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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 147, de 19/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 147
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO
Sesión núm. 11
celebrada el miércoles, 19 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Subsecretario de Asuntos Exteriores (De Carvajal
Salido) para informar de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la
proposición no de ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles
antiguos residentes en la ex colonia de Guinea Ecuatorial. A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 212/000400) (Página 4005)
Preguntas:
--Del señor Estrella Pedrola (Grupo Socialista), sobre posición del
Gobierno ante el mantenimiento de la incautación del diario chileno
«Clarín», llevada a cabo por la dictadura del general Pinochet. (Número
de expediente 181/000353) (Página 4011)
--Del señor Rodríguez Sánchez (Grupo Mixto), sobre iniciativas para
ayudar al desarrollo económico de Angola, a su pacificación y a la
defensa de su Gobierno legítimo. (Número de expediente 181/000373)
(Página 4013)
--Del señor Rodríguez Sánchez (Grupo Mixto), sobre motivos por los que el
Gobierno no mantiene una posición beligerante en la defensa de los
derechos humanos del pueblo de Timor-Oriental. (Número de expediente
181/000375) (Página 4014)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre medidas para facilitar la percepción de las
indemnizaciones reconocidas por el Gobierno francés tras las huelgas que
bloquearon las carreteras de dicho país en el mes de noviembre de 1996.
(Número de expediente 181/000362) (Página 4016)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a remitir la causa del secuestro y
asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y
funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 161/000161) (Página 4018)
--Sobre Cumbres Iberoamericanas. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 161/000277) (Página 4021)
--Sobre reclamación de las indemnizaciones al Gobierno francés por los
daños y perjuicios producidos en las exportaciones españolas con motivo
del bloqueo ocasionado por la huelga de transportistas franceses, así
como creación de dos corredores de interés europeo prioritario.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000285) (Página 4024)
--Sobre indemnizaciones a los perjudicados por la huelga de
transportistas en Francia. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000297) (Página 4024)
--Relativa a la situación de la democracia, los derechos humanos y las
libertades. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000309) (Página 4030)
Dictámenes sobre:
--Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades y sus
Estados miembros, por una parte, y Georgia, firmado en Luxemburgo el
22-4-96. (Número de expediente 110/000079) (Página 4034)
--Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades y sus
Estados miembros, por una parte, y la República Azerbayana por otra,
firmado en Luxemburgo el 22-4-96. (Número de expediente 110/000080)
(Página 4034)
--Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé y Acta
Final, firmados en Mauricio el 4-11-95. (Número de expediente 110/000068)
(Página 4036)
--Convenio sobre seguridad y salud en las minas. (Número 176 de la OIT,
adoptado en Ginebra el 22-6-95. (Número de expediente 110/000069) (Página 4037)
--Canje de Cartas del 23-7-96 y 27-9-96, constitutivo de Acuerdo entre
España y la UNESCO relativo al Seminario internacional
«Foro-UNESCO/Universidad y Patrimonio» (Valencia, 2/6-10-96). (Número de
expediente 110/000070) (Página 4038)
--Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre
asistencia judicial en materia penal, firmado «ad referendum» en Moscú el
25-3-96. (Número de expediente 110/000071) (Página 4038)
--Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial entre el Reino de
España y la República de Ucrania, firmado en Madrid el 7-10-96. (Número
de expediente 110/000072) (Página 4039)
--Tratado sobre el traslado de presos entre el Reino de España y la
República Federativa del Brasil, firmado en Brasilia el 7-11-96. (Número
de expediente 110/000073) (Página 4040)
--Protocolo del Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé como consecuencia de la
Adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del
Reino de Suecia a la Unión Europea, firmado en Mauricio el 4-11-95.
(Número de expediente 110/000074) (Página 4041)
--Actas, Resoluciones y Recomendaciones del XVI Congreso de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), hecho en México D. F.
el 15-9-95. (Número de expediente 110/000075) (Página 4041)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Hungría para la
entrada de nacionales españoles en Hungría con documento nacional de
identidad, realizado en Madrid el 28-11-96. (Número de expediente
110/000076) (Página 4042)
--Acuerdo europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, actuando en el marco de la Unión
Europea, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 19-6-96. (Número de expediente 110/000078) (Página 4042)
--Documento acordado entre los Estados Parte en el Tratado sobre Fuerzas
Armadas Convencionales en Europa, de 19-11-90, adoptado en Viena durante
la Primera Conferencia de revisión del funcionamiento de dicho Tratado y
del Acta de conclusión de la negociación sobre efectivos de personal,
celebrada en Viena del 15 al 31-5-96. (Número de expediente 110/000077)
(Página 4043)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (DE
CARVAJAL SALIDO) PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE LEY SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS A
CIUDADANOS ESPAÑOLES ANTIGUOS RESIDENTES EN LA EX COLONIA DE GUINEA
ECUATORIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I
UNIO.) (Número de expediente 212/000400.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, buenos días a todos. Se
abre esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, sesión número 11,
de acuerdo con el orden del día que todos ustedes ya conocen
suficientemente y sobre el cual simplemente querría pedir su asentimiento
para que el punto número 20, el documento acordado entre los Estados
parte en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa,
adoptado en Viena durante la primera conferencia de revisión, fuera
considerado, si no hubiera inconveniente por parte de los señores
comisionados, al final del orden del día correspondiente. (Pausa.). No
veo ningún tipo de objeción al respecto. Así será. Sin más preámbulo,
pasamos al primer punto del orden del día, comparecencia del
Subsecretario de Asuntos Exteriores ante esta Comisión para informar de
las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la proposición no de ley
sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles antiguos residentes
en la ex colonia de Guinea Ecuatorial. Es una iniciativa tomada por el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y el señor
Subsecretario de Asuntos Exteriores, don José de Carvajal, tiene la
palabra al respecto.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal Salido):
Efectivamente, como el señor Presidente acaba de recordar, el 5 de abril
de 1995 el Congreso de los Diputados, aprobó una proposición no de ley en
la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con las medidas
compensatorias a los españoles que tuvieron que abandonar Guinea
Ecuatorial tras la independencia de dicho país en 1968, proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió,
que suponía muy en síntesis dos acuerdos. Por el primero se trataba de
elaborar en un plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación de
dicha proposición no de ley un censo de ciudadanos españoles que se
vieron obligados a abandonar sus bienes en Guinea Ecuatorial como
consecuencia de la descolonización. En segundo lugar, en un momento
posterior, el Gobierno debería informar en un plazo de dos meses sobre
las medidas propuestas para compensar parcialmente a esos ciudadanos
españoles que tuvieron que abandonar Guinea Ecuatorial como consecuencia
del deterioro de las relaciones políticas entre España y su antigua
colonia.
La elaboración de ese censo fue encomendada al Ministerio de Asuntos
Exteriores y puedo asegurar a SS. SS. que, según los antecedentes que
obran en mi departamento sobre este asunto, inmediatamente se creó en el
mismo un grupo de trabajo que inició el estudio sobre qué medidas debían
adoptarse para confeccionar dicho censo con las mayores garantías. Sin
embargo, desde el primer momento se constataron las dificultades técnicas
que dicha tarea conllevaba. Además, empezaron a aparecer diversos
aspectos de la cuestión que, a juicio del ministerio, aconsejaron una
cierta prudencia en el tratamiento de este asunto, que tenía, a nuestro
juicio, insisto, unas implicaciones que iban mucho más allá de la
elaboración de un censo desde un punto de vista estrictamente técnico.
Desde estos antecedentes cabe destacar dos aspectos fundamentales,
primero, el hecho de que en la época de que estamos hablando en Guinea
Ecuatorial no existía un censo consular de residentes, precisamente
porque no existía un consulado de España en Guinea al depender aquellos
territorios de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas del
Ministerio de la Presidencia. Por tanto, para confeccionar el censo de
referencia habría que empezar,
por así decirlo, desde el principio. Había, es cierto, una base que daba
una primera aproximación a este asunto para empezar los trabajos, ya que
existía una relación de afectados que desde el punto de vista de la
Administración debía considerarse como un importante punto de partida a
efectos de valoración y de análisis del problema, pero que no tenía valor
oficial. Esta lista de damnificados --posiblemente lo recordarán SS.
SS.-- había sido elaborada y presentada en el Ministerio de Asuntos
Exteriores por la Sociedad de Españoles con Intereses en Africa,
asociación que agrupa y representa precisamente a esos afectados. La
relación establecida en 1995 contenía un número de 362 personas y en esa
relación la cantidad total de daños se estimaba en un monto de 10.049
millones de pesetas, cantidad que se incrementa en una segunda relación
que confecciona la misma asociación en 1996 hasta 11.344 millones de
pesetas relativas a las pérdidas sufridas por 379 reclamantes. Como digo,
entendimos que dicho censo no podía servir más que de punto de partida y
de orientación, y ello incluso si se procediese a las comprobaciones de
la documentación que cada uno de los afectados pudiera aportar en apoyo
de sus reclamaciones. Había que asegurarse de que no quedaran fuera del
censo posibles reclamantes no integrados en la mencionada asociación. A
partir de ese momento se consideró que para obtener dichas garantías
habría que dar publicidad a este asunto, mediante la publicación bien en
el «Boletín Oficial del Estado» o en otros medios de comunicación de una
disposición que anunciara a los interesados la elaboración de este censo.
De esta forma, todos los afectados hubieran podido presentar, con
independencia de su integración o no en la asociación de españoles
afectados, sus reclamaciones con el correspondiente soporte documental.
A raíz de estas consideraciones, continuaron apareciendo, además, otros
importantes problemas de fondo, ya que una decisión unilateral por parte
del Ministerio de Asuntos Exteriores de hacer pública la mencionada
resolución en el «Boletín Oficial del Estado» suponía, a nuestro juicio,
ir mucho más lejos de la tarea que había sido encomendada al
departamento. Efectivamente, pareció por lo menos prudente que, teniendo
en cuenta las cantidades que se estaban barajando, el análisis sobre
cualquier decisión debía, al menos, ser compartido con otros
departamentos. También parecía obligada esta consulta con otros
organismos de la Administración porque la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de dicha resolución, relativa a la confección del
censo, podría crear unas expectativas de carácter económico, así como
--tal vez algo más importante desde nuestro punto de vista-- unas
repercusiones políticas que parecían rebasar las consecuencias que, en
principio, debería tener el cumplimiento del mandato conferido al
Ministerio de Asuntos Exteriores. Se planteaba, además, un problema
adicional, cual era el de precisar cuáles serían los supuestos a los que
debería hacer referencia la disposición que eventualmente se publicase en
el «Boletín Oficial del Estado».
Como SS. SS. pueden comprobar ese primer párrafo de la proposición no de
ley que he leído antes hace referencia --cito textualmente-- a los
ciudadanos españoles, antiguos residentes en Guinea Ecuatorial, que se
vieron obligados a abandonar sus bienes en dicho país como consecuencia
de la descolonización. En cambio, su segundo párrafo contempla la
compensación a los ciudadanos españoles que habrían sufrido perjuicios
económicos como consecuencia del deterioro de las relaciones políticas
entre España y su antigua colonia. Ambos supuestos parecen distintos y,
en todo caso, difíciles de delimitar, tanto en su contenido como en el
tiempo en que se produjeron. A esta dificultad de concretar los supuestos
de hecho a los que se refería el anuncio eventual de la elaboración del
censo, se sumaron otros aspectos dignos de mención por su íntima relación
con ellos.
Así, se constató que ya en 1981 había sido creada una comisión
interministerial sobre la ayuda social a trabajadores españoles en Guinea
Ecuatorial que resolviendo un buen número de expedientes, finaliza su
cometido en 1983. También, el Tribunal Supremo, tras dictar algunas
sentencias favorables a este tipo de indemnizaciones de carácter social,
hacía tiempo que había declarado concluido el derecho de reclamaciones y,
sobre todo, mantenido el criterio de la inexistencia de responsabilidad
por parte de la Administración española en este asunto. Se apuntaba así a
que, en puridad, las reclamaciones que pudieran existir deberían
dirigirse contra el Gobierno extranjero que confiscó y expolió bienes de
los españoles. Nos pareció evidente que una decisión contraria a esta
doctrina podría crear un peligroso precedente en el futuro para
circunstancias equiparables, tanto pasadas como futuras, en el marco de
las relaciones de España con otros países.
Puedo asegurar a SS. SS. que este asunto ha sido un tema de preocupación
y de análisis permanente desde 1995 y que, en mi caso particular, desde
mi toma de posesión como Subsecretario del Ministerio de Asuntos
Exteriores, he efectuado numerosas gestiones y reuniones de trabajo en
base a todos los antecedentes a que he hecho alusión antes en relación
con un asunto que, soy el primero en reconocerlo, se ha prolongado
excesivamente en el tiempo. No es menos cierto que en este tiempo hemos
podido constatar no solamente la complejidad técnica de este asunto sino
también las diversas implicaciones y efectos colaterales del mismo, que,
a mi juicio, superan ampliamente las competencias del Ministerio de
Asuntos Exteriores. En todo caso, es evidente que todas estas
consideraciones han supuesto, en definitiva, que hasta el momento no se
haya elaborado el censo en cuestión. La razón del incumplimiento del
mandato que en su día se nos encomendó estriba, a mi juicio, única y
exclusivamente en las razones de prudencia dictadas por los argumentos
antes enunciados.
Señor Presidente, espero que las razones que he procurado explicar sean
comprendidas por SS. SS., no tanto en lo que tienen de exculpación de una
actividad del Ministerio de Asuntos Exteriores en concreto, sino, sobre
todo y fundamentalmente, en el sentido de que lo que en principio parecía
circunscribirse a un mandato de la confección más o menos compleja
técnicamente de un censo apareció posteriormente con un alcance político,
económico e incluso jurídico que, por su trascendencia, merecía una
consideración
en un marco mucho más amplio que el de mi departamento.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Subsecretario su comparecencia en esta Comisión para informarnos del
cumplimiento de una proposición no de ley que, como sabe perfectamente y
lo ha puesto de manifiesto a lo largo de su exposición, hace bastante
tiempo que desde este grupo parlamentario estamos intentando que se le dé
cumplimiento.
Como ya ha manifestado y es sabido por los miembros de esta Comisión, el
texto inicial que este grupo parlamentario presentó como proposición no
de ley fue debatido el 5 de abril del año 1995 en el seno de esta propia
Comisión, aunque el texto que fue aprobado finalmente, por unanimidad de
los miembros de esta Comisión, fue el resultado de una enmienda del Grupo
Socialista, el grupo de la mayoría en ese momento. Digo que es conocida
por esta Comisión, porque fue una proposición no de ley no improvisada
sino reflexionada, incluso respecto a las posibilidades de su
cumplimiento. De ahí la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Sin embargo, estoy seguro de que coincidiremos en que el trámite que ha
sufrido el cumplimiento de la misma no ha sido satisfactorio. Cuando la
presentamos e impulsamos su aprobación, nosotros ya sabíamos que no lo
iba a ser, porque estábamos hablando de derechos que derivaban de
situaciones acaecidas hace muchos años; en el año 1969 se produce el
abandono de Guinea Ecuatorial por los colonos españoles, aproximadamente
menos de un año después de que Guinea Ecuatorial accediera a la
independencia, el 12 de octubre de 1968. Por tanto, son situaciones que
se arrastraban desde hace años. Los ciudadanos que tuvieron que abandonar
apresuradamente la colonia por causa del deterioro de las relaciones
entre Guinea Ecuatorial y España vivieron ciertamente una situación muy
desagradable, en muchas ocasiones desesperada. Tuvieron que abandonar
todos sus bienes, todas sus ilusiones, una parte de su pasado allí y
reinstalarse en España prácticamente sin nada. Nosotros tratamos de que
esa situación se resolviera y, sobre todo, que se reparara una injusticia
histórica, porque el trato que se dio a los ciudadanos españoles que
abandonaron Guinea Ecuatorial, desde nuestra perspectiva --y nos hemos
sumergido en situaciones similares para intentar aportar soluciones y luz
a la solución de este conflicto--, poco tiene que ver con la situación de
Guinea Ecuatorial.
En el momento en que defendí esta proposición no de ley ante esta
Comisión, señor Subsecretario, era consciente de las dificultades que
iban a existir veintitantos años después para todos y para los
Presupuestos Generales del Estado para poder indemnizar a estas personas
y a estos colonos y ya sugerí entonces soluciones o posibilidades que no
pasaban directamente por la indemnización económica o pecuniaria. Eran
posibilidades que surgían precisamente del análisis de situaciones
paralelas, como era el caso de los antiguos colonos del Sáhara
Occidental, a quienes --y consta en el «Diario de Sesiones» porque lo
manifesté en ese momento-- el Gobierno español de la época les concedió
un crédito, con cargo al Instituto de Crédito Oficial, a un interés muy
preferente para que pudieran reinstalarse en España. Incluso llegué a
sugerir una medida de este tipo, que no tenía un coste presupuestario
especialmente importante. Ciertamente, la situación en que se encuentran
hoy aquellas personas es muy distinta de la de los colonos del Sáhara en
el año 1975, porque obviamente ya están reinstalados, han remontado su
vida en el territorio peninsular o insular en muchos casos, pero sí que
podía servir de reparación histórica, que es lo que están pidiendo muchas
de esas personas; que alguien se acuerde de ellos, que el Gobierno
español reconozca que estas personas fueron maltratadas, que no sólo les
maltrató la historia, sino que les maltrató el gobierno de la época,
fuera el que fuera, que ya sabemos cuál fue.
Pues bien, hecho este puzzle de repaso, un poco desordenado, si quiere,
de todo lo que ha acaecido desde el momento en que se aprobó esta
proposición no de ley en sus últimas intenciones, retomando el hilo del
inicio de mi intervención, como sabíamos que sería difícil, en la
anterior legislatura hicimos un seguimiento continuado de su
cumplimiento. Yo formulé dos preguntas en el Pleno al anterior ministro
de Asuntos Exteriores, el señor Solana, y su antecesor, el señor
Ezquerra, compareció también ante esta Comisión para informarnos del
cumplimiento de la misma. Ciertamente, yo creía que se había avanzado
mucho más, porque pocos meses después de la aprobación de la proposición
no de ley, el 31 de mayo de 1995, el señor ministro me decía en el Pleno
que estaban encontrando alguna dificultad para acabar el censo, pero que
estaban haciendo todo lo posible para cumplir la proposición no de ley
antes del día 5 de octubre de 1995, en que vencía. Esto me lo decía el ex
ministro Solana en el Pleno de la cámara. Pocos meses después, en
septiembre --el plazo vencía el día 5 de octubre--, y ante mi insistencia
--incluso alguien habló de la pesadez de este Diputado--, el señor
ministro volvía a insistir en el Pleno con los mismos argumentos y
concretamente me decía que habían analizado aproximadamente dos mil y
pico expedientes y que con toda franqueza lo más probable era que no lo
terminaran en el período de seis meses y que era muy probable que
tuvieran que pedir una prórroga para llegar a buen puerto. El señor
Ezquerra, en esta misma Comisión, el 13 de diciembre de 1995, dos meses
aproximadamente después del vencimiento del plazo el día 5 de octubre de
1995, para terminar el censo, nos decía que los trabajos estaban muy
avanzados, que estaban a punto de terminarse e incluso exploraba las
posibilidades de dar cumplimiento total a la proposición; es decir, las
medidas compensatorias reales. Nos decía que en ese momento, como no
existía acuerdo entre el Gobierno español y el de Guinea Ecuatorial, los
términos de la proposición no de ley tendrían que hacerse siempre sobre
una base de compensación derivada no de una responsabilidad por actos del
Gobierno español, sino por los daños sufridos por ciudadanos españoles
por actos de los cuales ellos tampoco son responsables, y, a partir de
aquí, hacía una serie
de disquisiciones sobre qué fórmulas podía el Gobierno ofrecer para
compensar, siempre a nivel teórico, porque lamentablemente hoy estamos
viendo que no se avanzó en la anterior legislatura sobre la base que
nosotros pensábamos.
Yo quería hacerle, en primer lugar, una pregunta al señor Subsecretario
y, en segundo lugar, una propuesta, pero voy a invertirlas, voy a empezar
por la propuesta. Los argumentos que llevaron a este grupo parlamentario
a presentar esta proposición no de ley son plenamente vigentes. Hay unos
ciudadanos que se sienten maltratados, como decía antes, y no voy a
adjetivar más los sentimientos que ellos puedan tener. Entiendo que
todavía existe la obligación de efectuar alguna reparación y le sugiero
que continuemos avanzando en el camino del cumplimiento de esta
proposición no de ley, de la elaboración del censo y de empezar a
concretar las posibles medidas que pudiéramos encontrar. Repito que no
tienen que ser necesariamente medidas de indemnización económica, porque
hay mucha gente que se conforma con una reparación moral; otros no, pero
muchos sí. Pues bien, que se adopten las medidas para darle cumplimiento.
En segundo lugar, quisiera saber si este Gobierno se siente obligado al
cumplimiento de una proposición no de ley que fue aprobada en la anterior
legislatura y que, en principio, obligaba a otro Gobierno. Yo he
entendido de sus palabras que sí, porque usted no me ha planteado en
ningún momento que no se sientan obligados, sino que han encontrado toda
una serie de dificultades que han hecho que la empresa les parezca como
inalcanzable. Quiero saber si este Gobierno está en disposición de
cumplirla, porque si no es así nuestro grupo parlamentario quizá se
plantee presentar de nuevo ante esta Comisión otra proposición no de ley
para que los grupos mayoritarios decidan, porque tal vez haya alguno que
haya cambiado su posición hoy en relación con la que mantuvo en el mes de
abril del año 1995.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal Salido): Yo
quisiera hacer algún comentario, si me permite, a la intervención de S.
S., empezando por manifestar, y quiero decirlo con toda formalidad, la
admiración que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nos produce la
conducta y la historia de este colectivo de españoles que se esforzaron
por llevar a cabo una actividad económica en Guinea y que sufrieron las
consecuencias de unas circunstancias históricas que todos conocemos. Vaya
por delante, por tanto, la admiración de este Subsecretario y del
Ministerio de Asuntos Exteriores hacia ellos. Entiendo muy bien lo que ha
señalado S. S. respecto a la conveniencia o la necesidad --creo que ha
dicho S. S.-- de reparar una injusticia histórica, desde esa admiración
que nos produce la actuación y la experiencia de este colectivo de
compatriotas en Guinea.
¿Cómo se puede reparar o cómo se puede compensar ese perjuicio sufrido
por este colectivo de españoles? En un momento se pensó --yo quiero
deducir eso de la proposición no de ley de 1995-- que la compensación
debería ser económica, aunque parcial. Creo que esos son los términos de
la proposición no de ley, sobre la base de un censo que había que
confeccionar. Sobre esto me quiero referir a algo que ha señalado el
señor Diputado, en el sentido de que cuando, en un momento determinado,
comparece el anterior ministro de Asuntos Exteriores y el anterior
subsecretario se habla de que se está procediendo a la revisión de unos
datos del censo y que se espera que en determinado plazo se pueda
concluir. Volvemos a algo que he señalado antes; entiendo que lo que en
aquel momento el ministro de Asuntos Exteriores y el subsecretario dicen
es que están procediendo a revisar unos datos de un censo que ha sido
elaborado por una asociación privada, que es la asociación de españoles
afectados por intereses en Africa. La duda que se nos plantea es si ésa
debe ser la única base para confeccionar ese censo de afectados y si en
la confección de ese censo no deberíamos, como así lo creemos, recurrir a
bases de datos, por así decirlo, más amplias que la derivada de una lista
confeccionada por una asociación, muy respetable, por supuesto, pero de
carácter privado, a efectos --segundo problema-- de qué tipo de
indemnización o de compensación se concede. Yo, desde luego, a lo que sí
me puedo comprometer desde aquí --y lo hago con mucho gusto y con mucha
satisfacción-- es a estudiar cualquier tipo de reparación moral que el
Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores, como parte de esa
Administración, pueda ofrecer a este colectivo de españoles.
Me pregunta S. S., y creo que eso es, tal vez, lo más importante, si este
Gobierno se siente obligado o vinculado por una proposición no de ley,
adoptada ya hace dos años prácticamente, por un Parlamento anterior,
comprometiendo también a un Gobierno anterior. Yo no quisiera ser
demasiado tajante en un sentido o en otro, porque entiendo que esa
pregunta tiene mejor respuesta desde el Parlamento que desde la
Administración, pero entiendo honestamente que este Gobierno no se siente
necesariamente vinculado en este asunto en los mismo términos en los que
se expresa la proposición no de ley, tanto más cuanto que entiendo que en
la doctrina parlamentaria constitucional existen dudas sobre si
efectivamente una proposición no de ley aprobada en una legislatura que
compromete un Gobierno vincula al Gobierno siguiente con un Parlamento
distinto, tanto más cuanto que nos venimos encontrando desde hace tiempo
con unas dificultades realmente grandes que aunque tuviéramos el
compromiso de sentirnos vinculados por esa proposición no de ley, nos
impiden hacer lo que en aquel momento el Parlamento decidió pedir al
Gobierno.
Por tanto, señoría, de nuevo lo que quisiera dejar muy claro es la
admiración que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores tenemos por este
colectivo de españoles ex guineanos, si se me permite expresarme así.
Tenemos la más abierta predisposición a idear, de acuerdo con esta Cámara
y con otros departamentos, la medida que si no materialmente, sí
moralmente --a eso se ha referido el señor Diputado-- pudiéramos
encontrar para que este colectivo de personas no se sintiese olvidado por
la Administración. Entiendo que habría que progresar en la senda de la
confección de censos a efectos de una compensación económica.
