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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 145, de 18/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 145
DE MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 5
celebrada el martes, 18 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de Ley:
--Relativa al deslinde de los cauces de dominio público hidráulico.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 161/000162) (Página 3936)
--Sobre la actualización del acuerdo institucional existente entre la
Dirección General de Costas y los Ayuntamientos de Arona y de Adeje de la
Isla de Tenerife, para la realización de actuaciones en el litoral de
ambos municipios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000328) (Página 3939)
--Relativa a la protección de la laguna de Torrevieja. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000164) (Página 3944)
--Sobre el apoyo del Gobierno a determinadas iniciativas de la
Universidad de Almería en el marco del desarrollo del Convenio de
Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000245)
(Página 3948)
--Sobre elaboración de un plan de inversiones en la Costa del Sol.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 161/000213) (Página 3950)
--Sobre estabilización de los márgenes del río Genil y recuperación para
su uso público de la zona de servidumbre y adyacente. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000225) (Página 3952)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA AL DESLINDE DE LOS CAUCES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000162.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Da
comienzo la sesión de hoy.
Por parte del Grupo Popular se han comunicado las sustituciones del
diputado don Manuel Milián Mestre por doña Isabel Díaz de la Lastra
Barbadillo, y la de don Antonio Jesús Serrano Vinué por don Manuel
Arqueros Armenteros.
¿Algún otro grupo tiene previstas sustituciones? (El señor Arqueros
Orozco pide la palabra.)
¿Señor Arqueros?
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, me ha cambiado usted de
madre. (Risas.) Soy Orozco, no Armenteros.
El señor PRESIDENTE: Perdón, entonces sólo le he cambiado el apellido
involuntariamente. Perdón, señor Arqueros Orozco. (La señora Narbona Ruiz
pide la palabra.)
¿Señora Narbona?
La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, es simplemente para decir que
antes de la votación comunicaremos las sustituciones, porque en este
momento todavía no las he podido comprobar.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. (El señor Sedó i Marsal pide la
palabra.)
¿Señor Sedó?
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, casi exactamente para lo mismo
que la señora Narbona, porque el tercer componente nuestro en la Comisión
es miembro también de la Junta de Portavoces y no sabemos cómo irá con el
horario. En todo caso, ya diríamos por quién sería sustituido en el
momento oportuno.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Señoras y señores Diputados, les comunico, para su conocimiento, que las
votaciones se acumulan al final, y se celebrarán no antes de la una de la
tarde. Asimismo, ha habido una propuesta de cambio en el orden del día,
según la cual el punto número 6 pasará a debatirse en cuanto llegue el
portavoz socialista que defiende la proposición no de ley. Se ha
comunicado anteriormente y los portavoces están de acuerdo.
Primer punto del orden del día: proposición no de ley relativa al
deslinde de los cauces de dominio público hidráulico. Para su defensa,
tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora doña Mercé Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, la proposición no de ley
que me propongo defender la presentó nuestro grupo el día 17 de
septiembre, a raíz de la enorme riada que arrasó el camping de Las
Nieves, en Biescas, y es, por tanto, una proposición que surge de un
hecho puntual catastrófico, pero que entendemos que tiene una validez en
el tiempo, sobre todo para que, desde ahora, empecemos con las medidas de
prevención de todas estas situaciones.
En efecto, el pasado día 7 de agosto tuvo lugar una enorme riada que
arrasó el camping de Las Nieves, en el Pirineo aragonés, donde entonces
se encontraban registradas 600 personas. Las catástrofes producidas como
consecuencia de las lluvias torrenciales y las inundaciones han sido
abundantes en la historia de la meteorología de la península Ibérica. Es
obligado, por tanto, hacer esfuerzos para, en lo posible, poder evitar
dichas catástrofes o, en todo caso, reducir los daños al máximo.
Los bienes que integran el dominio público hidráulico del Estado,
recogidos en el artículo 2 de la Ley de Aguas, comprenden las aguas
continentales, los cauces de corrientes naturales continuas y
discontinuas y los acuíferos subterráneos. Es competencia de la
Administración del Estado, a través de los organismos de cuenca, efectuar
el apeo y deslinde del dominio público hidráulico. El organismo de
cuenca, en la delimitación del cauce del dominio público, está obligado a
observar, además del cauce teórico de la máxima crecida ordinaria, el
terreno y las alegaciones
y manifestaciones de los ribereños interesados y de los prácticos y
autoridades legales, según establece el reglamento de dominio público
hidráulico.
Es sabido que no todos los cauces de dominio público hidráulico en los
que se debiera haber conseguido el deslinde, por ser éste preceptivo para
el establecimiento de una instalación turística, tienen tramitado el
expediente correspondiente. Se hace necesario, por tanto, proceder a
hacer el deslinde de todos los cauces de dominio público hidráulico y, en
especial, los de alta y media montaña, donde se ubica la mayor parte de
instalaciones turísticas para, de esa forma, poder evitar, en lo posible,
tragedias como la de Biescas.
Hasta aquí, señor Presidente, señorías, nuestra exposición de motivos,
que, como digo, fue redactada el 17 de septiembre de 1996. Por eso,
nuestra proposición no de ley debía ser corregida, por cuanto nosotros,
en el primer punto, solicitábamos que se incluyera en el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1997 una partida presupuestaria
para iniciar un programa de deslinde --el cual ha sido también corregido
posteriormente por nuestro grupo parlamentario, porque el programa Linde
estaba ya vigente-- de todos los cauces de dominio público hidráulico, en
especial aquellos de alta montaña. Dicho programa, continuamos diciendo
en el primer punto, deberá estar finalizado en un plazo de tres años
desde la fecha de aprobación del proyecto de ley.
En el segundo punto, señorías, solicitamos que se proceda a la apertura
inmediata del expediente de apeo y deslinde de todos aquellos cauces
fluviales donde, en sus proximidades, se encontraran ubicadas
instalaciones turísticas, en tanto no se haya procedido al mismo y éste
fuera preceptivo para la obtención del permiso de instalación.
Señorías, si efectivamente la Ley de Aguas y el reglamento establecen ese
informe preceptivo, la realidad es que prácticamente no se realiza y las
autoridades competentes aconsejan que, para evitar ese expediente, se
respeten unos parámetros que no está científicamente demostrado que sean
seguros.
Yo he preguntado al Gobierno y se me ha contestado. Pero como queremos
hacer una proposición no de ley razonable, el Gobierno me responde que
hay 45.000 kilómetros de longitud estimada de los ríos, que si los
multiplicamos por los dos márgenes, nos encontraríamos con una longitud
aproximada de 90.000 kilómetros; por tanto, ésa es una tarea ingente.
Estoy de acuerdo en ello, pero también, señorías, deberíamos reconocer
que los esfuerzos que se están realizando hasta el momento son
insuficientes, y que si seguimos al ritmo actual tardaríamos mucho más de
10 años para poder determinar no la totalidad de los cauces fluviales,
sino aquellos que incluso podíamos entender que son más inseguros.
Si examinamos el proyecto Linde a lo largo del tiempo vemos que en 1995
fueron realizados 1.800 kilómetros en dos fases solamente, que a
continuación, señorías, señalaré: en 1996, 1.800 kilómetros, y este año,
en vez de incrementarse los kilómetros a examinar y a delimitar, hemos
pasado a 1.700 kilómetros, con lo cual no se están haciendo más sino
menos kilómetros.
El programa Linde establecía una serie de prioridades y había cifrado en
3.600 kilómetros los tramos prioritarios a delimitar. Las fases del
programa Linde serían: primera, identificación de las áreas sometidas a
presión; segunda, estudio y delimitación cartográfica del dominio público
hidráulico en las zonas estudiadas; tercera, deslinde provisional y
proceso administrativo para su elevación a definitivo, y, cuarta,
establecimiento de programas de explotación nacional de dominio público
hidráulico.
Señorías, quiero resaltar que lo realizado hasta el momento solamente se
refiere a las dos primeras fases del proyecto Linde, es decir,
identificación de las áreas sometidas a presión, se identifican; y,
segundo, estudio y delimitación cartográfica del dominio público
hidráulico en las zonas estudiadas. Esta fase se ha iniciado, pero no se
ha completado. Por tanto, para llegar al deslinde nos falta completar la
segunda fase e iniciar la tercera, y solamente referido a 3.600
kilómetros, cuando ya hemos dicho que son 45.000 kilómetros y, ambas
márgenes, 90.000 kilómetros.
Por ello, y porque el mismo Gobierno reconoce que el reglamento de
dominio público hidráulico señala que los expedientes pueden ser
iniciados de oficio o a instancia de parte y, además, el Gobierno
reconoce que los deslindes realizados hasta el momento han sido hechos
sobre todo, a instancia de parte --por lo cual ahora nos encontramos en
una situación en la que ha habido deslindes puntuales e inconexos
geográficamente--, nosotros pensamos que debe haber dos tipos de
actuaciones: una, inmediata, puntual, que es a la que se refiere el
segundo punto de nuestra proposición no de ley, el deslinde inmediato de
aquellos tramos de río donde haya instalaciones turísticas; y, dos,
pediríamos, señorías, ya que esta proposición no de ley no está vigente
en el primer punto porque los presupuestos ya se han aprobado, que se
habilitase un crédito extraordinario para incrementar la dotación del
programa Linde, a fin y efecto de que podamos tener ese programa
desarrollado en el plazo de tres años.
Soy consciente de que se van a alegar los parámetros de convergencia con
Maastricht, el déficit público, etcétera; soy consciente de que se van a
alegar todo este tipo de razones, pero tengamos en cuenta, señorías, que
tenemos muchas de las instalaciones --y no quiero hacer alarmismo, porque
pienso que se puede controlar-- turísticas en tramos de ríos susceptibles
de tener problemas y que al menos esos tramos deberíamos tenerlos
deslindados y saber hasta dónde llega el dominio público, a los efectos
de que pudiésemos obtener una radiografía clara de la situación actual y
de las actuaciones que se requieren en el futuro.
Señor Presidente, como admito que esta proposición no de ley puede ser
objeto de algún tipo de transacción, y como la votación no se va a
realizar hasta la una de la tarde, espero que podamos tener las
conversaciones correspondientes con los distintos grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición con respecto a esta proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ¿quiere algún grupo la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, tomo muy brevemente la
palabra para decir que es cierto, como se ha dicho hace unos momentos,
que la Ley de Aguas, en su artículo 2 y posteriores, define exactamente
lo que es el dominio público hidráulico. No es menos cierto que el
Estado, pero de forma especial las confederaciones hidrográficas a través
de sus propias competencias y de la autonomía que deben tener, son las
que tienen obligación de hacer cumplir la ley y, por tanto, evitar que
se...
El señor PRESIDENTE: Señor Companys, perdone la interrupción. Les
recuerdo a las señorías que están fumando que esta Mesa, en su día, tomó
la decisión de no permitir que se fumara en la sala.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, decía que las
confederaciones hidrográficas, a través de su autonomía, son las que
tienen obligación de hacer cumplir ese precepto y evitar que se construya
en los cauces, en las zonas afectadas, en las zonas de dominio público.
Por tanto, es necesario saber dónde llegan y hacer el deslinde de los
ríos. Pero, como se ha dicho antes, esta tarea va a ser ardua, sobre todo
por la gran cantidad de kilómetros afectados en la geografía del Estado
español, y principalmente porque el deslinde no es una operación
matemática, no es una línea recta, sino que está en función de las
avenidas de los últimos años y siempre será una línea discutible.
Nosotros creemos que, de cara al futuro, las confederaciones
hidrográficas tendrían que hacer cumplir la Ley de Aguas a rajatabla, es
decir, que en ninguna ocasión se pudiese construir en zonas de dominio
público, en zonas que sean peligrosas. Y para evitar que se vuelvan a
producir accidentes como el que desgraciadamente ocurrió el verano
pasado, quizá lo más efectivo sería realizar un inventario de aquellas
instalaciones que puedan considerarse --yo no lo afirmo-- ubicadas en
zonas peligrosas, en zonas de dominio público, y buscar soluciones a esas
instalaciones, de carácter turístico básicamente, que pudieran estar,
repito, en estas zonas. En este momento yo no puedo afirmar que existan,
como tampoco creo que puedan afirmarlo las propias confederaciones,
instalaciones en zonas de dominio público, pero si eso es así, lo más
fácil sería que el Gobierno diese instrucciones a las confederaciones o
que éstas, en cumplimiento de sus propias competencias, hiciesen un
inventario de aquellas instalaciones, insisto, que crean que pueden estar
en zonas de dominio público o en zona peligrosa para posteriormente tomar
las medidas necesarias y evitar que en el futuro puedan producirse
accidentes como el ocurrido este verano.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la
palabra doña Cristina Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la
proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en la medida en que coincidimos con los
objetivos de los dos puntos en los que se desagrega esta proposición no
de ley, supongo que con las correcciones que la Diputada ya ha anunciado
para precisar con mayor rigor el momento presupuestario en el que nos
encontramos.
Quisiera señalar que, efectivamente, coincide con la voluntad del Grupo
Parlamentario Socialista por lo que se refiere al desarrollo del programa
Linde y por lo manifestado en el debate sobre los Presupuestos Generales
del Estado, en el que mostramos nuestra absoluta insatisfacción con la
disminución de la partida correspondiente en el Ministerio de Medio
Ambiente respecto al ejercicio de 1996. De hecho, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó una enmienda para aumentar la cuantía correspondiente
a esta partida presupuestaria porque entendíamos que se trata de un
programa importante, de un programa que debería haberse visto reforzado
con la existencia ahora de un Ministerio de Medio Ambiente. Por el
contrario, lo que apreciamos es que ni siquiera hubo una voluntad de
acercamiento por parte del Partido Popular en el trámite presupuestario y
no nos gustaría pensar que tampoco esta mañana aquí se pueda producir ese
acercamiento.
