsia y, sin
embargo, este dato posteriormente tampoco se ha podido contrastar.




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En consecuencia, entendemos, señor Presidente, que en este cúmulo de
circunstancias el Ministerio del Interior no ha estado a la altura de lo
que le correspondía. Entendemos que el análisis de fondo, no el de
oportunidad, que es el que nos preocupa, pone en evidencia la validez del
diagnóstico y del análisis realizado al respecto por la ponencia del
Parlamento vasco.

Es bien cierto, señor Ministro, que un botón es un botón; éste no es
cualquier botón, en todo caso es un botón y constituye una radiografía de
un sector, tampoco hay que generalizar, de la política penitenciaria que
entendemos que esta Cámara debiera analizar con rigor y con diligencia.

Insisto en que el informe del Parlamento vasco al respecto es un buen
documento de trabajo para estos fines. Es verdad que hay que enfriar el
tema, que hay que dibujar los rasgos básicos que nos ofrece esta singular
tragedia que podemos resumir en presos preventivos sin juicio, reclusos
durante años sin solución de continuidad, situaciones personales de salud
y psíquicas sin los tratamientos adecuados y sin las figuras
penitenciarias que la ley y el reglamento penitenciario recogen,
situaciones de reclusos que por las previsiones legales no se ajustan a
Derecho y una falta de seguridad porque no se garantiza que el recluso no
pueda suicidarse. Usted ha hecho referencia a cordones que pueden estar
en esas celdas, etcétera, reconociendo que sobre una prisión de alta
seguridad como es la de Alcalá-Meco uno llega a hacerse hipótesis que son
difíciles de formular.

Desde la rueda de prensa que ofreció la portavoz del MNLV anteayer se
pueden hacer reflexiones genéricas. ¿Estaba solo el señor Aranzamendi en
el momento en el que se suicidó --y por seguir con el símil de la
película--, estaba solo o en compañía de otros? ¿Es posible realizar
todos esos ejercicios de atarse los pies, las manos o vendarse los ojos?
Y para terminar, voy a hacer, señor Ministro, una reflexión política, sin
acritud, como se dice en esta casa. Usted acusa sistemáticamente al
Partido Nacionalista Vasco de coincidir en algunas estrategias con el
mundo de Herri Batasuna, circunstancia que podemos discutir cuando
quiera, pero que no es el objeto de la discusión de hoy. El dato real en
la versión que ha dado usted hoy es que su versión coincide con la de
Herri Batasuna y con la de las gestoras proamnistía. Yo sé que eso le
hace sentirse incómodo, sólo le pido que haga el ejercicio de ver lo
incómodos que nos sentimos nosotros cada vez que usted alza el dedo, como
acaba de hacer, y nos acusa con tanta facilidad.

Por ello voy a terminar apoyando las líneas básicas del Ministerio del
Interior en la política antiterrorista y felicitándome de que hoy las
Fuerzas de Seguridad del Estado hayan detenido a un terrorista y hayan
dado pistas para poder detener al comando Donosti. De eso se trata, señor
Ministro, no de zaherirnos mutuamente. Se trata de ir al fondo del
debate. El tiempo no va a arreglar estas situaciones, el tiempo no es
botica que se venda en las farmacias del Estado. Usted debe asumir sus
responsabilidades en la política antiterrorista, debe asumir sus
responsabilidades en la política de normalización y pacificación de
Euskadi, debe asumir sus responsabilidades en la política penitenciaria
del país.

Yo reconozco, señor Presidente, que el Partido Nacionalista Vasco puede
estar equivocado en sus diagnósticos y en las soluciones que ofrece
intentando salir de un tema que nos abruma a todos, reconozco que no
sabemos cuál es exactamente la solución rigurosa que pudiera producir el
salto cualitativo hacia la paz. Lo que sí sabemos, señor Ministro, es que
una pose, unas formas, apelar al tiempo difícilmente va a conseguir
avanzar en procesos de paz que la sociedad vasca reclama desde lo más
hondo, una sociedad que quiere construir su propio futuro.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, quiero
decir que lamento que en el día de hoy --no sólo por las circunstancias,
que sin duda ninguna a todos nos preocupan por igual, del asesinato en la
mañana de hoy--, usted haya planteado un discurso con una intención tan
clara de tratar de torpedear, dificultar, separar, diferenciar
determinadas cuestiones entre su partido y el Gobierno. Yo le quiero
decir a usted una cosa: a través del procedimiento, que me ha parecido un
poco burdo, de hoy, conviene, en función de lo que ha sucedido, separarse
de la posición del Gobierno y estar más agrio que en otras
circunstancias, en otras ocasiones y en otra situación, porque en estos
momentos conviene debilitar la imagen, la figura, la política del
Ministerio del Interior en un tema que sin duda ninguna, no por lo de
hoy, sino en sí mismo, por la tragedia del suicidio nos debiera preocupar
extraordinariamente a todos por igual; me parece a mí que una dirección
tan clara y tan inequívoca, con una intención premeditada, no conduce a
ningún lado.

De toda su intervención y de todo su discurso me quedo con las partes de
sentido común referentes a la unidad, a la cohesión y, evidentemente, no
me quedo con lo que venía preparado, a lo mejor con más crudeza y que ha
limitado en función de los últimos acontecimientos, y que venía con la
intención de separar más la política innecesariamente. En ese terreno le
insisto y le reitero: en la lucha antiterrorista tenemos que entendernos
todos, y al final nos debe unir a todos; a todos, aunque, evidentemente,
haya episodios, circunstancias que separen a los partidos, pero la
realidad va a ser muy tozuda, muy tozuda hoy en los próximos meses, y la
exigencia en la unidad y en la cohesión va a ser absolutamente
determinante.

Lo que le quiero decir respecto de su intervención --insisto,
agradeciéndole las partes en donde ha trasladado una imagen de búsqueda
de acuerdos-- es que no puede decirse que usted no tiene credibilidad
porque hay posibilidades teóricas complicadas de que la versión que usted
está dando sea la real. Mire qué manera de sembrar más dudas. Yo no sé
cómo se suicidan ni conozco las técnicas. Lo que le digo es que los
expertos de la Policía judicial, los expertos forenses acreditan que toda
la descripción de hechos que yo he dado, toda, desde el hecho de que
tuviesen la venda en los ojos, las manos con los nudos corredizos, los
pies atados, todo eso está muchas veces en la lógica del suicida, señor
González de Txabarri. Por tanto, no hay posibilidades



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teóricas mínimas, sino que hay posibilidades teóricas máximas. Se
acredita como una técnica en muchas ocasiones habitual, empezando porque
las manos estuviesen atadas, porque, sin duda ninguna, lo que trata de
impedir es que él mismo tuviese luego capacidad, en caso de
arrepentimiento, de evitar en el último momento una actividad de esta
naturaleza.

Usted dice --y eso es lo que más me ha preocupado-- que yo he dado la
razón al periódico Egin en su evolución. El periódico Egin dijo lo
siguiente: Aranzamendi apareció ahorcado, atado de pies y manos;
hermetismo absoluto sobre la muerte de José María Aranzamendi;
Aranzamendi murió atado de pies y manos; Mayor está llenando de muerte su
mochila; la desasistencia médica y las condiciones impuestas han tenido
como consecuencia la muerte de once presos políticos vascos en la cárcel;
la verdad es que le mató la cárcel; la verdad es que Katxue no murió en
su casa sino en la suya, señor Mayor Oreja; la familia de Katxue cree que
le han matado; le asesinaron, pero el mundo no le cambió; compañeros de
Katxue dudan del suicidio.

Y termina la información el diario Egin, el 9 de marzo, cambiando
absolutamente el escenario: Katxue murió por defender su dignidad,
remitió una carta a la familia con su última voluntad; se negó a ser un
juguete en manos de los carceleros. Y ya modifican sustancialmente la
información. ¿Está usted de acuerdo con todo lo que literalmente ha
estado diciendo sobre ese tema el diario Egin?
No hubo ocultamiento de ninguna información. Lo que hubo fue una nota
escueta, y de la misma manera que no se dijo en aquel momento que tuviese
las manos atadas, tampoco se dijo en aquel momento que Aranzamendi no
tenía ningún signo de haber sido atacado. Jamás se dijo eso, y podía
haber sido algo que hubiese favorecido sustancialmente la versión del
suicidio, pero lo que en ese terreno no se quiso hacer fue dar una
información ni en una dirección ni en otra. ¿Por qué? Porque la
información que llegaba al principio era extraordinariamente confusa. Lo
que es evidente es que en nuestra opinión, en un asunto que estaba
absolutamente judicializado, en un momento podía alterar el rumbo normal
de la investigación. Y el motivo no es que se oculte nada, es que no se
da ninguna información. Se da el relato escueto de los hechos, no se
aportan los datos ni en una dirección ni en otra, porque también podíamos
filtrar lo que yo he dicho antes, que no había ningún síntoma de que
había maltrato en el cuerpo de esta persona, con lo cual en ese terreno
le quiero decir a usted que lo que hubo fue un criterio de respeto
escrupuloso con el secreto sumarial.

¿Por qué no hay comparecencia propia? Pues porque yo creo --pero ése es
un criterio que cada dirigente político o cada ministro tiene-- que hay
sucesos donde hay una objetividad, donde hay una responsabilidad previa
clara. Ciento tres inmigrantes en Melilla: yo pedí la comparecencia
voluntaria. ¿Por qué no la he pedido ahora? Porque me parece a mí que en
las comparecencias voluntarias, además de la voluntad de comparecer y de
que la transparencia sea máxima e inmediata, también, en mi opinión, se
está asumiendo que hay razones objetivas que hacen que el funcionamiento
del Estado de Derecho en un momento determinado haya podido deslizarse en
una dirección equivocada. En este caso y en este supuesto no había ni un
solo dato, no hubo ningún síntoma para pensar que hubiesen podido
penetrar los funcionarios, que hubiesen tenido alguna actividad extraña
que hubiesen levantado determinadas sensaciones de sospecha. Como ustedes
nos lo han pedido, se ha comparecido, siempre se comparece en todos los
sucesos, y ésa es una discusión que no me hace perder legitimidad ni
credibilidad. Yo vengo a explicarle la versión, otra cosa es que sea
discutible políticamente. ¡Sólo faltaba! Claro que es discutible
políticamente, pero yo también quiero diferenciar determinadas peticiones
voluntarias de otras que no lo son, para que la comparecencia voluntaria
del Ministro en una Comisión no se convierta en un automatismo. Cuando
hay una comparecencia voluntaria de alguna manera ya se está asumiendo
una cierta responsabilidad, no tanto un error. Simplemente, no es lo
mismo una operación como la que se produce en Melilla con los 103
inmigrantes, donde se aceptó una autocrítica en ese terreno, y esta
situación, en la que no hay ningún sentimiento de culpabilidad en la
actuación impecable, en el funcionamiento del conjunto de las
instituciones del Estado de Derecho.

