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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 161, de 05/03/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 161
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles, 5 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre disponibilidad de impresos para el pago de impuestos en las
lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000270) (Página 4416)
--Sobre abono de la deuda de Ayuntamientos en cuyos términos se hallen
instalaciones hidroeléctricas sujetas al Impuesto de bienes inmuebles
(IBI). Presentada por el Grupo Parlamentario anterior. (Número de
expediente 161/000288) (Página 4419)
--Relativa a compensaciones a municipios con centrales hidroeléctricas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000298) (Página 4419)
--Relativa a la cuantificación e indemnización por los daños causados por
los temporales del invierno 1996-1997, en la provincia de Cádiz.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000319) (Página 4424)
--Sobre el proceso de venta de Telefónica Internacional, S. A. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/000308) (Página 4427)
--Por la que se insta al Gobierno a garantizar de manera permanente y
suficiente la presencia del Estado en Telefónica de España, S. A., así
como a posibilitar el control social de dicha compañía. Presentada por el
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del Congreso. (Número de
expediente 161/000321) (Página 4427)
--Por la que se insta al Gobierno a mantener su actual participación
accionarial en la empresa Telefónica de España, S. A., en el marco de la
participación del Estado en la Sociedad Telefónica de España, S. A., de
acuerdo con la situación mantenida antes del anuncio del proceso de
privatización por parte del Gobierno. Presentada por el Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000333) (Página 4427)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) (Fernández Norniella) para informar
sobre:
--Las materias propias de su competencia, previa remisión del informe
correspondiente. Comparecencia cuatrimestral. (Número de expediente
212/000517) (Página 4433)
--El desarrollo y conclusiones de la reunión ministerial de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) celebrada en Singapur. A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) del Congreso.
(Número de expediente 212/000422) (Página 4433)
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE DISPONIBILIDAD DE IMPRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS EN LAS
LENGUAS COOFICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. PRESENTADAS POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000270.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos a
comenzar la sesión de hoy de la Comisión.
A los efectos de su agenda, les propongo --y espero obtener, lógicamente,
su consentimiento-- que las votaciones las celebremos a partir de la una
de la tarde o en el momento posterior en que la discusión de los asuntos
sometidos hoy a debate lo permitan. También he de decirles que, a efectos
prácticos y de orden adecuado de las discusiones, debatiremos
conjuntamente los puntos números 2 y 3 del orden del día, así como los
puntos 5, 6 y 7, discutiéndose en un solo bloque tanto los primeros como
los últimos.
Dicho esto, empezamos la discusión de los asuntos comprendidos en el
orden del día que sometemos hoy a la consideración de esta Comisión.
Comenzamos con la proposición no de ley sobre disponibilidad de impresos
para el pago de impuestos en las lenguas cooficiales de las comunidades
autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Esta proposición no de ley forma parte de un
conjunto de iniciativas parlamentarias que nuestro grupo ha presentado,
algunas de las cuales ya se han tramitado y otras están tramitándose en
diversas comisiones. Todas estas iniciativas afectan a diversos ámbitos
de la Administración central y tienen un objetivo común: avanzar de forma
real en el reconocimiento efectivo de plurilingüismo del Estado español.
Porque es cierto que desde la recuperación de la democracia y la
promulgación de la Constitución nuestro modelo de Estado ha evolucionado
positivamente. Se han producido unas mayores cuotas de autogobierno en
las comunidades autónomas, se ha realizado una descentralización
importantísima del gasto público, se han producido también una serie de
transferencias de servicios y competencias. Todo esto es cierto, pero no
es menos cierto que, desde la óptica del modelo y de la configuración del
Estado español, existen aún dos grandes asignaturas pendientes: por un
lado, el reconocimiento real
y efectivo de la plurinacionalidad del Estado español, y, por otro, el
reconocimiento, también real y efectivo, del plurilingüismo del Estado
español.
Hoy queremos inscribir nuestra proposición no de ley en el reconocimiento
del Estado español como un Estado plurilingüe. Con nuestra iniciativa
parlamentaria avanzamos en la asignatura pendiente de un reconocimiento
real y efectivo del plurilingüismo del Estado español, porque hay que
decir que en este campo se ha avanzado poco, los avances no han sido
satisfactorios. Es cierto que en las comunidades autónomas donde existen
dos lenguas cooficiales se han producido avances, en algunos casos
significativos, pero también es cierto que el trabajo que queda por hacer
es muy importante y que este reconocimiento de la realidad plurinacional
y plurilingüe ha de ir mucho más allá. Es necesario recordar que existen
aún grandes dificultades, posiblemente producto de la inercia, para que
ámbitos de la Administración central asuman de verdad esta realidad
plurilingüe y operen en consecuencia. Nuestro grupo ha presentado
diversas iniciativas en otras comisiones en el ámbito de empresas
públicas como Renfe y Correos y en la Administración de justicia, ámbitos
en los cuales --insisto-- aún existen dificultades en llevar a la
práctica este gran objetivo. La proposición no de ley que hoy sometemos a
la consideración de esta Comisión intenta incidir en un ámbito concreto e
importante para, a través del avance en ámbitos específicos, conseguir
este objetivo común.
Como ustedes saben, existe un convenio de la Agencia Tributaria que
regula el reparto en las dependencias expendedoras de los impresos para
el pago de impuestos en las lenguas cooficiales de las Comunidades
Autónomas de Cataluña, Valencia, Baleares y Galicia. Sin embargo, el
pasado año nuestro grupo detectó numerosísimos casos en los que no
estaban disponibles los impresos en las lenguas propias de estas
comunidades autónomas y, en otros muchos casos, los propios ciudadanos no
tenían conocimiento de la existencia de impresos en las dos lenguas.
Nuestra proposición no de ley fundamentalmente propone dos grandes
objetivos: por un lado, realizar todas las acciones necesarias para
garantizar que en todas las dependencias expendedoras existan impresos en
las dos lenguas cooficiales de cada comunidad autónoma, y, por otro, que
exista una campaña publicitaria que dé a conocer a todos los ciudadanos y
ciudadanas la existencia de estos impresos.
Esta es nuestra iniciativa parlamentaria. Hemos conocido el texto de una
enmienda transaccional que el Grupo Popular propone, que va en esta misma
dirección. Ya quiero adelantar que nuestro grupo la aceptará y, por lo
tanto, votaremos a favor de la misma.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Popular, para cuya defensa tiene la palabra
la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Efectivamente, hemos presentado una
enmienda transaccional que nos congratulamos que el grupo proponente nos
acepte, pues será de satisfacción de todos los grupos. Es una enmienda
puramente técnica porque estamos totalmente de acuerdo con el contenido
de la iniciativa que ha explicado muy bien el señor Saura. Se trata de
favorecer un derecho lingüístico y, naturalmente, es obligación de los
poderes públicos hacer que este derecho sea efectivo.
Me van a perdonar SS. SS. que, antes de explicar nuestra enmienda en sus
caracteres técnicos, haga una pequeña derivación, como ha hecho el señor
Saura, sobre la lengua que me parece que es importante porque más que de
un impreso o de un impuesto estamos hablando de un derecho lingüístico.
Tiene razón S. S. cuando dice que todavía no es real y efectivo ese
derecho, pues la realidad está todavía lejos de llegar al nivel deseable.
Estimo, sin embargo, que el actual proceso de implantación lingüístico en
las comunidades con lengua propia y con carácter cooficial ha sido muy
satisfactorio. La lengua es algo tan vivo que este proceso estará
permanentemente abierto. Tiene S. S. razón cuando dice que ese derecho
todavía no es real ni efectivo en muchos aspectos, pero si observamos su
desarrollo desde la Constitución, que reconoce la oficialidad de otras
lenguas distintas al castellano, los estatutos de autonomía de seis
comunidades autónomas --aunque aquí hablemos ahora sólo de cuatro-- y las
leyes de normalización que lo han implantado y arraigado, podemos afirmar
que la identidad, es decir el carácter propio, está muy arraigada, que la
oficialidad, es decir el carácter legal, también está muy desarrollada y
que la normalización, es decir la corrección de los desequilibrios por
medidas compensatorias, se va avanzando, aunque éste es quizás el campo
donde todavía queda más por hacer. Ahora mismo se abre en el Parlamento
de Cataluña de nuevo el debate sobre la actualización de la ley del año
1983. Estamos seguros de que ahí surgirán propuestas interesantes como
ésta de la que estamos hablando.
Nos gusta que este debate lingüístico --que pocas veces tenemos ocasión
de celebrar en la Cámara porque suele ser más bien competencia de
comunidades autónomas que de esta Cámara-- se haga con sosiego, con
equilibrio y que nunca se convierta en arma arrojadiza. El balance de ese
derecho desde la Constitución hasta aquí nos parece positivo y
enriquecedor no sólo para esas comunidades autónomas, sino también para
el resto de las comunidades y de los ciudadanos españoles.
Sin embargo, como bien ha dicho el señor Saura
--ahora entro en las características de esta propuesta--, para que
el plurilingüismo sea real y efectivo hace falta un esfuerzo --utilizo un
término muy descriptivo que mencionó el otro día la señora Carme Laura
Gil-- más allá de la espontaneidad social. Posiblemente éste es uno de
los casos, porque existe el derecho de que los ciudadanos en estas
comunidades autónomas hagan la declaración de la renta y del patrimonio
en cualquiera de las dos lenguas cooficiales y, sin embargo, este derecho
se ejercita poco. Es sorprendentemente pequeño el porcentaje de
ciudadanos que utilizan esta posibilidad. De hecho, la Agencia Tributaria
hace unas previsiones mucho mayores. Y se devuelven impresos.
Por ejemplo, en la declaración abreviada, en catalán, se imprimen 300.000
impresos y se usa algo más del cincuenta por ciento; en esa misma
declaración, en gallego, creo que se imprimen unos 30.000 impresos y sólo
se usan ocho mil y pico, no llega al 25 por ciento. Algo sucede. Como
bien ha manifestado el señor Saura, puede ser falta de conocimiento de
esa posibilidad --es lógico que sea
así-- o pueden ser también problemas de distribución, porque a lo mejor
el que quiera ejercer esta posibilidad se encuentra con alguna
dificultad. Es posible que el problema no esté en ninguna de estas dos
causas, sino sencillamente en que hay un número pequeño de ciudadanos que
quiere utilizar estos impresos, pero, en cualquier caso, es conveniente
actuar así. Nuestro grupo parlamentario y el Gobierno actual están
haciendo un gran esfuerzo de acercamiento al contribuyente mediante el
estatuto del contribuyente y el defensor del contribuyente, con medidas
de apoyo como ésta.
El contenido de la proposición no de ley que ha defendido el señor Saura
es muy correcto. Es necesario dar una mayor difusión y hacer una mejor
distribución y para ello hemos presentado, por cuestiones puramente
técnicas, una enmienda transaccional. En el texto se hace referencia a un
convenio con Tabacalera que podría ser modificado. Por un lado, por el
convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ésta se
responsabiliza de la campaña en su conjunto y, por lo tanto, de la
impresión y de la distribución de los impresos. Por otro lado, por una
cláusula de este convenio y, más tarde, por una norma de rango menor de
la Administración tributaria Tabacalera se convierte en distribuidora. De
modificar algún convenio habría que modificar el convenio con la Fábrica
de Moneda y Timbre, aunque no parece necesario, porque estudiado se
observa que sus términos son muy serios, incluso conminatorios, para
garantizar la distribución y el abastecimiento total y permanente. Lo que
hay que modificar no son, pues, los términos del convenio, sino su puesta
en práctica. Este es el contenido de la enmienda transaccional cuya
aceptación han anunciado. Se trata de solicitar a la Administración
tributaria que haga un esfuerzo en la difusión, en la campaña
publicitaria, en todos los soportes a su alcance para explicar esta doble
posibilidad, y también que haga un esfuerzo suplementario para asegurar
lo establecido por la ley y por convenio: que la distribución se realice
en todos los estancos. Con una red tan buena como la de Tabacalera no hay
razón alguna para que no se distribuyan dichos impresos, porque,
naturalmente, en las oficinas de la Agencia no falta ningún impreso.
Repito que la Administración debe comprometerse a realizar este esfuerzo
suplementario, tanto en publicidad como en distribución.
Sólo me resta agradecer la aceptación de esta enmienda y espero que los
demás grupos también estén de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar la posición?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, voy a manifestar nuestro voto
favorable a la iniciativa con la enmienda aceptada. Nos congratulamos de
medidas de esta naturaleza que ponen de manifiesto un avance en el
reconocimiento del plurilingüismo existente en España que pone de
manifiesto que las lenguas oficiales no lo son en función de las
instituciones centrales o autonómicas, sino que la cooficialidad debe
proclamarse respecto de todas las administraciones existentes en un mismo
territorio. Finalmente, también nos congratulamos porque esta iniciativa
pone de manifiesto que es la administración la que está al servicio del
ciudadano y no el ciudadano al servicio de la administración y que, por
lo tanto, el ciudadano tiene el derecho a escoger la lengua con la que
quiere dirigirse a una Administración pública, bien sea en modelos
impresos tributarios, como a los que aquí se hace referencia, bien sea a
través de escritos no sujetos a tamaños modelos.
Es obvio que en un Estado social de Derecho, tal como proclama el
artículo 9.º de nuestra Constitución, hay que remover aquellos obstáculos
que pueden impedir o dificultar el ejercicio de los derechos y, por lo
tanto, todo lo que sea poner en conocimiento de los ciudadanos e
impulsarles a que ejerciten sus derechos lingüísticos nos parece
totalmente recomendable.
Como la sesión de hoy es larga, no queremos cansar más a SS. SS. y sólo
manifestamos nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Alvarez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: El Grupo Parlamentario Socialista quiere
manifestar su apoyo rotundo y pleno a esta iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la plena
vigencia y efectividad de derechos básicos contenidos en la Constitución
y en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, para
garantizar el derecho a que la cooficialidad de las lenguas tenga una
plasmación real en el uso que los ciudadanos puedan hacer ante las
distintas administraciones públicas, en particular, ante la
Administración tributaria.
Queremos valorar positivamente la unanimidad del debate sobre esta
medida. Creemos que ello es positivo para garantizar efectivamente el
reconocimiento y el uso de este derecho constitucional y, al mismo
tiempo, abundamos en que es preciso que se sigan haciendo los esfuerzos
necesarios para que este proceso vivo, iniciado con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y con el Impuesto sobre el Patrimonio, se
dinamice y alcance a otros impresos y declaraciones que periódicamente
los ciudadanos están obligados a cumplir en relación con sus obligaciones
tributarias. Esperamos que este proceso garantice al final que estos
derechos básicos y elementales se cumplan en la realidad. Pensamos que en
el ámbito de la información se puede mejorar en el sentido que marca la
proposición no de ley, por lo que la votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Saura, acepta S. S. la enmienda que ha sido
formulada por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor SAURA LAPORTA: Sí, señor Presidente, aceptamos la enmienda
transaccional.
--SOBRE ABONO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS EN CUYOS TERMINOS SE HALLEN
INSTALACIONES HIDROELECTRICAS SUJETAS AL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
(IBI). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000288.)
--RELATIVA A COMPENSACIONES A MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000298.)
El señor PRESIDENTE: Concluida la discusión y el debate del punto 1 del
orden del día, pasamos a la discusión de los puntos 2 y 3, consistentes
en la proposición no de ley sobre abono de la deuda de ayuntamientos en
cuyos términos se hallen instalaciones hidroeléctricas sujetas al
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), formulada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; así como la
proposición no de ley relativa a compensaciones a municipios con
centrales hidroeléctricas, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Para defender la proposición no de ley formulada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Voy a ser muy breve, señor Presidente, porque
entiendo que hay iniciativas que casi se defienden por sí solas y ésta
puede ser una de ellas.
Quisiera empezar recordando que en diversas ocasiones nuestro grupo ha
presentado propuestas para que la Administración central colaborase con
los ayuntamientos en la resolución de problemas que sufren los vecinos y
cuyo coste no puede ser asumido directamente por las administraciones
locales. Concretamente hemos planteado la posibilidad de contribuir a la
renovación de las redes de abastecimiento de aguas y a acelerar la
terminación del saneamiento integral de la Costa del Sol; iniciativas
nuestras que fueron rechazadas por cuestiones de competencia.
Conscientes de la diversidad competencial, estimábamos que con la actual
distribución de los fondos públicos entre las distintas administraciones
se penalizaba gravemente a los entes locales y, en consecuencia, había
que compensar de alguna manera el desequilibrio existente en la
financiación de los ayuntamientos. Hoy presentamos otra iniciativa que
también tiene como protagonistas a los ayuntamientos, pero en este caso
tenemos a la Administración central como eje de un comportamiento que
puede ser cicatero e insolidario si este problema no se resuelve de
manera urgente. Todos ustedes saben que, con la entrada en vigor de la
Ley reguladora de las haciendas locales las presas e instalaciones de
producción hidroeléctrica que no fuesen de aprovechamiento público y
gratuito pasaron a tener la consideración legal de bienes de naturaleza
urbana y, por tanto, quedaron sujetas a la tributación del impuesto de
bienes inmuebles y eran objeto de estudio por los centros de gestión
catastral que establecieron las ponencias complementarias a fin de
establecer el valor catastral y la correspondiente base imponible para el
pago del impuesto de bienes inmuebles. Por ejemplo, en Málaga, la presa
del Limonero se estimó que, en 1994, tenía un valor catastral de más de
5.800 millones de pesetas, lo que hubiese supuesto una deuda con la
corporación malagueña en torno a los 220 millones de pesetas, sin contar
lo que esa deuda significaría en los años 1990 a 1992.
La Federación Española de Municipios y Provincias consiguió aclarar las
dudas que existían y se llegó a un acuerdo de reconocimiento expreso de
esta deuda tributaria por parte de los anteriores Ministerios de Economía
y Obras Públicas y Medio Ambiente, así como también se llegó al acuerdo
de que el sujeto obligado al pago era el antiguo Ministerio de Obras
Públicas y Medio Ambiente, hoy Ministerio de Medio Ambiente,
descartándose en aquel momento la posibilidad de considerar sujetos
pasivos al Ministerio de Economía o a la propia Confederación
Hidrográfica.
Por otra parte, como todos sabemos, en noviembre de 1995 se aprobó en el
Senado una moción del Partido Popular, enmendada por los Grupos de
Convergència i Unió, Socialista, Vasco, Mixto y de Coalición Canaria, en
este sentido.
En este momento, el abono de esta deuda depende casi exclusivamente de la
voluntad del Gobierno, circunstancia que, como decía al principio,
justificaría por sí sola no solamente la presentación de esta proposición
no de ley, sino el pago inmediato de esa deuda. Pero también es
importante recalcar que no podemos quedarnos en una aprobación
testimonial de esta proposición, sino que esto debe suponer un compromiso
serio, ya que con esta situación se está causando un daño no sólo a los
ayuntamientos, sino, sobre todo, a los ciudadanos, que ven cómo sus
municipios no reciben los ingresos que les corresponden y tienen que ser
ellos, con sus tasas e impuestos, quienes deben compensar ese dinero que
no se ingresa por parte de la Administración Central.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, para defender su
proposición no de ley, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Al tramitarse de modo acumulado estas
dos iniciativas, adelanto ya que el Grupo Parlamentario Socialista se
muestra conforme y votará favorablemente la proposición no de ley que
acaba de defender el señor Centella.
Con respecto a la proposición no de ley cuya defensa inicio en este
momento, relativa a compensaciones a municipios con centrales
hidroeléctricas, tengo que decir que con esta iniciativa no pretendo
establecer una obligación jurídica nueva ni siquiera comprometer al
Gobierno con un mandato político, sino, simplemente, dar cumplimiento a
algo que ya ha concitado nuestro acuerdo en esta Cámara en diversas
ocasiones y sobre lo cual --llamo la atención de SS. SS.-- todos los
grupos parlamentarios nos hemos
pronunciado favorablemente. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista
existe una preocupación al respecto: evitar cuanto antes los daños que se
están irrogando a bastantes municipios españoles. Me explico.
Como saben ustedes, el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, estableció que las centrales hidroeléctricas que no
dispusieran de una térmica de reserva o que quedasen paradas por
cualquier causa durante un plazo determinado superior a 30 días,
obtendrían una minoración en el pago de impuesto de actividades
económicas, entonces licencias fiscales, proporcional al tiempo de
parada. En aplicación de aquel decreto legislativo se dictó el Real
Decreto 1589/1992, para la aplicación de esos mecanismos reductores.
Ante esta situación, se produjeron constantes reivindicaciones de
ayuntamientos afectados por estas reducciones, reivindicaciones justas
por cuanto que aquella norma afectaba de modo injusto a sus derechos. En
razón de esto, el legislador --creo que correctamente--, mediante la Ley
9/1996, de 15 de enero, decidió derogar este mecanismo establecido en las
normas 4 y 5, de reducción de cuotas del impuesto de actividades
económicas por paradas de centrales hidroeléctricas y térmicas.
Esta es la secuencia jurídico-legal de los hechos, pero, antes de que
aprobáramos esta ley del año 1996, ya había dos normas, las Leyes
Generales de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y 1996, que
establecieron un crédito de 1.500 millones de pesetas en cada uno de
estos ejercicios crédito ampliado --creo recordar-- para 1997 a 9.000
millones, con el objeto de atender, a través del procedimiento
compensatorio, a las reivindicaciones de estos municipios, por el efecto
que la norma aprobada por la Administración del Estado había producido en
sus haciendas municipales en los años anteriores, en concreto, en el
período 1989-1994. En virtud de lo dispuesto en las leyes de presupuestos
para 1995 y 1996 se dictó una orden ministerial, en noviembre de 1995, de
ejecución y desarrollo de las mismas, ordenando el pago de estas
compensaciones.
He hecho este relato para que nos situemos en lo que me parece más
importante en este momento: que la aplicación de aquella orden ha sido
desigual, lo que es verdaderamente preocupante. Según informaciones que
he podido recoger en muchos de los municipios afectados, la situación
actual es la siguiente: una parte de ellos han percibido íntegramente la
compensación que aquí aprobamos por unanimidad y otros no, produciéndose
claramente una desigualdad de trato, que, además, es incompatible con la
dicción literal de lo establecido en las leyes de presupuestos de 1995 y
1996, que les leo a continuación --fíjense ustedes lo que se decía en una
norma con rango de ley--: Las órdenes de pago que se expidan a efectos de
cumplir estos compromisos se librarán simultánea y conjuntamente
--fíjense que dice simultánea y conjuntamente-- a favor de las
corporaciones locales afectadas, siguiendo el procedimiento contable y de
ejecución previsto, etcétera. Y sigue diciendo: y se realizarán de una
sola vez, sin fraccionamiento alguno, en períodos trimestrales o
mensuales, de forma que se produzca en cada caso el pago conjunto y
simultáneo a todos los perceptores --y esto es lo más importante-- en
igualdad de condiciones. Esto es lo que no ha ocurrido y lo que yo
pretendo de la generosidad de todos los grupos parlamentarios que se
evite, de forma que se ponga fin a esta situación.
Yo represento en este Parlamento --igual que el señor Presidente de esta
Comisión, que conocerá bien el supuesto-- a la provincia de Salamanca,
gran productora de energía hidroeléctrica, por lo que muchos de sus
municipios están afectados por esta problemática. Para satisfacción de
los ciudadanos de mi provincia, he de decir que el conjunto de municipios
de la misma afectados por este problema ha percibido las compensaciones
hace quince días. Supongo que esto tendrá alguna relación con que mi
grupo parlamentario presentara esta proposición no de ley, firmada por mí
mismo, el 19 de diciembre de 1996, pero dejemos eso a un lado y traigamos
aquí la situación concreta de los ayuntamientos. Los de la provincia de
Salamanca han cobrado, pero hay municipios limítrofes que no han
percibido la compensación; por ejemplo, en Zamora, hay 30 municipios
afectados que no han percibido esa compensación, ni tampoco la han
percibido municipios de Lleida, de Huesca, de Badajoz, de Cáceres, sin
que exista una clara explicación del porqué de esta situación. De esto es
de lo que yo me quejo. Ha de darse cumplimiento simultáneo y conjunto al
pago de estas compensaciones --cumplidos, como es obvio, los requisitos
legales-- para que todos los municipios afectados perciban esta
compensación en igualdad de condiciones. Esto, repito, es lo que no ha
ocurrido.
Es verdad, señorías, que el Tribunal Supremo, y en función de ello se han
derivado conversaciones con la Federación de Municipios y Provincias,
produjo una sentencia, me parece que fue en 1996 --por cierto, a
instancias de varios municipios de la provincia de Zamora--, en la que se
expulsaban del ordenamiento jurídico las bases que permitieron la
reducción en el pago de las cuotas del impuesto de actividades económicas
que se aplicaron a los ayuntamientos. Por tanto, declaraba la nulidad de
esta norma, la expulsaba al mismo tiempo del ordenamiento jurídico. Pero
esto, que desde el punto de vista jurídico hubiera dado solución
definitiva al problema, ya se había solucionado por voluntad de esta
Cámara en términos políticos cuando, como dije antes, en la ley de
presupuestos de 1995, en la de 1996 y en la de 1997 establecimos unos
mecanismos compensatorios ante lo que habíamos entendido que era una
norma lesiva para los intereses de las entidades locales.
En consecuencia, no debe ni puede argüirse el hecho de que la aprobación
de esta sentencia interfiera en la solución del problema. Salvando los
derechos de la Hacienda pública, mi grupo entiende que no hay ninguna
razón --y les pido a todos los grupos parlamentarios que así lo
consideren-- para que exista aún un gran número de municipios españoles
que no han percibido esta compensación. Mi grupo lo único que pretende es
que decidamos dar cumplimiento efectivo aquí, como solicita nuestra
proposición no de ley, a lo establecido en el artículo 95, apartado 3, de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y la orden del
Ministerio que la desarrollaba y, en consecuencia, atender en el menor
plazo posible las legítimas reivindicaciones
de los municipios que aún no han percibido estas compensaciones. Espero
de su sensibilidad que esta iniciativa pueda aprobarse.
El señor PRESIDENTE: A estas proposiciones no de ley se han presentado
sendas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: No les quepa la más mínima duda, señoras y
señores Diputados, de que si en este momento estamos debatiendo las dos
proposiciones no de ley, una del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Socialista,
relativas a las cantidades que parecen adeudarse a los municipios en los
cuales se hallan ubicadas centrales de carácter hidroeléctrico, es porque
el Gobierno al que le pudo corresponder este asunto, el de los años 1993,
1994 y 1995, no tuvo el acierto de resolver el problema. Ello fue así
porque no se logró una ajustada interpretación de las normas contenidas
y, en concreto, del artículo 64 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y porque no se pudo y no se supo resolver el problema que se
planteó a raíz del Real Decreto 1589/1992. Por eso nos encontramos
actualmente debatiendo dos proposiciones no de ley que tienen repercusión
presupuestaria precisamente en un ejercicio en el que hemos aprobado en
el Parlamento unos presupuestos restrictivos para todos los ministerios,
tratando de conseguir el objetivo de incorporación a la tercera fase de
la Unión Monetaria Europea, que creo es un objetivo ampliamente
compartido por la mayoría de los grupos políticos y sociales.
Hemos leído con mucho interés la proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y la verdad es que tengo que alabar al
señor Centella el que, a la hora de ilustrar la proposición no de ley de
su grupo, haya puesto como ejemplo el asunto de Málaga. Eso quiere decir
que indiscutiblemente está preocupado, como quien les habla, por el tema
de la circunscripción. Yo estoy convencido de que el señor Centella, que
conoce bien la diligencia de la alcaldía de Málaga y de su alcaldesa,
señora Villalobos, no tiene duda de que el Ayuntamiento de Málaga, como
los restantes ayuntamientos, junto a la diligencia del Partido Popular en
el Gobierno, va a conseguir cobrar lo que le corresponda, igual que
tampoco dudo de que su grupo parlamentario, que tiene una representación
notable en aquel ayuntamiento, va a colaborar lealmente para que esto se
produzca en esos términos.
Con respecto a esta iniciativa de Izquierda Unida, el Grupo Popular puede
hablar y no sólo con buenas intenciones, sino con hechos. Fue el Grupo
Parlamentario Popular el que planteó una iniciativa en el Senado
tratando, a través de una moción, de que se hiciera caso, por parte del
Gobierno del momento, a la pretensión de los municipios que deben
recaudar el IBI como consecuencia del establecimiento de centrales
hidroeléctricas en su territorio. Esta iniciativa fue suscrita por los
restantes grupos pero con ninguna respuesta por parte del Gobierno de
entonces.
Es también el Gobierno del Partido Popular el que por primera vez ha
incluido en unos Presupuestos Generales del Estado una partida
presupuestaria destinada a hacer frente a esta deuda. Por tanto,
corresponde a los demás grupos una cierta presunción de confianza hacia
el Partido Popular, hacia sus hechos, y deben pensar que estamos en esa
línea y que vamos a intentar hacer frente al contenido de esta
proposición no de ley.
A la hora de fijar postura respecto a dicha proposición, hemos presentado
una enmienda de modificación en la que decimos: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que abone, antes de finalizar el año, a los
ayuntamientos en cuyos términos municipales se hallen ubicadas
instalaciones hidroeléctricas sujetas al pago del impuesto de Bienes
Inmuebles, las cantidades devengadas durante el período impositivo que se
corresponde con el año 1997, al tiempo que se inicien los estudios para
la identificación de la deuda por ejercicios anteriores y, en caso
afirmativo, iniciar las actuaciones necesarias para abonar esas
cantidades siguiendo un período plurianual.
Esperamos que, en el entendimiento y en esa presunción de confianza que
hemos invocado, los demás grupos se sumen a esta iniciativa del Grupo
Popular.
En cuanto a la iniciativa del Grupo Socialista, se ha producido una
madeja de diversos hilos que tendremos que ir desliando poco a poco. No
en vano tiene su origen en un decreto legislativo por el que se establece
una minoración de las cuotas de las instalaciones hidroeléctricas en
determinados ayuntamientos, que después es refrendado por un real
decreto-ley, que produce la reacción de los ayuntamientos, que ven cómo
sus haciendas locales ven disminuidos sus ingresos, cuando todos sabemos
que las haciendas municipales no están sobradas de medios financieros a
la hora de cubrir los servicios que tienen establecidos por ley.
