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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 144, de 18/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 144
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON FRANCESC HOMS I FERRET
Sesión núm. 11
celebrada el martes, 18 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Debate y votación, en su caso, de las propuestas de Resolución
presentadas por los diferentes Grupos Parlamentarios a los Informes
semestrales del Consejo de Seguridad Nuclear correspondientes al primer y
segundo semestres de 1995. (Números de expedientes 401/000001 y
401/000002) (Página 3896)
Debate sobre el escrito de la Mesa de la Cámara en el que solicita a la
Comisión de Industria, Energía y Turismo aclaración al inciso «sin
necesidad de emitir informe», incluido en el acuerdo de la Comisión de
proponer al Pleno de la Cámara la creación de una subcomisión para el
seguimiento de los procesos de privatización. (Número de expediente
158/000024) (Página 3899)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de la Energía y Recursos
Minerales (Fernández-Cuesta Luca de Tena), para informar sobre los planes
para fomentar la utilización de las energías renovables como forma de
diversificación energética y de contribución a la protección del medio
ambiente. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000452) (Página 3901)
Comparecencia del señor Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (Fernández-Armesto Fernández España) para explicar:
--Los aspectos relacionados con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de
la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA), sobre Sevillana de
Electricidad y Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A. (FECSA). A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000390)
(Página 3912)
--Los motivos que han llevado a dicha Comisión a abrir un expediente
sancionador por infracción muy grave al presidente de la Empresa Nacional
de Electricidad (ENDESA) y al director financiero de la misma. A
solicitud del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 212/000427) (Página 3912)
--La Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) de la Empresa
Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA), sobre las empresas FECSA y
Sevillana. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (Número de
expediente 212/000428) (Página 3912)
Comparecencia del señor Presidente del Consejo Consultivo de
Privatizaciones (Gamir Casares) para informar sobre los distintos
trabajos realizados, a solicitud del Gobierno, en los expedientes de
privatización de empresas públicas y aquellos que estén en curso en el
momento de la comparecencia, así como informar sobre el funcionamiento
del propio Consejo y aspectos generales relacionados con el mismo. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/000425) (Página 3925)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Vamos a empezar la sesión número 11 de esta legislatura, de la Comisión
de Industria, Energía y Turismo. Tenemos un largo orden del día; no
obstante, tengo que comunicar a SS. SS., en primer lugar, que va a haber
una alteración en el mismo. El punto número 4, que es la comparecencia
del presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) para
informar acerca de la relación de dicha empresa con Sevillana de
Electricidad, iniciativa que se ha dado a instancia del Grupo
Parlamentario Socialista, esta Presidencia ha recibido la solicitud del
nuevo presidente de Endesa, señor Martín Villa, ex Diputado del Congreso,
planteándonos la conveniencia de posponer temporalmente su presencia ante
la Comisión por razones de su inmediata incorporación al cargo y
solicitando que esta comparecencia pueda tener lugar en la próxima sesión
de la Comisión de Industria o la siguiente, según convengan los
portavoces de los distintos grupos.
Comunicada esa petición al grupo proponente, al Grupo Socialista, ha
aceptado dicha solicitud del presidente de Endesa, y consultados todos
los portavoces de los grupos, que han expresado la aceptación de esta
petición, el presidente propone a la Comisión modificar este punto del
orden del día, suspenderlo hoy y posponerlo para la siguiente sesión de
la Comisión de Industria. Expongo esta decisión a la aprobación de la
Comisión.
¿Aprueban SS. SS. este acuerdo de modificación del orden del día?
(Asentimiento.)
Por aclamación, se acuerda esa alteración del orden del día e
incorporaremos dicha comparecencia del señor Martín Villa, como
presidente de Endesa, en siguientes sesiones de la Comisión de Industria.
--DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION
PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS A LOS INFORMES
SEMESTRALES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y
SEGUNDO SEMESTRES DE 1995. (Número de expediente 401/000001 y
401/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasemos, pues, a iniciar los trabajos de esta
mañana. El primer punto es el debate y votación de las propuestas de
resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios a los
informes semestrales del Consejo de Seguridad Nuclear correspondientes al
primer y segundo semestres de 1995. Con ello, señorías, esta Comisión se
pondría al día de los informes que debemos emitir sobre estas materias y
que por razones de convocatorias electorales tuvieron que posponerse unos
meses.
La Mesa y los portavoces conocen las resoluciones que se han presentado y
en torno a ellas se ha llegado a un consenso cuyo contenido tienen todos
los portavoces de los grupos parlamentarios. Se trata de una propuesta de
informe que contiene 23 puntos y solamente ha habido modificaciones en
dos de ellos, el punto número 7 y el punto número 23.
Ruego al letrado de la Comisión proceda a leerlos para que quede
constancia de los cambios en el «Diario de Sesiones». Respecto al resto
de los puntos, toda vez que tienen ustedes el escrito y no han sido
modificados ni alterados, pasaríamos luego a votar todo el informe.
El señor LETRADO: En propuesta séptima habría que añadir al final de la
redacción, tras la palabra implantación: y las modificaciones que el
Consejo de Seguridad Nuclear produjo al tiempo de detectar alguna
anomalía.
También se añadiría un último punto 23 que dice: Solicita al Consejo de
Seguridad Nuclear un informe sobre el resultado de la revisión del fondo
de la vasija de la central nuclear José Cabrera, que deberá llevarse a
cabo en la próxima recarga de la central.
El señor PRESIDENTE: Teniendo conocimiento exacto del informe y las
resoluciones que se sometan a votación por la Comisión, solicito pasemos
a votarlo. (La señora Urán González pide la palabra.)
Señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Con independencia de que haya consenso o no, lo
lógico es que los portavoces tengamos oportunidad de decir al menos
algunas palabras.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir
previamente a la votación en torno a las resoluciones de estos dos
informes? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: No tenemos ningún interés en alargar la
Comisión, pero mi grupo considera que un informe tan importante como es
el del Consejo de Seguridad Nuclear, no puede pasar sólo y exclusivamente
como una votación en la Comisión, porque es algo sobre lo que este
Congreso tiene plena competencia, ya que somos el único órgano que
controla al Consejo de Seguridad Nuclear.
Hay que decir que desde hace ya mucho tiempo en esta Cámara es habitual
llegar a acuerdos en este tipo de informes, porque a todos nos interesa
la seguridad nuclear y con mayor o menor incidencia, podemos ser más o
menos críticos, intentamos ponernos de acuerdo. También es bueno resaltar
que una de las cosas que se dicen en este informe es que el Congreso,
esta Comisión, demanda al Consejo de Seguridad Nuclear que nos informe
más asiduamente, entre otras cosas porque estamos discutiendo con un año
de retraso los informes semestrales de dicho consejo. Hasta ahora no ha
habido ninguna cosa de gran relevancia, pero sí sería importante y creo
que eso hay que resaltarlo, que esta Comisión pudiera tener información
más habitual o más cotidiana sobre algunos aspectos que puedan ocurrir en
las centrales nucleares y sean de interés para el conocimiento de esta
Comisión.
Creo que eso es importante, de ahí que es un primer paso que se da
respecto al futuro, además de la recomendación de modificaciones que se
hacen al Consejo respecto a su legislación y a su reglamento, para que
esta Comisión tenga información de una manera más asidua.
El señor PRESIDENTE: Tenía entendido que las intervenciones de los
distintos grupos se harían con posterioridad a la votación, por aquello
de que al no haber ninguna discrepancia ni enmienda viva, sería un turno
de explicación de voto. En cualquier caso, me parece muy acertada la
petición que ha hecho usted y exponer las razones que han llevado a su
grupo a alcanzar ese consenso.
El Grupo Socialista ha pedido intervenir también, para lo cual tiene la
palabra el señor Ros Maorad.
El señor ROS MAORAD: Tomo la palabra en nombre de mi grupo, y con
brevedad, para mostrar la satisfacción porque a lo largo de una serie de
semanas la ponencia ha trabajado en un asunto que le había delegado esta
Comisión. Han sido muchas las personas del mundo de la energía nuclear
que han comparecido en esa ponencia, desde el presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear, a directores de centrales nucleares, inspectores
residentes, directores generales de uno u otro ministerio; en definitiva,
creo que hemos hecho un buen trabajo que concluye hoy con lo que ha sido
el espíritu de esa ponencia, con el acuerdo de 23 resoluciones que se
elevan a esta Comisión para su aprobación.
Al concluir este proceso me gustaría señalar que tanto por parte de mi
grupo como de los otros grupos, ha habido dos aspectos a considerar desde
el día en que la ponencia se constituyó. El primero de ellos es que
muchas de las comparecencias que ha habido en la ponencia han tenido por
objetivo garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, tanto en
aspectos industriales como en lo que se refiere a los nueve reactores que
están funcionando en estos momentos en España; seguridad de
funcionamiento de estas instalaciones nucleares que ha sido plenamente
garantizada por todos los comparecientes, empezando por el máximo garante
de la seguridad nuclear, que es el presidente del Consejo de Seguridad
Nuclear.
En segundo lugar, creo que hay otro aspecto que también hemos compartido
con los otros grupos parlamentarios, cual es todo aquello que afecta a
las posibles radiaciones tanto a trabajadores en el interior de la
central como en el exterior y tengan que ver tanto con personas como con
el medio ambiente. Quiero resaltar que hemos tenido plenas garantías de
que las dosis recibidas por los trabajadores de las centrales nucleares o
de otras instalaciones radiactivas, así como la sistemática toma de
muestras del exterior de las centrales, garantizan también que han
funcionado de modo razonable, sin que haya habido emisiones hacia el
exterior que perjudiquen a las personas o al medio ambiente. Debo señalar
que hay algunos aspectos que en concreto nos preocupan. No sólo
compartimos el deseo de que cada vez sea mayor y más transparente la
información por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que también
hay algunos aspectos importantes que están en marcha y sobre los que se
deberá dar cuenta con rapidez a esta Comisión. Uno de ellos es el
desmantelamiento de la central Vandellós 1; un proceso que va a ser
largo, pero este Congreso lo debe seguir con una intensidad fuera de lo
común.
Hay otros aspectos que en estos momentos se están produciendo, por lo que
pedimos que en cuanto esté hecho el procedimiento y concluido el proceso
se informe a esta Comisión. Me refiero al cambio de la tapa de la vasija
del reactor de Zorita. Como ya el propio presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear informó en esta Comisión, estos días aprovechando la
recarga, va a procederse a una revisión a fondo del fondo de la vasija
--valga la redundancia--,
que es muy importante, porque ya se ha dicho por dos presidentes
consecutivos del Consejo de Seguridad Nuclear que del examen del fondo
del reactor de Zorita y del resultado del mismo depende en gran parte que
esa central siga o no funcionando. Aparte de estos aspectos está el
problema siempre añadido a la energía nuclear, de los residuos nucleares,
sobre todo en lo que afecta a los residuos de alta porque los de baja
creo que todos los grupos compartimos que están solucionados en torno a
El Cabril. Quiero advertir que en estos momentos hay centrales nucleares,
como puede ser la de Trillo, que de no tener una solución para los
residuos de alta deberá cesar en su actividad el año 2003; dicho de otra
manera, para no alarmar a nadie, la central nuclear de Trillo necesita,
antes del año 2003, saber qué se va a hacer con los residuos de alta que
en estos momentos tiene. Por eso pedimos también que el Consejo haga una
declaración sobre cuál es la situación del proyecto, que nos consta que
existe en Trillo, de un almacén de residuos nucleares de alta en
contenedores en seco para residuos de la propia central.
En consecuencia, señor Presidente, a nuestro grupo le alegra que este
asunto de la energía nuclear está fuera de la pelea política. Creo que se
ha hecho un buen trabajo y seguiremos en este espíritu de acuerdo, que
nada tiene que ver con que no exijamos de forma cada vez más firme las
garantías de seguridad para todo el proceso de la energía nuclear.
El señor PRESIDENTE: Que por muchos años así sea.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Landeta tiene la palabra.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, para congratularnos de
que los grupos parlamentarios de esta Cámara hayan llegado a un pleno
consenso sobre las propuestas de resolución, hayan prescindido de algunas
de ellas y hayan hecho un texto conjunto y determinado sobre las 23
propuestas de resolución.
Tengo que decir que la Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su
reunión de 22 de mayo de 1996, acordó la creación de la ponencia
encargada de los estudios de los informes del primero y segundo semestres
de 1995 del Consejo de Seguridad Nuclear, que los grupos parlamentarios
designaron a sus correspondientes representantes y que ante la misma se
llevó una exhaustiva información por los representantes y por los
responsables de la seguridad nuclear en España. (El señor Vicepresidente,
Gómez Darmendrail, ocupa la Presidencia.)
Han comparecido el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, los
directores de las centrales nucleares de Cofrentes, Trillo y Zorita, los
inspectores residentes de estas centrales, el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, el subdirector general de centrales
nucleares, el subdirector general de instalaciones radiactivas, el
director de la central nuclear Vandellós 1 y, por último, el presidente
de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
A lo largo de todas estas comparecencias se ha puesto de relieve un hecho
fundamental y trascendental. Lo que se ha puesto de relieve es que las
instalaciones nucleares y radiactivas existentes en el territorio español
han tenido lugar durante los períodos de 1995, sin que se hubieran
registrado incidentes que pudieran afectar a las personas o al medio
ambiente. A lo largo del examen de todas estas actuaciones, hemos llevado
a efecto unas propuestas de resolución que solicitan informes importantes
al Consejo de Seguridad Nuclear. En primer lugar, un informe sobre la
sustitución de los generadores de vapor de las centrales de Ascó y
Almaraz. Asimismo, un informe sobre la revisión del sistema de
refrigeración del reactor de la central nuclear José Cabrera; sobre la
reparación del barrilete de la central de Santa María de Garoña; sobre la
evaluación del programa de análisis de experiencia operativa y sistema
realizado en la central de Trillo; sobre el seguimiento de la evaluación
y el proceso de desmantelamiento y clausura de Vandellós 1; y, sobre todo
también, un tema importante y es que, una vez aprobado, se solicite la
evaluación para el transporte de un contenedor de doble depósito ENSA-DPT
para almacén de combustible irradiado. Asimismo se ha solicitado del
Consejo de Seguridad Nuclear continuar el censo de instalaciones
radiactivas y la retirada de pararrayos, dotar de los recursos necesarios
para casos de emergencia en coordinación con la Dirección General de
Protección Civil y las comunidades autónomas, e impulsar la progresiva
modernización reglamentaria y legal para modificar el reglamento de
instalaciones nucleares y radiactivas, que es del año 1972.
Igualmente se ha solicitado al consejo la potenciación y comunicación a
los ciudadanos, así como la creación del centro de información. La mejora
de programas de formación de operadores y supervisores de las centrales
nucleares y la continuación del estudio en profundidad de los
simuladores, potenciando también los planes de I+D y la relación con los
grupos internacionales, como el OIEA, la Unión Europea y la NEA.
Por todo ello entendemos que las propuestas de resolución tienden
obligatoriamente a dos principios fundamentales: mayor celeridad en la
información y también que esta información sea más exhaustiva. Llego al
convencimiento de que las propuestas de resolución que se van a someter
en estos momentos a votación reúnen los condicionantes esenciales para
que este Parlamento tenga en todo momento --y eso es muy importante-- una
información veraz y digna de la situación de la energía nuclear en
España. Por todo ello solicitamos el voto afirmativo de los componentes
de esta Comisión a las propuestas de resolución presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Vamos a proceder a la
votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Quedan aprobadas por
unanimidad las propuestas de resolución que han presentado los diferentes
grupos parlamentarios a los informes del Consejo de Seguridad Nuclear
correspondientes al primero y segundo semestres de 1995. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
--DEBATE SOBRE EL ESCRITO DE LA MESA DE LA CAMARA EN EL QUE SOLICITA A LA
COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO ACLARACION AL INCISO «SIN
NECESIDAD DE EMITIR INFORME», INCLUIDO EN EL ACUERDO DE LA COMISION DE
PROPONER AL PLENO DE LA CAMARA LA CREACION DE UNA SUBCOMISION PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACION. (Número de expediente
158/000024.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día, señorías, hace
referencia a un acuerdo que tomó esta Comisión de Industria el pasado 10
de diciembre, por el que se tomaba la decisión de constituir una
subcomisión para seguir los procesos de privatización de las empresas
pertenecientes al sector público empresarial. La literalidad del acuerdo
que se tomó por la Comisión de Industria era exactamente que se
constituía tal subcomisión con determinadas características y el texto
acordado contenía dos puntos. El primero decía: El objetivo de la
subcomisión será conocer, sin necesidad de emitir informe, las
operaciones concretas de privatización.
La Mesa de la Cámara, al tener conocimiento de esta decisión tomada por
la Comisión de Industria, ha remitido un escrito a la Presidencia de la
Mesa de dicha Comisión solicitando que interpretemos la voluntad de la
Comisión al indicar «sin necesidad de emitir informe» para conocer el
alcance interpretativo de dicha expresión. La Mesa y la Junta de
Portavoces, en su última reunión, expresaron el significado de esta
expresión en el texto literal acordado por la Comisión de Industria y el
sentido que dieron los portavoces que acordaron por mayoría esta decisión
es el siguiente. Cuando el texto dice que el objetivo de la subcomisión
será conocer, sin necesidad de emitir informe, las operaciones concretas
de privatización que se hayan realizado, significa que la subcomisión no
elevaría ningún informe para cada una de las operaciones concretas de
privatización. Ahora bien, la subcomisión, de acuerdo con las normas
reglamentarias establecidas en el Congreso por la Mesa de la Cámara en
relación a los trabajos de las subcomisiones, deberá emitir el preceptivo
informe, según indican estas normas, que debe establecerse por cada una
de las subcomisiones que se constituyan. El sentido de la literalidad de
la expresión que se adoptó por la Comisión de Industria al acordar la
constitución de tal subcomisión no era que tendríamos obligación de
emitir informe para cada una de las privatizaciones concretas, pero la
subcomisión, al término de sus trabajos, podrá elevar el correspondiente
informe al que hace referencia la norma de la Mesa del Congreso de los
Diputados que obliga a todas las subcomisiones que se constituyen en la
Cámara.