No me atrevo a pronunciarme sobre compensaciones económicas, a las que el
señor Diputado ha hecho referencia y a las que ya al parecer, me disculpo
por desconocerlo, había aludido cuando se debatió esta proposición no de
ley en 1995, tipo créditos de interés preferencial. Unicamente lo que
puedo hacer es llamar la atención de los responsables económicos de la
Administración y del Gobierno y ver si es una vía factible o es un camino
que, como el que se derivaba de la letra de la proposición no de ley, es
difícil de alcanzar, como nos parecía.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desearían tomar la palabra en este
trámite? (Pausa.) La señora Fernández tiene la palabra, por el Grupo
Socialista.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Quiero agradecerle, señor Subsecretario, su
presencia en esta Comisión para informarnos sobre la cuestión que de
nuevo vuelve a plantearse en esta Cámara, una cuestión que, como dijo el
representante de nuestro grupo parlamentario con motivo del debate de la
proposición no de ley de la que trae causa esta comparecencia, se refiere
a un tema extraordinariamente complejo, que ha dado lugar a una auténtica
maraña jurídico-administrativa y política durante veintiséis años y que
responde a las reivindicaciones que por distintas vías administrativas,
ante los tribunales y en sede parlamentaria han hecho llegar a los grupos
parlamentarios antiguos residentes por la pérdida de sus fincas, fondos
de comercio y bienes en general como consecuencia de la independencia de
la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial. Son reivindicaciones
que desde el punto de vista administrativo y respecto de la mayoría de
las gestiones realizadas por la comunidad de españoles con intereses en
Africa fueron atendidas en sentido favorable a la concesión de ayudas de
carácter social para compensar la repatriación de colectivos de
trabajadores o pequeños comerciantes que se vieron perjudicados al tener
que abandonar sus puestos de trabajo. A ello respondió el acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de enero de 1981, que disponía la concesión de
ayudas de carácter social a los trabajadores españoles repatriados de
este país, y la comisión interministerial creada para su aplicación.
Nos encontramos, sin embargo, ante reclamaciones que tienen un origen
distinto, de carácter patrimonial, vinculado a las propiedades que
tuvieron que dejar empresarios de explotaciones y plantaciones en aquel
país e incluso de algún otro que, tras el golpe de estado de Teodoro
Obiang, invirtió recursos nuevamente y fracasó como consecuencia de la
intervención del Gobierno guineano sobre la exportación de café y cacao,
es decir, reclaman por un riesgo empresarial respecto de los efectos de
la intervención política de un Gobierno soberano.
En consecuencia, señorías, nos hallamos ante una posición por parte de la
Administración española que se ha traducido en la resolución de un buen
número de expedientes favorables a la concesión de ayudas de carácter
social, como he dicho anteriormente; ante el criterio de inexistencia de
responsabilidad objetiva por parte de la Administración española,
mantenida por el Tribunal Superior de Justicia y compartida por el
Tribunal Constitucional, y ante la disposición favorable de la embajada
española en Guinea Ecuatorial, por otro lado, para apoyar las
reclamaciones jurídicamente fundadas que presentaron los ciudadanos
españoles en su momento ante las autoridades guineanas por la incautación
de sus bienes.
Por otra parte, es lógico que en la legítima defensa de sus intereses los
ciudadanos que se sienten perjudicados reclamen también por la vía
política para conseguir la satisfacción de sus demandas sobre las que en
vía administrativa y judicial no han tenido mucho éxito. Lógicamente, y
como ya se ha puesto de manifiesto, en la pasada legislatura, se recogen
multitud de iniciativas en este sentido a través de los Diputados del
Grupo Popular y de Convergència i Unió fundamentalmente.
Durante el período socialista se ha venido dando respuesta dentro de una
perspectiva estrictamente administrativa, que ha sido correspondida. En
este sentido cabe destacar nuestra actitud positiva a realizar un estudio
previo que permitiera conocer el número y alcance económico de las
compensaciones que se pretenden como pendientes, sus términos y límites,
y todo ello con las debidas reservas, dada la dificultad de valorar un
porcentaje sobre lo que se perdió o su minoración sobre lo que en
concepto de ayuda se haya resarcido y, en su caso, adoptar o valorar las
medidas que procedan.
En su momento el representante del Grupo Popular apoyó la búsqueda de una
vía de solución, una vía de compensación, porque entendía que, al igual
que se ha hecho con otra serie de españoles que han ido a otros países o
a otras colonias, se debía buscar una vía de solución. Parece que se
quería comparar, como usted ya ha explicado, con la situación producida
por la retirada española del Sáhara Occidental en 1975 y las
indemnizaciones de los antiguos residentes en Cuba. Es de todos conocido
que los perjudicados del Sáhara recibieron indemnizaciones y ayudas
varias porque el Estado español negoció y concluyó un acuerdo con el
reino alauita, en virtud del cual el Reino de Marruecos transfería a
España una cifra global para compensaciones. La Administración española
lo que hizo fue distribuir esos fondos, y en el caso de Cuba se tramitó
una ley a dicho efecto, que SS. SS. ya conocen.
Usted, señor Subsecretario, nos ha mencionado los informes que al
respecto han preparado los servicios jurídicos y de economía y hacienda
de la Administración española. Las soluciones a este tema, señor
Subsecretario, tendrán que aportarlas ustedes si una vez en el Gobierno
de España y en representación de los intereses generales valoran que en
representación de la Administración pública española realmente proceden.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, naturalmente, yo no puedo
empezar sino agradeciendo la presencia del señor Subsecretario que no
está hoy, sin duda, en uno de los momentos y comparecencias más cómodas,
porque efectivamente el asunto que hoy se trata es difícil,
complejo y plantea dificultades que el señor Subsecretario no puede sino
explicar o desbrozar ante esta Comisión.
Hoy reaparece ante nosotros, y digo reaparece porque no es la primera vez
que nos ocupamos de esta cuestión en esta Comisión, el drama de la
descolonización de Guinea Ecuatorial, que es sin duda similar al vivido
en otros momentos descolonizadores parecidos en España y en otros países
de Europa occidental. También vuelve a asentarse entre nosotros el drama
sufrido por unos españoles que, bien en el momento de la descolonización
o bien en los tristes momentos de la época negra del dictador Macías,
vivieron una situación de abandono, de desarraigo, de dificultad material
y personal, nacida de la incomprensión con que la Administración y la
sociedad española pareció abordar y resolver el problema que planteaba el
retorno de un grupo de españoles que habían decidido instalarse y
desarrollar su vida en lo que entonces era la Guinea Española.
Efectivamente, señor Subsecretario, en 1995 se aprobó una proposición no
de ley con el voto de todos los grupos representados entonces en aquella
Comisión de Asuntos Exteriores, en la que se instaba al Gobierno a
elaborar un censo en el plazo de seis meses y, con posterioridad, a
establecer un plan de compensaciones parciales. Es cierto y es un hecho
que este censo no se hizo a pesar de las buenas palabras de ministros y
subsecretarios de entonces, y hay que señalar que probablemente no se
hizo no sólo por las dificultades de entonces --debemos recordar que eran
momentos de cambio político o de preparación de elecciones generales--,
sino también porque existían y existen dificultades objetivas para
realizar ese listado de propiedades y de personas afectadas por el drama
de la descolonización y la pérdida de bienes, de empresas, de
plantaciones, en fin, la pérdida de todo lo que había sido el trabajo de
buena parte de sus vidas.
Yo tengo que señalar, en primer lugar, mi admiración por la insistencia y
por el espíritu auténticamente parlamentario de las propuestas del señor
Recoder, y además creo que siempre han sido hechas --y pienso que ha sido
reconocido por las intervenciones no solamente de mi grupo entonces sino
de todos los portavoces de los otros grupos-- con un carácter positivo
sobre la reivindicación histórica y personal de un determinado grupo de
españoles, que, a pesar de no ser efectivamente muy numeroso, representa
mejor que nadie el drama y el carácter trágico del desgajamiento de
Guinea Ecuatorial de España.
El señor Subsecretario ha hecho una referencia a las dificultades de
carácter técnico para la elaboración de los listados y su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». También se ha referido a las
dificultades jurídicas, al momento preciso en el que habría que
establecer el origen de esta razón indemnizatoria, bien en la
descolonización, bien en los momentos de deterioro de las relaciones
entre España y Guinea, que, dicho sea de paso, tienen a su vez distintas
fases y etapas, con lo cual sería todavía más complicado fijar a qué
momento preciso nos estamos refiriendo, si nos referimos a los peores
años de las relaciones entre los gobiernos de España y el dictador Macías
o si también nos referimos a ese momento en el que los españoles, después
de la caída de Macías, intentan volver y deben de nuevo retornar,
abandonando bienes y propiedades en Guinea. Es cierto que existe una
jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala la inexistencia de
responsabilidad por parte de la Administración en casos como éstos y que
además no se trata de un caso aislado, sino que podría sentarse, con una
doctrina que rompiese la hasta ahora aplicada, un precedente sin duda
difícil de administrar en el futuro.
El señor Subsecretario ha hecho referencia también a las dificultades
presupuestarias, que son para todos evidentes. Yo no creo que sean
distintas de las anteriormente vividas, pero es verdad que en este
momento de rigor, austeridad y control del déficit y del gasto público,
éstas se hacen más notorias o más apremiantes. Yo tengo que señalar, sin
embargo, que, dentro de ese grupo de españoles --se ha cifrado en unos
cuantos centenares--, existen situaciones distintas y que en algunos
casos particulares la Administración podría individualizar su tratamiento
y buscar solución a problemas y dificultades concretas que en su día no
fueron resueltos. A mí me gustaría que la Administración, además de hacer
un análisis político, jurídico y técnico del problema en su conjunto,
pudiera, sin duda en diálogo y en colaboración con la Sociedad de
Españoles con Intereses en Africa, acercarse más al caso concreto, al
drama concreto de alguna de estas personas que o bien perdieron la vida o
bien a su regreso a España afrontaron dificultades nunca bien resueltas y
nunca asentadas en una respuesta eficaz por parte de la Administración.
Es cierto que este Gobierno no está vinculado, desde el punto de vista
jurídico y de la práctica jurisprudencial de esta Cámara, por las
proposiciones no de ley de cámaras anteriores, pero es verdad que la
mayoría de los grupos
--creo que diciéndolo de esta manera tampoco estoy avanzando nada en
un terreno descubierto, sino que estoy cubierto por el precedente y por
las palabras de quienes han hablado hoy también en esta Comisión--
veríamos con mucha satisfacción que existiesen vías de contacto, de
diálogo o de colaboración, en definitiva de reparación moral e histórica
entre la Administración y un grupo de españoles que han planteado su
drama colectivo y personal siempre nacido no solamente del amor hacia
Guinea, del recuerdo hacia Guinea o de la preocupación por las cosas de
Guinea, sino por algo tan difícil de administrar como es el papel de
España en Guinea. Todos sabemos las dificultades que eso genera, todos
hemos conocido, en el Gobierno y en la oposición, que España tiene una
responsabilidad en Guinea, que debe promover y administrar con el sentido
común y la eficacia que son exigibles siempre en la política exterior, y
más si se ha visto afectado un grupo de españoles, que sin duda fueron
atrapados por el torbellino de la historia, pero que siempre trataron de
obrar con la mejor de las intenciones posibles.
Yo creo que la honestidad del señor Subsecretario al exponer la
situación, los hechos y las dificultades de cumplir una proposición no de
ley del anterior Congreso de los Diputados es digna de encomio, pero a mí
me gustaría que esa dedicación que ha prestado en estos meses a este
asunto pudiera transformarse --y desde luego por parte del Grupo Popular
estamos dispuestos a ello-- en una nueva
manera de acercarse a este grupo de españoles que sin duda merecen no sé
si el cumplimiento de todas las pretensiones que nosotros en su día
expusimos, en ésta o en otras intervenciones parlamentarias, pero desde
luego sí que se les escuche, que se les repare por España moral e
históricamente en parte de lo que perdieron y sin duda en algo que forma
parte ya integrante de su vida, de su experiencia histórica como
españoles en Guinea y yo creo que de la historia misma de este país.
Por eso, señor Subsecretario, le agradezco su intervención y espero que
este camino que se abre de atención, de contacto y de diálogo pueda
proseguir en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal Salido): Muy
brevemente, tengo ya muy poco que añadir a lo que señalé en mi
intervención inicial y a lo que han subrayado las señoras y señores
Diputados. Yo creo que del debate de hoy se deduce una posible línea de
acción que si bien efectivamente no colmaría tal vez las expectativas
económicas surgidas a raíz de la aprobación de la proposición no de ley
en abril de 1995, sí iniciaría una vía de diálogo o de contactos con este
colectivo de españoles afectados por la independencia de Guinea y con la
asociación de españoles provinientes de Africa, con intereses allí, y en
ese sentido lo que quiero es congratularme de algo en lo que he visto que
coinciden al menos dos grupos parlamentarios, y entiendo que a fin de
cuentas todos los intervinientes, en el sentido de analizar y averiguar
la forma en que se pueden iniciar dos tipos de acciones en relación con
este asunto, primero, cómo, si no material y totalmente, sí moralmente,
se puede empezar a reparar una injusticia histórica con este colectivo de
españoles y, en segundo lugar, algo que ha señalado el señor Robles, dar
una atención muy preferente a los casos particularmente dramáticos dentro
de este colectivo en el sentido de averiguar si entre las 379 personas
incluidas en el censo hubiera --estoy seguro de que desgraciadamente lo
habrá-- algún caso humano que necesite una atención especial por parte de
la Administración, no ya a efectos de recuperar un patrimonio industrial
o personal perdido en Guinea, sino de reparar o compensar una difícil
situación económica, humana y personal que puedan tener en España como
consecuencia de su pasado en Guinea o simplemente como consecuencia de
sus difíciles circunstancias personales.
De nuevo, ahí quisiera, señor Presidente --y con esto termino-- ofrecerme
a esta Comisión para servir de enlace entre la Administración y este
grupo de españoles, a efectos de presentar algún caso especial, estudiar
alguna forma de iniciar esa reparación moral y servir de intermediario,
en la medida en que ello sea necesario, entre este grupo de españoles, el
Ministerio de Asuntos Exteriores e incluso los otros departamentos de la
Administración.
El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que todos los grupos parlamentario
han tomado buena nota de sus palabras y de la disposición de su
departamento y del Gobierno y de que seguiremos trabajando para encontrar
una solución a este tema.
Muchas gracias por su comparecencia y esperamos volver a tenerle pronto
entre nosotros.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE POSICION DEL
GOBIERNO ANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INCAUTACION DEL DIARIO CHILENO
CLARIN, LLEVADA A CABO POR LA DICTADURA DEL GENERAL PINOCHET (Número de
expediente 181/000353).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al trámite de preguntas, para cuya
contestación tenemos entre nosotros al señor Secretario de Estado de
Política Exterior y para la Unión Europea, don Ramón de Miguel, a quien
invito a subir a este estrado.
Señoras y señores miembros de la Comisión, el señor Ricardo Peralta,
autor de la segunda pregunta que figura en el orden del día, me ha
solicitado que pudiera ser aplazada su consideración hasta el final del
trámite de preguntas, porque tiene que asistir en estos momentos a la
sesión de otra Comisión, y si no hay inconveniente por parte de los
señores comisionados, así lo haremos.
La primera pregunta que tenemos en el orden del día es la realizada por
el señor Estrella Pedrola, don Rafael, del Grupo Socialista, sobre la
posición del Gobierno ante el mantenimiento de la incautación del diario
chileno Clarín, llevada a cabo por la dictadura del general Pinochet.
El señor Estrella tiene la palabra para dirigir la pregunta al señor
Secretario de Estado.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Hace ya dos o tres meses, este mismo tema fue
objeto de debate en esta Comisión con el señor ministro. También ha sido
objeto de una pregunta con respuesta escrita por parte del Diputado del
Grupo de Convergència i Unió señor Recoder. En la respuesta del ministro
y del Gobierno al señor Recoder se abría una clara vía de compromiso del
Gobierno de carácter genérico con la defensa de los intereses de los
ciudadanos españoles y su voluntad y su disposición a aplicar el Convenio
para protección recíproca de inversiones vigente con Chile desde 1994,
siempre y cuando se dieran determinadas condiciones que son las que
vienen fijadas por el convenio. Así lo entendimos con satisfacción los
parlamentarios que nos hemos interesado por este tema, que supone la
incautación del que entonces era el principal órgano de expresión en
Chile, que sigue cerrado y cuyos legítimos propietarios siguen todavía
privados de la propiedad. Sin embargo, en semanas recientes se la
producido una resolución de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que cuestiona
la validez o la posibilidad de aplicación del convenio. Por todo eso,
pedimos al Secretario
de Estado que informe, en nombre del Gobierno, de cuál es la posición
ante el mantenimiento de la incautación del diario Clarín.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Señor Estrella, yo vengo con mucho gusto aquí
a continuar la respuesta que ya dio el señor ministro sobre este tema el
9 de octubre. La expropiación del diario Clarín en un tema claro de
defensa de intereses de españoles en el extranjero y, por tanto, el
compromiso del Ministerios de Asuntos Exteriores en la resolución de este
caso es un compromiso firme que me gustaría poder reafirmar aquí. El
Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de los diferentes
departamentos y muy especialmente a través de su asesoría jurídica
internacional ha estado estudiando detalladamente todos los puntos de
vista de la situación de los intereses de los ciudadanos españoles
afectados por la incautación del diario Clarín, que tuvo lugar en
septiembre de 1973, y la verdad es que tanto el Ministerio de Asuntos
Exteriores como naturalmente el Gobierno deploran que se prolongue esta
situación sin que haya habido la indemnización correspondiente, tanto más
con el Chile de hoy, un Chile por suerte democrático --no es aquel triste
Chile sombrío de la dictadura de 1973--, que parece que debería tener un
Gobierno que fuera receptivo a resolver estos contenciosos que
verdaderamente empañan nuestra relación bilateral. No nos consta que haya
por parte del Gobierno chileno una actitud claramente negativa. Lo que
pasa es que para plantear la reclamación, la defensa de estos intereses
debe encauzarse dentro del ámbito de lo permitido por el derecho
internacional, es decir, no podemos arriesgarnos a que por cualquier
defecto de forma, el Gobierno de Chile pudiera rechazar una reclamación
que en este caso debería basarse en la aplicación del Convenio de
protección de inversiones, que está vigente desde marzo de 1994, y esto
creo que ya lo dijo el ministro. Yo quisiera añadir aquí que para aplicar
este acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones entre
España y Chile que fue firmado en 1994, es absolutamente imperativo,
según la asesoría jurídica internacional de nuestro ministerio, que la
persona que solicite el beneficio de la aplicación de ese acuerdo pruebe
determinados extremos, que son los siguientes: primero, que ha intentado
sin éxito recursos judiciales en Chile para obtener restitución o al
menos reparación de los resultados de la confiscación de su propiedad.
Hay aquí un punto quizás oscuro, y naturalmente yo estoy abierto a la
interpretación, como S. S. conoce. Nosotros pensamos que si se hubiera
hecho una reclamación antes de 1994, el convenio no se podría aplicar,
porque no tiene efecto retroactivo, pero sí es necesario que se hiciera
alguna entre la firma y el día de hoy. Reconozco que ahí quizá puede
haber un punto oscuro --y en algunos encuentros con S. S. hemos hablado
de este tema--, pero el criterio de la asesoría jurídica es que las
reclamaciones hechas antes del convenio de 1994 invalidarían la
aplicación del convenio, pero una vez que está firmado en 1994, para que
el mecanismo pueda entrar en funcionamiento, tiene que haber una
reclamación posterior a la firma de este convenio del 94. Por otro lado,
las otras dos condiciones, según tengo noticias, las reúne el propietario
del diario Clarín, don Víctor Pey Casado, y son que en el momento de la
expropiación tiene que demostrar que tenía exclusivamente la nacionalidad
española. Hemos recibido noticias del letrado del señor Pey Casado, que
demuestra que renunció a la doble nacionalidad precisamente en el momento
del golpe de Estado del general Pinochet; por tanto, parece que sí
tendría ese requisito. Y la tercera condición es que en la actualidad
posea exclusivamente la nacionalidad española, lo cual me parece que es
claramente el caso del señor Pey Casado, que actualmente vive en España y
es naturalmente español por los cuatro costados.
Quiero reafirmar la voluntad de este ministerio y del Gobierno de
proteger los legítimos intereses de un compatriota nuestro, don Víctor
Pey Casado, y lograr que se le compense y se le indemnice de las pérdidas
de la expropiación del diario Clarín, pero nos gustaría poderlo hacer
dentro del marco legal establecido precisamente por este Convenio de
protección y promoción recíproca de inversiones entre España y Chile, de
tal manera que no fuera invalidada la reclamación. Esta es una cuestión
que estamos abiertos a tratar con los letrados del señor Pey Casado, a
estudiarla en profundidad con la asesoría jurídica internacional del
ministerio y proceder a la reclamación de indemnización como corresponde,
porque, como ya he dicho, nos parece un legítimo interés que debe ser
protegido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Yo creo que efectivamente, como usted dice, no
ha cambiado nada --entiendo de su respuesta-- con relación a la posición
que expresó en su día el ministro. Da la impresión de que ha habido un
cierto malentendido, quizá una falta de acreditación documental ante la
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales.
Efectivamente, el señor Pey Casado tiene acreditada su nacionalidad
exclusiva española, tiene acreditada la renuncia en su momento a la
nacionalidad chilena, en el marco de la doble nacionalidad, y queda la
cuestión de qué quiere decir el texto del convenio cuando habla de no
haber intentado sin éxito recursos para la restitución. Yo no soy
jurista, pero la lógica me dice que si la reclamación se hubiese
producido antes de la entrada en vigor del convenio, por las razones que
usted ha citado de no retroactividad, efectivamente no quedaría cubierto
por el convenio. Pero yo entiendo que si ahora se produjera una
reclamación por la vía jurídico-administrativa de las autoridades
chilenas, se estaría adoptando una opción. Hay dos opciones: el marco del
Derecho internacional del convenio o el marco del Derecho interno
chileno, y entonces me preguntaría en qué medida eso no estaría anulando
la posibilidad de acogerse al convenio. De eso la asesoría jurídica del
ministerio
seguro que sabe mucho más que yo, y yo agradezco su voluntad de que la
asesoría jurídica, con los letrados que asesoran al señor Pey Casado,
encuentren la interpretación, porque de sus palabras -- y lo agradezco--
se manifiesta una clara voluntad de resolverlo, con el deseo de proteger
los intereses de los ciudadanos españoles.
Yo entiendo que al final se trataría de que, clarificadas estas
cuestiones y cubiertos, como lo están ya, todos los requisitos para poder
acogerse al marco del convenio, el Gobierno decidiese presentar la
correspondiente nota verbal ante las autoridades chilenas que pondría el
mecanismo en el que, si las autoridades chilenas no aceptan de buen
grado, todo está arreglado, e inmediatamente se pone en marcha el
mecanismo del arbitraje obligatorio en este organismo dependiente del
Banco Mundial que tiene su sede en Washington. Espero que se resuelva en
esa vía a la que usted se ha referido esta cuestión.
--DEL SEÑOR RODRIGUEZ SANCHEZ (GRUPO MIXTO), SOBRE INICIATIVAS PARA
AYUDAR AL DESARROLLO ECONOMICO DE ANGOLA, A SU PACIFICACION Y A LA
DEFENSA DE SU GOBIERNO LEGITIMO. (Número de expediente 181/000373.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, cuyo autor es don
Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
las iniciativas para ayudar al desarrollo económico de Angola, a su
pacificación y a la defensa de su Gobierno legítimo. Para realizarla
tiene la palabra su autor el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: La pregunta que formulamos en nombre del
Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, está provocada desde la
convicción de que el Estado español tiene mucho que ganar con una actitud
activa en cuanto a la defensa de los intereses del continente africano, y
de forma particular de aquellos Estados de Africa que cultural,
lingüística e incluso económicamente tienen o pueden tener más que ver
con la península Ibérica.
En el caso en concreto al que nos vamos a referir, Angola, acabamos de
recibir recientemente una noticia esperanzadora, de finales de enero de
este mismo año 1997, donde parece que por fin hay un acuerdo entre la
guerrilla rebelde de Unita y el Gobierno legítimo de Angola para hacer un
gobierno de concentración nacional, extremo que no se veía probable o
posible cuando realizó la visita al Estado español el Presidente de
Angola, don José Eduardo Dos Santos, siendo recibido por el Jefe del
Estado y por el Presidente del Gobierno. Hay que congratularse de este
tipo de acuerdo que parece que por fin va a poner remate a una guerra
cruenta, que duró prácticamente desde los años setenta a los noventa,
desde el inicio de la descolonización de las colonias portuguesas,
después del triunfo de la revolución de abril, hasta prácticamente la
crisis de todos los Estados socialistas y más particularmente el final de
la guerra fría. De todas maneras, como cabe recordar, el Gobierno actual
de Angola ha salido legítimamente de las urnas, en unas elecciones
democráticas celebradas en 1992 que ganó el MPLA (Movimiento para la
Liberación de Angola), y el resultado es que a pesar de contar con
control internacional no fueron reconocidos por la guerrilla rebelde de
Unita. Esta es la razón que nos llevó a formular la pregunta en cuestión.
Más particularmente queríamos incidir en el aspecto de qué medidas o
acuerdos de carácter económico va a tomar el Estado español con Angola,
sobre todo después de la visita en noviembre de 1996 del Presidente José
Eduardo Dos Santos, precisamente para posibilitar el despegue de este
Estado africano y abrir una vía de diálogo desde la península Ibérica que
no sea exclusivamente la de Portugal; qué posibilidades de colaboración
hay y si el Gobierno español tomó alguna iniciativa para posibilitar este
resultado que, aunque se muestra frágil, parece que abre una vía de
pacificación definitiva a una guerra que provocó muchos muertos, hambre,
miseria, incluso deterioro del Estado africano más prometedor de los que
existían en el momento de la descolonización.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): España siempre ha mostrado un gran interés
por la evolución de Angola, tanto en lo que respecta a su proceso de paz
como a su desarrollo económico. Yo quisiera decir, a la última sugerencia
que ha hecho S. S. de que la vía de diálogo con Angola no sea
exclusivamente de Portugal, que precisamente nuestro intenso diálogo con
Angola da lugar a tensiones hispano-portuguesas, en el sentido de que en
algún momento por parte de Portugal hay un cierto sentimiento de que
nosotros entramos demasiado en los temas que conciernen a Angola y
Mozambique. Esa es una visión miope de algunas personas en Portugal,
puesto que precisamente ése es el gran activo de esta civilización
nuestra de la península Ibérica, el tener esta gran afinidad cultural y
política que hace que con países que han sido antiguas colonias
portuguesas España tenga una entrada particularmente buena, y nosotros
aprovechamos esta afinidad cultural precisamente para estrechar más los
lazos con ellos que con otros países africanos con los cuales nuestras
afinidades culturales son mucho menores.