Entendemos que todo ello tiene su culmen en la sentencia del Tribunal
Supremo que, al declarar nulo el real decreto, establece un nuevo
escenario. La verdad es que nos parece que esta proposición no de ley
llega en un momento en el que es innecesaria, porque el Gobierno ya está
haciendo frente a sus obligaciones en este sentido y porque lo único que
el Gobierno ha pretendido es cumplir con su deber y preservar los
derechos de la Hacienda pública con la responsabilidad que le
corresponde.
En este sentido, ha llegado a acuerdos con la Federación de Municipios y
Provincias y con los municipios afectados para que, mediante un acuerdo
pleno, se traslade el crédito que los municipios pudieran tener al
Gobierno, y en cuanto ese acuerdo pleno llega al Gobierno, se está
produciendo el pago de cada una de las deudas.
Por tanto, entendemos que es una proposición no de ley que viene a avalar
lo que el Gobierno ya está haciendo y planteamos una enmienda para que,
respetando en sus líneas maestras lo que el Grupo Socialista ha dejado
sobre la mesa de la Comisión, se sustituya su último párrafo y se
modifique en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a dar cumplimiento efectivo a lo establecido en el artículo
95, apartado 3, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995
y a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de noviembre
de 1995, mediante la que se compensa a los municipios afectados por las
reducciones en las cuotas de tarifa de las licencias fiscales y del
Impuesto de Actividades Económicas correspondientes a las centrales
hidroeléctricas y centrales térmicas, de conformidad con los acuerdos ya
establecidos con la Federación Española de Municipios y provincias y
municipios afectados, garantizando en todo caso que no se produzca
menoscabo de la Hacienda pública.
Por tanto, independientemente de que la proposición no de ley nos parezca
innecesaria, porque ya digo que el Gobierno está cumpliendo con sus
obligaciones, queremos, como gesto de buena voluntad, unirnos y
aprovechar la ocasión para que el Congreso de los Diputados también haga
esta declaración y manifieste, a través de este trámite, que comparte con
el Gobierno la necesidad de que se haga frente a estas cantidades.
Por otra parte, no querría terminar sin agradecer al portavoz del PSOE,
señor Caldera, que haya dicho que, por ejemplo, los municipios de
Salamanca han cobrado hace 15 días. Entiendo que la propia presentación
de esta proposición no de ley parece venir a subrayar que el Grupo
Socialista tiene más confianza en que el Gobierno del Partido Popular
cumpla con estos compromisos de la que tenía en el Gobierno anterior,
porque, indiscutiblemente, en aquel momento y en aquel período no
consiguió que los municipios de Salamanca lograran las correspondientes
compensaciones.
Esos son los términos de mi intervención y, por tanto, esperando el apoyo
a nuestras matizaciones a ambas proposiciones no de ley, cedo la palabra
al señor Presidente para que se la dé a quien crea que le corresponde.
El señor PRESIDENTE: Señor Souvirón, usted no cede la palabra a nadie,
aquí la palabra sólo la da y la retira la Presidencia (Risas.)
¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente, por cederme
la palabra. (Risas.)
El 30 de noviembre de 1995 se aprobó en el Senado una proposición no de
ley que instaba al Gobierno a que, antes de finalizar el año 1995,
concretase los plazos y términos en que tenía previsto saldar, en
conjunto y en cada caso particular, la deuda contraída en aquellos
ayuntamientos en cuyos municipios se encuentran situados embalses e
instalaciones hidráulicas de titularidad estatal por impago del Impuesto
de Bienes Inmuebles correspondiente a los ejercicios 1993, 1994 y 1995.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y yo personalmente,
en aquel momento como Senador, presentamos una enmienda de adición que
estaba firmada por el resto de los grupos políticos de la Cámara, en la
que incluíamos un segundo punto en que decíamos lo siguiente: que en el
plazo más breve posible ordene los trámites y acciones oportunas
tendentes a la evaluación, reconocimiento y pago de las deudas que, en
concepto de IBI, y en aplicación de la Ley de Haciendas Locales, tiene
contraídas el Gobierno con los ayuntamientos en los que el Estado es
titular de los embalses e instalaciones hidráulicas correspondientes a
los ejercicios de 1990, 1991 y 1992. Por tanto, ampliábamos el plazo de
los años 1993/1996 hasta el año 1990, porque entendíamos que también
tenían que entrar esos tres años.
La situación, como antes se ha explicado, es la siguiente: la
conceptualización de las presas hidroeléctricas como bienes de naturaleza
urbana se produjo mediante una serie de resoluciones de los tribunales,
lo que demostraba, en aquel momento, la poca voluntad de interpretación
por parte del Gobierno, y, por tanto, se tuvo que esperar a la iniciativa
de los tribunales para poder poner en marcha todo el proceso de cobro. De
ahí que, hasta los años 1992 ó 1993, los centros catastrales y las
gerencias no elaboraran las ponencias para los terrenos afectados por los
embalses y presas, lo que supuso la exigencia de los trámites que
permitieron la puesta en circulación de los recibos de los años 1994 y
1995 y, en algunos casos, de 1993, quedando sin posibilidad de cobro, de
momento, los años 1990, 1991 y 1992.
Por tanto, señorías, en aquel momento nos encontrábamos en una situación
absolutamente delicada. En aplicación de la Ley de Haciendas Locales los
ayuntamientos tenían capacidad para cobrar, pero no podían poner los
recibos al cobro porque no existían las bases que lo permitieran. Quiero
explicar eso para centrar un poco el tema y llegar a la conclusión de que
todos los grupos del Senado, en aquel momento, lo aprobaron por
unanimidad, y que en este momento aquí, en el Congreso, estamos de
acuerdo en que los ayuntamientos que tienen centrales hidroeléctricas y
que tienen embalses eso les ha perjudicado muchísimo, sobre todo a los
pequeños, a los ayuntamientos que están desperdigados por el territorio,
a veces en zonas apartadas y de difícil acceso. Los embalses están
ocupando las zonas más productivas, las mejoras del valle y, además, para
trasladarse tienen que hacer muchos más kilómetros que antes porque
tienen que bordearlos. Realmente, a partir del año 1981 creo que se ha
llevado una política equivocada y que les ha perjudicado. Por ejemplo, la
derogación de la ley 7/1981, de creación del canon energético, privó a
esas zonas de unos ingresos importantes, y, evidentemente, se han
paralizado unas expectativas que tenían. El decreto del Gobierno
1589/1992, donde se dictaron normas para la aplicación de reducciones del
IAE correspondiente a la producción de energía eléctrica, también pienso
que fue un grave error y que, de alguna manera, permitía que las
centrales hidroeléctricas sólo pagasen sobre la base del tiempo que
funcionaban. Eso sería lo mismo que si la gente que tiene un apartamento
en la playa sólo pagase la contribución rústica y urbana los meses que la
utiliza y en el resto de los meses, que no va a la playa, no paga. Sería
la misma barbaridad, por lo que pienso que hay que hacer una
rectificación al respecto.
El tercer punto es que esas deudas que, finalmente, el Estado ha
aceptado, las pague. Creo que hasta este momento se ha hecho una política
que ha ido en contra de la gente más indefensa. Decía yo entonces en el
Senado, y lo vuelvo a repetir, que si en vez de afectar a pueblecitos
pequeños
de Salamanca, de Lérida o de otras provincias del Estado español hubiese
afectado a los ayuntamientos de Barcelona, Madrid o Sevilla, eso ya
estaría solucionado. ¿Por qué no se ha solucionado hasta ahora? Porque
esos ayuntamientos no han tenido suficiente presión para solucionarlo.
En este momento vamos por buen camino, por lo que nuestro grupo, que ve
con buena voluntad que todos los grupos nos pongamos de acuerdo para
solucionarlo, tiene que señalar que la intervención del Grupo Socialista
cuando habla de singular trato nos preocupa, porque sería inadmisible, si
fuese cierto. Queremos entender que tal vez no se presentaron los papeles
adecuadamente, pero si hubiese voluntad de trato discriminatorio,
evidentemente, sería grave.
Por tanto, no nos vamos a pronunciar sobre nuestro posicionamiento y
esperaremos a la una, a las votaciones, y durante ese tiempo vamos a ver
las enmiendas que presentan todos los grupos, porque sería bueno que el
Congreso de los Diputados aprobase una enmienda transaccional por
unanimidad de los grupos.
Los alcaldes de las zonas productoras no pueden entender que en este
momento, por planteamientos estrictamente políticos, no nos pongamos de
acuerdo en un tema en el que todos estamos de acuerdo. Por tanto, si
estamos de acuerdo, vamos a demostrar que también los Diputados somos
capaces, por encima de nuestros posicionamientos particulares, de pedir
al Gobierno que actúe de una forma adecuada y eso lo hagamos por
unanimidad. Por ello, nuestro grupo se va a reservar hasta el final su
posicionamiento, pero con la intención de ver si logramos, repito, que se
apruebe por unanimidad una proposición no de ley en el Congreso de los
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, a efectos de fijar su posición en
relación a la proposición no de ley del Grupo Socialista y para
manifestar si acepta o no la enmienda formulada por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Quiero manifestar que estamos de acuerdo con la
proposición no de ley del Grupo Socialista que, como ha dicho el
representante de Convergència i Unió, esperamos sea aprobada por
unanimidad, por lo que también estamos dispuestos a realizar los
esfuerzos que haya que hacer para que las posibles enmiendas sean
asumidas o modificadas en la línea de que al final alcancemos un acuerdo
pleno.
Respecto a la enmienda del Partido Popular, creemos que puede ser
perfectamente asumida en la medida en la que asuman el resto de los
grupos. Queremos mostrar nuestro agradecimiento por la intervención, en
este caso, del Grupo Popular y decir que simplemente lo que ha hecho es
dar cumplimiento a una petición que nos había hecho el propio
Ayuntamiento de la capital malagueña. Personalmente hubiese preferido que
la propia alcaldesa, que casualmente es Diputada, hubiese aprovechado
esta ocasión para estrenar su trabajo parlamentario y no seguir haciendo
méritos para obtener el premio de Diputada muda en este año, pero si ella
no lo ha hecho, como Diputado malagueño, es evidente que gustosamente he
asumido la representación del ayuntamiento y he trasladado aquí esa
petición. Sólo quiero reiterar que espero --como ya se ha dicho-- que sea
aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y a
efectos de manifestar su aceptación o no de la enmienda formulada por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Aunque ignoro si entre las excelencias
cantadas por el señor Souvirón acerca de la obra del Grupo Popular se
encuentra la creación del Paraíso, voy a tener un rapto de generosidad y
voy a admitir su enmienda, pero eso sí, con dos extremos. En primer
lugar, tiene que mantenerse en el texto que la deuda se refiere al
período 1989-1994, que en su propuesta se elimina y, en segundo lugar,
dado que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular sólo adiciona dos
líneas: una, el respeto a los acuerdos firmados con la FEMP, con los que
estoy plenamente de acuerdo y, dos, que cualquier solución no irá en
menoscabo de la Hacienda pública, lo que es evidente, pero lo que abunda
no daña, esta enmienda ha de entenderse como adición a la presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista y en ese sentido la aceptaríamos.
Para terminar, señor Presidente, he reconocido que la norma del año 1992
era lesiva para los intereses de los municipios. Su corrección de debió a
un acuerdo unánime de los grupos de esta Cámara, entre ellos el Grupo
Socialista, ya en los presupuestos de 1995. Señor Souvirón, ustedes ya
llevan un año gobernando, no se pongan tantas medallas porque nos lo
están recordando en estos días. Si han tardado un añito en pagar a los
municipios de Salamanca, quiere decir que probablemente lo hayan hecho
cuando han visto que el Grupo Socialista ha presentado esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Souvirón, ¿modifica la enmienda formulada de
acuerdo con las negociaciones habidas antes de que se debatiera este
asunto del que estuvieron hablando con el señor Caldera y el señor
Companys?
El señor SOUVIRON GARCIA: Aceptamos los términos de las manifestaciones
del señor Caldera. Aunque él piense que nuestras manifestaciones son
subjetivas, a nosotros nos parecen de lo más objetivas.
El señor PRESIDENTE: Señor Companys, ¿quiere S. S. que permanezca el
debate abierto ante la posibilidad de llegar a un acuerdo de una enmienda
que sea aceptable por todos, o le parece correcta y podemos cerrar el
debate'
El señor COMPANYS SANFELIU: Yo le pediría a la Presidencia que continuara
el debate con el siguiente punto del orden del día. En todo caso, una vez
visto si hay voluntad de presentar una enmienda en la que todos estemos
de
acuerdo, fijaríamos nuestra posición por lo que hace referencia al voto.
El señor PRESIDENTE: Me temo, señor Companys, que no es posible fijar
posteriormente la posición en relación al voto. O la fija ahora o ya no
es posible.
El señor COMPANYS SANFELIU: Si hay una enmienda de unanimidad, vamos a
votarla favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Paso a leer los términos en que quedaría redactada
la proposición no de ley. Diría lo siguiente: 1. El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento efectivo a lo establecido
en el artículo 95, apartado 3, de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, y de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda del
10 de noviembre de 1995, mediante las que se compensa a los municipios
afectados por las reducciones en las cuotas de tarifa de las licencias
fiscales y del Impuesto de Actividades Económicas correspondientes a las
centrales hidroeléctricas y centrales térmicas, relativas al período
1989-1994, abonando todos los expedientes presentados al amparo de dichas
normas. 2. Lo anterior se entenderá de conformidad con los acuerdos ya
establecidos con la Federación Española de Municipios y Provincias y
municipios afectados, garantizando, en todo caso, que no se produzca
menoscabo de la Hacienda pública. ¿Es correcto en estos términos?
(Asentimiento.)
--RELATIVA A LA CUANTIFICACION E INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR
LOS TEMPORALES DEL INVIERNO 1996/1997, EN LA PROVINCIA DE CADIZ.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/000319.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen del siguiente punto del orden del
día. Proposición no de ley relativa a la cuantificación e indemnización
por los daños causados por los temporales del invierno en la provincia de
Cádiz, de la que es autor el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya defensa tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Queremos mostrar nuestra grave preocupación por
el retraso, una vez cuantificados los daños, tanto en la provincia de
Cádiz como en el resto de Andalucía, a la hora de promulgar el decreto
correspondiente. La respuesta del señor Aznar en el Pleno a preguntas de
nuestra portavoz, en absoluto contribuyó a tranquilizar a los miembros de
este grupo y, consecuentemente, al resto de instituciones y de gentes
afectadas por los gravísimos daños sufridos, tanto en la provincia de
Cádiz como en el resto de las provincias andaluzas.
Lo de Cádiz es simplemente una expresión, un ejemplo de la inquietud que
está cundiendo en función de ese retraso y debido también a posiciones
políticas que, como en la Diputación de Cádiz, tampoco contribuyen a la
tranquilidad. En una reunión extraordinaria y urgente se llegó a un texto
de consenso por todos los grupos políticos de la Diputación de Cádiz, en
el sentido de que se promulgara de inmediato el decreto, que este decreto
tuviese como punto de referencia las determinaciones referidas a la
declaración de zona catastrófica, que este decreto se extendiera a todo
el territorio, tanto de esta provincia, coincidiendo con textos de otras
provincias, como en el resto de las provincias andaluzas, y que, teniendo
en cuenta cómo se han visto afectados los trabajos agrícolas y los
jornales consecuentes a estos trabajos, se pedía también algo muy
importante como es la supresión urgente de las peonadas para acceder al
subsidio agrario.
Este texto, que he resumido de manera sucinta, fue aprobado por todos los
grupos excepto por el Grupo Popular, que se abstuvo, con lo cual aumentó
la preocupación a la que he hecho referencia al principio. Existe una
grave preocupación porque también en la provincia de Cádiz hay un
precedente negativo, y es que en la anterior inundación se hizo la
valoración de daños (fue una inundación inferior en tamaño, mucho menos
grave que la que estamos valorando actualmente), que ascendieron a la
cantidad de mil millones de pesetas y de los que la Administración sólo
reconoció 500 millones. Pues bien, ni siquiera se han pagado estos 500
millones. Repito que no corresponden a la última y gravísima inundación,
sino a la anterior y por tanto esto también añade preocupación, de ahí la
redacción de esta proposición no de ley y la defensa que estamos haciendo
en este momento.
Los daños en infraestructuras, en agricultura, los daños con respecto a
los jornales no percibidos, los daños personales en viviendas y enseres
son gravísimos y afectan de manera concreta a pueblos como Alcalá del
Valle y Medina Sidonia, que necesitan reparación, reposición y ayudas
urgentes que no llegan. Esperábamos esta ayuda, aunque fuese
coincidiendo, en función de valores políticos que aquí no vamos a
calificar, con el día de Andalucía, el 28 de febrero, pero nos han dicho
que este tema se retrasa por motivos que no llegamos a comprender.
En definitiva, señor Presidente, sirva el ejemplo de la provincia de
Cádiz, una de las más dañadas, porque las cantidades que he nombrado
posiblemente habría que multiplicarlas por 20 o por 30, teniendo en
cuenta las consecuencias de la última inundación, sirva, repito, como
ejemplo de la inquietud que reina hoy en Andalucía de cara al decreto que
estamos esperando de manera muy atenta. Pensamos que en esta comunidad
autónoma el Partido Popular tendrá que hacer signos de que está
gobernando. Hasta ahora los signos son bastante escasos. De ahora en
adelante, la credibilidad del Partido Popular en Andalucía en gran parte
va a derivar del decreto con respecto a las inundaciones, credibilidad
que ya está teniendo algunas enmiendas en función del retraso que sufre
el decreto, y que puede ser mucho más grave si en las cantidades
acordadas por las distintas administraciones se hace alguna resta con
respecto al contenido del citado decreto.
Por todo ello, señor Presidente, y teniendo en cuenta las enmiendas que
se han interpuesto al texto defendido hoy aquí por Izquierda Unida,
pensamos que debiera aprobarse en esta Comisión un texto consensuado de
cara a resaltar la gravedad de la situación y también a resaltar que esta
gravedad no consuena con el retraso inexplicado que hasta ahora está
teniendo la promulgación del decreto para paliar las gravísimas
inundaciones sufridas tanto por la provincia de Cádiz como por el resto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado tres
enmiendas por parte del Grupo Socialista y una enmienda por parte del
Grupo Popular. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Voy a pasar a defender las enmiendas presentadas
por el Grupo Socialista a la proposición no de ley del Grupo de Izquierda
Unida, referente a las inundaciones sufridas en la provincia de Cádiz por
el temporal que azotó esta zona durante los meses de diciembre y enero
pasados.
Las enmiendas del Grupo Socialista --dos de sustitución y una de
adición-- tiene por objeto extender el contenido de esta proposición al
conjunto de las provincias andaluzas. Es cierto que Cádiz ha sido una de
las provincias más afectadas por el temporal, lo que es evidente si
tenemos en cuenta el número de municipios afectados, 30, en los que cerca
de 500 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas en pueblos
como Chiclana, Los Barrios, varias pedanías de Jerez, en Medina Sidonia,
donde aún 125 personas no han podido regresar a sus casas; la valoración
global de los daños producidos en infraestructuras, en equipamientos
públicos, en viviendas y enseres privados, que asciende a casi 2.000
millones de pesetas, y, sobre todo, la dramática pérdida de dos vidas
humanas en Algeciras y en Puerto Real el 15 y el 28 de diciembre.
Pero esta situación no ha sido exclusiva de Cádiz. Durante estos meses de
invierno toda Andalucía ha sufrido un auténtico desastre natural. Las
fuertes y continuas precipitaciones en forma de temporal que han barrido
Andalucía han sido calificadas por los técnicos como unas de las peores
que han tenido lugar en las últimas décadas y unas de las más graves del
siglo. Se han visto afectados en el conjunto del territorio andaluz 400
municipios, más de 100 carreteras, mil familias tuvieron que ser
evacuadas de sus viviendas y hubo algunas víctimas mortales más de las
que he señalado.
Los daños causados han afectado a las infraestructuras viarias, a
carreteras nacionales, autonómicas, caminos vecinales, agrícolas. En
algunas zonas se han visto afectadas seriamente las infraestructuras de
saneamiento y conducciones de agua potable debido a los corrimientos de
tierra. Se han sufrido daños en edificios públicos, como colegios,
centros de salud, instalaciones deportivas, centros culturales,
monumentos históricos, etcétera; es decir, edificaciones y equipamientos
que han tenido que seguir prestando servicios públicos básicos a los
ciudadanos. Para que esto fuera posible, la Junta de Andalucía, las
diputaciones y los ayuntamientos se pusieron a trabajar de manera
inmediata. La Junta de Andalucía aprobó ayudas de emergencia por valor de
600 millones de pesetas y emitirá deuda pública por importe de 8.000
millones.
La agricultura, el primer sector productivo de Andalucía, también ha
sufrido graves daños por este temporal, sobre todo en los productos
tempranos, como las fresas de Huelva o los cultivos intensivos de los
invernaderos en Almería, donde se han perdido las primeras cosechas
íntegramente. En este sector, de gran importancia y dinamismo en la
economía andaluza, el principal factor en su estrategia comercial es ser
los primeros en colocar los productos hortofrutícolas en Europa. Este año
no han podido conseguirlo. La Ministra de Agricultura debe conocer bien
esta situación, ya que visitó en aquellos momentos algunas de las zonas
más afectadas. A pesar de ello, señorías, el Gobierno no ha demostrado la
más mínima sensibilidad hacia estos problemas, manteniendo una actitud
irresponsable y sectaria al no haber aprobado, con la urgencia debida,
las medidas para paliar los daños sufridos por las inundaciones en
Andalucía.
El jueves pasado convalidamos en el Pleno de la Cámara un decreto-ley
referido a las ayudas que el Gobierno ha concedido de manera inmediata,
el 14 de febrero, a Cantabria, comunidad que también sufrió en el mes de
diciembre los efectos del temporal. Ese día se puso de manifiesto lo
incoherente, insolidaria e injustificable que resultaba la decisión del
Ejecutivo de no aprobar el mismo día 14 de febrero las ayudas para
Andalucía y para el resto de las comunidades afectadas: Valencia,
Asturias y Castilla-La Mancha. Nadie desde el Gobierno ha podido dar una
sola razón que justifique este hecho.
El Presidente del Gobierno y el Ministro señor Arenas el miércoles
pasado, a las preguntas dirigidas por los Grupos de Izquierda Unida y
Socialista, sugirieron que habría dificultades técnicas o que podrían
faltar las valoraciones económicas de los daños, envolviendo en la
indefinición la razón de la sinrazón, porque, señorías, sencillamente,
esto no es cierto. En Andalucía, de forma inmediata, como no podía ser de
otra forma dada la gravedad de la situación, se pusieron en marcha los
servicios técnicos de la Delegación del Gobierno y de la Junta de
Andalucía, que trabajaron de manera coordinada con las diputaciones y con
los ayuntamientos para evaluar los daños producidos en infraestructuras,
equipamientos, patrimonio público y el sufrido por las familias en
viviendas, enseres, etcétera. Esta valoración estaba cerrada y acordada
entre la Administración del Estado y la Administración autonómica el día
16 de enero, de forma que el 17 de enero el Presidente de la Junta de
Andalucía se dirigió al Presidente del Gobierno ofreciendo toda la
colaboración institucional y solicitando que se tomaran medidas urgentes
para paliar los daños.
Quiero decir, además, que el texto del decreto-ley aprobado para
Cantabria el pasado jueves en esta Cámara es prácticamente igual a los
que se aprobaron en 1989 y 1995 para situaciones similares por el
anterior Gobierno socialista, y que el Consejo de Estado ha evacuado
informe favorable al decreto de Cantabria con la máxima celeridad.
Es evidente, por tanto, que no hay ninguna razón técnica ni objetiva para
retrasar de esta forma tan prolongada lo que debía haber sido una
respuesta inmediata. Sólo hay una razón: el Gobierno ha querido utilizar
como moneda de cambio política las ayudas de las inundaciones, y esto es
imperdonable y poco ético.
Sin duda, el Gobierno tenía intención de aprobar el decreto el pasado
viernes 28 de febrero y culminar así en Andalucía los actos
conmemorativos del primer año triunfal, pero quizá a alguien le haya
parecido un exceso ir con ese regalo el día de Andalucía, y en el Consejo
de Ministros se dio marcha atrás, igual que se hizo con otros asuntos.
Esperemos que el próximo Consejo de Ministros sea de repesca y se apruebe
por fin el decreto de ayuda por inundaciones a Andalucía.
Esta es la razón de nuestras enmiendas, que esperamos sean aceptadas,
como ya se ha puesto de manifiesto por el grupo proponente, y que
consigan la unanimidad de esta Comisión para ser aprobadas.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda formulada por el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SANCHEZ RAMOS: Ante todo, el Grupo Popular quiere manifestar su
pesar por las víctimas habidas como consecuencia de estos temporales.
También querría decir que, durante todo el período que han durado los
temporales de lluvia en Andalucía, la Delegación del Gobierno ha tenido
continuo y permanente contacto con las autoridades de la Junta de
Andalucía, de la diputación y con las autoridades locales para ir
haciendo frente a los distintos daños que se iban produciendo. Así, en la
provincia de Cádiz, concretamente, el Gobierno Civil solicitó a los
municipios afectados una relación de los distintos gastos por actuaciones
de emergencia, como alojamiento y manutención provisional de las personas
evacuadas, utilización de maquinaria y recursos de titularidad ajena que
fueron necesarios para salvar situaciones extremas. Todas estas medidas
se han podido cuantificar aproximadamente en unos 100 millones de
pesetas. El 26 de diciembre hubo una reunión en la Delegación del
Gobierno, a la que asistieron representantes de los consejeros de
Gobernación y Agricultura de la Junta, y se tomaron los acuerdos
necesarios para crear unas comisiones de técnicos de las administraciones
del Estado, autonómica y local para, a nivel de cada provincia, poder
evaluar los daños que se iban produciendo. También el 9 de enero, en la
Dirección General de Protección Civil, tuvo lugar una reunión con
asistencia del Delegado del Gobierno de Andalucía y representantes de los
Ministerios de Presidencia, Interior, Economía, Agricultura, Trabajo,
Administraciones Públicas y Medio Ambiente para, una vez conocida la
cuantía de los daños en las diversas provincias andaluzas, proponer al
Gobierno de la nación las medidas de carácter excepcional que considerara
pertinentes en relación al volumen y la magnitud de los daños causados.
Posteriormente, con fecha 16 de enero, el Delegado del Gobierno en
Andalucía envió a la Dirección General de Protección Civil un informe
resumen con los daños producidos.
También quiero significar que los días 28 y 29 de enero tuvieron lugar en
esta Cámara las comparecencias de los subsecretarios de Agricultura e
Infraestructuras presentando la valoración de los daños que se ha habían
hecho de acuerdo con la comunidad autónoma. En este sentido, lo que
resalto es que el Gobierno ha estado en todo momento y puntualmente
atendiendo las necesidades que se estaban produciendo. Los daños tuvieron
lugar durante un período largo y en estas fechas que he citado todavía no
habían terminado del todo, luego difícilmente podía terminarse su
cuantificación.
Quería decir también al representante de Izquierda Unida que no es cierto
que los daños evaluados fueran de 1.000 millones, sino de 3.500 millones.
Lo que pasa es que el acuerdo al que se llegó entre el Gobierno Civil de
Cádiz, la diputación y los representantes de los alcaldes fue aceptar la
cifra de 1.000 millones, que serían atendidos al 50 por ciento; es decir,
500 millones por el Gobierno central, 250 millones por la diputación y
250 millones por la comunidad autónoma. De estos 500 millones que
corresponden al Gobierno, efectivamente todavía falta algún fleco por
pagar, como dice el señor portavoz de Izquierda Unida, pero también
quiero decirle que, como muestra de la sensibilidad del Gobierno del
Partido Popular, para estos daños evaluados en 3.500 millones de pesetas,
el Gobierno socialista aportó 90 millones de pesetas. Señores Diputados,
90 millones de pesetas fue la aportación que hizo; el Partido Popular
pagó posteriormente esos 90 millones de pesetas, más 305, que hacen un
total de 395. No solamente eso sino que para el PER-inundaciones, para el
que el Gobierno del Partido Socialista había decretado 15 millones, el
Partido Popular puso 338 millones más. Eso, sumado a los 100 millones de
Protección Civil por daños de emergencia, que he citado antes, que se
atendieron de forma inmediata a producirse las inundaciones, hacen un
total de 643 millones pagados por el Gobierno del Partido Popular, sobre
105 proyectados por el Gobierno socialista. Es decir, si sumamos todas
las aportaciones de los dos gobiernos, llegamos a la cifra de 848
millones de pesetas.
Estamos de acuerdo con la urgencia porque en la urgencia de atender a los
daños producidos se pueden ir eliminando posibles consecuencias. En ese
sentido también estamos de acuerdo en instar al Gobierno para que ese
real decreto salga de forma inmediata e inminente, pues es necesario. Lo
que no se puede decir es que se está utilizando como moneda de cambio. Si
se hubiera aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros anterior
se habría dicho que era para hacerlo coincidir con el día de Andalucía y
utilizarlo. Como no se hizo, también se critica por el retraso. Señores,
ustedes critican se haga lo que se haga, se dé o no se dé. Hay que tener
en cuenta que estos daños no se han producido solamente en la provincia
de Cádiz, ni siquiera en la comunidad andaluza, también los han sufrido
otras comunidades. En este sentido, el Grupo Popular propone su enmienda
para que la proposición no de ley de Izquierda Unida, que se ciñe a los
daños producidos por los temporales en Cádiz, se amplíe a las comunidades
autónomas
de Andalucía, por supuesto, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y
Valencia y se atienda a todas en este real decreto de forma homogénea y
total.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de determinar si se aceptan las
enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, en representación del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Yo no tengo ningún inconveniente en ampliar el
ámbito de esta proposición no de ley a la Comunidad Autónoma de Andalucía
e incluso a las comunidades autónomas que han sufrido estas
consecuencias, tal como ha dicho el portavoz del Partido Popular. Por lo
tanto, deacuerdo,siempre que la ampliación --espero que no sea así-- no
sirva de excusa de cara a un posible retraso. Creo que no era éste el
sentido de las palabras que ha utilizado. Por tanto, estamos de acuerdo
con esta ampliación solidaria, primero, al resto de Andalucía y también
al resto de las comunidades autónomas aquí citadas.