Con esta interpretación, la Mesa y la Junta de Portavoces expresaron, por
mayoría, este sentido de la literalidad del acuerdo adoptado en relación
con la creación de esta subcomisión de seguimiento del proceso de
privatización. En la Mesa y Junta de Portavoces, el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida expresaron en
aquel momento sus reservas en torno a esta interpretación y, por la
mayoría de los demás grupos, se acordó transmitir a la Mesa de la Cámara
el sentido de esta interpretación, sentido que pongo en conocimiento de
esta Comisión, para que así tenga la información en relación con este
extremo. En cualquier caso, la mayoría adoptada por la Mesa y Junta de
Portavoces avala que esta Comisión también dé su visto bueno a esa
interpretación, la única que pretendía el texto literal que se acordó
cuando se sometió a debate y votación esta iniciativa parlamentaria.
Sin más, esta Presidencia, mediante el escrito correspondiente,
trasladará esta interpretación a la Mesa de la Cámara para que, sin
alterar una coma ni una palabra el sentido literal de lo acordado en la
Comisión de Industria, sepa la Mesa de la Cámara que la voluntad de la
Comisión de Industria no es emitir informe para cada uno de los procesos
concretos de privatización, tal como reza el escrito, sino que, de
acuerdo con las normas generales, emitirá el correspondiente informe al
final de los trabajos que realice.
Esta es, pues, la razón por la que, en el segundo punto del orden del
día, se estableció en la Junta de portavoces dar conocimiento de ello a
SS. SS., lo que hago en este momento. (El señor Hernández Moltó pide la
palabra.)
¿Señor Hernández Moltó?
El señor HERNANDEZ MOLTO: La propia consideración de debate sobre la
interpretación da pie a que podamos expresar a la Comisión, muy
brevemente, sobre todo como grupo proponente de esta consideración, las
razones de nuestro grupo por aquella reserva.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por tres minutos para esa
intervención.
El señor HERNANDEZ MOLTO: En primer lugar, para hacer una consideración.
El hecho de la reserva de mi grupo en la reunión de la Mesa y Junta de
Portavoces de esta Comisión no es en absoluto por falta de consideración
a la propia Mesa y a la junta sino porque consideramos que una aclaración
de estas características, solicitada por la Mesa del Congreso a esta
Comisión, avala la posición que mi grupo mantuvo cuando se sustanció este
debate en el seno de la Comisión, toda vez que seguimos considerando
peculiar y, a tenor de las aclaraciones que han sido necesarias,
probablemente algo precipitado e incluso algo inconsecuente con el uso
habitual de estas comisiones, el desenlace definitivo de la propuesta
inicial de esta subcomisión. La verdad es que no deja de ser curioso que
una Comisión, que tiene un trabajo tan exhaustivo como hacer nada más y
nada menos que un seguimiento del proceso de privatizaciones, tuviera el
olvido o la voluntad política de ni siquiera emitir un informe. Ha tenido
que ser la propia Mesa del Congreso de los Diputados la que llame a
capítulo a esta Comisión por lo peculiar de la decisión. Consideramos
que, además de peculiar, esta subcomisión va a resultar ineficaz. En
cualquier caso, queremos dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de
nuestras reservas respecto al funcionamiento de esta subcomisión que,
siguiendo el proceso habitual, supongo que desembocará en un debate en
el Pleno del Congreso de los Diputados, donde manifestaremos nuestras
razones de fondo para estar en contra de los términos en que esta
subcomisión ha concluido su fase inicial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Peón
tiene la palabra.
El señor PEON TORRE: Unicamente para discrepar de la expresión del
portavoz socialista en el sentido de que hubo olvido. Coincidiendo
plenamente con la interpretación que ha hecho el señor Presidente,
entendemos que no ha existido tal olvido, sino una expresión que esta
Comisión mantiene en su literalidad y, como resulta del propio sentido de
la resolución de Presidencia, de junio de este pasado año, el informe de
la subcomisión se realiza al final del proceso y por el conjunto de él,
por tanto no para cada una de las operaciones, como ya decíamos en la
resolución que aprobó esta Comisión.
En ese sentido, queda claro que no ha existido tal olvido sino una
matización por parte de la Comisión a una peculiaridad, que va a ser
objeto de trabajo de esa subcomisión, y que es analizar operaciones muy
concretas de privatización. Precisamente para aclarar que esa
singularidad no debe dar lugar a que haya veinticinco o treinta informes
de esta subcomisión es por lo que se introdujo en la resolución de la
Comisión de Industria la expresión «sin necesidad de emitir informe» que,
como muy bien ha dicho S. S., mantenemos en su literalidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, para manifestar la posición
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió como grupo proponente de
esta iniciativa parlamentaria para la creación de la subcomisión de
seguimiento de los procesos de privatización, en el sentido literal de
las mismas palabras. El objetivo de nuestro grupo parlamentario era que
pudiera existir en el Congreso de los Diputados una subcomisión que
siguiera los procesos de privatización, subcomisión que se debió crear en
la anterior legislatura y que, por las circunstancias que ya expusimos en
el debate parlamentario que mantuvimos en la pasada Comisión de
Industria, no fue posible. Entendemos que la creación de esta subcomisión
aprobada en esta Comisión de Industria, para seguir los procesos de
privatización, colma los objetivos de conocer con detalle cuáles van a
ser dichos procesos. Entendemos también que si hubiera algún grupo
político que quisiera utilizar otros mecanismos, porque no está de
acuerdo en cómo se siguen estos procesos de privatización, existen dichos
mecanismos parlamentarios para poder llegar finalmente a las conclusiones
precisas de cada grupo parlamentario. Por lo tanto, analizaremos la
creación de dicha subcomisión cuando se debata esta cuestión en el Pleno
del Congreso de los Diputados y entendemos que no emitir informe para
cada proceso de privatización no va a ser obstáculo para que esta
subcomisión pueda realizar los trabajos y conseguir los objetivos que
nuestro grupo había planteado en su exposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Simplemente deseo dejar constancia de la posición
de mi grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En el momento en
que se propuso la creación de esta subcomisión nos sorprendió la
coletilla de la que iba acompañada, que en la literalidad del texto se
puede observar --«sin necesidad de emitir informe»-- y con el escrito de
la Mesa vemos que se corrobora la sorpresa con la que asistimos a la
presentación de este escrito. Por la observación que se está haciendo de
la literalidad del texto, nosotros siempre comprendimos, como la Mesa,
que se extendía un velo demasiado oscuro sobre el sentido en que debería
entenderse esta afirmación. Así, pues, considero un paso adelante el
hecho de que se concrete que esta subcomisión, conforme al Reglamento,
debe de emitir informe, según una de las interpretaciones posibles que
podía tener este texto.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia, por las explicaciones dadas en las
reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces, entendió perfectamente el
sentido y el alcance de la expresión «sin necesidad de emitir informe»
cuando se intercala en una frase que hace referencia a las operaciones
concretas de privatización. Señorías, ésta es una subcomisión de
seguimiento y no quisiera dar la sensación de que estamos devaluando el
contenido de la función de una subcomisión de seguimiento que
constituimos en el seno de la Comisión de Industria. Quisiera simplemente
que tuvieran conocimiento de que se trata de una subcomisión de
seguimiento. No es una subcomisión de investigación o de estudio, sino de
seguimiento y como tal, a la semblanza de la del Pacto de Toledo o de
muchas otras de seguimiento que se han constituido en el Congreso de los
Diputados, al tratarse del seguimiento de operaciones concretas que nada
tienen que ver entre sí, porque son realidades económicas empresariales
distintas, la literalidad del texto, en el intermedio de la expresión que
definía el objeto de la subcomisión, indicó que para las operaciones
concretas de privatización en las que se procedería a hacer en el
seguimiento no habría necesidad de emitir el informe. Si no hubiera sido
así, señorías, tendríamos que arbitrar un procedimiento operativo
complejo para emitir los informes correspondientes a cada una de las
privatizaciones, que ahora pueden ser pocas pero más adelante pueden
aumentar, y se nos podría plantear la dificultad material de cumplir con
este propósito. Por eso se clarificó. Pero la Comisión en ningún momento
quiso transgredir las normas generales que regulan las subcomisiones, por
lo que va a emitir el informe como todas SS. SS. han expresado. Por ello,
quisiera que todos los portavoces de los distintos grupos estuvieran
plenamente convencidos de que al constituir esta subcomisión de
seguimiento no nos autoimponemos la obligación de emitir un informe
específico para
cada una de las operaciones de las que hagamos seguimiento, aunque
tampoco se renuncia a ello, porque la expresión dice «sin necesidad de».
Es decir, que la subcomisión no se autoimpone una obligación, pero podrá
decidir lo que estime oportuno y podrá dar pie, como han dicho algunos
portavoces, a las iniciativas que crean conveniente en relación con
cualquier tema del que se haga un seguimiento. Esa es la razón por la que
se puso esa expresión. La Mesa, escuchados los portavoces, entiende muy
acertada la cautela, ya que de lo contrario desbordaríamos probablemente
las funciones lógicas y razonables de esta subcomisión. Por lo tanto, no
quisiera que quedara ningún atisbo de duda en torno a la citada
expresión, que la Mesa de la Cámara, muy razonablemente, al entrar en
colisión esta expresión con la obligación reglamentaria de emitir un
informe por parte de todas las subcomisiones, nos ha pedido que
interpretemos.
Puesta ya de manifiesto la voluntad y el sentido de esta literal
expresión que define la creación de esta subcomisión de seguimiento y
teniendo conocimiento SS. SS. de ello, pasamos al siguiente punto del
orden del día.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA ENERGIA Y RECURSOS
MINERALES (FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA), PARA INFORMAR SOBRE LOS PLANES
PARA FOMENTAR LA UTILIZACION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES COMO FORMA DE
DIVERSIFICACION ENERGETICA Y DE CONTRIBUCION A LA PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 212/000452.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día hace referencia
a la comparecencia del Secretario de Estado de la Energía y Recursos
Minerales. Rogaría al Secretario de la Mesa que indicara al Secretario de
Estado que entrara en la Comisión y, por un minuto, suspendemos la
sesión. (Pausa.)
Señorías, reemprendemos la sesión. Doy la bienvenida al Secretario de
Estado de la Energía, señor Fernández-Cuesta.
Este punto del orden del día corresponde a la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular. Si los portavoces no me indican nada en contrario,
daría la palabra en primer lugar al Secretario de Estado para que nos
hiciera una exposición sobre los planes del Ministerio que fomenten la
utilización de las energías renovables como forma de diversificación
energética y de contribución a la protección del medio ambiente, que es
el contenido por el que se ha solicitado su presencia en esta Comisión de
Industria, a continuación daría la palabra al Grupo Popular para que
hiciera su intervención y acto seguido, de menor a mayor, intervendría el
resto de los grupos parlamentarios. ¿Los portavoces tienen alguna
observación que hacer sobre la ordenación de este punto del orden del
día? (Pausa.)
Tiene la palabra, señor Secretario de Estado, para exponer su informe.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Fernández-Cuesta Luca de Tena): Lo que me gustaría destacar como primer
punto es nuestra firme voluntad de potenciar esta fuente de energía. Las
energías renovables son necesariamente una energía que deberá contar más
en el futuro del panorama energético español y ello por tres razones. La
primera de ellas por el beneficio medioambiental que producen. Es
necesario que en nuestros planteamientos internalicemos el beneficio
medioambiental de estas energías en todo lo que es nuestro planteamiento
económico del desarrollo energético español. La segunda razón es por la
configuración de un entorno tecnológico que permita el progreso de
nuestra industria. Es decir, las energías renovables se adentran, por
ejemplo en el campo de la eólica, en desarrollos tecnológicos en los
cuales nuestra industria está empezando a alcanzar posiciones punteras en
Europa. Es éste un beneficio de las energías renovables que no es en modo
alguno desechable y que tratamos de incorporar en nuestros
planteamientos. La tercera razón básica es la diversificación de nuestras
fuentes de energía, que lógicamente constituye y constituirá una
necesidad permanente en el panorama energético.
Este fomento de las energías renovables queremos desarrollarlo a partir
de tres instrumentos básicos. El primero de ellos es la Orden Ministerial
del 6 de febrero, relativa al Programa de Ahorro y Eficiencia Energética
para concesión de subvenciones para el período 1997-1999. El segundo
elemento es el desarrollo del protocolo eléctrico, firmado el pasado 11
de diciembre y el tercer elemento fundamental es la participación en los
programas comunitarios existentes, el Altener I y en el futuro el Altener
II.
Refiriéndonos al Programa de Ahorro y Eficiencia Energética, que es el
primer elemento que he citado, me gustaría señalar que en 1997 hemos
inducido, en primer lugar, un incremento del crédito presupuestario. El
crédito presupuestario finalmente disponible en el año 1996 fue de 3.170
millones de pesetas, mientras que en este ejercicio, pese a las
restricciones presupuestarias en que nos hemos encontrado, vamos a poder
disponer de una dotación presupuestaria de 3.700 millones de pesetas, con
un incremento de más de 500 millones de pesetas, incremento, por tanto,
sustancial.
En segundo lugar, el incremento de la cantidad disponible para abordar
nuevos proyectos. En la convocatoria de 1996, debido a la proliferación
de proyectos plurianuales y al compromiso de fondos no finalmente
ejecutados (es decir, no dispuestos por no ejecución de los proyectos
para los que habían sido en principio retenidos esos fondos), sólo
estuvieron disponibles para nuevos proyectos 469 millones de pesetas. En
la convocatoria de 1997 podemos disponer de 2.521 millones de pesetas
para proyectos nuevos. Eso ha sido posible, como digo, gracias a un
proceso de depuración de proyectos que no iban a ser ejecutados, pero que
disponían de fondos retenidos de ejercicios presupuestarios pasados.
Un tercer elemento fundamental es la colaboración con las comunidades
autónomas, tanto las de objetivo 1 como las de objetivo 2. Todas las
comunidades autónomas van a intervenir en el proceso de selección de los
proyectos. Las de objetivo 1 únicamente van a poder intervenir en esa
fase, puesto que el Programa de ahorro y eficiencia energética viene
soportado adicionalmente por fondos Feder, cuya condición es que el IDAE,
el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, sea el único
instrumento de gestión de estos fondos para, como digo, las regiones de
objetivo 1. Para las regiones de objetivo 2 trataremos de firmar acuerdos
con las comunidades autónomas que les permitan intervenir no sólo en la
selección de los proyectos sino en el control de la ejecución de los
mismos.
Como decía, un segundo elemento es el desarrollo del protocolo eléctrico.
Dentro del desarrollo del protocolo eléctrico se establecen dos elementos
fundamentales sobre las energías denominadas de régimen especial. El
primero de ellos es la diferenciación entre la cogeneración y las demás
energías renovables. En el actual régimen especial todas estas energías
reciben un tratamiento similar, mientras que en el protocolo eléctrico se
consagra un tratamiento diferenciado; tratamiento diferenciado que se
asienta fundamentalmente sobre dos principios: uno, toda la energía
eléctrica generada deberá beneficiarse del precio resultante del sistema
de competencia en generación de energía eléctrica, pero las energías
renovables dispondrán de una prima, sea cual sea el tamaño de la
instalación. Es decir, sin importar el tamaño de la instalación, las
energías renovables siempre contarán con una prima sobre el precio de
mercado. Esas primas que se establezcan tendrán en consideración el nivel
de tensión de la energía, la contribución a la mejora del medio ambiente
y los costes al efecto de conseguir tasas de rentabilidad razonables con
referencia al coste del dinero en el mercado de capitales. En
consecuencia, uno de los principios básicos es que esa prima sobre el
precio de mercado garantice la rentabilidad de las inversiones en energía
renovable. Al mismo tiempo, para las energías renovables --y ésta es otra
diferenciación respecto a la cogeneración-- el precio de adquisición
resultante se fijará dentro de una banda porcentual referida a la media
de tarifa para los consumidores finales sin capacidad de elección, por lo
que la energía renovable tiene un doble asidero, por así decir, dentro de
los precios energéticos: uno, el suelo, que sería el precio de
generación; dos, el techo, que sería el precio que los consumidores
pagamos por la tarifa total. Esta es otra diferencia respecto al sistema
actual en el cual no se diferencia entre la cogeneración y el sistema de
energías renovables. Creemos que éste es un elemento que permitirá en las
energías renovables aprovecharse al mismo tiempo de las posibilidades de
discriminación horaria que el nuevo sistema de competencia en generación
tolerará. Evidentemente hay algunas energías renovables como la eólica
que funcionará cuando el viento lo permita, pero hay otro tipo de
energías renovables como minihidráulicas o utilización de biomasa o de
residuos sólidos urbanos que en su funcionamiento permitirán aprovecharse
de esta capacidad de discriminación horaria más la prima. Asimismo
reitero que no hay limitación de tamaño a las instalaciones renovables en
cuanto a la disponibilidad de la prima, aspecto en el que en cogeneración
se establece un límite de 50 megavatios.
El tercer elemento fundamental de desarrollo o fomento de las energías
renovables es, como he dicho, el programa Altener. El programa Altener I
finalizó a finales de 1996 y ha permitido alcanzar objetivos importantes,
llegando en materia de energías renovables al 4 por ciento en 1991. Es
decir, dentro de la generación de energía eléctrica, el objetivo que
trataba de alcanzar el programa Altener era el 8 por ciento en el año
2005, triplicar en el mismo período la producción de electricidad
mediante energías renovables y, por último, obtener para los
biocarburantes una cota del 5 por ciento del consumo total de los
vehículos a motor. Se complementaba esta triada de objetivos con la
reducción a escala comunitaria de las emisiones de CO2 en 180 millones de
toneladas para el año 2005.
En el congreso pasado celebrado en Sitges en el mes de noviembre se ha
producido una revisión de los resultados del programa Altener I, que cabe
calificar de satisfactoria y ha dado lugar a la preparación por parte de
las autoridades comunitarias del nuevo programa Altener II, que
previsiblemente será aprobado en mayo de 1997 y cuya aplicación tendrá
una duración de cinco años a partir de 1998.
Entre las líneas fundamentales marcadas en principio por el primer
borrador del programa Altener II están los tejados fotovoltaicos, la
calefacción térmica solar para instalaciones deportivas, turísticas y
sanitarias, la arquitectura solar y la producción de biometano a partir
de residuos sólidos urbanos.
En este sentido yo creo que el programa Altener II, junto con el Plan de
ahorro y eficiencia energética, que está vigente desde el año 1991 y que
en principio se prolongará para el año 2000, y el desarrollo del
protocolo eléctrico, permitirá seguir fomentando el uso de energías
renovables y conseguir alcanzar ese objetivo del 12 por ciento en la
generación de energía eléctrica para el año 2010; 12 por ciento, que es
el objetivo que se consagra en el reciente Libro Verde Europeo sobre las
Energías Renovables.
