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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 153, de 26/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 153
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 11
celebrada el miércoles, 26 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dar lectura a la Declaración Institucional presentada por los portavoces
de los Grupos Parlamentarios sobre el asalto a la librería Lagun, de San
Sebastián (Página 4182)
Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de Ley
por el que se modifica la Ley 1/86, de 7 de enero, por la que se crea el
Consejo General de Formación Profesional. (Número de expediente
121/000022) (Página 4182)
Comparecencia de la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil
de Biedma) para explicar la opinión de su Ministerio sobre la situación
educativa de Euskadi, así como para contrastar los criterios de calidad
educativa, de financiación, de educación en valores... ante las opiniones
manifestadas por la titular del Ministerio el 15 de enero de 1997. A
solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente
213/000187.) Retirada (Página 4183)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de
Formación Profesional. (Número de expediente 121/000022) (Página 4183)
Comparecencia de la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil
de Biedma), para:
--Explicar la política general en materia de cultura. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000060)
(Página 4192)
--Dar cuenta de la posición expresada por la señora Ministra en relación
con los contenidos sexistas y xenófobos de un libro recomendado a
estudiantes universitarios por su catedrático. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 213/000175) (Página 4207)
--Informar sobre recientes declaraciones sobre la libertad de cátedra. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000181) (Página 4208)
Preguntas:
--Del señor Navas Amores (Grupo IU-IC), sobre las manifestaciones de la
señora Ministra de Educación y Cultura acerca de la actitud de los
jóvenes radicales que organizan y protagonizan las algaradas callejeras
en la Comunidad Autónoma Vasca. (Número de expediente 181/000315)
(Página 4213)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de hoy, con arreglo al
orden del día.
En primer lugar, la Mesa les debe proponer una alteración de dicho orden
del día, dado que la comparecencia de la señora Ministra de Educación y
Cultura ha de retrasarse porque está en el Senado cumpliendo un trámite
análogo al que hoy la requiere aquí, en cuyo caso lo que haríamos sería,
una vez ratificada la ponencia, si ustedes así lo desean, entrar a
considerar el proyecto de ley que tenemos pendiente de dictamen y, a
continuación, haríamos las comparecencias.
¿Están ustedes de acuerdo?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: ¿A qué hora serían las votaciones?
El señor PRESIDENTE: Las votaciones se harán una vez acabadas de discutir
todas y cada una de las enmiendas. ¿Quiere usted, señor Guerra, que se
hagan al final de la mañana?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Como usted quiera, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que cuando acabemos de debatir las enmiendas
está bien.
DAR LECTURA A LA DECLARACION INSTITUCIONAL PRESENTADA POR LOS PORTAVOCES
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOBRE EL ASALTO A LA LIBRERIA LAGUN, DE SAN
SEBASTIAN.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a dar lectura a la
declaración institucional que ha sido presentada por los portavoces de
todos los grupos parlamentarios sobre el asalto a la librería Lagun.
Doña Olga, ¿tiene la amabilidad de leerla?
La señora SECRETARIA (Mulet Torres): Dice así: Primero. La Comisión de
Educación y Cultura del Congreso de los Diputados rechaza con la máxima
rotundidad cualquier acto violento y se suma a la condena de las
instituciones y de los ciudadanos ante el terror y el drama personal de
los más recientes: el asesinato del teniente coronel Jesús Cuesta Abril y
los secuestros de José Ortega Lara y Cosme Delclaux.
Segundo. La Comisión de Educación y Cultura quiere, además, hacer una
condena especial ante los repetidos ataques a la librería Lagun, de San
Sebastián. El libro es el instrumento y el símbolo más claro de la
libertad y de la cultura, y las librerías su vehículo necesario. Son, por
ello, los mayores enemigos de los totalitarismos.
Tercero. La Comisión de Educación y Cultura desea, asimismo, con esta
declaración institucional, alertar y movilizar a los poderes públicos y a
la conciencia ciudadana sobre la gravedad de cualquier actitud de
pasividad o tolerancia contra esta peligrosa y creciente manifestación de
intolerancia.
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por unanimidad? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 1/86, DE 7 DE ENERO, POR LA QUE SE CREA EL
CONSEJO GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL. (Número de expediente
121/000022.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día, ratificación de la
ponencia del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 1/1986, de 7
de enero, creadora del Consejo General de Formación Profesional. La
ponencia estaba compuesta por los señores Camps Devesa, García-Alcañiz
Calvo, Hernando Fraile, Romero López, Valcarce García, Sabanés Nadal, Gil
i Miró, González de Txabarri Miranda, Rivero y Baute y Rodríguez Sánchez.
¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.)
Queda ratificada.
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (AGUIRRE Y
GIL DE BIEDMA) PARA EXPLICAR LA OPINION DE SU MINISTERIO SOBRE LA
SITUACION EDUCATIVA DE EUSKADI, ASI COMO PARA CONTRASTAR LOS CRITERIOS DE
CALIDAD EDUCATIVA, DE FINANCIACION, DE EDUCACION EN VALORES... ANTE LAS
OPINIONES MANIFESTADAS POR LA TITULAR DEL MINISTERIO EL 15-1-97. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente
213/000187.)
El señor PRESIDENTE: También quiere someter la Mesa a su consideración
que la comparecencia que figura como número 6 ha sido retirada por el
Grupo Vasco, a fin de que den ustedes su aprobación a dicha retirada. ¿Se
da la aprobación? (Asentimiento.)
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA
LEY 1/1986, DE 7 DE ENERO, POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE
FORMACION PROFESIONAL. (Número de expediente 121/000022.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, debido a la alteración del orden
del día aprobada por la propia Comisión, vamos a entrar a estudiar el
proyecto de ley.
Según el listado que obra en poder de la Mesa, la exposición de motivos
no tiene enmienda alguna. De tenerla, y por precepto reglamentario,
entraríamos en su estudio en último lugar.
Sobre el artículo único existen cuatro enmiendas al apartado uno, número
1. La número 1 es del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. ¿Les
parece a SS. SS. que se dé por defendida?
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, que se mantenga
en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Se tiene por defendida.
La número 14 es del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco ha
presentado una enmienda a este proyecto de ley por el que se modifica la
Ley 1/1986, de 7 de enero, en la que se creaba el Consejo General de
Formación Profesional, al entender que no están suficientemente
explicitados en el primer artículo los ámbitos competenciales
referenciados en dicho órgano. La enmienda hace cuestión de este ámbito
competencial, solicitando una redacción más adecuada y más ajustada a
dichos ámbitos competenciales, porque se está hablando aquí de un órgano
que hace referencia al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando comunidades autónomas como la
Comunidad Autónoma Vasca tienen competencias exclusivas y plenas, tanto
en materia de educación como de ejecución pública. Entendemos que si bien
el Gobierno del Estado puede autoorganizarse como entienda oportuno, y
parece claro que en un órgano de amplia representación como éste la
pluralidad está garantizada --aunque por los sistemas de votación que se
proponen, etcétera, podríamos entrar en otro tipo de disquisiciones--,
ello no es óbice para que las comunidades autónomas con competencias en
estas materias puedan verse representadas de una forma u otra e incluso
pudieran, en sus propios ámbitos competenciales, estudiar otras formas de
organización.
Por ello, lo que el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) solicita con esta
enmienda, que es una enmienda que tiene otras correlativas, tanto por el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria como por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) --es una enmienda repetida en los tres
grupos--; lo que se solicita, repito, en definitiva, es la adecuación de
los ámbitos competenciales de este órgano a las competencias que están
establecidas entre el Estado, el Gobierno central y las comunidades
autónomas.
El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra la señora
García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: El Grupo Parlamentario Popular, en
coherencia con el debate que se celebró en el año 1985, cuando se trajo a
la Cámara este proyecto de ley, argumentó, en su momento, que existía una
inadecuada composición del mismo. Y existía una inadecuada composición
del mismo si bien es cierto que otros grupos, como el PNV, acompañaron en
estos criterios argumentales que hizo el Grupo Popular, entonces el señor
Montesinos García, el que existía también una realidad social, una
realidad de composición del Estado español en el que nos parecía ya en
aquel entonces que debían estar representadas las autonomías. Y esto
viene exactamente en la enmienda que nos presenta en estos momentos el
Grupo Nacionalista Vasco.
Con el objetivo de adecuar este y otros órganos institucionales a la
realidad, y con la voluntad decidida de mejorar la calidad de la
enseñanza y desarrollar una coordinación
en las distintas autonomías y en el órgano central del Estado español,
nosotros ofrecemos al Grupo Nacionalista Vasco una transaccional. Como él
ha esgrimido en su argumentación, existe también la enmienda número 1, de
Coalición Canaria, y la enmienda número 15, de Convergència i Unió. Señor
Presidente, si me permite, voy a dar lectura al texto de la enmienda
transaccional que el Grupo Popular ofrece al Grupo Parlamentario Vasco:
«Se crea el Consejo General de Formación Profesional, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como órgano consultivo y de
participación institucional de las administraciones públicas y de
asesoramiento del Gobierno en materia de formación profesional.»
Señor Presidente, creo que con los elementos que nosotros hemos plasmado
en esta transaccional quedan satisfechos, a nuestro juicio, los objetivos
perseguidos tanto en la enmienda número 15, del Grupo de Convergència i
Unió, como en la enmienda número 1, del Grupo de Coalición Canaria, y
asimismo los de la enmienda número 14, del Grupo Nacionalista Vasco, al
que nosotros ofrecemos esta transaccional.
El señor PRESIDENTE: ¿Se consideran suficientemente informados del
contenido de la enmienda transaccional? (Pausa.) ¿Quieren hacer alguna
manifestación al respecto? (Pausa.)
Por favor, haga llegar a la Mesa esa enmienda transaccional y, en
consecuencia, se entiende que las enmiendas números 14, del Grupo
Parlamentario Vasco, y 15, del Grupo Parlamentario Catalán, quedan
retiradas. No sé yo si tenemos capacidad de disponibilidad sobre la
enmienda del Grupo de Coalición Canaria. Al no estar presente ningún
miembro de dicho grupo, la votaríamos.
A continuación, pasamos al estudio de la enmienda número 19, del Grupo
Parlamentario Socialista, al apartado 1, número uno. Doña Carmen Romero
tiene la palabra.
La señora ROMERO LOPEZ: Nuestra enmienda viene simplemente a reponer la
especificidad del tipo de formación profesional que está recogido en esta
ley, porque desde nuestro punto de vista, en la anterior ley que ésta
modifica, también estaba recogida la especificidad. Por tanto, no
entendemos muy bien las razones por las cuales se ha suprimido la misma
en la denominación de los dos tipos que se recogen en el proyecto de ley.
Comprendemos que existe un término genérico que incluiría las dos
denominaciones: la denominación de reglada y la denominación de
ocupacional. Pero precisamente por ese carácter integrador que el
proyecto tiene y que su espíritu refleja, nosotros pensamos que era
conveniente mantener esas dos denominaciones. Esa es la razón de haber
incluido una enmienda de esta naturaleza, a pesar de que, como digo, el
término genérico incluye, pero desde nuestro punto de vista es mejor que
quede especificada la naturaleza de cada una de las dos variantes, de
cada uno de los dos subsistemas que este Consejo representa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Aceptando las argumentaciones que la
señora Romero ha hecho respecto a la enmienda número 19, presentada por
el Grupo Socialista, nosotros creemos sinceramente que la diferenciación
existente en la terminología de la formación profesional respecto a
reglada o no reglada, y después, incluso dentro de la no reglada,
aquellos trabajadores que están ocupados o aquellos contratos de
aprendizaje, siendo la terminología usual que se ha venido utilizando, no
nos creemos que esté acorde con la que está al uso en todos los países
comunitarios. Nuestra formación profesional vendría a ser el vocational
training que se utiliza en toda la Comunidad y también, en definitiva, en
todo el mundo educativo, término mucho más amplio que el de la propia
Unión Europea. Y si es cierto que el idioma español tiene una riqueza de
vocabulario y en su léxico muy considerable para hacer diferenciaciones,
creo que en este caso las diferenciaciones son más bien referentes a
otros términos y no a la propia formación profesional, y eso lo sabe muy
bien la señora Romero puesto que es una experta en filología.
Por tanto, haciendo una unificación de la terminología española, de la
terminología utilizada en la Unión Europea, creemos que no debe hacerse
esa diferenciación y, en consecuencia, debe permanecer el término
genérico, amplio y que engloba a todos los demás de formación
profesional.
Por tanto, rechazamos esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere consumir algún turno de réplica, señora
Romero? (Asentimiento.) Tiene la palabra.
La señora ROMERO LOPEZ: Sólo matizar que no nos parece correcto el uso de
la palabra «unificación». En todo caso, se trata de una integración, como
el propio anteproyecto define en sus objetivos, una integración de ambos
subsistemas.
El señor PRESIDENTE: La señora García-Alcañiz tiene la palabra.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor Presidente, yo creo que en la
riqueza de vocabulario podrían entrar muchísimos términos, pero creo que
se ha entendido perfectamente el concepto que quería explicitar.
El señor PRESIDENTE: Al número dos, artículo único, de la ley no incluido
en la reforma, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la número 9. Señora Sabanes,
para su defensa tiene la palabra.
La señora SABANES NADAL: Efectivamente, cuando se aprobó la ley de
creación del Consejo General Profesional, el Partido Popular presentó una
enmienda a la totalidad alegando problemas tanto de contenido como de
forma, especialmente porque no fijaba bien las condiciones y las
competencias del Consejo. Desde aquel momento,
y hasta ahora, se han producido, a nuestro modo de ver, circunstancias
que han afectado todavía más a la formación profesional, como la
implantación de la reforma educativa con una formación profesional
específica, la aplicación de modalidades de contratación de valor
formativo, y sobre todo se han producido una serie de transferencias en
la materia a las comunidades autónomas.
A pesar de que concurren estas circunstancias, se presenta un texto que
viene a modificar únicamente la composición del Consejo para dar entrada
a las comunidades y a las ciudades de Ceuta y Melilla, pero no plantea
reforma alguna de las competencias, cuando, como mínimo, hay que
modificar éstas en sintonía con la nueva composición del Consejo, aunque
no pensáramos en ampliar las competencias en los términos que hablábamos
de implantación de la reforma educativa y de las nuevas modalidades que
afectan a la formación profesional de contratos. Pero cuando menos, y
como mínimo --repito--, y hay enmiendas de otros grupos en este sentido,
lo que sí es imprescindible es que cuando en las competencias se está
hablando de determinada composición, se refleje esa nueva composición, y
en ese sentido hay dos enmiendas. Nuestra enmienda número 9, a la letra
a), viene a añadir una nueva situación, obvia, de composición y lo
corrige.
A la letra c) añadimos la necesidad de evaluar la implantación de la
reforma. No afecta a la composición, pero entendemos que afecta a un
problema muy importante en el futuro de la formación profesional como es
la implantación de la reforma educativa.
A la letra d) añadimos también una situación coherente con la nueva
composición. Es similar a la número 2 de Coalición Canaria, por ejemplo.
Y en la letra g) planteamos incluir después de: «evaluar y hacer el
seguimiento a las acciones que desarrollan en materia de formación
profesional» una frase que diría: «en especial a la aplicación de las
nuevas modalidades de contratación». Porque, de alguna manera, esto está
en sintonía con lo que el propio Partido Popular, en el año 1986, pedía
de ampliación en competencias. Concretamente decía algo así como que
habría que realizar estudios anuales sobre el desarrollo del mercado de
trabajo a cinco años y que los fallos de la formación profesional eran la
causa del desempleo en los jóvenes.
Nosotros estamos planteando, por un lado, introducir los temas de
composición, que es absolutamente imprescindible modificar en relación
con las competencias y, por otro, recoger el tema de las nuevas
contrataciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) La señora Alcañiz tiene
la palabra.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Me alegra, y no esperaba que fuera de
otra manera, que grupos tan serios como el de Izquierda Unida reconozcan
nuestra coherencia ya de largos años en la defensa de una composición de
un órgano que, efectivamente, creemos que puede tener una gran función,
no nos cabe la menor duda, y que, evidentemente, tiene que tener una
representación de todas las comunidades autónomas, no sólo las que en
estos momentos tienen competencias educativas, porque es probable que muy
en breve las tengan el resto de las comunidades, evidentemente incluidas
las autonomías de Ceuta y Melilla.
Nosotros, señor Presidente, en este mismo tenor --evidentemente el
proyecto carecía de lo que la portavoz de Izquierda Unida ha explicitado
en su intervención--, creemos que hay una enmienda del Grupo de
Convergència i Unió, la número 19, que viene a rellenar este vacío que en
principio podía tener, y aunque de forma implícita podría
sobreentenderse, parece más adecuado que se explicite y que se ponga como
lo ha hecho en este caso el Grupo de Convergència i Unió. Por tanto,
aceptamos la enmienda
--lo digo por anticipado-- de Convergència i Unió, que creo puede
satisfacer, puesto que eran las peticiones que hacía la portavoz de
Izquierda Unida. De esta forma se rellena ese pequeño vacío que contenía
el proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Sabanes, la anticipación de aceptación de la
enmienda posterior, ¿supone para usted la retirada de la suya o se
mantiene viva para la votación?
La señora SABANES NADAL: Se mantiene viva porque es verdad que la
enmienda 18, de CIU, recoge alguna de las aportaciones que nosotros
hacíamos, pero había dos especialmente importantes para Izquierda Unida,
que es la evaluación del sistema educativo nuevo, en lo que hace
referencia a la formación profesional, y las modalidades contractuales.
Por tanto, se mantendría.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 18, de CIU. Tiene la palabra la
señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Proponíamos en esta enmienda poder participar
en el diseño del programa nacional y que se regulara dentro de las
comunidades autónomas que tienen competencia en formación profesional
debido a que tienen sus características propias en el tejido laboral,
industrial y social de su territorio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Aceptamos la enmienda número 18, de
Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Entramos en la consideración de la enmienda número
2, del Grupo de Coalición Canaria, a la letra d).
Tiene la palabra el señor Rivero Baute.
El señor RIVERO BAUTE: La enmienda va en el sentido de informar sobre
cualquier asunto que sobre formación profesional pueda ser sometido por
las administraciones públicas. Está referida concretamente al texto de la
Ley de 1986, de 7 de enero, no modificado en el proyecto de ley que se
propone, que hace referencia a informar sobre cualquier asunto que pueda
ser sometido por los departamentos ministeriales competentes en materia
de formación
profesional. En coherencia con el artículo 1, donde desaparecen los
departamentos ministeriales y hay una pluralidad para el resto de las
administraciones, está orientada esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Aceptamos esta enmienda porque creemos
que es coherente con la redacción transaccional que hemos propuesto
anteriormente al Grupo Parlamentario Vasco. Nos parece que lo completa y
justifica suficientemente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al apartado dos, punto 3.1 b), al que se ha
presentado la enmienda número 3, de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Rivero Baute.
El señor RIVERO BAUTE: Se trata de una enmienda de modificación y está
referida a la forma de elección de los vicepresidentes. Por razones de
tipo sistemático, entendemos que se inserta en este apartado la forma de
elección de los vicepresidentes prevista en los apartados d) comunidades
autónomas; e) organizaciones empresariales más representativas, y f)
organizaciones sindicales más representativas. En coherencia con esta
enmienda que presentamos se propone la supresión del último párrafo del
número 3.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Aceptamos esta enmienda. Creemos que la
propuesta que en este caso realiza el Grupo de Coalición Canaria es más
clara, más adecuada, más sistemática y, por tanto, mejora el proyecto.
El señor PRESIDENTE: A este mismo apartado dos, punto 3.1 b) existe la
enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora Sabanes Nadal tiene la palabra.
La señora SABANES NADAL: Esta enmienda, y daría también por defendida la
número 11 que va en relación, se presenta con el mismo criterio de
incorporar al Consejo de Formación Profesional representación de la
Administración local. Entendemos que tiene especial implicación en los
temas de desarrollo de formación profesional ocupacional en los ámbitos
respectivos de sus territorios.
Nosotros pretendemos que haya 10 vocales que estarían nombrados por la
Federación Española de Municipios y Provincias, ya que representa la
aspiración de esta Federación, que reiteradamente ha solicitado poder
participar, a efectos de ser oída, en los planes de formación profesional
ocupacional, fundamentalmente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Desde el respeto democrático a todas las
instituciones, a nosotros no nos parece adecuado, y se lo dice esta
Diputada que sin duda alguna tiene una sensibilidad hacia las
administraciones locales, puesto que durante largo tiempo fue concejal
del Ayuntamiento de Madrid.
Nosotros creemos que las instituciones, los parlamentos y gobiernos
autonómicos son democráticos, por lo que sin duda alguna tienen en cuenta
todas las manifestaciones que le hagan no sólo la Federación de
Municipios como institución, sino todos y cada uno de los ayuntamientos
que existen en las demarcaciones de las autonomías respectivas.
Desde ese respeto a las facultades competenciales de todas las
administraciones no podemos admitir esta enmienda, porque creemos que
compete directamente a las autonomías.
El señor PRESIDENTE: Al apartado dos, punto 3.1, letra d), existe la
enmienda número 4, del Grupo de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Rivero Baute.
El señor RIVERO BAUTE: La enmienda de modificación se refiere al número
de vocales de las comunidades autónomas, y en ella se propone incorporar
que sean asistidos también por expertos.
La justificación de esta propuesta está en relación al reparto de
competencias que existen en este momento en la Administración estatal y
en la autonómica. En la Administración estatal hay dos ministerios, el de
Educación y Cultura y el de Trabajo y Asuntos Sociales, y en las
comunidades autónomas nos encontramos con que el reparto de competencias
en materia de formación profesional está orientado a las Consejerías de
Educación y Empleo y Trabajo y Asuntos Sociales. Sin alterar el número
total de miembros del Consejo, se propone que los vocales puedan ser
asistidos por un experto. Nos parece que esto no altera esa composición
global del Consejo y, sin embargo, puede enriquecerlo teniendo la visión
de un experto para abarcar otras áreas no representadas en el mismo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Nosotros creemos que no es necesaria la
presencia de un vocal experto. Entiende el Grupo Popular que las
administraciones que tienen que nombrar a los representantes en este
importante órgano tendrán la suficiente cordura para mandar de verdad a
expertos en temas educativos, aunque hay que entender también que,
desgraciadamente, en la educación todo el mundo se cree experto y como en
la política se sabe absolutamente de todo, luego se evidencian los
desastres que solemos hacer con este tipo de veleidades.