Nosotros no habríamos criticado la actitud del Partido Popular si hubiese
promulgado este Decreto el 28 de febrero, ya lo he dicho anteriormente.
Cuanto antes mejor, porque el retraso ya empieza a no ser entendido en
Andalucía, un retraso que se suma a retrasos anteriores y que está
creando una suspicacia bastante generalizada.
Respecto a la enmienda del Partido Socialista, también estamos de
acuerdo, excepto con respecto a una de las determinaciones, más que nada
formales, que se introduce a partir de la cita que abarca a los
ayuntamientos, porque pensamos que, si se comprometen también los
ayuntamientos en la ejecución de estas medidas, se les está haciendo daño
a su exangüe y exiguo presupuesto municipal o se podría entender así. Por
tanto, pensamos que el acuerdo se ha realizado a nivel de las tres
instituciones: diputaciones, Junta de Andalucía y Gobierno de la nación,
y habría que mantenerlo en este ámbito, que indudablemente también abarca
a los ayuntamientos, y en la relación que se ha hecho de los debates
mantenidos en las distintas diputaciones provinciales. Por tanto,
manteniendo el ámbito tripartito de los acuerdos, también aceptaríamos la
enmienda, excepto la referencia que hace el Grupo Socialista a los
ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: A efectos de la redacción definitiva de la
proposición no de ley y en la medida en que nos entendemos por palabras y
no por ideas, les invito a que se reúnan los tres portavoces que han
hecho uso de la palabra en relación con esta proposición no de ley,
señores Alcaraz, Sánchez y señora Pozuelo, para que den una redacción
definitiva al texto de la proposición no de ley porque, como ha podido
observar la Presidencia, la enmienda que ha sido aceptada por el Grupo
Popular no casa con el texto global de la proposición no de ley y las
enmiendas formuladas por el Grupo Socialista. De tal manera, invito a que
se reúnan los tres portavoces y sometan a esta Presidencia una redacción
conjunta.
¿Señor Sánchez?
El señor SANCHEZ RAMOS: Señor Presidente, para fijar nuestra posición
sobre la enmienda que ha presentado el Partido Socialista. También la
aceptamos con la misma matización que ha hecho el portavoz de Izquierda
Unida.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, ustedes no aceptan ni rechazan
ninguna enmienda, simplemente se limitan a defender la enmienda
formulada. Es al grupo proponente al que le toca aceptar o rechazar la
enmienda que se formula pero en la medida en que existen enmiendas que
son aceptadas pero no casan entre sí en cuanto al texto, que se tiene que
expresar en palabras y puede que sea contradictorio al no expresar
adecuadamente las ideas que son objeto de votación posteriormente, les
invito a que se reúnan los tres y redacten un texto definitivo de la
proposición no de ley, dejando abierto el debate en este punto hasta la
una de la tarde, cuando procedamos a celebrar las votaciones.
--SOBRE EL PROCESO DE VENTA DE TELEFONICA INTERNACIONAL, S. A. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/000308.)
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR DE MANERA PERMANENTE Y
SUFICIENTE LA PRESENCIA DEL ESTADO EN TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A., ASI
COMO A POSIBILITAR EL CONTROL SOCIAL DE DICHA COMPAÑIA. PRESENTADA POR EL
GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000321.)
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MANTENER SU ACTUAL PARTICIPACION
ACCIONARIAL EN LA EMPRESA TELEFONICA INTERNACIONAL, S. A., EN EL MARCO DE
LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.,
DE ACUERDO CON LA SITUACION MANTENIDA ANTES DEL ANUNCIO DEL PROCESO DE
PRIVATIZACION POR PARTE DEL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/000333.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto del orden del día,
pasamos a debatir los siguientes en un solo bloque. Proposición no de ley
sobre el proceso de venta de Telefónica Internacional, S. A., formulada
por el Grupo Parlamentario Socialista; proposición no de ley por la que
se insta al Gobierno a garantizar de manera permanente y suficiente la
presencia del Estado en Telefónica de España, S. A., así como a
posibilitar el control social de dicha compañía, formulada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y la proposición
no de ley por la que se insta al Gobierno a mantener su actual
participación accionarial en la empresa Telefónica Internacional, S. A.,
en el marco de la participación del estado en la sociedad Telefónica de
España, S. A., de acuerdo con la situación mantenida antes del anuncio
del proceso de privatización por parte del Gobierno, formulada asimismo
por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para defensa de estas proposiciones no de ley, en primer lugar y por
parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: La proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista pretende que esta Comisión encargue al
Gobierno la realización de las gestiones oportunas para que el interés
público sea adecuadamente defendido y para que, más allá de la discusión
filosófico-política de oportunidad sobre la venta o no de acciones de una
determinada compañía como es Telefónica Internacional, en el caso de que
la decisión de vender se produzca, se haga tratando de obtener el máximo
valor posible, puesto que ésta será también la mejor expresión de la
defensa de los intereses generales, en este caso patrimoniales, de los
ciudadanos españoles.
El origen de esta proposición no de ley, señor Presidente, señorías, está
en varias informaciones periodísticas y declaraciones de representantes
del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Dirección General de
Patrimonio, en virtud de las cuales la Dirección General de Patrimonio
del Estado habría acordado vender el 23,7 por ciento de la sociedad
Telefónica Internacional, TISA, de la que es titular, a Telefónica de
España, titular del restante 76,3 por ciento de capital de esa empresa, y
lo habría hecho por una cantidad acordada bilateralmente, de 106.000
millones de pesetas, en forma de venta directa, sin concurrencia abierta
de ningún otro comprador, en unas condiciones que, a juicio de este grupo
parlamentario, de ninguna forma garantizaban la defensa del interés
general, por lo tanto el mayor valor del capital público invertido. Esta
cantidad era el resultado de una valoración, entre otras muchas que se
habían llevado a cabo, últimamente realizada por una empresa de
consultoría, Salomon Brothers, que había establecido una horquilla entre
94.000 y 116.000 millones de pesetas.
Ciertamente a este grupo parlamentario se le planteaban diferentes
perplejidades. Primero, por qué un acuerdo bilateral era la mejor forma
de resolver esta cuestión; segundo, por qué esta valoración; tercero, por
qué esta valoración precisamente, que contrasta con valoraciones que se
sabe han existido en momentos anteriores, notoriamente superiores a las
cantidades que aparecían, objeto de posible transacción.
Señor Presidente, quiero poner en conocimiento de los miembros de esta
Comisión, para quien no lo tenga, que Telefónica Internacional es una
importante compañía de creación, desde luego, de Telefónica de España;
una compañía que tiene un valor estratégico de primera magnitud. Su
principal patrimonio está formado por una cartera de compañías que operan
en Iberoamérica; aproximadamente, el 80 por ciento de ese valor lo
constituyen participaciones en Chile, en Argentina, en Perú, en
Venezuela, en todo caso, de sociedades, las hasta aquí citadas, que
cotizan en Bolsa y cuyo valor, por tanto, es conocido especialmente en un
período en el que la cotización de estas acciones no ha hecho sino
elevarse respecto de años anteriores. En algunas de estas sociedades,
además, Telefónica Internacional tiene unos derechos contractuales por la
gestión que lleva a cabo que, naturalmente, no hacen sino aumentar el
valor patrimonial de la sociedad tenedora o titular de esas acciones. Por
si esto fuera poco, además, desde un punto de vista estratégico,
Telefónica Internacional es partícipe en la Telefónica de Puerto Rico,
auténtica puerta de entrada en el mercado norteamericano; lo es en la
telefonía móvil de Rumanía; tiene otras áreas de negocio, como la
televisión por cable o las páginas amarillas que, aun sin cotizar en
Bolsa, sin embargo le dan un valor estratégico y económico de una gran
magnitud.
Si las valoraciones que se deducen de la Bolsa, más otras valoraciones
que se deducen de la titularidad de acciones de empresas que no cotizan
en Bolsa no fueran ya suficientes como para dudar de la adecuación de la
cifra que anteriormente he mencionado, hay que tomar en consideración que
en el año 1995 esta sociedad tuvo unos beneficios de alrededor de 29.000
millones de pesetas que, capitalizados adecuadamente, nos sitúan, desde
luego, en una valoración patrimonial notoriamente superior a la que
estábamos hablando.
En estas condiciones es en las que uno puede tener la inquietud de que el
proceso, tal y como apareció publicado de fuentes de la Dirección General
de Patrimonio, y recogido por medios de comunicación (prensa económica
básicamente), no solamente haya situado la valoración por debajo de la
horquilla establecida por la empresa consultora, a la que anteriormente
he mencionado, sino incluso, como he dicho también, muy por debajo de
otras valoraciones conocidas que se habían producido sobre Telefónica
Internacional.
Estas inquietudes son las que provocaron que el Grupo Parlamentario
Socialista preguntara, en fecha ya tan antigua como el 18 de diciembre de
1996, al Ministro de Economía y Hacienda, en qué condiciones tenía
previsto el Gobierno la enajenación del 23,7 por ciento de la sociedad
Telefónica Internacional a Telefónica de España. Y debo decir, como ya
expresé en aquel momento en el Pleno de la Cámara, que me produjo
satisfacción observar que el Ministro de Economía y Hacienda desmentía
las informaciones que se habían producido en la prensa económica y las
declaraciones de fuentes de la Dirección General del Patrimonio,
señalando incluso que no había el menor inconveniente, sino todo lo
contrario, la voluntad, de que en vez de un procedimiento de adjudicación
directa, mediante un acuerdo bilateral entre la Dirección General del
Patrimonio y Telefónica de España, se sacudiría --cito el «Diario de
Sesiones» número 51, de 18 de diciembre de 1996-- a un concurso para que
se vendan las acciones de Telefónica Internacional y que, indudablemente,
consideraremos la mejor oferta. Yo me di entonces por satisfecho del
compromiso verbal adquirido por el Vicepresidente segundo y Ministro de
Economía y Hacienda, y lo que quiero es que
ese compromiso, señoría, pueda no solamente confirmarse de una manera más
formal que a través de una declaración del Ministro de Economía y
Hacienda, mediante la aprobación de una proposición no de ley de la
Comisión de Economía y Hacienda, instando al Gobierno a que cumpla su
palabra o instando al Gobierno a que, en defensa del interés general,
realice las gestiones oportunas para la obtención del máximo valor
posible de las acciones de Telefónica Internacional, convoque un concurso
internacional al que puedan concurrir ofertas variadas para la
adjudicación de ese 23,7 por ciento y dé cuenta del resultado de este
proceso a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, tal y
como el propio Ministro de Economía y Hacienda, en la contestación a
aquella pregunta parlamentaria, hacía referencia.
Señorías, por tanto, entiendo que es una proposición no de ley fundada en
la pura lógica, en la defensa del interés general, en una voluntad que me
alegro que sea compartida por el propio Gobierno y por su responsable en
materia de economía y hacienda, y creo que sería bueno pudiera ser
ratificada por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las proposiciones no de ley
presentadas por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, una de las proposiciones no de
ley no tiene actualmente mucho sentido y se refiere a la no privatización
del 20 por ciento que tenía el Estado en Telefónica de España, S. A., y a
la necesidad de que algunos de los puestos del consejo de administración
lo ostentaran miembros de los sindicatos más representativos. Por tanto,
yo creo que esta proposición decae si no queremos convertir este acto en
un debate auténticamente surrealista.
La otra proposiciones no de ley, referida a Telefónica Internacional, sí
tiene sentido, pues mantenemos una filosofía diferente a la defendida
aquí por el señor Eguiagaray. El señor Eguiagaray habla de un proceso
mucho más transparente de cara a la venta del 23,7 por ciento de las
acciones que el Estado tiene en Telefónica Internacional. Nosotros
mantenemos la idea de que no debe venderse ese porcentaje de acciones
porque pensamos, como lo hemos dicho bastantes veces tanto en Pleno como
en Comisión, que se trata de una industria absolutamente estratégica, y
lo mismo que no debió privatizarse --y aquí se rompían culturas de los
países europeos más fuertes-- la participación estatal en Telefónica de
España, no debe terminar esta participación del Estado en Telefónica
Internacional.
En consecuencia, anunciamos nuestra abstención con respecto a la
proposición no de ley defendida por el Grupo Socialista y mantenemos esta
segunda proposición no de ley relativa a Telefónica Internacional, S. A.
El señor PRESIDENTE: Debemos entender que queda retirada, por tanto, la
proposición no de ley que viene numerada como punto número 6, relativa a
instar al Gobierno a garantizar de manera permanente y suficiente la
presencia del Estado en Telefónica de España, S. A., así como a
posibilitar el control social de dicha compañía. (Asentimiento.) Muchas
gracias, señor Alcaraz.
A la proposición no de ley formulada por el Grupo Socialista en relación
al proceso de venta de Telefónica Internacional, S. A., ha sido formulada
una enmienda por parte del Grupo Popular, para cuya defensa tiene la
palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, en primer lugar, quería
agradecer al señor Eguiagaray su ilustración sobre la importancia de
Telefónica Internacional porque, créame, si no me hubiera ilustrado usted
sobre ello no hubiera sido capaz de saber lo importante que es Telefónica
Internacional y el patrimonio que se puede lograr con la venta de esas
acciones.
En cualquier caso, señorías, para este Gobierno, para el Gobierno del
Partido Popular, es objeto de preocupación que los procesos de
enajenación de participaciones públicas se produzca con la máxima
transparencia y con el mejor resultado patrimonial del Estado, como
parece ser que también comparte en estos momentos el Grupo Socialista.
Sin embargo, señor Eguiagaray, valga como ejemplo, y me gustaría hacer
referencia a ello, la reciente privatización de la Compañía Telefónica.
Usted sabe que se acaba de concluir el proceso de privatizaciones de esta
compañía y, a estas alturas, estoy segura de que usted se alegrará de que
no se hayan cumplido sus predicciones iniciales, porque nunca se ha
conocido un proceso de privatización más transparente que el de
Telefónica y de mayor rentabilización en la historia de los últimos
tiempos.
De cualquier forma, la proposición no de ley que ustedes presentan hoy
ante esta Comisión creo que no aporta nada nuevo (El señor Eguiagaray
Ucelay: ¡Qué barbaridad!) respecto del procedimiento a seguir para la
venta de la participación del 23,7 por ciento en el capital de Telefónica
Internacional que mantiene el Estado.
Es evidente, y así lo ha señalado tanto el Vicepresidente segundo del
Gobierno y Ministro de Economía como el Subsecretario del Ministerio de
Economía y Hacienda ante esta Cámara, que se va a pretender en este
procedimiento la obtención del máximo valor posible para las acciones de
Telefónica Internacional, objeto de enajenación. Se va a seguir el
ejemplo reciente y claro que se ha demostrado con el pleno éxito de la
oferta pública, como he dicho, de las acciones de Telefónica. Además, ya
se ha anunciado que la venta afectará al 23,7 por ciento del capital y,
sin duda ninguna, en el contexto de la relación que el Gobierno quiere y
está manteniendo con estas Cortes, se va a informar sobre ese proceso de
enajenación a esta Cámara. Por ello, creo que no haría falta aprobar la
proposición no de ley que ustedes presentan, que tiene como objetivo
optimizar la participación que el Estado tiene en Telefónica
Internacional, para que se lleve a cabo ese procedimiento. En cualquier
caso, hemos presentado una enmienda a los puntos 2 y 3 de su proposición
no de ley.
El punto 1 lo mantenemos tal cual está --significa que se hagan las
gestiones oportunas, como ya señaló el señor
Ministro en esta Cámara en el mes de diciembre, para obtener el máximo
valor posible para las acciones de Telefónica--. Usted sabe, y yo no se
lo voy a repetir porque ya lo hizo el Ministro, que hay una horquilla en
estos momentos fijada y que las horquillas siempre se fijan cuando se
trata de hacer una privatización, y que se mueven. Hay algunas veces,
como en algunos procedimientos --y usted conoce alguno de ellos--, que el
precio está por debajo de la horquilla, y en otros procedimientos, sin
embargo, está por encima. En cualquier caso, en el primer punto estamos
todos de acuerdo. En el segundo punto también estaríamos de acuerdo, lo
único que nos gustaría es no poner límites a lo que tiene que ser un
procedimiento de enajenación, porque usted sabe que la palabra concurso
puede ser muy restringida. Nosotros preferimos hablar de un procedimiento
en el que quede garantizada la concurrencia de ofertas y la publicidad y
transparencia del mismo. Creo que estamos hablando de lo mismo, lo que
pasa es que tratamos de cerrar menos el ámbito. En cualquier caso, lo que
tiene que quedar claro es que haya concurrencia de ofertas --quiere
decir, que se presenten los que quieran presentarse a un concurso--, que
tenga publicidad y que sea un concurso transparente. Creo que eso es lo
importante y, sobre todo, lo que puede facilitar que haya mayor
rentabilidad en la venta de estas acciones.
Por último, ustedes proponían que se diera cuenta del resultado. Como le
he dicho, el Gobierno siempre está dispuesto a venir a rendir cuentas a
esta Cámara, pero creemos que habiéndose creado una subcomisión para el
seguimiento de procesos de privatización es a esa subcomisión a la que le
corresponde que se le dé cuenta del seguimiento de esta privatización,
sin perjuicio de que, por supuesto, cualquier grupo parlamentario pueda
solicitar que luego viniera a la Comisión cualquier miembro del Gobierno
a explicar la propia privatización. En cualquier caso, creemos --y su su
intención de verdad es que este proceso se produzca con transparencia y
con el mejor resultado patrimonial posible-- que no tendrá usted
inconveniente en aceptar esta enmienda que, al final, lo único que hace
es proponer alguna mejora casi, casi técnica de su propuesta. Nosotros
estaríamos en disposición de votarla favorablemente porque creemos que,
en cualquier caso, sin perjuicio de que ya el Ministro de Economía y
Vicepresidente del Gobierno en esta Cámara mantuvo que se iba a hacer
esto, no está nunca de más que también esta Comisión inste al Gobierno a
que se siga andando por el camino de la transparencia, de la concurrencia
de ofertas y de la publicidad en todas las privatizaciones que se
realicen.
En cuanto a la proposición no de ley que plantea el Grupo de Izquierda
Unida poco puedo decir. La verdad es que en relación a la primera ya se
ha retirado. En relación a la segunda, lo que está claro es que le
tendría que mantener lo mismo que diría para la primera y lo mismo que
debatimos en esta Cámara --ya sería la quinta vez que debatíamos sobre la
privatización--. Creemos que está suficientemente garantizado el interés
general con oto tipo de medidas legales --y no hablo de una, sino de
varias--, por las normas, más que por la propiedad de las empresas. Por
tanto creemos --máxime cuando ya se ha privatizado Telefónica-- que no
tiene sentido que Telefónica Internacional quedara en manos públicas. Por
tanto, no podemos aceptar su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A efectos de manifestar su posición en relación con
la proposición no de ley formulada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y para manifestar su aceptación o no de la
enmienda formulada por el Grupo Popular a la proposición no de ley, por
parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Quería hacer un par de puntualizaciones a la
intervención del representante de Izquierda Unida. A mi juicio no hay
contradicción, al menos lógica, entre la proposición no de ley que él ha
presentado y la que he presentado yo; no son ni siquiera incompatibles.
Simplemente plantean las cosas en dos momentos del proceso lógico. Uno
puede tener una posición, que ni siquiera la hemos discutido, sobre si es
bueno o no que se venda Telefónica Internacional, y, en cualquier caso,
el Gobierno puede tener la decisión ya anunciada de vender su
participación en Telefónica Internacional. Esto obliga, por lo tanto, a
dos posicionamientos diferentes: uno sobre si uno cree o no que se debe
vender y dos, sobre si uno cree que se debe vender de una o de otra
forma, aceptando que el Gobierno, en todo caso, tiene la facultad de
tomar la decisión de venderla. Como el señor Alcaraz ha entendido que su
proposición no de ley es contradictoria con la que el Grupo Socialista ha
presentado, no tengo más que entender que será difícil el que puede votar
favorablemente su proposición no de ley puesto que ciertamente no la
hemos discutido. Pero quiero decirle que en términos lógicos no hay ni
siquiera oposición posible porque se está hablando de dos temas
completamente diferentes: si se debe vender es una cuestión y en el
supuesto de que se vaya a vender, cómo venderlo. En todo caso, él ha
anunciado que se iba a abstener en relación con la proposición del Grupo
Parlamentario Socialista. Corresponderé exactamente con la misma
reciprocidad pero, ciertamente, me hubiera gustado que pudiéramos
discutir las cosas desde una perspectiva de posibilidad de aproximación
de posiciones.
En relación con los puntos de vista expresados por la señora Mato, no sé
si he contribuido a su ilustración. Estoy seguro de que todos necesitamos
de vez en cuando aprender y yo me alegro de que usted se deje enseñar.
Puesto que esto es lo que ha dicho, pues adecuadamente tomo nota y si en
algo le he ofendido por ilustrar la importancia que tiene Telefónica
Internacional, le pido humildemente disculpas, pero no sé por qué me
merecía semejante sarcasmo.
En segundo lugar, señora Mato, me alegro de que coincidamos en el fondo.
Esto parece que quedó patente con la intervención del Vicepresidente y
Ministro de Economía en diciembre. Me parece que la discusión en este
momento en relación con el texto de su enmienda se refiere estrictamente
a ver si una formulación en términos de concurso es
equivalente a una formulación en términos de procedimiento de
concurrencia de ofertas, publicidad y transparencia.
Como comprenderá, me es absolutamente indiferente el que se dé cuenta a
la Comisión de Economía o a la subcomisión para los procesos de
privatización y reconversión. Creo que esta Comisión de Economía y
Hacienda es una comisión bajo la que está de alguna forma la tutela de
procesos que tienen bastante que ver con el departamento de Economía y
Hacienda y, sin duda alguna, no está mal el que las empresas situadas en
el ámbito de la dirección de Patrimonio, al menos los representantes de
ese ministerio, den cuenta en la subcomisión o en esta Comisión. En todo
caso, de ese tema sí que no voy a hacer ninguna cuestión.
De lo que tengo alguna duda adicional, señora Mato, es de que sea
exactamente equivalente esto con lo que el señor Ministro de Economía
dijo, como he dicho antes y reproduzco ahora textualmente, de que se
haría un concurso y un concurso que, naturalmente, no podía ser sino un
concurso internacional, tal y como aparecía en el texto de la pregunta
que yo formulé en el Pleno del Congreso de los Diputados y en la
contestación del señor Ministro. Le remito al texto del «Diario de
Sesiones». Ahí tiene usted el compromiso del señor Ministro de Economía
para hacer un concurso en esta dirección.
Yo creo que un proceso de concurrencia de ofertas puede ser cualquier
otra cosa, pero no necesariamente un concurso, y a mí me parece que es
absolutamente relevante en las condiciones en las cuales se produce la
presencia del Estado en Telefónica Internacional, y al mismo tiempo la
presencia de Telefónica como titular mayoritario de las acciones de esa
compañía, el que Telefónica tenga naturalmente que pujar adecuadamente si
quiere quedarse con el resto de las acciones. Creo que puede pujar no
solamente si hay algunos accionistas adicionales que en un proceso de
venta de acciones acuden a la compra, sino si efectivamente es posible el
que otros intereses de compañías que pueden ser relevantes en esta
cuestión pueden ser puestos de manifiesto a propósito de la venta. Por
eso yo estoy muy proclive a encontrar una fórmula que nos pueda permitir
el acuerdo total sobre esta cuestión, señora Mato. Si usted accediera a
hablar de un proceso de concurrencia internacional de ofertas, yo estaría
de acuerdo. Si usted cree que eso limita lo que es la voluntad ya
confesada de suscitar efectivamente un proceso en el que Telefónica no
pueda hacer simplemente más que aquello que sus propios intereses
patrimoniales --y no desconozcamos algo que es bastante obvio como que el
setenta y tantos por ciento está en manos de Telefónica de España y, por
tanto, es bastante razonable con quién se quiere aliar Telefónica de
España en el futuro, preocupación que yo también comparto, como usted
puede imaginarse--, me parece que podríamos buscar un acuerdo que nos
dejara a todos satisfechos, porque no creo que esté en el interés de su
grupo hacer un concurso que impida la existencia de compañías o de
intereses no estrictamente españoles en esta cuestión que, por otro lado,
tendría alguna dificultad para expresarse en términos del propio derecho
comunitario y mercantil en esta cuestión. Si S. S. accediera a introducir
la expresión «concurrencia internacional de ofertas», quizá pudiéramos
encontrar una vía para lograr un acuerdo, desde el reconocimiento de que
estamos hablando de temas bastante parecidos y que la mayor satisfacción
la tuve cuando se denegó por parte del Ministro de Economía y Hacienda
que se fuera a realizar un acuerdo meramente bilateral entre Telefónica
de España y la dirección del Patrimonio, que me parece que no es el
camino. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.) El señor PRESIDENTE:
Para expresar su posición en relación a la propuesta de transición
realizada por el señor Eguiagaray, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Eguiagaray, la verdad es que usted y yo y
nuestro grupo y ustedes y el Gobierno compartimos la necesidad y la
importancia de que eso tenga el máximo valor posible. Usted sabe que el
Gobierno popular en todas sus privatizaciones está tendiendo a ello.
Baste recordar que la intención del Gobierno popular es precisamente la
que usted plantea, que en la privatización del 20 por ciento de
Telefónica se han conseguido este año 627.000 millones de pesetas brutos;
usted sabe que se ha conseguido más del doble de lo que se consiguió en
el año 1995 por las acciones; se ha conseguido cuatro veces más, pero la
otra vez era la mitad de acciones y por ello digo que se ha conseguido
más del doble, lo cual quiere decir que se está haciendo un esfuerzo por
conseguir más dinero. Como usted ha recordado el Vicepresidente del
Gobierno, señor Rato, ya despejó la duda de que se iba a proceder a
realizar una compra directa por parte de una empresa. Nosotros con la
enmienda que presentamos a su proposición pretendemos garantizar --como
figura en el texto-- la concurrencia de ofertas y la publicidad.
Creemos que no se debe limitar con palabras concretas, porque usted sabe
mejor que nadie cómo funciona luego la convocatoria de concursos. Sin
ninguna duda se va a realizar una licitación pública en concurrencia de
ofertas. Creo que si usted quiere hablar de licitación pública en lugar
de concurrencia internacional de ofertas podíamos tratarlo. Yo creo que
con el texto que hemos presentado está suficientemente garantizado todo
lo que S. S. plantea y todo lo que puede prever el ministerio para sacar
mayor rentabilidad a la venta de estas acciones que se va a realizar. Por
tanto creo que se debe dejar la puerta abierta para que dentro de la
concurrencia --que es lo importante--, dentro de la transparencia y de la
publicidad de cualquier concurso, de cualquier tipo de licitación que se
presente, el Gobierno pueda actuar de la manera que considere más
conveniente para defender los intereses de España y, en esta caso,
conseguir la máxima rentabilidad patrimonial del dinero de Telefónica
Internacional. Por tanto, me gustaría que S. S. votara a favor de esta
enmienda y pudiéramos ponernos de acuerdo, porque en el contenido estamos
de acuerdo y el Gobierno necesita que se le dé un amplio apoyo, siempre
que coincidan la concurrencia, la publicidad y la transparencia, para que
pueda actuar de la mejor manera posible y lograr la mayor rentabilidad.
Por ello, creo que deberíamos mantener el texto de la enmienda que hemos
presentado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: No sé por qué no puede volver usted la
oración por pasiva, porque si estamos de acuerdo, no veo en qué daña lo
que estoy diciendo.
Yo también podría decirle --teniendo en cuenta que un concurso puede ser
de muchas formas y admite enormes flexibilidades en su modulación-- que
no había ninguna razón para modificar el texto de la proposición no de
ley original. Como su insistencia en que se adopte una fórmula diferente
me suscita mucho más la sospecha que cualquier otra cosa, porque no
entiendo qué dificultad hay para introducir exclusivamente en su texto
que la concurrencia pueda tener un carácter también internacional, señora
Mato, me va a obligar a que me tenga que abstener en su proposición,
salvo que, de verdad, acepte, por favor, que no estamos aquí discutiendo
de temas filosóficos fundamentales, sino de un problema en el que todos
queremos tener la garantía; el Gobierno, de que tiene un cauce
suficientemente abierto y la oposición --una vez que ha obtenido el
compromiso del Ministro de Economía de que va a haber un concurso, que es
la expresión utilizada por el Ministro de Economía-- de que ahora no se
desmienta por parte de su grupo la palabra del Ministro de Economía. (El
señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, ¿a qué efectos me había solicitado la
palabra?
El señor ALCARAZ MASATS: A efectos de, si es posible, realizar una
aclaración respecto a la intervención del señor Eguiagaray a la hora de
hablar de la posible o no contradicción entre las dos proposiciones no de
ley, de los Grupos Socialista e Izquierda Unida con respecto a Telefónica
Internacional. Voy a realizar una intervención brevísima, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra S. S. a los efectos del artículo 72
del Reglamento.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Eguiagaray, yo sí considero que son
contradictorias y que no se trata de procesos sobrevenidos, por así
decirlo.
He anunciado mi voto de abstención porque no comparto la filosofía de una
proposición no de ley que presentó el 20 de diciembre, cuando aún no
estaba privatizada la compañía. Ya tuve ocasión de decir, en la reunión
que celebró la Diputación Permanente a lo largo del mes de enero, que
había una contradicción seria entre la posición del Grupo Socialista que,
por cierto, en aquellos momentos también planteaba una iniciativa en el
sentido de que el Estado siguiera ostentando el 5 por ciento del
accionariado de Telefónica de España, S. A., pero a la vez presentaba
esta otra iniciativa en la que aceptaba la privatización de Telefónica
Internacional y solamente discutía el proceso, el tipo de concurso, como
aquí se ha visto claramente a lo largo del debate que se ha realizado
respecto al Partido Popular. Por lo tanto, me parece un regate hábil, un
regate de última hora el que ha hecho el señor Eguiagaray, pero la
contradicción existía desde el principio, era una contradicción de fondo
con respecto a la privatización o no de Telefónica internacional.
Esto era simplemente lo que quería aclarar, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Debo entender, señor Eguiagaray, que no acepta la
enmienda formulada por el Grupo Popular. (Denegaciones.)
