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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 146, de 19/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 146
DEFENSA
PRESIDENTE: DON ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO
Sesión núm. 7
celebrada el miércoles, 19 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre adopción de medidas para que los militares de la escala especial
sean escalafonados conforme a lo dispuesto en la ley 13/1974, de 30 de
mayo, y sus disposiciones complementarias. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número
de expediente 161/000221) (Página 3958)
--Por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para
que la junta facultativa del Museo del Ejército acepte la colección
donada por combatientes antifascistas en su lucha contra el ejército
nazi. Presentada por el Grupo Parlamentario anterior. (Número de
expediente 161/000240) (Página 3961)
--Sobre reversión de instalaciones del Ministerio de Defensa existentes
en el municipio de Estella (Navarra). Presentada por el mismo Grupo
Parlamentario. (Número de expediente 161/000255) (Página 3962)
--Sobre traslado del campo de tiro y maniobras, conocido como «Los
Alijares», fuera de los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo.
Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente
161/000256) (Página 3968)
--Sobre la elaboración de un proyecto de Ley reguladora del derecho de
asociación de los militares. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario.
(Número de expediente 161/000257) (Página 3972)
--Sobre desafectación de los bienes patrimoniales propiedad del
Ministerio de Defensa en desuso, ubicados en la provincia de Lleida.
Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente
161/000273) (Página 3976)
--Por la que se insta al Gobierno a promover las reformas legales
oportunas para asegurar la libertad religiosa en las Fuerzas Armadas y la
separación entre los actos religiosos y los castrenses. presentada por el
mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/000301) (Página 3981)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Defensa (Morenés Eulate)
para informar sobre:
--La futura base de lanzaderas de satélites en la Isla de Hierro y el
proyecto de estación de seguimiento aéreo en la zona de Malpaso. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 212/000396) (Página 3985)
--La futura base de lanzaderas de satélites en la Isla de Hierro, así
como del proyecto de estación de seguimiento aéreo en la zona de Malpaso.
A petición del Grupo Parlamentario anterior. (Número de expediente
212/000398) (Página 3985)
--Las noticias publicadas en relación a un posible tráfico ilegal de
armas desde España a Ruanda en el mes de mayo de 1994. A petición del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000146) (Página 3986)
--Dar cuenta de la información de que dispone el Ministerio sobre una
posible venta de armas españolas a Ruanda en el año 1994, investigada por
Naciones Unidas. A petición del Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 213/000148) (Página 3986)
Preguntas:
--Del señor Meyer Pleite (Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre dotación con la bomba explosiva de aires combustibles
(BEAC) a las Fuerzas Armadas españolas. (Número de expediente 181/000305)
(Página 4000)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Defensa que, como han podido comprobar por el orden del día,
tiene dos partes perfectamente diferenciadas, que en realidad son tres:
una primera con siete proposiciones no de ley y a continuación varias
comparecencias que serán despachadas por el Secretario de Estado de
Defensa, finalmente una pregunta.
A petición de varios grupos parlamentarios, y dado que hoy coinciden
varias comisiones y algunos Diputados tenían problemas para cumplir todas
sus obligaciones a la vez, la Mesa decide --y espero que la Comisión así
lo acepte-- que las votaciones de todas las proposiciones no de ley se
lleven a cabo no antes de las doce menos cuarto. Por tanto, a esa hora,
si hemos terminado el debate, haremos la votación sucesiva de las siete
proposiciones no de ley que figuran en el orden del día en el primer
bloque.
PROPOSICION NO DE LEY:
--SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS PARA QUE LOS MILITARES DE LA ESCALA ESPECIAL
SEAN ESCALAFONADOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 13/1974, DE 30 DE
MAYO, Y SUS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000221.)
El señor PRESIDENTE: Hecha esta advertencia, vamos a iniciar el debate
del primer punto del orden del día, que es proposición no de ley sobre
adopción de medidas para que los militares de la escala especial sean
escalafonados conforme a lo dispuesto en la Ley 13/1974, de 30 de mayo y
sus disposiciones complementarias.
Para plantear esta proposición no de ley, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que la
propone, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Buenos días a todos los señores Diputados y
Diputadas.
Antes de empezar quiero pedir a la Mesa lo que tuve oportunidad de
plantearle al Presidente, y es que para nosotros sería una solución que
cuando se convocaran mesas de la Comisión de Defensa se convocara también
a los portavoces a la hora de dirigir un poco lo que son los órdenes del
día y estar más informado, porque, si no, nos crea problemas al conocer
con poco tiempo las reuniones y los órdenes del día de la Comisión de
Defensa. Por tanto, hago ese ruego de que se tenga en cuenta que a la
hora de las convocatorias de las mesas también se nos convoque a los
portavoces.
Sin más, quiero decirles que, efectivamente, presentamos esta proposición
no de ley que viene a plantear que la aprobación de la Ley 14/1982 y la
disposición transitoria segunda del Real Decreto 2493/1983 viene
provocando confusión en la aplicación de los ascensos de los militares de
la escala especial, por cuanto el Ministerio de Defensa las aplica con un
criterio de escalafonamiento, sin percatarse de que la ley lo que
establece es una unificación de criterios. Como consecuencia de ello, los
militares de esta escala se han visto obligados a acudir a los tribunales
para que se les ascienda con arreglo a los criterios de la Ley 13/1974,
de 30 de marzo, y éstos mayoritariamente les han dado la razón, pero se
ha producido la paradoja de que, ante los mismos argumentos, se han
emitido sentencias estimatorias y desestimatorias por parte de las mismas
salas y los mismos magistrados, con la consiguiente pérdida de la
seguridad jurídica y la evidente contradicción.
Es por ello que proponemos esta proposición no de ley que viene a decir
lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el
menor plazo de tiempo posible adopte las medidas legales necesarias para
que los militares de la escala especial sean escalafonados conforme a lo
dispuesto en la Ley 13/1974, de 30 de marzo, y sus disposiciones
complementarias, de modo que no se tome en consideración la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 2493/1983 y, por consiguiente, los
suboficiales que ingresaron y aprobaron los cursos de la academia de la
escala especial se integren todos ellos en la primera promoción, siendo
la antigüedad igual para todos y el escalonamiento conforme al mismo
orden en que lo estaban sus respectivas escalas el 17 de noviembre de
1974.
Esta es una proposición que viene a plantear un problema de fondo, y es
que la aplicación de esa disposición, en su párrafo 1.1, fue recurrida
ante los tribunales de justicia en prácticamente todo el territorio
nacional por casi todo el colectivo afectado. Se pueden calcular unos
cien recursos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Madrid, que comenzó a otorgar fallos estimativos, aunque
luego cambió de criterio y otorgó unos cuantos fallos desestimativos;
vuelve a cambiar de criterio y ya otorga ininterrumpidamente fallos
estimativos hasta el final de los recursos. Y las demás audiencias,
excepto la de Sevilla, muy probablemente con dos fallos desestimativos,
otorgan, en casi su totalidad, fallos estimativos. Lógicamente, se crea
una situación irregular, injusta desde nuestro punto de vista, por lo que
planteamos que este agravio comparativo se resuelva donde se tiene que
resolver, y no es en los tribunales sino por parte de la Administración,
teniendo en cuenta que estamos hablando de la actual escala media de
cuerpos de especialistas del Ejército de Tierra, que proviene de la
antigua escala especial de jefes y oficiales especialistas del mismo
Ejército; que nunca hubo problemas en cuanto al escalafón desde 1977 a
1984; que en septiembre de 1986, a partir de la publicación de este Real
Decreto, con su disposición transitoria, sí que se produce una enorme
alteración en el ordenamiento relativo de sus componentes; que no es de
recibo que esta aplicación se tenga que resolver en los tribunales
(estamos hablando de unos cien fallos estimativos y de unos diez
desestimativos en los tribunales); que la aplicación de las sentencias
estimativas en el escalafón se está haciendo con perjuicio de los
componentes más antiguos, hubiesen o no recurrido, hubiesen sido
afectados o no lo hubiesen sido, y que, por tanto, nosotros planteamos
que la eliminación de las alteraciones del escalafón se haga conforme a
criterios de justicia y de equidad, reiterando que éste es un problema
que no se debe de resolver caso a caso en los tribunales, sino mediante
esta proposición no de ley que resuelva, con criterios de equidad y de
justicia, repito, el problema de un colectivo importante de profesionales
militares.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moragues
Gomila.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, muy brevemente, para fijar la
postura del Grupo Socialista en relación con un tema que ya ha sido
debatido en anteriores ocasiones por esta Comisión.
El Grupo Socialista no va a apoyar la literalidad de la proposición no de
ley del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque, a nuestro
entender, pretende la aplicación de normas derogadas. La Ley 13/1974, de
30 de marzo, que organiza las escalas básicas de suboficiales y especial
de jefes y oficiales, invocada para su cumplimiento, fue derogada por la
disposición final segunda de la Ley 14/1982, de 5 de mayo, que reorganiza
las escalas especial y básica del Ejército de Tierra, excepción hecha de
las disposiciones adicional y final segunda en lo que se refiere al
personal de las escalas a extinguir. Posteriormente, y por el Real
Decreto 1622/1990, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento general de evaluaciones, clasificaciones y ascensos del
personal militar profesional,
se derogan estas dos disposiciones que aún permanecían en vigor.
Por tanto, señorías, sorprende al Grupo Socialista el planteamiento
formal de esta iniciativa, que hace referencia a la aplicación de una
normativa relativa a los años 1974, 1982 y 1983 en cuanto a los ascensos
de los militares de la escapa especial, dado que la normativa aplicable
actualmente se deriva de la Ley 17/1989, reguladora del régimen del
personal militar profesional.
No vamos a repetir las argumentaciones utilizadas en numerosas ocasiones
para explicar la complejidad del proceso de aplicación de la Ley 17/1989
y la dificultad de arbitrar soluciones que satisfagan absolutamente todas
las expectativas de cada uno de los afectados por las modificacones que
operó la citada ley, ley que, vale la pena recordar, reestructuró los 98
cuerpos y escalas existentes antes de la entrada en vigor de la misma, en
17 cuerpos articulados y en 28 escalas, haciendo un esfuerzo de
racionalización muy importante del personal militar.
Dicho esto, señorías, no es menos cierto que la aplicación de la Ley
17/1989 y de las normas que la desarrollan ha creado situaciones que han
sido calificadas de perjudiciales por algunos colectivos afectados, como
es el colectivo que conforma la escala especial y cuya problemática hoy
nos ocupa. Y si bien hemos dicho al principio que no podemos apoyar la
literalidad de la proposición no de ley que se nos presenta, ello no
quiere decir que el Grupo Socialista no sea sensible a la cuestión de
fondo que se plantea, es decir, la necesidad de realizar reajustes en el
escalafón para que éste refleje la realidad anterior a las modificaciones
que se han ido produciendo por el cumplimiento de las sentencias
favorables a los recurrentes a la aplicación del Real Decreto 2493/1983,
disposición transitoria segunda, por la que se constituyó el escalafón
único de 1984.
En resumen, señorías, el Grupo Socialista no acepta la argumentación
esgrimida por el grupo proponente, en cuanto que solicita la aplicación
de una legislación derogada y en contradicción con la normativa vigente,
que debe ser el único marco legal en que se muevan las relaciones del
personal militar profesional. Sin embargo, vería con buenos ojos que el
Ministerio de Defensa estudiara la posibilidad de aplicar a todos los
componentes de la antigua escala especial los beneficios de los fallos de
las sentencias estimatorias que han venido a perturbar, en su aplicación
individualizada, el escalafón correspondiente, como ya se hizo el 17 de
febrero de 1995 para resolver una problemática muy parecida, creada
también por aplicación de sentencias referidas a la escala auxiliar, que,
como digo, fue resuelta por un acuerdo del Consejo de Ministros.
Por todo lo cual, nuestro grupo va a abstenerse en la votación de esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, señoras y señores comisionados,
esta proposición no de ley es la revitalización de otra que decayera en
la anterior legislatura, y pretende que los militares de la escala
especial, con una antigüedad de primera promoción desde que se ordenó su
situación en 1974, entren y se integren en el escalafonamiento general de
las Fuerzas Armadas.
Es bien cierto que éste es un tema espinoso al que no quiero negarle
perfiles de justicia, por lo que han intervenido precisamente los
tribunales, en su más alta instancia el Tribunal Supremo con una
sentencia de 18 de octubre de 1990, porque éste es un bosque, un dédalo
de derechos donde se puede tocar un aspecto en su aplicación y alterar
grandemente la situación de otros, aunque sólo sea despejando una
dinámica de agravios comparativos.
Por otra parte, digo que no es insensible este grupo a este
planteamiento, porque en la IV Legislatura hubo cinco proposiciones no de
ley en este sentido. Pero debo ponderar, en esa línea también, la
prudencia con que el Gobierno y el Grupo Socialista en esta Cámara lo
desestimó, dejando, en todo caso, el cauce libre a los aspectos
judiciales para que se ordenase el mismo.
Entiendo, en cualquier caso --y es lo que podemos decir--, que mi grupo
sostiene que, en el plazo de seis meses, la ley que regula y ordena todo
el régimen de personal de las Fuerzas Armadas, tendrá los retoques
suficientes y será traída en un proyecto de ley a esta Cámara para
ventilar las cuestiones que pudieran reflejar alguna situación de
injusticia. Aunque yo creo que en algunos casos no es así, porque la
equiparación en el origen con una promoción única a efectos de antigüedad
para todos, con ocho escalas especiales integradas en dos escalas medias
en el Ejército de Tierra, o con cuatro escalas especiales integradas
también en dos escalas medias en la Armada, o con nueve escalas
especiales integradas en dos escalas medias; establecer criterios de
carácter general, aunque sea con una proposición no de ley, que yo no le
quiero hurtar la bondad, me parece que es como intentar que un
rinoceronte transite perfectamente por un almacén de cristalería de
Bohemia sin tocar ninguna de las piezas.
En ese sentido, debo decir que lamento que tengamos que proponer su
rechazo, en la idea, como digo, de prometer que este tema será
contemplado ampliamente en la revisión que se haga en la Ley de Régimen
General Militar. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, tomo la palabra con mucha
brevedad para decir que celebro que haya coincidencia en cuanto que
estamos hablando de un problema no resuelto, indistintamente de que se
comparta o no la literalidad de la proposición. Por tanto, yo creo que el
dato de que haya una preocupación, tanto por el Grupo Socialista como por
el Grupo Popular, demuestra que no se es insensible a este asunto, y la
fórmula final, sea cual sea, debería ir en el sentido de mostrar la
preocupación y, de alguna manera, el compromiso de su solución.
Indudablemente celebro que haya esa posición de partida, que se reconozca
que es un problema y que haya voluntad de solución por distintas vías.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, recojo la petición que S. S. ha
realizado al principio de su intervención. Como ya le advertí ayer en
privado, tomaré nota para que esté informado sobre el orden del día con
la suficiente antelación, de la reunión de la correspondiente junta de
portavoces de la Comisión para que sepa cuáles son las materias que se
van a tratar. Lo tendremos muy en cuenta.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
QUE LA JUNTA FACULTATIVA DEL MUSEO DEL EJERCITO ACEPTE LA COLECCION
DONADA POR COMBATIENTES ANTIFASCISTAS EN SU LUCHA CONTRA EL EJERCITO
NAZI. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000240.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del primer punto del día,
pasamos al segundo punto, que es también una proposición no de ley del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se
insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que la junta
facultativa del Museo del Ejército acepte la colección donada por
combatientes antifascistas en su lucha contra el ejército nazi.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Esta proposición nace desde que un grupo de
españoles que combatieron en el frente este en la Segunda Guerra Mundial,
resistentes antisfascistas, ponen a disposición del Museo del Ejército,
de la junta facultativa, un informe, una documentación valiosa de ese
período importante de la lucha antifascista del pueblo español fuera de
nuestras fronteras. Pero cuál ha sido nuestra sorpresa cuando la junta
facultativa no accede en su totalidad a los planteamientos de estos
ciudadanos españoles y no acepta la propuesta, y es que, efectivamente,
en el Museo del Ejército haya un stand --así como existe uno de los
combatientes de la División Azul-- de los españoles que lucharon en el
frente este europeo contra el ejército nazi.
Esta proposición es muy parcial porque, a nuestro juicio, requeriría --y
así lo vamos a plantear en su momento-- toda una reforma de los mal
llamados museos del ejército, en cuanto a su adscripción administrativa,
volumen, organización, diseño, etcétera; requeriría una reconvesión
completa. En todo caso, adelantándonos a ese planteamiento de fondo,
nosotros no queríamos pasar por alto este problema que, si no se
resuelve, puede suponer perder una colección importante, que además debe
estar a disposición de los investigadores y de todos los ciudadanos, para
que puedan contemplar en su conjunto lo que fue la actividad de la lucha
contra el fascismo por parte de los españoles en territorio europeo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señoras y señores Diputados, quiero
manifestar brevemente la posición del Grupo Socialista con relación a la
presente proposición no de ley, posición favorable a que la junta
facultativa del Museo del Ejército acepte la donación que ha hecho este
colectivo de antiguos resistentes antifascistas, que fundamentalmente
lucharon en Francia por la libertad y por la democracia entonces.
En este país durante demasiadas décadas este colectivo ha estado
absolutamente ignorado, y se ha ignorado también la lucha de miles y
miles de españoles que después de la Guerra Civil se fueron a Francia
para continuar precisamente luchando por la libertad y por la democracia,
incluso como una parte más de esa tremenda contienda civil que había
habido en España.
Estos ciudadanos tienen el derecho a ser recordados en España y a ser
recordados también en Francia. En Francia son recordados ya, pero se
extiende a veces un manto de silencio sobre la labor que realizaron estos
combatientes. Recordar tiene la virtud de recrear el pasado, y yo creo
que de alguna manera tenemos que recrear este pasado y recordar la labor
de todos estos hombres y mujeres que lucharon en Francia por la libertad
en el conjunto de Europa. Desde ese punto de vista, nosotros nos vamos a
manifestar a favor de que esta donación sea aceptada en su totalidad.
Sabemos, sin embargo, las dificultades que tiene el Museo del Ejército
para exhibir todos los fondos que le son donados, y en este caso concreto
las dificultades que puede tener para la exhibición de estos fondos. Por
tanto, dado que la proposición no de ley dice que se muestren en su
totalidad --y puede haber una imposibilidad práctica ahora mismo por las
limitaciones del Museo-- todos los documentos, etcétera, que han sido
donados, propondríamos suprimir en el texto las palabras: «que se
muestren en su totalidad», añadiendo in fine una frase que dijere «y
adopte las medidas pertinentes para su conservación y exhibición cuando
sea posible». Con esta pequeña modificación del texto de la proposición
no de ley, con la que estamos --repito-- absolutamente de acuerdo, el
Grupo Parlamentario Popular puede aceptarla sin duda alguna y, en
consecuencia, votar a favor, para así empezar a hacer justicia a este
colectivo de excombatientes por la libertad y por la democracia. Que no
ocurra un hecho parecido al que sucedió con las Brigadas Internacionales
cuando vinieron a España.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuán, le rogaría que hiciera llegar a la
Mesa el texto de esa modificación que propone. Si todos los grupos están
de acuerdo podríamos aceptar dicho texto como enmienda in voce.
¿Acepta el Grupo Popular la enmienda in voce que propone el Grupo
Socialista? (Asentimiento.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, intervengo para facilitar un
poco las cosas a los efectos de sustituir
(sin contradecir el planteamiento que ha hecho el representante del Grupo
Socialista) la expresión: «su exhibición» por la frase: «su integración
con criterios museísticos». De no hacerlo así, nos encontraríamos con
dificultades en los planteamientos generales.
El señor PRESIDENTE: Se trataría, en primer lugar, de suprimir la frase:
«y se muestre en su totalidad...», añadiendo in fine «... y adopte las
medidas pertinentes para su conservación y exhibición con criterios
museísticos cuando sea posible».
¿El grupo proponente está de acuerdo con esta redacción? (Asentimiento.)
Entendemos que el texto que acabo de leer es el que será sometido a
votación en su momento. (El señor Sanjuán de la Rocha pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Dada la precisión que ha hecho el
representante de Convergència i Unió, no sería necesario poner la frase
«cuando sea posible», puesto que se dice «con criterios museísticos».
El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo SS. SS.? (Asentimiento.) Entonces
diría: «... para su conservación y exhibición con criterios museísticos».
Este será el texto que someteremos en su momento a votación.
Me solicitan que, si no hay inconveniente, dejemos el punto 3 para
debatirlo posteriormente porque algún portavoz no está presente. (El
señor Fernández Sánchez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor Presidente, yo soy el Diputado que va a
defender, en representación de mi grupo, esta iniciativa, y tenía
previsto hacerlo en este momento porque después tengo otros asuntos que
atender. Por tanto, me gustaría que se siguiese el orden del día que se
ha establecido. (El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: El motivo por el que el Grupo
Popular ha solicitado el retraso del tratamiento del punto 3 no es otro
que el compañero que iba a tratarlo está en otra comisión, pero no hay
ningún inconveniente en que se debata en este momento.
--SOBRE REVERSION DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA EXISTENTES
EN EL MUNICIPIO DE ESTELLA (NAVARRA). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000255.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercero, que es una proposición no de ley
que también presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre reversión de instalaciones del
Ministerio de Defensa existentes en el municipio de Estella, Navarra.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor Presidente, voy a proceder a la defensa
de esta proposición no de ley que mi grupo ha presentado.
En la proposición ya describimos cuáles son las instalaciones propiedad
del Ministerio de Defensa que tratamos de que sean cedidas al
Ayuntamiento de Estella, en Navarra. En concreto, estas instalaciones son
el cuartel militar Marqués de Estella, la zona del polvorín y el campo de
deportes de Merkatondoa.
Permítanme, señorías, que haga un breve repaso a través de la historia
para ver cómo han ido surgiendo estas instalaciones militares y cómo el
Ayuntamiento de Estella ha ido participando económicamente en el
mantenimiento de las mismas.
En 1891, el Capitán General de Navarra estaba resuelto en aquel momento a
retirar el batallón que guarnecía esta ciudad, debido a que el
Consistorio no realizaba las obras de mejora en el acuartelamiento. Como
consecuencia de esta decisión, los contribuyentes y el Consistorio
movilizaron los fondos públicos necesarios para proceder a las reformas
del viejo cuartel existente en aquel momento.
En 1900, el Capitán General de Burgos envía un oficio a la ciudad de
Estella pidiendo la construcción de un nuevo cuartel en sitio distinto a
donde se hallaba. Siendo de interés para esta localidad, en aquellos
momentos, el mantenimiento de la guarnición militar, su Junta de Veintena
decide, el 27 de mayo de 1903 y 17 de junio del mismo año, proporcionar
todos los terrenos comunales y particulares adyacentes al paraje del
Bixquert, comprendiendo una superficie de 16.000 metros cuadrados y
obligándose a realizar obras de abastecimiento de aguas, a arreglar el
pavimiento de las calles y a poner alcantarillado.
El 8 de mayo de 1906 son llevadas al Registro de la Propiedad las
escrituras de cesión y entrega definitiva de los terrenos destinados a la
construcción del cuartel de infantería otorgadas por el ayuntamiento en
favor del Estado.
Señorías, he hecho este relato para que nos demos cuenta de que en muchos
casos, y en éste en concreto, esta instalación militar se halla en un
territorio que fue puesto, en su día, a disposición del Ejército, a
disposición de distintos ministerios de la Guerra, de forma totalmente
gratuita. Y no solamente el municipio aportó los terrenos para la
construcción de este cuartel, sino que también contribuyó económicamente
en las obras de infraestructura, llegando incluso a participar con
algunas cantidades en la construcción del citado cuartel.
Situándonos ya en los acontecimientos recientes, en mayo de 1993, el
Ayuntamiento de Estella manifiesta su
interés en iniciar negociaciones con el Ministerio de Defensa y la
Gerencia de Infraestructuras para intentar recuperar estas instalaciones.
La Gerencia, como viene siendo habitual, manifiesta su buena
predisposición, advirtiendo que toda enajenación se hará a título
oneroso, pero poniendo un precio a los bienes ya que está prohibida la
cesión gratuita.
Señorías, hay una legislación que está en vigor, que es la del 31 de
julio de 1984, y lógicamente nosotros aceptamos que tenga que haber algún
tipo de compensación económica por parte del Ayuntamiento de Estella. No
obstante, lo que sugerimos, lo que pedimos, es que dentro de estas
negociaciones, de este posible convenio que pueden hacer el Ayuntamiento
de Estella y la Gerencia de Infraestructuras, se tenga en cuenta que los
terrenos han sido propiedad del municipio y que en la fijación de su
precio se establezca una cantidad, me atrevería a decir, cuasi simbólica.
Hay otro asunto que yo creo que hay que mencionar respecto a la zona
donde está ubicado el cuartel de Estella, y es que en este momento el
Plan General de Ordenación Urbana ha calificado este suelo como
dotacional. El Ministerio de Defensa ha presentado un recurso ante el
ayuntamiento --creo que el organismo que lleva este asunto es el
contencioso-administrativo--, y si el Ministerio de Defensa se dedica a
pleitear con los ayuntamientos, a interferir en cómo un ayuntamiento debe
planificar su suelo, una vez que el Ministerio ya ha desafectado los
edificios y la utilización de los mismos, cuando menos nos parece que es
un mal método.
Por otra parte, las negociaciones que ha habido entre el Ayuntamiento de
Estella y la Gerencia de Infraestructuras hasta este momento han sido
bastante desiguales por las discrepancias que han existido, teniendo en
cuenta que el valor de estas propiedades que figura en catastro es de
5.300.000 pesetas y que la Gerencia de Infraestructuras reclama una
cantidad aproximada a los 400 millones por un valor que, repito,
catastralmente está registrado en 5.300.000 pesetas. Esta es la típica
operación que si en vez de intentar ejercerla la Administración se
produjera dentro de la iniciativa privada, sería de juzgado de guardia,
me atrevería a decir, porque para un valor que está catastralmente
registrado en cinco millones, ¿cómo se pueden pedir 400 millones de
pesetas?
El Ayuntamiento de Estella, por otra parte, ha hecho un ofrecimiento que
creo que es muy generoso. Este ayuntamiento lo que ha ofrecido ha sido
una cantidad de 3.064.000 pesetas para conseguir la reversión de estas
instalaciones que, insisto, son suyas, está comprando algo que es suyo.
Para ir terminando, quiero comentar que me han pasado una enmienda de
modificación que presenta el Grupo Parlamentario Popular y la justifican
por mejora técnica. A la vista de esta enmienda de modificación entiendo
que no existe ningún tipo de mejora técnica, porque, si me lo permiten,
después de leer la enmienda de modificación resulta que el texto es
prácticamente coincidente con la proposición no de ley que hemos
presentado. La única diferencia está en que, quizá, desde las filas del
Partido Popular existan pocas ganas de resolver este asunto, y también
que de alguna manera tienen que participar en algo de lo que hasta ahora
no se habían enterado los diputados de UPN-PP en Navarra, que existía un
problema, repito, y quieren participar.
Voy a aceptar esta enmienda, a pesar de que, insisto, no aporta
absolutamente nada, ni por cuestión técnica, ni de forma, ni de método,
incluso lo que hace es descafeinar nuestra proposición no de ley. En
definitiva, nosotros somos más amplios y extensos en nuestra redacción e
incluso fijamos que el precio del acuerdo entre Gerencia y Ayuntamiento
sea el menos gravoso posible. No obstante, repito, en beneficio de los
ciudadanos de Estella, en beneficio de todos los ciudadanos, incluso los
del Partido Popular, vamos a aceptar esta enmienda de modificación.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de esa enmienda de modificación a
que usted ha hecho referencia, y que ya ha aceptado, tiene la palabra,
por el Grupo Popular, el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: El Grupo Parlamentario Popular
ha presentado una proposición de ley en la Cámara que se debatirá
próximamente, quizá la semana que viene o a lo más tardar en la primera
del mes de marzo, hábil a los efectos parlamentarios. En ella se insta al
Gobierno a que las instalaciones que ya no sean útiles para el Ministerio
de Defensa y que no representen un interés económico cierto, puedan ser
cedidas gratuitamente a los ayuntamientos, a las diputaciones, a los
gobiernos autonómicos, es decir, a las instituciones públicas que
realmente tengan interés por ellas, y que se haga mediante un convenio en
el que se comprometan a una serie de cuestiones, como es la
rehabilitación o el mantenimiento, y, por por otro lado, que permanezca,
por ser de ámbito legislativo, el derecho de reversión sobre determinadas
instalaciones para la defensa.
La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular va
mucho más allá de lo que puede ser la mera reivindicación de un
ayuntamiento determinado por una instalación determinada, que al final no
se sabe quién tiene dinero para mantenerla, para sustentarla, para
rehabilitarla.
Establece que una vez que se haya producido la desafectación para su uso
por parte de la defensa, pueda ser cedida gratuitamente a las
instituciones públicas, algo que hasta este momento no existía en la Ley
de la Gerencia de Infraestructuras. Nosotros creemos que ello supone
mejorar el texto. No nos olvidemos, como se ha dicho ya y se ha propuesto
por parte del Grupo Parlamentario Popular, que todos aquellos recursos
que se generen después de la enajenación, de la venta o de la permuta de
terrenos de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, reviertan en
lo que es la profesionalización y modernización de nuestras Fuerzas
Armadas.
Nosotros introducimos, en el concepto general de la futura Ley de la
Gerencia de Infraestructuras, una enmienda de modificación que entendemos
que mejora técnicamente
la propuesta realizada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y, además, se ajusta a esa proposición de ley que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado en la Cámara.