En todo caso, señor Presidente, nosotros creemos que esto sin duda alguna
dificultaría el funcionamiento y la operatividad del Consejo, ampliándolo
de una forma desmesurada. Por tanto, rechazamos esta enmienda. En todo
caso, sería un tema a plantear en el reglamento como funcionamiento
interno del propio Consejo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al apartado dos, número 3.1, donde se
propone añadir la letra g) a través de la enmienda número 11, de
Izquierda Unida.
Tiene la palabra la señora Sabanes Nadal.
La señora SABANES NADAL: Esta enmienda iba relacionada con la anterior, y
al no ser aceptada la mantendremos para su votación.
El señor PRESIDENTE: Al apartado dos, punto 3.1, existe la enmienda
número 12, que propone la creación de la letra h). ¿Corre la misma
suerte, señora Sabanes?
La señora SABANES NADAL: No, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: En relación a lo que se planteaba antes con los
ayuntamientos, entendemos que, por encima del Consejo de Formación
Profesional, hay un mandato muy claro de la Logse sobre coordinación de
todas las administraciones en un concepto integrado de la formación
profesional, que significaba un cambio sustancial respecto a la
tradicional. En esa línea estaba la anterior enmienda que no planteaba
conflictos de competencias, sino que pretendía que fueran oídas las
administraciones locales, que es lo que establece el mandato del artículo
30 de la Logse, que va más allá de las competencias y entra en lo que
entendemos como formación profesional.
En este sentido, consideramos, como las diferentes organizaciones
profesionales, que está mal representado todo lo que afecta a la
formación ocupacional en ámbito rural. Por eso, solicitamos que se pueda
ver de alguna forma, si no con una representación de hecho, como
planteábamos, que se tuviera en consideración en base a lo que venía
diciendo, que no es una cuestión de competencias sino de cómo se concibe
en la Logse la formación profesional.
El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra la señora
García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Considerando que España, sin duda alguna,
es un país eminentemente agrario y que en el mundo rural existe una
mayoría importante de personas que trabajan en él, fundamentalmente
mujeres, no creemos que deba existir un trato discriminatorio trayendo a
este proyecto de ley la representación de las organizaciones
profesionales agrarias, lo que constituiría una discriminación respecto a
otras muchas asociaciones. Creemos que están suficientemente
representados en apartados anteriores del propio proyecto de ley, donde
figuran los representantes de los diferentes ministerios que tienen
competencias en formación profesional, aun sabiendo la importancia del
mundo agrario. No sería adecuado establecer discriminación alguna
respecto a otro tipo de asociaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: En todo caso, sería una discriminación
doblemente positiva, por el tema de la mujer y por el rural. Creo que el
mandato que debería imperar es lo que la Logse entendía como formación
profesional y lo que entendía como mandato de coordinación entre las
administraciones, no la burocracia de lo que significa un órgano de estas
características.
El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, tiene la palabra.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: No quisiera extenderme en la réplica,
pero no creo que el término «argumentar» sea absolutamente adecuado. No
hay discriminación positiva, sino que están suficientemente
representadas, en igualdad de circunstancias y condiciones que otras
asociaciones. (La señora Romero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, ¿qué desea?
La señora ROMERO LOPEZ: Con la benevolencia de la Cámara, si es posible,
quisiera volver al punto anterior, porque teníamos una transaccional,
pero con la rapidez del debate se nos ha pasado intervenir.
El señor PRESIDENTE: ¿Nos referimos al apartado dos, punto 3.1.g)?
(Asentimiento.) Sobre él había una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, la número 11, y se ha producido un turno en contra. Para
defensa del ofrecimiento de una transaccional, tiene la palabra la señora
Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Nuestro grupo ofrece una transaccional para
facilitar la participación de los ayuntamientos en las cuestiones que les
afecten en materia de formación profesional. Leo la transaccional por si
el Grupo de Izquierda Unida se da por satisfecho. Dice: «Podrán
consultarse y ser oídos, en cuestiones que les afecten, los
representantes de la Administración local a través de las asociaciones de
municipios y provincias.»
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Aceptaríamos la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, tiene la palabra.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Creo que es una obviedad. ¿Cómo no van a
ser oídos los ayuntamientos
por sus comunidades autónomas? Sería una tautología que pusiéramos por
escrito que los ayuntamientos deben ser oídos. Sin duda alguna deben ser
oídos, pero en el ámbito de la distribución administrativa que hemos dado
al Estado español. Por tanto, reitero, señor Presidente, las
argumentaciones expuestas. Creemos que los ayuntamientos están
representados, escuchados y oídos por sus respectivas comunidades
autónomas, lo que es obligado. En este momento no se trata de un debate
sobre la importancia o no de los ayuntamientos; problemas de competencias
los tienen unos cuantos, pero los tendrán todas las autonomías. Es
innecesario y desde luego supondría una falta de respeto al resto de las
instituciones.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 5, al apartado dos, 3.1, último
párrafo, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Señor Rivero,
tiene la palabra.
El señor RIVERO BAUTE: En coherencia con la enmienda número 3, presentada
por este mismo grupo al artículo único número 3.1.d), se propone
sustituir el último párrafo, que dice: «En los asuntos contemplados en
los apartados d) y f), los vocales elegirán de entre sus miembros uno de
ellos, que ostentará la Vicepresidencia que cada uno de los grupos tiene
asignada.»
Entendemos que este asunto queda resuelto con la enmienda a la que antes
hacía referencia al punto 3.1.b), cuando, en el nuevo texto propuesto por
Coalición Canaria, se dice: «Cuatro vicepresidentes, uno por cada uno de
los grupos que lo integran, elegidos por y de entre los vocales de cada
grupo.»
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: En coherencia con lo que hemos esgrimido
respecto a la enmienda número 3, se acepta.
El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda número 16, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Nuestro grupo retira esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Al apartado dos, número 3.2.bis, enmienda número 20.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Nuestro grupo cree que esta enmienda modifica el
proyecto de una manera sustancial al introducir el voto ponderado. La
composición cuatripartita, condicionada por la incorporación de las
comunidades autónomas, cambia el proyecto dando aplicación a lo que es la
nueva estructura del Estado autonómico. Sin embargo, esta nueva realidad
de la composición cuatripartita del Consejo queda sustancialmente
modificada a la hora del peso específico de cada uno de los componentes
del mismo. Por eso, recogemos las recomendaciones del Consejo Económico y
Social, que en su memoria hace referencia a que sería conveniente
introducir el voto ponderado para que el peso específico de cada uno de
los componentes de dicho Consejo Económico y Social siguiera siendo el
mismo. En esa línea actúa también la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales que, cuando crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, introduce este mismo voto ponderado.
La razón por la que nuestro grupo cree necesario introducir este voto
ponderado es para que la estructura cuatripartita no desdibuje lo que es,
desde nuestro punto de vista, sustancial en la configuración de este
Consejo: el peso de los agentes sociales y económicos conjuntamente con
las administraciones.
Esa es la razón de la presentación de nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: El Grupo Popular también recoge la
valoración y las observaciones que a este respecto hace el Consejo
Económico y Social y, teniendo en cuenta la reciente constitución de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aceptamos esta
enmienda.
Unicamente quiero añadir que esta enmienda recoge también el sentir de la
enmienda número 13, del Grupo de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Apartado dos, punto 3.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Sólo quería expresar nuestra posición en contra de
este apartado.
El señor PRESIDENTE: ¿Contra la enmienda número 20?
La señora GIL I MIRO: Exactamente, y contra la enmienda que es del mismo
rango.
Simplemente quiero expresar algo que parece no se ha entendido. Cuando se
entra en un consejo general de todo el Estado español, las autonomías son
un grupo de Administración pública, y existe ya el grupo de la
Administración central del Estado; son dos grupos que representan
intereses y peculiaridades distintas. Por tanto, nos parece que, al igual
que las organizaciones sindicales tienen su voto, que las organizaciones
empresariales tienen el suyo, la Administración central debe tener su
voto y la Administración autonómica el suyo, porque sus intereses no
siempre van a ser coincidentes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, quisiera
compartir también las manifestaciones
y argumentaciones expresadas por la portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Creo que esta discusión nos puede llevar
muy lejos y brevemente quiero hacer dos consideraciones.
La primera consideración es que en la defensa de las enmiendas anteriores
ha quedado claro que aquí no se acepta cuál es el ordenamiento
competencial de las distintas administraciones en el Estado, y lo digo al
hilo de las consideraciones que se han hecho sobre la función de los
ayuntamientos y las organizaciones estatales de base municipal. Pero
ahora, al aceptar el Grupo Popular la consideración de voto ponderado en
esta composición cuatripartita, la discusión nos puede llevar muy lejos.
Por consiguiente, habrá que indicar que la ciudad de Melilla, como la
ciudad de Ceuta, tienen el mismo voto que la Comunidad Autónoma de
Cataluña o que la Comunidad Autónoma de Euskadi. Creemos que es un
auténtico dislate introducir el componente de voto ponderado; es un voto
ponderado que hay que estudiar no sólo en sus parámetros cuatripartitos
de composición de este Consejo, sino con otro tipo de consideraciones,
por lo cual anunciamos que este tema se tratará en el Senado, por ser de
ámbito competencial; volverá a ser enmendado porque entendemos que las
consideraciones que se han puesto de manifiesto respecto al Consejo
social tienen otras dimensiones y profundidades no sólo en relación a su
composición cuatripartita. Por tanto, nos parece que la aceptación de
esta enmienda es un canto al sol a los sindicatos.
El señor PRESIDENTE: Al apartado dos, número 3, punto 2 ter, propuesta de
un nuevo apartado, enmienda número 21.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: La razón de esta enmienda del Grupo Socialista se
deriva de la multiplicidad de consejeros que promueve la ampliación del
Consejo. Anteriormente, el número era más reducido, pero con la
participación de las comunidades autónomas se corre el riesgo de que sea
inoperante por su amplio número de miembros.
Por esta razón, nosotros creemos conveniente introducir un comité
permanente que dé agilidad y flexibilidad a su funcionamiento. Es cierto
que existe ese comité permanente en el reglamento de la anterior ley, y
por esa razón nuestro grupo no hace una defensa muy encendida de esta
enmienda, pero pensamos que si aparece en el proyecto en los términos en
los que se plantea, es decir, una comisión paritaria permanente, se
podría cubrir esa agilidad y flexibilidad que deseamos para un consejo
que no queremos que sea puramente retórico, sino que sea realmente
efectivo.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor Presidente, yo creo que la portavoz
del Grupo Socialista, en su exposición, ha hecho su propia
contraargumentación.
Nosotros creemos, coincidiendo en la valoración que ha hecho en el último
momento, que su propuesta debería contemplarse en el reglamento que
adecue y desarrolle el proyecto de ley que debatimos.
Por tanto, no aceptamos esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Al apartado dos, punto 3.3, enmienda número 13. El
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) si quiere defenderla
puede hacerlo, aunque ya ha habido una manifestación con respecto a dicha
enmienda.
Tiene la palabra la señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Esta enmienda va en la misma línea de la
enmienda del Partido Socialista Obrero Español, y como sus argumentos ya
se han puesto de manifiesto, la damos por defendida.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere ratificar su posición la señora
García-Alcañiz o la da por expuesta?
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente, por su
generosidad, como siempre, pero ya he explicitado las razones y, por
tanto, creo que es suficiente.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 6, del Grupo de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Rivero Baute.
El señor RIVERO BAUTE: Nuestra enmienda es de supresión del texto del
apartado tres, punto 4, donde se dice que cada cuatro años se producirá
la renovación de la composición del Consejo.
Entendemos que con el texto que se propone las renovaciones cuatrienales
no posibilitan realizar sustituciones durante este período. Creemos que
dada la composición del Consejo, configurado por instituciones políticas
e instituciones profesionales, y no tratándose de una elección de primer
grado a ser miembro del mismo, sino todo lo contrario, ser miembro del
Consejo a propuesta de las comunidades autónomas o de las organizaciones
sindicales o empresariales, la renovación no tiene ningún sentido, puesto
que la forma de integrarse en el Consejo será siempre a propuesta de las
instituciones políticas o de las organizaciones empresariales y
sindicales.
El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra, tiene la palabra la señora
García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ: Señor Presidente, nosotros creemos que es
fundamental que exista una estabilidad en el funcionamiento de este
órgano, como de otros muchos órganos institucionales. Por tanto, creemos
que forma parte de esta estabilidad dotarle de una periodicidad que sea
fijada en cuatro años, que es la adecuada. Pensamos que esta enmienda
crearía disfunciones en el buen funcionamiento de este Consejo, que no
creemos oportuno ni adecuado. Por ello, el Grupo Popular rechaza esta
propuesta.
El señor PRESIDENTE: Apartado dos, punto 3 y 5, enmienda número 7, del
Grupo Parlamentario Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, es una enmienda que pretende
mejorar la redacción del texto propuesto. El verbo cesar no admite la
forma utilizada en el texto del proyecto. Quería hacer una concreción
respecto de la propuesta relativa a cómo se debe formular desde el órgano
competente.
En definitiva, se trata de dar una mejor redacción al texto que viene en
la modificación de la ley.
El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra, tiene la palabra la señora
García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor Presidente, no es un turno en
contra. Solamente quiero decir que la propuesta de Coalición Canaria
mejora sensiblemente el texto, su redacción y comprensión y, por tanto,
aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Al apartado cuatro, nuevo, está la enmienda número
17, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor Presidente, nuestro grupo da por
retirada esta enmienda porque no tiene posibilidad de prosperar.
Esperamos y confiamos que el propio Consejo regule la permanente de
manera que tenga mayor eficacia y representatividad dentro de las
comunidades autónomas que tienen competencia.
El señor PRESIDENTE: Las disposiciones adicional y final no tienen
enmiendas.
¿Están los grupos parlamentarios en disposición de poder proceder a las
votaciones? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor Presidente, si nos permite, le
solicitamos medio minuto para estudiar el papel que nos ha facilitado la
Mesa y ordenar las decisiones que hemos ido comentando.
El señor PRESIDENTE: Concedo medio minuto para ordenar las votaciones y
para reagrupar efectivos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Me indica el señor letrado que convendría hacer unas
corrección pura y simplemente por respeto al lenguaje.
En el apartado c), del punto dos, apartado 3.1, cuando dice: «Diez
representantes de los Ministerios de Educación y Cultura y Trabajo y
Asuntos Sociales, estando entre ellos, alternativamente...», la expresión
«estando entre ellos» no parece que sea correcta. Se propondría el que
pudiera: «desempeñando sus respectivas vocalías alternativamente...».
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Nos parece adecuado, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Si lo creen conveniente, pueden hacer llegar a la
Mesa las sustituciones que se vayan a producir. Les quedaríamos muy
reconocidos.
Vamos a empezar con las votaciones que se corresponden con este proyecto
de ley.
Votamos, en primer lugar, la enmienda transaccional que sustituye a las
enmiendas 1, de Coalición Canaria; 14, del Grupo Vasco, y 15, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), en relación al número uno, del artículo
uno.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, no está en mi ánimo
interrumpirle, pero querría anunciar la sustitución del señor Navas
Amores por el señor Centella.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora ROMERO LOPEZ: Señor Presidente, no conocemos el texto de la
enmienda transaccional. ¿Tendría inconveniente en facilitárnoslo?
El señor PRESIDENTE: Ninguno. Vamos a dar lectura de la transaccional.
La señora SECRETARIA (Mulet Torres): Se crea el Consejo General de
Formación Profesional adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales como órgano consultivo y de participación institucional de las
administraciones públicas y de asesoramiento del Gobierno en materia de
formación profesional.
El señor PRESIDENTE: ¿Informados? (Pausa.)
Votamos dicha enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En relación a este apartado, queda viva la enmienda número 19, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 17; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda desestimada.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, el resultado no puede ser
de 17 en contra. ¿Podríamos repetir la votación?
El señor PRESIDENTE: Repetimos la votación de la enmienda 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
No creo que estas incidencias alteren el resultado de la votación ni
contradigan la voluntad de la Comisión. Continuamos.
Al número dos del artículo 1, que es un número no incluido en la reforma,
votamos, en primer lugar, la enmienda 9, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
cuatro; en contra, 22; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Entramos en la votación de la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario
Catalán (CiU), a los apartados a) y b).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria a la
letra d).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Al apartado dos, número 3.1, b), votamos la enmienda número 3 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Al apartado dos, número 3.1, d), votamos la enmienda número 4 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la enmienda, con un voto a favor,
una abstención y el resto de votos en contra.
Enmienda al apartado dos, número 3.1, g), letra nueva, hay una
transaccional entre el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo
Socialista, que es la que se va a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la enmienda transaccional.
Al apartado dos, número 3.1, h), votamos la enmienda número 12 del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro,
en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la enmienda.
Al apartado dos, número 3.1, último párrafo, hay pendiente una enmienda,
la número 5, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; habiendo sido
retirada la número 16, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), por tanto, votamos la de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Al apartado dos, número 3.2, bis, que es nuevo para el proyecto, votamos
la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en
contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Al apartado dos, tratando de introducir un apartado 3, punto 2, ter,
votamos la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Con 17 votos a favor, cuatro abstenciones y el resto
en contra, queda desestimada la enmienda número 2.
Al apartado dos, número 3.3, votamos la enmienda número 13, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor Presidente, yo creo que habiendo
aprobado la enmienda número 20, del Grupo Socialista, ésta no se debe
votar porque tiene el mismo contenido.
El señor PRESIDENTE: Hay que votar las enmiendas.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Entonces el voto va a ser en contra
porque hemos aprobado la otra. Creíamos que era la misma. Yo creo que en
la exposición cuando acepté la enmienda del Grupo Socialista incluso hice
referencia al contenido de esta enmienda con la que no hay diferencia,
pero en el texto hay alguna matización terminológica, por lo que tendrá
que constar una de las dos enmiendas en el dictamen, aunque el contenido
y la intencionalidad de ambas enmiendas es la del voto ponderado.
El señor PRESIDENTE: Hemos aprobado la enmienda número 20.
¿Votan en contra?
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Sí, votamos en contra.
El señor PRESIDENTE: Vamos a reproducir la votación.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Una cuestión de orden, señor Presidente.
Si se aprueban las dos, ¿qué texto va a figurar? Porque no es exactamente
el mismo.
La señora SABANES NADAL: En ese caso retiraríamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué enmienda puede usted retirar? Es bueno retirar
sólo las enmiendas propias, no las ajenas. Se recomienda. (Risas.)
La señora SABANES NADAL: Señor Presidente, me refería a la enmienda 13,
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted retirar la enmienda número 13?
La señora SABANES NADAL: Sí, porque ya está votada a favor en el mismo
contenido.
El señor PRESIDENTE: Queda retirada. Es la enmienda que estábamos
votando. No ha lugar a su votación.
Al apartado dos, número 3.4, votamos la enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Con un voto a favor y el resto en contra, queda
desestimada la enmienda.
Al apartado dos, número 3.5, votamos la enmienda número 7, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 13; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Al apartado cuatro nuevo, la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), ha sido retirada.
Queda por votar el resto de preceptos y del articulado que no ha sido
objeto de enmienda alguna, que votamos globalmente.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos, tal como manda el Reglamento, lo último de todo la exposición de
motivos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda dictaminado el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 1/1986, de 7 de enero, creadora del Consejo General de
Formación Profesional.
Señor Guerra Zunzunegui, ¿ha llegado nuestra invitada? (Denegaciones.)
Suspendemos la sesión hasta que llegue la Ministra de Educación y
Cultura, que está en el Senado. (Pausa.)
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (AGUIRRE Y GIL
DE BIEDMA) PARA:
--EXPLICAR LA POLITICA GENERAL EN MATERIA DE CULTURA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000060.)
El señor PRESIDENTE: Continuando con el orden del día y dando la
bienvenida a nuestra Ministra, con la que siempre que hemos necesitado su
colaboración hemos podido contar, entramos en el punto 3 del orden del
día, comparecencia de doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, Ministra de
Educación y Cultura, ante la Comisión de Educación y Cultura, para
explicar la política general en materia de cultura. Las otras dos
comparecencias, que figuran en los puntos 4 y 5, se tratarán
conjuntamente, si ustedes no tienen inconveniente; ésta no porque tiene
su especificidad.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el 18 de junio, apenas un mes después de mi
toma de posesión como Ministra de Educación y Cultura, comparecí ante
esta Comisión para explicarles cuáles iban a ser las líneas generales de
la política del departamento. Supongo que SS. SS. recordarán aquella
comparecencia, aunque tan sólo sea porque mi intervención casi duró dos
horas.
Dije entonces que nuestra política cultural se centraría en torno a
cuatro cuestiones básicas: la conservación del patrimonio histórico, la
promoción de las artes e industrias culturales, la comunicación cultural
entre las comunidades autónomas y de acuerdo con ellas, y la proyección
exterior de la cultura española.
Estas líneas básicas de actuación se correspondían a su vez, como no
podía ser de otro modo, con las enunciadas y anunciadas por el Presidente
del Gobierno en su discurso de investidura. El Presidente Aznar hizo
particular hincapié en que el servicio de la cultura sería objeto de la
acción de todo el Gobierno. Así ha sido y como resultado se han llevado a
cabo significativas actuaciones de colaboración con otros departamentos,
entre las que quiero destacar el
acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento acerca del destino de los
fondos del uno por ciento cultural, y sobre el que más adelante habrá
ocasión de entrar en detalle.
En este sentido, quisiera aprovechar la ocasión para anunciarles que
probablemente esta semana, y si no en la próxima, se someterá a la
aprobación del Consejo de Ministros la creación de una comisión delegada
del Gobierno para asuntos culturales, con objeto, precisamente, de que la
cultura sea una de las cuestiones que informen toda la política de acción
del Gobierno.
Me resulta pues particularmente grato estar hoy aquí nuevamente, ocho
meses después de aquella primera comparecencia, para dar cuenta de los
importantes avances conseguidos en este corto espacio de tiempo y
establecer el marco de las actuaciones inmediatas del Gobierno en materia
cultural.
En esta intervención revisaré, una a una, las políticas y acciones de las
distintas áreas del departamento. Me ceñiré a las cuestiones que
considero de especial relevancia en este momento en cada una de las
áreas. Obviamente, quedarán asuntos por plantear que podrán tratarse a
preguntas de SS. SS. después o en otra comparecencia, si así lo desean.
Entiendo que así debe ser en aras de mantener la intervención en un
límite de tiempo razonable.