Ese objetivo que creemos que es un objetivo alcanzable, debemos tratar de
conseguirlo a partir de la situación actual que tenemos en estos
momentos, que yo diría que es satisfactoria aunque mejorable. Es
satisfactoria porque en un esquema comparativo con otros países de la
Unión Europea, España ocupa un cuarto lugar en el uso de energías
renovables. En el caso de la energía eólica España ocupa el quinto lugar
en Europa: quinto de quince no es una mala posición, pero es mejorable en
el sentido de que por ejemplo Alemania genera nueve veces más energía
eléctrica de origen eólico que España o Dinamarca genera seis veces más
energía eólica que España. En los temas de biomasa ocupamos un cuarto
lugar, pero Francia genera 2,3 veces más energía eléctrica de biomasa que
nosotros. En cuanto a la de solar-térmica ocupamos un tercer lugar, pero
Grecia, por ejemplo, genera cuatro veces más o Alemania 1,5 veces más. En
residuos sólidos urbanos --sé que es un tema relativamente conflictivo en
cuanto a su consideración de energía renovable, pero ésa es la
denominación
que tiene en Europa y forma parte de todos los programas europeos de
energías renovables--, España está relativamente más retrasada, ocupa un
octavo lugar. Un país con tanta tradición ecológica como por ejemplo
Dinamarca, genera cuatro veces más de energía eléctrica; Holanda, cuatro
veces más; Alemania, nueve veces más. Otros países europeos como Francia,
Reino Unido o Italia producen seis, tres y 2,5 veces más energía
eléctrica a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos que
nosotros. Por lo tanto, yo creo que ésa es una posición de partida
aceptable, pero es necesario seguir haciendo esfuerzos importantes para
llegar a ese 12 por ciento que anteriormente citaba.
En un horizonte temporal más corto (ese 12 por ciento está referenciado
para el año 2010) hasta el año 2000 creo que lo que nos compete es seguir
manteniendo el objetivo del plan actual de ahorro y eficiencia
energética. Dicho plan mantiene un ahorro de 1.165.000 toneladas
equivalentes de petróleo al año en el 2000. Ese sería el objetivo del
ahorro. Ahora mismo, en el sexto año de vigencia del plan, hemos
alcanzado un 43 por ciento del objetivo. Es decir, si pudiéramos repartir
uniformemente esa consecución del objetivo a lo largo de los 10 años del
plan, tendríamos un cierto retraso. Es decir, tenemos unos 17 puntos
respecto a ese reparto absolutamente lineal. Yo creo que de aquí al año
2000 corregir ese retraso y alcanzar el 100 por cien del objetivo del
plan de ahorro y eficiencia energética es uno de los hitos que nos
podemos marcar.
Sin ánimo de extenderme mucho más me gustaría repasar brevemente cuál es
la situación que tenemos en los distintos tipos de energía renovable.
En primer lugar, en el caso de la minihidráulica yo creo que las
posibilidades de desarrollo de este sector en España son todavía
considerables, dada la abundancia de recursos potencialmente explotables.
En cuanto a concesiones otorgadas y concesiones solicitadas, aunque esos
datos son competencia de las distintas comunidades autónomas, nos
permiten configurar un panorama optimista en este sentido, puesto que
tanto las concesiones otorgadas y todavía no construidas como las
concesiones solicitadas permiten suponer que este tipo de energía podría
duplicarse o más que duplicarse en los próximos años.
La biomasa y los residuos yo creo que es uno de los temas más
interesantes. En la utilización de biomasa nos hemos centrado
fundamentalmente hasta el momento en la generación de energía eléctrica a
partir de residuos agrícolas y forestales. Yo pienso que hay una segunda
aplicación de la biomasa que es de gran interés: su utilización para la
fabricación de biocombustibles.
En esta línea hay dos tipos de proyectos fundamentales que están
empezando a trabajarse en España y que queremos impulsar desde el
ministerio. Uno de ellos es la utilización del etanol como compuesto en
las gasolinas. El etanol pasaría a sustituir, mediante un proceso
químico, al metilterbutileter, que es uno de los componentes de las
gasolinas. Se trataría de sustituir el metilterbutileter por el
etilterbutileter a partir de etanol. Eso no plantea problema especial en
cuanto a la composición de las gasolinas y lo único que se requiere son
determinadas inversiones no demasiado onerosas en las instalaciones de
refino. Eso permitiría tener una salida para residuos agrícolas y la
utilización de cultivos energéticos de tierras que tienen que ser
situadas en barbecho, de acuerdo con la normativa de la política agrícola
común, y permitirían, como digo, una posibilidad de utilización tanto de
estas tierras como de la producción de las mismas.
Una segunda línea es la fabricación en España de biodiesel,
fundamentalmente mediante aceite de girasol. Existen desarrollos en
Europa, a partir del aceite de colza, pero se están haciendo los trabajos
de investigación y desarrollo oportunos, y creemos que se podría
conseguir una mezcla con aceite de girasol. Habría que transformarlo por
un proceso químico en un estermetílico de girasol y a partir de ahí
mezclarlo con el gasóleo. Es un producto que se podría mezclar
simplemente con el gasoil en dosis que podrían ir hasta el 70-30, es
decir, 70 por ciento de gasóleo normal y 30 por ciento de este producto,
y que tiene una serie de ventajas. De un lado, como digo, las mismas de
aprovechamiento de tierras que es necesario dejar en barbecho y, por
otro, la utilización de un componente que no altera las características
del gasóleo, fundamentalmente, siempre que se mezcle en proporciones de
hasta el 30 por ciento. Además, es un compuesto que, como es lógico, no
tiene azufre ni otro tipo de metales que vienen incluidos normalmente en
el crudo de petróleo. Al mismo tiempo habría que seguir insistiendo en la
utilización, como digo, de la biomasa en el área de la generación de
energía eléctrica.
Yo creo que ésta es una de las líneas más importantes que formaba parte
del proyecto Altener I, ese 5 por ciento en el consumo de productos
petrolíferos, que nosotros no hemos alcanzado y que es una de las áreas
del plan donde nos encontramos con un mayor retraso. Creemos que merece
la pena impulsarla, de manera que puede organizarse todo un ciclo
productivo a partir de tierras que es necesario abandonar, como digo, en
el marco de la política agraria común.
Hay otro tipo de utilizaciones de los residuos sólidos urbanos, que yo
creo que ya son más o menos conocidos por todas sus señorías. Me gustaría
centrarme también en el desarrollo de la energía eólica, que yo creo que
es la que tiene, junto a esa utilización de la biomasa en cultivos
energéticos, la mayor posibilidad de desarrollo en nuestro país.
Hay zonas ya conocidas de alto potencial eólico como Canarias, Aragón,
Andalucía o Galicia y debemos añadir otras de más reciente reconocimiento
como Cataluña, Navarra y el norte de Castilla y León. Yo creo que podemos
ser francamente optimistas respecto a esta energía y su utilización
ampliamente repartida por toda España.
La tendencia actual en los parques eólicos es utilizar máquinas con
potencias comprendidas entre 500 y 1.500 kilovatios. Sin embargo, aunque
ésa es la tendencia, la realidad es que ahora las máquinas mayores que se
están utilizando están entre 500 y 600 kilovatios; es decir, estamos en
el umbral inferior de lo que es la tendencia de utilización de este tipo
de máquinas, de estos aerogeneradores.
Adicionalmente, la situación de la industria de fabricación de
aerogeneradores en España es muy favorable, existiendo
cuatro fabricantes con tecnología propia que ya han comenzado a exportar
equipos y componentes a la Unión Europea. La energía eólica es uno de los
ámbitos donde es posible la creación de un tejido industrial
complementario al ya existente a partir del fomento de las energías
renovables. De las tres razones, en la segunda de las que enunciaba al
principio de mi intervención es donde se demuestra más claramente su
vigencia.
Tenemos más problemas con la energía solar, tanto en la térmica como en
la fotovoltaica, pero no son problemas derivados de falta de impulso, ni
siquiera en el pasado, en este tipo de energía, sino que es un problema
de desarrollo tecnológico. Los costes tanto de la energía solar térmica
como la energía solar fotovoltaica son muy superiores a los precios de
mercado, y las subvenciones, que son necesarias, hacen que no sea
rentable el fomento de este tipo de energía. Adicionalmente el desarrollo
tecnológico todavía no ha logrado los niveles de efectividad que se
podrían alcanzar o que se han alcanzado, por el contrario, como decía, en
el campo de la energía eólica.
Yo creo que la situación en la energía solar térmica es bastante similar
y tiene una utilización marginal en poblaciones aisladas, caseríos
aislados o centros relativamente aislados para la utilización de agua
caliente. La generación de agua caliente a partir de energía solar
térmica, sustituyendo agua caliente por electricidad es el único ámbito
en el que la energía solar térmica tiene una cierta rentabilidad.
En resumen, yo diría que para el desarrollo futuro de las energías
renovables en nuestro país hay un campo fundamental que es la energía
eólica donde tenemos más potencial, tanto climático como industrial. Hay
una segunda oportunidad en los denominados cultivos energéticos que
pueden ser bastante prometedores. Además, enlaza con las
especificaciones, cada vez más restrictivas por motivos medioambientales,
de los productos petrolíferos en el marco de la Unión Europea.
Por otro lado, habrá que seguir trabajando en el desarrollo de esas
líneas complementarias, fundamentalmente de la energía solar y
aprovechamientos de biomasa, para la generación de energía eléctrica. Yo
creo que ésos serán los ejes fundamentales del desarrollo de las energías
renovables.
Antes de terminar, simplemente deseo reiterar que creemos que los
instrumentos con que contamos (el esquema de primas que se está diseñando
en el desarrollo del Protocolo Eléctrico, el programa de ahorro y
eficiencia energética más el programa Altener) son los tres elementos que
van a permitir alcanzar los objetivos que tenemos fijados. Lógicamente,
en el año 2000 deberemos plantearnos un nuevo programa de ahorro y
eficiencia energética que ocupe la década 2000-2010 y que enlace con el
objetivo europeo de alcanzar ese 12 por ciento en generación de energía
eléctrica para el año 2010.
Como decía en mi intervención, para un plazo más corto de tiempo, en el
horizonte del 2000, creemos que sería posible el cumplimiento de los
objetivos básicos que tenemos marcados en esta área y la recuperación de
ese retraso, no demasiado importante, que tenemos en el plan de ahorro y
eficiencia energética.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Por el grupo proponente de la comparecencia, el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra don Antonio Luis Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Buenos días, señor Presidente, señor Secretario
de Estado, señorías. Yo creo que es difícil, en poco tiempo --si bien es
verdad que con el preceptivo lenguaje técnico que en estos asuntos se
utiliza--, tener una exposición tan documentada, tan amplia y tan precisa
como la que ha hecho el Secretario de Estado --cosa que le agradecemos--,
que hace, digamos, inútiles unas preguntas de tipo aclaratorio que
teníamos previstas, pero que sí permite extraer, lógicamente, una serie
de conclusiones importantes.
En contra de lo que se dice a veces, la actuación del Partido Popular
trata siempre de respetar aquello que en el pasado se ha hecho de forma
precisa, inteligente y correcta, y creo que la planificación en energía
renovable incluida en el Plan Energético Nacional 1991-2000, y
concretamente en lo que hace referencia al tratamiento de las renovables
en el plan de ahorro y eficiencia energética, estaba bien diseñada. La
prueba es que el Secretario de Estado reconoce que se mantienen los
objetivos energéticos de dicho plan. También se ha puesto de manifiesto
que en la gestión de ese plan energético ha habido un retraso en el
cumplimiento de los objetivos, que ha supuesto haber alcanzado solamente
el 43 por ciento de los mismos. Eso quiere decir que al Partido Popular
no le duelen prendas en reconocer lo que está bien hecho, y creo que es
correcto, pero que también pone énfasis en aquellas cosas que hay que
mejorar, cuando así proceda.
De esta intervención, que creo ha sido muy clara y acertada, también se
deduce que las energías renovables, en España, han alcanzado su madurez
tecnológica, cosa que tiene enorme importancia en áreas donde existen los
mismos problemas, desde el punto de vista de la proyección que ello puede
tener para la industria exportadora española. La experiencia de regiones
españolas con este déficit energético, que han resuelto problemas muy
importantes a base de renovables, puede hacer que lo que en su momento
era un problema, se convierta en una potencialidad de la industria
española. Queda claro también que la peculiaridad del mercado energético
español hace necesario que se sigan apoyando las energías renovables,
tanto por lo que suponen de respeto al medio ambiente como por los
objetivos de ahorro que están planteados. Y también queda claro que en
España, en la actualidad, las energías renovables tienen un marco legal
para desarrollarse que creo es muy favorable. Nos tranquiliza el hecho de
que se contemple seguir potenciando estas energías dentro del nuevo
protocolo eléctrico, aunque será necesario hacer adaptaciones y
modificaciones, que creo que son bastante lógicas, puesto que con la
cogeneración, como dijo el Secretario de Estado acertadamente, se trata
de conseguir el aprovechamiento residual de energías de otra naturaleza,
procedentes, probablemente, de combustibles fósiles. Es decir, que
necesitan un tratamiento diferenciado de
lo que es una energía primaria procedente de energías renovables.
Hay un aspecto que late en el fondo de la intervención --digamos
queaparece de forma tácita pero no explícita--, y es que debe decirse en
el marco del Congreso de los Diputados, por la importancia que tiene en
sí y porque esta Cámara también es altavoz de proposiciones claras y
serias para conocimiento de la ciudadanía, que las energías renovables
son un apoyo, son un complemento básico y son necesarias para aumentar la
eficiencia energética, fomentar el ahorro y mejorar el medio ambiente,
pero no son la solución, es decir, no tienen un efecto sustitutivo, que
es algo que, erróneamente, muchas veces se les da a entender a los
ciudadanos. Las energías renovables, en comparación con la demanda
energética, son una simple anécdota y para comprobarlo no hay más que
hacer un pequeño análisis de una publicación del IDAE, de septiembre de
1995, que hacía referencia a datos cerrados a 31 de diciembre de 1994. Si
se analizan con otra óptica los objetivos de cara al año 2000, en
toneladas equivalentes de petróleo por año, resulta que la energía solar
fotovoltaica, la eólica, la solar térmica y la geotérmica, que son las
renovables de nuevo cuño, por decirlo así, solamente suponen el 9,73 por
ciento de la energía global de procedencia renovable que se va a obtener;
sin embargo, el 90,27 por ciento procede de la energía obtenida de los
residuos sólidos urbanos, controvertida energía, que en determinado
momento necesitará que se planteen las posiciones claras. Aprovecho para
decir que en los objetivos de ese año los residuos sólidos urbanos
suponían ni más ni menos que el 32 por ciento de la energía de origen
renovable que se iba a producir, y eso ha sido previsto por gobiernos
anteriores. Por tanto, ese objetivo, asumido, tendrá que mantenerse y
habrá que ver claramente las posiciones políticas de unos y otros
respecto de estos temas. El tema de la biomasa es muy importante, aunque
pocodesarrollado --suponía el 38,82 por ciento--, y el resto de la
minihidráulica --que en el fondo es, simplemente, una tecnología
conocida, pero usada inteligentemente en centrales de pequeño salto y en
centrales de agua fluyente, con impacto nulo o mínimo sobre el medio
ambiente--, como perfectamente ha manifestado el Secretario de Estado, es
un área donde hay que seguir profundizando.
Creo que queda claro que el apoyo a las energías renovables no nos releva
de la obligación de mejorar continuamente la eficiencia energética de las
tecnologías y de los sistemas convencionales que usan combustibles
fósiles, pero lo que es más importante, también en el campo de la
investigación de nuevas fuentes de energía. Sin embargo, queda claro que
la acción del Gobierno es decidida en el campo de las renovables y que le
da la importancia que tiene y precisa.
Creo sinceramente que la exposición ha sido suficientemente clara y
detallada, y no me quiero extender más. No sé si tendré oportunidad de
referirme a ello en una nueva intervención, pero dejo en el aire cuatro
preguntas, cuya contestación complementaría la exposición del Secretario
de Estado. Manifestó, muy clara y acertadamente, que hay países como
Alemania que, paradójicamente, tienen un grado de implantación de la
energía solar térmica mayor que España y habló de los problemas
tecnológicos que la aplicación de tal energía supone. Yo creo que, siendo
eso así, no lo es menos que hubo un desarrollo inicial tecnológicamente
equivocado de la energía solar térmica, buscándola como alternativa
--incluso hubo centrales de producción de vapor a alta temperatura para
usar convencionalmente en una turbina--, y se hizo una aplicación
tecnológica desenfocada de lo que esa energía térmica solar supone,
puesto que, probablemente, esta energía no tiene valor en sí misma sino
apoyando o acompañando a otros sistemas energéticos que permitan una
mayor eficacia, sobre todo para el calentamiento de agua a baja
temperatura y como paso previo en sistemas más complejos. Hay casos, por
ejemplo, el de la comunidad autónoma andaluza y el de la comunidad
autónoma canaria, donde hay un gran desarrollo porque existen unas
ayudas, creo que inteligentemente colocadas, que aúnan el esfuerzo de la
iniciativa privada con la iniciativa pública. Nuestra pregunta es si
existe alguna idea respecto de fomentar instrumentos de promoción de la
energía renovable térmica solar previstos por el Ministerio de Industria
y Energía, en esta dirección.
En segundo lugar, respecto al protocolo eléctrico creo que no es
necesaria una mayor aceleración, porque ya nos ha explicado que se está
desarrollando en este momento, pero sí queda claro que el precio que se
está dispuesto a pagar por kilovatio eléctrico de origen renovable es
básico para favorecer la penetración de este tipo de energías en el
sistema eléctrico y, como dijo el Secretario de Estado, tiene que ser vía
tarifa y reconociendo unas externalidades y un ahorro de los costos que
esas energías realmente producen en este momento: creación alternativa de
puestos de trabajo, ahorro de petróleo, divisas, etcétera. No sé si
profundizar algo más en esa dirección.
En tercer lugar, creo que también queda claro que el fomento de las
energías renovables exige un marco normativo estable, y la razón es
obvia. Las energías renovables exigen una inversión inicial muy fuerte,
pero tienen como contrapartida unos costes de explotación bastante más
bajos que los de los sistemas convencionales. En este momento, las
energías renovables están amparadas por diversos decretos y están
contenidas en el plan de ahorro y eficacia energética del PEN, pero
¿contempla el ministerio la posibilidad de un plan específico para
contemplar estas energías renovables?