Estamos hablando, señorías, de muy poco dinero para hacer lo que se
solicita con la proposición no de ley de Izquierda Unida. Yo me atrevería
a decir que para cumplir con lo que se formula aquí, es decir, una
duración de tres años del programa Linde, dando prioridad a las
actuaciones específicas en determinados cauces de alta montaña, bastaría
una partida inferior a los 200 millones de pesetas, adicionales a lo
presupuestado este año para el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que
esta cantidad sería suficiente para dar cumplimiento a esta voluntad,
repito, que me parece importante.
Por otra parte, quisiera recordar que en esta misma comisión nosotros
hemos presentado una propuesta de creación de una subcomisión específica
para intentar establecer medidas preventivas que eviten, en lo posible,
sucesos como el de Biescas. Lógicamente, en estas medidas se contempla el
adecuado deslinde del dominio público. Nosotros, en este momento,
manifestamos nuestra voluntad de retirar esa propuesta de creación de una
subcomisión si prospera esta proposición no de ley de Izquierda Unida,
porque con su contenido vendríamos a mantener los mismos objetivos de esa
propuesta de creación de una subcomisión.
En resumen, señor Presidente, nos manifestamos a favor de esta propuesta,
y nos parecería un gesto de extraordinaria importancia y muy positivo por
parte del Gobierno que aceptara esta mañana la proposición no de ley que
presenta Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra doña Teófila Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Quiero empezar esta intervención manifestando
nuestro pesar por el accidente ocurrido en Biescas el verano pasado, que
costó la vida a muchas personas, y también quiero manifestar el
convencimiento
de que es necesario trabajar y hacer cumplir la ley para que estos hechos
desgraciados no se vuelvan a repetir.
Dicho esto, quiero señalar que todos los responsables de las distintas
administraciones públicas con competencias en estas materias conocen o
deberían conocer que la Ley de Aguas de 1985, como se ha dicho aquí,
estableció que el apeo y deslinde de los cauces de dominio público
hidráulico corresponden a la Administración del Estado, efectuándolos por
medio de los organismos de cuenca. Y según el reglamento, los expedientes
deben ser iniciados por los organismos de cuenca cuando éstos lo estimen
necesario o a instancias de parte. En este sentido podemos afirmar que el
desarrollo de estas disposiciones ha constituido y constituye uno de los
objetivos preferentes de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, por ser una de las acciones básicas para la
protección del dominio público hidráulico Y digo que a nuestro juicio ha
debido constituir y constituye el objetivo prioritario porque desde 1986,
que se aprobó la Ley de Aguas, a 1993, los responsables del gobierno
anterior no pusieron en marcha el proyecto Linde, encaminado precisamente
a establecer las distintas fases para que se delimitaran los preceptivos
proyectos de deslinde de los cauces de nuestros ríos.
Como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en su intervención, por
las manifestaciones realizadas por el Gobierno en una información a
través de una respuesta escrita, es evidente que este proyecto Linde
tiene cuatro fases, que la primera ya está terminada, y que de la segunda
una parte está terminada y otra parte está contenida en los presupuestos
de 1997. Se piensa actuar en un total de 3.600 kilómetros que hay que
compararlos con los 40.000 kilómetros necesitados de realizar el
deslinde. No podemos comparar, por un lado, 90.000 kilómetros
contemplando las dos orillas, con 3.500 kilómetros, porque, de ser así,
la comparación sería respecto de 7.000 kilómetros y tendríamos entonces
que multiplicar por dos los kilómetros que son objetos de este programa
Linde.
Nosotros creemos que es necesario que este programa Linde se finalice lo
antes posible, pero debemos poner de manifiesto el tiempo que se perdió
desde 1985 a 1993. En un proyecto tan importante como éste, en el que se
debió aplicar la Ley de Aguas, seis años son muchos años perdidos y es
difícil recuperarlos de una forma tan inmediata como pretende esta
proposición no de ley. Creemos que hay que dedicar más recursos
económicos en los próximos años para hacer estos deslindes en los cauces
del dominio público hidráulico, pero todos conocemos la dificultad, en
los presupuestos de 1997, para aumentar dotaciones económicas para dar
más ritmo a este proyecto.
Respecto al segundo punto de la propuesta, estaríamos dispuestos a
admitir una transacción con el grupo proponente, porque es necesario, si
se da el caso --aunque para nosotros es impensable que un organismo de
cuenca haya dado permiso para este tipo de instalaciones turísticas en
zonas de riesgo sin haber hecho el previo deslinde o el apeo--, pero si
es así, y existe algún caso estaríamos dispuestos, insisto a
transaccionar y a aprobar una propuesta donde se dijera: Solicitar al
Gobierno para que inste a los organismos de cuenca a realizar un
inventario de todos aquellos cauces fluviales en los que en sus
proximidades se encuentren ubicadas instalaciones turísticas sin el
expediente de apeo y deslinde en aquellos casos donde no se haya
procedido al mismo incumpliendo la normativa vigente. De esta forma, por
lo menos, se evitarían riesgos en aquellos sitios en los que no se haya
cumplido la normativa, y también agilizaríamos el cumplimiento de la ley
en los supuestos donde no se haya hecho con anterioridad.
Una vez dicho esto, estamos a la espera de llegar a un acuerdo con el
grupo proponente antes de la votación.
--SOBRE LA ACTUALIZACION DEL ACUERDO INSTITUCIONAL EXISTENTE ENTRE LA
DIRECCION GENERAL DE COSTAS Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ARONA Y DE ADEJE DE LA
ISLA DE TENERIFE, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES EN EL LITORAL DE
AMBOS MUNICIPIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000328.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver ahora el siguiente punto del orden del
día, que va a ser, tal y como hemos comentado al principio de la sesión,
el punto número 6, relativo a la proposición no de ley sobre la
actualización del acuerdo institucional existente entre la Dirección
General de Costas y los ayuntamientos de Arona y de Adeje de la isla de
Tenerife, para la realización de actuaciones en el litoral de ambos
municipios.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Segura, en nombre del Grupo
Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Procedo a la defensa de esta proposición no de
ley con una primera parte en mi intervención justificativa de la
necesidad política de un pronunciamiento al respecto.
A lo largo de los dos últimos años del anterior Gobierno socialista, la
Dirección General de Costas impulsó unos acuerdos institucionales, que no
convenios, con una serie de municipios de la isla de Tenerife que --tal
como este Diputado ha ido solicitando en sendas preguntas al Gobierno y
han figurado las contestaciones pertinentes en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales»--, dieron lugar por ejemplo en el municipio de
Buenavista del norte, en la isla de Tenerife, a la licitación pública,
hoy en fase de ejecución, de la regeneración de la playa de la Arena y la
del Fraile.
En segundo lugar, hay una actuación puntual en el término municipal de
Icod de los Vinos, la playa de Monís, también consecuencia de un acuerdo
institucional. En tercer lugar, y en el municipio de Granadilla, dicho
acuerdo institucional ha originado una actuación en la regeneración de la
playa de los Abrigos. En cuarto lugar, en el municipio del Puerto de la
Cruz han entrado en la segunda fase del acuerdo de la playa de Martianez.
En quinto lugar, existen actuaciones en el término municipal de El
Rosario, consecuencia del acuerdo institucional pertinente; y, hoy
en día, se está terminando la regeneración de la playa de la Nea.
Ruego a SS. SS. que acepten con benevolencia esta explicación puntual que
con carácter previo estoy dando porque es fundamental para justificar la
presentación de esta proposición no de ley.
En consecuencia, desde que cesó el anterior Gobierno y la Dirección
General de Costas pasó a depender del Ministerio de Fomento con el nuevo
Gobierno, han cambiado los criterios, los mecanismos de trabajo tal como
figura en el «Diario de Sesiones» o en los boletines correspondientes, a
preguntas de este Diputado se responde que los restantes acuerdos
institucionales que suscribió en su momento la Dirección General de
Costas con distintos municipios de la isla de Tenerife han sido
calificados técnicamente como nulos de pleno derecho. Esa es una
terminología en la que no entro porque no es el tema esencial, pero
considero fundamental que sea conocido por esta Comisión de Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados.
Hay una actuación puntual en la isla de Tenerife, en una zona que
constituye el motor económico esencial donde se genera prácticamente el
50 por ciento del producto interior bruto de la isla --distribuido en los
municipios de Arona y Adeje, en el núcleo de playa de las Américas--, hay
un proyecto, repito, que aprobó el anterior Gobierno de regeneración de
la playa y otro de paseo peatonal perimetral a la misma; son dos
actuaciones absolutamente imprescindibles para ese motor económico que es
la isla de Tenerife, en la que, entre comillas, su «principal industria
es la del sector turístico». Estas actuaciones figuraban dentro del
correspondiente acuerdo institucional que hoy la actual Dirección General
de Costas considera nulo.
Respetando la absoluta independencia que el actual Gobierno tiene para
definir cuáles deben ser las actuaciones, y también la capacidad para
considerar que los acuerdos institucionales suscritos con el anterior
Gobierno no son válidos actualmente y deben ser modificados, planteamos
que, en el ejercicio de la autonomía gubernamental, se produzca la
modificación de los contenidos de las cláusulas que integran el convenio
correspondiente, pero lo absolutamente esencial es la ejecución de esas
actuaciones.
Por eso, en la proposición no de ley, en su parte expositiva, figura con
mayor rigor lo que de manera sintética estoy expresando, y planteamos,
como proyecto de resolución, que el Congreso de los Diputados, conocedor
de que la Dirección General de Costas tiene redactado desde hace unos
años el proyecto técnico de remodelación de la playa de las Américas para
la sustitución de la playa artificial actual de 500 metros de longitud
por otra de unos 1.200 metros, y el del paseo marítimo perimetral, de
unos 2.500 metros a lo largo del litoral de los dos municipios de Arona y
Adeje, conocedor, asimismo, de la existencia de un acuerdo institucional
entre las dos administraciones municipales y la Dirección General de
Costas, que es estimado como nulo de pleno derecho por parte de ésta, y
considerando prioritarias las actuaciones referenciadas, acuerda instar
al Gobierno para que alcance un acuerdo con las instituciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias que posibilite la ejecución de dichos
proyectos.
Termino, señorías, señor Presidente, haciendo una reflexión a los
miembros de esta Comisión. Este Diputado es consciente de que sería una
labor prolija, no propia de la Comisión, el análisis de cada actuación
puntual una tras otra --soy consciente de ello--, pero se trata de una
consideración institucional que, dimanada desde las corporaciones
municipales, pide al Congreso de los Diputados a través de esta Comisión
que la Dirección General de Costas del actual Ministerio de Fomento
considere lo absolutamente imprescindible de esta actuación y que, con
total independencia, se produzca a la mayor brevedad posible un acuerdo
institucional entre el Gobierno de la nación y el de la Comunidad
Autónoma, a efectos de producir la transferencia competencial y la
ejecución de una serie de actuaciones en el litoral de cada una de las
islas y paralelamente se establezca el listado de las que deben ser las
actuaciones pertinentes.
A este respecto debo indicar que, tal como se recoge en el «Diario de
Sesiones» de la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los
Diputados de la segunda quincena del mes de octubre del año 1995, en
declaraciones de la que era en aquel momento Secretaria de Estado de
Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, ya se avanzaban las negociaciones
que se iniciaban en aquella fecha entre el Gobierno de la nación y el de
Canarias a efectos de una actuación conjunta, como ha ocurrido con otras
comunidades autónomas. Dado que esto aún no se ha establecido,
reivindicamos y anunciamos nuestro apoyo a una posible actuación
parlamentaria posterior que induzca a ese acuerdo entre ambas
administraciones. Nosotros queremos que se reabra el diálogo con los
absolutamente competentes, los ayuntamientos, el cabildo insular y el
Gobierno de Canarias a través de la consejería pertinente, a efectos de
que se pueda producir la ejecución de la actuación que se recogía en el
acuerdo institucional, no aceptado actualmente por la Dirección General
de Costas.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha presentado una
enmienda Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra don Paulino
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señorías, es evidente la necesidad de realizar un
esfuerzo importante para mejorar el litoral de todas nuestras costas.
Cuando hablo de todas nuestras costas, hablo de un Estado que vive de
cara al mar y donde miles de kilómetros de litoral necesitan actuaciones
más o menos urgentes, según los casos. En definitiva, es importante
recuperar un recurso como es el mar en todas y cada una de las
comunidades autónomas que tienen ese frente.
Más evidente es la necesidad de invertir en aquellas comunidades
autónomas, como la canaria, cuyo principal recurso económico, nos guste
más o menos, es el turismo. El 85 por ciento de nuestra economía gira en
torno a la industria turística, industria turística que tiene como
atractivo más importante en Canarias dos elementos; por una parte, la
diversidad del paisaje canario y, por otra, el mar. El clima de las islas
posibilita el uso y el disfrute del mar y, por eso, todas las actuaciones
que se puedan realizar en la
mejora de playas, de accesos al mar, de acondicionamiento de charcos, de
paseos marítimos, todas, siempre serán insuficientes, porque con
cualquier actuación puntual que emprendamos estaremos posibilitando una
mejor puesta de servicios en favor de esta industria turística a la que
me refería antes.
Es evidente también que, si analizamos los datos de las inversiones
realizadas por el Gobierno central en Canarias en los últimos trece años,
veremos que hay una clara discriminación en función de peseta/habitante.
Observaremos, según los datos de la inversión en territorio peninsular,
que hay una media de 187.000 pesetas/habitante, mientras que en Canarias,
en el mismo período de tiempo, se han invertido 87.000 pesetas/habitante.