Este es el sentido por el que nosotros queremos aceptar la propuesta que
realiza el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
ajustándolo a la que muy pronto será la modificación de la Ley de la
Gerencia de Infraestructuras a través de la proposición de ley que hemos
presentado ya en el registro de la Cámara a finales del mes de diciembre.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez López.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Para mostrar nuestra posición favorable a la
propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a las tres
instalaciones del municipio de Estella, ya que se han cumplido todos los
trámites requeridos por la ley de creación de la Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa y el cuartel del Marqués de Estella ha
sido desafectado y puesto a disposición de la Gerencia el 29 de octubre
de 1993. Estas instalaciones están libres de cargas. Además, no se
pretende la cesión gratuita porque el ayuntamiento está negociando con el
Ministerio de Defensa y ha hecho ya varias ofertas, teniendo en cuenta
los gastos que supondría para el municipio la desafección, la demolición
de los edificios que existen actualmente y otras cuestiones, como el
aprovechamiento del suelo, la urbanización posterior, etcétera.
Este ayuntamiento hace una oferta final que, según mis datos, no asciende
a tres millones de pesetas, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida,
sino a 32 millones. Me parece que se trata de una oferta razonable en
función de los gastos que ya he reseñado anteriormente y, sobre todo, nos
parece interesante por el beneficio que puede suponer la reutilización de
estas instalaciones o de este suelo para los habitantes de Estella,
porque según creemos se van a utilizar para viviendas sociales. Por
tanto, nuestra posición es favorable y nos parece interesante que el
Grupo Parlamentario Popular también acepte esta proposición no de ley.
Desde nuestro punto de vista, la posición del Grupo Parlamentario Popular
no aclara su verdadera intención, ni mucho menos cuál va a ser la acción
del Gobierno al que sustenta en este tema. ¿Por qué? Porque la actuación
del Grupo Parlamentario Popular está siendo claramente contradictoria con
la posición de su Gobierno. El Grupo Popular, en varias ocasiones, ha
manifestado la necesidad de proceder a una revisión de la legislación en
pro de la posible cesión a ayuntamientos o comunidades autónomas de
aquellas instalaciones que puedan ser beneficiosas para ellos,
comprometiendo, en algunas ocasiones, incluso una nueva legislación, que
ya ha anunciado el portavoz del Grupo Popular en este trámite, vinculada
a un denominado plan nacional de defensa de las infraestructuras. También
ha presentado una proposición sobre modificación parcial de la Ley
28/1984. Ustedes dirán que esto es normal. Desde luego sería normal si
esta proposición no se hubiera presentado cuando se estaba debatiendo la
Ley de Acompañamiento, que en su disposición transitoria novena modifica
la Ley de la gerencia, pero no en el sentido anunciado por el Grupo
Popular, sino, por el contrario, para afectar el producto de la venta de
los inmuebles a la financiación de adquisiciones y mantenimiento de
armamento y material, defendiendo el principio de que en ningún supuesto
puedan cederse los bienes gratuitamente a ninguna persona física o
jurídica, pública o privada, salvo aquellas a que obligue la legislación
urbanística.
Esta descoordinación entre el Grupo Popular y el Gobierno al que
sustenta, que más parece una guerra abierta, debería subsanarse para que
los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los ciudadanos y los
propios grupos parlamentarios sepanos a qué atenernos en este tema en el
futuro.
El señor PRESIDENTE: Había pedido también intervenir por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) el señor Nadal, que tiene la palabra.
El señor NADAL I MALE: Parece ser que a partir de este inicio de año nos
vamos a encontrar en la Comisión de Defensa con una cantidad importante
de proposiciones sobre intentos de acuerdo para que se aceleren, se
regalen, se den a buen precio, se subaste --no sé exactamente qué-- todos
los lugares, cuarteles, espacios, departamentos de tiro, etcétera, que en
cada uno de los pueblos de España estén en disposición de ser tratados.
Aquí apareció ya una proposición sobre Estella, hay otra del Ayuntamiento
de Lleida y otra me parece de diferente lugar. Esto supondría, a partir
de ahora, un conjunto de carreras para ver cuál es el grupo político que
trae al Parlamento un tema de éstos y cuál es el que queda bien delante
de la ciudadanía diciendo que él ya ha intentado que estas instalaciones
sean entregadas a la ciudad.
El primer problema que nos tendríamos que plantear todos los Diputados es
que estos temas no se trataran en el Parlamento sin, como mínimo, el
acuerdo del ayuntamiento negociador en este caso. A partir de aquí puede
ser que lleguen al Parlamento situaciones de negociación que las propias
instituciones que eventualmente tengan que recibir estos bienes no los
quieran. Puede ser que el Parlamento inste al Ministerio de Defensa o a
la Delegación de Infraestructuras del Ejército a negociar con un
ayuntamiento un traslado de un bien que el mismo no haya pedido.
No acabo de entender el interés de algunos parlamentarios en sustituir la
persona del alcalde en su capacidad de negociación con el Ministerio de
Defensa. Hay un acuerdo municipal que insta al Ministerio de Defensa a
iniciar un convenio, bien sea de cesión, o bien de venta, y creo que es
el ayuntamiento el que ha de tener la capacidad para negociarlo. Lo que
ocurre es que se está cuestionando a los alcaldes en esta negociación.
Vamos a ver, si nosotros, a partir de ahora, decimos que tomamos un
acuerdo en el que se establezca que se ceda en las mejores condiciones
económicas
posibles, ¿qué quiere decir?, ¿que todos los convenios que se han
realizado hasta el día de hoy por parte de la delegación o del Ministerio
de Defensa con otros ayuntamientos no ha sido en las mejores condiciones
posibles? ¿Qué ocurre?, ¿que si el Parlamento no dice que tiene que ser
en las mejores condiciones posibles, el alcalde o el gobierno autónomo
que reciba el bien no lo hará en las mejores condiciones posibles?
Estamos invadiendo campos que no pertenecen al Parlamento. Nosotros no
somos quien para entrar en unas negociaciones entre instituciones ajenas
que tienen capacidad democrática propia, como es una comunidad autónoma,
como es un gobierno municipal o como puede ser, incluso, una institución
de derecho público o de derecho privado. Y estamos entrando en una
dinámica en la que, si no llega aquí el tema de Estella o el tema de
Lleida, no es correcto. Y a partir de aquí perdonen que les diga una
cosa: ya que todo el mundo ha estado personalizando los temas, quizás los
voy a personalizar yo.
El Ayuntamiento de Tarragona mantiene una negociación intensa durante dos
años con la Delegación de Infraestructuras y hemos llegado a unos
acuerdos económicos. ¿Qué ocurre?, ¿que tenía que haber venido yo al
Parlamento para que estos acuerdos económicos fueran lo mejor posible?,
¿o es que los acuerdos a los que ha llegado el Ayuntamiento de Tarragona
con el asentimiento de todos los grupos no han sido los mejores posibles?
Estamos entrando en un campo que yo entiendo, distinguidos compañeros
parlamentarios, que no es el nuestro. Estamos invadiendo la autonomía
municipal, además notablemente.
Me parece muy bien, como presenta el Partido Popular, que se inste al
Ministerio de Defensa para que se negocie el tema de Estella, me parece
muy bien siempre y cuando se inste a la Delegación de Infraestructuras
para que negocie con la ley que existe y con los términos iguales de
equidad económica con los que haya pactado con otros ayuntamientos con
anterioridad, porque si no resulta que va a haber recomendados y no
recomendados ¿o no? (Risas.)
Nosotros nos negaremos a cualquier proyecto que propongan ustedes que no
diga que se negocie con los mismos términos de equidad económica con los
que se han negociado con anterioridad, porque ha de haber un respeto a
los alcaldes que han negociado hasta ahora y que no han venido al
Parlamento a pedir ayuda. ¿O es que el Alcalde de Estella no tiene
capacidad jurídica suficiente para negociar con la Delegación de
Defensa?, ¿o es que el de Lleida no lo tiene?
Entiendo que estas proposiciones menosprecian la figura de los alcaldes
negociadores; se les cuestiona. Perdonen que les diga que como Alcalde
discrepo de esto y propongo que a la propuesta que ha hecho el Partido
Popular para intentar un acuerdo se añada: de acuerdo con lo legalmente
establecido hasta ahora y con los mismos términos de equidad económica. Y
si cambia la ley, cambiaremos todos, pero hasta ahora todos iguales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Diputado-alcalde por su
ilustrativa intervención.
Entiendo que esto es también otra enmienda in voce que si los grupos, y
especialmente el proponente, aceptan, la debatiríamos. Yo le agradecería
que me hiciera llegar los términos exactos de esa enmienda.
El señor NADAL I MALE: La tienen; está escrita.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Sánchez, tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: La verdad es que me ha sorprendido bastante
la intervención del portavoz de CiU. Quizás él tiene una ventaja que
otros muchos alcaldes de este país no tienen, que es alcalde y Diputado a
la vez; por tanto, puede defender su municipio aquí y allí. Yo creo que
es un referente que habría que tener en cuenta, como mínimo.
También me sorprende la capacidad que tiene Convergència i Unió siempre
para intentar interferir en los asuntos de otras comunidades. Yo,
sabiendo cómo se comportan ellos, cómo cuidan su espacio para que no haya
injerencias de otras comunidades en su territorio --que a mí me parece,
por otra parte, una posición correcta--, estoy un tanto dolido por la
intervención que ha tenido el portavoz de Convergència en un asunto que
afecta a la Comunidad Foral Navarra. La verdad es que siento que se haya
producido esta intervención.
Tengo que decirle que el Ayuntamiento de Estella lleva tres años y cinco
meses negociando con la Gerencia de Infraestructuras sin llegar a un
acuerdo. Está totalmente documentado y, si quiere, cuando terminemos le
facilitaré toda la documentación. La Gerencia de Infraestructuras pide
400 millones de pesetas, el ayuntamiento ofrece 32 millones de pesetas e
insisto, el valor catastral es de 5.300.000 pesetas. Yo creo, señorías,
que, al final, traer al Parlamento este asunto es una cuestión de
justicia por el tiempo transcurrido, aparte de que no ha sido una
intervención que se haya hecho de espaldas al municipio o de espaldas al
ayuntamiento. Yo he estado personalmente con la corporación y se me ha
pedido que lo traiga aquí, con lo cual hay un nuevo error en el
planteamiento del portavoz de Convergència.
Nada más que añadir. Estoy dispuesto a asumir todas aquellas
modificaciones en aras a que este asunto vaya hacia delante, aunque, en
definitiva, va a salir mucho peor de lo que nuestro grupo, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, había planteado, pero lo vamos a asumir
en beneficio del pueblo de Estella, que, después de tres años de largas
gestiones, tiene derecho ya a que sea resuelto satisfactoriamente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Quiero advertirle que los Diputados de la Cámara, y,
por supuesto, los de esta Comisión, tienen perfecto derecho a intervenir
y a opinar sobre cualquier asunto que aquí se presenta, sea cual sea la
comunidad autónoma a la que se refiera.
Quería preguntarle, en todo caso, si acepta los términos --y todos los
grupos están de acuerdo en que la debatamos--
de la enmienda in voce que presenta el Grupo de Convergència i Unió. Pero
primero voy a leer la enmienda del Grupo Popular, que dice: «El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que estudie» --ponía la Gerencia de
Infraestructuras de Defensa y creo que habría que decir «a través de la
Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa»-- «un convenio
para la posible desafectación del cuartel Marqués de Estella, la zona del
polvorín del Púy y el campo de deportes Marqués de Estella, situados en
el término municipal de Estella». Hasta aquí era la enmienda presentada
en su momento por el Grupo Popular. Convergència i Unió pide que se
añada: «en idénticas condiciones, tanto legales como de equidad
económica, que las realizadas con las restantes instituciones con
anterioridad».
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Aceptamos la enmienda del Partido Popular.
(El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, simplemente
intervengo para ver si se puede introducir un elemento de acuerdo entre
las diferentes posturas que se mantienen.
Quiero decir ante todo que hay algunos ayuntamientos que llevan tres o
cuatro años negociando, pero hay otros que llevan diez o doce, y me
refiero, por ejemplo, al de la ciudad de Ferrol, de donde soy natural y
donde vivo, que llevamos diez años solicitando la transferencia del
Castillo de San Felipe de la ciudad del Ferrol, abandonado literalmente
por el Ministerio de Defensa. Realmente la ley hay que cumplirla y tiene
que cumplirla absolutamente todo el mundo.
Nosotros entendemos que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
proposición de ley que mejora la actual Ley de la Gerencia de
Infraestructuras y que recoge, sobre todo y en gran medida, lo que todos
los grupos parlamentarios hemos venido expresando durante estos últimos
meses en la Cámara. Nosotros lo que decimos es: mejoremos técnicamente
esta proposición no de ley. Yo entiendo que no existiría ningún problema
si al final de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
porque va de suyo, se pudiera decir: de acuerdo con la legalidad vigente,
en tanto en cuanto no modifiquemos esa ley. Va de suyo, repito, el que
cualquier propuesta que se haga en esta Casa tiene que estar de acuerdo
con la legalidad vigente.
Espero que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya admita la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y no ponga ningún inconveniente a añadir lo que dice, con toda la
razón, el representante de Convergència i Unió. Se pide simplemente que
esto se realice de acuerdo con la legalidad vigente. Por tanto, podría
ser la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, recogiendo
el sentir del grupo de Convergència i Unió, donde se añada la coletilla a
nuestra enmienda de modificación diciendo: «de acuerdo con la legalidad
vigente».
El señor PRESIDENTE: Señor Nadal, tiene la palabra.
El señor NADAL I MALE: Yo lamento que el compañero Diputado del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se haya sentido aludido por mis
palabras, pero lo que yo creo que sería prudente es que o se informara
exactamente de cuál es la situación real de las cosas o que no se dejara
llevar por el apasionamiento.
En ninguno de los momentos de mi intervención he hablado de Tarragona ni
de que las negociaciones para la cesión de un cuartel las inició el
anterior alcalde en el año 1982 y no lo hemos conseguido hasta el año
1995. No nos hemos planteado traer aquí un tema como éste, porque
entendíamos que era de negociación urbanística.
Dice que nosotros nos metemos en las otras comunidades. A mí me parece
muy bien que usted lo diga, pero la misma aplicación que estoy haciendo
ahora para el caso de Estella la haré para Lleida. La misma. Por lo
tanto, no diga que hacemos una cosa aquí y otra cosa allá. No lo vuelva a
decir, porque incurre usted en una falsedad notable y, lo que es más
grave, en algo que es innecesario, porque ni estamos en campaña electoral
ni creo que valga la pena. Lo mismo que se está estableciendo para
Estella lo voy a proponer para el ayuntamiento de Lleida. Ahora bien, lo
que ocurre es que determinadas veces el protagonismo de Izquierda Unida
va más allá de lo que en los términos estrictamente necesarios
corresponde a una actuación municipal; quizá será porque no gobiernen en
el ayuntamiento de Estella y conviene ponerse alguna medalla. (El señor
Fernández Sánchez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, le concedo la palabra a los efectos
de la aceptación definitiva de ese otro texto que acaba de plantearse,
que sería sustituir la coletilla que proponía el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) por la que ha vuelto a proponer el señor Fernández
de Mesa, que era, al final, de acuerdo con la legalidad vigente, para ver
si llegamos a un texto acordado por todos para ser votado.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Quiero decir que sí aceptamos lo que ha dicho
el portavoz del Grupo Popular en este sentido. No tenemos inconveniente
en reiterar al final que se va a hacer de acuerdo con la legalidad
vigente; yo ya había dicho anteriormente que nos parecía bien.
Si me permite dos palabras, le diré al portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) que por lo menos permita a nuestro grupo tomar
nuestras propias decisiones, porque yo creo que el exceso ha sido en todo
caso por parte de él al intentar decirnos qué es lo que nosotros debemos
hacer. Yo jamás me atrevería a aconsejarles qué proposiciones deben traer
a esta Cámara ni qué es lo que deben hacer o decir. Por tanto, le pediría
que fuese más respetuoso con nuestra fuerza política y que nos deje a
nosotros traer las proposiciones o iniciativas que creamos conveniente y
de los territorios que creamos también conveniente.
El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, el mismo respeto solicito de
Izquierda Unida para mis intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Señorías, el texto de la proposición no de ley que
votaremos en su momento será el que voy a releer a continuación, para que
no haya ninguna duda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que estudie un convenio para la posible desafectación del cuartel Marqués
de Estella, la zona del polvorín del Púy y el campo de deportes Marqués
de Estella, situados en el término municipal de Estella, de acuerdo con
la legalidad vigente. (La señora Sánchez López pide la palabra.)
Señora Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Señor Presidente, nosotros pensábamos aceptar
los términos de la enmienda del Grupo Popular porque considerábamos que
lo importante era que se aprobara de manera rápida y urgente y que
quedara claro el apoyo del Parlamento a las negociaciones del municipio
de Estella con el Ministerio de Defensa para que estas instalaciones
revirtieran a este municipio y no habíamos entrado en la literalidad de
la enmienda. Teniendo en cuenta que se ha complicado bastante este tema
en el debate, nos gustaría proponer, si es posible, una modificación de
esa enmienda. Y paso a explicar por qué.
El Grupo Popular dice que se estudie un convenio para la posible
desafectación del cuartel Marqués de Estella. La desafectación de este
cuartel --como he dicho en mi intervención-- se produjo en octubre de
1993, por lo tanto, estamos proponiendo que, de acuerdo con la legalidad
vigente, se haga una cosa que se hizo hace cuatro años. Así pues, la
enmienda que nosotros propondríamos sería la siguiente: Que estudie un
convenio para la posible reversión al municipio de Estella del cuartel
Marqués de Estella, la zona del polvorín del Púy, etcétera, y terminaría
como propone el Grupo Popular. ¿Por qué? Porque desafectado ya está; se
desafectó en 1993. De lo que se trata es de que reviertan estas
instalaciones al municipio de Estella para que éste construya, según su
intención, las viviendas sociales.
El señor PRESIDENTE: Señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Intento avanzar un poco, porque es el mismo debate
que repetiremos después.
Como había dudas sobre si el punto 3 del orden del día se debía tratar
antes o después, nosotros habíamos propuesto, porque realmente tiene
razón la Diputada socialista, una redacción que fuera común y que
sirviera para todos, que era algo así como proceder a la desafección de
los bienes patrimoniales, en su caso, propiedad del Ministerio de
Defensa, ubicados en el municipio, en el que sea, en desuso actualmente o
en un futuro inmediato y a la celebración de los correspondientes
acuerdos con las instituciones públicas o privadas interesadas en los
términos legalmente establecidos y basándose en los mismos principios de
equidad económica contemplados con las demás instituciones.
Esto era para evitar que tuviera que ser por convenio, cuando muchas
veces ese acuerdo de reversión o cesión era con instituciones de carácter
privado sin ánimo de lucro; unas veces se estaba planteando destinarlos a
un uso público y otras a un uso público privativo. Estábamos entrando en
un conjunto de calificaciones y de situaciones en las que no sabíamos,
como en el caso de Lleida, si realmente estaba o no desafectado un bien y
en el caso que plantea usted se vuelve a dar el mismo problema.
Pretendíamos llegar a una redacción común que diera tratamiento al
conjunto de todas estas dificultades parlamentarias.
El señor PRESIDENTE: Yo aprecio mucho el interés de SS. SS. por mejorar
los textos que aquí aprobemos, pero el trámite de enmiendas tiene unos
plazos concretos y sería de desear, para el buen funcionamiento de la
Comisión, que hicieran uso de ellos, porque estas enmiendas introducidas
a lo largo del debate y mientras se está debatiendo carecen de claridad
en muchas ocasiones, no nos permiten reflexionar sobre ellas y yo me temo
mucho que el resultado final no pueda ser satisfactorio para todos. En
todo caso, quien ha presentado la iniciativa es el Grupo de Izquierda
Unida y éste es el que debe decidir, en última instancia, qué es lo que
vamos a votar.
Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Quiero decir al señor Nadal, al portavoz del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), que nosotros vamos a administrar nuestras
iniciativas, que no estamos hablando del caso de Lleida, que estamos
hablando de una proposición no de ley de un ayuntamiento de Estella, en
los términos que quiere Izquierda Unida y en los términos que acepte
Izquierda Unida. Por tanto, ruego al señor Nadal que no hable de Lleida,
ya hablaremos en el punto que corresponda, por cuestión de orden, y que
se acepte el Reglamento en su totalidad. Es decir, si por parte del grupo
proponente se aceptan las enmiendas, que se voten y en los términos que
el Grupo de Izquierda Unida en este caso plantee.
El señor PRESIDENTE: Yo quería pedir que el Grupo de Izquierda Unida nos
dijera cuál es su posición respecto de la última enmienda propuesta por
el Grupo Socialista y, si lo estima oportuno, por la que acaba de
presentar también el señor Nadal.
Señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Yo considero que quizá sería conveniente un
tiempo de tres o cinco minutos para negociar entre los distintos
portavoces cuál es la redacción definitiva de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente.
Interrumpimos un momento la sesión para que ustedes puedan debatir.
Se suspende la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, voy a leer para
conocimiento de todas SS. SS. el texto definitivo relativo a esta
proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 3,
relativa a Estella: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
estudie un convenio para la ejecución de la desafectación del cuartel
Marqués de Estella, la zona del polvorín del Puy y el campo de deportes
Marqués de Estella, situados en el término municipal de Estella, de
acuerdo con la legalidad vigente. Este es el texto que votaremos en su
momento.
--SOBRE TRASLADO DEL CAMPO DE TIRO Y MANIOBRAS CONOCIDO COMO «LOS
ALIJARES» FUERA DE LOS TERRENOS DE LA ACADEMIA DE INFANTERIA DE TOLEDO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000256.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día, que es una
proposición no de ley presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre traslado del campo de tiro y
maniobras conocido como «Los Alijares» fuera de los terrenos de la
Academia de Infantería de Toledo.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, conocen todos ustedes la existencia en
el interior de la ciudad de Toledo de la Academia de Infantería. Deben
saber también que dentro de los terrenos que pertenecen a la Academia de
Infantería de Toledo está funcionando en la actualidad, desde hace muchos
años, el campo de tiro y de maniobras que se conoce como «Los Alijares».
La existencia de este campo de tiro y de maniobras, que hay que decir que
es lógico que exista en una instalación de carácter militar, como es la
Academia de Infantería, está planteando graves problemas de seguridad
como consecuencia de su ubicación. Ya en el año 1986 tuvo lugar un grave
accidente al encontrarse un muchacho, un vecino de viviendas cercanas a
la ubicación de ese campo de tiro, un artefacto explosivo que, al
manipularlo, provocó una explosión que dio lugar a graves lesiones para
ese muchacho.
A raíz de ese accidente se tomaron medidas para evitar su repetición. No
obstante, señorías, el 12 de octubre de 1995 hubo un accidente aún más
grave, al menos desde el punto de vista cuantitativo, en la medida en que
en esta ocasión el número de heridos se elevó a diez, de ellos, cinco de
carácter grave. Todo, señorías, como consecuencia de la explosión de una
granada de mortero, coincidiendo con la celebración de una romería
popular que se celebra en parte de los terrenos que pertenecen a ese
complejo de la academia de tiro, en cuyo interior se encuentra el
denominado campo de tiro de Los Alijares. Después de este grave
accidente, el Ministerio de Defensa, en respuesta a este Diputado, dijo
que habían vuelto a reforzarse las medidas de seguridad en relación con
las que ya se habían tomado en accidentes anteriores.
¿Podemos, señorías, quedarnos tranquilos con esta respuesta del
Ministerio de Defensa y dar por buena su afirmación de que se han
redoblado las medidas de seguridad? Yo sólo quisiera que llevaran a su
convicción la evidencia de que a raíz del accidente de 1986 ya el
Ministerio de Defensa adoptó idéntica actitud y, no obstante eso, en el
mes de octubre de 1995 se produjo ese grave accidente con el resultado de
diez heridos, de ellos cinco graves, en personas tan lejanas a cualquier
sensación de riesgo como que se encontraban celebrando una romería
popular. Y que no se diga por parte de nadie que estamos manipulando
desgracias que ocurren en la ciudadanía. Este grupo político, a través de
distintas instancias, tanto en el terreno municipal, a nivel del
Ayuntamiento de Toledo, como a nivel de las Cortes autonómicas y en este
propio Congreso, ha reiterado su petición de que la actual ubicación del
campo de tiro y maniobras de Los Alijares no es el adecuado. Hoy,
señorías, volvemos a plantearles a todos ustedes esta realidad, que es
plenamente compartida por la mayoría de los ciudadanos de Toledo. Buena
prueba de ello son los debates y las distintas posiciones adoptadas por
los grupos políticos a nivel municipal, conscientes de que la actual
ubicación de ese polígono de tiro no es la adecuada.
Se han llevado a cabo innumerables gestiones para que la misma sea
modificada. El resultado al día de hoy, sin embargo, no ha sido positivo.
Lo cierto es que el polígono de tiro sigue en su ubicación tradicional,
en la que se han producido los accidentes a los que he hecho referencia,
y los que cabe temer que en el futuro se puedan volver a repetir, y nada
más lejano del deseo y la voluntad de este grupo parlamentario y seguro
que también de los demás grupos. Pero ese deseo, a tenor de las
realidades que se han producido hasta la fecha, requiere medidas
distintas de las que se han aplicado hasta ahora. No nos podemos quedar,
como se hizo a raíz del accidente de 1986, con afirmaciones del tipo de
que se refuercen las medidas de seguridad. Es preciso cuestionar la
ubicación de ese polígono de tiro.
Si es necesario --y ésta es la opinión de este grupo parlamentario-- que
en una academia de infantería exista un determinado espacio reservado
para campo de tiro y de maniobras, nosotros no lo cuestionamos; lo que sí
cuestionamos con absoluta rotundidad es su actual ubicación. Si, a pesar
de las medidas de seguridad que se han tomado y que sin lugar a dudas se
seguirán tomando, porque estamos convencidos de la responsabilidad y de
la buena fe de todas las autoridades, tanto civiles como militares, buena
fe y responsabilidad que cabe pensar que ya existían en el pasado, han
tenido lugar los accidentes, creemos acertado y procedente en estos
momentos cuestionarnos esa ubicación.
Por tanto, señorías, les pedimos a todos que voten a favor de esta
propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya para que la actual ubicación del polígono de tiro sea
modificado y sea emplazado en un lugar en donde las condiciones de
seguridad sean el objetivo que prime sobre cualquier otro. Sin lugar a
dudas, existen sitios idóneos para el emplazamiento de ese
polígono de tiro de la Academia de Toledo, respetando lo prioritario, que
es la seguridad de los ciudadanos de este país. Habrá otros bienes que
haya que respetar, pero el de la vida de los ciudadanos, puesto en grave
riesgo, como se ha visto en distintos momentos históricos, con su actual
emplazamiento, debe ser el objetivo prioritario. Insistimos en que nos
parece necesario que exista un espacio, estamos convencidos de que hay
muchos disponibles, pero lo que hace falta ahora es que desde el Gobierno
de la nación se tome la decisión política de que la actual ubicación no
es la adecuada y, en consecuencia, que se ponga en marcha el
procedimiento adecuado.
Esto es lo que nuestra proposición no de ley solicita de todos ustedes y
que, en tanto este procedimiento se efectúa, se adopten y se redoblen las
medidas de seguridad que eviten que en ese plazo transitorio, que
desearíamos breve, no tenga lugar ningún tipo de accidente como los que
desgraciadamente se han producido anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean intervenir en el debate.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor González Revenga.
El señor GONZALEZ REVENGA: Señorías, hace más de diez años, en l986, a un
joven de quince años, vecino del barrio de Santa Bárbara, de Toledo,
llamado Mariano Sánchez, le estalló en las manos una granada cuando
paseaba con un amigo en las inmediaciones de su barrio, en terrenos de la
Academia de Infantería de Toledo destinados a campo de tiro. El
insuficiente vallado de esos terrenos y la desgraciada manipulación de
una granada abandonada provocó el accidente. Mariano Sánchez hoy tiene
una mano menos que en aquel momento.
Es conveniente hacer un poco de historia para comprender el problema del
campo de tiro de Los Alijares. La Academia de Infantería se construyó
después de nuestra guerra civil en ese barrio de Toledo. Su anterior
emplazamiento, el Alcázar de Toledo, quedó inservible para su cometido
militar y las nuevas necesidades de espacio que requería la nueva
academia. Y se levantó en el antiguo barrio de la estación del
ferrocarril esa academia, un barrio que fue creciendo en los años
cuarenta y cincuenta y en el que se construyeron sus viviendas, humildes
viviendas, muchos de los trabajadores que levantaban el edificio militar.
Así fue desarrollándose el barrio de Santa Bárbara, un barrio de
trabajadores muy ligado al ferrocarril y a la nueva Academia de
Infantería y donde se aposentó un gran número de familias que venían a
Toledo en busca de trabajo. Al tiempo que crecía el barrio, aumentaban
las necesidades de suelo de una academia militar cada vez con mayor
actividad. El barrio crecía y la academia también y, como consecuencia,
los espacios libres entre ambos iban desapareciendo. Los problemas
aparecieron. Comenzaba a ser difícil la convivencia entre viviendas y un
campo de tiro demasiado cerca de los vecinos.
Nueve años y medio después del desgraciado accidente de Mariano Sánchez,
el 12 de octubre de 1995, volvió a repetirse la tragedia de un nuevo
accidente. Esta vez afectó a diez jóvenes que jugaban en los terrenos del
campo de tiro el día de la tradicional romería de la Virgen de la Guía,
cuya ermita quedó dentro de los límites de ese campo de tiro después de
las sucesivas ampliaciones de los terrenos militares.