Empezaré pues, y les adelanto que será el capítulo más extenso de mi
intervención, por la política de conservación del patrimonio
histórico-artístico. En la comparecencia del 18 de junio ya recordaba el
mandato a los poderes públicos, recogido en el artículo 46 de la
Constitución, en cuanto a garantizar la conservación y enriquecimiento
del patrimonio histórico-artístico y cultural de España.
El Ministerio de Educación y Cultura ha trabajado en esta línea con
especial intensidad. Fruto de ello son una serie de actuaciones ya
realizadas y otras de inmediata puesta en marcha que me gustaría
analizar. Creo que convendría recoger todas estas actuaciones en cuatro
áreas fundamentales.
La primera de ellas, la política de conservación y restauración de
monumentos y bienes culturales en general, con especial incidencia en el
plan de catedrales y en el uso de los fondos del uno por ciento cultural.
La segunda, la política integral de museos, mediante el reforzamiento del
sistema español de museos, el replanteamiento de las inversiones sobre la
base de los planes museográficos previos, los programas de conservación y
restauración de colecciones, así como el inicio de una serie de
actuaciones específicas en todos y cada uno de los museos del Estado.
La tercera, la política de apoyo y promoción del arte contemporáneo y, en
general, de todas las iniciativas sociales y culturales en el terreno de
las artes plásticas y el fomento del mecenazgo, del coleccionismo y de
otros elementos revitalizadores del mercado del arte.
La cuarta será la política de coordinación y comunicación con las
comunidades autónomas, reforzando los instrumentos de cooperación
legalmente previstos y, en particular, el consejo del patrimonio
histórico, con especial atención al desarrollo de las posibilidades que
otorga a la Administración General del Estado el artículo 149.2 de la
Constitución en materia de comunicación cultural entre las comunidades
autónomas y de acuerdo con ellas.
Centraré esta parte de mi intervención en la primera de las áreas
señaladas, sin perjuicio de que podamos entrar en detalle en las otras
tres, en otro momento del debate, si SS. SS. así lo requieren.
En materia de conservación y restauración de monumentos y bienes
culturales debo hacer una primera y especial referencia al convenio
firmado ayer mismo sobre el plan nacional de catedrales. El actual equipo
del ministerio encontró este proyecto en fase de elaboración, con un
avance que podemos decir que era lento y sin que todavía se hubieran
alcanzado los pactos sustanciales con los interlocutores en esta materia,
que no son otros que los titulares de las catedrales, es decir la
Conferencia Episcopal. Debo resaltar que desde el principio se vio en la
Conferencia Episcopal una disposición favorable al entendimiento y una
gran sensibilidad hacia los problemas derivados de la conservación del
patrimonio catedralicio. Ello ha facilitado las negociaciones que han
concluido en un acuerdo muy satisfactorio, que se firmó ayer y que habrá
de redundar, sin duda, en un gran beneficio para las 82 catedrales
españolas.
El convenio se sitúa en el marco del artículo 46 de la Constitución y del
acuerdo vigente entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y
asuntos culturales. En él se reconoce un deber concurrente para la
conservación y custodia de nuestras catedrales, de sus titulares y de las
entidades públicas competentes en la materia, esto es el Estado y las
comunidades autónomas.
El objetivo específico del convenio es la elaboración de los planes
directores de todas y cada una de las catedrales españolas. El plan
director es, en efecto, un instrumento imprescindible para racionalizar
las inversiones y dar a la política de conservación y restauración una
coherencia y una homogeneidad de la que ha carecido por completo hasta
ahora. En rigor, no ha habido en las catedrales más que actuaciones
dispersas y aisladas, más bien pocas y de muy limitada cuantía económica.
La cifra de inversiones del año 1995 fue en realidad ridícula. En el
último año de gestión completa del Gobierno anterior la inversión del
ministerio en las catedrales españolas fue de 200 millones de pesetas,
Sin embargo, hay que insistir en que no se trata sólo de un problema de
dinero sino de orden, de rigor y de coherencia en la gestión. Por ello,
es imprescindible elaborar en cada monumento un plan director que
contenga la descripción técnica de su estado de conservación, la
propuesta de actuaciones que deben realizarse y el presupuesto estimado
de dichas actuaciones. La elaboración de este plan director se realizará
por los técnicos que se designen de acuerdo entre el Estado, la comunidad
autónoma y el obispado correspondientes.
El convenio firmado entre el ministerio y la Conferencia Episcopal
incluye un compromiso de financiación de los planes directores, y éste es
objetivo sustancial para el año 1997, que se elaboren y aprueben cuando
sea posible los planes de la gran mayoría de las catedrales españolas.
Señorías, ya he indicado que el plan director es el documento base para
las futuras actuaciones y que se configura
en el convenio como un requisito necesario para la ejecución de las
obras, pero hay que reconocer --y tengo que reconocerlo aquí-- que
partimos de una situación que en algunos casos podría calificarse de
semiabandono o de desinterés y por ello tenemos que prever excepciones a
esta regla general.
En todo caso, las obras de emergencia se realizarán para impedir la
destrucción o el grave deterioro del bien o para reparar daños causados
por acontecimientos catastróficos, como pueden ser las lluvias
torrenciales, o para evitar situaciones que supongan grave peligro para
las personas o los bienes. Es decir, la regla general será el plan
director, pero si hay que hacer actuaciones de emergencia se llevarán a
cabo aunque en ese momento no esté terminado el plan director. Es decir,
la vía de emergencia, que tiene que ser excepcional por naturaleza, no
será el mecanismo ordinario de actuación sobre el patrimonio
catedralicio, como desgraciadamente lo ha sido en ocasiones anteriores.
Capítulo especialmente significativo de este convenio es el concerniente
a la financiación de las obras. El convenio prevé una fórmula abierta de
financiación y el ministerio se compromete, en la medida de sus
disponibilidades presupuestarias y de la derivada con el acuerdo con el
Ministerio de Fomento sobre el uno por ciento cultural. Las comunidades
autónomas tienen un deber constitucional y estatutario que exige también
una aportación a este respecto y tanto el obispado como el cabildo
titular de la catedral es deseable que contribuyan también cuando sea
posible. Aquí, se puede poner como ejemplo el modelo establecido en el
convenio firmado el pasado día 11 de este mes de febrero para
restauración de la fachada de Santa María y las torres de la catedral de
Burgos. Allí se preveía una inversión global de 250 millones de pesetas,
con una distribución que podría resultar satisfactoria como ejemplo a
seguir: 40 por ciento a cargo del Estado, 40 por ciento a cargo de la
Junta de Castilla y León y 20 por ciento a cargo del obispado.
Hay, sin embargo, algo más en materia de financiación del plan nacional
de catedrales. El convenio firmado exige la realización de gestiones para
que participe en la financiación cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, que pueda estar interesada en la conservación de la
catedral. Se trata, pues, de favorecer también las aportaciones de la
sociedad. Es una labor de estímulo y difusión que exigirá, cómo no,
campañas institucionales y medidas de fomento honoríficas, pero se
requiere también, sin duda, una política fiscal adecuada. A lo largo de
la legislatura, el Gobierno incluirá las obras de conservación de estos
monumentos como actividad prioritaria de mecenazgo en el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado.
La participación del Estado en la financiación de las obras que se
acuerden será, ante todo, a través de los créditos presupuestados que se
incorporen al programa 458 C, conservación y restauración de bienes
culturales, o a los programas que en el futuro sustituyan a éste. En todo
caso, el ministerio para este año aporta ya 400 millones de pesetas,
provisionalmente aplicados a una serie de obras imprescindibles y, en
todo caso, a la financiación de los planes directores. A ello, hay que
añadir que, en caso de necesidad y mediante los mecanismos que prevé el
ordenamiento jurídico, podrían incorporarse aproximadamente 350 millones
de pesetas para actuaciones de emergencia, también de los créditos de la
Dirección General de Bellas Artes, es decir, 750 millones. Además, en el
marco del convenio con el Ministerio de Fomento, la Comisión Mixta entre
este Departamento y el de Educación y Cultura ha acordado ya formalmente,
en su sesión del 9 de diciembre, que se dediquen este año 750 millones de
pesetas al programa plan nacional de catedrales; es decir, 750 de los
créditos de la Dirección General de Bellas Artes y 750 del Convenio del
uno por ciento cultural, suponen un total de 1.500 millones de pesetas
para invertir en las catedrales españolas, siete veces más que la
cantidad invertida en el año 1995 por parte del Estado.
Quería referirme ahora, señor Presidente y señorías, al convenio del uno
por ciento cultural. Creo que es un elemento decisivo en la política de
conservación y restauración del patrimonio histórico. El nuevo equipo del
Ministerio de Educación y Cultura se encontró, en esta materia, con una
situación que podría calificar de inercia y de falta de iniciativa, sin
líneas claras de actuación. La ley estaba vigente, el uno por ciento
tenía que dedicarse a cultura, pero creo que es significativo que el
anterior Ministerio de Cultura incumpliera la exigencia legal de que su
titular presentara al Consejo de Ministros un informe anual sobre el
mencionado uno por ciento, al menos yo no conozco que se haya presentado.
En estos meses se ha procedido a una importante renovación del acuerdo de
colaboración entre los actuales Ministerios de Fomento y de Educación y
Cultura para la actuación conjunta en el patrimonio histórico español. El
nuevo convenio se firmó por los dos ministros el día 10 de diciembre
pasado. La firma de este acuerdo supone que el Gobierno invertirá,
durante 1997, 3.700 millones de pesetas, de los que prioritariamente 750
se destinarán al plan de catedrales y 350 al plan de castillos y
murallas. Entre otras se acometerán, también con los fondos del uno por
ciento cultural, actuaciones de relevancia destinadas a la rehabilitación
de teatros, de balnearios y mercados que tengan unas características
arquitectónicas que les hagan merecedores de tal apoyo y a la culminación
del inventario de bienes muebles de nuestro patrimonio.
En conjunto y según los compromisos actualmente convenidos entre ambos
departamentos, la inversión total del Gobierno en el cuatrienio por el
concepto del uno por ciento cultural ascenderá a más de 12.000 millones
de pesetas. Este convenio introduce, además, una serie de novedades
sustanciales, que han comenzado a desarrollarse conjuntamente por ambos
departamentos a través de una comisión mixta que ha celebrado ya cuatro
sesiones para concretar la aplicación de los fondos a los proyectos
presentados.
Me gustaría pasar ahora, señor Presidente, a las inversiones y a las
obras iniciadas desde mayo de 1996. Tal y como anuncié en mi
comparecencia del 18 de junio ante esta Comisión, se modificó la
estructura y el nombre del Instituto de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, que ahora ha pasado a denominarse Instituto de
Patrimonio
Histórico Español. Me comprometí entonces a realizar un estudio
individualizado de cada una de las actuaciones en curso por parte de este
instituto, evaluando su eficacia en relación con el coste de cada una de
ellas. Esta labor, francamente compleja, ya se ha concluido en lo
fundamental y ha permitido modificar sustancialmente el planteamiento
seguido en San Francisco el Grande, aquí en Madrid, donde se actuaba de
forma dispersa e incoherente, con una carga innecesaria como representa
el pago de 28 millones de pesetas todos los años sólo por el alquiler de
andamios, 28 millones que creemos que pueden ser mejor aprovechados de
otra manera.
Desde el acceso del nuevo equipo al ministerio se han iniciado
actuaciones por importe de 1.565 millones de pesetas en materia de
monumentos y arqueología y 200 millones de pesetas en materia de bienes
muebles. Ahora bien, una correcta política de restauración y
rehabilitación no significa sólo invertir mucho sino, y sobre todo,
invertir bien, con racionalidad y con una clara conciencia de las
prioridades.
En esta línea, el instituto, dependiente de la Dirección General de
Bellas Artes, está procediendo, primero, a definir un catálogo nacional
de actuaciones que dé coherencia a su política y evite la dispersión que
existía hasta ahora. Este catálogo se basará en un doble criterio.
Primero, se actuará prioritariamente en los inmuebles de titularidad
estatal que estén situados en territorio nacional y que estén abandonados
o desatendidos. Subsidiariamente, se estudiarán todas las solicitudes de
las comunidades autónomas y de las entidades locales para actuar en
inmuebles de titularidad de dichas administraciones, firmando en su caso
el correspondiente convenio. Segundo, se seguirán unas líneas específicas
de investigación, que permitan al instituto actuar como un centro de
investigación avanzada, cuyos medios personales y materiales se sitúen en
la primera línea europea. Las distintas líneas de actuación se agrupan en
las siguientes. Primera, en materiales tradicionales; por ejemplo, la del
Monasterio de Santa María la Real, de Aguilar de Campoo (Palencia) y la
del Monasterio de Guadalupe (Cáceres). Otra línea, además de la de
materiales tradicionales, es la de patologías, especialmente por
humedades; por ejemplo, actuación en Santa María la Real de Nágera en La
Rioja, las murallas de Toledo, etcétera. Tercera línea, la de patrimonio
arqueológico; por ejemplo, en Clunia (Burgos) y en Segóbriga (Cuenca).
Cuarta línea, la conservación de bienes muebles, es decir, materiales
tradicionales, patologías, patrimonio arqueológico y conservación de
bienes muebles. En este último caso, ponemos como ejemplo de actuación
iniciada la del retablo de las catedrales de Aragón, la Seo de Zaragoza o
la del Paular de Madrid, y los capiteles del claustro de Santo Domingo de
Silos; todos éstos serían ejemplos de la conservación de los bienes
muebles. De este modo, se va a dar eficacia y coherencia a una política
de actuaciones que, hasta ahora, estaba dispersa y que me atrevería a
calificar de arbitraria en ocasiones. Estas tareas se van a combinar con
la inversión con cargo a los fondos presupuestados del ministerio y de la
prevista con cargo al uno por ciento cultural.
La cultura en general y la conservación y enriquecimiento del patrimonio
en particular son actividades abiertas, donde no pueden primar los
intereses particulares ni las competencias rígidas y excluyentes. La
apertura del horizonte hacia la iniciativa social es una expresión muy
significativa de la política del Ministerio, tanto en lo que se refiere a
patrimonio como en cuanto al resto de sus ámbitos de actuación, a los que
paso a referirme ahora sin perjuicio, como ya dije, de profundizar aún
más durante el debate posterior en las cuestiones que afectan al
patrimonio histórico-artístico.
Me referiré ahora, señor Presidente y señorías, a la política del libro,
archivos y bibliotecas vía la presencia de la cultura española en el
exterior.
En el discurso de investidura del Presidente del Gobierno ante esta
Cámara se señalaba la proyección de la cultura española, en toda su
diversidad y riqueza, como uno de los objetivos de la acción exterior.
Sin duda, España es hoy una potencia cultural que tiene en el idioma
español su principal instrumento de proyección. Por primera vez,
señorías, se ha acometido la debida coordinación con otros departamentos
ministeriales para complementar e incrementar, de manera coherente y
ordenada, la presencia del libro y las letras españolas en el exterior.
Resultado de ello es el nuevo programa de difusión del libro español en
las sedes del Instituto Cervantes, en los centros culturales del
Instituto de Cooperación Iberoamericana y en las bibliotecas y los
centros culturales de las embajadas, así como la creación de la oficina
para la promoción del libro español en el exterior.
Se encuentran también en estado muy avanzado los trabajos destinados a la
creación del primer repertorio del ISBN en español, a semejanza al que ya
existe desde hace décadas en el área de la lengua inglesa. Los próximos
días 19 y 20 de marzo se celebra en Bogotá la reunión del organismo
internacional dedicado a este asunto, el Cerlac, en la que el
representante del Ministerio de Educación y Cultura presentará los
avances realizados al respecto y la voluntad del Gobierno de impulsar
decididamente la creación de este primer repertorio, el ISBN en español,
en los primeros meses de 1998.
A continuación me referiré al programa de escritores en español. El
desarrollo de la pujante industria editorial española --es la quinta del
mundo-- mediante su expansión y proyección en Iberoamérica y Estados
Unidos, necesita, cómo no, del apoyo y del estímulo de la Administración.
El Ministerio de Educación y Cultura ha creado un nuevo programa en el
que participan los editores españoles bajo el rótulo Escritores en
español, que permitirá el fortalecimiento y la expansión de las obras de
los autores españoles publicados en Iberoamérica y de los iberoamericanos
publicados en España.
En cuanto a la difusión del libro, quiero decir a SS. SS que se ha
cambiado la política de subvenciones por la política de inversiones. El
objetivo no es otro que hacer rentable el dinero invertido en organismos
e instituciones culturales y dar una mayor participación a la iniciativa
privada bajo el estímulo y el apoyo de la Administración. El apoyo a las
letras debe orientarse no tanto a la creación
como el acercamiento del creador a los lectores y a la difusión de su
obra, al fomento de la lectura. En numerosas ocasiones he afirmado que no
hay mejor política cultural que una buena política educativa, y es en el
apoyo y promoción a la literatura infantil y juvenil donde se encuentra
la verdadera transformación de los índices de lectura en España. Por
ello, me referiré a continuación al programa de bibliotecas escolares.
Creemos que las sinergias derivadas de la fusión de los antiguos
Ministerios de Educación y Ciencia y de Cultura van a ser de especial
ayuda a la hora de abordar el importante proyecto que el departamento
prepara sobre bibliotecas escolares. Próximamente tendrá lugar un
encuentro nacional sobre bibliotecas escolares cuya principal finalidad
será recopilar experiencias y ayudar a formular un programa concreto y
eficaz de actuaciones en este campo, en el que el ministerio tiene un
especialísimo interés.
En cuanto a la política de archivos, señorías, y en la misma línea en que
ya lo expuse en el mes de junio, quiero destacar muy especialmente tres
de las actuaciones que el departamento llevará a cabo en los próximos
meses. La primera, la elaboración del reglamento de archivos estatales,
que ya está en una fase de elaboración muy avanzada en relación directa y
en diálogo permanente con las comunidades autónomas. El reglamento hoy
existente data de 1902 y se hacía necesario la elaboración de uno nuevo.
La segunda actuación, que tendrá lugar con carácter inmediato, será la
integración de los archivos estatales en una red informática en beneficio
de los usuarios e investigadores. Y la tercera actuación será la
presentación de un plan de archivos estatales para que, de acuerdo con
una programación previa, basada en las necesidades reales, se elaboren
los distintos proyectos referentes a plantillas, edificios,
instalaciones, equipamiento, informatización y trabajos técnicos de
conservación, descripción, reprografía y difusión.
En cuanto a los depósitos y adquisiciones, con carácter general quería
decir a SS. SS. que centraremos nuestros esfuerzos, además de en impulsar
la creación de archivos y patronatos, y favorecer los depósitos y
adquisiciones de archivos familiares en los archivos estatales, en la
adquisición de éstos. Tal es el caso del archivo de Dionisio Ridruejo,
que ha sido adquirido recientemente a los herederos, para el archivo de
Salamanca. También mantenemos conversaciones sobre otros fondos
documentales como son, por ejemplo, la adquisición del archivo de las
Brigadas Internacionales o una excelente colección de carteles de la
Guerra Civil sobre la que también estamos en conversaciones para
adquirirla.
Quería hacer una última referencia a los diarios de Azaña. Como saben SS.
SS. en las últimas sesiones del Pleno de control de esta Cámara, ya he
tenido ocasión de explicar en detalle las actuaciones del Gobierno acerca
de los diarios de don Manuel Azaña. Yo creo que son un excelente ejemplo
de cómo un patrimonio de todos los españoles y no sólo de algunos --como
se dijo en esta Cámara--, de excepcional valor histórico y documental,
puede en menos de dos meses estar a disposición de cuantos investigadores
quieran consultarlo y con toda probabilidad estará publicado también en
los próximos meses. Ya hay algunos acuerdos entre las editoriales y los
herederos, porque, como saben SS. SS., mientras que los servicios
jurídicos del Estado han determinado que la propiedad material
--entienden ellos y mientras no haya una opinión jurídica mejor fundada--
pertenece al Estado los derechos de autor, los derechos de la propiedad
intelectual durante los ochenta años después del fallecimiento de su
autor corresponden a sus herederos y, por tanto, son sus herederos los
que tienen que llegar a un acuerdo con las empresas editoriales.
Paso a continuación, señorías, a hablar de la política en materia de
cinematografía. Sobre política cinematográfica ya tuvo lugar en el mes de
noviembre una comparecencia específica del Secretario de Estado de
Cultura ante esta misma Comisión. No es mi intención repetir hoy aquí el
debate que ya tuvo lugar, por cuanto resulta obvio que la política del
ministerio en dicha materia es la que entonces se expuso. Sin embargo,
aunque sea con brevedad, sí quiero destacar el magnífico momento por el
que pasa el cine español. Yo creo que hay que destacar, por muy reciente,
el premio que ha obtenido una película española en el Festival de Berlín,
en concreto Secretos del corazón, de Moncho Armendáriz, y yo creo que
ello continúa revelando el buen momento por el que el cine español pasa
en estos momentos.
Quiero referirme también a las actuaciones en curso por parte del
Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. En primer lugar
comentaré la financiación de las producciones. El sistema de contribución
a la financiación de las películas por parte del Instituto de
Cinematografía y Artes Audiovisuales ha cambiado sustancialmente. Los
créditos garantizados por el Instituto constituyen el sistema básico de
financiación de la producción. Recientemente se ha vuelto a firmar un
convenio con un banco público para garantizar que esos créditos siguen
siendo el modo de financiación normal por parte de los productores. Estos
créditos se amortizan, fundamentalmente, con las subvenciones por
taquilla y con las ventas de la película a las televisiones o las ventas
al exterior. Esta línea de préstamos se ha abierto a todo el abanico de
la industria de la producción, a fin de procurar un abaratamiento de los
costes de las inversiones en infraestructuras técnicas. En 1996 se han
concedido 80 créditos, 74 para películas y seis para equipos técnicos por
un importe total de 3.687 millones de pesetas.
En cuanto a la renovación de las salas cinematográficas, quiero decir a
SS. SS. que el parque de salas en todo el territorio está en proceso de
renovación y remodelación con el fin de ofrecer a los espectadores una
mayor calidad y confort. En esta renovación gradual juega también un
papel muy importante el crédito subvencionado que se concede al amparo de
los convenios suscritos entre el Ministerio, el Instituto de
Cinematografía y el Banco Exterior de España. En 1996 por este concepto
se han concedido créditos por valor de 880 millones de pesetas que han
permitido financiar la apertura de 40 nuevas salas de exhibición
cinematográfica.