No se trata solamente de si se ha invertido mucho o poco; lo importante
es tener siempre la voluntad de corregir, de equilibrar solidariamente
las inversiones realizadas. Además, a juicio de Coalición Canaria, lo que
se ha invertido se ha hecho de una forma poco ordenada, sin
planificación, obedeciendo más a criterios políticos que a las
necesidades dando la espalda a opiniones importantes a tener en cuenta a
la hora de invertir, planificar y priorizar, como son las del Gobierno de
Canarias y los cabildos insulares. La mejor prueba de las actuaciones
puntuales, sin planificación y obedeciendo más a criterios políticos, la
ha expresado la intervención del portavoz del Grupo Socialista en la
defensa de esta proposición no de ley cuando nos anunciaba las
inversiones puntuales que se han ido llevando a cabo en función de los
llamados, entre comillas, acuerdos institucionales entre ayuntamientos
con la Dirección General de Costas.
Entendemos que esa actuación no planificada, de forma desordenada,
obedeciendo más a criterios políticos que a criterios de racionalidad, ha
llevado a actuaciones en la costa que en muchas ocasiones no se ajustan a
las verdaderas necesidades que tenemos en estos momentos en el
archipiélago y, en otros casos, a actuaciones absolutamente
desproporcionadas, sin tener nada en cuenta un factor importantísimo. No
sólo se trata de realizar grandes inversiones en costas, sino también de
tener un extraordinario cuidado con la calidad de los proyectos o, lo que
es lo mismo, el respeto al medio ambiente.
Qué duda cabe de que las obras que se solicitan en la proposición no de
ley del Grupo Socialista en la Playa de las Américas, que abarca los
municipios de Adeje y Arona, constituyen una actuación importante. Playa
de las Américas es un eje importante en el desarrollo económico de la
isla de Tenerife, fundamentalmente del sur, por lo que podemos catalogar
de importante esa actuación, pero desde Coalición Canaria no tenemos el
dato objetivo para saber si es la más importante, la prioritaria.
Cuando hablamos de prioridades, de objetivar, de racionalizar, no debemos
perder de vista que para algo sirven los acuerdos que se adoptan en el
Congreso de los Diputados y, en la pasada legislatura, se adoptó un
acuerdo en el sentido de empezar a apostar por la sensatez, por la
racionalidad, por la planificación, aprobando un PDI, un plan director de
infraestructuras, que tenía dos objetivos fundamentales. Uno, planificar
las inversiones en todo el Estado en el medio y el largo plazo, y, otro,
intentar que los proyectos no fueran fruto de improvisación, sino que se
pudieran integrar perfectamente con el respeto al medio ambiente.
Cuando hablamos de actuaciones, es importante la suma de esfuerzos.
Cuando hablamos de inversiones de la Dirección General de Costas o de
cualquier organismo, es importante ver la posibilidad que tengamos de
sumar esfuerzos, fondos europeos, aportaciones de las propias comunidades
autónomas, esfuerzos de los propios cabildos insulares, porque, con suma
de esfuerzos, será posible abarcar más proyectos. Es necesario también,
en orden a esa planificación de las obras, tener en cuenta a la Comunidad
Autónoma de Canarias y a las instituciones canarias a la hora de dar
prioridad a esos proyectos, en la línea de planificar en el medio plazo,
en la línea de racionalizar y objetivar las inversiones, en la línea de
sumar esfuerzos con otras administraciones.
En la línea de planificar, conjuntamente con las instituciones canarias,
está la enmienda de sustitución al texto presentado por el Grupo
Socialista, que dice, y paso a leerla textualmente: Conscientes de la
necesidad de mejorar distintas zonas del litoral de las islas Canarias
que sirvan de apoyo para el desarrollo del principal recurso económico
del archipiélago como es el turismo, a la vista de que en estos momentos
se encuentran redactados diversos proyectos por la Dirección General de
Costas, entre ellos la remodelación de la playa de las Américas, a la
vista asimismo de que existen diversos proyectos y propuestas de
actuaciones planteadas desde diversos municipios y cabildos, teniendo en
cuenta que es conveniente coordinar las actuaciones en costas con la
Comunidad Autónoma de Canarias y sus instituciones, teniendo en cuenta
asimismo la necesidad de planificar en el tiempo las actuaciones a llevar
a cabo para poder racionalizar, objetivar y priorizar de acuerdo con los
recursos de que se disponga, el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que alcance un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Canarias
que posibilite planificar las distintas actuaciones que es necesario
acometer en el litoral del archipiélago para, en función de los recursos
de que se disponga, priorizar las mismas de acuerdo con los criterios que
se fijen.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición en relación a
este asunto?
En nombre del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Cuando entramos en el debate de alguna
proposición que defiende el señor Segura Clavell hay que hilar muy fino,
porque las presenta muy bien y en sus exposiciones da toda clase de
detalles, pero esta vez creo que hay algún error en la composición global
de la proposición no de ley en su parte dispositiva. Si se reconoce que
existen dos proyectos, que hay unos acuerdos entre la Dirección General
de Costas del Gobierno anterior y los ayuntamientos afectados y que por
la actual Dirección General de Costas estos acuerdos son estimados nulos
de pleno derecho, ya que lógicamente son acuerdos realizados
a primeros del año 1996 --yo no sé si en enero, febrero o marzo-- en que
están disueltas las Cámaras, a mí me parece que tenemos un punto de
conflicto. La proposición no de ley debería empezar diciendo que se inste
al Gobierno para que alcance un acuerdo con las instituciones de la
Comunidad Autónoma canaria que posibilite la ejecución de dichos
proyectos, pero, si esos proyectos ya están dentro de un acuerdo que es
declarado de pleno derecho, a nosotros nos gustaría más la enmienda de
sustitución de Coalición Canaria. Hay que tener también en cuenta otra
cosa, que la parte dispositiva es su último párrafo; los cinco párrafos
anteriores son de exposición. En todo caso, votaríamos favorablemente la
enmienda en el sentido de que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno a que --se puede añadir la Dirección General de Costas-- alcance
un acuerdo con la Comunidad Autónoma canaria y sus instituciones, porque
estaría en la parte expositiva, que posibilite planificar las distintas
actuaciones que es necesario acometer en el litoral del archipiélago
para, en función de los recursos de los que se dispongan, priorizar los
mismos de acuerdo con los criterios que se fijen.
Puede haber más de dos proyectos; por tanto, nos parecería más lógica
esta redacción dispositiva, porque estamos incluyendo parte expositiva
dentro de lo que tenemos que votar. Esta sería una especie de enmienda in
voce a la enmienda del Grupo de Coalición Canaria, que, si fuese
aceptada, votaríamos favorablemente. Si no, yo lamento decir al señor
Segura que no podríamos votar el texto original.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Yo ruego encarecidamente que se pongan de acuerdo
el Gobierno autonómico y el Gobierno del Estado para lo que es
fundamental para mi grupo: la planificación, en este caso concreto, de
las costas y de los servicios consecuentes a estas costas.
¿Por qué digo esto? Porque aquí lo que se propone es la planificación de
determinados proyectos de regeneración de las playas atendiendo
peticiones turísticas que pueden ser muy respetables, pero que en muchas
otras ocasiones han demostrado que no tienen ninguna capacidad de generar
una riqueza socialmente útil para toda la sociedad y con proyecto de
futuro --lo que hace muchas veces es degradar las playas y su entorno-- y
porque además normalmente ese tipo de regeneración dura poco tiempo, ya
que no tiene tan siquiera un estudio de impacto ambiental ni un estudio
de impacto de infraestructuras. ¿Qué posibilidades hay de que esta
regeneración se conserve y represente no ya un acicate comercial o
económico única y exclusivamente, sino un acicate para el mantenimiento y
el desarrollo de la riqueza que hay en cada una de las zonas?
A nosotros nos parece que esto es exactamente lo mismo. Estamos en este
momento ante el mismo problema. Repito, pónganse de acuerdo y
planifíquenlo todo --así estaríamos más de acuerdo con la enmienda de
Coalición Canaria-- entre el Gobierno del Estado y el Gobierno
autonómico: necesidades económico-sociales, necesidades medioambientales,
etcétera.
Nosotros vamos a ser siempre críticos con el tipo de regeneración que
hasta ahora se está haciendo. Vamos a serlo porque en muchos casos, en un
porcentaje muy elevado, estas regeneraciones no han tenido ningún
resultado positivo. Por tanto, intentaremos continuar siendo la
conciencia crítica, aunque minoritaria, de este tipo de regeneración,
pretendiendo que, para el futuro, esta conciencia, que se va abriendo
paso en cada una de las zonas en concreto y a nivel general, sea también
mayoritaria.
Nos parece fundamental que en cualquier planteamiento de cualquier tipo
de obra o regeneración haya un estudio de impacto ambiental y un estudio
de impacto económico-social de lo que representaría, para que no nos
encontremos con zonas que potencialmente son muy ricas en cuanto a
servicios, de lo cual las costas españolas en conjunto tienen una gran
disponibilidad, pero que luego se van degradando y llega un momento en
que ya ni tan siquiera es una riqueza de carácter social para los
servicios.
La playa de las Américas en concreto es una zona a nuestro entender ya
muy deteriorada, no solamente la playa sino toda esta zona, y, además,
hasta lo que conocemos nosotros, representa una serie de intereses
privados que no siempre coinciden con los intereses sociales.
Ante esta situación, nosotros vamos a votar en contra, defendiendo
nuestra posición tradicional en estos temas. Ahora bien, si hubiera una
parte de la proposición no de ley que se pudiera votar en relación a la
planificación y el acuerdo que debe haber entre las dos administraciones,
seguramente nosotros votaríamos a favor de esta parte, porque nos parece
interesante en cualquier circunstancia que la gente hable, se ponga de
acuerdo y vean cómo coordinar los planes.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Alfonso Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Nadie puede poner en duda las buenas
intenciones del señor Segura y el ardor con que defiende sus propuestas.
Ya en la anterior legislatura, en su condición de Senador por la isla de
Tenerife, llevó a cabo una gran labor en favor de las costas canarias,
con la incomprensión de su Gobierno en muchos casos, firmando acuerdos
institucionales, convenios o como se quiera llamar, que más bien tenían
un color electoralista que otra cosa, porque, como bien ha dicho el
representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió), estos acuerdos
institucionales firmados en campaña electoral con un Gobierno disuelto,
indudablemente producen alguna sospecha.
Además, el señor Segura ya sabe cuál es la contestación que se le iba a
dar en esta proposición no de ley, porque si tuviéramos que hacer caso a
todas las buenas intenciones del señor Segura a través de acuerdos
institucionales o convenios suscritos por los ayuntamientos de la isla de
Tenerife con la Administración, llegaríamos a la conclusión de que todas
las inversiones del Estado destinadas a costas
habría que dedicarlas a la isla de Tenerife y así y todo no sé si se
llevarían a cabo.
El señor Segura hizo las siguientes preguntas en relación precisamente
con esta costa y con este convenio, publicadas en el Boletín del 17 de
septiembre de 1996: ¿Desde qué fecha obran en poder de la Dirección
General de Costas los proyectos referenciados de paseo marítimo y de
regeneración de la playa de las Américas? ¿Cuáles son las características
técnicas más relevantes de ambos proyectos? ¿A cuánto ascienden los
presupuestos de las obras? ¿Estiman los actuales responsables de la
Dirección General de Costas que los antedichos proyectos presentan
interés social y económico para la isla de Tenerife? ¿Qué plan de
actuación en ejecución de tales acuerdos proyecta seguir la Dirección
General de Costas? ¿Qué actuaciones administrativas se han llevado a cabo
en los últimos meses por parte de los ayuntamientos afectados y por la
Dirección General de Costas? El Gobierno le contestó: Se considera que el
acuerdo de referencia es nulo de pleno derecho, previa consulta con el
servicio jurídico del departamento, por las siguientes razones: Por falta
de capacidad jurídica del anterior Director General de Costas para
firmarlo en nombre propio y para comprometer presupuestos futuros del
Estado; por no estar concretado ni fiscalizado el gasto que puedan
representar los compromisos asumidos en dicho acuerdo ni retenido el
crédito correspondiente, con clara vulneración de los artículos 16.2, 60,
92 y 93 de la Ley General Presupuestaria. Y en relación con la pregunta,
se le contestaba que las características más importantes del proyecto
son: El paseo marítimo tiene una longitud de 2.500 metros. Se desarrolla
en todo el frente marítimo que va desde las salinas del Guincho, en
Arona, hasta el puerto Colón, en Adeje. La remodelación de la playa de
las Américas tiene por objeto crear una playa de unos 1.200 metros de
longitud, en sustitución de la playa artificial actual de unos 500
metros. El presupuesto del paseo marítimo alcanzaba algo más de 447
millones de pesetas y la remodelación de la playa cerca de 1.400 millones
de pesetas. El Ministerio manifestaba que se consideraba que los
proyectos son de interés general. Además, se le decía: No hay plan de
actuación, ya que los ayuntamientos no han puesto los terrenos que no son
de titularidad estatal a disposición de la dirección general
correspondiente. En relación con la playa, se decía: El Ayuntamiento de
Adeje estima que puede ser negativo para el turismo tener todo el frente
costero en obras. Y terminaba diciendo que no había actuación alguna en
relación con estas playas.
No hay necesidad de decir que cuando el Gobierno del Partido Popular
llegó al poder, el presupuesto total de la Dirección General de Costas
para inversiones en el año 1995 era de 18.750 millones de pesetas. Tras
la prórroga del presupuesto para el año 1996, se produjo, a primeros de
enero de 1996, una fuerte minoración, cuantificada en 3.750 millones de
pesetas. Cuando el Partido Popular se hizo cargo de la Dirección General
de Costas, a primeros de mayo, su presupuesto estaba totalmente agotado,
con un disponible real de menos 43 millones de pesetas, además de estar
comprometidos 9.946 millones del presupuesto para el año 1997, por medio
de contratos plurianuales ya adjudicados. Por si esto fuera poco, existía
una serie de deudas, que no es el momento de recordar.