Este interés de España en Angola se ha puesto de manifiesto con la
reciente visita a Madrid del Presidente de la República de Angola, don
Eduardo Dos Santos, al que S. S. ha hecho mención. Durante esta visita,
que tuvo lugar a finales del año pasado, se dio un gran impulso a los
contactos bilaterales y se hizo una revisión de todos los programas y
proyectos comunes que van dirigidos, fundamentalmente, a la pacificación
real del país, a la consolidación de la democracia y al desarrollo de ese
país que, como S. S. dice, tiene grandes posibilidades porque es uno de
los grandes países, en términos de riqueza, de Africa, al que
desgraciadamente al guerra civil no le ha hecho aprovechar esas riquezas
en beneficio de su población.
Es bien sabido que la diplomacia española ha mantenido tradicionalmente
un papel activo en el proceso de paz de Angola y sobre todo ha defendido
la necesidad de dar cumplimiento a los términos del protocolo de Lusaka,
firmado en noviembre de 1994; es decir, la plena incorporación de Unita a
la tarea del gobierno del país. Parece que el acuerdo de Lusaka dejó ver
luz sobre la posibilidad de una solución pacífica y definitiva al
conflicto civil angoleño. Ese es el único instrumento para su solución, a
pesar de que la aplicación del protocolo de Lusaka deja todavía algo que
desear, puesto que no ha habido suficiente coraje político para ponerlo
en funcionamiento en todos sus términos. Es bien conocida que la actitud
española en toda la pacificación se ha materializado en nuestra
participación en los destacamentos de Naciones Unidas Unavem I y Unavem
II, y debo decir que si no estamos participando en Unavem III es
precisamente por las reticencias de Unita con respecto al papel que
nosotros hemos jugado asesorando y apoyando, a través de nuestra
cooperación con la Guardia Civil, el tema interno de la preparación de
las fuerzas de policía angoleñas para pacificar el país, lo cual ha
producido susceptibilidades por parte de Unita y del señor Sabimbi. Todo
el mundo conoce también las intervenciones de las delegaciones españolas
en los distintos órganos de Naciones Unidas, muy especialmente en los
últimos dos años, en los que fuimos miembros no permanentes del Consejo
de Seguridad. España mantiene, naturalmente con pleno conocimiento del
Gobierno legítimo de Luanda, contactos con representantes de Unita en
Europa, a quienes continuamente hacemos ver la importancia de que su
movimiento político cumpla los términos del protocolo de Lusaka, así como
los acuerdos de Libreville firmados en marzo del pasado año. Se trata de
esfuerzos que realizamos con el espíritu de ayudar a limar las
diferencias entre el Gobierno de Luanda y Unita con vistas a la
constitución definitiva de un gobierno de unión nacional. Este gobierno
de unión nacional, como S. S. conoce, debía haberse constituido el pasado
mes de enero, pero las distintas interpretaciones que hacen las partes de
lo pactado en Lusaka han retrasado su formación. Nosotros preferimos ser
optimistas y pensar que en los próximos días, quizás en el mes de
febrero, se pueda constituir ese gobierno de unión nacional. No hay nada
que permita indicar que se va a hacer de manera inmediata, pero tampoco
hay nada que permita suponer que hay una ruptura entre el Gobierno de
Luanda y Unita.
En este intento de defensa del orden institucional y contribución a la
pacificación del país, se inscribe también la cooperación entre los
respectivos ministros de Interior de España y de Angola. Esta cooperación
recibió un impulso adicional con motivo de la visita a Madrid del
Presidente Dos Santos, y fruto de los encuentros que tuvieron lugar entre
el Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Seguridad fue la
decisión de negociar un convenio de cooperación bilateral en materia de
seguridad interior y de facilitar al Gobierno angoleño información sobre
la organización constitucional de nuestro Estado de las autonomías,
porque es un tema que a ellos les interesa particularmente. La forma
futura que desea el Gobierno angoleño dar a su Estado es precisamente un
Estado descentralizado, un Estado de tipo autonómico, inspirado en el
modelo español.
Respecto al apoyo de España al desarrollo económico angoleño, que es un
elemento fundamental para lograr la pacificación del país, solamente
puedo decir que las relaciones bilaterales han sido intensas y que los
intercambios comerciales también lo son; que empresas españolas están
presentes en Angola, que hay un acuerdo de cooperación firmado desde mayo
de 1987, con una comisión mixta que se reúne regularmente, un acta de
conversaciones en materia de cooperación económica y financiera que se
firmó en el año 1995, un acuerdo de promoción y protección de
inversiones, en junio de 1995, que fue negociado pero que todavía no está
firmado, y que es parte del impulso político de la visita de Dos Santos
la decisión de la firma de esta convenio.
Nosotros estamos haciendo esfuerzos para financiar la deuda bilateral
angoleña. En este sentido, en el año 1987 se firmó un acuerdo con Angola
y en año 1989, en el marco del Club de París, se firmó un acuerdo
multilateral. En el año 1994 se firmó de nuevo un acuerdo bilateral por
el cual se está financiando deuda a base de envíos suplementarios de
petróleo. La cuestión crucial en estos momentos es, por tanto, el
incremento de los envíos de petróleo angoleño a España, puesto que cuanto
más les compremos más dinero disponible van a tener, no solamente para
atender a su propio desarrollo sino también para atender a algunos
problemas derivados de la deuda.
Como conclusión sólo puedo decir que las relaciones con Angola son
plenamente satisfactorias, tanto a nivel político como a nivel económico,
y que si el protocolo de Lusaka se puede materializar vamos a ver dentro
de muy poco un gobierno de unión nacional en Angola, que es lo que España
vehementemente desea para que en la total normalización de relaciones que
nosotros tenemos con un país interesante e importante (tenemos ya un
pasado de relaciones) se consolide finalmente la unión nacional y todas
las fuerzas políticas del país puedan trabajar para el desarrollo en
beneficio de la población de Angola.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, teniendo en cuenta que
todavía no se ha desarrollado el acuerdo negociado en junio del año 1995,
según dijo el señor Secretario de Estado, sólo quiero desear que ese
acuerdo se firme y se concrete a la mayor brevedad posible.
Por lo demás, deseo que los intercambios comerciales sean mutuamente
beneficiosos, como a juzgar por los datos lo son, porque la fuente de
energía que nos entregan es siempre un factor de desarrollo muy decisivo
por lo menos para el Estado español.
--DEL SEÑOR RODRIGUEZ SANCHEZ (GRUPO MIXTO), SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE EL
GOBIERNO NO MANTIENE UNA POSICION
BELIGERANTE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE
TIMOR-ORIENTAL. (Número de expediente 181/000375).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la consideración de la pregunta número 5,
formulada también por el señor Rodríguez Sánchez, relativa a los motivos
por los que el Gobierno no mantiene una posición beligerante en la
defensa de los derechos humanos del pueblo de Timor-Oriental.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, estamos ante un caso que en
esta ocasión afecta a una pequeña nación de Asia y, por primera vez en
este Congreso de los Diputados, escuchamos de boca del Presidente de la
República Portuguesa una referencia a que efectivamente Timor-Leste tenía
derecho a la autodeterminación nacional. Más tarde, gracias a que le
fueron concedidos los premios Nobel de la Paz a dos militantes a favor de
la autodeterminación de Timor-Leste, el primero a José Ramos Horta, que
es el Secretario del Frente de Liberación Nacional del país, y el segundo
a Carlos Felipe Ximenes Belo, el obispo de Dili, la capital de
Timor-Leste, se popularizó más la causa de este país, al que vimos
indirectamente aludido por unas observaciones en la última Conferencia
Intergubernamental de Dublín realizadas en relación con Indonesia, donde
se hablaba de manera muy vaga, muy timorata, sobre la defensa de los
derechos humanos por parte del gobierno indonesio. Teniendo en cuenta que
aquellas alusiones eran vaguísimas y además no explícitas en referencia a
Timor-Leste, es por lo que formulamos la pregunta referida a un país que
también viene padeciendo una guerra de más de 21 años, con violación de
los derechos humanos de todo tipo, y que tuvo unas consecuencias cruentas
de hambre, de enfermedades, de eliminación física. Si tenemos en cuenta,
además, que el país primero sostuvo una guerra independentista en contra
de Portugal, que padeció durante la segunda Guerra Mundial la invasión
japonesa, en la que prácticamente la mitad de la población murió, que
solamente gozó de una independencia de unos meses después de la
Revolución de los Claveles, que fue invadido el 7 de diciembre de 1975
por el actual gigante asiático que es Indonesia y el régimen de señor
Suharto, tendremos todo el calibre de la problemática que lleva empeñada
a la ONU y a la ex metrópoli Portugal en conversaciones continuas con el
actual ocupador de la ex colonia portuguesa, que es Indonesia, para
hacerlo entrar en razón.
En definitiva, nosotros pensamos que el Gobierno español, como una de las
partes de la Unión Europea, debía tener una posición más dura y ser
favorable al embargo de armas al régimen de Suharto y, además, propiciar
un clima más favorable dentro de la Unión Europea a que se realizase un
referéndum de autodeterminación en la ex colonia portuguesa que
posibilitase su liberación de las garras del régimen de Indonesia, lo
cual contribuiría sin duda también a la democratización de este régimen
del sureste asiático.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): El Gobierno español es muy consciente de la
situación en Timor-Leste o Timor-Oriental, como decimos en español, y
mantiene una clara política de defensa de los derechos humanos en este
territorio, tanto en sus contactos bilaterales con el Gobierno indonesio
como en el marco de la Unión Europea y en los foros competentes de
Naciones Unidas.
La Unión europea, a través de su troika de embajadores en Yakarta, ha
realizado diversas gestiones de carácter confidencial para hacer patente
a las autoridades indonesias nuestra preocupación sobre este asunto. En
el último período de sesiones de la Asamblea General, en la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Unión Europea, con una destacada
contribución española, participó en la negociación y adopción de una
declaración del Presidente de la Comisión en la que se expresó la
profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en
Timor-Oriental y la necesidad de poner en libertad a sus ciudadanos
detenidos o condenados. Asimismo se instó a la necesidad de esclarecer
aún más las circunstancias que rodearon los acontecimientos dramáticos
que tuvieron ligar en Dili en 1991. El pasado 23 de junio la Unión
Europea adoptó una posición común sobre Timor-Oriental, en la que se
establece como objetivo obtener, a través del diálogo, una solución justa
global e internacionalmente aceptable para la cuestión de Timor-Oriental
que respete los intereses y las aspiraciones legítimas del pueblo timorés
conforme al Derecho internacional. En esta posición común se invita al
Gobierno indonesio a adoptar las medidas efectivas conducentes a una
mejora significativa de la situación en Timor en materia de derechos
humanos.
Creo que es buen momento para recordar que durante la Presidencia
española el pasado año, en el marco de la política exterior y de
seguridad común, se tomó la decisión, a iniciativa de la Presidencia, de
que al menos una vez cada semestre los consejeros políticos de las
embajadas de la Unión Europea acreditadas en Yakarta realizaran una
visita a Timor-Oriental. Una primera visita de estos consejeros, para ver
sobre el terreno la situación de los derechos humanos, tuvo lugar durante
el semestre de la Presidencia española. En esta visita se tuvo contacto
con las autoridades civiles y militares y se tuvo acceso a la población y
a dialogar y conocer cuál es su verdadera situación y la del territorio
de Timor-Oriental. España está apoyando también el Memorándum de
entendimiento entre el Gobierno indonesio y el alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que haga posible el
desplazamiento a Timor de un funcionario de la Oficina de desarrollo de
Naciones Unidas para que pueda evaluar el tema de los derechos humanos en
Timor. En el pasado período de sesiones de la Asamblea General, la
Presidencia de la Unión Europea manifestó la preocupación sobre la
situación de los derechos humanos en Timor-Oriental. Ahora se está
discutiendo la forma que adoptará la Unión
Europea en la próxima comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
para mostrar su preocupación por los derechos humanos en Indonesia y en
particular en Timor Oriental.
La última intervención en relación con Timor-Oriental ha tenido lugar en
la reunión ministerial Unión Europea-Asean celebrada el pasado fin de
semana en Singapur, en la cual el tema de Timor-Oriental ha estado sobre
la mesa, aunque si bien debo decir que no ha estado en las conclusiones.
En las conclusiones de esta ministerial no se ha hecho una mención
específica al tema de Timor, creo que en el entendido de no provocar una
reacción negativa de la delegación indonesia, pues parece que los
indonesios en este momento están con un espíritu abierto de ir
permitiendo la apertura y siendo sensibles a las gestiones que está
haciendo la Unión Europea. Creo que una condena en un nuevo documento de
una ministerial ha parecido por lo menos a la Presidencia del Consejo
--en este caso holandesa, que debe tener alguna razón para conocer bien
Indonesia-- que no era lo más oportuno, pero ha sido motivo de los
intercambios entre los ministros y de la presentación de la propia
Presidencia cuando ha expuesto la problemática de las relaciones entre la
Unión Europea y los países de Asean.
En conclusión, todo parece indicar que la presión internacional sobre
Indonesia está empezando a dar sus frutos y que en esa presión España ha
jugado desde el primer momento no sólo por convicción, sino también por
solidaridad con Portugal, un papel importante en la Unión Europea; papel
que esperamos poder seguir jugando no sólo a través de nuestra embajada
en Yakarta sino también en nuestras misiones en Naciones Unidas.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quiero agradecer la información al señor
Secretario de Estado y hacer votos por que la presión española contribuya
de una manera más eficaz todavía a la pacificación del país, a la defensa
de los derechos humanos y a la conquista de un derecho político
fundamental, cual es que el pueblo de Timor-Leste decida su futuro
libremente sin colonialismos ni injerencias de una potencia extranjera
como Indonesia.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR LA PERCEPCION DE LAS
INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS POR EL GOBIERNO FRANCES TRAS LAS HUELGAS QUE
BLOQUEARON LAS CARRETERAS DE DICHO PAIS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1996.
(Número de expediente 181/000362.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la consideración de la pregunta
número 3, cuyo autor es don Ricardo Peralta Ortega, relativa a las
medidas para facilitar la percepción de las indemnizaciones reconocidas
por el Gobierno francés tras las huelgas que bloquearon las carreteras de
dicho país en el mes de noviembre de 1996.
Para formular la pregunta y hacer las consideraciones pertinentes tiene
la palabra el Diputado señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente, por la consideración
hacia este Diputado que no se encontraba presente en el momento de
realizar, de acuerdo con el orden del día, la pregunta y pido excusas al
señor Secretario de Estado y al resto de los compañeros por mi retraso.
Le pregunto, señor Secretario de Estado, en relación con una huelga de
camioneros celebrada en Francia en el mes de noviembre de 1996.
Desgraciadamente este tema de la huelga de camioneros está de actualidad
ahora en nuestro país. Desgraciadamente este tema de la huelga es
utilizado en ocasiones para cuestionar algo fundamental que tanto tiempo
ha costado alcanzar y que tan importante es para conseguir una correcta
situación de justicia social y de un mínimo equilibrio entre partes
sociales desiguales, como es el derecho de huelga. No podemos olvidar que
en ocasiones el derecho de huelga es utilizado por quien legalmente no
tiene ese derecho. La huelga es un derecho de trabajadores y en ocasiones
nos encontramos con que son empresarios o no trabajadores, en definitiva,
quienes la utilizan. En ocasiones incluso cuando la utilizan los propios
trabajadores, como con todos los derechos, se pueden cometer abusos.
En el caso de las huelgas de camioneros en Francia lo cierto es que, con
independencia de la utilización, con arreglo a la normativa de aquel país
--es un tema propio de la soberanía francesa-- tiene una grave incidencia
en las exportaciones de nuestro país; tiene una grave incidencia que
además se incrementa por la reiteración o por los momentos concretos en
que se plantea, especialmente inoportunos desde el punto de vista de los
intereses españoles. No suele ser raro que esas huelgas coincidan con un
momento álgido de exportaciones de nuestro país, exportaciones que además
están muy ligadas a coyunturas concretas, como es el caso de las
exportaciones agrícolas, y a fechas muy concretas, como es el caso de las
exportaciones citrícolas, que siento especialmente cercanas por tener
importancia en la comunidad a la que pertenezco como Diputado, la
Comunidad Valenciana. En efecto, las huelgas que llevaron a cabo los
camioneros franceses han tenido una grave incidencia en las exportaciones
de nuestra comunidad. En relación con esas huelgas, que tuvieron una
dureza especial, el Estado francés, a requerimientos y a presiones de
otros países, en concreto del nuestro y también de la Unión Europea,
terminó aceptando su responsabilidad como Estado ante los otros Estados
de la Unión, en la medida en que esa huelga había incidido y había
afectado a un derecho básico que la Unión Europea obliga a respetar, que
es el derecho de libre circulación. Pero esa obligación que ha aceptado
Francia de pagar indemnizaciones está sujeta a numerosas dificultades por
parte de los interesados. En primer lugar, dificultades de conseguir
medios probatorios que en muchas ocasiones dependen de la administración
de un país distinto, en este caso Francia. En segundo
lugar, dificultades en relación con los conceptos a indemnizar. Francia
ha manifestado su disposición a indemnizar el perjuicio ocasionado por
los envíos retenidos en Francia, pero sin duda los perjuicios sufridos
van mucho más allá de eso. Hubo una notable paralización de exportaciones
en nuestro país porque no iban a poder atravesarlo. Hubo también la
pérdida de cuotas importantes de mercados de destino que tuvieron que ser
surtidos por terceros porque los proveedores españoles no podían llegar.
Estos daños Francia no los quiere reconocer y ante esta situación los
intereses de nuestro país requieren de una actuación activa por parte de
la Administración. En este sentido es en el que nos gustaría saber qué es
lo que se va a llevar a cabo por parte de la Administración española. En
nuestra opinión, esa intervención no sólo debería atender la
circunstancia concreta de la huelga del mes de noviembre pasado, sino
sacar experiencias y conclusiones de cara al futuro e intentar conseguir
que este tipo de situaciones, si se vuelven a repetir --que cabe y entra
dentro de lo previsible que se vuelvan a repetir--, cuando menos la Unión
Europea encuentre mecanismos para que tengan la menor incidencia posible
en el conjunto de la Unión y especialmente en relación con terceros. En
este sentido manifiesto que tendremos ocasión de debatir posteriormente
proposiciones no de ley que tocan el mismo tema y que nos parecen
oportunas. En todo caso, parece claro que este tipo de situaciones ponen
de manifiesto la necesidad de que Europa vaya a más y entre a regular
temas que afectan a todos, como es en este caso concreto la huelga de
camioneros en un país determinado, en Francia. En definitiva, ¿cuál es la
posición de la Administración española en relación con este asunto?
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): Me parece que S. S. y todos los aquí
presentes son conscientes de que esta pregunta parlamentaria llega en un
momento en que el Estado español tiene un problema similar por una acción
parecida y en muchos casos inspirada por el paro francés.
Quisiera decirle que tanto el ministro como yo mismo y otros funcionarios
del Ministerio de Asuntos Exteriores, en todas las instancias bilaterales
y de la Unión Europea, hemos manifestado a las autoridades francesas en
público la necesidad de que los transportistas españoles afectados por la
huelga que tuvo lugar en noviembre de 1996 sean indemnizados por los
perjuicios causados. Debo decir que también insistimos particularmente en
el respeto de la libertad consagrada por el Tratado de Roma de libre
circulación de mercancías, a la que el Gobierno francés no parece que
prestara demasiada atención puesto que, como sabe, en ningún caso hubo
libre circulación de nada, a pesar de que incluso un consejo de mercado
interior recordara al Gobierno francés su obligación de derecho primario,
por lo tanto contenida en el Tratado de Roma. Yo quisiera en este momento
resaltar con satisfacción la gran diferencia que tiene con el compromiso
comunitario el Gobierno español actual, que en todo momento ha
garantizado esa libertad fundamental del Tratado de Roma, puesto que a
pesar de los incidentes que ha habido en las carreteras españolas y de
las acciones violentas de piquetes incontrolados la libre circulación ha
estado garantizada en todo momento en nuestro país por las fuerzas del
orden. Eso no ha impedido, desde luego, que haya habido algunos camiones
extranjeros paralizados. Por cierto, el noventa y tantos por ciento de
ellos transportaban mercancías de exportación española, algunos han
tenido deterioros, y quisiera que conociera que las reclamaciones por
indemnización se están empezando a apilar ya en el Ministerio de Asuntos
Exteriores por parte de transportistas de diversas nacionalidades de la
Unión.
Las autoridades francesas admitieron, bajo esta presión, la existencia de
un procedimiento administrativo y la posibilidad de asumir
responsabilidades, lo cual no hicieron con ocasión de aquel bloqueo
salvaje y no anunciado de las carreteras que tuvo lugar en julio de 1992.
En aquel momento no coincidió con ninguna campaña cítrica, pero también
se bloquearon todas las carreteras francesas y el Gobierno francés no
aceptó responsabilidad. En este caso la ha aceptado en función del
artículo 92 de la Ley francesa 8/1983, que regula la distribución de
competencias entre el Estado y otras autoridades y determina la
responsabilidad del Estado en caso de intervención incontrolada de grupos
organizados. Naturalmente que comunicaron un procedimiento, que era
sustanciar las reclamaciones ante las diferentes prefecturas. Tanto la
embajada como todos los consulados de España acreditados en las diversas
zonas del país han asistido a todas las empresas de transportes y a todos
los perjudicados españoles en sustanciar estas reclamaciones de
indemnización y, como es lógico, la determinación de si ha lugar a la
indemnización y la cuantía de la misma corresponde exclusivamente a la
competencia de la administración francesa. Por tanto, es muy difícil que
el Gobierno español pueda intervenir en un tema que es parte del
ordenamiento contencioso-administrativo del Estado francés. Sin embargo,
quiero decirle que la embajada de España en París, el Ministerio de
Asuntos Exteriores, bilateralmente con la embajada francesa en Madrid, y
todos nuestros cónsules y agentes consulares en Francia no solamente
están ayudando a la presentación de estos expedientes sino haciendo
presión para que se resuelvan de la manera más rápida posible. De acuerdo
con el Ministerio de Fomento, también se está dando información a todas
las comunidades autónomas, a las asociaciones de transportistas y,
además, a productores agrícolas, es decir, a todas las personas que han
sido afectadas y a todos los particulares que lo han solicitado, para que
puedan conocer cuáles son los términos en los que tienen que plantear sus
reclamaciones, y por nuestra parte estamos tratando de agilizar los
trámites de indemnización.
Quiero decir también que se ha planteado la posibilidad de que el
Gobierno adelantara ciertas indemnizaciones a las que darían lugar las
reclamaciones, y me parece que es necesario que el Parlamento conozca, en
primer lugar,
que no existe base legal para que el Estado adelante indemnizaciones
reclamadas por un tercero; en segundo lugar, que la Comisión Europea no
acepta medidas nacionales que puedan interpretarse como un trato de favor
y una vulneración del principio de libre competencia, como ya quedó
demostrado con ocasión de la huelga de 1992, en que el Estado francés fue
obligado a devolver indemnizaciones que había pagado a sus agricultores
precisamente por la huelga de transportes, y en tercer lugar, que no se
puede adelantar indemnizaciones puesto que no se sabe la cuantía de los
daños que va a reconocer el Gobierno francés. En cualquier caso, quiero
garantizar a S. S. la total determinación del Ministerio de Asuntos
Exteriores en la defensa de los intereses legítimos de los transportistas
y exportadores españoles --desde el primer día creo que quedó
perfectamente patente la labor que hicieron todos los agentes, tanto aquí
como en Francia, en favor de los transportistas españoles--, que estamos
siguiendo este proceso de indemnizaciones para que se agilice y que al
mismo tiempo no se nos va a olvidar que en este momento hay otras
indemnizaciones que están planteadas por franceses en España. Desde
luego, creo que lo único que puedo decir es que la reciprocidad es la
regla de oro de la diplomacia.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
respuesta. Efectivamente, creo que el tema es difícil, qué duda cabe.
Usted ya ha hecho referencia a que en ocasiones anteriores, que
desgraciadamente han tenido lugar, Francia incluso no reconocía
responsabilidad. Afortunadamente en esta última se ha conseguido que
Francia reconozca su responsabilidad. Esto es una prueba clara de que con
esfuerzo y con avances a nivel del proceso de construcción europea se
pueden encontrar soluciones a problemas que la realidad nos presenta. Por
tanto, es verdad que el tema es difícil, pero es en la dificultad donde
se demuestra la capacidad y la voluntad. Yo, sin perjuicio de reconocer
el trabajo que se ha hecho hasta este momento, sí tengo que decirle que
se puede seguir haciendo ese trabajo y que hay que hacerlo. Usted ha
dicho que los agentes consulares, la representación diplomática en España
ha estado al lado de los interesados --y tiene que seguir estando a su
lado-- porque encuentran dificultades para obtener pruebas y porque
individualmente tienen más dificultad que si la representación del Estado
español está a su lado, y conociendo como conoce, porque vive, la
realidad francesa, les puede apoyar en todos los terrenos. Eso es lo que
hace falta. De la misma manera que hace falta que el Ministerio de
Asuntos Exteriores en España, al que se ha dirigido de manera organizada
parte de los interesados, respalde esa tramitación y esas reclamaciones
ante el Gobierno francés. Y hace falta también que el Gobierno español
utilice su peso político ante Francia, directamente y a través de la
Unión Europea, para conseguir que cuando se produzcan situaciones de este
tipo se establezcan indemnizaciones justas que compensen los perjuicios
que realmente se ocasionan. Ojalá fuera posible que no se produjeran las
situaciones, pero hay que conseguir que cuando se produzcan tengan lugar
indemnizaciones justas.
Desde luego, estoy de acuerdo con usted en que una de las maneras de
reforzar la posición es empezar por dar un ejemplo. Desgraciadamente,
ahora tenemos nosotros también ocasión de dar ejemplo en esta situación.
Creo que es bueno que digamos que en ese tema concreto también
respaldamos y animamos al Gobierno a que resuelva ese problema, en
relación con terceros y en relación con los propios ciudadanos de nuestro
país que están implicados. Sin lugar a dudas, nos parece que es un tema
grave en el que el Gobierno tiene que saber llevar a cabo la actuación
adecuada.
