CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 157



DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS



PRESIDENTE: DON GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA



Sesión núm. 6



celebrada el jueves, 27 de febrero de 1997



ORDEN DEL DIA:



Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, de la proposición de ley por la que pasa a
denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de Baleares. (Números
de expediente 125/000016 de la IV Legislatura y 125/000007 de la V
Legislatura.) Presentada por la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares-Parlamento. (Número de expediente 125/000001) (Página 4274)



Proposición no de ley:



--Relativa al proceso de culminación de transferencias en materia de
suelo a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(Número de expediente 161/000062) (Página 4276)

Página 4274



Se abre la sesión a las once de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días.

Vamos a comenzar la sesión de la Comisión, cuyo orden del día tiene dos
puntos.




--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LA PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE PASA A
DENOMINARSE OFICIALMENTE ILLES BALEARS LA PROVINCIA DE BALEARES. (Números
de expediente 125/000016 de la IV Legislatura y 125/000007 de la V
Legislatura.) PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES-PARLAMENTO. (Número de expediente 125/000001.)



Al señor PRESIDENTE: Primer punto: Aprobar, si procede, con competencia
legislativa plena por parte de esta Comisión, la proposición de ley por
la que pasa a denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de
Baleares. Presentada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

No se han presentado enmiendas.

¿Grupos Parlamentarios que deseen intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cava de
Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Espero que hoy sea un día histórico
para la Comunidad de las Islas Baleares porque, parece ser que por
unanimidad, se va a aprobar una proposición de ley proveniente de aquel
Parlamento. Esto es motivo de satisfacción para esta Diputada por tres
razones principales. Primero, porque el consenso es un bien escaso
políticamente y es agradable y bueno que exista en determinados casos.

Segundo, porque se cumple la voluntad de todo un pueblo, el de las islas
Baleares, representada por el Parlamento, que ha querido reivindicar una
denominación para la provincia de Baleares que sea igual a la de la
comunidad autónoma. Tercero, porque tuve la oportunidad de ser ponente
cuando este tema se debatió en el Parlamento de las islas Baleares y he
vuelto a serlo cuando se ha debatido en el Congreso de los Diputados.

Buceando en la historia de nuestras islas, nos encontramos con que, según
el historiador Alomar y Estévez, el nombre de Baleares dado al conjunto
del archipiélago existía ya hacia el siglo VII antes de Cristo.

Posteriormente, hubo una escisión parcial del archipiélago que dio origen
a la doble denominación de Gimnesias, para designar a Mallorca y Menorca,
e islas Pitiusas para designar a Ibiza y Formentera. Esta escisión
terminó en el año 163 antes de Cristo, con la conquista romana. Desde esa
fecha, el gentilicio balear ha designado a los habitantes de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera, hasta que, pasando ya a la historia
reciente, concretamente al real decreto de Javier de Burgos de 30 de
noviembre de 1833, sobre la división de España en cuarenta y nueve
provincias, se denominó al archipiélago como provincia de Baleares.

La proposición de ley consta únicamente de un artículo, dos disposiciones
adicionales y una disposición final y tiene un claro antecedente en la
Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la que pasan a denominarse oficialmente
Lleida y Girona las provincias de Lérida y Gerona.

En nuestro caso, señorías, no se trata solamente del cambio de lengua
sino de que las islas Baleares tengan una denominación idéntica, tanto
para la comunidad autónoma como para la provincia. Sepan ustedes que
hasta ahora no coincidían, porque la denominación oficial de la comunidad
autónoma es la de islas Baleares y, en cambio, la de la provincia,
Baleares, a secas, situación ésta que, afortunadamente, hoy se modificará
si, como es de prever, se mantiene la unanimidad conseguida en su día.

Nos parece lógico que el Parlamento balear se rebelara de forma unánime
ante la obligatoriedad jurídica consistente en que en las propias normas
que iban emanando de las instituciones de dicha comunidad sólo podía
hacerse referencia de forma oficial a la provincia balear usando su
denominación castellana de islas Baleares. Y todo ello a pesar de que el
artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, por la que se
aprobó el Estatuto de autonomía de las islas Baleares, dice que la lengua
catalana, propia de las islas Baleares, tendrá, junto a la castellana, el
carácter de idioma oficial. De ahí, señorías, la fundamentación de esta
proposición de ley y el intento de conseguir que el nombre de Illes
Balears pueda ser utilizado de forma oficial en la lengua catalana propia
de las islas Baleares.

Resulta del todo ilógico que el topónimo Illes Balears sea oficial cuando
se defina el nombre de la comunidad autónoma asentada en el archipiélago
balear, al amparo de lo establecido en el estatuto de autonomía, y que,
por el contrario, el mismo topónimo de Illes Balears no tenga carácter
oficial al referirse a la provincia, asentada precisamente sobre la misma
base territorial que la comunidad autónoma.