A continuación comentaré a SS. SS. las políticas y sus resultados. La
política del ministerio, señoría, nuestra política,
consiste en impulsar la iniciativa privada en las áreas de producción,
distribución y exhibición, confiando plenamente en la capacidad de
decisión del público en cuanto al cine que quiere ver. Los resultados por
ahora revelan que ha crecido el número de películas que se producen y
exhiben en España y tenemos el mayor número de espectadores de los
últimos trece años. No me corresponde a mí como Ministra juzgar la
calidad de estas películas, pero no quiero equivocarme si afirmo que
probablemente en conjunto también sea la mejor de los últimos años.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Gobierno recientemente
ha aprobado un real decreto en esta materia que desarrolla parcialmente
la Ley 17/1994, de 8 de junio, de protección y fomento de la
cinematografía. Este real decreto de desarrollo ha tratado de mejorar la
situación en la que el desarrollo reglamentario de la Ley de la
Cinematografía había puesto al cine español. España es el único país
europeo que mantiene el obsoleto sistema de licencias de doblaje y una
cuota en las salas de exhibición. Por ello era necesario iniciar el
proceso de desaparición de las licencias de doblaje, que han perturbado
la distribución de las películas españolas, y homologar así nuestra
legislación en este tema con el resto de los países europeos.
La Ley 17, de 1994, establecía ya un plazo limitado para la vigencia de
las licencias de doblaje y la posibilidad de facilitar el acceso a las
mismas de acuerdo con el mercado. La ley contemplaba que por la
explotación de una película comunitaria se podrían obtener dos licencias
de doblaje, y el real decreto lo que establece es que se puedan obtener
hasta tres licencias, de acuerdo con las recaudaciones de una película
comunitaria.
Igualmente era necesario liberalizar y flexibilizar las cuotas y
establecer unas que se ajusten a la realidad, que sean realistas y que se
cumplan luego por acuerdo de los productores, distribuidores y
exhibidores. La nueva norma aprovecha también la existencia de cuotas
para favorecer las películas habladas en otras lenguas oficiales
españolas distintas al castellano.
Quería hablar a continuación a SS. SS. de las coproducciones. La
coproducción es el mejor medio de favorecer un cine europeo competitivo.
En este sentido en el real decreto se regulan las coproducciones
financieras, que permiten conservar las peculiaridades de la expresión
cultural de cada país sin forzar la desnaturalización a la que puede dar
lugar la imposición de unos equipos técnicos o unos equipos artísticos de
distinta nacionalidad que pueden resultar innecesarios.
En cuanto a la informatización de taquillas, que como saben SS. SS.
durante tantos años ha sido un objetivo perseguido por muchos sectores de
la cinematografía, era urgente que la legislación reconociese los avances
técnicos de la informática. Además de superar el sistema de la
información escrita en cuanto a recaudaciones, estos sistemas
informáticos permiten la venta de entrada por cajeros y las reservas
telefónicas, así como contar con estadísticas que faciliten la
programación de las salas de cine y de las distribuidoras.
Al mismo tiempo era imprescindible refundir las normas sobre calificación
cinematográfica que se encontraban dispersas y, simultáneamente, se debía
adaptar la legislación a las competencias ejecutivas transferidas ya a
las comunidades autónomas. Este conjunto de preceptos significa un
esfuerzo modernizador que tiene en cuenta la importancia cultural y
social del cine español y que le permite desarrollarse como industria
estratégica y creadora de empleo. Esto en cuanto al real decreto que ya
se ha publicado.
Quería decir unas pocas palabras en cuanto a la normativa en preparación,
también en apoyo de la industria cinematográfica. El cine español tiene
que desenvolverse con posibilidades de éxito en el gran mercado
audiovisual que se está creando en el mundo y debe consolidarse como una
de las industrias con mayor futuro de crecimiento. Para ello ha quedado
demostrado que la mejor política es la de confianza en nuestros
creadores, en nuestros empresarios y en nuestros espectadores. Así se
reflejará también en el real decreto que el ministerio prepara, que está
en conversaciones con todos los sectores cinematográficos. Ese real
decreto será de refundición y armonización de la normativa de promoción y
estímulos a la cinematografía y también se reflejará en la convocatoria
de ayudas para 1997 que se hará pública en los próximos días y que, desde
luego, anticipo a SS. SS. que mantiene el apoyo a los nuevos creadores,
al menos con un 20 por ciento del contenido del Fondo de Protección y
Ayudas a la Cinematografía.
En cuanto a la música y a las artes escénicas, señor Presidente,
señorías, en lo que se refiere a la música, la danza, el teatro y el
circo, el objetivo prioritario de la política del ministerio es, como ya
les anuncié en el pasado mes de junio, la recuperación de los
espectadores y la captación de los nuevos públicos. En este sentido
tratamos de incentivar la producción y exhibición destinada al público
infantil y juvenil, así como el mantenimiento de la actividad de salas y
teatros con programación destinada a niños y jóvenes. Con este mismo
objetivo hemos potenciado también de manera muy particular la relación
del mundo escolar, aprovechando de nuevo que el Ministerio de Educación
abarque también la cartera de Cultura, con el Instituto de las Artes
Escénicas y de la Música, el Inaem.
Tanto en la programación de las unidades del Inaem como en la red de
teatros hemos hecho patente la preocupación del ministerio por la
presencia de la dramaturgia española actual en nuestros escenarios.
Iniciativas como la convocatoria realizada con motivo del 450 aniversario
de Miguel de Cervantes o el espectáculo Los jóvenes también, incluido en
la programación del Centro Dramático Nacional, son buena prueba de ello.
Pero no olvidamos las salas alternativas. Abogamos por el respeto a la
existencia de diferentes públicos con motivaciones escénicas muy
diversas. De ahí el apoyo al teatro de lenguajes escénicos menos
convencionales que se da cita habitualmente en las llamadas salas
alternativas. No lo olvidamos y lo tenemos en cuenta en las ayudas al
mantenimiento de la actividad teatral en las llamadas salas de pequeño
aforo.
Por otro lado, señorías, es evidente que la puesta en marcha y la
apertura del reconstruido Teatro Real va a tener una gran incidencia en
las políticas y actividades musicales y de las artes escénicas del
departamento.
Puedo anunciarles ya que está a punto de producirse la recepción
definitiva de las obras del Teatro Real por parte del ministerio. Con
esta recepción acabarán nueve años de reformas que, la verdad, algunas
veces parecían interminables. Una vez recibida la obra el ministerio
procederá a ceder el edificio y las instalaciones del teatro a la
Fundación Teatro Lírico, de la que son entidades fundadoras el Ministerio
de Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid, y que es la encargada de
programar y gestionar las actividades musicales, líricas y coreográficas
del Teatro Real.
En cuanto a la tercera gran línea de actuación, la cooperación y
comunicación cultural entre las comunidades autónomas y de acuerdo con
ellas, el pasado día 18 de junio ya manifesté en esta misma Comisión mi
creencia firme en que el protagonismo de la cultura debe estar en la
sociedad. Esta ha sido y será una de las principales ideas fuerza de la
política del ministerio. En este sentido apoyaremos las iniciativas de
las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española sin ánimo de
lucro mediante ayudas de acción y promoción cultural, de formación de
profesionales de la cultura.
Estas ayudas serán finalistas. Es decir, se valorará la finalidad o el
proyecto cultural presentado en concurrencia competitiva en convocatoria
pública aparecida en el Boletín Oficial del Estado, y además las propias
ayudas tendrán unas líneas de actuación prioritaria. Apoyaremos
especialmente las iniciativas que contribuyan a la difusión exterior de
la cultura española, las que favorezcan la comunicación cultural entre
las comunidades autónomas, las que promueva el Camino de Santiago en sus
aspectos culturales, las que fomenten el voluntariado cultural, las que
se centren en las conmemoraciones históricas de 1997 y de 1998, las que
favorezcan el conocimiento y la conservación del patrimonio histórico
español y contribuyan a fomentar las relaciones entre la cultura española
y las de otros países.
En cuanto al voluntariado cultural vamos a fomentarlo de manera
particular para tratar de lograr una mayor participación social,
especialmente la de jóvenes y jubilados en la defensa y en la
conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico.
Querría hacer una breve referencia a las conmemoraciones históricas. Por
supuesto, participaremos en las conmemoraciones históricas que se
celebran este año, muy especialmente en todas aquellas en las que el
Estado ya ha anunciado su participación, singularmente en la del
centenario de Cánovas del Castillo, el quinto centenario de la ciudad de
Melilla y la conmemoración del centenario del 98, tanto en el interior
como en el exterior.
Señorías, he mencionado el Camino de Santiago, y es que ante la
perspectiva del Año Santo Compostelano de 1999 y el hecho de que en el
año 2000 Santiago de Compostela sea la Capital Europea de la Cultura,
hemos reunido nuevamente al Consejo Jacobeo, porque así nos lo ha
solicitado, de hecho, el alcalde de la ciudad de Santiago y toda la
corporación, así como el Gobierno de Galicia y también todas las
comunidades autónomas relacionadas con el Camino de Santiago, y estamos
preparando un real decreto sobre la composición. Hemos gestionado y
obtenido ayudas de la Comisión Europea para la conservación del
patrimonio del Camino de Santiago y estamos estudiando la posibilidad de
que se haga una legislación de incentivos fiscales especiales con motivo
del Año Santo de 1999.
No quisiera, señor Presidente, señoras y señores Diputados, dejar de
referirme en esta comparecencia, aunque sólo sea someramente, a las
principales acciones que el ministerio lleva a cabo en cuanto a la
cooperación cultural internacional.
En primer lugar, respecto a la dotación en Iberoamérica hemos aumentado
el 25 por ciento las dotaciones presupuestarias para cooperación con
Iberoamérica, lo que nos permitirá desarrollar más ampliamente nuestro
programa de formación de profesionales iberoamericanos en España en los
distintos ámbitos de la cultura, así como el programa de envío de
expertos españoles a estos países, como asistencia técnica a
instituciones culturales iberoamericanas.
En cuanto al programa cultural Venezuela, quería anunciarles que
realizaremos un amplio programa cultural español en Venezuela, país al
que no se le había prestado, hasta ahora, la atención que merece en estos
últimos años. Este programa se realizará desde octubre de 1997 a febrero
de 1998 y está motivado por el hecho de que este año tiene allí lugar la
cumbre Iberoamericana y también porque en 1998 se celebra el V Centenario
de la llegada de Colón a las tierras venezolanas.
En cuanto a los hispanistas quería decirles que fortaleceremos y
ampliaremos también nuestros programas de difusión de la cultura española
a través de los hispanistas de todo el mundo. En particular hay que
destacar que ya hemos firmado el nuevo convenio para difundir la cultura
española a través de las universidades japonesas; que hemos reforzado
presupuestariamente el mecanismo de colaboración con las universidades de
los Estados Unidos y que estamos trabajando en la puesta en marcha de un
nuevo programa semejante para Filipinas.
Señor Presidente, señorías, para no alargarme como hice en mi primera
comparecencia, concluyo ya. Soy consciente de no haber cumplido del todo
la promesa de mantener mi intervención en términos razonables de tiempo;
creo que aun así son muchas las cuestiones sobre las que hubiera querido
extenderme con mayor profundidad, pero lo haré, si SS. SS. lo desean,
después de que hayan tenido oportunidad de decir en qué temas les
interesa profundizar más. Como antes decía espero, si no se hace a lo
largo de la mañana, que en futuras comparecencias en esta Comisión
traigan asuntos puntuales y concretos.
Termino diciéndoles que conservar y proteger el patrimonio, difundir
nuestro legado cultural e impulsar la creación intelectual, literaria y
artística, son nuestros objetivos; pero no es a los poderes públicos a
quienes corresponde el protagonismo, sino a la propia sociedad.
En aquella comparecencia de junio afirmé ya con rotundidad que el creador
es insustituible; hoy lo reitero. Reitero también mi firme convicción en
que la mejor política es la de la confianza en los artistas, la confianza
en la sociedad, la confianza en el público que elige un concierto, una
película o una obra de teatro o en el comprador que escoge una obra de
arte cuando va a una galería.
No me resisto a terminar con una cita. Un pintor es un hombre que pinta
lo que vende; un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta.
Pues, señorías, esta frase, no es de una ministra liberal. Esta frase es
de un gran creador, comprometido con su arte, con el progreso y con la
libertad; es una frase de Pablo Picasso.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ordenar las intervenciones, comenzando por
el grupo solicitante, y a continuación el resto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra don Salvador Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: El Grupo Socialista agradece la comparecencia
de la señora Ministra, que, por otra parte, habíamos solicitado; agradece
su intervención, que no creo haya sido larga, sino que la intervención
tiene otros problemas y no el de la extensión, señora Ministra. De todas
maneras, agradecemos el esfuerzo con que ha expuesto a la Comisión casi
todas las gestiones y los temas que en este momento el ministerio tiene
entre manos. ¿Por qué le digo esto? Pues le digo esto, señora Ministra,
porque de lo que usted no ha hablado es de políticas. Usted ha hablado de
una serie de asuntos que prácticamente ninguno es novedad; no hay un solo
proyecto nuevo en lo que usted nos ha expuesto. Este es el problema. El
ministerio no parece tener creatividad, ambición, ni realmente un
proyecto claro.
Está muy bien que los proyectos que ustedes han heredado se mantengan y
continúen. Esto nosotros no podemos menos que verlo con muy buenos ojos;
pero nos preocupa, señora Ministra, la falta de ambición, la falta de
proyecto que observamos en su intervención y que habíamos observado ya en
la gestión del Ministerio de Cultura.
Señora Ministra, la verdadera novedad de cuanto usted ha dicho, y
seguramente así lo recogerán los medios, es que se proponen crear una
comisión delegada para cultura. Yo le voy a ser muy sincero. Esa comisión
delegada para cultura quizá resuelva algún problema. Es verdad que hay
algunos aspectos en la cultura que necesitan del concurso de otros
departamentos ministeriales, esto es algo que se plantea casi siempre
cuando hablamos de las industrias culturales, sea del cine, o del libro;
pero usted ha lanzado hoy esta idea, y no sé si realmente hay una
decisión tomada por el Gobierno o no, y en este momento lo normal es
preguntarse, señora Ministra, ¿eso es un reconocimiento de que ha
fracasado la supresión del Ministerio de Cultura? Es muy curioso que el
mismo Gobierno que decide crear una comisión delegada haya suprimido el
Ministerio de Cultura. Nosotros creemos que la supresión del Ministerio
de Cultura ha sido un gran error, aparte de una gran contradicción con lo
que era el discurso electoral y preelectoral del Partido Popular que
hablaba de la cultura como segunda prioridad, pero un gran error también
para un país como España que tiene, y usted lo ha dicho, legítimas
ambiciones en cultura y puede ser una primera potencia en cultura.
Ustedes esa famosa prioridad la han incumplido también con los
presupuestos, y ahora no me voy a referir a ello ya que es un debate que
ya lo hemos tenido. Y creo que para la opinión pública está clara la
política presupuestaria que ustedes han mantenido. El recorte va a tener
consecuencias y seguramente lo podremos debatir con mayor luz y
tranquilidad cuando tengamos más experiencia de su gestión.
Antes de pasar a comentar alguno de los aspectos que usted ha tratado
--seguramente yo no voy a disponer de tanto tiempo como S. S.-- quisiera
decirle que hay algún otro aspecto de su gestión, en lo que se refiere a
los nombramientos, y aunque no sé hasta qué punto usted es la verdadera
responsable, al Grupo Socialista le preocupan. Es lógico que el
Ministerio de Educación y Cultura, nuevo ministerio de otro partido
político, nombre, por decirlo así, a quien quiera. Nosotros no discutimos
esto. Lo que sí discutimos, señora Ministra, es que ustedes prometieron
en la campaña electoral despolitizar y premiar la profesionalidad y a lo
que hemos asistido en los nombramientos en Cultura ha sido exactamente a
lo contrario. Han desaparecido personas como Adolfo Marsillach, como
Lluís Pascual y eran sustituidas por otras personas, seguramente muy
dignas, pero, señora Ministra, muy poco conocidas y casi siempre, por no
decir siempre, muy amigos del Partido Popular. Quiero dejar constancia de
esto porque es, una vez más, un incumplimiento. Hasta ahora lo que hemos
visto en las grandes líneas de la política cultural del PP es un
incumplimiento de lo poco que nos había prometido en la campaña
electoral.
Voy a pasar a los temas que usted ha expuesto hoy. En primer lugar, me
voy a referir al patrimonio. Ustedes, como todo Gobierno de derechas, dan
gran prioridad al patrimonio. Yo creo que la conservación del patrimonio
tiene una gran importancia, pero cuando se convierte prácticamente la
única política que un Gobierno se toma en serio, estamos ante un Gobierno
inequívocamente muy conservador, muy de derechas. En su intervención ha
quedado bastante evidente esa prioridad absoluta al patrimonio. España
tiene un gran patrimonio, no vamos a discutirlo, y vamos a aplaudir todos
los aciertos que tengan; pero si el buque insignia de su política son los
dos proyectos que ha expuesto en esta Cámara, no tienen más valor que una
mera continuidad. No quiero entrar a discutir si ha mejorado el acuerdo
respecto al uno por ciento cultural, pero si los buques insignias de su
política de patrimonio son el plan de catedrales y el uno por ciento
cultural, ustedes no han aportado absolutamente nada porque esos
proyectos estaban en marcha.
Ha dicho algo sobre el plan de catedrales que me ha sorprendido. He
creído entender en sus palabras, porque ese plan estaba preparado y usted
lo sabe perfectamente, que a lo mejor la Conferencia Episcopal se ha
apresurado a firmarlo con ustedes más que con el Gobierno anterior. No sé
si es que no he entendido bien sus palabras, pero incluso me ha parecido
insinuarlo. Me felicito y la felicito también porque han firmado este
convenio, pero ya estaba preparado. El Gobierno anterior estaba en
disposición de firmar ese convenio con la Conferencia Episcopal y en el
programa electoral socialista también figura en primer lugar el plan de
catedrales dentro de nuestra política de protección
del patrimonio, porque es una necesidad indiscutible. No es un proyecto
nuevo, no es un proyecto del Partido Popular.
Respecto al uno por ciento cultural, ha dado unas cifras que en este
momento no hago más que apuntarlas. Las vamos a seguir debatiendo, pero
no tengo ninguna seguridad de que esas cifras vayan a hacerse realidad.
De todas maneras, en este momento le doy un voto de confianza, me apunto
las cifras y las seguiremos discutiendo.
Hay otros temas que tienen importancia. En los aspecto relativos a
patrimonio se ha referido las comunidades autónomas; pero sabe
perfectamente que el Ministerio de Cultura firmó en su día convenios con
las comunidades autónomas acerca del patrimonio y esos convenios se están
incumpliendo sistemáticamente. Es difícil que venga a hablarnos de su
política museística, de los museos de titularidad estatal porque hay
abandono en esa política. No más lejos de anteayer se ha inaugurado en
Valencia la tercera fase de la reforma de uno de los mayores museos de
nuestro país y no ha asistido nadie del Ministerio de Cultura. ¿Sabe por
qué? Porque el ministerio ha abandonado ese proyecto y en la cuarta fase
no está el Ministerio de Cultura. No ha asistido nadie porque no han
querido dar la cara ante un museo que no es un museo cualquiera, es uno
de los museos más importantes de nuestro país.
Hay otros temas que parece no les afectan, pero tenemos problemas, señora
Ministra, en algunas joyas de nuestro patrimonio como Segovia. No la he
oído opinar sobre este problema que está afectando mucho a la opinión
pública. Tampoco he oído ni una palabra sobre la Plaza de Oriente. El
Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, persona que creo no es
sospechosa, ha manifestado que esa reforma es un dislate y usted no ha
dicho ni palabra. Son dos temas que pesan mucho en la opinión pública y
que cuentan mucho en un Gobierno que tiene como prioridad, no le voy a
decir casi como exclusiva, la política del patrimonio.
Ha hablado en último lugar del arte moderno y del arte contemporáneo.
Como tienen sobre todo arte contemporáneo, me voy a referir a las
colecciones de arte que forman parte de las empresas pública que ustedes
van a privatizar. Me gustaría conocer la opinión de la señora Ministra
sobre estas colecciones y sobre la proposición no de ley que hemos
presentado porque nos preocupa mucho que el desenlace de esa
privatización sea en menoscabo de los museos y del coleccionismo en
España.
Podría alargarme más, pero voy a decirle algo y no crea que pretende ser
duro, porque no quiero serlo. En su política de patrimonios hay más casos
que políticas y a nosotros nos gustaría hablar más de política que de
casos.
Prácticamente no se ha referido al Real. Nos ha dicho que va a producirse
la recepción de las obras, obras muy complejas, usted las conoce incluso
mejor que yo, y nos parece muy bien; pero, señora Ministra, el Real es
hoy un espectáculo de mala gestión. El Real es hoy una lista interminable
de personalidades importantísimas de relieve internacional que se están
alejando o que les están alejando ustedes del proyecto del Real. Está el
caso Lissner, el caso Lorin Maazel, el caso Jacobs y anteayer o ayer José
Luis Gómez. Algo pasa, señora Ministra. En el Real, prácticamente, han
cometido ustedes todo lo que está en un manual de lo que no debe hacer un
Gobierno. Desde la intervención pura y dura del Ministerio de Educación y
Cultura para cambiar un programa --y eso se llama dirigismo cultural--,
hasta una lucha de poder que ha sido un espectáculo, señora Ministra, y
que ha acabado con la desaparición del Director General del Patronato de
la Fundación. Todas estas cosas no escapan a la opinión pública y merecen
una explicación por su parte. La gestión del Teatro Real está resultando
un disparate y un espectáculo.
Me apresuro porque tengo conciencia de que me estoy alargando. Usted ha
dicho muy poco sobre el teatro, por no decir nada. El teatro español
tiene muchos problemas y muy difíciles de resolver, es cierto; pero la
peor política es no hacer nada, la peor política es no decir nada. En
alguna ocasión ha dado la misma respuesta que suele dar el señor Cortés
para el cine, aunque no lo ha dicho hoy aquí, y es que la respuesta para
el teatro es la taquilla. Si ésa es la respuesta que ustedes tienen, es
decir, abandonar el teatro y que la taquilla decida, señora Ministra, no
va a haber teatro. Por tanto, tomo nota de que no hay una política
teatral en su ministerio.