Finalmente, habida cuenta de la importancia que muy acertadamente el
Secretario de Estado ha concedido a la energía minihidráulica, que en
nuestro país todavía tiene un potencial importante, al parecer, se
producen dificultades notorias en la tramitación de los expedientes de
concesión de autorizaciones para establecimiento de centrales
minihidráulicas. ¿Contempla el Ministerio alguna posibilidad de mejora de
este trámite de centrales?
Después de la exposición del Secretario de Estado, creo sinceramente que
poco más hay que añadir a lo comentado. Le agradecemos nuevamente su
intervención y quedamos a la espera de su contestación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para
contestar a todas las preguntas que, como grupo proponente de la
comparecencia, ha formulado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Fernández-Cuesta Luca de Tena): Quisiera agradecer al señor Medina su
intervención. Es importante reiterar que las energía renovables son un
apoyo y complemento básico, y ese carácter básico se le confiere en la
medida que son apoyo y que son complemento, que cada vez lo son más.
Ahora bien, lo que todos sabemos que sí es cierto es que el grueso de la
energía eléctrica generada o el grueso de la energía que vamos a consumir
en este país va a seguir siendo basado, en los próximos años,
fundamentalmente en los combustibles fósiles. No obstante, hay una serie
de desarrollos tecnológicos que habrá que seguir impulsando, y en ese
sentido estamos. El pasado Consejo de Ministros aprobó un decreto de
reorganización del Ciemat (Centro de Investigación Energético
Medioambiental y Tecnológico) que, por ejemplo, está desarrollando
trabajos en el ámbito de la fusión nuclear por confinamiento magnético,
que son punteros en el mundo. En las instalaciones de la Ciudad
Universitaria hay determinados proyectos que solamente en Estados Unidos
o Japón se están llevando a cabo en paralelo. Por lo tanto, quiero
reiterar mi absoluto acuerdo con este concepto de apoyo y complemento,
básico, pero apoyo y complemento.
Dentro de las preguntas concretas que ha formulado, estamos estudiando el
complementar la energía solar térmica con otras aplicaciones de la
energía solar, pero nos falta desarrollo tecnológico, porque una de las
líneas en las cuales creemos que hay más posibilidades es la energía
solar fotovoltaica conectada a red en instalaciones pequeñas de
edificios, que además puedan utilizar apoyo de la térmica para el agua
caliente. Yo creo que la energía solar es también un apoyo,
fundamentalmente dentro de instalaciones deportivas, sanitarias o
turísticas, al consumo de otras energías.
Si se trata de basar los requerimientos energéticos de un edificio
concreto el cien por ciento en la energía solar, lo más probable es que
nos encontremos en una situación de difícil salida, o al menos pagando la
energía carísima. Pero la energía solar térmica de apoyo y la energía
solar fotovoltaica conectada a red, también de apoyo, yo creo que son
unas líneas que merecen seguir siendo analizadas.
Evidentemente, es básico que el precio del kilovatio-hora de origen
renovable sea superior al precio del kilovatio-hora de origen normal; es
decir, como señalaba en mi intervención, es imprescindible internalizar
los beneficios medioambientales que este tipo de energías produce.
En este sentido, sí me gustaría fijar un poco más la posición del
Ministerio, sobre todo en relación con algunas iniciativas que estamos
viendo en Europa; es decir, a la hora de estudiar todo este problema
medioambiental, podemos tratar de internalizar beneficios o internalizar
costes, que creo que son los dos enfoques alternativos, o bien tratar de
internalizarlo todo, costes y beneficios.
Nuestra opinión es que España, por necesidades de su competitividad y
necesidades de la competitividad de su industria, no debe proceder a
internalizar costes; es decir, España tradicionalmente se ha opuesto a la
ecotasa en Europa, en la medida que la ecotasa va a suponer un
encarecimiento de todos los inputs energéticos que se consumen en el
país. La reciente iniciativa europea de transformar la ecotasa en un
impuesto especial generalizado sobre todos los inputs energéticos,
incluidos gases o la energía eléctrica como tal, creemos que es un nuevo
acercamiento o un nuevo enfoque de introducir la ecotasa. Por tanto, me
gustaría de forma sucinta fijar que la posición nuestra es internalizar
beneficios medioambientales, sí, siempre; pero internalizar costes
medioambientales creemos que no estamos en condiciones, como país, de
permitírnoslo en este momento.
Yo creo que uno de los debates norte-sur que se plantea en Europa es
precisamente el intento de los países del norte de que todos los países
internalicemos unos costes medioambientales que son mucho más altos en su
caso en la medida en que sus niveles de emisiones son tremendamente más
altos.
Creo que ésta es una línea que no cambia lo que se ha venido haciendo y
que creemos que hay que mantener: internalizar beneficios
medioambientales, sí. Por consiguiente, aceptar un precio del
kilovatio-hora de origen renovable más alto que el precio del
kilovatio-hora normal, sí. Creo que es una solución que hay que dar y que
es imprescindible que se dé para ese apoyo y complemento básico. Pero ir
más allá, creemos que no.
En cuanto a la normativa estable, simplemente quiero señalar que hay un
decreto de 1994, cuya vigencia en cuanto a los rendimientos económicos de
la energía eléctrica de régimen especial tiene cinco años de duración,
hasta el año 1999, y que lo que nosotros hemos consagrado es el
mantenimiento de ese decreto. De la misma manera que el protocolo señala
que hay que garantizar unos rendimientos de acuerdo con el coste del
dinero, creemos que esos rendimientos hay que garantizarlos también en el
tiempo, y que este tipo de inversiones necesitan un marco suficiente como
para rentabilizarle y por lo tanto necesitan una estabilidad en su marco
jurídico, pero que esa estabilidad se la vamos a mantener, puesto que,
aunque no lo he citado, el protocolo consagra la validez del decreto del
año 1994 hasta el año 1999, es decir, mientras el régimen económico del
decreto se mantiene.
En cuanto a las dificultades de las minihidráulicas, es un tema bastante
complicado. Todo lo que requiere concesión administrativa en este país,
como es el caso de las minihidráulicas y, además, tiene una incidencia
medioambiental, son temas que cada vez se complica más su tramitación. Es
cierto también que tramitaciones largas suponen que todos los intereses
que puedan estar en juegos en ese tipo de implantaciones son defendidos y
son oídos, pero la verdad es que estamos en períodos de cinco y seis años
desde que se inician los trámites hasta que una minihidráulica está en
funcionamiento. Ahora bien, parece que no es posible acelerar estos
trámites que, en cualquier caso, fundamentalmente competen a
las comunidades autónomas y a las confederaciones hidrográficas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Aprovecharemos la ocasión para plantearle al
señor Secretario de Estado de la Energía algunas preocupaciones en
relación con el tema que es objeto de esta comparecencia.
El señor Secretario de Estado hizo alusión a que había una intención en
todos los Estados de la Unión Europea, y, específicamente, en el Estado
español, de reducir el consumo de productos petrolíferos, y llama la
atención que, frente a este intento de reducción del uso de productos
petrolíferos, se esté haciendo una apuesta estratégica muy clara por la
importación de gas del norte de Africa, que figura como un lugar
realmente privilegiado, incluso en todos los planes energéticos para el
Estado español, condicionando el protocolo eléctrico.
Está claro que el gas no es una energía renovable, y habría que
preguntarse todas las causas políticas de importancia casi internacional
que llevan al Estado español y, en concreto, a la Unión Europea a una
opción tan problemática, a no ser que se quiera mantener un estado de
control policial sobre el norte de Africa y sobre otras zonas del
planeta.
En segundo lugar, como parece que el protocolo eléctrico, bajo la palabra
competitividad o competencia en el sector, va a desregular gravísimamente
la producción y va a ser difícil planificar lo que son las fuentes de
energía de una manera racional, en la medida en que el control de la
distribución y la comercialización se va a convertir en la pieza clave de
las grandes empresas, pensamos que esto va a ser muy problemático para
que las fuentes de energía de carácter alternativo se potencien
debidamente con todo el interés. De hecho, en el año 2012 se tiene como
objetivo el 12 por ciento de la producción energética a partir de estas
fuentes, por lo que vamos por el camino no sólo de que no sean
sustitutivas, sino que ocupen un papel residual, cosa que queda bastante
clara también en el protocolo eléctrico.
Una vez hechas estas observaciones de carácter general, en el marco de la
potenciación de una economía privatizada, me gustaría plantear al señor
Secretario de Estado algunas objeciones o algunos problemas que nos
parecen importantes en el caso del Estado español. Es curioso que la
opción por las minicentrales ahora contraste poderosamente con lo que se
consideró gran avance tecnológico y del progreso cuando se hicieron
inviables los cursos de agua con grandes centrales hidroeléctricas en
diversas partes del Estado español, por ejemplo en Galicia.
Quería preguntarle si no cree que, en el caso de territorios del Estado
muy presionados en todas sus cuencas hidrográficas por grandes centrales
hidroeléctricas, las concesiones que se hagan para minicentrales no van a
agravar poderosamente el marco medioambiental, el marco ecológico. En
segundo lugar, si las concesiones que se hacen son mayoritariamente
privadas y no públicas, si no piensa que eso también va a ser una fuente
de manipulación grave por parte de las grandes distribuidoras y
comercializadoras de energía eléctrica, que curiosamente fueron las
principales responsables de que desaparecieran las minicentrales antes de
los años 60.
Por otro lado, nos preocupa escuchar de labios del señor Secretario de
Estado que considere viable la energía derivada de biomasa en función de
paliar una política agraria común que va a llevar a tierra de barbecho,
tierra yerma, una gran parte del Estado español, sin discutir además si
esa política es correcta o no, si esa política de abandono de la
agricultura responde a una necesidad colectiva y ecológica o si realmente
va a ser más bien designio de intereses de una economía agraria que está
trazada desde una perspectiva de cuotas de producción que se reparten de
manera discriminatoria y, sobre todo, sin tener en cuenta la necesidad de
que todas las sociedades y todos los países cuenten con una base agraria
autóctona y necesaria para mantener el equilibrio ecológico e incluso la
autosuficiencia alimentaria en cierto modo.
En tercer lugar, en cuanto a la cuestión de los residuos sólidos urbanos,
si no piensa que se puede argumentar la necesidad de sacar energía de
estos residuos sólidos urbanos para justificar las grandes centrales de
incineración, algunas de las cuales pensamos que son gravemente
peligrosas para la salud pública y conllevan desechar el reciclado e
incluso un tratamiento de los residuos menos mastodóntico, pero
indudablemente más ecológico, a través de plantas con las tres erres.
Por último, en cuanto a la energía eólica, tema en el que sin duda los
programas van muy adelantados en los territorios del Estado español a los
que aludió, y concretamente en Galicia, querría saber si la producción de
energía eólica no va a servir realmente para que, creando un gran impacto
ambiental, hoy evidente ya en ciertas zonas de la costa de Galicia, el
país tenga ventajas comparativas a la hora de industrializarse. Me
gustaría preguntar dónde están ubicados esos cuatro grandes fabricantes
con tecnología propia del Estado español y si esas ventajas industriales
repercuten en las zonas que están siendo las pioneras para la producción
de esta energía.
Por fin, si podía concretar, en el caso de la biomasa, cuántos centros de
explotación para producción de energía eléctrica y de biomasa hay en
Galicia, cuáles son públicos y cuáles privados; en el caso de las
minicentrales, cuántas son, cuantitativamente por lo menos, y, en el caso
de la eólica, si hay tecnología e industria en Galicia que se beneficien
de la potenciación de esta producción eléctrica a partir del viento.
En definitiva, nuestra preocupación está en si, con pretextos ecológicos,
no se van a justificar otro tipo de actuaciones que van a seguir
manteniendo la planificación de la energía eléctrica en el Estado español
básicamente invariable, tanto desde el punto de vista de las fuentes de
energía que se utilizan, no renovables, como desde el punto de vista de
los grandes poderes que controlan la comercialización y la distribución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, agradezco la comparecencia
del Secretario de Estado para la Energía en la Comisión de Industria,
manifestando a continuación que nuestro grupo ya calificaba de positivo
el tratamiento de las energías renovables que dispensaba el Gobierno en
la elaboración del futuro desarrollo del protocolo en la comparecencia
que ya mantuvo el pasado mes de diciembre el Ministro de Industria y
Energía, señor Piqué, ya que nosotros considerábamos que era muy
respetuoso con la autoproducción de la energía eléctrica y no suponía
ningún cambio de actitud con respecto a la situación anterior. Por estos
motivos, nuestro grupo parlamentario entiende que hay que seguir en este
camino de potenciar, incrementar e impulsar la utilización de las
energías renovables, en el sentido básicamente de lo manifestado por el
Secretario de Estado para la Energía, ya que entendemos que el impulso de
la utilización de energías renovables representa, en definitiva, una
mayor contribución, por una parte, a la mejora del medio ambiente;
también supone un ahorro de las energías primarias; mejora eficientemente
el uso de las energías; contribuye a la distribución de las rentas, ya
que implica unas inversiones interesantes en zonas deprimidas, y crea,
desde nuestra perspectiva, un incremento de puestos de trabajo, tanto
directos como indirectos, en proporción de cinco a uno en comparación con
las centrales eléctricas convencionales. Asimismo, la utilización de
energías renovables es apoyada por convenios internacionales, como la
Conferencia de Madrid y la Conferencia de Río, y sigue las directrices
europeas en cuanto al impulso de políticas energéticas y va orientada en
esta misma dirección.
Por todas estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario, en base a
la intervención del Secretario de Estado de la Energía, va a seguir de
cerca los trabajos de comisiones que se han formalizado para el
desarrollo del protocolo para que nuestro país pueda alcanzar las cotas
deseadas de utilización energética, en lo que el Secretario de Estado ya
ha dicho en su intervención que hemos dado pasos cualitativos
importantes, pero nos queda mucho camino por recorrer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias por su comparecencia, señor Secretario
de Estado de la Energía y Recursos Minerales.
Por nuestra parte, he de decirle que, al principio de su intervención,
teníamos la sensación de que desde el Gobierno, dentro del marco aprobado
tanto del plan de ahorro y eficiencia energética como del Plan Energético
Nacional, se pretendía dar un impulso a las energías renovables y a la
utilización de energías renovables como una fuente de generación
eléctrica. La verdad es que, después de las aclaraciones que le ha hecho
usted al portavoz del Partido Popular, nos quedan bastantes dudas.
Considerar que, aunque sea un apoyo básico a la generación de energía
sustitutiva --no a corto, sino a medio y largo plazo-- de la energía que
en estos momentos se considera la normal, es fundamental para que se
puedan impulsar y desarrollar los planes de energías renovables.
Además, nosotros no consideramos que la generación de energía eléctrica,
a través de la incineración de los residuos sólidos urbanos, pueda ser
una energía renovable porque, en principio, las energías renovables lo
que pretenden es ser respetuosas con el medio ambiente, y, la verdad,
señorías, es que la incineración de residuos sólidos urbanos es muy poco
respetuosa con el medio ambiente y pone en serio peligro la salud
pública.
Nosotros, por tanto, creemos que habría que empezar a hablar de cuál va a
ser no solamente el impulso que ustedes piensan darle --nos ha comentado
las subvenciones que piensan desarrollar--, sino qué medidas van a
adoptar ustedes para recuperar el retraso que hay en estos momentos con
respecto a los objetivos del plan de ahorro y eficiencia energética. Nos
gustaría que nos lo explicara.
Tenemos bastantes dudas de que, a partir de la firma del protocolo, las
energías renovables vayan a tener ese impulso, a pesar de las buenas
intenciones que nos ha comentado esta mañana. Porque, basándonos en que
lo que pretende el protocolo es introducir, entre comillas, «la
competencia», hoy todos somos conscientes de que las energías renovables
necesitan un gran apoyo para poderse implantar por la necesidad de
investigación que, aunque usted no renuncia a ella, la deja en un plano
muy secundario en cuanto a la energía solar, ya sea la térmica y la
fotovoltaica.
Por tanto, nos ha introducido usted bastantes más dudas de las que en
principio teníamos sobre este tema. El protocolo en sí deja bastante de
lado las energías renovables, y nos parece que, al final, el Gobierno va
a darle una relativa importancia a este tema, cosa que no compartimos
porque es verdad que, a corto plazo, no es posible que se pueda sustituir
la generación eléctrica convencional en estos momentos por energías
alternativas, pero sí estamos convencidos de que, a través del ahorro, la
eficiencia y las energías renovables, se puede sustituir una gran parte
de lo que en estos momentos es la generación convencional de energía
eléctrica.
Por lo que se refiere a las centrales minihidráulicas, el portavoz del
Grupo Mixto le ha planteado los problemas que pueden tener con respecto a
su puesta en funcionamiento y quiénes van a ser los detentadores de este
tipo de producción, porque todos sabemos que, al final, y el protocolo
así lo establecía, la generación por energía hidráulica va a ser la que
en estos momentos va a apuntar más alto y sobre la que se va a hacer
mayor inversión, porque va a ser la que, al final, va a generar mayores
beneficios a los empresarios que, en definitiva, es lo que pretende el
sector.
Además, hay otra cosa que a nosotros nos preocupa, que es el tema de los
cultivos energéticos y la biomasa. Habría que analizar profundamente, y
yo en estos momentos no dispongo de datos, qué impacto ambiental va a
tener ese tipo de generación eléctrica, precisamente por lo que conlleva
de abandono de las tierras y lo que eso conlleva también para perjudicar
al medio ambiente y el entorno natural de las zonas donde se pueda hacer
este tipo de utilización. Nos gustaría que esto nos lo aclarara también.
Por nuestra parte, no quiero decirle nada más. Le reitero el
agradecimiento por su comparecencia y que nos seguimos quedando muy
preocupados por el futuro de las energías renovables. Ya lo estábamos por
el protocolo, ya lo estábamos por actuaciones anteriores, que
considerábamos insuficientes, aunque en un camino más o menos bueno. Por
tanto, a este grupo parlamentario le deja usted con muchas incógnitas y
dudas sobre el futuro de este tipo de energías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias señor Secretario de la Energía y
Recursos Minerales por su presencia en esta Comisión.
Al Grupo Socialista nos congratula y nos tranquiliza que ustedes lleven
una política continuista en materia de energías renovables. Digo que nos
tranquiliza porque recuerdo unas declaraciones suyas en octubre a un
diario nacional en las que decía que no era partidario de los planes,
sino que debía ser el mercado el que dictaminara las líneas generales de
la política energética y el plan de ahorro y eficiencia energética, que
es una de las patas en las que usted ha dicho que se apoya esta
diversificación. Y este apoyo a las energías renovables está inscrito en
el marco, como usted sabe perfectamente, del Plan Energético Nacional
que, como decía aquel diario, usted iba a desmantelar. No ha sido así en
este aspecto, por eso le digo que nos congratulamos y le felicitamos,
igual que hacía el señor Medina antes respecto a lo que entendía que eran
planteamientos correctos de la Administración anterior.