Por ello, para evitar esta absurda discordancia, se presentó en su día la
proposición de ley que hoy debatimos. Consta de dos puntos, el primero,
que he explicado, y el segundo, que se refiere al cambio de las siglas PM
por IB en los permisos de circulación y en las placas oficiales de
matrícula de los vehículos de la provincia.

Queremos manifestar que es cierto que las siglas PM representan
únicamente a los habitantes de la capital, es decir, Palma de Mallorca,
pero no a los de los pueblos de Mallorca y muchísimo menos a los de
Menorca, Ibiza y Formentera, mientras que las siglas IB son
representativas de toda la provincia, que, aun siendo uniprovincial, es
pluriinsular y comprensiva, por tanto, de Mallorca, Menorca, Ibiza,
Formentera y Cabrera.

Si a esto añadimos que el artículo 149 de la Constitución asigna al
Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de
vehículos de motor y que el artículo 5 del texto articulado de la ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
establece que la matriculación de los vehículos corresponde al Ministerio



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del Interior, resulta evidente que no hay argumento alguno que justifique
su no aceptación por esta Cámara.

Hay que tener en cuenta, señorías, tal y como se advirtió en el trámite
de ponencia, que hay una circunstancia y es que en estos momentos se
encuentra muy avanzada la elaboración del futuro reglamento de vehículos
y esto puede ocasionar que haya unas ciertas discordancias, pero creo que
es bueno aprobarlo tal y como viene, sin perjuicio de que, cuando se
apruebe este reglamento, haya que modificar el tema de las matrículas.

Quiero señalar --no quisiera que se me olvidara-- que hay un correctivo
dentro de esta proposición de ley. Sin perjuicio de que a partir de ahora
pase a denominarse Illes Balears, se concreta en la disposición adicional
primera que en todas aquellas cuestiones que puedan estar relacionadas
con publicaciones, actos culturales o cualquier otra manifestación que se
haga, no es imprescindible la exigencia de utilización del término Illes
Balears en la lengua propia de las islas Baleares. En estos casos se
podrá utilizar, cuando se vaya a hablar de las Illes Balears, en lengua
castellana islas Baleares. Creo que éste es un síntoma de la tolerancia
del pueblo balear que, sin perjuicio de querer recuperar sus raíces, sus
idiomas y sus signos de identidad y volver a denominar a las islas
Baleares como Illes Balears, que es como debió hacerse siempre, ha
respetado que en esos casos determinados se pueda hablar de islas
Baleares.

Solamente me queda, señorías, expresarles mi agradecimiento por su
atención y por la acogida que con toda certeza estimo tendrá esta
iniciativa, que es histórica para el pueblo de las islas Baleares, al que
represento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Moragues tiene la palabra.




El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, intervendré con muchísima
brevedad puesto que, dada la documentada intervención que ha hecho la
ilustre portavoz del Grupo Popular, a los otros grupos nos queda muy poco
que añadir. Sí quiero expresar nuestra satisfacción --como ha hecho ella
también-- porque un trámite que se ha alargado tanto en el tiempo
finalice, al menos en esta Cámara, en el día de hoy. Vale la pena
recordar que este proceso se inicia allá en el mes de noviembre de 1992,
en el Parlamento de las islas Baleares, y finaliza en el año 1997. Por lo
tanto, emulando un poco a los clásicos, podríamos decir que ha habido
mucho tiempo para tan pocas nueces, seguramente, porque es una ley que
tiene un carácter simbólico importante, pero que tendrá una virtualidad
muy concreta y ceñida a los ámbitos insulares.

En todo caso --como he dicho--, quiero expresar nuestra satisfacción
porque ésta es una ley que clarifica la diversidad toponímica que a lo
largo de la historia --como ha recordado la portavoz del Grupo Popular--
se ha ido desarrollando. Las islas Baleares, como denominación, tiene
problemas incluso desde el real decreto de Javier de Burgos de 1833, y
luego se han ido añadiendo distintos topónimos, incluso con carácter
oficial. Por tanto, esta ley clarifica oficialmente y elimina la
confusión terminológica que ha caracterizado la denominación de las islas
Baleares. Estamos absolutamente de acuerdo con lo expuesto por la
portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que se equipara, por primera
vez, la denominación de la provincia de las islas Baleares con la
terminología consagrada por el estatuto de autonomía.