El señor PRESIDENTE: Con ello acabamos este trámite de preguntas.
Agradezco al Secretario de Estado su presencia y su disponibilidad, de la
cual seguramente tendremos ocasión de tener muestras muy pronto. Muchas
gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, pasamos al debate y
votación, en su caso, de las proposiciones no de ley que figuran en el
orden del día que todos ustedes conocen.
Antes de comenzar, quisiera hacer caso público a algunos portavoces --se
ha producido ya en el caso del señor Peralta y de algunos otros-- que me
han pedido el aplazamiento y el agrupamiento de las votaciones al final
de este trámite precisamente para procurar que algunos Diputados que
tienen otras obligaciones puedan concurrir un poco más tarde, en el
momento de las votaciones. Si no hay inconveniente por parte de ningún
grupo o portavoces, así lo haríamos. De manera que las votaciones de las
proposiciones no de ley se agruparían al final de los turnos
correspondientes al debate.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, querríamos saber si
puede establecerse una hora para las votaciones.
El señor PRESIDENTE: Podríamos decir que no antes de la una. ¿Les parece
bien? (Asentimiento.) De manera que, con independencia de lo que pase con
el debate de los tratados y convenios internacionales, las votaciones
correspondientes a las proposiciones no de ley no tendrán lugar antes de
la una de la tarde.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR LA CAUSA DEL SECUESTRO Y
ASESINATO DE DON CARMELO SORIA Y ESPINOSA, CIUDADANO ESPAÑOL Y
FUNCIONARIO DE NACIONES UNIDAS, AL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA HAYA.
PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000161.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, pasamos a la
consideración de las proposiciones no de ley, siendo la primera la número
6, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, relativa a instar al Gobierno a remitir la causa del
secuestro y asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español
y funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya.
Entiendo que el señor Peralta actuará en nombre de su grupo
parlamentario. Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Ha entendido usted bien, señor Presidente.
Tengo que decir que éste es un tema perfectamente conocido por SS. SS.
por la transcendencia y la gravedad de la situación en la que se
cuestionaban los métodos de actuación de una dictadura especialmente
sanguinaria que afectó a un pueblo especialmente vinculado a nosotros,
como es el pueblo chileno, y que además en este caso concreto afectó a un
ciudadano español. Este tema ha tenido ocasión de ser debatido
ampliamente en los órganos jurisdiccionales chilenos; la solución final
que se ha encontrado al tema no se ha considerado plenamente
satisfactoria, y la proposición de ley que nosotros presentamos aquí y
para la que yo pido el voto favorable a SS. SS. tiene como objetivo
fundamental que se siga trabajando para que finalmente sea posible
alcanzar esa solución.
El señor PRESIDENTE: Como saben los señores Diputados y Diputadas, esta
proposición no de ley ha venido siendo considerada y aplazada durante
algunos meses precisamente porque el grupo proponente había indicado a la
Comisión que quedaban todavía algunos elementos de información necesarios
para proceder a su tramitación. Creo que estos elementos están
solventados, de manera que entiendo que por parte del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no hay ningún inconveniente. Por
tanto, vamos a proceder a la consideración de la proposición no de ley en
sus términos originarios y, naturalmente, con las enmiendas que en su
momento fueron presentadas a la misma. Una de estas enmiendas, dicho sea
de paso, procede del mismo Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa, y
otra del Grupo Popular.
Doy en primer lugar la palabra al señor De Cáceres, que va a defender la
enmienda presentada en nombre del Grupo Popular.
El señor DE CACERES BLANCO: La proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida, al instar al Gobierno a remitir directamente la causa al
Tribunal Internacional de Justicia, se opone en principio a la
reglamentación jurídica sobre el tema, ya que, en efecto, España no puede
acudir directamente, en este caso, al Tribunal de La Haya en ejercicio de
la protección diplomática, pues el señor Soria llevaba muchos años
residiendo en Chile y estaba acogido al Convenio de doble nacionalidad
España-Chile, cuyo artículo 3.º reserva en exclusiva el ejercicio de la
protección diplomática al Estado del domicilio del interesado. Por otra
parte, es cierto que España sí podría acabar llevando el asunto al
Tribunal Internacional de Justicia, a través de un complicado mecanismo
previsto en el artículo 13 de la Convención sobre prevención y castigo de
delitos contra personas internacionalmente protegidas, de 1973, que está
firmada también por Chile. Según este artículo, toda controversia
relativa a la integración, interpretación o aplicación de la convención
que surja entre dos Estados partes y que no sea resuelta mediante
negociaciones puede ser sometida a su arbitraje. En este caso España
puede cuestionar la interpretación de la justicia chilena que no admitió
el estatus de persona internacionalmente protegida del señor Soria. Y si
en el plazo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud
no se llegase a un acuerdo entre las partes, entonces se podría acudir al
Tribunal Internacional de La Haya.
Todo esto es cierto. Si embargo, no cabe duda de que tanto una fórmula de
arbitraje como el recurso a la vía jurídica internacional son soluciones
quizá muy extremas que de alguna manera interferirían las buenas
relaciones de España con el Estado chileno, representado actualmente por
un gobierno totalmente ajeno a los hechos considerados, que son del año
1976, y sin embargo sometido todavía a una cierta vigilancia militar, por
decirlo de alguna manera. Por ello sugerimos que la proposición no de ley
sea redactada de una forma más amplia, para que pueda englobar también
soluciones extrajudiciales como las que se han obtenido, por citar un
asunto referente a Chile, en el caso Letelier, con Estados Unidos, y que
evitaría lógicamente un largo proceso con un Estado amigo. En este
sentido ha venido trabajando la diplomacia española, el Gobierno español,
y el Gobierno chileno ha demostrado por su parte una excelente
disposición para buscar una solución extrajudicial basada en reparaciones
que pueden resultar aceptables para la familia Soria. Recientemente, como
ha anunciado el Ministro de Asuntos Exteriores, los Gobiernos de España y
de Chile han llegado a un acuerdo para intentar alcanzar esta solución,
siempre de acuerdo con la familia del fallecido.
Por todas estas razones se sugiere que la proposición no de ley relativa
al caso Soria fuera redactada en los siguientes términos: El Congreso de
los Diputados lamenta profundamente el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de Chile, del pasado día 23 de agosto, que determina la
impunidad para los autores identificados del asesinato del ciudadano
español y funcionario de la Cepal, don Carmelo Soria Espinosa, y al mismo
tiempo insta al Gobierno a proseguir los esfuerzos que viene realizando
con el Gobierno de Chile, cuya buena disposición el Congreso de los
Diputados valora positivamente para promover la justa reparación de este
crimen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: El lamentable caso del asesinato del
ciudadano Carmelo Soria nos ha traído en varias ocasiones a debatir esta
situación y sus consecuencias en esta Cámara. Hay que decir, en primer
lugar, que es comprensible humanamente la actitud de la familia que ve
cómo los autores materiales o los inductores del asesinato permanecen
impunes (dos de los cuatro militares están en altos cargos en el gabinete
del general Pinochet, actualmente) y que se acogieron a la autoamnistía
que hizo el propio Pinochet, cuando su régimen terminaba, para no poder
ser condenados por delitos cometidos con anterioridad a la desaparición
de la dictadura.
Según los informes, 20 años después (hemos dedicado muchas horas a este
asunto), no tiene futuro desde el punto de vista jurídico la cuestión,
aunque sí lo tiene desde el punto de vista político, moral y económico,
ya que el Gobierno chileno, en conversaciones con el Gobierno español,
antes y después de las últimas elecciones del 3 de marzo, ha ido
proponiendo soluciones a la familia. Hubo un momento en que el Gobierno
español actual y el Gobierno chileno acordaron que éste, pública y
oficialmente, no sólo reconociera el asesinato sino que lamentara el
fallo de la Corte Suprema al no aceptar que Carmelo Soria era funcionario
internacional, lo cual hubiera puesto el caso fuera de la Ley de
amnistía. Además, el Gobierno chileno estaba dispuesto a una fuerte
compensación económica en el sentido de crear una fundación Carmelo
Soria. Ese acuerdo entre los Gobiernos español y chileno nos pareció
positivo, pero la familia no lo aceptó y ahora propone llevar al Tribunal
Internacional de La Haya por parte del Gobierno español al Gobierno
chileno. Esto plantea problemas jurídicos porque, primero, según las
múltiples consultas que hemos hecho, parece inviable jurídicamente, ya
que Carmelo Soria era también ciudadano chileno al haber adoptado la
nacionalidad en Chile, y, segundo, por razones políticas, porque llevar a
un enfrentamiento a los Gobiernos español y chileno en la actualidad no
tiene ningún sentido, ya que, como ha dicho el portavoz del Grupo
Popular, son dos Gobiernos amigos, es un gobierno democrático el de Chile
y es un gobierno democrático en España.
Por tanto, sin que dejemos caer la cuestión, porque hay que seguir
apoyando a la familia buscando soluciones y fórmulas imaginativas con el
apoyo del Gobierno español y el Gobierno chileno, que están absolutamente
dispuestos, no somos partidarios de la vía del Tribunal Internacional de
La Haya. En ese sentido, si la proposición de Izquierda Unida no es la
literalidad que nos presenta hoy, sino las palabras del señor Peralta de
continuar buscando fórmulas, apoyando a la familia con las iniciativas
que podamos encontrar para dar satisfacción a esta cuestión, entre otras
--y dicho entre paréntesis-- podría estar tratar de llevar, desde el
punto de vista oficioso, al Gobierno chileno a que separe de sus cargos a
los militares que todavía están ocupando altos cargos en la
administración militar chilena, lo que es una espina irritativa lógica
para la familia, y otras cuestiones que podrían ir solucionándose. Pero,
insisto, si tenemos que votar llevar esto al Tribunal Internacional de La
Haya, no seríamos partidarios y nosotros nos inclinaríamos más por la
proposición in voce hecha por el portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Voy a ser muy breve, porque estamos ante un
tema recurrente en esta Comisión en los últimos tiempos: el secuestro y
asesinato de don Carmelo Soria en Chile durante la época del golpe de
Estado del general Pinochet.
Ciertamente, la situación que se nos plantea es compleja, porque es
verdad que Chile es un Estado democrático, como han puesto de manifiesto
anteriores intervinientes, pero también es cierto, y los hechos nos lo
demuestran día a día, que estamos ante una democracia tutelada, que es lo
que explica las resoluciones de los tribunales de justicia en asuntos
como éste o las resoluciones y actitudes de los tribunales de justicia en
asuntos como el que hemos tenido ocasión de debatir anteriormente en esta
Comisión, como es el del ciudadano español don Víctor Pey, anterior
propietario del diario «Clarín», cuyos bienes le fueron incautados, y no
le han sido restituidos, por la democracia chilena y no le han sido
reconocidos sus derechos por los tribunales chilenos.
De todas formas, nuestro grupo parlamentario entiende los argumentos
manifestados anteriormente en el sentido de que Chile es un país amigo y
no podemos forzar la situación hasta límites que quizá lleven a puntos de
no retorno en este asunto y que puedan deteriorar las relaciones entre
España y Chile. Por tanto, somos partidarios de intentar agotar todas las
vías de diálogo, de intentar comprometer a las autoridades chilenas en la
resolución del conflicto y dejar abierta la puerta del Tribunal
Internacional de La Haya sólo para el caso de que todos los esfuerzos por
la vía diplomática pongan de manifiesto que no llevan a ningún sitio.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la situación reglamentaria es la
siguiente. Tenemos una proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya con una enmienda presentada por el Grupo
Popular. Por tanto, lo primero es preguntar al señor Peralta si por parte
de su grupo se admite la tramitación de la enmienda presentada por el
Grupo Popular, ya que, desde ese punto de vista, estamos en sus manos.
El señor PERALTA ORTEGA: En este tema sería deseable que alcanzáramos una
solución compartida por todos. En primer lugar, por lo que supondría de
toma de posición de este Congreso democrático, ante una situación de
dictadura, en defensa de un ciudadano español que tenía status
diplomático, y de reconocimiento, a su vez, de los esfuerzos realizados
por el Gobierno chileno.
En este sentido, yo me permitiría preguntar si podríamos estar todos de
acuerdo en admitir la enmienda presentada por el Grupo Popular en la que
el propio Grupo Popular aceptara que en su párrafo final, que dice:
promover la justa reparación, dijera: para encontrar la justa solución.
Si
todos estuviéramos conformes, yo estaría de acuerdo en este asunto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: Creo que son palabras casi equidistantes en
cuanto a este tema, de modo que, por nuestra parte, no habría ningún
problema en aceptar ese cambio de palabra.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. En ese caso, en el tiempo
correspondiente, no antes de la una, someteremos a votación la enmienda
presentada por el Grupo Popular a la proposición no de ley
originariamente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la sustitución de la
palabra reparación por la palabra solución.
Me permito decir una cosa más que me parece que es necesaria por el
transcurso del tiempo; habría que añadir: el pasado día 23 de agosto de
1996. Digo esto para que no quede ninguna duda con respecto al tiempo.
¿Les parece bien? (Asentimiento.) Este texto será sometido a votación de
los miembros de la Comisión en el tiempo correspondiente.
--SOBRE CUMBRES IBEROAMERICANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 161/000277.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 7 del orden del día, una
proposición no de ley sobre cumbres americanas, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Voy a ser muy breve, porque creo que el asunto al
que se refiere esta proposición no de ley, esto es, las cumbres
iberoamericanas, es un asunto que ya forma parte de las cuestiones que
van y vienen en esta Comisión y que, sin duda, tiene un interés constante
y permanente por la celebración anual de esas cumbres.
Acabamos de celebrar la cumbre de Chile, en la que se adoptó la
declaración de Viña del Mar, que ha sido distribuida y, por tanto,
conocen los miembros de esta Comisión, pero no se trata solamente de
recoger algunas de las ideas importantes que figuran en esta declaración
de Viña del Mar y de incorporarlas a un texto de esta Cámara, sino que se
trata también de reafirmar la voluntad de España de considerar como un
objetivo prioritario la consolidación y el desarrollo de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones. Nosotros pretendemos, y así consta en esta
proposición no de ley en su parte dispositiva, impulsar la consolidación
de las cumbres iberoamericanas, reafirmar la voluntad de desarrollar el
protagonismo de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en la esfera
internacional y recordar que esta Comunidad Iberoamericana de Naciones se
basa en principios y valores compartidos de libertad y justicia y que es
una obligación permanente en el seno de esta Comunidad, formada por las
naciones soberanas de lengua española y portuguesa de Europa y América,
afirmar la democracia y consolidar la justicia y la equidad.
Nosotros hemos creído necesario señalar que Cuba, hoy, es una excepción a
esta norma común iberoamericana y, con los mismos términos de
declaraciones anteriores, hemos señalado que deseamos ayudar y promover
una transición pacífica hacia una democracia plena con respeto a las
libertades y derechos fundamentales. Digo esto sin ánimo de polémica
ninguna, ya que es una constante, es tradicional en esta Cámara en las
distintas Comisiones que se han sucedido en las dos últimas legislaturas,
hablar de Cuba, desear la democracia en Cuba y hablar de la transición
pacífica hacia la democracia.
Hemos creído importante, como ya hicimos en otras declaraciones, en otras
intervenciones, señalar cómo los parlamentos nacionales y los partidos
políticos tienen un papel destacado que jugar en la consolidación y
desarrollo de esta Comunidad Iberoamericana de Naciones y que la apertura
económica y la libertad de comercio --y con esto creo que aludimos a
algunas de las cuestiones candentes de la actualidad iberoamericana-- son
condiciones importantes para la consolidación y afirmación de las
instituciones democráticas y de los procesos de modernización.
Naturalmente, no se trata de términos o ideas excluyentes, ya que también
la lucha contra la pobreza, los procesos de desarrollo económico y social
sostenido y sostenible, la lucha contra la injusticia y contra la
exclusión, en fin, la lucha por una mayor integración en el seno de las
naciones iberoamericanas son condiciones para la afirmación democrática.
Como señalaba el Secretario de Estado de Cooperación en su comparecencia
para explicar los resultados de la cumbre de Chile, las cumbres
iberoamericanas se han convertido en un foro político de más alto nivel,
han permitido la instauración de un código de conducta entre las naciones
iberoamericanas que ha permitido a la Comunidad Iberoamericana actuar en
momentos de crisis o de amenaza a la libertad o a la estabilidad de
algunos países, recientemente en el caso de Paraguay, etcétera. También
recordaba cómo las cumbres son un instrumento básico de cooperación y
señalaba la importancia del convenio de cooperación iberoamericano
propuesto en la cumbre de Bariloche, en Argentina, anunciando, por otra
parte, que España pronto ratificaría este convenio; yo deseo que se haga
con la mayor rapidez posible. Finalmente, recordaba también cómo el
reforzamiento de la cultura, de las lenguas comunes, era una de las
consecuencias principales de este proceso abierto en 1991 con el Gobierno
anterior.
Tengo que decir, además, que inmediatamente la Comisión de Asuntos
Exteriores señalaba, concretamente en su informe sobre las líneas
maestras de cooperación del año 1992, cómo la Comunidad Iberoamericana
era un marco excelente para la cooperación de España con sus naciones
hermanas de Iberoamérica en todos los ámbitos.
Este mismo portavoz recordaba a finales de la legislatura pasada cómo
esta vocación iberoamericana de España se había transformado en un empeño
que no podemos relegar
ni olvidar; se trata de una prioridad de carácter nacional de la política
exterior de España que va más allá de las contingencias o de la mera
existencia de un gobierno o de otro.
Finalmente, el señor Ministro, don Abel Matutes, en su primera
comparecencia se comprometía a impulsar el proceso de desarrollo y
consolidación de las cumbres. Esta proposición no de ley trata de tomarle
la palabra y de plasmar en un documento nuevo la voluntad de esta Cámara,
en esta nueva legislatura, de afirmar no solamente el interés de España,
sino el papel protagónico de España en el proceso de construcción de esta
idea, de este espacio político, que es la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, y cómo España desde los primeros años noventa supo y quiso
asumir una responsabilidad especial, que además se ha visto acompañada
por un notable incremento de relaciones, inversiones, presencia,
contactos, no solamente entre España, sino también entre el resto de los
países de la Unión Europea en el continente americano.
Por todo ello, hemos presentado esta proposición no de ley que espero que
cuente con el apoyo de los demás grupos. Creo que se trata de una tarea
que va más allá de las contingencias políticas, más allá de los debates
políticos concretos. Se trata de que esta legislatura esta Comisión nueva
reafirme su voluntad de hacer de la Comunidad Iberoamericana un marco
prioritario de la acción exterior de España.
El señor PRESIDENTE: Existen dos enmiendas presentadas a esta proposición
no de ley por el Grupo Parlamentario socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, quiero, en primer
lugar, mostrar nuestra disposición favorable al espíritu y al conjunto de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, que viene a
recoger el espíritu y la filosofía de las cumbres iberoamericanas, la
oportunidad de su creación a principios de esta década, el éxito de su
desarrollo, la consolidación como foros de concertación y de diálogo
político y también de cooperación --y ése es un reconocimiento implícito
que quiero agradecer al Grupo Popular--, porque fue una de las tareas que
los socialistas nos propusimos a finales de los ochenta y que cristalizó
en las cumbres a partir de 1991 como eje fundamental de la política
española en relación a Iberoamérica.
Tanto en la exposición de motivos como en la parte dispositiva estamos de
acuerdo en casi todo, pero ese casi quiero explicarlo en el sentido de la
presentación de esas dos enmiendas.
De los siete puntos de que consta la parte dispositiva, en cinco estamos
totalmente de acuerdo, pero el punto 5 nos trae a colación el recurrente
tema de Cuba. Yo quiero explicar aquí --también sin ánimo de polémica--
que no traemos a colación una enmienda de supresión de este punto que se
refiere a Cuba en concreto, lo hubiéramos traído también si se hubiera
referido a cualquier otro país.
Una de las claves del éxito de las cumbres iberoamericanas es que,
afirmando y desarrollando los principios que inspiran al conjunto de las
naciones, no cita nunca a ningún país concreto, porque --y lo saben muy
bien los que tienen experiencia en las relaciones exteriores y en la vida
diplomática-- eso abriría la espita de los precedentes en relación a las
condenas, a los análisis de situaciones concretas de países concretos por
otros que en ese momento quieren aprovecharse, porque han sido citados a
su vez con anterioridad, y nos llevaría a un callejón sin salida que
terminaría por poner en crisis a la propia cumbre iberoamericana;
precedentes hay de otras situaciones en las que se salen los países o son
expulsados y, por ejemplo, puede ocurrir que algunos países planteen el
problema del narcotráfico en uno, dos o tres países concretos. Es decir,
quiero explicarlo y quiero hacerme entender: hay que condenar el
narcotráfico en las cumbres, hay que establecer mecanismos de
concertación para la coordinación en la lucha contra el narcotráfico y el
blanqueo de dinero, pero no se puede condenar, por ejemplo, a Colombia,
Méjico o Perú con esas cuestiones porque eso, insisto, llevaría a un
callejón sin salida.
Incluso agotando el argumento, ¿qué ocurriría si en una cumbre
iberoamericana un país concreto, con un gobierno determinado, quiere
plantear, en una resolución, que se inste al Gobierno español a que
negocie con ETA, por ejemplo, para la solución del problema vasco y del
problema del terrorismo? Obviamente nos negaríamos.
Por eso digo que no me refiero en exclusiva al tema de Cuba, sino que lo
hubiéramos hecho ante cualquier cita de un país concreto en una
resolución de esta naturaleza, porque los principios que queremos
defender en relación a Cuba están contemplados, si lo ven las señoras y
señores Diputados, en los puntos 3 y 4. El punto 3 reitera que la
Comunidad Iberoamericana de Naciones se basa en principios y valores de
democracia plena, pluralismo, respeto de los derechos humanos, libertades
fundamentales y estricta observancia de los principios de derecho
internacional recogidos en la Carta de Naciones Unidas. El punto 4 dice
que la Comunidad Iberoamericana de Naciones deberá realizar cuantos
esfuerzos sean necesarios para afirmar la democracia en Iberoamérica y
proseguir la profundización y desarrollo de los sistemas democráticos,
así como la consecución de sus objetivos de justicia y equidad. Es en esa
dirección, en ese sentido, en esa filosofía, en la que nosotros estamos
plenamente de acuerdo.
Un último argumento: por ejemplo, tampoco aparece, y no debería aparecer
en estos puntos, una condena al embargo, llamado bloqueo, de los Estados
Unidos sobre Cuba. Me parece bien que no aparezca, porque no tiene que
aparecer en este tipo de resoluciones. Tiempo habrá en otra clase de
proposiciones no de ley, en otros debates, de establecer esa cuestión
concreta. Esto en lo que se refiere al punto 5, sobre el que proponemos
una enmienda de supresión.
En cuanto al punto 7, solamente presentamos una pequeña enmienda de
adición, porque en ese punto dice literalmente el texto: señalar que la
apertura económica y la libertad de comercio son elementos clave del
proceso de
modernización..., etcétera. Pensamos que no sólo la apertura económica y
la libertad de comercio son elementos clave del proceso de modernización;
hay también otros aspectos. Nosotros habíamos propuesto la educación y la
sanidad, pero hago ahora una enmienda a mi propia enmienda; recogiendo el
texto de la declaración de Viña del Mar, podía ser la lucha contra la
pobreza y el desarrollo económico y social sostenido y sostenible...,
etcétera, y continuar el texto tal como está. Sería: apertura económica,
libertad de comercio, lucha contra la pobreza y el desarrollo económico
son elementos clave del proceso de modernización que han protagonizado
las naciones iberoamericanas y la base sobre la que es posible sustentar
la consolidación y afirmación de las instituciones democráticas en
Iberoamérica.
Esas son las dos enmiendas, señor Presidente, que presentamos a la
consideración de la Comisión y del grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desearían tomar la
palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, no nos cabe ninguna duda
de que la relación con Iberoamérica constituye uno de los polos
principales de relación internacional del Estado español y así debe
continuar siendo. Sentado este principio, entiende nuestro grupo
parlamentario que todo lo que sea potenciar los mecanismos de
interrelación de la Comunidad Iberoamericana debe merecer el apoyo de
esta Comisión. Como también creo que deben merecer el apoyo de esta
Comisión todos aquellos mecanismos y propuestas que intenten intensificar
la relación bilateral España-Iberoamérica, como la relación multilateral,
es decir, incorporar el interés por Iberoamérica dentro de la política
exterior que se realiza desde la Unión Europea.
Concretamente, refiriéndome al texto de la proposición no de ley que nos
plantea el Grupo Parlamentario Popular, me parece que es una proposición
no de ley interesante, mesurada, medida en sus términos, que toda las
principales cuestiones que interesan a esta política de intensificación
de la interrelación dentro de la Comunidad Iberoamericana, por lo que la
podríamos apoyar en sus justos términos.
Ahora bien, también entiendo, y en ese sentido las palabras del señor
Yáñez inducen a la reflexión, que no podría suceder, y no sería positivo
para esta Comisión, que el eterno y apasionado debate que se viene
generando en esta legislatura alrededor del tema de Cuba fuera un
obstáculo para que esta Comisión se pronunciara de forma unánime a favor
del impulso de la Comunidad Iberoamericana. Por tanto, sugeriría al Grupo
Parlamentario Popular que admitiera la enmienda de supresión del Grupo
Parlamentario Socialista, en tanto en cuanto los principios que nuestro
grupo parlamentario comparte en relación a la apertura democrática de
Cuba están perfectamente señalados dentro de los puntos 3 y 4 de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
En cuanto a la enmienda que señala el Grupo Parlamentario Socialista al
último punto, es decir al punto 7 de la proposición no de ley, es cierto
que sobre todo la libertad de comercio, a nivel mundial, ha supuesto y
está suponiendo una mejora sustancial del nivel de vida de los países,
especialmente los menos desarrollados, de la Comunidad Iberoamericana.
Pero también es cierto que no podemos olvidar que en la mayoría de estos
países se viven todavía situaciones de subdesarrollo obvias, evidentes, y
entendemos que también sería una aportación positiva al texto de la
proposición no de ley la introducción de la enmienda que el Grupo
Parlamentario Socialista plantea al punto 7.