Dicho esto, quiero, si me lo permite, hacerle algún reproche, porque creo
que hay puntos de actuación de su departamento que no van en línea con lo
que usted nos plantea en cuanto a eficiencia energética y protección del
medio ambiente. Una de ellas es la eliminación de los más de 7.000
millones que usted sabe que antes se consignaban en la tarifa eléctrica
para la investigación y el desarrollo y que, en último término, tenían
incidencia en la eficiencia energética y también en cuanto a las energías
renovables.
Usted me dirá seguramente que entiende que es función y corresponde a las
propias compañías hacer esa investigación. Pero yo entiendo que el
esfuerzo va a ser menor, y lo baso en datos empíricos recogidos de la
experiencia británica por alguien tan poco sospechoso de proteccionista,
de planificador, como es Gaspar Ariño, que recoge que la reducción en el
esfuerzo en materia de investigación y desarrollo, al año siguiente a la
liberalización del sistema eléctrico en Gran Bretaña, fue del orden del
50 por ciento. Entiendo que esto es lo que va a ocurrir aquí en un marco
pretendidamente competitivo, como es el del protocolo eléctrico, en el
que va a primar fundamentalmente el corto plazo, con reducción de costes,
probablemente en cuanto a racionalización de plantillas de manera
fundamental, mientras que se dejará lo que son las inversiones a largo
plazo, como siempre son las inversiones para investigación y desarrollo.
Hay alguna otra actuación que nos parece que también va en contra de la
eficiencia energética en el plano ambiental, no sólo en el plano
económico, que no es objeto de esta comparecencia suya, pero sí desde el
punto de vista de la eficiencia ambiental. Me refiero a la resolución del
27 de diciembre en la que es establecen las directrices generales
energéticas en cuanto a la programación de la explotación unificada del
sistema eléctrico, con una serie de restricciones en política energética,
que usted conoce perfectamente en cuanto a la generación con cargo
nacional, que a nosotros nos parece absolutamente razonable. Nunca el
Gobierno socialista planteó un plan de cierre de la minería del carbón,
cosa que ustedes han hecho, pero la gestión del superstock nos parece que
no es correcta, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto
de vista ambiental.
Me voy a ceñir al tema ambiental, que es del que hablamos, porque se
trata de unos 12.000 gigavatios/hora adicionales a consumir, y eso supone
también, en cuanto a óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, que sabe
usted perfectamente que son los agentes que contribuyen a la lluvia
ácida, una contribución excesiva. Pensamos que podía dilatarse la
generación con esos superstocks, como usted sabe perfectamente lo que
supera las 720 horas de almacenamiento central, a años sucesivos en los
que, además, determinadas instalaciones de desulfuración, que no son
operativas en este momento, podrían estarlo, y ese consumo se haría con
menos impacto ambiental.
Esto es todo lo que quería decirle.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado va a dar respuesta a
todas las intervenciones de los grupos parlamentarios.
Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Fernández-Cuesta Luca de Tena): Muchas gracias, señorías, por todos sus
comentarios y observaciones.
Empezando por el Grupo Mixto, me gustaría señalar brevemente que,
respecto a la importación de gas, el gas es, hoy por hoy, la materia
prima que es más eficiente en la generación de energía eléctrica. Creo
que ningún país debe prescindir de lo más eficiente para tratar de
incorporarlo a su sistema productivo, en este caso en el ámbito
energético. Por tanto, discrepo de esa consideración que hacía del tema
del gas.
En cuanto al protocolo eléctrico, que ha sido citado en algunas
intervenciones, en relación con el mercado competitivo
que consagra, a mí me gustaría clarificar que el mercado competitivo que
consagra el protocolo aproximadamente se situará en un 70 por ciento de
la generación de energía eléctrica, porque hay un 15 por ciento que
estará fuera de competencia, que es el reservado a la generación con
carbón nacional, y aproximadamente un 10 por ciento que irá creciendo con
el tiempo (ahora mismo estamos entre un 6 o un 8 por ciento, depende un
poco de la utilización de las minihidráulicas), que constituye el régimen
especial. El régimen especial en el protocolo eléctrico no está obligado
a competir cuando las instalaciones son inferiores en tamaño a 50
megavatios. Toda la minihidráulica, por ejemplo, son menos de 10
megavatios. Las instalaciones eólicas normalmente, aunque estén agrupadas
en instalaciones mayores, no constituyen instalaciones unitarias
superiores a 50 megavatios. Es decir que, en régimen especial, las
energías renovables no están obligadas a competir en el marco del
protocolo. Por tanto, no van a estar sujetas al albur de una oferta por
encima de lo que pueda ser una oferta competitiva de un grupo clásico de
generación. El protocolo consagra la competencia, pero lo hace con esas
dos excepciones, y la excepción de las energías renovables está
claramente especificada.
Por ello, nos encontramos con que el tratamiento de las energías
renovables, puede lógicamente disentirse y querer un tratamiento mejor,
pero a nosotros nos parece que, no estando obligadas a competir y gozando
además de una prima que estamos estableciendo en estos momentos por
encima de la retribución que fije el mercado para las que compitan, es
claramente positivo.
Respecto a las consideraciones de las grandes centrales y de los impactos
medioambientales de las grandes obras hidráulicas, yo creo que no es una
consideración en la que yo esté capacitado para entrar ahora. Las grandes
obras hidráulicas están aportando en estos momentos casi el 30 por ciento
de la energía eléctrica que consume este país, y al final hay que tomar
siempre decisiones y optar, entre distintas alternativas, por la más
beneficiosa. Yo creo que sin la energía hidroeléctrica en este país
tendríamos bastantes problemas.
Respecto a la política agrícola común soy un creyente en el principio de
división del trabajo y, por tanto, no me corresponde entrar a juzgarla.
Simplemente quiero especificar o tratar de aclarar lo que en mi
intervención no haya podido quedar claro, y es que cuando estamos
hablando de este tipo de cultivos son para que se cultiven en tierras que
habría que abandonar. Por tanto, en lugar de abandonar tierras, se puede
cultivar algo tan extendido en España como el girasol, o el cereal, en
cualquiera de sus versiones, aunque los hay con mayor facilidad para la
producción posterior de etanol, y simplemente se trata de producir
girasol, con él hacer aceite, someterlo a un proceso de esterificación y
mezclarlo con el gasóleo normal. Son procesos normales. Lo que estaríamos
es cultivando girasol y evitando el abandono de tierras, que la política
agraria común (que no entro a enjuiciar, porque no me corresponde)
señalaría como tierras que se deberían abandonar. Esa es la idea de la
utilización de biomasa, no para su incineración y generar energía
eléctrica, sino para producir lo que se produce normalmente: aceite de
girasol. Pero el aceite de girasol es utilizable en unas determinadas
condiciones, para mezclarlo con gasóleo, y le garantizo que los camiones
andan perfectamente, siempre que las mezclas no sean en unas
proporciones, como decía en mi intervención inicial, muy elevadas.
Respecto a los residuos sólidos urbanos, es evidente que todas las
opiniones son válidas. Sin embargo, por ejemplo, para mí las fotografías
que tuvimos que ver del vertedero de Bens es, a mi juicio, un acicate
para que, desde un punto de vista sensato medioambientalmente, con todas
las prevenciones y con todos los desarrollos tecnológicos que ya están al
alcance de cualquiera, se puedan incinerar mayores cantidades de residuos
sólidos urbanos.
Creemos que es una necesidad de este país y que el impacto medioambiental
no reside sólo en no contaminar, sino en descontaminar, y el tratamiento
de los residuos sólidos urbanos, a través del reciclado, en muchísimas
ocasiones, para buena parte de los residuos, no está disponible desde un
punto de vista tecnológico.
Es evidente que no corresponde tampoco al Ministerio de Industria el tema
del reciclado, sino la generación, en este caso de energía eléctrica, y
la utilización de los residuos sólidos urbanos, siempre que se tomen,
lógicamente, todas las precauciones y se cumpla toda la normativa,
incluso la más severa, que la Unión Europea está preparando, no nos
parece que ofrezca demasiado problema.
Respecto a la situación de Galicia en la utilización de este tipo de
energías renovables, con mucho detalle no le puedo contestar. Lo que sí
puedo proporcionarle son algunos datos según los cuales Galicia en el
tema de minihidráulica, contando la energía que ya está en explotación y
la que está en ejecución, ocupa el segundo lugar en España entre las
comunidades autónomas; lo mismo que en el consumo de biomasa por
comunidades autónomas Galicia está en segundo lugar, detrás de Andalucía;
sin embargo, en residuos sólidos urbanos no aparece, y en energía eólica
Galicia ocupa un quinto lugar, pero sobre todo con grandes proyectos en
ejecución, todavía en plan de explotación está muy por detrás de Navarra,
Andalucía, Canarias o Aragón, que serían las comunidades autónomas donde
este tipo de energía se ha desarrollado en mayor medida.
Respecto a los comentarios del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
creo que habría que precisar qué es lo que se entiende por apoyo. Cuando
yo he hablado de apoyo, me refiero a que un 12 por ciento de la
generación de energía eléctrica, que es el objetivo europeo para el 2010,
necesariamente es un apoyo al 88 por ciento restante. Es un apoyo básico
y fundamental, pero es una expresión relativa. Es decir, cuando se tiene
el 12 por ciento, no se puede considerar que se juega un papel
protagonista, sino de apoyo, porque el grueso de la energía eléctrica
todavía en el año 2010 provendrá de otras fuentes.
Respecto a recuperar el retraso y los modos de recuperarlo, yo creo que
he dado dos citas importantes: una, el incremento de la dotación
presupuestaria, de 3.100 millones a 3.700 millones; y, sobre todo, el
trabajo que nos ha permitido
dedicar a proyectos nuevos 2.500 millones de pesetas en el año 1997
frente a 600 millones que fueron dedicados a proyectos nuevos en la
convocatoria del año 1996. Creemos que esa dotación adicional de fondos
va a permitir recuperar en buena medida el retraso que en estos momentos
se tiene.
Yo creo que las demás preguntas han sido contestadas al hilo de la
respuesta al representante del Grupo Mixto.
Respecto al primer comentario del Grupo Socialista, quiero decir que sigo
creyendo que el mercado es el mejor asignador de recursos, pero que no es
un asignador total de recursos. Creer en el mercado y creer en un enfoque
liberal de la economía no significa que se crea a pies juntillas que el
mercado lo resuelve todo. El mercado no resuelve todo, y he hablado a lo
largo de mi intervención de la necesidad de internalizar los beneficios
medioambientales. Es uno de los temas clásicos en los cuales es necesario
hacer un análisis coste/beneficio con un enfoque más amplio que lo que el
juego puro y duro del mercado ofrecer.
Sigo creyendo que los planes energéticos, entendidos como la globalidad
para resolver el problema energético del país, no son una buena solución.
El hecho de decir en 1990 dónde se van a poner las centrales térmicas, de
qué tipo van a ser, qué potencia van a tener y qué energía primaria van a
consumir, luego la realidad nos demuestra que es muy distinta de lo que
viene en el plan, y lo que deviene es una especie de responsabilidad, no
se sabe muy bien de quién, respecto a la parte aquella de la
planificación que inversores privados han acometido.
Ahora bien, dicho esto, reitero lo expuesto: no estoy convencido de que
el mercado lo resuelva todo, y la internalización del beneficio
medioambiental es un tema que el mercado hoy por hoy no resuelve y
necesita de una intervención administrativa.
Respecto a los planes I+D, simplemente ya he mencionado el tema de la
reforma del Ciemat, decreto que entiendo que verá pronto la luz en el
Boletín Oficial del Estado.
Respecto al I+D energético, nuestra pega con ese tema es de principio. Es
decir, cuando a los españoles se les produce una exacción en sus rentas,
la misma tiene que ser aprobada por el Parlamento. Los impuestos son
aprobados por el Parlamento, ése es un principio básico de
funcionamiento. Cuando nos encontramos con que, en lugar de un impuesto
aprobado por el Parlamento, resulta que en una orden ministerial todos
los consumidores españoles tienen que dedicar el 0,354 por ciento de su
tarifa eléctrica a proyectos de I+D de las empresas eléctricas, y eso es
decidido a nivel de orden ministerial, me parece que estamos conculcando
un principio básico. Si es necesario dotar de más recursos a la I+D, es
el Parlamento el que tiene que hacerlo cuando se aprueban los
presupuestos. Este otro sistema nos parece un tanto espúreo en su origen.
Segundo, cuando analizamos los proyectos que se han realizado
fundamentalmente a partir de esta exacción nos encontramos con que la
mayor parte constituyen optimizaciones que las empresas eléctricas hacen,
por ejemplo, en los sistemas de facturación o en los sistemas de ahorro
de costes en distribución eléctrica, es decir, no se estaban utilizando
esos recursos para investigación energética, para I+D. Prueba de ello es
que ustedes mismos sacaron la orden del proyecto Estela, hurtando a las
oficinas de coordinación de la investigación la asignación de estos
fondos y tratando de llevárselos al CDTI. Nuestro problema es de
legitimidad en origen, lo que hemos hecho ha sido reordenar el Ciemat,
aportar al mismo los proyectos que estaban todavía en curso procedentes
de las oficinas de coordinación de la investigación y, al mismo tiempo,
introducir al Ciemat en todo el Plan Nacional de I+D y en la revisión de
ese plan, que deberá empezar a incorporar muchos más proyectos
energéticos, pero no energéticos en sí mismos, sino energéticos ligados
con el desarrollo de la industria. Lo importante en el ahorro y
eficiencia energética no es que las empresas eléctricas sepan cómo cobrar
más y más pronto a los consumidores, que era a lo que estaban dedicando
esos fondos, sino que sepan fundamentalmente cómo investigar para que
haya un menor consumo de energía.
Por último, respecto a los costes de la resolución de 27 de diciembre de
1996, habíamos llegado a una situación límite. Teníamos en stock, a 31 de
diciembre de 1996, 10,2 millones de toneladas de carbón en las centrales
térmicas. Estábamos corriendo un riesgo de no cabida física de más carbón
en los parques de las centrales ni en los parques de las minas. El
sistema iba hacia el colapso. ¿Por qué? Porque los cupos de carbón
fijados en sus 17, 5 millones largos de toneladas, más la tolerancia del
cinco por ciento, son cupos fijados para un año muy seco. El año pasado
fue un año muy húmedo, y con las directrices de política energética
dictadas para el conjunto del ejercicio de 1996, no se consumió carbón.
Al no consumirse, pasamos al récord histórico de stocks en las centrales
térmicas, y a grandes males, grandes remedios. No es que nos haga feliz
porque supone un coste extra en la generación de energía eléctrica, pero
hemos dado instrucciones de quemar todo el carbón nacional que se pueda
durante el año 1997, para poder terminar el año con unos stocks en unos
niveles aceptables, que estarían en torno a los cinco millones de
toneladas, y siempre por encima de las 720 horas, que sería el stock de
seguridad. Esta resolución, dictada el 27 de diciembre, venía motivada
fundamentalmente por una situación que hemos entendido de emergencia,
porque si no podíamos paralizar toda la minería. El plan no corresponde
al objeto de esta comparecencia y, por lo tanto, no me voy a extender. En
modo alguno hemos presentado un plan de cierre en la minería del carbón
sino todo lo contrario. En cualquier caso, lo que sí nos ha parecido
absolutamente necesario era garantizar un sistema de funcionamiento del
sector eléctrico español que permitiera reducir los stocks, porque si no
nos íbamos a encontrar con que subsistemas formados por algunas empresas
mineras y algunos grupos de generación iban radicalmente al paro, porque
no había ya sitio donde almacenar, ni en la mina ni en la central, el
carbón que se estaba extrayendo.
Nada más. Creo que he dado contestación a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
No habiendo más cuestiones en cuanto a su comparecencia, le agradecemos
la misma, deseando contar con usted en otra ocasión en los trabajos de
esta Comisión.
Se suspende la sesión por diez minutos como máximo, para reemprender
nuevamente los trabajos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES (FERNANDEZ-ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA) PARA EXPLICAR:
--LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION (OPA) DE
LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S. A. (ENDESA), SOBRE SEVILLANA DE
ELECTRICIDAD Y FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA, S. A. (FECSA). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000390.)
--LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO A DICHA COMISION A ABRIR UN EXPEDIENTE
SANCIONADOR POR INFRACCION MUY GRAVE AL PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL
DE ELECTRICIDAD (ENDESA) Y AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA MISMA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 212/000427.)
--LA OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION DE ACCIONES (OPA) DE LA EMPRESA
NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S. A. (ENDESA), SOBRE LAS EMPRESAS FECSA Y
SEVILLANA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (PNV). (Número de
expediente 212/000428.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión.
El punto quinto del orden del día es el referente a la comparecencia del
Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Han solicitado
dicha comparecencia tres grupos parlamentarios --el Grupo Socialista, el
Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Vasco--. El procedimiento a seguir va
a ser el siguiente. Vamos a conceder un turno al Presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores para que nos explique su informe
y, a continuación, intervendrán los tres grupos proponentes. En primer
lugar lo hará el Grupo Parlamentario Vasco (PNV); en segundo lugar, el
Grupo de Izquierda Unida y, en tercer lugar, el Grupo Parlamentario
Socialista, o podemos seguir el mismo orden que figura en el orden del
día, en lugar de menor a mayor, según las costumbres habituales en los
turnos de comparecencia. Después, intervendrían los restantes grupos si
lo desean.
El motivo de la comparecencia, señor Presidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, es informar sobre los aspectos relacionados con
la oferta pública de adquisición de la Empresa Nacional de Electricidad
(Endesa) sobre Sevillana de Electricidad y Fuerzas Eléctricas de Cataluña
(Fecsa). En primer lugar, pues, vamos a dar paso a la intervención del
Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Le doy la
bienvenida a esta Comisión de Industria y nos ponemos a su disposición
para un posible contacto, que hemos establecido ahora, mientras usted se
incorporaba, con el fin de que los presidentes de la Comisión de Economía
y de la Comisión de Industria visiten un día la sede de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Tiene usted la palabra para informar sobre el motivo de la comparecencia.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández España): Es para mí un deber que cumplo
gustosamente comparecer hoy ante esta Comisión para informar sobre las
ofertas públicas de adquisición de la Empresa Nacional de Electricidad
sobre las compañías Sevillana de Electricidad y Fuerzas Eléctricas de
Cataluña y --en la medida en que legalmente estoy facultado para ello--
sobre los expedientes sancionadores abiertos por acuerdos del consejo de
la Comisión contra Endesa y dos de sus directivos.