Diga lo que diga el diario Egin, yo nunca estaré con su versión, porque
Egin está al servicio de ETA. El que usted diga que estaba más con Egin
en ese momento que con el Ministerio del Interior, yo no lo diré jamás,
por un motivo muy sencillo y muy elemental: porque en ese terreno yo sé
separar lo que es la línea divisoria entre quienes quieren la libertad y
entre quienes no quieren la libertad. Insisto y reitero: no hubo
ocultamiento.

Respecto a la asistencia médica a que usted hace referencia, he de decir
que entre el mes de marzo de 1995 hasta la fecha en que se suicida el
señor Aranzamendi hay 93 aproximaciones a los médicos entre consultas,
análisis e incluso pesos del miembro de la organización, por razones muy
distintas de su enfermedad, que, sin duda ninguna, exigía la presencia
del psiquiatra y del neurólogo. Se habla de inasistencia médica o de
incapacidad, pero tengo que señalar que no la hay. Lo digo simplemente
porque antes ha hecho una referencia a qué sucedía con estas enfermedades
psiquiátricas que se producen en algunos reclusos. En las conclusiones
del informe, en la consulta de psiquiatría del 7 de febrero pasado, en
ningún momento el interno manifestó ideación autolítica, ni verbal ni
conductualmente; es decir, no hubo ningún intento de autolesión. Estuvo
hablando con el especialista, igual que en otras ocasiones, incluso se
interesó por la fecha en que iba a ser atendido por el servicio de
neurología, al que expresamente aconsejó fuera enviado en esa misma
consulta. Le estuvo haciendo un relato de su sintomatología de una forma
absolutamente normal y sin que el especialista sospechase en ningún
momento que existiera en el paciente el más mínimo riesgo de suicidio. Se
lo digo porque antes me ha hecho una referencia concreta y particular a
lo que podía ser la asistencia médica de esta persona. Yo le pongo de
manifiesto que hubo --insisto-- no solamente consulta sobre su
enfermedad, sino muchísimas situaciones en las



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que, por otras razones, por analítica, por peso, etcétera, fue examinado
por estas personas.

Respecto de la carta he de decir que no la conocemos. La carta no la
conocemos nosotros ni la conoce el juez. Por eso yo no me he hecho eco de
ella. Se ha hecho eco el diario Egin. Egin se hace eco y cambia la
versión; ya no genera todos los días la sensación de que ha habido cosas
extraordinariamente extrañas que apuntaban al asesinato, sino que en
estos momentos está en la otra dirección: en decir que ha sido la
política penitenciaria la que ha asesinado a Aranzamendi. Es la otra
versión que se da exclusivamente al final para tratar de seguir dañando
la convivencia y seguir justificando la actuación violenta.

Yo no he dicho que el malo era el ahorcado. ¿Quién ha dicho eso? Ha
mencionado S. S. que esto es un fracaso institucional y que yo había
dicho que el malo era el ahorcado. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién lo ha
dicho? Yo no lo he dicho, yo no he dicho eso. Yo he dicho que, por
respeto a la persona que se había suicidado, no había querido entrar en
las consideraciones de las causas por las que se había suicidado. Cuando
se muere una persona, sea miembro de ETA o no, evidentemente muere una
persona. El respeto hacia esa muerte y hacia esa persona hace, sin duda
alguna, que no se entre en las causas de si el malo era él. Ni siquiera
he mencionado la razón por la que yo creía que se había suicidado.

Precisamente lo he puesto de manifiesto. No hay que insistir en
sentimientos antihumanos sobre determinadas instituciones. Está muy claro
que no se ha dicho nunca que el malo era el ahorcado, señor González de
Txabarri.

Sobre la música del secreto sumarial le vuelvo a decir lo de siempre. Si
al final el cumplimiento de la ley no es un referente permanente, si en
el fondo lo importante es la oportunidad política, seguiremos
desprestigiando el cumplimiento de la ley. La enseñanza que debemos
impartir, especialmente los que venimos del País Vasco, es que el
referente del cumplimiento de la ley no es música, el secreto sumarial no
es música, sino que debe ser un referente permanente en todas las
actuaciones. Y si no lo es, qué le vamos a hacer, los responsables serán
lo que no lo lleven a cabo, pero el Ministerio del Interior quiere poner
de manifiesto que su referente será en ese terreno el cumplimiento de la
ley.

Lamento que indique una vez más, como ha dicho textualmente, su
coincidencia con HB en este tema; coincidencia PNV-HB en su versión.

Usted lo ha dicho textualmente. Ha hablado de que lamentaba estar en
coincidencia con Egin. Luego ha dicho con HB. Y que está de acuerdo con
esa versión que se dio y no con la del Ministerio del Interior. Yo lo
lamento extraordinariamente. No, señor González de Txabarri; no es
cuestión de que se enfade, sino de que la literalidad de lo que ha
querido decir simplemente se ponga de manifiesto. Insisto, lo único que
le quiero decir es que no hubo ocultamiento de información. Hubo una
nota, un comunicado, escueto, aséptico, en el que simplemente se hacía un
relato de hechos y no se entraba en más valoraciones. No se dijo que no
tuviese síntomas de que había sido golpeado. No se decía y podía haber
favorecido al Ministerio. Tampoco se decía que estuviese con las manos
atadas. No se hizo.

En la nota de prensa que sacamos la noche de aquel día, en la
precipitación del momento, al final resulta que algún dato, de los pocos
que se dan, no coincide con la versión del 14 de febrero, yo mismo lo
reconozco, porque primero aparece que ha sido encontrado colgado de una
bufanda de la reja de la ventana de la celda y luego aparece en la
rejilla del ventilador. En esos veinte minutos hay una información que
fluye con una enorme rapidez y urgencia. Cuando un asunto se judicializa,
ir en paralelo dando información desde instituciones penitenciarias al
final sólo confunde y sólo puede provocar la distorsión de que hay dos
investigaciones en paralelo puestas en marcha. Eso al final es malo para
el esclarecimiento de los hechos. Por eso hemos querido hacer una nota
escueta en el momento inicial. Como tenemos la seguridad de que todo lo
que se ha redactado responde a la verdad y que la juez va a determinar el
esclarecimiento definitivo de los hechos, tenemos la tranquilidad de no
precipitarnos. Evidentemente, si hoy estamos hablando más de lo que lo
hicimos el primer día, ¿sabe S. S. por qué es? Porque el momento procesal
ya es otro, porque ha habido más tranquilidad en las investigaciones,
porque de la misma manera que yo, el señor Atuxa, al día siguiente de un
tiroteo, damos la información escueta de que se ha producido un tiroteo y
no damos dos versiones contrarias. El juez debe ir determinando la
clarificación de los hechos. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Damos
escuetamente la información y el asunto se judicializa. Evidentemente, en
el día de hoy, y motivado además porque hay que comparecer en el
Congreso, se da una información algo más exhaustiva que la inicial. Yo
estoy seguro de que este mecanismo acrecienta, en mi opinión, la
investigación definitiva, que es la judicial, y en esta práctica se
mantendrá el Ministerio del Interior.




El señor PRESIDENTE: El señor González de Txabarri tiene la palabra por
dos minutos.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Lamento mucho, señor Ministro, la
réplica que ha ofrecido a la intervención que, en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco, he realizado. Pongo a su disposición las hojas que
ayer tarde preparamos la Diputada Uría y yo en relación con esta
comparecencia para que quede constancia de que son exactamente los mismos
términos en los que anoche habíamos realizado el análisis, el balance de
la situación. Intentamos hacer una valoración serena y rigurosa de las
circunstancias que habían concurrido, tanto a nivel de situación
penitenciaria como de política informativa del Ministerio en relación con
este tema. Yo creo que alguien le ha chivado a usted, señor Ministro,
alguna información incorrecta y ha venido preparado para contestar lo que
aquí no se ha afirmado. Me he sorprendido de cómo ha puesto en mi boca
una y otra vez afirmaciones que no creo haya realizado en esta Comisión.

En todo caso está el «Diario de Sesiones» Tengo aquí mis notas; creo que
se ha equivocado completamente, señor Ministro. Su obligación es la
búsqueda de acuerdo; entiendo que zahiere innecesariamente.




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Hemos intentado de alguna forma salir de todo ese debate de oportunidad,
pero usted había venido preparado para eso, señor Ministro. Usted ha
insistido en los datos de si la cuerda y demás. Al hilo de la
intervención, todos esos datos están colgados del núcleo. Ese no es
nuestro núcleo central. Nuestro núcleo central ha sido el diagnóstico que
el Parlamento vasco ha realizado en torno a la situación penitenciaria, y
hemos insistido en que este acontecimiento trágico alumbra decisivamente
el diagnóstico que está recogido en ese documento del Parlamento vasco.

Lejos de nosotros las intenciones que usted ha manifestado en su
intervención. Yo no voy a zaherirle innecesariamente, señor Ministro. No
es mi estilo ni creo que eso conduzca absolutamente a nada. Si usted
entiende que la unanimidad pasa por compartir sus criterios, por decir
amén a todo lo que desde el Ministerio del Interior se plantea, está
usted muy equivocado, como podemos estarlo también nosotros. Nosotros
también podemos estar equivocados. Desde actitudes tan prepotentes como
la que usted ha manifestado en esta réplica, difícilmente va a haber
acuerdo, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Las dos comparecencias interesadas por el Grupo
Mixto las va a desarrollar la señora Lasagabaster, que tiene la palabra a
esos efectos.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señor Ministro,
señoras y señores Diputados, voy a intervenir en nombre de Eusko
Alkartasuna y también lo haré en nombre del Bloque Nacionalista Galego,
en la medida en que su representante me ha pedido que así lo haga y que
presente su disculpa por no poder estar en estos momentos, al tener que
defender una proposición en otra Comisión.

Quiero comenzar mi intervención --como se ha realizado en otras
intervenciones-- manifestando la condena al atentado de esta mañana
contra el señor Gómez Elósegui, mi pesar personal y mi pesar en nombre
del partido, y nuestra condolencia a la familia del señor Gómez Elósegui,
persona muy conocida en Guipúzcoa, concretamente en Tolosa y en San
Sebastián, y cuya familia, por otra parte, también me era próxima.

Dicho todo esto, y habida cuenta de las intervenciones anteriores,
resulta indispensable señalar que normalmente hago mis intervenciones en
este tema, como en cualquier otro, tratando de analizar de una manera
serena y tranquila los acontecimientos que se vienen produciendo a lo
largo de los últimos tiempos, de muy diversa índole, pero todos ellos de
un alto grado, diría yo, no sólo de indignación a veces, sino de pesar,
de dolor y de pena. Ambos principios, serenidad y tranquilidad, son
indispensables en cualquier circunstancia, sea en esta comparecencia como
en cualquier otro lugar y para cualquier iniciativa que se plantee sobre
cualquier tema.

