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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 151, de 25/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 151
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTE: DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 25 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre comercialización de la soja transgénica. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000274) (Página 4124)
--Sobre medidas para la creación de la etiqueta «producto no transgénico»
para los productores y distribuidores que quieran acogerse a ella.
Presentada por el Grupo Parlamentario anterior. (Número de expediente
161/000305) (Página 4127)
--Sobre reconocimiento de la foniatría como especialidad médica.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000307) (Página 4130)
--Sobre medidas para afrontar la creciente problemática referente a los
enfermos con trastornos alimentarios. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000344) (Página 4133)
Comparecencia del señor Director General de Asistencia Primaria y
Especializada del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Matesanz
Acedos), para informar de la evolución de las listas de espera. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/000402) (Página 4139)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE COMERCIALIZACION DE LA SOJA TRANSGENICA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000274.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días a todos. Damos comienzo a los
debates de la Comisión.
Como conocen SS. SS., vamos a debatir cuatro proposiciones no de ley. Las
dos primeras, a petición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de acuerdo con los grupos parlamentarios, se van a agrupar.
Esa es la versión que tiene la Presidencia de la Mesa. (La señora Maestro
Martín pide la palabra.)
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Creo que agruparlas no va a facilitar la
discusión. Mi compromiso, como los temas se podían superponer, era hacer
la defensa con toda la brevedad posible, pero dado que incluso hay
diferentes intenciones de voto respecto a las dos proposiciones no de
ley, creo que no facilitaría el debate; si otros grupos lo estiman, por
mi parte tampoco tengo inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Decide la proponente, o sea que se tramitan por
separado.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la
proposición número 3, sobre reconocimiento de la foniatría como
especialidad médica; y dos enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista a la proposición no de ley sobre medidas para
afrontar la creciente problemática referente a los enfermos con
trastornos alimentarios. Dichas enmiendas están en la Mesa a disposición
de los miembros de la Comisión.
Para la defensa de la primera proposición no de ley, sobre
comercialización de la soja transgénica, tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Esta proposición no de ley, que tiene fecha 28
de noviembre pasado, se elabora en un momento que la situación
relacionada con la comercialización de soja transgénica en nuestro país
era causa de alarma social por lo menos en algunos medios más informados
de la población. El hecho tenía que ver con una decisión sorprendente de
la Comisión de las Comunidades Europeas, tomada el 3 de abril de 1996,
por la cual se autoriza la comercialización de una soja transgénica
fabricada por la empresa multinacional norteamericana Monsanto, pese a
tratarse de un tipo de soja análoga a la que se había rechazado
previamente y comercializada por la multinacional suiza Ciba-Geigy.
A juicio de mi grupo parlamentario, es muy difícil explicar los motivos
relacionados con la seguridad de las personas y con la salud, que
pudieron haber llevado a esta decisión. No obstante, se tomó sin ni
siquiera haber exigido las medidas preceptivas de evaluación de impacto
ambiental establecidas por una directiva del año 1990 y modificadas
posteriormente por otra directiva, en el año 1994.
El resultado es que en aquel momento en el puerto de Barcelona, pese a la
oposición de grupos ecologistas, se descargó la soja transgénica que
actualmente se está comercializando en nuestro país. Nadie sabe qué
resultados puede tener la ingestión directa de esta soja, su ingestión
indirecta mediante la incorporación a la cadena trófica para su consumo a
través de la ingesta animal o incluso los resultados, que nadie puede
impedir con los mecanismos técnicos actuales, de contaminación genética a
las variedades de cultivo.
Recuerdo el debate del proyecto de ley de organismos modificados
genéticamente. Todos los grupos parlamentarios valorábamos que era
imposible poner puertas al campo de la investigación, pero éramos
conscientes del escaso nivel de información que teníamos ante las
posibles consecuencias de mecanismos de intervención científica, de cuyo
resultado solamente el paso del tiempo puede dar cuenta.
Por tanto, mi grupo parlamentario propone a esta Comisión el voto
favorable a los siguientes aspectos de la proposición no de ley: La
requisa de toda la soja transgénica desembarcada en España; la
elaboración de un estudio de impacto ambiental en función de cuyos
resultados se procedería o no a su comercialización; el desarrollo de
medidas legales y administrativas que garanticen la perfecta separación
entre los productos transgénicos y los derivados de variedades no
transgénicos, y el establecimiento de normas especiales de etiquetado
para los productos genéticamente manipulados, de modo que se indique con
claridad que lo son, y que al menos el derecho a la información de los
consumidores quede salvaguardado.
He de decir, señorías, que las directivas de la Comunidad Europea en lo
que tienen que ver con la protección de la salud y del medio ambiente son
derecho mínimo, es decir nadie impide que los gobiernos de determinados
países, los parlamentos en su caso, adopten medidas cautelares
complementarias a aquellas directivas de la Unión Europea de obligado
cumplimiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Una vez más viene a esta Comisión un debate
sobre los organismos modificados genéticamente; debate que no por
reiterativo deja de ser trascendente, pero yo creo que evidencia una
repetición de argumentos que ya fueron considerados negativamente por
esta Cámara en la última reunión de la Comisión de Sanidad y Consumo.
De la lectura atenta de la proposición no de ley de Izquierda Unida se
deducen una serie de manifestaciones que nosotros en absoluto podemos
compartir y yo creo que explican en alguna medida cuál va a ser nuestro
voto que adelantamos negativo a la aprobación de esta proposición y que
vamos a intentar justificar con algún detalle.
En la proposición no de ley se estipulan una serie de argumentaciones que
achacan a la Comisión Europea la sorprendente y peligrosa decisión de
autorizar la comercialización de la soja transgénica. La verdad es que en
este debate ni en ninguna otra circunstancia el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ni ningún otro grupo nos han
mostrado aquellas informaciones o argumentaciones en que se basan para
poner en cuestión realmente el dictamen del comité que aprobó, en su día,
la comercialización de este producto. No hemos escuchado ninguna
evidencia científica porque hasta el momento, y con los conocimientos
actuales, no existen esas evidencias científicas contrarias a la
comercialización de la soja transgénica.
La portavoz de Izquierda Unida debería saber que España no puede
contradecir, no puede contravenir una decisión de la Comisión Europea,
del comité creado al efecto precisamente para valorar la comercialización
de este tipo de productos, y solamente podríamos acogernos a una
disposición, como es la cláusula de salvaguardia que establecen las
directivas europeas, concretamente al amparo del artículo 11.6 y 16.1 de
la Directiva 90/220 de la Unión Europea; pero para poder acogernos a esa
cláusula de salvaguardia, que sería la única posibilidad de que España se
negara a la comercialización de la soja, tendríamos que presentar,
precisamente a la Comisión, un detallado informe sobre las
especificaciones técnicas o sobre los argumentos que a este país le
permitirían contravenir esa decisión. Como esos argumentos no existen y
tampoco es posible técnica ni científicamente hallarlos, yo creo que esos
argumentos del Grupo Federal de Izquierda Unida desgraciadamente se
vienen abajo.
En todo caso, si su grupo tiene o conoce alguna evaluación que
evidentemente ponga en entredicho las valoraciones que todos los países
de la Unión Europea han realizado y a las que nuestro propio país ha
contribuido al establecer la toma de decisión final sobre este asunto,
evidentemente, agradeceríamos mucho que lo pusiera en conocimiento de
todos.
Por otra parte, estimo que establecen una confusión, yo creo que
interesada, entre todos los productos transgénicos. Ustedes hablan de que
se trata de la soja, el maíz; todos son productos análogos. De alguna
manera, lo que vienen a decir es que en este tema de los organismos
manipulados genéticamente todo el monte es orégano. En todo caso,
equiparar ambos productos es desconocer por completo, creo yo, todo el
proceso complejo a que han sido sometidos y las diferentes
consideraciones que unos y otros han merecido a la Comisión Europea y a
los Estados miembros. La mejor prueba de que el sistema de evaluación de
este tipo de productos funciona es que no ha merecido la misma
consideración la aprobación de la comercialización de la soja transgénica
que la de otros productos igualmente manipulados genéticamente que sí han
sido objetivo de cautelas en relación a este problema.
El expediente de la soja superó con éxito, señorías, y ya se puso de
manifiesto aquí en otras ocasiones, todo el procedimiento de evaluación
establecido en la Directiva 90/220 y, por tanto, su aprobación no está
basada en intereses o presiones políticas de Estados Unidos, como dice la
proposición no de ley, sino simple y llanamente en el cumplimiento de un
riguroso sistema de evaluación caso por caso, en el que todos los países
miembros de la Unión Europea tienen oportunidad de objetar, por razones
científicas de trascendencia sanitaria o medioambiental, la evaluación
llevada a cabo por el Estado miembro receptor de la verificación de
primera comercialización, que fue el Reino Unido, y la posterior
evaluación que hace el comité. Lo demás, señorías, no deja de ser la
dosis habitual de antiamericanismo, que no por repetitivo deja de ser
intrascendente, teniendo en cuenta además que los organismos
gubernamentales competentes en Estados Unidos desarrollan una de las
regulaciones sanitarias más estrictas del mundo, tanto desde el punto de
vista medioambiental, como de la administración de alimentos y fármacos,
como desde el del propio departamento de Agricultura.
España no puede ni debe hacer una evaluación añadida porque eso sería,
señorías, tanto como poner en cuestión el funcionamiento de los
organismos comunitarios y, además, sería reiterar el mismo procedimiento
que ya ha sido objeto de estudio por parte de la Comisión Europea. ¿Para
qué va a hacer la evaluación la Unión Europea si luego los Estados van a
someter una vez más a esa misma evaluación el producto cuando sea
introducida en el propio país?
Se dice que la Comisión ha actuado de forma irresponsable, pero nosotros
realmente después del conocimiento del detallado proceso de evaluación
que este producto ha sufrido, no sabemos en qué se fundan precisamente
esas acusaciones de irresponsabilidad.
La verdad es que la requisa cautelar de este tipo de productos sería
contravenir la autorización dada en su día por la Comisión y sería
contravenir un acto comunitario que es vinculante para todos los Estados
miembros. No existe ninguna razón objetiva para cuestionar el resultado
de todos
esos análisis y, desde luego, no acatar los actos vinculantes del comité
que aprobó en su día la comercialización de la soja sería colocar a este
país en una situación de incumplimiento cuya defensa sería imposible de
acreditar a falta precisamente de los conocimientos científicos, que
realmente son inexistentes.
Su señoría pide también la elaboración de un estudio de impacto
ambiental. Habría que decir que desconocemos en qué se funda usted para
decir que no se ha realizado ese estudio de impacto ambiental, porque se
ha llevado a cabo, y con éxito, precisamente porque el estudio de impacto
ambiental forma parte del proceso de evaluación que incluye precisamente
la propia Directiva 90/220, concretamente en su anexo segundo.
En definitiva, y puesto que usted finaliza con la petición de una norma
especial de etiquetado para productos genéticamente modificados, que
evidentemente ya no es necesaria una vez que por parte de la Unión
Europea se ha aprobado el reglamento de nuevos alimentos y de nuevos
ingredientes, que sabe es de obligado cumplimiento para todos y cada uno
de los países y, por tanto, España ya está obligada a poner en marcha, y
lo está haciendo, el proceso de etiquetado de todos los productos
transgénicos, por ninguna de las argumentaciones extraídas de su
argumentación y, desde luego, mucho menos por las afirmaciones que dan
pie a su proposición no de ley, mi grupo parlamentario puede apoyar las
propuestas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Buenos días.
El Grupo Socialista considera que esta proposición no de ley que presenta
Izquierda Unida ha perdido ya su razón de ser, no tiene sentido
analizarla en estos momentos y ello por dos razones fundamentales. La
primera, porque esta Comisión de Sanidad ya debatió el pasado 19 de
diciembre una proposición del Grupo Mixto muy similar a ésta, que
propició un debate y posicionamiento de los distintos grupos políticos
sobre las normas y procedimientos administrativos para la
comercialización y etiquetado de los productos transgénicos. En aquella
ocasión el Grupo Socialista presentó dos enmiendas a la propuesta del
Grupo Mixto encaminadas a establecer y a marcar unas pautas de
comportamiento por parte del Gobierno, que garantizara al consumidor la
información suficiente sobre el producto transgénico autorizado, mediante
la debida identificación de los contenidos del mismo y que, por otra
parte, se reglamentaran los sistemas de evaluación y prevención
científica para garantizar de manera absoluta la seguridad de los
productos ofrecidos al consumidor.
La segunda razón, señorías, es que el vacío reglamentario que existía en
aquel momento, como ya se ha puesto aquí de manifiesto, ha desaparecido.
En las próximas semanas entrará en vigor el reglamento aprobado por fin
por la Comisión Europea. Dicho reglamento, que es de inmediata aplicación
a todos los países miembros, sin necesidad de adaptación a la legislación
propia de cada país, regula de manera clara y exhaustiva las normas y
procedimientos de puesta en el mercado de los nuevos alimentos o de los
nuevos ingredientes alimentarios que contengan organismos modificados
genéticamente, de los alimentos producidos a partir de organismos
modificados pero que no los contengan, y de los alimentos de estructura
molecular primaria nueva o modificada intencionadamente.
El reglamento establece que los nuevos alimentos no podrán suponer ningún
riesgo ni inducir a error a los consumidores. Se estipulan así los
mecanismos y obligaciones que deberán seguir los países miembros, y la
propia Comisión, desde que se produce la solicitud de comercialización de
un producto transgénico hasta la autorización correspondiente, las
medidas de evaluación científica a que deben someterse y la existencia de
un organismo competente, en materia de evaluación de los productos, en
cada país miembro. Se regulan, además, los requisitos específicos en
materia de etiquetado, para garantizar información suficiente y necesaria
al consumidor.
A la vista de este reglamento, aprobado en el mes de diciembre por la
Comisión Europea, se pone de manifiesto lo adecuado y razonable de las
propuestas elevadas por este grupo en el anterior debate.
Lamentablemente, el Grupo Popular y Convergència no fueron capaces de
entender la necesidad de que el Ministerio de Sanidad recibiera de esta
Comisión una opinión común sobre la urgencia de ir tomando medidas y
decisiones para poder cumplir adecuadamente el reglamento que era de
pronta aprobación; y digo lamentablemente, señorías, porque en España
estamos en una situación muy precaria. El Gobierno aún no ha aprobado el
reglamento que desarrolla la Ley de junio de 1994, que establecía el
régimen jurídico de utilización confinada y liberación voluntaria de
organismos transgénicos. La Comisión Nacional de Bioseguridad, encargada
de analizar, evaluar e informar sobre las solicitudes presentadas en
nuestro país, o en otros países de la Comunidad, para utilización
confinada o liberación de estos productos, carece actualmente de
naturaleza jurídica. Está funcionando de hecho, pero en Derecho no
existe; sus miembros trabajan voluntariosamente, pero nadie los ha
nombrado y sus funciones no están reguladas en ningún sitio.
Señorías, esto es realmente grave y así no podemos continuar. Cuando
entre en funcionamiento el reglamento aprobado por la Comisión Europea,
el Gobierno español no podrá comunicar cuál es el organismo responsable
de elaborar los informes de evaluación sobre la idoneidad o seguridad de
los productos solicitados para su comercialización, tal como establece el
artículo 3.º, apartado 3, del ciado reglamento, sencillamente porque en
España ese organismo no existe. A nuestro entender, éste es
verdaderamente el problema y no el que plantea hoy Izquierda Unida. Es
más, hasta ahora estas competencias se están ejerciendo desde el
Ministerio de Medio Ambiente. Pero ya no estamos preocupados solamente
por los efectos medioambientales. Si debatimos en esta Comisión esas
cuestiones, es porque afectan a la salud de los ciudadanos. El Ministerio
de Sanidad debe asumir sus propias responsabilidades; la comercialización
de productos modificados genéticamente para consumo humano, sea directa o
indirectamente,
debe ser conocida, analizada y autorizada por un organismo que dependa
directamente del Ministerio de Sanidad. Los avances en biotecnología,
señorías, se suceden con suma rapidez --afortunadamente, diríamos
nosotros-- y, por ello, el Gobierno no puede estar paralizado.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la señora Amorós, someto a
la consideración de los miembros de la Comisión la posibilidad de agrupar
al final todas las votaciones de las proposiciones no de ley, que las
votaríamos alrededor de las doce. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Señor Presidente, señorías, otra vez tratamos en
el seno de esta Comisión de Sanidad y Consumo el tema de la soja
transgénica. Como en anteriores ocasiones, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) votará en contra de esta proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, basándonos en que las afirmaciones que en
ella nos detalla son inexactas, pues la Comisión Europea autorizó la
comercialización del maíz modificado genéticamente después de ser
considerado seguro, según los estudios de evaluación previstos en la
Directiva 90/220, de la Comunidad Económica Europea. En la autorización
de comercialización de la soja modificada genéticamente se siguió el
procedimiento establecido en la citada directiva, publicándose la
aprobación mediante la decisión de la Comisión el 3 de abril de 1996.
En referencia a los diferentes puntos de la proposición no de ley,
debemos hacer las siguientes consideraciones. El punto 1.º, sobre la
requisa cautelar de toda la soja desembarcada en España e impedir su
comercialización, creemos que iría en contra del derecho comunitario
pues, como ya se ha señalado anteriormente, hay un decreto de
autorización de la comercialización. Respecto al punto 2.º, sobre
elaboración de un estudio de impacto ambiental, los estudios para
permitir la liberalización al medio y la comercialización de la soja
modificada genéticamente se han hecho según el acuerdo establecido por la
Directiva 90/220, de la Comunidad Económica Europea. Los estudios de
impacto ambiental se refieren a las obras, edificaciones y actividades
que pueden tener repercusiones sobre el medio ambiente. Hemos de recordar
que la utilización de este tipo de semillas también puede ser beneficiosa
para el medio ambiente, pues precisará en su desarrollo de menos
insecticidas, menos herbicidas y, en algunos casos, menor consumo de
agua. Por lo que se refiere al punto 3.º de la proposición no de ley,
tampoco es posible tomar medidas legales y administrativas que
contravengan normas comunitarias. Por tanto, no se puede obligar
unilateralmente a la separación de los productos modificados
genéticamente, si no está previsto en la legislación europea. En cuanto
al punto 4.º, creemos que ya manifestamos nuestras razones en la
exposición de motivos de la siguiente proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: A Coalición Canaria le preocupa muchísimo toda
esta actividad científica, que está por encima, digamos, de razones
sociales y morales. Creemos en el progreso, pero también creemos en la
necesidad de salvaguardar el derecho a la vida. Como esta materia
concreta que se trae hoy aquí, aparte de que ya ha sido debatida, está
estudiada y analizada por la Comisión Europea y se ha pronunciado a favor
de sus transacciones comerciales, por no afectar a la vida animal ni a la
vida humana, nosotros, para ser consecuentes con nuestra actitud en la
anterior reunión de esta Comisión, vamos a votar en contra de la
proposición no de ley presentada por Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
--SOBRE MEDIDAS PARA LA CREACION DE LA ETIQUETA «PRODUCTO NO TRANSGENICO»
PARA LOS PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES QUE QUIERAN ACOGERSE A ELLA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000305.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la segunda proposición no de
ley, sobre medidas para creación de la etiqueta «Producto no transgénico»
para los productores y distribuidores que quieran acogerse a ella.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, con toda brevedad, pero
afortunadamente al ser una materia muy semejante la que se trata en las
dos proposiciones no de ley, tengo la oportunidad de rebatir en mi
intervención de defensa algunas afirmaciones que aquí se han hecho.
Señorías, ojalá la realidad en esta materia, en los organismos
modificados genéticamente, permitiera mecanismos de control y, por tanto,
garantías de seguridad tan alegres como las que SS. SS. han venido
diciendo hasta aquí. Precisamente, se trata de que la liberación al medio
ambiente de organismos modificados genéticamente, para su uso humano o
animal, supone el desencadenamiento de una serie de reacciones y de
intervenciones sobre el medio ambiente que no somos capaces de prever en
estos momentos. Ojalá nos encontráramos ante la primera situación que
puede suponer para los seres humanos un motivo de riesgo para su salud,
pero desgraciadamente la historia de la humanidad, especialmente a raíz
de que la revolución científico-técnica encuentra mecanismos de
intervención, en su inmensa mayoría positivos, sobre la capacidad de
desarrollo de los seres humanos, también ha tenido, como consecuencias
indeseables, problemas gravísimos de salud. No quiero ser exhaustiva,
pero la historia de la medicina está llena de esas situaciones. La más
reciente es la
enfermedad de las vacas locas, que ha sido y está siendo motivo de
mociones de censura y de imputaciones muy graves a las autoridades
políticas y a las autoridades sanitarias, que han pospuesto las medidas
de cautela y de seguridad ante presiones comerciales, porque las
presiones comerciales existen, no se las inventa el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La circunstancia de riesgo más importante no se refiere precisamente a la
identificación y a la determinación de aquellos productos fabricados por
empresas que en su inmensa mayoría se dirigen y se manifiestan como tal
ante las autoridades sanitarias correspondientes evidenciando la
existencia entre sus productos de organismos modificados genéticamente.