Cuando en octubre pasado tomé posesión de la presidencia de la Comisión
asumí un programa de actuación para los próximos cuatro años de mandato
basado en la conveniencia de reforzar la eficiencia y transparencia de
nuestros mercados y la credibilidad de quienes en ellos emiten u operan.
Más eficacia, más transparencia, más credibilidad, en una palabra, máxima
seriedad son la única vía para sobrevivir a la competencia que va a
suponer la puesta en marcha de la última fase de la Unión Monetaria y la
adopción del euro. Piensen SS. SS. que con la introducción de una moneda
única en todos los mercados europeos se abolirán las últimas barreras
proteccionistas y se incrementará notablemente la competencia entre los
mercados europeos.
Para asegurar la supervivencia de España como plaza financiera
corresponde a la Comisión, entre otras tareas, velar por el escrupuloso
cumplimiento de las normas de conducta en el mercado. Soy consciente
--como lo son también SS. SS.-- de que si se permitiera la transgresión
de las normas de transparencia y formación de precios, se produciría,
además de una violación del ordenamiento, un deterioro de nuestros
mercados y la huida del negocio hacia plazas más seguras y eficaces.
Concretamente, el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores encomienda
a la Comisión la supervisión e inspección de los mercados de valores y de
la actividad de cuantas personas jurídicas se relacionen en el tráfico de
los mismos y encarga a la Comisión velar por la transparencia de los
mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y
la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta
información sea necesaria
para asegurar la consecución de estos fines. Por tanto, es una función
esencial de la CNMV obtener y difundir hechos y noticias para dotar al
mercado de valores de la necesaria transparencia y garantizar que todos
los operadores actúen al mismo nivel de información.
Querría en este momento anticipar una de las líneas fundamentales de mi
intervención. La forma más eficaz de luchar contra la información
privilegiada no consiste en sancionar a posteriori su utilización
incorrecta, sino en impedir que surjan asimetrías de información entre
las entidades y personas que actúan en el mercado. Garantizar que nadie
dispone de información privilegiada es especialmente importante en el
caso de las OPA en las que se generan grandes plusvalías para los
accionistas y en las que los inversores que no disponen de datos
confidenciales pueden resultar especialmente agraviados. En estas
operaciones existe una fórmula sencilla para evitar asimetrías de
información. Esta fórmula, de cumplimiento obligatorio porque así lo
disponen los artículos 81 y 82 de la Ley del Mercado de Valores, consiste
en distinguir sucesivamente en el desarrollo de una OPA una fase de
secreto y otra posterior de total publicidad.
En un primer momento, cuando una empresa planifica una OPA, existe el
deber de salvaguardar, de mantener secretos esos planes, pues constituyen
información privilegiada. En efecto, el artículo 81 de la Ley del Mercado
de Valores impone el deber de secreto a todas las personas o entidades
que actúen en los mercados y que por razón de su trabajo, profesión o
cargo posean datos o informaciones relativos a los mismos.
La fase inicial de secreto da paso a una fase de publicidad total en el
momento en que la reserva de los planes se rompe, la noticia se hace
pública o en el momento en que la empresa toma la decisión de lanzar la
OPA. El concepto de decisión es importante y no debe interpretarse en
sentido formal sino en sentido empresarial. Es el momento en el cual, en
la estructura de dirección de la sociedad, se ha aprobado definitivamente
la operación sin que sea previsible que los órganos que hayan de
ratificar la decisión la vayan a rechazar. La Ley del Mercado de Valores
incluso impone la forma en que se ha de realizar la publicidad, que es
precisamente depositando una notificación de hecho relevante en la CNMV.
Debo resaltar la importancia jurídica e informativa de los hechos
relevantes comunicados a la Comisión. No son simples notas de prensa, son
comunicaciones formales que un emisor envía al regulador, que éste
incorpora a un registro público, abierto a todos los inversores, y que
difunde de inmediato al mercado, a través de los difusores profesionales
y los medios de comunicación.
Los mercados son transparentes cuando todos los operadores disponen
simultáneamente de los elementos necesarios para formarse un juicio
exacto sobre la situación real de las empresas. Esto exige, por un lado,
que los emisores faciliten información contable frecuente y exacta, pero
exige también, y sobre todo, que cuando las empresas adopten decisiones
importantes o cuando se difundan noticias significativas que les afecten
las empresas registren oficialmente en la Comisión un hecho relevante
claro y veraz. Garantizar la publicación inmediata de hechos relevantes
claros y veraces es una de las funciones más importantes de la Comisión,
en aras a asegurar la transparencia de nuestros mercados.
Centrándome ya en el objeto de esta comparecencia, conforme a las
diversas solicitudes que han formulado los grupos parlamentarios, son dos
los extremos a desarrollar: la descripción de los hechos que rodearon el
lanzamiento de las OPA, primero, y las actuaciones de la Comisión,
después.
Vayamos al primer punto, hechos que rodearon el lanzamiento de las OPA.
El jueves 10 de octubre de 1996 un diario económico publicó en su última
página, a cuatro columnas, una noticia según la cual, y cito
textualmente: Industria propone que Endesa compre la mayoría de Sevillana
y el cien por cien de Fecsa. Siguiendo la rutina que la Comisión tiene
establecida para estas situaciones y cumpliendo las funciones que la ley
del Mercado de Valores encomienda a la Comisión, antes de que abriera el
mercado bursátil, un funcionario de la CNMV se puso en contacto
telefónico con Endesa para solicitar una confirmación o un desmentido de
la noticia, a través, precisamente, de un hecho relevante. Esta forma de
actuación forma parte --como bien conocen SS. SS.-- del funcionamiento
habitual y diligente de los servicios de la Comisión, de acuerdo con lo
que prevé el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores.
Ante la importancia del tema --piénsese que se trata de una de las
mayores operaciones financieras realizadas nunca en la bolsa española--
en esa misma mañana me puse en contacto con el director financiero de
Endesa --el presidente estaba ausente-- para pedir que se confirmara o
desmintiera la noticia. Hacia las 11 de la mañana recibí una llamada del
presidente de Endesa, en contestación a la mía anterior, en la que él me
leyó el hecho relevante que Endesa tenía intención de registrar. Dicho
hecho relevante efectivamente se depositó oficialmente en el registro
público de la Comisión a las 12 de la mañana del día 10 de octubre. Su
tenor literal era el siguiente: En relación con la noticia de prensa
aparecida en el día de hoy, Endesa no tiene planes concretos ni ha tomado
decisión alguna para el incremento de su participación accionarial en
Fecsa y Sevillana.
Una vez incorporado el hecho relevante al registro oficial, la Comisión
lo difundió a través de las agencias de noticias y los restantes medios,
de forma que todos los operadores del mercado lo recibieron como postura
oficial de Endesa en relación a las posibles OPA. Los hechos descritos
tuvieron lugar el jueves 10 de octubre. De acuerdo con los datos que
posteriormente se hicieron públicos, los sucesivos acontecimientos se
desarrollaron de la siguiente forma.
El martes 15 de octubre --jueves 10, martes 15-- Endesa adoptó la
decisión de lanzar las OPA sobre Sevillana y Fecsa. El miércoles 16 de
octubre, entre las 14 y las 14,30 horas, se firmó un protocolo de acuerdo
entre Endesa y Fecsa, en el que se pactaron los términos y condiciones y
el carácter amistoso de la OPA. El jueves 17 de octubre, a las 19 horas,
se firmó un protocolo de acuerdo entre Endesa y Sevillana, con un
contenido análogo al anterior.
De estos tres últimos acontecimientos la Comisión no fue informada, no
tuvo noticia hasta pasado el tiempo una vez formalizadas las OPA.
En efecto, fue el propio jueves 17 de octubre de 1996, una vez cerrado el
mercado, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores recibió un
escrito de SEPI en el que se comunicaba que, en esa misma tarde, se había
firmado el protocolo de acuerdo por el que Endesa lanzaría una OPA sobre
Sevillana y Fecsa para situar su participación en el 75 por ciento. Según
el escrito, tales acuerdos deberían ser ratificados por los consejos de
administración de las entidades citadas y de la propia SEPI, a celebrar
el día siguiente, viernes, y estaban sometidos a la aprobación preceptiva
del Consejo de Ministros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
acordó inmediatamente suspender la negociación de los valores de
Sevillana, Fecsa y Endesa.
El viernes 18 de octubre de 1996, a las 12,55 horas, una vez aprobada la
operación por el Consejo de Ministros, Endesa remitió un hecho relevante
a la Comisión, en el que declaraba que la OPA tendría por objeto alcanzar
una participación del 75 por ciento en el capital de Sevillana y Fecsa
con un precio de 1.300 y 1.100 pesetas por acción, respectivamente. Una
vez difundida la información, la Comisión levantó la suspensión,
volviendo a cotizar los tres valores a partir de las dos. Por la tarde, a
las 16,45 horas, Endesa envió otro comunicado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en el que explicaba las características de ambas
adquisiciones, así como su efecto en la posición del grupo dentro del
sector eléctrico. Esa misma tarde Endesa registró los folletos de OPA
sobre Fecsa y Sevillana. En la información aportada se incluyó el
protocolo de acuerdo firmado entre Fecsa y Endesa el miércoles 16 y el
protocolo de acuerdo firmado el jueves 17 entre Endesa, Sevillana y SEPI,
a los que ya se ha hecho referencia.
El 21 de octubre la Comisión suspendió cautelarmente la cotización de los
valores de Fecsa y Sevillana, dando así cumplimiento al artículo 13 del
Real Decreto de OPA. Para minimizar los efectos negativos sobre el
mercado, la suspensión se levantó al día siguiente. Ambas OPA fueron
aprobada por sendos acuerdos del consejo de la Comisión el 24 de octubre,
extendiéndose el plazo de aceptación del 26 de octubre al 26 de
noviembre, ambos inclusive. Previamente, el 23 de octubre, la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional había autorizado la operación en el marco
de sus competencias.
El número de acciones al que se extendían las ofertas y los precios
ofrecidos fueron los siguientes: En el caso de Fecsa, 54.275.308 acciones
a un precio de 1.100 pesetas acción, lo que totaliza 59.800 millones de
pesetas. En el caso de Sevillana, 106.085.007 acciones ordinarias, 40.205
acciones nuevas, 4.787 bonos convertibles, a un precio de 1.300, 1.280 y
97.117 pesetas por valor, totalizando 138.500 millones de pesetas. Las
dos OPA se cerraron el 29 de noviembre, con un exceso de oferta, de forma
que se tuvo que realizar el prorrateo previsto en el artículo 29 del Real
Decreto de OPA. Como consecuencia de las operaciones, Endesa pasó a ser
propietaria a partir del 9 de diciembre de 1996, fecha de la liquidación,
del 75 por ciento del capital social de Sevillana y de Fecsa. Para
entender los acontecimientos de los días que se están analizando y juzgar
la actuación de la Comisión, conviene repasar el comportamiento en el
mercado de los valores afectados por la investigación en las fechas
anteriores al jueves 10 de octubre, fecha en que aparece la noticia en la
prensa.
Septiembre fue un mes con un volumen de negociación en el mercado
relativamente alto, pero con una volatilidad de precios más reducida que
la que el mercado venía conociendo. La volatilidad del mercado para todo
el mes, medida en términos diarios, fue inferior a la acumulada anual.
Por su parte, la volatilidad de septiembre para el índice de los valores
eléctricos también resultó ser inferior a su correspondiente anual.
El mes de septiembre fue pródigo en noticias de largo alcance para el
sector eléctrico. La negociación del protocolo eléctrico, que habría de
diseñar el nuevo marco regulador del sector, y las previsiones de los
analistas financieros y expertos del sector sobre la incidencia del
protocolo en las cuentas de resultados futuros de las empresas animaron
la contratación de los valores. No todos los valores se vieron, sin
embargo, igualmente demandados por los inversores, pues mientras
Iberdrola aumentó claramente su cifra de negocios Fecsa y Sevillana
conocían volúmenes más modestos.
A finales de septiembre y comienzos de octubre, Fecsa y Sevillana
muestran un comportamiento en el mercado que corre paralelo al índice
eléctrico: estabilización del nivel de sus cotizaciones y minoración de
los volúmenes negociados. En estos momentos nada permite sospechar que se
está ocultando al mercado una información que, de resultar conocida,
podría revaluar el precio de esas compañías. Nótese que entre el 23 de
septiembre y el 9 de octubre, día antes a la fecha de la publicación de
la noticia, el precio de Fecsa se eleva 3 pesetas y el de Sevillana
aumenta 15 pesetas.
En este punto conviene recordar que la CNMV dispone, para la vigilancia
del comportamiento de los valores en el mercado, de una batería de
alarmas automática que se activan cuando tiene lugar un comportamiento
anómalo, esto es, cuando se produce un fenómeno que rompe con la
tendencia que se viene observando. Las variables que son objeto de
seguimiento para cada valor, que son relevantes a los efectos que nos
ocupan, son las variaciones de precio y las variaciones de volumen de
contratación. Cuando alguna de las alarmas suena físicamente, porque hay
hasta un timbre, los servicios de la Comisión entran en contacto con el
emisor del valor cuyo comportamiento es anormal y le preguntan si existe
algún dato que el mercado deba conocer. En las semanas previas al 10 de
octubre, las alarmas de los valores que luego resultarían objeto de OPA
no sonaron y, consecuentemente, sus emisores no fueron requeridos a
aportar información al mercado.
A partir del jueves 10, fecha de la filtración periodística, la división
de mercados secundarios de la Comisión sometió las acciones de Endesa,
Sevillana y Fecsa a una estrecha supervisión. El impacto de la noticia y
la existencia de rumores fue evidente desde el primer día. Las acciones
de las tres compañías cotizaron entre el 10 y el 17 de octubre, en esta
semana después de la noticia, con volúmenes de negociación muy por encima
de la media de los meses anteriores y experimentaron fuertes alteraciones
en los precios.
Los datos referidos al período que media entre los días 10 y 17 de
octubre son los siguientes. Fecsa, promedio diario de títulos negociados:
1.417.763. Promedio de las anteriores 30 sesiones: 456.900, es decir, el
volumen medio se multiplicó por más de tres. Variación del precio de
cierre entre los días 9 y 17. Pasó de 957 a 1.000 pesetas, es decir
creció en un 4,5 por ciento.
Promedio diario de títulos negociados de Sevillana: 893.573. Veamos ahora
el promedio de las 30 sesiones anteriores: son 426.786; es decir, que el
volumen se duplica durante estos días. Variación del precio de cierre de
las acciones de Sevillana entre los días 9 y 17. Pasa de 1.100 a 1.165
pesetas, un aumento del 5,9 por ciento.
En la experiencia de todos los reguladores, datos como los que se acaban
de reseñar permiten inducir que existió información asimétrica en el
mercado, pues unos creyeron el hecho relevante difundido por Endesa el 10
de octubre y estuvieron dispuestos a vender, mientras que otros compraron
masivamente títulos en el convencimiento de que Endesa sí lanzaría las
OPA.
Se habría producido, en definitiva, lo que en el argot del mercado se
denomina contaminación, es decir, volúmenes muy altos de contratación,
variaciones pronunciadas de precios, justo en los días que preceden al
anuncio de una noticia importante. Como conocen SS. SS., suele
considerarse que la contaminación es un indicio claro de asimetrías
informativas y una práctica que a todas luces desprestigia al mercado y
hace perder confianza a los inversores.
A lo largo de todos estos días, los servicios de supervisión de mercado
de la Comisión fueron plenamente conscientes de los altos volúmenes
contratados y de las subidas de precio. Sin embargo, ante la claridad del
desmentido, comunicado oficialmente por Endesa y registrado en el
registro oficial de hechos relevantes, la Comisión decidió no adoptar
medida alguna y, en especial, no suspender la cotización de los valores
afectados.
Paso ahora ya al segundo punto: actuaciones de la Comisión. En la sesión
del consejo de la Comisión celebrada el día 23 de octubre, es decir, en
la primera reunión tras el lanzamiento de las OPA, el director de la
división de mercados secundarios expuso los hechos acaecidos y los
movimientos advertidos en los mercados.
El consejo, tras la oportuna deliberación, adoptó por unanimidad el
acuerdo de realizar cuantas actuaciones previas, de carácter reservado,
fueran necesarias para determinar si podrían apreciarse indicios de que
por alguna persona física o jurídica se hubieran realizado transacciones
contraviniendo lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 81, así
como para determinar si han podido existir actuaciones contrarias a lo
previsto en los artículos 81.1 y 82 de la ley. Los citados artículos se
refieren a tres clases de conductas: el artículo 81.1, a la revelación de
información que debe mantenerse secreta; el artículo 81.2, al uso de
información privilegiada; el artículo 82, al deber de informar verazmente
y de inmediato sobre cualesquiera hechos relevantes.
Adoptado el acuerdo, los servicios de inspección de la Comisión han
puesto en marcha una intensa investigación. Como primer resultado de
estas labores, los servicios de inspección propusieron al consejo de la
Comisión, en la reunión celebrada el 18 de diciembre de 1996, el
siguiente acuerdo, que el consejo adoptó por unanimidad: Incoar
expediente sancionador a la entidad Empresa Nacional de Electricidad, S.
A., a don Feliciano Fuster (presidente de Endesa) y a don Luis Palomo
(director financiero de Endesa), por la presunta comisión de una
infracción muy grave, tipificada en la letra ñ) del artículo 99 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por el incumplimiento,
por parte de la Empresa Nacional de Electricidad, S. A., de la obligación
establecida en el artículo 82 o de los requerimientos de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores formulados en virtud del artículo 89, así
como el suministro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de datos
inexactos o no veraces, o la aportación a la misma de informaciones
engañosas o que omita maliciosamente aspectos o datos relevantes, todo
ello en relación con la información suministrada a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores con ocasión de los incrementos de participación
accionarial de Endesa, Fecsa y Sevillana, en octubre de 1996.
Debo resaltar el alcance exacto, en términos jurídicos, de la apertura de
un expediente sancionador. Indica simplemente que existen indicios de que
el expedientado pudiera haber cometido una infracción. La apertura del
expediente tiene precisamente como objetivo concretar la existencia, en
su caso, de conductas contrarias al ordenamiento, permitiendo a los
interesados presentar en toda su amplitud las oportunas alegaciones, con
respeto escrupuloso de su presunción constitucional de inocencia.