El señor PRESIDENTE: Me dirijo al señor Robles, portavoz del Grupo
Popular, para preguntarle cuál es su disposición de ánimo con respecto a
las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Socialista.
El señor ROBLES FRAGA: Mi disposición de ánimo, señor Presidente, es
buena, es comprensiva, pero creo que hay que hacer unas matizaciones
sobre lo que se ha dicho.
El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas. Una es de adición, que
nos parece correcta y nada tenemos que objetar a los mismos términos que
recoge la declaración de Viña del Mar, esto es, señalar que no sólo hay
condiciones estructurales sino políticas y problemas específicos que se
refieren a la lucha contra la pobreza, en definitiva, a la aplicación de
los principios de justicia y equidad en la consolidación y en la
afirmación de toda democracia participativa posible, como titulaba el
texto de la declaración de Viña del Mar. Efectivamente, es una adenda que
consideramos positiva y que naturalmente apoyaremos, porque nos parece
correcta.
Para salvar un poco el debate y para no entrar en la cuestión de Cuba,
debo hacer una aclaración que, quizá, induzca al señor Yáñez a votar
favorablemente y a retirar su enmienda de supresión. Yo no propongo que
en una declaración de carácter iberoamericano se señale con el dedo a
Cuba. Es cierto que hay --y corrijo un poco lo que ha dicho el portavoz
socialista-- menciones a países concretos en las declaraciones
iberoamericanas, pero siempre son de carácter positivo. Normalmente se
apoyan procesos como el de las negociaciones que han llevado a los
acuerdos de paz en Guatemala; se apoya a un gobierno concreto cuando
sufre los embates del terrorismo, es el caso de Honduras; se alaba la
celebración de elecciones libres en Nicaragua e incluso --y es una pena
que el portavoz del Bloque Nacionalista Galego no esté aquí para
escucharme-- se apoya la defensa de los derechos humanos en Timor
oriental. Sí hay referencias a países, pero no se señala con el dedo a
nadie.
Sin embargo, creo que la tarea de la Comisión de Asuntos Exteriores, más
allá de las discrepancias, es otra. No estoy proponiendo, mi grupo no
propone, que España haga una política distinta de la que se ha hecho en
la última cumbre iberoamericana, pero sí creo que conviene recordar cómo
hemos hablado de Chile y de Colombia, en otros casos --recientemente
aprobamos una proposición no de ley referente a Colombia--, cómo hemos
podido tratar la
cuestión de Paraguay, cómo en su día apoyamos la defensa de las
instituciones democráticas en Guatemala, y creo que sí podemos decir que
existe un país que en este momento no celebra elecciones. Podemos decir
todo esto y eso no debe ser motivo de polémica.
Yo no deseo introducir el elemento de debate de Cuba, pero sí me parece
que hay que tener en cuenta que nada proponemos, sencillamente recordamos
que ésa es la situación que hay y que se trata de un caso que tiene una
especial importancia. No hemos introducido en el texto de ese párrafo
--creo-- ninguna consideración polémica, ni siquiera distinta de las que
ha habido en proposiciones no de ley de la legislatura anterior, y creo
que es perfectamente mantenible. Si el señor Presidente considera que
podemos aplazar la votación, me gustaría despejar algunas dudas en el
intervalo que hay entre votación y votación con el señor Yáñez, para ver
si podemos aclarar este asunto y votar todos a favor de la proposición.
El señor PRESIDENTE: A mí me gustaría aclararlo ahora, por razones
evidentes. En el momento de la votación tendremos que presentar un texto
y querría saber qué es lo que se va a poner a votación, como todos
ustedes comprenderán. Por tanto, si me lo permiten el resto de los
señores y señoras Diputados, querría convocar un momento a los
portavoces, dos minutos, para ver si solventamos este problema.
Queda suspendida la sesión por dos minutos. (Pausa.)
Señoras y señores Diputados, la Presidencia querría dar la palabra al
señor Recoder por si hubiéramos podido encontrar algún tipo de vía
intermedia. Tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, sugeriríamos una propuesta
transacional que pasaría por suprimir el punto 5 de la proposición no de
ley, que es el que se refiere específicamente a la transición democrática
en Cuba. Lo que se pretende en ese punto 5 lo trasladaríamos al punto 4 y
el texto del punto 4 quedaría como sigue: Señalar que la Comunidad
Iberoamericana de Naciones deberá realizar cuantos esfuerzos sean
necesarios para afirmar la democracia en Iberoamérica y sus procesos de
transición pacífica pendientes y proseguir la profundización y desarrollo
de los sistemas democráticos, así como la consecución de sus objetivos de
justicia y equidad.
Creo que esto recoge el espíritu del punto 5 y, si estuvieran de acuerdo
los otros portavoces, se podría votar por unanimidad el texto de la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para expresarse al respecto, el portavoz del Grupo
Socialista, señor Yáñez, tiene la palabra.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, estamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles
El señor ROBLES FRAGA: A mí me parece correcta la enmienda. Por tanto,
aceptamos los textos propuestos, tanto éste como la otra enmienda del
Grupo Socialista, que se refería a los principios sobre los que debe
basarse la consolidación y afirmación de las instituciones democráticas
en Iberoamérica.
El señor PRESIDENTE: En el momento oportuno, será sometido a votación el
texto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, con la
enmienda de adición in voce, que ha sido leída por el señor Recoder,
suprimiendo el párrafo 5 de dicha proposición no de ley y añadiendo el
texto de la enmienda que el Grupo Socialista, por boca del señor Yáñez,
puso al punto número 7. Esas serán las condiciones de la votación que
recaerá sobre esta proposición no de ley en el momento oportuno.
--SOBRE RECLAMACION DE LAS INDEMNIZACIONES AL GOBIERNO FRANCES POR LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS CON MOTIVO
DEL BLOQUEO OCASIONADO POR LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS FRANCESES, ASI
COMO CREACION DE DOS CORREDORES DE INTERES EUROPEO PRIORITARIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000285.)
--SOBRE INDEMNIZACIONES A LOS PERJUDICADOS POR LA HUELGA DE
TRANSPORTISTAS EN FRANCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000297.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente. Quiero hacer notar a
todos los señores y señoras miembros de la Comisión que el punto 8 cubre
exactamente el mismo terreno que el punto 9. Ambos se refieren a las
indemnizaciones a los perjudicados por la huelga de transportistas en
Francia. Hay dos iniciativas al respecto, una proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a través del señor
Chiquillo, y otra proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. Si no hay mayor inconveniente, la Presidencia
propone dar un tratamiento conjunto a ambas iniciativas. Existe una
enmienda a las dos por parte del Grupo Popular.
En primer lugar, daré la palabra al señor Chiquillo, que es quien ha
presentado la primera proposición. En segundo lugar, daré la palabra al
portavoz del Grupo Socialista para exponer su punto de vista sobre la
correspondiente proposición no de ley, veremos las enmiendas y buscaremos
la manera de integrar todas las propuestas en un solo texto.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo para defender la proposición no de
ley presentada en su día respecto a la solicitud de una actuación por
parte del Gobierno español en cuanto a los daños ocasionados por la
huelga de camioneros franceses en el pasado mes de noviembre,
que afectó de una manera muy importante a las exportaciones españolas, en
particular frutas y hortalizas y otros productos típicos de exportación
del Estado español, que paralizó y causó unos daños multimillonarios a
las exportaciones hortofrutícolas de las Comunidades Valenciana y de
Murcia, debido a ese bloqueo que hubo en las carreteras francesas a lo
largo de más de doce días.
Unión Valenciana presentó esta iniciativa el día 9 de diciembre de 1996,
acompañada de una pregunta en Pleno al propio Ministro de Asuntos
Exteriores respecto a las actuaciones que estaba emprendiendo. En base a
la contestación y al compromiso del propio Ministro de Asuntos Exteriores
y a sus resultados, hoy, casi dos meses después de aquella presentación,
se han llevado a cabo gestiones y actuaciones por parte del Ministerio.
El Diputado que les habla tiene que reconocer que el Gobierno español, el
Ministerio de Asuntos Exteriores, como muy bien ha resaltado el señor
Subsecretario, ha llevado a cabo un trabajo serio, riguroso, para exigir
con firmeza ante el Gobierno de la República Francesa que se haga cargo
de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a las
exportaciones españolas como consecuencia de esa huelga de camioneros.
Vaya por delante reconocer y agradecer la celeridad, la brillante
actuación y la firmeza con que se ha planteado, ante los foros oportunos
de la Unión Europea y ante el Gobierno francés, así como la sensibilidad
que ha habido en la defensa de esos planteamientos, pero la iniciativa de
Unión Valenciana va más allá. Aunque lo cortés no quita lo valiente y se
reconoce el trabajo que se ha hecho con esa exigencia del Gobierno
español, pensamos que debería darse un paso más allá. Por eso, después de
la formulación de esa pregunta, se presenta esta proposición no de ley,
porque pensamos que debería darse un paso más en las reivindicaciones del
Gobierno español, tanto al Gobierno francés como a la Unión Europea,
presentando alguna iniciativa en su seno.
En nuestra proposición planteamos la exigencia a las autoridades
competentes del Gobierno francés del abono en concepto de indemnizaciones
por esos daños y perjuicios ocasionados sobre las exportaciones españolas
con motivo de ese bloqueo. Parece que casi un cien por cien de ese punto
ha sido planteado ya ante las autoridades francesas por el Gobierno
español; falta que se materialice ese abono de las indemnizaciones, lo
que parece que va para largo. El Gobierno francés ha manifestado una
predisposición a asumir que fue responsabilidad suya no poner los medios
para evitar que ese bloqueo pusiera en entredicho y vulnerara los más
elementales derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos,
derechos que se reconocen en el Tratado de la Unión Europea. Parece que
ya hay un cambio de actitud por parte del Gobierno francés, pero veremos
cuánto puede tardar el abono de esas indemnizaciones. Si en el caso de
otros antecedentes, como el saqueo y quema de camiones españoles en
territorio francés en años anteriores, el abono de las indemnizaciones ha
tardado entre cinco y seis años, es evidente el temor de los
exportadores, de los agricultores y de todos los sectores implicados en
esta cuestión, a que puedan tardar de nuevo de cinco a seis años esas
indemnizaciones, a pesar de que el Gobierno francés, que reconoce que es
su culpa y por tanto su deber indemnizar por lo que pudo haber evitado,
es el verdadero responsable de los daños ocasionados en el mes de
noviembre por esa huelga que se produjo en su territorio. El es el
guardián de que los principios básicos de la Unión Europea sobre la libre
circulación se hubieran respetado escrupulosamente en su territorio.
Por eso, en nuestro paso adelante mantenemos en nuestra proposición no de
ley un párrafo segundo en el que solicitamos al Gobierno español la
asunción, dirección y coordinación de las reclamaciones a realizar ante
el Gobierno francés, porque nos estamos encontrando con que muchos de los
implicados y de los exportadores que han sufrido la pérdida de sus
exportaciones, el núcleo cesante que han sufrido por no llegar al mercado
oportuno en el momento preciso, no saben cómo reivindicar, no saben cómo
presentar o se encuentran con muchas trabas administrativas para que su
justa reivindicación, su justa petición de indemnización, llegue a buen
puerto ante las autoridades francesas.
El Ministro de Asuntos Exteriores --y ahí está el «Diario de Sesiones»
del Pleno del 18 de diciembre-- se comprometió a esa asunción, dirección
y coordinación de las reclamaciones y nos estamos encontrando tres meses
después con que muchos de los afectados no han podido canalizar aún la
petición, no han podido llevar a buen término esa petición administrativa
por culpa de meros trámites burocráticos, porque no tienen las pruebas
que puedan avalar su petición, tal como exige la normativa francesa, o en
muchos casos no tienen clara la mercancía que llevaban y si se había
perdido íntegramente o no. Están chocando con problemas de burocracia y
estrategia francesa para que, a la hora de reconocer esa indemnización,
en vez de diez, si se indemniza por tres, mejor. Por tanto, en ese
segundo punto planteamos que el Gobierno español tenía que haber asumido
esa dirección y coordinación para evitar que la reclamación íntegra de
los daños no haya sido cogida como estrategia por parte del Gobierno
francés para reducir las posibles indemnizaciones a reconocer y a abonar
en el plazo de cinco o seis años, que esperemos que no sea, pero parece
que va a ser ese el tiempo en el que los afectados van a ver satisfechas
sus indemnizaciones.
En este segundo punto planteamos lo que es una reivindicación de los
sectores implicados (de los empresarios de la exportación, de los
agricultores, de las cooperativas agrarias afectadas), que así lo han
manifestado ante los parlamentos autonómicos, tanto en Andalucía como en
Murcia o en la Comunidad Valenciana, para que el Gobierno español avance
el pago de esas indemnizaciones mientras se gestionan éstas ante el
Gobierno francés que, lamentablemente, repito, van a ser muy difíciles y
se van a alargar en el plazo de varios años.
Se ha hecho llegar a este Diputado una enmienda de modificación que tiene
una parte asumible, como es lo de continuar exigiendo al Gobierno
francés. Yo creo que es algo obvio --exigir o continuar exigiendo--,
porque creo que todos queremos que ese grave daño que se ocasionó a las
exportaciones españolas por el bloqueo de las carreteras
francesas sea indemnizado al cien por cien y con la máxima celeridad. Es
lógico que se exija y se continúe exigiendo.
Ha apuntado antes el Subsecretario de Asuntos Exteriores que había un
precedente en la Unión Europea en cuanto a que en una sentencia se
recriminó a Francia y se dijo que las cantidades que había anticipado se
consideraban como una subvención y que eso se salía de los parámetros de
la normativa de la Unión Europea. Yo creo que el ejemplo no nos vale y el
razonamiento es el siguiente. Cuando en el año 1982 el Gobierno francés
abona a los agricultores franceses unas indemnizaciones por una huelga
llevada adelante por un colectivo francés, no estamos hablando de los
mismos parámetros jurídicamente, porque no es la misma causa la que
produce los daños. El Gobierno francés era el que daba la indemnización o
el que adelantaba el pago de una posible indemnización a los agricultores
franceses por una huelga de los camioneros o transportistas franceses.
Aquí estamos hablando de que el Gobierno español avance el pago de unas
indemnizaciones a los exportadores españoles, pero por una huelga que se
ha producido en territorio francés y en la que el causante de los daños a
España es un país tercero, como Francia. Por tanto, la causa, caso de que
se produjera un litigio contra España por parte de la Unión Europea, no
tiene el mismo punto de arranque. No estamos hablando de que los daños a
las exportaciones españolas se hayan producido por una huelga de
camioneros españoles en territorio español. No estamos hablando de lo
mismo. Por tanto, yo creo que no hay ningún inconveniente para que, sobre
la base del expediente que los afectados españoles presenten ante el
Gobierno francés, el Estado español avance un pago de esas
indemnizaciones en una cantidad, si no del cien por cien, sí por lo menos
de una parte de lo que figura en esa petición del afectado español ante
el Gobierno francés.
Hay un tercer punto que, desgraciadamente, por la situación que se está
viviendo en las carreteras españolas, puede tener actualidad. Es que el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno español para que plantee en
el seno de la Unión Europea que se adopten medidas reglamentarias y
legislativas que posibiliten que el ejercicio de los derechos
individuales o colectivos de los ciudadanos de uno o más países de los
Estados miembros no ponga en peligro las libertades y derechos de los
ciudadanos de todos los Estados miembros a la libre circulación en el
seno de la Unión Europea.
Hace tres meses fue la huelga en territorio francés. Ahora
desgraciadamente es en territorio español. Podría producirse en el plazo
de un año, tres días o seis meses en territorio alemán, en territorio
italiano, en territorio belga. Lo que nosotros solicitamos es que no haya
pasividad y que el país de la Unión Europea en cuyo territorio se
produzcan estos hechos que coarten o vulneren la libre circulación de las
mercancías, de los ciudadanos, el libre tránsito de personas y
mercancías, respete escrupulosamente a los demás y que sea la Unión
Europea la que ponga también un poco de su parte para evitar situaciones
como la que se produjo en Francia el año pasado, se está produciendo en
España ahora o se puede producir en otros países de la Unión Europea en
meses sucesivos. Que ese libre tránsito de personas y mercancías se
estudie en el seno de la Unión Europea y que el Estado español plantee un
estudio de viabilidad para crear dos corredores de interés europeo
prioritario que recorran Europa de norte a sur, como instrumento adecuado
para impedir hechos como los ocurridos en noviembre de 1996 en Francia,
en febrero de 1997 en España y esperemos que Dios evite que no se
produzcan en ningún otro país de la Unión Europea. Pedimos que el Estado
español plantee en los foros europeos la posibilidad de que hechos como
los que nos ocurren en estos momentos y ocurrieron en Francia no se
vuelvan a repetir.
Por tanto, valorando la buena intencionalidad de la enmienda presentada
por el Grupo Popular, reconociendo y ensalzando el trabajo que desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores se ha realizado desde el primer día en
que las exportaciones españolas sufrieron los daños y perjuicios por la
huelga en territorio francés, creo que la proposición no de ley que
presento y defiendo en estos momentos en sus tres apartados tiene plena
vigencia y puede ser perfectamente asumida por el resto de los grupos
parlamentarios, porque supone dar un paso más en las reivindicaciones que
los sectores exportadores del Estado español esperan del Congreso de los
Diputados. Aunque haya habido buena voluntad por parte del Gobierno
español y del Ministerio de Asuntos Exteriores, siempre se espera algo
más. Creo que esa indemnización adelantada, esa exigencia al Gobierno
español para que asuma la dirección y coordinación de todas y cada una de
las reclamaciones, y esa exigencia ante la Unión Europea de ese corredor
de interés europeo prioritario para preservar la libre circulación de las
personas y mercancías, son aspectos perfectamente asumibles y los
sectores exportadores del Estado español nos lo agradecerían.
El señor PRESIDENTE: Como recordaba anteriormente, existe otra
proposición no de ley sobre el mismo tema presentada por el Grupo
Socialista del Congreso.
Tiene la palabra la señora Salinas para proceder a su presentación.
La señora SALINAS GARCIA: Señorías, tengo el gusto de intervenir en esta
Comisión de Asuntos Exteriores por primera vez para la defensa de esta
proposición no de ley que el Grupo Socialista presentó en el Congreso de
los Diputados, encaminada a que se adoptaran medidas relativas al
colectivo de transportistas españoles que en estos últimos días, como es
bien sabido de todas SS. SS., está atravesando por unas nuevas
circunstancias que vuelven a agravar esta situación laboral.
El pasado mes de noviembre asistíamos, una vez más, a un brutal ataque a
los intereses económicos de nuestro país por parte de un colectivo
francés, los transportistas. La última huelga del transporte en Francia
obligó al secuestro injusto durante doce días de más de 1.400 camioneros
de la provincia de Almería y otros tantos de las restantes provincias
españolas, sometidos a tensiones excepcionales, que tuvieron que sufrir
penurias y pérdidas económicas como consecuencia de esa gravísima
situación.
El sector que más padeció este conflicto fue el hortofrutícola con
productos perecederos. A nivel nacional, se pueden cifrar las pérdidas en
unos 50.000 millones de pesetas, ya que este sector realiza un cuarto de
su negocio en este período del año. Sin embargo, no se pueden cuantificar
las pérdidas sólo con el sector del transporte, sino que hay que tener en
cuenta las consecuencias que el bloqueo ha acarreado con la caída de
precio en origen de hasta un 50 por ciento.
Las comunidades autónomas más afectadas por esta situación injusta fueron
Valencia, Andalucía y Murcia; unos 6.000 vehículos que realizan 10.500
viajes a la semana se vieron afectados por esta gravísima huelga.
Como en anteriores bloqueos, los exportadores podrán reclamar el cobro de
indemnizaciones siempre que se realice una denuncia de los hechos en las
gendarmerías francesas y presenten un informe pericial valorado de los
daños ocasionados a las mercancías.
Sin embargo, estas indemnizaciones no cubrirán los daños producidos a los
agricultores ni las pérdidas ocasionadas para poder acceder a futuros
mercados. De todos los afectados, los únicos que tienen posibilidad de
ser indemnizados son las empresas de transportes. Eso sí, seguro que
después de varios años de pleito y después de haber sufrido las trabas
burocráticas que el Gobierno francés se encargó de ir gestando durante el
conflicto, impidiendo claramente la tramitación de denuncias en
gendarmerías, etcétera y, sobre todo, tal como ha reconocido el propio
Subsecretario, pisoteando todos los acuerdos comunitarios existentes para
el transporte de mercancías. No se aseguró para nada el derecho de los
camioneros españoles a presentar denuncias, sino más bien todo lo
contrario. En dicho conflicto fue evidente la pasividad del Gobierno
francés y la escasa implicación de la Unión Europea.
La Unión Europea creemos que debe reflexionar sobre el hecho de que las
reivindicaciones sectoriales de un país dejen bloqueada a toda nuestra
comunidad. Las empresas españolas afectadas que quieran iniciar el
trámite de reclamación por las pérdidas ocasionadas a la justicia gala
deberán tramitar sus denuncias a través de abogados franceses,
exclusivamente. Para ello, deberán contratar sus servicios con abogados
de dicho país, a los que deberán pagar por adelantado, para hacer frente
al proceso, alrededor de unas 130.000 pesetas. Además, cuando se den a
conocer las resoluciones, y si el camión tiene derecho a indemnización,
el abogado francés percibirá el 10 por ciento de la indemnización que
reciba el exportador denunciante. Para colmo de sus males, una empresa no
puede realizar una denuncia por la totalidad de sus camiones afectados,
sino que se debe presentar de forma individualizada y pagar, claro está,
igualmente de forma individual, es decir, 130.000 pesetas por denuncia o
por camión. Al parecer, las denuncias se tramitarán por vía
administrativa y en los litigios no pueden actuar abogados españoles.
Entendemos que este asunto se complica aún más por la grave situación
actual de huelga en nuestro país. En este sentido, el representante del
Grupo Parlamentario Mixto, como muy bien ha expuesto, ha presentado una
proposición no de ley, la cual ya anuncio de antemano que nuestro grupo
va a apoyar. No es la primera ocasión que se han condenado acciones de
este tipo que afectaban a las exportaciones españolas y se ha instado a
la adopción de medidas en relación a las necesarias garantías para la
libertad de circulación de mercancías en el territorio francés.
Por no alargarme más, queremos manifestar nuestro apoyo a la proposición
no de ley del Grupo Mixto, que recoge en sus dos primeros puntos el
sentido de nuestra proposición no de ley. Sin embargo, no podemos aceptar
bajo ningún concepto la enmienda que presenta el Grupo Popular. Aunque en
la primera parte sí aceptaríamos el sentido de que se siga exigiendo,
entendemos (y también es digno de reconocer) que el Gobierno español ha
iniciado un proceso, como muy bien ha explicado el Subsecretario (esa
parte sí estaríamos dispuestos a asumirla), pero en lo que no vamos a
bajar la guardia es en que se alegue, como el mismo Subsecretario ha
dicho, que no existe base legal para el adelanto de indemnizaciones. Sí
es verdad que en su momento el Gobierno francés, ante una situación
similar, adoptó el adelanto de indemnizaciones a sus camioneros y que hay
una sentencia, pero, como muy bien ya se ha dicho, y por no volver a
reiterarlo, no tiene nada que ver con el tema de que estamos tratando.
Por eso nos parece que es una justificación para eludir el compromiso del
Gobierno español ante el impago de indemnizaciones.
No decimos que se adelanten las indemnizaciones al día de hoy, porque eso
sería injusto, pero, en caso de impago, sí pediríamos --así se lo hemos
hecho llegar al Grupo Popular-- que, de alguna manera, el Gobierno se
moje y se implique en caso de impago a una fecha, que también se la hemos
dado, para ir más allá. No se trata de traer una proposición no de ley o
una enmienda donde se siga exigiendo, porque eso vacía de contenido
totalmente nuestra proposición. La verdad es que la mesa de
comercialización, todo el sector, los exportadores, nos han hecho llegar
que de alguna manera quieren tener una garantía jurídica que pudiera
avalar algo más allá de lo que es exigir.
Por eso mantenemos nuestra proposición no de ley, anunciamos el apoyo a
la del Grupo Mixto y rechazamos la enmienda del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, existen dos enmiendas presentadas
respectivamente a cada una de las proposiciones no de ley, tanto del
Grupo Parlamentario Mixto, señor Chiquillo, como del Grupo Parlamentario
Socialista.
Para la defensa de ambas enmiendas, tiene la palabra el señor Pascual,
del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PASCUAL MONZO: Señorías, nos encontramos debatiendo sobre un
tema que por desgracia se hace harto repetitivo, sobre todo en territorio
francés por unos motivos o por otros.
Desde el Grupo Parlamentario Popular es de agradecer la buena voluntad y
la preocupación que existe en los distintos grupos parlamentarios del
Congreso ante distintas iniciativas de proposiciones no de ley, preguntas
orales sobre este tema, porque evidentemente al Grupo Parlamentario
Popular, y, sobre todo, lo que es más importante, al Gobierno
español, es un tema que le ha preocupado muchísimo, y se ha volcado en
intentar solucionar, de la forma más rápida y más justa posible, las
reclamaciones de los sectores afectados por la huelga de camiones del
pasado mes de noviembre.
Ahora debatimos dos proposiciones no de ley, una del Grupo Parlamentario
Mixto, de Unión Valenciana, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de
Unión Valenciana, como he dicho antes, la intención es buena, aunque en
la forma de redactarla creemos que es un poco improcedente, porque ya en
la exposición de motivos se utilizan argumentos un tanto
desproporcionados, que no parece que contribuyan al fin que se pretende,
el resarcimiento por la Administración francesa de los daños sufridos por
los operadores durante la huelga de transportistas franceses, al no
reflejar la realidad en sus límites precisos que puedan dificultar la
satisfacción de las reclamaciones presentadas, porque ya la exposición de
motivos, señorías, discrimina entre los afectados por la huelga por razón
de su nacionalidad, y las autoridades francesas, señorías han asegurado
que, no harán distinciones entre franceses, españoles o ciudadanos de
otros países comunitarios en la satisfacción de las reclamaciones. Hay
que recalcar que esto se da por primera vez en este tipo de sucesos, y
así lo ha exigido también el Gobierno español.