Hay otra cuestión que me inquieta de su intervención. No nos ha hablado
nada respecto a esta Cámara. No hay un solo proyecto legislativo; aparte
de los decretos a que me referiré ahora, en materia de cine o de
reorganización del Inaem, no están trabajando ustedes en ningún proyecto.
He oído decir al director general que tenían intención de modificar la
Ley de Fundaciones, llamada de mecenazgo, pero usted no ha dicho ni
palabra; no ha anunciado esta reforma que puede ser muy importante, y
aunque sea en un sentido que el Grupo Socialista no comparta, nos
gustaría conocerla. No sólo eso, sino si hay algún proyecto de ley en su
ministerio.
Hay algunas cosas más. Me satisface que hayan incrementado algunos
proyectos de política exterior en materia de cultura. Quiero resaltar
aquí que también son los mismos proyectos que ustedes encontraron. Todo
lo que sea mejorar, este grupo se lo va a aplaudir, no tenga ninguna
duda.
Me queda también el problema de la cinematografía, al que usted se ha
referido extensamente en su intervención. Aunque hubo aquí un debate, el
debate, señora Ministra, no sirvió para que quedara clara la política del
Gobierno del que usted forma parte. Le tengo que preguntar: ¿cuál es la
política del Grupo Popular y cuál es la política del Gobierno del Partido
Popular? ¿La política que anuncia una y otra vez el señor Cortés, que
incluso se ha atrevido a hacer un decreto que usted ha defendido aquí,
pero que el señor Cortés dijo ante la opinión pública que no era el que
le gustaba? ¿Es ésa la política del Grupo Popular y del Partido Popular?
¿Es la que aparece en el decreto que ya ha sido publicado y en el decreto
que todavía están negociando y que usted hoy nos ha presentado ante la
Comisión? Es un decreto, señora Ministra, no se equivoque, de adaptación
a la penuria presupuestaria a que ustedes han sometido al cine, no es
otra cosa. ¿Esa es su política, política de ayudas, política de
protección, disminuida y empobrecida?
Esa es su política, o su política, señora Ministra, es lo que ha hecho el
Gobierno de Castilla y León, que me parece realmente algo sorprendente, y
fíjese que estoy empleando palabras muy moderadas, señora Ministra. Ese
Gobierno, que es del mismo partido al que usted pertenece, ha firmado un
convenio o un contrato con una productora privada a la que adjudica 20
millones, más unos créditos que no se conocen, para hacer una película.
¿Esta es la política del Gobierno del Partido Popular? ¿Es una política
conceder ayudas sin concurso público, actuando simplemente la Consejería
de Cultura como un ente privado, firmando con una empresa que se llama
Teja Film para producir una película?
Ustedes no tienen realmente una política cinematográfica, y me preocupa.
Estoy de acuerdo en que las coproducciones son muy importantes, pero
nosotros hemos presentado una proposición no de ley para que ustedes se
comprometan en la plataforma europea de la cinematografía. Es fundamental
reforzar la cinematografía europea, porque eso va a redundar también en
la cinematografía española. Ustedes no tienen una verdadera política. Los
decretos que ustedes han publicado, señora Ministra, no son muy
diferentes, como he dicho antes, de los que ya estaban en vigor o de los
que el propio Gobierno socialista preparaba; es verdad que han
empobrecido las ayudas, pero es por la política presupuestaria, y han
hecho algún cambio. El problema no es éste. El problema, señora Ministra,
es que hay que definir una política cinematográfica que no sea esa
fórmula que el Secretario de Estado utiliza a veces de: mercado versus
protección. Mercado versus protección es una formula obsoleta; como sería
obsoleto decir: protección versus mercado. Para asegurar una
cinematografía española, como para asegurar una cinematografía francesa,
necesitamos una política fuerte y decidida que pueda basarse en la
televisión, como en Francia y que puede basarse en licencias y cuotas,
como aquí. El Grupo Socialista ha dicho muchas veces que no está por las
cuotas de pantalla y las licencias como única formula, pero hay que
instrumentar alguna fórmula, hay que explicar con claridad una política.
Ustedes lo único que están haciendo es disminuir la política de ayudas,
pero no hay otra política. Yo le aseguro que su decreto va a producir una
disminución de la producción; ustedes van a hacer menos películas. Usted
ha dicho ahora a la Cámara que está muy satisfecha --y yo también lo
estoy-- de que haya buenas películas y de que haya un número importante
de películas en este momento. Señora Ministra, usted sabe lo que cuesta
preparar el rodaje de una película. Ese no es el resultado de su
política, ése es el resultado de la política anterior, y todos nos
alegramos de que sea así; pero con el decreto y las disponibilidades
presupuestarias que ustedes tienen, eso no va a ser así el año que viene,
y me gustaría equivocarme, fijese, en favor del cine español. Me gustaría
equivocarme, pero no va a ser así. ¿Sabe usted lo que está pidiendo el
presidente de los productores franceses, que es la única cinematografía
europea que funciona bien y que tiene el 30 por ciento de cuota de
pantalla, cuando nosotros, que hemos mejorado un poco, no sé si
llegaremos al 11? ¿Sabe lo que están pidiendo? Tengo aquí las
declaraciones del señor Terzian; está pidiendo al Gobierno francés y a la
industria francesa que se doble la producción francesa para llegar a una
mayor cuota de pantalla.
Pues bien, nosotros, señora Ministra, con su decreto y con la decisión,
que seguramente no es suya sino del Gobierno, de disminuir los
presupuestos, vamos a disminuir esa producción. Por tanto, el año que
viene, y me gustaría equivocarme --lo repito--, usted no va a poder estar
tan satisfecha como este año, gracias a la política anterior a la del
Gobierno que usted representa.
No me voy a alargar más, señora Ministra. Hay algunos aspectos que no
tengo tiempo de tocar. Quizá no he tenido oportunidad de anotar algunas
cosas que usted ha dicho sobre archivos y sobre otros aspectos, me
parecen positivos, aunque le digo que no me parecen proyectos nuevos. Hay
cosas que me parecen positivas. Creo que usted tiene un optimismo
presupuestario que desde luego las cifras le niegan, pero tendremos
tiempo de discutirlo.
Quisiera decirle, señora Ministra, que aunque mi intervención le pueda
parecer dura, ésta es una oposición firme pero que desea apoyarla en lo
que realmente se la pueda apoyar, es decir, en aquellos proyectos que
tengan ambición para la cultura de España, en aquellos proyectos que
estén en la política de defender la cultura como algo fundamental y como
un derecho de los ciudadanos. Ahora, señora Ministra, cuando la política
es empobrecer culturalmente al país, cuando la política es arbitraria,
cuando es una política incoherente y cuando es una política que muchas
veces tiene más de amiguismo y de dirigismo que de verdadero respeto a
los profesionales, entonces, señora Ministra, va a encontrar en el Grupo
Socialista una oposición muy dura y muy contundente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), la señora Solsona tiene la palabra.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor Presidente, nuestro grupo no pensaba
intervenir, puesto que no ha pedido la comparecencia de la señora
Ministra, pero nos vemos obligados a hacerlo para lamentar --y lo
sentimos, señora Ministra-- que su intervención se haya basado en la
manifestación de la cultura española identificándola únicamente con la
cultura castellana. Lo hemos constatado una vez más.
He apuntado en mis notas que la proyección exterior de la cultura se
limita al libro y a las letras castellanas, a la proyección del libro
español en los institutos Cervantes, en las embajadas. Cuando habla usted
de la cooperación con las comunidades autónomas habla de la conmemoración
de Cánovas, Melilla, del 98 o del Camino de Santiago. Cuando habla usted
de la proyección internacional de la cultura española ha citado
Iberoamérica, Venezuela. En cuanto a hispanistas, ha hablado usted de
Japón, Estados Unidos y Filipinas.
Nosotros lamentamos esto, porque España es un Estado pluricultural y, por
tanto, creemos que la proyección de la cultura española no se debe
limitar sólo a la de la lengua castellana. Lo lamentamos porque pensamos
que otras comunidades
autónomas con otras culturas y otras lenguas también deberían tener su
relación y la consideración de su ministerio. Leeremos con atención la
transcripción literal de su intervención y, en todo caso, en otra
comparecencia o a través de preguntas, pediríamos conocer qué entienden
usted y su ministerio por cultura española, si se limita sólo a la
cultura castellana.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Después de la exposición de la señora Ministra,
resulta evidente, una vez más, que partimos de presupuestos totalmente
diferentes.
Efectivamente, usted decía en junio, y hoy lo ha corroborado, que la
cultura se construye con el esfuerzo de cada individuo y que los poderes
públicos no pueden o no deben intervenir en el proceso creativo más que
proporcionando el marco de libertad que éste necesita. Nosotros seguimos
defendiendo, por el contrario, una visión del mundo en que los valores de
solidaridad, de desarrollo de las potencialidades humanas, deben
anteponerse a ese individualismo y a ese consumismo, por lo que nosotros
creemos cada vez más que ustedes están desarrollando una política que
convierte a la mayoría de la población en simples consumidores;
consumidores de una cultura que se les ofrece ya precocinada, que se les
ofrece elaborada por una minoría que, además, tiene intereses económicos
muy concretos.
Por el contrario, nosotros creemos que la actividad principal del
ministerio no es sólo el plan de catedrales; debe ser desarrollar el
artículo 44 de nuestra Constitución, que dice: «Los poderes públicos
promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen
derecho.» Evidentemente, poco ha dicho de estos esfuerzos para que todos
los españoles puedan tener acceso a la cultura. Me gustaría que dijese
qué van a hacer, ya que han hecho poco, en el futuro en este sentido.
Con esta premisa, seguimos planteando, aunque creemos que con muy poco
éxito, que la política cultural debe tener dos ejes fundamentales: por un
lado, debe ser la participación y, por otro, la descentralización del
hecho cultural. Por participación, nosotros entendemos que sean los
ciudadanos, no las multinacionales, quienes decidan la forma de
desarrollar su actividad y disfrutar activamente de la vida cultural,
también refiriéndonos a nuestra Constitución cuando en su artículo 9.º2
dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones de
libertad y de igualdad del individuo y de los grupos en los que se
integra, para que éstas sean reales y efectivas, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y que faciliten la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social.
Por citar un ejemplo que a ustedes les gusta mucho y repiten en cada
comparecencia, el del cine, seguimos pensando que no es justo, porque no
es real, decir que todos los ciudadanos tienen libertad de elección y
que, al final, cada ciudadano puede elegir la película que quiere. Eso no
es cierto social ni económicamente, porque en este país no todos los
ciudadanos, desde que nacen, tienen siquiera las mismas posibilidades.
Por tanto, al final, cuando adquieren cierta capacidad de decisión, no
tienen posibilidad de ir al cine que quieren. Ese es el ejemplo que
diferenciará a unas películas de otras y sigue siendo, ni más ni menos,
que una forma más de ver su política desde la óptica liberal.
Asimismo, seguimos defendiendo un eje de la actividad política basado en
que se descentralice el hecho cultural; que se descentralice para que los
ciudadanos lo puedan encontrar en su barrio, en su distrito, en su
pueblo; que todos los ciudadanos del Estado español puedan tener acceso a
la cultura, independientemente del lugar en que vivan.
Seguimos esperando algo que también se dijo, y que tampoco vemos que hoy
se traiga aquí, que es la elaboración de un plan de actividad cultural
del ministerio, plan que contemple todas las medidas que sean
imprescindibles para la gestión cultural. Ya avanzamos en el anterior
debate alguna idea. Estamos de acuerdo en la necesidad de conservar y
proteger el patrimonio cultural, aunque también hay que elaborar una
legislación que frene la especulación, que frene los usos que deterioran
y producen el expolio y destrucción de nuestro patrimonio cultural.
Nos gustaría escucharle qué va a hacer, ya que no se hace desde el
ministerio, para conseguir unos Presupuestos Generales del Estado que de
verdad inviertan en cultura. Nosotros vamos a defenderlo y vamos a hacer
una movilización, no sólo institucional sino también social, para que en
el próximo presupuesto de cultura se dedique al menos el uno por ciento
de los Presupuestos Generales del Estado. Consideramos que con otra
cantidad, al final, lo único que se hace es seguir camuflando lo que es
una política cultural en otras cosas.
También nos gustaría que nos dijese cómo van a propiciar desde la acción
pública eso de lo que tanto les gusta a ustedes hablar, que el consumo
cultural sea asequible a todos los ciudadanos. Aprovecho para decirle,
ahora que están ustedes tan entusiasmados con que el fútbol sea gratis
--y no nos parece mal--, que también los museos puedan ser gratis, porque
de esta manera contribuiremos al acceso de todos los ciudadanos a la
cultura, independientemente de su condición social.
Asimismo es necesario, y no le he escuchado nada en este sentido,
promover la crítica y la voluntad democrática de los ciudadanos,
fomentando valores solidarios, tolerantes, ecologistas, pacifistas,
etcétera, así como un desarrollo del principio de la libertad de creación
cultural. La cultura es libertad; para ser culto hay que ser libre, pero
para que haya un principio de libertad de creación cultural también tiene
que haber un principio de libertad de oportunidades, y eso hoy no sólo no
es una realidad sino que con la política de su Gobierno, con la política
neoliberal, las diferencias cada vez van a ser mayores y cada vez va a
ser menos posible que ese principio de libertad de creación cultural sea
realidad.
Todos estos criterios, a nuestro juicio, siguen sin tener una
planificación en su ministerio, que está muy orgulloso del plan de
catedrales --que es interesante y que discutiremos-- pero que sigue
teniendo una gran carencia en participación. Esperamos poder discutir una
iniciativa legislativa
que hemos presentado en esta Cámara para que se cree el consejo de la
cultura, consejo en el que estén integrados todos lo órganos de encuentro
y de participación, no sólo de la cultura castellana sino de todas las
culturas del Estado español, y donde se pueda elaborar activamente, con
la participación de todos los sectores, una política cultural. Pensamos
que de esta manera se crearían las bases para un desarrollo integral de
los ciudadanos y ciudadanas en un entorno que sea respetuoso con las
diferencias culturales, étnicas y sociales, con lo que se podría fomentar
una cultura abierta, participativa y siempre sensible al enriquecimiento
foráneo.
Con su política, con la política que están defendiendo, si al final tiene
éxito, posiblemente podremos tener las catedrales mejor preparadas de
toda Europa, pero seguiremos sin tener una política cultural.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Beatriz
Rodríguez-Salmones tiene la palabra.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: No es este turno, evidentemente, el
momento en que podemos contestar a los otros grupos que han intervenido,
pero no puedo evitar comentarle al señor Clotas lo enfático de su
intervención, espero que por apasionado sobre la materia. Quiero decir
que a nosotros ese tono en la política en general a veces nos asusta y,
desde luego, en la política cultural, en la que creemos hay que ser muy
respetuoso con la iniciativa social. Estaba usted demandando de nuevo el
ministro estrella; el ministro que parece pintó el Picasso, que ganó el
Oscar, que escribió el Nobel o que hizo el gran proyecto arquitectónico;
pero lamentablemente para la señora Ministra creo que su puesto es más
necesario y mucho más modesto que el del estrellato. Es sencillamente,
originar el marco en libertad para la creación, para la participación
máxima de todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, administrar el
desgraciadamente modesto presupuesto de acuerdo con unas prioridades, que
usted llama buques insignia y que, modestamente, con llamarles
prioridades quizá rebajemos el tono de que la estrella de la cultura sea
la Ministra y podamos ponerla en los creadores y en la participación de
todos los ciudadanos.
A nosotros --y me centro en la intervención de la Ministra-- nos parece
importante precisamente eso, que lo que ha marcado no es el estrellato y
el buque insignia de unas actuaciones, cuyo final general no sabremos si
es muy positivo para la cultura en España, sino que ha marcado unas
líneas extraordinariamente importantes, a las que quizá no llame usted
proyectos nuevos y que, sin embargo, sí lo son completamente.
A lo largo de toda su intervención hemos visto que hay un esfuerzo en
todas las áreas por movilizar la iniciativa social y no sólo con medidas
fiscales, que efectivamente pueden ser necesarias, por lo que
consideraremos las reformas precisas en las leyes de mecenazgo o de
fundaciones, sino con mucho más. En los países donde hay una verdadera
participación social no se da sólo por intereses fiscales, se da por
muchos otros motivos; y la llamada al voluntariado cultural en todos los
ámbitos nos parece importante.
Me parece que un segundo criterio, además de éste de movilizar la
iniciativa social en un país como España, con una creación cultural y un
patrimonio tan importantes, jamas habría medios en el Estado en su
conjunto, en todas las administraciones, para proteger y promover la
cultura. Como no movilicemos esa iniciativa no tendremos participación y
libertad, ni siquiera tendremos medios económicos.
Otro punto que me parece importante de la exposición de la señora
Ministra --y me gusta señalarlo-- es la llamada, también en todos lo
ámbitos, a los criterios objetivos. Se trata de reglar las ayudas al cine
(de hecho estaban regladas, pero se estaban reformando y había unos
márgenes de subjetividad grandes), reglar las ayudas a las fundaciones,
reglar las ayudas a la difusión exterior, etcétera. Esta idea de
objetividad que evita el dirigismo nos parece que no es nueva en su
expresión, aunque a la hora de la gestión de un dinero se pone límites a
sí mismo para hacerlo. Todo el mundo lo decía, pero los límites no
existían.
Otra cuestión que horizontalmente me parece también importante en toda la
política del ministerio, ha sido lo que la Ministra ha señalado. Quizás
al representante de Izquierda Unida no le haya gustado porque considera
la política de conservación del patrimonio de derechas. En un año de
restricciones presupuestarias como éste, y como va a ser el próximo, yo
creo que gobernar es elegir; nos han dicho muchas veces que es así. Hay
que buscar una prioridad y, desde luego, el patrimonio histórico español
es de tal envergadura que, por restricciones presupuestarias, permitir
que se caiga el tejado de un convento es grave y, además, supone más
dinero para el año que viene. Hay que dar prioridad. Esto se ha hecho con
el plan de catedrales y con lo que la Ministra ha señalado, que está muy
bien, del catálogo nacional de actuaciones, es decir, intentar reglar y
objetivar los criterios con los que se van a hacer las actuaciones. En
este caso ha sido catedrales, en otro momento será cualquier otra cosa,
pero todos debemos tener conocimiento de en virtud de qué criterios se
prioriza una actuación sobre otra.
En cuanto a los criterios generales, en la exposición de la Ministra ha
quedado claro que se está caminando bien, quizá se vaya más deprisa a
medida que cada componente del Gobierno trabaje más asentado, dominando
su cartera, en las políticas horizontales. El convenio del uno por ciento
cultural es de una gran importancia, así como los acuerdos con
Exteriores, tanto en el Cervantes como por ejemplo en lo que nos han
dicho del ISBN. La Ministra contestará sobre estos extremos, pero no
estamos hablando sólo del castellano, sino de las lenguas españolas, lo
que pasa es que no las ha enumerado. Esa política horizontal de todos los
departamentos --y parece que la Ministra nos lo señalará-- se tiene que
ver más en la fusión de educación y cultura, por ejemplo, con las
bibliotecas escolares. Seguro que encuentra en todos nosotros el apoyo
para fomentar la lectura en la escuela, que es el sitio donde de verdad
se crea el hábito de lectura, que es tan importante, lo
mismo que nos ha explicado respecto al teatro y la música en la escuela.
Podría descender a cuestiones concretas, pero creo que el Presidente y
los demás grupos agradecerán que no lo haga. Respecto al tema del cine,
la Ministra creo que lo explicará mejor. El acuerdo con los sectores y
las coproducciones entendemos que es la mejor manera de introducirnos en
un cine europeo más que a través de fronteras y cuotas. Nos ha parecido
interesante y querría volver a recalcarlo, el interés por las bibliotecas
escolares, en la medida que el ministerio pueda avanzar en esta
dirección. Nos parece uno de los programas que casi llamaríamos buques
insignias, usando la terminología del representante socialista.
El señor PRESIDENTE: Han gozado ustedes de una desmedida generosidad en
el tiempo. Ahora vamos a gozar todos los demás de una austeridad en el
uso del que queda. (El señor Romero González pide la palabra.)
¿Qué desea, señor Romero?
El señor ROMERO GONZALEZ: Señor Presidente, con corrección, pero con una
lectura ajustada al Reglamento de la Cámara, entendemos que mi grupo, al
amparo del artículo 73, toda vez que ha sido contradicho el
interviniente, tiene derecho a responder a la intervención de la señora
Diputada del Grupo Popular, por tiempo máximo de cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Del que pueden hacer uso ahora o cuando les toque la
réplica. Estaba previsto que una vez que hablara la señora Ministra, nos
les iba a dejar sin que dijeran algo. Sí voy a procurar por todos los
medios que hagan gala de una tacañería tal que nos dejara a todos
maravillados. Ahora tiene la palabra la señora Ministra y después
intervendrán ustedes.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Comenzaré por el portavoz del Grupo Socialista señor Clotas que, aparte
de otras muchas cosas, ha dicho en primer lugar que no he hablado de
políticas. Creo que he hablado claramente (y lo ha dicho muy bien la
señora Rodríguez-Salmones) de la prioridad política que, en materia de
bellas artes, tiene el Ministerio, que es la protección del patrimonio.
Hemos creído que el deterioro o la destrucción de un monumento no tendría
remedio y por ello era imprescindible hacerlo prioritario. Pero no nos
hemos dedicado sólo a las catedrales o a los castillos, sino que hemos
firmado un convenio muy importante para la construcción de una réplica de
las cuevas de Altamira, de modo que cuantos van allí interesados por las
cuevas no tengan que limitarse a comprar un libro o verlo en un catálogo,
sino que, cuando esté terminado, espero que sea dentro de menos de dos
años, puedan admirar una réplica idéntica a las cuevas, que se va a
construir también con gran ayuda de la iniciativa social. Hemos culminado
la operación de adquisición por dación en pago de unas importantísimas
obras de Picasso, que comenzó en los tiempos del Gobierno anterior, y así
lo reconocí en el acto de presentación, y expresamente reconocí su
participación a mi antecesora, la Ministra Alborch.
En cuanto a la comisión delegada de asuntos culturales, quiero decirle al
señor Clotas, y he querido anunciarlo en esta Comisión, porque considero
que es importante y refleja el deseo del Gobierno, que las necesidades de
atención a la cultura impregnan toda la acción del Gobierno. ¿Por qué?