En la Dirección General de Costas existen convenios, acuerdos
institucionales, o como se les quiera llamar, de características
similares al que ahora se trata en la proposición no de ley, celebrados
por los responsables del antiguo Ministerio de Obras Públicas --casi
todos en el período anterior a las elecciones--, cuyo importe supera los
30.000 millones de pesetas. Además, se presentaron proyectos a fondos de
cohesión, desde el año 1994, cuya ejecución no se comenzó, por valor
superior a los 24.000 millones de pesetas. Deciden enmarcar todas estas
actuaciones en el plan de costas para los años 1993-97, pero los que las
planteaban ya eran conscientes de que no podía ser así porque, como hemos
dicho, dejaron comprometido en su totalidad el presupuesto de 1996 y,
hasta lo que admitió la Intervención, el de 1997, último plan, sin que se
incluyeran en las correspondientes retenciones de crédito las citadas
obras.
Por consiguiente, la responsabilidad por tan negligente actividad y por
las múltiples expectativas falsas que generaron, únicamente debe ser
asumida por el anterior Gobierno y por el Grupo Parlamentario Socialista,
que le apoyó, y en modo alguno puede admitirse el intento de traspasarla
al actual Gobierno, que es, en definitiva, lo que se pretende con esta
proposición no de ley. Si, por vía de proposición no de ley como la
analizada, se intenta imponer al actual Gobierno todas aquellas obras
ideadas, planificadas por el anterior Gobierno, que no quiso o no pudo
realizar, lo que se estaría haciendo, en realidad, es marcar al actual
Gobierno la política de costas; y, por supuesto, como antes hemos dicho,
se absorbería en la actualidad el presupuesto previsible de la Dirección
General de Costas para toda la legislatura.
Los proyectos a los que hace referencia la proposición no de ley están
redactados desde el año 1991, en el caso de la remodelación de la playa,
y desde 1993, en el del paseo marítimo. No puede entenderse ni asumirse,
por consiguiente, que el Grupo Parlamentario Socialista no instara al
Gobierno, que apoyaba, para que ejecutara dichas obras durante toda la
pasada legislatura y que ahora, después de cinco años de inactividad, se
apresure a instar al actual Gobierno su ejecución.
Como hemos indicado, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad-Iniciativa per
Catalunya, señor Frutos, en que hace falta una planificación, en que hace
falta una reordenación de las necesidades del archipiélago canario en
materia de costas, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado;
que no se puede estar improvisando, hoy vamos a arreglar esta costa y
mañana vamos a arreglar la otra; que es preciso implicar a las
instituciones canarias, ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma,
para que sea la propia comunidad autónoma la que establezca esas
prioridades, porque, sin duda alguna, no hay dinero para atender todas
estas necesidades.
Nosotros entendemos que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria es acertada porque, en definitiva, lo que hace es
instar al Gobierno y a la comunidad autónoma que se planifiquen las
distintas actuaciones
que es necesario acometer en el litoral del archipiélago, para que, en
función de las disponibilidades presupuestarias, se pueda llevar a cabo
una regeneración de las playas de Canarias, dentro de un orden de
prioridades, que serán las propias autoridades de Canarias las que
deberán establecer.
Vamos a apoyar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria porque no creemos que el procedimiento a seguir sea
plantear la regeneración de unas playas concretas a través de
proposiciones no de ley, porque, por la misma razón que ahora se ha
tratado de solucionar los problemas de estas playas en esta Comisión,
mañana podríamos venir con otra playa de cualquier otra isla del
archipiélago canario, sin posibilidad de que esto obedezca, como ha dicho
el representante de Izquierda Unida, a una planificación de conjunto,
valorando las prioridades y las disponibilidades presupuestarias. (El
señor Segura Clavell pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ¿se ha sentido contradicho?
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, me he sentido aludido.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, elogiosamente aludido. Tiene un
minuto. Vamos muy mal de tiempo.
El señor SEGURA CLAVELL: Soy consciente de ello, señor Presidente.
Prometo no abusar.
Señorías, la verdad es que yo me he sentido aludido --y aludido en
positivo-- porque, como servidor público que fui en mi etapa en el
Senado, a la que se ha hecho referencia, y actualmente en el Congreso de
los Diputados, no he hecho otra cosa más que intentar servir de puente
entre administraciones. Agradezco --y quiero dejar constancia de ello--
las valoraciones positivas que tanto el señor Sedó como el señor Soriano
han hecho de este Diputado, pero quiero también dejar constancia de que
se trata de iniciativas, no del señor Segura, obviamente, sino del Grupo
Parlamentario Socialista.
Por último --para quien no haya podido enterarse por la premura de tiempo
de un debate de este tipo--, quiero que quede muy claro que se trata de
una actuación absolutamente prioritaria en la isla de Tenerife --la
defina quien la defina--, que tiene informe de impacto medioambiental,
que tiene información pública rebasada en exceso, que, en determinados
momentos, se encontró con dificultades presupuestarias y de
disponibilidad de suelo de algunos particulares, que requirió varios años
de gestión pública.
En consecuencia, intervengo para dejar constancia de que no ha habido
improvisación, en modo alguno, que no hay arbitrariedad, que se ha
cumplido exhaustivamente lo que marcan la normativa y la racionalidad de
la defensa de ese bien preciado en una comunidad archipielágica, como es
nuestro litoral. Estas actuaciones, se apruebe o no se apruebe o se
consiga un acuerdo institucional, se tendrán que llevar a cabo, porque
son elementos esenciales del motor económico de la isla.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura; ha sido bastante más de un
minuto.
Aprovechando su intervención, le agradecería que nos informara si la
enmienda presentada por Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a ser
aceptada.
El señor SEGURA CLAVELL: En estos momentos, estamos intentando redactar
una enmienda transaccional. Lamento no poder indicar ahora a la
Presidencia nuestra posición, pero lo haremos dentro de unos instantes.
El señor PRESIDENTE: Está en su derecho, señor Segura.
Señoras y señores Diputados, esta Presidencia ha hecho siempre un uso
flexible de los tiempos, pero realmente, al paso que vamos, no tendremos
tiempo de ver todos los puntos contemplados en el orden del día; a lo
mejor no llegamos ni a la mitad. Por ello, les ruego a todas SS. SS. que,
de aquí en adelante, procuren abreviar sus intervenciones, porque el
sentido y la intención de cada grupo político puede resumirse mucho más
de lo que se ha hecho hasta ahora.
--RELATIVA A LA PROTECCION DE LA LAGUNA DE TORREVIEJA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000164.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición no de ley relativa
a la protección de la laguna de Torrevieja, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Trataré de atender a sus requerimientos en cuanto
al tiempo.
La proposición no de ley que voy a tratar de defender en nombre de mi
grupo parlamentario se refiere a una laguna ubicada en el extremo sur del
País Valenciano, muy próxima a la costa mediterránea, de 1.400 hectáreas,
17 kilómetros de perímetro y una profundidad de entre 40 y 80
centímetros, y conectada con otra laguna, la laguna de La Mata.
El Decreto 189/1988, de 12 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
declaró parque natural al conjunto de la laguna de La Mata y de
Torrevieja. Fue anulado, no obstante, dicho decreto por una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por carecer del
preceptivo informe del Consejo de Estado. Sin embargo, posteriormente
hubo una declaración como paraje protegido o parque natural en la Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Por tanto,
podría parecer que nos encontramos con una proposición desubicada, que
debería ser en las Cortes Valencianas donde se debería traer a colación
este asunto, ya que obviamente es la Generalitat Valenciana quien tiene
ciertas competencias en esta materia.
Sin embargo, concurre en este caso una circunstancia peculiar: que, con
independencia de las competencias que para el conjunto del parque tenga
atribuidas la Generalitat Valenciana, se da la circunstancia de que el
titular de los terrenos correspondientes a la laguna de Torrevieja es la
Dirección General del Patrimonio del Estado. Es decir, la laguna de
Torrevieja no es un dominio público, desde el punto de vista jurídico,
sino que es un bien patrimonial. Desde el punto de vista de bien
patrimonial parece, como luego insistiré, que el Gobierno, en definitiva
el Estado, tiene algunas responsabilidades en orden a la conservación
estricta de dicha laguna.
La peculiaridad de la salina de Torrevieja es la siguiente: A su interés
natural, la conservación del ecosistema, el valor ornitológico, etcétera,
se suma un valor económico destacado. La explotación de sal que se
realiza a partir de dicha laguna ha configurado una faceta tradicional de
Torrevieja, se ha convertido incluso en una seña de identidad que, por
otro lado, da trabajo a muchas familias. El Estado cede, a cambio de un
canon, la laguna a una empresa privada, pero, dadas todas las
circunstancias que concurren, como decía hace un momento, el Estado es
responsable jurídica y moralmente de la conservación de la laguna.
¿Cuál es el problema con el que nos encontramos y que se deriva de la
explotación económica por la cual percibe el canon el Estado? La
explotación salinera comenzó en 1802, arrancándose con gancho la sal que
se formaba de manera natural en las orillas; en 1846 comenzó a
recolectarse la sal del fondo de la laguna con barcazas especiales; desde
entonces, esta laguna ha ofrecido un ejemplo envidiable de convivencia
pacífica entre el medio ambiente y el aprovechamiento económico. Pero a
partir de 1970 las cosas empezaron a cambiar; se construyó --perdón por
la palabra, pero es la que habitualmente se utiliza-- un saleoducto, que
es un tubo que conduce desde una población ubicada en el interior, la
población de Pinós, se inyecta agua a presión a unos yacimientos de sal
gema y la sal es arrastrada en disolución en el agua hasta la laguna a
través de ese saleoducto. Desde allí, se produce la sedimentación y la
explotación salinera tradicional.
¿Cuál es el problema? El problema es que, sin que nadie haya tenido a
bien tratar de evitar esa circunstancia negativa que ahora explicaré y
habiéndose producido además recortes en la plantilla que podrían haberse
utilizado para este fin, junto con el agua y la sal se arrastran lodos y
yesos que poco a poco van reduciendo el espacio real de la laguna, es
decir, se van produciendo aterramientos y playas, y, de no solventarse el
problema, si bien no de manera inminente, desde luego, a largo plazo
podría acabar con la propia explotación salinera. No es extraño que
incluso hayan sido los trabajadores de las salinas los primeros que han
recordado a la población este problema.
Nos encontramos además en una población y en una comarca con una fuerte
presión demográfica, con unos intereses especulativos determinados, en la
que se han cometido además otros errores que han sido reconocidos
públicamente --y tengo algunos recortes de prensa-- por el propio
alcalde; por ejemplo, la construcción de un dique que recortaba o partía
por la mitad la laguna. O sea, se han producido en los últimos años
diversas actuaciones agresivas con el entorno.
Por si ello fuera poco, en septiembre del año pasado nos encontramos con
la triste noticia, o cuando menos sorprendente, de que la empresa
salinera estudiaba desecar la laguna, creando múltiples divisiones, más
diques, motas , etcétera, lo que en definitiva supondría la desaparición
de un ecosistema. Insisto en esa idea. Hay que suponer que la empresa
explotadora debería contar de algún modo con el propietario del
patrimonio, que en este caso sería, insisto, el Estado. Es cierto que
luego ha habido desmentidos, pero en ningún caso ha acabado de producirse
una tranquilidad absoluta, porque no hay un proyecto claro de
regeneración y de conservación de la laguna a cargo de quien se beneficia
de su explotación, tanto la empresa concesionaria como el propio Estado.
Por eso se presenta esta proposición, que, como pueden comprobar, tiene
un contenido sencillo. Primero, un pronunciamiento claro y nítido en el
sentido de negar la desecación o la alteración de lo que es propiedad de
todos; segundo, promover una investigación sobre el estado físico y dar
los pasos necesarios para restaurar aquellos aspectos de la laguna que
por estos aterramientos se han deteriorado; finalmente, informar a esta
Comisión de cuál es el proceso que se va siguiendo en esta materia.
Entendemos que el contenido real de la proposición no de ley es bien
humilde, nos atreveríamos a decir --en este caso es difícil invocar los
criterios de convergencia de Maastricht--, y lo único que se pide es que
el Estado, en definitiva el Gobierno, cuide aquello que ha recibido del
pasado y que sea capaz de transmitirlo a futuras generaciones.
Difícilmente el Gobierno va a ser capaz de implementar políticas de
preservación del medio ambiente si es incluso incapaz de conservar
aquello de lo que es propietario.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir en
relación a este asunto?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: El Estado español en su momento decidió
romper con el modelo de Estado centrista, apostar por un modelo de Estado
descentralizado y que ese Estado pivotase sobre las comunidades
autónomas. Esa voluntad ha permitido la constitución de parlamentos
autonómicos, de gobiernos autonómicos, de financiación autonómica, pero
sobre todo de algo que es importante, a nuestro entender, que son las
competencias autonómicas.
La Comunidad Autónoma de Valencia, cumpliendo con su obligación, demostró
en su momento la sensibilidad hacia este área protegida, calificando de
parque natural esta laguna de Torrevieja, y nosotros nos felicitamos por
esa acción y por el cumplimiento de sus propias competencias. La
propuesta que tenemos encima de la mesa insta al Gobierno, entre otras
cosas, a que no altere la laguna. Entendemos la preocupación del portavoz
de Izquierda Unida, pero no terminamos de comprenderla exactamente, y es
que a veces seguramente nos falla un poco el subconsciente y tenemos una
cierta tentación, desde el Parlamento del Estado, de intervenir en
competencias que nosotros pensamos que son propias de las comunidades
autónomas, que deben cumplir y que en la mayoría de los casos cumplen.