Se refiere también a actos vandálicos repetidos contra productos
españoles, cuando no hay constancia de que, en este caso o en esta
ocasión, haya sido así, porque no ha sido un ataque a productos
hortofrutícolas españoles, como otras veces, sino que ha sido una huelga
que paralizó todo el tráfico por carretera en el país vecino de Francia.
Se refiere también, señorías, injustificadamente a la pasividad de las
autoridades francesas y españolas, y precisamente en esta ocasión esto no
es exacto. El Gobierno español, desde el principio de la huelga, ya
significó al Gobierno francés, por un lado, la tremenda preocupación por
los perjuicios que se estaban causando a los intereses españoles y, por
otro lado, el total apoyo a todos los españoles afectados en sus justas
reclamaciones.
Ya desde el principio el Gobierno francés respondió explicando claramente
las vías de reclamación posibles y el Gobierno español las ha difundido
de la forma más amplia posible, tanto entre las comunidades autónomas
españolas, como entre las asociaciones afectadas o los individuos que lo
solicitaban.
En cuanto al texto de la proposición no de ley, que se divide en tres
apartados, en el primero se dice que el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno español a que exija ante las autoridades competentes del
Gobierno francés el abono, en concepto de indemnización, de los daños y
perjuicios producidos por las exportaciones españolas. Hay que decir que
el Gobierno ya ha hecho llegar reiteradamente a las autoridades francesas
su posición, y éstas están respondiendo satisfactoriamente. Desde que se
presentó la proposición no de ley, el 9 de diciembre, a la fecha actual,
el Gobierno español se ha adelantado y está en ello. Por tanto, no es
necesario el primer punto.
Tampoco es necesario el segundo punto, en el que se insta al Gobierno del
Estado a la asunción, dirección y coordinación de las reclamaciones a
realizar al Estado francés, porque eso ya lo ha hecho el Gobierno
español. Como he dicho antes, está asesorando a todos los afectados y
apoyando sus reclamaciones.
El segundo apartado del punto dice: «Asumir el pago avanzado de las
indemnizaciones mientras se gestionan las mismas ante el Estado francés».
Ya ha dicho antes el proponente, y ha explicado el Secretario de Estado,
que hay un precedente de un caso similar donde el Gobierno francés
adelantó indemnizaciones a sus afectados franceses, y hay una sentencia
que condena al Gobierno francés por dar estas indemnizaciones, ya que se
consideran subvenciones. No vamos a entrar, porque creo que no es el
momento adecuado, en si es por causa del mismo o de otro país. De hecho
se consideran subvenciones y, por tanto, atentan contra los principios de
la Unión Europea. No creo que sea lógico ni sensato que el poder
Legislativo, como es el Congreso de los Diputados, inste al Gobierno
español a cometer presumiblemente una ilegalidad ante la Unión Europea.
Tampoco esto es de recibo.
El tercer punto es instar al Gobierno español para que exija de la Unión
Europea la adopción de medidas reglamentarias y legislativas que
posibiliten que el ejercicio de derechos individuales o colectivos de los
ciudadanos de uno o varios Estados miembros no pongan en peligro las
libertades y los derechos de los ciudadanos de todos los Estados miembros
de la Unión Europea. Esto lo recogemos tácitamente en la enmienda que
hemos presentado a esta proposición no de ley, que es la misma del Grupo
Socialista. Asimismo, la viabilidad de crear dos corredores de interés
europeo prioritario también está recogido en nuestra enmienda de forma
más amplia, porque no lo circunscribimos a esta solución, sino que el
derecho de libre tránsito puede ser ésta u otra solución, no debemos
limitarnos sólo a una.
Dada la importancia de los daños, como han citado ya los proponentes, en
el Consejo de Ministros de Transportes del pasado mes de diciembre, la
Secretaria de Estado de Francia indicó las medidas que se estaban
llevando a cabo, dando instrucciones claras a los prefectos para que
recibiesen las reclamaciones a realizar por los diferentes transportistas
afectados de forma individual, además de incluir los datos de las fechas,
los efectos causados y todo lo que los reclamantes considerasen
pertinente. También indicó que el procedimiento más rápido y sencillo era
la presentación de reclamaciones de forma individual, dado que, de
hacerlo de forma colectiva a través de los gobiernos, sería más
complicado, por la necesidad de comprobar una a una desde el gobierno
central las reclamaciones.
Por parte de los países afectados se solicitó de Francia que diera una
rápida consideración a las reclamaciones y que se redujera en lo posible
la burocracia. Además, España pidió la adopción de medidas reglamentarias
por parte de la Unión Europea, para paliar, en la medida de lo posible,
las consecuencias de este tipo de situaciones cuando se produzcan.
Debería establecerse algún tipo de servicios mínimos o itinerarios
alternativos.
Posteriormente, el Gobierno francés está respondiendo positivamente a la
preocupación, reiteradamente manifestada en distintas reuniones tanto por
el Ministro español de Asuntos Exteriores, don Abel Matutes, como por el
Secretario de Estado, don Ramón de Miguel, sobre la repercusión y daños
de la pasada huelga de camioneros. En esta ocasión se nos han indicado
rápidamente los fundamentos legales internos y la vía que debían de
seguir los españoles afectados, como acabo de citar, para presentar sus
reclamaciones. Por primera vez, señorías, y es lo más importante, se
reconoció inmediatamente por parte de Francia que no se discriminaría
entre los daños producidos por franceses y españoles, cuando en el
precedente de 1992 no fue así y se discriminó totalmente a los afectados
españoles. Por primera vez, repito, el Gobierno francés asume su
responsabilidad de hacer frente a los daños.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la embajada en París, de
los consulados de la nación en Francia y de los servicios centrales, ha
seguido muy de cerca los acontecimientos y preocupaciones de los
operadores españoles, asistiéndoles eficazmente y proporcionándoles toda
la información necesaria para efectuar las correspondientes reclamaciones
ante las autoridades francesas. Se ha reaccionado con una prontitud y
atención no igualada por otras administraciones europeas, según se ha
reconocido por estas mismas administraciones, incluso por los sectores
más afectados, como los transportistas y productores. Asimismo, de forma
coordinada con el Ministerio de Fomento, como he dicho antes, se ha
distribuido la máxima información para efectuar las reclamaciones entre
las comunidades autónomas, las asociaciones de transportistas y
asociaciones de productores agrícolas, que han sido, como muy bien saben,
los más afectados, así como entre los particulares.
Por tanto, la misma proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, que tuvo su razón de ser el día 17 de diciembre de 1996, hoy,
a 19 de febrero de 1997, creemos que ya se ha asumido, porque instar al
Gobierno español para que exija a la República francesa el pago de
indemnizaciones por los daños ya se está haciendo, y aquí está la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Siguiendo con el segundo punto de la proposición no de ley, se dice: ...
así como en caso de demora de los pagos adelante el importe de las
mismas; es decir, que el Gobierno español adelante a los afectados el
importe de los daños de sus reclamaciones. En este punto ha hecho mucho
énfasis la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de lo cual me he
extrañado, no sólo por presentarlo el Grupo Socialista, sino por la
encendida defensa, repito, que ha hecho la Diputada. Me gustaría saber
cuántas veces, en casos análogos anteriores, el Gobierno socialista de
este país durante trece años ha adelantado indemnizaciones a los sectores
afectados españoles. Nunca ha dado ese ejemplo, y me parece del mayor
cinismo que ahora ponga tanto énfasis exigiendo al Gobierno del Partido
Popular lo que ellos no han hecho cuando han tenido varias ocasiones para
haber dado ejemplo.
Termino, señorías. Espero que tanto el Grupo Parlamentario Socialista
como el Grupo Parlamentario Mixto, Unión Valenciana, acepten la enmienda
que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en la que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno español para que continúe exigiendo al
Gobierno de la República francesa el pago de las indemnizaciones por los
daños y perjuicios ocasionados en las exportaciones españolas como
consecuencia de la huelga de camioneros franceses del pasado mes de
noviembre, y para que las autoridades francesas garanticen el derecho de
libre circulación en el territorio.
Si me lo permite, señor Presidente, a este segundo y último punto de
nuestra enmienda me gustaría presentar una enmienda in voce,
modificándola sustancialmente, porque parece que así lo ha pedido el
Grupo Parlamentario Mixto para poder aceptarla. En vez de decir: «... y
para que las autoridades francesas garanticen el derecho de libre
circulación en el territorio», diríamos: «... y para que las autoridades
francesas y europeas garanticen el derecho de libre circulación en el
territorio de la Unión Europea».
Invito a los demás grupos a que acepten nuestra enmienda porque es
importante que de cara a Francia y a los sectores afectados se vote por
unanimidad y se dé una imagen de unidad por parte del Congreso de los
Diputados, y así conseguir de la forma más rápida y más justa posible las
indemnizaciones a las que tienen derecho nuestros sectores afectados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente.
O me he expresado mal o me ha entendido mal el portavoz del Grupo
Popular. Respecto al tercer punto de nuestra proposición no de ley,
cuando hablaba de la posibilidad de que se estableciera en la Unión
Europea un planteamiento desde España, he hablado de que se respete el
ejercicio de los derechos individuales, el libre tránsito, etcétera, y le
recriminaba porque en la segunda parte de su enmienda se hablara de las
autoridades francesas, ya que se podía hablar de todas las autoridades de
los países de la Unión Europea. Eso no llevaba implícito mi apoyo y tengo
que manifestar mi posición en este momento para que conste en el «Diario
de Sesiones». Mantengo el texto íntegro de la proposición no de ley. No
acepto la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular por
cuanto entiendo que reclama lo obvio. Su planteamiento está perfectamente
recogido en el mío original, que va más allá. Vista la intervención del
portavoz del Grupo Popular, creo que no ha habido voluntad de aceptar
ninguno de los planteamientos del proponente, en este caso del Grupo
Mixto, Unión Valenciana. (La señora Salinas García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Salinas, tiene la palabra.
La señora SALINAS GARCIA: Señorías, hablo para reiterar mi postura
anterior y por una pequeña alusión.
Me duele bastante, sobre todo para los Diputados nuevos que llegamos al
Congreso con ilusión y ganas de mirar
hacia adelante, que siempre que se presente una proposición, con
entusiasmo o sin él --le agradezco que diga que con entusiasmo-- salga lo
del cinismo. No sé cómo se hace aquí oposición. Ahora está gobernando el
Partido Popular, y entendemos que si hay que tomar una medida tienen que
ser ellos los que lo hagan. Les pediría que no miraran más hacia atrás y
tuvieran en cuenta su responsabilidad.
Nada más. No podemos aprobar esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, tenemos dos
proposiciones no de ley a las cuales el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado sendas enmiendas que no han sido aceptadas, de manera que los
textos correspondientes serán sometidos a votación en el momento
oportuno. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.)
Señor Recoder, ¿qué desea?
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, pido la palabra para fijar
nuestra posición respecto de las proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Estas proposiciones no de ley afectan a un
tema grave, que es la situación que se vivió como consecuencia de la
huelga salvaje del sector del transporte francés el pasado mes de
noviembre, con unas repercusiones muy importantes en algunos sectores
productivos españoles, porque Francia es un país que tiene una situación
estratégica en Europa y es de obligado paso en nuestras exportaciones.
Es obvio, así ha sido reconocido, que existe una responsabilidad del
Estado francés en tanto en cuanto no fue capaz de garantizar el derecho
comunitario a la libre circulación de personas y mercancías, y en ese
sentido se ha iniciado la exigencia a dicho Gobierno de responsabilidades
por el incumplimiento de estas obligaciones comunitarias.
En ese sentido, nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en lo que
manifiestan ambas proposiciones no de ley en la vía de que se exija al
Gobierno francés el cumplimiento de sus obligaciones, de sus
responsabilidades. También que se asuma por parte del Gobierno español la
función de coordinar y dirigir las reclamaciones de los afectados
españoles: transportistas, industriales y agricultores españoles sobre
todo. Pero habiendo escuchado la intervención del señor De Miguel
anteriormente en esta Comisión respondiendo a una pregunta que se le ha
formulado al efecto, si no recuerdo mal por el señor Peralta, tenemos
serias dudas sobre la legalidad de otro punto comprendido en ambas
proposiciones no de ley, como es el hecho de que el Gobierno español
adelante las indemnizaciones que todavía no han sido pagadas por el
Gobierno francés.
En último lugar, podríamos manifestar nuestro acuerdo con un aspecto que
se incluye en la proposición no de ley del señor Chiquillo, matizada por
la transacción del Grupo Parlamentario Popular, como es encontrar una vía
para que desde Francia, y especialmente desde la Unión Europea, se pueda
garantizar que en situaciones similares, ante la posible repetición de
huelgas similares --cosa que es absolutamente posible que pueda suceder
dada la arraigada tradición que existe en Francia de huelgas y de
acciones salvajes--, pueda ser garantizada la libertad de circulación por
parte de la Unión Europea.
Quiero terminar mi intervención subrayando que existe un aspecto que nos
parece que difícilmente puede ser apoyado por nuestro grupo
parlamentario, como es la exigencia del adelanto de las indemnizaciones.
El señor PRESIDENTE: Repito que en el momento oportuno, en cualquier caso
no antes de la una, cuando se someta a votación este tema, serán
sometidas a votación las dos proposiciones no de ley en sus textos
originarios, por haber sido rechazadas por sus autores las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
--RELATIVA A LA SITUACION DE LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000309.)
El señor PRESIDENTE: Hemos solventado los puntos 8 y 9 del orden del día.
Pasamos al punto número 10, proposición no de ley relativa a la situación
de la democracia, los derechos humanos y las libertades, cuyo autor es el
Grupo Socialista del Congreso.
El señor Estrella tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El año próximo, 1998, será el cincuenta
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para quienes
gustan de recordar efemérides, esto quizá pueda ser importante. Para el
Grupo Socialista puede ser una magnífica ocasión de dar un paso adelante
en ese proceso en el que nuestro país, desde la instalación de la
democracia, ha venido avanzando como país en el que se respetan los
derechos humanos y como país que tiene un firme compromiso con ese
respeto a los derechos humanos.
Estos derechos humanos no pueden entenderse simplemente como un derecho
genérico, sino que deben ser defendidos allí donde se producen las
violaciones de los mismos. En algunas ocasiones hemos escuchado en la
Cámara, en esta Comisión, en el Pleno, decir que la política exterior de
España, la de este Gobierno y la de gobiernos anteriores, está inspirada,
entre otras cosas, por la defensa de los derechos humanos. La proposición
no de ley que presentamos pretende que demos un paso más y que el
Gobierno remita a la Cámara anualmente un informe donde se recoja la
situación de los derechos humanos en el mundo --decimos--, pero debe
entenderse en unos países concretos del mundo. Pensamos que esto no puede
hacerse de la noche a la mañana, y comprenderíamos que fuese un proceso
gradual donde, por ejemplo, el primer informe del año 1998 contemplase
los cincuenta países con los que España mantiene una mayor relación
comercial.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, si es que no ha desaparecido en
esa orgía de sustitución de direcciones generales por asesores, existía y
debe existir una oficina de derechos humanos, que es el órgano idóneo
para realizar esta misión. Ello nos permitiría dotarnos, al Ejecutivo y
al Legislativo, de un instrumento para conformar las políticas, para
inspirar una acción exterior, para impulsar una defensa de valores y
principios universalmente reconocidos en la Declaración de Derechos
Humanos.
Existen diversos informes de esta naturaleza, realizados en algunos casos
por organizaciones no gubernamentales y en otros casos por gobiernos, y
hace muy pocas semanas el Consejo de Europa acordaba reclamar también un
informe de esta naturaleza. Pretendemos que ese informe sea la expresión
de la posición del Gobierno de España y que, debatido ese informe por la
Comisión de Asuntos Exteriores, sea también la expresión de la posición
del Parlamento español como reflejo de la soberanía nacional.
No voy a hacer referencia a los incontables casos que puede encontrar uno
cuando va revisando los informes que recogen las violaciones de los
derechos humanos, y que se refieren, en algunos casos, a ejecuciones, a
torturas, a desapariciones, a detenciones sin juicio, a mantenimiento y
aplicación de la pena de muerte. Es importante señalar que nuestro país
figuraba en 1996, en los informes relativos al año 1995, como un país que
había dado un paso adelante con la supresión y la abolición de la pena de
muerte, que quedaba como un residuo en nuestra Constitución para casos de
guerra.
Hay que resaltar que de una manera creciente organizaciones
internacionales de las que España es parte, como la Unión Europea, están
incorporando a sus instrumentos de relaciones con terceros países,
llámese Convención de Lomé, llámese acuerdos Euromediterráneos o acuerdos
bilaterales de España con algunos países de América Latina o el Magreb,
la defensa de los derechos humanos como uno de los elementos que deben
inspirar la relación de cooperación entre esos países.
No se trata aquí de establecer un mecanismo de condicionalidad
automática, sino de conseguir introducir un elemento, un acicate para que
en esos países con los que nuestro país, individual o colectivamente,
mantiene relaciones, se profundice en la relación de la defensa de los
derechos humanos.
El Gobierno es el que tiene la capacidad política, pero sobre todo
técnica, para recopilar la información, para determinar las situaciones y
para evaluar. El Parlamento es el que tiene la autoridad y la capacidad
de darle una proyección, una expresión en representación del pueblo
español. Se trata, quizá también, de una experiencia de colaboración, de
adopción de una posición común bien definida, donde Legislativo y
Ejecutivo se manifiesten de una manera clara.
A lo largo de ésta y de pasadas legislaturas, en ocasiones se ha
solicitado del Gobierno, mediante los instrumentos de control, una
expresión de la posición del mismo ante la situación de los derechos
humanos en determinados países. Este Diputado que les habla, en esta
legislatura, ha presentado al Gobierno tres preguntas sobre la situación
de los derechos humanos en tres países concretos, y quiero decir que el
Gobierno ha respondido con extensión y con compromiso a esas preguntas.
Se trataría de realizar lo mismo de una manera codificada, de una manera
incluso más simplificada y, por tanto, de aumentar también el peso y el
grado de compromiso que España tiene en la defensa de los derechos
humanos.
El señor PRESIDENTE: No habiendo enmiendas presentadas a esta proposición
no de ley, invito a los grupos parlamentarios que así lo deseen a tomar
la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, el tema que nos plantea el
señor Estrella no es una cuestión baladí. Es obvio que el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales deja mucho que desear en
partes muy importantes del planeta, y hoy mismo, en los sucesivos debates
que se han producido en el seno de esta Comisión, se han planteado, que
yo recuerde, tres situaciones de países con los que el Estado español
mantiene unas relaciones preferentes, muy especiales, sean de tipo
económico o sean relaciones muy influenciadas por una vinculación
sentimental, como puede ser el caso de Guinea Ecuatorial, como puede ser
el caso de Cuba o como puede ser el caso de Timor, ocupado por Indochina,
donde se han puesto de manifiesto, repito, situaciones de un grave
déficit de los derechos humanos.
Ahora bien, hecho este preámbulo, a nosotros nos parece que la propuesta
que realiza el señor Estrella, al cual debo felicitar por la buena
intención y por la buena voluntad que se esconde tras la misma, en cierta
forma creo que es innecesaria y de muy difícil cumplimiento. Es
innecesaria porque lo que nos pide el Diputado, señor Estrella, ya hay
otros organismos que lo realizan, tanto instituciones como pueden ser las
Naciones Unidas, como organizaciones no gubernamentales que han adquirido
un gran prestigio elaborando informes de este tipo, cual es el caso de
Amnistía Internacional; pero no sólo las Naciones Unidas y Amnistía
Internacional realizan esta actividad, también ponía de manifiesto en su
intervención que el Consejo de Europa ha tomado recientemente la decisión
de elaborar un informe de este tipo, centrado única y exclusivamente en
los 40 países que lo integran, en los cuales también se observan déficit
de respeto a los derechos humanos, y quiero resaltar muy especialmente,
porque es un país que tiene una presencia muy importante en el Consejo de
Europa, el caso de Turquía.
Por tanto, repito, en primer lugar, creo que lo que se nos pide en esta
proposición no de ley ya se está realizando. En segundo lugar, creo que
es de difícil cumplimiento. No sé cuánta gente ni qué medios ni qué
personal exactamente puede poner el Ministerio de Asuntos Exteriores a
disposición del cumplimiento del objeto de esta proposición no de ley,
pero estaremos todos de acuerdo en que si hay que hacer un informe de
este tipo, hay que hacerlo bien; hay que hacerlo situándose sobre el
terreno, haciendo consultas, indagando, hablando con los implicados, con
los denunciantes
de las situaciones de violación de los derechos humanos, con las
autoridades de los países que puedan ser objeto de estas denuncias,
etcétera. No se puede hacer un informe de este tipo a base de recopilar
datos de los informes que vienen realizando otras instituciones u otras
organizaciones no gubernamentales, porque, si no, poca cosa aportaríamos.
En consecuencia, nos parece que es de muy difícil cumplimiento.
Lo que sugeriría nuestro grupo parlamentario quizá quede alejado del
ánimo del Grupo Parlamentario Socialista, pero, en cualquier caso,
sugiero que si no lo pueden o no lo quieren admitir como una propuesta
transaccional, presenten una proposición no de ley en esta dirección; si
no, nosotros estaríamos dispuestos a presentarla o a suscribirla con
otros grupos parlamentarios. Lo que sugerimos es que esta Comisión de
Asuntos Exteriores acordara la celebración, con carácter anual, de un
debate en su seno sobre la situación de la democracia, derechos humanos y
libertades fundamentales, sobre la base de aquellos informes que elaboran
las Naciones Unidas, que elabora Amnistía Internacional, que elaboran
otras instituciones u ONG de reconocido prestigio sobre el tema. Y además
que en este debate se dedicara una atención muy preferente a aquellos
países con los que el Estado español mantiene relaciones políticas o
económicas especiales. Es una derivación de lo que se plantea exactamente
en esta proposición no de ley que, repito, si el Grupo Socialista
quisiera admitirla, nuestro grupo parlamentario estaría encantado de que
su propuesta llevara a algún acuerdo constructivo. Es una idea que se nos
surge al hilo de la proposición no de ley, que creemos que sería positiva
y que aportaría un debate, repito, en el seno de esta Comisión que seguro
que tendría sus frutos y, además, podría servir para que tomáramos
decisiones e hiciéramos propuestas en relación a la política
internacional que realiza el Estado español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Señor Presidente, la proposición no de ley que
hoy plantea el Grupo Socialista, relativa a la democracia, a los derechos
humanos y a las libertades, está basada en tres conceptos que van
íntimamente unidos y que son principios recogidos en nuestra
Constitución. Nosotros entendemos que cualquier acción de Gobierno debe
estar presidida por estos ejes fundamentales, y especialmente en lo que
se refiere a política exterior española.
El Partido Popular compareció en unas elecciones generales en 1996 con un
programa electoral en el que se recogían puntos que dicen: España es una
nación democrática, con un sistema político basado en el respeto a las
libertades fundamentales de la persona y en el Estado de Derecho. La
política exterior española se basará en la defensa de los derechos
humanos y tendrá como objetivo básico la consecución de un orden
internacional basado en la paz, en la libertad, en la democracia, en el
respeto a las normas del Derecho Internacional y en la satisfacción de
las necesidades materiales elementales del conjunto de la humanidad.
Siguiendo precisamente este programa electoral, y en su cumplimiento, el
Ministro de Asuntos Exteriores compareció en esta Cámara, precisamente en
esta Comisión, por primera vez hablando de las líneas maestras de la
política de su Departamento, y decía que, en consonancia con sus sólidos
fundamentos democráticos, España se encuentra firme e inequívocamente
comprometida con la defensa y promoción del respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Asumimos y reafirmamos
solemnemente este compromiso. Por tanto, está claro cuál es la postura
del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Partido Popular en materia de
defensa de derechos humanos, libertades y democracia.
En definitiva, en su intervención el Ministro dejó bien claro que el
primer objetivo general de nuestra política exterior se centra en la
defensa de un orden internacional basado en la protección de los derechos
humanos, en la democracia y en las libertades. Además, según anunció el
Ministro de Asuntos Exteriores, en política de cooperación al desarrollo
se promoverá la democracia y el respeto a los derechos humanos en
Iberoamérica y en el norte de Africa. Además, estos puntos están
recogidos en el informe sobre las líneas generales de la política
española de cooperación al desarrollo, aprobado por el Pleno de esta
Cámara en noviembre de 1992.
Es muy claro que todos los grupos parlamentarios apoyan la defensa de
estos tres principios fundamentales. No creo que nadie lo ponga en duda,
pero yo quisiera explicar aquí por qué razón el Grupo Popular no va a
aceptar la imposición al Gobierno de un compromiso tan concreto como es
éste, ya que consideramos que el Grupo Socialista no pide un informe
sobre la acción del Gobierno en estas materias, sino que pide un análisis
sobre la situación mundial en materia de derechos humanos. Ya sé que no
les gusta a ustedes que se les recuerde que han gobernado durante catorce
años en este país... (Varios señores Diputados: ¡Sí nos gusta! ¡Sí nos
gusta!), pero es necesario decirlo y recordarlo porque si ustedes son
sensatos, yo estoy segura de que tienen que convenir conmigo que si
hubiesen visto posibilidades y viabilidad a la realización de estos
informes, lo hubiesen hecho. Sin embargo, cuando gobernaron, que
defendieron los derechos humanos exactamente igual que lo hace ahora el
Gobierno del Partido Popular, no fueron capaces de realizar estos
informes. (El señor Yáñez-Barnuevo García: ¡Dejamos alguna cosa para
vosotros!)
Si consideran que hoy es necesario este informe, también debería haberlo
sido durante los catorce años en los que ustedes gobernaron, y no lo han
hecho. No lo han hecho porque son conscientes de que es irrealizable.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Para hacerlo...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, escuchen a la señora
Castro, que tiene cosas que decir.
Señora Castro, continúe, por favor.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor Presidente.
Para hacerlo deberíamos dotar a cada una de nuestras embajadas de
personal diplomático encargado específicamente de hacer el seguimiento de
la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países en
los que nuestra misión estuviera acreditada. Además, se debería de dotar
al ministerio de una infraestructura de la que carece; asimismo, para el
procesamiento de datos recibidos y elaboración del informe, debería
contar con una serie de funcionarios cualificados y dedicados única y
exclusivamente a ese cometido.