Vamos a proceder a la lectura de la enmienda que ha sido objeto de
transacción en relación al anterior debate sobre las inundaciones en la
provincia de Cádiz, quedando redactada la proposición no de ley, de
acuerdo con las enmiendas aceptadas, en los siguientes términos.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que: 1. Con la mayor
urgencia y toda vez que en colaboración con la Junta de Andalucía y con
las diputaciones provinciales competentes ya han sido cuantificados los
daños ocasionados por los temporales del invierno 1996/1997 en la
provincia de Cádiz y en el resto de las provincias andaluzas, apruebe
medidas urgentes para reparar todos los daños causados por los citados
temporales, procediendo, con carácter urgente, a los pagos que
correspondan. 2. Asimismo adopte, con carácter urgente, las medidas
oportunas para paliar los daños causados por los últimos temporales en
las comunidades autónomas de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y
Valencia, en colaboración con las administraciones implicadas.
Señoras y señores Diputados, suspendemos la sesión hasta la una de la
tarde en que procederemos a celebrar las oportunas votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, tomen asiento. Señores
portavoces, ¿han hecho ustedes suficiente acopio de efectivos? Dado que
no se queja nadie, es de suponer que están presentes todos los miembros
de los grupos parlamentarios. Digo esto a los efectos de que no haya
sorpresas en las votaciones.
Vamos a proceder a efectuar las votaciones correspondientes a los debates
celebrados en la mañana de hoy.
Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley sobre disponibilidad
de impresos para el pago de impuestos en las lenguas cooficiales de las
comunidades autónomas, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La redacción de la
proposición no de ley es la resultante de la aceptación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre abono de la deuda de ayuntamientos en cuyos
términos se hallen instalaciones hidroeléctricas sujetas al Impuesto de
Bienes Inmuebles, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Centella Gómez pide
la palabra.)
Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Solamente quería concretar que en la enmienda
presentada por el Grupo Popular, que hemos aceptado, debería decir:
presas e instalaciones hidroeléctricas.
El señor PRESIDENTE: El señor Souvirón no puede contestar porque está en
la Mesa, pero, efectivamente, es correcto lo que dice.
Por consiguiente, pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en los términos derivados de la
enmienda del Grupo Popular que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley en los términos manifestados.
Votamos la proposición no de ley relativa a compensaciones a municipios
con centrales hidroeléctricas, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, en los términos derivados de la aceptación de la enmienda
transaccional del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la proposición no de ley relativa a la cuantificación e
indemnización por los daños causados por los temporales del invierno
1996-1997 en la provincia de Cádiz, presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en los términos resultantes
de las enmiendas aceptadas de los grupos Socialista y Popular, tal y como
han sido transaccionadas para llevar a efecto la redacción definitiva de
la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley sobre el proceso de venta de Telefónica
Internacional, S. A., presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechaza la proposición no de ley.
El punto número 6 ha sido retirado por el grupo proponente.
Procedemos a la votación del punto número 7, que es la proposición no de
ley por la que se insta al Gobierno a mantener su actual participación
accionarial en la empresa Telefónica Internacional, S. A., en el marco de
la participación del Estado en la sociedad Telefónica de España, S. A.,
de acuerdo con la situación mantenida antes del anuncio del proceso de
privatización por parte del Gobierno. Esta proposición no de ley ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechaza la proposición no de ley.
Levantamos la sesión hasta las cuatro y media de la tarde, en que
tendremos la comparecencia del señor Secretario de Estado de Comercio.
Señoras y señores Diputados, muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYMES) (FERNANDEZ NORNIELLA) PARA INFORMAR
SOBRE:
--LAS MATERIAS PROPIAS DE SU COMPETENCIA, PREVIA REMISION DEL INFORME
CORRESPONDIENTE. COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL. (Número de expediente
212/000517.)
--EL DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION MINISTERIAL DE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) CELEBRADA EN SINGAPUR. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) DEL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000422.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores Diputados.
Bienvenido, don José Manuel Fernández Norniella, Secretario de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Vamos a celebrar dos comparecencias del señor Secretario de Estado, una
cuatrimestral, como consecuencia de la proposición no de ley en su día
aprobada por esta misma Comisión, y otra a instancias del Grupo
Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para explicar el desarrollo y conclusiones de la
reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio celebrada en
Singapur.
A los efectos de ordenar adecuadamente la tramitación de esta
comparecencia, se va a desarrollar, si les parece a SS. SS., de la
siguiente forma: en primer lugar intervendrá el señor Secretario de
Estado de Comercio tanto para hablar de la marcha del comercio exterior
español durante el último trimestre de 1996 como, y a continuación, para
informar sobre el desarrollo y conclusiones de la reunión ministerial de
la Organización Mundial de Comercio. Posteriormente, dado que ha sido
solicitada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), intervendrá el
grupo solicitante de esta segunda comparecencia, y a continuación
intervendrán los demás grupos parlamentarios de mayor a menor, excepto en
lo que se refiere al grupo que apoya al Gobierno, que intervendrá en
último lugar. Después de fijadas las posiciones, realizadas las preguntas
y formuladas las observaciones, éstas serán contestadas por el señor
Secretario de Estado de Comercio y, en función del desarrollo del debate,
se abrirá un nuevo turno o no para realizar algún tipo de
puntualizaciones u observaciones, cerrando el debate el señor Secretario
de Estado de Comercio.
Sin más, le cedo la palabra al señor Secretario de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, don José Luis Fernández
Norniella.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYMES) (Fernández Norniella): Agradezco esta nueva
ocasión de dirigirme a ustedes para presentar el informe sobre la marcha
del comercio exterior, de las conclusiones de la reunión ministerial de
la OMC y también, aunque de forma breve por razones de tiempo, de la
situación de otras áreas de competencia de esta Secretaría de Estado. Es
un momento especialmente oportuno para hacer balance de nuestro sector
exterior, y no sólo de la marcha de los resultados de 1996, sino también
de las perspectivas de 1997 y de las líneas estratégicas del Gobierno
para los próximos años.
Si desde un primer momento, recién incorporados a las tareas de Gobierno,
definíamos las claves de la acción de Gobierno como de diálogo y
colaboración estrecha con los sectores y las comunidades autónomas,
estamos ahora en condiciones de decir que hemos avanzado
considerablemente en estos dos caminos. Hoy puede afirmarse que estamos
obteniendo buenos resultados y que se han sentado las bases, en las
pasadas jornadas de exportación, de las medidas-actuaciones que van a
conformar el plan estratégico del sector o plan 2.000, al que me referiré
más adelante.
Si fijamos la atención en los datos de 1996, el sector exterior ha
revelado una fuerza y dinamismo muy superior al previsto a principios de
año. Ha sido, si me permiten decirlo, un año estrella. Ha revelado una
realidad exportadora razonablemente satisfactoria y con un potencial que,
si sabemos aprovechar, y deberemos saber hacerlo, puede ayudar en mucho a
que se cumplan los objetivos macroeconómicos de nuestra economía en
términos de crecimiento y de empleo, no sólo en este año en el que
estamos sino también en los próximos.
Corresponde, con los datos en la mano, felicitar a nuestro sector
exportador. Las empresas y empresarios, y cuantos han participado con su
esfuerzo en el éxito de los resultados de 1996, pueden sentirse
satisfechos, pueden seguir trabajando con el mismo entusiasmo en la
seguridad de que cuentan y van a contar con la colaboración y el apoyo
del Gobierno, que va a seguir, a través de esta Secretaría de Estado que
represento, aportando todos sus esfuerzos para que se haga posible el
objetivo de dinamizar más las actividades exportadoras y de dotarlas de
una mayor eficacia en los instrumentos de los que en la actualidad
disponemos.
Me gustaría resumir a continuación los principales datos de la balanza de
pagos publicados por el Banco de España, que me confirman en mis
anteriores afirmaciones. Por un lado, la balanza comercial redujo su
tradicional saldo negativo en 1996 respecto a 1995 en 452 millardos de
pesetas, con una disminución porcentual del 20,5 por ciento respecto al
año anterior. Por otro lado, la balanza de servicios, el turismo,
representó un saldo neto de 2.869 millardos, es decir, 263 millardos más
por encima del año anterior, aumentando en un porcentaje del 10,1 por
ciento. En conjunto, el saldo de la balanza por cuenta corriente ha
pasado de 158 millardos en 1995 a 360,7 millardos en 1996, con un aumento
del 128 por ciento.
A los datos anteriores hay que añadir también en positivo la evolución de
las inversiones. Las de España en el exterior han superado por primera
vez los 1.000 millardos, doblando casi en la cuenta financiera del Banco
de España la cifra del año 1995, que fue de 511 millardos. De otro lado,
las inversiones del exterior en España se han situado en el año 1996 en
1.043 millardos, ligeramente por encima de la inversión de España en el
exterior. Poco ha faltado para que, por primera vez en nuestra historia
reciente, la corriente de pagos por inversiones españolas directas en el
exterior superase a la corriente de ingresos por inversiones directas
extranjeras.
Se ha distribuido a SS. SS. el segundo y tercer cuatrimestre de 1996, que
corresponden al período septiembre-diciembre e incorporan la comparación
de los datos de exportación e importación del año 1996 con el año
anterior, y a esta información voy a referirme a continuación.
El déficit comercial en 1996, con datos de aduanas, fue de 2.504
millardos, con una disminución del 13,5 por ciento respecto a 1995. Las
exportaciones crecieron el 13,2, alcanzando los 12.931 millardos, y las
importaciones crecieron el 7,8, alcanzando los 15.435 millardos.
Descontando el efecto precio, en términos reales, la exportación creció
el 11 por ciento. Este dato es significativo si consideramos que las
primeras estimaciones sitúan el crecimiento del comercio mundial en el
entorno del 5 por ciento, con lo que España ha aumentado su peso
específico por encima del 1,75 por ciento en la participación mundial
respecto al año 1995.
Las exportaciones en 1996 por sectores muestran una composición
equilibrada, en la que cabría destacar los incrementos de bienes de
equipo, el 18,4 por ciento, los de
alimentos, el 15,1 por ciento, los de materia de consumo, el 14,1 por
ciento. Dichos sectores, junto con el de la automoción, llevaron el mayor
peso de la contribución al crecimiento durante el citado período.
Las importaciones de 1996 por sectores muestran los mayores aumentos en
bienes de equipo, con el 14,5 por ciento; en automóvil, con el 13,6 por
ciento; en materiales de consumo, con el 11,9 por ciento; y en productos
energéticos, con el 18 por ciento. El primero de los sectores tuvo una
contribución al crecimiento del 44 por ciento. Si observamos el saldo de
los distintos sectores, alimentación mejora y pasa de negativo en 210
millardos, en 1995, a positivo en 100,1 millardos, en 1996. Y el resto de
los sectores mejoran o se mantienen, excepto equipos de oficina y
telecomunicaciones, en donde las importaciones han aumentado fuertemente
y el déficit se incrementa hasta un 43 por ciento.
Por áreas geográficas, la exportación en 1996 a la Unión Europea fue del
71,4 por ciento del total, con un aumento del 11,8 por ciento respecto a
1995. Los principales socios tradicionales, Francia, Reino Unido y
Portugal, excepto Alemania, que creció algo menos, tuvieron importantes
incrementos. Las exportaciones al resto de los países, el 28,6 por
ciento, crecieron en mayor medida, un 16,9 por ciento; a Latinoamérica,
un 21,8 por ciento; a Estados Unidos, un 15,2 por ciento; y a la Europa
del Este, un 45 por ciento. Excepto en Japón, donde el elevado dinamismo
de las exportaciones ha hecho que no hubiese crecimiento, en el resto del
mundo, como ustedes ven, los incrementos son muy considerables.
Respecto de las importaciones, si exceptuamos el aumento de las mismas
debido al incremento del precio del crudo y a la fortaleza del dólar, las
importaciones del área de Oriente Medio aumentaron en un 16,2 por ciento,
siendo el principal crecimiento el que correspondió a la Unión Europea,
cuyo peso en el total de las importaciones es del 63,6 por ciento, y con
un aumento del 9,2 por ciento sobre el año anterior.
En conclusión, repasando las cifras y cuadros de 1996, las exportaciones
se han revelado consistentes y han sido uno de los principales motores
del crecimiento de nuestra economía. La tasa de cobertura de las
exportaciones sobre las importaciones ha llegado a alcanzar el 83,8 por
ciento, que ha sido la más elevada de los últimos años. Según las
estimaciones, la contribución de la balanza comercial al PIB ha sido 0,6
puntos porcentuales, lo cual permite concluir que España está superando
con éxito el reto de globalización del mercado mundial.
Abundando en un renglón especialmente significativo, la inversión
española en el exterior, podemos decir que en 1996 ha estado por encima
de los mil millardos, y que la distribución de países a los cuales ha
sido dirigida nuestra inversión ha sido principalmente Latinoamérica,
cuyo porcentaje ha llegado a alcanzar el 40,5 por ciento, a la Unión
Europea, con un 30 por ciento, y al resto de los países con la diferencia
porcentual hasta el cien por cien.
Por último, 1996, y en lo que a inversión extranjera directa se refiere,
se ha comportado de forma regular y se han olvidado los picos producidos
en los años 1994 y 95. Hemos asistido a un suave crecimiento plenamente
acorde con el marco económico interno y teniendo en cuenta, sobre todo,
el alto grado de penetración de la inversión extranjera en la economía
española. Por grupos de países destaca la inversión proveniente de la
Unión Europea, con más de un 50 por ciento, y en segundo término, la de
Estados Unidos, por encima del 20 por ciento. En cuanto a la distribución
sectorial, destaca con casi el 50 por ciento la industria manufacturera,
dentro de la cual el principal porcentaje se lo reparten la fabricación
de vehículos, con el 57 por ciento, la industria química, con el 15 por
ciento, y la industria alimentaria, con el 7 por ciento. Y también la
distribución comercial experimenta un fuerte tirón, con una participación
superior al 15 por ciento, doblando la inversión producida en 1995.
Ahora, señorías, voy a hablar del año 1997, al que quiero referirme en
base a la encuesta de coyuntura del cuarto trimestre que elabora la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, y que es un
instrumento que sirve para tomar el pulso de la opinión de los sectores
exportadores y permite una aproximación a la realidad que viven las
empresas exportadoras.
Las expectativas de la cartera de pedidos a corto plazo para el primer
trimestre de este año indican una evolución estable de la exportación,
con un 50 por ciento de los encuestados manifestando su opinión de
cartera estable, un 39 por ciento que espera que evolucione al alza, y un
9 por ciento que estima que va a producirse una bajada. Los sectores con
mejores expectativas al alza son los bienes de equipo, con un 55 por
ciento, y el semimanufacturero, con un 47 por ciento. Las previsiones de
cartera de pedidos a doce meses para el conjunto de 1997 son muy
similares a las de trimestres anteriores, con un 52 por ciento de los
encuestados esperando una cartera al alza, un 35,5 por ciento que cree
que evolucionará establemente, y un 4 por ciento que opina que irá a la
baja. Los sectores con mejores expectativas de aumento a medio plazo son
la automoción, bienes de consumo e industria alimentaria, sectores en los
que más de un 60 por ciento de las empresas tienen expectativas alcistas.
En cuanto a precios y márgenes de beneficios, se mantiene la misma tónica
de estabilidad que caracterizó 1996. Así, un 67 por ciento de los
encuestados tuvo una evolución estable de sus precios de exportación, y
un 55 por ciento de los encuestados consideró que los precios
internacionales se mantuvieron estables. No obstante, se registra también
un cierto aumento, de un 8 a un 24 por ciento de los encuestados, de
sectores y empresas que perciben una evolución al alza de los precios
internacionales, especialmente en los sectores agroalimentarios; afecta
al 38 por ciento del sector, y del automóvil, a un 30 por ciento. Como
consecuencia de lo anterior, se produce también un ligero incremento, del
11 al 18 por ciento, en el porcentaje de empresas que percibe que aumenta
su margen de beneficio exportador, aunque la mayoría de las empresas, un
49 por ciento, considera que se mantiene estable. También resulta
significativo que continúe aumentando, por quinto trimestre consecutivo y
alcance ya el 40 por ciento de los exportadores, el porcentaje de
empresas que ven más alto
su margen comercial en exportaciones que en ventas interiores. Entre los
factores que afectan a la exportación, la demanda externa y el tipo de
cambio fueron los más valorados positivamente. En resumen, las
perspectivas para 1997 son optimistas. Un 52 por ciento de las empresas
tienen expectativas al alza y un 36 por ciento tienen expectativas
estables. Estas expectativas se mantienen en porcentajes similares para
nuestra exportación a la Unión Europea, mientras que se mejoran las
expectativas al referirse a las exportaciones a Asia, Suramérica y el
resto de Europa, y se moderan las expectativas de exportación a
Norteamérica.
En términos de competitividad ha habido también una mejora. El indicador
de competitividad frente a países de la OCDE ha mostrado para el conjunto
de 1996 una ganancia en competitividad/precio del 2,4 por ciento. El
indicador se situó en el 87,2 por ciento en diciembre de 1996, frente al
89,7 en el mismo mes del año anterior. La evolución histórica del índice
está recogida en el documento número 3, correspondiente al tercer
cuatrimestre, que hemos distribuido entre sus señorías.
Hecha esta exposición prolija sobre el comercio exterior, me van a
permitir que pase a explicar algunas de las actuaciones más relevantes de
los últimos meses, entre las que se encuentra la cumbre ministerial OMC,
que ha sido motivo de una interpelación del Grupo de Convergència i Unió.
Entre los días 9 y 13 de diciembre de 1996, la Organización Mundial de
Comercio ha celebrado su primera conferencia ministerial en Singapur.
Esta conferencia, órgano superior de la OMC, debe celebrarse por lo menos
una vez cada dos años. El hecho de ser la reunión de Singapur la primera
conferencia producida tras la creación de la OMC en abril de 1994, en
Marrakech, había generado una serie de expectativas y discusiones sobre
su alcance y sobre los temas a tratar e incluir en la agenda, así como
también algunas dudas sobre los resultados que se iban a obtener.
Puede decirse que el hecho más destacable de la conferencia ha sido el de
la continuación de la plena vigencia de la nueva institución, que ha
demostrado ser un foro de negociación viable y una posibilidad de
transformarse en un foro de reglamentación clara del comercio
internacional.
Creo que se les ha entregado un resumen de todo lo tratado en la
conferencia de Singapur, así como un boletín del ICE en el que no sólo se
hacía el planteamiento previo de España, sino también el posterior y los
resultados de la conferencia. Si no se les ha entregado, señorías, se lo
darán después.
Los trabajos preparatorios y el desarrollo de la conferencia pueden
agruparse básicamente en dos apartados. Primero, la elaboración y
aprobación del informe del consejo general de la OMC que recoge los
diferentes elementos de la organización a través de los consejos de
mercancías, de comercios, de servicios y de los aspectos de los derechos
de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Y, segundo, una
declaración ministerial de contenido político, que fue un elemento básico
para la conclusión de la conferencia. Dicha declaración fue objeto, en
paralelo con la discusión de los informes de los órganos de la OMC, de
una intensa preparación, en la que se buscó llegar a Singapur con un
borrador consensuado, lo que se consiguió en parte pero no totalmente y
produjo que durante la conferencia hubiese que negociar en profundidad el
texto definitivo, que fue objeto, como digo, de una intensa negociación.
La declaración final consta de veintidós apartados. En ellos se reflejan
las conclusiones de los trabajos efectuados y se reafirma y se revalúa el
papel de la OMC, que entendemos es importante respecto a los diversos
campos abarcados por la misma y que reconoce la verificación de la
aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay y la agenda para los
próximos años, en especial hasta la próxima conferencia ministerial.
Para España era primordial, y ha guiado todos nuestros esfuerzos, que el
análisis de los acuerdos de Marrakech se hiciese teniendo en cuenta las
realizaciones efectuadas hasta la fecha y en los trabajos de Singapur se
partiese básicamente de la agenda pendiente de la Ronda Uruguay. La
llamada built-in agenda, reflejada en los últimos acuerdos de Marrakech y
que comprendía el conjunto de las disposiciones existentes en ellos,
preveía tareas de examen, revisión y de negociaciones ulteriores. Nuestro
país entendía que el programa de la agenda constituía un fruto
equilibrado y realista tras las laboriosas y ambiciosas negociaciones de
la Ronda Uruguay y no debía alterarse en los compromisos adquiridos, en
particular en los plazos establecidos para las negociaciones, plazos y
compromisos que habían sido contemplados en diversos acuerdos y en varios
foros.
Nuestra prioridad se fijaba, por consiguiente, en el ejercicio de la
verificación de los compromisos alcanzados en la Ronda Uruguay y en que
el programa de trabajo se centrase en la agenda ya acordada en Marrakech,
que debía respetarse estrictamente. Esta prioridad se basaba en la
valoración de la comprobación de cómo se estaban asumiendo e
instrumentando los compromisos de la Ronda Uruguay y en la constatación
de que el sistema multilateral de comercio funcionaba satisfactoriamente
y constituía en sí mismo un resultado con suficiente coherencia para
garantizar el desenlace de la conferencia. El atenerse a lo acordado y a
los plazos pactados era para nosotros uno de los objetivos esenciales a
conseguir como resultado final de los acuerdos de Singapur. En ese
sentido, en agricultura, que era uno de los sectores que nos preocupaba,
nuestro principal objetivo era que los trabajos preparatorios realizados
en Ginebra y en la conferencia misma concluyesen respetando los plazos
fijados, de tal manera que algunas ideas, intenciones y ciertas presiones
que existían para levantar los plazos no se llevasen a efecto y que los
cambios y los acuerdos de la Ronda Uruguay empezasen a funcionar en el
plazo fijado que, como ustedes saben, era enero del año 2000. Las
conclusiones alcanzadas respetan nuestros objetivos y, sobre todo, nos
han permitido comprobar la solidaridad de nuestros socios europeos
obtenida a la hora de reclamar estas exigencias por parte de España.
En lo que respecta a textiles, que era otro de los sectores sensibles
para nuestra economía, los países exportadores en desarrollo buscaron la
aceleración del proceso de liberalización
del comercio de los productos textiles y del vestido, yendo incluso más
allá de lo acordado en Marrakech y de la declaración ministerial previa.
Sin embargo, también hemos de decir que se confirmó nuestro planteamiento
de que había que cumplir previamente el compromiso estricto adquirido en
Marrakech.
En cuanto a las nuevas negociaciones arancelarias, que también era un
tema sensible para nuestra economía, aunque España está dispuesta a
entablar nuevas negociaciones en el cuadro de sus objetivos de acceso a
los mercados, consideraba que en esta conferencia no se daban las
condiciones oportunas para dar cabida a una serie de iniciativas de
negociaciones adicionales que se estaban planteando. Así ha sucedido,
efectivamente, excepto en un campo muy determinado que es el de las
tecnologías de la información, que requiere una consideración aparte que
más adelante les ofreceré.
Otro aspecto importante era el tema de las negociaciones pendientes. En
el marco del acuerdo general sobre comercio de servicios (GATS) está
previsto el desarrollo de negociaciones adicionales que profundicen en el
proceso de liberalización sector por sector. Existe un calendario de
negociación que ha sufrido modificaciones al no haber sido posible
alcanzar acuerdos en las fechas previstas. En Singapur se reafirmó la
necesidad de dar cumplimiento a las fechas acordadas.
La conclusión de las negociaciones sobre la liberalización de las
telecomunicaciones básicas se produjo el pasado 15 de febrero,
alcanzándose un compromiso suscrito por 78 países, computando la Unión
Europea como 15, que representan más del 90 por ciento del comercio
mundial en el sector. Este acuerdo entrará en vigor con carácter general
el día 1 de enero de 1998 --para España, el 30 de noviembre--, y se
espera que, junto con el acuerdo de las tecnologías de la información,
suponga un impulso importante para el desarrollo de este sector. Reviste
una en enorme importancia, además, por referirse a un sector que es
soporte para la prestación de otros servicios (audiovisuales,
financieros, profesionales, etcétera), por lo que su liberalización
tendrá sin duda un efecto multiplicador sobre las cifras del comercio de
estos servicios y, por tanto, sobre el crecimiento económico.
En diciembre de este año concluirán las negociaciones para la
liberalización de los servicios financieros, así como las negociaciones
para el establecimiento de disciplinas en el sector de servicios de
contabilidad. Está previsto, por último, que en el año 2000 tenga lugar
una nueva ronda de liberalización del comercio de servicios.
La conferencia ministerial de Singapur confirmó el mandato otorgado al
finalizar la Ronda Uruguay al Comité de Comercio y Medio Ambiente,
instándolo a que prosiguiera sus trabajos encaminados a determinar las
vías de compatibilización de los objetivos de liberalización comercial y
protección medioambiental. No hubo posibilidad de alcanzar resultados de
mayor calado. No fue posible por la resistencia de los países en
desarrollo. En este capítulo, la Unión Europea ha ejercido una posición
de liderazgo respaldada por nuestro país y consensuada con la mayoría de
los países participantes en la conferencia.
La conferencia, dando muestras de la vitalidad de la OMC, ha permitido
abordar nuevas materias significativas para el comercio internacional; y
esto es importante, ya que una de las dudas más claras que existía sobre
la conferencia era acerca de la viabilidad futura de la OMC como foro de
reunión y de discusión de temas bilaterales y multilaterales de comercio.
España se mostró siempre dispuesta a su discusión, pero entendiendo que
la misma debería hacerse por sus propios méritos, es decir, como fruto de
un consenso en el que se confiasen los diferentes puntos de vista de los
miembros y no de un proceso de negociación en el que todos paguen algo
por ser incluidos en la negociación. Esta dinámica de negociación se hizo
presente hasta el último momento, pero en definitiva se resolvió de una
forma satisfactoria para España al incluir una serie de nuevos temas de
forma prudente y realista, por debajo, claro está, de las expectativas de
algunos países, pero sin haber implicado y supuesto concesiones
inaceptables a cambio de tratamientos específicos. En este sentido, se ha
creado un grupo de trabajo encargado de estudiar la interrelación entre
el comercio y la competencia y otro que analizará el comercio y la
inversión, en ambos casos con el objetivo último de determinar la
posibilidad de establecer disciplinas multilaterales en cada una de las
materias en el ámbito de la OMC.
Por último, en relación al expediente comercio y derechos sociales, se ha
puesto de manifiesto de una forma muy clara que la Organización
Internacional del Trabajo es el único foro competente. La OMC no va a
incluir esta cuestión en su agenda de trabajo, aunque proseguirá su
relación de colaboración con la OIT. Esta cuestión fue, quizá, la más
polémica y conflictiva en Singapur, sobre todo por la frontal oposición
de los países en desarrollo a su consideración. En cualquier caso, la
posición española era de escepticismo, ya que considerábamos que el
precio a pagar por incluir de alguna forma el tema en la OMC sería
inasumible, pues implicaría concesiones elevadísimas, en forma de mejoras
en el acceso al mercado, en textiles y en agricultura, todo ello a
cambio, únicamente, de crear un grupo de trabajo que abordase la cuestión
de forma analítica. Por supuesto, nunca nadie había planteado en este
contexto nada parecido a sanciones comerciales que compensasen el mal
llamado dumping social.
Uno de los resultados más destacables de la conferencia ha sido la
aprobación de una declaración por una serie de miembros sobre el comercio
de productos de tecnología de información, con el objeto de eliminar,
frente a todos los miembros, los aranceles de estos productos. El
objetivo es que el proceso de liberalización, que se comenzará en 1997,
se concluya completamente en lo fundamental antes del 1 de enero del año
2000. Sin embargo, los participantes únicamente aplicarán lo establecido
en la declaración ministerial si ésta es aceptada, en principio antes del
próximo día 1 de abril, por países que representen el 90 por ciento del
comercio mundial de estos productos. Con ello, se trata de garantizar que
el acuerdo ITA sea equilibrado, puesto que si la participación no es lo
suficientemente amplia, sus participantes, en particular la Unión
Europea, no verían adecuadamente compensado el esfuerzo liberalizador.
Actualmente, continúa el proceso previsto en la declaración, en
particular para alcanzar la participación del 90 por ciento requerida en
el mismo. Tras las discusiones técnicas plurilaterles, celebradas en
Ginebra en el mes de enero, establecidas a tal fin en la declaración,
continúan las negociaciones y se espera que podrá alcanzarse la
participación necesaria en el plazo previsto. Por parte de la Unión
Europea, el Consejo de Ministros tendrá que dar su acuerdo definitivo a
finales del mes de marzo.
Consideramos que la eliminación de los aranceles y otras cargas a que
estaban sometidos los componentes utilizados en la fabricación de los
productos de tecnología de la información y del acceso a precios más
bajos a los productos terminados, cubiertos por el acuerdo, mejorarán
indudablemente la capacidad de competir de nuestras empresas en un
mercado cada vez más global. España se ha esforzado en todo momento para
que el acuerdo sea equilibrado y continúa vigilante en la misma
dirección. Ha insistido en particular en la negociación de los siguientes
puntos. Una amplia participación en el acuerdo, de al menos el 90 por
ciento; la no inclusión de productos de electrónica de consumo
tradicionales y productos sensibles para nuestra industria, y que los
calendarios de desarme que se establezcan en ningún caso resulten
desequilibrados en contra de la Unión Europea, aunque permitan cierto
trato flexible a los países en vías de desarrollo que puedan participar.
A continuación, me gustaría referirme a algunos de los principales
instrumentos de acción de esta Secretaría de Estado en el pasado año, muy
concretamente a la Expotecnia, que es la principal feria industrial y
tecnológica que nuestro país realiza en el exterior y que estuvo presente
en noviembre en Brasil, principal país del grupo Mercosur, al cual
venimos prestando una atención especial en lo que al comercio exterior se
refiere.
La feria fue inaugurada por Su Alteza el Príncipe de Asturias. Tuvo una
representación récord, de cerca de cuatrocientas empresas, líderes en sus
sectores, y tuvo la oportunidad de presentarse a un mercado amplísimo y
especialmente atractivo para España. El presupuesto del gasto superó los
1.600 millones de pesetas para el Icex y, en los seis días de duración,
se registró un total de 22.000 visitantes profesionales. De acuerdo con
lo declarado por las propias empresas expositoras a una encuesta
realizada, a la cual ha contestado el 64 por ciento del total, esta
Expotecnia ha sido la de mayor éxito comercial en todos los tiempos. Se
han realizado en operaciones en firme 17.956 millones de pesetas, siendo
precontratos 4.592 millones y 12.364 millones de pesetas contratos en
firme. Esta cifra de 17.956 millones hay que compararla con los 8.861
millones de Bogotá y los 5.670 millones de Bangkok. Como pueden ver por
la comparación, la Expotecnia de Brasil ha sido una feria no sólo de
buenos resultados en el aspecto de imagen sino también en el económico.