Porque entendemos que la política turística está íntimamente relacionada
con la política cultural, lo está también la política del medio ambiente,
cómo no, todo el Ministerio de Obras Públicas, puesto que las obras
públicas que se realizan tienen que hacerse atendiendo también a los
valores culturales, sin olvidar la tan importantísima política cultural
que desarrolla el Ministerio de Asuntos Exteriores en todos los países
extranjeros, que también ha de tener la coordinación que la presidencia
del Presidente del Gobierno va a imprimir a esta Comisión.
Dice el señor Clotas que hemos suprimido el Ministerio de Cultura. Quiero
decirle una vez más al señor Clotas que el Ministerio de Cultura no se ha
suprimido; el Ministerio de Cultura está en el Ministerio de Educación y
Cultura porque hemos considerado, y seguimos considerando --así estaba en
nuestro programa electoral y en el discurso de investidura-- que la mejor
política cultural que se puede hacer es una buena política educativa. Si
queremos que los españoles del mañana lean más, escuchen más música,
vayan más al teatro, disfruten más de los museos, tenemos que empezar por
enseñarles en la escuela el hábito de la lectura, por fomentarles el amor
a la música, el conocimiento del teatro, el conocimiento de la historia,
para que disfruten de los museos. Esa ha sido nuestra política. Por
tanto, no es cierto que hayamos suprimido el ministerio; todo lo
contrario la educación y la cultura son la segunda prioridad del
Gobierno. Lo hemos dicho en el programa electoral, lo ha dicho el
Presidente en su discurso y lo estamos poniendo en práctica en la
política de todos los días. La primera, evidentemente, es el cumplimiento
de los objetivos europeos. Ahí creo que está de acuerdo toda la Cámara y
por eso no podemos destinar todos los fondos que quisiéramos a nuestras
prioridades, como es la protección del patrimonio; entendido éste no como
algo estático, es decir, las piedras, los monumentos y las catedrales,
sino algo dinámico, y también las adquisiciones de lo que hoy es
vanguardia y probablemente mañana será considerado patrimonio histórico.
Se ha referido el señor Clotas a la política de nombramientos. He creído
entender en sus palabras cierta acusación de sectarismo o de
nombramientos por razones políticas. Quiero dejar muy tranquilo al señor
Clotas. Todos los nombramientos que se han hecho en el Ministerio de
Educación y Cultura ha sido por razones profesionales. De hecho, muchos
de los que estaban en el área de cultura, nombrados por mis antecesores,
continúan. Así sucede en la dirección del Centro Reina Sofía, el director
es el mismo que estaba; así sucede en la presidencia del Patronato del
Museo del Prado (es el mismo que estaba) y en la referencia concreta que
ha hecho a don Adolfo Marsillach, para despejarle cualquier duda de
sectarismo, quiero decirle que, terminado su contrato, la persona que se
ha nombrado (Rafael
Pérez Sierra) fue el segundo de Marsillach en la Compañía Nacional de
Teatro Clásico y, además, fue nombrado por él cuando Marsillach fue
director del Inaem, para hacerse cargo de la compañía. Por tanto, despeje
cualquier idea de sectarismo. Si se refiere al cese de doña Elena
Salgado, tengo que decir que doña Elena Salgado era Secretaria General de
Telecomunicaciones del Ministro Borrell, por lo que no se puede decir que
su nombramiento para gerente del Teatro Real fuera enteramente hecho por
razones profesionales, porque las razones profesionales en música y
teatro se le desconocían a la señora Salgado y sin duda las tendría, pero
no eran conocidas en aquel momento.
En cuanto a los museos, se ha referido S. S. al museo San Pío V, de
Valencia, y ha preguntado por qué nadie asistió a la inauguración. Quiero
explicárselo con toda claridad. La fecha del día 24 fue puesta a petición
mía. Posteriormente me anunciaron unos actos con la Casa Real, a los que
luego pudo acudir el secretario de Estado; a alguno no pude acudir yo
porque tuve que ir a la gala del deporte donde, al parecer, nunca había
dejado de asistir el ministro. También debo decirle, en relación a la
ampliación de la tercera fase del San Pío V, que siendo un museo de
titularidad estatal ha sido sufragada íntegramente por la Comunidad
Autónoma Valenciana. Por tanto, me parece de justicia que sea la
Generalitat quien lo inaugure; pero debo decirle que ellos tuvieron la
deferencia con nosotros de pedir fecha. Yo puse la del pasado lunes, día
24, y no pude ir por razones totalmente ajenas a la Generalitat
Valenciana.
Habla el señor Clotas de que no intervenimos en la Plaza de Oriente y en
el asunto del Acueducto de Segovia y dice que no me ha escuchado a mí
hablar de estos asuntos. El señor Clotas no asiste a los Plenos de esta
Cámara, porque sobre ambas cuestiones he tenido el honor de contestar a
preguntas de SS. SS., algunas pertenecientes al Grupo Socialista y otras
a otros grupos. La última fue el pasado miércoles a la ex ministra
Angeles Amador. Sobre la Plaza de Oriente creo que he contestado dos
preguntas en esta Cámara.
Se centra el señor Clotas en que yo no he hablado de política, que hay
que hablar de política, y cuando pone ejemplos de que hay que hablar de
política quiere que hable del Real, lo cual yo hago con muchísimo gusto.
Lo que yo tengo que decir del Real es que ha habido una sucesión
interminable de despropósitos en este teatro, de los que yo no puedo
hacerme responsable, señor Clotas. El teatro se iba a abrir en el año
1992, coincidiendo con Madrid capital europea de la Cultura. Mis
antecesores tuvieron que irlo retrasando. La ex ministra Alborch lo
anunció primero para 1994, luego dijo que para finales de 1995, después
para 1996 y, por último, para 1997. Yo me he limitado a respetar la fecha
que estaba puesta, el 18 de octubre, adelantándola.
Hablando del Real, me ha acusado de politizar el asunto y de cambiar el
programa. Quiero dejar a SS. SS. clarísimo que el patronato aprobó por
unanimidad en la sesión celebrada el 17 de enero pasado la programación
presentada por el director artístico, señor Lissner; se aprobó
--repito--, por unanimidad. Desde el principio se había dicho al director
artístico que el programa de la apertura no era un acto propiamente
musical, sino también un acto político al que asistiría la Casa Real,
asistirían presidentes de comunidades autónomas, probablemente SS. SS. y
que no todo el mundo podría tener las seis horas que según dicen los
expertos son imprescindibles para la representación de Parsifal. Por
tanto, se respetó la programación de Parsifal para el 18 de octubre y los
días siguientes y se adelantó el acto de apertura. Sí se dijo desde la
responsabilidad política del ministerio que fuera con una ópera española,
que fuera con artistas españoles, con directores musicales, escenógrafos
y cantantes españoles. El patronato decidió que fuera con La vida breve,
de Manuel de Falla; pero lo que se había decidido desde el punto de vista
político es sacar esto de la programación del Real, que fuera un acto de
apertura y que no tuviera la duración de seis horas como la ópera
programada Parsifal.
Si usted quiere que yo le hable de la sucesión de despropósitos, el
último se lo puedo anunciar porque me he enterado ayer. Las butacas del
Teatro Real, que fueron recibidas de conformidad por mis antecesores en
el ministerio, están tapizadas de una tela que no es ignífuga. Tenían que
estar tapizadas con una tela que se llama M-1, que es la verdaderamente
ignífuga, y desgraciadamente lo están con M-3. Las pruebas del
laboratorio demuestran que no se había certificado convenientemente y,
por tanto, tendremos que proceder a reclamar al fabricante y comenzar
otra vez esta sucesión de problemas. Tengo que repetir una vez más a S.
S. que las obras de este teatro se presupuestaron en 4.000 millones y que
han costado ya al contribuyente 20.000 millones. (Un señor Diputado: ¡Qué
barbaridad!) Por tanto, tengo que decir a S. S. que el problema no está
causado por este Gobierno; muy al contrario, ha sido causado por los
gobiernos anteriores.
Dice también que no hemos hecho nada en materia de teatro y que no hemos
enunciado ni siquiera las líneas políticas. Hemos dicho con toda claridad
que tratábamos de atraer al público de siempre, pero buscando nuevo
público en materia de teatro. De que lo hemos cumplido, yo creo que da fe
una cifra que voy a dar a S. S. si tuviera la amabilidad de escucharme
porque creo que le interesará. La recaudación del Centro Dramático
Nacional, en el año 1996, fue de 42 millones de pesetas con la
programación hecha por el anterior director señor Marsillach y por los
anteriores responsables políticos; la recaudación en taquilla, solamente
en el mes de enero y mitad de febrero de 1997, ha sido de 44 millones de
pesetas, es decir, hemos buscado al público, hemos atraído nuevos
públicos y el Centro Dramático Nacional está consiguiendo aumentar su
atractivo para el público, que es a lo que a nosotros nos interesa.
Finalmente el señor Clotas habla de que no hemos definido una política
cinematográfica. Creo que lo ha dicho muy bien la señora
Rodríguez-Salmones y que nuestra política cinematográfica es de apoyo y
de confianza en los creadores españoles. Su señoría ha dicho ojalá me
equivoque. Yo quiero asegurar a S. S. que se equivocará porque el año
próximo habrá más producciones que las de los años anteriores cuando
gobernaba el Partido Socialista.
En cuanto a lo que ha dicho la representante de Convergència i Unió,
quiero pedirle disculpas porque quizá mi
expresión no ha sido clara; pero cuando hablamos de letras españolas nos
estamos refiriendo a las letras de todas las lenguas de España. Tanto el
Instituto Cervantes, como las ayudas al libro, como otro proyecto al que
me he referido, que es la propia Ley del Mecenazgo, cuando habla de las
letras españolas se refiere a las letras de todas las lenguas de España.
En la directiva de bases de datos de propiedad intelectual en su
incorporación al Derecho español están también todas las lenguas
españolas y no sólo la castellana. En lo que se refiere a los
centenarios, tengo que decirle que vamos a celebrar y participar también
--no he hecho una enumeración exhaustiva-- en el de Josep Pla, que es el
centenario del nacimiento, y en el de Auxías March, que se van a celebrar
también estos años.
El señor Centella, de Izquierda Unida, indica que yo digo que los poderes
públicos no deben intervenir. Incierto. Digo que los poderes públicos no
deben tener el protagonismo en materia cultural; otra cosa es que a mí me
gustaría que no tuvieran que intervenir en absoluto. Yo digo que las
ayudas son como muletas que hay que proporcionar a unos sectores que
ojalá fueran tan pujantes como lo son otros sectores culturales, por
ejemplo el editorial o el discográfico. Ojalá que caminaran solos el cine
y el teatro.
Cuando S. S. habla de la igualdad de oportunidades, en ella coincidimos
absolutamente. No puedo coincidir con S. S. en la igualdad de resultados.
Creo que la igualdad de oportunidades es la que conduce a cada uno de los
seres humanos, sea cual sea su nacimiento, su familia o sus condiciones a
tener la misma oportunidad. Personas de la misma familia al final por su
esfuerzo, por su trayectoria, por su vida o por sus condiciones no acaban
teniendo los mismos resultados; por tanto, no puedo coincidir en la
igualdad de resultados, si bien coincido con S. S. en la igualdad de
oportunidades.
Respecto a que yo prefiero tener las catedrales mejor reparadas del mundo
a tener una política cultural estelar, se lo puedo asegurar. Lo ha dicho
muy bien la portavoz del Grupo Popular. No pretendo para nada ser un
político estrella, pero sí me gustaría tener las catedrales mejor
reparadas del mundo.
En relación a la intervención de la señora Rodríguez-Salmones, agradezco
sus palabras. Es verdad que el patrimonio es prioritario, que gobernar es
elegir y que es una cuestión de sentido común. Si permitimos que el
patrimonio se destruya o se deteriore, estamos incumpliendo la obligación
de legar a las generaciones futuras lo que las pasadas nos han legado a
nosotros.
Finalmente, respecto a las bibliotecas escolares, sí quería decir dos
palabras, señor Presidente, y termino. Creo que el plan de bibliotecas
escolares que tendremos ocasión de presentar próximamente a esta Cámara
es importante y va a cumplir dos funciones. El otro día, me escandalizaba
yo cuando supe que el concejal de un ayuntamiento de una ciudad próxima a
Madrid, concejal de cultura además, había expulsado de la biblioteca
pública a unos estudiantes de instituto --no quiero citar el municipio
para que no parezca que es contra la persona o partido que lo regenta,
sino el hecho en sí mismo-- que habían acudido a la biblioteca pública a
estudiar. Esos estudiantes que, probablemente, no tienen el lugar ni las
condiciones adecuadas en su casa para tener el recogimiento necesario
para el estudio, acudían a la biblioteca y, lógicamente, no pedían un
libro prestado de la biblioteca, sino que llevaban sus libros de texto. A
mí me parece lamentable que se les expulsara, y es verdad que el
Ministerio de Educación y Cultura, y en ello estamos, tiene que hacer un
esfuerzo mayor para que las bibliotecas de los colegios e institutos
estén abiertas durante más tiempo. Estamos haciendo el esfuerzo de tratar
de dotar económicamente las cuantías necesarias para que podamos abrir
esas bibliotecas escolares, y yo confío en que SS. SS. apoyen ese plan de
bibliotecas escolares que tan importante me parece, no solamente con
objeto de que los estudiantes puedan tener otro lugar distinto a sus
casas en el que poder estudiar con el silencio y el recogimiento
necesarios, sino también como política de impulso a la lectura desde la
escuela, que es la que informa toda la política del Ministerio de
Educación y Cultura.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
¿Puede esta Comisión, a través de su Presidente, si no ha entendido mal,
agradecerle a usted una invitación anticipada para la apertura del Real?
(Risas.--Varios señores Diputados: ¡No puede ser!--Rumores.)
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Intencionadamente, la Presidencia no se ha atrevido a tanto, señor
Presidente (Risas.), porque sobre el acto de apertura, estábamos pensando
hacerlo con las personalidades políticas de toda España, que son las
invitadas el día 12 de octubre al Palacio Real. Pero hemos previsto una
segunda sesión, al día siguiente, con todas SS. SS., a la que, desde
luego, están invitados, pero trataremos también de que acudan a la
primera.
El señor PRESIDENTE: O sea, que puede. Muchas gracias.
Señor Clotas, para el doble turno de réplica y de controversia, con la
mayor brevedad posible, tiene la palabra.
El señor CLOTAS I CIERCO: Señor Presidente, seré muy breve.
A la portavoz del Grupo Popular quisiera decirle que lamento que no le
guste mi estilo; todos no podemos ser tan sonrientes como ella, pero
quisiera decirle dos cosas. Yo no pido ningún estrellato para el ministro
o ministra de Cultura; pido lo que ustedes prometieron en la campaña
electoral: prioridad para la cultura y que la política cultural tenga el
lugar que debe tener y, hasta ahora, desde luego, no es ésa su política.
Dice la portavoz que hay escasos medios. Efectivamente, y si se
disminuyen, como ha hecho el Partido Popular, hay menos medios todavía.
No hemos venido aquí a hablar sobre la creación cultural; por ello no he
hablado de lo que hacen los artistas, que es quizá un tema muchísimo más
apasionante. Hemos venido a hablar de lo que le corresponde al Gobierno y
al Ministerio de Educación y Cultura, que es
crear las condiciones para que los artistas puedan hacer su labor, su
creación, por lo que pensamos que en absoluto son satisfactorias las
condiciones que se están creando con la política de escasez y de falta de
ambición del Partido Popular.
A la señora Ministra, muy telegráficamente y sin ánimo de reabrir un
debate que tendremos ocasión de hacer, quisiera decirle varias cosas. En
primer lugar, señora Ministra, hoy se duda de que pueda inaugurarse el
Real, aunque seguramente se inaugurará, pero en una situación harto
extraña: sin director escénico, sin director artístico... Será un récord
en la historia de los teatros líricos.
Respecto a la Plaza de Oriente, usted lo que nos dijo era que no tenía
competencias, pero cuando un patrimonio está en peligro, sabe usted
perfectamente que sí tienen competencias.
El Centro Dramático Nacional será objeto de debate en esta Comisión. Si
el objetivo del Gobierno es que el Centro Dramático Nacional tiene que
conseguir una buena taquilla, yo creo que no se ha entendido, en
absoluto, lo que es un Centro Dramático Nacional y merece la pena tener
un debate. Sus palabras, siendo positivas, y me felicito de que la
taquilla haya ido mejor, le aseguro que me preocupan mucho y preocuparán
mucho al sector teatral.
Quisiera decirle también que tomo nota de que su política es la de que la
prioridad es la protección del patrimonio; ya lo sabía. Usted ha venido
ha decir esto, lo ha dicho, y hemos tomado perfecta nota. Asimismo, tomo
nota de que se ha suprimido el Ministerio de Educación, ya que dice usted
que el de Cultura se mantiene.
Finalmente, quiero decirle que espero que el Gobierno dedique más
atención y más política al tema europeo que el que está dedicando a la
cultura.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, intervengo solamente un minuto
para decir dos cosas. Primera, que lo que yo he dicho que ha manifestado
la señora Ministra viene en el «Diario de Sesiones» de la pasada
Comisión. Dice textualmente que los poderes públicos no pueden ni deben
intervenir en el proceso creativo, sino proporcionar el marco de libertad
que éste necesita. (Risas.) Entonces, a partir de ahí, ... (Un señor
Diputado pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.)
Sí, sí, pero no estábamos hablando de crear el marco; estábamos hablando
de otro tipo de intervenciones, como la de facilitar que se puedan
producir esos hecho culturales. Además, yo a lo que me refería era a que
ustedes todo lo basaban en el esfuerzo de cada individuo para hacer la
obra. Nosotros creemos también que los pueblos, los colectivos, también
cuentan a la hora de la cultura. Sin embargo, no era ése el debate.
Lamento que no haya contestado a ninguna de mis preguntas, por lo que se
las haré por escrito para no alargar y no repetirlas en esta segunda
intervención. Espero que dé contestación a las preguntas que le había
formulado respecto a posibles actuaciones en el sector cultural.
El señor PRESIDENTE: La señora Ministra tiene la palabra para hacer las
precisiones últimamente efectuadas.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Señor Presidente, quiero decir al señor Clotas, cuando duda de que el
Teatro Real pueda inaugurarse, que está en su legítimo derecho de
dudarlo. Ahora, piense que los españoles más lo dudarían si siguieran
ustedes al frente de la gestión cultural (Rumores.), porque habían
anunciado su inauguración para el año 1992, después para 1993, luego para
1994, más tarde para finales de 1995, posteriormente para 1996 y ahora en
1997. De momento, nosotros no lo hemos aplazado ninguna vez.
Aprovecho para decir al señor Presidente que se hará un esfuerzo para que
la Comisión de Cultura esté también en la sesión inaugural. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: La Comisión de Cultura agradece todos los esfuerzos
que haga el ministerio para que esté no sólo allí, sino en toda clase de
manifestaciones culturales. (Risas.)
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Sí,
señor Presidente, pero tengo que decir a S. S. que estamos estudiando una
remodelación del llamado corte oficial. Enlazo con la siguiente cuestión
que me plantea el señor Clotas cuando dice que no está el Centro
Dramático Nacional para conseguir más público. Yo, como dice usted, tomo
buena nota de que el Grupo Socialista cree que el Centro Dramático
Nacional está para ahuyentar al público. Pues no, señoría, porque ha
habido obras programadas en las que los decorado y la producción han
costado mucho dinero el año pasado y que han tenido 17 espectadores,
señor Clotas; yo le traeré a usted las cifras para que se le ponga la
carne de gallina, como se me puso a mí. Sin embargo, en este año, con la
primera producción programada por el nuevo equipo, hemos tenido una
recaudación, en el primer mes y medio, de 44 millones de pesetas,
superior a los 42 millones de pesetas de todo el año pasado. Me parece
que atraer al público es una de las obligaciones que tenemos en el Centro
Dramático Nacional, no la única, pero, al menos, tenemos la de atraer al
público.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DAR CUENTA DE LA POSICION EXPRESADA POR LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION
Y CULTURA EN RELACION CON LOS CONTENIDOS SEXISTAS Y XENOFOBOS DE UN LIBRO
RECOMENDADO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS POR SU CATEDRATICO. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 213/000175.)
--INFORMAR SOBRE RECIENTES DECLARACIONES SOBRE LA LIBERTAD DE CATEDRA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000181.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el tratamiento de las
comparecencias restantes, que tienen su peculiaridad, porque casi, si en
vez de decir comparecencias fueran preguntas, intervendría el
preguntante, intervendría quien contesta y acabaríamos antes; pero se han
pedido como comparecencias. Estoy convencido de que cuento con la
colaboración de la Comisión para dar un tratamiento muy peculiar y
específico que hará que vayan muy deprisa.
Conjuntamente, veremos las dos últimas comparecencias, señora Ministra,
sobre los contenidos sexistas y xenófobos en un libro recomendado a
estudiantes universitarios por su catedrático, así como recientes
declaraciones que se le imputan sobre la libertad de cátedra. A
continuación, intervendrán el resto de los grupos.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Señor Presidente, señorías, si se analizan sin mala fe mis declaraciones,
incluso las que realicé en un primer momento, el día 7 de enero, después
de un largo fin de semana de Navidad, con una información incompleta, a
partir de una somera ojeada a la prensa del fin de semana, convendrán
conmigo en que fueron correctas y oportunas y situaron el problema que se
planteaba en sus justos términos, que son: rechazo científico, condena
política y cautela jurídica. Desde esas tres perspectivas, es desde las
que creo que deben analizarse, cuando dije que me producían estupor esas
declaraciones, pero que había que recordar que en España existía libertad
de cátedra.
En otros términos, estupor científico ante una sarta de majaderías
anticientíficas, un reproche político ante el hecho de que en nuestra
universidad se sostengan valores antidemocráticos y discriminatorios,
pero una cautela jurídica a la hora de enjuiciar responsabilidades, dado
que se está en presencia de una institución tan venerable como la de la
libertad de cátedra que es, al tiempo, garantía de la libre transmisión
del saber y derecho fundamental de los profesores.
En efecto, señorías, los acontecimientos en que tiene su origen esta
comparecencia deben ser analizados desde tres perspectivas: la
científica, la política y la jurídica. Desde el punto de vista del
discurso científico es evidente que las afirmaciones contenidas en el
libro del profesor Quintana, que yo no he leído, pero que he podido
conocer por la prensa, carecen del mínimo rigor y algunas incluso rozan
el disparate; tienen carácter acientífico y a veces ridículo y yo no
quiero entrar más allá en este terreno científico que no es el mío.