De elaborarse ese informe en España, la insuficiencia de estos medios a
los que acabo de hacer mención daría lugar a un texto que, con toda
probabilidad, no podría reunir la calidad debida ni las necesarias
garantías de rigor. Ello podría conducir a afirmaciones discutibles sobre
la situación en países determinados en una cuestión tan delicada como el
respeto de los derechos humanos. De hecho, ningún país de la Unión
Europea con medios similares e incluso superiores a los nuestros, como
pudiera ser Francia o Inglaterra, lo llevan a cabo por las mismas razones
que nos impiden hacerlo a nosotros. Independientemente de otras
instituciones y organismos que se han mencionado como pueda ser el
Consejo de Europa o Amnistía Internacional, sólo el Departamento de
Estado de los Estados Unidos elabora un informe como el que se contiene
en esta proposición no de ley. Puedo enseñarles, por ejemplo, el de los
países del Magreb, que ha realizado el Consejo de Estado de los Estados
Unidos. Es un trabajo exhaustivo de 44 páginas que, francamente, me
gustaría que conociesen para que vieran de qué temas estamos tratando y
la seriedad que tiene este asunto que ustedes plantean.
En esos trece años ustedes no han llevado a cabo este trabajo, y lo que
no deben pretender ahora es que, amparándose en la defensa de los
derechos humanos, el Partido Popular lleve a cabo algo que es francamente
irrealizable, como ustedes bien saben.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, quiero anunciar el voto en contra
de mi grupo no sin antes decir también que nosotros apoyaríamos
iniciativas puntuales como las que se han planteado en esta Cámara en
otras legislaturas, para solicitar un informe al ministerio sobre la
situación de los derechos humanos, libertades y democracia en algún país,
pues sabemos que estamos capacitados para llevar a cabo este tipo de
iniciativas.
El señor PRESIDENTE: El señor Estrella tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, voy a intervenir con
rapidez. El señor Recoder ha hecho una propuesta in voce, la tomaremos en
consideración para el futuro ya que no se nos dejan otras vías. También
ha hecho otra propuesta la señora Castro al objeto de considerar casos
puntuales. Ese es un derecho que nos asiste y que de hecho lo estamos
ejerciendo a través de las preguntas.
Y termino. A lo largo de los últimos catorce años sí se ha hecho esa
labor que nosotros pedimos ahora que se traslade al Parlamento, porque
ésa y no otra ha sido la función primordial de la oficina de derechos
humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque cuando los
embajadores remiten sus informes al Ministerio de Asuntos Exteriores
informan sobre la evolución de la economía en cada uno de los países
donde están destinados, sobre la situación política y sobre los derechos
humanos. Y para un Gobierno que alardea de que un eje de su política va a
ser tener las puertas de las representaciones diplomáticas abiertas a la
oposición, es una oportunidad inmejorable para conocer los casos de
violaciones de derechos humanos que en muchas ocasiones son precisamente
de inspiración política. Hay medios para hacerlo, por nuestra parte hay
voluntad de que se haga de una manera gradual, de que se haga en función
del volumen de comercio de nuestro país y que no tenga que ser un primer
informe que cubra todos los países, pero parece que no hay voluntad por
parte del Grupo Popular y, en este caso tampoco, por parte del Grupo
Catalán. Lo lamentamos y mantenemos la proposición.
El señor PRESIDENTE: Es la una y diez de la tarde en este momento. De
acuerdo con el anuncio que realicé, vamos a ir procediendo a las
votaciones de las proposiciones no de ley en los términos que en su
momento describí, con el ruego de que, si las señoras y los señores
diputados me prestan atención por un ratito podamos proceder
ordenadamente a la realización de esas votaciones.
Previamente tengo que informar de algunas sustituciones que se han
producido por parte del Grupo Parlamentario Popular: don José Ramón Calpe
sustituye a don Eugenio Enrique Castillo Jaén; don Ramón Moreno sustituye
a don Guillermo Gortázar Echeverría; doña María Teresa de Lara sustituye
a don Guillermo Martínez Casañ; don Fernando Fernández Trocóniz Marcos
sustituye a don Alejandro Muñoz-Alonso y Ledo; don Francisco Camps, a don
Gabino Puche Rodríguez-Acosta, y don José Ramón Pascual, a don Alfonso
Soriano Benítez de Lugo. Por el Grupo Socialista, doña Isabel Salinas
sustituye a don Pedro Moya; don Pedro Jover sustituye a don Lluís María
del Puig, y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
doña María Carme Solsona sustituye a don Ignasi Guardans.
El señor Yáñez tiene la palabra.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Aparte de las sustituciones anunciadas
por el señor Presidente, comunico otras dos más: don Alfredo Pérez de
Tudela sustituye a don Miguel Angel Martínez y doña Elvira Cortajarena
sustituye a don Felipe González.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Con esas sustituciones vamos a ir
procediendo a las votaciones.
En primer lugar, vamos a la proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a remitir la causa del secuestro y asesinato de don Carmelo
Soria y Espinosa, ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas, al
Tribunal Internacional de La Haya. Como saben ustedes, el Grupo
Parlamentario Popular había presentado una enmienda por la que donde se
dice «la justa reparación», se sustituya por
«la justa solución», y al mismo tiempo se mencionará que el 23 de agosto
de 1996 es la fecha.
El señor PRESIDENTE: El señor Robles tiene la palabra.
El señor ROBLES FRAGA: Entiendo que, al no incluirse dentro de la
proposición no de ley la remisión de la causa al Tribunal Internacional
de La Haya, habrá que buscar un título de la proposición no de ley que no
desmienta su contenido.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe. Eso lo harán los servicios de la
Cámara. De lo que queda constancia es que se somete a votación la
enmienda de modificación que ha sido propuesta por el Grupo Popular y
aceptada en los términos que acabo de describir por el grupo proponente.
En esos términos, señoras y señores Diputados, votamos la proposición no
de ley con la inclusión de dicha enmienda.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre
cumbres iberoamericanas.
Existía un texto originario del Grupo Popular que da lugar al debate. A
ese texto se ha propuesto --ése es el resultado del debate habido-- la
supresión del punto quinto y un añadido en el punto cuarto, de manera que
se leyera: Señalar que la Comunidad Iberoamericana de Naciones deberá
realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para afirmar la democracia en
Iberoamérica y sus procesos de transición pacífica pendientes. Así como
un añadido, procedente del Grupo Socialista, en el punto séptimo, en
donde se leería: Señalar que la apertura económica y la libertad de
comercio, la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico y social
sostenido y sostenible... Este sería el texto sometido a votación.
Con esas alteraciones, se somete a votación el texto así descrito.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos, a continuación, a la votación de la proposición no de ley sobre
reclamación de las indemnizaciones al gobierno francés por los daños y
perjuicios producidos en las exportaciones españolas con motivo del
bloqueo ocasionado por la huelga de transportistas franceses, así como
creación de dos corredores de interés europeo prioritario, presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto, señor Chiquillo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre indemnizaciones a
los perjudicados por la huelga de transportistas en Francia, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, pasamos a votar la proposición no de ley incluida en el punto
décimo del orden del día, relativa a la situación de la democracia, los
derechos humanos y las libertades.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señoras y señores Diputados, no es habitual que los presidentes de las
Comisiones se pronuncien sobre el sentido de las votaciones y no lo voy a
hacer. Lo que sí quería decirles es que, sin pronunciarme sobre el fondo
de las cuestiones, a mí me gustaría, y seguramente a toda la Mesa, que en
el futuro tuviéramos un poco más de cintura para que, en temas que
afectan de una manera bastante clara a intereses generales del Estado,
pudiésemos encontrar acuerdos que no revelaran mayorías y minorías o
disentimientos. Lo digo simplemente como manifestación genérica, sin
referirme a nadie en particular y a todos en general. Yo creo que todos
saldríamos ganando.
DICTAMENES SOBRE:
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y GEORGIA, POR OTRA, FIRMADO EN
LUXEMBURGO EL 22 DE ABRIL DE 1996. (Número de expediente 110/000079.)
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA AZERBAIYANA, POR OTRA,
FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 22 DE ABRIL DE 1996. (Número de expediente
110/000080.)
El señor PRESIDENTE: Con ello pasamos al examen y eventual dictamen sobre
los acuerdos y convenios internacionales que figuran entre los puntos 11
y 23 del orden del día.
Como les indicaba al principio de la sesión, se me ha solicitado que uno
de los puntos, concretamente el número 20, sea incluido al final de la
sesión, para lo cual no ha habido inconveniente. Se me solicita al mismo
tiempo que, por necesidades de tipo profesional y personal vario, los
puntos 22 y 23 sean considerados conjuntamente y al principio de esta
parte de la sesión. No creo que haya inconveniente
al respecto. Por tanto, con el asentimiento de las señoras y señores
Diputados, el punto 22, que es acuerdo de colaboración y cooperación
entre las Comunidades y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia,
firmado en Luxemburgo el 22 de abril de 1996; y el punto 23, que es el
acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades y sus Estados
miembros y la República de Azerbaiyán serán considerados conjuntamente. A
la Presidencia le parece que es plausible el que así se haga porque los
dos acuerdos tienen exactamente el mismo fondo y, además, se refieren a
dos países que están en la misma zona del Cáucaso. De manera que vamos a
considerarlos conjuntamente.
¿Grupo Parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Milián, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Estamos ante dos tratados que obedecen a una
misma realidad, a los cambios que se han producido en la antigua Unión
Soviética y que vienen a sustituir justamente los acuerdos de la
Comunidad Europea firmados el 18 de diciembre de 1989 con aquella gran
nación.
En este caso concreto estamos haciendo una sustitución de tratados entre
la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia y
Azerbaiyán, por otra. Son dos tratados gemelos que, por unas razones, en
un caso y en otro imponen un refrendo por parte de estas Cortes, se
entiende que tienen --y sólo me voy a referir a uno porque es equivalente
al otro-- el mismo contenido.
La negociación de esos tratados empieza en el año 1995 y culmina con un
acuerdo muy complejo, con sus cinco anexos, un protocolo, nueve
declaraciones conjuntas, un canje de notas sobre el establecimiento de
empresas y una declaración del gobierno francés. En el caso azerbaiyano
existe alguna pequeña matización, pero viene a ser exactamente el mismo
el contenido. Es un acuerdo con sus cinco anexos, un protocolo, nueve
declaraciones conjuntas, un canje de notas sobre establecimiento de
empresas y la declaración del gobierno francés.
El acuerdo tiene un carácter mixto y ha sido firmado por la Comunidad y
sus Estados miembros el 22 de abril de 1996 en Luxemburgo. Existe una
cierta complejidad de procedimiento puesto que corresponde de alguna
manera a las tres comunidades englobadas en la Unión Europea. Es decir,
los artículos 54, 57, 73, 75, 84, 113 y 235 se relacionan con el artículo
228 del Tratado de la Comunidad Europea, con el artículo 95 del Tratado
de la CECA y con el artículo 101, segundo párrafo del Tratado del
Euratom. En paralelo, ocurre lo mismo con el caso de Azerbaiyán. Es un
acuerdo muy complejo, muy ambicioso, con una serie de condicionamientos
--por ejemplo, existe una cláusula de respeto a la democracia, a los
derechos humanos y a los principios de la economía de mercado-- que
permitiría, en el supuesto de que se produjere, una suspensión unilateral
en caso de urgencia. Al propio tiempo, la duración de estos acuerdos es
de 10 años y se establece un diálogo político a partir del momento en que
produce este acuerdo. Ahora bien, estos 10 años son prorrogables
automáticamente en lo sucesivo, año tras año, salvo que por parte de uno
de los dos firmantes hubiera una denuncia con seis meses de antelación.
Esta es la estructura arquitectónica de los acuerdos. Sin embargo,
contienen un tratamiento de temas enormemente ambicioso que nos llega a
considerar su contenido. Como es el mismo, solamente me referiré a uno.
Trata del comercio de bienes; de las condiciones laborales; del
establecimiento y funcionamiento de empresas; de la prestación
transfronteriza de servicios, de pagos y capital; de la competencia; de
la protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial; de la
cooperación legislativa, económica, cultural y financiera. Como se verá,
son muy ambiciosos y, evidentemente, suponen un marco casi de convivencia
de los intereses de una y otra parte.
Para que tengamos una idea más clara, diremos que consta de 105
artículos, distribuidos en 11 títulos, relativos al diálogo político, al
comercio de mercaderías, a todo lo que acabo de decir hasta este momento
y, por supuesto, a ricos anexos y protocolos que suponen una serie de
matices y de cuestiones de interés para la Comunidad Europea y para esas
Comunidades de Estados Independientes a las que este tratado afecta
directamente.
Especificaré que, siguiendo la doctrina plasmada en otros dictámenes
anteriores sobre casos particulares como éste, afectan a temas relativos
a Kazajstán, a Kirguizistán, a Letonia, a Estonia, Lituania y Moldavia.
Este acuerdo contiene, efectivamente, disposiciones que atienden a
materias, como lo hemos explicado antes, que en el Derecho español están
reguladas por ley. Esta es la razón por la cual el Parlamento español
tiene que incidir directamente, a pesar de que el refrendo del tratado
general se corresponde con otros parlamentos de la Unión y, además,
específicamente al Parlamento Europeo.
Estamos, pues, ante un instrumento de gran valor, de gran importancia en
el establecimiento de relaciones bilaterales dentro de lo que es ya la
Unión Europea y los países ex Unión Soviética que conforman la Comunidad
de Estados Independientes.
Finalmente, este tratado se hace por procedimiento de urgencia y entrará
en vigor a partir del 1 de enero de 1997 o en la fecha posterior más
próxima posible. Obviamente, estamos en el segundo supuesto y no en el
primero.
Nuestro grupo está en condiciones de afirmar que nos encontramos ante un
instrumento de gran valor diplomático que suma enormes intereses del
mundo económico, del mundo político y del mundo cultural, puesto que se
establecen zona de diálogo permanente en cuestiones políticas, incluso
diría humanitarias, pero especialmente en aquellas que tutelan un sistema
de valores que afecta al sistema democrático de forma muy natural, un
sistema de valores que configura lo que es la economía libre de mercado.
Consecuentemente, son dos instrumentos de gran importancia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Estoy de acuerdo con el amigo Milián en que estos dos
acuerdos obedecen a una misma lógica, pero no son iguales exactamente.
Tampoco lo son los que se han firmado sobre otras zonas de lo que fue la
antigua Unión Soviética, y eso por varias razones. Primero, porque tanto
Azerbaiyán como Georgia se integran en un ámbito muy específico, que es
el caucásico, que se completa con Armenia, es un ámbito muy complejo en
el que hay situaciones todavía de gran violencia y conflictos
territoriales muy difíciles de resolver. En Azerbaiyán sigue vivo el
conflicto del Alto Karabaj, que es una gran disputa entre Armenia y
Azerbaiyán, y en Georgia siguen vivas las situaciones creadas por
movimientos de tipo secesionista, como el de Abjazia, o situaciones
complejas como la de Osetia del Sur. Por consiguiente, es una situación
complicada. Además, la diferencia es que ambos países al ser miembros de
esa zona caucásica tienen, por así decirlo, un destino distinto al de
otros países de la antigua Unión Soviética. Piénsese, por ejemplo, que
los tres países caucásicos en este momento son invitados especiales de la
Asamblea del Consejo de Europa, lo que quiere decir que, desde el punto
de vista del Consejo, se les considera a todos miembros de Europa, del
ámbito europeo estricto, cosa que no ocurre con otros.
Incluso se observa alguna diferencia interesante entre Georgia y
Azerbaiyán porque en el acuerdo con Georgia no figura para nada la
referencia al Consejo de Europa porque en aquel momento Georgia ya estaba
en situación de invitado especial. Pero en el caso de Azerbaiyán, cuando
estos acuerdos se firmaron en Luxemburgo, todavía no era ni siquiera
invitado especial y, por consiguiente, hay una cláusula en la que se
insiste, acerca de que es importante que avance el proyecto de
integración en los organismos europeos, y entre ellos se cita
explícitamente al Consejo de Europa.
Por consiguiente, son situaciones, insisto muy interesantes y nuevas.
Figuran también algunas diferencias que yo quisiera señalar. Por ejemplo,
en el caso de Azerbaiyán una de las declaraciones a la que se ha referido
el señor Milián dice explícitamente que todas las partes consideran que
este acuerdo con Azerbaiyán no implica ningún juicio sobre por qué países
deben transitar los productos energéticos. Es un tema clave para
Azerbaiyán; también lo es para Georgia, pero menos, porque las fuentes
están en Azerbaiyán. Por consiguiente, es un tema que queda abierto, que
se decidirá por otros canales, entre ellos también seguramente la
Comunidad Europea. No hace mucho que se firmó precisamente en Azerbaiyán
un gran acuerdo petrolífero, de explotación del petróleo, del gas, de los
nuevos yacimientos con las grandes compañías internacionales. Tampoco es
ajeno el hecho de que los posibles trayectos de los oleoductos y de los
gasoductos transiten por zonas que son terriblemente conflictivas
todavía. Esta cláusula no figura todavía en el acuerdo con Georgia,
porque la situación, insisto, es distinta y porque su potencial
energético es más bien de receptor que de creador.
Dicho esto, efectivamente, los acuerdos son parecidos; son comerciales,
de cooperación, de colaboración, que son la primera fase de una nueva
relación para ellos muy importante y para la Unión Europea también. Pero,
insisto, es una primera fase. No sé exactamente cuál será el desarrollo
siguiente, pero es evidente que entramos en una fase muy interesante en
la que no sólo se ventilan acuerdos comerciales sino también colaboración
en terrenos fundamentales como es el del diálogo político, por
consiguiente, el respeto a los derechos humanos, la cooperación cultural.
Sobre todo, se insiste mucho en la cooperación regional en Transcaucasia,
que es un aspecto clave para el futuro de estos países.
Es evidente que se trata de un paso adelante en un proceso muy
interesante que nuestro país debe apoyar sin ninguna clase de dudas. Por
consiguiente, votaremos a favor de su convalidación.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de esos dos
importantes acuerdos de colaboración --coincido plenamente con la
evaluación de los dos señores Diputados-- con Georgia y con Azerbaiyán
por parte de las Comunidades y sus Estados miembros.
En primer lugar, sometemos a votación el acuerdo de colaboración y
cooperación entre las Comunidades y Georgia.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación, sometemos a votación el acuerdo de colaboración y
cooperación entre las Comunidades y la República de Azerbaiyán.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CUARTO CONVENIO ACP-CE DE LOME Y ACTA
FINAL, FIRMADOS EN MAURICIO EL
4-11-95. (Número de expediente 110/000068.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto 11 del orden del
día, de acuerdo por el que se modifica el cuarto convenio ACP-CE de Lomé
y acta final, firmados en Mauricio el 4 de noviembre de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean utilizar la palabra? (Pausa.) Por el
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLEGO: Expresar que estamos ante un convenio muy
importante no es una afirmación retórica. Una de las piedras angulares de
las relaciones exteriores de la antigua Comunidad Económica Europea ha
estado constituida por los convenios de Lomé. Estos convenios, además,
han sido el marco para la cooperación entre la Comunidad Económica
Europea y los Estados de Africa, Caribe y el Pacífico.
Como consecuencia de cambios que ha habido en la política mundial, como
consecuencia también del empeoramiento de la situación económica de estos
países ACP y como consecuencia, en última instancia, del Tratado de la
Unión Europea, se llegó a la conclusión de que había que revisar estos
acuerdos de Lomé.
Para no abundar en un acuerdo muy extenso, resumiré en tres puntos
fundamentales las modificaciones más importantes que trae consigo esta
reforma de los acuerdos de Lomé. En primer lugar, se incorpora una
cláusula que permite la suspensión de la cooperación con aquellos Estados
que violen los derechos humanos o que tengan significativos déficit
democráticos; en segundo lugar, mejora las condiciones de acceso de los
países ACP al mercado comunitario; y, por último, permite flexibilizar
los mecanismos de programación de la ayuda para evitar que se bloqueen a
veces, como venía sucediendo, recursos de forma considerable.
Por estas razones, digo, vamos a apoyar la reforma de este convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Izquierdo tiene la palabra.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Se ha resumido muy bien y se ha señalado la
importancia de esta modificación del Cuarto Convenio ACP-Comunidad
Europea firmado en Lomé, y yo quería llamar la atención de SS. SS.
precisamente sobre uno de los aspectos importantes de la modificación del
cuarto Convenio de Lomé. La defensa de los derechos humanos en el mundo
es uno de los grandes éxitos en el intento de unificar la proyección
exterior de la Comunidad Europea. Precisamente el nacimiento de la
cláusula democrática se inserta en la búsqueda de dar cierta congruencia
a la acción exterior, más allá de las simples palabras.
Con independencia de la formulación jurídica de las diferentes
modalidades de cláusulas democráticas y su aplicación a través de los
acuerdos y tratados realizados en el tiempo, encuentro que la crítica a
su eficacia se ha producido en la defensa y promoción de los derechos
humanos y la democracia estriba más en la no aplicación coherente de su
condicionalidad negativa que en la bondad o no de su existencia, y no me
refiero solamente a las condicionalidades positivas de la cláusula (más
ayuda y cooperación, cuantos más esfuerzos se hagan en la promoción de
los derechos humanos), sino precisamente a las negativas, es decir, menos
cooperación o suspensión si se violan los derechos humanos. Parece claro
que también en estos aspectos la cláusula democrática ha de existir, pero
deben crearse en el futuro los mecanismos correctores necesarios para su
aplicación coherente en el marco de una política de cooperación al
desarrollo vinculada en sus objetivos y prioridades a la política
exterior y de seguridad común.
En mi opinión, éste debe ser el sentido de la cláusula democrática:
diálogo, negociación, prevención y coherencia en la aplicación de los
mecanismos de sanción son aspectos esenciales. También la claridad en las
convicciones; profundizar en las libertades individuales y sociales, en
la protección de los derechos humanos, y la democracia no puede tener
efectos contrarios. La libertad nunca será una imposición para quien no
la tiene, el miedo a la libertad suele formularse desde planteamientos
totalitarios y dirigistas, estén o no disfrazados de un paternalismo que
siempre oculta insolidaridad.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del acuerdo por el que se
modifica el Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé y Acta Final.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENIO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS (NUMERO 176 DE LA OIT),
ADOPTADO EN GINEBRA EL 22 DE JUNIO DE 1995. (Número de expediente
110/000069.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 12 del orden del día: convenio sobre
seguridad y salud en las minas (número 176 de la OIT), adoptado en
Ginebra el 22 de junio de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
La señora Castro, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
La señora CASTRO MASAVEU: Las disposiciones del presente convenio,
firmado en Ginebra el 22 de junio de 1995, llevan implícita una política
nacional coherente en materia de seguridad y salud en las minas, que debe
quedar recogida en la legislación nacional, de la misma forma que se debe
designar la autoridad competente encargada de vigilar y regular los
diversos aspectos de la seguridad y la salud en las minas. Se recogen
también en el texto del convenio las responsabilidades de los empleadores
y los derechos y obligaciones de los trabajadores y sus representantes.
Señorías, la conveniencia de ratificación de un convenio que refuerce la
seguridad en nuestras minas es evidente e imprescindible, pero yo iría
más allá e invitaría a SS. SS. a que todos los días diésemos un paso más
en este camino, quizá por una sensibilización personal con este tema, ya
que represento a una de las comunidades autónomas mineras, Asturias,
donde en tantas y tantas desgraciadas ocasiones vemos cómo la mina se
cobra la vida de uno de nuestros mineros. Por tanto, mi grupo va a dar el
voto favorable a este convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Coincido con la señora Castro en el sentido
de que todo lo que se haga en este terreno es poco, aunque se tenga una
legislación adecuada, como creo que es la legislación española. En
cualquier
caso la ratificación del convenio de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo es un paso más, es un dato
positivo, donde se recogen, como muy bien ha dicho, las responsabilidades
de los empleadores y los derechos de los trabajadores. Me parece que
conviene destacar en este expediente que hay un dictamen del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y una consulta a la CEOE y a los
sindicatos. La contestación, el dictamen del Ministerio de Trabajo
plantea que no existe ningún tipo de confrontación con la legislación
española, por tanto es perfectamente asumible por nuestra legislación.
Por último, en cuanto a la conveniencia de su ratificación, viene
avalada, si cabe, por los informes de las organizaciones sindicales, que
han respondido a la consulta y contestan en sentido positivo. Por todo lo
expuesto, el Grupo Socialista está a favor de la ratificación de dicho
convenio.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del convenio sobre
seguridad y salud en las minas, número 176 de la OIT.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CANJE DE CARTAS DEL 23 DE JULIO DE 1996 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996
CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA UNESCO RELATIVO AL SEMINARIO
INTERNACIONAL «FORO UNESCO/UNIVERSIDAD Y PATRIMONIO», VALENCIA, 2 A 10 DE
OCTUBRE DE 1996. (Número de expediente 110/000070.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 13 del orden del día: canje de cartas
del 23 de julio de 1996 y del 27 de septiembre de 1996, constitutivo de
acuerdo entre España y la UNESCO relativo al Seminario Internacional
«Foro Unesco/Universidad y Patrimonio», que se celebró en Valencia del 2
al 10 de octubre de 1996.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
La señora Balletbó, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
La señora BALLETBO I PUIG: Efectivamente, se trata de un seminario que se
organizó, en el mes de octubre de 1996, entre la citada Universidad
Politécnica de Valencia y la Unesco. En realidad sucedió en ese momento
que se produjo un canje de notas, ya que no había tiempo físico para que
se pudieran cumplir los trámites parlamentarios que requiere la
aprobación y convalidación por parte de las Cortes Generales, según el
artículo 94.1 de la Constitución. En ese sentido, se hizo pura y
simplemente ese intercambio de cartas y posponerlo a cuando se pudiera
aprobar definitivamente por las Cortes y autorizarlo. (El señor
Vicepresidente, Estrella Pedrola, ocupa la Presidencia.)