La realidad constata que la comercialización de esos productos se realiza
confundida, mezclada con otros productos no modificados genéticamente.
Eso, además de tener consecuencias para la salud y elementos de
inseguridad que la población ha detectado (porque este país ha vivido
situaciones como la de la colza, que todavía está presente, es decir, que
todas las seguridades que se dan desde la Administración desgraciadamente
no siempre se corresponden con realidades desde el punto de vista de la
salud de las personas), también está teniendo consecuencias económicas,
porque aquellos productores de esos mismos productos modificados
genéticamente, que están comercializando sustancias ajenas a esta
condición, están viendo disminuir sus ventas en el mercado precisamente
por la falta de identificación adecuada de los mismos.
Por lo tanto, en aras de un derecho a la información de los consumidores,
en aras a la imposibilidad, aparte de la buena voluntad de las
autoridades sanitarias o alimentarias en su caso, de proceder a esa
identificación que el nuevo reglamento establece, proponemos que por
parte de aquellas empresas, por parte de aquellos productores que
realmente estén ofreciendo garantías de no comercialización de productos
modificados genéticamente pueda existir un etiquetado que garantice la
información de los usuarios de los consumidores y, al mismo tiempo, la
protección de los derechos comerciales de aquellas empresas que opten por
la no introducción de organismos modificados genéticamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Mi grupo parlamentario, a lo largo de todos los
debates que se han suscitado sobre esta cuestión ha apelado
permanentemente a la responsabilidad de todos los grupos en relación con
el tratamiento que este tipo de problemática debe tener por parte de los
parlamentarios y de las instancias públicas, de cara a trasladar a la
opinión, de cara a trasladar a los ciudadanos precisamente informaciones
veraces, informaciones fehacientes, informaciones basadas en realidades
rigurosas, en realidades contrastadas.
Yo creo que ese ejercicio debe presidir todos los debates que se realicen
sobre estas cuestiones precisamente para no trasladar imágenes que no
respondan a la realidad. En ese sentido, creo que la confusión que se
pretende trasladar haciendo equiparables las cuestiones relativas a los
productos modificados genéticamente con acontecimientos desgraciadamente
luctuosos, como pueden ser los recientes de las «vacas locas» o el
anterior que se produjo en nuestro país en relación con la
comercialización del aceite de colza, no profundiza precisamente en ese
tipo de tratamiento veraz y riguroso. Sin duda, la mejor labor que pueden
hacer las administraciones públicas es la de establecer rigurosos
sistemas de control y de evaluación de este tipo de procedimientos.
Insisto en que en pocos aspectos puede quedar tan en evidencia la
necesidad de una política armonizada por parte de todos los países de la
Unión Europea como puede ser precisamente el de los productos modificados
genéticamente. Es difícil identificar ámbitos de actuación en los que la
concurrencia de propuestas de medidas, de soluciones nacionales,
estrictamente nacionales, arroje mejores resultados que la adopción de
una medida armonizada a nivel comunitario, a nivel europeo. (El señor
Vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la Presidencia.) En ese sentido se
está trabajando en la definición de una política comunitaria y europea
para el tratamiento de este tipo de problemas, y actuaciones
unilaterales, por muy bien intencionadas que puedan estar, no hacen más
que producir precisamente el efecto contrario al pretendido, que es la
desinformación y el traslado a los consumidores y a los ciudadanos de
informaciones que no responden para nada a la realidad.
Señorías, la biotecnología moderna es el lógico desarrollo de los
procesos tradicionales para la utilización de sistemas biológicos y
organismos vivos en la elaboración de productos con distintas
aplicaciones, y podemos afirmar, yo creo que con rigor, que en estos
momentos ni un solo ser vivo de los utilizados por el hombre para su
alimentación, con la excepción tal vez de las especies marinas y desde
luego no todas, tienen una composición genética natural. Más bien todos
ellos están sometidos desde hace ya muchos años a procesos de selección,
a procesos recombinantes o a procesos que son fruto de mutaciones
genéticas producidas por el azar pero que no se hubieran mantenido sin el
concurso activo y positivo del ser humano.
En ese sentido, en la biotecnología moderna los procedimientos de la
modificación genética no son novedosos y tienen ya una dilatada
experiencia y una contrastada evaluación no solamente en las evidencias
científicas que avalan su utilización sino, lo que es más importante, en
la utilización por parte del hombre, por parte del ser humano, en
beneficio propio de esta nueva tecnología alimentaria.
En ese sentido, están las manifestaciones de las últimas cumbres
mundiales sobre la alimentación o las declaraciones de los responsables
de Naciones Unidas avalando la estrategia de utilización de este tipo de
productos precisamente en el desarrollo de una política de lucha contra
el hambre, de lucha contra las epidemias, de lucha contra las plagas en
muchos países, probablemente la mayoría, del Tercer Mundo.
Por consiguiente, conviene que debatamos esta cuestión en un marco que no
es otro que la existencia, como decía
al principio, de medidas armonizadoras en el contexto de la Unión Europea
que, al menos, nuestro grupo ha defendido y sigue defendiendo y que por
otra parte han presidido la posición del Gobierno español en épocas
anteriores y especialmente en la actual.
Hay que recordar la adopción hace muy pocas fechas por parte del Consejo
y el Parlamento europeos del reglamento sobre los nuevos alimentos y los
nuevos ingredientes, aprobación que se produjo con posterioridad a la
sesión de nuestra Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados en que se debatió esta cuestión por última vez, donde todos los
grupos nos manifestamos favorables a la existencia de un etiquetado
positivo sobre los productos transgénicos.
Yo creo que el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios y el
del Gobierno español coinciden básicamente con todas las disposiciones
que tanto el Consejo como el Parlamento europeos han aprobado en relación
con las disposiciones de este nuevo Reglamento. Pero la aprobación de
este Reglamento, señorías, elimina cualquier posibilidad de que un Estado
miembro legisle ya sobre esta materia. El acto comunitario ha sido
adoptado en forma de reglamento, lo cual significa que su aplicación es
directa y de obligado cumplimiento sin transposición alguna y sin
modificaciones unilaterales por parte de los países, es decir, no
permite, persiguiendo fines comunes, una diversificación de las medidas
que cada país pueda poner en marcha para su rigurosa aplicación. Por
tanto, disposiciones del tenor de la que usted nos propone hoy con
carácter particular, con carácter nacional, no sólo son innecesarias,
sino que probablemente son inviables en términos jurídicos.
Conviene señalar que en la parte dispositiva, en el artículo 8.º de este
nuevo reglamento, se contemplan las medidas obligatorias de etiquetado
inequívocamente orientadas a la obligatoriedad de etiquetar los productos
transgénicos. Yo creo que no es casual que el legislador europeo haya
optado porque el procedimiento sea el etiquetaje de los productos
transgénicos, no de los que no lo sean. Esto va en la línea de que lo que
hay que trasladar al consumidor es una información positiva, una
información orientadora, con posibilidades ciertas de variación en cada
caso. Lo que se persigue precisamente es informar al consumidor para que
realice adecuadamente su elección, lo cual difícilmente se lograría,
señorías, si se impone un planteamiento en el que los productos no
transgénicos resulten ser los etiquetados y de alguna manera también los
estigmatizados por las disposiciones de la propia Comunidad Europea.
Si nos limitamos simplemente a esa consideración, no estamos
profundizando en la información a los consumidores y no resulta un
planteamiento justo ni equilibrado, cuando, además, esos productos
transgénicos han merecido una autorización de comercialización y, en
términos de salubridad y de seguridad de los consumidores, no difieren de
los convencionales.
La etiqueta negativa no aporta, desde nuestro punto de vista,
información, y sí aporta unas dosis de ambigüedad y de consideraciones
negativas y sesgadas a priori que resultan, desde nuestro punto de vista,
poco acertadas.
Por otra parte, nuestro Ministerio de Sanidad, una vez que está obligado
a la aplicación directa de ese reglamento en un plazo de 90 días (antes
del 16 de abril de este año todos los productos transgénicos
comercializados en nuestro país deben estar etiquetados), es consciente
de que ni siquiera debemos esperar ese plazo de 90 días y de que es
posible y oportuno empezar a trabajar en esta materia para que, mediante
una medida transitoria en este momento podamos establecer un marco
voluntario de actuación, previo acuerdo con todos los sectores
comerciales afectados, especialmente con los sectores industriales, que
contemple la posibilidad de que los productos transgénicos puedan ser
etiquetados en este plazo transitorio en el que el reglamento todavía no
va a estar en vigor.
Señorías, por estas consideraciones, porque entendemos fundamentalmente
que es mejor el etiquetado positivo que el etiquetado negativo, porque
somos favorables a una adecuada información al consumidor, que debe estar
alejada de prejuicios absurdos, y cuando cabe afirmar que existen todas
las garantías objetivas al respecto, no creo que quepan descalificaciones
globales sobre una técnica de aplicación generalizada desde hace muchos
años.
La posición española ha sido inequívocamente favorable al etiquetado
positivo de los productos transgénicos en la medida en que éste permite
al consumidor conocer la presencia de organismos modificados
genéticamente y, además, el grado de equivalencia de esos organismos con
respecto al producto convencional.
Por otra parte resulta cuanto menos un poco chocante que ustedes en la
proposición no de ley anterior solicitaran el etiquetado positivo para
los productos transgénicos y en ésta soliciten el etiquetado negativo
para los productos no transgénicos. Creo que esa bulimia que tienen
ustedes con respecto a los etiquetados debería orientarse más
positivamente, abandonarse, por tanto, el planteamiento oportunista y
establecer una posición coherente con lo que debe ser la información
veraz a los consumidores y sobre todo con lo que es la política que la
propia Unión Europea ya ha establecido con carácter definitivo y obligado
para todos los países de la Unión.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: No voy a reiterar el debate que se ha producido
con anterioridad, que es muy similar al de estos momentos, por considerar
que en el turno anterior el Grupo Socialista ya había clarificado nuestra
posición sobre la cuestión de los etiquetados. Pero refiriéndome
concretamente a la propuesta de Izquierda Unida y a la presentación que
ha hecho la señora Maestro, quiero puntualizar algunas cuestiones.
En primer lugar, estoy de acuerdo con la señora Maestro cuando dice que,
por mucho que reglamente la Administración, que por mucho que se legisle,
siempre habrá resquicios, riesgos y dificultades no previstas que pueden
suceder en cualquier momento. Eso puede ser cierto, señora Maestro, y
estoy conforme con ello. Eso ocurrirá
siempre en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos de la
legislación y del desarrollo de la política. Pero si realmente lo que nos
preocupa es la seguridad de los consumidores, de los ciudadanos, la mejor
forma para garantizarlo, además de la existencia de un reglamento
pertinente, de unas medidas por parte de la Administración que sean
capaces de desarrollar esa legislación para mayor seguridad de todos,
está la transparencia democrática de nuestra sociedad por parte del
control que se pueda ejercer por parte de este Parlamento y, sobre todo,
por parte del control y seguimiento que se pueda hacer, y de hecho creo
que se realiza, por parte de la propia sociedad, de las industrias y,
sobre todo, de los propios consumidores a través de las asociaciones en
las que están agrupados. El mecanismo de la transparencia será, sin duda,
la mejor garantía para la seguridad de todos, una vez que se están
desarrollando las obligaciones y las responsabilidades que la propia
Administración tiene que poner en marcha.
En ese sentido --y usted ha hecho referencia a algunas experiencias en
Europa y en otras partes del mundo sobre desastres producidos en materia
alimentaria, de consumo o ganadera, a pesar de determinados controles--
es cierto que en otros países, donde los controles han sido absolutos y
exhaustivos, también han sucedido casos de riesgo para la salud y para la
seguridad humana. Ahora bien, esto no nos exime de los riesgos.
En cualquier caso, en esta ocasión, y volviendo a la propuesta concreta,
el Grupo Socialista no está conforme en absoluto con establecer un
sistema que calificaría casi de maniqueísta, que consiste no en
distribuir informativamente en buenos o malos los alimentos para el
consumo humano, sino publicitariamente en transgénicos o no transgénicos.
Creo que ésta es una actitud maniqueísta que no tiene nada que ver con el
asunto que nos trae, que es de asegurar la mayor información al
consumidor para que tenga la capacidad de elegir y así obtener la máxima
de seguridad en el consumo.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): En nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Creo que aquí estamos tratando fundamentalmente
de la libertad y del derecho del consumidor a poder elegir y a recibir la
mayor información posible sobre un producto. Por tanto, parece
incoherente que en un etiquetado tenga que figurar la cantidad de sal y
azúcar para poder prevenir a los diabéticos y no se pueda incorporar en
el etiquetado si un producto está manipulado genéticamente o no.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán creemos que etiquetar el producto
con el denominativo no transgénico protege, en la medida que se pueda, al
agricultor que quiere continuar con su tipo de cultivo tradicional. Igual
que existen en el mercado cantidad de productos etiquetados como producto
ecológico o productos natural, también podrían estar estos citados.
Además, la proposición de la señora Maestro no obliga a todos.
Literalmente dice: Aquellos productores y distribuidores que quieran
acogerse a ella, estableciendo los dispositivos normativos y
administrativos necesarios para garantizar su efectividad.
Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
vamos a dar nuestro voto positivo a la proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): En nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: En relación con el etiquetado, el Grupo de
Coalición Canaria considera, con toda la preocupación que señalé en mi
intervención anterior, que el ciudadano tiene el derecho a la información
más exacta y clara, pero no a la confusión, y no que se vaya ahora a
decir que por razones comerciales conviene el sí o el no en relación con
el tema de si es transgénico o no lo es, sino porque España forma parte
de la Unión Europea, y la Unión Europea ha reglamentado ya el etiquetado
y ha dado un plazo. Otra cosa sería si pasado el plazo del 16 de abril el
Gobierno español, que no tiene facultades ni para trasponer ni modificar
esa directiva, no la hubiese cumplido, porque entonces sí cabría que este
Congreso instara al Gobierno para que cumpliese la directiva europea.
Por tanto, Coalición Canaria va a votar en contra de la proposición que
presenta Izquierda Unida.
--SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA FONIATRIA COMO ESPECIALIDAD MEDICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000307.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Pasamos a continuación a debatir
la siguiente proposición no de ley, que trata sobre el reconocimiento de
la foniatría como especialidad médica.
Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Señorías, el Grupo Socialista presenta hoy
esta proposición no de ley en relación con la foniatría, ya que en España
existen en estos momentos diversos profesionales que se dedican al
estudio del habla, el lenguaje y la voz.
También dentro de la propia medicina existen múltiples enfoques, tanto
desde el campo de la neurología, como de la psiquiatría, como de la
otorrinolaringología, etcétera. Por ello creemos necesario que se regule
este tema de la foniatría y de la especialización en esta materia, para
poder clarificar y dar garantías a la ciudadanía de que sus problemas en
relación con esta área serán debidamente diagnosticados, evaluados y
tratados.
En España la foniatría es relativamente reciente, ya que en el año 1950
aparece la primera formación en el campo
de la foniatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona, a través del doctor Perelló. Se han ido creando sociedades
internacionales y españolas en relación con este tema, y se ha ido
reconociendo la especialidad de foniatría en los distintos países. En
estos momentos dentro de la Unión Europea existen ya cinco países que
tienen reglamentada esta especialidad. En España se creó la Escuela de
especialización profesional de foniatría, en el año 1989, con título
propio, de la Universidad de Salamanca.
Por ello creemos necesario que se regule este tema, que se dé una
formación adecuada. En los distintos países en que se ha regulado esta
especialización existen diversos enfoques, por ejemplo, en Alemania era
una subespecialización dentro de algún área, aunque después se cambió por
especialización específica. Conviene ajustar, por tanto, las competencias
asistenciales de esta especialidad médica, rehabilitadora, que se encarga
del estudio, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la voz, el
habla, el lenguaje y la audición, así como elaborar unos programas de
formación tendentes a que se complementen los estudios, que pueden ser,
como digo, de subespecialidad dentro de otorrinolaringología o de otras
ramas de la medicina.
Presentamos esta proposición no de ley, porque es evidente que las
necesidades asistenciales en este terreno van en aumento y hay un déficit
de formación precisamente por estas dificultades que existen en cuanto a
su regulación.
En un estudio hecho en Cataluña en el año 1995 quedaba desatendido el 40
por ciento de la demanda de estas necesidades asistenciales. Se observa
que se han ido creando algunos servicios de foniatría, unos dependiendo
de los departamentos de otorrinolaringología y otros de los departamentos
de medicina física y rehabilitación.
Si observamos el porcentaje de especialistas que están alrededor de una u
otra de estas áreas, vemos que la mayoría se sitúa alrededor de la
otorrinolaringología, en la que se mueve el 61 por ciento de los
profesionales, mientras que el 39 por ciento lo hace en el entorno de la
medicina física y de la rehabilitación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Por ello creemos necesario instar al Gobierno para que regule este tema.
El objetivo, por tanto, de esta proposición no de ley es el de instar al
Gobierno para que ponga en marcha los mecanismos necesarios que definan,
como señalaba, tanto el terreno de las competencias existenciales como
los programas de formación y nos sitúe a nivel del resto de países de la
Unión Europea y de fuera de la Unión Europea que han regulado esta
especialidad.
En estos momentos, y de acuerdo con la legislación vigente en España, es
posible este reconocimiento. Creemos que ello dará mayores garantías a
los ciudadanos respecto a estos trastornos y, dada la diversidad de
enfoque existentes y de profesionales que se dedican a estos temas,
pensamos que es necesario y urgente regularizar este ejercicio y la
formación del médico especialista en foniatría.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular
comparte muchos de los argumentos reflejados por el Grupo proponente en
su exposición de motivos.
Coincidimos con el Grupo Socialista en el importante desarrollo
científico alcanzado en las décadas pasadas en el estudio, en la
etiología, en el diagnóstico y en el tratamiento de las alteraciones de
la voz, del habla, del lenguaje y de la audición, definición que la
Sociedad Española de Foniatría ha hecho para su propia especialidad y que
el grupo proponente recoge en su proposición no de ley.
Por ser una especialidad con una gran variedad etiológica, presenta un
origen multicausal y un enfoque multidisciplinar. Diversas especialidades
troncales, como por ejemplo la neurología, la psiquiatría, la cirugía, la
endocrinología, han tratado del diagnóstico y del diagnóstico etiológico
de estos procesos. Sin embargo, es en la vertiente terapéutica donde
fundamentalmente se han desatacado tres especialidades distintas: dos de
ellas en el campo médico --la otorrinolaringología y la rehabilitación--
y otra --la logopedia--, disciplina que en este momento está reconocida
como una diplomatura independiente.
Coincidimos, finalmente, con el grupo proponente en la conveniencia de
adoptar a la mayor brevedad posible las medidas necesarias para crear un
programa oficial de estudio que garantice la adecuada preparación de
cuantos profesionales vayan a ejercer la foniatría.
Señorías, los argumentos que acabo de mencionar no son exclusivos a la
foniatría, tema que nos ocupa hoy, sino que son comunes a otras muchas
ramas del saber médico. Los avances de la técnica y de la ciencia,
incesantes y espectaculares en los últimos tiempos, han aportado una
indudable complejidad a la actividad médica diaria, y ello ha
condicionado que muchos especialistas, muchos profesionales médicos se
hayan polarizado en ramas cada vez más concretas de la medicina,
alcanzando en ellas amplia experiencia y mejores resultados.