En el concreto caso de Endesa, la inspección entendió que existían
indicios de que la empresa, su presidente y su director financiero
presuntamente pudieran haber incurrido en las siguientes actuaciones,
tipificadas en el artículo 99 ñ) de la ley: 1. Suministro de datos
inexactos o no veraces en el hecho relevante inscrito en el registro
oficial de la Comisión el jueves 10 de octubre.
2.Incumplimiento del deber de registrar una declaración de hecho
relevante, una vez adoptada la decisión de lanzar las OPA el martes 15 de
octubre.
3.Incumplimiento del deber de registrar inmediatamente una declaración de
hecho relevante, una vez firmado el protocolo de acuerdo con Fecsa el
miércoles 16 de octubre.
Quiero reiterar que en todos estos casos expuestos me estoy refiriendo a
meros indicios de presuntas actuaciones tipificadas y que, en tanto no se
cierre el expediente, continúa plenamente en vigor la presunción de
inocencia a la que todo español tiene derecho.
Sus señorías comprenderán que, por esta razón, y por la propia doctrina
reiteradamente sentada por esta Cámara, para preservar dicha presunción y
la intimidad de los particulares en el desarrollo de los procedimientos
parlamentarios, mis declaraciones ante esta Comisión, en lo que
hace al desarrollo del expediente sancionador, que aún no ha concluido,
necesariamente habrán de ser muy prudentes y que me deba abstener de
proporcionar cualquier dato adicional.
El acuerdo del consejo de la Comisión de 23 de octubre, al que ya me he
referido, puso en marcha una segunda investigación para aclarar si como
consecuencia de las OPA de Endesa se realizaron operaciones bursátiles,
infringiendo la prohibición legal de utilizar información privilegiada, y
si se incumplió el deber legal de mantener la reserva de datos
confidenciales.
También en esta ocasión debo ser extremadamente cauto en la información
que puedo proporcionar a esta Comisión, por un lado, para no perjudicar
el buen fin de las investigaciones, que continúan en marcha, y, por otro,
para no implicar a personas cuyo honor, fama y presunción de inocencia se
podrían ver afectados.
Sí quiero, sin embargo, dar cifras agregadas de la exhaustiva labor
realizada en las operaciones de investigación, en las que han actuado un
equipo de ocho inspectores y siete informáticos, y se han invertido hasta
la fecha aproximadamente 4.800 horas de trabajo. La metodología de la
investigación ha sido la siguiente. Se han analizado todas las
transacciones realizadas sobre acciones de Fecsa y Sevillana dentro de un
período que abarca desde el 23 de septiembre hasta el 18 de octubre de
1996, siempre que su importe exceda de 3.000 títulos. Fíjense ustedes que
el número total de acciones vendidas en este período asciende a más de 19
millones de acciones de Fecsa y más de 18 millones de acciones de
Sevillana.
El 34 por ciento de las acciones de Fecsa y el 55 por ciento de las de
Sevillana fueron adquiridas por inversores extranjeros residentes en 14
países. A efectos de identificar a los ordenantes y titulares finales, se
pidió información a 48 entidades de valores y a 85 entidades depositarias
adheridas al servicio de liquidación y compensación. Una vez determinados
los inversores finales se ha pedido información concreta a más de un
centenar de personas físicas y jurídicas. Mediante la solicitud de
colaboración con las autoridades de supervisión extranjeras, se ha
solicitado investigaciones a cerca de 26 entidades extranjeras
localizadas en Austria, Ecuador, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Reino
Unido, Estados Unidos, así como Gibraltar.
Querría resaltar que de las investigaciones practicadas no resulta
indicio alguno de que ni Endesa ni los directivos contra quienes se
dirige el expediente abierto por la Comisión hayan realizado operación
alguna con información privilegiada.
Con estos datos SS. SS. pueden comprobar fácilmente que la Comisión está
poniendo el máximo empeño en concluir con éxito sus investigaciones en
esta materia. Saben bien que la detección del uso de información
privilegiada es una tarea extremadamente difícil. Incluso los mercados
más sofisticados tienen grandes dificultades para sancionar a los
iniciados. En el mercado de Londres, sin duda uno de los más
sofisticados, se detectaron durante el año 1995 1.500 operaciones
sospechosas, pero en sólo 43 casos (1.500 frente a 43) se pudo iniciar un
expediente y el número de sanciones es aún menor. Es por eso que hemos
creado una unidad de vigilancia del mercado cuya principal misión es
precisamente la lucha contra el uso de información privilegiada. Nuestra
intención es proporcionar a esta unidad los procedimientos, los medios
humanos y, sobre todo, informáticos de los que ya disponen los mercados
más serios para permitirle una mayor eficacia en su lucha contra lo
ilícito. Espero contar con el apoyo de esta Cámara para tan importante
empeño.
¿Cuáles son las dificultades que deben vencerse para llevar adelante la
investigación? En primer lugar, la inspección debe probar quién es el
comprador real de las acciones, y eso en sí ya plantea dificultades por
la utilización de personas interpuestas, de fiduciarios, de compañías en
paraísos fiscales. En segundo lugar, es preciso determinar quiénes y en
qué fecha fueron los iniciados; es decir, las personas que disponían de
los datos secretos. También esto se halla plagado de dificultades pues
los emisores no siempre llevan un registro estricto de quiénes son las
personas que tienen acceso a la información privilegiada. Y, finalmente,
hay que demostrar con el nivel de certeza que exige el derecho
sancionador que la información pasó de los iniciados a las personas que
compraron o que ordenaron la compra. Esto no quiere decir que detectar
operaciones de iniciados sea una labor imposible, pero sí es lenta,
laboriosa y difícil.
Esta conclusión reafirma una de las aseveraciones con las que comencé mis
declaraciones. La forma eficiente de luchar contra la información
privilegiada no es ex post, intentando sancionar a quien compró, sino ex
ante, evitando que se produzcan asimetrías informativas. Para ello, se
debe garantizar que la información difundida por los emisores en forma de
hechos relevantes sea siempre completa, veraz y fidedigna. Luchar por la
difusión inmediata de hechos relevantes veraces es una de las formas más
eficientes, quizás la más eficiente, de luchar contra la utilización
abusiva de información privilegiada.
Querría terminar mi intervención --sé que me he alargado, señor
Presidente-- haciendo algunas breves consideraciones finales, a modo de
balance. En términos generales, los mercados bursátiles españoles ofrecen
a los inversores unos niveles de información satisfactorios y unas
cotizaciones producto del libre juego de oferta y demanda. Pero esto no
puede dejarnos satisfechos. Todos tenemos una obligación de adoptar las
medidas necesarias para evitar que en ningún caso se produzca falta de
transparencia o incorrecta determinación de los precios. La investigación
ex post no es suficiente; es imprescindible que los emisores y los
intermediarios se conciencien pues a todos nos va mucho en este empeño.
Es bien cierto que quiebras en el buen funcionamiento del mercado ocurren
en todos los países, incluidos aquellos que gozan de un mayor crédito de
transparencia y eficacia en sus mercados. En todos sitios cuecen habas,
como dice el refrán español. En estos países en los que existe mayor
crédito y transparencia, los reguladores aplican los procedimientos de
investigación y sanción de modo ordinario y natural sin mayor conmoción
social, incluso cuando los sujetos afectados resultan particularmente
llamativos.
La Comisión tiene la firme voluntad de luchar por la transparencia y
seriedad en los mercados españoles y, en aquellos casos en que aprecie
indicios de actuaciones irregulares, poner en marcha los expedientes
apropiados. Así lo exige la ley, por razones de justicia, y el
cumplimiento de la ley constituye guía y norte en la actuación de la
Comisión. Sus señorías pueden imaginar fácilmente que la puesta en
ejecución de potestades como la de investigar y, dado el caso, sancionar
no es tarea grata. Pero se trata de un mecanismo indispensable del
sistema cuya puesta en ejecución, cuando así resulta debida, sirve para
favorecer al mercado, da mayor confianza a los inversores, atrae más
capital y reduce los costes de transacción.
Y, sin más dilación, señor Presidente, quedo a disposición de la Comisión
para cuantas preguntas y aclaraciones estimen oportunas.
El señor PRESIDENTE: Dada la circunstancia de que el representante del
Grupo Parlamentario Vasco no se encuentra en la Comisión en estos
momentos, vamos a dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Tiene la palabra doña Presentación Urán.
La señora URAN GONZALEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Deseo decirle que nuestra solicitud de comparecencia fue
precisamente para el mes de diciembre --si hubiera sido posible, cosa que
no sucedió-- para que la información que teníamos por los medios de
comunicación fuera la que ustedes nos facilitaran y no diera lugar a
malas interpretaciones, información que ha coincidido fundamentalmente
con la que ya disponíamos. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar a
valorar cuál pueda ser el resultado final de los expedientes
sancionadores, ni siquiera de los expedientes informativos, porque sería
entrar en un terreno que no nos compete. Pero a mí sí que me gustaría
--voy a ser breve-- que nos aclarara, si es posible, lo que usted ha
dicho: que la mejor forma de funcionar con transparencia en los mercados
es que se actúe antes de que se puedan producir las asimetrías
informativas.
El día 10, fecha en que se produce la primera noticia en medios de
comunicación de que puede existir una OPA, al solicitar información
Endesa se la niega. Eso queda perfectamente claro. Después de esa
comunicación oficial, que se recoge en el registro de la Comisión, hay un
determinado comportamiento de los mercados. La crítica que nosotros
podríamos hacer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es por qué,
a pesar de ese desmentido, la Comisión sigue sin intervenir y no suspende
la cotización en bolsa de las acciones de las empresas que podrían estar
afectadas por la OPA.
Eso nos lleva a pensar, a la vista de las cifras que se han facilitado en
los medios de comunicación, como usted ha confirmado en su comparecencia,
que puede haber existido información privilegiada porque hay un volumen
de negocio en esas fechas del que no se puede deducir que hay compradores
que compran ante ese tipo de informaciones y otros que no y se quedan con
la noticia que ha facilitado la Comisión.
Nuestra crítica iría en ese sentido: por qué, a pesar de ese desmentido
de Endesa, viendo esa evolución (usted nos ha dicho que no solamente
observan cómo funciona el mercado, sino que incluso hay un timbre que
suena), no actuó la Comisión, con lo cual ahora quizá habríamos estado
hablando en otros términos. Desde nuestro punto de vista, ha habido no
sólo una falta de información de la empresa, sino también una
indiscreción del propio Ministro de Industria, que es el que lanza la
noticia cuando sabe que a la hora de lanzar una OPA, además de aceptarla
sus propios órganos administrativos, la tiene que aprobar el propio
Consejo de Ministros. Hay prácticamente ocho días en los que se está
jugando en el mercado con determinado tipo de informaciones y, en nuestra
opinión, la Comisión no actuó como usted ha expuesto en su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Quiero dar las gracias al Presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores por su primera comparecencia en
esta Cámara, que ha permitido poner de manifiesto el funcionamiento
estable de la institución que preside y comprobar, frente a viejos
debates que se han tenido en ésta y en otras Comisiones, cómo el trabajo
de consolidación, de eficacia y de transparencia de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores no era el que algunos decían hace algunos meses,
sino otro bien distinto. Por lo tanto, le felicito porque creo que
preside una institución de reconocimiento nacional e internacional.
La comparecencia que hoy nos trae tiene distintos aspectos: unos tienen
que ver con las responsabilidades administrativas, otros tendrán que ver
con los supuestos lucros que se hayan producido por efectos perversos del
mercado y por los beneficiarios, y hay otra componente que a esta Cámara
no se le puede escapar, que es la relativa a las propias
responsabilidades políticas que se hayan podido producir en todo este
proceso.
Empezaré por una cuestión extraordinaria, y es la novedad que se produce
en la Comisión nacional, y concretamente, del propio Presidente con esta
información periodística en la que se comunica aperturas de expedientes.
Es algo insólito en la vida de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores que la Comisión anuncie la apertura de expedientes, por la lógica
prudencia y cautela de las consecuencias que tiene la comunicación de una
noticia de estas características. Como usted mismo señalaba, el
porcentaje de conclusiones sancionadoras respecto a los expedientes que
se han iniciado es lo suficientemente minoritario para que se tenga esa
cautela. Repito, es la primera vez que la Comisión Nacional del Mercado
de Valores informa sobre la apertura de un expediente. Nos consta que fue
debatida la oportunidad de esa comunicación en el propio consejo y que no
fue excesivamente unánime su posición en relación con esa iniciativa. Se
produce el hecho poco usual de que el propio afectado conoce la noticia
por los medios de comunicación antes de por cualquier cauce
extraordinario.
Hago esta salvedad porque esto introduce precisamente algunas cuestiones
no administrativas, produce dudas y produce, desde luego, consideraciones
de carácter político de alcance. Me permitirá que sea sincero con usted,
en esta operación es probable que los mercados financieros y políticos,
si se me permite la expresión, pudieran tener una sospecha: que la forma
con que se ha hecho frente a esa operación, a esta OPA de Endesa sobre
las dos compañías eléctricas, tiene también un entorno político que no se
nos debe escapar. Incluso dicen esos mercados y esos comentaristas
políticos que pudiera tener que ver también con enfrentamientos internos
del propio Gobierno, con la oportunidad del Ministerio de Economía de
acelerar la salida del presidente de Endesa, frente al criterio del
Ministro de Industria que, según esos analistas políticos, pudiera ser
más cauto a la hora de que se produjera ese cambio, no fuera a ser que le
introdujeran un presidente que no fuera de su agrado. Ya sabe usted que
los mercados financieros, y los políticos también, no tienen límite a la
imaginación y, en algunos casos, incluso aciertan. Se produce una cierta
sospecha en esos ámbitos políticos, que estas iniciativas, este
señalamiento del blanco de responsabilidad casi individual de la
operación en clave del Presidente de Endesa, pudiera tener algo que ver
con estas cosas. Repito, caso insólito; no se había producido ninguna
información de expediente hasta ese momento.
Para nosotros, por volver a los hechos, hay algunas cuestiones que nos
resultarían interesantes conocer. En primer lugar, quiero agradecer
sinceramente la profusión de información que nos ha dado. Es verdad que
es una información conocida hasta ahora por todos nosotros. Nosotros
pedimos esta comparecencia en diciembre, es más, en noviembre, porque
tenía un cierto interés de debate. Nos dijo el grupo mayoritario,
transmisor fiel de las ideas del Gobierno como no puede ser de otra
manera, que esperásemos unas semanas. Usted mismo ha dicho que ya
prácticamente estaban concluyendo el expediente. En algún momento, ha
llegado casi a cuantificar en días --al menos ésa es la información que
poseo, es posible que esté equivocado-- que el expediente estuviera a
punto de concluir. Le invitamos a que se concluya pronto.
Por retomar el asunto, le agradecemos la información, aunque hay algunas
cuestiones que quedan en el aire. Efectivamente, todo tiene que ver con
el inicio de una información que usted mismo señalaba hoy en la que se
expresa la noticia de que Industria propone a Endesa que realice una OPA
sobre Fecsa y Sevillana, e, inmediatamente, la reacción de la Comisión es
dirigirse al director financiero de Endesa.
Se nos ha explicado que hubo conversaciones también de responsables del
Gobierno con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La pregunta que
yo haría es la siguiente: SEPI, el accionista mayoritario, ¿no entra en
contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Dicho de otra
manera, ¿no tiene interés la Comisión en conocer la posición del
accionista mayoritario de cara a la toma de decisión que, como usted
mismo señalaba, en términos empresariales es aquella que prácticamente la
hace irrevesible? Sólo puede tener decisión irreversible aquel que tiene
capacidad de influir en el último extremo de la cadena de decisiones, que
es el Consejo de Ministros. Sin la decisión del Consejo de Ministros
hubiera sido inviable la decisión de SEPI, accionista mayoritario, para
que se realizara la operación y, por lo tanto, no podría haberse hecho.
En esta intervención en absoluto pretendo exculpar ni decantarme sobre
una posición en el expediente que, sin duda alguna, el que concluya la
comisión será justo y ecuánime; pero en términos políticos me sorprende
que no hubiera mecanismos de información, de acceso o de solicitud a las
instancias que realmente tienen capacidad de decisión.
En todo esto, y situándome también en el ámbito de la responsabilidad
política, es verdad que alguna opinión del Ministro de Industria aparece
todos estos días a los que hacemos referencia, confirmando que esa
operación se está gestando y en ese sentido lo que traigo aquí a colación
es la implicación, la responsabilidad absoluta, política y
administrativa, de los responsables del capital, del accionista de Endesa
que es, en definitiva, quien toma la decisión.
No sé si es hoy el momento o más tarde, pero sí estamos interesados en
saber si ese tipo de información está ya en el expediente, si SEPI se ha
personado en ese expediente, o si se le ha reclamado a SEPI el
expediente. Al hablar de SEPI parece que estamos hablando de una
entelequia, pero estamos hablando de una sociedad que preside el
Subsecretario del Ministerio de Industria que obviamente, digo yo, algo
tendrá que ver con este proceso de toma de decisiones y de conocimiento
de hechos relevantes para esa decisión.
Mire, señor Presidente, esto evidentemente nada tiene que ver con la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero no se nos antoja que
exista una sola posibilidad de que los hechos relevantes, que dieron pie
a lo que usted denominó uno de los hechos de mayor contaminación en el
mercado, no tuvieran su responsabilidad última en el presidente del SEPI,
en el Ministro de Industria y, en definitiva, en el Consejo de Ministros.
Pero esto no lo digo por hacer una acusación política; lo digo
simplemente por hacer un ejercicio de lógica aplastante. Ningún otro
órgano, ninguna otra persona, ningún otro ámbito puede tener información
sobre el hecho relevante y definitivo, que es la decisión de esa OPA, que
el propio Consejo de Ministros. Por tanto, nos interesaría conocer, si en
esas conversaciones que se tuvieron, sin lugar a dudas, con el presidente
del SEPI, con el propio Ministro o con ámbitos del Gobierno, qué
información, qué desmentidos o qué confirmaciones le dieron. Esto será,
repito, del máximo interés.
En cuanto al otro ámbito del propio expediente, es decir a los
beneficiarios del comportamiento distorsionado del mercado en esas
fechas, cuando concluya el expediente preguntaré, ya que antes no se me
ocurriría poderlo hacer.