En definitiva, señorías, expresamos nuestra satisfacción porque ha
finalizado un trámite que servirá para terminar con la confusión de la
toponimia de las islas Baleares y porque los habitantes de las islas
Baleares podremos denominarnos oficialmente pertenecientes a la comunidad
de las Illes Balears y también pertenecientes a la provincia de las Illes
Balears. No como ahora, que cuando hablábamos como comunitarios podíamos
reclamarnos miembros de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, pero
si hablábamos desde el punto de vista de la provincia, teníamos que decir
que pertenecíamos a la provincia de las islas Baleares. Esta es una ley
que normaliza la situación y, como tal, creo que será objeto de
satisfacción para toda la comunidad autónoma.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán González.




La señora URAN GONZALEZ: Como decía el portavoz del Grupo Socialista,
cada vez nos quedan menos cosas que decir al resto de los grupos que
vamos interviniendo. Por nuestra parte --y de manera muy breve--, nos
felicitamos de que, por fin, hayamos conseguido acabar el trámite de esta
iniciativa que venía del Parlamento balear y nos sentimos satisfechos por
haber conseguido que se consensue la denominación de las Illes Balears a
todos los efectos, porque creemos que esto es un paso más para el
reconocimiento de la pluralidad lingüística que existe en nuestro Estado.

Esperamos y deseamos que se siga avanzando en ese sentido y en ese
camino, para que todos los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes
comunidades autónomas de nuestro Estado se sientan reflejados a través de
su lengua, de sus topónimos y sentimos la satisfacción y la alegría de
que hayamos conseguido, por fin, acabar este trámite.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.




La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, para mi grupo es entrañable y
coherente que el nombre genuino de la comunidad balear se universalice en
la lengua propia de la provincia balear, lengua propia que compartimos,
como saben todos ustedes, desde hace siglos, y es que para nuestros
pueblos es una pertenencia común e irrenunciable.

En honor a la verdad, debo decir que, en determinados momentos, sentí
escalofríos al creer que las Illes Balears no eran las Illes Balears,
sino que iban a ser, las Illes Balears, islas Baleares y que, por
extensión, alguien considerara que esto también podía llegar a los
apellidos de las personas y que el señor Zapatero, en las Illes Balears
fuera el señor Sapaté y que el señor Michavila, en Cataluña,



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fuera algo así como media ciudad, que es mucho, pero no suficiente,
supongo. (Risas.) En cualquier caso, esto fue un nubarrón fugaz.

Por ello y en nombre de mi grupo, yo hago explícita nuestra satisfacción
por el respeto de todos los grupos aquí presentes a la voluntad de la más
alta institución y a todo el pueblo de las Illes Balears.




El señor PRESIDENTE: Si no hay más intervenciones, vamos a proceder a la
votación de la proposición de ley.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




PROPOSICION NO DE LEY:



--RELATIVA AL PROCESO DE CULMINACION DE TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE
SUELO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000062.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
proposición no de ley relativa al proceso de culminación de
transferencias en materia de suelo a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Por parte de todos los grupos parlamentarios, se ha presentado una
enmienda que recoge esta Presidencia con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 114 del Reglamento, por cuya virtud quedaría redactada así la
proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que en el menor plazo se desarrolle y culmine el proceso de
transferencias en materia de suelo a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este es el punto primero.

Segundo, estudiar el desarrollo del proceso por el cual los suelos y
posibles derechos económicos de titularidad de la empresa estatal Sepes,
de actuaciones ubicadas en Andalucía, puedan ser objeto de transferencias
de titularidad en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero, garantizar, en su caso, las dotaciones presupuestarias
correspondientes a las actuaciones vigentes en desarrollo, conservación y
mantenimiento, referidas a cuantos suelos sean objeto de transferencia en
relación con los dos puntos anteriores.

¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: El Grupo Popular tenía una posición inicial en
línea de no aceptar la propuesta de Izquierda Unida. No obstante, a fin
de lograr un consenso, como alguien ha dicho hace un minuto, situación
poco frecuente en los últimos tiempos, y por coherencia con lo que
nuestro grupo ha mantenido en la asamblea legislativa de Andalucía, hemos
aceptado la enmienda transaccional que ciertamente es la que ha permitido
el consenso.

De manera muy breve quiero recordar que la sociedad Sepes fue creada por
un decreto de 1981, que curiosamente lleva el refrendo del que les habla
en este momento, como consecuencia de un real decreto-ley de 1980, que
intentaba encauzar la acción del Estado, fundamentalmente en materia de
suelo industrial.

Al acelerarse el proceso de transferencia a las autonomías, en los años
1984 y 1985 se planteó la misma cuestión que plantea ahora la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, dando plena efectividad a las previsiones del Título VIII de
la Constitución.