¿Por qué se produjo el accidente? ¿Estaban los jóvenes fuera de la zona
acotada? ¿Faltaron medidas preventivas de seguridad el día de la romería?
¿Fue insuficiente la vigilancia? ¿Tenían que haber sido retiradas de
aquellos terrenos las granadas sin explosionar? Seguramente un poco de
todo. Pero el resultado de aquel desgraciado accidente, lo que realmente
cuenta es que Yolanda García Rey ha quedado tetrapléjica como
consecuencia de aquel accidente y además con un grado de minusvalía del
80 por ciento de su cuerpo. Hoy, Yolanda García tiene 17 años y ha tenido
menos suerte que los amigos que la acompañaban. Angel Luis Sánchez
Jiménez, Aarón Sánchez González, Juan Toledano Olivares, Raúl Paniagua,
Sabrina Juárez, Gerardo Jiménez, Sagrario Díaz Mora, Mónica Toledano
Olivares y su amigo Miguel Angel Olivares, que recibió metralla en el
corazón. Estos amigos tuvieron mejor suerte que Yolanda García.
El accidente de octubre de 1995, y perdónenme los detalles pero son
importantes, conmocionó al barrio de Santa Bárbara y a la ciudad de
Toledo. Lo sucedido y sobre todo lo que podía haber ocurrido aquel día
golpeó las conciencias de todos los ciudadanos. Los responsables
políticos y públicos hicimos declaraciones en el sentido de que de una
vez por todas estos accidentes debían evitarse. Vecinos y medios de
comunicación denunciaron que sólo nos acordábamos del campo de tiro de
Santa Bárbara cuando tronaba y que no habíamos dado soluciones a los
problemas de seguridad que planteaban las prácticas de tiro.
A partir de octubre de 1995 el barrio de Santa Bárbara, de Toledo, no ha
dejado de movilizarse para que estos accidentes no vuelvan a repetirse;
organizaciones sociales y vecinales de la ciudad de Toledo se han
pronunciado en contra del campo de tiro en repetidas ocasiones y así se
lo han expresado a todas las instituciones públicas. El Gobierno y las
Cortes de Castilla-La Mancha también han manifestado su preocupación por
el actual emplazamiento del mismo en diversas ocasiones. Parlamentarios
de estas Cortes nos hemos manifestado públicamente en ese mismo sentido
ante el Ministerio de Defensa. El Ayuntamiento de Toledo en diferentes
plenos, en más de cinco ocasiones, ha debatido acerca de las medidas a
tomar para evitar más accidentes, además de insistir, a través de
acuerdos plenarios y por unanimidad de todos los grupos políticos, en la
necesidad de su traslado o cierre si fuera necesario para asegurar la
integridad física de los vecinos del barrio de Santa Bárbara.
Unos y otros nos hemos manifestado en contra de la ubicación actual del
campo de tiro de Los Alijares y en favor de una reducción de las
prácticas de tiro del mismo. Es cierto que por parte del Ministerio de
Defensa y por los responsables de la Academia de Infantería se han
aumentado las medidas de seguridad, se han limitado los ejercicios de
tiro y se ha incrementado la vigilancia en todo su perímetro. Se han
tomado medidas, por tanto, por las autoridades
competentes, es cierto, pero no es suficiente. Es necesario que se
adopten decisiones, aun conociendo su dificultad, que garanticen la vida
y la integridad física de los vecinos del barrio de Santa Bárbara. Para
ello hay que reducir de forma clara las actividades que puedan
representar algún peligro para la población, además de extremar las
medidas de seguridad.
Igualmente creo que es imprescindible que continúen y que se
intensifiquen los contactos periódicos que las autoridades militares de
la Academia de Infantería mantienen con el Ayuntamiento de Toledo y sobre
todo con la asociación de vecinos y el resto de entidades ciudadanas,
para que la información clara y veraz dé sosiego y tranquilidad a los
vecinos de ese barrio. Sin duda alguna, hay que conciliar las necesidades
operativas y logísticas que tiene la Academia de Infantería, sus
necesarios ejercicios de tiro y maniobras a realizar, con una adecuada
ubicación de sus instalaciones y del campo de tiro. Hay que conciliar,
señorías, esas necesidades logísticas operativas con la seguridad de las
personas; no deben ser irreconciliables. No obstante, la desgraciada
historia reciente demuestra la necesidad de trasladar el campo de tiro de
la Academia de Infantería, está demasiado cerca de un barrio donde viven
más de 12.000 personas. Además, es importante saberlo, la Academia de
Infantería de Toledo dispone de terrenos suficientes y de capacidad para
hacerlo, para trasladar, para reubicar ese campo de tiro. Es necesario,
por tanto, que se vuelvan a intensificar los estudios que ya se
comenzaron para dar viabilidad a ese cambio de ubicación en los terrenos
que tiene la Academia de Infantería.
El traslado del campo de tiro y de maniobras que allí se llevan a cabo
debe hacerse sin poner en cuestión la existencia de la Academia de
Infantería, una institución profundamente vinculada a la historia y a la
vida de la ciudad de Toledo; debe hacerse. No hay que esperar a que
ocurra otro accidente. Es absolutamente preciso que el Ministerio de
Defensa siga acometiendo --lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo--
las medidas de seguridad necesarias en el campo de tiro de Los Alijares,
así como la reducción de las prácticas de tiro que puedan suponer algún
peligro y que aborden de una vez por todas, vuelvo a decirlo, su
reubicación lejos de las viviendas de un barrio, que nació en gran medida
alrededor de la Academia y que la quiere seguir considerando como una
institución amiga.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista va a dar su
apoyo a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Permítanme que comience la intervención
del Grupo Popular reiterando y apoyando las palabras del portavoz de
Convergència i Unió respecto a determinados temas que vienen a este
Parlamento. Sin duda, siendo todos ellos interesantes, parece bastante
claro que se invaden competencias de otras instituciones y si queremos
ser respetados en este Parlamento tenemos que comenzar dando ejemplo y
respetando a su vez las decisiones que se tomen en los parlamentos
autonómicos y las distintas opciones u opiniones de los ayuntamientos.
Es probable que traer a esta Cámara determinados temas que no son
competencia de la misma responda al celo que muchos Diputados tenemos que
nos lleva a interesarnos de forma muy especial por aquellas cuestiones
que corresponden a la circunscripción por la que hemos sido elegidos. Yo,
aunque soy parlamentaria por Madrid, soy, de nacimiento, manchega y tengo
una especial sensibilidad para los temas de esta tierra. Esto no obsta
para que nos reconduzcamos a la sensatez y al respeto por las
instituciones locales y autonómicas.
El asunto que hoy nos trae aquí, señoría, ha venido en distintos momentos
parlamentarios, ya desde legislaturas anteriores. Hay constancia de
antecedentes desde la IV legislatura y algunos otros colaterales de
legislaturas anteriores. Pero, señorías, en estos momentos en que también
desde otras comisiones y desde el sentir nacional se habla de la calidad
de la formación y de la enseñanza, uno de los centros importantes de
enseñanza son las academias militares y estamos también actualmente
trabajando en unas comisiones en las que se está estudiando la fórmula
más adecuada para la profesionalización de nuestros Ejércitos,
profesionalización que está basada en la operatividad de las Fuerzas
Armadas para que haya una eficaz seguridad y defensa de España.
Dentro de los primeros profesionales de los Ejércitos están aquellos que
proceden desde hace largos años de las academias militares y Toledo, una
ciudad privilegiada, abierta y entrañable, tiene la academia militar, que
está íntimamente relacionada con todos los ciudadanos de la ciudad de
Toledo.
¿Qué es lo que pretende Izquierda Unida con esta proposición no de ley?
Me he quedado bastante tranquila cuando he oído a su portavoz que no
pretende la desaparición del polígono de tiro, sino que pretende el
cambio de ubicación. Podríamos estar de acuerdo, pero ¿se da cuenta,
señoría, que el campo de tiro de una academia tiene que estar junto a
ella? Porque la formación necesaria de esa práctica de los cadetes tiene
que estar en los terrenos de las academias, puesto que todas las tardes
los estudiantes cadetes salen a hacer prácticas de tiro, o de sus
vehículos, absolutamente necesarias para su formación. Por tanto, el
traslado del campo de tiro supondría un coste en cuanto a una parte
económica que, siendo muy importante, no es la mayor y supondría también
un coste del tiempo útil, ya que estos estudiantes de la carrera militar
tienen necesidad de tener el campo de tiro junto a donde se encuentra
ubicado el centro en el que se imparten sus enseñanzas teóricas. Desde el
punto de vista de la enseñanza de la Academia, no parece posible que se
encontrara un sitio más adecuado ¿o pretendían ustedes que lo
trasladásemos a uno más cercano, como podría ser el de Chinchilla? Este
coste de tiempo y de economía no parece aconsejar el traslado; también, y
sobre todo, la necesidad para las enseñanzas prácticas.
El segundo argumento que el Grupo Popular esgrime para que se mantenga en
la medida de lo necesario es que cumple las normas de la Ley 8/1975, de
12 de marzo, y que
mantiene todos sus requisitos; las limitaciones, prohibiciones y franjas
de seguridad que regulan la ubicación de este tipo de instalaciones
militares. Pues bien, existe la necesidad para la enseñanza y existe el
que cumple la normativa vigente establecida por la citada Ley de 1975.
Existe también un argumento, creo que muy importante, que son los
precedentes parlamentarios. Yo, señorías, tengo todos los precedentes
parlamentarios de la IV y V legislatura, y podría citarles algunos
números de expedientes, como 684/10687. Señor Presidente, excúseme de que
siga dando lectura de todos los números de expedientes que sobre este
tema han sido acumulados en esta Cámara. Por tanto, tampoco los
antecedentes parlamentarios a lo largo de muchos años parece que
aconsejen la aceptación de esta proposición no de ley que nos trae hoy el
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Finalmente, señorías --y con ello daría contestación a las intervenciones
de los portavoces parlamentarios--, sobre los argumentos de la propia
proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tengo que decirles que son unos accidentes desgraciados, tanto
el de 1986 como el de 1995. Sin duda alguna, ¿cómo no vamos a estar por
la vida de todos los ciudadanos? ¿Es que se puede escuchar en sede
parlamentaria que se argumente como propia la defensa de la vida?
Señoría, la defensa de la vida en éste y en todos los ámbitos, pero no me
lo ponga usted como contrapunto para algo que ha sido, repito, un
desgraciado accidente, algunos con pérdidas de vidas y otros con
lamentables lesiones, para que, de forma tan demagógica, se argumente
para una defensa que no tiene absolutamente nada que ver.
Se han reforzado las medidas de seguridad, y así lo ha puesto de
manifiesto el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor
Peralta; se reforzaron después del desgraciado accidente de 1995 y
prácticamente se limitaron los ejercicios de tiro con armas de tiro liso
y curvo a calibres inferiores a 20 milímetros y 120, respectivamente;
también se ha mejorado el vallado total del campo. Es verdad que el
desgraciado accidente de 1986 afectó a un niño, pero también ha habido
otros accidentes desgraciados en los que, por ejemplo, un niño se ha
subido a una instalación de alta tensión y se ha electrocutado, y no por
ello quitamos las líneas de alta tensión. ¿Que lo lamentamos? A nadie le
queda la menor duda de que todo ciudadano lamenta estos accidentes y
todos los Diputados no tienen otro sentimiento que el del lamento, pero
no quitamos los cables de alta tensión, porque, desgraciadamente, un día
aconteció aquello.
Respecto a la romería, todos somos partidarios y hemos disfrutado de
ellas, pero nos podemos preguntar, ¿es el sitio más adecuado para
celebrar una romería un campo de tiro o habría que buscar otro sitio para
pasar un día en el campo? Yo creo que si se va y hay determinadas zonas
acotadas, la prudencia aconseja no entrar en aquellos sitios en los que
se prohíbe porque existe peligro. Por tanto, compartimos las
argumentaciones respecto a la romería; a todos nos gustan, sobre todo a
los que pasamos demasiadas horas dentro de unas habitaciones, a veces con
luz artificial, como ésta, o en despachos apenas con luz; nos encantaría
poder participar en romerías, pero con la sensatez de ir a aquellos
lugares en los que no se corra peligro.
Permítame, señor Presidente, señorías, decir que lo que ya me ha
sorprendido de forma absoluta, y es bueno, quizás, no perder la capacidad
de sorpresa, ha sido la intervención del portavoz socialista, una
intervención como poco tremendista; se parece más bien a algunos seriales
de televisión, en los que dibujan esa España negra, que en todos los
ámbitos ha sido superada. Aun no siendo esto serio, siendo absolutamente
demagógico, es todavía menos serio si, como he citado al principio,
tenemos antecedentes legislativos de la IV y V legislatura. Yo no sé en
este momento, después de esa intervención, me cabe preguntar quién
gobernaba en España en esas épocas. Porque cuando surgieron estos
accidentes, señor portavoz socialista, que tanta sensibilidad ha
esgrimido al respecto, ¿me quiere recordar quién gobernaba en España?
¿Qué es lo que dijeron sistemáticamente a esa sensibilidad que usted
manifiesta, utilizando, de forma yo diría que poco adecuada --por usar un
calificativo absolutamente educado--, su intervención? Señoría, gobernaba
el Partido Socialista, y no creo que fuera el Ministro de Defensa --que
está sentado a su lado-- el responsable de esas muertes porque no hubiera
tomado las medidas precisas; en absoluto lo creo. Estoy absolutamente
convencida de que, por el buen hacer del ex ministro, tomaría todas las
medidas. Son desgraciados accidentes, pero es impresentable que usted los
mencione ahora. Todos estamos de acuerdo en que no debe volver a
acontecer y en que se deben tomar ésas y más medidas de seguridad, pero
usted no puede utilizar a los vecinos de Santa Bárbara para llegar a su
pueblo a contar la historia de aquello cuando el Gobierno de España
estaba en manos del Partido Socialista. ¿O es que ahora han cambiado
ustedes de criterio porque no gobiernan? ¿Es que ahora han cambiado
ustedes de criterio, porque están en la oposición, respecto a este
polígono de tiro, ya que desde la IV legislatura ha habido intervenciones
parlamentarias en ese sentido? Señor Diputado, es muy poco serio su
comportamiento y su actuación esta mañana en la Comisión.
Por todo ello, señor Presidente, el Grupo Popular, con la coherencia
debida y manteniendo los mismos criterios que mantuvo en su día a lo
largo de tres legislaturas el Gobierno socialista, va a votar en contra
de esta proposición no de ley. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, muy brevemente.
He oído la intervención de la representante del Grupo Popular en contra
de la proposición no de ley. Yo entiendo que la representante del Grupo
Popular recuerde al portavoz socialista quién gobernaba la nación en la
fecha en la que se produjeron los accidentes. Lo que me sorprende,
señorías, y se lo digo a la representante del Grupo Popular, es que no
recuerde lo que hacían y decían ellos cuando se producían esos
accidentes. Porque ellos se manifestaron entonces (Un señor Diputado: Es
cierto, señor Presidente.) y no sólo entonces, ahora. Dice el actual
Alcalde
de Toledo, del Partido Popular: Es prioritario para este Ayuntamiento la
seguridad de todos los ciudadanos. Esa es la manifestación que hace hoy
el representante del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Toledo. En las
Cortes autonómicas de Castilla-La Mancha: El Partido Popular va a
intentar un acuerdo para cambiar de lugar el campo de tiro de la Academia
de Infantería de Toledo. Por tanto, señorías, no juguemos al peloteo de
tú o yo, cuando lo bien cierto es que, por dramático que sea, hay
ciudadanos que están sufriendo graves accidentes y que no pueden entender
de ninguna manera que el Partido Popular cuando estaba en la oposición
dijera una cosa y cuando llega al Gobierno su excusa sea hacer lo mismo
que el Gobierno al que ha reemplazado, teóricamente porque lo hacía tan
mal y ellos lo iban a hacer tan bien.
Termino muy brevemente, señorías.
Creo que este tema, sinceramente --y yo he huido en mi intervención de
catastrofismo--, es un tema grave, en el que hay en juego intereses muy
importantes de ciudadanos y, desde luego, si una de las imágenes del
catastrofismo era la de ciudadanos que sufrían, también formaban parte de
esa España negra aquellos que decían que casi la única solución era rezar
y encomendarse a Dios. Afortunadamente, en nuestro país, hoy sabemos que
hay soluciones distintas a ésas, aunque nos las reclame incluso el
Presidente del Gobierno: hay soluciones distintas, es nuestra
responsabilidad y nos van a exigir los ciudadanos que las pongamos en
práctica.
Nuestra proposición no de ley va en esa dirección, señorías, y por ello
me permito nuevamente reiterarles que la voten a favor. (El señor
González Revenga pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El debate está en realidad terminado, pero, señor
González Revenga, tiene dos minutos.
El señor GONZALEZ REVENGA: Le agradezco que me dé la oportunidad de
replicar, sin ponerme al nivel que se ha puesto la señora Diputada del
Grupo Popular, absolutamente impresentable. En ningún momento me he
referido a un gobierno o a otro, a un gobierno de un color u otro. Creo
que esto es más importante que la línea de argumentación que ella ha
utilizado. Pero le puedo decir lo siguiente: en el Partido Socialista
siempre hemos defendido lo mismo, y ahí están los escritos y las
manifestaciones públicas de parlamentarios en ese sentido. Nadie ha
querido hacer demagogia con los accidentes. Lo que parece mentira es que
en sede parlamentaria se quiera descalificar una posición política que
siempre se ha defendido y que es necesaria para todos, para todas las
personas que viven en la ciudad de Toledo. Además, la tengo que decir que
parece mentira que hace escasamente dos meses su grupo político, el
alcalde de Toledo, presidente regional del Partido Popular en Castilla-La
Mancha, haya presentado una proposición, que ha aprobado con sus votos,
que dice textualmente: Solicitar del Ministerio de Defensa la reubicación
del campo de tiro de la Academia de Infantería. Creo que defender esto
mismo aquí no es impresentable. Lo impresentable es la posición que la
señora Diputada ha mantenido. (La señora García-Alcañiz Calvo pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, le concedo dos minutos, por
favor.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Muchas gracias, señor Presidente, creo
que ni siquiera los voy a consumir. Dice que para el Alcalde de Toledo es
prioritario la vida de los ciudadanos. Permítame, señoría, que le repita
que para el Alcalde de Toledo o para cualquier alcalde, sea del PP o sea
del grupo político que sea; pero no sólo para el alcalde, para todos los
ciudadanos y para todos los políticos, estén en unas o en otras
instituciones. De manera que eso, que se da por hecho, no necesita
justificación, ni siquiera necesita esgrimirlo como argumento para esta
proposición.
Al portavoz del Grupo Socialista le reitero que no ha sido cortés
parlamentariamente ni educado con la argumentación que ha utilizado. Y le
vuelvo a decir que en nosotros no existe contradicción, señor Presidente;
hemos venido manteniendo la misma postura y es la decisión de los
gobiernos sucesivos en el Ministerio de Defensa; hasta hace muy poco los
gobiernos socialistas han mantenido esta postura. Otra cosa es que el
Alcalde de Toledo negocie con el director de la academia militar y, si
hay necesidad, encuentre, en el entorno de la propia academia, el lugar
adecuado y con la cercanía suficiente para que los alumnos de la Academia
de Infantería de Toledo puedan hacer sus prácticas. Creo que es un
cometido y en el respeto que debemos mantener por las instituciones, que
he reiterado y que ha esgrimido el portavoz de Convergència i Unió, en
ese respeto a las instituciones y a las decisiones que toma el
ayuntamiento, si eso llega a producirse, nosotros no tendremos en modo
alguno que votar en contra ni estar en contra de esa postura, pero esa
decisión ni se ha tomado ni se ha ejercido. Dejemos que negocien, si es
que eso es así, al Alcalde de Toledo y al director de la academia, y sin
duda ninguna nosotros estaremos de acuerdo con la decisión que se tome en
esa institución.
--SOBRE LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL DERECHO DE
ASOCIACION DE LOS MILITARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000257.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de este punto cuarto del orden
del día, pasamos al punto quinto, que es una proposición no de ley del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la
elaboración de un proyecto de ley reguladora del derecho de asociación de
los militares.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señorías, como luego indicaré con mayor
abundamiento, lo que esta proposición
pretende es traer al seno de la Comisión de Defensa un debate que hoy se
plasma en el derecho de asociación, y hay otra proposición, que se verá
posteriormente, referente a la libertad religiosa. Queremos traer a esta
Comisión, en definitiva, traer al Congreso de los Diputados un debate, a
nuestro modo de ver a veces cerrado en falso, sobre la aplicación de los
derechos fundamentales en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Como todos ustedes saben, la teoría general sobre los derechos
fundamentales exige entender que dichos derechos no son ilimitados, que
no son absolutos y que están limitados, limitados por el respeto a otros
derechos fundamentales o por otras razones de índole constitucional o
jurídica. Sin embargo, está absolutamente asentada la doctrina del
Tribunal Constitucional de que esos límites que se pueden establecer por
vía legal no pueden llegar a afectar al contenido esencial del derecho;
desvirtuaría absolutamente lo que fue la voluntad del constituyente en
este tema primordial.
No deja de tener lógica que, dadas las funciones que tienen atribuidas
por la propia Constitución, algunos derechos fundamentales en el marco de
las Fuerzas Armadas estén restringidos y que hayan sido restringidos por
diversas normas jurídicas. En algunos casos, como digo, esa restricción
se puede justificar de sobra dadas las funciones de las Fuerzas Armadas,
pero en otros casos, más que por la función constitucional que tienen
atribuida las Fuerzas Armadas, el marco restrictivo del ejercicio del
derecho se explica más por la historia, por la tradición, por la forma
específica en que se desarrolló la transición española.
Nos encontramos hoy con una serie de anacronismos a mi modo de ver,
aunque no tenga que ver directamente con esta proposición no de ley, como
que todavía, según las Reales Ordenanzas, por ejemplo, los militares
deban comunicar a sus superiores que han contraído matrimonio, cosa que
difícilmente se entiende desde las propias funciones de las Fuerzas
Armadas.
Por consiguiente, entendemos que ese marco restrictivo del ejercicio de
derechos fundamentales, esa existencia de cautelas que van más allá de lo
estrictamente racional y necesario debe ser revisada, en un proceso que
debe ser tranquilo, que debe ser sereno, que afecta a una serie de normas
de diverso rango. Por ello, desde nuestro punto de vista es preferible
que se haga por la vía del proyecto de ley, para que la Cámara pueda
conocer con tranquilidad y pueda ser sopesado también por el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación en concreto, sabemos que es un derecho
constitucional perfectamente acuñado en nuestra Carta Magna, pero que,
además, adquiere alguna de su virtualidad esencial en situaciones en las
que predominan las relaciones jerárquicas de manera acusada. El hecho de
que pueda existir la posibilidad de asociarse puede ser precisamente un
freno objetivo a que se produzcan situaciones indeseables de
arbitrariedad, de prepotencia, etcétera, y nadie dudará de que, en el
ámbito de las Fuerzas Armadas objetivamente y más allá de la buena o mala
voluntad de las personas que encarnen esa jerarquía, nos encontramos con
esa relación jerárquica.
Las Reales Ordenanzas, en sus artículos 180, 181 y 182, hacen diversas
alusiones a esta cuestión. Fundamentalmente quisiera traer a colación dos
cosas que dice el artículo 181. Por un lado, dice que los militares
podrán pertenecer a otras asociaciones legalmente autorizadas. No queda
claro si se refiere a asociaciones compuestas exclusivamente por
militares y, además, parece poco riguroso, desde un punto de vista
jurídico, el concepto de asociaciones autorizadas. En cualquier caso,
parece que los militares pueden pertenecer a asociaciones de carácter
religioso, cultural, deportivo o social. Sin embargo, se limita
gravemente la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en
asociaciones con finalidad reivindicativa. Establece así un concepto
jurídico indeterminado porque no queda claro cuál puede ser la asociación
que pretende una actividad reivindicativa porque, de hecho, se diferencia
en los mismos artículos la posibilidad de sindicación. A nuestro modo de
ver ésta debería ser una cuestión a abordar, porque establece un límite
innecesario al artículo 22.
Nuestro objetivo consiste en abrir este debate, porque, además, estamos
convencidos de que el nuevo horizonte que se configura en el proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas también va a exigir, en materia
de derechos fundamentales, una normalización de las relaciones que se dan
en su seno, tanto para, en este momento, todavía, las tropas de reemplazo
y profesionales como, con mucha más razón, dentro de ya poco tiempo, para
un personal al servicio de las Fuerzas Armadas totalmente profesional. En
definitiva, en esta materia se trata también en un contexto europeo,
donde, como ustedes saben, esa normalización en el ejercicio de derechos
en el seno de las Fuerzas Armadas, concretamente del derecho de
asociación, se ha resuelto de manera tranquila y de manera convincente
para todos.
Como se pretende abrir ese debate, se refiere con una calculada enmienda
a la proposición no de ley al derecho a la asociación en el marco del
artículo 22, pero no cabe duda de que también habrá que replantearse cómo
se va a entender en el nuevo contexto de profesionalización de las
Fuerzas Armadas lo que dice el artículo 28 de la Constitución cuando
indica que la ley podrá limitar o exceptuar el derecho de sindicación a
los miembros de las Fuerzas Armadas o de institutos armados. La
utilización del tiempo verbal «podrá» de alguna manera está remitiendo a
la posibilidad, posibilidad que hoy existe pero no sería inconstitucional
que pudiera eliminarse ese límite en el futuro.
Estamos convencidos de que a eso se va a llegar porque, entre otras
cosas, en un marco de ejército profesional va a ser un buen acicate para
la voluntad de muchas personas actuar como profesional de las Fuerzas
Armadas si ven sus derechos ciudadanos plenamente garantizados y porque,
con más tiempo de permanencia en el servicio de las Fuerzas Armadas, se
generarán situaciones que necesariamente van a requerir una nueva
regulación de esta materia. Por tanto, entendemos que es mejor que se
trabaje ya con ausencia de problemas que cuando esos problemas empiecen a
surgir. Es por todo ello por lo que solicitamos su apoyo para esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Calleja tiene la
palabra.
La señora CALLEJA DE PABLO: Intervengo para fijar la posición de mi grupo
en relación a la proposición no de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Quiero decir, y vaya por delante, que para nuestro grupo todo
ensanchamiento de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
nos parece bueno, todo ensanchamiento hasta el límite máximo en que, como
el propio proponente ha señalado, no colisione el derecho fundamental o
la libertad pública de que se trate con otros derechos o con otros bienes
jurídicos constitucionalmente protegidos. En este caso el derecho de
asociación, cuya nueva regulación se propone, tendrá que cohonestarse,
efectivamente, con el ejercicio de otros derechos de los demás ciudadanos
y con el bien jurídico constitucionalmente protegido de la seguridad
nacional y del correcto funcionamiento de la organización de las Fuerzas
Armadas que, en definitiva, es el núcleo duro de la seguridad nacional.
También es verdad, lo digo liminarmente, que toda regulación jurídica es
perfectible.
Dicho esto me gustaría acotar y centrar el tema que hoy nos ocupa. La
proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya no se refiere en su literalidad, aunque ahora el proponente nos
ha aclarado que se trata de una ambigüedad querida, al artículo 28 de la
Constitución que regula el derecho de sindicación y en el que
efectivamente se encuentra la posibilidad de una limitación o exclusión
de este derecho para los militares, sino que la proposición no de ley
hace referencia explícita al desarrollo del artículo 22 de la
Constitución, es decir, al derecho de asociación. En ese sentido, en
coherencia con la proposición no de ley, quiero dejar al margen, por
tanto, toda consideración sobre el desarrollo del artículo 28 de la
Constitución que merecería desde luego, cómo no, amplio comentario y
debate.
En segundo lugar me gustaría señalar, dentro de lo que he llamado acotar
y centrar el tema, que en materia de derechos fundamentales y libertades
públicas seguramente la menor regulación es la mejor de las regulaciones,
pero no cabe duda que estamos hablando de un colectivo que, como la
propia proposición no de ley señala, requeriría una regulación de las
peculiaridades de este derecho para los militares.
¿Cuál es en la actualidad y qué juicio nos merece la regulación del
derecho de asociación de los militares? Efectivamente, la raíz
constitucional se halla en el artículo 22, que no hace alusión expresa al
colectivo de los militares, y la regulación ordinaria está contenida,
como ha señalado el proponente, en los artículos 181 y 182 de las Reales
Ordenanzas. Muy brevemente me gustaría señalar que, efectivamente, como
también se ha dicho en la escasa doctrina que comenta el artículo 22, las
Reales Ordenanzas tienen un rango insuficiente, puesto que no son ley
orgánica, pero bien es verdad que se trata de una norma tramitada y
aprobada con anterioridad al texto constitucional, donde, por tanto, no
existía la categoría de leyes orgánicas.
En cuanto al fondo, sin embargo, tengo que decir que su contenido, sin
perjuicio de que quepan otras interpretaciones constitucionales, cómo no,
se adecua perfectamente a las normas internacionales que hacen alusión a
este derecho, en concreto, al Convenio para la protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades fundamentales, de 1950, así como al Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del año 1966. Ambas
regulaciones prevén la posibilidad de limitaciones del derecho de
asociación cuando se trata del colectivo de los militares.