Baso mi intervención en cuatro principios que aquí se han señalado que
son claves: el principio de la transparencia, el principio del
cumplimiento de la ley, el principio de la credibilidad y el principio de
evitar crispación y de tratar de conseguir una pacificación de los
problemas a los que nos enfrentamos en muchos casos en el País Vasco.

Esos son los cuatro principios que rigen esta intervención, como han
regido cualquier intervención que he realizado en esta Casa y fuera de
ella. La comparecencia solicitada es una comparecencia que, en este
momento, con los datos que nos ha dado, la quiero remitir a esos
principios.

El primero hace referencia a la transparencia; transparencia relativa a
la responsabilidad que tiene la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias --en este caso, el Ministerio que usted preside--, en la
medida en que los presos --todo tipo de presos--, lógicamente, están bajo
la custodia de esta Dirección General, de su Ministerio y, por tanto, la
mayor responsabilidad existe en su ámbito. ¿Por qué hablo de
transparencia? En primer lugar, usted ha señalado que el día que se
produjo el trágico suceso de la muerte de una persona ustedes hicieron
pública una nota escueta. La interpretación de nota escueta es siempre
subjetiva y, por tanto, no me atrevo a decir qué es lo que debiera ser,
porque no es mi papel ni el de ninguna persona, pero, a mi entender, creo
que no fue una nota escueta --no sé si lo fue, porque no la vi
materialmente--, porque lo que se tradujo en los medios de comunicación
no fue esa nota totalmente aséptica de la que usted habla. Y no lo fue
porque los medios de comunicación --algún ejemplar tengo delante--
incluso hablaban de detalles. Se señalaba, como usted ha dicho, que,
según fuentes de Interior, el preso, el señor Aranzamendi, apareció en su
celda colgado de una bufanda anudada a la rejilla de ventilación situada
en el baño. Eso no es la escueta información de un suicidio. Tampoco es
escueta información --creo yo-- o aséptica --como usted ha señalado y
cuyo término me permito utilizar-- el decir que ustedes no aluden a
ninguna causa, a ningún tenor ni a ningún sentido, porque en los medios
de comunicación ese mismo día ya se decía que aparecía sin rastro de
violencia. Es decir, que ya hay una cierta valoración.

Yo no digo qué tenía que haberse introducido en esa nota escueta, pero lo
que yo entiendo es que, bajo la premisa de ese principio de transparencia
y del cumplimiento de la ley, si se dan una serie de datos es preciso dar
los datos suficientes para hacer llegar al ciudadano de a pie, a todos
los ciudadanos, que hay una claridad, que hay una transparencia, que hay
un perfecto conocimiento, y se traslada el perfecto conocimiento de todo
lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque, si no se hace de esta manera, el
hecho de que se vayan sucediendo detalles --y, en este caso, que los
detalles vayan siendo administrados por medios de comunicación como
Egin-- produce una cierta conturbación, una cierta, yo diría,
controversia, que fue totalmente innecesaria. Tres días después los
medios de comunicación revelan --supongo que también serán de fuentes de
Interior, lógicamente, porque confirman las mismas fuentes de Interior--
que, efectivamente, el preso señor Aranzamendi había sido encontrado con
las manos atadas, los pies atados y con una venda en los ojos. Es decir,
que en ese mismo momento, independientemente del secreto sumarial, ya se
estaba facilitando otra serie de detalles.

¿Qué significa esto? Significa que ese principio de transparencia no ha
sido del todo logrado. Lo digo con la



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mayor serenidad, con la crítica --creo que es crítica, por qué no
decirlo-- constructiva de que nos enseñe a todos que en este tipo de
actuaciones informativas de maneras de realizar determinadas
informaciones, en este ámbito específico la transparencia es muy
importante. No hace falta que detalle por qué la transparencia es
importante y significativa y qué consecuencias puede tener en un
determinado problema porque es evidente que todos lo saben y no hace
falta que lo explique, pero creo que si ese principio de transparencia es
importante en todas las cuestiones, si es importante en la vida política,
en este caso lo es aún más. El Ministerio del Interior primero da unos
datos, da una serie de detalles --como les he leído, no me lo estoy
inventando-- y, tres días más tarde, corrobora otra serie de detalles.

Señor Ministro, ¿No hubiera sido mejor que esa nota hubiera contenido los
elementos informativos que al final, tres días más tarde, ustedes se
vieron obligados a facilitar? Esa es mi primera pregunta.

En segundo lugar, el principio de credibilidad, derivado evidentemente de
la transparencia. Todos tenemos --yo al menos no tengo ningún dato para
no hacerlo-- que creer las informaciones que nos facilita el Gobierno,
los ministerios, en concreto en este caso el Ministerio del Interior.

Dicho esto --y mantengo lo relativo a la credibilidad--, no es menos
cierto que confunde profundamente que en ese tiempo de tres días
determinados datos no vengan remitidos por parte del Gobierno, de los
responsables en este caso, sino que vengan remitidos por medios de
comunicación que al final terminan siendo ciertos. Y no voy a entrar en
la polémica anterior sobre si me creo o no me creo, sobre si valoro o no
valoro. No quiero entrar en esa discusión. Valoro y creo lo que considero
que debo de creer en cada momento y según los medios de comunicación.

Pero cuando se hace referencia a informaciones objetivas --digo
informaciones objetivas--, lo cierto es que determinadas cuestiones --no
editoriales, no valoraciones, no balances, etcétera--, terminaron siendo
ciertas. Con lo cual, a aquellas personas que en este momento estamos
obligadas a tratar de serenar, de mantener al mínimo, por no decir hacer
desaparecer, la crispación, la conmoción o cualquier movilización social
de este estilo, ese paréntesis en el cual desconocíamos esos detalles que
al final terminaron siendo ciertos, que fueron manifestados por un medio
de comunicación, nos produjo confusión a aquéllos que nos vemos
obligados, todos los días, en el País Vasco, a tratar de mantener la
calma.

En tercer lugar, ha hablado usted del cumplimiento de la ley. El
cumplimiento de la ley, independientemente de lo que piense --coincida o
no coincida con usted, con cualquier persona o representante de esta
Cámara--, es para todo el mundo: para individuos, gobiernos, oposición y
partidos. Nosotros respetamos profundamente el cumplimiento de la ley.

Usted ha dicho que no dio esa información por cumplimiento de la ley.

Esto me confunde. Quizá no tenga usted la culpa, pero permítame decirle
que sigo confundida. Porque usted --y digo usted en la medida en que es
responsable de su Ministerio-- da una serie de detalles un día; a los
tres días, otros y decide en qué momento es oportuno dar más detalles de
una investigación que, por una parte, dice que es interna, que está
judicializada, pero por otra parte, ahora sí es conveniente dar más
detalles. A mí esto me produce cierta confusión. Yo no voy a entrar en el
debate sobre si usted podía o no en aquel momento procesal hacer una cosa
u otra, pero lo que confunde es por qué ahora sí, estando bajo el secreto
en la fase de instrucción; por qué antes no; por qué una investigación
interna; por qué estos datos sí y por qué estos datos no. Es cierto que
usted tiene que cumplir la ley, pero no creo que esas explicaciones hayan
sido suficientes como para considerar que la primera actuación del
Ministerio o de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
fuera la más acertada.

En cuarto lugar, todo esto (y me voy a referir a ello brevemente porque
no es el momento oportuno de entrar en demasiados detalles, aunque estoy
dispuesta a hacerlo, si usted quiere, lo mismo que en otros términos que
aquí se han planteado, porque, aunque no son la razón de mi
comparecencia, a lo mejor es conveniente hablar de ellos en esta Cámara)
nos tiene que servir para considerar que en materia de política
penitenciaria todos los presentes tratamos de colaborar. Todos podemos
tener una misma idea en cuanto a que tenemos que llegar a la pacificación
y al término de este problema. Pero quizá no coincidamos --digo quizá
pero estoy segura de que no vamos a poder coincidir-- en cuáles son los
objetivos o en cómo son los medios. Permítame que le diga que lo
importante en esta vida es coincidir en los principios claves de
convivencia. En cuanto al resto, no tenemos por qué estar siempre unidos,
ni mantener los mismos principios, ni estar de acuerdo en los mismos
temas. El hecho de no estar de acuerdo no significa que estemos
equivocados, sino que eso es muy subjetivo, como son también muy
subjetivos los métodos. Por tanto, lo que tenemos que hacer en este tema
es colaborar. A Eusko Alkartasuna no le pidan unidad y cohesión sólo para
aquellas cuestiones que pueden estar ustedes de acuerdo. Hay que mantener
la discrepancia legítima en política. Por tanto, en aquello en lo que no
se está de acuerdo, ni es menos legítimo, ni es menos equivocado, ni es
más equivocado. Es diferente, punto final.

En quinto lugar, en ese principio de colaboración no se debe desdeñar
ninguna ayuda, ninguna participación, ninguna posibilidad de actuación.

En ese sentido, en materia penitenciaria que es lo que nos ocupa, en este
tema, como en otros muchos, me permitiría llegar a la conclusión --que
probablemente no comparta, pero se la traslado en este ámbito-- de que
toda la participación, desde los principios de convivencia pacífica que
he señalado es clave. Por favor, no piense que no participamos aquellos
que tenemos el mismo interés de pacificación de esta sociedad.

He mantenido siempre estos cuatro principios, en este momento como en
cualquier otro, para este tema como para cualquier otro. Pero no me diga
que actuaron en este asunto correctamente, porque lo que pensábamos, al
menos los ciudadanos a los que represento, es que el Ministerio del
Interior nos tiene que dar unos visos de credibilidad, de transparencia y
de garantía de cumplimiento de la ley. Y creo que en aquel momento se
podían hacer las tres cosas perfectamente.




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El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Quiero precisar algunas
declaraciones o comentarios que ha hecho la portavoz de Eusko
Alkartasuna, leyéndole la nota de prensa que se hizo pública el 7 de
febrero, para saber exactamente lo que se dijo en aquel momento, porque
explica muy bien la filosofía y luego veremos --lo he reiterado en mi
intervención inicial-- lo que es discutible. Todas las intervenciones,
todas las posiciones, a efectos de la comunicación, entre el debate
permanente entre la comunicación y el cumplimiento estricto de la ley que
en ocasiones se produce, son susceptibles de crítica. Algo de razón usted
plantea y algo de razón planteo yo también en mi posición. Para que
entienda la coherencia de la posición del Ministerio del Interior, al
margen de que sea discutible, voy a leer lo que decía la nota de prensa:
Sobre las 19 horas de hoy ha sido encontrado colgado de una bufanda en la
reja de la ventana de la celda que ocupaba en el centro penitenciario de
Madrid-2, el interno José María Aranzamendi Arburu. El interno, natural
de Elorrio, se encontraba en calidad de preventivo en razón al sumario
25/95, a disposición del Juzgado central de Instrucción número cinco de
los de Madrid, por los delitos de pertenencia a banda armada, asesinato y
atentado. Inmediatamente se han puesto los hechos en conocimiento del
juzgado de guardia y de la familia del fallecido, procediéndose, como es
habitual en estos casos, a iniciar una investigación reservada a fin de
establecer las circunstancias en las que se ha producido este hecho.