Resumiendo, a nuestro entender, por el hecho de que la zona protegida sea
un bien patrimonial, sea patrimonio del Estado, no debe darse un
tratamiento diferenciado del que se daría si esa propiedad fuese de otra
administración o fuese privada. Por tanto, el Estado ha de someterse a la
normativa de carácter autonómico por lo que hace referencia a la
protección de la laguna.
Otra cosa es que el estado, incumpliendo con su obligación incumpliendo
con la normativa vigente de conservación, autorizase en su propiedad
actividades que atentasen contra la protección de la laguna. Esto iría
contra la normativa autonómica de protección, sería un mal ejemplo, y
entonces sí que nos veríamos obligados a pedir responsabilidades.
Entendemos que en este momento debe ser el Parlamento de la Comunidad
Autónoma de Valencia y el Gobierno valenciano los que hagan cumplir su
propia normativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María
Luisa Bartolomé. Le ruego, señora Diputada, y no se sienta usted
especialmente aludida, que resuma en lo posible la intervención, en la
línea del portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque vamos
muy mal de tiempo.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Lo intentaré.
Efectivamente, tal y como recoge la exposición de motivos de la
proposición que ha presentado el compañero del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, las salinas de Torrevieja, junto con las de La Mata,
datan de varios siglos atrás, realizándose la primera prueba de
extracción de sal en la Laguna de La Mata en 1766 y obteniéndose un
resultado muy positivo, con una sal de buena calidad, lo que permitió
pensar en la laguna contigua de Torrevieja que ofrecía mejores ventajas
por su situación. Es a partir de la Real Orden de 29 de octubre de 1802
cuando inicia su producción. La Ley de Minas del 1859 incluyó las salinas
de Torrevieja y La Mata entre las propiedades del Estado, iniciándose, a
partir de esta fecha, una serie de arrendamientos sucesivos para su
explotación hasta la actualidad, que en estos momentos recae en la
compañía de Salinas del Mediodía de Francia, que es la propietaria de
todas las acciones de la Unión Salinera de España, con una producción
aproximada de unas 660.000 toneladas, en su mayoría con destino al
mercado internacional, principalmente a Noruega, y considerando, por
tanto, que es una industria importante para la economía de la comarca de
Torrevieja y, por consiguiente, de la provincia de Alicante.
A pesar de reconocer la gran importancia que estas salinas y otras de la
provincia tienen para la economía alicantina, también es cierto que a mi
grupo parlamentario le preocupa la situación medioambiental del paraje de
la laguna como zona húmeda.
De hecho, mi grupo ha planteado en el Parlamento valenciano este tema en
la primera reunión de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente,
celebrada a primeros de este mes, sobre todo en lo concerniente a la
posibilidad de que la empresa arrendataria plantee la desecación de parte
del paraje natural de las salinas como nuevo método de explotación de las
mismas, aunque, por otro lado, recientemente la propia empresa
explotadora lo ha desmentido públicamente. No obstante, nos parece
oportuno que se exija un control por parte de la Administración
competente ante una decisión como ésta que tanto afectaría al propio
paraje y a su entorno.
En relación con el segundo punto de la proposición no de ley,
efectivamente es importante adoptar las medidas necesarias para evitar
los aterramientos producidos por los lodos procedentes del exterior,
arrastrados por el viento y por el agua y fundamentalmente originados por
las lluvias, así como los yesos procedentes del agua originados por la
actividad salinera y que suponen para la producción actual unas 30.000
toneladas al año que, una vez compactadas, representan un término medio
de 20.000 metros cúbicos año, si bien esta cifra se incrementa en función
de la intensidad de las lluvias, por lo que es importante efectuar la
retirada de estos residuos de una forma periódica, con el fin de que la
laguna no pierda su actual volumen, estimado en 45 millones de metros
cúbicos, con una profundidad de tres metros por debajo del nivel del mar.
Por lo expuesto, mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no
de ley presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, doña María Isabel Díez de la Lastra.
La señora DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: El señor Alcaraz al presentar
esta proposición no de ley la basa en lo que él mismo reconoce:
información procedente de la prensa alicantina.
En efecto, leídos los diarios de Alicante de agosto de 1996, en la página
17 del periódico «Información» del día 20, aparece una crónica del
corresponsal en Torrevieja en la que se habla de un rumor sobre una
posible desecación de la laguna, siendo ésta, evidentemente, la fuente
principal de información del señor Alcaraz, que ya en su exposición de
motivos reproduce parte de dicha información. Sin embargo, es curioso, ha
olvidado que en ese mismo artículo se anuncia, por parte de la empresa,
la posible implantación del llamado GPS (Sistema Global de Posición), que
no implica en absoluto ningún tipo de desecación.
Igualmente ignora un párrafo del mismo artículo en el que se hace
referencia a un proyecto de la Consellería de Medio Ambiente de la
Generalitat valenciana, que supone una inversión de 83 millones de
pesetas destinados a la limpieza del agua y mejora del hábitat animal de
este espacio natural.
En el mismo diario, el día siguiente, 21 de agosto, aparece la alarma
producida por esta noticia, cuyos portavoces son prácticamente el señor
Alcaraz, el señor Dolón, concejal
de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Torrevieja, y el señor Samper,
concejal del Partido Socialista.
Es curioso también que ese mismo día, 21 de agosto, el diario «La Verdad»
publica unas declaraciones sobre la desecación de las salinas,
desmintiendo rotundamente esa noticia y explicando que las
características naturales de la laguna de Torrevieja no permiten el
sistema de desecación para la explotación de la sal, sin que, por otra
parte, se haya producido al día de la fecha ante los organismos
correspondientes, Consellería de Medio Ambiente y Costas, actuación
alguna que suponga la realización de un proyecto de esas características.
No obstante, reiterativamente, los días 3 y 4, el señor Alcaraz insiste
en sus declaraciones en distintos medios de comunicación y anuncia la
presentación de esta proposición no de ley que ahora tratamos, y que el
Grupo Popular no puede aprobar por las siguientes razones.
Primero, las competencias en defensa de medio ambiente fueron
transferidas por el Gobierno del Estado a la Comunidad Autónoma en
febrero de 1984, aunque posteriormente, en 1995, hubo una ampliación de
competencias.
Segundo, la laguna de Torrevieja está expresamente protegida por el
Decreto 237/1996, de 10 de diciembre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma Valenciana, que declara parque natural a dicha laguna en
desarrollo de la Ley 11/1994. Este decreto ha venido a sustituir el
Decreto 189/1988, del Gobierno valenciano, entonces del Partido
Socialista, y que fue declarado, como ya se ha dicho aquí, nulo de pleno
derecho por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
Valenciana a causa de su defectuosa tramitación. El decreto anulado no
declaraba parque natural a las citadas lagunas, señor Alcaraz, sino
paraje natural.
Asimismo, mediante el Decreto 49/1995, del Gobierno valenciano, se
aprueba un plan rector de uso y gestión de dicho espacio, y en la
composición de su Junta Rectora, y quiero aclarar esa afirmación que se
ha hecho sobre que el patrimonio del Estado es dueño de aquella zona, hay
un representante del Ayuntamiento de Torrevieja, otro del Ayuntamiento de
Guardamar, un representante de la Consellería de Medio Ambiente, otro de
la Consellería de Economía, otro de la Consellería de Agricultura, Pesca
y Alimentación, un representante de la Dirección General de Costas y otro
de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
La actuación del Gobierno autonómico del Partido Popular no sólo ha
tenido como consecuencia la de corregir los errores y defectos en que el
PSOE valenciano había incurrido, dejando indefensos los espacios
naturales objeto de esta proposición, sino que además, al desarrollar la
Ley 11/1994, ha elevado a parque natural el nivel de protección del
espacio correspondiente. Dicha declaración de parque natural supone dotar
a la laguna de Torrevieja de todos los medios de protección que a este
fin están previstos en la citada Ley de la Generalitat valenciana, de
Espacios Naturales Protegidos y, como consecuencia, el decreto que
declara parque natural a dicha laguna contiene en su disposición
adicional el mandato para la elaboración del plan de ordenación de los
recursos naturales de este parque. A este fin el Ayuntamiento de
Torrevieja, y eso lo debía de saber su concejal, mediante convenio con la
Generalitat, ha cedido un millón de metros cuadrados precisamente para
ampliar la zona de protección.
A la vista de todo lo expuesto, esta proposición no de ley no debe
aprobarse por no estar dirigida al órgano competente en la materia (aquí,
o somos autonomistas en unos foros y en otros no, o no lo somos) y
constituye por sí misma una interferencia en el campo de actuación del
Gobierno y de las Cortes Valencianas.
Además, como creo haber puesto de manifiesto a lo largo de mi
intervención, el Gobierno del señor Zaplana viene actuando de forma muy
eficiente en la defensa de este espacio natural, respondiendo a los
objetivos que en materia de medio ambiente figuran en el programa
electoral y de gobierno del Partido Popular, y que espero sean
compartidos por el señor Alcaraz por lo que de defensa de un patrimonio
común tienen.
Yo quisiera decirle que comprendo, y además estoy de acuerdo con él, la
sensibilidad sobre el medio ambiente del señor Alcaraz, pero quizá no sea
compartida por todos los miembros de su partido, porque usted sabe
perfectamente el problema que ha habido con su concejal en el
Ayuntamiento de Torrevieja, que ha pedido permiso para construir una casa
para aperos de labranza y un punto de luz en la zona del paraje, y se ha
construido esto que, al parecer, es una casa de labranza (La señora
Diputada muestra a los miembros de la Comisión una fotografía), por lo
que desde luego ha cometido una infracción urbanística y tiene que pagar
medio millón de pesetas. Yo creo que la defensa del medio ambiente se
demuestra con hechos y no con palabras.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, ¿entenderá que ha habido
alusiones?
El señor PRESIDENTE: Con toda brevedad. Tiene la palabra para un turno de
un minuto, máximo dos. Vamos muy mal de tiempo.
El señor ALCARAZ RAMOS: Estoy profundamente conmovido por la atención que
la señora Díez de la Lastra presta a todas mis apariciones en prensa.
Lógicamente, la alusión absolutamente extemporánea e injustificada que se
hace a un concejal de mi formación política no es tema de esta Comisión y
difícilmente podría defenderse. Puestos a mirar prensa, también
convendría leer el diario de «La Verdad» del 13 de agosto, en donde se ve
cómo el alcalde de su partido reconoce que fue un error la construcción
del dique en la laguna, ya que está provocando también daños en ella. Eso
sí que es un hecho concreto de una actuación de su partido en el
Ayuntamiento. He tratado de explicar que no es incompatible la defensa de
las competencias que para el conjunto del paraje tiene atribuida la
Generalitat valenciana con la exigencia que hagamos al Gobierno, a través
de la Dirección General del Patrimonio, de que debe velar por la
preservación de un bien que es del Estado. Transfiérase a la Generalitat
valenciana, plantéese eso por el Grupo Popular, y seguro que lo vamos a
apoyar. Lo que sí es cierto es que el Gobierno tiene la responsabilidad.
También le sugeriría a la señora Díez de la Lastra que busque en los
boletines oficiales diversas respuestas que a este Diputado le ha
dirigido el Gobierno sobre la laguna de Torrevieja, en donde se reconoce,
entre otras cosas, que ni siquiera existe una cartografía fiable, lo cual
es extraordinariamente grave. Por tanto, entendemos que contribuir entre
todos a evitar esa tentación que alguien tuvo --porque se dan rumores,
pero de alguien salieron, no sé si es una parte más de cierto globo sonda
al que ustedes acostumbran en los lugares donde gobiernan--, sobre la
desecación de la laguna. El hecho objetivo es que salió y, por tanto,
está motivado por eso. En consecuencia, entendemos que en su intervención
no se han aportado razones de peso para que esta proposición en concreto
--otra cosa es que se fuera más allá-- sea rechazada con los argumentos
que usted ha dado.
--SOBRE EL APOYO DEL GOBIERNO A DETERMINADAS INICIATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERIA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE
NACIONES UNIDAS PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000245.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día.
Proposición no de ley sobre el apoyo del Gobierno a determinadas
iniciativas de la Universidad de Almería en el marco del desarrollo del
Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, doña
Cristina Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: La desertificación es el problema ambiental más
grave que tiene España y el que nos diferencia claramente de los países
de la Unión Europea. Sin duda este rasgo diferencial ha acentuado en
nuestro país los esfuerzos para combatir dicho problema; esfuerzos tanto
desde el punto de vista académico, de la investigación, como también
desde el punto de vista de las instituciones. Así, en la anterior etapa
de Gobierno socialista se hizo hincapié en el marco de Naciones Unidas en
la relevancia de llegar a la configuración de un Convenio de Naciones
Unidas sobre la lucha contra la desertificación. España jugó un papel
importante y contribuyó a que al final ese Convenio consiguiera cerrarse
con el apoyo de un número suficiente de países y a que al mismo se
incorporara un anexo específico sobre los problemas de la zona del
Mediterráneo norte, llamado Anexo IV. Pues bien, respecto de este
Convenio de lucha contra la desertificación, además de la tarea que se ha
hecho hasta ahora, ha llegado el momento de desarrollarlo en todos sus
campos, y así el Gobierno en estos momentos está obligado a realizar un
plan nacional de lucha contra la desertificación. Incluso se ha llegado a
plantear ante Naciones Unidas la oferta de que España sea sede del
secretariado permanente de este Convenio, presentándose a Murcia como la
ciudad que albergaría dicho secretariado permanente.
Tenemos una serie de antecedentes en lo que se refiere a la provincia de
Almería, que son los que motivan la presente proposición no de ley.