Desde el punto de vista político hay que reconocer que no todos los
errores científicos resultan al tiempo políticamente inconvenientes y/o
constitucionalmente inadecuados. Pero los del profesor Quintana lo son
también y de forma intensa. Deducir cualidades personales de presuntas
diferencias biológicas, además de moral y políticamente peligroso, es
científicamente erróneo. ¿Y por qué digo que tales afirmaciones resultan
peligrosas? Porque creo que cuando las falsas, acientíficas y moralmente
rechazables desigualdades psicológicas se predican de grupos sociales
marginados que son objeto con frecuencia de trato discriminatorio, se
contribuye, de hecho, a sostener un clima psicológico y cultural de
intolerancia y de marginación, y ello es políticamente grave porque no se
ajusta ni al principio democrático ni a los valores constitucionales. Y
es más grave aún cuando esos argumentos se transmiten en la universidad,
en el seno de un proceso de transmisión del saber en el que cristaliza el
derecho fundamental de los alumnos a la educación. De ahí mi condena
moral y política, sin paliativos --que tuve que hacer en nota de prensa
al día siguiente--, pero ya había dicho que esos juicios me producían
auténtico estupor. En otras palabras, me pasma, me asombra, me duele y me
irrita que en nuestra universidad se sostengan, con total frescura, tales
opiniones.
Señor Presidente, señorías, la tercera perspectiva, que creo no debemos
olvidar, es la jurídica, la que apela a la depuración de
responsabilidades, la que acude al derecho punitivo del Estado, ya sea el
Derecho penal en sentido estricto o al Derecho administrativo
sancionador. Y en este terreno es donde hay que ser cautos y prudentes,
porque convendrán conmigo SS. SS. en que prohibir o reprimir
jurídicamente las opiniones científicamente insostenibles o políticamente
rechazables, puede llegar a abrir un escenario ciertamente espeluznante
de otra forma de intolerancia, al que desde luego esta ministra no está
dispuesta a contribuir. Puedo aceptar la idea de que sólo se debe ser
intolerante con la intolerancia. Pero, ¿cómo, con cualquier método, a
cualquier precio? Ni siquiera eso. El fin nunca justifica los medios. Por
ello, señorías, siempre he pensado que las opiniones deben ser combatidas
con otras opiniones en el libre mercado de las ideas, de acuerdo con la
bellísima metáfora de la juez Holmes. La pregunta es si aquí ha habido
algo más que opiniones, si se ha dado de alguna forma una transgresión
del ordenamiento jurídico. A esta pregunta sólo puede contestarse con
exquisita cautela y con deliberada prudencia.
Es muy importante recordar, en primer lugar, que estamos en un Estado de
Derecho y que éste protege la libertad de cátedra. Hay que poner en la
balanza los valores constitucionales, los derechos de los alumnos, la
libertad de expresión y la libertad de cátedra y entonces habrá que
ponderar jurídicamente estos bienes concurrentes y potencialmente
lesionados. Esa es una operación jurídica que no me corresponde hacer a
mí. Yo puedo condenar --y condeno-- políticamente, pero no puedo ni debo
hacerlo jurídicamente en este momento, tanto por razones de procedimiento
como por razones materiales. Por razones de procedimiento porque si se
trata de aplicar el Derecho penal es a los tribunales de justicia a los
que corresponde hacerlo. Y si se trata de sancionar administrativamente a
este catedrático, la competencia es en virtud de la autonomía de la
propia universidad en la que el profesor presta sus servicios. Sólo en
última instancia, si se llegase a un supuesto de sanción, de pérdida de
la condición de funcionario tendría que
intervenir esta Ministra. Así resulta de la Ley de Reforma Universitaria
y de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
En segundo lugar, por razones materiales, porque todo profesor tiene el
derecho constitucional a la libertad de cátedra y el respeto a tan
trascendental derecho debe también obligarme a la cautela. Esta Ministra
sabe bien que no existen derechos ilimitados. Más aún, la idea de un
derecho ilimitado es una contradicción en sus propios términos. La
libertad jurídicamente controlada es una libertad limitada y también lo
es la libertad de cátedra, la libertad de cátedra tiene sus límites.
Saben SS. SS. perfectamente que esta teoría de los límites de la libertad
de cátedra nace en Alemania en el siglo pasado con la fórmula de que la
ciencia y su transmisión han de ser libres, pero saben también que nace
en el contexto del profesor-funcionario público para liberar a esos
profesores de los efectos del principio de jerarquía administrativa y de
sus deberes de obediencia y lealtad en el proceso de investigación y de
transmisión del saber.
Por último, conocen que nace en referencia al profesorado universitario,
en el que se aúna la tarea de la transmisión de la ciencia, pero también
de la investigación. En España en la Constitución de 1931 se extendió la
libertad de cátedra a todos los profesores funcionarios, en todos los
niveles de la docencia y nuestra vigente Constitución ha extendido este
derecho a la totalidad de los docentes, cualquiera que sea su nivel y la
naturaleza del centro, público o privado, con carácter propio o sin él.
Pero esta misma generalización ha obligado a matizar el contenido del
derecho de acuerdo con un doble parámetro. De un lado, la existencia o
inexistencia de un carácter propio del centro, que obligue al profesor a
respetarlo, y de otro, el mayor o menor nivel de la enseñanza que abra o
cierre gradualmente la libertad del profesor en función de la edad de sus
alumnos, de su capacidad crítica y, por tanto, el respeto debido a la
libertad de conciencia de los propios alumnos. Así se sitúa jurídicamente
el problema. Las referencias que he hecho anteriormente son a sentencias
del Tribunal Constitucional y las preguntas que podemos formularnos son
las siguientes.
¿Encaja el carácter anticientífico de las opiniones vertidas por este
profesor dentro del límite de la libertad de cátedra que impone el
respeto a la verdad científica o al menos al método científico y al
carácter que da tal discurso resulte? Las afirmaciones de desigualdades
psicológicas, aun sosteniendo la igualdad jurídica, e insistiendo de
nuevo en mi absoluto rechazo político, ¿violan los fines impuestos a la
educación en el artículo 27.2 de la Constitución? ¿Ha sido violado el
Código Penal en alguno de los preceptos que tipifican el supuesto de
discriminación o de incitación a la discriminación? Estas son, señorías,
creo yo, las interrogantes jurídicas que deben ser jurídicamente
respondidas. Ello han de hacerlo las autoridades judiciales o
administrativas competentes, con el debido sosiego y el debido respeto a
las garantías procesales.
En lo que a mí respecta concluyo donde empecé: reiterando mi estupor
científico, mi condena política y mi prudencia jurídica.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de manifestar la conformidad o
satisfacción con la contestación recibida, por el orden en que fueron
solicitadas las comparecencias, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenos días o buenas tardes o buenas
madrugadas, señor Presidente, señorías, doña Esperanza. Su dulzura no
deja de modular el acero de sus palabras, como siempre.
Doña Esperanza, usted sabe que esta comparecencia responde a unos hechos
muy concretos pero, sobre todo, esos hechos son tremendamente
ilustrativos, a pesar de que usted se empeñe en demostrar lo contrario.
En su exposición --de la que se hicieron eco los medios de comunicación,
en primera instancia, sobre los contenidos sexistas y xenófobos de las
clases y del libro recomendado, no ya impartido, sino recomendado a sus
estudiantes por el catedrático de psicología de la antigua escuela de
formación del profesorado de EGB, don Guillermo Quintana-- inicialmente
su posición fue de una leve condena. Usted es prudente en lo que no
controla o no pertenece a su ideología liberal, pero usted afirmaba que
no cabía adoptar medidas. Usted se ampara en el rigor científico y se
ampara en las cautelas jurídicas (La señora Ministra de Educación y
Cultura, Aguirre y Gil de Biedma: En el rigor científico no; estupor
científico.), y eso puede dar una breve intuición de las recomendaciones
que le han hecho en cuanto a mantener el perfil que le corresponde a doña
Esperanza. Decía usted: Creo que son opiniones que se realizaban por un
profesor en el ejercicio de su libertad de cátedra y, por tanto, no las
comparto pero hay que respetarlas y, en consecuencia, no voy a
intervenir. Eso es lo que dijo usted, no lo interpreto. Esa es la
verdadera doña Esperanza, ¿no?
Usted ha venido corrigiendo la posición inicial en declaraciones
posteriores, tiene asesores a los que paga para eso, para que le corrijan
cuando usted se equivoca. Usted ha corregido su posición con una
polifonía contradictoria, defensiva y justificativa a la vez, pero la
cuestión es que cuando expresa sus más espontáneas y elocuentes palabras,
refleja su verdadero talante, que yo no comparto, pero soy respetuosa. El
problema es que su verdadero talante es el talente de quien dirige el
ministerio. Sus asesores más tarde le bajan el tono y en este caso la
confusión ha estado servida.
Doña Esperanza, creo que inocentemente --nunca está usted bajo mi
sospecha-- ha confundido el respeto a la libertad de cátedra con el no
intervencionismo que tanto predica usted y del que tan fervorosas
manifestaciones hace a diario. Y esto no se acaba de entender en su
relación con el mundo de la educación y la cultura ante una actuación que
atenta claramente contra los derechos básicos de la persona. Yo me he
sentido atacada, el conjunto de la sociedad nos hemos sentido atacados,
no sólo los rojos, las feministas, o los marginados excluidos del mundo,
sino el conjunto de la ciudadanía.
Pienso que su liberalismo, tan respetable, le ha hecho justificar un
procedimiento que supone una clara transgresión
y una falta de respeto e intolerancia a derechos como el de la dignidad
de todas las personas --y no debe olvidar nunca que sin distinción de
sexos, cultura o raza--. Respecto al tema de los sexos, creo que ustedes
no lo tienen bien resuelto y aparecen algunas disfunciones en la
polifonía a la que antes yo aludía.
Como es obvio, desde una posición progresista, como pueda ser la mía de
izquierda transformadora, tenemos más que sobrados motivos para temer y
desconfiar. Bien sabe que soy muy sincera, y especialmente con usted con
la que tengo una contradictoria debilidad para temer y desconfiar de esas
llamadas al no intervencionismo o al liberalismo en educación. Observamos
con demasiada frecuencia que esas declaraciones no esconden sino
proteccionismo del derecho del más fuerte, y sé lo que me digo y usted me
comprende perfectamente. O si no es eso, es un menosprecio de los
derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía con todo lo que
significan sus encantos personales y su puesta en escena, pero es eso.
Creo que ante la mayor presencia de los valores propios de una sociedad
multicultural y el peso incipiente de las mujeres, porque no nos dejan
respirar suficientemente en los distintos ámbitos de la vida social y
política, no es extraño que surjan voces conservadoras; claro, es
arrancar privilegios y tantas y tantas cosas que no pueden ustedes asumir
ni aceptar esta situación. Pienso que el racismo --y no podemos llamarlo
de otra manera--y la discriminación de la mujer --y me importa mucho que
lo asuma usted en el esqueleto teórico de sus concepciones-- no se acaban
porque se nieguen en la Constitución. La discriminación por razón de
sexo, cultura o raza va mucho más allá de lo que es la puesta en escena
de la Carta Magna, y hace falta criticar las actuaciones que todavía
mantienen en el conjunto de la sociedad. Creo que usted está obligada
doña Esperanza --y espero mucho más de usted-- a impulsar una política
firme y de acciones positivas en la educación, capaz de contrarrestar
dicha discriminación.
Quiero ver medidas que neutralicen y aborden situaciones como la del
profesor Quintana. Como usted no tomó medidas --otro gallo nos hubiera
cantado--, sabe que han surgido en días posteriores nuevos casos de
actuaciones que suponen más transgresión, más intolerancia a los derechos
inalienables de todas las personas, sin distinción. Es el caso de un
profesor de filosofía de un instituto de Majadahonda. Estas actitudes
viriles que tanto aprecian en un determinado sector masculino, si usted
las ampara no interviniendo, pueden crecer como hongos y habrá que
exiliarse si no toma medidas en ese sentido.
Nuestra posición es de absoluta firmeza y yo le insto a usted, a su
ministerio, a sus asesores aquí presentes y a los ausentes, a que asuman
su parte de responsabilidad y a adoptar las iniciativas y medidas
políticas correspondientes. En este sentido quiero decirle dos o tres
cosas y termino. Puede parecer una interpretación subjetiva, pero yo creo
que es absolutamente objetiva. Hay un atisbo de confusión en sus primeras
declaraciones por una razón: lo que dijo el señor Quintana no eran
simples opiniones, son actuaciones reguladas por la libertad de cátedra,
en un centro educativo público con autonomía pero sujeto --no lo olvide,
usted lo sabe mejor que yo, por eso es Ministra y no-- (Risas.) a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Como usted sabe, doña Esperanza, la libertad de cátedra está regulada en
la Constitución, en el artículo 20.1.c) --que le suministren la
información los técnicos correspondientes que están detrás--y en el
artículo 20.4 se afirma que estos derechos tienen su límite en el respeto
a los derechos reconocidos en este título (el de los derechos
fundamentales) y, especialmente, en el derecho a la protección de la
juventud, etcétera.
En la sentencia del Tribunal Constitucional que usted tan bien conoce, de
febrero de 1981, se dice: la libertad de cátedra de los profesores debe
respetar el fin de la educación, los valores enunciados en el artículo
27.2 de la Constitución, el pleno desarrollo de las personalidades
humanas en el respeto a los principios democráticos, etcétera.
Usted ha dicho que la autonomía universitaria es la pantalla que le
impedía llevar a cabo iniciativas sobre este asunto; sin embargo, según
los estatutos de la Universidad Complutense --que tan bien conoce-- a la
que pertenece este profesor, junto al respeto a la plena capacidad
docente de los profesores el artículo 106 de dichos estatutos dice que
está el respeto a la Constitución que se recoge en el artículo 1 y el
derecho a los alumnos a formular reclamaciones acerca del funcionamiento
y calidad de la enseñanza [artículo 119.1.a) h)], en términos similares a
la ponencia de la LRU.
Por tanto, ni la libertad de cátedra amparaba tales actuaciones, ni la
autonomía universitaria las justifica. Al ministerio le cabe una actitud,
una responsabilidad y unas actuaciones que no ha abordado. Y de acuerdo
con el artículo 44.2 de la LRU deberán, usted y su equipo, velar por la
sanción disciplinar que proceda. Estoy hablando jurídicamente, no hay ni
ideología ni teoría en mis palabras. Me he asesorado para poderme
confrontar con usted, desde la construcción claro está. Se debe exigir el
respeto a los principios que según la Constitución dirigen toda la
educación, incluida la universitaria, y deben velar porque las libertades
de cátedra respeten los límites que la Constitución les fija, así como
impulsar acciones positivas a favor del conocimiento y respeto de los
derechos de todas las personas, sin discriminación por razón de sexo,
cultura, raza u otro motivo de cualquier índole.
Termino diciéndole, doña Esperanza, que no se puede ser liberal y
progresista a la vez. Usted ha elegido una opción, pero la sociedad la ha
recriminado, por lo cual le emplazo a que sea usted la Ministra ecuánime
de todos y todas las ciudadanas.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, tiene la palabra.
El señor ROMERO GONZALEZ. Señora Ministra, mi grupo parlamentario
solicitó su comparecencia con carácter urgente por la primera declaración
que usted formuló a través de los medios de comunicación, aquella que
realizó sin asesores. A propósito de esta cuestión tan desgraciada, se
limitó usted a decir: La universidad está transferida
y existe la libertad de cátedra (La señora Ministra de Educación y
Cultura: Perdón, me producen estupor.) Dijo: estoy asombrada, la
universidad está transferida y existe la libertad de cátedra. Señora
Ministra, si usted, en vez de decir esta frase --que es, desde el punto
de vista del Grupo ParlamentarioSocialista, incorrecta e inoportuna--,
hubiera dicho que la libertad de cátedra no puede amparar actuaciones
contrarias a los principios constitucionales, mi grupo no le hubiera
pedido la comparecencia. Y, créame, son dos frases completamente
distintas. Igual de breves, pero completamente distintas.
De nada sirve ya --aunque a mi grupo le alegra lo que acaba de decir hoy,
déjeme que le adelante que sigue siendo insuficiente-- ni la declaración
del día siguiente ni la declaración del día de hoy. Vale la primera Y nos
preocupó por esto: Porque una ministra del Gobierno del Reino de España
debe decir la segunda frase; no debe ampararse en la libertad de cátedra
para salir por la tangente y obviar un problema de un enorme calado. No
es una anécdota de lo que estamos hablando, y, naturalmente, usted se ha
percatado horas después.
La libertad de cátedra --insisto-- no puede amparar actuaciones
contrarias a los principios constitucionales. Usted sabe que la libertad
de cátedra en nuestro país --no hay que remontarse a Alemania-- tiene un
origen más reciente, tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de
establecer un mecanismo para preservarse de las tentaciones censoras del
Estado, de las tensiones censoras de los gobiernos conservadores de final
del siglo pasado y de comienzos de este siglo.
Pero la libertad de cátedra, en democracia, adquiere una dimensión
completamente distinta, señora Ministra. Es ésta la cuestión de la que
estamos hablando ahora. Usted ha hecho hoy referencia a la Constitución
española --y nos parece bien; hubiera sido mejor hacerlo el primer día,
la primera declaración, la que sale del alma, sin asesores, sin
rectificación, el día siguiente--; ha hecho referencia al artículo 27.2
de la Constitución, que, en efecto, establece que «La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.» Por imperativo de este precepto, el alumno debe ser
formado en el conocimiento y respeto de estos principios y derechos. En
el caso de la enseñanza superior, el mandato se refiere,
fundamentalmente, al respeto, como usted sabe.
La libertad de cátedra, como ha dicho usted --y ha dicho la ilustre
Diputada que me ha precedido en el uso de la palabra--, tiene además un
referente claro en la Constitución española, que la establece. Pero
usted, en aquel momento, hubiera debido recordar que, en el mismo
artículo, tres párrafos más atrás, se dice que la libertad de cátedra
tiene sus límites; es ahí donde hubiera debido poner el acento, señora
Ministra, precisamente ahí, no en el derecho de la libertad de cátedra,
sino en los límites al mismo en función de determinadas circunstancias.
A los profesores --funcionarios de la universidad española, como usted
sabe--, les afecta el deber de fidelidad a la Constitución española
derivado de la legislación general de la Función pública, en la que,
además, como usted sabe, se tipifica como falta grave el incumplimiento
del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función
docente. Existe además el Código Penal --al que usted ha hecho referencia
hoy aquí--, y sabe muy bien que establece sanciones por delitos cometidos
con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución. De manera que hasta
ahí --que son los argumentos que hoy ha dado--, coincidencia. No es
posible escudarse en la libertad de cátedra para avalar o hacer
manifestaciones o comportamientos contrarios a los valores de la
Constitución española.
Pero mi grupo parlamentario le quiere decir, además, que existen más
límites a la libertad de cátedra, señora Ministra, y me gustaría que los
hiciera suyos; estamos seguros que va a ser así. En primer lugar, con
carácter general --para evitar amparar, sin control alguno, despropósitos
como el que nos ocupa hoy, y realmente atentados a nuestros preceptos
constitucionales--, existe nuestro propio ordenamiento en materia de
organización de la enseñanza en el sistema público universitario español.
Usted sabe que en la programación y coordinación de las materias
troncales --como la que nos ocupa, que es una materia troncal--, bases
psicológicas de la educación especial, no cabe ampararse tampoco en la
libertad de cátedra. Usted sabe que el Consejo de Universidades, que
elabora las directrices básicas de los títulos y, por tanto, las materias
troncales; sabe que las juntas de gobierno de nuestras universidades;
sabe que nuestros departamentos universitarios, responsables de la
programación general de la enseñanza y de la coordinación de las
materias, son también un límite a la libertad de cátedra.
Hay uno más, señora Ministra. El tercer límite a la libertad de cátedra
--afecta al ejercicio de libertad de cátedra y en este caso se vulnera--
es el deber de respeto por el profesor de la libertad de estudio de los
alumnos, que la Ley de Reforma Universitaria y el Tribunal Constitucional
reconocen como una de las manifestaciones del principio de libertad
académica. Esta libertad de estudio de los alumnos es la que nos hubiera
gustado escuchar en su primera manifestación, en la espontánea, en la que
vale. La libertad de estudio puede definirse, como usted sabe, como el
derecho del estudiante universitario a participar, activa y críticamente,
en el proceso de su propia formación, siendo libre de orientar
ideológicamente su estudio, sin que por ello se valore ideológicamente la
calificación de su rendimiento académico. Se trata --como señalaba
recientemente una digna profesora de nuestra universidad pública, la
profesora Lozano-- de un derecho equiparable al de la libertad de cátedra
--así lo reconoce la Constitución española y las sentencias del Tribunal
Constitucional--, garantiza, además, la autonomía intelectual de los
alumnos y supone que, dentro del programa de cada asignatura, pueda
estudiar teorías alternativas. Nos ocupa hoy esta cuestión. Ni siquiera
era posible estudiar, en este tema, teorías alternativas, porque se
trataba de un libro de texto obligatorio y exclusivo, con los contenidos
racistas, xenófobos y sexistas de todos conocidos. Nosotros sí lo hemos
leído, señora Ministra.
Concluyo, señor Presidente. Las tesis reaccionarias y antidemocráticas de
profesores que imponen a sus alumnos ideas, exigiendo un único texto,
excluyendo o penalizando la posibilidad de estudio de cualquier otro, no
se puede amparar en la libertad de cátedra, porque naturalmente se
coartaría la amplitud de enfoque y formación de un criterio propio por
los alumnos del nivel universitario. Esta es la cuestión que nos hubiera
gustado escuchar de la Ministra de Educación y Cultura del Reino de
España en la primera declaración. Por eso, nuestra petición de
comparecencia con carácter urgente. Porque lo que usted dijo el primer
día, la primera frase, era una postura a la defensiva que desconocía
completamente el contenido pleno, profundo, de la Constitución española
en cuanto a los límites; que desconocía profundamente la teoría de la
libertad del derecho de los alumnos, equiparable a la de la libertad de
cátedra, y además no hizo una condena clara, contundente, sin paliativos,
de un hecho tan grave como el que nos ha ocurrido y ha atravesado nuestro
sistema público universitario y el conjunto de la sociedad estos meses
pasados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
doña Beatriz Rodríguez-Salmones, no para entrar en polémica con el resto
de los grupos, que entonces van a pedir su correspondiente turno, sino
para manifestarse genuinamente como usted misma.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Me manifestaré genuinamente como
representante de mi grupo.