Esta es la nota que yo denomino escueta. Aunque hay algún detalle en
ella, como usted ha apuntado, no se contiene valoración alguna de
suicidio, ni interpretación de los hechos, ni se aportan detalles,
algunos de los cuales podrían avalar más la idea de que se había
producido un suicidio, otros que podían poner más en tela de juicio el
mismo. Se hizo una nota lo más escueta, lo más aséptica posible. A partir
de ese momento, cuando se judicializa esa investigación, consideramos que
era negativo para el proceso correspondiente de investigación judicial
que nosotros, de una manera fraccionada, complementásemos la valoración
inicial que hacemos a través de informaciones parciales. En ese momento
no hay más comunicaciones del Ministerio del Interior.

¿Hay algo de incumplimiento de la ley? En modo alguno: secreto sumarial.

Lo que sí es verdad es que nosotros hacemos una investigación interna que
no la hacemos pública. ¿Por qué? Porque creemos que en los primeros días
puede interferir en la investigación judicial que está en marcha. ¿Eso es
un escrúpulo tan importante en el estricto cumplimiento de la ley que lo
que hace es permitir que haya otras interpretaciones desde otros medios
de comunicación que, al día siguiente, lo que hacen es generar una cierta
confusión no entre el mundo que está en el entorno de la violencia, sino
entre los demócratas? Eso es discutible. No ha habido incumplimiento de
la ley, no ha habido falta de transparencia, no ha habido ocultamiento de
datos. Ha habido una determinada estrategia de comunicación, limitada al
relato estricto de los hechos, para, posteriormente, dejar que sean los
jueces los que investiguen. ¿Por qué en este momento, sí, y por qué en
aquel momento, no? Porque llevamos ya un mes prácticamente de
investigación. Las primeras investigaciones deben dejar dar la libertad
plena para que ni siquiera haya una referencia distinta de la
investigación judicial. Por eso hoy se está informando, además de lo que
puede significar la exigencia de un Ministerio a la hora de tener que
responder ante el Congreso de los Diputados. Sí hay razones.

¿Teníamos que haber hecho a las tres horas cuatro filtraciones desde el
Ministerio del Interior para tratar de aplacar lo que iba a ser una
estrategia de Egin? Eso es lo que puede ser discutible, pero no que hubo
ocultamiento de datos. En ese sentido obedecía a una estrategia de
información del Ministerio del Interior. Y ése es el terreno del debate
político. Y no hay que introducirse en cada circunstancia en el dogma en
el que, de alguna manera, yo puedo decir que ésa es una posición para
siempre, o la que usted puede defender en este sentido. Pero le quiero
dejar muy claro que no hubo ocultamiento de datos, sino transparencia.

Coincido plenamente con lo que usted señalaba sobre la crispación. Yo
también creo que la crispación es innecesaria. Lo importante es que en
ese terreno todos actuemos siempre de la misma forma y que no estemos
condicionados por estrategias políticas, que en un momento determinado
hay que apretar más a uno y menos a otro. En este terreno hay que
mantenerse siempre de la misma manera. Hay que mantener siempre la misma
posición. Cuando se produce un atentado no hay que cambiar la respuesta
en función de la proximidad del atentado y hay que reaccionar de la misma
forma. En este tema no debemos estar al vaivén político de si en un
momento determinado le interesa a un grupo ser más crítico y en otra
ocasión menos, porque quiere marcar más diferencias con el Gobierno. Hay
que mantener siempre la misma posición. Esto no es un tema de
oportunidad, sino que todos tenemos que tener siempre la misma posición.

Tiene usted el mismo derecho a mantener todas las críticas razonables que
ha mantenido en este tema en coherencia con lo que ha podido significar
una posición en esta cuestión. Insisto, no tengo por qué tener toda la
razón al defender esos criterios. De hecho, fui muy criticado, desde el
punto de vista de la oportunidad política, de no ser más contundente o de
explicar más determinados detalles, para tratar de contrarrestar la
versión de Egin.

Lo que quiero dejar muy claro es que el cumplimiento de la ley en ese
terreno fue escrupuloso por parte del Ministerio del Interior y porque
informativamente creímos que ese esquema al que antes me he referido era
lógico y el más respetuoso con la investigación judicial que se había
puesto en marcha. Es evidente que en la información que se da desde el
Ministerio del Interior no es indiferente el momento procesal que vive la
investigación. No es lo mismo que hoy pueda explicar con más detenimiento
la investigación, que es nuestra y no fruto de diligencias judiciales,
porque interfiere menos que si se produce a las 48 horas de producirse
una acción de estas características. Creemos que interfiere menos la
actuación de la justicia,



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aunque nos haga perder un cierto debate político en este tema en
determinados momentos. Yo creo que es más escrupuloso. Reitero que ésa es
la posición que ha mantenido el Gobierno y que mantiene el Ministerio.

Está muy claro que usted tiene su lógica y su razón y yo la asumo
absolutamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, brevemente, la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Brevemente, para decirle que me alegra
haber oído que quizás otras actuaciones podían haber evitado alguna
situación que se produjo. Cuando menos, admitamos esa parte de opinión
que puede tener cierta verosimilitud. No entro en otros detalles, como,
por ejemplo, el relativo al forense. Fue algo confuso y no sé si
intervino de manera directa el Ministerio; forense de la familia, no
forense de la familia. Usted me ha dado la razón en algunas cosas. Desde
otro punto de vista, quizá se pudo haber informado cumpliendo los tres
principios con mayor éxito y con menos crispación.

Es un reconocimiento positivo. Reitero que, en esta materia como en
todas, no desdeñe ninguna colaboración ni participación. Es un tema clave
para todos --no hace falta que se lo diga-- y, desde luego, también lo es
para nosotros. Sería positivo mantener ese intercambio de opiniones e
informaciones en cualquier iniciativa que pueda provenir de esta Cámara o
de otros foros parlamentarios que también conocen muy bien qué es lo que
está sucediendo, porque eso no perjudica ni hace daño a nadie y, a lo
mejor, sacamos algo positivo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): No quiero dejar de
responder a dos temas pendientes.

En cuanto a los forenses, no fue una decisión de Instituciones
Penitenciarias sino del juez de instrucción que determinó que una
petición de la familia no correspondía. Fue una decisión del juez de
instrucción, repito, y no tuvieron nada que ver ni el Ministerio del
Interior ni Instituciones Penitenciarias.

Como ha vuelto a reiterarlo, le diré que en política penitenciaria lo he
hecho con todos los grupos, también con el suyo. He ofrecido a los grupos
democráticos que estén interesados en este tema que tengan una
colaboración activa con la Dirección de Instituciones Penitenciarias en
cuanto al diseño, a la definición, en definitiva, a la participación en
una política de esas características. Pero una cosa es la participación
en la política penitenciaria --lo saben los representantes de sus grupos
respectivos-- y otra cosa bien distinta es que el Ministerio del Interior
apoye una iniciativa que tiene otro significado completamente diferente.

A mí nadie me puede pedir que apoye una iniciativa en la que no creo y
que esencialmente tiene la estética basada en el diálogo y en la
negociación a dos partes, como si en ese momento se estuviese haciendo el
diseño de un escenario en el que el Ministerio no cree. Sí a la política
penitenciaria, sí a la colaboración con los grupos, sí al diálogo entre
los grupos. Hay una actitud absolutamente abierta. Yo he propuesto, entre
ellos a su grupo, que designen una persona para que trabajemos
conjuntamente en una participación más activa en política penitenciaria.

Pero sobre iniciativas hechas que están predeterminando un escenario de
diálogo y negociación, como si de lo que se tratara en el fondo es de que
al mismo tiempo se hablase con el Ministerio del Interior y con lo que
puede significar el colectivo de ETA, en ese sentido no respaldaré ni
política ni socialmente una iniciativa en la que no creo. Eso no tiene
nada que ver con la política penitenciaria, ni con una cuestión de
cortesía o descortesía con una Comisión de Derechos Humanos. Simplemente
es el respaldar o no una estrategia o una aproximación a un escenario en
el que no creo. Esa es la actitud del Ministerio y eso es lo que no tiene
nada que ver con la voluntad del Ministerio de que en política
penitenciaria seamos capaces de abordar más puntos de encuentro entre
demócratas. Esa es la disposición permanente de este Ministerio.




El señor PRESIDENTE: Finalmente, la última comparecencia era la
solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra el señor Navas. (La señora Vicepresidenta,
Fernández de la Vega Sanz, ocupa la Presidencia.)



El señor NAVAS AMORES: En primer lugar, mi grupo desea mostrar su
condolencia a los familiares del señor don Francisco Javier Gómez
Elósegui, una nueva víctima de la intolerancia del terrorismo de ETA y,
al mismo tiempo, mostrar nuestro apoyo a todos los trabajadores de
Instituciones Penitenciarias que están atravesando momentos realmente
tensos y delicados a la hora de desempeñar su trabajo.

Circunscribiéndonos al asunto que nos ocupa y enlazando con la última
parte de su intervención, estamos discutiendo sobre un asunto muy
concreto que es el suicidio de José María Aranzamendi, un preso
preventivo de la organización terrorista ETA acusado de múltiples
delitos. Eso podría inducir a alguno de los grupos a introducir elementos
ajenos al fondo del asunto. Porque estábamos hablando de ETA, estábamos
hablando de violencia y terrorismo, estábamos hablando de cárceles y
podría producirse un debate lo suficientemente genérico como para que
diluyese el fondo del asunto de hoy. Veo que en su última intervención ha
caído en esta tentación, en disertar sobre política penitenciaria. Yo iba
a manifestar en la segunda parte de mi intervención que no debíamos de
caer en esa cuestión y al primero que tengo que hacer la observación es a
usted. Por eso no voy a contestar a ninguna de las observaciones que ha
hecho porque ya tendremos ocasión, en los próximos días, de discutir
parlamentariamente sobre este asunto. Echo un velo sobre ese asunto y
sobre sus teorías al respecto, porque cada uno tenemos las nuestras y ya
las contrastaremos.