Quisiera ir concluyendo con las siguientes afirmaciones. Es verdad, como
ha dicho el proponente, que existe en toda Europa un movimiento que
propugna el derecho de asociación de los militares. La regulación es
desigual en los distintos países de Europa, pero existe, efectivamente,
ese movimiento que propugna el asociacionismo militar. Una de esas
entidades, quizá la más conocida o, por decirlo de alguna manera la más
beligerante, sea Euromil, cuyo presidente, por cierto, es un suboficial
del ejército danés, que de 1974 a 1978 fue concejal por el partido
conservador danés en su municipio. Es verdad que existe ese movimiento
asociativo, pero también es verdad, a juicio de nuestro grupo, que siguen
vigentes las razones que aconsejan una limitación del derecho de
asociación en el sentido que recogen las normas internacionales que he
citado: las razones de preservar la neutralidad, a que se refiere el
artículo 182 de las Reales Ordenanzas, y las razones de no debilitar la
operatividad de las Fuerzas Armadas con erosiones de su propia
organización, es decir, razones funcionales y de eficacia de las Fuerzas
Armadas, y, en definitiva, razones que apelan --el proponente también ha
aludido a ellas-- a la lógica institucional de las FAS, en definitiva a
lo que en la exposición de motivos de la nuestra ya venerable Ley de la
Jurisdicción Contenciosa-administrativa se denomina la naturaleza de las
instituciones.
En la actualidad el derecho de asociación de los militares no está
totalmente exceptuado sino limitado. Está exceptuado, ya digo que no es
el tema que nos ocupa al menos en el texto de la proposición no de ley, a
la sindicación y también a cualquier asociación de tipo reivindicativo.
Está también exceptuado el derecho de asociación política, pero como ha
señalado el proponente, en el artículo 181.2 está permitido otro tipo de
asociaciones. Como él ha comentado, creo cierto que dentro de una
interpretación sistemática de toda esta normativa podríamos concluir que
está limitado o exceptuado, para hablar con más propiedad, el derecho
para asociaciones de exclusiva composición militar, no así para el resto.
A nuestro grupo le parece que, sin perjuicio, como digo, de que siempre
son atendibles las propuestas de ensanchamiento de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, la posibilidad existente de
que los militares pertenezcan a asociaciones no exclusivamente compuestas
por militares seguramente abona la deseada conexión entre la sociedad y
las Fuerzas Armadas y lo contrario tal vez, si no se hace con extremada
prudencia, podría tener el efecto de profundizar en determinadas
tendencias endogámicas.
Por terminar, y como ha señalado el proponente, puesto que esta
proposición no de ley trae a colación una revisión del modelo FAS y un
nuevo horizonte de profesionalidad, como él ha dicho, nos parece que,
estando trabajando la comisión mixta que estudia ese modelo y quizás ése
fuera el marco más adecuado para abordar esta cuestión en vez de hacer
una aproximación desconectada de esa nueva concepción.
Por otra parte, nos parece que el texto de la proposición no de ley es
quizá excesivamente parco instando al Gobierno y señalándole un plazo que
nos parece poco coherente con el de la comisión mixta a que he hecho
referencia, en unos términos que no queda claro cuáles serían, aunque de
sus palabras ya podemos sacar algo más de luz, la dirección en que esas
peculiaridades tendrían que regularse.
En definitiva, entendemos que la actual regulación es respetuosa con la
necesaria armonía entre este derecho de asociación y el resto de bienes
jurídicos protegibles por la Constitución y también está de acuerdo con
las normas internacionales sobre la materia. Por tanto, anunciamos
nuestro voto en contra a la toma en consideración de esta proposición no
de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Barros tiene la
palabra.
El señor BARROS MARTINEZ: El derecho de asociación en el ámbito de las
Fuerzas Armadas exige, ante todo, diferenciar entre dos grandes grupos de
asociaciones: por un lado, las asociaciones políticas y profesionales y,
por otro, las demás; es decir, las civiles, mercantiles, religiosas,
culturales, deportivas, sociales, etcétera, tanto de carácter público
como privado.
En general, ni en el ordenamiento jurídico español ni en la gran mayoría
del Derecho comparado existen limitaciones para que los militares puedan
participar en asociaciones comprendidas en el segundo de los grupos
anteriormente indicados. Tales limitaciones se imponen, sin embargo,
cuando se trata de la participación del militar en partidos políticos,
sindicados y en las denominadas asociaciones con finalidad
reivindicativa.
En el sistema español ni el artículo 6 ni el 22 de la Constitución
incluyen limitación alguna para que los militares puedan pertenecer a las
asociaciones no prohibidas o consideradas como legales por el citado
artículo 22, pudiendo incluirse, por tanto, en el ámbito de este precepto
las asociaciones políticas. Por el contrario, el artículo 28 de la
Constitución dice expresamente que la ley podrá limitar o exceptuar el
ejercicio del derecho de sindicación a las fuerzas, institutos armados o
a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. La regulación legal
de esta materia para los militares profesionales se encuentra contenida
actualmente en los artículos 181 y 182 de la Ley 85/1978, de 28 de
diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, y en la Ley
orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, del Régimen disciplinario de las
Fuerzas Armadas.
El primero de ellos establece que los miembros de las Fuerzas Armadas no
podrán participar en sindicatos y asociaciones con finalidad
reivindicativa, añadiendo que no condicionarán sus contenidos a intereses
personales o profesionales y no podrán recurrir a ninguna forma de
huelga. Paralelamente se reconoce la posibilidad de pertenecer a otras
asociaciones religiosas, culturales, deportivas o sociales. Por su parte,
el artículo 182 proclama la neutralidad política y sindical.
Taxativamente dice que el militar no podrá estar afiliado o colaborar en
ningún tipo de organización política o sindical, asistir a sus reuniones
ni expresar públicamente opiniones sobre ellas.
La Ley orgánica 12/1985 sanciona como falta disciplinaria grave la
participación del militar profesional en organizaciones políticas o
sindicales. Sin embargo, en ocasiones se ha afirmado que el artículo 181
de las Reales Ordenanzas, que sólo prohíbe expresamente la participación
de los miembros de las Fuerzas Armadas en sindicatos y asociaciones con
finalidad reivindicativa, es inconstitucional por un doble motivo: en
primer lugar, porque restringe el derecho de asociación del artículo 22
de la Constitución sin base o fundamento constitucional para ello; y, en
segundo término, porque la materia que regula está encuadrada en el
ámbito de reserva de la Ley orgánica que establece el artículo 81 del
texto constitucional.
Una correcta interpretación del artículo 181 de las Reales Ordenanzas
lleva a la conclusión de que el mismo no transgrede la regla establecida
en el artículo 22 de la Constitución. En efecto, dicho artículo, de
acuerdo con la Constitución, reconoce al personal militar el derecho de
pertenecer a asociaciones religiosas, culturales, deportivas o sociales.
Ahora bien, prohíbe la participación en sindicatos y asociaciones con
finalidad reivindicativa. Esta cláusula en contra de lo que se ha
sostenido no debe relacionarse con el artículo 22 de la Constitución,
sino con el artículo 28 del mismo texto, por lo que no existe esta
pretendida inconstitucionalidad.
La expresión «asociación reivindicativa» se encuadra en el artículo 28 y
no en el 22, porque es indudable que el artículo 28 permite prohibir no
sólo los sindicatos de militares que se denominan así formalmente sino
cualquier tipo de asociación que por su naturaleza y fines pueda
englobarse en un concepto sustantivo o material de sindicato. Al fin y la
cabo, todo sindicato es una asociación, aunque con unos fines peculiares:
la defensa de intereses económicos o políticos comunes a todos los
asociados. En este sentido, la doctrina es pacífica al entender que la
caracterización de una asociación como sindical se determina en función
de los intereses que protege, adquiriendo la configuración de asociación
sindical, cuando su fin es la defensa de intereses económicos y sociales,
tal y como dice el artículo 7.º de la Constitución.
Si se mantuviera la postura contraria y se entendiera que el artículo 28
únicamente permite excluir en los ámbitos de las Fuerzas Armadas la
acción de los sindicatos, externa y formalmente caracterizados como
tales, se abrirían las puertas a un permanente fraude de ley, puesto que
al amparo de la libertad de asociación del artículo 22 bastaría a una
asociación rehuir la denominación de sindical para poder desarrollar una
acción tan perturbadora para la neutralidad y disciplina de los ejércitos
como la que pudiera
desarrollar cualquier sindicato. Esta interpretación también se
fundamenta en los tratados internacionales suscritos por España, los
cuales, según el artículo 10 de la Constitución, suponen una pauta
interpretativa para entender el contenido y alcance de las normas
relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la
Constitución reconoce. En concreto, la caracterización de los sindicatos
en atención a sus fines está claramente establecida en el Convenio número
87 de la OIT sobre libertad sindical, el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de
noviembre de 1950, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de 19 de Diciembre de 1966.
La conclusión final es que el artículo 28 hace referencia a un concepto
sustantivo o material de sindicato y no legal o formal, y con base en
dicho precepto la Reales Ordenanzas prohíben la participación de los
militares en asociaciones reivindicativas, entendiendo por tales aquellas
que por encima de su caracterización jurídica formal desarrollan
actividades propias de un sindicato, fundamentalmente la defensa de los
intereses económicos y sociales de sus miembros.
Finalmente, como antes se ha señalado, en ocasiones también se discute
que las Reales Ordenanzas, ley ordinaria, puedan entrar a regular una
materia constitucionalmente reservada a ley orgánica, pero este reproche
se disipa si se tiene en cuenta que la Ley 85/1978 es anterior a la
entrada en vigor de la Constitución, y el Tribunal Constitucional ha
señalado reiteradamente que no se produce inconstitucionalidad
sobrevenida por motivos formales, esto es, que las normas
preconstitucionales no devienen en inconstitucionalidad porque la
Constitución exija ley orgánica y ellas obviamente no tienen este
carácter.
En lo que se refiere a la prohibición de toda participación del militar
profesional en asociaciones políticas, recogida de las Reales Ordenanzas
y sancionada como falta al régimen disciplinario, en efecto no está
contemplada por la Constitución y su modificación requeriría una ley
orgánica. Sin embargo, señorías, la misión que las normas fundamentales
del Estado confieren a las Fuerzas Armadas las convierte en una
institución sustantiva fundamental en el orden de la sociedad, cimiento y
garantía del Estado, de su supervivencia y de su vida, es decir, del
orden institucional y de la actividad política.
La naturaleza de su misión está más allá de las asociaciones políticas
concretas, por ello las Fuerzas Armadas y sus miembros deben mantener el
debido respeto a cualquier opción política de las que tienen cabida en el
orden institucional y, en consecuencia, no deben participar ni mostrar
públicamente su preferencia por cualquiera de ellas.
Por último, en cuanto al soldado de remplazo, la legislación vigente sólo
pretende asegurar su neutralidad durante la prestación del servicio
militar, sin que ello suponga la pérdida de su vinculación política o
sindical anterior a su incorporación a filas. En este caso la limitación
viene impuesta por la Ley Orgánica 13/1991, del Servicio Militar, que en
su artículo 43 previene que el soldado de remplazo debe abstenerse de
realizar actividades sindicales, y en su artículo 50 prohíbe ejercer,
dentro de los ejércitos, el derecho de sindicación, las acciones
colectivas de carácter reivindicativo y el derecho de huelga.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará
negativamente la proposición no de ley formulada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
--SOBRE DESAFECTACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE DEFENSA EN DESUSO, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000273.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día:
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre desafectación de los
bienes patrimoniales propiedad del Ministerio de Defensa, en desuso,
ubicados en la provincia de Lleida.
Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, antes de entrar en el fondo de la
proposición no de ley quisiera señalar que estos bienes del Ministerio de
Defensa han sido ya desafectados, por lo que es tan necesario en este
momento que podamos llegar a una solución con otros grupos de la Cámara
en la que, manteniéndose el espíritu de la proposición no de ley,
consiguiésemos los objetivos que en ella se pretenden.
En segundo lugar, cuando redactamos esta proposición no de ley éramos
conscientes de que la legislación actual, es decir, la Ley 28/1984, de
Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, en su artículo 2.º4, prohíbe
la cesión gratuita de estos bienes y señala la obligatoriedad de que se
produzca a título oneroso; pero entendiendo que estamos en sede
parlamentaria y en la previsión de que este mismo Parlamento podría
modificar la Ley de Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, no
queríamos cerrar la posibilidad de que se produjera esa cesión a título
gratuito. La intervención en este sentido del portavoz del Grupo Popular
Arsenio Fernández de Mesa en la anterior proposición no de ley es acogida
por nuestro grupo con gran satisfacción, porque abre la posibilidad de
que en algunos casos estas cesiones no tuvieran que realizarse a título
oneroso, sino a título gratuito.
El Ministerio de Defensa ha efectuado diversas modificaciones en la
estructura orgánico-administrativa-funcional de las Fuerzas Armadas,
relativas al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. La
esencia de esta reestructuración ha sido modernizar y racionalizar la
estructura militar a las exigencias del tiempo actual. Con esta
racionalización de las Fuerzas Armadas, que sin duda ha establecido los
ejes de una nueva política militar en el Estado español, se han efectuado
desocupaciones, desmantelamientos y cierres de instalaciones y terrenos
militares en
todo el territorio del Estado, con una retirada importante de unidades y
acuartelamientos, como ha sucedido en la ciudad de Lleida con la División
Urgel. La situación actual de estos cuarteles, instalaciones y terrenos
es en muchos casos de desuso y de abandono, sin ningún tipo de destino ni
de aprovechamiento. Sin duda estas instalaciones deberían tener, a
nuestro entender, un destino público y social que regularían las
comunidades autónomas y preferentemente los ayuntamientos en cuyos
términos municipales se encuentran ubicados estos bienes.
Actualmente en el municipio de Lleida y en algunas de sus comarcas
existen las propiedades del Ministerio de Defensa que a continuación se
señalan y que han sido ya objeto de desafectación: la residencia de
oficiales en la ciudad; el polvorín de Raïmat, ubicado en la Cerdera;
viviendas militares en la ciudad de Lleida; la meseta de Gardeny, con
29.000 metros cuadrados de superficie edificada en los cuarteles de
Sanjurjo y Templarios; el Colegio Capitán Masip y el Aeródromo d'Alfés. A
esto hay que añadir el Gobierno Militar, instalación sobre la cual parece
que hay ya un principio de acuerdo con la Generalitat de Cataluña.
El traspaso tanto del Colegio Capitán Masip como del Aeródromo d'Alfés
correspondería a la Generalitat de Cataluña, administración competente en
materia de educación y de medio ambiente. En relación a las demás
propiedades, consideramos que deberían poder adjudicarse de forma
gratuita o a buen precio, mediante la celebración del correspondiente
convenio con el municipio de Lleida, ya que de establecer un precio de
mercado supondría un esfuerzo económico considerable a sus arcas
municipales o la imposibilidad material de adquirir mediante la venta
directa el bien inmueble por el alto coste paritario.
A este respecto, como esta proposición no de ley viene de alguna manera
influida o contaminada --entre comillas--, por otra proposición no de ley
que anteriormente se ha debatido, quisiera decir que esta Diputada no
muestra ningún signo de irresponsabilidad al traer aquí una proposición
no de ley que no sea objeto de deseo por parte de la ciudad de Lleida. En
ese sentido quisiera recordar las declaraciones del máximo representante
de la institución del municipio de Lleida, su alcalde, en las que
señalaba la necesidad de obtener un precio moral y político en el
convenio para el traspaso de este bien, sobre todo de la Meseta de
Gardeny, dado que en 1945 el Ayuntamiento de Lleida tuvo que comprar ya
esta Meseta de Gardeny para poder permutarla por la Seo Bella, una
catedral románica o gótica que forzosamente tenía que pasar a manos de la
ciudad de Lleida. Por ello, esta medida, al establecer un precio, es
legal, pero dudosamente legítima; el Ayuntamiento de Lleida tendría que
comprar dos veces la Meseta de Gardeny para hacerse con su propiedad.
Quiero recordarles también que esta figura del convenio se ha utilizado
ya en muchas ocasiones en los procedimientos de adquisición y enajenación
de los bienes patrimoniales del Ministerio de Defensa. Concretamente en
esta misma Comisión, con fecha 7 de noviembre, se recordó por parte de un
Diputado socialista que, según la Memoria del Ministerio de Defensa de la
V Legislatura, entre los años 1993 y 1995 el Ministerio de Defensa firmó
31 convenios que afectaron a 110 propiedades, y señalaba el Diputado
Nieto que 97 de ellas fueron prácticamente entregadas, y entrecomillaba:
«a las diversas instituciones, para su uso de interés público y social».
Esto, señorías, se dijo en la Comisión de Defensa de 7 de noviembre de
1996.
Es necesario, sin duda, no cerrar la posibilidad de una cesión gratuita a
las comunidades autónomas y a los municipios tanto de bienes inmuebles
patrimoniales originarios como de bienes inmuebles desafectados de
dominio público, siempre que sea justificado e idóneo para los intereses
públicos y las necesidades sociales, y establecer así una fórmula idónea
de racionalizar instituciones, edificios y terrenos a unos usos públicos
necesarios para nuestros pueblos y nuestras ciudades.
Quisiera recordarles que en numerosas ocasiones repetimos el mal trato
que por parte del Estado han recibido, hasta el momento, las
administraciones locales, la necesidad que tienen de más medios para
poder atender a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, y creo
que es el momento de que el Ministerio de Defensa evite al máximo hacer
negocio con esas necesidades que tienen nuestros pueblos y nuestras
ciudades. Es por ello necesario abrir la posibilidad de hacer crecer el
parque de equipamientos públicos docentes, sanitarios o de ocio, zonas
verdes y servicios técnicos municipales, con la previa modificación
puntual del planteamiento general, especial y parcial de los municipios
interesados, para dar una utilidad mucho más valiosa de estos bienes a
todos los ciudadanos y ciudadanas.
Señorías, hasta aquí la exposición de motivos. La parte resolutoria
consta de tres puntos en los que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
insta al Gobierno, en primer lugar, a proceder a la desafectación de sus
bienes patrimoniales --cosa que he anunciado ya se ha realizado en la
ciudad de Lleida-- ubicados en el municipio, actualmente en desuso, y a
la celebración del correspondiente convenio con el ayuntamiento de esta
localidad para proceder a la cesión gratuita de los mismos o, en su caso,
a buen precio.
Segundo, proceder a la desafectación de los bienes patrimoniales del
Colegio Capitán Masip y el Aeródromo d'Alfés para su cesión gratuita, o
en su caso a buen precio, a la Generalitat de Cataluña para dar un uso,
en el marco de sus actuaciones competenciales, de educación y gestión del
medio ambiente al servicio del interés general.
Tercero, transmitir a la Gerencia de Infraestructuras, del Ministerio de
Defensa, la necesidad de realizar estos procedimientos de enajenación y
adquisición de bienes patrimoniales del Ministerio de Defensa a través de
la celebración de los correspondientes convenios con la máxima agilidad
posible y en la forma menos gravosa para las arcas municipales de Lleida
y de la Generalitat de Cataluña.
Señorías, a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista de la cual nuestro grupo toma nota,
entendiendo que está muy cercana a lo que se establece en la parte
resolutiva de nuestra proposición no de ley. Se obvia el término cesión
gratuita y se cambia por las mejores condiciones económicas
posibles. Entiendo que después de la intervención del representante del
Grupo Popular, en la que se está hablando de la modificación de la Ley de
Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, podríamos mantener lo que se
establece en la parte resolutoria de la proposición no de ley de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero por respeto a la Diputada
que defenderá dicha enmienda, reservo la posición de nuestro grupo
parlamentario a la producción de ese debate.
El señor PRESIDENTE: Como ya ha anticipado la señora Rivadulla, se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa
tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Nosotros hemos presentado una enmienda en
la que nos atenemos a la parte resolutiva, como ha dicho la Diputada que
me ha precedido en el uso de la palabra, porque queremos respetar el
acuerdo de fondo que subyace en la proposición no de ley que se ha
presentado de apoyo al Ayuntamiento de Lleida y a la Generalitat de
Cataluña, en sus negociaciones con el Ministerio de Defensa, a fin de que
el patrimonio de ese ministerio en nuestras tierras se pueda destinar a
un uso público. En el acuerdo que subyace en la presentación de esa
proposición queremos presentar esa enmienda. Creemos que nuestra enmienda
respeta mejor los términos en que se podría hacer esa desafectación que,
por otra parte, ya se está haciendo. La frase que está provocando tanto
debate respecto a las mejores condiciones económicas posibles, da
solución a una cosa que, a nuestro entender, en la proposición quedaba un
poco indefinida. Por supuesto, el tema de la cesión gratuita no entraría
en los términos legales actualmente vigentes, pero entendemos también que
el tema del buen precio es una expresión difícilmente mensurable. El buen
precio en una negociación de compraventa para el vendedor es el máximo
posible, y para el comprador será el mínimo posible. Por tanto, diciendo
lo mismo creemos que el término las mejores condiciones económicas
posibles, daría satisfacción a las dos partes que están implicadas en esa
negociación. Esto también obviaría ese recelo que ha mostrado el portavoz
de Convergència i Unió de que se podría dejar mal a los que han negociado
hasta este momento, porque a lo mejor se podría entender que las mejores
condiciones económicas posibles son las que el señor Nadal consiguió
cuando negoció su convenio con el Ministerio de Defensa. Yo no las
conozco y, por tanto, no sé si lo hizo bien o mal, pero me parece que
entender que lo que aquí se presenta supone que ellos negociaron mal, es
un poco rizar el rizo. Por tanto, a nosotros nos parece que mantener esa
frase daría solución idónea para todas las condiciones que ahora se están
dando en esta proposición.
También entendemos que es bueno que esta proposición dé apoyo a las
negociaciones que ya están en curso y, además, en un ámbito realmente
adelantado, tanto por lo que respecta al Ayuntamiento de Lleida como a la
Generalitat de Cataluña. Tenemos además en esta misma Comisión un
antecedente claro cuando debatimos la proposición no de ley de Esquerra
Republicana para desafectar la Timoneda de Alfés y aprobamos su traspaso
a la Generalitat de Cataluña. Por tanto, entiendo que no hay desacuerdo
de fondo en que esos terrenos, esas instalaciones que están en este
momento en terras de Lleida vayan a ser de uso público. Sorprende un poco
que se esté diciendo se trata de temas locales y que el ámbito
seguramente sería otro. La verdad es que tenemos la solución sobre la
mesa, porque hay una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular,
con bastantes posibilidades de tener éxito, que trataría de una
modificación de la Ley actualmente vigente de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, y si esta proposición se debatiera en sus
términos generales, daría respuesta a lo que son los términos locales que
en este momento parece están levantando algún sarpullido. No estoy de
acuerdo en una manifestación que hoy se produce en la prensa local de
Lleida por un Diputado colega mío, de que los políticos no debemos
entrometernos en las negociaciones. No estaremos en la valoración del
precio, en la elaboración que deben hacer los técnicos para fijar esos
términos de la negociación, sé perfectamente que el Alcalde de Lleida no
necesita seguramente de mis consejos ni de los consejos de esta Comisión
para saber negociar, como no los necesitó el señor Nadal, según nos ha
dicho, pero eso no quiere decir que a la ciudadanía de Lleida le sea malo
saber que quienes les representamos en otros ámbitos estamos de acuerdo
en que nuestro alcalde cuando vaya a negociar esa cesión o ese convenio
tenga el apoyo de los que les estamos representando en otros ámbitos.
Por tanto, creo que nuestra enmienda da respuesta al espíritu que subyace
en la proposición no de ley y no ataca cualquiera de los principios que
aquí se han expresado, excepto el de la localización tan territorializada
de los temas, que se podría obviar perfectamente si el Partido Popular
agiliza la tramitación de su proposición de ley, y entonces estaríamos en
otro ámbito al cual seguiría dando respuesta nuestra enmienda, porque
cuando nosotros hablamos de términos legalmente establecidos es para no
obviar los actualmente vigentes, y si en el futuro esos términos legales
se cambian, igualmente sería de aplicación nuestra enmienda. Es verdad
que difícilmente se puede estar en desacuerdo con nuestro tercer punto,
porque desde todos los ámbitos y todo el espectro político están apoyando
esas negociaciones y, por tanto, es difícil no aprobar aquí que se
agilicen estas negociaciones, que se está produciendo deterioro del
patrimonio es evidente, lo vemos continuamente, además es fácil de
constatar, y yo creo sería bueno que todas las fuerzas políticas aquí
representadas, si la proponente de la proposición no de ley acepta
nuestra enmienda, le dieran apoyo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Nadal.
El señor NADAL I MALE: Quisiera establecer que tanto la intervención
anterior como la que voy a realizar en estos momentos será en los mismos
términos, y sería prudente
que cuando en Estella se repartiera lo que se ha dialogado aquí sobre el
tema de Estella, también se repartiera lo que se ha dicho sobre Lleida,
para estar todos un poco más tranquilos.
He querido decir antes e insisto ahora, que yo no sé si el señor Siurana
la negociación la hará bien o la hará mal. (La señora Cunillera i
Mestres: Seguro que bien.) Señora Cunillera, sé que si el plenario
aprueba la negociación es que la habrá hecho bien porque el plenario del
Ayuntamiento de Lleida tiene la autonomía y el poder necesario para
aprobar las decisiones del alcalde, y si lo aprueba, es que lo habrá
hecho bien. Fíjese si es sencillo no entrar a discutir si lo hará bien o
lo hará mal, si es mayor o menor el precio, lo que haga el alcalde
Siurana si se lo aprueba su plenario, estará bien hecho para la ciudad,
porque representará a la mayoría de los ciudadanos.
Segunda cuestión. He dicho antes y vuelvo a decir ahora que hablando de
lo que se tiene que negociar tanto por parte de la Generalitat como por
parte del Alcalde Siurana, la fórmula cómo se tiene que negociar implica
hablar de la capacidad negociadora del alcalde Siurana, cosa que creo
errónea. Yo creo que sí es correcto, señora Cunillera, estamos de acuerdo
en nuestro apoyo total a los convenios que puedan llevar a cabo el
Ayuntamiento de Lleida o la Generalitat de Cataluña, y nuestro apoyo
total a las decisiones que pueda tomar el pleno del ayuntamiento,
simplemente esto.
Apoyamos totalmente el tema. Hablemos de agilización, hablemos de la
posibilidad de que la nueva ley reconvierta determinados elementos
económicos en elementos más factibles en lo económico, pero yo en estos
momentos no sé de la propuesta de Izquierda Unida qué extremos negociará
el alcalde Siurana con la delegación de Defensa, qué extremos negociará
la Generalitat de Cataluña y si a lo mejor en estos momentos el
Ayuntamiento de Lleida decide incorporar, que es posible, otros extremos
a la negociación. Por tanto, la capacidad de negociación de los alcaldes
solamente tiene que ser juzgada por los plenarios de los ayuntamientos, y
si un convenio está bien hecho o mal hecho depende de la aprobación o no
del plenario del ayuntamiento. Yo creo que la negociación del señor
Siurana será aprobada por el plenario del ayuntamiento y, por tanto,
ahora ya podemos decir que será buena, no en función de lo que nosotros
decidamos en esta casa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Llorens.
El señor LLORENS TORRES: En cuanto ha entrado esta iniciativa en la
Cámara, he sentido una gran sorpresa, porque la autora de la misma no
debía desconocer dos hechos esenciales: En primer lugar, que existe un
proceso de negociación entre el Ayuntamiento de Lleida y el Ministerio de
Defensa para la adjudicación, según la legalidad vigente, de los bienes
inmuebles desafectados propiedad del Ministerio de Defensa en la
provincia de Lleida, y porque estoy seguro que tampoco puede desconocer
una proposición de ley presentado por el Grupo Popular, que ha entrado en
la Cámara en el mes de diciembre, que viene a resolver ese tipo de
situaciones mejorándolas y contemplándolas en su globalidad. No obstante,
entiendo que existe una permanente tentación por los Diputados elegidos
por una determinada provincia, que somos todos naturalmente, en
contemplar los intereses concretos de nuestra respectiva demarcación, y
esto a veces nos hace excitar el celo, como es el caso de la Diputada
autora de esta iniciativa, un celo reiteradamente demostrado y que ha
permitido en otras legislaturas que coincidiéramos todos los Diputados
por Lleida en defensa de los intereses concretos para nuestra provincia.
En este caso es un celo innecesario porque, además, como muy bien sabe la
Diputada de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, su grupo está
gobernando el Ayuntamiento de Lleida junto con el Grupo Socialista en un
pacto de Gobierno, y tiene que conocer forzosamente la buenísima marcha
de las negociaciones que hay en estos momentos entre el Ayuntamiento de
Lleida y el Ministerio de Defensa. Por tanto, sin entrar en otro tipo de
calificaciones, uno también puede llegar a pensar que esta iniciativa a
lo mejor sirve para cubrir una especie de sequía parlamentaria del grupo
proponente. Siguiendo esta misma regla de tres se podrían presentar mil
proposiciones parecidas en cada una de las ciudades donde se desafectan
los bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa.
Uno puede llegar a pensar también que forma parte de un legítimo, pero
desde luego evidente, oportunismo político, como consecuencia de que el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya recientemente ha venido
a completar la mayoría insuficiente que tiene el Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Lleida; pero yo prefiero pensar que esta iniciativa
obedece al buen celo de la Diputada de Iniciativa per Catalunya y de
Izquierda Unida por Lleida.
Como no podía ser de otra manera, nuestro grupo ha tratado de acercarse
en lo posible y, como ha anunciado también por otra parte nuestro
portavoz Arsenio Fernández de Mesa, en coherencia con la posición
mantenida por el grupo relativa al caso parecido respecto a la
adjudicación de bienes en Estella, vamos a mantener el mismo criterio,
consistente en presentar una enmienda que, dando cumplimiento a la
legislación vigente, venga a tranquilizar el interés demostrado por la
Diputada.