Estos profesionales, por su especial formación o por su especial
dedicación, han recibido distintas denominaciones, como subespecialistas,
supraespecialistas o superespecialistas --entendiendo los prefijos sub,
supra y super como mera nominación de diferenciación-- y desarrollan su
trabajo profesional en las distintas unidades, secciones o servicios de
la red de hospitales y de centros sanitarios del país. Estos
profesionales, a través de las distintas sociedades, de las revistas
médicas y de otros foros, se han dirigido al Consejo Nacional de
Especialidades Médicas, órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y de
Educación, para convalidar oficialmente nuevas especialidades. Sin
embargo, el criterio del Consejo Nacional, en sintonía con las tendencias
actualmente existentes en la Unión Europea, es en este sentido
extraordinariamente restrictivo, y lo es porque el incremento de nuevas
especialidades conduciría, sin duda alguna, a una atomización de las ya
existente, dificultaría la libre circulación de profesionales y afectaría
negativamente a la estructura del sector, dado que ya existen
especialidades médicas que otorgan los conocimientos troncales necesarios
para realizar las mismas funciones. Tanto es así que en los últimos años
hemos
visto cómo algunas especialidades médicas han sido suprimidas o se han
unificado con otras existentes, como ha sucedido, por ejemplo con la
cirugía del aparato digestivo y la cirugía general, que hoy se engloban
en una única especialidad, que se denomina cirugía general y del aparato
digestivo.
Con el fin de regular la formación y, sobre todo, la identificación de
estos subespecialistas, el Consejo Nacional ha propuesto la denominación
de áreas de capacitación específica, y ha creado una comisión de estudio
para incluir en ellas a muy diversas especialidades, destacando, a modo
de ejemplo, las enfermedades infecciosas, la medicina de urgencias o
medicina de emergencias y la psiquiatría infantil, entre otras.
Todo esto, señor Corominas, justifica nuestra enmienda de sustitución,
que tiene, como no podía ser de otra manera, una evidente intención
integradora. Insta al Gobierno a que la foniatría se incluya como un área
de capacitación específica dentro de las especialidades troncales de la
otorrinolaringología y de la rehabilitación y pretende armonizar
distintas posiciones. Pretende armonizar la postura del grupo proponente,
en tanto en cuanto contempla la foniatría como un área de especialidad
médica, con un programa oficial docente y competencial. Pretende
armonizar la postura de la Sociedad Española de Foniatría, que verá así
equiparada su especialización a otras ramas del saber médico con tanta
tradición y tan elevado número de especialistas, como son, además de las
anteriormente mencionadas, la hepatología, la coloproctología, o la
cirugía endocrina. Por último, pretende armonizar la postura de la
mayoría de los científicos, del grupo de expertos y de los representantes
de las distintas sociedades médicas en el Consejo Nacional de
Especialidades, que demandan, sin lugar a dudas, criterios de
homogeneidad para convalidar las distintas especialidades médicas.
Por todo ello, hemos presentado una enmienda de sustitución, que
sometemos al criterio de los grupos políticos, y esperamos la aceptación
por parte del Grupo proponente. Es la siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que tras estudio o informe del comité de
áreas de capacitación específica del Consejo Nacional de Especialidades
Médicas, se creen áreas de capacitación específica entre las que
figuraría, entre otras, la foniatría. Ello se realiza a propuesta
conjunta de los Ministerios de Educación y Cultura y de Sanidad y
Consumo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 3.º del Real Decreto
127/84, por el que se regula la formación especializada y la obtención
del título de médico especialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para
manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el señor
Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Tal como manifestaba muy bien el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular --y lo señalaba ya en mi presentación de
la proposición no de ley-- existen distintos enfoques en los diferentes
países de la Comunidad Europea y en otros de fuera de la Comunidad
Europea respecto a este tema de la foniatría, por lo que en algunos se
trata de una subespecialidad o de una superespecialización y en otros de
una especialización propia. En el sentido de aunar la proposición no de
ley que nosotros presentamos y la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, propondríamos una enmienda de transacción que pasaría a leer y
que recoge el espíritu de lo que manifestaba el proponente del Grupo
Popular. Diría así:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a la mayor
brevedad, adopte las medidas necesarias para desarrollar la troncalidad y
áreas de capacitación específicas de las distintas especialidades
médicas. Asimismo, que se reconozca como área de capacitación específica
la foniatría, entendida como rama de la medicina dedicada al estudio,
diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la voz, el habla, el
lenguaje, la audición, con vistas a establecer, de forma oficial, un
programa de formación en base a un modelo docente y competencial acorde
con la tendencia existente en la Unión Europea.
Yo pienso que recoge el espíritu de lo que señalaba el Grupo Popular y
podría ser aceptada por los distintos grupos de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: El señor Mingo tiene la palabra.
El señor MINGO ZAPATERO: Creo sinceramente que en la propuesta de
enmienda transaccional que hace el señor Corominas la única diferencia
que hay con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular es
el término o el concepto a la mayor brevedad posible. En ese sentido, el
Grupo Parlamentario Popular aceptaría introducir en su propia enmienda de
sustitución la frase a la mayor brevedad posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Con toda brevedad, sólo quiero señalar el voto
favorable del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya al resultado de las transacciones habidas entre el Grupo
Popular y el Grupo Socialista, que entendemos recogen de una manera más
matizada y más acorde con la realidad tanto las necesidades de
integración de las diferentes especialidades médicas, entre ellas la
urgente necesidad de regulación de la foniatría como capacitación
específica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Los representantes de Convergència i Unió
consideramos que no es pertinente la creación de una especialidad médica
de foniatría con carácter de especialidad oficial y formalmente
reconocida. En todo caso, este ámbito profesional podría articularse de
acuerdo con la noción de experto en área de especial capacitación o, si
se quiere, sub o super especialidad. De
acuerdo con la orientación general contraria a la fragmentación o
multiplicación de especialidades y a pesar de que efectivamente algunos
profesionales sean partidarios de la creación de la especialidad de
foniatría, lo más adecuado es que ésta sea considerada como una
capacitación o subespecialidad para los profesionales especialistas en
determinados ámbitos coherentes con aquél. Ya algunos médicos
especialistas en otorrinolaringología disponen de una específica
preparación y dedicación para la voz y el lenguaje desde dos aspectos de
las estructuras y funcionamiento fonatorios. Una situación análoga se
produce también, aunque en número menor, por parte de algunos médicos
especialistas en neurología que se han preparado y dedicado a ello desde
los aspectos de las estructuras y funcionamientos neurológicos.
En consecuencia, nos parece coherente el reconocimiento de una
subespecialidad en términos de formación y especialización de evaluación.
Para acceder a tal reconocimiento por parte de los profesionales se
tendría que establecer la formación idónea para que, eventualmente,
después de determinadas especialidades, la ORL y la neurología, y de los
reconocimientos y aptitudes proporcionadas por éstas, los profesionales
adquiriesen la formación específica complementaria, sin que esto
prejuzgue la manera de hacerlo, para ser foniatras, y todo ello fuese
objeto de adecuada evaluación de la competencia en este ámbito. Se
entiende que esta capacitación o superespecialidad lo sería para la
profesión médica sin que se tuviera que confundir con otras profesiones
relacionadas con la salud y otros ámbitos de actuación, como el de la
psicología clínica o la logopedia.
Por todo ello, nuestro grupo aceptaría la enmienda del Grupo Popular y la
transaccional presentada últimamente por el grupo proponente en pro del
consenso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muy brevemente. Partiendo de la base de que
corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y
Ciencia y de Sanidad y Consumo, previo informe del Consejo de
Universidades y el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, la
creación, cambio de denominación o supresión de las especialidades y de
las áreas de capacitación específica que el progreso científico y
tecnológico aconseje, de acuerdo con las necesidades sanitarias, nosotros
apoyaríamos la enmienda de modificación que plantea el Grupo Popular,
pero desde nuestro punto de vista, se ha olvidado de que todas las
propuestas de creación de superespecialidades deben contar con el visto
bueno del consejo interterritorial. Por tanto, rogaríamos que se
incluyera este punto para que podamos aprobar la enmienda de modificación
que plantea el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Señor Presidente, en principio nos parece que no
es necesario incluir la definición de lo que es una necesidad, porque
podría ser también una necesidad o una obligación el informe favorable
del Consejo Nacional de Colegios de Médicos.
--SOBRE MEDIDAS PARA AFRONTAR LA CRECIENTE PROBLEMATICA REFERENTE A LOS
ENFERMOS CON TRASTORNOS ALIMENTARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000344.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre
medidas para afrontar la creciente problemática referente a los enfermos
con trastornos alimentarios, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular del Congreso. Para su exposición tiene la palabra el señor
Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Sin duda, en los últimos años venimos
asistiendo, en las sociedades occidentales y desde luego en nuestro país,
a un preocupante incremento de la incidencia de la problemática asociada
a los trastornos de la alimentación. Todos los expertos coinciden en
afirmar que el aumento de la demanda de atención de enfermos de estos
trastornos de alimentación, de anorexia nerviosa y de bulimia, entre la
juventud está llevando camino precisamente de convertirse en un problema
generalizado de salud en las sociedades desarrolladas.
Cada poco tiempo, desgraciadamente, asistimos a casos de fallecimientos
y, sobre todo, a un continuado incremento del número de pacientes
diagnosticados de este tipo de trastornos en los centros, en los
servicios sanitarios de toda la geografía nacional. Sin embargo, y pese a
este incremento, no ha parecido evidenciarse una adecuada respuesta por
parte de los dispositivos sociales y sanitarios que en nuestro país están
responsabilizados de la atención a este tipo de pacientes. Su grado de
incidencia, que algunos sitúan entre el 2 y el 5 por ciento de la
población joven, en constante crecimiento; la afectación a edades cada
vez más tempranas --se describen ya casos entre los 10 y los 11 años de
incidencia de este tipo de problemáticas--, y la especial gravedad que
empieza a tener en algunos grupos de riesgo específicos, nos ha llevado a
presentar esta proposición no de ley.
Es evidente que estamos hablando de un hecho característico de las
sociedades occidentales, que algunos asocian a hábitos alimenticios
distorsionados y otros vinculan a una publicidad excesivamente agresiva
en relación con la exhibición de pautas y de físicos que no se
corresponden exactamente con los comúnmente conocidos. Lo cierto, al
final, es que esta problemática está preocupando a un número muy
importante de familias españolas.
El Grupo Parlamentario Popular es consciente, muy consciente, de las
repercusiones negativas desde el punto de vista de salud, desde el punto
de vista de la afectación de las relaciones familiares, desde el punto de
vista incluso de la proyección social de este problema. Nuestra
preocupación por esa parte fundamentalmente de la juventud que
está siendo afectada por estos trastornos nos ha llevado a desarrollar
una proposición que pretende plantear, aunque entendemos que es compleja,
la incidencia que desde varios aspectos, desde varios puntos de vista,
hay que hacer sobre esta misma problemática.
En primer lugar, la proposición no de ley establece la necesidad de
estimular una mayor coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales del sistema. Es verdad que no existe en estos momentos
ningún tratamiento específico conocido ni ninguna evidencia científica de
mejores resultados con algún abordaje terapéutico definido. La tendencia
actual es tratamiento ambulatorio con un enfoque pluridisciplinar, lo que
permite la atención de este tipo de pacientes tanto por los médicos de
atención primaria como por los especialistas de endocrinología y
nutrición, a los que se une, evidentemente, el apoyo imprescindible de
los psiquiatras y de los psicólogos. Sin embargo, ni en la formación de
los profesionales de atención primaria, ni en la capacitación en muchos
casos de nuestros ambulatorios, ni en la existencia de unidades
específicas de tratamiento en la mayoría de los hospitales de nuestro
país, podemos decir que haya una situación de déficit de coordinación
entre esos niveles asistenciales.
En segundo lugar, entendemos que es necesario profundizar en un programa
de educación sanitaria para la población, especialmente para los enfermos
y sus familias, y que además este programa de educación sanitaria tiene
que realizarse en colaboración con las asociaciones de autoayuda. La
situación de esta problemática es, como digo, muy preocupante y esa
preocupación es aún mayor, si cabe, si tenemos en cuenta el elevado
índice de cronificación de esta misma enfermedad, de las recaídas de los
propios afectados si no cuentan con un apoyo sostenido, con un
seguimiento terapéutico mantenido a lo largo del tiempo y con un
conocimiento preciso, por parte de su entorno familiar y de su entorno
sanitario, de la problemática asociada a estos trastornos de la
alimentación. Por tanto, el papel de las familias es absolutamente clave
en el tratamiento y en el seguimiento de estos enfermos, y hasta ahora
las asociaciones que trabajan en esta materia, pero también todas las
familias en general, no han dispuesto de los recursos y las posibilidades
de información adecuadas para afrontar esta problemática.
Otro aspecto que sin duda exige una mayor presión por parte de las
administraciones públicas y de la sociedad en general es la facilidad de
adquisición de medicamentos con efectos pretendidos sobre la disminución
de peso, que al final acaban produciendo situaciones muy negativas desde
el punto de vista de la salud. Las asociaciones de autoayuda se han
dirigido en varias ocasiones a los colegios de médicos y de farmacéuticos
alertando sobre el peligro que supone la venta sin receta de este tipo de
medicamentos, de diuréticos, de laxantes, que son de fácil acceso en
nuestras sociedades y que pretendidamente, con una indicación terapéutica
muy definida, acaban siendo utilizados sin ningún tipo de control, sin
ningún tipo de restriccciones en esta materia.
Es evidente que se está haciendo mucho sobre esta cuestión, que a partir
del Real Decreto 1907, del año 1996, sobre publicidad y promoción
comercial de productos, actividades y servicios con finalidad sanitaria,
se ha comenzado un camino de control mucho más acentuado de la difusión
de este tipo de medicamentos, pero todos somos conscientes de la
necesidad de exigir el mayor rigor en la venta, en la comercialización de
medicamentos con estos efectos.
Por otro lado, la promoción de hábitos alimenticios adecuados en la
población es un factor absolutamente esencial, y este Congreso de los
Diputados tiene que ser muy consciente de la capacidad que debemos tener
como sociedad de promocionar aquellos hábitos, aquellas dietas, aquellas
pautas de comportamiento y de vida que sin duda son beneficiosas para la
salud, manteniendo precisamente los hábitos que siempre nos han
acompañado y que han conseguido que nuestra sociedad, entre otras cosas,
alcance cotas de salud muy importantes, muy elevadas. La promoción de
esos hábitos alimenticios positivos, que tienen mucho que ver con la
difusión de nuestra dieta mediterránea, o de los productos naturales, o
de unos hábitos, como digo, de consumo y de salud muy determinados, es
también una exigencia que debe presidir todas las actuaciones de las
administraciones públicas en esta materia.
En otro orden de cosas, y para finalizar, cuando hablamos de este tipo de
trastornos de alimentación, y teniendo en cuenta que se basan a veces en
una psicología muy determinada de los adolescentes que les lleva a emular
pautas de comportamiento y pautas físicas --desde luego muy alejadas de
la realidad-- no podemos dejar de lado uno de los aspectos que tiene
mucho que ver, precisamente, con el estímulo publicitario, y es la
influencia que determinados sectores, como puede ser la comunicación,
como puede ser la cultura o como puede ser la moda, tienen en una gran
parte de nuestra juventud.
Es muy complicado o muy difícil, señorías, desde la Administración exigir
a estos sectores que desarrollen una política de restricción publicitaria
que no esté basada precisamente en el autocontrol, en la elaboración de
unos códigos éticos, o incluso en una toma de posición, por parte de las
propias empresas, de los propios sectores afectados, que vaya
precisamente orientada en la línea de negar o de rechazar aquellas pautas
publicitarias que puedan ser, al final, lesivas y perjudiciales para la
salud de gran parte de nuestros adolescentes, de nuestra juventud.
En ese sentido, fórmulas como las del autocontrol publicitario, fórmulas
como la autorregulación por parte de los propios sectores a instancias de
la Administración, han tenido éxito en otros países de nuestro entorno, y
sin duda podrían ser un factor muy a tener en cuenta para frenar la cada
vez mayor presencia en todos los medios de comunicación de esas pautas,
de esos hábitos, de esos ejemplos que son tremendamente perjudiciales
para nuestros jóvenes. Algunas empresas, algunos sectores comerciales ya
han iniciado una importante presión en este sentido, negándose a
colaborar con aquellas empresas comerciales y a participar en aquellas
iniciativas que utilicen este tipo de modelos, de pautas como mecanismo
de influencia publicitaria. Pero desde mi grupo parlamentario creemos que
el Congreso de los Diputados no puede permanecer ajeno a
una problemática, que, señorías, no es una problemática menor; que por su
dimensión social y su dimensión sanitaria es cada día un factor más
preocupante en las sociedades occidentales --y la nuestra no es una
excepción-- y constituye un drama familiar y personal que cada día está
más presente en las consultas sanitarias de nuestro país, y
desgraciadamente también en las estadísticas de morbilidad y de
mortalidad de nuestra sociedad.
Con todas estas medidas que sin duda no son las únicas que podrían
tomarse al respecto, mi grupo parlamentario quiere solicitar el respaldo
de todos los demás grupos para posicionarnos de una manera muy concreta y
muy sólida en relación con esta problemática, que es importante para
muchas familias y para muchos ciudadanos de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene
la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Evidentemente, el Grupo Parlamentario
Socialista está de acuerdo con el señor Burgos y el Grupo Parlamentario
Popular en que los trastornos de la alimentación es un tema que causa una
problemática de salud importante y que cada vez va aumentando en nuestro
país, como sucede en la mayor parte de los países desarrollados en los
que el consumo tiene un papel predominante. Precisamente por la
importancia que tiene esta problemática creemos también, como el Grupo
Parlamentario Popular, que el Congreso de los Diputados no puede estar
ajeno a esta situación y que es necesario tomar medidas. Por ello, hemos
presentado estas enmiendas que creemos mejoran la proposición no de ley
en el sentido de puntualizar algunos aspectos que esperamos sean
aceptados por el Grupo Parlamentario Popular.
En las dos enmiendas que hemos presentado --la primera es de sustitución
al punto 1 de la proposición no de ley-- se enmarcan algunos de los
elementos que creemos fundamentales para poder solventar la problemática
que plantean estos trastornos de la alimentación.
En primer lugar, querríamos señalar que para afianzar esta mejora técnica
sería más conveniente decir, y es lo que nosotros proponemos, que se
inste «al Gobierno a desarrollar, conjuntamente con el Consejo
Interterritorial de Salud, una serie de medidas terapéuticas y
preventivas», y no como dice la proposición del Grupo Popular que se
inste «al Gobierno a poner en marcha, en coordinación con las comunidades
autónomas...». Creemos que vale la pena introducir el término, aunque se
puede dar por sobreentendido que este tipo de alteraciones, la creciente
problemática que plantea este tipo de trastornos, deben ser tratadas
también dentro del Sistema Nacional de Salud.
En cuanto a las medidas concretas que se deben tomar, creemos que por la
complejidad del problema sería conveniente que se instara, a través del
Ministerio y del Consejo interterritorial, la elaboración de unos
protocolos de actuación, dada la diversidad de enfoques que a veces
existen y no todos ellos con las mismas garantías científicas.
Es evidente que esta problemática de los trastornos de la alimentación
tiene una doble vertiente: por un lado, la vertiente individual de la
persona que los padece, y, por otro lado, la actuación preventiva de la
colectividad. Por ello, creemos que desde el punto de vista individual
hay que elaborar estos protocolos de actuación y crear unidades de
referencia en las distintas comunidades autónomas para poder tratar de
forma idónea este tipo de problemas, dado que, como señalaba, hay
diversidad de enfoques y algunos de ellos no parece que tengan, desde el
punto de vista científico ni desde el punto de vista del éxito
terapéutico, las mismas exigencias y las mismas posibilidades.
En segundo lugar, también dentro de este mismo punto señalábamos que el
desarrollo de un programa de educación sanitaria, como manifiesta el
portavoz del Partido Popular, es necesario en relación con los enfermos y
su familia; hay que buscar la colaboración de las asociaciones de
autoayuda, que son fundamentales para las familias y pacientes que
presentan este tipo de alteraciones. Pero en la doble vertiente que antes
señalaba es necesario también introducir programas de educación sanitaria
en el mundo escolar, precisamente para prevenir algunos de esos problemas
y también para crear una conciencia en la sociedad en general sobre este
tipo de alteraciones. Como siempre se ha dicho, es mucho mejor la
prevención que no la curación, y todo aquello que podamos evitar en el
mundo escolar gracias a los programas de educación sanitaria creemos que
es un aspecto positivo.