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El relato que usted ha pormenorizado tiene un elemento que no conocíamos:
el expediente médico de José María Aranzamendi, una persona que, como
usted mismo ha dicho, ha tenido que recurrir a los servicios médicos
especialistas del penal alrededor de 93 veces en dos años. Quiere esto
decir que estamos ante un preso que debe tener un expediente médico con
un seguimiento sobre alguna dolencia. En el expediente de la cárcel
posiblemente estarán contemplados todos los pormenores de las
enfermedades o los padecimientos de esta persona. Este es uno de los
elementos que no conocíamos y que nos lleva a preguntarle si esa
reiteración en la necesidad de tratamiento médico podría llegar a
interpretarse como que este preso podía estar incurso en el artículo 60.2
del Reglamento de Instituciones Penitenciarias. Lo desconozco. No tengo
acceso al expediente médico, con lo cual tampoco puedo interpretarlo. Al
menos, sí le solicito su valoración al respecto, porque conocemos algunos
casos de otros presos que pudiéndose acoger a este artículo en base a
esos expedientes médicos, encuentran una cierta reticencia por parte de
Instituciones Penitenciarias a la hora de otorgarles lo que por ley les
corresponde. En este caso, solicito su valoración sobre este
interrogante.

En cuanto a la autopsia, tengo que recordar que desde el primer momento
nuestro grupo político hizo declaraciones sin poner en duda el contenido
de las primeras informaciones que hacían referencia a esa autopsia, que
venían a definirla como suicidio por asfixia mecánica y decía que no
existían signos de violencia en líneas generales. En ningún momento
sembramos en los medios informativos, en la sociedad, interrogante o
sospecha alguna sobre esta valoración, porque, evidentemente, no teníamos
ningún argumento sobre la mesa. Lo que sí llegamos a denunciar en su
momento --y es lo que también le venimos a decir a usted-- es que había
otro elemento que introducía dudas y sospechas, y es lo que nosotros
hemos considerado una torpeza informativa del Ministerio. No entrábamos a
valorar las razones que indujeron a este preso a suicidarse ni en qué
condiciones. Señor Ministro, lo que le estábamos reclamando era una
información lo suficientemente completa como para que la sociedad tuviera
una impresión rápida de qué había sucedido y en qué condiciones había
sucedido. Posteriormente habría tiempo para seguir introduciendo nuevos
elementos clarificadores o complementarios de lo que había ocurrido.

¿Por qué digo que nosotros circunscribimos básicamente nuestra crítica al
Ministerio en este tema? Porque lo que sucedió en días posteriores con
aportaciones de otros medios, como se ha expuesto aquí, por ejemplo, el
diario Egin, lo que supuso al final fue el reconocimiento de que de nuevo
el Ministerio no había sido lo suficientemente eficaz en cuanto a la
gestión de la información. No utilizamos esa leña para alimentar ese
fuego, sino que decimos que hubo torpeza informativa. Seguimos en ese
mismo criterio.

El hecho de que su departamento hiciera una serie de valoraciones o de
información al respecto, escueta, como usted comenta si se la compara con
la que después se publicó, produjo una quiebra en la confianza de la
información que venía de su Ministerio. Eso sí que es importante. Era la
primera vez que su Ministerio tenía que tomar una posición sobre un hecho
de estas características y digamos que la valoración que nuestro grupo
hace de su actuación es de suspenso.

Pero desde aquí también decimos que tenemos que aprender. No vamos a
incidir en qué errores se han podido cometer en esta actuación, sino que
le estamos llamando la atención para que mida las consecuencias de la
cautela. Creo que no es sólo mi interpretación, sino que usted también lo
ha dicho en varias ocasiones: la cautela es una baza importante dentro de
la actuación del Ministerio del Interior. Pero también le llamo la
atención sobre que la cautela que usted lleva por bandera en alguna de
sus actuaciones debe tener en cuenta las consecuencias. Lo que usted
consideró en un primer momento como cautela ha otorgado un balón de
oxígeno para los que usted y yo sabemos que no lo necesitan. Sabe S. S.

que nosotros, desde la raya que usted traza, que nos sitúa a unos a un
lado y a otros a otro, no estamos en el ánimo de ofrecerles ninguna
posibilidad de crítica, de valoración o de tergiversación de cualquiera
de las actuaciones de los demócratas. Sabemos que al final siempre va a
haber una utilización interesada por parte de los violentos, pero le
vuelvo a hacer hincapié en que esa utilización será cada vez mucho menor
en base a que los argumentos se les retiren de sus manos.

Usted ha dicho que es muy difícil buscar el equilibrio en el momento de
tener que dar una información sobre un acontecimiento de este tipo. Yo no
le voy a restar dificultad o responsabilidad a una decisión de ese tipo.

También ha dicho que se veía en la tesitura de tener que elegir entre lo
que usted ha denominado --en un tono no sé si jocoso o despectivo, porque
la palabra filtración la ha repetido varias veces-- filtrar o cumplir
estrictamente la ley. Yo le digo que las dos cosas. Como usted también
dice, no puede ser de otra forma. Vamos a cumplir estrictamente la ley y,
por supuesto, también debe haber una política informativa. Muchos
portavoces estamos utilizando la palabra transparencia. No se le crispe
el ánimo, estamos usando los términos que se utilizan habitualmente para
que su política informativa sea lo suficientemente generosa en cuanto a
los contenidos para que pueda satisfacer aquellas demandas de información
sobre asuntos delicados --el grado de delicadeza es importante medirlo--,
y creo que hablando de delicadeza en este asunto a usted se le ha ido de
las manos, se ha desbordado.

Para finalizar, simplemente deseo decirle que no ha sido sólo nuestra
valoración y la de los portavoces que me han antecedido la crítica hacia
esta política informativa. Sabe S. S. que ha habido multitud de medios
informativos o de representantes de distintos organismos, que están
también a este lado de la raya que usted traza, que le han llamado la
atención porque en este primer caso se ha fallado. Lo que nosotros
pretendemos es que no exista un segundo caso.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Tiene la palabra el
señor Ministro.




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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): En primer lugar, quería
tranquilizarle respecto al número que he dado de expedientes y consultas
médicas. No se trata de que hubiese 93 consultas en base al estado de
perturbación o de enfermedad mental concreta que pudiera tener esta
persona; hay múltiples informaciones en esta hoja de consulta en las que
únicamente se aprecia lo que es un examen médico habitual. Lo que quiero
decir es que se produjo en 93 ocasiones; y también es normal que el
número de presencias médicas sea mayor en las cárceles que fuera de
ellas, porque hay más tiempo disponible y porque uno está muchas veces
más condicionado por su propio estado de salud que fuera de la cárcel. Lo
que no significa ese número, no debe llevarle a la confusión pensarlo, es
que fuese un señor que, por el desarrollo de su enfermedad concreta,
tuviese que ir 93 veces al médico. Lo único que he querido poner de
manifiesto es que no hay inasistencia médica, sino que los reclusos son
objeto de una permanente atención médica. Por eso insisto en que no
hagamos una valoración extraña.

Los motivos por los que no se le ha aplicado el artículo 60 sinceramente
los desconozco. Me imagino que a lo mejor es porque no lo han considerado
oportuno los responsables de Instituciones Penitenciarias, no creyeron
que se producían las circunstancias, o no se solicitó. Desconozco en
estos momentos las razones, pero el hecho es que no estaba en un capítulo
referido al famoso artículo 60, de la misma manera que tampoco tenía unas
condiciones de excepcionalidad en el tratamiento penitenciario. Vivía en
condiciones normales, no era de los presos con regímenes especiales, sino
que tenía un régimen absolutamente normal, en el que incluso --lo
reitero-- se había matriculado en primer curso de periodismo.

Insisto en que no hubo síntomas, según los informes médicos, de suicidio.

Evidentemente no había motivos de preocupación, había pérdidas de
audición, de memoria, pero, según la versión del psiquiatra y de los
médicos que le atendieron, no se tuvo nunca la sensación de que se
estuviese ante un suicidio, especialmente cuando el mismo día que se
suicida por la mañana preguntó si iba a tener lugar otra visita y cuándo
con otro miembro médico de la prisión.

Cuando he hablado del difícil equilibrio no era porque se tratase de un
caso especialmente complejo y difícil, que lo era, sino que el equilibrio
que he defendido antes es el que está entre el derecho a la información y
el cumplimiento de la ley. La pregunta que hay que hacerse es la
siguiente. ¿Los sucesos absolutamente judicializados, tienen que tener el
mismo tratamiento informativo de los que no lo son? ¿Se puede y se debe
informar de la misma forma y de la misma manera cuando un juez en un
momento determinado asume el liderazgo de la investigación? Los que no
somos jueces, ¿podemos y debemos informar con la misma amplitud que en un
asunto no judicializado? ¿Cuándo lo podemos y lo debemos hacer? ¿Cómo se
perturba menos la investigación judicial? ¿De qué forma no introducimos
unos factores que pueden condicionar o confundir en un momento
determinado porque los predetermina a una decisión de carácter judicial?
¿Cuál debe ser el respeto, desde el punto de vista informativo, de una
institución como el Ministerio del Interior, cuando se judicializa un
caso de esta naturaleza? Eso no tiene unas preguntas definitivas. Y uno
tiene que actuar en ese difícil equilibrio. En ocasiones ello puede dar
ventaja para aquellos que quieran realmente demostrar una versión
contraria. Esa pregunta que yo me he hecho ha tratado de ser respondida.

Se podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, pero al menos hay una
coherencia en la aproximación de la cuestión. Evidentemente he sido
criticado, y me parece muy bien y muy razonable, pero lo que quiero decir
es que hubo cumplimiento de la ley. No fue casual una actitud de esta
naturaleza y en cada caso habrá que preguntarse de la misma manera, sin
recetas mágicas de antemano. Ojalá en cada uno de esos casos podamos
responder de la forma más completa.

Esté S. S. seguro --y yo sé que usted no lo hace-- de que a los violentos
en ese terreno no les damos ningún balón de oxígeno, hubiese sido la
versión que hubiese sido. Esté usted seguro de que el balón de oxígeno lo
tienen cuando hay falta en el cumplimiento de la ley, cuando estamos
desunidos y desorganizados; ahí es cuando realmente no acertamos el
conjunto de las fuerzas democráticas. Ese es su balón de oxígeno.

Cualquiera que hubiese sido la versión, esté seguro, señoría, de que el
periódico Egin se adapta a toda circunstancia exclusivamente para dañar
la libertad y la convivencia. Y no hay ningún síntoma en ese terreno de
que haya una mínima rectificación de un talante que le ha acreditado en
estos años. Reitero que el Ministerio tiene que ir adoptando las medidas
para que el siguiente caso reciba una respuesta más perfecta desde el
punto de vista democrático. Claro que tomamos nota en cada uno de esos
sucesos. Claro que esperamos que, desde la crítica y desde el diálogo,
podamos tener cada día una mejor respuesta democrática a tragedias como
las que hemos padecido.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): ¿Grupos
parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: En nombre del Grupo de Coalición Canaria, voy
a ser breve y esta brevedad va a estar justificada por la firmeza y
concreción de nuestro planteamiento.