Finalmente, hay que destacar el efecto positivo conseguido en términos
imagen-país por la Expotecnia, de acuerdo con las estimaciones de la
encuesta citada anteriormente.
Me gustaría también, aunque muy someramente, añadir algo de los
instrumentos de crédito FAD que, como ustedes saben, administra la
Secretaría de Estado, sobre los que se autorizaron cerca de 50.000
millones durante 1996. En relación con ellos, hay que decir que, en este
momento, tenemos expedientes en estudio por encima de los 240.000
millones de pesetas.
Tengo que terminar esta parte de mi exposición destacando también las
pasadas jornadas de la exportación, celebradas a mediados de enero
pasado, y que, en opinión general, han sido un hito que va a servir en
mucho para la configuración del plan estratégico de la Administración
para el sector exportador. Entendemos que ha sido un ejemplo de cómo
hacer política exportadora por parte de un Gobierno. Después de meses de
trabajo, de debate y de análisis, después de muchísimas reuniones con
grupos de expertos, las jornadas contaron con la presencia del Presidente
del Gobierno y del Vicepresidente económico. En las mismas se presentaron
cerca de noventa acciones y medidas, en respuesta a las dificultades y
problemas a los que, según los sectores y las empresas, se enfrentan
nuestros exportadores en el comercio exterior. La principal novedad del
proceso --no se les escapa-- es que se realizó de abajo arriba, es decir,
el protagonista fue el sector exportador y las comunidades autónomas, que
fueron las que propusieron sus ideas e inquietudes para llegar más lejos
en nuestras exportaciones. Nuestro papel como Administración fue
simplemente recoger estas propuestas, analizarlas, evaluarlas,
estructurarlas e implementarlas para su posible e inmediata aplicación.
Del conjunto de medidas, evidentemente algunas van dirigidas a todas las
empresas exportadoras, pero el esfuerzo más importante hemos querido
realizarlo en las pymes por la gran importancia que las pequeñas y
medianas empresas tienen en la economía para la creación de empleo.
En resumen, el nuevo plan estratégico de la exportación, plan 2000, está
nucleado en las acciones presentadas en dichas jornadas, girando en torno
al reforzamiento de la promoción comercial, la asistencia al exportador,
la reglamentación del comercio internacional, la apertura de terceros
mercados, el fomento financiero y la financiación internacional.
Como acciones que ya se han puesto en marcha o que se pondrán de forma
inmediata, me gustaría resaltar las siguientes: firma de un convenio CARI
marco entre el ICO y cada banco; flexibilización de los criterios de
aplicación de los FAD en países prioritarios; aplicación del CARI a menos
de dos años; cobertura del riesgo de reposición en las operaciones de
leasing; revisión de las pólizas de confirmación de créditos
documentarios, aceptando como deudores a las entidades no bancarias;
utilización de la deuda FAD para financiar inversiones españolas en el
país deudor; uso del FAD para cofinanciar proyectos multilaterales;
revisión de los actuales programas e instrumentos de información
comercial para adecuarlos a las necesidades reales de las pymes
exportadoras; creación del Observatorio de Mercados emergentes;
priorización de los planes sectoriales frente a otros instrumentos de
promoción; puesta en marcha de la Expoconsumo; potenciación de los fondos
para estudios de viabilidad; nuevo programa de becarios con estancias
sucesivas en oficinas comerciales y en
empresas; convenios con escuelas y universidades en materia de formación
especializada. Como les decía, éstas han sido las medidas que ya han sido
puestas en marcha o que lo van a ser en un plazo inmediato.
Entre las acciones que surgieron de estas jornadas y que podrán aplicarse
a corto plazo habría que destacar las siguientes: creación de un fondo de
capital-riesgo y un fondo de garantía para la financiación de inversiones
españolas en el exterior; establecer la figura del FAD-donación, dentro
de un esquema de crédito mixto; desarrollo del sistema de descuento sin
recurso para su utilización en el CARI; financiación mixta FAD-CARI en un
solo crédito; unificación de la póliza de crédito comprador en pesetas
con la póliza de crédito comprador en divisas; renovación de la póliza de
crédito suministrador de medio y largo plazo y homogeneización de las
condiciones con la póliza de crédito comprador; revisión de las tarifas
de primas de operaciones de medio y largo plazo; revisión de las pólizas
de confirmación de créditos documentarios para cobertura en divisas;
homogeneización de las condiciones de cobertura; mejora del régimen
fiscal de los trabajadores españoles en el extranjero; fomento de la
participación en capital de proyecto de inversión de pymes españolas en
países en desarrollo; mejora de las condiciones de cobertura del Proyect
Finance. Podría seguir leyendo, pero, como les hemos entregado la
documentación, con el fin de hacer la exposición lo más ligera posible,
les ruego que el resto de las medidas las lean en la documentación
presentada.
Siento no poder detallar, por la lógica limitación del tiempo, algunas
otras medidas ni explicar, cuando menos, parte del contenido de las
expuestas. Si ustedes lo consideran oportuno, en una próxima
comparecencia espero tener la oportunidad de presentar un plan
estratégico e ir analizando la implantación progresiva de sus medidas. Sí
quiero aclararles que, en este momento, cada medida tiene un responsable
dentro de la Administración o de los sectores y un plazo claro, y vamos a
hacer un seguimiento estricto de las medidas y de su cumplimiento.
Respecto al plan estratégico, el plan 2000 --no voy a repartir la
documentación porque son casi 200 hojas--, tengo que decirles que ya
tenemos definitivamente diseñado el plan, que, repito, es la conclusión
de estas jornadas. En fechas próximas lo publicaremos y entregaremos a
los exportadores y a las comunidades autónomas.
Como es lógico, en las jornadas también se acordaron nuevas estrategias
para el ICEX, estrategias que, como les decía, fueron el resultado de
discusiones, análisis y trabajo en conjunto con las comunidades autónomas
que forman parte del consejo asesor, con las asociaciones exportadoras y
con los principales exportadores. Estas nuevas estrategias inciden en la
diversificación de mercados, en el lanzamiento de nuevos sectores, en
aumentar la base exportadora estable, en vertebrar nuestras estructuras
estratégicas sectoriales y en aumentar el conocimiento de los mercados y
la mejora comercial de la marca de los productos españoles. Asimismo, en
las jornadas quedó definida la nueva política, la nueva estrategia para
las dos empresas de promoción, de fomento a la exportación, Focoex y
Sirecox, que, como ustedes saben, están próximas a formar una nueva
compañía de promoción y fomento a la exportación dirigida y diseñada
principalmente para pymes.
No quisiera terminar sin añadir dos asuntos por los que hemos demostrado
una especial sensibilidad y, en particular, firmeza. Me refiero a la
prohibición de exportación de minas terrestres de cualquier índole y a
cualquier país, decisión que fue adoptada por el Gobierno, y muy
concretamente por la Jimddu, a los pocos días de nuestra toma de posesión
y que después ha sido confirmada por la Unión Europea, hasta el punto de
que en este momento España puede decir que no existen posibilidades de
ningún tipo de exportación o venta de minas antipersonales.
El segundo asunto está relacionado con la ley Helms-Burton y la posición
clara que España ha mantenido en este tema, posición que ha venido
prevaleciendo y permaneciendo desde que se iniciaron las discusiones de
la citada ley. Hemos actuado apoyando todas las iniciativas comunitarias
que han criticado la aplicación de la ley Helms-Burton; hemos manifestado
públicamente en todos los foros nuestra oposición a la citada ley y
nuestra decisión expresa de apoyo a nuestras empresas y empresarios y, en
este sentido, es bueno resaltar que en la última reunión de la OMC, en
Ginebra, a la que asistieron todos los países de la Comunidad Europea, el
comisario Brittan agradeció expresamente a España su posición de apoyo a
las empresas y en contra de la ley Burton. Es importante reseñarlo y en
ese sentido he querido manifestarlo, señorías.
Pasando a otros ámbitos de mi competencia, la distribución comercial, voy
a referirme de forma breve a las actuaciones realizadas, centradas en
tres campos que hemos entendido básicos. En primer lugar, la ampliación
de la participación de las comunidades autónomas y del sector en la
colaboración con la Administración central, para lo que en octubre pasado
se reguló el Observatorio de la distribución comercial, que desde
entonces está trabajando activamente y cuyos resultados serán presentados
en una jornada de reflexión del sector en los próximos meses. De acuerdo
con la Orden de 22 de octubre de 1996, por la que se modificó la del 14
de febrero del mismo año, el 5 de diciembre último se celebró el pleno
del Observatorio con la asistencia de los 17 vocales nombrados
previamente. Constituido el observatorio, se instrumentaron cinco
comisiones por acuerdo unánime de los asistentes y dichas comisiones ya
han celebrado nueve reuniones, todas ellas encaminadas a tratar los temas
que, según los sectores, inciden en la aplicación, en el desarrollo de la
distribución comercial de aquí al año 2000. En las reuniones de las
comisiones se ha instrumentalizado una metodología de trabajo, se ha
señalado qué deben aportar los distintos asistentes y se han evaluado
cada uno de los temas y conclusiones a las que tiene que llegarse. La
asistencia media a las comisiones está en el entorno de doce personas, si
bien en algunas especialmente dirigidas al desarrollo de la ley de
Comercio este número se ha incrementado considerablemente, y tal hecho ha
obligado a establecer subcomisiones de trabajo con el objetivo de
conseguir una mayor operatividad. El total de personas que con diferentes
cometidos han asistido a los dos plenos y a las once comisiones ha sido
de 76. Es obvio que la velocidad que se ha imprimido a la programación,
tanto en lo que se refiere al trabajo pasado como al futuro, es difícil
de mantener durante mucho tiempo, y esto ha sido motivo de llegar a un
acuerdo con los miembros del observatorio para que planifiquen su
trabajo, no sólo con el objeto de llegar a la fecha prevista con las
conclusiones determinadas sino también para un futuro, de tal manera que
el Observatorio continúe siendo un elemento importante en el diseño de la
política de la distribución.
Quiero también señalar, en lo que se refiere al comercio interior, que el
pasado 17 de enero se produjo una reunión en Bruselas con los comisarios
responsables del comercio interior y todos los directores generales de
las comunidades autónomas, con el fin de que pudiésemos intercambiar
opiniones y sobre todo que las comunidades autónomas pudiesen percibir la
idea existente en la comunidad respecto a los temas de comercio interior.
Voy a concluir, señorías, haciendo referencia al sector turístico;
referencia que aunque breve creo que es importante, ya que 1996 ha sido
un año récord, con un saldo neto de 2.868 millardos, un 10 por ciento
superior a 1995. Nos han visitado más de 61 millones de personas, lo que
ha representado un 5,9 por ciento más que en 1995, y ha habido 41,3
millones de turistas, es decir, un 5 por ciento más que el año anterior.
El plan de estrategia y actuaciones en materia de turismo se presentó el
pasado 11 de febrero, y en él se dio resumen y compendio del trabajo
realizado y del diagnóstico efectuado por las administraciones, los
sectores y las empresas más importantes relacionadas con el turismo. En
estas jornadas hubo trece estrategias definidas como conclusión, que me
voy a permitir detallarles a continuación y que van a ser el marco en el
cual vamos a desarrollar la política turística en los próximos meses.
Estas estrategias han sido las siguientes: cooperación con las
comunidades autónomas, estadísticas de turismo, la promoción y el apoyo a
la comercialización en el exterior, la presencia del turismo español en
la Unión Europea, la formación turística, la competitividad de la empresa
española, la diversificación de la oferta española en el exterior, la
sostenibilidad del medio ambiente, la calidad, la internacionalización de
la empresa, las medidas de apoyo al sector privado y las pertenecientes a
la sociedad Paradores. Suponen estas estrategias, en definitiva, nuestro
compromiso y a la vez nuestro límite en el diseño y ejecución de esa
política turística integral que deseamos y que debe asegurar que el
turismo de España se encuentre preparado para seguir manteniendo su
liderazgo y sus cuotas de mercado en el contexto mundial.
Por último, y ahora sí, voy a referirme a las actuaciones en favor de las
pymes. La Dirección General de Política de la Pyme se crea para cumplir
el compromiso del Gobierno de apoyar a este colectivo. Su objetivo es dar
respuesta, con carácter horizontal, a los problemas que afectan a las
empresas pequeñas y medianas y desarrollar una política de apoyo y
estímulo a quienes son los mayores creadores de empleo y riqueza. Dentro
de esta política se han realizado distintas actuaciones que les voy a
detallar someramente y, si ustedes lo consideran oportuno, en la
siguiente fase del proceso contesto a todo aquello que pueda ser de su
interés.
Se ha actuado en la financiación potenciando una línea de financiación
preferente de 200.000 millones de pesetas, de acuerdo con el ICO, y en
esta línea se han introducido modificaciones claras y concretas, es
decir, la ampliación de la línea inicial, que en 1996 fue de 150.000
millones, a 200.000 millones de pesetas; la aplicación de la definición
pyme de la Unión Europea, reduciendo de 500 a 250 trabajadores los
requisitos para acceder a esta línea, y la inclusión de algo muy
importante, y es a las asociaciones como posibles beneficiarios de esta
línea de financiación. Otro capítulo importante que hemos trabajado ha
sido el de capital-riesgo tratando de crear fondos para la inversión en
capital de las pymes que ayuden a mejorar el nivel de recursos propios de
las empresas para financiar proyectos que permitan su crecimiento y
desarrollo. Para que estos instrumentos sean efectivos y conocidos se
necesitaba que tuviesen una regulación real suficiente, y los pasos que
hemos dado han sido los siguientes: modificación del régimen fiscal de la
sociedad y fondos de capital-riesgo y una nueva regulación de los
préstamos participativos por el Real Decreto 7/1996; en fase muy
avanzada, la elaboración del anteproyecto de la ley de sociedades de
capital-riesgo, con el objetivo de crear un marco legal estable que
complete y flexibilice la normativa legal vigente; y, por último, la
promoción de sociedades de préstamos participativos en colaboración con
las comunidades autónomas y entidades financieras. La Administración
central, en estas sociedades de préstamos participativos, actuará
minorando el tipo de interés para las empresas que soliciten el préstamo
participativo. Por último, hemos trabajado también en sociedades de
garantía recíproca, al objeto de que mediante los avales concedidos por
sociedades de garantía recíproca se puedan promocionar, patrocinar y
facilitar a las pymes las garantías exigidas por las entidades
financieras. Hay otra serie de temas en los cuales también estamos
trabajando, que son la titulización y los fondos de inversión colectiva.
Como ustedes pueden comprobar, todo el diseño de la política de pymes
está encaminado a facilitar a las pymes la posibilidad de competir en
condiciones favorables de mercado, tanto en financiación como en
internacionalización.
Finalmente quiero anunciarles que el próximo día 10 se van a celebrar
unas jornadas de pymes, a las cuales, como es lógico, están todos ustedes
invitados, en las que se van a presentar las conclusiones de los diversos
grupos de trabajo que han venido dedicándose durante los últimos meses a
todos los capítulos sensibles a la problemática de las pymes. En estas
jornadas se espera presentar, como se hizo en las jornadas de exportación
y en las de turismo, una serie de medidas de aplicación inmediata y otras
de aplicación a corto plazo.
Esto es, señorías, en forma amplia lo que quería manifestarles, y a
partir de aquí me pongo a su disposición para todas las preguntas y
aclaraciones que consideren pertinentes.
El señor PRESIDENTE: Para formular preguntas u observaciones o fijar
posiciones tiene en primer lugar la
palabra, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Secretario de Estado, me tiene que
permitir, en el ánimo constructivo que intentan tener siempre las
intervenciones de mi grupo y que siempre han tenido particularmente en
las áreas de su departamento, que empiece diciéndole que su intervención
nos ha decepcionado profundamente, muy profundamente. Nosotros somos
conscientes de que su Secretaría de Estado tiene una gran cantidad de
trabajo y probablemente también una agenda complicada. Sólo por un
profundo respeto a su agencia habíamos admitido que se concentraran en
una misma tarde dos comparecencia, y no hemos puesto objeción alguna
cuando se ha dicho que se iban a acumular, en la medida en que nos
parecía que eso no iba a ser más que una acumulación simplemente formal.
Lo que no esperábamos era que ocurriera todo lo contrario de lo que
pretendíamos nosotros, que es diluir la Organización Mundial de Comercio
en el conjunto del total de las políticas que tiene usted encomendadas en
su Departamento.
A nosotros nos parece que la Organización Mundial de Comercio merece un
tratamiento informativo y una dación de cuentas a esta Cámara, por parte
del Gobierno, muy superior a la que viene siendo habitual hasta este
momento. Podíamos haber pedido una comparecencia de la persona
responsable, que podía haber sido el señor Vicepresidente del Gobierno,
pero nos pareció más sensato que viniera el Secretario de Estado y que la
reunión ministerial de Singapur era un buen motivo para tener una sesión
de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda dedicada a comentar la
situación en la organización mundial de Comercio, a hacer balance y a
entrar en el detalle algo más en profundidad que lo que puede ser una
nota de prensa. Señor Secretario de Estado, el contenido de la
información que usted nos ha dado no va mucho más allá de lo que usted o
alguno de sus colaboradores podía haber redactado como nota de prensa 24
horas después de la conferencia ministerial: una lista de problemas y una
lista de soluciones, tal cual fueron aprobadas, poco más que lo que
algunos ya teníamos en la medida en que nos preocupan estos temas, tal
como fue publicado en el boletín del ICE. No era ésa la comparecencia que
le habíamos pedido al señor Secretario de Estado. El sentido de esta
comparecencia, insisto, era profundamente político: resalzar el valor de
la Organización Mundial de Comercio, dar todo el peso político a la
información sobre la Organización Mundial de Comercio, y sacarlo del
magma de las tareas que tiene usted encomendadas que, como se comprueba
con su intervención, van desde el fomento de las pymes al turismo, al
CARI, a la iniciativa legislativa en el ámbito de la garantía recíproca y
a la información sobre la situación de la balanza comercial española.
Esta es una observación que además se mezcla con un tema competencial que
no quiero dejar de mencionar, y le ruego que lo estudie a efectos de
saber a quién corresponde facilitar la información a este Parlamento.
Porque efectivamente hay un juego de competencias en el ámbito de la
Organización Mundial de Comercio entre el Reino de España y la Unión
Europea y tengo la impresión (prefiero ponerlo en condicional, aunque
creo que no debería hacerlo pero lo hago por prudencia o elegancia),
corremos el riesgo, es decir, podía ocurrir que los unos por los otros la
casa sin barrer. Desde Economía se considera que en la medida en que
afecta a la Unión Europea es un tema del que debería informar Exteriores,
y desde Exteriores se nos dice expresamente que es la información a esta
Cámara sobre lo que ocurre en la Organización Mundial de Comercio y sobre
el día a día de las negociaciones. No es una información que vaya un poco
más allá que la que pueda tener el corresponsal de la Agencia Efe
destinado a las reuniones, una información política, de detalle, de
cuáles son las tomas de posiciones del porqué de las decisiones que se
adoptan, de cómo se ha llegado a esas decisiones, de cuáles son las cosas
que España se ha tenido que guardar en el tintero y hubiera querido sacar
adelante. Es decir, lo que es una información política a la Cámara sobre
unas negociaciones no se está facilitando. Tampoco se está facilitando el
contenido de los acuerdos de la conferencia de Singapur, y que me corrija
cualquiera de los intervinientes si me equivoco, que creo que no, porque
la primera noticia que tenemos es la que nos ha dado con su presencia en
esta Cámara. No hemos recibido ninguna documentación ni un solo papel
formalmente más que el que aparece publicado en el boletín del ICE. Por
tanto, en la medida en que recibimos el boletín del ICE tenemos un
balance de una página y media, firmado por el señor Secretario de Estado,
el texto final y el discurso; un informe genérico del ICE. Yo pediría que
esta Cámara tuviera un poco más de información, bastante más precisa y
facilitada directamente. (Un señor Diputado: En Internet lo tiene todo.)
Es posible que en Internet también lo tengamos, pero preferiría que la
iniciativa fuera de la Secretaría de Estado.
Antes de entrar en el detalle le pediría una información un poco más
constante sobre la evolución de las negociaciones en la Organización
Mundial de Comercio. En el tema de telecomunicaciones, por ejemplo,
volvemos a estar en las mismas. Lo conoceremos cuando aparezca el boletín
del ICE. (El señor Secretario de Estado, Fernández Norniella, muestra un
documento.) No entremos en un diálogo que es difícil porque el «Diario de
Sesiones» no refleja los signos del señor Secretario de Estado y, por
tanto, prefiero esperar a su intervención para que quede constancia. Pero
no me podrá negar que la información es mínima, por lo que le pido
--insisto-- en un ánimo claramente constructivo y positivo, que se
corrija y que se saque lo que es la información de la Organización
Mundial de Comercio, por las enormes repercusiones que tiene, del
conjunto de la información sobre las áreas que tiene encomendadas en su
departamento. Esto es lo primero que le pediría, aun a pesar de que en
algunos ámbitos sea directamente responsabilidad de su departamento y en
otras áreas sea un problema que tiene que resolver el Consejo de la Unión
Europea, sean decisiones que toma el Consejo de la Unión Europea y que,
por tanto, al menos formalmente, entendemos que vienen coordinadas por la
Secretaría de Estado
para la Unión Europea, supongo que con la información recibida de su
departamento.
Por tanto, antes de entrar en la materia y sintetizando, hago una
valoración negativa del hecho de que haya quedado diluida esta
comparecencia en algo mucho más amplio y, por consiguiente, devaluado el
sentido de nuestra petición; y hago también una petición de futuro para
que se corrija con próximas comparecencias específicas sobre la
Organización Mundial de Comercio y, en cualquier caso, con una
información del Secretario de Estado en la Comisión de Economía, Comercio
y Hacienda del Congreso de los Diputados que --insisto-- nunca será la
misma que la información que se puede publicar en el boletín del ICE.
Entiendo que la información meramente tecnocrática que puede aparecer en
un informe realizado por un experto de su Secretaría de Estado y que se
publica en el ICE nunca será la misma que la información que se facilite
a esta Cámara. De lo contrario, cerraríamos la Cámara y recibiríamos
boletines periódicos de todos los ministerios.
Si entramos ya en lo que es el balance de la conferencia de Singapur, lo
primero que podemos constatar es el dinamismo de la propia Organización
Mundial de Comercio. Por tanto, nos felicitamos por el dinamismo de la
Organización Mundial de Comercio y, en general, del propio comercio
mundial, cuyo crecimiento parece ser que va en tasas muy superiores a la
producción; según alguna información es cuatro veces más que el
crecimiento del PIB mundial. Y vuelvo a donde empezaba. La globalización
de la economía no es literatura, no es una afirmación para tertulias
radiofónicas sino algo que empieza a materializarse de una forma muy
clara. Por tanto, dinamismo del comercio mundial y reforzamiento de la
Organización Mundial de Comercio como institución, de lo cual nos
felicitamos. Nosotros, por dejar constancia, manifestamos nuestro deseo
como grupo de que el conflicto en el ámbito de la Helms-Burton con los
Estados Unidos no perjudique al sistema de solución de diferencias de la
Organización Mundial de Comercio. Nos parece un error no atribuible a la
Secretaría de Estado, sino en este caso al Consejo de Ministros de la
Unión Europea, llevar al panel de la Organización Mundial de Comercio el
problema de la Helms-Burton. Es un problema esencialmente político, de la
eficacia o no de una legislación extraterritorial. Reconducirlo a un
conflicto comercial, como si estuviéramos hablando de unos aranceles
ilegítimos, nos pareció una decisión equivocada y que hoy por hoy corre
dos riesgos, y los dos absolutamente igual de nefastos: en primer lugar,
dinamitar desde dentro el sistema de solución de diferencias de la
Organización Mundial de Comercio, que no está prevista para conflictos
políticos sino para conflictos comerciales, y en segundo lugar, algo que
en esta Cámara se ha dicho más de una vez y que nos consta que el
Gobierno está muy pendiente de que no ocurra, que una solución al
conflicto sobre la Helms-Burton acabará siendo negociado mediante monedas
de cambio que sean auténticos instrumentos comerciales y que, por tanto,
la eventual solución al conflicto sobre la Helms-Burton quede dirimido a
base de cesiones en el ámbito comercial, que es lo que ocurre cuando se
mezclan churras con merinas, en este caso un conflicto de soberanía y de
respeto a la soberanía de otros Estados con un conflicto meramente
comercial. Pero al margen de esto es cierto que la Organización Mundial
de Comercio demuestra que está avanzando. Y demuestra que está avanzando
también --como ha puesto de relieve en su somera intervención en este
punto-- en ámbitos específicos.
Nos parece --y nos gustaría que se detuviera un poco más sobre la
posición de España en este ámbito y cómo se defendió-- que también se ha
demostrado el fracaso, o por lo menos las limitaciones, por ser un poco
más suave, en la vinculación entre comercio y trabajo. Es cierto que la
tesis que ha asumido el Secretario de Estado como propia es, de hecho, la
que sostenían aquellos a quienes perjudicaba la intención de mezclar
comercio y trabajo, es decir, remitir el problema a la Organización
Internacional de Trabajo, y entender que esto se resuelve simplemente con
la aplicación de los convenios de la OIT y, en su caso, con las fórmulas
de implementación de tales convenios. Entiendo que ésa no era exactamente
la tesis de la mayoría de los países de la Unión Europea --lo entiendo,
he venido aquí en busca de información, señor Secretario de Estado,
precisamente lo que nos falta es información y estaré encantado de salir
con todas mis ideas corregidas cuanto más amplia sea su intervención
sobre este tema--; tenía entendido que la reacción a los problemas de
comercio y trabajo, separarlos y remitirlos a la OIT, era precisamente la
tesis de los países en vías de desarrollo que practican lo que se ha
venido en llamar el dumping social, y que para evitar eso no tenían
interés alguno en que la OMC entrará en estos ámbitos. En todo caso, ha
hablado de un escepticismo por parte de España y yo quisiera que se
detuviera un poco más en cómo estuvo esa negociación y cuáles fueron
exactamente las pautas por las que se llegó a donde se llegó.
Parecía también --su exposición ha sido en esto un poco más positiva y le
ruego que profundice un poco más en la valoración de ello-- que el avance
en la llamada nueva agenda o nuevos temas era bastante escaso: la
creación de grupos de trabajo para estudiar comercio e inversiones,
comercio y competencia. Si eso ha quedado simplemente en un grupo de
trabajo recuerda lo que siempre se ha dicho: si usted tiene un problema,
cree una comisión para estudiarlo y lo ha resuelto. Si nos hemos quedado
en ese nivel le agradeceré que sea franco y nos lo diga. Si cree que de
alguna manera ha habido algún avance más en la vinculación entre comercio
e inversión, absolutamente inseparables, y en comercio y competencia,
también absolutamente inseparables, le agradecería una valoración un poco
más en profundidad sobre este tema.
Poco tengo que decir, en cambio, sobre el tema textil, porque creíamos
tener información bastante clara, que ha confirmado el Secretario de
Estado, sobre la negociación tal como se planteó. Por tanto, de lo que se
trataba era de respetar, básicamente, los plazos del acuerdo multifibras,
de no forzarlos. Es consciente el Secretario de Estado del interés que
tiene para mi circunscripción de origen, probablemente también para la
suya, por lo que no cabe más que felicitarnos y esperar a la
liberalización, que es inevitable y que todos asumimos, aunque algunos
querríamos, todos,
que no fuera acompañada del dumping social, por eso insisto en esa
vinculación entre comercio y trabajo, que es la única globalización
auténtica del comercio. Mientras no haya una lucha contra el dumping
social y comercio y trabajo no estén vinculados, toda liberalización del
ámbito textil será un falseamiento de la competencia. Pero repito que la
información que nos ha dado es más o menos exhaustiva.
En cuanto al ámbito de las telecomunicaciones, efectivamente, sólo nos
queda esperar y ver. No son pocos los analistas, algunos de gran
prestigio, empezando por un semanario tan entusiasta de la liberalización
como puede ser The Economist, que han puesto en cuarentena el acuerdo de
telecomunicaciones, y me merece no confianza pero sí un cierto respeto,
como opinión, el hecho de que The Economist considere que el acuerdo de
liberalización de las telecomunicaciones puede acabar en papel mojado o
puede ser absolutamente ineficaz en la práctica. Yo le agradecería que
detallara un poco más o por lo menos diera una opinión política sobre el
alcance que prevé para el acuerdo de liberalización de las
telecomunicaciones y su efectivo traslado a los consumidores, que es lo
que realmente interesa, porque como muy bien ha dicho el propio
Secretario de Estado, y en eso sí le doy toda la razón, es un acuerdo que
tiene consecuencias indirectas, mediatas, de una enorme trascendencia,
puesto que la liberalización de las telecomunicaciones es el paso
indispensable para una liberalización de la prestación de servicios y
prácticamente vendrá seguida una directísimamente de la otra, de
servicios y de servicios profesionales, muy específicamente, y de tantos
otros que sólo se podrán prestar eficazmente cuando las
telecomunicaciones estén a unos niveles de mercado, a unos precios
asequibles que permitan la prestación de servicios de forma global.