De todas formas, como eso tenía un calendario, se celebró, y lo único que
estamos haciendo en estos momentos es precisamente convalidar un hecho
que quedó aplazado, con una salvedad que se hizo, y es que el coloquio
pudiera celebrarse, y a tal fin se hicieron las negociaciones que
concluyeron enviando al Director General de la Unesco el Ministerio de
Asuntos Exteriores, el 23 de julio pasado, una carta en la que se
detallaban las características. La asesoría jurídica internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores opinó que el contenido del acuerdo
requería la aprobación de las Cortes, y esto es, señor Presidente, lo que
en estos momentos estamos haciendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario
Popular, la señora Amador tiene la palabra.
La señora AMADOR GUILLEN: Poco que añadir a lo que ha dicho la señora
Balletbó, salvo llamar la atención sobre el objetivo del seminario
realizado, por cierto con éxito, entre los días 2 al 6 de octubre en la
ciudad de Valencia.
Se trataba de poner en marcha una red internacional constituida por
estudiantes y personal docente que pondría en contacto a las
universidades que dispongan de las disciplinas relacionadas con el
patrimonio, la arqueología, arquitectura, urbanismo, bellas artes e
informática, a fin de intercambiar sus conocimientos en materia de
protección del patrimonio. Por tanto, este objetivo fue cumplido y, como
he dicho anteriormente, con éxito.
Igualmente, llamo la atención de que todos los informes, tanto los que
fueron consultados a los Ministerios de Educación y Cultura y Economía y
Hacienda, igualmente a la Dirección General de Protocolo, Cancillería y
Ordenes, y asimismo el dictamen del Consejo de Estado, han sido
favorables. Por tanto, el Partido Popular votará favorablemente este
canje de cartas.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a votación el canje
de cartas constitutivo del acuerdo entre España y la Unesco.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACION DE RUSIA SOBRE
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, FIRMADO AD REFERENDUM EN MOSCU EL
25 DE MARZO DE 1996 (Número de expediente 110/000071).
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Convenio entre el Reino de
España y la Federación de Rusia sobre asistencia judicial en materia
penal, firmado ad referendum, en Moscú, el 25 de marzo de 1996.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Este convenio es de gran interés, porque viene a
aplicarse casi como traje a la medida de circunstancias nuevas que
aparecen en el panorama de las relaciones entre nuestros países. Es
evidente que se ha estrenado una nueva situación con el cambio de la
Unión Soviética a la Federación Rusa, también es evidente que esta nueva
situación ha dejado una enorme libertad, yo diría que emanaciones de
recursos humanos, y bien sea por la vía del turismo o de los negocios, la
relación comercial habitual, o incluso la migración producen nuevas
problemáticas que tienen que ser resueltas de forma fehaciente.
Justamente, en España somos muy conscientes en este momento de lo que
ocurren en algunas zonas costeras, precisamente en el sur, sobre mafias,
delitos y tráficos ilegales, que han conducido a la necesidad de poner en
marcha una nueva especial agrupación policial ad hoc para revisar,
supervisar, vigilar o punir en cualquier caso las acciones ilegales que
se producen en ese entorno. No es menos cierto que, también a la inversa,
en Rusia han aparecido problemas derivados de las relaciones comerciales,
con delitos consiguientes afectos a personas al servicio de empresarios
españoles o bien de los propios españoles que se han visto afectados por
cuestiones claramente delictivas y fuera de toda norma en el trato
comercial.
Esta realidad ha conllevado, pues, a que nos encontremos ante un convenio
entre España y la Federación de Rusia sobre asistencia judicial en
materia penal que tiene una significada importancia; yo creo que tiene
una gran importancia por todo lo que estoy diciendo y otras cosas que se
puedan producir. Precisamente, del 15 al 17 de febrero de 1995 tuvo lugar
en Madrid la negociación de este convenio, que fue autentificado después
por un canje de notas verbales entre España y Rusia. La importancia de
este texto por la parte rusa radicaba en ser el primero en su género que
iba a firmase con un Estado miembro de la Unión Europea, dada la
desaparición de la URSS; por parte española un interés dado por este
incremento en el volumen e importancia de los tráficos, tanto legales
como ilegales, entre los dos países, tráficos comerciales, tráficos
turísticos y económicos, etcétera, así como el importante crecimiento de
las redes de delincuencia internacional que nacionales rusos están
imponiendo en la costa mediterránea especialmente.
Para la elaboración de este texto España utilizó otras referencias
anteriores, cual es el convenio bilateral hispano-tunecino de asistencia
judicial en materia penal, que por cierto está aún pendiente de firma, el
hispano-egipcio en la misma materia, que también está a su vez pendiente
de firma y, sobre todo, el convenio europeo, el número 30 de 1959, de
asistencia judicial en materia penal, que se realizó en el seno del
Consejo de Europa.
La negociación, como es obvio, por razones que a nadie se le escapan, fue
sumamente difícil, ya que la Federación Rusa dista todavía en forma
notable de tener un ordenamiento político y jurídico homologable al
sistema occidental. Ello planteó no pocos problemas técnicos, como se
refleja en el hecho de que la autoridad central rusa sea doble, la
Fiscalía General, por una parte, y el Ministerio de Justicia, por otra,
lo que supone una especificidad sumamente peculiar.
El convenio consta de 19 artículos e incluye áreas más comunes a este
tipo de instrumentos en materias de esencia judicial, cuales son, por
ejemplo, devolución de objetos materiales y documentos, entrega de
documentación procesal, utilización de resoluciones en material penal,
citación de testigos y peritos, traslado temporal de personas detenidas
para prestación del testimonio o careo e intercambio de información sobre
condenas y antecedentes penales. Este convenio fue firmado en Moscú por
parte del Ministro ruso de Justicia y el Embajador de España, el pasado
25 de marzo, con carácter ad referendum, y entrará en vigor, según se
establece en su artículo 18, treinta días después del canje de
instrumentos de ratificación.
Por tanto, estamos ante un documento muy serio, muy importante y de
inmediata aplicación, puesto que los hechos han precedido a las normas y,
en este caso, están ya en los tribunales muchos de ellos.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Múgica.
El señor MUGICA HERZOG: Simplemente quiero decir que, tras el exhaustivo
informe del señor Milián y la importancia, tantas veces subrayada, de
este Convenio, el Grupo Socialista, está de acuerdo con todo lo que ha
dicho.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a votación el
Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre
asistencia judicial en materia penal, ad referendum, en Moscú, el 25 de
marzo de 1996.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--ACUERDO SOBRE COOPERACION ECONOMICA E INDUSTRIAL ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE UCRANIA, FIRMADO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE
1996. (Número de expediente 110/000072.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Acuerdo sobre cooperación
económica e industrial entre el Reino de España y la República de
Ucrania, firmado en Madrid el 7 de octubre de 1996.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Boix.
El señor BOIX PASTOR: Este acuerdo tiene por objeto fomentar el
desarrollo de las relaciones económicas e industriales entre los dos
países, incrementando y diversificando dichas relaciones económicas. Tras
la desaparición de la
URSS se plantea la necesidad de establecer un acuerdo de cooperación
económica e industrial con Ucrania que sustituye el acuerdo entre España
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el desarrollo de la
cooperación económica e industrial, firmado el 24 de febrero de 1984. El
acuerdo que nos ocupa consta de 10 artículos y, además de su objetivo ya
expuesto, cabe resaltar la cooperación entre los individuos, compañías y
organizaciones, así como el especial interés que este acuerdo presta a
los problemas específicos de las pequeñas y medianas empresas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario socialista
votará favorablemente este dictamen.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Tiene la palabra el señor
Milián, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MILLAN MESTRE: Estamos ante un acuerdo también de significación
relevante, porque establece las normas en el tratamiento de los intereses
entre una y otra economía. Obviamente, estamos abriendo mercados nuevos y
Ucrania no deja de ser uno de los más importantes del continente europeo.
En este sentido, hay que recordar que el acuerdo se produjo de forma
reiterada, porque existieron, si yo no recuerdo mal, dos negociaciones:
una anterior, que incluso aprobó el Consejo de Ministros el 20 de octubre
de 1990, autorizando la firma del acuerdo y su remisión a las Cortes, y
otra posterior, derivada precisamente de la situación interna de aquel
país, que hizo retroceder o demorar la aceptación de este acuerdo por
parte de Ucrania, y que nos remitió a una nueva situación que por causa
del artículo 155 del Reglamento del Congreso ha llevado a una nueva
aprobación por parte del Consejo de Ministros y a una nueva revisión por
parte de esta Cámara y su consiguiente aprobación.
Se trata de un acuerdo sobre cooperación económica e industrial entre
España y Ucrania en el marco de unas buenas relaciones que mantiene
nuestro Gobierno con el conjunto de gobiernos de la antigua Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que viene a sustituir, de hecho, el
instrumento que funcionó largos años, a partir de 1984 concretamente, con
aquellas repúblicas integradas en la URSS. Consecuentemente, estamos ante
la reorganización de los mercados y sus relaciones tras la desintegración
de la antigua Unión Soviética, y en este caso afecta de forma muy directa
a un Gobierno y a un Estado, como Ucrania, de altísimo interés,
especialmente en ciertas materias energéticas y, sobre todo, agrícolas.
Los objetivos los ha dicho ya mi colega socialista, no voy a insistir en
ellos, y la verdad es que creemos que estamos en el mejor de los caminos,
buscando justamente esta nueva sustitución de instrumentos diplomáticos
que van a corregir lo que fue la primera aportación de este tipo de
tratados, en 1984, y lo que sucedió después de 1991.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a votación del
Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial entre el Reino de España
y la República de Ucrania.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PRESOS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, FIRMADO EN BRASILIA EL 7 DE NOVIEMBRE DE
1996. (Número de expediente 110/000073.)
El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Tratado sobre traslado de
presos desde el Reino de España a la República Federativa del Brasil,
firmado en Brasilia el 7 de noviembre de 1996.
Tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Estamos ante un tratado sobre el traslado de
presos entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil, que
se inscribe en el marco de la política española de los últimos años de
crear una red de convenios bilaterales en esta materia con todos aquellos
países de Iberoamérica y del mundo árabe y especialmente con los que
España mantiene un mayor volumen de relaciones.
Existen ya en vigor tratados sobre esta materia con Perú, Méjico,
Argentina, Venezuela y otros países sudamericanos, así como con Egipto y
Tailandia, todos ellos inspirados en el Convenio Europeo número 12, sobre
traslado de personas condenadas, del que son miembros todos los Estados
de la Unión Europea, Canadá y otros varios países europeos. Se trata de
una materia que en la actualidad afectaría a 46 españoles que se
encuentran detenidos en cárceles de Brasil, así como a 71 brasileños
detenidos en cárceles españolas.
Es un tratado que consta de 10 artículos, que recogen las habituales
disposiciones, como son las condiciones de aplicación, las autoridades
centrales, el procedimiento, la vigencia y aplicación del principio non
bis in idem, así como las disposiciones finales de rigor. (El señor
Vicepresidente, Milián Mestre, ocupa la Presidencia.)
Está prevista la entrada en vigor a los treinta días del canje de
instrumentos de ratificación que, según el propio convenio, deberá
efectuarse en Madrid.
El Consejo de Ministros autorizó el 27 de agosto de 1993 la firme
remisión a esta Cámara de una versión anterior a este tratado, que no
llegó a firmarse por modificaciones que propuso la parte brasileña. Una
vez superadas estas discrepancias, el texto que ahora se somete a
consideración de la Cámara recoge dichas modificaciones, una vez
negociadas y aceptadas por ambas partes.
Entendemos que es un tratado beneficioso para España, y en este sentido
el Grupo Popular votará favorablemente al mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene la palabra la señor
Fernández.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Poquísimo que añadir a lo ya expuesto por el
portavoz del Partido Popular, aunque sí muy brevemente destacar que el
fin principal de este tratado es el cumplimiento de la pena en el país de
origen, lo que pone de manifiesto la importancia de la reinserción social
de los presos, por cuanto entendemos que al poder cumplir la pena en sus
propios países, de los que son naturales, más próximos a sus condiciones
familiares ambientales y a su entorno cultural y social, permite, desde
nuestro punto de vista, que su reinserción social sea más favorable.
Por todo ello, mi grupo votará favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda aprobado por unanimidad.
--PROTOCOLO DEL CUARTO CONVENIO ACP-CE DE LOME COMO CONSECUENCIA DE LA
ADHESION DE LA REPUBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA Y DEL
REINO DE SUECIA A LA UNION EUROPEA, FIRMADO EN MAURICIO EL 4 DE NOVIEMBRE
DE 1995. (Número de expediente 110/000074.)
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): El punto número 17 del orden del
día es: Protocolo del cuarto convenio ACP-CE, de Lomé, como consecuencia
de la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y
del Reino de Suecia a la Unión Europea, firmado en Mauricio el 4 de
noviembre de 1995.
El señor Estrella tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Este acuerdo supone la incorporación de tres
países que pasaron a formar parte de la Unión Europa a uno de los
instrumentos tradicionales de cooperación de la Unión Europa, en este
caso con los países de Africa, Caribe y el Pacífico, que forman la
convención de Lomé.
No me extenderé más porque al comienzo de esta parte de la sesión ha
habido una prolija exposición de los cambios trascendentales que se han
introducido en la llamada Convención de Lomé, que naturalmente pasa a ser
también patrimonio de la acción exterior colectiva de la Unión Europea,
de la que ahora forman parte Austria, Finlandia y Suecia.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la ratificación.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): A la vista de que no existe
portavoz en este caso del Grupo Popular, vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda aprobado por unanimidad.
--ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL XVI CONGRESO DE LA UNION
POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP), HECHO EN MEXICO D. F.
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000075.)
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Punto 18 del orden del día:
Actas, resoluciones y recomendaciones del XVI Congreso de la Unión Postal
de las Américas, España y Portugal (UPAEP), hecho en México D. F. el 15
de septiembre de 1995.
¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Cáceres, del Grupo Popular.
El señor CACERES BLANCO: El Consejo de Ministros del 5 de diciembre de
1996 autorizó la firma ad referendum y dispuso la remisión a las Cortes
de las actas, resoluciones y recomendaciones del XVI Congreso de la
UPAEP, reunida en México el 15 de septiembre de 1995. (El señor
Vicepresidente, Estrella Pedrola, ocupa la Presidencia.)
Este Congreso aprobó 18 resoluciones y una recomendación que modificaron
el reglamento general con vistas a la creación del servicio postal
universal. También aprobó, entre otras, la resolución 5.ª coordinada de
la UPAEP en tres niveles: acción gubernamental, acción de instituciones
financieras y nominatim del Banco Interamericano de Desarrollo y, en
tercer lugar, de expertos nacionales.
La necesidad de la autorización por las Cortes Generales es evidente
cuando vemos que la Resolución 10.ª regula en su apartado segundo los
recursos que la Unión Postal destinará a la cooperación técnica y que
serán financiados por las aportaciones de las partes.
Por otra parte, la Resolución 15 aprueba la proposición de presupuestos
de la Unión Postal para 1997, 1998, 1999 y 2000, lo que supondrá,
evidentemente, obligaciones financieras para la Hacienda Pública
española.
Por todo ello, y por la importancia de estas actas, resoluciones y
recomendaciones, firmadas ad referendum por el Gobierno, nuestro grupo va
a votar afirmativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Socialista tiene
la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Brevemente, señor Presidente. Pocas cosas a
añadir a la intervención del anterior Diputado. Sólo indicar que éste es
un intento de la OPAEP (la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal), que es una unión restringida de la Unión Postal Universal
(UPU). Se trataba en ese Congreso de hacer un esfuerzo de actualización
de los funcionamientos, como muy bien ha indicado, a la agilidad y
adaptación a esa globalización de servicios que en esos momentos son los
grandes retos en que todos, de una forma u otra, estamos inmersos.
Como muy bien ha señalado el anterior Diputado, en ese Congreso se
aprobaron 18 resoluciones y una recomendación. No fueron aceptadas todas
las propuestas para reformar la constitución de la UPAEP, pero sí se
modificaron algunos aspectos del reglamento general en la línea de lo que
antes yo he indicado, y de acuerdo con lo que anteriormente ha sido
expuesto.
Por tanto, como es preceptivo, y todos los Diputados saben, estas
resoluciones y estos acuerdos tienen que pasar el trámite del Congreso de
los Diputados, en el que nos encontramos y para el que pedimos el voto
favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos, por tanto, a
votación de estas Actas, Resoluciones y Recomendaciones del Congreso de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Quedan aprobadas por
unanimidad.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y HUNGRIA PARA LA
ENTRADA DE NACIONALES ESPAÑOLES EN HUNGRIA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD, REALIZADO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1996. (Número de
expediente 110/000076.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Canje de notas constitutivo
de Acuerdo entre España y Hungría para la entrada de nacionales españoles
en Hungría con documento nacional de identidad, realizado en Madrid el 28
de noviembre de 1996.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: El Canje de notas entre España y Hungría para la
entrada de nacionales españoles en Hungría con documento nacional de
identidad, fue realizado en Madrid el 28 de noviembre del año 1996. Esta
iniciativa del Canje de notas supone la supresión en la exigencia del
pasaporte a nacionales españoles para entrar en territorio de Hungría, y
surgió del Primer Ministro húngaro durante la visita del Presidente del
Gobierno español a ese país en el año 1995. Se trata de un texto similar
al que Hungría ha acordado con Alemania, Francia, Benelux y Austria.
La parte española, a cambio de las facilidades otorgadas a sus
nacionales, se compromete a conceder un régimen similar a los nacionales
húngaros, en cuanto la parte húngara haya cumplido los requisitos
técnicos y jurídicos necesarios, y ello fuera compatible con los
convenios internacionales de circulación sin control en fronteras,
suscrito por España.
Este instrumento se inscribe dentro del deseo español de ir acercando
posiciones y armonizando disposiciones legales en materia de circulación
con los países del Este europeo, que están realizando un esfuerzo
importante de aproximación a los espacios Schengen y de la Unión Europea.
Dado que este Canje de notas tiene la intención de fomentar y facilitar
los viajes entre ambos Estados, el Grupo Popular votará afirmativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pido excusas al señor Boix
porque esta Presidencia ha alterado el orden de prelación en la
alternancia que debería haberse producido. Si el Grupo Popular no tiene
inconveniente, en las dos intervenciones siguientes corresponderá al
Grupo Socialista intervenir en primer lugar.
Tiene la palabra el señor Boix.
El señor BOIX PASTOR: Señor Presidente, después de la intervención de la
Diputada del Grupo Popular, quiero resaltar que este canje de notas tiene
por objeto la supresión de la exigencia de pasaporte a nacionales
españoles para entrar en el territorio de Hungría, como bien he
manifestado. Por otra parte, se compromete a conceder una situación
similar a los nacionales húngaros, siempre que la parte húngara cumpla
con los requisitos técnicos y jurídicos necesarios.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista votará favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Sometemos a votación este
canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Hungría.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, ACTUANDO EN EL MARCO DE LA UNION
EUROPEA, POR UNA PARTE, Y LA RE-PUBLICA DE ESLOVENIA, POR OTRA, FIRMADO
EN LUXEMBURGO EL 19 DE JUNIO DE 1996. (Número de expediente 110/000078.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): De acuerdo con lo anunciado
en su momento por el Presidente, pasamos al punto 21, acuerdo europeo por
el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, actuando en el marco de la Unión Europea, por una
parte, y la República de Eslovenia, por otra, firmado en Luxemburgo el 19
de junio de 1996.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Este acuerdo, que es de hecho un acuerdo de
transición hacia futuras integraciones en la
Unión Europea, sustituye al primer acuerdo que se celebró entre la Unión
Europea y la República de Eslovenia en el año 1993.
La República de Eslovenia, dentro de lo que fue la tragedia inmensa de la
antigua Yugoslavia, es seguramente la república que tenía dentro de
Yugoslavia un nivel de vida más alto y una composición social más
homogénea, y sigue siendo hoy una de las antiguas repúblicas de
Yugoslavia más prospera. De hecho, este acuerdo sustituye al antiguo
acuerdo de cooperación y colaboración y se convierte en un acuerdo de
asociación, que se firmó en 1995. Si se ha retrasado hasta nuestros días
no es por culpa de nadie ni tampoco por culpa del Gobierno socialista
español (Risas.), sino debido al contencioso existente entre Eslovenia e
Italia, sobre todo en sus disputas no sólo sobre temas inmobiliarios,
sino también por otros, en territorios que habían pertenecido
anteriormente a Italia, normalmente por expoliación, como ocurrió en el
caso de Istria y en otras zonas del occidente de Eslovenia.
Este acuerdo da por hecho que Eslovenia no está en transición hacia un
Estado de Derecho, sino que ya lo es y su objetivo es fortalecer este
sistema democrático y crear un nuevo orden económico basado en la
economía de mercado. Su objetivo principal es establecer una zona de
libre comercio que será una primera fase, completada por una transición
en el curso de un año, y que tiende a la plena integración de Eslovenia
en la comunidad de las naciones democráticas y se entiende también como
un progresivo acercamiento a la Unión Europea.
Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que es un convenio
pertinente y que es necesario votar afirmativamente para hacer frente
precisamente a ese retraso acumulado por las razones anteriormente
indicadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, estoy de acuerdo con el señor
Solé Tura. El Partido Socialista Obrero Español no fue responsable de la
Segunda Guerra Mundial. No sé si Felipe González estaba o no en el
desembarco de Normandía, como alguna vez se insinuó (Risas.), pero este
retraso, que es heredero de alguno de los restos de los conflictos que se
abrieron con motivo de la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente ya ha
terminado y la Unión Europea ha podido firmar, con el consenso de todos
los países miembros, un acuerdo por el que se crea una asociación con la
República de Eslovenia.
Es un hecho positivo por lo que significa de contribución a la
consolidación y al desarrollo de la República eslovena, que está no
solamente en una situación especialmente importante en el Mediterráneo,
sino que siempre manifestó su deseo de establecer vínculos sólidos,
vínculos consolidados capaces de permitirle acercarse todavía más hacia
su deseo de formar parte de la comunidad libre de naciones que constituye
hoy la Unión Europea.
Por ello, clausurado ese retraso, cerrado ese período en el que no pudo
firmarse ni acordarse tratado alguno con la Unión Europea, es bueno que
haya llegado a esta Cámara, es bueno que se vote por unanimidad y que así
ratifiquemos el proceso de acercamiento entre Eslovenia y la Unión
Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Existen todavía profundas
dudas sobre quién mató a Kennedy. (Risas.)
Vamos a someter a votación dicho acuerdo.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--DOCUMENTO ACORDADO ENTRE LOS ESTADOS PARTE EN EL TRATADO SOBRE FUERZAS
ARMADAS CONVENCIONALES EN EUROPA, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1990, ADOPTADO EN
VIENA DURANTE LA PRIMERA CONFERENCIA DE REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE
DICHO TRATADO Y DEL ACTA DE CONCLUSION DE LA NEGOCIACION SOBRE EFECTIVOS
DE PERSONAL, CELEBRADA EN VIENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 1996. (Número de
expediente 110/000077.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos al punto 20, último
del orden del día, documento acordado entre los Estados parte en el
Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, de 19 de
noviembre de 1990, adoptado en Viena durante la primera conferencia de
revisión del funcionamiento de dicho Tratado y del Acta de conclusión de
la negociación sobre efectivos de personal, celebrada en Viena del 15 al
31 de mayo de 1995.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Solé
Tura.
El señor SOLE TURA: Este documento es también una consecuencia de los
avatares ocurridos en los últimos años en la antigua Europa dividida en
bloques.
Fue un primer acuerdo, después de la caída del muro de Berlín, sobre
Fuerzas Armadas Convencionales en lo que quedaba de los antiguos bloques,
pero posteriormente sufrió una transformación decisiva cuando una de las
partes integrantes fundamentales, que era la Unión Soviética, se
desintegró como tal, dejó de ser la Unión Soviética, se convirtió en la
Federación Rusa y una buena parte de aquellas zonas que integraban a la
vieja Unión Soviética se convirtieron en Estados independientes. A partir
de aquí se creó una situación en la que el acuerdo inicial de París no se
podría aplicar con claridad y llevaba a situaciones absurdas, como, por
ejemplo, la que le ocurrió a Ucrania que, en función de los términos
iniciales, se veía obligada a concentrar las tres cuartas partes de sus
fuerzas en una cuarta parte del territorio. Por consiguiente, era
necesaria una revisión
del tratado en función de lo que había ocurrido, y eso es lo que hoy
tenemos ante nosotros: la revisión que procede a una redistribución de
las fuerzas dentro del concepto de Fuerzas Armadas Convencionales y
dentro del concepto de acuerdo general. En esa revisión se integran
además zonas que figuraban como parte de la Unión Soviética y que ahora
son independientes o incluso otras. Por ejemplo, se integra la República
de Kazajia, la República de Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia,
Azerbaiyán e incluso concierne a los dos países que formaban
anteriormente Checoslovaquia.
Por consiguiente, es absolutamente indispensable que esa revisión culmine
su proceso, y en ese sentido nosotros vamos a aprobar el documento que
estamos ahora discutiendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Sin duda este tratado es importante por las
razones expuestas por el portavoz del Grupo Socialista.
Nosotros consideramos que el Parlamento español debe aprobar por la
unanimidad demostrada a lo largo del día este tratado, y por ello, sin
extenderme más y dando por buenas las razones expuestas por el señor Solé
Tura, cuya experiencia y capacidad política en estos temas es reconocida
por todos, el Grupo Popular votará naturalmente afirmativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar y habiendo excedido solamente en unos
trece minutos la hora que se había previsto terminar esta Comisión, se
levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.
RECTIFICACION.--En el «Diario de Sesiones» número 115, correspondiente a
la sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores del 4 de diciembre de
1996, relativa a la comparecencia del señor Ministro de Asuntos
Exteriores, en la página 3119, segunda columna, línea 23, se dice «y con
el 88 por ciento de las 18.000 personas gibraltareñas...», cuando debería
decirse «y con el 52 por ciento de los 18.000 residentes gibraltareños
con derecho a voto...». Asimismo, en la página 3120, penúltima línea de
la primera columna, se alude a la Declaración de Bruselas de noviembre de
1987, cuando en realidad es de noviembre de 1984. Finalmente, en la
página 3122, línea 36 de la segunda columna, debe sustituirse «... tal y
como ha dicho el Tribunal de Justicia...» por «... tal y como ha
reconocido el Tribunal de Justicia...».