En primer lugar, como han hecho otros portavoces y como ha comenzado su
intervención el señor Ministro del Interior, quiero expresar nuestra
condolencia hoy a todos los familiares de este funcionario de prisiones
en el País Vasco, señor Gómez Elósegui. Nuestra palabra, una vez más
--que parece reiterativa, pero que es necesario reafirmar--, de rechazo y
de repulsa por este asesinato. En segundo lugar, nos congratulamos
también de que en esta ocasión, afortunadamente, las Fuerzas de Seguridad
del Estado, la Policía Nacional, haya conseguido detener a uno de los
miembros del comando que ha perpetrado esta mañana el asesinato en ese
atentado y que permita las medidas policiales de lucha contra el comando
respectivo y la estructura terrorista.




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Dicho esto y entrando de lleno en el motivo de la comparecencia, quiero
hacer una reafirmación del planteamiento que ha hecho el señor Ministro.

En primer lugar, reafirmación de confianza y de apoyo a las medidas que
viene tomando el Gobierno --como lo hacía el Gobierno anterior-- y
especialmente las que realiza el Ministerio del Interior como órgano
ejecutor de esa política del Gobierno. Porque no podemos desprestigiar el
cumplimiento de la ley, como usted bien ha dicho, señor Ministro. Porque
situarnos en el campo de la duda en un Estado de Derecho, cuando se hacen
unas aportaciones documentales y periciales, es beneficiar al
contrincante, al terrorismo y a las estructuras operativas y políticas
que lo alientan y apoyan.

En segundo lugar, nosotros mostramos nuestra coincidencia y acuerdo por
este principio de veracidad y de credibilidad por el que estamos a este
lado de la línea democrática de lucha contra el terrorismo. En el deseo
de la pacificación de todo el Estado --y concretamente al pueblo vasco le
deseamos nuestros mejores deseos y beneficios-- situamos el principio de
credibilidad con quien está en nombre del Estado democrático y de los
partidos democráticos. Para nosotros la credibilidad no está al otro lado
de la línea; la credibilidad tiene que estar del lado de los partidos
democráticos, de los partidos que firmaron el acuerdo antiterrorista de
Madrid y el pacto de Estado, al que ahora me referiré, y de la Mesa de
Ajuria Enea.

Cuando se hacen unas aportaciones de pruebas de forenses y pruebas
técnicas, todo lo que sea salirse del principio de credibilidad --que
estamos políticamente obligados a dárselo a un gobierno democrático y a
unas fuerzas políticas democráticas-- hace que el sistema caiga por su
propio peso. Sembrar la duda es hacerle el juego a los enemigos de este
principio.

Termino, señor Ministro del Interior y señora Presidenta en funciones.

Coalición Canaria sabe que planteamientos de esta profundidad, salvo las
competencias de las fuerzas parlamentarias y de esta Comisión, en la
valoración política y sus repercusiones, más allá de estas situaciones y
casos como el que hoy nos ha traído aquí, deben hacernos reflexionar a
todas las fuerzas políticas parlamentarias que suscribimos el 5 y el 10
de noviembre de 1987 el pacto de Estado antiterrorista, que ratificamos
el acuerdo del 13 de mayo de 1988 de los partidos vascos en Vitoria
--porque hay temas en los que estamos todos legitimados-- y nos
comprometimos a mantener el principio de diálogo en un marco adecuado,
como era el pacto de Madrid o el pacto de Ajuria Enea. Ello nos debe
hacer reflexionar sobre si cuestiones que se están planteando hoy no
tendrían un marco más adecuado en esas dos instituciones.

Señor Ministro, cuando firmamos aquí, en mayo de 1988, aquel acuerdo de
ratificación, en su punto 6 nos comprometíamos a velar porque la
necesaria defensa del Estado de Derecho contra los ataques de la
violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la
legalidad y de los derechos humanos en general, sintiéndonos legitimados
para denunciar con la misma convicción con que condenamos toda violencia
los casos en los que pueda haber violación de dicho principio. Esta
declaración se enmarcaba en el marco de discusión del acuerdo de Madrid y
de la Mesa de Ajuria Enea.

Todo lo que sea sacar fuera de ese marco temas para el debate es hacer un
flaco servicio a estas mesas institucionales de los partidos demócratas.

Y las estamos dejando hechas unos zorros, señor Ministro, a juicio de
Coalición Canaria. Porque aquí no estamos discutiendo un problema de
forenses, sino el problema de que las organizaciones que están contra el
Estado democrático, contra la convivencia en el País Vasco, contra los
partidos democráticos, no están esperando un balón de oxígeno, es que se
lo fabrican. Esto, señor Ministro, no da la firmeza de apoyo a la
política del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, la plena
credibilidad, con las pruebas que se han aportado y el principio político
de apoyo y de solidaridad y, por supuesto, a todos los partidos que
actúan en el marco de la democracia en el País Vasco y en el resto del
Estado para que nuestras instituciones se puedan salvar ante una cuestión
primordial, que es el principio de unidad entre todas las fuerzas
políticas y democráticas que luchamos contra el terrorismo.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: También, evidentemente, en nombre de mi Grupo
y desde la profunda repugnancia que nos provoca la violencia, más aún
cuando supuestamente se hace en nombre del nacionalismo, concepto que a
nosotros nos es muy querido, queremos desde aquí no sólo condenar el
atentado de esta mañana, sino transmitir nuestro pésame a la familia de
Francisco Javier Gómez Elósegui, cobardemente asesinado esta mañana.

Mi intervención, que también va a ser breve, empieza clara y nítidamente
dando una vez más nuestro apoyo firme e inequívoco al Ministerio del
Interior en su política antiterrorista y también en su política
penitenciaria en este caso, sin ninguna duda, y eso creemos que debe
quedar muy claro, sin matices. Creemos que el tratamiento que se haga de
hechos como éste puede permitir una instrumentalización que acaba dando
una imagen de falta de unidad que nos perjudica a todos.

Por tanto, con toda claridad decimos que no somos partidarios ni siquiera
de que se dé esa imagen de falta de unidad. Queremos dejar muy clara
nuestra plena certeza de que en las prisiones españolas, en los
establecimientos penitenciarios españoles se respetan los derechos
humanos, obviedad que es lamentable que sea necesario reiterar en 1997;
queremos dejarlo así de claro en toda España y ante toda Europa que como
fuerza política no tenemos la más mínima duda de que estamos en un Estado
de Derecho, de que el sistema policial español actúa dentro del Estado de
Derecho, de que todo el sistema judicial español actúa en el marco del
Estado de Derecho y que las prisiones, todas ellas, los establecimientos
penitenciarios, todos ellos, se mueven dentro del marco del Estado de
Derecho. No creemos que hoy sea legítimo poner en duda por parte de nadie



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esta afirmación, y quería aprovechar esta ocasión para dejarlo muy claro.

Agradecemos y agradezco personalmente las explicaciones que ha dado el
señor Ministro del acontecimiento que ha provocado su comparecencia. Lo
único que haría sería un comentario, pero desde un ánimo estrictamente
constructivo, sobre lo que creo que queda suficientemente claro y que ya
está sobradamente acreditado por parte de nuestro grupo. El Ministerio
del Interior tomó en su momento una opción informativa que respetamos. No
acabo de ver --y me sale aquí más la veta de abogado en ejercicio que
estrictamente la veta política--, no acabo de compartir la totalidad de
la argumentación jurídica que ha presentado el señor Ministro y
entraríamos en una discusión jurídica sobre la interpretación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso el Ministerio entendió que debía
dar primacía a una determinada forma de entender el secreto del sumario
que nosotros mismos hemos instado a cumplir muchas veces. Ello no impide
que creamos que en este caso la decisión no fue la más acertada, lo cual
no obsta para dejar claro que el único facultado para tomar esa decisión
era el Ministro del Interior. Por tanto, en ese sentido la respetamos y
la volveríamos a respetar si se volviera a tomar, pero puesto que,
ciertamente, se trataba de una decisión política como es la de cómo se
presenta a la ciudadanía un hecho que sin ninguna duda, como después
ocurrió, podía tener interpretaciones discutibles, más aún ante un caldo
de cultivo en el que sigue existiendo gente que pone en duda lo que yo
quería decir antes, que nosotros no ponemos en duda, como es que el
Estado de Derecho ha llegado también al sistema penitenciario español,
quizá hubiera sido más prudente otra opción, en el equilibrio, siempre
difícil, entre protección del secreto del sumario y dejar muy clara la
transparencia, para impedir que le puedan llegar a la opinión pública
versiones distintas y, por tanto, abortar --y permítanme esta expresión--
desde la raíz toda posibilidad de interpretación falseada. Creemos que
quizá la otra opción hubiera sido más correcta, pero, dicho eso,
respetamos absolutamente la decisión que se tomó, aunque, insisto, no nos
parecía la más afortunada, como se comprobó posteriormente. Sin embargo,
respetamos la plena competencia del Ministerio del Interior para decidir
cómo plantea su política informativa, siempre y cuando sea, como queda
claro que así ha sido, una decisión tomada desde la rectitud, desde la
buena fe y desde el sopesar los distintos elementos que había en juicio.

Termino aquí la intervención. Pleno respeto, hubiéramos preferido más
transparencia, pero nos parece que debemos respetar la decisión que se
tomó. A efectos puramente de orden tampoco hace falta que conteste
después de mi intervención, me daré por contestado con que responda al
final.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Señor Ministro, la verdad es que la posición que
ha sostenido el representante de Convergència i Unió la suscribo al cien
por cien, lo cual facilitará que este trámite sea breve.

El Grupo Parlamentario Socialista no consideró preciso solicitar su
comparecencia por este tema. Con eso yo creo que se expresa claramente la
posición política que sostenemos, y es que realmente aquí hay dos formas
de afrontar este tipo de cuestiones: desde quienes otorgamos una
presunción de veracidad a los comportamientos procedentes del Gobierno
legítimo y democrático en todo lo que tenga que ver con la política o con
la lucha antiterrorista, y quienes parten de la tesis contraria, de una
especie de principio de sospecha por el que debe ser el Gobierno quien
pruebe que ha actuado correctamente. Nosotros partimos del contrario,
partimos del principio de la presunción de veracidad de los
comportamientos del Gobierno legítimo de la nación, y, en particular,
partimos, sin duda, de la presunción de que los funcionarios y
funcionarias de prisiones cumplen y se someten estrictamente a los
principios de legalidad.