No obstante, quisiera, por último, comentarle de forma muy resumida la
proposición de ley de modificación parcial de la Ley 28/1984, de 31 de
julio de creación de la gerencia de Infraestructura de la Defensa, que ha
presentado el Grupo Popular a consecuencia de que el Plan Norte ha
variado las condiciones que hasta ahora existían y que estaban reguladas
por la anterior ley, por la ley de creación de la Gerencia de
Infraestructuras de Defensa, de 1984, que prohibía la cesión gratuita a
una persona física o jurídica, a una institución pública o privada, y que
obligaba expresamente el título oneroso en cualquier tipo de cesión de
los bienes propiedad del Ministerio de Defensa que fueran desafectados.
La modificación de esta ley contempla la posibilidad de que, después de
haber agotado todas las posibles vías de enajenación, también podrán
cederse gratuitamente, mediante Orden del Ministerio de Defensa, para
fines de utilidad pública o de interés social, aquellos inmuebles cuya
enajenación no represente interés económico cierto a juicio del
Ministerio de Defensa, y siempre que dicha falta de interés no sea
causada directa o indirectamente por el cesionario. Es decir, tienen que
cumplirse dos requisitos, como se están cumpliendo en todas las
instalaciones militares desafectadas en Lleida: primero, que no sean
necesarias para los objetivos del Ministerio de Defensa y, segundo, que
no haya un interés económico cierto antes de procederse a esa cesión
gratuita que, no obstante, reservará el derecho de propiedad el
Ministerio de Defensa.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, considerando que esta
proposición que ahora estamos debatiendo es innecesaria, para
tranquilizar al grupo proponente nosotros presentamos la enmienda de
modificación en la misma línea que la hemos presentado en el tercer punto
del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, le ruego que haga llegar a la Mesa el
texto concreto de la enmienda a que ha aludido, porque lo que no está en
la Mesa no está en el mundo, y desconocemos, por tanto, el tenor literal
de la misma.
Reitero a los grupos que este procedimiento es anómalo. Ruego que
presenten las enmiendas en tiempo y forma, de acuerdo con el Reglamento,
porque esto plantea dificultades para el debate, que debemos hacer todo
lo posible por evitar.
Hágame llegar la enmienda y que después tome posición el grupo
proponente.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Por breve tiempo y para concretar algunas
cuestiones.
En primer lugar, quisiera agradecer al Diputado Llorens el reconocimiento
que hace de mi preocupación extraordinaria por los problemas que afectan
a la ciudad de Lleida y decirle que me gustaba más cuando estaba en la
oposición, porque compartía de forma acalorada todo aquello que yo iba
presentando y ahora de su exposición podría deducir que casi me estaba
acusando de hacer política. No acabo de entenderlo. Mi obligación,
señorías, señor Presidente, como la de todos los otros colegas que están
conmigo en esta Comisión, supongo podrán entender que es hacer política.
En segundo lugar, ya he dicho al principio que esta proposición no de ley
venía de alguna manera contaminada --entre comillas-- por la que habíamos
debatido anteriormente en relación con el municipio de Estella, en la
cual el señor Nadal había sido mucho más explícito en sus
consideraciones, llegando incluso a decir que ningún ayuntamiento saliese
más beneficiado de lo que él pudo conseguir para la ciudad de Tarragona.
Me parece absolutamente sorprendente que un miembro de una coalición
política autonomista, como es Convergència i Unió, no respete la
autonomía local y municipal para que cada ayuntamiento pueda llevar sus
negociaciones de la forma que considere más conveniente.
En tercer lugar, señorías, creo que estamos equivocando los términos.
Nosotros no nos estamos metiendo sobre cómo negocian los ayuntamientos;
estamos instando al Gobierno, que es una de las partes de la negociación,
para que en estas negociaciones tenga cierta sensibilidad para que
fundamentalmente los ayuntamientos puedan llegar a hacerse con la
propiedad de estos bienes, que en muchos casos ya eran suyos
anteriormente, y que puedan ser afectados a un uso público.
Es todo lo que quería decir, señorías, en relación con los comentarios de
los que me han precedido.
En relación con la enmienda que presenta el Grupo Socialista, señalar que
en el primer punto introduce el concepto «en las mejores condiciones
económicas posibles».
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, ya hemos agotado la comparación de
la enmienda presentada por el Grupo Socialista y su propio texto
original.
Ruego al Grupo Popular que nos haga llegar esa enmienda in voce y que el
Grupo de Izquierda Unida tome posición respecto de estas dos propuestas
alternativas. (El señor Nadal i Malé pide la palabra.)
Señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muy brevemente decir que la señora Rivadulla bien
se confunde de debate o bien miente notablemente. Creo que es lo último.
Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Rivadulla Gracia: Lo veremos
en el acta.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que mantengan los términos
adecuados para el debate; la mínima cortesía parlamentaria. El debate
creo que está agotado; lo único que hace falta es que tomemos posición
sobre una enmienda que no acaba de llegar, que ya no sé si existe o es un
futurible. (Pausa.)
Señorías, la enmienda de modificación que propone el Grupo Popular dice
así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que estudie un
convenio para la ejecución de la desafectación de los bienes inmuebles
propiedad del Ministerio de Defensa en la provincia de Lleida, de acuerdo
con la legalidad vigente.
Señora Rivadulla, debe tomar posición respecto de esta enmienda y la
presentada anteriormente por el Grupo Socialista.
La señora RIVADULLA GRACIA: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya acepta la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Entonces entiendo que vamos a votar en su momento el
texto de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, entiendo que vamos a votar
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, con la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero es una enmienda de sustitución. Es
decir, que el texto total queda tal y como está presentado por el Grupo
Socialista, si es que así lo acepta el grupo proponente.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LAS REFORMAS LEGALES
OPORTUNAS PARA ASEGURAR LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA
SEPARACION ENTRE LOS ACTOS RELIGIOSOS Y LOS CASTRENSES. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000301.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al último punto de este primer
bloque del orden del día, que es proposición no de ley, también del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Gobierno a promover las reformas legales oportunas para
asegurar la libertad religiosa en las Fuerzas Armadas y la separación
entre los actos religiosos y los castrenses.
Para su defensa tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: No sé si la sequía parlamentaria a que aludía un
miembro de esta comisión también afecta a ésta, ya que ahora parece que
hay quejas porque presentamos demasiadas proposiciones.
Parte de la argumentación que he formulado en un punto anterior del orden
del día, referente al derecho de asociación, sería válida ahora. De nuevo
nos encontramos con el ejercicio de un derecho fundamental, la libertad
de conciencia y la libertad religiosa, limitado objetivamente en el
ámbito castrense por diversas normas legales y aunque antes ese
razonamiento no parece haber tenido éxito, de nuevo entendemos que el
proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas requiere de
particulares reflexiones.
En este caso nos encontramos con alguna característica concreta, también
derivada de la tradición, y somos conscientes del peso de la tradición en
esta materia. A lo largo de la historia, a nuestro modo de ver de manera
indeseable en la mayoría de las ocasiones, esa unión entre el trono y el
altar ha tenido como reflejo una determinada visión del papel de los
ejércitos ligados a ceremonias, a ritos religiosos, etcétera, que nos
parece indeseable en la mayoría de los casos, y que da lugar a una
situación actual determinada.
Creemos, sin embargo, que es hora de superar la situación concreta en que
se encuentra. Es una cuestión de mentalidad, de cultura y de tradición.
Sería seguramente malo o negativo querer alterar de la noche a la mañana
esa tradición que ha venido a unir actos religiosos con actos castrenses,
pero también es el momento de superar ciertos anacronismos, siempre en el
sentido de garantizar esa libertad religiosa. Por tanto, aunque tampoco
antes se me convenció de que exista una relación causa-efecto entre los
límites al derecho de asociación y las funciones constitucionales de las
Fuerzas Armadas, difícilmente se nos va a poder convencer ahora de que
ligar la cruz a la espada a finales del siglo va a ser de alguna utilidad
para poder defender esas funciones constitucionalmente atribuidas a las
Fuerzas Armadas.
Mediante esta proposición no de ley, que tiene tres puntos, se insta al
Gobierno a promover las reformas legales oportunas. El punto 1.º implica
un desarrollo del artículo 177 de las Reales Ordenanzas modificando la
normativa que pueda limitar la libertad religiosa. Hay que tener en
cuenta que dicho artículo 177 dice que todo militar tiene derecho a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión que incluye la
manifestación individual o colectiva, tanto en público como en privado,
sin otras limitaciones que las legalmente impuestas por razones de
disciplina o seguridad. Hay que tener en cuenta que ello podría tener un
ámbito negativo, que se pudiera prohibir a los militares el ejercicio de
determinadas manifestaciones religiosas por razones de disciplina; pero
en la práctica, como luego veremos al referirnos a la Orden ministerial
de 14 de octubre de 1994, nos encontramos con que se ha dado la vuelta a
ese precepto y por razones de disciplina, es decir por una utilización
anómala del artículo 177 de las Reales Ordenanzas, se obliga a los
militares a acudir a determinados actos religiosos. Por tanto, ajustar
una auténtica interpretación del artículo 177 a la Ley orgánica de
Libertad Religiosa que en su artículo 23 hace una referencia a la
libertad religiosa en el ámbito de determinadas instituciones, entre
ellas el ejército, es el primer punto de la proposición y el que planea
un enfoque global de la cuestión.
En el punto 2.º descendemos a lo concreto y pretendemos la sustitución
radical de la Orden ministerial de 14 de octubre de 1994, porque esta
norma, que teóricamente parte del principio de afirmar la libertad
religiosa en el ámbito de los cuarteles y de las acciones, de los ritos y
ceremonias de tipo castrense separándolas de las religiosas, en la
práctica lo que se hace (y ha habido ya alguna sentencia que amparándose
en esta orden ha limitado los derechos de algún militar) es legalizar esa
unión entre actos religiosos y militares o castrenses que no tienen nada
que ver con la realidad sociológica de la España actual.
Así, por ejemplo, encontramos que después del juramento o promesa el
capellán se situará junto al jefe de la unidad y pronunciará una
invocación y como es obligatorio acudir al acto de juramento o promesa,
obviamente será obligatorio, por razón de disciplina, participar en esa
bendición que hace el capellán. Cuando se hace la entrega de bandera a
una unidad se incluirá, como es tradicional, la bendición de la misma y
como es obligatorio acudir, se está asistiendo a un momento religioso
obligatoriamente. En las entregas de despachos o títulos se podría
incluir una intervención del capellán en oración de acción de gracias, y
de nuevo volvemos a encontrarnos con la obligatoriedad de asistir. En los
actos de homenaje a quienes dieron su vida por España, en los actos de
protocolo --se refiere a los entierros--, la asistencia a los mismos
tiene una consideración de acto de servicio y, por tanto, a las misas
celebradas con motivos de entierro o las misas de celebración de los
santos patronos habrá una ceremonia religiosa --y
aquí sí se dice que asistirán voluntariamente--, pero en el acto militar,
por tanto asistencia obligatoria por disciplina o razón del servicio, se
podrá incluir una intervención del capellán a fin de resaltar su
significado etcétera. También se contemplan celebraciones de carácter
religioso con tradicional participación castrense.
Nos encontramos, por tanto, con que en casi todas las actividades
rituales que se puedan desarrollar en la vida de una unidad militar todas
siguen, a nuestro modo de ver de manera injustificable, asociadas a
intervenciones de la iglesia católica. Esto nos parece --insisto-- de
todo punto desfasado, anacrónico y lo que es peor, por razones de
disciplina de servicio se va a obligar a los militares de reemplazo o de
carrera a estar presentes.
Finalmente, el punto 3.º de la proposición indica la necesidad de
impulsar la oferta de asistencia religiosa en el ámbito castrense por
confesiones religiosas distintas de la católica. En alguna ocasión este
Diputado ha dirigido preguntas al Gobierno para que le aclaren qué
servicios religiosos de confesiones distintas de la católica se ofrecen
en la práctica a los soldados o a militares profesionales. La respuesta
reiterada ha sido que por dificultad sociológica, por el escaso número,
etcétera, en la práctica no existe ninguna oferta distinta de la
católica.
Quiero pensar que han pasado los tiempos en que cuando yo realicé mi
servicio militar un suboficial hacía una encuesta y nos decía: todos sois
católicos, pero si alguno no lo fuera, que levante la mano y le daré un
bolígrafo rojo para que escriba su confesión religiosa. Creo que eso,
afortunadamente, ha sido superado, pero lo cierto es que, según las
respuestas del Gobierno, a diferencia de lo que sucede con la asistencia
religiosa a las Fuerzas Armadas a cargo de la iglesia católica no se está
ofreciendo en la práctica ningún tipo de asistencia religiosa en
confesiones distintas de la católica. Esas respuestas las ofrece el
Gobierno; si me equivoco se equivoca el Gobierno. Por tanto, solicito el
apoyo para esta triple perspectiva que se ofrece.
El Grupo Socialista me ha hecho llegar una propuesta de enmienda de
sustitución de parte de los puntos 2.o y 3.o. En principio aceptaríamos
esa enmienda, pero acabaré de pronunciarme después de escuchar,
lógicamente, la intervención del portavoz del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señorías, el Grupo Socialista
comparte en lo sustantivo el espíritu que anima la proposición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que plantea la
necesidad de profundizar en la separación de los aspectos religiosos
respecto de los estrictamente militares; separación que ha recorrido ya
un largo trecho desde la aprobación del precepto constitucional que vino
a transformar la multisecular confesionalidad católica del Estado en una
moderada laicidad, cuando determina que ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Seguidamente añade que los poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las
demás confesiones religiosas. Preceptos que se verán reflejados por la
regulación positiva de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 5 de
julio de 1980, y la legislación bilateral elaborada entre el Estado y las
confesiones religiosas, instrumento de ratificación entre el Estado
español y la Santa Sede y los acuerdos aprobados por el Consejo de
Ministros con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España, con la Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión
Islámica. Acuerdos todos ellos que tienen a su vez reflejo en la
legislación complementaria básica: Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de
Reales Ordenanzas; Ley 17/1989, que regula el régimen del personal
militar profesional; Real Decreto de 7 de septiembre de 1990, por el que
se crea el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas; Real
Decreto 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprueba el reglamento
del Servicio Militar, y finalmente la Orden ministerial 100/1994, de 14
de octubre, sobre regulación de los actos religiosos en ceremonias
solemnes militares, en la que se fija sólo para los casos de entierro la
asistencia obligatoria, ya que es considerado un acto oficial. En el
resto de actos castrenses en los que puede haber ceremonias de carácter
religioso, éstas tienen el carácter de voluntarias.
Fíjense si ha sido largo el camino recorrido en el respeto a la libertad
religiosa en las Fuerzas Armadas. ¿Que a veces el derecho a la libertad
religiosa ha chocado, y choca aún, con algún celoso defensor de las
tradiciones católicas de las Fuerzas Armadas? Es evidente también. Y
aunque no deben justificarse estos casos, no podemos olvidar la tradición
católica plurisecular de la vida castrense española ni podemos dejar de
lado, a la hora de analizar esta cuestión, los paralelismos y similitudes
existentes entre la situación española y la de muchos países de nuestro
entorno en los cuales se compatibiliza, sin desdoro alguno para el Estado
aconfesional, la existencia de distintas fórmulas para facilitar la
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, incluida la existencia del
cuerpo eclesiástico castrense integrado en las filas del ejército y
sujeto a graduación.
De ahí la virtualidad de la proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que nos enfrenta a los dos problemas más
destacados que presenta la regulación jurídica de la asistencia religiosa
de las Fuerzas Armadas. Por un lado, la necesidad de establecer los
límites al derecho de la libertad religiosa, individual y colectivamente
considerada; o sea tanto la libertad religiosa de los miembros de las
Fuerzas Armadas como la de las propias confesiones religiosas en el
ejercicio de sus tareas asistenciales. De otro lado, acabar con la
posible vulneración del principio de igualdad por parte del propio Estado
al otorgar un tratamiento diferenciado, y en ocasiones de preferencia, a
alguna confesión religiosa.
Estas dos cuestiones, si bien han estado en el centro de todo el
desarrollo legislativo que se ha producido en nuestro país, no podemos
negar que aún pueden y deben ser objeto
de una mayor definición y concreción legal, a fin de ir eliminando los
puntos oscuros que la aplicación del precepto constitucional sobre
libertad religiosa puede tener en un estamento tan sensible como son las
Fuerzas Armadas.
Como he dicho antes, es en este contexto en el que nuestro grupo
considera la proposición que debatimos, y con la cual mantenemos un
principio de coincidencia general, que puede derivar en votación
afirmativa si el señor Presidente me permite la vía no reglamentaria de
la enmienda in voce y si el grupo proponente acepta introducir
modificaciones en sus puntos 2.o y 3.o que, a nuestro entender, no
modifican sus propuestas y facilitarían nuestro voto afirmativo al
concretar las necesarias consecuencias del ejercicio de la libertad
religiosa; es decir, que los actos religiosos no sean considerados actos
de servicio y que se garantice la voluntariedad de la asistencia a los
actos religiosos que preceden a los actos castrenses, y al mismo tiempo
se desarrollen los preceptos legales existentes para garantizar la
igualdad de trato entre todas las confesiones religiosas que ahora sólo
están desarrollados para el caso de la Iglesia católica.
El texto literal está en manos de la Mesa y, si el Presidente lo admite y
el propio grupo proponente lo acepta, votaríamos favorablemente a esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A estas alturas del debate yo no le voy a decir que
no a esta enmienda que me ha llegado y que voy a leer, sin perjuicio de
que después intervengan los grupos que todavía no lo han hecho.
El punto 1.º quedaría tal y como está en la proposición de Izquierda
Unida. El punto 2.º quedaría redactado de la siguiente manera: Modificar
la Orden Ministerial de 14 de octubre de 1994 en el sentido de establecer
que los actos religiosos no puedan considerarse incluidos en el ámbito de
los actos de servicio, de tal modo que la asistencia a aquellos que
acompañen las ceremonias militares no impliquen obligación de asistencia.
El punto 3.º quedaría redactado de la siguiente manera: Desarrollar las
previsiones legales en materia de asistencia religiosa en el ámbito
castrense por confesiones religiosas distintas de la católica.
En su momento le pediremos al grupo proponente que exprese su punto de
vista sobre esta enmienda in voce. A continuación, vamos a dar la palabra
al señor Gutiérrez Molina, por el Grupo Popular.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar su posición ante esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre reformas
legales para la libertad religiosa en las Fuerzas Armadas y la separación
entre actos religiosos y castrenses, en el sentido de defender la
inadmisión de la propuesta y el voto negativo de mi grupo.
Antes de razonar el voto negativo a esta proposición no de ley, en primer
lugar voy a hacer unas consideraciones previas. Lógicamente, todos los
grupos parlamentarios, aquí lo hemos visto, coincidimos en la necesidad
de garantizar el derecho constitucional de la libertad religiosa no
solamente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, sino en cualquier otro
ámbito de la diaria convivencia. Las discrepancias que se han oído aquí y
que hemos tenido ocasión también de ver en los antecedentes
parlamentarios, por los que ahora haré un leve recorrido, se han tratado
quizá más de cuestiones de hecho que de salvar obstáculos insalvables,
puesto que eran prácticamente obstáculos residuales, como aquí se ha
visto también.
Los antecedentes parlamentarios marcan una proposición no de ley. De
hecho, entre los antecedentes parlamentarios de esta proposición no de
ley hay una proposición de ley orgánica que el Grupo de Izquierda Unida
ya presentó en la IV Legislatura referente al estatuto de los derechos
del soldado y que tenía algo que ver también directa o indirectamente con
el meollo del asunto que aquí tratamos, amén de otras preguntas o
interpelaciones parlamentarias que en su día fueron rebatidas tanto por
el Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Socialista
calificándolas de innecesarias.
Por encima de cualquier otra cuestión reglamentaria, antes de ver los
tres aspectos fundamentales de que consta la proposición no de ley que
aquí se debate, me gustaría hacer un repaso, porque es conveniente que
así se haga, de la normativa concreta a la que se alude sobre la
asistencia religiosa en el seno de las Fuerzas Armadas y que, por ende,
toca también el aspecto de la libertad religiosa. No solamente los
tratados internacionales anteriores a la promulgación de la Constitución,
a los que no voy a hacer referencia porque están derogados, sino también
los posteriores a dicha promulgación y de los que aquí ya se ha hecho
mención, como los cuatro acuerdos de cooperación con la Santa Sede, de 4
de diciembre de 1979, que no citaría, aunque solamente fuera por
abundamiento legal, si no fuera porque existe uno específico para el tema
en cuestión: el acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas
y el servicio militar de clérigos y religiosos.
Con independencia de los tratados internacionales que pueden tener un
interés colateral en el tema que aquí se debate, lo cierto es que hay una
legislación específica que es clara y a la que otros portavoces han hecho
mención. No solamente la Constitución española en el artículo 16, que lo
señala de una manera categórica y clara, sino las distintas leyes, como
la orgánica de 1980, la ley de 1978, de Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas, de la que convendría destacar los artículos que hacen
mención al militar y a sus derechos civiles y políticos, la libertad de
pensamiento, etcétera. La ley del año 1989, de 19 de julio, reguladora
del régimen del personal militar; el Real Decreto del año 1984, en el que
se aprueba el reglamento de honores militares, en concreto el título
VIII, honores especiales, de los artículos 58 a 60, así como otros reales
decretos y órdenes ministeriales que nos permiten hacer un detallado
estudio de la normativa en vigor en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Se
puede afirmar, sin ningún tipo de ambages, que la misma es respetuosa con
el derecho fundamental de la libertad religiosa en aquellas
manifestaciones más típicas que vienen recogidas en este contexto legal
al que acabo de hacer referencia: la libertad de ejercicio interior, la
libertad de ejercicio público, el recibir asistencia religiosa, las
relaciones de cooperación con las diferentes confesiones
religiosas, a la que también se ha hecho mención, y, sobre todo, la
especial cooperación con la Iglesia católica, no porque se trate de
ninguna primacía, sino porque se trata de centrar fundamentalmente la
realidad sociológica del país en el que estamos.
Ciñéndome a la contestación de las propuestas concretas de reforma que el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha hecho en la proposición no de
ley, me van a permitir, señorías, que haga también un brevísimo repaso a
las mismas. En primer lugar, el primer apartado trata de que se
desarrolle el artículo 177 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas, modificando la normativa que pueda limitar la libertad
religiosa, de acuerdo con el criterio establecido por el artículo 2.3 de
la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa.
Señorías, el artículo 177 de las Reales Ordenanzas, de la Ley 85/78, no
contradice el artículo 2.º ni ningún otro de la Ley Orgánica del año
1980, de 5 de julio. Tan no es así por dos aspectos fundamentales que
aquí colateralmente también se han esbozado, pero en contradicción y a
mayor abundamiento de los argumentos que en este momento estoy
exponiendo. La orden ministerial a la que hago referencia considera que
el artículo 177 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas no se
opone al criterio establecido en ninguno de los apartados, y en concreto
al 3 del artículo 2.º de la Ley Orgánica del año 1980, de 5 de julio, de
Libertad Religiosa, por lo que en el ámbito de las Fuerzas Armadas en
modo alguno se puede lesionar un derecho constitucional al que antes he
hecho referencia. Por otro lado, la Orden ministerial del año 1994, de 14
de octubre, excluye --también se ha dicho aquí-- las celebraciones
religiosas del desarrollo de ceremonias solemnes militares, permitiendo
su realización antes de las mismas y estableciendo que la asistencia será
siempre voluntaria, con excepción del caso de los entierros, señalado en
el artículo 5.º, en el que se establece que los actos oficiales que se
celebren en ocasión de éstos, además de los honores fúnebres, etcétera,
son actos de protocolo en los que se interviene en representación del
Estado y de las Fuerzas Armadas y la asistencia a los mismos tiene la
consideración de actos de servicio.
Por tanto, respecto al primer apartado de la proposición no de ley, me
parece que ha quedado suficientemente explícito el porqué de la
consideración negativa por parte de mi grupo.
El segundo apartado de la proposición no de ley, al que se han presentado
ahora unas enmiendas, trata de sustituir la Orden ministerial de 14 de
octubre del año 1994 por otra norma que elimine la celebración de ritos
religiosos en actos de servicio puramente castrenses y garantice la plena
libertad de asistencia, etcétera --hago gracia, para no ser prolijo en la
exposición--. Lo cierto y verdad es que aprobar una orden que prevea lo
sugerido por el Grupo de Izquierda Unida, tal como se está proponiendo en
este momento, señor Presidente, sería contrario, a nuestro criterio, al
derecho de la libertad religiosa en los aspectos que antes he mencionado;
en concreto, en la libertad de ejercicio público, en el derecho a recibir
asistencia religiosa y en la especial cooperación con la Iglesia
católica, que no es que tenga ninguna primacía, vuelvo a insistir, señor
Presidente; se trata sencillamente de la constatación de una realidad
sociológica innegable en nuestra nación.
No quiero tampoco hacer especial mención, porque aquí se ha dicho antes
por otros grupos, al peso de la tradición. Los actos y liturgias, entre
comillas, que aquí se están exponiendo, son norma común en otro tipo de
países, que en ningún momento ponen en cuestión la situación a que hemos
aludido y, desde luego, no tienen ningún tipo de superstición sobre
relaciones de altares con tronos ni tronos con altares.
En tercer lugar, señor Presidente, para acabar con el desbroce de la
proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la
propuesta de impulsar la oferta de asistencia religiosa en el ámbito
castrense por confesiones religiosas distintas de la católica se obvian
los acuerdos que ya se han firmado con otras confesiones religiosas y que
aquí se han mencionado. Naturalmente, que no se produzca ningún tipo de
petición para que haya ministros de estas confesiones religiosas en actos
de esta naturaleza no se puede interpretar como un tipo de falaz trampa a
la hora de hacer ningún cuestionario, sino sencillamente como la
constatación de la realidad sociológica a la que antes he hecho mención
cuando miramos a nuestro alrededor.
De cualquier forma, señor Presidente, creemos que en la propuesta en
cuestión se vulnera el derecho a la libertad religiosa en dos puntos
fundamentales: primero, al no observar la preeminencia que la
Constitución otorga a la religión católica, mayoritaria en España, y
segundo, y es más importante inclusive que este mero aspecto que antes he
mencionado, al inmiscuirse en una labor que sólo corresponde ejercer a
las distintas religiones interesadas, a las que tanto he hecho mención.
Señorías, creo que ha quedado bastante claro por qué ofrecemos nuestro
voto negativo y, en atención a los argumentos que acabamos de dar,
reitero el criterio negativo del Grupo Parlamentario Popular a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre
las reformas legales para la libertad religiosa en las Fuerzas Armadas y
la separación entre los actos castrenses y los actos religiosos.
El señor PRESIDENTE: El señor Alcaraz tiene la palabra a los efectos de
tomar posición respecto de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista.
El señor ALCARAZ RAMOS: Como ya prácticamente anunciaba en mi anterior
intervención, aceptamos la inclusión en nuestra proposición de esta
enmienda de sustitución de todo el punto 2.º y de adición, aunque
entiendo que más que adición sería de modificación parcial del punto 3.º,
en los términos en que se ha leído.
Si me permite el señor Presidente, debo lamentar alguna opinión que aquí
se ha dado sobre que la Constitución da preeminencia a la Iglesia
católica. Me parece que es volver a traer un tema a debate
extraordinariamente peligroso y que no se había planteado.
El señor PRESIDENTE: Lo que vamos a votar en su momento es el texto
resultante de la enmienda de sustitución al punto 2.º, del Grupo
Socialista, y la enmienda de sustitución-adición al punto 3.º, del mismo
grupo.
Señorías, terminado el debate de las proposiciones no de ley que formaban
parte de este primer bloque del orden del día, vamos a pasar a la
votación sucesiva y por el orden en que figuraban en el orden del día de
estas proposiciones no de ley.
Número 1: Proposición no de ley sobre adopción de medidas para que los
militares de la escala especial sean escalafonados conforme a lo
dispuesto en la Ley 13/1974, de 30 de mayo, y sus disposiciones
complementarias. Se vota en los términos de la proposición original,
puesto que no había ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en
contra, 21; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 2: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que
adopte las medidas oportunas para que la Junta Facultativa del Museo del
Ejército acepte la colección donada por combatientes antifascistas en su
lucha contra el ejército nazi. Se vota en los términos resultantes de la
aceptación de las enmiendas in voce presentadas por los Grupos de
Convergència i Unió y Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 3: Proposición no de ley sobre reversión de instalaciones del
Ministerio de Defensa existentes en el municipio de Estella (Navarra). Se
vota en los términos resultantes de la enmienda in voce acordada por
todos los grupos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Número 4: Proposición no de ley sobre traslado del campo de tiro y
maniobras conocido como «Los Alijares» fuera de los terrenos de la
Academia de Infantería de Toledo. Se vota en los términos originales de
la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 5: Proposición no de ley sobre la elaboración de un proyecto de
ley reguladora del derecho de asociación de los militares. Se vota en los
términos originales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 40.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 6: Proposición no de ley sobre desafectación de los bienes
patrimoniales propiedad del Ministerio de Defensa en desuso, ubicados en
la provincia de Lleida. Se vota en los términos de la enmienda de
sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 7, y última: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno
a promover las reformas legales oportunas para asegurar la libertad
religiosa en las Fuerzas Armadas y la separación entre los actos
religiosos y los castrenses. Se vota en los términos de la enmienda de
sustitución y parcialmente de adición, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, procedemos a una brevísima suspensión de la sesión, mientras
accede a la sala el Secretario de Estado, que ya está en el Palacio.
(Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate)
PARA INFORMAR SOBRE:
--LA FUTURA BASE DE LANZADERAS DE SATELITES EN LA ISLA DE HIERRO Y EL
PROYECTO DE ESTACION DE SEGUIMIENTO AEREO EN LA ZONA DE MALPASO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 212/000396.)
--LA FUTURA BASE DE LANZADERAS DE SATELITES EN LA ISLA DE HIERRO, ASI
COMO DEL PROYECTO DE ESTACION DE SEGUIMIENTO AEREO EN LA ZONA DE MALPASO.
A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000398.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proseguir con el desarrollo de
nuestra sesión. El segundo bloque de cuestiones en el orden del día es la
comparecencia del Secretario de Estado de Defensa, a quien damos la
bienvenida a la Comisión. Se trata de cuatro peticiones de comparecencia
sobre dos temas, por lo que las vamos a agrupar en dos bloques. La
primera de ellas es la comparecencia del Secretario de Estado de Defensa,
ante la Comisión de Defensa, para informar sobre la futura base de
lanzaderas de satélites en la isla de Hierro y el proyecto de estación de
seguimiento aéreo en la zona de Malpaso. La segunda está redactada en los
mismos términos y solicita la comparecencia del Presidente del Instituto
Nacional de Tecnología Aeroespacial. Se da la circunstancia de que el
Secretario de Estado es también el Presidente del INTA, del Instituto
Nacional de Tecnología Aeroespacial, con lo cual las dos comparecencias
quedan englobadas en una sola.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra para desarrollar esta
comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señorías, voy
a empezar mi intervención señalando la distinta naturaleza que tiene la
lanzadera de satélites de la isla de Hierro y el radar que se pretende
instalar en la zona de Malpaso, en esa misma isla. No tiene nada que ver
un proyecto con el otro, como a continuación entenderán SS. SS. por mi
explicación. Para atender a la petición de información de SS. SS en esta
comparecencia, me voy a referir, en primer lugar, al centro de
lanzamiento espacial y, posteriormente, a la estación de seguimiento
aéreo.
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial tiene prevista la
constitución de un centro espacial de lanzamiento de cohetes y satélites
en Canarias. Este centro espacial estará formado por la actual estación
de seguimiento espacial de satélites del INTA, situada en Maspalomas
(Gran Canaria), y por un centro de lanzamiento espacial, con posible
emplazamiento en la isla de Hierro. Los vehículos lanzadores previstos
para ser empleados en el centro de lanzamiento de Hierro se encuentran
dentro del rango de inyección de satélites en órbitas Leo o de baja
órbita terrestre, que se situarán alrededor de los 600 kilómetros de
altura. Las cargas útiles a lanzar con estos vehículos son monosatélites
de hasta 30 kilogramos, microsatélites de hasta 100 gramos y
minisatélites hasta 1.000 kilogramos. Estos satélites portarán sistemas
de comunicaciones, sensores para estudios específicos de recursos
naturales, sensores ópticos para estudios de radiación en el campo
ultravioleta, y llevarán a cabo experimentos científicos y estudios de la
alta atmósfera.
Actualmente, se está realizando un estudio que contempla la selección
definitiva del lugar del emplazamiento y la superficie a ocupar. En este
estudio se planifican las fases de realización de la instalación. La
previsión actual es que se lleve a cabo en dos fases. En una primera se
construirán las instalaciones con capacidad de lanzamiento de cargas
útiles de hasta 100 kilogramos de peso, que los nano y microsatélites. En
la segunda fase se ampliará la capacidad de lanzamiento para poder poner
en órbita minisatélites de hasta 1.000 kilogramos de peso. Uno de los
requisitos básicos para la elección del emplazamiento de un centro de
lanzamiento espacial es el alejamiento de núcleos urbanos, a fin de
proteger a las personas y a las propiedades no sólo de accidentes que
entendiésemos como graves, sino, fundamentalmente, de los ruidos que se
producen durante los segundos en los que se realizan los lanzamientos.
Las instalaciones en tierra se construyen en forma tal que cumplen todas
las normas sobre seguridad, tanto nacionales como internacionales. Además
se utiliza la propia orografía de la zona como protección adicional y se
aumenta la protección con perímetros de uso restringido durante los
períodos de lanzamiento.
Los corredores de sobrevuelo de los vehículos lanzadores nunca pasan
sobre áreas habitadas y se dimensionan en forma tal que cualquier
anomalía pueda ser detectada y corregida por los sistemas de control y
seguridad de vuelo desde las instalaciones en tierra.
En cuanto al tráfico aéreo y marítimo, estos corredores son continuamente
vigilados por medio de radares de comunicación con los centros de control
de vuelo regionales. Asimismo, en el caso de que así se decida, se
cumplirá la normativa internacional vigente de avisos al tráfico aéreo y
marítimo, como no podía ser de otra forma.
En los posibles emplazamientos elegidos no se han observado nidos ni
restos de origen animal que indiquen ocupación permanente ni de
temporada. Asimismo, los lugares elegidos son poco o nada fértiles y su
flora inexistente o no singular.
Para la elección de las zonas a urbanizar se ha dado preferencia a
lugares ya degradados o que no provoquen daños a los edificios geológicos
existentes ni a los yacimientos arqueológicos censados, asumiéndose la
lógica protección de los que pudieran surgir durante las obras. Tampoco
afectará a los recursos naturales de la zona, en especial al hidrológico.
En cuanto al impacto paisajístico, se pretende que sea de tipo medio.
Este efecto se minimizará al integrar los edificios en el paisaje y al
construir estructuras que sigan los perfiles del terreno. Estructuras
subterráneas o mimetizadas con pinturas, materiales de la zona y recursos
semejantes. En cualquier caso, las soluciones constructivas serán las del
uso tradicional en las islas.
Durante la explotación del centro no existirán ruidos que superen los
existentes actualmente en la zona, excepto durante los pocos segundos,
como ya dije, en que se lleve a cabo el lanzamiento.
En cuanto a las repercusiones socioeconómicas de este tipo de
instalaciones, se han realizado numerosos estudios en el ámbito nacional
e internacional. Los estudios demuestran que existe una repercusión
económico-social positiva debido a las actividades espaciales, más allá
de los objetivos y éxitos científicos y tecnológicos de las propias
actividades espaciales.
La construcción del centro creará puestos de trabajo temporal y su
mantenimiento y operación dará lugar a puestos de trabajo permanente.
Asimismo, las actividades tecnológico-científicas de alto nivel, que se
desarrollarán en colaboración con centros y universidades nacionales y
extranjeras, aportarán mejoras económicas y sociales para la isla. La
elevada formación del personal asistente a los lanzamientos mantendrá el
nivel de turismo de calidad que pueda existir en ese momento en la isla
en la que definitivamente se decida instalar la base de lanzamiento y que
nosotros entendemos que inicialmente, por su idoneidad, debería ser la
isla de Hierro.
A continuación, y como tema separado al que me acabo de referir, voy a
explicar la posición del ministerio en relación con la estación de
seguimiento aéreo.
El Ministerio de Defensa viene desarrollando desde hace varios años un
programa de control aéreo que se llama Simca. Este programa tiene por
objeto el establecimiento de un sistema integrado de mando y control
aéreo, consistente en una red de radares de vigilancia aérea, más los
correspondientes centros de mando y control. El sistema permitirá mejorar
sustancialmente la cobertura aérea del territorio nacional mediante el
empleo integrado de los medios aéreos de alerta temprana y los medios de
detección, localización y seguimiento. Al mismo tiempo, proporcionará un
mayor grado de seguridad a la circulación aérea en todo el espacio aéreo
español, con evidentes repercusiones no sólo para el tráfico aéreo
militar, sino muy especialmente para el tráfico aéreo civil. El sistema
Simca es, además, interoperable con el sistema aliado ACCS (Air Comand
and Control System), lo que le hace especialmente idóneo para las
actuaciones conjuntas con los mandos de la OTAN.
Uno de los elementos fundamentales del programa Simca son los radares,
que, para ser efectivos, necesitan estar situados, obviamente, de tal
forma que permitan obtener información de la amenaza y del tráfico aéreo
existente con antelación suficiente. De este modo, desde los centros de
mando y control se pueden activar los medios capaces de contrarrestar la
amenaza y siempre con anterioridad a que el potencial agresor o el
tráfico aéreo, en el caso de que sea civil, pueda llegar al área en donde
pueden existir los peligros para la navegación aérea.
Los estudios técnicos iniciales del programa fueron realizados por un
equipo de expertos en defensa aérea formado al efecto en el Estado Mayor
del Ejército del Aire. Las razones de seleccionar un lugar concreto para
la instalación de un radar y no otro de los varios que siempre se
consideran son los de idoneidad sobre los demás para cumplir con los
requisitos que hace un momento enuncié.
Estas razones son las que han llevado al Ministerio de Defensa a definir
la necesidad de instalar un escuadrón de vigilancia aérea, un radar, en
la isla de Hierro para cubrir el eje Baleares-Estrecho-Canarias. Y todo
ello dentro del programa Simca. Conviene precisar, llegados a este punto,
que se trata de una instalación totalmente pasiva y sin ningún tipo de
armamento incorporado.
Tras diferentes estudios en la mencionada isla de Hierro se seleccionó el
pico Malpaso, de 1.501 metros de altura, siendo necesario adquirir, al
efecto de la instalación, una parcela de 25.000 metros cuadrados
aproximadamente. Las gestiones efectuadas en su día con el Ayuntamiento
de Frontera, a cuyo municipio pertenecen la totalidad de los terrenos a
adquirir, desencadenaron, como SS. SS. conocen, una fuerte oposición
tanto de las autoridades autonómicas como locales, así como de distintas
entidades, grupos ecologistas, etcétera, recogidos con gran fuerza en los
medios de comunicación. Esta oposición se basa principalmente en la
creencia de que la zona está declarada parque natural por el Parlamento
de Canarias y de que al tener una instalación de este tipo convertiría la
isla de Hierro en un objetivo militar, lo que ha sensibilizado de forma
extraordinaria a la opinión pública.
El 14 de abril de 1995, en el Boletín Oficial número 14 de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se publicó un anuncio por el que se daba a
información pública el expediente sobre autorización para la construcción
de un observatorio en el municipio de Valverde del Hierro, promovido por
don José Luis Barceló Luque, en representación del grupo astronómico del
Hierro.
De dicho proyecto se conoce que ya se ha formalizado la escritura pública
de constitución de un derecho real de usufructo temporal por cinco años
sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados en la zona denominada Las
Asomadas o la Maceta, a una altura de 1.350 metros. En principio, este
observatorio, que traigo a colación por haber tenido en su momento una
condición de interferencia del radar, no afectaría negativamente al
funcionamiento del escuadrón de vigilancia aérea, aunque sí habría que
realizar un estudio posterior más detallado para conocer si dicho
observatorio cumple las normas de seguridad radioeléctricas.
En 1996, el departamento inició nuevamente contactos con la Consejería de
Política Territorial del Gobierno de Canarias, que el 18 de junio
informó, por su parte, que no se opondría a la ejecución de las obras del
escuadrón de vigilancia aérea, siempre que se hicieran en base al
artículo 244 del texto refundido de la Ley del Suelo y ordenación urbana
que, en su apartado 2, recoge las obras que se realicen por razón de
excepcional interés público. No obstante, el problema inicial que se le
plantea a este Ministerio es la disponibilidad de los terrenos. Por ello,
se han realizado nuevas gestiones con el Ayuntamiento de Frontera, que
han sido infructuosas hasta el momento.
Respecto a los terrenos que se necesitan adquirir, el Ejército del Aire
ha modificado el proyecto inicial para que no afecte a la cumbre del pico
del Malpaso y, por tanto, al camino de acceso a la ermita de la Virgen de
los Reyes, cuya romería se celebra cada cuatro años. La sensibilidad
perfectamente entendible del pueblo herreño nos pide que si podemos hacer
este radar de vigilancia aérea en una posición que no dificulte la misión
que tiene encomendada y además podamos respetar las tradiciones
respetabilísimas del pueblo herreño, lo hagamos.
Los servicios técnicos del Ejército del Aire remitieron en su día a la
Consejería de Política Territorial el anteproyecto de obras en el que se
ha procurado reducir al máximo el impacto visual de los edificios a
construir. Dado que, al parecer, ha sufrido extravío, se ha remitido un
nuevo ejemplar a la mencionada Consejería.
Hay que resaltar que el Ministerio de Defensa para este tipo de obras
realiza los pertinentes estudios de impacto medioambiental, a pesar de
que los proyectos relacionados con la defensa nacional están excluidos
del ámbito de la aplicación del Real Decreto legislativo 1302/86, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental, así como del Real Decreto
1131/88, de 30 de septiembre, que aprueba su reglamento.
En cuanto a que la zona es parque natural, quiero decir a SS. SS. que
este concepto no es correcto ya que se trata del parque rural de Frontera
declarado como tal por la ley territorial 22/95. Además quiero resaltar
que esta declaración
de parque rural es posterior al inicio de las gestiones por este
departamento para la instalación del escuadrón de vigilancia aérea.
Por otra parte, el plan insular de ordenación del territorio, aprobado
por Decreto 132/1995, de 11 de mayo, califica los terrenos objeto de la
actuación como suelo rústico especialmente protegido, lo que sólo permite
usos y actividades que no tengan efectos negativos sobre la conservación
y regeneración de sus características medioambientales y productivas,
prohibiendo en principio cualquier construcción. No obstante, insisto en
que, sentadas las bases de protección del medio ambiente y, sobre todo y
muy importante, la necesidad perentoria de que se instale el radar en esa
localización, y hoy en día mucho más por sus efectos civiles que por los
militares, esta prohibición puede soslayarse en base al artículo 244 del
texto refundido de la Ley del Suelo antes citado.
El señor PRESIDENTE: Había solicitado la comparecencia el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por lo
que tiene la palabra su portavoz, el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Quiero agradecer al Secretario de Estado de
Defensa su comparecencia y, rápidamente, entrar en las cuestiones que más
nos preocupan, tanto en relación con el proyecto de la lanzadera como con
la estación de seguimiento aéreo, previstos ambos en la isla de Hierro.
Para aterrizar, quiero decir que la isla de Hierro es la más pequeña de
las islas Canarias, son 268,7 kilómetros cuadrados; que su población es
de alrededor de 7.000 habitantes, es decir, que estamos hablando del 4
por ciento de la población canaria, y que el 58,1 por ciento de su
territorio está catalogado como espacio natural protegido según una ley
territorial, la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de
Canarias. Repito que digo esto para aterrizar un poco, para saber de qué
isla estamos hablando, la configuración que tiene, etcétera.
En las pasadas Navidades, entre 3.000 y 4.000 personas, aproximadamente
la mitad de los herreños, se manifestaron en Hierro para expresar su
rechazo a la lanzadera espacial y a la base de seguimiento aéreo de
Malpaso. El cabildo de Hierro y los ayuntamientos de Frontera y de
Valverde han expresado muy claramente, a través de la aprobación de
mociones, su oposición a las instalaciones de Defensa en la isla, y usted
mismo planteó, y así lo recogió la prensa, tanto nacional como regional,
en relación a la base de cohetes, que si la isla de Hierro no quería esa
instalación, no se haría. Nos interesaría conocer si esta posición se
sigue manteniendo a pesar de que hay una oposición clara de todos los
ciudadanos y ciudadanas de Hierro de que no quieren la lanzadera ni la
estación de seguimiento y de que usted mismo planteó que, en el caso de
que así se produjera, no se instalaría en la isla de Hierro. Por tanto,
repito, queremos saber si, a pesar de esa consideración que le hago de
que prácticamente la totalidad del pueblo está en contra de esas dos
instalaciones, se mantiene esa posición.
Pero queríamos ir un poco más allá y plantearle algunas cuestiones en
relación con el propio proyecto de la lanzadera de satélites. En primer
lugar, queremos conocer si el Ministerio de Defensa conoce el informe
encargado a la empresa norteamericana Bechtel National sobre un proyecto
en relación con la lanzadera de satélites. Efectivamente, se planteó a
esta empresa norteamericana que hiciera un proyecto en relación con todo
lo referente a la lanzadera de satélites a través de una persona, el
empresario de Canarias Carrillo Kábana. Esta persona, que, como digo, es
empresario de la isla, parece ser que fue propuesto por el Gobierno de
Canarias, a través del Instituto Canario de Investigación y Desarrollo,
para encargar a esta empresa norteamericana que se hiciera este estudio,
cosa que es un poco sorprendente. Parece un poco sorprendente que, a
través de un empresario, se encargue un estudio de estas características,
pero no vamos a entrar en eso; en todo caso, diré que, en mi opinión, no
debería haber una correspondencia entre un empresario que parece que
tiene bastantes propiedades, algunas de ellas dentro del proyecto, y la
parte administrativa, la parte pública, en relación al estudio de estas
características, dada la importancia que tiene una lanzadera espacial.
Entrando en el asunto y en el propio documento de esta empresa, tengo que
decir que estamos hablando de una lanzadera espacial que utiliza como
combustible la hidracina y el tetróxido de nitrógeno --y me refiero
simplemente al propio informe de la empresa--, que son compuestos
altamente tóxicos que se emplean como combustibles de propulsión de
cohetes, y el propio informe de la empresa viene a plantear toda una
serie de recomendaciones, dadas las especiales características de este
combustible, que puede suponer un riesgo serio para la población. Como
digo, en función de ese riesgo se dan toda una serie de recomendaciones
para la población, para la instalación de seguridad, etcétera. Nos
gustaría saber si es verdad que esto es así, si lo que tenemos nosotros,
como una base cierta de este informe se corresponde con la realidad y, en
función de eso, plantear que el propio informe al que hacemos referencia
incluso habla de la posibilidad de traslado de la población a una
distancia segura de la actividad que se ejecuta o de exigir a la
población que permanezca en el interior de las casas durante el tiempo en
que ejecutan estas operaciones o durante el transporte de materiales
peligrosos a través o cerca de las áreas pobladas.
En relación con la hidracina, este informe dice textualmente lo
siguiente: debido a la naturaleza sumamente volátil de la hidracina y del
tetróxido de nitrógeno, esta instalación está equipada con detectores de
vapor interconectados con el sistema de calefacción, ventilación y
acondicionamiento y, en el caso de la dispersión de este componente, en
el caso de que ocurriera un accidente en el centro de lanzamiento y se
dispersara el vapor de hidracina a la atmósfera, la dirección del viento
y la proximidad de las áreas pobladas se convierten en factores críticos.
Como he dicho, me estoy refiriendo a este informe encargado a esta
empresa norteamericana. Pero es que, además, y nos preocupa mucho, el
propio informe plantea que, el acimut, en función de los grados, si se
lanzara en dirección norte, en
un acimut de 99 grados, pasaría por encima de las poblaciones de
Taibique, Las Casas, Valverde, Puerto de la Estaca, isla de La Palma y
las islas Azores; si se lanzara hacia el Este, en 90 grados de acimut,
pasaría por encima de Las Casas, Taibique, La Restrinja, isla de Gran
Canaria y poblaciones del este y oeste de Sudáfrica, y así sucesivamente.
Es decir, que según el acimut de lanzamiento, se plantea esta posibilidad
de riesgo para las poblaciones de riesgo. Lógicamente, a partir de estas
consideraciones, esto nos preocupa. El Ministerio de Defensa tiene que
ser consciente de los riesgos de este tipo de lanzamientos con la
existencia de zonas pobladas en su cercanía y, esta consideración, sumada
a que los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Hierro no quieren tener
esta instalación, hacen que lo más prudente sea llegar a la conclusión de
que no se debía instalar la lanzadera espacial en esta isla.
En relación con la instalación de bases de seguimiento aéreo en la isla
de Hierro, hay una oposición popular a la instalación pero basada en otro
tipo de criterios, que fundamentalmente son los ecológicos y
medioambientales, y parece que también hay unanimidad en el sentido de no
apoyar la base de seguimiento aéreo en la isla de Hierro. Creo que lo más
prudente, lo que aconseja en estos casos la prudencia y la
responsabilidad es, sin descartar este tipo de proyectos que son
interesantes, ubicarlos en zonas que, en primer lugar, no tengan el
rechazo popular que tienen y, en segundo lugar, que reúnan las
condiciones de seguridad mínimas que eviten lo que el propio informe de
la empresa norteamericana plantea con exhaustividad, es decir, que son
unas instalaciones que necesitan, por los combustibles que se utilizan,
de unas medidas de precaución altísimas.
Por tanto, querríamos saber exactamente si el Ministerio de Defensa
comparte la información de esta empresa; si efectivamente son ciertas las
recomendaciones que se plantean en el informe; si es cierto lo del
combustible que se va a utilizar en este tipo de lanzaderas y si es
cierto que una instalación de estas características tiene que tener todo
un sistema operativo de seguridad hacia la población, hacia el
transporte, etcétera.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero agradecerle, señor Secretario de Estado
de Defensa, señor Morenés, la información que ha traído ante esta
Comisión. Y paso seguidamente a exponerle cuál es el punto de vista que
mi grupo, Coalición Canaria, tiene sobre este problema que ha evidenciado
carencias informativas que a veces nos llevan a proponer que los
problemas se tienen que solucionar de una manera más inteligente por
parte del Ministerio de Defensa.
Nosotros creemos, señor Secretario de Estado, que el Ministerio de
Defensa ha carecido desde el primer momento de una política informativa
correcta y acertada sobre un hecho sobre el que la población de Hierro
tiene perfecto derecho a manifestar sus inquietudes, sobre todo cuando la
incertidumbre y las incógnitas no se le han despejado.
Vaya por delante que Coalición Canaria, en una de las últimas reuniones
celebradas por nuestro consejo político la semana pasada, ha decidido
elevar este tema ante el Gobierno autónomo canario. Entendemos que este
problema, por su localización geográfica estricta y ateniéndonos a las
competencias que sobre cuestiones de medio ambiente y otras relacionadas
con este tema tiene el Estatuto de Autonomía de Canarias, y tal como se
ha planteado en la voluntad expresada en una manifestación por la
población de Hierro, es una competencia que tiene que tomar, en primer
lugar, como responsable directo, el Gobierno de Canarias y por la
cuestión democrática a la que ahora me referiré, llevarlo a un
pronunciamiento, con un conocimiento previo, del Parlamento autónomo de
Canarias. Por tanto, hemos propuesto que el Gobierno autónomo de Canarias
presente una iniciativa en el parlamentario autónomo del Archipiélago, de
la Comunidad canaria, para crear por las vías parlamentarias pertinentes
--si así lo estima en su momento aquella Cámara, por la mayoría de las
fuerzas parlamentarias representadas-- la correspondiente comisión de
estudio que recabe toda la información de todos los sectores implicados a
favor o en contra de la instalación, para que informen ante esta Comisión
de forma transparente ante la opinión pública, y concretamente la de la
población de la isla de Hierro y de cualquiera otra del archipiélago
canario que pudiera considerarse afectada favorablemente o en contrario
por una instalación como la lanzadera de cohetes para colocar en órbitas
geoestacionarias los satélites que ha dicho el señor Secretario de
Estado.
Por tanto, nosotros reafirmamos este principio de voluntad política del
Grupo de Coalición Canaria y pedimos que empiecen a establecerse los
parámetros de medición democrática de lo que voluntariamente quiera
aceptarse; es decir, tiene que pasar por una comisión parlamentaria con
la información de todas las partes. En este punto aprovecho para
solicitar del señor Secretario de Estado que cuando se haga la petición
de información por parte de esta comisión de estudio, si se crea --es una
decisión soberana del parlamento autónomo de Canarias, de sus fuerzas
políticas--, se le faciliten por parte tanto de su departamento como del
INTA toda la información técnica pertinente, para que la decisión que al
final se tome con garantía democrática, que sea expresada
democráticamente, con los instrumentos que nuestra Constitución y el
Estatuto de Autonomía de Canarias señalan para cualquier expresión
democrática, se pueda hacer con perfecto conocimiento de causa de los
pros y de los contras.
Usted sabe, señor Secretario de Estado, que a veces la presentación de un
problema viene condicionada por quién es el presentador del mismo.
Indudablemente, el INTA tiene un prestigio de muchos años --el antiguo
Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica y hoy Instituto Nacional de
Técnica Aerospacial, por el imperativo de las circunstancias--, y esto me
lleva a hacer una primera reflexión, fuera incluso, digamos, de la
materia específica que nos trae, pero al hilo de ella y motivada por la
misma, y es la ubicación del INTA. Usted ha señalado aquí los proyectos
que se les van a encomendar a los satélites que transporte esa lanzadera,
que van a ser investigaciones fundamentalmente científicas: estudio de la
alta atmósfera, estudio de los espectros de infrarrojos, estudios
meteorológicos, fundamentalmente, aparte de los otros servicios que los
microsatélites y los nanosatélites puedan hacer. Pues bien, el Gobierno y
el Estado tienen instrumentos como el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, como el CDTI, dentro del Ministerio de Industria, como los
observatorios astrofísicos de El Roque de los Muchachos y de Izaña, que
funcionan con una armonía y una aceptación plena de toda la población
canaria y de la gran comunidad científica por el tremendo prestigio que
están alcanzando estos observatorios, donde hay un patronato que preside
en este caso la Ministra de Educación y Cultura, formado además por la
Universidad de La Laguna, etcétera, que dan todas las garantías de que se
está trabajando en un planteamiento científico de desarrollo. Con las
matizaciones de impacto ambiental que puedan tener sus instalaciones,
toda la población asume perfectamente sus fines.
Se ha hablado, señor Presidente, de un informe norteamericano. Nosotros
volvemos a decir que los informes que tengan que presentarse sean los que
recabe una comisión de investigación en el parlamento autónomo canario.
Usted sabe, señor Secretario de Estado, que hay muy pocas bases de
lanzamiento de satélites por vía de los transportadores de balística, de
cohetes, en el mundo. Hay en Rusia y en algunas repúblicas de la ex Unión
Soviética, los denominados cosmódromos de alta cota, como los de la Nasa
en Cabo Kennedy, en Florida, en los Estados Unidos, y la base europea de
lanzamiento de satélites en la Guayana Francesa, en Kourou, que han
supuesto una alta tecnología y que tienen que responder a unas órbitas de
situación para los satélites geoestacionarios que les obligan a estar lo
más cerca posible del ecuador de la tierra, cuyo lanzamiento se hace
siempre en contra del sentido de rotación y, por tanto, desde el punto de
lanzamiento en dirección Este, por lo que hay que tener las garantías de
las zonas donde puedan caer restos del cohete transportador del satélite.
Pero, al mismo tiempo, aquí en el fondo hay una guerra comercial. Lo digo
por los informes que puedan venir de otros países, porque en este momento
hay una competencia económica y no hablo de las lanzaderas rusas, sino de
las norteamericanas en Cabo Kennedy y de las europeas en la Guayana.
Hoy no hay producto de más alta tecnología con valor añadido que un
satélite. Su relación precio, peso y la tecnología que lleva hace que sea
el instrumento científico de investigación en todos los órdenes más
costoso de fabricación en este momento, por el valor añadido de
inteligencia, investigación y de componentes de alta electrónica que se
exigen. Hay una guerra comercial, porque no es lo mismo encargarle la
puesta en órbita de un satélite a la estación aerospacial de Guayana, con
control europeo, que ponérsela en manos de la Nasa o de los lanzadores
norteamericanos. Por tanto, este informe norteamericano del que se
hablaba lo acogemos con respeto, pero como uno más, ya que las
influencias económicas en cualquier dictamen que se dé hay que mirarlas
con mucho cuidado.
En segundo lugar, señor Presidente, aquí se nos presenta una disyuntiva a
los partidos políticos, la de situarnos en la protección del medio
ambiente en una posición de ecologismo absoluto hasta la de la
consideración de todos aquellos parámetros que el desarrollo tecnológico
conlleva; parámetros que el desarrollo tecnológico puede conllevar en lo
positivo y en lo negativo, que es por lo que deseamos una investigación
parlamentaria, a través de una comisión de investigación adecuada,
ampliamente representativa y escuchando a todas las partes implicadas,
con argumentos sólidos, serios y contundentes, para que se sepa a qué
puede afectar la decisión que se tome, en lo positivo o en lo negativo.
Usted ha elaborado un índice en la información que nos ha traído hoy
aquí, relacionado con puestos de trabajo, avance tecnológico, ruidos,
etcétera, con los pros y los contras. Pues bien, el avance en el
desarrollo tecnológico que esto puede suponer es lo que hace que los
partidos políticos tengamos que estar en la disyuntiva, en la situación
de decantarnos por un pronunciamiento, que si no hay información, pudiera
ser erróneo, de armonizar la ecología y la protección del medio ambiente,
la protección de la población, con los derechos que conlleva un
desarrollo tecnológico, en una isla como la de Hierro que --como bien ha
señalado el proponente, señor Meyer-- es la más pequeña del archipiélago
y, por tanto, la menos poblada, con una población de derecho algo
superior, posiblemente, a los 7.000 habitantes; que ha sufrido procesos
de despoblación por su dependencia, prácticamente única, de los recursos
agrícolas, con apenas un incipiente turismo, con carencias muy fuertes de
infraestructuras, portuarias, aeroportuarias y de carreteras, por
procedimientos históricos, por necesidades orográficas, por limitaciones
que ha tenido esta isla, donde a veces la ecología toma un valor
prepotente y predominante que también es necesario respetar, junto a los
valores de tradiciones --como bien ha señalado el señor Secretario de
Estado--, al ubicar una instalación que se entiende que puede perturbar
la armonía que tiene el ancestral, tradicional y queridísimo santuario de
la Patrona, la Virgen de los Reyes, en su romería cuatrianual, que
precisamente este año se va a celebrar. Esto puede evidenciar algo que es
legítimo, que son las motivaciones espirituales y emocionales de una
población que ve que se puede atacar a lo que son sus más entrañables
tradiciones.