Sé que si todos los miembros o portavoces de esta Cámara le piden la
misma información sobre cada uno de los puntos que usted ha tocado
saldremos de aquí como Cenicienta a medianoche, pero yo me atengo a la
comparecencia que mi grupo había pedido. Yo le pediría una valoración
política sobre el papel de la Unión Europea como negociadora en este
ámbito; hasta qué punto es o no necesario algún retoque en el esquema
actual. Esto sí se saldría de esta Comisión, pero usted sabe que este
tema también forma parte de la Conferencia Intergubernamental, el dar o
no mayores competencias a la Comisión Europea como portavoz único en
ámbitos de comercio exterior, básicamente el ámbito de servicios que es
donde no los tiene y que ahora sí está en el ámbito de los Estados. Sin
entrar en ámbitos que serían objeto de otra comisión o de comparecencias
muy específicas, como comercio exterior y Unión Europea, sí creo que en
este contexto, y centrándose, si quiere, en la conferencia de Singapur,
le pediría una valoración del papel de la Unión Europea, hasta qué punto
están auténticamente coordinadas las posiciones de todos los Estados
miembros en este ámbito, hasta qué punto tenemos o no la posibilidad de
hacer sentir nuestra voz y si hay una sensibilidad para ámbitos en los
cuales quizá, como puede ocurrir en tantos otros temas, básicamente
pienso en la agricultura, los intereses no sólo no son comunes sino que
son contrapuestos. Por tanto, tener una voz única que negocie en el
ámbito del comercio exterior tiene ventajas desde el punto de vista de la
unificación, etcétera, pero puede tener graves inconvenientes a corto
plazo. Le pediría una valoración política sobre este tema.
Sobre el resto de su intervención poco más tengo que decir. Evidentemente
he de felicitarle --y ahí sin ningún tipo de reserva, en la medida en que
tenga responsabilidad su departamento, que no es exclusiva, lógicamente,
puesto que está usted recogiendo una siembra que viene de más lejos,
entendemos, siembra en la que también nos apuntamos nuestros propios
méritos-- por las cifras muy positivas del sector exterior. Es
indiscutible que no puede su departamento en este punto estar más que
satisfecho y, aunque no pretendo tomar la palabra de la oposición en este
punto, equilibrios tendrá que hacer la oposición para ser crítica en este
punto. Por tanto, entiendo que por lo menos desde esta perspectiva tiene
motivos para sentirse sensiblemente satisfecho y para sentir que está,
desde su área de responsabilidad, contribuyendo muy constructivamente a
la consecución de los objetivos macroeconómicos que todos tenemos en
mente, a lo que es evidente que este crecimiento de la exportación
también contribuye.
Sobre el resto de las propuestas de las jornadas de exportación, que tuve
ocasión de escuchar en directo en el momento en que se pronunciaron,
algunas han sido implementadas, quizá las más sencillas, y otras --lo
digo por deshinchar un poco el globo del entusiasmo, permítamelo--, muy
interesantes, lo único que hacemos es suspender el juicio, como se dice,
esperando verlas implementadas. Y lo mismo valdría para algunas de las
propuestas en el ámbito de las pymes. Todas ellas, como intención, nos
parecen muy positivas, y las suscribimos en su totalidad, pero permítame
reservar el aplauso hasta verlas realmente implementadas.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, le recuerdo que implementar no es
castellano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pérez
Segura.
El señor PEREZ SEGURA: Señor Presidente, si a S. S. le parece oportuno,
me reservo la posibilidad de que don Francisco Amarillo haga alguna
apostilla a mi intervención, y así podremos todos tener el goce de
conocer sus planteamientos sobre el tema, sobre todo en el ámbito de
comercio interior, que seguro que al Secretario de Estado le interesará
conocer.
Me parece que en esta comparecencia, al menos en las intervenciones de
los grupos, se alternan los papeles, porque el grupo que da un soporte
entusiasta al Gobierno ha empezado con sus más beligerantes críticas.
Yo quisiera, en representación del Grupo Socialista, que en esta primera
intervención mis palabras fueran de felicitación al Secretario de Estado
por lo éxitos, por los buenos resultados que en el sector exterior ha
habido durante el ejercicio 1996. Es un talante que nuestro grupo quiere
dar a este tipo de comparecencias, teniendo en cuenta que el sector
exterior tiene mucho de cuestión de Estado y que,
por tanto, tendríamos que alejarlo de demasiadas pugnas políticas.
Si éstas son las primeras palabras, obviaré extenderme demasiado en las
que son habituales en el grupo de la oposición en estos casos, en
quejarnos de que la documentación no llega en su momento. En otras
comisiones también ha pasado esto. El informe en cuanto al sector
exterior y la encuesta de coyuntura no ha llegado en el plazo
reglamentario. No hemos tenido la posibilidad de estudiarlos a fondo y,
por qué no decirlo, la documentación que ha aportado el señor Secretario
de Estado y sus servicios los tenemos encima de la mesa. Por tanto, no se
ha cumplido lo que está reglamentado al respecto, pero tampoco le doy
demasiada importancia; damos un margen de confianza al Secretario de
Estado para que en otras ocasiones solvente adecuadamente esto.
Tenía una serie de artillería pesada para apuntar contra las
argumentaciones del Secretario de Estado, porque, a la vista de la
información que recibimos ayer por la tarde, ese soporte documentado sólo
hacía referencia al sector exterior. Y si bien en anteriores
comparecencias los responsables en este ámbito se tenían que ceñir al
tema, dado que su competencia era únicamente en comercio exterior, S. S.,
que acumula otras responsabilidades muy importantes, debería, con mayor
profundidad de documentación y de datos, haberse extendido en otros
aspectos de su Secretaría de Estado, como ha hecho, pero que, a la vista
de la documentación anterior, nosotros no podíamos adivinar en un
principio. En todo caso, quede expresada nuestra congratulación por
haberse referido a estos ámbitos, pero también nuestra queja por no tener
la documentación correspondiente.
Antes he hecho una alusión --que espero que el señor Guardans sea
complaciente con ella-- a que todo lo que hace referencia a la reunión en
Singapur de la Organización Mundial de Comercio lo hemos tenido que
obtener, para tener información en profundidad, a través de Internet,
navegando en Internet, y éste no es el canal adecuado.
Seguimos con la felicitación. Es una felicitación sincera, que
reiteramos, puesto que la aportación al crecimiento de nuestra economía
que representa el superávit conseguido ha sido determinante para
alcanzar, a su vez, los objetivos expresados en el cuadro macroeconómico.
La aportación, yo tenía un 0,5, usted dice un 0,6, sobre el 2,2 por
ciento de crecimiento, así lo expresa. Como comprenderán todas SS. SS. y
el Secretario de Estado, por supuesto, el Grupo Socialista no se siente
ajeno a la consecución de estos buenos resultados, no ya por el hecho de
haber estado gobernando en buena parte del ejercicio que analizamos, sino
porque, como es bien sabido, los resultados alcanzados no dejan de ser
una continuación, eso sí, progresivamente positiva, de la senda marcada
en años anteriores, principalmente en el año pasado.
Nuestra opinión más firme es que esta tendencia se inicia a partir de la
adopción de un tipo de cambio realista de la peseta, incluso la tendencia
al alza del dólar USA. Su robustecimiento, que analizaré más adelante, en
otra de sus vertientes no tan positiva, ha añadido competitividad a las
exportaciones españolas, puesto que no olvidemos que en esta divisa se
efectúa más del 30 por ciento de las operaciones, de las transacciones.
A efectos de determinación del saldo positivo del sector exterior,
obviamente también ha influido la débil evolución de las importaciones,
sobre todo influenciadas por la atonía del consumo interno, que aún se
manifiesta en 1996, y que parece que no vaya a despegar, al menos de una
manera efusiva, en el año 1997.
También pretendo hacer algún otro comentario con relación a estas cifras,
las macrocifras del sector exterior, pues convendrá conmigo el Secretario
de Estado que les ha salvado la situación, que les ha hecho cuadrar los
números, en cuento al crecimiento en 1996, y no porque en sus previsiones
iniciales así lo diseñaran. Las palabras reflejadas en el «Diario de
Sesiones» del Vicepresidente económico apostaban a lo sumo a una
situación de equilibrio en la balanza o, en el mejor de los casos, a una
ligera aportación positiva. Por lo tanto, les ha salido la operación bien
pero, repito, no por sus previsiones o por su modificación del cuadro
macroeconómico que hizo aquí el Vicepresidente señor Rato.
En un asunto como el del comercio exterior, nuestro grupo opina que deben
prevalecer las relaciones institucionales fluidas y cordiales. Ya lo he
dicho anteriormente y pensamos seguir en esta senda. Le damos una
consideración de tema de Estado, y más teniendo en cuenta la opinión del
propio Secretario de Estado a lo realizado por el anterior equipo
socialista cuando dijo: En esta tribuna quiero dejar constancia de que se
han hecho muchas cosas buenas. Lo dijo usted en esa primera intervención,
lo que, sin duda, nos obliga a lo anteriormente apuntado, a tratar el
tema con delicadeza, en definitiva, a tratar a S. S. con delicadeza.
Por ello, queremos hacer nuestras aportaciones de cara al comportamiento
futuro de la balanza de pagos, alertando de ciertos problemas que
pudieran acecharnos en el ejercicio presente, si bien asimismo tenemos en
cuenta todas las informaciones recibidas de la encuesta de coyuntura
sobre el sector exterior, aplicada a más de 1.000 exportadores. Nosotros
también tenemos nuestra posición. La cartera de pedidos augura un
ejercicio importante para 1997, pero hay algunos nubarrones que usted,
sin duda, conoce y que nos permitimos en este momento resaltar.
Antes he dicho que la divisa americana, el dólar USA, es verdad que ha
tenido un efecto positivo para la marcha de nuestras exportaciones. En el
conjunto de nuestros intercambios, las exportaciones expresadas en esta
divisa no superan el 30 por ciento, pero nuestras importaciones alcanzan
más del 50 por ciento en esta divisa. Afectan a materias primas,
productos tecnológicos --nuestro país es deficitario en este epígrafe--,
productos energéticos --su factura es importante--, por lo que habrá de
vigilarse muy atentamente estos componentes que encarecen la importación
de las mercancías y, por lo tanto, pueden ser causa de peor resultado de
la balanza comercial, caso de que dicha divisa siga como ahora.
Este encarecimiento de las importaciones puede tener no sólo ese impacto
negativo directo sobre nuestra balanza de pagos; también puede empeorar
la competitividad de
las exportaciones por otra vía, por la del incremento de la inflación que
puede resultar de ello y por el encarecimiento directo, vía mayor precio
de los componentes importados, e indirecto, por empeoramiento del índice
que mide la tendencia de competitividad de la exportación, donde el IPC
es una de las dos variables básicas, junto con el tipo del cambio de la
peseta respecto a las principales monedas internacionales.
Esto no es una elucubración mental, es una realidad. Además, existen
ejemplos próximos en el tiempo de que esto sucedió. En años anteriores,
en años del Gobierno socialista este índice empeoró de una manera muy
explícita, a pesar de una evolución favorable del tipo de cambio de la
peseta, resultado de tres devaluaciones consecutivas, como usted conoce,
desde finales de 1992 hasta las elecciones generales de 1993. Con esta
situación de tipo de cambio incluso perdimos competitividad.
En cuanto al resto de partidas, no ya las relativas a las transacciones
comerciales, sino a las inversiones, según nuestro grupo, hay que
vigilar, de cara al futuro, una cuestión que queda oscurecida, solapada,
al hablar de la cifra real del superávit. Léase el pago de rentas por
inversiones a no residentes, que está creciendo de forma importante en
los últimos años. No sé hasta qué punto se ha visto incrementada por la
aplicación del Decreto-ley 8/1996, luego proyecto de ley.
Otra consideración que queremos hacer, para estar prevenidos, es el
importante déficit tecnológico, al que antes ya he aludido, que sigue
teniendo la compañía española. Tenemos que pagar muchos royalties, aunque
también es cierto que se han realizado esfuerzos importantes, como S. S.
ya ha expuesto, en Expotecnia, que favorecen sin duda la exportación de
esta tecnología.
En cualquier caso, los resultados de 1996 vienen a confirmar, a juicio de
este Diputado y de su grupo, una tendencia muy positiva, desde el punto
de vista de la economía española. El desequilibrio del sector exterior
puede dejar de ser un elemento negativo y determinante en el proceso de
crecimiento económico, porque irá colocando la economía en una mejor
situación para cumplir los ya tan manoseados compromisos para la
integración monetaria española. Como pueden ver SS. SS., aquí no tengo
que hacer ningún equilibrio, sino simplemente constatar los hechos.
Aunque hay que insistir en que el buen comportamiento del sector exterior
se debe fundamentalmente a todos los factores que he mencionado, sigue
siendo importante --yo diría que imprescindible-- que la Administración
española, la administración que usted dirige, incremente aquellos apoyos
y mecanismos que ayuden a que la exportación española no pierda ventaja
relativa con respecto a sus principales competidores. Y convendrá conmigo
el señor Secretario de Estado que el marco presupuestario actual de su
departamento para 1997 es mejorable en este sentido. Me dirá que
cualquier responsable precisa de más presupuesto, pero no es el mejor de
los presupuestos.
La exportación española, señor Presidente, sigue necesitando estos
mecanismos de apoyo y promoción, y alguno más, no sólo por el menor grado
de internacionalización de nuestra economía, y, por contrario, nuestro
gran grado de apertura, sino también por otra razón evidente, porque la
mayor parte de las empresas extranjeras competidoras gozan de apoyos
similares.
Una vez expuestas estas consideraciones en relación con el buen resultado
de la balanza, nuestro grupo quisiera formularle una serie de cuestiones,
que entendemos que no han sido, en su mayor parte, abordadas, o al menos
no lo hemos oído, aunque hemos estado atentos a su disertación inicial.
Apelo a sus manifestaciones, en el sentido de que usted no hará, como los
últimos responsables, venir, contestar y marcharse. Si no puede
contestarnos ahora, le ruego nos remita la documentación por escrito.
Como le decía, le expondré una serie de cuestiones. En principio, el plan
de promoción del comercio exterior, en el cual estarán involucrados los
sectores y las comunidades. No sé si cuando hizo referencia a este
extremo estaba hablando del Plan 2.000, del plan de exportación. Si es
así, irá anunciando cuáles son sus intenciones y, en la medida en que
pueda, le agradecería que nos hiciese llegar información abundante sobre
este extremo. La única que tenemos es la transcripción de las fichas que
se utilizaron en la jornada, que tienen interés, porque es un inventario.
Luego aludiré al tema de Icex, si me permite. Por lo tanto, cuando usted
pueda, repito, háganos llegar esta información.
También se comprometió usted a que seguirían adelante los trabajos, por
lo que le pedimos información sobre el estado de los mismos, en relación
a una ley de fomento de la exportación, toda vez que tenía que estar
realizada de acuerdo con las necesidades y las realidades del comercio
internacional, participando los mejores especialistas de este país.
Precisamos asimismo información sobre el desarrollo y la potenciación del
soporte de la promoción exterior, es decir, de la potenciación de nuestra
red de oficinas comerciales, de los medios informáticos. Como usted sabe
muy bien, ya existía un plan informático del Gobierno socialista, que
era, por decirlo de alguna manera, un eje de la actuación en este sentido
del anterior Gabinete. También sobre la imbricación de las oficinas
comerciales en una acción única y común exterior de España, suponemos que
conjuntamente con las de las comunidades autónomas. Nos interesaría saber
cuál es el grado de colaboración en el exterior con otros organismos de
promoción comercial, así como tener alguna información sobre la
modernización de la Compañía de Seguro a la Exportación; S. S. aplazó dar
más información al respecto en su anterior comparecencia, remitiéndose a
que había un grupo de trabajo en Berna para tratar todos los temas de los
aseguramientos de exportación, cuyas conclusiones estarían listas a final
de año. Nos gustaría saber si hay alguna novedad en ello. Focoex,
Sirecox, fusión. No hablo de privatización porque ya se pronunció en
contrario en la anterior comparecencia.
Necesitaríamos concreciones sobre Expo-Consumo. Entendemos que es una
iniciativa importante para potenciar productos del consumo a países
desarrollados; no para intentar introducirnos en áreas donde no tenemos
presencia, sino para poder beneficiarnos de la demanda latente que puede
haber en los países desarrollados.
En cuanto a la valoración de las jornadas de exportación, usted ya ha
profundizado y no es necesario insistir más; esperamos la información.
Hay una cuestión muy puntual que quisiéramos comentar en relación con el
estado de evolución de la firma de los acuerdos de protección recíproca
de inversiones, sobre todo por lo que hace referencia a aquellos países
por los cuales ha pasado Expotecnia y que luego no se han concretado aún.
Necesitaríamos precisión en este momento o cuando usted considere
oportuno sobre los que están pendientes de firma y si afecta a los
esfuerzos que previamente se hicieron de promoción.
Sobre comercio exterior, usted ha hecho una serie de consideraciones.
Permítame que le diga muy de pasada que es un sector que por su
aportación al PIB, por la magnitud digamos de las personas que se dedican
a él, requiere, dentro del ámbito competencial de la Secretaría de Estado
y teniendo en cuenta las transferencias a las comunidades autónomas, que
profundicemos más. Hay un aspecto que supongo que ustedes, con sus socios
parlamentarios, deben estar tratando: el desarrollo de la Ley de
comercio, una ley propuesta por Convergència i Unió y que está en fase
legislativa en el Parlament de Cataluña. El tema de la segunda licencia,
segunda licencia que, por mor de la ley, si se aprueba de esta manera,
pasará a ser primera licencia o licencia preferente, pero ésta es otra
cuestión.
El grupo que da soporte al Gobierno, Convergència i Unió, pedía que se
hiciese un esfuerzo en un marco excepcional, dentro de la legislación
vigente, para permitir la jubilación anticipada de pequeños comercios, de
los autónomos, etcétera. ¿Cuál es la opinión de la Secretaría de Estado
en relación con la aplicación de una tasa, con la creación de un impuesto
para grandes superficies, que pudiera servir para financiar la obligada y
profunda reestructuración del comercio tradicional? Yo creo que su
pronunciamiento tiene una carga política importante, pero es bien seguro
que usted nos la ofrecerá.
Ha hablado usted de la legislación de las pyme. Creemos que ha cogido
este tema de una manera firme; no estamos de acuerdo con muchas de las
iniciativas, sobre todo en el terreno fiscal, que ustedes han llevado a
cabo. Hay un anteproyecto de financiación de pyme, cuya redacción
definitiva tiene que estar a finales de marzo. Supongo que también debe
estar sujeta a las conclusiones de la Comisión interministerial que se
creó el 16 de octubre. Necesitaríamos información sobre este aspecto, así
como sobre Infopyme, ventanilla única y programa operativo para pyme.
Esto en cuanto a su comparecencia.
Tenemos acumulada otra comparecencia. No pretendemos, ni mucho menos,
vampirizar la iniciativa, que creemos loable, de Convergència i Unió, y
en su nombre del señor Guardans, en relación a su preocupación sobre los
trabajos de la OMC en Singapur. De todas maneras, han pasado tres meses
ya. No es un tema vigente, la verdad es ésa. Bueno, siempre son temas
vigentes los trabajos de la OMC, no se paran nunca, se celebran
periódicamente sus magnas reuniones. Tenemos los 23 puntos de su
declaración; también hemos podido obtener por otros medios la aportación
del vicepresidente. Creemos que don Laureano Figuerola estaría muy
contento de los trabajos de la OMC, sin duda. Es un paso, aunque no
siempre con la firmeza y la rapidez que todos querríamos, en la
liberalización del comercio mundial y, por tanto, en la generación de
riqueza para el globo. Ahora bien, nuestro grupo quiere poner especial
hincapié en el mal dicho problema de dumping social. Yo prefiero decir
--tal como se ha visto en algunas publicaciones-- la cláusula social,
aquello que los países que están en vías de desarrollo visten de
acusaciones de proteccionismo de las potencias, pero que en definitiva es
el fundamento esencial para que el comercio mundial se pueda realizar en
condiciones de verdadera competencia. Las condiciones laborales, las
condiciones incluso sociales que los países en vías de desarrollo aplican
al mundo laboral, a sus trabajadores, hacen que tengan una renta de
competitividad muy importante que se evidencia por sus impedimentos a la
cuestión más clara, a que la propia organización internacional del
trabajo expresase sus preocupaciones en este sentido en el pleno de
Singapur. Ya sabemos que en estas comunicaciones los lenguajes son más
bien crípticos y siempre tienen que estar acotados por la diplomacia,
pero el vicepresidente hace una consideración al respecto en el mismo
aspecto que estoy comunicando en este momento, y quisiéramos saber más en
profundidad cuál es el pensamiento, cuál es el trasfondo del Gobierno en
esto, en qué medida está dispuesto a luchar para que estas desigualdades
sociales en estos países se puedan corregir ahora y en esta sede, fuera
de los parámetros diplomáticos al uso en estos eventos.
Creo que poca cosa más hay que comentar en este punto. Solamente quiero
hacerle un ruego. Ya que me enseñaba usted la publicación mensual del
Icex, sería muy importante para todos nosotros, para todos los miembros
de la Comisión, en especial las personas que podemos estar más
especializadas, aunque nosotros no tenemos que ser especialistas en nada,
o quizás en todo, sobre todo los que tenemos estos temas de comercio
exterior entre las manos, que sus servicios nos pudieran proporcionar, de
una manera periódica, cuando se editen, las publicaciones de Información
comercial española. No sé por qué razón no la recibimos, yo al menos.
Información comercial española es una revista de gran prestigio y nos
dará soporte documental para todas nuestras actividades parlamentarias.
Los boletines económicos semanales, sin duda, tienen el valor de la
inmediatez y la información en caliente, y los cuadernos económicos
cuatrimestrales y el análisis anual del sector exterior estudia ya con
más frialdad los datos de este sector. Le rogaría que, en la medida que
fuese posible, tomara nota de los nombres de los miembros de la Comisión
y nos lo hiciese llegar en el momento en que se editara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Secretario de Estado, permítame que
lamente que usted se haya sentido obligado a hablar del turismo
simplemente como un trámite.
Nosotros en esta forma no vamos a participar en un debate sobre turismo.
Tenemos pedida la comparecencia del propio Ministro para debatir el plan
de estrategias turísticas y esperamos que en esa comparecencia podamos
hablar con más profundidad de la principal industria de este país. Por
tanto, no vamos a participar en este debate, porque admito que creemos
que no podemos hablar de turismo como un simple trámite, dedicándole
menos de dos minutos de los sesenta de su intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía ¿Lezamiz o Lezamíz? Lezamiz creo que es.
Perdone, señor Zabalía, tiene usted la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, igual que Troconiz,
exactamente igual. (Risas.) Gracias, señor Presidente, de todas formas.
Quiero agradecer la comparecencia del señor Secretario de Estado, porque
la verdad es que su Secretaría es una macrosecretaría, su comparecencia,
una macrocomparecencia, y nuestras intervenciones como sean
macrointervenciones, estamos perdidos. Yo creo que en algunos momentos y
sobre algunos temas, que dejo a criterio de mis compañeros del resto de
los grupos y de usted, habría que establecer alguna comparecencia
monográfica. No podemos abarcar todo lo que la política de su
departamento está llevando a cabo, es extensísimo; nos encontramos con
muchas limitaciones, limitaciones incluso para el análisis de la
situación en el sector exterior, porque tenemos los datos ayer y no hay
tiempo de analizarlo, porque además volvemos a insistir otra vez --y yo
es lo que estoy observando en esta segunda comparecencia-- sobre líneas
de política de actuación del departamento, algo que ya se hizo en la
primera comparecencia. No me gustaría tener que encontrarnos cada cuatro
meses en esta misma situación. Por eso, creo que habría que reconsiderar
incluso el contenido, y éstas son consideraciones que estoy haciendo
sobre la marcha, reflexionar sobre el contenido de sus comparecencias, y
permítame que me tome la libertad de estar diciendo algo que desde luego
tiene que ser usted quien tiene que decidir. Hay temas en que una
información sin comentarios es suficiente, como puede ser la situación
del sector exterior con la documentación que se aporta. Sin embargo, hay
otros temas en los que podríamos entrar más en profundidad, por ejemplo,
todo el tema de lo que corresponde a la política de pequeña y mediana
empresa. Yo creo que ése es un tema importante, que debería ser motivo de
comparecencias quizás monográficas o por lo menos acompañadas en cierto
modo de algún otro sector, porque ya es reiterada la solicitud que ha
hecho Izquierda Unida en diversas ocasiones sobre el tema del turismo.
Este es un aspecto que tendríamos que contemplar. De todas formas,
siguiendo con las pautas y las normas establecidas hasta ahora, he
preparado un poco algunas cuestiones que van en la línea de lo que usted
nos ha dicho esta tarde. Desde luego, con el análisis de la situación del
sector exterior y por los últimos datos de aduanas que yo he estado
manejando sobre comercio exterior, comprobamos, después de lo que usted
ha dicho, que tenemos que ser optimistas sobre la evolución de las
exportaciones, sobre todo porque ha habido un crecimiento sostenido
importante.
Parece ser de forma clara que las exportaciones, sobre todo de cara a
1997, van a tener un crecimiento sostenido del orden del 13 por ciento
aproximadamente. Estos datos de exportación, junto a un incremento
moderado de las importaciones, nos han permitido reducir el déficit de la
balanza comercial con respecto al PIB, que creo que está en el 2,2 por
ciento, mientras que en 1995 el déficit era del 3 por ciento. Por lo
tanto, esa situación es clara, está ahí; son los datos que estamos
manejando.
El año 1996 ha sido un buen año y es manifiesto que el saldo positivo de
la balanza por cuenta corriente y de capital va a ser del uno y pico por
ciento sobre el producto interior bruto; el mejor resultado, creo yo, de
los últimos diez años. Es importante resaltarlo. Ello nos ha permitido
incrementar de forma espectacular las reservas de divisas, no sé si es
cierto, pero andaremos por unos 65.000 millones de dólares en reservas.
Así se han roto, entre otras cosas, las previsiones sobre la aportación
negativa que todos pensábamos que podía tener el sector exterior en el
producto interior bruto y que en algunos momentos se cifró en el 0,1 por
ciento. No ha sido una aportación negativa sino, al revés, positiva para
el crecimiento económico.
Las expectativas para el año 1997 también parece que siguen siendo
optimistas en cuanto al crecimiento de las exportaciones, si bien habría
que estar atentos, creo yo, a la evolución de algunos mercados, en
concreto, al de Alemania, que es el segundo mercado más importante,
después de Francia, de la Unión Europea, para algunos sectores incluso el
primero; está pasando en estos momentos por un cierto estancamiento en su
crecimiento económico, aunque es cierto que algunos sectores
curiosamente, aun estando Alemania en esta situación, están incrementando
sus exportaciones, por ejemplo, la máquina-herramienta en un 40 por
ciento, cosa curiosa. Con esto quiero decir que habría que estar atentos
desde luego a la evolución de los mercados cuando son tan importantes
como es el alemán.
Estas perspectivas, que son optimistas, indudablemente, pueden verse
empañadas en cierto modo por el efecto de la apreciación del dólar. Está
claro que ha habido una apreciación importante de la peseta respecto al
dólar y que los efectos comerciales en el área del dólar tienen un saldo
negativo en la balanza comercial, porque las importaciones superan
ligeramente a las exportaciones, lo que puede ser negativo para la
balanza comercial. Por otra parte, existe el riesgo de incidencia
negativa en la tasa de inflación por el incremento experimentado en el
precio del petróleo y de las materias primas, que afecta al comercio
porque están relacionadas con el dólar. Estos aspectos pueden perjudicar
a la economía española pero espero que no sean como para que no siga esta
trayectoria de crecimiento del sector exterior.
En definitiva, el sector exterior sigue siendo fundamental en el
crecimiento económico, pero no debemos dormirnos. Todos sabemos que la
capacidad de penetración en los mercados exteriores está en relación
directa con el nivel de competitividad de nuestras empresas. En este
punto
hay que profundizar, en la competitividad de nuestras empresas; de ahí
nuestra preocupación por llevar adelante la política que anunció su
departamento y usted y en la que, en líneas generales, estábamos de
acuerdo y seguimos estándolo, como dijimos en su comparecencia en la
presentación de la política de su departamento. Indudablemente, estamos
en línea con los grandes proyectos que la política de su departamento
lleva en estos momentos. Sin embargo, desde su comparecencia en
septiembre del año pasado, en la que ya nos explicó cómo iba a ser toda
la reestructuración del departamento, cómo iba a quedar la Secretaría de
Estado, las competencias que tenía, el organigrama, las líneas generales
de su política, han transcurrido cinco meses y quizás hubiese sido el
momento oportuno para hacer algún balance o un detalle sobre el estado de
ejecución de las actuaciones anunciadas, el grado de cumplimiento de la
política de acción exterior del Gobierno, tanto de comercio exterior
como, sobre todo, de pequeña y mediana empresa.
No hay que perder de vista que ha habido unas jornadas sobre exportación,
que han sido muy efectivas. Han intervenido todos los que están
implicados directamente en el tema de la exportación. Creo que las
jornadas han sido buenas, así como las conclusiones y ahora lo que tiene
que ser bueno es su ejecución.
Recojo el ofrecimiento que ha hecho sobre una próxima comparecencia para
hablar del plan estratégico para la exportación del año 2000. Estaría
encantado con que viniese a explicárnoslo, casi con un calendario de
actuaciones, que es en lo que ahora debemos incidir, cómo y de qué manera
se van a llevar a efecto esas conclusiones que se sacaron de estas
jornadas sobre comercio exterior.
Yendo un poco en la línea de lo que es la actuación de su departamento,
en un primer lugar tenemos lo que está en la dirección general de
comercio exterior, la política exterior. Me iba a referir exclusivamente
a la reunión de Singapur, que es un tema importante, interesante, pero
como solicitó su comparecencia Convergència i Unió, cuyo portavoz le ha
hecho muchas preguntas, además de críticas, no voy a abundar en ello.
Por lo que respecta a esta conferencia ministerial de Singapur, nosotros
hemos seguido su preparación, el desarrollo, el balance y las
conclusiones por el boletín económico de información sobre comercio
exterior. Yo lo recibo, lo conocía desde que estaba en la actividad
privada, y me parece que es una magnífica publicación. Como creo que hay
que decir las cosas buenas y las malas, he de mencionarlo, es una buena
publicación, pienso que es un boletín interesante, es bueno, aunque no sé
si se ofrece de forma general. Cuando yo llegué aquí, una de las primeras
cosas que solicité al ministerio fue este boletín, que estoy recibiendo
hasta por duplicado; no sé por qué. Por tanto, no tiene que tomar mi
nombre para enviármelo, porque no quiero otro más. Le decía que en
nuestro grupo hemos seguido toda la conferencia ministerial de Singapur
desde el primer momento por el boletín. La información que nos ha dado es
exhaustiva. Por mi parte, no necesito ninguna complementación y creo que
ya lo ha hecho en su intervención anterior.