Por tanto, considerábamos innecesario e incluso inoportuno formular una
comparecencia de esta naturaleza que podía contribuir indirectamente a
suscitar, como usted ha indicado, señor Ministro, expectativas sobre un
eventual comportamiento irregular por parte de algún funcionario
dependiente de la Administración. Nuestro punto de vista es absolutamente
rotundo: no se puede aceptar el que se compare la información que usted
ha emitido en este acto con la proporcionada por el Egin, y eso se ha
dicho literalmente aquí. Desde luego, nosotros no compartimos esa
valoración, señor Ministro. Por el contrario, pensamos que usted ha dicho
la verdad de lo que conoce, mientras que el Egin incluso cuando dice
algún dato cierto --cosa no muy frecuente-- lo sumerge siempre en un
contexto de estricta propaganda terrorista y, por tanto, es global y
substancialmente falso todo lo que publica el Egin. Una comparación de
ese tipo me parece injusta e incluso ofensiva. Desde luego, nuestro grupo
no la hace ni la va a hacer.

A partir de ahí, es cierto lo que ha dicho, desde nuestro punto de vista,
el portavoz de Convergència i Unió o, por lo menos, así lo creemos. De su
intervención lo que nos parece más dudoso son aquellos aspectos que a lo
mejor han sido sugeridos por el Ministerio de Justicia, es decir, la
formulación jurídico-argumental. En ese punto no la comparto, con toda
sinceridad. Yo creo, señor Ministro, que usted tenía margen político para
poder contar o no los hechos de los que se conoció precisamente en la
fase administrativa que usted ha descrito y, por tanto, tenía margen
político para haber dado o esa nota escueta o una nota más descriptiva de
todo lo que allí ocurrió. Dentro de ese margen político, usted actuó.

Ciertamente son decisiones muy difíciles de tomar en el ámbito de la
política informativa y, sin duda, intentó acertar. A toro pasado, resulta
más bien razonable pensar que no fue la mejor decisión. Facilitó una
campaña tradicional en el Egin y propició --y eso me preocupa muchísimo
más-- que algún grupo democrático sembrara dudas. Desde esa óptica, quizá
en el futuro la política informativa, dado que sabemos que estas cosas
ocurren, que desgraciadamente estamos sometidos a la manipulación de los
instrumentos de ETA y a veces a la presunción



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de sospecha de fuerzas políticas democráticas --esto segundo, insisto, es
lo que me preocupa--, quizá más bien parece que pudo haber un error de
política informativa.

También comparto la posición de respeto a su decisión en un momento
complejo, en el que realmente hay elementos a favor de una y de otra
decisión.

Visto lo pasado, es fácil apuntarse a que hubiera sido mejor hacer una
información más completa. Esa es mi sincera opinión y se la transmito
desde la plena lealtad que sabe el señor Ministro que mantenemos en todo
lo relacionado con la política antiterrorista.

Para finalizar, sin duda, hacemos nuestras sus palabras y las de todos
los representantes de los grupos parlamentarios en orden a mostrar
nuestro pésame y nuestra solidaridad con los familiares, con los
compañeros de la persona hoy asesinada, Francisco Javier Gómez Elósegui.

No bastan las palabras. Sin embargo, yo creo que lo importante es que
estos hechos sirvan para intentar restablecer una unidad sin fisuras
entre todas las personas decentes de este país.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Nosotros, como no puede ser de otra forma, queremos
comenzar de la misma manera que lo han hecho el señor Ministro y todos
los grupos parlamentarios expresando nuestro pesar a la familia de don
Francisco Gómez Elósegui, así como nuestro homenaje a todos los
funcionarios penitenciarios por la escrupulosa labor de atenimiento a la
legalidad con el que día a día cumplen una función social trascendental
y, cómo no, nuestra felicitación a los agentes del Cuerpo Nacional de
Policía que en el momento mismo de la perpetración de los hechos han
podido detener a uno de sus presuntos responsables.

Desde estas consideraciones previas quisiéramos formular hoy aquí, porque
nos parece singularmente oportuno, una reflexión que se extrae sin lugar
a duda de lo dicho. Esta sesión constituye sin género alguno de duda una
evidencia de la grandeza de la democracia; constituye una evidencia de la
fortaleza moral e intelectual del hecho de la libertad, porque mientras
hoy estamos legítimamente reunidos aquí, en una institución que
representa a la soberanía popular, para debatir e informar acerca de un
hecho puntual acaecido en un centro penitenciario saldado con una muerte
lamentable, como toda muerte, tal y como ha calificado el señor Ministro
del Interior, calificación que compartimos todos los grupos, lamentable
como toda muerte, sin ponerle nombres y apellidos, otros han pretendido
servir como siempre ese debate del crimen, del chantaje y del miedo
cometiendo de nuevo un acto criminal. En esa comparación de tiempo todos
debemos sin lugar a duda ahondar en una reflexión de futuro para matizar
nuestros comportamientos y nuestras opiniones y, en todo caso,
profundizar en lo que tiene que ser el equipaje principal de los
demócratas para hacer buena precisamente esa fortaleza moral de la
democracia y de la libertad, y que no puede ser otro que nuestra clara
cohesión frente a los criminales y su entorno.

Dicho eso, señor Ministro, nosotros tenemos que partir de dos
consideraciones que nos parecen incuestionables. No hay duda alguna desde
la posición del Grupo Parlamentario Popular en torno a los aspectos de
este hecho que hoy nos trae aquí por dos consideraciones básicas. En
primer lugar, porque el cumplimiento escrupuloso y absoluto de la ley por
parte del Ministerio del Interior ha sido, es y será una nota acreditada
y constante, como no puede ser de otra forma. En segundo lugar, y se ha
hecho esa referencia esta mañana y conviene insistir en ella, porque
afortunadamente, en virtud de lo dicho y precisamente por la
configuración de España como un Estado democrático de Derecho, el sistema
penitenciario español se caracteriza básicamente por un respeto absoluto
a los derechos humanos, por un respeto absoluto a contenidos de
legalidad, esencialmente humanistas.

Desde esas afirmaciones y desde los hechos objeto de esta convocatoria
nosotros queremos reafirmar nuestra convicción en torno a los tres
supuestos principales objeto de la misma. En primer lugar, que la muerte
de José María Aranzamendi, tal y como ha quedado sobradamente acreditado,
no es imputable a ninguna otra causa que no sea la de su dramática
decisión personal de quitarse la vida. En segundo lugar, que el
Ministerio del Interior, a juicio de este grupo parlamentario, informó a
la opinión pública en los términos exactos en que estaba obligado para no
quebrantar el secreto sumarial. Creemos que calificar eso de error u
oscurantismo puede ser aproximarse a otro error. Y, en tercer lugar, que
en el seguimiento y atención médica prestados a este interno, a José
María Aranzamendi, de la misma forma que se presta a todos los internos
que configuran la población reclusa española, en este caso singular,
durante su estancia en prisión jamás se le apreció ningún tipo de
tendencias específicas que pudieran aventurar el resultado finalmente
producido.

Sobre esas características que son desde la posición de mi grupo las tres
notas que hay que tener definidas claramente en orden a estos sucesos,
existe una que resulta evidente y que es trascendental: De nuevo una
enorme tragedia, como lo es la muerte de cualquier ser humano, ha sido
manipulada sin respeto alguno por el entorno etarra para autopublicitarse
sobre ella, para crear nuevamente esa ya tan manida, tan repugnante y tan
conocida estrategia de la verdad sospechosa, a fin de poder vertebrar un
concepto de perseguidos y represaliados que no se da en modo alguno en el
interior de nuestros centros penitenciarios; que no se da por imperativo
de la ley y que no se da por el ejemplar comportamiento de todos y cada
uno de los profesionales que prestan servicio en el interior de dichos
centros.

Quizá quienes construyen sistemáticamente, como lo hace el diario Egin y
como lo hace todo el entorno etarra, esa estrategia de la verdad
sospechosa, no respetando ni siquiera el dolor de una familia; quizá
quienes pretenden establecer ese concepto de represalia o de persecución
pudieran valorar si en el concepto de represalia o de persecución casa,
porque nosotros no lo creemos en modo alguno, el que determinados
internos pertenecientes al colectivo



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de presos de ETA puedan adoptar determinados comportamientos y conductas
de jolgorio una vez presencian en los medios de comunicación
audiovisuales la muerte de un ser humano, de un ciudadano, un nuevo
crimen de esa banda terrorista. Precisamente también en esa diferencia
entre quienes se congratulan por la muerte de un ciudadano y quienes como
todos nosotros hoy estamos lamentando la muerte de otro ciudadano, por
más que algunos pretendan establecer otras valoraciones extrañas, existe
un signo de distinción muy importante en favor del coraje y de la
fortaleza moral de los demócratas frente a los asesinos.

Eso, señor Ministro, nos permite decir que desde este grupo parlamentario
tenemos las ideas muy claras, las teníamos en todo caso, y mucho más,
señor Ministro, después de haber escuchado algunas valoraciones.

Tenemos y hemos tenido siempre la idea muy clara de que por una razón
elemental de principio solamente a ETA, a su entorno, a los criminales y
a los asesinos se les puede achacar de principio la falta de credibilidad
y nunca a quienes desde las fuerzas políticas y sociales democráticas,
nunca a quienes desde el Gobierno legítimo de la nación, nunca a quienes
desde el Gobierno en este caso también de la sociedad vasca actúan
ejemplarmente en defensa de la libertad, de la seguridad, de la
legalidad.

Por eso no podemos aceptar, señor Ministro, que se pretenda establecer en
términos de valoración casi equiparable lo que pueda decir el diario Egin
y lo que dice el Ministerio del Interior. Porque, como bien señalaba el
señor Ministro, Egin actúa exclusivamente al servicio de ETA. Como bien
se ha dejado claro a lo largo de las intervenciones de muchos grupos
parlamentarios y del señor Ministro, Egin, en ese intento de servir
permanentemente a los intereses de ETA, que es a los intereses de la
violencia, no tiene por qué autolimitarse en nada, ni siquiera en las
consideraciones de legalidad a la hora de establecer su supuesta
pseudopolítica informativa, en tanto en cuanto los poderes del Estado, en
cambio, precisamente por su sometimiento a la legalidad, sí tienen en
todo punto que autolimitarse, como en este caso, a la hora de determinar
ciertas valoraciones o informaciones, precisamente para no interferir la
acción de la justicia.