En cuanto al tercer apartado de este primer punto, en el que se habla de
la restricción de la publicidad de los medicamentos, estamos totalmente
de acuerdo, pero creemos que se debería ampliar con todas aquellas
terapéuticas o todos aquellos otros elementos no médicos de los que
también se hace publicidad en relación con este tema de la alimentación.
Es decir, hay muchas terapéuticas milagro para disminuir peso que acaban
produciendo graves problemas y graves trastornos. Por tanto, también
creemos que se debería tener una restricción en la publicidad de estos
elementos.
En el cuarto punto, donde se habla de la promoción de ayudas
alimenticias, pedimos que se especifique su desarrollo mediante campañas
sanitarias periódicas por parte de la Administración. Con ello creemos
que queda mucho más perfilado el objetivo que pretendía el Grupo
Parlamentario Popular.
Insisto en que estamos en el fondo totalmente de acuerdo con lo que se
pretende, y precisamente porque el Congreso de los Diputados no puede ser
ajeno a esta problemática, se ha añadido un tercer punto en el que se
insta al Gobierno a que en un período de seis meses comunique a este
Congreso de los Diputados todas aquellas medidas que se hayan podido
aprobar y desarrollar tanto por el Ministerio como por las comunidades
autónomas, previamente coordinadas en el Consejo Interterritorial de
Salud. Creemos que el seguimiento respecto a este problema es muy
positivo para garantizar la salud de la población.
Todo esto que acabamos de señalar afecta a distintas disciplinas. En el
momento en que se presentan los problemas se sitúan fundamentalmente, y
de modo inicial, en el
campo de la salud mental, pero después trascienden a otros ya de índole
médica más general, que puede llegar, como decía el señor Burgos, a
problemas de mortalidad, que tienen mayor importancia. En este sentido,
creemos que las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista mejoran el texto de la proposición no de ley, no desvirtúan el
fondo, y, por tanto, esperamos sean aceptadas por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas,
tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Mi grupo parlamentario valora positivamente la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, una posición sin duda
constructiva en este tema, y nos manifestamos abiertos a la aceptación de
algunas de las consideraciones que se nos hacen, no en todas, porque
creemos que la dimensión del problema --ya lo hemos explicitado en
nuestra intervención-- excede las competencias del Ministerio de Sanidad;
de ahí nuestra orientación a que ésta sea una política de Gobierno que
afecte a todos los ministerios implicados de una manera u otra en este
problema. Por eso, la referencia que ustedes hacen al Consejo
Interterritorial de Salud no nos parece aceptable desde el punto de vista
de que ese Consejo Interterritorial tiene unas competencias muy
limitadas, es hoy por hoy un mero órgano consultivo y, por tanto, no
tiene competencias ejecutivas para desarrollar una política determinada.
Puede orientar, puede establecer unas pautas, pero no puede ser otro que
el Ministerio de Sanidad y las propias comunidades autónomas competentes
en esta materia, y convenientemente coordinadas a través del Consejo o a
través de otras vías, las que realicen esta política.
Por otra parte, la referencia a que el Gobierno desarrolle a través del
Consejo Interterritorial podría limitar el alcance de nuestras
propuestas, que creo que han de llegar también a otros ministerios que no
tienen por qué estar vinculados de alguna manera al funcionamiento
ordinario del Consejo Interterritorial de Salud. Por eso defendemos el
mantenimiento del texto inicial en la introducción del apartado 1, en el
que precisamos que la política ha de ser de todo el Gobierno, de todos
los sectores implicados, y que limitarla al ámbito sanitario merma las
posibilidades de actuación.
Referente a los aspectos que usted nos plantea, seríamos partidarios de
incorporar en el punto a), que hace mención a la coordinación entre los
diferentes niveles asistenciales, la propuesta de creación de unidades de
referencia. Entendemos que no son necesarias en todas las comunidades
autónomas, hoy por hoy, y que el sistema sanitario no está en estos
momentos para tener recursos ociosos cuando éstos no son estrictamente
necesarios.
En cuanto al nivel de asistencia especializada, se han desarrollado
diversas unidades específicas de tratamiento hospitalario para este tipo
de pacientes, como son las existentes en estos momentos en el Hospital
del Niño Jesús, en el Ramón y Cajal o en La Paz, de Madrid, y las que
existen en los hospitales de Barcelona. Consideramos que es oportuno que
allí donde sea necesario --y conozco algunos casos donde sí lo es-- se
creen estas unidades específicas, pero no en todas las comunidades
autónomas si no es una exigencia de la propia problemática. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Burgos, un momento.
Ruego a SS. SS. un poco de silencio porque las taquígrafas tienen
dificultades de audición.
El señor BURGOS GALLEGO: Por tanto, nuestra propuesta sería que el punto
a) quedara de la siguiente manera: «coordinación de los profesionales en
los diferentes niveles de atención primaria, centros de salud y
hospitales, y creación de unidades de referencia en los mismos», sin
hacer ninguna valoración sobre el número, porque entendemos que no es
necesario.
El punto b), que hace referencia al desarrollo de programas de educación
sanitaria, lo residenciamos fundamentalmente en el tratamiento de los
enfermos y familiares de los mismos, porque entendíamos que el aspecto
que ustedes contemplan de la educación escolar ya está contenido en la
actuación de la Administración, que, por ejemplo, ha firmado un protocolo
de intenciones de colaboración suscrito entre el Ministerio de Educación
y Cultura y el Ministerio del Interior el pasado 19 de noviembre de 1996,
donde se recogen los proyectos a desarrollar e incluyen actividades
relacionadas con la alimentación y la nutrición saludables, y ahí se
contemplan los aspectos de la anorexia, de la bulimia, pero también de la
obesidad y de la estética corporal, que deben ejecutarse de forma
coordinada entre todas las administaciones con competencias en el área
sanitaria y educativa. Por tanto, ya se están tomando medidas en este
sentido. Pero no tenemos preocupación al respecto. Si S. S. cree que
completa el texto la apelación al desarrollo de políticas de educación
sanitaria en la población escolar, estamos dispuestos a que eso se
contemple en el texto de la proposición no de ley.
Respecto al apartado c), al que también ha hecho referencia, seríamos
partidarios de aprobar la aportación que hace el Partido Socialista en el
sentido de que la restricción de la publicidad se haga extensiva a
aquellas terapéuticas no estrictamente medicamentosas que puedan tener
efecto sobre la salud de los ciudadanos. Creo que se está haciendo
(precisamente he citado en Real Decreto 1907/1996), pero pese a ello
tampoco tenemos ninguna posición negativa, a priori, respecto a que eso
se contemple en la proposición no de ley.
Sobre el resto, entiendo que no mejora el texto que hemos presentado y no
somos partidarios en exceso de las campañas periódicas. La actuación de
la Administración debe ser una actuación permanente. Pienso que ya ha
pasado el tiempo de las campañas que más que sanitarias eran
propagandísticas, y que lejos de estimular pautas de comportamiento y de
salud naturales y saludables, al final se convertían en otro tipo de
instrumentos que no generaban respuestas positivas. Por eso el término de
«campañas periódicas» en relación con temas de salud, no es un término
que entienda admisible ni beneficioso para el objetivo que pretendemos.
En cuanto a la enmienda de adición sobre el punto tercero, mi grupo se
muestra favorable a que el Gobierno remita, en el plazo de seis meses,
aquellas medidas que haya puesto en marcha tras la aprobación de esta
proposición no de ley, precisamente porque creemos que este tema no debe
quedar en una mera declaración de intenciones y porque conocemos la
posición del Gobierno, y especialmente de los Ministerios de Sanidad y de
Educación, que están absolutamente concienciados con esta problemática y
están poniendo en marcha iniciativas, que sin duda, tras la aprobación
--esperemos-- de esta proposición no de ley, se van a sentir todavía más
estimulados para ponerlas en marcha.
Lo único que no nos gustaría incorporar es la nueva referencia que se
hace al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Creo que
deben ser medidas a desarrollar por el Gobierno, en su conjunto, en
coordinación con las comunidades autónomas, no limitándolo a la actuación
del Ministerio de Sanidad. Aunque ésta sea la Comisión de Sanidad y
Consumo, tenemos la posibilidad de instar al resto de ministerios
afectados.
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas, tiene la palabra.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Agradezco, en nombre del Grupo Socialista,
la disposición del Grupo Parlamentario Popular respecto a nuestras
enmiendas.
Quería insistir sobre el apartado a), del punto 1, porque en esta
enmienda fundamental lo que introducimos como algo relevante, y a lo que
el proponente no ha hecho mención, es la elaboración de un protocolo de
actuación frente a este tipo de trastornos. Creemos que es muy importante
que se elabore este protocolo. Incluso para obviar el tema de las
unidades de referencia, etcétera, propondríamos que el punto a) quedara
como está en la proposición no de ley con el añadido final: «y la
elaboración de un protocolo de actuación frente a este tipo de
trastornos». Si el Grupo Parlamentario Popular lo acepta, estamos de
acuerdo con el resto de lo que ha manifestado el señor Burgos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: El Grupo Parlamentario Popular lo acepta, aunque
con la matización de que es muy complicado, al día de hoy, establecer un
protocolo de actuación terapéutica sobre este tipo de trastornos.
Desgraciadamente --ya he hecho referencia antes--, no existe un
tratamiento específico ni una fórmula de acometer esta problemática con
evidencia científica de mejores resultados y, por tanto, el abordaje
tiene un margen de discrecionalidad que es precisamente lo que exige un
enfoque pluridisciplinar y desde los diferentes niveles de atención en
plena coordinación.
En todo caso, la referencia al protocolo tampoco creo que desvirtúe el
planteamiento en absoluto, aunque entendemos que ese protocolo no puede
ser estrictamente de atención sanitaria, tal y como lo conocemos con
respecto a otro tipo de patologías o enfermedades, sino que debe ser una
fórmula magistral para enfocar el problema basada en la coordinación de
los niveles y en la formación de los profesionales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Intervengo para fijar la posición de mi grupo
parlamentario sobre un tema que es pertinente y adecuado en su
planteamiento, y entiendo que en los enfoques que, a la luz del debate
entre los grupos parlamentarios popular y socialista, se abordan en esta
proposición no de ley.
Quería manifestar si esas precauciones del señor Burgos acerca del
Consejo Interterritorial se refieren exclusivamente al ámbito de esta
proposición no de ley o alcanzan dimensiones políticas muy amplias, ya
que llama la atención. No obstante, de lo que se trata es del ejercicio
de sus competencias por parte del Ministerio de Sanidad, reconociendo y
articulando también las competencias de las diferentes comunidades
autónomas, que me parece que en cualquier caso quedan reflejadas en el
preámbulo.
Me alegro de que el establecimiento de un protocolo haya sido aceptado
por parte del Grupo Popular. Evidentemente, un protocolo, en la inmensa
mayoría de los problemas de salud, no es una especie de receta o de
consigna cerrada, sino un criterio de abordaje de un problema que afecta
a multitud de aspectos del desarrollo integral de la persona.
Querría insistir en la participación necesaria, que creo que se deduce de
la exposición de motivos, de los profesionales de la salud mental en la
elaboración del protocolo. Más allá de los aspectos estéticos o
culturales derivados de la publicidad, pienso que, en definitiva, si una
determinada moda se transforma en un problema de salud ello se debe al
tipo de metabolización subjetiva individual que se hace por cada una de
las personas y que, por tanto, ese abordaje, desde el punto de vista de
la salud mental, es fundamental para un adecuado tratamiento en el
sentido integral, no de terapéutica, del problema.
Dada la edad de riesgo de estos problemas, tanto de la anorexia nerviosa
como de la bulimia, la participación en general del sistema educativo,
tanto de enseñantes como de padres de alumnos, supone un colectivo vital
a la hora de la realización de programas de educación para la salud.
Teniendo en cuenta, y en esto coincido con el Grupo Popular, que las
campañas sanitarias, sobre todo en un marco de publicidad tan apabullante
como en el que estamos, no gozan de demasiada eficacia, son mucho más
importantes las actuaciones constantes, permanentes, por parte de los
servicios de salud.
No obstante, señor Burgos, no quiero dejar de aprovechar esta ocasión
para manifestar mi preocupación porque esas actividades de educación para
la salud (que son vitales en el sistema sanitario y que su desarrollo se
atribuye fundamentalmente al nivel de la atención primaria), desde la
introducción de la cartera de servicios y el establecimiento
de criterios de diferente baremación, que en la práctica permiten excluir
determinadas actividades sanitarias, en esa atención primaria están
cayendo en picado. Ese es un problema real que está ocurriendo en el
conjunto del sistema sanitario y que debería ser motivo de preocupación y
de introducción de las medidas correctoras correspondientes.
Por parte de mi grupo parlamentario nada más que manifestar nuestro voto
positivo al resultado de las transacciones establecidas entre el Grupo
Socialista y el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Brevemente, porque a estas alturas por parte de
mis anteriores compañeros ha quedado bastante claro cuál es el problema
que se trata de resolver. Parece que hay en esta Comisión consenso en
cuanto a la influencia que en este momento tienen en la sociedad las
enfermedades de los trastornos alimentarios y la importancia que tiene
que se regulen de alguna manera todos los procesos de excesiva publicidad
y de falta de educación, que están atacando de manera muy especial a las
jovencitas o preadolescentes, porque cada vez es inferior la edad en que
se detecta este tipo de enfermedad.
Nuestro grupo comparte --reitero-- la exposición de motivos de la
proposición no de ley que hace el Grupo Popular. También estaría de
acuerdo en algunas de las enmiendas que propone el Grupo Socialista si se
hace la transaccional.
En cuanto al punto 1, preferimos la exposición que hace el Grupo Popular,
ya que da más relieve a la importancia de la coordinación del Gobierno
con las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo en la elaboración de
este protocolo tal como expresaba el señor Corominas, si bien pensamos,
como decía el señor Burgos, que es difícil establecer un perfil de este
tipo de enfermedad porque cada caso es muy peculiar. En algunos, el
aspecto psicológico prima quizá sobre cualquier otro. Y pensamos, en todo
caso, que es muy importante estimular desde la escuela una concienciación
de lo que quiere decir estar bien alimentado y rehusar los modelos
estereotipados de que para ser guapo y bonito hay que medir 1,80 y pesar
50 ó 60 kilos; hay que aprender desde muy pequeñitos que cada persona, de
acuerdo con su constitución, tiene unas determinadas características y
que lo importante, más que un kilo arriba o abajo de la báscula, es que
la persona esté sana y convenientemente bien alimentada. Esto tiene que
impartirse ya en la escuela. Hay que romper estereotipos para que
nuestros muchachos y muchachas estén convenientemente educados.
Respecto a la restricción de la publicidad, pensamos que éste es un
aspecto que tendría que ser tratado ampliamente porque hay maneras muy
sutiles de ir inculcando en nuestros jóvenes determinados modelos, no ya
tan sólo con la publicidad directa de determinados pseudomedicamentos que
hacen milagros y que prometen adelgazamientos espectaculares en 15 días o
en una semana, sino fomentando continuamente, sobre todo a través de los
medios de comunicación, estereotipos o modelos de persona. Pensamos que
es una publicidad subliminal, peligrosa y engañosa, que de ninguna manera
ayuda al crecimiento completo y sano de nuestros jóvenes.
Anuncio nuestro voto favorable a la transaccional que aquí se ha
discutido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Voy a fijar la posición de nuestro grupo con
relación a esta proposición no de ley. Anuncio el voto favorable al texto
del grupo proponente, con las enmiendas que al parecer van a ser
aceptadas y que han sido presentadas por el Grupo Socialista.
Quiero agradecer al Grupo Socialista que del punto a) haya retirado la
creación de unidades de referencia, porque nosotros habíamos entendido
que todos los problemas que se plantean alrededor de esta cuestión que
estamos tratando no son homogéneos, suelen tener asociadas diferentes
patologías. Además, los enfermos tienen diferentes edades: unos son
jóvenes y otros son más mayores, y precisamente por eso nuestro grupo
apoya el tratamiento de estas patologías desde el abordaje
multidisciplinar o multidepartamental.
Repito el voto favorable de nuestro grupo a la proposición con las
enmiendas incorporadas.
El señor PRESIDENTE: Con permiso de los miembros de la Comisión, vamos a
hacer un receso de unos minutos para redactar definitivamente las
enmiendas planteadas por los distintos grupos que han intervenido.
Se suspende la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Vamos a proceder a la votación de las cuatro proposiciones no de ley
debatidas a lo largo de la mañana.
En primer lugar, sometemos a votación la proposición no de ley sobre
comercialización de la soja transgénica, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 15; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, procedemos a la votación de la proposición no de ley
sobre medidas para la creación de la etiqueta «producto no transgénico»
para los productores y distribuidores que quieran acogerse a ella,
también presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 18; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente pasamos a efectuar la votación a la proposición no de ley
sobre reconocimiento de la foniatría como especialidad médica, a
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
Previamente, tiene la palabra el señor Corominas para la lectura de la
enmienda en los términos en que finalmente se ha aceptado.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Después de las intervenciones de los
distintos grupos, recogiendo lo que se ha señalado en la discusión, el
texto que se somete a votación sería el siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que, a la mayor brevedad, adopte las
medidas necesarias para desarrollar la troncalidad y áreas de
capacitación específicas de las distintas especialidades médicas tras
estudio e informe del Comité de áreas de capacitación específica del
Consejo Nacional de Especialidades Médicas y con el visto bueno del
Consejo interterritorial. Asimismo, que se reconozca como área de
capacitación específica la foniatría con vistas a establecer de forma
oficial un programa de formación en base a un modelo docente y
competencial.
Este sería el texto transaccional.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación dicha proposición no de ley en
los términos de la enmienda que acaba de leer el señor Corominas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre medidas para
afrontar la creciente problemática referente a los enfermos con
trastornos alimentarios.
Dado que se han presentado enmiendas, ruego al señor Letrado que proceda
a la lectura de los términos en los que queda, después de los debates a
que se ha sometido la proposición no de ley.
El señor LETRADO: La votación de la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Popular va a ser sobre el siguiente texto: En el
punto 1, las modificaciones serán: En el apartado a), detrás de
«hospitales», se añadiría «y la elaboración de un protocolo de actuación
terapéutica sobre este tipo de trastornos». En el punto b), en la primera
línea, tras «educación sanitaria en», se añadiría «el ámbito escolar y en
colaboración con las asociaciones de autoayuda». En el apartado c), se
añadiría en la segunda línea, detrás de «medicamentos» «y terapéuticas».
El punto 2 quedaría en los términos de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular y el punto 3 sometido a votación sería la enmienda
de adición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, suprimiendo
las palabras previamente coordinadas en el Consejo interterritorial del
Sistema Nacional de la Salud.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación dicha proposición no de ley en
los términos que acaba de leer el señor Letrado.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA PRIMARIA Y
ESPECIALIZADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Insalud) (Matesanz
Acedos), PARA INFORMAR DE LA EVOLUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/000402.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al segundo punto del orden del
día, que es la comparecencia del Director General de Asistencia Primaria
y Especializada del Instituto Nacional de la Salud ante la Comisión de
Sanidad y Consumo, para informar de la evolución de las listas de espera.
Damos la bienvenida a don Rafael Matesanz, Director General de Asistencia
Primaria y Especializada, a quien deseamos una grata estancia con
nosotros en esta su primera comparecencia.
Cuando quiera, señor Matesanz, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Matesanz Acedos): Muchas gracias, señor
Presidente, por su bienvenida.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, agradezco al Grupo
Parlamentario Socialista su petición de comparecencia para hablar en
general de la situación de las listas de espera, petición que fue
realizada en el mes de noviembre, pero que, al no haberse podido celebrar
hasta hoy, me va a permitir informarles de una manera muy completa de los
resultados obtenidos en el plan de reducción de la demora quirúrgica que,
como ustedes bien conocen, fue uno de los primeros objetivos establecidos
por el titular del departamento, nada más asumir la responsabilidad del
mismo, para pasar, posteriormente, a referir la situación y acciones
emprendidas sobre la demora en primera consultas y exploraciones
diagnósticas, si así procede.
A pesar de que, en un primer análisis sobre la situación de las listas de
espera, quedaron patentes la existencia de importantes deficiencias en el
sistema de información, los datos recabados, aún con la reserva lógica al
constatar este hecho, junto al convencimiento de que el ciudadano tiene
que tener la máxima accesibilidad a los servicios sanitarios, nos
llevaron a plantearnos el abordaje de un plan que permitiera a corto
plazo conseguir unos tiempos de espera dentro de unas coordenadas
razonables.