Almería es la provincia donde la desertificación alcanza, dentro del
conjunto de España, su grado más alto, junto con Murcia y el archipiélago
canario. Esto ha llevado a que sea el ámbito físico en el que se estudien
los problemas y las soluciones a la desertificación, y así, en estos
momentos, en la Universidad de Almería están trabajando 22 grupos de
expertos en la investigación en otras tantas áreas relativas a la
desertificación. En estos momentos, la Universidad de Almería representa
a España en la red internacional Alfa para el estudio sobre zonas áridas,
y las propias condiciones de esta provincia han hecho que sea el ámbito
de trabajo de estudios básicos del programa Médalus y también del
programa Lucdeme en el ámbito del Mediterráneo. Todo eso, como digo, ha
llevado al desarrollo de tareas de investigación que creemos que es
oportuno potenciar en estos momentos y no sólo en la perspectiva de que
España consiga, como esperamos, albergar la sede del secretariado
permanente, sino como desarrollo del propio Convenio, en el que España
deberá jugar el papel más relevante que quepa conseguir y que, como digo,
es independiente de que finalmente España tenga la sede del secretariado.
La tenga o no la tenga, en estos momentos hay un acuerdo de colaboración
entre la Universidad de Murcia y la Universidad de Almería que permitiría
llevar adelante las iniciativas que son objeto de esta proposición no de
ley sin ningún detrimento de la potencialidad que sin duda tiene Murcia
también en estas materias.
Por ello, espero que esta proposición resulte hoy finalmente aprobada por
la mayoría de miembros de esta Comisión y me congratulo de que el Grupo
Parlamentario Popular haya presentado una enmienda que es simplemente de
matiz respecto a las propuestas que aquí hemos formulado, que ya adelanto
que aceptamos como Grupo Parlamentario Socialista y que, por tanto,
permitirá que la proposición prospere. Creo que esto no solamente es
bueno para Almería, es bueno para España en su conjunto y además
reforzará la candidatura de España frente a Naciones Unidas. No olvidemos
que presentar a un país como candidato a la sede de un organismo
internacional va más allá de la simple propuesta de una localización en
el sentido estricto del lugar donde se alberguen las oficinas y las
distintas dependencias del secretariado; significa la propuesta de todo
un país, con todas sus instituciones y con su sociedad comprometidas en
esa dirección. Yo creo que con la proposición que hoy traemos aumentamos
el grado de posibilidades de que España consiga albergar la sede del
Convenio de desertificación y además contribuiremos también a dar ánimo a
todo un grupo importante de investigadores que trabajan desde hace muchos
años en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Arqueros Orozco.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señorías, intervengo sobre la proposición no de
ley formulada por el Grupo Socialista, relativa al apoyo del Gobierno a
determinada iniciativa de la Universidad de Almería en el marco del
desarrollo del Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra la
desertificación.
Es indudable que la desertificación constituye --ya lo ha dicho doña
Cristina Narbona y lo repito-- un problema medioambiental y social
prioritario en amplias zonas del territorio español, como corrobora el
reconocimiento del Mediterráneo norte. El interés del Gobierno es, en
todos los órdenes, preferente. Por ello, toda iniciativa tendente a
promover la participación de instituciones universitarias españolas en
actividades de estudio y formación dentro del marco del Convenio de
Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, debe juzgarse
favorablemente, máxime cuando se refiere a una universidad del sudeste
español, la de Almería, situada en el territorio más afectado por esa
amenaza en la península Ibérica.
La investigación sobre los procesos que conducen a la desertificación,
así como las alternativas posibles que eviten la extensión de dichos
procesos, constituyen una constante científica de la Universidad de
Almería y un referente internacional. Ello ha determinado el desarrollo
de 57 grupos de investigación, 22 de los cuales se dedican a la temática
de la que estamos tratando, relacionados con metodologías de análisis,
investigación y gestión de recursos y de estudios de fenómenos
resultantes de estos procesos naturales.
Sobre este mismo asunto, y hablando de la Universidad de Almería, también
desde aquí alzo mi voz para que tenga el apoyo de la Junta de Andalucía.
Sería muy conveniente que la Universidad almeriense, que depende de la
Junta, fuera dotada de nuevos medios y de estaciones experimentales de
seguimiento.
Con respecto a la proposición no de ley del Grupo Socialista, se ha de
manifestar lo siguiente. En primer lugar, debe constituirse la
Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas para la lucha
contra la desertificación, que es, de acuerdo con el artículo 19.4, la
que debe decidir sobre esta materia. Se estima que la primera reunión
constituyente de la Conferencia de las Partes tendrá lugar en el cuarto
trimestre de 1997, y no parece, por tanto, muy adecuado tomar una
decisión que, en cualquier caso, tendrá que adoptarse de acuerdo al
discurrir de los acontecimientos. Por otra parte, la interpretación del
artículo 19.4 deja esta cuestión bastante abierta y parece más adecuado
presentar una red nacional de centros que un centro coordinador, puesto
que, como dice el citado artículo, se debe evitar la duplicidad de
esfuerzos. En la línea de ir preparando el desarrollo del artículo 19.4,
del que se ha hecho mención, es preciso recordar --al menos lo ha hecho
la señora Narbona-- que en el seno del proyecto Lucdeme, lucha contra la
desertificación en el Mediterráneo, y del propio Ministerio de Medio
Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, existe la
red de estaciones de seguimiento y evaluación de la erosión y la
desertificación, que es un proyecto cooperativo establecido desde 1995
mediante convenios de cooperación entre el Ministerio, el Centro Superior
de Investigaciones Científicas y diez universidades que disponían de
estaciones experimentales de seguimiento de la erosión y de la
desertificación. Por ello, parece que la propuesta más adecuada sería la
de considerar esta red en la posible oferta y que la coordinación no
recayera en uno de sus miembros, sino en la institución competente de
carácter nacional. El tratamiento que en el seno de nuestra participación
en Naciones Unidas se dé a todo ello deberá ser valorado, en su momento,
de acuerdo con los intereses de España.
En segundo lugar, en cuanto a un centro mundial de información sobre la
desertificación a que se refiere el punto 2 de la proposición, es también
cuestión que dependerá del desarrollo de las instituciones previstas en
la Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas para la
lucha contra la desertificación. En todo caso, parece más adecuado que
tal cuestión recaiga en una institución de ámbito nacional o en la red de
centros regionales de educación y capacitación, entre los que espero se
encontrará la Universidad de Almería.
Respecto al tercer punto de la proposición no de ley, he de manifestar
que en el V Programa marco de Investigación más Desarrollo de la Unión
Europea ya se ha propuesto la incorporación de la desertificación por
parte de España.
Sobre la base de todo lo expuesto, el Grupo Popular en el Congreso ha
presentado, ante el Registro de la Cámara, enmiendas de modificación, por
lo que básicamente se acepta la proposición no de ley del Grupo
Socialista, pero si se matiza y se toma, cuando menos, la precaución de
conocer el resultado de la Conferencia de las Partes del Convenio de
Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Es en dicha
Conferencia donde los representantes españoles deberán procurar obtener
resultados que hagan posible lo deseado en la proposición no de ley con
las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, que ruego sean aceptadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir, en relación con este
asunto? Deseo advertirles de que tanto la señora Narbona como el señor
Arqueros se han ceñido estrictamente a los tiempos disponibles, por lo
que les ruego sigan en esa misma línea, para ver si podemos terminar
todos los puntos previstos en el orden del día. (Pausa.) En nombre del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, muy rápidamente.
Nuestro grupo ve favorablemente la proposición no de ley y mucho más,
incluso, con la enmienda que se va a aceptar, como ha dicho la señora
Narbona, porque, en realidad, sus matices ponen los pies en el suelo,
diciendo básicamente, en los primeros puntos, algo que ya está realizado
y, después, para matizar que aunque en la redacción inicial se dice que
el centro mundial de información esté al servicio del secretariado
permanente, nos parece mucho más correcto que esté para apoyar los
trabajos del secretariado
cuando esté constituido. Lógicamente, también nos parece mucho mejor el
verbo reiterar, porque confirma que ya se han realizado acciones, que el
de proponer, que quiere decir que no se ha realizado prácticamente nada y
se intenta por primera vez entrar en el V Programa marco de I+D de la
Unión Europea. Es decir, se confirma que ya se ha trabajado sobre ello y,
por tanto, se reitera. Nuestro voto favorable lo hubiese sido también
para la proposición no de ley inicial.
El señor PRESIDENTE: El señor Frutos tiene la palabra.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, seré todavía más breve.
A mí me alegra que el buen sentido común colectivo, lo que ustedes, a
veces, llaman sentido de Estado, creo, o sentido nacional, predomine
sobre cualquier otra consideración de grupo y que en este caso concreto
se vaya a la aprobación de una proposición no de ley que es correcta. No
sé si hay un cierto nivel utópico en la proposición no de ley del Grupo
Socialista y luego un sentido pragmático en la enmienda del Grupo
Popular, pero a mí, la verdad, me parecen como Pili y Mili, prácticamente
iguales.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque nos
parece correcta en lo fundamental.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (La señora Narbona Ruiz pide la
palabra.)
Senadora Narbona, ¿se ha sentido aludida?
La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, no es por Pili y Mili, en
absoluto, sino por un pequeño matiz que querría hacer, porque al escuchar
la intervención del Diputado del Grupo Popular, incluso las sucesivas, en
esa línea de pragmatismo, yo quisiera simplemente decir una cosa. No se
trata de que el Gobierno espere sin hacer nada, hasta que en la
Conferencia de las Partes se decida qué país va a ser la sede, sino que
tenga en cuenta el compromiso que asumiría a partir de esta proposición
no de ley para que en el trámite que tiene que hacer para defender la
propuesta de España como sede, incorpore ya lo que aquí estamos hoy
aprobando. Es decir, que no se trata de ser utópicos; se trata de hacer
valer lo que España tiene ya en materia de desertificación, desde ahora,
para que en todas las reuniones en que la Ministra de Medio Ambiente
defienda a España como sede del secretariado permanente, incorpore
Almería entre lo que se ofrece como parte de la sede. A eso es a lo que
me quería referir: que no hace falta esperar a que se celebre la
Conferencia de las Partes si hoy estamos de acuerdo en que en Almería hay
unos valores, desde el punto de vista de la investigación, que deben ser
tenidos en cuenta. Simplemente. (El señor Arqueros Orozco pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Me temo que el agradecimiento demostrado por el
control estricto del tiempo, lo vamos a tener que retirar, porque, ahora,
el señor Arqueros también pide la palabra, supongo que con toda brevedad,
ya que el sentido de la iniciativa y de la enmienda ha quedado clarísimo.
Señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Al final de mi parlamento he dicho, y repito
ahora, que los representantes españoles en la conferencia deben obtener
resultados que hagan posible lo deseado en la proposición no de ley con
las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Es decir, que suscribimos
totalmente lo que ha manifestado doña Cristina Narbona, que el Parlamento
insta a que el Gobierno se mueva y luche por los intereses en este caso
concreto de la universidad almeriense.
--SOBRE ELABORACION DE UN PLAN DE INVERSIONES EN LA COSTA DEL SOL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000213.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Proposición no de
ley sobre elaboración de un plan de inversiones en la Costa del Sol.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Esta proposición no de ley se presenta con la
intención, en primer lugar, de poner de manifiesto toda una serie de
deficiencias que existen en la Costa del Sol y que están repercutiendo
muy negativamente no solamente en la calidad de vida de sus habitantes,
sino también en la configuración del producto turístico Costa del Sol.
(El señor Vicepresidente, Paniagua Fuentes, ocupa la Presidencia.)
Creo que no es necesario recordar aquí la importancia del turismo en la
economía nacional y el papel de la Costa del Sol en nuestra industria
turística. Pues bien, en este marco no se entiende el abandono que sufren
proyectos básicos que sirven para dar competitividad a este producto
turístico. El tratamiento de los residuos sólidos es prácticamente
inexistente, y no sé si saben SS. SS. que existen más de cien zonas de
vertidos irregulares a lo largo de seis kilómetros de litoral, y también
hay varios vertederos a lo largo de la autovía de circunvalación de
Benalmádena por donde pasan miles de turistas, lo que genera no solamente
un importante deterioro medioambiental, sino también un deterioro, como
decía antes, del producto turístico.
La depuración de las aguas es necesaria para quien vende,
fundamentalmente, un turismo de sol y playa, pero también cabría la
posibilidad de utilizar este agua para el riego de los campos de golf, y
si mejorásemos las redes de abastecimientos de aguas, podríamos afrontar
sin ningún problema épocas de sequía, como la que hemos pasado y, sobre
todo, se demostraría lo absurdo del proyecto de ocho mil millones de
pesetas de construcción de una desaladora que pretende llevar a cabo el
alcalde de Marbella.
Estos hechos y otros que podría enumerar no pueden seguir siendo
asignaturas pendientes del litoral malagueño. Hace unos días hemos
asistido a un importante despliegue de medios promocionales en torno a la
Feria Internacional, Fitur, pero no nos engañemos, la mejor promoción que
se puede hacer del turismo es una buena calidad del producto turístico.
Se dan las circunstancias --y en Fitur lo hemos podido comprobar-- de que
a veces se avanza en la promoción, se elabora material de promoción de
alta calidad, pero luego no se contrasta con la realidad, y ello no es un
elemento positivo, sino negativo, a la hora de comprobar los elementos
promocionados, puesto que cuando el turista llega al lugar lo encuentra
más deteriorado de lo que él se había imaginado.
Hace poco, el Gobierno ha presentado un plan de estrategias turísticas,
plan --no nos podemos engañar-- que sin las inversiones necesarias en
infraestructuras no sería más que pura retórica. Por ello, y por encima
de competencias, es necesaria una acción conjunta de las administraciones
central, autonómica y local, para resolver cuestiones que no pueden
seguir esperando. Es preciso se aúnen esfuerzos, que se anteponga el
objetivo común a la posible pelea de competencias, porque al final
arruina los proyectos concretos. Por poner un ejemplo, les diré que la
depuradora de Arroyo de la Miel, en el municipio de Benalmádena, lleva
más de dos años esperando con el proyecto terminado. Esta depuradora está
actualmente en mal estado, está construida a menos de cien metros de la
playa, en pleno núcleo residencial, produciendo un deterioro
medioambiental y un daño a la imagen irreparable. Cada temporada que pasa
el daño que se causa es mayor. En este momento no existe su ejecución
como proyecto, y sería necesario que comenzaran las obras de reparación,
ampliación y mejora de dicha depuradora. Hay otros muchos casos como éste
que podría enumerar a lo largo de la Costa del Sol.