Teníamos muy claro, señor Ministro, y mucho más a tenor de alguna de las
cosas que hoy hemos escuchado, que en España no existen unos presos y
otros presos, que en España no existen presos y prisioneros, que en
España no existen más que presos, atenidos en su condición en todo punto
a lo dimanado del ordenamiento jurídico vigente y en la consideración de
trato que yo antes señalaba, al principio de esta intervención, es decir,
plenamente respetados en su condición de persona. Teníamos muy claro,
señor Ministro, y seguimos teniendo ahora mucho más claro, que las
posibles vicisitudes de esta última carta de José María Aranzamendi,
aparecida horas antes de este debate, no pueden ni deben ser achacables o
solicitadas en términos de explicación ni al Ministerio del Interior ni a
la autoridad judicial que ha intervenido en este caso, sino única y
exclusivamente, como siempre, a aquellos que todo lo manipulan, hasta el
dolor de una muerte.

Teníamos muy claro que no hay más fracaso que el situarse en una especie
de tierra de nadie a la hora de determinar la frontera entre los
demócratas y los asesinos, porque si hay tierras de nadie en el orden
internacional a efectos de esas fronteras geográficas, en el orden
intelectual, en el orden moral, en el orden político, cuando se habla de
democracia y de convivencia y de crimen no hay tierra de nadie, hay un
lado de la frontera y hay otro lado de la frontera, hay un lado que es el
de la paz, el del diálogo y el de la tolerancia, y hay otro lado, que es
el del crimen, el de la extorsión, el de la violencia.

Teníamos muy claro, señor Ministro, y después de haber escuchado alguna
intervención lo tenemos mucho más claro, que el problema no es recibir a
quienes, probablemente con toda buena intención, impulsan una determinada
iniciativa, sino que el problema es comprender por parte de todos que
determinadas iniciativas de carácter unilateral no benefician en absoluto
a ese principio de cohesión democrática que es indispensable para
reincidir en esa fortaleza moral de los demócratas frente a los asesinos
y los violentos.

Teníamos muy claro, señor Ministro, porque lo tiene muy claro el señor
Ministro y así lo ha demostrado sistemáticamente con sus actos, que la
primera obligación del Ministro del Interior es la búsqueda del acuerdo,
claro que sí, pero ésa es también, y deberían tenerlo muy claro todos,
una obligación de todos, y ese esfuerzo se tiene que acreditar de manera
permanente, y no sólo cuando conviene, por mor de determinadas
circunstancias, a la estrategia concreta de unos o de otros. No tiene
ningún sentido, y ése es también un principio que teníamos muy claro,
reafirmado después de lo que hemos escuchado esta mañana, afirmar que el
caso Aranzamendi da carta de naturaleza al análisis sobre la situación
penitenciaria, que se puede hacer legítimamente, sin lugar a dudas, pero
que se puede hacer tan sólo desde un sector de las fuerzas políticas.

Teníamos claro que confunde sólo quien se quiere dejar confundir o quien
se quiere situar en esa especie de tierra de nadie a la que yo antes
hacía referencia, porque hay que decir nuevamente y como cuestión de
principio que entre la carga de credibilidad a priori que puede tener el
Ministerio del Interior o cualquier otra institución del Estado o de la
Comunidad Autónoma Vasca, entre esa carga de credibilidad de principio
que tienen estas instituciones democráticas y la que pretenda asumir el
autodenominado MLNV no hay ni puede haber en ningún momento el más mínimo
término de comparación.

Teníamos muy claro, lo hemos escuchado hoy al señor Ministro de nuevo,
que en materia penitenciaria no hay mejor forma de colaborar que no abrir
debates tangenciales que rompen la cohesión democrática y que sólo
producen efectos saludables a la propaganda etarra, que no hay mejor
forma de colaborar que respetar las competencias exclusivas del
Ministerio del Interior y que no hay mejor forma de colaborar que
trasladar toda sugerencia, y hoy nuevamente ha habido en ese sentido una
clara invitación del señor Ministro, a través de cauces que no produzcan
tensiones institucionales por no ser probablemente los cauces adecuados.




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Vuelvo a insistir, para finalizar, en uno de los aspectos que parece ser
que han sido claves de esta cuestión. Más allá de este caso concreto y
con respeto al concepto de transparencia, ésta ha sido, es y será una
nota constante y evidente en la acción de este Ministerio del Interior,
pero nadie debe perder tampoco de vista que este concepto de
transparencia también se sujeta al imperio de la ley y, por tanto, al
alcance de las normas de naturaleza procesal que afectan a las
instrucciones sumariales, precisamente para no dificultar la acción de la
justicia, que es base esencial del Estado de Derecho y de toda sociedad
democrática.

Concluyo, señora Presidenta, señor Ministro, señalando que probablemente
el gran punto de acuerdo consecuente con el debate de hoy es que todos
tenemos necesariamente ya que estar a la altura de las circunstancias,
pero en este contexto y en lo que afecta a la lucha contra los
terroristas, en lo que afecta a la cohesión democrática frente a los
criminales, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos
que estar a la altura de las circunstancias significa no deslizarse en
tesis que otros manipulan a su conveniencia ni presentar ningún género de
complejo de inferioridad político o dialéctico frente a las
construcciones permanentes de esa verdad sospechosa a la que Egin, ETA y
todo el autodenominado MLNV hacen constantemente referencia.

Entendemos que estar a la altura de las circunstancias significa no
pretender deslegitimar con medias palabras la actuación de quienes, como
el Ministro del Interior, sirven a la ley, que es servir a la defensa de
la libertad y de la seguridad de todos. Entendemos que estar a la altura
de las circunstancias significa no tomar en consideración ni tan siquiera
la hipótesis de quienes son portavoces de ese autodenominado MLNV, y que
pretender establecer cualquier género de credibilidad o de legitimidad a
esas tesis es un profundo error.

Estar a la altura de las circunstancias, señora Presidenta, significa,
después de lo que hoy hemos vivido, no solamente en esta Cámara, sino
fuera de la Cámara, después de los sucesos de los últimos días, que es
obligado que por parte de todos hagamos el mayor acopio de sentido común,
que terminemos con polémicas estériles que sólo benefician a ETA y que
nublan en la consideración de la opinión pública lo que no nos podemos
permitir el lujo de nublar, esto es, que existe una raya muy clara que
separa a demócratas de asesinos y que todos, todos los que estamos en
esta Cámara, estamos de ese mismo lado de los demócratas. En definitiva,
señora Presidenta, señor Ministro, hoy estar a la altura de las
circunstancias significa básicamente estar a la altura de la grandeza
moral del pueblo vasco y del pueblo navarro, de ese pueblo vasco y de ese
pueblo navarro que supieron decir no a ETA en la convocatoria de huelga,
estar a la altura del tremendo coraje moral de la Ertzaintza y de su
ejemplar reacción frente al caso Otegui, estar a la altura del tremendo
esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de todos los
funcionarios penitenciarios. Que sepamos nosotros, los responsables
políticos, estar a la altura de la sociedad, que confía en todos nosotros
para definir soluciones, porque solamente estando a la altura de eso
podremos finalmente hacer que ganen, que prevalezcan, la razón la
libertad y la convivencia pacífica.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Con extraordinaria
brevedad, porque yo creo que sinceramente el debate ya está concluido.

Simplemente quería agradecer, en primer lugar, al representante de
Coalición Canaria sus consideraciones y coincidir con él en que la
credibilidad no está al otro lado de la línea, como él gráficamente lo ha
expuesto.

Al representante de Convergència i Unió, señor Guardans, quiero hacerle
dos consideraciones. La primera es que usted plantea algo que yo he
escuchado con mucha satisfacción y que me parece muy importante. La
colaboración internacional, la cooperación de España con otras naciones,
es y será cada día más clave, y es probablemente la clave del futuro en
materia antiterrorista. Lo que usted ha dicho hoy aquí del prestigio de
las instituciones penitenciarias, que hay que hacerlo en toda Europa,
tiene una enorme relevancia. Por eso que lo hagan partidos como el suyo
tiene una enorme trascendencia, y le animo a que lo haga, porque sin duda
ninguna en el prestigio de la democracia española está uno de los
secretos y una de las claves para finalizar con el conflicto que sin duda
padecemos. Por eso me parece enormemente importante lo que usted ha dicho
hoy. Le animo a que siga caminando en esa dirección, porque en esa
cooperación internacional, en países claves como Francia, lo que
signifique el prestigio de la democracia española, el prestigio de las
instituciones, es un elemento clave, decisivo, y por eso lo he escuchado
con especial satisfacción. Sin duda, coincido plenamente con usted. Ha
planteado muy bien el tema --también el señor Belloch--: el equilibrio,
lo que significa una información en un asunto judicializado, la
información de un ministerio cuando hay un secreto del sumario. Eso es lo
que está en el debate. Y ustedes, tanto el señor Belloch como usted
mismo, han dicho: No estamos del todo de acuerdo con lo que ustedes han
hecho. En palabras del señor Belloch, podía haber habido más margen. Eso
es lo que en algunas ocasiones se ha criticado del Ministerio del
Interior y lo que sin duda tiene que ser objeto de reflexión por parte de
todos, también del Ministerio del Interior, para que en la medida de lo
posible sepamos hacer un equilibrio aún más perfecto.

Le agradezco la intervención --no faltaba más--, creo que ajusta el
debate en sus estrictos términos, de la misma manera que agradezco al
señor Belloch sus consideraciones, su presunción de inocencia frente a la
presunción de sospecha y también su discrepancia en lo que ha significado
un margen político que, en su opinión, el Gobierno podía haber utilizado
de otra forma, pero ése es el debate y eso es, en mi opinión, lo que
viene a significar la esencia de la comparecencia de hoy. El papel de la
oposición y del Gobierno están más claros que nunca en este sentido y en
este debate. Le agradezco, de verdad, su posición, su intervención,
especialmente en el día de hoy.




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Por último, señor Gil Lázaro, me quedo con su palabra y con su mensaje
final. Creo que más que nunca tenemos que estar a la altura de las
circunstancias y abandonar políticas estériles que no llevan a ningún
lado, porque, en estos momentos, la sociedad vasca se desmoraliza cuando
ve atentados, pero la sociedad vasca, como la sociedad española, cuando
se desaniman es cuando ven el comportamiento de los partidos, el
comportamiento, en ocasiones, de los dirigentes, y no diré el de éste o
el de este otro, porque lo que provoca el mayor desconcierto, el mayor
desánimo, es el resultado final de la discrepancia, porque lo que quiere
esencialmente la sociedad es unidad sin fisuras y que estemos a la altura
de las circunstancias. Si en este tema no retomamos pronto el sentido
común --y yo creo que hay que retomarlo--, sin duda estaremos haciendo un
flaco servicio a lo que hoy es una demanda desde la desorientación, en
ocasiones desde la angustia, de una sociedad que cuando menos exige una
actitud responsable por parte de todos.

Muchas gracias por sus intervenciones.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias,
señor Ministro. Muchas gracias a todos.

Se da por concluida la sesión.




Era la una y cuarenta minutos de la tarde.