Se ha hablado mucho de las listas de espera, intentando explicar su
existencia; se ha dicho que es algo consustancial
a los sistemas sanitarios, que los procesos no agudos incluidos en las
mismas no pongan en peligro la salud de quienes los padecen, que surgen
por la inadecuación entre oferta y demanda, etcétera. Y todo ello,
señorías, evidentemente es cierto.
Es verdad que las listas de espera son un problema crónico de todos
aquellos países con un modelo integrado de salud como es el nuestro;
también es verdad que, en una clasificación de procesos en cuanto a su
complejidad y gravedad, los incluidos en las listas de espera de larga
evolución ocupan los lugares más bajos de la misma; es cierto que la
demanda y la oferta no han evolucionado de forma paralela, pero hay
también otras realidades que deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, y
para mí esto es lo fundamental, que detrás de los números hay personas
que, aunque pueden entender que su proceso no es crítico, no entienden
que pasen los meses e incluso los años sin que se les atienda.
Es conveniente recordar asimismo que los que estamos en el sector
sanitario sabemos que determinadas dolencias no pueden evolucionar
negativamente, porque el saber científico así lo avala. Pero los
ciudadanos realmente no tienen por qué saberlo, no necesariamente, y,
aunque así sea, cualquier patología lleva incorporada, además de la
cohorte de síntomas específicos, una dosis de angustia, de inseguridad y
de intranquilidad que sólo desaparece cuando ha finalizado el proceso.
Quizá por esas causas los tiempos de demora son uno de los más
importantes motivos de insatisfacción de los ciudadanos, porque en
definitiva lo sienten como una barrera que entorpece el acceso.
Precisamente, para borrar esa sensación de inseguridad, esa causa de
queja permanente para incrementar la confianza y la accesibilidad al
sistema, consideramos imprescindible incidir de una manera inmediata en
este problema, intentando, como decía al principio que los tiempos de
espera se adecuen a lo razonable; no que desaparezcan las listas de
espera porque esto es obviamente imposible, pero sí que los tiempos se
adecuen a una cifras razonables, estableciendo unas medidas a corto plazo
que se enmarquen dentro de un plan más amplio de actuaciones permanentes.
¿Cuál es la situación de las listas de espera en mayo de 1996? De acuerdo
con los datos que figuraban en el sistema central de información del
Insalud, a 31 de marzo del pasado año había un total de 168.628 pacientes
esperando una intervención quirúrgica; de ellos, 117.146 llevaban menos
de seis meses esperando a ser intervenidos; 29.594, entre seis meses y un
año; 16.430, de uno a dos años, y 5.095, por encima de los dos,
existiendo enfermos que llevaban esperando una operación hasta tres y
cuatro años.
De acuerdo con esta información, la demora media se situaba en 210 días y
un total de 21.525 enfermos ya entonces estaban esperando más de un año,
a los que lógicamente habría que ir añadiendo aquellos que cada día
fueran pasando de la barrera de los doce meses.
Al intentar comprobar estos datos, quedó en evidencia que el sistema de
información adolecía de importantes deficiencas. La información es un
producto que debe estar elaborado, que debe servir de instrumento para la
toma de decisiones y no ser una mera recopilación de datos que ni
siquiera permite la constatación real de los hechos.
Describía el ministro en su primera comparecencia ante esta Comisión,
entre las deficiencias encontradas relativas a los sistemas de
información, la falta de confrontación entre los datos del emisor y del
receptor y la falta de concreción de los procesos y procedimientos del
tratamiento de los datos recogidos.
Una de las actividades donde más evidentemente se percibió esta situación
fue al tratar monográficamente el tema de las listas de espera. Para
paliarla, lo primero que se hizo fue revisar los sistemas de gestión y
control de lista de espera en los hospitales, creando una oficina, de la
que se hablará más adelante, donde quedaron centralizadas todas las
actividades de detección real de los tiempos de demora y la implantación
y seguimiento del plan.
Una vez realizadas las primeras verificaciones de la oficina centralizada
de gestión de lista de espera (estoy hablando del mes de junio del año
1996), se constató que el número de enfermos con fecha de entrada
anterior al 31 de diciembre de 1995 y que, por tanto, a 31 de diciembre
de 1996 haría más de doce meses que estaban esperando la intervención,
era de 53.822.
Conociendo ya de manera más exacta los datos, y al margen de
consideraciones posteriores para determinar los tiempos máximos por
proceso, entendimos que en ningún caso se justificaba una espera superior
a un año, por lo que el objetivo del plan de choque fue conseguir que a
31 de diciembre de 1996 no hubiera ningún paciente pendiente de una
intervención quirúrgica indicada por el facultativo antes del 31 de
diciembre del año anterior. Además, se planteó reducir la demora media de
210 a 120 días, esto, es, de siete a cuatro meses.
¿Cuáles fueron las medidas del plan? La implantación del plan requería,
en primer lugar, una serie de actuaciones tendentes a mejorar la gestión
de las listas de espera, para lo cual resultaba imprescindible
protocolizar el procedimiento de clasificación del registro de entrada y
salida de pacientes, así como la implantación de un circuito de
información homogénea y permanente y un control de las distintas
actuaciones que permitiera evaluar la situación y corregir las
desviaciones.
Aparte de eso, se instauraron una serie de medidas organizativas, que en
síntesis fueron una actualización de las listas de espera, mediante la
verificación de las listas en todos los hospitales, realizadas a través
de los servicios de admisión, utilizando unos criterios homogéneos, para
lo cual se cursaron instrucciones concretas y detalladas para evitar
distintas interpretaciones que pudieran inducir a error.
Fue precisamente en este punto cuando tuvimos constancia de que los datos
reales no coincidían con los existentes a 31 de marzo, y ello es verdad,
tanto por lo que se refiere a enfermos no registrados inicialmente en los
sistemas de información, como a otros que, estando recogidos en los
mismos, sin embargo, no eran susceptibles de ser intervenidos, o ya lo
habían sido, o simplemente rehusaban ser operados por diversos motivos.
A través de una encuesta realizada a todos los hospitales para
identificar el proceso utilizado en cada uno de
ellos y los distintos pasos que siguen las listas de espera, pudimos
comprobar la confusión existente en el conjunto de los centros, que iba
desde errores en el concepto de inclusión hasta ausencia y depuración de
los listados o incluso el desconocimiento de los responsables de las
auténticas listas.
Para evitar que esta situación se pudiera reproducir en el futuro, se
unificaron los criterios para la gestión de lista de espera en todos y
cada uno de los pasos del proceso en su conjunto.
Medidas operativas. Establecidas ya las premisas conceptuales y de
funcionamiento, pasaré a referir aquellas otras medidas que podemos
llamar operativas y los resultados conseguidos con ellas. Estas medidas
se establecieron con un orden de priorización y relación escalonada entre
ellas, de manera que para pasar de una a otra había que cumplir los
requisitos de la anterior.
La primera y fundamental fue el incremento de la producción en hospitales
propios. El incremento de la producción quirúrgica en nuestros centros se
consideró básica y fundamental, por cuanto su cumplimiento era requisito
imprescindible para poder aplicar cualquiera de las medidas posteriores.
Se revisaron pormenorizadamente los rendimientos quirúrgicos de cada
hospital en horario de mañana, exigiéndose un cumplimiento global de al
menos el 75 por ciento. Conviene reseñar que en los alrededores de los
meses de mayo o junio de 1996 el rendimiento medio de los quirófanos en
los hospitales del Insalud, en horario de mañana, se situaba en torno al
65 por ciento.
A continuación, citaré la actividad en los hospitales de apoyo. Como
saben SS. SS., en el Insalud funcionan algunos hospitales que no tienen
asignada una población específica, aunque su dotación de recursos
humanos, infraestructura y medios técnicos los acredita para realizar
actividades quirúrgicas. Son: el Hospital de Santa Cristina, la Cruz
Roja, Virgen de la Torre y el Hospital del Instituto Carlos III, de
Madrid. Sin ser ninguno de ellos referencia en ningún área, fueron
considerados como hospitales de apoyo, para realizar intervenciones de
determinados procesos quirúrgicos, contribuyendo de esta forma a
desahogar los tiempos de demora de otros centros.
En tercer lugar, la autoconcertación regulada. Se incorporó esta fórmula
para poder utilizar los quirófanos de los hospitales propios en horas
distintas de los de la jornada habitual, puesto que consideramos más
lógico disponer de aquellos recursos propios inactivos a ciertas horas
que buscar una solución más costosa fuera del Insalud. Conocedores de
experiencias anteriores, y para evitar los llamados incentivos perversos,
su implantación sólo se autorizaría en el caso de que los recursos
quirúrgicos del centro hubieran sido convenientemente utilizados en la
jornada ordinaria, con ese 75 por ciento que les decía anteriormente.
La concertación con centros privados solamente se llevó a cabo en
aquellos casos en que la lista de espera no pudo acometerse en toda su
extensión con las acciones precedentes. Las actuaciones de concertación
se orientaban en dos sentidos: por un lado, había que revisar los
conciertos por procesos planificados durante el primer trimestre del año,
para que fueran dirigidos fundamentalmente a aquellos pacientes que
estaban más de un año en lista de espera; y, por otro, contar con aquel
número de procesos que, no pudiendo ser abordados con las anteriores
medidas, debían ser intervenidos antes del 31 de diciembre, para alcanzar
el objetivo global.
Para hacer un seguimiento permanente de la información, sobre todo del
proceso del plan de choque, se constituyó formalmente la oficina
centralizada de la lista de espera convenientemente dotada de personal y
recursos informáticos, en la que se ha ido recopilando toda la
información de la demora quirúrgica por procesos y cuya función principal
ha sido evaluar, de forma pormenorizada y con periodicidad quincenal los
resultados de las medidas aplicadas.
Los resultados obtenidos, en líneas generales, son los siguientes: Dije
al principio que las actuaciones se centraban sobre los 53.822 procesos,
que, insisto, eran los que a lo largo del año entrarían a llevar más de
un año en lista de espera, es decir, todos aquellos ingresados en lista
antes del 31 de diciembre de 1995. Pues bien, de este objetivo diana de
pacientes, al finalizar el año quedaban pendientes de intervenir tan sólo
2.624, lo que supone un porcentaje de cumplimiento del plan de un 95,1
por ciento. Estos pacientes se concentraban en cuatro comunidades
autónomas: Castilla y León, 418; 422, en Extremadura; 93, en Castilla-La
Mancha y los 1.691 restantes, en Madrid.
En relación con estos datos, cabe señalar que, si bien el 64,4 de estos
pacientes era de Madrid, en esta Comunidad también ha sido intervenido un
número considerable de pacientes derivados de otras comunidades
autónomas, como consecuencia de una mejor adecuación ofertademanda. Es
decir que, mientras en los hospitales de Madrid existía más
disponibilidad de recursos para ciertas patologías con respecto a las
provincias de origen, en otras la oferta resultaba insuficiente por ser
la demanda muy importante.
Las razones por las que no se ha podido alcanzar al 100 por cien el
objetivo las atribuimos, por un lado, y como ya he apuntado, a una
desproporción entre oferta y demanda en determinadas patologías, como es
el caso de las prótesis de rodilla y cadera, unida a la relativamente
escasa oferta pública y privada de determinadas cirugías muy
especializadas. También el retraso en la configuración de nuevos equipos
directivos ha pesado en este resultado, puesto que en algunos centros
esta causa retrasó el inicio del plan.
Es importante resaltar dentro del resultado final que la demora media
global se ha reducido, pasando de los 210 días iniciales a 135 al
finalizar el mismo, cerca del objetivo, que eran 120 días.
Cerraré este balance haciendo referencia al coste total del plan, que ha
sido de 3.075 millones de pesetas, de los cuales 1.266 se han dedicado a
los hospitales propios, tanto para autoconcertación como a capítulo II
(les recuerdo el importante volumen de prótesis de cadera y rodilla que
se han intervenido), y los 1.709 restantes a los procesos concertados.
¿En qué proporción se han aplicado las distintas medidas? Es lógico
pensar que siendo la base y llave de los demás procesos el incremento de
los rendimientos de quirófanos
en horario de mañana, haya sido ésta precisamente la que más ha incidido
sobre el resultado final. Gracias a este aumento del rendimiento, se han
operado en nuestros quirófanos, por nuestros profesionales, en su jornada
habitual, 23.286 pacientes, lo que representa el 58,1 por ciento del
volumen global del plan de choque. Lógicamente, este aumento de actividad
no se ha centrado exclusivamente en estos procesos, ya que el aumento
total en números absolutos ha sido de alrededor de 73.000 intervenciones
en el conjunto de los hospitales del Insalud más que el año anterior, con
un incremento de cirugía programada del 17,4 por ciento y de cirugía
mayor ambulatoria del 40.2 por ciento, en relación con el año 1995, que,
en todo caso, fue un año no excesivamente corriente por el período de
conflictividad, que disminuyó de forma significativa la actividad en los
hospitales.
Con respecto a los hospitales de apoyo, los resultados, dada la escasa
capacidad de recursos que ofrecían, han sido menos relevantes, habiéndose
intervenido en estos centros 3.335 pacientes, es decir, un 8,3 por ciento
del total de los operados.
En relación a la llamada autoconcertación en horario de tarde, se han
intervenido únicamente 6.188 enfermos, lo que representa el 15,4 por
ciento del total, aplicándose esta fórmula sólo en aquellos hospitales en
los que se había alcanzado un rendimiento quirúrgico óptimo en horario de
mañana. A través de la fórmula conciertos, y siempre con carácter
complementario, como les decía anteriormente, se ha realizado un 18,1 por
ciento del total, lo que en números absolutos ha supuesto 7.273 enfermos.
Ello indica que, de todo el plan de choque, más de un 80 por ciento se ha
hecho con medios propios y alrededor del 18 con medios concertados. hasta
un 21,7 por ciento de los enfermos, 11.016, para ser exactos, finalmente
no necesitaron ser intervenidos, bien por haberlo sido ya por urgencias o
en otro centro, por rehusar la intervención, como decía antes, o por
haberse modificado las circunstancias de su inclusión en lista de espera.
Durante el desarrollo del plan se ha detectado un número significativo de
bolsas de pacientes pendientes de intervención en todos los tramos de la
lista de espera, que no figuraban en el recuento inicial hecho en el mes
de abril. En concreto, en esta situación se ha detectado un total de
24.122 enfermos. Ello explica la aparente paradoja de que, a pesar de
haberse realizado 73.000 intervenciones quirúrgicas más que en 1995, la
lista de espera total se sitúa, a 1 de enero de 1997, en 165.735, como
consecuencia de esa entrada irregular y gradual de procedimientos
pendientes. Concretamente, las entradas realizadas durante 1996 han
sobrepasado en más de 50.000 las registradas en 1995, con lo que, si
descontamos este excedente descubierto, la disminución de la lista de
espera en relación con sus cifras máximas a lo largo del año se sitúa en
alrededor de un 11 por ciento.
Actuaciones previstas para 1997. Decía al principio que, al margen de
otras acciones posteriores que fueran conformando la política de
actuación frente a la lista de espera, consideramos imprescindible
abordar a corto plazo la solución de los tiempos de demora de más de un
año. Por ello, el plan de choque, como objetivo a corto plazo, estuvo
integrado por medidas coyunturales basadas fundamentalmente en
incrementar la producción, dada la premura con que tuvieron que tomarse
estas decisiones. Lógicamente, dicho plan era la primera de una serie de
medidas, ya que el objetivo de incrementar la accesibilidad de los
ciudadanos reduciendo los tiempos de demora va a seguir siendo un
objetivo prioritario y permanente para el Insalud. Para ello está
previsto que, además de mantener e incrementar la actividad, se adopten
medidas estructurales que corrijan en su origen las desviaciones de la
demanda sobre la oferta. También se mantiene la intención, ya iniciada
con el plan, de seguir rebajando el tiempo máximo de espera para los
procesos quirúrgicos, no teniendo ningún paciente con una demora superior
a nueve meses, es decir, bajar tres meses el tiempo máximo y situar la
demora media en 90 días.
Dentro de los objetivos planteados para este año en relación a la lista
de espera quirúrgica, se han establecido tres tipos de actuaciones: unas,
directamente relacionadas con la actividad, otras, con aspectos
cualitativos de criterio y, por último, se ha diseñado un programa de
garantías sobre la demora máxima. Con intención de seguir avanzando en la
línea iniciada y en relación con la actividad, se han planteado las
siguientes actuaciones: en primer lugar, alcanzar un rendimiento medio
quirúrgico mantenido de al menos un 78 por ciento en horario de mañana,
con lo que se incrementaría en unas 44.500 intervenciones quirúrgicas, lo
que supone un 7 por ciento más de actividad este año frente a 1996. Como
digo, son los objetivos del Insalud incluidos en el contrato-programa
para el año 1997. Hay una decidida tendencia a potenciar los productos
alternativos a la hospitalización convencional, incrementando el número
de procesos de cirugía ambulatoria en un 15 por ciento más que el año
anterior. Se plantea igualmente la utilización progresiva de los
quirófanos en horario de tarde. Esta medida se relaciona directamente con
la modificación de algunas condiciones del concepto atención continuada,
ya que en estos momentos se está realizando un estudio, que ya está
bastante avanzado, que permita liberar a aquellos facultativos mayores de
55 años de la obligatoriedad de realizar guardias, pudiéndose establecer
como alternativa la actividad programada en jornada de tarde en muchos
hospitales. La realización de cirugía menor en centros de atención
primaria en estos momentos está ya pactada con más de 130 equipos de
atención primaria del área Insalud para este año y entendemos que ello
contribuirá progresivamente a descongestionar los quirófanos
hospitalarios.
Sobre los aspectos cualitativos, también se pretende, en primer lugar,
establecer tiempos máximos de demora en los procesos más frecuentes. Es
lógico pensar que en ningún caso la determinación de dichos tiempos va a
ser establecida por los responsables sanitarios, sino que son los
expertos en cada una de las especialidades los que van a definir dichos
plazos en función de criterios puramente clínicos. Se está trabajando, se
ha trabajado ya, con las sociedades científicas correspondientes, fijando
plazos máximos en procesos más frecuentes, como cataratas, colelitiasis,
hiperplasia prostática, mioma uterino y osteoartrosis.
Con ello se pretende valorar el impacto de la espera en cada uno de estos
procesos, por lo que, una vez establecido, en ningún caso debería
sobrepasarse el tiempo máximo de demora prefijada. También en estas
reuniones con las sociedades científicas correspondientes se está
trabajando para fijar los criterios de indicación de inclusión en lista
de espera, en estos momentos realmente variables de comunidad a comunidad
y de hospital en hospital. Los procesos elegidos corresponden también a
los más frecuentes, como cataratas, prótesis de cadera y rodilla,
amígdalas y adenoides. De igual manera, la generalización de consultas de
segunda opinión en los centros entendemos que tiene que contribuir, de
hecho ya ha contribuido, de una forma significativa a racionalizar las
indicaciones y a hacerlas más homogéneas.
Por último, en estos momentos se está diseñando un programa de garantía
sobre la demora quirúrgica, en la que se pretende ofrecer una solución al
paciente que supere un tiempo máximo prefijado. Está previsto que dicho
programa de garantía en la demora máxima se inicie en los próximos meses
de forma piloto en dos comunidades autónomas, que, aunque todavía no está
cerrado del todo, entendemos que deben ser Madrid y Aragón, y en nueve
procedimientos quirúrgicos de los más frecuentes, para, posteriormente, y
una vez valorada la experiencia, extender este proceso de forma
generalizada al Insalud durante 1998. La metodología planteada incluye la
obligatoriedad de ofertar la intervención indicada primero en el propio
hospital donde la han previsto y, si ello no fuera posible en el tiempo
marcado, la dirección provincial correspondiente ofrecería la posibilidad
de que fuera realizada en otro hospital público, lo más próximo posible
al domicilio del paciente, y sólo en el caso de que ello no sea factible
en un centro concertado si la oferta pública resulta finalmente
insuficiente. Con este programa pretendemos expresar la firme voluntad de
lograr una mayor accesibilidad de los servicios al ciudadano establecida
por criterios única y exclusivamente profesionales.
Además de las actuaciones concretas que incidan sobre la demora
quirúrgica, consideramos imprescindible abordar el control, disminución
de los tiempos de espera tanto en exploraciones diagnósticas como en
consultas, si bien no me voy a extender en este tema, pues precisaría
bastante tiempo adicional.