Termino, señor Presidente. Nosotros pedimos para esto reflexión, estudio,
una amplia información y que cualquiera de las partes interesadas ponga
de manifiesto y en evidencia sus razones, con las pruebas pertinentes, y
que, al final, si tiene que expresarse una voluntad de toda la población
herreña, que es la que recibe los pros y los contras de estas
instalaciones, concretamente me refiero a la base de lanzaderas, se pueda
expresar por la fórmula democrática, una vez obtenida toda la información
científica, tecnológica, ecológica, etcétera, por los expertos y
conocedores en la materia, y se pueda llevar adelante con unos
procedimientos en los que nosotros no estaríamos ajenos a propiciar y
apoyar que hubiera un referéndum en la población, suficientemente
informada sobre el impacto de la situación. Lo que no quisiéramos es
silenciar nada a esa población
de la isla de Hierro, tan entrañablemente querida y acogida por este
Diputado y por su formación política, y deseamos que dentro de nuestra
propia provincia, democrática y electoralmente de circunscripción
representativa, lo que tengamos que representar como fuerza política sea
una voluntad popular mayoritariamente expresada dentro de la armonía de
los intereses generales, sin perjudicar el futuro que se merece la
población de esta isla.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Secretario de Estado, muchas gracias por
su comparecencia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Estos dos temas han venido a esta Comisión por lo que ya se ha indicado.
Hay una oposición muy amplia en la población de la isla de Hierro a estos
dos proyectos que, como ha indicado el Diputado señor Mardones, se ubican
en el Ministerio de Defensa, uno con un carácter claramente vinculado a
la defensa nacional y otro, por el contrario, más bien vinculado a la
tecnología y a la capacidad tecnológica de España y a los proyectos
tecnológicos de nuestro país.
Me da la impresión --ya se ha comentado, pero permítame que lo reitere
yo-- que en buena parte esa oposición --amplísima, insisto-- del pueblo
de Hierro se ha producido por un temor de la población a que su forma de
vida se vea afectada. Es una forma de vida especial, singular; es una
isla muy pequeña, escasamente poblada, donde el peso de las tradiciones
es altísimo, donde la tranquilidad en que la población desarrolla su vida
es enorme, con una población de una edad media muy elevada, y por esto,
se produce esta situación de temor a que se modifique esa forma de vida
que tienen, que es lo que al final constituye la personalidad de un
pueblo. Son efectivamente dos proyectos bien diferentes, pero la
población los une, aunque pueda parecer poco razonable hacerlo, por esto
que acabo de explicar, porque ambos proyectos aparecen casi
simultáneamente en el tiempo y afectan a su forma de vida, a esa manera
peculiar en la que los herreños desarrollan su vida.
Acerca del radar de la estación de seguimiento aéreo --usted lo ha
indicado-- permítame que insista en que si finalmente el Gobierno tomara
la decisión, en función de su responsabilidad, de la construcción de esa
estación, efectivamente no afecte en modo alguno al camino tradicional
por el cual se desarrolla la romería, lo que se denomina la bajada de la
Virgen.
Acerca del centro de lanzamiento espacial, su intervención, señor
Secretario de Estado, ha aportado poca información nueva lamentablemente.
Básicamente, salvo en dos o tres puntos, ha reproducido la respuesta que
el Gobierno me dio a una pregunta escrita que le hice en su momento. Es
una respuesta fechada por parte del Gobierno el día 17 de diciembre, hace
ya dos meses, y mientras usted iba leyendo su respuesta la cotejaba yo
también en la que el Gobierno me remitió en su momento.
Tengo la impresión, señor Secretario de Estado, de que en buena parte los
temores están basados en esta falta de información. En la respuesta del
Gobierno a mi pregunta y en su propia intervención se habla del posible
emplazamiento en la isla de Hierro. Por tanto, hay voluntad por parte del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de constituir el centro
espacial de Canarias, que, por un lado, estaría formado por la actual
estación de seguimiento espacial de satélites, situada en Maspalomas, en
el sur de la isla de Gran Canaria, y, por otro, por un centro de
lanzamiento espacial --leo textualmente-- con posible emplazamiento en la
isla de Hierro, frase que usted ha repetido hoy. Se deduce, por tanto,
que no está decidido que ese centro de lanzamiento espacial se sitúe en
la isla de Hierro. Se insiste, además, en que en estos momentos se está
realizando un estudio que contemple la selección definitiva del lugar del
emplazamiento y la superficie a ocupar, por lo que da la impresión de que
se ha originado una amplísima discusión, con una enorme repercusión
social, sin que al parecer estén definitivamente decididos el
emplazamiento, el lugar, ni la superficie que quedarían afectados.
Sorprende mucho también el papel que juega el Gobierno de Canarias en
todo este asunto. Según mi información, hay un convenio entre el Gobierno
de Canarias y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial acerca de la
construcción de estas instalaciones, del centro de lanzamiento espacial.
También debo manifestar mi sorpresa de que el Gobierno de Canarias haya
encargado a la empresa Kabana, S. A., el informe; informe que Kabana, S.
A., encarga a Bechtel. Sorprende, sin duda, insisto, que el Gobierno de
Canarias encargue ese informe a una empresa que tiene claramente
intereses en la isla e incluso, si mis informaciones no son incorrectas,
es propietaria de parte de los terrenos donde posiblemente cabría situar
este tipo de instalaciones.
Señor Secretario de Estado, le pediría que se amplíe la información si es
que el ministerio o el instituto no han decidido ya que definitivamente
no se instale en la isla de Hierro. Ha habido declaraciones reiteradas de
responsables del instituto en el sentido de que no se haría este centro
con la oposición de la población, con la oposición de la isla. Le informo
de que muy recientemente, el viernes pasado, el cabildo insular de
Hierro, en sesión plenaria, acordó oponerse a la instalación de este
centro de lanzamiento espacial. Por tanto, no sólo estamos hablando de la
oposición popular, de esa gran manifestación, sin duda la más importante
que se ha desarrollado en la isla a lo largo de la historia, a la que fue
prácticamente toda la isla, insisto en que no sólo tenemos la oposición
de la población, sino que hay pronunciamientos claros de las
instituciones herreñas. Si la idea es, como parece bastante razonable,
que no se pueda construir un centro de este tipo con la oposición de las
autoridades locales, aunque el Gobierno de Canarias mantiene un silencio
difícil de explicar, me gustaría que informe acerca de si efectivamente,
a la vista de esa oposición institucional, ya declarada por parte del
cabildo, el instituto o el ministerio han desechado definitivamente el
proyecto, situado, insisto, en la isla de Hierro, si está en estudio otro
tipo de emplazamiento en alguna otra isla o si, por el contrario, han
renunciado a ello definitivamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, deseo agradecer la
presencia hoy, en esta Comisión, del Secretario de Estado para la
Defensa.
Quiero comenzar indicando, como ya se ha puesto de manifiesto por los
anteriores intervinientes, que la estación de vigilancia aérea o del
radar de Malpaso y la estación de lanzamiento de satélites son dos cosas
completamente distintas. En la petición de comparecencia se han
presentado conjuntamente, pero, como ya han puesto de manifiesto los
anteriores intervinientes, son dos cosas diferentes que hay que tratar de
distinta manera, porque muchas veces, precisamente, de la confusión de
estos dos temas, es por lo que se produce la confusión de la ciudadanía a
la hora de explicar claramente los proyectos para Canarias, en concreto
para la isla de Hierro.
Empezando por la estación de radar o de vigilancia aérea, lo primero que
hay que poner de relieve es que, para disponer de una cobertura aérea del
territorio nacional, es indispensable la existencia de unas instalaciones
de radar que sean servidas por unas denominadas unidades de escuadrones
de vigilancia aérea. Es preciso resaltar que esta cobertura, sin
perjuicio de su finalidad militar estrictamente defensiva, a quien más
interesa es precisamente a la aviación civil. Es conocido que la sombra
del Teide se proyecta sobre una parte del archipiélago, lo que ocasiona
un espacio no perfectamente dominado en el archipiélago, que ha provocado
ya algún accidente aéreo y es algo que resulta indispensable resolver.
Por consiguiente, es preciso disponer de un radar en el occidente del
archipiélago que complemente las instalaciones ya existentes.
Estos dos proyectos no se han iniciado ahora, con el actual Gobierno,
ambos tienen su origen en el anterior Gobierno. Personalmente, creo que
son dos proyectos dignos de aplauso, tanto uno como otro. En
consecuencia, lo único que está haciendo el actual Gobierno es continuar
la iniciación realizada por el anterior Gobierno socialista. Además de la
mejora importante de la vigilancia aérea que comporta la estación de
radar que ahora nos ocupa, consiguiéndose un sistema más completo y
fiable desde el punto de vista militar, aporta ventajas indudables tanto
al archipiélago como a la propia isla como a los intereses generales
españoles.
En primer lugar, se produce una mejora de la eficacia del control de la
circulación aérea civil --insisto, circulación aérea civil--, actualmente
muy deficitario en esta zona del archipiélago. Además, es un importante
punto neurálgico en las comunicaciones aéreas entre Africa, América del
Sur y Europa. El considerable aumento que ha experimentado la circulación
aérea en las islas en los últimos años hace imprescindible la instalación
de este radar, que facilitará que puedan ser evitados accidentes como el
ya ocurrido, como algunos recordarán, en el año 1970, con un P-3
norteamericano que se estrelló contra la isla de Hierro. En tercer lugar,
supone la mejora de las operaciones de los aeropuertos occidentales
canarios, que próximamente contarán con un nuevo aeropuerto en la isla de
La Gomera. En consecuencia, hay que garantizar el tráfico aéreo de los
aeropuertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Se facilita también la conducción y dirección de las labores de búsqueda
y salvamento de buques en dicha zona, detalle de gran importancia, tanto
para el tráfico de cabotaje como para el pesquero. Asimismo, se
facilitarían las acciones humanitarias del servicio aéreo de rescate;
serviría de observatorio privilegiado y permanente para la detección de
incendios forestales, tan necesario en la isla; mejoraría la economía de
la isla, ya que la instalación del asentamiento conlleva una inversión
importante que, como digo, va a redundar no sólo en los beneficios para
el tráfico aéreo civil y para la posible defensa del archipiélago canario
sino también para la defensa del territorio nacional.
En todo caso, quisiera hacer alguna que otra pregunta al Secretario de
Estado porque, al hilo de su exposición, convendría precisar cuál sería
la superficie ocupada por este radar, lo que yo no he oído. Sí ha
contestado a lo que yo había apuntado respecto a las consecuencias que
podría traer sobre las tradiciones religiosas de la isla, ya que cada
cuatro años se produce la tradicional bajada de la Virgen, que pasa por
la zona de Malpaso. He oído decir al Secretario de Estado que ese
problema está resuelto al orillarse por otro camino la instalación del
radar.
Me gustaría saber si se han realizado estudios de impacto ambiental sobre
esa instalación del radar. También me gustaría conocer la opinión del
Secretario de Estado sobre si es imprescindible la instalación de estas
estaciones de vigilancia aérea en las islas Canarias, si el Gobierno
actual considera que esa instalación es imprescindible para el tráfico
aéreo, si esa instalación viene exigida por los planteamientos
estratégicos del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Me gustaría saber
si se puede situar esta estación en otra isla que no sea el territorio de
Hierro, porque lo que sí parece claro es que el lugar más idóneo son las
islas Canarias por su situación geográfica. Me gustaría saber también,
como es obvio, si se han estudiado otras posibles alternativas para la
ubicación de esta estación.
Ya ha explicado el señor Secretario de Estado que el Ministerio de
Defensa conoce que la zona elegida ha sido declarada parque rural. Yo no
recuerdo exactamente en estos momentos la trascendencia que tiene el
parque rural. Creía que habría alguna posibilidad de haber sido declarado
espacio natural dentro de la normativa de la Comunidad Autónoma de
Canarias y me gustaría que se precisara, aunque creo que el Secretario de
Estado ya abundó en esta reflexión. Me gustaría saber también el número
aproximado de personas que prestarían servicios en esa estación y el
presupuesto de la obra. Todos éstos son detalles que creo que es
indispensable manejar para poder tener una información lo más exacta
posible. Esto por lo que se refiere, como digo, a la estación de
vigilancia aérea.
En cuanto a la famosa lanzadera, con la que se ha hecho --entiendo yo--
excesiva demagogia por parte de determinadas personas que no es el caso
mencionar, yo no comparto del todo lo que se ha indicado aquí por parte
del señor Martinón y del señor Mardones acerca de la falta de
información. El señor Martinón ha hecho referencia a un convenio suscrito
con el Gobierno de Canarias en julio de
1993, es decir, gobernando el Partido Socialista, en el que tenía pleno
conocimiento de todas las actuaciones del Gobierno de la nación. Pero es
que, por la información que yo poseo, el Gobierno de Canarias sigue
teniendo toda la información y a mí me gustaría que se aclarara si el
Gobierno de Canarias ha sido informado permanentemente por parte del
Gobierno de la nación, no ya sólo por el Partido Popular en el poco
tiempo que lleva, sino también, porque esto viene ya de años atrás, por
el Gobierno anterior, que imagino habrá tenido informadas a las
autoridades canarias. Lo que ocurre es que también el Secretario de
Estado ha hecho referencia a que se habla de un posible emplazamiento y
que se están realizando unos estudios sobre situación y superficie, si no
he entendido mal, lo cual conlleva la conclusión de que el asunto todavía
no está decidido.
Hay que asumir las responsabilidades. Yo creo que los políticos estamos
para asumir responsabilidades y en la isla de Hierro los políticos
tendremos que dar la cara y defender allí la conveniencia o no de esta
estación de lanzamiento de satélites, salvo que queramos que la isla de
Hierro se quede sólo para fabricar quesos y plantar cuatro papas --como
decimos nosotros-- y siga en la Edad Media, sin que quepa la más mínima
posibilidad de desarrollo, la más mínima posibilidad de que en la isla de
Hierro se abandone la situación actual, como bien ha puesto de relieve,
en un magnífico artículo, y yo le quisiera felicitar, don Eligio
Hernández, conocido por todos los aquí presentes, Diputado regional en
estos momentos del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y
persona de la que no hace falta dar más datos porque creo que es
sobradamente conocido. Como digo, don Eligio Hernández ha publicado un
artículo en la prensa de Canarias a favor de esta estación de
lanzamiento.
En este artículo --no lo puedo leer entero y sólo voy a trazar las líneas
generales, que yo comparto-- habla, en primer lugar, de que la población
de Hierro es la más envejecida de toda España. Allí se ha hablado de una
población de derecho de 7.000 habitantes. Yo estoy convencido de que allí
no llegan a 5.000, lo que pasa es que hay una población que sigue censada
en Hierro pero que vive en Tenerife y que va a Hierro en verano,
etcétera. Hierro carece de una economía productiva de cualquier tipo. La
isla de Hierro es --no sé si todos los que han intervenido la conocen, yo
desde luego la conozco bien y supongo que los parlamentarios canarios
también-- una isla realmente pobre. Consecuentemente Hierro está optando
--dice don Eligio-- por un modelo económico basado en sus fuentes de
riqueza tradicionales y esto --asegura-- es un auténtico sarcasmo. El
modelo económico preponderante, si es que se puede denominar como tal,
que actualmente existe en Hierro, es el de economía subsidiada. Allí toda
la agricultura está pagada con subsidios del Gobierno canario, del
central o de Europa. La economía de Hierro es una economía agrícola
completamente artificial, en cuanto que la escasa actividad económica que
se genera depende de las subvenciones de las corporaciones locales, sobre
todo del cabildo insular, que es el que además controla, a excepción de
los funcionarios de la Administración del Estado y de los pensionistas,
casi todo el empleo público y, por consiguiente, el subsidio de desempleo
que se paga con los Presupuestos Generales del Estado, dando lugar así a
una inconfesable --dice literalmente don Eligio Hernández-- forma de
clientelismo político con toda su secuela neocaciquil de control del
contado electorado de la isla. Téngase en cuenta que en la isla de
Hierro, que tiene un Senador, con mil y pocos votos se saca el Senador.
Es decir, que la estructura caciquil de la isla de Hierro no tiene nada
que ver con las estructuras caciquiles del siglo pasado. Yo creo que es
mucho más refinada y está más en línea con los actales procedimientos que
se utilizan en las instituciones democráticas y que están estudiados en
todos los tratados.
El señor PRESIDENTE: Le agradecería que fuera terminando.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Termino en seguida.
Estamos en presencia --dice don Eligio-- de un proyecto científico cuya
magnitud y trascendencia en todos los órdenes exige antes de pronunciarse
sobre su viabilidad y conveniencia un debate en profundidad con
participación de instituciones científicas de prestigio. Estamos
totalmente de acuerdo. El debate se ha iniciado. El Ministerio de Defensa
aún no tiene terminados los estudios. El Secretario de Estado ha
prometido que cuando tenga terminados estos estudios se expondrán. El
Gobierno de Canarias tiene toda la información y en su momento los
políticos tendremos que dar la cara ante la población de Hierro. Estoy de
acuerdo con el señor Martinón, y creo que el señor Secretario de Estado
también compartirá la opinión, en que si los ciudadanos de Hierro no
quieren la estación de lanzamiento de satélite, no se pondrá, pero los
políticos de Hierro que vayamos allí a defender o no dicha estación
tendremos que responder en el futuro de los perjuicios que se puedan
ocasionar a la isla de Hierro. Tendremos que dar respuesta cuando los
hijos y nietos de los actuales ciudadanos puedan echar en cara a sus
padres o a sus abuelos las consecuencias que ha supuesto para la isla de
Hierro no introducirla en el carro del avance del progreso, como está
sucediendo --aquí ha sido citado-- con el Astrofísico de la isla de La
Palma o con el de Izaña en El Teide, que están llevando el nombre de las
islas Canarias por todo el mundo.
Esta sería una ocasión óptima para conseguir que la isla de Hierro sea
conocida, sin perjuicio de mantener sus condiciones medioambientales, que
nadie discute. Además yo estoy convencido de que el informe Bechtel --es
una opinión personal y me gustaría que el señor Secretario de Estado nos
lo aclarara-- está más bien hecho pensando en una estación de lanzamiento
de satélites tipo cabo Kennedy, con grandes aparatos y creo, por la
información que tengo --yo soy un lego en la materia desde el punto de
vista científico-- que no es ése el caso y que el informe Bechtel está
pensando en unos satélites de una envergadura muy superior a la que está
previsto hacer en Hierro, hasta el punto de que esa sustancia que yo me
he enterado ahora que existe, que se llama hidracina, parece ser que no
se va a utilizar --sustancia por lo visto muy calamitosa--, sino que se
van a utilizar otros productos que no ocasionan tanto daño.
Yo estoy convencido, en definitiva, que si esos estudios se terminan, si
la opinión pública de Hierro se la informa adecuadamente, si no se hace
demagogia y si todos los políticos vamos a Hierro a mojarnos en el asunto
y a asumir la responsabilidad de las consecuencias que tenga para la isla
una u otra decisión, al final, con el apoyo de todos, el Gobierno tomará
la decisión que más convenga a los intereses de Hierro.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, el señor Soriano ha hecho
alusión...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martinón. El debate está terminado. El
señor Secretario de Estado va a contestar a los que han intervenido.
El señor MARTINON CEJAS: Como el señor Presidente crea conveniente.
El señor PRESIDENTE: Si quiere, para alguna cosa puntual y concreta, le
doy medio minuto, pero el tema está suficientemente debatido.
El señor MARTINON CEJAS: Sí, pero el señor Soriano ha hecho insistentes
alusiones a mi intervención. Si sólo hubiera hecho referencia a las
palabras del señor Secretario de Estado, mi intervención no sería
oportuna.
El señor PRESIDENTE: Le doy minuto y medio.
El señor MARTINON CEJAS: Muchísimas gracias, señor Presidente, por su
generosidad.
Señor Soriano, cuando yo he dicho que me parecía que la información era
insuficiente me refería a la información que ha llegado a la población,
no al Gobierno de Canarias. Precisamente he insistido en que sorprende el
silencio pertinaz, insistente, en que se sitúa el Gobierno de Canarias.
Y aunque sé que es abusar de la generosidad del Presidente, he de decir
que desde luego no acepto que la isla de Hierro esté en la Edad Media ni
se pueda identificar progreso y desarrollo con la instalación de un
centro de lanzamiento de satélites. (El señor Soriano Benítez de Lugo: No
he pretendido eso.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señorías, por sus intervenciones.
Voy a procurar contestar a las posiciones de los grupos parlamentarios
con la información que dispongo. Como el leitmotiv de las intervenciones
ha sido precisamente la falta de información que hay sobre este programa,
tengo que decir que éste es un programa de concepción larga y de proceso
de decisión largo, no solamente por el tema de la oposición que pueda
existir en estos momentos en Hierro, sino por la propia definición del
programa y de lo que es el recurso físico, es decir, la base de
lanzamiento, su ubicación, que tendrá que estar perfectamente coordinada
con las posibilidades comerciales que apuntaba el Diputado señor Mardones
que tenga este proyecto en el futuro.
Lo que sí quiero decir es que existe el convencimiento, que viene de
largo, de que es una buenísima oportunidad que España y Europa muy
fundamentalmente puedan contar dentro del territorio europeo con un
proyecto que nos permita acceder al espacio por vías propias y no por vía
de subarriendos, que prácticamente es lo que hoy en día tenemos
contratado. Véase, por ejemplo, que en el lanzamiento del minisatélite
vamos a utilizar ahora un sistema Pegasus americano, que podríamos
haberlo hecho en la segunda fase de evolución en Hierro o en el lugar
donde se decida.
Contestando al Diputado señor Meyer, le quiero decir que el informe
Bechtel es una opinión de unos expertos internacionales en lanzamiento de
satélites que conocen perfectamente su oficio, no sé muy bien --debo
decirlo-- por qué se utilizan los cauces de contratación que usted
apunta, no lo sé, pero sí le puedo decir que el INTA, que es con quien me
relaciono y de quien me hago responsable, coincide con la opinión de que
Bechtel es en estos momentos uno de los técnicos mejores que existen en
el mercado para diseñar lanzaderas de satélites. Sí es verdad también,
como apunta el señor Mardones, que tienen probablemente su propia opinión
de qué es una lanzadera y qué no lo es, y sobre el tipo de lanzadera.
Puedo adelantarles a ustedes que Bechtel pretende que la inversión en la
lanzadera sea para el gran juego, los grandes satélites, y nosotros
consideramos en principio, con una medida de prudencia a la que tanto se
ha aludido aquí y se ha preconizado como sabia para adoptar una decisión,
que deberíamos empezar por un primer paso de tamaño razonablemente
adaptable a las necesidades que pueda tener Europa en estos momentos, y
luego, si eso fuese un éxito, adentrarnos en otros ámbitos más
ambiciosos.
El informe Bechtel, que dice una serie de cosas, dice otras también, es
decir, señala problemas y da soluciones. Sería un informe absolutamente
no creíble si simplemente se limitase a establecer unos principios de
seguridad, sin señalar lo que son las causas que motivan que se adopten
esas decisiones. Yo creo que está en el espíritu del Ministerio de la
Defensa, en el espíritu del INTA, en el espíritu del Partido Popular, por
las palabras de quien representa al grupo, en las palabras del Diputado
señor Mardones y creo que en el espíritu de todos, que lo que vamos a
hacer lo vamos a hacer a conciencia, es decir, no tiene un peligro
irremediable una base de lanzamiento. En los Estados Unidos, en Cabo
Cañaveral, existen bases de lanzamiento con poblaciones flotantes
importantes alrededor, donde se toman una serie de medidas oportunas para
que cualquier riesgo que se pueda derivar de la actividad esté cubierto y
se impida que ocurra o, en el caso de que ocurra, se impidan sus
consecuencias. Quiere decirse que si nosotros estamos estudiando una base
de lanzamiento, la razón fundamentalísima y probablemente concluyente de
que se adopte una decisión en este sentido, siempre sujeta a lo que ahora
diré,
será la seguridad. Estas compañías a lo que se dedican es a establecer
los ratios de seguridad necesarios para una actividad que no se nos
escapa a ninguno de los que estamos aquí que es una actividad importante,
una actividad de futuro. Y quiero decirle al Diputado señor Martinón que
yo sí entiendo que el espacio es futuro, yo lo creo sinceramente.
Entonces me da la sensación de que no podemos juzgar un proyecto por lo
que son unos riesgos, sino por lo que son unos beneficios que, haciendo
frente a esos riesgos de manera absoluta como condición sine qua non,
luego puedan producir unos beneficios sin que tengan que ocurrir los
siniestros que se deriven de los citados riesgos.
¿Qué es lo que pretendemos hacer? Vuelvo al tema de la información.
Nosotros hemos tenido un contacto con el Cabildo de Hierro, el director
general del INTA se ha entrevistado con don Tomás Padrón, le hemos
contado cuál es el proyecto, por qué entendemos que Hierro tendría unos
beneficios, por qué entendemos que Hierro es un buen sitio y es una gran
oportunidad para Hierro, para Canarias, para España, para Europa, en ese
orden de importancia probablemente. Lo que pasa es que la información que
en este momento disponemos, desde el punto de vista de que éste es el
sitio, ésta es la base, éstas son las medidas, está en un proceso de
desarrollo.
Usted se refiere a unos aspectos técnicos del informe Bechtel y habla de
acimuts y de posibles lanzamientos. Esos acimuts están estudiados
precisamente para elegir cuál es el lanzamiento más sensato y prudente
desde el punto de vista de la seguridad y, por último, de la utilidad.
Hay un aspecto de lo que ha dicho el señor Mardones que yo creo que es
muy importante, si me permite S.S., no sólo por lo que él ha dicho sino
por otra razón. Desde el punto de vista comercial no sólo es importante
el informe Bechtel por su probable sesgo hacia los intereses
norteamericanos, diciendo que hay que tener cuidado y hay que hacerlo
así, sino porque la necesidad que nosotros hemos detectado en el mercado
de posible utilización de la base de la lanzadera europea, por decirlo
así, es grande, porque ir a La Guyana es un problema de costes
importante, tiene unas características no tan buenas, según los técnicos,
como las propias de Hierro, y esos dos aspectos y también la condición
europea de la base de Hierro le dan dentro de Europa, y no solamente
dentro de Europa, una bondad comercial realmente notoria, aun ahora que
no tenemos claramente definido el proyecto.
En cuanto a la información lo que puedo contar es un histórico, y el
histórico es, como ya digo, que nosotros hemos mantenido una entrevista
con el Gobierno canario, con su presidente, hemos hablado de este
proyecto, hemos decidido crear un comité de estudio que vaya
profundizando en el mismo y nos hemos comprometido con las autoridades de
Hierro a explicarlo porque, sinceramente, si al final el pueblo de Hierro
y sus representantes consideran que no quieren este proyecto, es decir,
rechazan una inversión, yo creo que el Gobierno español, desde luego el
INTA y el Ministerio de Defensa, buscarán, porque creen en el proyecto,
una alternativa, pues creemos que no debemos imponer una situación como
ésta. Pienso que es un proyecto bueno para España, bueno para Hierro,
bueno para Canarias, bueno para España, y es una oportunidad para quien
lo acoja. Lo digo con toda sinceridad. Entiendo que una alarma por un
proyecto que tiene unas connotaciones que a nadie se le escapan, de
modernidad, de espectacularidad, ha creado un rechazo en Hierro que yo
creo que, respetándolo profundamente, no está fundamentado en información
sino en falta de información. Por eso creo que debemos avanzar en la vía
de la información. Estoy convencido de que una vez que esto se entienda
--y en Hierro hay gente que conoce el proyecto y lo aprueba-- no deberá
tener una oposición basada en la razonabilidad, sino en otro tipo de
conceptos. Espero que la madurez del pueblo de Hierro suponga la
aceptación y el rechazo de la otra posición. Por tanto, acepto la
sugerencia que se me hace de mejorar los canales de información, es muy
necesario, y cuando tengamos un proyecto perfilado iremos a Hierro y lo
presentaremos con todas las autoridades y delante de las personas que
puedan estar interesadas en escuchar cuál es la realidad del proyecto.
En cuanto a la localización, hay que matizarla dentro y fuera de Hierro.
Es evidente que por la situación de Canarias, su posición en el sur de
Europa y la cercanía al Ecuador, le da unas condiciones idóneas para
instalar una lanzadera de este tipo. La isla de Hierro, dentro de
Canarias, es la mejor de todas, es la más meridional y la más occidental,
está justo en los dos ejes norte-sur y este-oeste que permiten instalar
la base con la mayor seguridad y fiabilidad. Según los últimos estudios,
los dos lugares más idóneos en estos momentos dentro de Hierro son la
hoya de Tocorón y la punta de Orchilla. Esto es un adelanto de lo que al
final se defina según los estudios pertinentes. De acuerdo con el
director general del INTA, para nosotros la Orchilla sería el lugar más
adecuado por razones de operatividad, por razones de medio ambiente y
--muy importante también-- por razones de localización de los
asentamientos urbanos que hay alrededor. Este satélite cuando sale hace
un ruido notable, y es una cosa siempre molesta. Si tenemos aquí
problemas con los aeropuertos, qué menos que tenerlos con este satélite.