Por lo que respecta a la política comercial exterior, ahí estaban las
oficinas comerciales, que era uno de los aspectos a mejorar en cuanto a
su funcionamiento y distribución geográfica, de acuerdo con los mercados
existentes y emergentes, como instrumento de apoyo y de ayuda a los
empresarios y, sobre todo, a los exportadores, que, por sus dimensiones,
no tienen posibilidades de montar sus propias delegaciones. Estas
oficinas comerciales pueden hacer una buena labor. Me gustaría saber qué
es lo que se ha hecho con las oficinas comerciales, en qué se ha
mejorado, cuáles han sido las actuaciones que ha llevado la Secretaría de
Estado en este campo.
Lo mismo le preguntaría sobre los programas de formación de
especialistas. Esto es algo importante. No sólo es cuestión de saber las
estadísticas, el número de becarios, el incremento de los mismos. Aparte
de las estadísticas que nos pueden facilitar, hay algo más trascendente y
es necesario saber su resultado: el número de becarios contratados, el
nivel de preparación adquirido, en definitiva, el resultado real de los
programas de formación de especialistas.
Otro aspecto que siempre ha suscitado críticas ha sido la dispersión de
esfuerzos en la promoción. Hemos asistido a situaciones de coexistencia
de políticas exteriores por parte de la Administración central, de las
comunidades autónomas, de las cámaras de comercio, de las patronales, de
las asociaciones sectoriales. Todo el mundo tenía su política de
exportación, todos intentaban apoyar el comercio exterior, en muchos
casos sin criterios muy claros y con objetivos poco definidos e
improvisando la mayor parte de las veces. En este sentido, se había
anunciado por parte de su secretaría un plan cameral de exportación, plan
que concentrara las actuaciones y evitara esta situación de dispersión de
esfuerzos. ¿Cómo está este plan cameral de exportación?
Hablando de coordinación, hago un paréntesis porque no sé cómo van las
relaciones de su departamento con las asociaciones sectoriales, pero me
gustaría que, en algún aspecto, se intensificaran más estas relaciones.
Concretamente, hay dos aspectos que no sé cómo están en estos momentos.
Uno es el Consejo Asesor de Productos Industriales, el CAPI, que no sé si
funciona o no. Tampoco sé si se ha llevado a efecto la reactivación del
Consejo de Asesores Regionales. Son temas que, en un momento determinado,
estaban en letargo y no sé si se han reactivado o no.
En lo referente al capítulo de relaciones con la promoción de política de
comercio exterior, me gustaría conocer la situación de la nueva ley de
fomento a la exportación. Se anunció que su departamento estaba
trabajando en esta ley de fomento a la exportación para sustituir al
sistema de financiación con créditos FAD que, como se sabe, son las
ayudas tanto de créditos-país para proyectos determinados como las líneas
de crédito con asignación por operaciones, que han sido y siguen siendo
fundamentales. Por cierto, sobre las líneas de crédito con asignación a
operaciones, quizá fuera necesaria una mayor agilidad en la tramitación o
concesión de estos créditos. El hecho es que cada vez hay menos países
que pueden acceder a estas ayudas porque su producto interior bruto
sobrepasa el límite establecido; por
tanto, digamos que el FAD tiene un camino descendente, va reduciéndose
cada vez más su posibilidad para promoción en estos países, lo que hace
necesaria una ley, ya anunciada, de fomento a la exportación. También me
gustaría saber el grado de elaboración de este tema en el departamento.
Me va a permitir, señor Secretario de Estado, que, antes de pasar a otro
capítulo, me interese por dos instrumentos de promoción de la
exportación, que han sido ya apuntados. En primer lugar, el Instituto de
Comercio a la Exportación, es decir, el Icex. Creo necesario dedicar una
comparecencia no sólo a detallar las líneas y objetivos de este organismo
sino a conocer los resultados de la gestión de la nueva etapa del Icex.
Quizá sea necesario no que venga usted, pero que venga el vicepresidente
del Icex a explicarnos la política del nuevo Icex porque, como usted dijo
en su momento, y yo lo comparto, este organismo es el instrumento de
apoyo más importante a la promoción exterior y, si es el instrumento más
importante a la promoción exterior, debemos darle la importancia que
tiene. Por tanto, si a usted le parece, me gustaría que pudiéramos tener
una comparecencia monográfica sobre el tema.
Queremos conocer cuál es la participación, en este momento, de las
asociaciones sectoriales en la política del Icex; cómo y de qué manera se
está contando con los exportadores en los objetivos y en las actuaciones;
cuál es su participación en el plan estratégico; cuál va a ser el futuro
de las expotecnias, si va a haber una, dos, o va a haber una cada dos
años. Parece ser que se van a compatibilizar las expotecnias con el
expoconsumo. ¿Quiere decir eso que fondos que han estado destinados a
expotecnias van a tener que repartirse también con expoconsumo? Hay que
tener en cuenta que estas cuestiones son importantes de cara al futuro y
tienen que ir muy consensuadas con los sectores exportadores. Como digo,
al margen de las explicaciones que nos está dando hoy, entiendo que se
hace necesaria una comparecencia del vicepresidente ejecutivo de este
organismo.
El otro instrumento, que pasa por un período de transformación importante
--ya lo dijo en su anterior comparecencia y hoy también lo ha apuntado--
es Focoex, una sociedad que ha pasado por muchas vicisitudes, que todos
conocemos, muy cuestionada en los últimos tiempos, con denuncias sobre
irregularidades en la utilización de créditos FAD, con supuestos tratos
de favor a determinadas empresas o ciertas operaciones internacionales
oscuras, como las que conocemos del azúcar de Venezuela y el material
sanitario de Uruguay, por no hacer referencia a los informes de
fiscalización del Tribunal de Cuentas. Creo que todo esto ha sido uno de
los motivos por los cuales usted, cuando accedió al cargo, y su
departamento se dieron cuenta de que había que cambiar. Según lo que nos
ha manifestado, la sociedad Focoex iba a ser sustituida por otra
compañía, creo que es Expansión Exterior Española, con el objetivo de
promover la salida de empresas españolas a los mercados internacionales,
integrando en la misma los activos de Sirecox, lo cual significa que ésta
puede estar absorbida.
Nos interesaría conocer cómo ha quedado la composición del accionariado
en Focoex, cuáles son sus objetivos, su relación con el Icex, su encaje
en la política comercial, su presupuesto. También nos gustaría que se
refiriera a las otras sociedades anónimas del departamento, como son
Enisa, Cersa o Cofinex. Entiendo que todo esto no se puede tratar en una
comparecencia y menos en una comparecencia que lleva ya tres horas, pero
son las inquietudes que tiene mi grupo parlamentario. Es algo que me
gustaría se tocara, y no por encima sino en profundidad.
Por lo que respecta a la política turística hay un grupo parlamentario
que está pidiendo permanentemente más información. La información que
tengo es que se trata de un sector que va muy bien y, como siempre ha ido
muy bien, no hacen falta demasiadas cosas. Como aquí siguen viniendo los
extranjeros a tomar el sol, mientras haya sol, el turismo va muy bien,
pero eso no es suficiente. En esta comparecencia, me gustaría saber qué
ha sido, al final, de los paradores de Turismo. ¿Se van a privatizar o no
se van a privatizar, unos sí y otros no? ¿Cómo ha quedado ese tema? Si
puede informarnos sobre esto, pues encantado.
Finalmente, la política de pymes. Es muy importante, pero no sé si todos
tenemos muy claro qué es la política de pymes en su departamento o en su
Secretaría de Estado, porque al final se mezclan aquí muchas cosas.
Indudablemente, la política de pymes lleva consigo aspectos relacionados
con la fiscalidad, con la financiación, con el mercado laboral,
absolutamente con todas las políticas y no sólo de su departamento. Usted
anunció una política global para pymes, lo que me parece perfecto.
Significa, a mi entender, el establecimiento de un plan estratégico que
abarque toda la problemática de las pequeñas y medianas empresas, un plan
de apoyo integral a la gestión, un plan de apoyo a la financiación y a la
autofinanciación, un plan específico de la fiscalidad para las pequeñas y
medianas empresas, un plan de medidas laborales. Por cierto, se anunció
en algún momento que iba a haber una rebaja en las cotizaciones sociales;
me imagino que esto se ha olvidado, pero salió y les vendría muy bien a
las pequeñas y medianas empresas.
Si queremos hacer una política de pequeña y mediana empresa, hay que
establecer una política global independiente de la del resto de las
empresas; primero, definiendo muy bien el límite de la pequeña y mediana
empresa y, después, estableciendo una política que esté al margen de las
demás medidas de política para empresas. Por ejemplo, acabo de recoger
ahora un catálogo de las medidas más relevantes adoptadas por el Gobierno
en favor de las pequeñas y medianas empresas; pero es de pequeñas y
medianas empresas, y también de otras empresas. Es decir, no sirve
recoger un catálogo con cosas que se hayan hecho, que pueden servir hoy
para pequeñas empresas, pero mañana este mismo catálogo, con otras cosas,
más, sirve para grandes empresas. Si hablamos de política global de
pymes, hay que establecer una política global de pymes. Reconozco que se
están tomando medidas, pero no quisiera que se intente hacer cosas sobre
la marcha, muchas veces dando soluciones a temas muy concretos o
parcheando. Tiene que haber una estrategia clara y, con esa estrategia,
establecer las medidas y los instrumentos necesarios. Eso es lo que creo
yo que debe ser una política global para las
pequeñas y medianas empresas. En cualquier caso --por cierto, he recibido
la invitación del Secretario de Estado para la Jornada de apoyo a las
pymes--, como ocurrió en las otras jornadas, de ella saldrán unas
conclusiones y, de alguna forma, podrá establecerse ese plan de política
global para las pymes. A partir de ahí, vuelvo a insistir en lo que he
dicho antes: esto es importante; estas jornadas son importantes, como
también fueron las otras. Es importante saber los problemas que tienen
los exportadores y los problemas que tienen las pequeñas y medianas
empresas; es importante determinar las medidas que se deben establecer,
qué instrumentos utilizar, pero, al final, es mucho más importante llevar
esto a la práctica, y ahí es donde, a veces, hay una descoordinación
entre una y otra cosa. Las jornadas no pueden terminar al día siguiente;
las jornadas son el inicio de un trabajo, son unos deberes que se mandan
y creo que así es como se deben tomar las resoluciones de estas jornadas,
como deberes a hacer.
Tenía apuntadas algunas cosas, pero como son más concretas y tienen
relación con los convenios IMPI y la iniciativa PIP, no se las voy a
plantear hoy, quizá en otro momento, porque creo que esto se sale un poco
de lo que estamos hablando hoy y no quiero desviar la atención ni alargar
el tiempo. Por tanto, doy por finalizada esta primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Dentro de la acumulación de temas que hay en esta
comparecencia, me voy a referir al apartado relativo a la información
sobre las materias propias de su competencia, dentro del punto uno.
Planteándome cuál puede ser la función de un portavoz del grupo
parlamentario que apoya y está más cercano al Gobierno, creo que uno de
los enfoques posibles es tomar como eje de la intervención la comparación
entre lo que es el programa del Partido Popular y lo que es la actuación
del Gobierno en todo lo que ha mencionado el Secretario de Estado: pymes,
comercio interior, turismo y comercio exterior, partiendo del hecho de
que esa comparación debe mostrarnos si era cierta aquella famosa frase de
una persona, sin duda insigne en la vida política española y para la que
tuve el mayor afecto, Tierno Galván, de que lo mejor que se podía hacer
con los programas electorales era no cumplirlos. Dentro de la carga
irónica que tenía esa frase, podemos ver si en este caso se cumple esa
carga irónica o si la realidad es diferente. En mi intervención daré
importancia a las pymes y al comercio exterior, aunque me referiré de
manera breve y sintética a todos los temas que ha tratado el Secretario
de Estado.
Sobre las pymes, hay que recordar que en el programa electoral del
Partido Popular se planteaba precisamente una política genérica de pymes,
había unas medidas de apoyo a las pymes, llamándolas creadoras de empleo.
De esas medida concretas, muchas de ellas ya han sido puestas en vigor y
el lenguaje de las palabras coincide con el de los hechos en temas
conocidos, como el establecimiento de un tipo reducido en el Impuesto de
Sociedades hasta una cantidad determinada de beneficios, o mejorar el
tratamiento fiscal de la transmisión de pequeñas empresas familiares en
relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o la reforma del
régimen de estimación objetiva, o simplemente --enumerándolos-- en
algunos temas a que más se ha referido el señor Secretario de Estado,
como la creación de un marco legal adecuado para el desarrollo de las
entidades de capital-riesgo. Entre otros muchos puntos que se podrían
mencionar, el programa del Partido Popular se refería a la
internacionalización de la pequeña y mediana empresa, asunto al que ha
dado importancia, tanto la política del Gobierno en la realidad de los
hechos como la intervención del Secretario de Estado. Me refiero a que,
en este campo, existe un tratamiento global de los problemas de pymes
--dentro de que España es un país de pymes--, que tienen una realidad
diferenciada, por ejemplo, en sus problemas de financiación, ya que es de
todos conocida la problemática que plantea a las pymes esta situación en
que a veces tienen que arriesgar patrimonios personales para conseguir
créditos para empresas o la situación especial de falta de economías de
escala, la menor capacidad de presión, algo muy estudiado por la
sociología política sobre el sector público, etcétera. Esto hace que sea
conveniente una política especial para las pymes en nuestro país que el
Gobierno, en coherencia con el programa del Partido Popular, ha llevado a
cabo.
Entre otras materias propias de la competencia del Secretario de Estado
se han mencionado los asuntos relacionados con la distribución comercial
y con el turismo. Me voy a referir solamente a la parte aludida por el
Secretario de Estado y recordaré que en el programa del Partido Popular,
en relación con la distribución comercial, se hablaba de la necesidad del
diálogo con los protagonistas, que serían el mundo del comercio y el
mundo de las autonomías, dadas las facultades que tienen delegadas. Pues
bien, el observatorio, al que ha hecho mención el Secretario de Estado en
su intervención, encaja perfectamente en aquella parte del programa del
Partido Popular.
El señor Secretario de Estado ha mencionado el campo del turismo y,
dentro de ese campo, se ha referido especialmente al plan de estrategia.
Pues bien, un plan estratégico para el turismo estaba recogido
literalmente en el programa del Partido Popular, en el que también se
hablaba de los elementos relacionados con la calidad y con la
diversificación, aspectos recogidos asimismo en el plan estratégico del
Gobierno para el turismo.
Como la parte más extensa de su intervención (aparte de los problemas
relacionados con la OMC, que luego serán tratados por otro compañero del
grupo parlamentario) ha sido la referida al sector exterior, me voy a
extender algo más sobre ese asunto en esta intervención, dentro de su
carácter sin duda abreviado.
Quisiera destacar que el programa del Partido Popular señalaba la
exportación como motor básico para el desarrollo, y esto es lo que se
está produciendo en la realidad. Aunque luego en el texto se especificaba
que también tendría que tener otros motores que le acompañaran, la
exportación como motor básico del desarrollo en la realidad coincide con
el texto literal del programa del Partido Popular
sobre cómo enfocar durante esta legislatura, en el arranque del mismo, el
problema del desarrollo, el crecimiento económico y la creación de
empleo. Además, lo que hemos hablado de las cifras de exportación y, en
general, de las cifras del sector exterior es coherente con toda la
política del Gobierno relacionada con la competitividad; es decir, al
final se exporta más, mejoran las cifras de la balanza por cuenta
corriente y de la balanza comercial porque se es más competitivo. Si se
quiere, ésta es la parte estructural de la política relacionada con el
sector exterior. Sin duda, la política de reducción de la inflación o de
reducción de los tipos de interés ayuda especialmente a los bienes
comercializables internacionalmente, como son los bienes que se exportan
o que compiten con importaciones, por la vía de disminución de sus costos
y de la competitividad que podríamos llamar estructural. En este sentido,
como alguno de los portavoces ha dicho en su intervención, la política
general del Gobierno se relaciona con sus resultados en el campo del
sector exterior.
También quisiera destacar la importancia que tiene en una economía como
la española, de la que en este momento está tirando de forma importante
la exportación, tener una política macro correcta y adecuada que nos
lleve a un tipo de cambio competitivo y estable. Este era un punto en el
que hacía mucho hincapié el programa del Partido Popular, y precisamente
destacaría la diferencia entre la política macro que se está realizando
actualmente por el Gobierno y la que se realizó en otras fases por
Gobiernos anteriores, en los cuales una política de fuertes déficit
públicos, unida a incrementos de la deuda pública, que obligaban a
fuertes subidas de los tipos de interés, llevaba a una sobrevaloración de
la moneda, lo cual sin duda dificultaba las exportaciones, o cuando ese
enfoque ya no tenía credibilidad, a épocas de especulación contra la
peseta, que tampoco era un clima que apoyaba nuestra situación exterior.
Una política saneada, ortodoxa de macro es la política correcta para
tener un tipo de cambio estable y competitivo, como hay en la actualidad;
ésa es la política que realiza el Gobierno, como se recogía en el
programa electoral, y sus efectos se notan claramente en el sector
exterior.
Igualmente quisiera destacar que las cifras que se plantean no solamente
sobre la balanza comercial, sino sobre la balanza por cuenta corriente,
resultado de la balanza comercial y de otra serie de partidas, entre
ellas la del turismo, como ha sido expuesto por el señor Secretario de
Estado, nos llevan a cumplir mejor uno de los indicadores ocultos que hay
en el Tratado de Maastricht, del que muchas veces nos olvidamos. Son de
todos conocidos los cinco indicadores cuantificados relacionados con
Maastricht, inflación, tipos de interés, déficit, deuda pública y tipo de
cambio, pero en el Tratado de Maastricht también se habla de otros dos,
que no se cuantifican, pero que se considera son importantes a la hora de
la evaluación global sobre el juicio que merece la economía española este
año, el año 1997, para tomar la decisión en 1998 sobre nuestro ingreso en
la primera fase del euro. Esos otros dos indicadores, de los que a menudo
nos olvidamos, quizá por no estar cuantificados, pero que influyen sin
duda en la decisión final, son los siguientes: uno, la evolución de los
costes del factor trabajo en relación a la productividad --que no es éste
el momento de tratarlo--; y otro, e importante, el tema de la evolución
de la balanza por cuenta corriente, y precisamente de la exposición del
Secretario de Estado se deduce que ese indicador permitirá fortalecer la
postura española en relación con el ingreso en la Unión Económica y
Monetaria.
Quisiera destacar algunas cifras que se han mencionado, y que han sido
aceptadas por todos los grupos parlamentarios, en el sector exterior
también son especialmente importantes en el caso de la economía española,
y muchas veces los procesos de crecimiento creadores de empleo en nuestra
economía se han visto frenados por el estrangulamiento del sector
exterior, precisamente lo que nos da un margen de maniobra importante al
saber que en este momento podemos continuar una política de incremento
del crecimiento sin que el comercio exterior, y en general el sector
exterior, sea el elemento obstaculizador que nos obligue, como otra serie
de veces en las pasadas décadas, a hacer políticas de ajuste que
interrumpan este proceso.
En resumen, pues, nos encontramos con que ha habido una política activa
en estos sectores, una política en la que no se ha planteado desde el
Gobierno la postura pasiva de decir qué va a pasar en el campo de las
pymes, del comercio interior, en el campo del turismo, del comercio
exterior o de la balanza por cuenta corriente, sino ¿qué podemos hacer,
qué vamos a hacer, qué se va a hacer? Como penúltima nota, quisiera
remarcar también, que cuando he leído con detalle los programas de los
distintos grupos parlamentarios se apoyan al actual Gobierno, en estos
campos existen, dentro de las distinciones y de las diferencias lógicas,
elementos importantes de parecido o concordancia entre los mismos, lo
cual sin duda sirve para un apoyo más estable a este Gobierno en este y
en otros muchos campos.
Acabaría recordando que si el eje de esta intervención ha sido
precisamente intentar mostrar que hay un alto grado de coincidencia entre
el programa del Partido Popular y la política del Gobierno popular, quizá
se ha superado esa idea que a veces se tiene de que la política,
parafraseando una conocida idea, es palabras, palabras y palabras. Cuando
el lenguaje de los hechos coincide tanto con el lenguaje de las palabras
que provienen de los programas electorales, se puede decir que la
política se asume desde la realidad de la actuación y no solamente desde
el anuncio de las palabras.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Gómez
Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Secretario de Estado,
por sus explicaciones sobre la conferencia ministerial de la OMC, que es
el tema al que yo me voy a referir, y gracias también por su
comparecencia que, a juicio de mi grupo, ha parecido suficientemente
extensa, clara y completa.
Señorías, después de casi cincuenta años negociando la liberalización
comercial a escala mundial por un sistema de rondas que comenzaban a
instancia de parte y que acababan
después de años de debate, hemos llegado a un sistema más estable y
riguroso. Sin duda, la culminación de la Ronda Uruguay, en 1994, con el
Acuerdo de Marrakech supuso una nueva etapa para el comercio
internacional. La consolidación de una institución permanente como la OMC
permitía pensar en un sistema flexible y avanzado de negociación
comercial, alejado, por su carácter permanente y supranacional, de
coyunturas nacionales más o menos delicadas.
Efectivamente, como muy bien dijo el señor Ruggiero, Director General de
la OMC, con la conclusión de la Ronda Uruguay, en Marrakech, se cerró un
importante capítulo de la historia económica y la Conferencia Ministerial
de Singapur ha abierto uno nuevo. En ese sentido, varios son los aspectos
que se analizaron en esta primera reunión ordinaria a nivel ministerial
de la nueva institución creada en Marrakech. En primer lugar, el papel de
la OMC; en segundo lugar, evaluar los acuerdos de la Ronda Uruguay en los
dos últimos años, asunto importante para España, pues el cumplimiento de
lo acordado era una de las máximas prioridades de Singapur; en tercer
lugar, elaborar un programa de trabajo para los próximos dos años; y, en
cuarto lugar, dar impulso a las negociaciones en curso, y en concreto al
acuerdo sobre tecnologías de la información, que finalmente fue firmado
por 13 países además de los 15 de la Unión Europea, y a las negociaciones
sobre telecomunicaciones básicas, que, si no he entendido mal al
Secretario de Estado, se ha firmado el 15 de febrero por 78 países, entre
los que están los 15 de la Unión Europea.
Por lo que se refiere al papel de la OMC, parece cada día más claro y
evidente que esta organización se está consolidando como el foro de
negociaciones comerciales y como administradora de un sistema
multilateral de comercio basado en reglas y disciplinas convenidas entre
los distintos países. Buena prueba de ello ha sido esta primera reunión
ordinaria a nivel ministerial, órgano supremo de la OMC, que reunió a 127
países en un empeño común y que mi grupo, señorías --lo digo ya de
antemano--, valora positivamente, y más aún en línea con las expectativas
que en ese sentido mantenía nuestro país.
Respecto al programa de los dos próximos años, en el sector textil se
aprobó un acuerdo que recogía básicamente la postura de cinco países de
la Unión Europea, entre ellos España.
En cuanto a la agricultura, quiero expresar la satisfacción de que la
Comunidad Europea, impulsada fundamentalmente por Francia y España, haya
evitado el intento de importantes países productores e importadores de
adelantar las negociaciones de liberalización adicional previstas para el
1.í de enero del año 2000. La firme oposición de algunos países, entre
ellos España, ha conseguido que los plazos se mantengan, por lo que
debemos estar especialmente satisfechos.
He querido resaltar estos dos puntos, señorías, porque, aunque sin duda
no es necesario, no está de más recordar que la discusión sobre la forma
de contemplar el programa de trabajo en la Conferencia de Singapur ha
sido, junto con los nuevos temas, uno de los caballos de batalla más
destacado, y ello debido fundamentalmente a la insistencia de algunos
países en modificar negociaciones o disposiciones contempladas en los
Acuerdos de Marrakech. Estas pretensiones eran especialmente peligrosas
para los sectores agrícola y textil, pues podían haberse traducido en una
aceleración del proceso de liberalización. El hecho de que haya
prevalecido la posición defendida por la Unión Europea y se mantengan los
calendarios en los términos establecidos en Marrakech va a permitir que
España siga disfrutando de los plazos previstos para proceder a la
realización de los necesarios ajustes estructurales en los citados
sectores.
Es interesante también destacar el consenso conseguido respecto al
establecimiento de grupos de trabajo para estudiar una serie de temas
nuevos, como las relaciones entre comercio e inversión, comercio y
competencia, comercio y normas sociales, comercio y contratos públicos y
finalmente medio ambiente, que tiene su propia dinámica dentro de la OMC,
fijada desde la Ronda Uruguay. Efectivamente, el comercio y la inversión
extranjera suelen ser fenómenos interrelacionados, por lo que la
regulación que los Estados realizan de sus políticas comerciales y de
inversión tiene sus efectos sobre los flujos de comercio. Por eso somos
favorables, y es la postura que hemos defendido, a que se integre el
binomio comercio e inversiones en la OMC.
En cuanto a la relación entre comercio y competencia, quiero resaltar la
referencia que al respecto hizo el Vicepresidente Segundo del Gobierno
Español, señor Rato, en el sentido de que le parecía conveniente la
elaboración de unas normas internacionales de defensa de la competencia
para impedir que las prácticas restrictivas puedan anular o menoscabar
las ventajas que se deriven de los compromisos de liberalización
comercial asumidos por los Estados de la OMC. Con la creación de estos
grupos de trabajo queda abierta una puerta para que en la próxima
conferencia ministerial se apruebe el inicio de negociaciones en la OMC
para establecer disciplinas multilaterales en la materia, lo que será muy
interesante para países como el nuestro.
Señorías, el consenso al que me refería antes ha permitido cumplir el
objetivo fijado sobre estos nuevos temas, que no era otro que incluirlos
en los programas de trabajo de la OMC. No cabe duda, señor Presidente,
que, tanto en este asunto como en la no aceleración de los plazos para la
liberalización de algunos sectores, haber cumplido lo acordado tal y como
se pactó da una gran solidez y credibilidad al sistema negociado en
Marrakech.
En cuanto a la Unión Europea, decir que cada vez se percibe con mayor
nitidez que la coordinación es sumamente eficaz, lo que permite actuar de
forma unitaria y homogénea, que sin duda fortalece no ya a la propia
Unión Europea, sino a todos los países que la integran.
Hay que señalar que, si entre los objetivos de esta Conferencia
ministerial de Singapur estaba vigilar el funcionamiento de la OMC y
fijar un plan de trabajo para los próximos años, estos objetivos se han
cumplido satisfactoriamente. Además, se han complementado con el estudio
de nuevos asuntos que, sin duda, serán de gran interés en el
futuro por su relación con el desarrollo económico, los flujos
comerciales y la transparencia en las contrataciones públicas.
Si se han cumplido los objetivos generales desde la óptica española,
también hay que decir que se han conseguido nuestros objetivos
fundamentales. En este sentido parece evidente que los resultados de
Singapur son suficientemente satisfactorios, y ahora se trata de estar
vigilantes en la OMC para que las labores que se desarrollen en sus
diferentes órganos, en particular en agricultura y textiles, se lleven a
cabo de la forma acordada, evitando cualquier tipo de interpretación que,
por otra parte, puede esperarse de una serie de miembros de la OMC.
Puestos sobre la mesa estos asuntos debemos congratular y felicitar al
Gobierno español y a la Comisión Europea por lo que han aportado a la
hora de centrar los temas relevantes del futuro comercio internacional,
pero también por haber sabido intervenir cuando se han puesto en peligro
los intereses de la Unión o de España.
Los españoles saben, señor Presidente, y con esto concluyo, que las
etapas de liberalización comercial han supuesto para ellos mayores cuotas
de bienestar y, por tanto, acogen con optimismo y esperanza esta nueva
etapa en el comercio internacional. Además, han dado su confianza a un
Gobierno que cree plenamente en los beneficios de la liberalización
económica general; beneficios para todos los ciudadanos, puesto que con
este tipo de política se permite la libre entrada de productos y de
mercancías a precios y calidades mejores y en condiciones iguales para
todos. En ese sentido se asegura una mayor libertad de elección muy
saludable para cualquier sociedad civil y democrática.
Finalmente, señor Presidente, quiero felicitar al Secretario de Estado
por el éxito de Expotecnia y por todos los trabajos que ha expuesto aquí,
muy especialmente por los del observatorio de la distribución comercial
que antes era un órgano inoperante y usted lo ha convertido en un eficaz
órgano de participación.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los señores Diputados, tiene la
palabra el señor Secretario de Estado de Comercio, Turismo y Pymes.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES (Fernández
Norniella): Voy a ser muy breve, porque creo que la mayoría de las cosas
se pueden contestar en poco tiempo.
Señor Guardans, lo siento enormemente. Siento su frustración, pero lo
siento, sobre todo, porque yo he sufrido donde está usted la falta de
información, y desde que llegué a la Secretaría de Estado di
instrucciones para que a los 350 Diputados se les facilitase toda la
información que generase mi Secretaría de Estado. Puedo garantizarle,
porque hoy he pedido la distribución, que los boletines del ICE se envían
a todos los Diputados.
Como también yo entendía que el tema de la OMC era un tema complejo,
difícil de entender si no se sigue, diseñamos una política informativa
clara que pasaba por hacer un boletín ICE previo a la reunión de la OMC,
en el cual explicábamos la posición de la Secretaría de Estado, la
posición de la Unión Europea y cada uno de los temas específicos que se
iban a tratar. Si usted coge el boletín ICE número 2.524, del 25 de
noviembre al 1.º de diciembre, verá que en el índice había: una
introducción mía personal en la cual explicaba la posición de la
Secretaría de Estado profusamente y en conceptos densos, pero creo que
interesantes, y después había hasta ocho capítulos. El primero, la OMC;
la Conferencia de Singapur y su agenda, que era uno de los temas
importantes, del que usted ha hablado y me ha requerido información. El
segundo, la aplicación de la Ronda Uruguay, que también es otro tema de
los que usted ha hablado. El tercero, la built-in agenda y las
negociaciones pendientes. El cuarto, la liberalización arancelaria
adicional. El quinto, los nuevos temas del comercio internacional. El
sexto, los acuerdos comerciales regionales. El séptimo, las adhesiones a
la OMC. Y el octavo, España y la OMC. Con estos ocho capítulos y la
introducción esperábamos poner no sólo a disposición de SS. SS. sino a
disposición de la opinión pública, cuál era la posición del Gobierno
español respecto a los temas importantes que se iban a tratar en
Singapur.