En conclusión, recapitulando sobre lo dicho anteriormente, y a modo de
conclusiones finales, acabaré mi intervención con una serie de
afirmaciones que resumen el porqué y el cómo de los objetivos planteados
para abordar de forma efectiva los tiempos de demora de los ciudadanos
para acceder a determinados servicios sanitarios. Uno de los valores
esenciales de los servicios sanitarios es la equidad, los tiempos de
demora menoscaban dicha equidad siempre y cuando sobrepasen determinados
niveles. La accesibilidad del sistema está directamente relacionada con
la seguridad que el mismo inspira a los ciudadanos. Un tiempo excesivo
para ser atendido genera inseguridad y supone el mantenimiento de
barreras de acceso hasta cierto punto injustificables. Que los tiempos de
espera sean uno de los problemas de los sistemas sanitarios no justifica
que permanezcan como una losa, sino que debe ser un imperativo de la
Administración sanitaria ceñirlos a sus justos niveles. Los tiempos de
espera no siempre son debidos a una inadecuación entre oferta y demanda,
sino que en ellos adquiere un papel relevante la organización, el
funcionamiento y el rendimiento de la organización en su conjunto. Me
gustaría señalar que es preciso despojar a las listas de espera de un
carácter político-administrativo que en ocasiones se les ha dado y
resituarlas en los términos asistenciales en que deben encuadrarse. Al
margen de la mayor o menor participación que los profesionales tengan en
la génesis de las listas de espera, está claro que la reducción de las
mismas debe girar sobre ellos. Y, por fin, un escollo tan importante como
los tiempos de demora no puede solucionarse con medidas coyunturales
tendentes a paliar el resultado de los mismos, sino que requiere de la
aplicación de medidas estructurales que eviten su aparición.
Muchas gracias, señorías, y quedo a su disposición para cualquier
pregunta que quieran hacerme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matesanz. ¿Grupos que desean
intervenir? Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: En primer lugar, señor Matesanz, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, quiero darle la bienvenida a esta
Comisión, en esta su nueva responsabilidad al frente de la atención
primaria y de la atención especializada, la atención sanitaria en
definitiva, dentro del organigrama del ministerio; agradecimiento porque
desde el Grupo Socialista queremos expresar que nuestra posición es de
oposición, pero de oposición serena, contundente, si es preciso, pero
evidentemente siempre en la línea de nuestra actitud dentro de la propia
ponencia. Se creó el marco referencial porque tras el discurso de
investidura del Presidente y tras la primera comparecencia del Ministro
en esta Comisión, se tildó de problema de Estado el tema sanitario, y
nosotros, comprometidos con el criterio, estamos presentes en esa
ponencia y, por tanto, en la misma línea que en la ponencia para debatir
los temas del futuro.
Quiero también expresarle nuestro punto de vista sobre el criterio y el
concepto que hoy nos traen aquí. Compartimos, señor Matesanz, el criterio
de que la lista de espera es un elemento de gestión que hay que
desdramatizar y despolitizar. Nosotros, desde esa responsabilidad, porque
así lo pensábamos cuando teníamos otra posición, cuando éramos Gobierno,
seguimos profundamente preocupados por la resolución de este problema,
para el que se precisan decisiones por parte de quien tiene que tomarlas;
evidentemente, también es necesaria la complicidad de los profesionales,
que son un elemento fundamental en su solución y, cómo no, que también el
paciente y su entorno familiar entiendan cuál es el concepto que
defendemos para que también tengan comprensión y evidentemente exigencia
de lo que es la solución de este problema.
Compartimos muchas cosas, señor Matesanz, desde la oposición, desde el
Grupo Socialista. Compartimos también una unidad de criterio en temas de
interés general, y
así se expresó en la comparecencia del señor ministro que tuvo lugar el
jueves pasado, solicitada con urgencia porque entendíamos que el tema de
la meningitis estaba causando una alarma social profunda y que entre
todos teníamos que contribuir sobre todo a que esa alarma y esa psicosis
desaparecieran. No obstante, también desde lo que es el control de los
grupos de la oposición, al equipo del Gobierno solicitamos los datos que
nuestra portavoz, la señora Amador, dijo que hacíamos nuestros para de
esa manera tranquilizar a la población, que es el objetivo.
Igualmente compartimos, señor Matesanz, la aceptación de ese criterio por
parte del Grupo Popular, mediante una enmienda transaccional, de esas
nuevas formas de gestión que han perdurado durante un tiempo, lo que al
final pone de manifiesto que compartimos la defensa de un sistema;
compartimos los objetivos de la política sanitaria, quiero decir:
consolidación de un sistema público de salud plenamente comprometido con
los principios de aseguramiento único y público, cobertura universal y
gratuidad en el acceso a las prestaciones para todos, modernización del
sistema sanitario público y adaptación a los nuevos desafíos, generación
de innovaciones, uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías, potenciando
políticas de I+D en el sector. Porque compartimos la legitimación social
del sistema sobre la base de la democratización del mismo, incrementando
la transparencia, el enfoque de atención personalizada y la participación
social y profesional, porque compartimos la búsqueda de la eficacia
organizativa y económica del sector público, incorporando criterios de
flexibilidad al conjunto de la organización y desarrollando las
potencialidades de gestión que ofrece un sector público moderno y
orientado al servicio de los ciudadanos, y porque compartimos esa
dotación de nuevos impulsos en políticas de salud pública basadas en la
promoción de la salud y de la prevención, con la única finalidad de
mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de los ciudadanos, señor
Matesanz, porque compartimos esa defensa del sistema que he tratado de
definir mediante esos objetivos, he escuchado con verdadera atención su
exposición, porque estábamos un poco preocupados, ya que había unas
informaciones contradictorias que al final pueden sembrar un poco la
incertidumbre y hacer que se vuelva a la crispación de la sociedad en el
sentido de que se les traslada, en lugar de un sentimiento como elemento
de gestión en las listas de espera, un problema evidente.
En esa exposición que usted ha hecho qué duda cabe de que en el plan que
en principio se puso en marcha hubo un reconocimiento de cifras que al 31
de marzo de 1996 eran de 168.235 pacientes; de ellos, 5.095 llevaban en
espera más de dos años, 16.430 más de un año y entre seis meses y un año,
15.594. El objetivo era rebajar la demora media, como he escuchado
atentamente, de 207 a 121 días, y el coste anunciado en principio fue de
2.500 millones. Como le he escuchado con verdadera atención, he tratado
de esclarecer una serie de cifras que, en principio, aparecieron el 4 de
enero, en las que se decía que habían sido intervenidos el 80 por ciento
de esos 21.525 pacientes que llevaban más de dos años, que por tanto
quedaban 3.900 sin intervenir; posteriormente, en una aparición del señor
ministro en los medios de comunicación se dijo que efectivamente las
cifras de los que quedaban sin operar eran 2.654 pacientes, basando el
éxito de las medidas en el 95 por ciento y haciendo una excepción, que
eran los territorios de Badajoz, Madrid, Toledo y Valladolid.
Nosotros queremos creerle, señor Matesanz, en cuanto a las cifras que hoy
nos da. Bien sabe usted --y le habla una persona que es profesional de la
medicina, que ha estado toda su vida en el ámbito hospitalario-- que la
lista de espera, siendo un tema profundamente serio --y comparto la
preocupación-- es algo que también se puede relativizar desde el concepto
de que, como bien conoce, también las listas de espera sufren incremento
no sólo porque hay una deficiencia en la información, sino porque existen
motivaciones, como pueden ser las complicaciones quirúrgicas, que hacen
que los deseos de la rotación enfermo-cama no se puedan cumplir, que
efectivamente las altas no se produzcan como se pensaba en principio; a
veces no digo que la estancia de los enfermos se eternice, pero sí que
evidentemente puede haber algún tipo de complicación en la propia
tramitación del servicio quirúrgico que puede sufrir ciertos retrasos que
condicionan.
También compartimos, señor Matesanz, la preocupación de que al margen de
que tiene que haber unas medidas estructurales que garanticen el normal
funcionamiento, se deben llevar a cabo actuaciones de tipo puntual para
corregir las desviaciones de vectores, y para eso la información,
evidentemente, es más que interesante, para que haya actuaciones y no se
exceda en determinadas patologías creando una mayor angustia de los
pacientes, que a veces no sólo esperan, sino que pueden desesperar.
No quisiéramos hacer una interpretación de que a veces en la información,
que sufre distintas etapas, puede existir algún olvido, o que la
interpretación se haga a costa de que en uno de esos tramos parece ser
que ha habido falta de información veraz o --entre comillas--
manipulación de la misma. Es cierto que si 98 gerentes de hospital tienen
que dar la información que le llega a usted, señor Matesanz, y usted la
pasa luego al señor Núñez y éste al señor Romay, es posible que en ese
trayecto las modificaciones se deban a algunos defectos en los canales
informativos para llegar, al final, a poder dar unas cifras de tipo
concreto. Nosotros aceptamos los datos que nos daba, señor Matesanz,
porque provienen de esa información, porque usted tiene las cifras. Sin
embargo, nosotros queremos hacerle una serie de planteamientos y de
cuestiones, porque si los datos se refieren a un estudio comparativo del
año 1996 frente a 1995, usted mismo en su exposición ha dicho que 1995 no
parece buen año para tomarlo como referencia, puesto que, como todos
conocemos, hubo una circunstancia excepcional, que fue una huelga médica,
que hizo que las cifras, lógicamente, se incrementaran. Por lo tanto, no
parecerían datos de referencia.
Yo le quiero dar un dato que figura en la memoria del cierre del Insalud
de 1994, en su página 88, en donde se dice que la demora quirúrgica a 31
de diciembre de 1994 era de 133.599 pacientes. Si se compara con el año
1993, sin mirar otros parámetros, se puede decir que la mejora de esa
demora quirúrgica fue con respecto al año anterior del
8,5. Sin embargo, para una mejor clarificación de este criterio ante los
ciudadanos, que, como bien compartimos con usted, ha sido un elemento de
preocupación en cuanto a la gestión, no quisiéramos tener que hacer una
interpretación de que las cifras que se nos dan son con referencia al
1995, pensando que de esa manera se puede presentar ante la ciudadanía
una cifra que pudo ser interpretada como el éxito de una campaña. Qué
duda cabe que tiene que tener su incidencia, porque así se ha programado
para cumplir unos objetivos, pero, al final, como ha reconocido en su
primera intervención, no se ha llegado al cien por cien de los objetivos
fijados. Con esto vea usted en mis palabras, primero, que quisiéramos los
datos de forma concreta y de forma uniforme no sólo para mejorar esos
canales de información --para que a nivel del ministerio se tenga el
conocimiento--, sino para que también nosotros, como grupo parlamentario
en la oposición y haciendo uso de ese derecho que tienen los grupos
representados en el Congreso de los Diputados, podamos conocer, primero,
las cifras exactas y, segundo, si es posible, a tiempo real, porque he
creído escucharle que es cierto que había una oficina de evaluación y que
incluso los datos se actualizaban cada quince días. Yo tenía formulada
una serie de preguntas al ministerio con fecha 26 de septiembre. Le
rogaría que me contestara --trato de sintetizar, señor Presidente-- sobre
cuáles han sido los motivos para no ofrecer los datos a tiempo real,
solicitud que le hice dentro de lo que es el uso del derecho de un
parlamentario del grupo de la oposición. Por lo tanto, si efectivamente
tenemos las listas de espera quirúrgica y la comparación no se hace de
1996 con 1995 sino, por ejemplo, con el año 1994, hemos de deducir que
las listas de espera quirúrgica han aumentado, no han disminuido; que la
previsión del coste de 2.500 millones de pesetas, según los datos que
usted nos ha dado, parece que ha pasado a 3.075 millones de pesetas; que
de esos 3.075 millones de pesetas se han utilizado 1.264 millones de
pesetas en una optimización de los recursos propios de los hospitales
públicos y que el resto ha sido para las concertaciones. En este sentido,
señor Matesanz, si los objetivos no se han cumplido, le quiero pedir que
me explique, por favor, cuáles han sido las causas, aunque alguna ha
esbozado en su primera intervención; a qué ha sido debido esa desviación
de 2.500 millones de pesetas a 3.075 millones de pesetas; qué criterios
se siguieron para la elección de los conciertos y cuáles fueron las
cantidades para cada uno de ellos. Como el objetivo a cumplir era San
Silvestre de 1996, 31 de diciembre de este año, si van a continuar esos
mismos criterios; si sólo son las medidas estructurales que usted nos ha
dicho en su intervención; si realmente van a seguir algún plan de choque,
si ese plan de choque tiene unos nuevos objetivos y en qué cantidad se
cifran. Por supuesto, no sólo le pedimos que nos dé esos criterios de las
listas de espera quirúrgica, sino también, si puede, que nos diera
algunos datos sobre las listas de espera de consulta en el tema de
atención primaria, si existieran, y en el caso de atención especializada
no sólo lo referido al período que termina o culmina el 31 de diciembre,
sino también que nos diera algún adelanto en lo que respecta al período
comprendido entre el 1 de enero y 15 de febrero, por ejemplo, tanto en el
ámbito de las consultas externas como en las listas de espera quirúrgica.
Y si, efectivamente --y con ello concluyo, señor Presidente--, uno de los
motivos, que me parece que lo ha mencionado también en su intervención,
ha sido el retraso de los nombramientos de los nuevos gestores, yo
quisiera plantearle algunas cuestiones. ¿Ha habido incumplimiento del
contrato-programa de 1996 en el Insalud? Según he creído leer de las
manifestaciones del señor Núñez, ha habido un deslizamiento de 20.000
millones de pesetas. ¿Podría corresponder a ese incumplimiento? ¿Qué
criterios se han seguido para el cese de gerentes? Quiero recordar --y
por ahí lo he leído-- que el 71 por ciento en el caso de atención
especializada y el 57 por ciento en el de atención primaria han sido
sustituidos. ¿Esos criterios han sido por imcumplimiento del
contrato-programa o ha habido otros criterios que incluso pueden haber
sido políticos? ¿Qué criterios se han seguido para el nombramiento de los
nuevos directores provinciales del Insalud?
En esta primera intervención --y no me quiero extender más-- quiero
decirle, señor Matesanz, que, efectivamente, el Grupo Socialista va a
estar siempre por la racionalización del concepto listas de espera, pero
queremos datos a tiempo real y que, por supuesto, no juguemos con este
criterio que crea alarma también en la población porque, al final, eso
sería negativo, y de ello le puedo hablar con conocimiento de causa, si
no personal, sí de mi grupo, porque fuimos objeto en otros tiempos de una
crítica feroz para elevar el concepto de lista de espera a la categoría
de rifirrafe político.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Por mi parte también, bienvenido, señor
Matesanz, y gracias por su comparecencia y por los datos que nos ha
ofrecido. De la globalidad de los mismos me surge una serie de
interrogantes, ante los cuales le ruego tenga la amabilidad de responder
o en su caso, si fuese imposible, de facilitarnos la documentación
pertinente.
Los datos que usted nos ha dado ofrecen un saldo difícil de valorar, es
decir, un saldo de mejora relativa de la situación, si bien, como ha
expresado el Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, el
elemento de referencia no parecía el más adecuado, como usted mismo ha
reconocido. No obstante, como usted señalaba --y le ruego me diga si
estoy equivocada en los datos, porque la lectura ha sido rápida y a veces
no ha sido fácil tomarlos--, deduzco que se ha producido un incremento en
el número de personas en lista de espera de más de un año en 1996 sobre
1995 --he creído entender-- de 50.000 personas.
En cualquier caso, usted ha señalado entre las causas de las listas de
espera una falta de adecuación entre la oferta y la demanda. Yo quería
señalarle algo: la demanda no es una demanda expresada directamente por
los ciudadanos; en este caso, la palabra demanda quiere decir necesidades
objetivadas y, por tanto, las palabras demanda y oferta
quizá pudieran ser evaluadas más rigurosamente hablando de necesidades y
recursos. De todos modos, las listas de espera obedecen, entre otras
causas, a una insuficiencia de los recursos en relación con las
necesidades. Usted ha hablado, en cuanto a las actividades previstas para
1997, de medidas estructurales, pero no he llegado a identificar --no sé
si porque no lo ha hecho o porque se me ha escapado-- cuáles son esas
medidas estructurales. ¿Hay algún plan, algún proyecto en marcha que
sirva para incrementar los recursos propios del Sistema Nacional de
Salud?
Supongo, señor Matesanz, que, como es lógico, antes de elaborar el plan
de reducción de listas de espera --y así se deduce de los datos de
análisis de situación que ha ofrecido--, se hizo una valoración de la
situación anterior. También ha aludido usted a que el rendimiento medio
anterior de los quirófanos era de un 65 por ciento. Espero que la
valoración se haya hecho teniendo en cuenta la huelga médica del año
1995. En cualquier caso, señor Matesanz, usted aludía a la perversión en
cuanto a la disminución del rendimiento de los quirófanos en horario de
mañanas. Yo le pido que me proporcione los datos que permitan valorar una
afirmación como ésa, es decir, que anteriormente se producía una
disminución del rendimiento del horario de mañanas que, lógicamente,
contribuía a mantener la necesidad de la autoconcertación en jornada de
tarde. ¿Cuáles eran esos datos?
Evidentemente, un plan de estas características, que tiene como objetivo
reducir los tiempos de demora y las listas de espera globales, introduce
mecanismos de funcionamiento intensivo de los centros sanitarios, de los
hospitales de apoyo y de los hospitales privados concertados. Quisiera
saber si han realizado o tienen intención de realizar algún estudio sobre
la calidad de la atención sanitaria prestada, medida en datos sobre
mortalidad, reingresos o complicaciones, tanto en hospitales propios como
en hospitales de apoyo o privados. En este plan, en lo que se refiere a
la autoconcertación regulada, ¿qué oferta retributiva se realiza al
personal sanitario, profesionales u otro tipo de trabajadores, para la
extensión de la jornada habitual?
Usted no nos ha ofrecido datos acerca de algo que es fundamental y que
podría ser objeto de otra comparecencia, porque si bien la lista de
espera quirúrgica es motivo de una insatisfacción, de una presión bien
definida de la población sobre el sistema sanitario, a nadie se le oculta
que, desde el punto de vista sanitario, la lista de espera para consulta
especializada o para exploraciones diagnósticas es mucho más grave que la
propia lista de espera quirúrgica; es decir, una vez realizado el
diagnóstico, el carácter de urgencia confiere la prioridad sanitaria
necesaria como para que ese proceso, que pudiera tener graves
complicaciones e incluso poner en riesgo la vida del paciente, sea
atendido con la urgencia necesaria; no obstante, si no ha sido realizada
la consulta y, por tanto, no ha sido realizado el diagnóstico, no hay
mecanismo útil para poder adoptar los mecanismos de priorización
necesarios para atender la urgencia como tal, y hay una lista de espera
muy grave. Además, en algunas áreas sanitarias --y carezco de la
información que permita dar un carácter general a esta información--, en
concreto en Madrid, la lista de espera para, por ejemplo, la realización
de mamografías --y le recuerdo que el cáncer de mama es la primera causa
de muerte en mujeres jóvenes y la que se está incrementando con mayor
intensidad-- supera los daños, con la curiosidad de que los mamógrafos
existentes funcionan en horario de mañana o en horario de tarde.
Probablemente, ésta sería una de las medidas más simples a tomar desde el
punto de vista de la gestión de los servicios sanitarios y permitiría
disminuir la lista de espera y mejorar la eficacia y la calidad de los
propios recursos sanitarios.