En definitiva, cuando se pide el voto favorable para esta proposición no
de ley se hace con la intención de que sirva para acelerar proyectos que
se están retrasando demasiado, y también para dar apoyo a una zona que
está acostumbrada a tener que luchar por lo evidente: demostrar que
invertir en la Costa del Sol no solamente es invertir en mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, sino sobre todo es invertir en
beneficio para el conjunto del país. No puedo terminar mi intervención
sin recordar que la Costa del Sol, junto con otras zonas turísticas del
Estado, continuamente aportan beneficios económicos para mejorar la
economía de este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): ¿Grupos que desean fijar su
posición sobre esta proposición no de ley? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Sedó, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor SEDO I MARSAL: Queremos anunciar nuestro voto negativo a la
proposición no de ley. No estamos de acuerdo con ella porque en los
debates anteriores se ha hablado de los temas competenciales, y los temas
que se contemplan en esta proposición no de ley todos son prácticamente
competencia de las comunidades autónomas; son éstas las que tienen que
actuar de diferente forma. En un plan de inversiones, dentro de las
correspondientes a las comunidades autónomas, están contempladas las que
aquí se fijan. Hay otras comunidades autónomas que tienen resuelto este
problema mediante una ley propia, con cánones finalistas, incluido el
importe del valor del agua que paga el consumidor y, por tanto, este
canon finalista resuelve muchos de los problemas que aquí se contemplan.
Es verdad que posteriormente se han realizado convenios para uso de los
fondos de cohesión a través del entonces Ministerio de Obras Públicas,
pero estos convenios son para el aprovechamiento de los fondos de
cohesión y ayudas a la financiación de las decisiones de las comunidades
autónomas. En realidad, señorías, quien contamina, paga; quien ensucia,
paga, y no siempre tiene que ser el Estado directamente el que realice
estas inversiones. Por tanto, está muy claro que es competencia de las
comunidades autónomas y son éstas las que tienen que resolver estos temas
inicialmente y no el Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía,
en este caso. Es la Junta de Andalucía quien debe avanzar en este
proyecto, utilizando, mediante convenios, por ejemplo, los fondos de
cohesión que pueda tener el Gobierno central.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Sánchez López.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Mi grupo muestra una actitud favorable a la
proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque
considera importante cualquier iniciativa que sirva, al menos, para
llamar la atención de los poderes públicos sobre la situación de una zona
que concentra, directa o indirectamente, a más del ochenta por ciento de
la población de la provincia de Málaga, y que, a su vez, basa casi todo
su desarrollo económico en el sector turístico. Por tanto, las
actuaciones que reviertan en la mejora de las condiciones de vida de los
ciudadanos y en una oferta turística de más calidad, beneficia no sólo la
Costa del Sol, sino a toda la provincia, y como ha dicho el portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, también beneficia directamente
a toda España. Esta oferta turística se ha mejorado considerablemente
durante los últimos trece años como consecuencia de importantes
inversiones realizadas por todas las administraciones públicas, y de
manera relevante por parte del Gobierno central.
Respecto a la regeneración de playas, a principios de los años ochenta
una o dos playas del litoral malagueño obtenían la bandera azul de la
Unión Europea, y desde hace algunos años todas las playas, excepto una o
dos, del litoral malagueño obtienen la bandera azul de la Unión Europea.
En la construcción de paseos marítimos, antes sólo existían
aproximadamente dos kilómetros y medio de paseos marítimos en la costa
malagueña, cuando ya se ha dicho que esta costa tiene cien kilómetros de
playa. Está también la mejora de las comunicaciones, la construcción
del aeropuerto y un largo etcétera que incluye el inicio de la solución a
lo que nosotros consideramos dos problemas importantes que están sin
resolver en su totalidad y a los que ya se ha hecho referencia: uno es el
saneamiento integral de la Costa y otro es el abastecimiento de agua
potable para la población.
El Gobierno socialista aprobó el plan de saneamiento integral de la Costa
del Sol, que incluía acciones desde Manilva hasta La Rábita en Granada, y
que la Ley 3/1993 reconoció de interés general, obteniendo financiación
del Estado con cargo a los fondos de cohesión. Muchos proyectos de
colectores y depuradoras situadas en municipios costasoleños están
redactados ya, aprobados y pendientes de licitación. Sin embargo, el
Gobierno popular no incluye partida suficiente para su ejecución en los
Presupuestos Generales del Estado de 1997; apenas se destinan 794
millones, cuando solamente el Plan de la Costa del Sol Oriental cuesta
12.800 millones de pesetas. Es más, en respuesta a preguntas de
parlamentarios malagueños, el Gobierno pretende ignorar la existencia de
los proyectos ya redactados.
Esta actitud del Gobierno popular nos preocupa extraordinariamente porque
puede significar la paralización de las inversiones en la costa, además
del anuncio de un incumplimiento de la Directiva 271/1991, que establece
que todos los municipios de más de quince mil habitantes deben tener un
sistema de agua residual depurada antes del año 2001.
En cuanto al abastecimiento de agua potable para la población, el período
de cinco años de sequía ha sido un toque de atención para todos por las
consecuencias dramáticas que ha tenido sobre la misma y sobre el turismo.
La sequía ha dejado al descubierto grandes y graves carencias de
infraestructuras de la costa en cuanto a almacenamiento y conducción de
agua potable. Es verdad que si no hubiesen existido problemas para la
implantación del Plan Hidrológico aprobado durante la etapa de los
gobiernos socialistas, estos proyectos referidos al agua potable, a la
conducción y a los embalses estarían ahora mismo en un momento que nos
permitiría, suponiendo que viviéramos otro año de sequía, afrontar estos
períodos con una cierta tranquilidad y seguridad para los ciudadanos de
la costa y para los turistas.
De cualquier manera, y a pesar de los problemas surgidos por la
implantación del Plan Hidrológico, se ha mantenido por parte de todas las
administraciones públicas y del Gobierno central, cuando gobernaba el
Partido Socialista, la voluntad política de implementar este Plan
Hidrológico y de hacer inversiones importantes para que estas
infraestructuras se pudieran llevar a cabo.
Nos inquieta que esta voluntad no exista por parte del Gobierno popular,
y esa preocupación no es baladí, sino que tiene su base en las palabras
del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur en su toma de
posesión, que preveía --cito literalmente-- un horizonte temporal muy
amplio para la construcción de las presas del Genal, de la Concepción y
de la Alamina. También tiene su base esta intranquilidad en la posición
contraria de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno popular a las
enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presentó a los
Presupuestos Generales del Estado de 1997, que incluían partidas
presupuestarias para estos proyectos.
El conjunto de enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario completan
las prioridades del mismo en cuanto a inversión, que correspondería
realizar al Gobierno central en la Costa del Sol. Y a los dos temas que
ya hemos tratado se añadirían la autovía Estepona-Guadiaro, el acceso
norte al aeropuerto, en encauzamiento del río Guadalhorce, la
recuperación ambiental de la playa de Pedregalejo y los paseos marítimos
de Benajarafe-Chilches, de Manilva y de Mezquitilla.
Termino ya reiterando el apoyo del Grupo Socialista a la proposición no
de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y anunciando que
estaremos atentos a las realizaciones del Gobierno en la Costa del Sol y
que propondremos caminos alternativos, una vez rechazadas nuestras
enmiendas presupuestarias, para que todos estos proyectos se realicen.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para la toma de posición del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Caneda Morales.
El señor CANEDA MORALES: Señorías, en conjunto estamos de acuerdo con el
posicionamiento que hace Izquierda Unida en esta proposición no de ley,
sobre todo en los principios que sustentan su motivación. El turismo es
una actividad importante a nivel nacional, nadie lo duda: la Costa del
Sol es un pilar, de hecho son casi seis millones los visitantes que hemos
tenido en el último año; que hay que tener un equilibrio entre el
crecimiento turístico y el medio ambiente no lo duda nadie, y, por
último, que ha habido una dejadez en los últimos años en este equilibrio
tampoco puede negarse por obvio.
No vamos a entrar en un análisis de todas las necesidades que en otros
temas, como se ha indicado en alguna intervención, hay en la Costa del
Sol porque no creo que sea el sentido de esta proposición no de ley, sino
lo que afecta básicamente al medio ambiente. Pero en petitum vemos que
hay una mezcolanza de competencias que no pueden olvidarse ni obviarse.
Estamos en un régimen descentralizado y aquí prácticamente se tocan
todas, porque hay competencias de todos los niveles: el Estado, la Junta,
la Diputación, mancomunidades y ayuntamientos y a cada una hay que
exigirle su responsabilidad, por eso se ha descentralizado, para que cada
uno tenga su responsabilidad en los actos que le competen.
Estamos en tiempos de ejecución y no de más planificación y estudio, que
nos sobran en la Costa del Sol y se han vendido muchas veces, aunque casi
nunca se han ejecutado. No obstante, aunque sean distintas competencias,
quiero hacer un breve paso por materias.
En cuanto a depuradoras, la de Guadalhorce y la del Peñón del Cuervo, que
se mencionan en la proposición no de ley, están en ejecución. A lo largo
de la costa ya se contemplan en 1997, tanto la de Vélez-Málaga como la de
Benalmádena y el colector de Torremuelle y hay otras estaciones
depuradoras, como la de Torrox, Algarrobo, Nerja y El Rincón, que también
vienen contempladas, aunque se
encuentra cada una de ellas en distinta posición de tramitación
administrativa, por lo cual creo que el esfuerzo es manifiesto por
recuperar el tiempo perdido, por depurar las aguas que, sin duda, es la
prioridad de la Costa del Sol de cara a su industria básica --el 25 por
ciento de su producto interior bruto se debe al turismo--. Se ha hecho en
este ejercicio ese esfuerzo y se va a seguir haciendo. Consecuentemente,
si tiene dónde invertir, están relacionadas qué estaciones depuradoras de
agua residuales tenemos que hacer, está en el tiempo, cuanto antes, luego
creemos que ya se está haciendo lo que se pide.
Respecto a los residuos sólidos, no podemos obviar que la Ley 42/1975
otorga la competencia al ayuntamiento en los territorios de su
jurisdicción. Por tanto, no debemos interferir en esta responsabilidad y
en esta competencia. En cualquier caso, les recuerdo a SS. SS. que en la
costa occidental es la Mancomunidad la que está tratando de hacer un
vertedero en Casares, y en la costa oriental, la Diputación se plantea la
idoneidad de la ubicación del vertedero de Aviñuelas, pero una vez que se
van construyendo los de alta intensidad, podrá ir sellándose que la
Diputación de Málaga tiene esos compromisos.
Igual pasa con la distribución de agua. Es una competencia de los
ayuntamientos, básicamente, y tenemos una gran variedad en el caso de la
provincia de Málaga. Hay algunos que actúan bien, que han hecho acciones
para que no se despilfarre y hacen un buen mantenimiento, han hecho una
mejora, y otros que han actuado no tan bien. En cualquier caso, hay que
insistir a cada ayuntamiento para que ejerzan la función que le
corresponde.
En lo que se refiere a utilizar en los campos de golf las aguas
residuales una vez depuradas, ya se ha empezado de hecho. Como saben,
Estepona ya suministra el agua para el riego a trece campos de golf.
En consecuencia con lo que he dicho anteriormente, este grupo no
considera procedente apoyar esta proposición porque hay un conflicto de
competencias y porque, en lo que se refiere a la Administración del
Estado, lo que se solicita ya se está haciendo. (El señor Centella Gómez
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Tiene la palabra por el
tiempo de un minuto.
El señor CENTELLA GOMEZ: Menos de un minuto.
Tomo la palabra para aclarar al portavoz de Convergència i Unió que
varias de las propuestas que se hacen ya están comprometidas por el
Gobierno central, por tanto, no todo es competencia autonómica, porque
hay proyectos que estaban aprobados y no tienen en este momento partida
presupuestaria, quizá porque hayan ido a otra zona del Estado español.
También quiero explicar al portavoz del Partido Popular que lo que se
plantea no es que el Estado asuma las competencias de los temas aquí
propuestos, sino que haya una colaboración para que, tal y como se
plantea, se impulse un plan para actuar de forma coordinada. Por ello no
entiendo ninguna de las argumentaciones, ya que esto va a fomentar la
colaboración entre instituciones.
--SOBRE ESTABILIZACION DE LAS MARGENES DEL RIO GENIL Y RECUPERACION PARA
USO PUBLICO DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE Y ADYACENTE. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000225.)
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para finalizar con el orden
del día, vamos a tratar ahora la proposición no de ley sobre
estabilización de las márgenes del río Genil y recuperación para uso
público de la zona de servidumbre y adyacentes.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor VAQUERO DEL POZO: El río Genil es el principal curso de agua de
la provincia de Granada. Su utilización histórica ha generado una trama
de lazos económicos y culturales muy arraigados en la población
granadina. Sin embargo, las obras de aprovechamiento han degradado
ostensiblemente su entorno, quedando en muchos lugares como un mero
encauzamiento seco o como una cloaca que recoge los vertidos de aguas
residuales. De estas actuaciones se había salvado el tramo del río que
hay entre Pinos-Genil y Granada, pero recientemente las obras de
canalizaciones para el abastecimiento de Masagra, la empresa municipal de
aguas de Granada, han destrozado la vegetación ribereña, dejando un
aspecto desolador, como el de un mero canal de agua. Por otro lado, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha planteado el encauzamiento
de este tramo del río, lo que podría suponer la total destrucción del
entorno ribereño.