El tema del profesor Quintana y otros ejemplos que se han citado nos ha
parecido un hecho tan grave que me parece importante que utilicemos este
turno para manifestar nuestra condena absoluta, en este caso política que
es nuestro ámbito. Por tanto, sin ninguna otra consideración a la actitud
de este profesor y a sus enseñanzas, y a tantos otros, suscribimos de la
cruz a la raya lo que ha dicho la Ministra respecto a los tres ámbitos:
científico, jurídico y político. El nuestro es el político y nos parece
muy importante la frase que ha citado de ser intolerantes con la
intolerancia. Creemos que debemos serlo hasta el máximo extremo que
permita el Estado de Derecho. Por eso, repito, apoyamos todo lo que ha
dicho y nos queremos sumar a la condena de este libro del profesor
Quintana y de todas las manifestaciones que haya en este sentido.
El señor PRESIDENTE: La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Con
mucha brevedad, señor Presidente.
Rechazo contundentemente lo que ha dicho la señora Aramburu, lo mismo que
alguna de las cosas que ha dicho el señor Romero. Sin embargo, y aquí
quiero hacer una cita de Lord Acton, daría mi vida porque la señora
Aramburu pudiera seguir diciéndolo, y diciéndolo públicamente. He creído
percibir algunos deseos de censura por parte de la señora Aramburu que no
comparto. La libertad de pensamiento creo que es muy importante y la
libertad de cátedra tiene sus límites, pero es un derecho constitucional
reconocido y también muy importante.
Jurídicamente, que es el terreno donde va el señor Romero, quien crea ver
el delito debe enviar las actuaciones al fiscal. A mí,
administrativamente, en una universidad que es autónoma y tiene las
competencias transferidas a una comunidad autónoma, no me corresponde
intervenir. Penalmente, usted mismo podía enviar las actuaciones al
fiscal. Pero es que hay un profesor en el mismo departamento que el señor
Quintana, que ha sido Secretario de Estado de Educación, el señor
Marchesi, que quizá conociera mucho mejor que yo el libro del señor
Quintana.
Yo no conocía el libro del señor Quintana. Mátenme, señores Diputados,
pero no lo conocía en absoluto. Por eso mi primera declaración nada más
volver de las vacaciones de Navidad (que dice el señor Romero que no he
citado la Constitución y sí que la cité) fue: Me producen auténtico
asombro, pero no hay que olvidar que nuestra Constitución reconoce la
libertad de cátedra. Y preguntaba sucesivas veces sobre qué iba a hacer,
tuve que decir que el decano, primero, luego el rector y la comunidad
autónoma eran quienes tenían que actuar en este caso.
Ahora bien, lo que quiero dejar clarísimo y sin paliativos es que hay que
cuestionarse muy bien cómo llega a ser profesor alguien de este rigor
científico, tan sumamente cuestionable, por no decir absolutamente
rechazable, y con una condición rigurosa inexistente desde el punto de
vista científico.
Quiero dejar sentada la clarísima condena política que hice, por escrito,
al día siguiente. Dije que la libertad de cátedra no puede amparar, en
ningún caso, la comisión de presuntos delitos, y no hay que desconocer
los límites a esa libertad de cátedra. Las declaraciones del primer día
las volvería a repetir: Me produce auténtico asombro, y estaba pensando
en el asombro que me producía que alguien con esas opiniones pudiese
llegar a ser catedrático, al parecer, de escuela universitaria.
No podemos desconocer que hay libertad de cátedra, señora Aramburu.
Existe la libertad de cátedra con sus límites; es un derecho
constitucionalmente reconocido. Tenemos que tener respeto al Estado de
Derecho y la prudencia jurídica que a mí me aconseja no condenar desde el
punto de vista penal, porque, por supuesto, corresponde a los tribunales,
ni desde el punto de vista administrativo, porque no me correspondía a mí
sino a otra administración.
Señora Aramburu, me acaban de pasar un teletipo de hoy mismo sobre un
caso parecido ocurrido en Majadahonda que dice: El Ministerio de
Educación y Cultura suspende provisionalmente al profesor racista de
Majadahonda. Aquí, que la administración competente era el Ministerio, se
le ha instruido expediente a este profesor, y me entero ahora porque me
acaban de pasar el teletipo que de ese expediente se ha deducido la
suspensión provisional de este profesor de Majadahonda.
Por tanto, señor Aramburu, no quiera ver usted en mí, en absoluto,
contemplaciones con quienes incumplan el ordenamiento jurídico. Ni
muchísimo menos. Lo que yo sí
tengo son cautelas a la hora de limitar un derecho tan importante como es
la libertad de expresión o la libertad de cátedra. Cautelas, las
primeras, las que la Constitución tiene. Pero creo que es importante que
no hagamos de esto una oportunidad para que los torquemadas de turno
aprovechen para implantar algunas censuras que gustan a otros. A mí, la
censura, señora Aramburu, no me gusta nada y la rechazo absoluta y
contundentemente.
El señor PRESIDENTE: No creo que haya lugar a réplicas. El tema está más
que aclarado. En todo caso, sería por un escasísimo minuto.
Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: El problema es que cuando se establecen
diálogos de sordos es muy complicado llegar a puntos de encuentro. A mí
me llaman pastelera porque me gusta pactar las cosas. Yo le diría a doña
Esperanza que le voy a dar un cheque en blanco para ver si efectivamente,
introduce mecanismos correctores que impidan que fenómenos como éstos se
vuelvan a producir. Si los pone en marcha, tendrá mi beneplácito, y a
partir de ahora seré su estrecha colaboradora; si no, volveré a arremeter
como un torpedo contra usted.
El señor PRESIDENTE: Señora Aramburu, me viene a la memoria lo que dijo
Machado: busca siempre tu contrario que será tu complementario.
El señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señora Ministra, me decepciona, en parte, la
intervención última que ha hecho. Sería más razonable, probablemente se
haría un favor usted misma, si saliera hoy de esta Comisión diciendo: tal
vez el primer día hice una defensa poco convincente, por improvisación,
por desconocimiento, por lo que fuera, de unas convicciones que tengo muy
arraigadas. También sería mejor para todos que saliera usted de aquí
diciendo: la libertad de cátedra no puede amparar actuaciones contrarias
a los principios constitucionales, que es mejor que decir: existe la
libertad de cátedra.
No quiero entrar, señor Ministra, en un terreno resbaladizo para usted;
no he querido entrar antes ni ahora en cuanto a quién componía la
comisión que hizo posible que el profesor Quintana fuera catedrático de
escuela.
Es señor PRESIDENTE: La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Me
alegro mucho de esto último que ha dicho el señor Romero, porque habrá
que entrar en la Ley de Reforma Universitaria que hace posible que se
acceda a las cátedras en esas condiciones.
Tengo que decirle al señor Romero que es resbaladizo el terreno, porque
¿cree S. S. que un profesor de Derecho político puede enseñar, en clase
de Derecho político, su postura contraria a algún principio
constitucional? ¿O no puede en clase de Derecho político discutirse algún
principio constitucional? Yo entiendo que se puede, pero no quiero sentar
cátedra, porque no la tengo sobre esto en absoluto.
Las cuestiones políticas es en las que nosotros debemos entrar, y mi
condena ha sido sin paliativos y por escrito, exactamente en los términos
que ha dicho el señor Romero. Al día siguiente, repito, señor Romero, al
día siguiente y por escrito. Y se publica a los dos días porque yo hice
la nota al día siguiente, no le quepa al señor Romero la menor duda. De
lo que sí le tiene que caber duda al señor Romero es de si yo soy
partidaria de una censura. En absoluto, señor Romero. Soy radicalmente
contraria a la censura. En esos días se produjo la quema de libros en la
librería Lagun, de San Sebastián, como sabe su señoría. Posiciones
claramente racistas ha mantenido Quevedo, por ejemplo; ¿vamos a quemar
sus libros o a condenar o prohibir su lectura?
A mí me parece que la cautela jurídica es muy importante, junto al
estupor científico y al asombro que me causan esas opiniones y a la
condena política. No puede ser de otro modo, señor Romero, estése usted
convencido. Ahora bien, si ustedes --y se lo agradezco mucho a la señora
Aramburu-- están dispuestos a colaborar en un sistema de reforma
universitaria que impida que se acceda a las cátedras en la forma en que
se está haciendo hasta ahora, yo se lo agradecería muchísimo, y desde
aquí estoy abierta a ello, porque como saben mi grupo no tiene la mayoría
necesaria para cambiar lo que yo considero que es algo mejorable en la
Ley de Reforma Universitaria.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR NAVAS AMORES (GRUPO IU-IC) SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE LA
SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA ACERCA DE LA ACTITUD DE LOS
JOVENES RADICALES QUE ORGANIZAN Y PROTAGONIZAN LAS ALGARADAS CALLEJERAS
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA. (Número de expediente 181/000315.)
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, tiene cinco minutos, y si quiere alguno
más pues alguno más también, para formular su pregunta en relación al
punto séptimo del orden del día.
El señor NAVAS AMORES: Señora Ministra, señoras y señores Diputados, la
pregunta que vamos a tratar nace en un momento concreto, al que se ha
hecho referencia a lo largo de esta Comisión en distintos momentos, que
se circunscribe al asalto que sufre la librería Lagun, en San Sebastián,
y que provoca una serie de reacciones en los días siguientes. Incluso hoy
mismo, al comienzo de esta Comisión, que la señora Ministra no estaba
presente, se ha leído un comunicado de solidaridad y de condena con esos
sucesos.
Quiero decir que ha habido muchas declaraciones sobre este
acontecimiento, y sólo dos han creado un cierto rechazo
por parte del conjunto de los representantes institucionales y de la
sociedad. Una ha sido las declaraciones del entorno de HB, dentro de sus
tesis de acción violenta, para justificar la reivindicación de sus ideas:
que si era un móvil económico; que si era un móvil político en base a la
vinculación de un representante político con la propiedad de esa
librería, etcétera. Eso sí que ha creado una alarma y un rechazo frontal
de todas las fuerzas democráticas vascas. Y otra declaración que creó
también un rechazo generalizado fue la que usted, señora Ministra, hizo
sobre la relación que tiene la educación que se imparte en Euskadi con
los fenómenos de violencia. Genéricamente, y para que la Comisión lo
conozca, venía a ser algo así como que el Gobierno vasco debería
preocuparse por su sistema educativo, que genera comportamientos tales
como las algaradas callejeras protagonizadas por jóvenes, así como la
quema reiterada de una librería, suponiendo un ataque de la intolerancia
a la cultura, y recordaba también que tiene transferencias plenas en los
temas de educación. Ese era el contexto en el cual usted hizo sus
declaraciones.
Nosotros trasladamos nuestra sorpresa por ese tipo de declaraciones a una
iniciativa parlamentaria para que pudiésemos saber qué es lo que le
motivó a realizarlas. Nuestra pregunta hacía referencia a qué
justificación científico-pedagógica es la que sustentan las
manifestaciones de la Ministra de Educación y Cultura a este respecto. Le
acompaño una serie de interrogantes que quisiera sirviesen de reflexión a
su visión de cómo puede estar desarrollándose el modelo educativo vasco.
¿Cree que el profesorado está haciendo dejación en la idea de que deben
inculcar valores que se consideran adecuados o, por el contrario, tienen
responsabilidad en que haya jóvenes violentos? ¿Acaso la programación no
se está cumpliendo en los centros docentes? ¿Se están suministrando
materiales para conseguir realzar los valores éticos y democráticos? ¿Se
preparan los profesores para ejercer de guías morales? ¿Cuántas
influencias puede recibir un alumno a lo largo de su vida formativa?
¿Influirá la familia? ¿Influirá el entorno? ¿Influirán los medios de
comunicación? ¿Quizá también las amistades? ¿Usted cree que los problema
de indisciplina, de inadaptación de fracaso escolar, son fenómenos
propios de alguna comunidad concreta que tenga transferencias plenas, o
acaso se viven de la misma forma en el resto de las comunidades? Este es
el contexto en el que queremos que nos responda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): La
pregunta de S. S. es qué justificación científico-pedagógica es la que
sustentan las manifestaciones de la Ministra. Quiero decirle que no hay
ninguna necesidad de justificación científico-pedagógica, porque en
ningún momento ha asociado el sistema escolar vasco con las algaradas
callejeras. Cuando se saca de contexto una declaración larga, se puede
dar la impresión de que se ha querido sugerir algo que no estaba en mis
palabras. He traído la transcripción literal de mi entrevista por la
radio. Si quiere S. S. se la leo, y, si no, se la entrego posteriormente.
Pero le puedo leer una parte muy interesante donde me hacen la pregunta y
digo: Pues, mire usted, sobre la librería Lagun, yo lo condeno
radicalmente. Así se lo he hecho saber a la dueña en un telegrama que le
envié, porque me parece increíble que lleguemos ya a los temas de
cultura; que estos vándalos se dediquen a romper escaparates, a quemar
libros. ¿Pero dónde estamos? Esto es una nueva inquisición, una nueva
intolerancia que a mí me preocupa mucho, a mí, repito, e invito, a
continuación, a las autoridades educativas vascas a unirse a mi
preocupación. Y digo: Yo creo que las autoridades educativas del País
Vasco (porque ya no es el Ministerio el competente sino el Consejero del
Gobierno Vasco) tienen que preocuparse también de qué están enseñando a
los niños. Cómo es posible que esta intolerancia que cada vez empieza en
los más jóvenes, porque ahora ya son chavales que tienen, a lo mejor, 14,
15 ó 17 años, esté cuajando de una manera que se llegue a la quema de
libros. A mí me parece que es todo un símbolo la quema de libros que se
ha hecho en un país civilizado y democrático; esto debería conmover los
cimientos culturales y democráticos de toda la sociedad.
Lo que yo he querido hacer es invitar, y así se lo hice saber al
Consejero Oliveri al que le envié dos cartas y se lo dije personalmente,
a las autoridades educativas vascas a unirse a mi preocupación. La
violencia juvenil no existe solamente en el País Vasco, aunque es verdad
que allí quizá tiene una pretendida justificación ideológica o política
que en el resto de España, que también existe la violencia, no tiene.
Pero el Consejero dio por zanjada la polémica. Le expliqué con toda
claridad mi invitación a encontrar el papel que la escuela tiene que
tener en educar para la tolerancia, en educar para el rechazo a toda
violencia. Ese era el sentido de mis palabras. Así se lo manifesté. Yo le
doy la transcripción, y como verá S. S. mi única intención era invitarles
a unirse a mi preocupación, a ver qué es lo que las escuelas pueden hacer
para evitar que fenómenos como el de las agresiones a la librería Lagun
sigan produciéndose, y que cada vez se produzcan en edades más tempranas.
A mí me parece que le debemos arrebatar a la violencia cualquier falso
intento de justificación política o ideológica que son inconcebibles, a
mi juicio, en una sociedad democrática, donde todas las ideas son
defendibles por medios democráticos pacíficos, y para eso debemos
encontrar el papel que la escuela representa en el proceso de educar en
la tolerancia y en el rechazo a toda violencia; estoy preocupada por
ello, reflexiono sobre ello y lo que hice en aquella ocasión es invitar a
las autoridades educativas del País Vasco a unirse a mi preocupación
sobre esto.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, tiene la palabra por el tiempo más
escaso o necesario.
El señor NAVAS AMORES: Señora Ministra, de nuevo el culpable de este
malentendido es el mensajero. Usted me acaba de leer literalmente parte
de sus declaraciones, y la referencia que los medios de comunicación han
hecho de las mismas me parece que es coherente con lo que acaba de leer,
con lo cual digamos que para mi
grupo no tiene la más mínima justificación el hecho de que usted alegue
que se ha sacado del contexto.
De hecho, también tenía conocimiento de que usted se ha dirigido
personalmente al Consejero de Educación del Gobierno Vasco, Inaxio
Oliveri, en la línea de justificar, de aclarar este malentendido. Seguro
que usted habrá tenido que analizar las consecuencias de sus
declaraciones o cómo los medios las han vertido, y habrá tenido que
analizar si realmente han sido inoportunas o no es cierto. No es cierto,
por ejemplo, que el modelo educativo vasco deba ser corregido para
solucionar o al menos situar el problema de la violencia en niveles
inferiores a los actuales. O quizás usted no ha sido lo suficientemente
oportuna o no ha medido suficientemente sus palabras para evitar que los
medios informativos reflejen aquellas cuestiones que consideren en cada
momento que puedan ser más noticiables o que puedan subrayar algunas de
sus frases en base al criterio informativo.
Creo que aquí usted, junto con el punto que se ha debatido anteriormente,
parece que no mide correctamente la importancia de sus palabras, de sus
afirmaciones, y al final quisiera que se hubiese reflejado en los medios
aquello que cree que debería de ser y, evidentemente, ya ve que en la
práctica no es así. Con lo cual, si usted valora las consecuencias que
están originando algunas de sus declaraciones, sí que tendría que tener
cautela a la hora de hacerlas.
Por supuesto que en el caso que estamos discutiendo usted misma ha hecho
referencia a que la violencia callejera no está circunscrita
exclusivamente a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Usted no lo
recordó, pero parece que con el tiempo se ha dado cuenta de que tiene un
ámbito superior. En concreto, en Navarra gobierna su partido y desde
luego los fenómenos de violencia son prácticamente idénticos y los
modelos tienen transferencias en un lado y en otro y desarrollan esas
transferencias. Con lo cual parece que ahí no estará una parte
fundamental del problema de la violencia.
Ha conseguido tres cosas con sus declaraciones. Ha conseguido un titular;
el titular fundamental estribaba en que usted cuestionaba el modelo
educativo vasco. Ha conseguido unir en la condena a sus declaraciones, a
sus palabras, a partidos políticos, a representantes pacifistas y también
al Consejo Escolar de Euskadi. Por último, ha conseguido que el
Secretario General del Partido Popular en el País Vasco haya tenido que
matizar sus declaraciones introduciendo la reflexión de que --y se lo
digo porque así ha sido-- no se debe generalizar, que hay un sector
minoritario de la juventud vasca que participa en esas algaradas, pero
que, evidentemente, repito, no se debe generalizar al modelo de educación
como responsable más allá de los mayores o menores índices formativos de
los jóvenes vascos.
Le recordaría que los jóvenes vascos también tienen otros perfiles. Le
recordaría que tenemos una de las tasas más elevadas de movilización por
los movimientos pacifistas, sobre todo en una sociedad convulsionada por
la tensión, por la violencia; es un compromiso importantísimo el que
están teniendo. Le hablaría de que hay una parte importante de la
juventud vasca que está comprometida con los partidos democráticos. Le
hablaría de que hay una parte importantísima de la juventud vasca que
cultiva la política de la no violencia, y que en la práctica se puede
observar en base a que hay uno de los mayores índices de objeción de
conciencia que existen en todo el Estado.
En concreto le quiero llamar la atención sobre que la juventud vasca
tiene otras referencias y otras características más allá de los que
participan en las algaradas callejeras. La realidad es muy compleja. No
vamos a encontrar en estos momentos una medida que sea lo suficientemente
capaz de cambiar sustancialmente esta realidad de tensión. Pero ya que
ésta es la Comisión de Educación y Cultura, nosotros le queremos decir
que recogemos con interés la observación que usted hace sobre el modelo
educativo vasco y le queremos poner cariñosamente unos deberes: que se
acerque por allí, conozca los pormenores del modelo educativo vasco,
discuta con los representantes de esos ciudadanos aquellas cuestiones que
a usted le parecen importantes en base al conocimiento que usted tenga
después de analizar las características de aquel modelo, y haga
propuestas, porque, en primer lugar, si se pueden mejorar nuestros
actuales niveles de formación en los centros docentes públicos se le
agradecerá y, en segundo término, conseguiremos que usted no hable de
oídas sobre algo que ha demostrado que desconoce.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): El
que ha demostrado que lo desconoce es su señoría. Yo jamás he hecho
observación alguna sobre el modelo educativo vasco. Luego, difícilmente
puedo haber propuesto que se cambie. Me alegro de que S. S. me invite y
con mucho gusto haré en el futuro, si lo considero necesario --por ahora
no lo he considerado así--, alguna observación. Me he limitado a sugerir
a las autoridades educativas vascas, en el contexto de la quema de libros
de la librería Lagun --es exactamente la pregunta que me formula un
periodista por la radio: qué opino de la quema de libros de la librería
Lagun--, que estaba muy preocupada por el fenómeno de violencia juvenil,
que me parecía todo un símbolo quemar libros, me lo sigue pareciendo --yo
no sé si a SS. SS. no les parece, como a mí, enormemente preocupante--, y
que me preocupaba, en el caso concreto de Lagun (si se hubieran quemado
los libros en Granada me hubiera preocupado otra cosa concreta), que cada
vez eran más jóvenes los autores de esta violencia juvenil. Dije que me
preocupaba e invitaba a las autoridades educativas del País Vasco a
unirse a mi preocupación. ¿Qué preocupación? Al ser cada vez más jóvenes,
me parece que todos debemos reflexionar sobre el papel que la escuela
tiene que tener en una educación para la tolerancia, en una educación
para el rechazo a la violencia, y debemos evitar --y eso ahora se lo digo
a S. S., no lo dije en la radio-- que en el caso del País Vasco muchas
veces la violencia se tiña de justificaciones políticas e ideológicas. Me
parece que en una democracia la violencia no puede revestirse de ese
disfraz político e ideológico, porque
estamos en un país democrático y cualquier idea es defendible, pero sin
violencia.
Me gustaría que S. S. estuviera de acuerdo conmigo en esta reflexión que
considero importantísimo formular entre todos y que tratemos en el futuro
de que todos los demócratas españoles, y todos los demócratas vascos, que
son la inmensa mayoría de ellos --sabemos que la educación tiene una
función trascendental en esta cuestión--, lleguen a la convicción de que
todas las opciones políticas son legítimas, pero que hay que defenderlas
por métodos democráticos y no por métodos violentos.
Ese era el sentido de mis manifestaciones y con mucho gusto le entrego a
S. S. la copia, porque en absoluto he hecho la referencia a la que S. S.
ha hecho ahora mismo alusión.
El señor PRESIDENTE: Con esta intervención hemos acabado con el orden del
día de hoy.
Ruego a los portavoces que tengan la amabilidad de permanecer un minuto
en la sala antes de marcharse.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.