También ha hecho usted mención a un aspecto que preocupa desde hace
tiempo a mi grupo parlamentario, sobre todo cuando, por vía directa o
indirecta, se establecen mecanismos económicos de incentivación de la
actividad médica, como son los que están en curso, tanto por la
ampliación de jornada si ésta ha de prolongarse por la tarde como por
diferentes incentivaciones retributivas. Usted se ha referido con ese
término a la racionalización de las indicaciones quirúrgicas. En la
prensa sanitaria, y sobre todo en las revistas especializadas, no es
ningún secreto que precisamente aquellas patologías más simples, en
teoría de menor riesgo y más rentable desde el punto de vista económico,
ofrecen variaciones que no tienen ninguna relación con problemas
sanitarios en función de la incentivación económica de su realización, y
usted ha aludido a algunas de ellas --seguramente son más--: las
extirpaciones de amígdalas, de adenoides, de colelitiasis, incluso
cesáreas, etcétera. Es decir, parece urgente adoptar mecanismos de
control de calidad y de control de la adecuación de las necesidades a la
indicación de determinadas intervenciones quirúrgicas, en el sentido de
que si la incentivación económica alcanza proporciones importantes, como
las que espero que me confirme, aunque ya tengo noticias de que existen,
estas indicaciones perversas --si me permite usted la palabra-- de
intervenciones quirúrgicas de dudosa justificación podrían incrementarse,
con la doble repercusión negativa de hacer intervenciones injustificadas
y, por tanto, de riesgo desde el punto de vista de la salud y de gravar
económicamente el funcionamiento del sistema sanitario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Ante todo, quiero dar la bienvenida al doctor
Matesanz, Director General de Asistencia Primaria Especializada, a ésta
su casa, a la casa de todos los españoles, y desearle, en nombre personal
y de mi grupo, éxito en su gestión, que redundará, al fin y al cabo, en
beneficio de todos los españoles. Dicho esto, señorías, quisiera comenzar
mi intervención agradeciéndole su comparecencia y felicitándonos por la
exposición sincera y completa que nos ha hecho, referente a la
realización del plan de choque tendente a reducir la demora quirúrgica.
Señorías, la Constitución española encomienda a los poderes públicos el
mantenimiento de un régimen de Seguridad Social para todos los ciudadanos
que garantice la
asistencia pública ante situaciones de necesidad, artículo 41, y asimismo
reconoce el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos
en su artículo 43. Por tanto, señorías, tanto la equidad como la
universalidad en la asistencia sanitaria, en la protección de la salud de
todos los españoles, tienen en la Constitución su principal garante y
esta garantía se ha consolidado en su desarrollo normativo y en su
aplicación en la Ley General de Sanidad. Constituye, sin embargo, un
importante motivo de estudio y reflexión conocer si ante la aparición de
ciertos factores que incidieron directamente sobre el grado de equidad,
poniendo a prueba el mismo, estamos asistiendo a una situación que se
puede considerar preocupante dentro de lo que es gestión sanitaria de
nuestro Sistema Nacional de Salud. Desde nuestro punto de vista, la
respuesta es que sí; que cuando un modelo de gestión, repito, es en sí
mismo capaz de producir resultados no esperados ni deseados y éstos
tienen la capacidad de desequilibrar el principio de equidad estamos
asistiendo a una forma de gestionar cuando menos preocupante, que puede
proporcionar una situación determinada. Y no de otra manera es como se la
puede definir. Esta situación, la aparición de estos factores, no se ha
producido por generación espontánea sino que se produjo después de un
proceso evolutivo de situaciones que eran tangibles, que primero se
gestaron, después permanecieron en estado larvario por poco tiempo y
finalmente se han desarrollado y multiplicado.
En la aparición, repito, de una situación que atentaba contra la dignidad
de la persona, que no se supo en su momento controlar, por ignorar dicha
forma de gestión las principales herramientas del trabajo, se podía haber
paliado, primero, y controlado después. Esos factores que hicieron
tambalear el principio de equidad --y las listas de espera, señorías,
tanto diagnósticas como quirúrgicas y de primera consulta son una
desgraciada expresión de lo que afirmo-- han sido y deben seguir siendo
motivo de estudio, reflexión y valoración lo más exacta posible para que
su incidencia no conduzca a situaciones no deseadas por nadie.
Señorías, sabemos que la universalización de la asistencia sanitaria es
en España una afortunada realidad y también sabemos que dicho proceso se
concluyó los años 80 y principio de los 90. La realidad es que la cifra
de españoles no incluidos aún en el Sistema Nacional de Salud es,
aproximadamente, de sólo 125.000 personas. Sabemos que durante esa etapa
la cobertura del Sistema Nacional de Salud se amplió a más de dos
millones de nuevos beneficiarios, pero también sabemos que el impacto que
produjo este hecho importante y necesario fue, por insuficiente
planificación y evaluación por parte de los administradores sanitarios,
el de cierto desequilibrio en el cumplimiento del grado de equidad, pues
no se consideró la necesidad de incrementar tanto los recursos humanos
como materiales que dieran cobertura a esos nuevos beneficiarios. Otro de
los factores que contribuyeron a la aparición y mantenimiento de las
listas de espera fue la pérdida, por decisión unilateral de los
responsables de la política sanitaria del momento, de un gran número de
camas concertadas.
Asimismo, señorías, la política seguida en el área de recursos humanos
fue otra causa que contribuyó a la aparición y mantenimiento de las
listas de espera. Mientras que la población protegida crecía en
progresión geométrica, la del personal sanitario ni tan siquiera lo hizo
en progresión aritmética. De esta manera, la presión asistencial fue cada
vez mayor, pero, además, fue un grave error no haber contado con el
profesional del Sistema Nacional de Salud, no haberle implicado en la
gestión sanitaria, no haberle formado en la gestión, especialmente a los
jefes de servicio y de unidad hospitalarios, no haberles ilusionado en su
trabajo, no haberles reconocido autoridad, ni tan siquiera moral, a esos
profesionales que llevan desarrollando su actividad en puestos de
responsabilidad dentro del Sistema Nacional de Salud años y años. Esto,
señorías, fue apostar por el fracaso seguro, por muy válido que fuera el
modelo sanitario.
Otro factor a analizar con suma atención fue la pretendida y nunca
concluida reforma del nivel asistencial especializado extrahospitalario.
El único resultado que se obtuvo fue, además de generar situaciones de
agravio comparativo entre los profesionales del sistema, debilitar una
importante línea en la acción médica especializada, contribuyendo y
facilitando la aparición y el mantenimiento de las listas de espera.
Podríamos también mencionar la progresiva descapitalización que sufrió la
red hospitalaria de Insalud, afectando fundamentalmente a la inversión en
nuevas tecnologías, como otro de esos factores.
Señorías, creo sinceramente que no hubiera sido beneficioso para nadie
hablar de planes de choque conducentes a eliminar listas de espera e
ignorar la mayoría de las causas que motivaron las mismas. Flaco favor le
estaríamos haciendo, estoy convencido, al pueblo español y a nosotros
mismos. No podemos ni debemos ignorar que el fracaso en la contención de
las listas de espera, primero, y su eliminación, después, por los
anteriores gobiernos se debió más a la deficiente gestión en la
resolución de las causas que al modelo sanitario en sí mismo. De ahí la
importancia de un diagnóstico certero de la situación para acometer con
éxito el objetivo pretendido.
El actual Gobierno, señorías, se comprometió --fue uno de sus principales
compromisos-- a eliminar gradualmente las listas de espera y al
progresivo restablecimiento del equilibrio del fiel de la balanza de la
equidad. Para ello diseñó un ambicioso y al mismo tiempo realista plan de
choque directamente aplicado a la lista de espera quirúrgica de más de 12
meses. El resultado de este plan no admite otra calificación que la de
éxito; éxito, señorías, para los ciudadanos, para esos cincuenta y tantos
mil ciudadanos que estaban esperando ser intervenidos durante más de 12
meses y que en estos momentos están prácticamente todos operados, en casa
y disfrutando de una mejor calidad de vida; éxito porque ellos --los
ciudadanos-- son el único objeto de la política sanitaria del actual
equipo ministerial; éxito de los profesionales a los que la
Administración sanitaria ha querido y ha sabido implicar en la
consecución de este objetivo --el aumento de la productividad quirúrgica
en horario de mañana y la autoconcertación hablan por sí solos--; éxito
--¿por qué no decirlo?-- del actual
equipo directivo del Insalud, al que felicitamos sinceramente, al tiempo
que le pedimos que mantenga esa dedicación, ese esfuerzo y esas líneas
estratégicas de acción que tienen como único objetivo preservar la
equidad en el Sistema Nacional de Salud, dentro de la universalidad del
mismo.
Ya hemos oído aquí, y nos felicitamos por ello, que este plan de choque
es sólo el principio, el paso primero y necesario para la consecución de
un último objetivo, cual es el reducir los tiempos de espera tanto en
cirugía programada como en pruebas diagnósticas y en primeras consultas a
los considerados razonables, como podrían ser no superar los 15 días para
ser atendido en primera consulta programada, no superar los 15 días en la
realización de una prueba diagnóstica no urgente y no superar los tres
meses para someterse a una intervención quirúrgica programada. Para la
consecución de ese objetivo, los responsables del Insalud han plasmado
ya, para este año 1997, en los contratos-programa negociados con los
gerentes de los hospitales las metas a alcanzar, los mecanismos a aplicar
y las herramientas de trabajo a utilizar. A finales de 1997 se pretende
que no haya nadie en territorio Insalud con un tiempo de espera media, en
cirugía programada, que supere los 90 días. Estamos convencidos de este
logro y con ello se habrá subido otro peldaño más en la consecución del
objetivo final anteriormente citado. Sigan corrigiéndose y eliminando los
factores adversos que viciaron el sistema sanitario; sigan
comprometiendo, ilusionando y formando a los profesionales sanitarios y
tendrán recorrido el 80 por ciento del éxito en la consecución de
cualquier objetivo, tanto asistencial como en el área docente e
investigadora.
Termino, señor Presidente, señorías, resaltando de entre los objetivos
asistenciales marcados por el equipo ministerial para el presente año el
compromiso de fijar en determinadas patologías una demora máxima, a
partir de la cual la dirección provincial o el servicio de admisión del
hospital correspondiente estará obligado a facilitar una solución
terapéutica en otro hospital público o privado. Esta es una prueba
diáfana, esclarecedora de la voluntad del equipo ministerial de dotar al
Sistema Nacional de Salud de las fórmulas más adecuadas con el único
objetivo de ganar en eficiencia, sin merma en la calidad, y siempre
contribuyendo al sostenimiento de los principios que deben guiar y
modular el ejercicio de la gestión sanitaria.
El señor PRESIDENTE: Para dar contestación a las distintas
intervenciones, tiene la palabra el señor Matesanz.
El señor DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Matesanz Acedos): Como algunas o muchas
de las cuestiones que han planteado los tres portavoces son en gran
manera iguales, voy a hacer una serie de consideraciones comunes y
después intentaré ir contestando de forma reglada a todos o a la mayoría
de los temas que se han tratado, al menos los que son de mi estricta
competencia.
En primer lugar, no puedo por menos que congratularme por el hecho de la
coincidencia de los tres grupos parlamentarios con quien esto dice en dos
puntos que creo fundamentales: Primero, la apuesta, por la potenciación
de lo público; y, segundo, por encuadrar el tema de las listas de espera
en lo que sin duda es un problema de gestión; un problema de gestión que
tiene unos componentes de todo tipo, que tiene unos componentes de
traducción humana importante a los enfermos, pero cuya solución tiene que
venir abordada, como digo, por una gestión adecuada de los recursos.
Comenzaré con una aclaración de los datos porque entiendo que el tema es
complejo y para los que no están introducidos en él desde el primer
momento, alguno de los datos que se dan puede parecer contradictorio,
pero no es así. Empezaré por decir que de pocos programas se ha dado más
cumplida información que del plan de reducción de la demora quirúrgica.
Incluso una de las críticas que se ha hecho al actual equipo del Insalud
--crítica que personalmente debo admitir-- es que lo hemos explicado más
veces de las precisas. Todas las veces que lo hemos hecho se han dado a
los medios de comunicación, y en numerosas preguntas parlamentarias que
se han hecho, explicaciones más que sobradas de cuál era la situación de
las listas de espera en total, por provincias o de las personas incluidas
en el plan; de manera que es difícil dar una explicación más concreta que
todo esto.
Voy a decir algo, porque entiendo es un dato que no siempre ha sido bien
entendido y quiero que quede claro. Los datos que hemos utilizado para
valorar la situación basal no se refieren en modo alguno a 1995, entre
otras cosas porque sería absurdo. Como decía la señora Maestro hace un
momento, lo cierto es que en sanidad va creciendo de forma constante y de
año en año. Esos 50.000 ingresos más en lista de espera de que hablaba y
el examen de las memorias de actividad del Insalud año tras año así lo
ponen de manifiesto. La demanda siempre va por detrás de la oferta por
múltiples motivos conocidos, como el envejecimiento de la población o la
mejora de las tecnologías, que no voy a repetir aquí; de manera que no
sería correcto hacer comparaciones elogiosas ni peyorativas con lo que
ocurría en 1995, un año sazonado con la conflictividad hospitalaria a que
me he referido.
Los datos basales corresponden al corte estadístico de que disponíamos en
el Insalud en marzo-abril de 1996, que fue cuando un poco después se hizo
cargo el nuevo equipo de gestión del Insalud, y a ellos han sido a los
que nos hemos referido siempre. Voy a hablar de cifras redondas; las
cifras concretas las tienen ustedes en la comparecencia. Cuando se
analizaron esos primeros datos se encontraron algo más de 21.000 enfermos
con más de un año de evolución y de ellos, como decía antes, cinco mil y
pico llevaban más de dos años en lista de espera. Cuando nos pusimos a
analizar de forma pormenorizada cuál era la lista de espera total (esa
que les decía antes de 168.000 enfermos, o al menos ésos eran los datos
de que disponíamos) nos encontramos con dos tipos. El primer objetivo era
que nadie al 31 de diciembre de 1996 llevara más de doce meses en lista
de espera; obviamente el objetivo diana sobre el que había
que actuar era el de la fecha de inclusión antes del 31 de diciembre de
1995. De ahí surge una cifra que se ha dado y que en absoluto contradice
las anteriores, que son los 53.822. No es que se descubriera que esos
enfermos llevaban más de un año en lista de espera, es que a lo largo de
1996 todos los que se fueron incorporando de forma progresiva iban a
llevar más de un año en lista de espera al acabar el ejercicio. De ahí
han venido algunas interpretaciones no correctas de los datos que se han
dado.
A partir de ahí, la oficina de seguimiento de listas de espera se centró
en ese objetivo diana, y esos fueron los datos que nosotros fuimos
obteniendo cada 15 días. Eso puede explicar una de las observaciones que
ha hecho antes el señor Moratalla en el sentido de la disponibilidad o no
de los datos de lista de espera. Nosotros nos centramos en actuar, en
trabajar, en depurar la población que está en el objetivo diana del plan
de choque, mientras que los servicios de información del Insalud se iban
reorganizando para conseguir una mejora en la fiabilidad de los datos.
Cuando nosotros empezamos a analizar lo que ocurría hospital por
hospital, y más que hospital por hospital servicio de admisión por
servicio de admisión, se encontraron ciertas diferencias entre los datos
que existían anteriormente y los que al profundizar en el tema y al
insistir en el asunto fueron aflorando. Quiero decir que en ningún
momento hemos tildado en esta discrepancia de ningún componente
peyorativo, de ocultación de datos ni de nada; simplemente --insisto-- es
un problema de gestión. Cualquier persona que esté en un hospital sabe
que los servicios de admisión de muchos hospitales no controlan, o no han
controlado hasta el momento, y probablemente sigan sin estar ahí todas
las listas de espera que muchas veces figuran en cuadernos de cada uno de
los servicios del hospital, y al ir insistiendo en la necesidad de
mejorar ese aspecto de gestión, que son los servicios de admisión, es
cuanto han ido aflorando. Insisto que en ningún momento nosotros hemos
hecho, ni debe entenderse como tal, críticas a gerentes, a la
administración, ni hemos hablado de ocultación ni nada por el estilo
porque entendemos que eso no ha ocurrido así. En otros casos había una
simple no comprobación de los datos iniciales por parte de los servicios
centrales, que al ir insistiendo han hecho que se fueran encontrando una
serie de enfermos que antes no estaban censados y que finalmente se
acabaron registrando. Esto por lo que se refiere a la lista de espera
global.
En cuanto a la lista de espera, objetivo del plan, los 53.822 enfermos
que les daban finalmente fueron intervenidos, solucionándose su problema
en el 95,1 por ciento, y quedan 2.624. Esta es la única cifra que se ha
dado, y ese dato a que antes se refería el señor Moratalla que se había
dado a principios de enero fue simplemente por presión de la opinión
pública de saber cómo había acabado el plan de choque. En una estimación
más o menos cierta podía haber quedado una cifra de enfermos que en ese
momento se valoró entre el 7 y 8 por ciento, y se dijo específicamente
que los datos debían ser cuadrados cuando menos no antes del 15 ó 20 de
enero, que fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque, volviendo a centrar el
tema en un aspecto de estricta gestión, muchos de los pacientes que son
enviados desde las direcciones provinciales a hospitales de apoyo o
concertados luego tiene que ser devuelta la ficha y corroborar que han
sido intervenidos, de manera que el cierre de los datos se retrasa en
relación con ese corte puntual que se dio y hasta el 15 ó 20 de enero no
fuimos conocedores de los definitivos. Insisto en que siempre se han dado
los mismos datos y ahí están las ruedas de prensa y todos los
comunicados, así como multitud de preguntas parlamentarias que se han
referido a aspectos parciales, totales, transversales o longitudinales
del plan de choque; de manera que no existe ni ha existido nunca la más
mínima contradicción en todos estos datos.
La señora Maestro ha definido lo conseguido con el plan de choque como
una mejora relativa de la situación y yo debo decir que coincido con esta
valoración. En ningún momento hemos dicho que con un plan de choque ni
con 20 planes se podía acabar con las listas de espera, porque esto
sería, primero, falso; y, segundo, una insensatez. Se dijo desde el
primer momento que parecía una falta a la equidad que hubiera enfermos
que estuvieran esperando durante períodos muy prolongados de tiempo, que
sobre esos enfermos íbamos a actuar y, efectivamente, sobre ellos hemos
actuado. La corroboración de todo esto supone lo que se ha logrado: que
el concepto de demora media, que a mí no me gusta porque es un concepto
matemático y como todas las matemáticas esconde grandes mentiras, pero es
así, lógicamente al actuar sobre la parte alta de la lista de espera, la
demora media ha pasado de siete meses a cuatro y es un hecho que está
ahí. Entiendo que los primeros beneficiados de un plan como éste han sido
los enfermos con patología no grave, que estaban en lista de espera y que
en estos momentos han sido intervenidos en su práctica totalidad.
Hay un aspecto sobre el que me he debido expresar mal, al hablar de los
rendimientos de los quirófanos y de si era o no el 65 por ciento. Insisto
en que la única alusión que he hecho al año 1995, el año de la
conflictividad sanitaria, es para decir que el año 1996 se ha cerrado con
73.000 intervenciones más y he sido yo el que ha dicho que para valorar
este dato había que tener en cuenta el parón que se hizo en el período de
dos meses durante el año 1995.
La valoración del 65 por ciento en rendimiento de los quirófanos, que yo
no he calificado de perversa --y ahora explicaré lo que he querido
decir--, fue una valoración que hicimos a mediados del año 1996, que
correspondió, como recordarán, a ese período de interinidad que, como
cualquier período de interinidad, resulta particularmente nefasto para la
gestión. Desde luego, en ese momento la situación en los hospitales, con
una sensación de esperar a ver cuál es el futuro, no era la más adecuada.
Los rendimientos del primer semestre, en relación con los del segundo,
así lo han puesto de manifiesto por ese clima psicológico de qué va a
ocurrir en los próximos meses, que les recuerdo duró unos cuantos meses,
desde el anuncio de las elecciones hasta la incorporación del nuevo
equipo, etcétera.
En ese momento se hizo una valoración puntual de cuál era el rendimiento
de los quirófanos y nos encontramos que era, como término medio, del 65
por ciento. También
ese término medio esconde falta de equidad, ya que había hospitales que
estaban funcionando perfectamente y otros que funcionaban francamente
mal. Por eso dijimos que no íbamos a abrir quirófanos en turno de tarde
si antes no se conseguían los rendimientos adecuados en horarios de
mañana. ¿Por qué? Porque las vulgarmente llamadas peonadas sí constituyen
unas incentivaciones perversas, a eso me refería y lo queríamos evitar
desde el primer momento. Naturalmente, no íbamos a trasladar la labor de
mañana al horario de tarde, pagando por ello y dejando los quirófanos de
la mañana sin rentabilizar. A eso me refería, e insisto que ha retrasado
en gran manera el inicio de los procesos de autoconcertación en muchos
hospitales; pero en eso sí hemos querido ser absolutamente respetuosos,
por ser coherentes, porque si no difícilmente íbamos a conseguir los
objetivos propuestos.