Se celebraron una serie de reuniones en el entonces Ministerio de
Administración Territorial, poniéndose de manifiesto las dificultades que
había por el carácter mercantil de la sociedad Sepes, pero en el espíritu
de descentralización que significa el propio Estado de las autonomías, y
se culminó en un real decreto de 1985, por virtud del cual se
transfirieron a la Comunidad Autónoma andaluza la totalidad de las
participaciones accionariales en las sociedades de gestión urbanística,
en el lenguaje coloquial las llamadas gestures.

En puridad, entendemos que no queda prácticamente nada que transferir,
está todo transferido, pero, por si queda algún fleco de alguna
transferencia, es la razón por la cual vamos a votar favorablemente la
enmienda transaccional en términos de que si queda alguna competencia no
transferida, sea objeto de transferencia. Creemos que muy poco queda por
transferir. La sociedad Sepes es una sociedad mercantil, pertenece al
sector público empresarial y en principio no es materia objeto de
transferencia, pero que se estudie, como se dice en el apartado dos de la
propuesta, y, si así procede, que se haga.

En lo que concierne a las transferencias en materia de suelo, ya se han
efectuado todas, en los términos del cauce establecido para las
transferencias autonómicas con carácter general al resto de las
autonomías de España, pero si queda alguna competencia que sea
transferible, que se transfiera. Finalmente, si, como consecuencia de uno
y de otro puntos, hay algún recurso presupuestario que proceda ser
transferido, que también se transfiera.

En definitiva, creemos que con la enmienda transaccional se posibilita
que lo que pueda ser conveniente que se transfiera a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los términos generales establecidos para el
resto de las comunidades, se transfiera, sin ningún otro inconveniente
por nuestra parte. Como digo, de esta manera cumplimos con coherencia con
lo que en su momento se votó por nuestro grupo en el Parlamento andaluz.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Cuevas.




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El señor CUEVAS DELGADO: La oportunidad de esta proposición tiene su
origen porque la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de política territorial, como saben SS. SS.,
ordenación del territorio, del litoral, urbanismo y vivienda. Esto se
articuló en sendos decretos en los años 1979 y 1983, y posteriormente se
constituyó la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, que ya lleva tiempo
funcionando y gestionando estas competencias. Faltaba por realizar una
competencia en materia de suelo industrial, que es la que todavía se
mantiene dentro de la sociedad estatal Sepes. Eso es lo que se pide en
esta proposición. Nos parece que no hay ningún impedimento legal y que es
bueno y necesario que se haga, por cuanto, como he dicho antes, todas las
transferencias están ya realizadas en cuanto a atribuciones, pero falta
materializarlo en el tema del suelo industrial.

Nos hubiera gustado que quedara mucho más clara esta circunstancia y que
incluso se hubiera previsto que en la proposición se incluyera la
convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para hacerla
efectiva, pero, en aras del consenso, también aceptamos este texto. Nos
parece que, si es como ha dicho el portavoz de Grupo Popular, el Gobierno
lo estudiará y estoy seguro de que lo hará. Si no, seguiremos el proceso
y volveremos a insistir para que estas transferencias se realicen,
porque, como he dicho antes, no tiene ningún sentido que haya dos
organismos en Andalucía gestionando una misma función. Además, en el caso
de Sepes es residual, porque sólo se dedica al suelo industrial.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Con una brevedad insólita para esta Diputada,
quiero decir que la proposición no de ley que se presenta tiene un
objetivo claro y es la normalización del proceso de transferencias y
traspasos a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de suelo
industrial y sobre todo abordar las incompatibilidades que en dos entes
con casi las mismas competencias están planteadas en Andalucía, como es
el caso de EPSA y Sepes.

De todas maneras, en aras del consenso, del que soy amiga, aunque no lo
parezca, no voy a polemizar ni mucho menos con el señor Ortiz, sino a
decir que, aun reconociendo que descafeíno a límites insospechados mi
propia propuesta, hoy es de esas mañanas en que una aboga por el consenso
frente a la confrontación. Por tanto, no entro por los vericuetos de la
polémica, sino por sacar adelante una proposición no de ley en términos
de consenso absoluto por parte de todos los grupos políticos y espero el
reconocimiento con respecto a que Izquierda Unida hace un esfuerzo de
generosidad. Eso sí, emplazamos a que el Gobierno cumpla los términos
planteados en esta proposición no de ley. Si no se aborda así, volveremos
a intentar el consenso y, si no, lo plantearemos en los términos en que
lo habíamos traído inicialmente.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario desea intervenir?
(Pausa.)
Por consiguiente, someto a la aprobación de SS. SS. la proposición no de
ley relativa al proceso de culminación de transferencias en materia de
suelo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Muchas gracias, señorías, por haber alcanzado este acuerdo.

Se levanta la sesión.




Eran las once y treinta minutos de la mañana.