Ante esta situación, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
entiende necesario preservar este tramo para el uso y disfrute de los
ciudadanos actuales y las generaciones futuras en su forma natural, tan
unida a la historia y cultura de Granada. Por ello, este grupo insta, en
esta proposición no de ley, la reorientación del proyecto de
encauzamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que
la estabilización de los márgenes se haga con un tratamiento de
restauración vegetal, de forma que sea el bosque de ribera el que cumpla
esta función, como lo ha mantenido de forma natural a lo largo de los
siglos.
Asimismo, unido a esta restauración del entramado ribereño, proponemos
recuperar para uso público la zona de servidumbre y adyacente, que
actuaría como un pasillo verde que enlazara Pinos-Genil con la capital.
Esta nueva zona verde serviría como área recreativa y de ocio y para el
desarrollo de actividades de formación y educación ambiental.
Por todo ello, se presenta la proposición no de ley siguiente: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, primero, elaborar un
proyecto de estabilización de los márgenes del río Genil mediante la
restauración de la vegetación riparia del tramo Pinos-Genil-Granada.
Segundo, deslindar para uso público la zona de servidumbre y adyacente
necesarias para la creación de un pasillo verde. Tercero,
desarrollar equipamientos recreativos de uso público a lo largo del
pasillo verde. Y, cuarto, dotar al tramo de un caudal ecológico que
permita el mantenimiento de la trama ecológica ribereña.
Se trata, simplemente, de reorientar el plan que existe, pues el resto de
los tramos, desgraciadamente, se ha hormigonado de tal forma que, a los
efectos que aquí planteamos, ya no es posible volverse atrás. Estamos a
tiempo todavía de evitar ese dislate ecológico existente en el resto de
la ribera del Genil, precisamente en este tramo donde todavía no se ha
realizado el proyecto que tiene la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): ¿Grupos que quieren
intervenir para fijar posición sobre esta proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Voy a fijar la posición de mi grupo respecto a esta
proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Es cierto que el río Genil ha tenido históricamente una situación de
abandono, como demuestran los hechos ocurridos en las últimas
inundaciones, que han provocado la invasión del cauce por múltiples
actuaciones y crecimiento de flora producido durante los años de sequía.
Por ello, en los últimos años, se han iniciado una serie de proyectos que
han intentado no sólo mejorar el cauce, sino la trama de riego que
alimenta la agricultura de la vega de Granada, que es fundamental para
ella. Uno de esos tramos, el que atraviesa la ciudad, ha sido canalizado
y la ha dotado de uno de los lugares más singulares con que cuenta la
capital de la provincia de Granada.
Unido a esta actuación del tramo urbano, como un tramo de transición,
estaba previsto el encauzamiento del tramo al que hace alusión la
proposición no de ley que estamos tratando. Vamos a apoyar esta
proposición no de ley porque no sólo va en la dirección de la voluntad
política que demuestran las actuaciones de los últimos años, sino que
corrige algún aspecto, con el que estamos de acuerdo, que ha puesto de
manifiesto el portavoz de Izquierda Unida señor Vaquero, ablandando
algunas de las soluciones más duras y consiguiendo mejorar el paisaje,
algo que parece necesario dada la necesidad de mejorar, repito, ese tramo
paisajístico, de gran tránsito debido a que por ahí va a pasar
próximamente la carretera de acceso a Sierra Nevada. Hay que significar
que algunos puntos de esta proposición no de ley, en concreto el segundo,
están ya conseguidos, pues el deslinde del dominio público está ya
realizado.
Sin embargo, mi grupo quiere manifestar que si esta proposición no es
apoyada, quizá no se deba a razones técnicas o de oportunidad, sino que
sea más bien por motivos de tipo económico. Hay que tener en cuenta que
la Dirección General de Obras Hidráulicas tiene un presupuesto para este
ejercicio de 98.000 millones de pesetas y arrastra compromisos del
ejercicio anterior por 125.000 millones de pesetas, más lo que supongan
las obras pendientes de liquidación y las expropiaciones. Ante este
desequilibrio económico, nos tememos mucho que las consideraciones
ecológicas, necesarias para acabar obras iniciadas antes, vayan a caer
bajo el peso de la evidente infravaloración que han tenido las
actuaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas en los presentes
presupuestos.
De todas formas, esperamos que, con nuestro apoyo y algunos más, pueda
salir adelante esta proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para fijar la posición del
Grupo Popular, tiene la palabra doña Blanca Fernández.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señorías, en relación con la
proposición no de ley que el grupo proponente ha expuesto, no se han
contemplado algunos aspectos importantes. Por ello, vamos a hacer una
serie de consideraciones.
En primer lugar, cuál es el estado de la cuestión en este momento. Hemos
de aclarar que, con fecha de junio de 1996, los servicios técnicos de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, basándose en la autorización
de la Dirección General de Ordenación Hidrográfica con fecha de febrero
de 1995, redactaron el proyecto 6/1995, de encauzamiento del río Genil
desde Pinos-Genil, concretamente en el tramo Puente de la Duquesa, a
Granada capital, que cubre ese tramo al que hace referencia la
proposición no de ley que se informa. Dicho proyecto fue aprobado
técnicamente por el anterior Gobierno con fecha 5 de diciembre de 1995 y
sometido al trámite reglamentario de información pública hasta octubre de
1996, sin que se hubiese presentado ninguna alegación por parte de
Izquierda Unida.
En segundo lugar, ¿cuál es la finalidad básica del proyecto? Pues
garantizar una capacidad de desagüe suficiente, puesto que en el cauce
actual se presentan algunas zonas estranguladas en algunos tramos, así
como la necesidad de consolidar el espacio público ligado al río, que se
ve sometido a una gran presión del entorno inmediato, concretamente el
nuevo acceso a Sierra Nevada, la huerta, aprovechamiento de un valor
apreciable y rápido desarrollo urbanístico de la zona; es decir,
diferentes aspectos que están interfiriendo en el río, aspectos
irrenunciables y urgentes. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Como finalidad derivada de todo ello, el proyecto contempla el
aprovechamiento recreativo y deportivo de todo su entorno al incluir
partidas importantes de tratamiento y plantaciones y facilitar con los
caminos de borde de cauce la penetración a zonas que actualmente son casi
inaccesibles. Estos aspectos indudablemente se mejorarán admitiendo en el
concurso de adjudicación variantes de nuevas actuaciones.
En tercer lugar, de todo lo anteriormente expuesto deducimos una gran
convergencia en los criterios del proyecto con los contenidos que expone
la proposición no de ley, que asumimos íntegramente, salvo en la alta
valoración de la situación actual y en la supuesta destrucción que
supondría el encauzamiento proyectado. Entendemos, por tanto, que este
proyecto actual en marcha, sin objeciones
en su momento, plantea la mejor solución para responder
satisfactoriamente a lo que se propone, porque difícilmente podrá haber
un corredor verde si no se establece un cauce para el río bien
consolidado y bien dimensionado, y no basta para ello una simple
estabilización de las márgenes actuales. Consideramos conveniente que se
potencie en el trámite adjudicatorio del proyecto actual la adopción de
aquellas variantes que, sin renunciar a los objetivos básicos que están
señalados en el proyecto, resuelvan de mejor manera el mantenimiento de
la calidad ambiental del entorno y el aprovechamiento recreativo por los
ciudadanos.
En cuarto lugar, hemos de referirnos al punto segundo de la proposición
no de ley, que queda ya contemplado en la actuación del proyecto
aprobado, y lo mismo ocurre con el tercer punto de la proposición no de
ley, de equipamiento recreativo, con este enfoque que hemos expuesto.
Resumiendo. En cuanto al primer punto, nosotros tenemos un proyecto
aprobado sin alegaciones; un proyecto que no es que ahora esté o no
previsto por el Grupo Socialista, sino que lo puso en marcha el Gobierno
socialista en febrero de 1995 y lo aprobó en diciembre de ese mismo año.
Las razones técnicas que valían para diciembre de 1995 probablemente
servirán ahora. ¿Razón de oportunidad? No entendemos cuál es. Lo que es
bueno para el Grupo Socialista en diciembre de 1995 debe serlo todavía.
No podemos hablar de quién se refiere a razones de oportunidad.
El segundo punto de la proposición está contemplado íntegramente en el
proyecto y el tercero también. En cuanto al cuarto punto, de dotación de
un caudal ecológico, consideramos que es un tema conveniente, pero que no
tiene incidencia alguna en las actuaciones previstas y que puede implicar
perjuicios para los usuarios del agua, perjuicios que deberán ser
evaluados y negociados previamente antes de tomar una decisión.
Por tanto, nosotros no vamos a votar favorablemente la proposición no de
ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor
Vaquero del Pozo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vaquero, con toda
brevedad.
El señor VAQUERO DEL POZO: Simplemente quiero señalar, por si cabe alguna
reconsideración del Grupo Popular, que los errores de los demás, el que
en su día no hayamos presentado alegación alguna, no deben justificar los
propios, sobre todo cuando podrían resultar reincidentes en este caso.
Efectivamente, estamos a tiempo de evitar el hormigonado. El proyecto que
se contempla es pura y simplemente el hormigonado y, sin duda alguna,
nosotros pretendíamos evitarlo en el futuro. No van a bastar las
variantes que se puedan introducir en el concurso de adjudicación, pues,
como se sabe, los adjudicatarios, los que van a realizar la obra, al
final tendrán que someterse, como es lógico, a las previsiones del
proyecto. A mí me gustaría que se contemple esta cuestión y se pueda
finalmente transaccionar, si es posible todavía.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: En respuesta a la petición del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero aclarar que todas las
previsiones posibles están ya contempladas. Lo mismo que entendemos que
los tres puntos de la proposición no de ley están recogidos en el
proyecto, el cuarto punto es un tema a tratar en otro plano y con otros
grupos interesados en el asunto del agua; no es éste el momento adecuado
para resolverlo directamente desde la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Cerrado el debate y no habiendo más asuntos, vamos a
proceder a la votación.
Ruego previamente a todos los grupos que comuniquen los Diputados que son
sustituidos y quiénes les sustituyen.
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Manuel Milián es sustituido por
doña Isabel Díez de la Lastra; don Antonio Jesús Serrano por don Manuel
Arqueros; don Cristóbal Pons por doña Blanca Fernández y don Angel
Pintado por don Leocadio Bueso.
Tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Por el Grupo Socialista, se sustituye al Diputado
José Luis Ros por María Luisa Bartolomé.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Aramburu es sustituida por la
señora Rivadulla; el señor Meyer Pleite por don Manuel Alcaraz y la
señora Sabanés Nadal por el señor Centella.
¿Alguna otra sustitución? (Pausa.)
Vamos a pasar a la votación del primer punto del orden del día:
proposición no de ley relativa al deslinde de los cauces de dominio
público hidráulico, presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. A esta proposición se ha presentado una enmienda
transaccional por parte del Grupo Parlamentario Popular, que entiendo lo
es a toda la iniciativa.
Tiene la palabra la señora portavoz.
La señora DE LARA CARBO: Es una enmienda al punto segundo de la
iniciativa. Respecto al punto primero, tiene que decidir la portavoz del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Como bien ha dicho la portavoz del Grupo
Popular, la transaccional se refiere al segundo punto, ya que no se ha
logrado acuerdo en relación a los dos puntos de la proposición no de ley.
No podemos pedir separación de voto para los dos puntos, puesto que el
primero ya no está vigente. Podemos proceder a la votación de la
transaccional que se refiere al segundo
punto de la proposición no de ley, puesto que el primero se retira.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. Voy a proceder a la lectura de la enmienda
transaccional a la proposición no de ley sobre deslinde de los cauces de
dominio público hidráulico. Solicitar al Gobierno que inste a los
organismos de cuenca a realizar un inventario de todos aquellos cauces
fluviales en cuyo dominio público se encuentren ubicadas instalaciones
turísticas y se inicie el expediente de apero y deslinde en todos
aquellos donde no se haya procedido al mismo y éste fuera preceptivo para
la obtención del permiso de instalación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Siguiente punto del orden del día. A la proposición no de ley relativa a
la protección de la laguna de Torrevieja no se han presentado enmiendas.
Por lo tanto, se somete a votación la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto tercero del orden del día: proposición no de ley sobre el apoyo del
Gobierno a determinadas iniciativas de la Universidad de Almería en el
marco del desarrollo del Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra
la desertificación. A esta Proposición no de ley ha presentado una
enmienda el Grupo Parlamentario Popular, que entiendo que es de
sustitución. Vamos a proceder a su votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto cuarto del orden del día: Proposición no de ley sobre elaboración
de un plan de inversiones en la Costa del Sol, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se
somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto quinto del orden del día: Proposición no de ley sobre
estabilización de las márgenes del río Genil y recuperación para uso
público de la zona de servidumbre y adyacente, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se
somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto sexto del orden del día: Proposición no de ley sobre actualización
del acuerdo institucional existente entre la Dirección General de Costas
y los ayuntamientos de Arona y de Adeje, de la isla de Tenerife, para la
realización de actuaciones en el litoral de ambos municipios, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. A esta propuesta se ha presentado
una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que, a su vez,
ha sido objeto de transacción por el Grupo Parlamentario Socialista. Voy
a dar la lectura a esta última enmienda transaccional: «El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio de Medio Ambiente
alcance un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
instituciones, que posibilite planificar las distintas actuaciones que
son necesarias acometer en el litoral del Archipiélago, teniendo en
cuenta los proyectos redactados, siempre y cuando se ajusten a las
prioridades y criterios fijados.»
Vamos a proceder a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y
señores Diputados.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.