Comparto plenamente las observaciones de la señora Maestro en el sentido
de que también es perverso poner determinados incentivos en aumentar la
producción. Precisamente por eso hemos afirmado desde el primer momento
que el plan de choque, por ser una cosa aguda, radicaba en aumentar esa
producción, pero que aquello difícilmente iba a tener una repercusión a
medio y largo plazo si no se acompañaba de unas medidas más estables, más
crónicas.
Tiene razón la señora Maestro cuando hablar de estructurales uno puede
pensar que solamente se refiere a un incremento de la dotación sanitaria,
ya que, como decía antes, la dotación siempre tiene que ir por detrás de
la demanda o de las necesidades. Aparte de que eso se vaya haciendo al
ritmo que imponen los Presupuestos Generales del Estado, en el
contrato-programa del año 1997, que es lógicamente el documento que
define toda la actividad y la política de gestión del Insalud, en los
objetivos que hemos introducido en los hospitales, más que un aumento
global de la producción, que antes les he citado esas 44.000
intervenciones, hemos planteado como objetivo la contención de los
tiempos de demora en unos determinados niveles, porque entendemos que ése
debe ser el objetivo a que deben tender los gestores y el que deben
pactar con los médicos. Cuando uno observa comunidad por comunidad y
hospital por hospital cuál es el índice por mil o por cien mil habitantes
de determinadas patologías ve cosas curiosas que ponen en claro la
relación de la oferta con la demanda. Así, por ejemplo, hay determinadas
comunidades que tienen un índice de entrada de operación de cataratas que
multiplica por cinco a otras o demanda de resección trasuretral de
próstata que multiplica por cuatro. Todo esto tiene, sin duda, unas
explicaciones puntuales. El análisis de esas explicaciones y la
corrección de las mismas es lo que yo llamo medidas estructurales y en
eso estamos. Desde luego, son medidas mucho menos espectaculares que las
que pueda representar aumentar el número de intervenciones, pero a la
larga mucho más eficaces. En este momento tenemos contacto con alrededor
de 10 sociedades científicas, se han celebrado ya muchas reuniones, se
han fijado los criterios de inclusión en lista de espera para muchas de
las patologías más frecuentes, se han establecido los criterios de
segunda consulta, dentro del mismo hospital y por personas del mismo
servicio, que sin duda es algo que sirve como un mecanismo de autocontrol
importante para saber si esas indicaciones son correctas o no, se han
fijado con las sociedades científicas y con nuestros profesionales todos
esos tiempos máximos de demora que ellos consideran adecuados y que
nosotros vamos a incluir en ese programa piloto de seguro de demora
máximo y, por supuesto, se han potenciado, como decía antes, todas esas
actividades extrahospitalarias, porque hoy es una pauta general en todos
los sistemas sanitarios de nuestro entorno, que tienden a disminuir la
hospitalización del enfermo y potenciar todas las formas de
intervenciones extrahospitalarias, desde la cirugía mayor ambulatoria a
los hospitales de día, a los cuidados paliativos, es decir, todo aquello
que sirva realmente para descongestionar nuestros hospitales. Todo ello,
como digo, se ha ido introduciendo en los contratos-programa.
Vuelvo a insistir en el tema de la realización progresiva de
intervenciones de cirugía menor por parte de la primaria, porque creo que
es algo que conceptualmente va a tener una importancia grande. Cuando
esté plenamente desarrollado entendemos que contribuirá a sacar de los
hospitales cerca de 60.000 intervenciones de cirugía menor y eso, como
todo, no es algo definitivo pero puede contribuir a ir mejorando toda
esta situación --insisto-- de demora quirúrgica.
Me preguntaba la señora Maestro sobre la oferta retributiva fuera de
jornada. Yo en este momento no tengo los datos, pero con mucho gusto se
los haré llegar. Nosotros hicimos algo que antes no estaba hecho, y es
uniformizar esa oferta. Nos encontramos en ese momento que aunque
teóricamente no se estaba haciendo la autoconcertación, en la práctica
algunos hospitales sí la estaban haciendo y había unas diferencias
realmente muy espectaculares entre lo que se estaba pagando por un mismo
proceso en un hospital y otro. Nosotros entendemos que siempre que se
cumplan esos criterios que antes decía respecto a no desviar la actividad
de la mañana a la tarde, rentabilizar los quirófanos en horario de tarde
es no solamente un derecho sino un deber del sistema. Lo que sí hicimos
fue establecer unas condiciones generales para todos los centros, que
comunicamos a todos los gerentes y algunos de los profesionales
admitieron y otros consideraron que eran insuficientes y que no iban a
admitirlo. En ese sentido, fuimos totalmente estrictos porque entendemos
que no se puede cambiar un beneficio puntual en un momento determinado
por algo que es una política a medio y largo plazo que tiene unas
implicaciones grandes.
Se ha preguntado (y yo he dicho que era uno de los aspectos sobre los que
estábamos trabajando, pero que, por no extenderme más en mi intervención,
no lo había señalado) sobre cuál es en estos momentos la demora en
exploraciones diagnósticas y primeras consultas. Les voy a dar los datos
y esbozaré todas las acciones que estamos iniciando en estos momentos,
poniendo de manifiesto, y coincido con alguna de las manifestaciones que
se ha ofrecido, que el tema de la demora en exploraciones diagnósticas y
en primeras consultas de especialidad, no sé si es más grave que la
demora quirúrgica pero, cuando menos, es tan grave como ella; entendiendo
que tanto en las demoras
quirúrgicas como en las de primeras consultas, por supuesto, cualquier
situación urgente o semiurgente es pasada con antelación, eso no quita
para que si una demora es suficientemente grande, ante una patología no
detectada, el paciente pueda estar allí ya que no se ha detectado a su
debido tiempo.
Nosotros abordamos en un primer momento el tema de la demora quirúrgica,
de forma aguda, como les decía y ahora intentamos conectar todas esas
acciones con una forma de actuación crónica. El mensaje que hemos lanzado
a los gestores en estos momentos es que se debe considerar que todas las
acciones del plan de choque del año 1996 deben seguir vigentes. Es decir,
la optimización del rendimiento de los quirófanos por la mañana
obviamente debe seguir siendo un hecho; la apertura progresiva de los
quirófanos por la tarde, bien mediante autoconcertación o mediante las
fórmulas que les exponía anteriormente, debe de ser exactamente igual; la
utilización al máximo de los hospitales de apoyo debe ser la misma, así
como la optimización de ese convenio que finalmente se firmó y que se va
desarrollando poco a poco con los hospitales militares. Todos estos
puntos en los que se ha basado y el carácter de complementariedad de los
conciertos tiene que estar ahí, tiene que dirigirse a seguir mejorando la
situación en cuanto a espera quirúrgica en relación con lo que teníamos
anteriormente.
Además, vuelvo a insistir, nosotros seguimos actuando de forma selectiva
y primordial sobre la parte alta de esa lista de espera. Si ahora la
hemos dejado cortada en 12 meses, nuestro objetivo es amputar esa parte
entre 9 y 12 meses para conseguir el objetivo que les decíamos de una
demora máxima de 9 meses y demora media, a finales de este año, que no
supere los 90 días.
Aunque la reducción de la lista de espera quirúrgica sea un objetivo
mayoritariamente demandado por la población, nosotros sabemos la
importancia que tiene atajar dentro del sistema las demoras en consultas
especializadas. Al igual que ocurría con las listas de espera quirúrgicas
y por los mismos motivos, realmente ha sido complejo saber exactamente
cuál era la situación basal. Acerca de ella vuelvo a decir lo mismo, no
voy a hacer ninguna comparación; nunca la he hecho, como tampoco ningún
juicio de valor sobre lo que había anteriormente a la toma de posesión
del nuevo equipo del Insalud. La situación que constaba en el servicio de
información del Insalud, a 31 de marzo de 1996, era la siguiente: En
consultas de especialidades médicas, había 194.649 pacientes; en
consultas de especialidades quirúrgicas, 381.266 pacientes; en
ecografías, 60.404 pacientes; en mamografías, 42.192 pacientes; en los
tac 19.255 pacientes y en resonancia nuclear magnética 4.312 pacientes.
Un nuevo corte, en diciembre de 1996, para saber cómo estaba la situación
nos da unos datos que les expongo rápidamente. En consultas de
especialidades médicas la cifra era de 183.425 enfermos; es decir, había
11.224 menos. En consulta de especialidades quirúrgicas, 32.675 menos; es
decir, había 348.591. En ecografías había 47.496; en mamografías, 30.077;
en tac, 21.711; y en resonancia nuclear magnética 3.538. Con ello, las
demoras medias se sitúan a 31 de diciembre en las cifras siguientes y
vuelvo a decir que el tema de la demora media es un concepto que
personalmente no me convence en absoluto, pero está ahí y es preciso
manejarlo. En consulta de especialidades médicas eran 31 días; en
consulta de especialidades quirúrgicas, 35 días; en ecografía, 26 días;
en mamografías, 58 días; en tac, 29 días; y en resonancia nuclear
magnética, 98 días, con unos picos de sierra realmente muy grandes.
Corroboro los datos que ofrecía la señora Maestro y algunos más que se
han dado. Hay casos de especialidades que sobrepasan con creces el año en
determinados puntos. Como puede observarse, estas cifras son altas o son
bajas. De entrada debo debir que de abril a diciembre en mi opinión la
variación es prácticamente insignificante. Esas diferencias de 11.000 ó
30.000 enfermos hacen que prácticamente podamos decir que está en meseta.
Esas cifras se relativizan, si tenemos en cuenta que el Insalud ha
cerrado el año 1997 con alrededor de 7 millones de primeras consultas; de
manera que todo, sea mucho o poco, obviamente depende del conjunto que
estemos hablando. El Insalud ha cerrado el año 1997 con 7 millones de
primeras consultas, 13 millones de sucesivas, en total 20 millones y
alrededor de un millón de consultas más que el año pasado. Vuelvo a decir
que no queremos comparar con las cifras del año pasado porque,
efectivamente, representaría una mala comparación.
Determinadas especialidades como alergia, dermatología, reumatología,
digestivo, oftalmología, traumatología y ginecología tienen unas demoras
particulamente grandes, más acusadas en estos momentos. Precisamente por
eso, como está elaborado ya el plan, actualmente se está pactando,
acordando y dando instrucciones con los gestores de los hospitales de lo
que hemos llamado el programa de agilización de consulta de especialistas
y exploraciones diagnósticas. Básicamente nuestros esfuerzos los hemos
centrado ahora en diseñar un plan operativo que pudiera aplicarse a la
mayor brevedad, pero que fuera factible, posponiendo así incorporar
medidas transitorias que pudieran afectar a profesionales y usuarios con
resultados poco efectivos.
El programa de agilización de consultas y exploraciones diagnósticas
pretende dar un tratamiento diferenciado a estas actividades. El objetivo
que nos hemos planteado es reducir la demora media de las primeras
consultas
--vuelvo otra vez a este concepto--, entre el 20 y 25 por ciento al
finalizar el año, a 31 de diciembre de 1996. Además en esos picos de
sierra, a que me refería anteriormente, el objetivo es suprimir las
demoras superiores a 4 meses en general. Evidentemente para ciertas
especialidades en algunas provincias y en estos momentos, como
consecuencia de que la desproporción oferta-demanda es enorme, va a ser
muy difícil conseguir este objetivo; pero hemos querido plantearlo
genéricamente de forma temporal para ver si luego realmente se puede
cumplir en todas y cada una de ellas.
El programa se va a extender a 15 especialidades del área médica, 14 del
área quirúrgica y seis de exploraciones diagnósticas, que son las que les
he expuesto. No voy a extenderme en la realización del programa que, como
digo, no plantea unas medidas espectaculares de incremento de la
producción, aunque existe y se ha pactado en el contrato-programa un
aumento de consulta para este año del 5 por ciento en el conjunto
Insalud, lo que representa en primeras consultas alrededor de 400.000
consultas más. Fundamentalmente se va a actuar de forma más decidida en
donde se está produciendo mucha pérdida de fuerza del sistema, que en
realidad es en la coordinación primaria especializada, en analizar cuál
es el índice de derivaciones área de salud por área de salud y hospital
por hospital. Las derivaciones primarias especialidad por especialidad
tienen unas variaciones realmente muy grandes. Nosotros hemos fijado un
estándar de 300 derivaciones por 1.000 habitantes que entendemos algo
inferior a la media actual, que es de 310, pero sensiblemente inferior a
determinadas áreas donde nos encontramos un nivel de derivación que está
en 500 ó 600. Naturalmente, pretendemos analizar área por área y, a ser
posible, equipo por equipo y médico por médico cuáles son los motivos de
esas derivaciones. Insistir en esas reuniones que les decía, que deben
ser las que den la clave de la solución del problema con las sociedades
científicas es protocolizar cuáles deben ser los motivos de derivación.
Intentamos ver si en determinadas especialidades la forma en que se está
mandando al especialista es la correcta; diferenciar las agendas en
aquellas que tienen una gran demora injustificada; por ejemplo, en
ginecología pasar de una agenda a tres y dividir la sospecha de patología
por un lado, la planificación familiar por otro o, simplemente, técnicas
de screening por otro. En oftalmología se desea diferenciar lo que es
medición de la agudeza visual de sospecha de patología. Estas son cosas
que ya se están haciendo: analizar si en determinadas especialidades es
preciso que sigan siendo de primera elección por parte de primaria o si
es preciso que pasen a ser de segunda elección; todo esto (no me voy a
extender, porque creo que ya me he extendido demasiado) es algo que forma
parte de todo este plan de agilización que entendemos tiene que dar
respuesta a esta demanda que, insisto, es tan o incluso más grave que la
demora en cirugía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matesanz. (La señora Amador Millán
pide la palabra.)
Señora Amador, ¿para qué desea hacer uso de la palabra?
La señora AMADOR MILLAN: Señor Presidente, cuando haya concluido la
comparecencia, que he entendido que la declaraba ya por concluida, quiero
hacer uso de la palabra en relación con un asunto ajeno al orden del día.
El señor PRESIDENTE: Según el Reglamento, si es ajeno al orden del día,
tendría que haber acuerdo de la Comisión para cambiar el orden del día.
El punto 2 del artículo 68 dice: El orden del día de una Comisión puede
ser alterado por acuerdo de ésta, a propuesta de su Presidente o a
petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los
Diputados miembros de la misma.
La señora AMADOR MILLAN: Si me permite, señor Presidente, se trata de que
el Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer una declaración en
relación con una noticia que aparece hoy en la prensa, relativa a las
vacunas contra la meningitis, y, por tanto, si la Presidencia lo
considera oportuno, solicito el acuerdo de la Comisión para poder hacer
esta declaración. (El señor Villalón Rico pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: A mí no me parece oportuna la intervención de la
portavoz del Grupo Socialista, sin tener en cuenta a qué términos se
refiere esa declaración, que no sabemos si quiere ser declaración
institucional de la Comisión de Sanidad, si quiere ser una declaración
partidista por parte del Grupo Parlamentario Socialista, o a qué términos
se refiere.
A mí me parece oportuno que, terminada la sesión, la portavoz del Grupo
Socialista lo transmita a la Mesa y que, en una posterior sesión de la
Comisión, o incluso en la reunión de la subcomisión que se va a celebrar
mañana, se tome alguna decisión a este respecto.
Como decía, no me parece oportuno que en este momento se haga una
declaración institucional, partidista o de cualquier otro tipo, sobre un
tema además conocido por todos y que fue motivo de comparecencia urgente
por parte del Ministro de Sanidad. (La señora Aguirre Uribe pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Nuestro grupo apoyaría la solicitud del Grupo
Socialista para poder intervenir fuera del orden del día, o como un punto
más en el orden del día, porque creemos que el asunto merece la pena que
lo trate esta Comisión. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Quisiera manifestarme en el mismo sentido,
apoyando la solicitud. (La señora Riera i Ben pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Para manifestarme en el mismo sentido, apoyando la
solicitud.
El señor PRESIDENTE: Según el artículo 68, en su punto 2, hay que votar
el cambio del orden del día. (El señor Villalón Rico pide la palabra.)
El señor VILLALON RICO: Simplemente le quería decir que, haciendo
referencia al artículo 68 del Reglamento, con respecto a la modificación
del orden del día, ya sea por acuerdo, me parece que dice, de dos quintos
de los Diputados de la Comisión, o de más de dos grupos parlamentarios,
esa modificación hay que hacerla al inicio de la Comisión, no al final,
como se pretende hacer ahora. Teniendo establecido el orden del día como
estaba establecido en el día de hoy, al inicio de la Comisión era cuando
había que haber hecho la modificación con el acuerdo tanto de la Comisión
como de los grupos que lo proponen.
El señor PRESIDENTE: Pido al señor Letrado la interpretación del
Reglamento.
El señor LETRADO: Creo que es de aplicación el artículo 68.2, que ha sido
leído por el señor Presidente. La solicitud de alteración del orden del
día ha sido pedida por más de dos grupos parlamentarios y procede que el
acuerdo de alteración del orden del día lo tome la Comisión. No creo que
haya ningún precepto reglamentario que obligue a que la alteración del
orden del día se haga al inicio de la sesión de un órgano parlamentario,
y lo que sí creo que resulta de aplicación es el artículo 78.1 del
Reglamento, que dice que, «para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos
deberán estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría
de sus miembros».
El acuerdo que se debe adoptar es el de cambiar el orden del día de la
Comisión, el órgano debe estar reunido reglamentariamente y es necesario
que estén la mayoría de los miembros de la Comisión para adoptar el
acuerdo, es decir, se necesitaría que hubiera 21 miembros de la Comisión
en estos momentos para votar y adoptar el acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al recuento. (Pausa.) Suman veinte.
No hay mayoría. Lo siento mucho, señora Amador. (El señor Moratalla
Molina pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para puntualizar alguna cosa con el señor Matesanz?
El señor MORATALLA MOLINA: Sí, porque aunque a mí me parece perfecta la
introducción de ese punto, quiero concluir la comparecencia, que sí está
en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Señor Matesanz, quiero agradecerle su tono.
Usted es un hombre conocedor evidentemente de lo que tiene entre manos.
Son ciertas mis palabras, le deseo éxito, porque será el éxito de los
ciudadanos.
Pero, al hablar de éxito, no tengo más remedio que referirme a una
intervención de un portavoz de un grupo en esta Comisión, que ha tildado
de éxito lo que usted ha dicho que es dedicación, lo que es una
moderación y una relativización de las cifras.
En el tema de consultas, ha hablado de insignificante, de que estamos en
meseta; que efectivamente los datos de mayo de 1996, de 168.628,
comparados con los de enero de 1997, de 165.735, puede tildarse de éxito;
que la previsión del importe del plan de choque de 2.500 millones, que al
final han sido de 3.075, puede tildarse de éxito; que hayan quedado a 31
de diciembre 2.624 pacientes puede tildarse de éxito; que 123 como demora
media de previsión, y en la realidad 135, según los datos que le he
tomado, puede tildarse de éxito. A mí me parece que desde la exposición
que usted ha hecho de moderación, deberían aprender algunas personas para
relativizar y no volver a ser oposición de la oposición, y de esa manera
volver a instrumentalizar las listas de espera.
Sólo un dato, porque me ha dicho 7.233 en actuaciones con conciertos
privados, he creído entender, y en una pregunta a la que me han
respondido me dan la cifra, a septiembre, de 17.624. Lo digo por la
confusión en el tema de las cifras.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, señor Matesanz.
El señor DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SALUD (Matesanz Acedos): Debo decirle que si es un éxito o no lo deben
decir las personas, más de veintitantas mil, que estaban sin operar y
ahora sí están operadas; o lo deben decir las personas, que no partían de
168.000 en realidad, sino de cerca de 190.000, sumando esas bolsas, y que
se han reducido en un 5 por ciento y sí están operadas; y desde luego
todas esas personas que, o bien estaban invidentes por cataratas de más
de un año, o bien no podían desplazarse por prótesis de cadera, y ahora
están operadas, debían hablar de éxito o no.
En cuanto a los conciertos, esa cifra que a S. S. le han dado se refiere,
entre otras cosas, a que en el plan de choque no solamente fueron medidas
además de, sino que unas de las medidas que se tomaron fueron en vez de,
y como usted muy bien sabe desde el principio de año se contratan (y ya
estaban comprometidas a principio de año) toda una serie de
intervenciones quirúrgicas en procesos concertados. De ahí que unas son
en vez de y otras son además de.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matesanz.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.