El Ministerio de Defensa tiene una larga tradición en conciencia
ecológica; y voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarlo.
Independientemente de no estar sujetos a la normativa y de que en muchos
casos la propia ecología tiene que decaer ante razones de más urgencia o
necesidad, precisamente por interés nacional, sin embargo, el Ministerio
de Defensa, a través de la Dirección General de Infraestructura, y muy
directamente el INTA, tiene no sólo conciencia sino una serie de normas
establecidas para hacer estudios y realizar las obras pertinentes para
que las instalaciones de defensa respeten de manera conspicua el medio
ambiente y todas las razones ecológicas de su alrededor. De hecho, y
volviendo al radar --en las dos o tres intervenciones no se ha hecho
mucha incidencia sobre
él--, creo que todos los EVA que ha instalado el Ministerio de Defensa,
en su ya larga trayectoria con este proyecto, respetan las condiciones de
medio ambiente, incluso a costa de hacer inversiones muy sustanciales en
ocultamiento, reforestación y selección de lugares no tan
idóneos desde el punto de vista de la inversión pero sí desde el punto de
vista de la ecología.
Como la preocupación de los Diputados ha sido, en general que se defina
el Ministerio de Defensa sobre si habrá o no lanzadera según la reacción
que haya en Hierro, ya he dicho que nosotros queremos tener la
oportunidad de informar, creemos que el pueblo de Hierro se merece una
mejor información, y si al final se considera que por intereses que en
este momento no puedo compartir, quizá porque no está bien explicado, no
haya lanzadera, buscaremos otro sitio, porque no creemos que se deba
abandonar este proyecto, y pediremos al Gobierno canario que nos dé la
oportunidad de hacerlo en otra isla. Sinceramente creo que tirar a la
basura un proyecto de este calibre es un grave error desde el punto de
vista político y económico.
El señor Soriano me ha hecho varias preguntas. En principio participo de
su exposición. Tengo esa fe que tiene él en el proyecto lanzadera. Ha
hecho referencia al proyecto radar de la manera más clara y profunda.
Quiero decirle que el tema del radar es un asunto aparte de la lanzadera.
Nace al mismo tiempo que el otro, yo no sé muy bien por qué, aunque creo
que es anterior. Obedece a un programa Simca que estaba en el grupo de
programas del Ejército del Aire y tiene un sentido absolutamente distante
del otro, no tiene nada que ver, pero tiene una enorme importancia desde
el punto de vista de las responsabilidades que tiene asumidas el
Ministerio de Defensa, tanto desde el punto de vista de la defensa
nacional como --y de manera muy importante en este tiempo de paz, que
esperemos dure mucho-- desde el punto de vista de la aviación civil.
Vamos a instalar el radar porque consideramos que es una obligación de la
que no podemos desistir en cumplimiento de nuestra responsabilidad. ¿Pero
qué vamos a hacer? Respetar al pueblo de Hierro en las diversas facetas
en que le preocupa el radar. Primero, desde el punto de vista de sus
tradiciones. Buscaremos la mejor ubicación para el radar, teniendo en
cuenta las características de la romería cuatrienal de la Virgen de los
Reyes. Respetamos profundamente que sea algo que quiere conservar el
pueblo de Hierro y eso tiene solución. Desde el punto de vista del
emplazamiento del medio ambiente estamos pensando en una superficie de
25.000 metros cuadrados, aproximadamente tres hectáreas. Estamos
estudiando, aunque todavía no tenemos los resultados, cambiarlo de un
pico a otro. Lo mejor es que los radares estén en el pico más alto --esto
no se nos escapa--, pero si el pico en sí tiene una simbología importante
para el pueblo de Hierro, en este caso por la Virgen de los Reyes,
buscamos un emplazamiento alternativo, pero no podremos hacer dejación de
nuestras responsabilidades si ese emplazamiento alternativo no cumple con
las necesidades que tiene de tráfico civil y de defensa aérea, razón
fundamental del programa de vigilancia aérea.
Con esto creo haber contestado de forma general. No he entrado en la
definición de la hidracina porque creo que es una definición de posibles
combustibles que están establecidos. Primero tenemos que avanzar más en
el proyecto. Sé que es un tema de enorme sensibilidad y me pongo a
disposición de SS. SS. Si no se ha dado información es porque no la hay;
la que ha habido, la hemos dado.
--LAS NOTICIAS PUBLICADAS EN RELACION A UN POSIBLE TRAFICO ILEGAL DE
ARMAS DESDE ESPAÑA A RUANDA EN EL MES DE MAYO DE 1994. A PETICION DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO). (Número de expediente
213/000146.)
--DAR CUENTA DE LA INFORMACION QUE DISPONE EL MINISTERIO SOBRE UNA
POSIBLE VENTA DE ARMAS ESPAÑOLAS A RUANDA EN EL AÑO 1994, INVESTIGADA POR
NACIONES UNIDAS, A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000148.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las otras dos comparecencias, que
son sobre el mismo tema. Estaba pedida la del Ministro de Defensa pero,
como figura en el orden del día, la Mesa acordó que fuera el Secretario
de Estado de Defensa aprovechando su presencia en la Comisión. La primera
de ellas la pidió el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
dice así: Comparecencia ante la Comisión de Defensa para informar sobre
las noticias publicadas en relación a un posible tráfico ilegal de armas
desde España a Ruanda en el mes de marzo de 1994. El peticionario de la
segunda es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y dice así: Comparecencia para dar cuenta de la información
que dispone el Ministerio sobre una posible venta de armas españolas a
Ruanda, en el año 1994, investigada por Naciones Unidas. Ruego a los
grupos que vayan a intervenir que hagan uso de la máxima precisión y
brevedad, dada la hora en que nos encontramos.
Para desarrollar las comparecencias tiene la palabra el señor Secretario
de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señor
Presidente, señorías, en relación con la solicitud de SS. SS. relativa a
la información que dispone el Ministerio de Defensa sobre la posible
venta de armas españolas a Ruanda en 1994 y la posible venta investigada
por Naciones Unidas, voy a destacar tres aspectos en esta exposición. En
primer lugar, las exportaciones de material de defensa con destino a
Africa Central; en segundo lugar, los tránsitos de material de defensa a
través de España; y por último, operaciones ilegales de ventas de armas
en el ámbito internacional.
Con respecto a las exportaciones de material de defensa con destino a
Africa Central a lo largo de 1994, según se desprende de las actas de la
Junta interministerial de regulación de comercio exterior de material de
defensa y doble uso, puedo adelantarles, señorías, que no se produjo
ninguna exportación legal o registrada de empresas de defensa españolas o
desde España de material militar a Ruanda. Asimismo y debido a la
permeabilidad fronteriza y administrativa existente en la región, Ruanda,
se ha comprobado que tampoco se realizó dicho año venta alguna de
material de defensa a los países limítrofes de ese país, básicamente
Burundi, Zaire, Tanzania, Kenia y Uganda. Unicamente figuran registradas
varias partidas para uso civil de cordón detonante, goma-2 y mechas en
los años 1983 y 1985 y entre 1988 y 1990.
En lo relativo a los tránsitos de material de defensa a través de España,
la autorización de tránsito se solicita al Ministerio de Asuntos
Exteriores, el cual da cuenta de la petición al Ministerio de Defensa
cuando se trata de armas de guerra, con objeto de que pueda formular las
observaciones pertinentes. Tampoco existen comunicados del Ministerio de
Asuntos Exteriores sobre ningún tránsito de armas de guerra con destino o
en ruta hacia Ruanda. Concretamente en el año 1994, año en el que según
algún medio de comunicación pudo haber venta de armas españolas a Ruanda,
se registraron un total de diez solicitudes de tránsito, todas ellas de
buques que transportaban material de defensa con destino a la región
central del continente africano, concretamente Nigeria. De ellas fueron
autorizadas nueve y denegada una. De esos nueve tránsitos autorizados,
siete tenían como destinatario el Ministerio de Defensa de Nigeria, uno
la empresa nigeriana Intrachem Nigeria Limited y el último una entidad de
Nigeria denominada Ghaniaian Grant Geophysical Julius Bergar. La
mercancía declarada consistía en detonadores, cordón detonante y
explosivos, todo ello para uso industrial o minero, y munición fumígena,
cuya procedencia era de diversos países europeos y de Israel. La
autorización de tránsito denegada en fecha 11 de abril de 1994 por el
Ministerio de Asuntos Exteriores correspondió a una partida de municiones
procedente de la empresa Dolan Arms Limited, de Israel, con destino al
Ministerio de Defensa de Nigeria.
Por último, respecto a operaciones ilegales de venta de armas que se
produjeron en el ámbito internacional en fechas próximas a las que se
investigan, mayo de 1994, cabe destacar la detección de una operación con
elementos comunes con la que es objeto de seguimiento por Naciones
Unidas. En efecto, en fecha 29 de abril de 1994 se comunicó al Ministerio
de Asuntos Exteriores, Dirección General de Africa y Oriente Medio, y al
Ministerio de Comercio, Secretaría de Estado, el descubrimiento de un
cargamento de armas israelíes a bordo de un avión de nacionalidad y
tripulación nigerianas que por problemas mecánicos tuvo que aterrizar en
Chipre. El cargamento aparentemente tenía como destino Uganda, contando
con su correspondiente certificado de último destino expedido por el
Ministerio de Defensa de este país, de Uganda. Sin embargo, con
posterioridad se tuvo conocimiento de que su verdadero destino podía
haber sido el sur de Sudán, país entonces sujeto a embargo por Naciones
Unidas y fronterizo con Zairre y Uganda, a su vez limítrofes con Ruanda.
En resumen y como resultado de los controles efectuados a nivel
institucional sobre las exportaciones de material de defensa y sobre los
tránsitos de dicho material por territorio español, se concluye la no
implicación española en la venta de material de defensa a Ruanda en el
año 1994. Por otra parte, tampoco se tiene constancia de ninguna
operación irregular o clandestina, en las fechas referidas, que tuviese
como fin el envío de material de defensa desde España a Ruanda con la
zona de conflicto.
El señor PRESIDENTE: El primer solicitante era el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). En su nombre tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Agradecemos la información del Secretario
de Estado porque nos sitúa sobre algunos aspectos que al menos este
Diputado desconocía. Me gustaría profundizar en el motivo que nos llevó a
plantear esta comparecencia del Ministro, en su caso, de usted mismo.
Hace unos meses circuló a través de los medios de comunicación la
existencia de un informe de Naciones Unidas que investigaba el embargo
decretado por este organismo internacional en Ruanda. Según este informe,
el 24 de mayo un avión propiedad de una compañía denominada OCL,
alquilado por una empresa española denominada Cargosur --aquí aparecen
informaciones diferentes sobre el carácter de esta empresa; algunas
apuntan que es una filial de Iberia, otras que es una empresa formada por
tres ex pilotos o pilotos de Iberia--, efectuó un tránsito de Ostende a
Lanzarote, donde efectuó una carga de 30.000 kilogramos de atún, desde
allí marchó hacia Madrid, donde desembarcó este material, y de Madrid
marchó a Malta, desconociéndose si en este tránsito hubo alguna carga. De
Malta este avión marchó en dirección a Nigeria, pero, posteriormente, en
base a esta información de Naciones Unidas, marchó a Goma cargado con
material bélico. Del informe de Naciones Unidas --y a pesar de otras
informaciones de prensa sobre las que luego hemos tenido conocimiento--
no nos consta que el Gobierno español haya respondido a los
requerimientos de Naciones Unidas en relación a este proceso; sí consta
la respuesta del Gobierno de Malta. Además se informa que cuando este
avión estaba en Malta se incorporó un general ruandés, hoy detenido en
relación a su intervención en violaciones de derechos humanos en el
conflicto de los Grandes Lagos. Por tanto, quizá estemos delante de
alguna red en la que ciudadanos o empresas españolas estén participando y
en que el aeropuerto de Madrid pueda ser utilizado para estos fines.
Por consiguiente, más allá de la respuesta estrictamente administrativa,
que es la que seguramente corresponde dar, nos gustaría trasladar esta
inquietud. Existen suficientes elementos de duda que nos hacen plantear
que el Gobierno debe tener un especial celo en evitar que el Estado
español se convierta en lugar de paso para una actividad que, desde todos
los puntos de vista, es absolutamente rechazable.
Esperamos su respuesta y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, creo que, sencillamente, estamos
ante un hecho, el del comercio internacional de armamento ilegal a zonas
de conflicto que, para describirlo con tres palabras, es repugnante,
inadmisible e inmoral. Yo creo que son tres palabras que definen con
claridad lo que nos ocupa en estos momentos, es decir, ese negocio
internacional de las ventas de armas
de forma ilegal, mediante redes perfectamente estructuradas,
perfectamente financiadas, que hace posible arribar a zonas de conflicto
el armamento que después se utiliza para matar, para resolver por la vía
de las armas todo tipo de conflictos territoriales, étnicos, religiosos,
los que sean.
Por tanto, a partir de esta consideración de repugnancia, de inmoralidad
total, hay un hecho cierto, y es que se detecta este cargamento israelí
con destino a Uganda, en zona de conflicto límite con Ruanda, al sur de
Sudán, y faltaría ver, por lo que me sumo a la intervención del portavoz
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), si esos datos se han puesto en
conocimiento de Naciones Unidas, es decir, si Naciones Unidas tiene toda
esa información y, a partir de ahí, sacar algunas consideraciones.
La primera es que hace falta un cambio legislativo en España y ya cuatro
ONG han planteado todo el tema del control de armamento desde la
transparencia. España no puede seguir con la legislación que haga del
comercio de armas un secreto; hay que darle publicidad, hay que hacer un
control sobre todo lo que significa la venta de armamento. Yo creo que
hace falta, recogiendo el espíritu y la literalidad de esta iniciativa
que plantean cuatro ONG españolas de prestigio a este Congreso de los
Diputados, ponerlo en primer lugar; es decir, hace falta que todo este
asunto de los comercios de armas no sean secretos, porque no tienen por
qué ser secretos, a no ser que se quiera ocultar algo.
En segundo lugar, desde la consideración de que estamos ante un comercio,
en este caso, ilícito de armamento, como todo comercio ilícito tiene sus
bases, tiene su estructura financiera, tiene sus redes, y estoy
absolutamente convencido de que en España existen también y, por tanto, a
partir de esta consideración, sería conveniente, por parte de la
Administración, que allí donde se producen las cargas, descargas, los
tráficos, sean marítimos o aéreos, hay que incrementar la vigilancia de
todo tipo, ante las empresas interpuestas, ante personas que puedan hacer
de trampolín entre distintos países, segundo, terceros países, y
directamente sobre los cargamentos.
Yo creo que si se fuera capaz de ese cambio legislativo, de ese
incremento de la vigilancia en todos los sentidos de lo que significa el
tráfico ilegal de armamento internacional, se podría contribuir a acabar
con este acto repugnante, inadmisible e inmoral que supone el comercio
permanente de armamento ilegal hacia zonas de conflicto. Y, a partir de
ahí, yo creo --y termino-- que sería importante conocer si la
Administración española, una vez abierta esa investigación con todos esos
datos y los que se pueden derivar de ellos los ha puesto en conocimiento
de Naciones Unidas, si había abierta esa investigación y si esa
investigación incluso puede llevar a algo más que haber detectado la
arribada del avión con destino Uganda.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, intervengo también con brevedad.
Creo que la distinción que el Secretario de Estado ha realizado entre lo
que son operaciones de exportación, lo que son, por tanto, operaciones
controladas por un Gobierno, lo que son tránsitos declarados y lo que son
operaciones ilegales, parece que era un distinción muy acertada, porque,
a veces, si se confunden estos tres parámetros, se hace injusticia con
muchos de los acontecimientos que pueden en un momento sorprender a un
país, a cualquier país, y sobre cualquier materia.
Yo creo que aquí, con demasiada ligereza y con demasiada frivolidad,
cuando este asunto estalló en la opinión pública, hace ya unos meses,
hubo algunas o demasiadas declaraciones por parte de algún grupo
político, responsabilizando de manera directa al Gobierno español de que
era una operación de venta de armas por parte del Gobierno español a
Ruanda, en situación de conflicto, sin que se hubiese hecho investigación
alguna al respecto. Yo creo que eso ha quedado desmentido por las
informaciones que en este momento acaba de realizar el Gobierno.
El Grupo Socialista en su momento ya dijo, por la información que tenía,
que no se trataba de ninguna operación de exportación de armas por parte
del Gobierno español y, por tanto, lo que hubiese ocurrido era fuera del
consentimiento y del conocimiento de las autoridades españolas.
Por tanto, lo que me interesa destacar de este episodio son tres o cuatro
puntos fundamentales. En primer lugar, que nunca se trató en este
supuesto de una operación autorizada por el Gobierno español, en
concreto, por la Junta interministerial de material de defensa y doble
uso; no estamos, por consiguiente, ante una operación ni de exportación
ni de venta de armas. En segundo lugar, tampoco fue nunca un tránsito
declarado de material de defensa, lo que hubiese obligado al Ministerio
de Asuntos Exteriores a realizar una información al Ministerio de Defensa
y éste a la Junta interministerial; no hubo tal comunicación porque no
hubo declaración de material de defensa en tránsito. Por tanto, no hubo
tampoco ese supuesto. Queda claro, en consecuencia, que no existió
conocimiento ni existió consentimiento por parte de las autoridades
españolas de una operación que, en el caso de que se realizara, tuvo
todas las características o parece que pudo tener todas las
características de una operación ilegal, fraudulenta y de contrabando.
Es verdad que todo el celo y vigilancia que se pueda extremar por parte
de un Gobierno a la hora de controlar, no ya sólo las operaciones que son
legales desde el punto de vista de la exportación, sino también la
vigilancia que se pueda realizar sobre las operaciones presuntamente
ilegales, debe ser máxima. En ese sentido, la preocupación que ha
expresado el representante de Izquierda Unida con una nueva regulación
sobre lo que puede ser la transparencia en el comercio de armas, el Grupo
Socialista también es sensible a una mejora en esa línea y también el
Grupo Socialista tiene presentada una iniciativa para su tramitación
desde hace algún tiempo; me consta que el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) también tiene otra, y tengo la impresión de que las tres
iniciativas van en un sentido bastante aproximativo y que podremos,
probablemente, llegar a un acuerdo de un cierto consenso en la Cámara
sobre este
tema y, por consiguiente, hay interés, y creo que sensibilidad, por parte
de todos los grupos en extremar esta vigilancia. Pero no debemos tampoco
ser ingenuos, no debemos creer que por muy restrictiva que sea cualquier
legislación y cualquier normativa a la hora de controlar todos estos
supuestos, no va a haber tráfico ilegal, no van a existir operaciones
fraudulentas. En las revistas especializadas que tratan sobre estos
asuntos, se viene a decir que, aproximadamente, entre el 25 ó 30 por
ciento de las operaciones de tráfico de armas que se generan en el mundo,
casi el 30 por ciento están fuera del control de las autoridades
nacionales de los países, es decir, que son operaciones ilegales, que son
operaciones fraudulentas y que escapan a cualquier tipo de control. Con
legislaciones muy estrictas, por muy estrictas que se quieran hacer, y
aquí queremos también que sean estrictas, nunca debemos perder de vista
que habrá siempre empresas, redes, individuos desaprensivos que, al
margen de la legislación y de la normativa, traten de burlar todo ello en
función de sus propios intereses económicos. Habrá, indudablemente, que
extremar el celo. El ordenamiento jurídico castiga ese tipo de
operaciones ilegales, pero quisiera dejar aquí puesto de manifiesto el
interés del Grupo Socialista también en mejorar esta regulación, aunque
haciendo hincapié en no caer en la ingenuidad un tanto facilona de pensar
que, por muy estricta que sea la normativa, ya vamos a eliminar cualquier
posibilidad o cualquier riesgo de una operación ilegal.
Me congratulo de que el Gobierno, en relación con este tema, haya dado
satisfacción a la exposición que el Grupo Socialista hizo en su momento
sobre este asunto, al afirmar con toda rotundidad que no estamos en
presencia de una exportación controlada por parte del Gobierno español,
ni siquiera de un tránsito declarado de armas que hubiese obligado al
Gobierno español a intervenir en el asunto, sino, en todo caso, ante una
operación ilegal de la que el Gobierno no tuvo conocimiento, ni mucho
menos consentimiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Quisiera en nombre de mi grupo agradecer una
vez más el Secretario de Estado su presencia y su comparecencia en esta
Cámara, así como la exposición que acaba de hacer. Con la brevedad que la
hora impone, yo quisiera de cualquier forma a estas alturas del debate,
no sólo mostrar ese agradecimiento, que no es ninguna forma de retórica,
ni de cortesía parlamentaria, sino sencillamente la manera de constatar
unas explicaciones que creemos claras, que creemos razonables, que
creemos suficientes, que creemos específicas, tratándose, además, de un
tema en el que siempre deben primar, y mucho más en este debate y no sólo
a los efectos del mismo, estas características de especificidad,
suficiencia, razonamiento y claridad por encima de cualesquiera otras de
índole menor o, por lo menos, provisionales o aleatorias.
Señor Presidente, en nombre de mi grupo quisiera remarcar los aspectos
que prácticamente han puesto de manifiesto casi todos los grupos
intervinientes, aspectos de consenso general en conceptos que ya el
Secretario de Estado ha explicado suficientemente en la comparecencia.
Para no ser prolijo ni reiterado en la explicación, porque ya se ha
dicho, nosotros también coincidimos en que nos han parecido, no solamente
didácticas, sino suficientemente explícitas, las diferencias que ha hecho
el señor Secretario de Estado sobre las exportaciones del material de
Defensa, sobre el tránsito declarado de material y lo que es la
diferencia fundamental en las operaciones ilegales absolutamente
incontroladas. Naturalmente que compartimos la filosofía de la
explicación, y también nos alegramos de la respuesta del Gobierno, como
no podía ser de otra manera, pero desde esta posibilidad que nos da la
intervención en nombre del Grupo Popular también queremos decir que ya no
se trata de poner ningún calificativo más al comercio ilegal, ilícito, de
armas como los que aquí se han dado, de repugnante, inadmisible, inmoral
o cualquiera otro que se pudiera utilizar en este momento, y que habrá
que decirlo con toda la voz que a lo mejor me puede faltar, pero con toda
la verdad que al grupo le asiste, porque compartimos las inquietudes y no
dudamos del celo del Gobierno para que se ponga en práctica cualquier
tipo de vigilancia, cualquier tipo de aumento de la misma, pero también
tenemos que manifestar --ya se ha dicho aquí también y se ha dicho bien--
que por mucha restrictividad que haya, por mucho control específico que
haya sobre un incremento de la vigilancia, si esto no va subsumido en un
orden mundial para que todos los países hicieran lo mismo, prácticamente
estaríamos moviéndonos en una consideración aleatoria o teórica que se
escaparía a cualquier razonamiento.
Para no cansar a SS. SS., señor Presidente, porque los puntos
fundamentales han quedado totalmente claros, creemos que cualquier
operación ilegal va a escapar a cualquier control, no solamente de este
Gobierno, sino de cualquiera otro, por los intereses de las redes que
muchas veces subsisten a escala mundial, y nosotros nos congratulamos de
la respuesta que el Secretario de Estado ha dado, en el sentido de que,
como ya dijimos al principio, nos ha parecido clara, razonada, suficiente
y específica.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Voy a tratar
de responder a las cuestiones planteadas.
Quiero decir en primer lugar que el Gobierno participa de la
preocupación, como no podía ser menos, por el tráfico de armas ilegal en
el mundo; creo que es causante de muchos y gravísimos problemas. En estos
momentos todos somos capaces de enterarnos por los medios de
comunicación, varias veces al día, de las consecuencias a las que se
puede llegar por este movimiento ilegal y mercantil, por decirlo así.
Pero también quiero decir que, desde el punto de vista del Gobierno de
España --y en esto agradezco la intervención del representante del Grupo
Socialista, que ratifica lo que yo he dicho en el sentido de que aquí no
ha habido nada más que lo que hay en el mundo--, en ese terrorífico 30
por ciento de tráfico ilegal de armas, probablemente
a España no le corresponderá ni un 0,01. Quiero decir que países que en
estos momentos tiene legislaciones avanzadas (y yo creo que España tiene
un buen sistema de control, perfectible, y me hago eco de la petición de
SS. SS. en ese sentido y estudiaremos cómo se puede mejorar el ámbito
jurídico en el que estos problemas se tratan), yo creo que va a ser muy
difícil luchar contra algo, contra el tráfico que todos sabemos que es
uno de los que producen mayores beneficios, desgraciados beneficios pero,
al fin y al cabo, beneficios a los intermediarios y a las personas que
trabajan en él. Si es difícil desmontar el mundo de las drogas, esto
también es casi tan difícil como pueda ser lo otro, siendo tan
desgraciado.
No me consta, lo que no quiere decir que no esté hecho, pero no puedo dar
una contestación SS. SS. en el sentido de si ha habido una comunicación
concreta. No lo dudo, pero si quieren una información precisa, me brindo
a darla inmediatamente. En este momento no me consta en qué fase de
investigación está el expediente de las Naciones Unidas. Lo que sí me
consta es que aquí se ha detectado un problema, se ha conocido y yo
entiendo que el Gobierno español, precisamente por su declaración de
ilegalidad, no va a ser ni por negligencia y muchos menos por voluntad
cómplice en un asunto como el que acabamos de describir.
Agradezco al representante del Grupo Popular su apoyo a las palabras y a
las explicaciones que he dado. Yo creo que es una explicación muy
sencilla. No hubo connivencia alguna del Estado español, y lo que sí hay
es una enorme preocupación para tratar de romper la terrorífica cadena
del tráfico de armas y de las consecuencias del mismo.
Me he dado por enterado de las iniciativas que han tomado los grupos
parlamentarios, que en su día se verán en la Cámara, y lo que sí digo es
que cualquier avance que podamos dar para conseguir que semejante plaga
sea erradicada, el Gobierno que represento se sentirá más que satisfecho
de poderlo apoyar.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor Presidente, pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor Presidente, voy a ser muy breve. El
Secretario de Estado ofrecía que muy pronto podría dar información sobre
este expediente que nos consta que tiene en marcha Naciones Unidas y
sobre las posiciones que, en relación con éste, mantiene el Gobierno
español. Yo recojo este ofrecimiento y nuestro grupo estaría muy
interesado en poder conocer esta información precisa sobre la respuesta
del Gobierno a esta petición de Naciones Unidas en el caso que le he
planteado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señoría, no sé
si me habré explicado bien, pero la idea es ésa. La posición del Gobierno
español ante ese asunto es evidente y, además, la he manifestado aquí. Si
es una situación de un tráfico ilegal, nosotros lo denunciaremos. Lo
único que he dicho es que no sabía en qué fase estaba el trámite. En el
momento en que lo conozca, lo pondré en conocimiento de S. S. a la mayor
brevedad posible.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR MEYER PLEITE (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE DOTACION CON LA BOMBA EXPLOSIVA DE AIRES COMBUSTIBLES
(BEAC) A LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS. (Número de expediente
181/000305.)
El señor PRESIDENTE: Llegamos así al último punto del orden del día, que
es una pregunta que ha presentado el señor Meyer Pleite, del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con la
hipotética dotación con la bomba explosiva de aires combustibles (BEAC) a
las Fuerzas Armadas españolas.
Para la exposición de la pregunta, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: En su momento nos produjo una tremenda
preocupación y alarma cuando un determinado medio de comunicación recogió
la posibilidad de dotar a los cazabombarderos F-18 y caza Harrier,
embarcados en el portaaviones Príncipe de Asturias, de la bomba explosiva
de aires combustibles, siendo una bomba que está prohibida por Naciones
Unidas en 1983 por considerarla excesivamente nociva o de efectos
indiscriminados, porque provoca en el ser humano embolia cerebral,
estallido pulmonar, asfixia y graves quemaduras. Y como quiera que España
suscribió el tratado que prohíbe el uso de este tipo de armas el 10 de
abril de 1991, ratificado en el Parlamento el 3 de diciembre de 1993,
hago estas preguntas sencillas para que se aclare y para que no se
produzca ninguna alarma en el sentido de si el Gobierno está dotando con
la bomba BEAC a la Armada española y si tiene previsto dotar de este arma
táctica al conjunto de las Fuerzas Armadas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Es una
pregunta de contestación rápida, porque en la revista internacional
«Ejércitos, Armamento y Tecnología. Defensa» en noviembre de 1996
apareció un artículo sobre el arma aérea de la Armada donde se decía lo
siguiente: El armamento susceptible de ser llevado a bordo de un avión
Harrier AV 8B Plus, en el que figuraba la bomba explosiva de aires
combustibles Beac... Posteriormente, el periódico «El Mundo», de fecha 29
de diciembre, publicó una noticia errónea sobre el tema al afirmar que la
Armada cuenta con las bombas Beac.
Los aviones Harrier de la Armada son de este tipo que he dicho. Respecto
a los recientemente adquiridos, los AV 8B Plus, no están dotados con este
tipo de armas ni está previsto dotarlos con ninguna que tenga similitud
con ésta. La decisión del potencial armamento de estos aviones se aprueba
conjuntamente con los vendedores de estos aviones, que son los Estados
Unidos de América, y ninguno de los tres participantes del grupo de
trabajo ha expuesto en las reuniones tripartitas la posibilidad de
integrar la bomba Beac.
El Gobierno, por tanto, quede claro que no tiene previsto dotar, ni ha
dotado ni dotará a las Fuerzas Armadas españolas, incluida la Armada, con
la citada bomba Beac.
Esto es lo que le puedo decir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su
presencia en la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.