Mantuvimos la reunión en Singapur y, como es lógico, se llegó a acuerdos
en algunos casos distintos, pero en la mayoría coincidentes con nuestra
posición, y editamos otro boletín ICE nada más llegar con las
conclusiones de Singapur en las cuales introdujimos el discurso del
Vicepresidente del Gobierno, para que quedase clara la posición oficial
del Gobierno español, y las condiciones de cada uno de los ocho temas, de
tal manera que no sólo se supiese a lo que había llegado la reunión de
Singapur, sino que también se conociera el camino previo al que habíamos
llegado en esto.
Entendí, y por eso lo digo que lo siento enormemente, que éste era, por
nuestra parte, el primer esfuerzo serio para que en la información no
hubiese ningún tipo de doblez, no para S. S., repito, sino para la
opinión pública. Siento, quizá es una falta de error en el análisis, que
no hayamos sido capaces de lograrlo; en cualquier caso, le prometo que
vamos a intensificar la información porque nos interesa que de estos
temas no sólo estén informados SS. SS., sino la opinión pública, porque
son temas trascendentales no sólo para el momento sino para el futuro
comercial de este país y de Europa.
Dicho esto yo podría repetir lo que ha manifestado el Diputado del PP,
pero creo que volvería sobre lo mismo, porque no es un problema de
manifestar filosofías, sino de manifestar posiciones y concretar
resultados de negociaciones. En cualquier caso, si usted quiere lo
repito.
Hay algunos otros temas que sí puedo aclararle porque son cuestiones de
concepto. Primero, indica usted que lo que se manifiesta aquí puede ser
distinto de lo que se dice en el foro de negociación. Permítame le diga
que no; lo que se ultima en el foro es la conclusión de la negociación.
Usted me puede decir a mí: dígame cómo han ido las negociaciones, hacia
dónde se han movido, cuál ha sido la posición previa de tal país, cuál ha
sido la posición previa de otro y yo esto se lo puedo contar, pero la
verdad es única: es la conclusión que se llega en el foro de la
negociación. Usted sabe que la Comunidad Económica Europea es un
foro de quince miembros que al final es un do ut des en cada posición
concreta y el éxito del negociador se valora porque lo que das es menos
de lo que recibes y en ese contexto te tienes que mover. Pues bien, así
nos movimos en Singapur y nos movemos en todos los foros, pero, al final,
las decisiones se toman y por mayoría, y cuando las decisiones se toman
por mayoría uno tiene el recurso del pataleo, pero nada más. Cuando
llegamos a Singapur con una posición previa, y después de horas y horas
de negociaciones la Comunidad decide por mayoría una posición, España va
como un socio serio de la Comunidad y acepta esa posición.
Usted me preguntaba si yo creía que la Comunidad Económica Europea tenía
un valor y un contenido para estas negociaciones. Pues claro que lo
tiene, señor Guardans, sin lugar a dudas. Tiene el peso específico de que
cuando tomamos decisiones y llegamos a acuerdos estamos respaldados por
quince miembros. En algunos casos tenemos que asumir decisiones o
acciones que no nos interesan particularmente, pero hay que asumirlas; no
podemos estar a las maduras y no estar a las duras. Sin embargo, eso sí,
hay que ser negociadores duros en lo que nos interesa. La prueba de que
hay que ser negociadores duros son las negociaciones que está haciendo la
Ministra de Agricultura o las negociaciones que nosotros hemos hecho con
la ley Burton, que usted dice ha sido un error. Permítame que yo no
coincida con esa apreciación, porque entiendo que la única forma que
había de llevar al imperio a darse cuenta de que estaba tratando temas
comerciales, que en aras de hablar de problemas políticos, al final a lo
que afectaba era a nuestra empresa y empresarios, era decirle ahora vaya
usted donde más le duele, a un panel de la OMC y defiéndalo ahí. En
cuanto la Unión Europea hizo eso Estados Unidos han empezado a dar
respuestas, en algunos casos contradictorias, pero que yo creo --y soy
optimista-- que al final asumirán, porque una cosa son los planteamientos
políticos y otra los planteamientos económicos, y estando de acuerdo
todos en los planteamientos políticos de que no hay que favorecer a la
dictadura de Castro, de que hay que favorecer a la democratización de
Cuba, no podemos aceptar que eso lo haga a costa de darnos patadas en
nuestras espaldas, por no decir en otro sitio.
Esta es la posición. Por eso le decía que nosotros con la ley Burton
hemos sido beligerantes, pero hemos sido beligerantes en todos los foros
porque, al final, cuando usted lo analiza, detrás de todo el proceso
siempre hay una empresa o un empresario español que puede verse
perjudicado.
Siento, señor Guardans que la amplitud de mi Secretaría sea tal que
cuando hago una intervención tenga que ser una intervención corrida; pero
usted sabe que para mí es un placer venir a esta casa porque todavía la
considero mi casa y en consecuencia estoy dispuesto a venir en el momento
que se me solicite. Mi error hoy, cuando me han dicho que íbamos a
subsumir las dos comparecencias en una, ha sido no haber hablado
previamente con usted y preguntarle si consideraba que podíamos hacerlo
con esta amplitud de temas, pero me comprometo a que la próxima vez lo
haremos de otra forma. Me considero satisfecho y contento de poder
expresar aquí lo que hago y lo que pienso, porque creo que SS. SS. son la
representación soberana del pueblo y, en consecuencia, son los que más
claramente pueden valorar y analizar lo que hace el Gobierno.
Si me lo permite, dejo la OMC, porque creo que ya ha contestado el
Diputado señor Gómez Darmendrail, y paso a referirme a otros temas de mi
Secretaría.
Quiero agradecer al Grupo Socialista el tono y la forma --que también son
los míos-- y quiero reconocer públicamente que sería estúpido por mi
parte pensar que la situación de éxito de la exportación se debe a este
humilde Secretario de Estado. No, ni mucho menos; el éxito de la
exportación hay que agradecérselo, sobre todo, a las empresas y a los
empresarios que, en contra de viento y marea, han sido capaces de
afrontar mercados muy difíciles, en muchos casos solos y en otros casos
con elementos contradictorios. Ellos son los verdaderos sujetos y son a
los que tenemos que felicitar. El Gobierno hace una política global,
ayuda, pero si no existe ese ímpetu y ese esfuerzo de los empresarios,
sea cual sea el Gobierno, difícilmente se pueden afrontar mercados
exteriores con éxito.
Efectivamente, nosotros nos hemos esforzado y nos vamos a seguir
esforzando, las jornadas de exportación son una prueba de ello, pero
--permítanme que se lo diga, señores Guardans y Zabalía-- lógicamente, el
éxito no está en la ejecución, aunque la idea en sí misma pueda ser un
éxito, sino en los resultados obtenidos. Por eso les decía en mi primera
intervención que no hemos hecho unas jornadas que sean punto y final,
sino unas jornadas que son punto y seguido. Hemos adquirido el
compromiso, con nosotros mismos y con los sectores, de que cada acción
tenga un responsable y una fecha. Y hemos elaborado ya el plan 2000, en
el cual cada acción concreta dice: plazo de ejecución inmediato,
responsable don fulano de tal y a tal fecha. Y cuando editemos este plan
2000 yo me preocuparé personalmente de que lo reciban SS. SS., las 350,
prácticamente en mano, para que puedan seguir lo que hacemos y nuestros
compromisos.
Les decía en mi primera intervención que creo que el éxito de estas
jornadas es que en las mismas han participado las empresas, los sectores,
las comunidades --de todo tipo, hay que decirlo--, y han participado con
ansia de hacer apuestas, proposiciones y proyectos válidos, lo que nos ha
permitido tener un plan estratégico en el cual todo el mundo, de alguna
manera, se siente reflejado. Ese es el éxito inicial, pero el éxito final
lo tendremos que ver cuando de estas 90 medidas, dentro de un año,
podamos decir que hemos cumplido 70 o que hemos cumplido 10. Y tendremos
que ver si hay una clara razón para no haberlas cumplido o si no las
hemos cumplido por negligencia de quien tenía que haberlas puesto en
marcha. Dentro de un año analicémoslas y yo vendré a darles a ustedes
cuenta de su aplicación.
Me preguntaba S. S., representante del Grupo Socialista, sobre el tema
del dumping social y sobre el compromiso del Gobierno al respecto. Quiero
decirle --lo hemos manifestado en la OMC y en todos los foros-- que
nuestro compromiso es total. Yo les garantizo que antes de adoptar la
posición oficial me reuní personalmente en Singapur con todos los países
que podían estar afectados por la medida
y llegué a la conclusión personal de que no podíamos mezclar lo comercial
con lo laboral, porque los derechos inalienables de la persona en ningún
caso pueden servir para coartar a esos países su capacidad de comercio.
Yo recomendaría a SS. SS. que hablen con México, con países que ya están
inmersos en esta política y que tienen su propia experiencia. Por eso, la
posición española y la europea fueron muy claras. Son derechos
inalienables de la persona que en ningún caso pueden ser moneda de cambio
comercial y, sobre todo, no pueden servir para que países desarrollados
coarten aún más e introduzcan más todavía en el pozo a países que están
en desarrollo. Hay que buscar otro tipo de medidas que permitan que el
desarrollo social se produzca y que no den lugar a la siguiente falacia:
eres pobre y como, además, haces dumping social, vas a ser más pobre y
vas a estar condenado a perpetuidad. Este es --y es un planteamiento
personal, señoría-- el planteamiento que lleva a un posicionamiento. Por
eso es un tema complejo que hay que equilibrar adecuadamente, y de ahí la
posición final europea de decir: señores, esto es importante, es
transcendental, pero hay foros más adecuados y con mucha más capacidad de
acción que la propia OMC. No mezclemos lo político o lo social con lo
comercial, porque podemos hacer una mezcla verdaderamente explosiva. Digo
esto en contestación a la pregunta del representante del Grupo
Socialista.
Me hablaba el representante del Grupo Socialista del boletín del ICE.
Quiero insistir en que se están enviando 350 boletines a todos los
Diputados por instrucciones mías personales. Además, se están enviando
350 informes de coyuntura. A todos, porque creo que la información no
puede ser patrimonio del Gobierno sino que tiene que ser, precisamente,
el elemento de control más válido de la soberanía popular.
El Diputado socialista me hablaba de la ley de pymes. Nunca hemos hablado
de una ley de pymes, hemos hablado de una comisión de fiscalidad de pymes
y de un grupo de trabajo dependiendo de la comisión delegada, y en los
dos casos se está trabajando. La comisión de fiscalidad concluye sus
trabajos el 30 de marzo y, a partir de ahí, tiene que proponer al
Gobierno una serie de medidas que quizá puedan dar lugar a una ley de
pymes, pero que en ningún caso podemos prejuzgar porque la comisión está
trabajando de forma soberana e independiente. Cuando la comisión concluya
su trabajo nos presentará un proyecto y el Gobierno decidirá si es viable
y si puede o no poner en marcha.
En lo que respecta al turismo, que usted me señalaba, yo soy el que se
siente despistado, porque creo que el tema del turismo pertenece a otra
Comisión; Comisión que no ha solicitado mi comparecencia, pero que si la
pidiera estoy dispuesto a ir a informar, como es lógico, porque entiendo
que el turismo es la primera industria de este país y como tal tiene que
ser tratada. Y, al menos desde mi Secretaría, ése es el tratamiento y la
importancia que le estamos dando.
En mi comparecencia lo único que he querido es dar unos esbozos para que
no quedase el turismo sin tratar y, sobre todo, para que quedase
constancia del esfuerzo que estamos haciendo. Como es lógico, yo estoy
dispuesto a comparecer siempre y tantas veces como me soliciten.
El señor Diputado representante del PNV solicitaba comparecencias
monográficas. Las que quiera. ¿Que tiene que venir el vicepresidente
ejecutivo del Icex? Solicítenlo; si no, vendré yo. En cualquier caso
entiendo, como decía el Diputado socialista, que el tema del comercio
exterior es un tema de Estado y como tal tiene que ser tratado. En ese
sentido, señoría, cuando lo solicite estoy a su disposición.
Paso ahora a temas mucho más concretos que me ha planteado el Diputado
señor Zabalía, que pueden permitir aclarar cuestiones específicas.
Oficinas comerciales. Las oficinas comerciales son un elemento
imprescindible, como ya he dicho en otras comparecencias, del desarrollo
del comercio exterior de España, y vamos a hacer todo el esfuerzo posible
por potenciarlas y por crear el entorno de trabajo adecuado para que sean
competitivas en todos sus aspectos. En ese sentido, hemos seguido
potenciando el plan informático que venía del anterior Gobierno. Y lo
hemos seguido potenciando porque entendemos que era una acción importante
y necesaria para las oficinas comerciales. Hemos aumentado el presupuesto
y hemos llegado a conseguir en seis meses que la red de comunicación de
las oficinas comerciales esté cerrada. Lo hemos conseguido en seis meses
porque ya había unos trabajos previos, si no hubiese sido difícil, pero
ya se ha conseguido que la red de oficinas comerciales esté funcionando.
Hemos conseguido que la red de información territorial esté conectada a
las delegaciones territoriales, con lo cual cualquier empresa, cualquier
asociación exportadora, cualquier cámara de comercio podrá introducirse
en las bases de datos no sólo de la Secretaría de Estado, sino de las
propias oficinas comerciales. Ya hemos hecho una presentación a los
sectores, a los exportadores y a todas las comunidades. Cualquier usuario
de Internet puede entrar en la base de datos de cualquier oficina, por
ejemplo Washington, y tomar los datos de los consumidores de vino o de
los importadores de maquinaria-herramienta directamente, sin que
interfiera la propia oficina. Eso va a permitir que los exportadores, las
asociaciones, las cámaras tengan a su disposición una cantidad de
información importantísima. Eso ya está hecho y en funcionamiento.
El tema de los becarios. Hemos duplicado el número de becarios. Había 102
y me parece que ya son casi 190. Además, hemos implantado un sistema
distinto. Los becarios, hasta ahora, iban 12 meses a una oficina. Los que
entran ahora en marzo van a estar 12 meses en una oficina y seis meses en
una empresa, de tal manera que el becario que concluye su formación en
una oficina comercial pueda entrar en la estructura empresarial sin más,
y que esa experiencia que trae de la oficina pueda servir a las empresas
y a los sectores.
Se refería el señor Zabalía a las relaciones con las asociaciones. Como
usted sabe, todo es subjetivo y después habrá que ver la interpretación
de cada cual, pero nosotros estamos haciendo esfuerzos ímprobos por que
las asociaciones, las empresas y las comunidades participen en nuestro
proyecto. Y lo estamos haciendo porque estamos convencidos de que el
comercio exterior es una cuestión de
Estado, y difícilmente podemos hacer de él una cuestión de Estado si no
están involucrados los sectores, las comunidades y las asociaciones de
cualquier índole política. Lo estamos haciendo de tal forma que en el
consejo asesor del Icex las asociaciones están presentes. En el plan de
exportación que ha surgido de las jornadas, las asociaciones han sido
parte muy importante, es decir, las medidas han surgido de las
necesidades que las asociaciones han manifestado en una mesa. Por
ejemplo: yo, cuando voy a Sanghai, tengo el problema de que los bancos
alemanes facilitan esta financiación a una empresa alemana. Todo eso se
ha analizado. Por eso le decía que quizá el éxito de las jornadas estaban
en que eran unas jornadas de abajo arriba. Señor Zabalía, no dude usted
que nuestra predisposición a relacionarnos con las asociaciones es total
y absoluta.
Ahora quiero hacer una matización porque hay asociaciones,
asociacionillas, y asociaciones virtuales. A las asociaciones virtuales
que hemos detectado las hemos dejado y les hemos dicho: tráigame usted la
relación, por NIF, de sus asociados y lo que le pagan de cuota, y le doy
a usted los millones de pesetas que les estaba dando, pero no me venga a
decir que habla en nombre de 1.000 empresarios cuando si yo después
pregunto a los empresarios hay alguno que dice: quiero que me quiten de
la lista y no son capaces de quitarme aunque les requiero por notario.
Eso se estaba produciendo.
Hay otro tipo de asociaciones, que yo llamo asociacionillas, que tienen
entidad, pero que no tienen capacidad ni músculo para afrontar acciones
específicas en el comercio exterior, y estamos tratando de que se agrupen
para hacer una asociación con una masa crítica suficiente para poder
hacer cosas.
Después están las señoras asociaciones, que son las que realmente
representan y tienen capacidad de negociación, que son las que a nosotros
nos gustan. Nos gustan porque es mucho más duro trabajar; tener enfrente
una asociación fuerte es capaz de doblegarle a uno, sin embargo, sí
estamos seguros que cuando hacemos un plan estratégico, como hemos hecho
con el Icex o como cuando decidimos hacer la Expoconsumo, estamos
negociando y llegando a conclusiones con pesos específicos en la
industria y en el comercio del país. Eso es lo que estamos haciendo,
señor Zabalía.
Puede haber alguna asociación virtual que critique que les hemos quitado
los 3.000.000 de pesetas que les daban, pero se los hemos quitado después
de decirles: dígame usted sus NIF y dígame usted sus cuotas, y en base a
eso yo le doy. Lo hemos hecho con 20 ó 30 y no ha venido ni una. Esa es
la realidad.
Me preguntaba el Diputado del Grupo Socialista sobre la ley de fomento a
la exportación. Efectivamente, dijimos que estábamos trabajando en una
ley de fomento a la exportación, y seguimos trabajando, porque ha sido
una de las conclusiones de las jornadas. Lo que pasa es que en este
momento hay una ley de cooperación que está preparando el Ministerio de
Asuntos Exteriores, y estamos tratando de imbricar las dos cosas, porque
entendemos que la ley de fomento a la exportación tiene mucha relación
con la ley de cooperación. Estamos en ese proceso. No sé si nos llevará
cuatro, cinco o seis meses. Según el calendario legislativo de mi
Secretaría de Estado sé que está en proceso. En cualquier caso, era un
compromiso para esta legislatura y, por descontado, en esta legislatura
va a haber una ley de fomento a la exportación. Además, quiero decir,
respecto a la ley de fomento a la exportación, que la dinámica del
comercio exterior es tal que la situación de financiación internacional
que existía hace un año ya no es la misma que la que existe ahora. Hace
dos o tres años era importante el FAD. Ahora el FAD cada vez se está
contrayendo más, como decía S. S., pero además cada vez estamos teniendo
más problemas, no sólo para países, sino para pago de deudas. Incluso,
estamos teniendo más problemas para que esos países nos acepten créditos
concesionales. Lo que sí estamos notando es que la inversión está siendo
un elemento motor del comercio exterior muy importante. Y queremos
generar un fondo de inversión. Ustedes, que estuvieron en las jornadas,
verían que con la estructura de Cofides pretendemos hacer el gran fondo
de comercio a la exportación y de capital riesgo. Es decir, tratamos de
hacer una estructura, un marco global de fomento a la exportación, de
inversión en el exterior y de ayuda al exterior. En este proceso
legislativo estamos.
Me preguntaba el representante del PNV por el consejo asesor CAPI. Le
prometo que no sé lo que es el CAPI. Me preguntaba por el consejo asesor
regional. Le prometo que tampoco sé lo que es el consejo asesor regional.
Lo que sí quiero decirle es que estos instrumentos existían, pero estaban
muertos. Estaban muertos no sé por qué. Tampoco se trata de irnos al
pasado y analizar quién tiene la culpa. Estaban muertos. Nosotros lo que
hemos hecho ha sido revitalizar, en el marco de las jornadas, lo que
entendemos que va a ser el gran instrumento asesor del comercio exterior,
que también existía desde el año 1987, pero que sólo se había reunido el
día de su constitución. Queremos hacer el gran consejo asesor de la
exportación --está en proceso legislativo-- de tal manera que en ese
consejo asesor participen las comunidades exportadoras, las asociaciones
exportadoras, las asociaciones empresariales y las administraciones, de
tal forma que, con la encomienda de reunirse al menos una vez cada seis
meses, en ese consejo se puedan plantear todos los problemas y pueda
hacerse un seguimiento de la propia política exportadora del Gobierno.
Esto ya está en marcha. En cuanto a lo del CAPI y los asesores
regionales, señor Zabalía, no hemos hecho nada porque entendemos que con
el gran consejo asesor, que con el consejo asesor del Icex estamos
cubriendo las dos patas importantes del comercio exterior, es decir,
promoción y seguimiento de las exportaciones.
Coincido con usted --como le decía hace un momento-- en que el FAD cada
vez se va constriñendo más porque empieza en este momento a cumplir todo
su objetivo y todo su peso el consenso de Helsinki. Es decir, las
operaciones ya no las determinamos nosotros. A nosotros nos prioriza un
país una operación de FAD y nosotros tenemos que hacer un informe que
enviamos a París, a la OCDE, y la OCDE nos indica si podemos o si no
podemos. En ese proceso, como comprenderán, se van tres, cuatro y hasta
cinco meses, y aunque hay una reunión mensual en
París, a la cual asisten nuestros profesionales, como lógicamente entran
todas las operaciones, no tenemos la agilidad que teníamos hace tres o
cuatro años, cuando era una decisión soberana del Gobierno español al dar
un FAD o no. Además, ese envío a París implica, como es lógico,
publicidad; implica que nuestros competidores sepan lo que estamos
haciendo, por lo que no podemos dar un FAD para una operación sin que
empiecen las discusiones de si es viable comercialmente o se puede
financiar; es decir, una serie de disquisiciones que lo van retrasando,
porque ustedes saben cómo funcionan estos foros. Su señoría decía:
creemos una comisión, mandémoslo a ella y que se discuta, pero eso nos
retrasará.
En cualquier caso, quiero decirles que a pesar de que el FAD, durante el
año 1996, tuvo un ritmo extraño, con dientes de sierra, al final llegamos
casi a los 50.000 millones de pesetas de concesión de créditos FAD que
cumplen todos los requisitos de Helsinki. Además, en este momento tenemos
una cartera; es decir, proyectos de hasta 240.000 millones que han
entregado nuestras empresas para el estudio de su viabilidad, lo que nos
hace pensar que en el año 1997 podemos llegar a cubrir los 80.000
millones, que como saben, es el nivel que tenemos para créditos FAD.
La política de pymes, señor Zabalía, nos preocupa a todos, ya lo sabe. Yo
agradezco al representante del Grupo Socialista sus manifestaciones y veo
lógico que algunos de nuestros planteamientos no coincidan con los suyos.
Nos preocupa hasta tal punto que en las jornadas que vamos a celebrar el
día 10, y a las que todas SS. SS. están invitadas --lo mismo que S. S.
del PNV ha recibido la invitación supongo que la habrán recibido todos--,
pretendemos efectuar un planteamiento serio y sin ningún protagonismo. El
protagonismo lo van a tener los empresarios, las asociaciones y las
comunidades, porque de ahí van a surgir las medidas que tenemos que poner
en marcha. Estamos tan preocupados que hemos creado la comisión de
fiscalidad de las pymes, que concluye su trabajo el 30 de marzo, como les
decía antes, y basándonos en él se van a aprobar medidas concretas y
específicas. Estamos tan preocupados que hemos creado un grupo de trabajo
de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos --que depende del
presidente de la Comisión, que es el Vicepresidente económico, y
presidida en suplencia por mí como Secretario de Estado-- para tratar los
temas específicos de las pymes a nivel de ministerios sectoriales. Es
decir, que pretendemos hacer una política horizontal, que es la que lleva
a cabo mi Secretaría, y coordinar las políticas verticales de los
ministerios en la Comisión Delegada. La pyme es algo muy específico que
necesita una legislación si no individual, por lo menos que contemple las
particularidades de la pequeña y mediana empresa. Nuestra preocupación
llega hasta el punto de que hemos mantenido reuniones con todas las
asociaciones representativas de pequeños y medianos empresarios. Yo estoy
harto, en el buen sentido, de ir a Cataluña a reunirme con los
empresarios catalanes porque representan un tejido de pymes muy
importante, y al País Vasco y a Andalucía, porque entendemos que
difícilmente podemos legislar para las pymes sin estar sensibilizados y
sin estar enterados directamente de sus problemas. La Dirección General
de Política de la Pequeña y Mediana Empresa está haciendo esfuerzos
ímprobos para coordinar y para unificar todas sus necesidades en una sola
dirección: que haya un solo interlocutor y, como usted decía, que haya
una política específica para las pymes. Ahí nos estamos moviendo y ahí
nos vamos a mover. A mí me gustaría, cuando se concluyan estas jornadas
sobre las pymes, venir a informarles de las conclusiones que se saquen,
porque entiendo que es algo importante para el desarrollo económico del
país como generadores de empleo que son. O solucionamos el problema del
paro con las pymes, o difícilmente lo vamos a solucionar. Yo me ofrezco a
venir a informar, cuando estas jornadas concluyan y cuando la comisión de
fiscalidad de pymes termine sus trabajos el 30 de marzo, sobre la
política que ha salido de todo ese trabajo. Lo mismo que hablamos de que
el comercio exterior debe considerarse como política de Estado, entiendo
que las pymes también deberían serlo, poniéndonos de acuerdo en la
mayoría de los asuntos a desarrollar. Esto les permitiría, sobre todo al
pequeño y mediano empresario, tener la perspectiva a largo plazo de
decir: éste es el marco en el que me voy a mover y esto es lo que me va a
permitir tomar decisiones sin estar al vaivén de por dónde pueden moverse
los vientos. Yo, señoría, me ofrezco a venir aquí a explicar, de forma
sintética, las conclusiones de las jornadas de pymes.
Los paradores de turismo, señor Zabalía. Vuelvo a repetir que se van a
privatizar los paradores de turismo que sean privatizables, y perdóneme
que conteste así. Cada vez me convenzo más de que los paradores de
turismo son un elemento importantísimo de la promoción en el exterior de
nuestro turismo y de promoción de regiones específicas que necesitan ser
promocionadas turísticamente. Sin embargo, hay paradores que han perdido
esos dos condicionantes: ni promocionan nuestro turismo en el exterior
porque no venden nada distinto, ni promocionan la zona donde están
ubicados porque ya hay hoteles privados que hacen esa función. Esos
serían los que puedan ser privatizados. Ya hay un plan --que, como saben,
se presentó en el mes de noviembre-- en el que se definían 20 paradores
que eufemísticamente dijimos que íbamos a meter en la UVI. Eso quiere
decir que vamos a analizar en profundidad cuál es su viabilidad dentro de
la red de paradores, unos porque son un pozo sin fondo y otros porque han
perdido esas dos misiones fundamentales de los paradores. Los que son un
pozo sin fondo a lo mejor tienen que seguir siéndolo porque cumplen los
objetivos de promocionar en el exterior una zona, pero bastantes entre
esos 21 son paradores que podrán privatizarse. Pero hay que tener
cuidado, cuando se habla de privatizaciones de paradores, porque hace
unos días un gran empresario me dijo: yo estoy dispuesto a privatizar los
paradores. Y yo le contesté: ¿en qué condiciones? Y me respondió: los
empleados son tuyos; las instalaciones, también, y yo gestiono los
paradores. A lo que le respondí: Para eso me los reprivatizo yo. Los
paradores tienen unas connotaciones importantes, repito, sobre todo de
promoción. Hasta tal punto que mañana voy a Valladolid a firmar un
acuerdo para construir el parador de Lerma; con la Comunidad de Andalucía
hemos puesto en
marcha dos que estaban medio paralizados; con las Canarias hemos puesto
en marcha uno que también estaba medio parado; con la comunidad catalana
estamos viendo la posibilidad de crear un marco regional de paradores,
porque entendemos que los paradores también pueden servir para
regionalizar nuestro turismo, vendiendo comida típica de la zona,
vendiendo folklore; es decir, promocionando el turismo en el exterior.
Poco más puedo decirles, salvo que las jornadas, y con esto contesto
genéricamente, pretendo que sean un punto y seguido para cualquiera que
pueda venir después y quiera seguir tirando de la locomotora, que tiene
que ser el turismo, el comercio exterior o el comercio interior.
Permítanme, antes de acabar, que hable del observatorio --que yo llamo,
entre comillas, astronómico, porque está adquiriendo una dimensión
importante--, del observatorio de la distribución. Es importantísimo el
que por primera vez en muchos años se estén sentando en una mesa las
grandes superficies, los pequeños comerciantes, los suministradores de
materia prima, las comunidades autónomas, y que por primera vez no se
tiren los trastos a la cabeza. Está siendo importantísimo ver cómo están
llegando a conclusiones que yo hace seis meses decía: es imposible. Han
celebrado seis comisiones de trabajo sobre los temas más conflictivos,
como la ley del comercio, el urbanismo comercial, la libertad de
horarios, etcétera, y están llegando a conclusiones. Cuando se convocó
una rueda de prensa de todos, a la que yo asistí, dije: esto va a salir
como el rosario de la aurora, ¡hablando las grandes superficies y los
pequeños empresarios! Pues no fue así. Al final, todos coincidieron y el
mensaje que se transmitió fue que allí estaban todos tratando el problema
de la distribución del año 2000 y que iban a ser capaces de llegar a una
conclusiones. Soy optimista y creo que de ese observatorio de la
distribución pueden salir decisiones muy importantes para el futuro. Soy
tan optimista porque incluso a nivel europeo están pretendiendo hacer lo
mismo que nosotros; es decir, un observatorio de la distribución en el
que pueda plantearse la problemática a nivel de Europa entre los grandes
sectores o elementos contradictorios de la distribución.
Me preguntaba el Diputado socialista sobre una tasa de la que no voy a
opinar porque es uno de los temas de análisis que se está abordando en el
observatorio de la distribución. Y como quiero ser muy respetuoso con las
conclusiones de los que verdaderamente saben de las cosas que tratan,
pero que ese observatorio presente sus conclusiones, que lo hará
públicamente, y entonces adoptaremos una posición.
Esto es todo por mi parte, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Comercio, por su
intervención. A la vista de que considero que, lógicamente, no ha lugar a
hacerle más preguntas u observaciones que entiendo que han sido ya
contestadas y las que no lo han sido se ha comprometido el señor
Secretario de Estado a realizar nuevas comparecencias, bien directamente,
bien a través del señor Vicepresidente... (Risas.) --créanme que soy
absolutamente inconsciente de la velocidad de mi habla (Risas.)--, se
levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.