Sí es cierto, y lo digo por hacerme eco de las opiniones de los mercados,
que podría ser útil anticipar la fecha en que se realiza la prospección,
el estudio de campo sobre las operaciones, algo más que la aparición en
prensa color salmón
de estos datos. Lo digo porque es curioso que hace poco hemos podido
conocer la publicidad de determinado banco de negocios del país que en su
currículum de 1996 acredita ser el asesor único y exclusivo para Endesa
en la operación de la OPA. Esto es público y está en todos los medios de
comunicación. Por tanto, no sería malo conocer, por ejemplo, el
movimiento de cartera de instituciones que han tenido el privilegio
exclusivo de haber sido los asesores de esta operación y a qué márgenes
de actuación dentro de la normalidad o de la rentabilidad de su cartera
en relación a Endesa, Fecsa o Sevillana se refieren.
Con este acto de sinceridad y de expresión de ideas, no sólo de preguntas
que he querido hacerle, vuelvo a agradecer muy sinceramente su
comparecencia, a la espera de que estas dudas sean resueltas en su
contestación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, agradecer la comparecencia
del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Desde la perspectiva del Grupo de Convergència i Unió destacaríamos de su
intervención la prudencia y la tranquilidad con que el Presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores ha detallado con minuciosidad
todos los hechos que se desarrollaron no desde el día 10 de octubre, sino
desde el día 23 de septiembre del año 1996; la puesta en escena, que
nosotros desde nuestro grupo parlamentario también avalamos, por
descontado, de la presunción de inocencia de los presuntos implicados en
el expediente sancionador, y también preservar la intimidad de los
sancionados. En conclusión, la prudencia de las actuaciones en que se ha
movido la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
También querría resaltar, al mismo tiempo, que esta prudencia, y el
relato de los hechos que nos ha hecho usted en esta comparecencia a la
Comisión de Industria no tiene comparación con los hechos que se
produjeron el día 21 de enero de 1997, en una reunión del Presidente de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores con diferentes periodistas y
las noticias que salieron respecto de esta reunión, noticias que yo
calificaría incluso de alarmantes, desde la perspectiva de mensajes a la
opinión pública española, ya que se pueden preservar titulares como que
esta operación de la OPA de Endesa sobre Sevillana y Fecsa es de las más
contaminantes que se han producido en la historia bursátil española. En
estas noticias se habla de contaminación, de operaciones contaminadas
--usted ha hecho hoy en su exposición un relato muchísimo más prudente--;
se habla de operaciones conflictivas, la más conflictiva que se ha
producido en la historia bursátil española. En algunas de estas
informaciones que salieron en diferentes medios de comunicación, se
recordaban incluso las operaciones del pelotazo --operaciones que nuestro
grupo siempre ha estado en contra--, de enriquecimiento rápido que se
produjeron en años anteriores, cuando se decía que había indicios de que
algunas personas habían ganado en apenas una semana lo que otros ganaban
en todo el año.
Por tanto, me han gustado las declaraciones que usted ha hecho hoy en
esta Comisión que no tienen, repito, comparación, con las que aparecieron
el día 21 de enero de 1997, que sinceramente creo que quizá puedan llegar
a perjudicar a la transparencia, la credibilidad, la eficiencia y la
seriedad de la comisión que usted preside.
Por tanto, tengo que demostrar mi satisfacción en cuanto a la
intervención de hoy, pero también quiero poner encima de la mesa nuestra
sorpresa cuando vimos esas declaraciones porque pienso sinceramente que
no pueden llegar al objetivo de la transparencia, credibilidad,
eficiencia y seriedad en la formación de precios de lo que ha de ser la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Respecto a los hechos, la valoración que hizo el Grupo de Convergència i
Unió coincide con las diferentes intervenciones que ha habido en esta
Comisión por parte del Ministro de Industria. Nosotros no vamos a hacer
valoraciones al respecto hasta que no sepamos el resultado del expediente
sancionador. Sí quiero mostrar nuestra preocupación en cuanto a la
posible sanción que pueda existir por parte de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores respecto a Endesa, ya que entendemos que una sanción,
que según algunos medios de comunicación puede llegar a unos miles de
millones de pesetas, pudiera perjudicar la buena marcha de la
privatización de una compañía como Endesa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Bienvenido a esta Comisión de
Industria, lo cual no deja de desconcertarme, don Juan Fernández-Armesto,
en la medida de que su lugar natural de comparecencia (y aquí he de
erigirme lógicamente en defensor de las competencias de las diferentes
comisiones parlamentarias), no es ciertamente la Comisión de Industria,
sino la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los
Diputados, en la medida que, como es perfectamente conocido, la diferente
competencia de las comisiones permanentes de esta casa se mide en función
de a qué departamento ministerial están adscritos diferentes organismos.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Trocóniz, le rogaría que no
iniciara el debate de esta mañana con una interpretación de las funciones
y competencias de las distintas comisiones. Es un debate apasionante,
pero que lo haga en esta sesión de la Comisión de Industria no deja de
abrir cierta provocación al Presidente que le dirige la palabra, puesto
que yo tendría que argumentarle que el objeto y materia que se está
tratando --no el procedimiento-- se refiere a una empresa industrial que
actúa en el ámbito del sector de la industria y de la energía. Quizás ha
sido este motivo que se está tratando este asunto en la Comisión, y la
Mesa de la Cámara así lo ha calificado. Como conozco perfectamente sus
motivaciones y aspiraciones, le rogaría, si lo desea, que pudiéramos
posponer este apasionante debate,
que está pendiente de cerrar con la Comisión de Economía. Le invito, muy
cariñosamente, a que usted se deslice en su intervención a fijar la
posición de su grupo parlamentario en torno al motivo de la
comparecencia. No obstante, como usted sabe, señor Presidente, yo también
soy miembro de su Comisión de Economía, y también en algunos momentos de
mis trabajos parlamentarios me someto a su arbitrio y a su amparo. Le
rogaría que me facilitara que el debate se ciñera estrictamente en el
motivo de la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, al que no debemos distraer con estas cuestiones
nuestras de competencia entre comisiones.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Ciertamente conseguí mi propósito,
que era provocar a S. S. en relación a las manifestaciones que acaba de
realizar, como no podía ser menos. Pero sí es importante reseñar a qué
competencia y a qué comisión corresponde el enjuiciamiento o la
comparecencia en general del Presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por cuanto puede servirnos para deslindar los
diferentes asuntos, diferentes temas que se deben debatir hoy en esta
Comisión de Industria. En la medida que no nos compete analizar la
actuación concreta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
relación con una operación bursátil acaecida en el mes de octubre, sino
el juicio que le merece a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
comportamiento de la Empresa Nacional de Electricidad, su presidente y
director financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de
acciones de la Compañía Sevillana de Electricidad y de Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, me parece importante, señor Presidente, remitirme y hacer la
referencia previa a las competencias de las diferentes comisiones para
poder luego deslindar adecuadamente cuáles son los diferentes asuntos que
creo yo deben ser objeto de debate en esta Comisión. Ruego, por supuesto,
a la benevolencia del Presidente, que sepa aceptar nuestra queja y que,
por supuesto, no me esté llamando a la cuestión en relación a las
manifestaciones que acabo de realizar.
Yendo en concreto al asunto de la comparecencia que hoy nos ocupa del
señor Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a mi
juicio es necesario distinguir tres o cuatro apartados perfectamente
nítidos y diferenciados en lo que se refiere a esta comparecencia. Por
una parte, cuál ha sido el comportamiento de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en relación a los sucesos acaecidos entre el 9 y el 18
de octubre de 1996, en relación a una serie de noticias aparecidas en
medios de comunicación, en lo que se refiere a esta oferta pública de
adquisición de acciones. Por otra parte, cuál es el comportamiento
realizado por el presidente de esta compañía, por esta compañía en sí
misma considerada y por su director financiero. En tercer lugar, analizar
en lo que se refiere al posible coste para las arcas públicas que ha
podido suponer esta filtración, los desmentidos posteriores y la
inscripción o no de hechos relevantes en el registro que se lleva al
respecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y por último, y
en cuarto lugar, analizar los expedientes incoados, si es necesario
incoar otros nuevos expedientes y si, a su vez, estos expedientes y las
informaciones reservadas que se han obtenido en lo que se refiere a las
transacciones habidas en los día anteriores y posteriores a la aparición
de estas noticias, se han podido provocar enriquecimientos injustos,
torticeros o al amparo de informaciones privilegiadas. Por consiguiente,
vamos a desbrozar cada uno de estos diferentes campos que creo podemos
realizarlo con toda la brevedad posible, señor Presidente, señor
Fernández-Armesto.
En lo que se refiere en primer lugar, al comportamiento de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, hemos de convenir absolutamente con el
señor Hernández Moltó, que nos ha precedido en el uso de la palabra, que
el comportamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no puede
calificarse sino de impecable. Además, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores ha recabado información de las únicas personas de que puede
recabarla, es decir, de aquellos órganos de administración de la empresa
que, de acuerdo con su estructura societaria, tienen capacidad de
proponer y tomar decisiones. No nos cabe la menor duda de que desde un
punto de vista fáctico el accionista mayoritario tiene un peso muy
importante y decisivo en la compañía, pero no podemos engañarnos de que
es a través de su junta general y que es el consejo de administración,
bien su presidente ejecutivo o bien aquellas personas que tienen
delegadas competencias del consejo de administración, a quienes
corresponde adoptar las decisiones oportunas y las acciones
correspondientes. Por consiguiente, hemos de calificar de impecable el
comportamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cuanto
tiene noticia de que aparece en un medio de comunicación, el martes 10 de
octubre, la posible OPA de Endesa sobre la mayoría del capital de Fecsa y
sobre el cien por cien de Sevillana, inmediatamente toma contacto con la
Empresa Nacional de Electricidad para confirmar o desmentir esta noticia.
A su vez, y en la medida inmediata que tiene conocimiento oficial por
parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de que se
ha llegado a un acuerdo con Fecsa para tomar una participación
mayoritaria a través de la correspondiente oferta pública de la
adquisición de acciones, se suspende de manera inmediata la cotización de
las tres compañías afectadas (Sevillana, Fecsa y Endesa) y
posteriormente, al día siguiente, una vez que se depositan los
correspondientes folletos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
se levanta la suspensión de cotización de estos valores. También ha
obrado perfectamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la
medida que se ha producido y es cierto, una situación de contaminación
absoluta, y esto no significa que haya existido información privilegiada;
contaminación significa que los mercados están desconcertados en cuanto a
su posible proceder y están desconcertados en la medida que se produce un
enorme volumen de negociación de títulos en los días a que nos referimos,
entre el 9 y el 18 de octubre de 1996, que no tiene parangón en relación
a los volúmenes de negociación media de estos mismos títulos en los 30
días anteriores de apertura de los mercados y, sin
embargo y sorprendentemente, no nos encontramos con unas distorsiones
espectaculares o especialmente señaladas en lo que se refiere a los
precios de cotización. Así, entre el 9 y el 18 de octubre estos valores
suben simplemente el 6,5 por ciento, frente a una subida en general del
propio sector eléctrico que ronda el 8 por ciento. Por consiguiente,
podemos decir que la oferta pública de adquisición de acciones, en cuanto
a lo que pudo representar de modificación o de mistificación de los
valores afectados (Sevillana, Endesa y Fecsa), realmente no tuvo especial
significación. Sin embargo, es preciso señalar que sí existió una
contaminación muy importante por cuanto los mercados estaban
desconcertados porque existían rumores de la OPA, existían desmentidos
oficiales también de la OPA y un plazo de tres o cuatro días se
desenvolvió absolutamente toda esta maraña.
Por consiguiente, a nuestro juicio se demuestra que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores funciona y es operativa. Cuando digo operativa, no
quiero decir que sea perfecta en toda su posible operación de control
bursátil, porque, y antes lo reseñó el señor Presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en mercados secundarios tan fuertemente
implantados, con el volumen de cotización y de negocio cual es la Bolsa
de Londres, se producen no pocos casos de denuncias de apertura de
expedientes por información privilegiada o por anomalías en general en la
negociación bursátil que, sin embargo, tienen un porcentaje mínimo en
cuanto desembocan en expedientes sancionadores y aún mucho menos en lo
que se refiere a la imposición de verdaderas sanciones.
Dicho lo cual, me voy a permitir analizar a continuación lo que ha podido
suponer de coste para las arcas públicas esta posible contaminación,
estos hechos acaecidos, estos extraños acontecimientos que produjeron
informaciones asimétricas en el mercado.
Previamente, es preciso decir que a las arcas públicas no le ha costado,
vía Endesa, ni una sola peseta más de lo que hubiera costado si no se
hubieran producido estas filtraciones respecto a la oferta pública de
adquisición de acciones, puesto que la oferta pública de adquisición,
centrada en 1.100 pesetas por la acción de Fecsa y 1.300 pesetas por la
acción de Sevillana, no tenía nada que ver con la cotización bursátil en
los días anteriores. Ciertamente es un valor superior al de la cotización
bursátil normal, pero no es menos cierto (y espero que lo pueda confirmar
el señor Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) que
para que produzca una oferta pública de adquisición de acciones y que,
además, esa oferta pública sea exitosa, el precio ofrecido por las
acciones que se cotizan a determinada actuación en bolsa sea superior al
de cotización normal para que, precisamente, los tenedores de estos
títulos se vean incitados, se vean incentivados a vender masivamente los
mismos y, por consiguiente, se puedan recoger de la forma que se quiere
realizar por la compradora, es decir, obtener la mayoría en el capital de
la compañía. En este sentido es preciso señalar por qué existe la OPA.
Una OPA existe como tal, y como tal está regulada, para que no se
beneficien unos accionistas sobre otros por cuanto, no nos engañemos, el
51 por ciento primero del capital de la compañía vale mucho más que el 49
por ciento restante, por cuanto da lugar al control de ella.
Por tanto, no ha costado una sola peseta a las arcas públicas, lo que sí
ha resultado, evidentemente, es un beneficio a favor de los primitivos
tenedores de títulos de 12.083 millones de pesetas, que es la diferencia
entre el precio definitivo de adquisición de las acciones realizada por
Endesa de Fecsa y Sevillana y su valor teórico, de acuerdo con las
cotizaciones efectuadas en bolsa el 9 de octubre de 1996.
Entonces, y llegado a este punto, conviene que nos planteemos lo
siguiente. Si no hubiera existido esta contaminación, si no hubieran
existido estas noticias tergiversadas, estas noticias contradictorias se
hubiera producido también este desembolso adicional a favor de los
accionistas de Fecsa y Sevillana y en este caso también nos deberíamos
haber preguntado: ¿ha podido existir información privilegiada en esta que
es la operación bursátil más importante que ha habido nunca en la
historia de España? Ciertamente si se hubieran producido o no estos
hechos también se hubieran podido producir supuestos de información
privilegiada, en este caso aprovecharse de la situación de conocimiento
previo de cuál iba a ser el precio final de adquisición de los títulos
por parte de Endesa para adquirir masivamente títulos por partes ajenas,
lógicamente, a la propia compañía que quiere hacerse con el control
mayoritario de las empresas sobre las cuales realiza la oferta pública de
adquisición, y si se hubiera producido, como decía, esta adquisición
mayoritaria de títulos para, a sabiendas, revenderlos posteriormente a un
precio muy superior al de adquisición en un breve lapso de tiempo,
lógicamente utilizando información privilegiada, que es lo que queremos
exponerle, señor Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, si a raíz de la información exhaustiva que se ha realizado,
analizando todas las transacciones realizadas en los treinta días
anteriores a que se hubiera formalizado la oferta pública de adquisición
de acciones, ha podido existir información privilegiada y, por
consiguiente, actuaciones torticeras en bolsa tanto por las entidades que
asesoraron la OPA, cuanto por las personas que pudieron haber tenido
conocimiento directo de esta OPA en los días anteriores a su realización.
Por último (he alterado un tanto los términos de la intervención,
realmente este apartado sería el cuarto y ahora me voy a referir al
tercero, que analicé en un principio), me voy a referir a las posibles
responsabilidades administrativas por falta de puesta en conocimiento de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los llamados hechos
relevantes tanto del anterior presidente de la compañía nacional de
electricidad, cuanto esta misma compañía o su director financiero.
Aquí estamos ante uno de estos supuestos en los que debemos de esperar a
ver qué sucede definitivamente con el expediente sancionador abierto, que
no significa en absoluto que vaya a concluir en efectiva sanción y en
efectiva demostración de responsabilidad, sino que en muchísimas
ocasiones no es así, y más aún en este caso en que nos encontramos ante
una normativa del mercado de valores muy reciente, que es de 28 de julio
de 1988, es preciso, además,
en conceptos jurídicos tan indeterminados y tan imprecisos cual es el
concepto hecho relevante, saber en qué momento se debe poner en
conocimiento del mercado que se va a producir determinado acontecimiento
financiero, que tiene relevancia para el mercado, por parte de la
compañía que lo va a realizar. ¿Cuál es el momento efectivo de la toma de
decisión que puede hacerse pública de manera inmediata? Son realmente
conceptos difíciles de precisar, son conceptos de difícil apreciación y
que deben relativizarse a cada momento puntual histórico en que se
realizan por cada compañía.
Pueden existir compañías donde la toma de decisión que efectivamente se
va a producir y solamente de acontecimientos formales, es diferente a
otra. En este caso tenemos no solamente la aprobación por parte de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, sino la aprobación por
el Consejo de Ministros y, más aún, también la autorización de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. ¿En qué momento existe realmente
esta toma de decisión precisa? No podemos olvidarnos de una cosa: para
que sea relevante la toma de decisión ha de producirse en el momento que
se corre el grave riesgo de que efectivamente esta toma de decisión pueda
ser conocida por unas personas en detrimento de otros operadores en
mercado. Por consiguiente, sobre estos hechos relevantes es bueno que se
abran expedientes sancionadores precisamente para depurar e ir conociendo
a través de la experiencia estos temas. Tampoco sería malo poder pensar
en que se realizase un código de buenas prácticas de los operadores
bursátiles en el sentido de ir concretando qué supuestos deben ser
comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y qué supuestos
no. Estoy convencido de que es muy difícil apreciarlo y precisarlo y la
experiencia irá dictando los momentos en que debe hacerse esto.
Por consiguiente, correcta también la apertura de expediente sancionador,
que no significa en absoluto que deba conducir a una sanción, pero sí
importará también (sea en un sentido o en otro como se resuelva y por
supuesto también están los tribunales en su caso para revisar la decisión
que adopte la Comisión Nacional del Mercado de Valores) sea cual sea el
sentido de la decisión, exculpatorio o condonatorio, de depuración o no
de responsabilidades, tanto en un caso como en otro siempre será bueno
conocer qué se entiende por hechos relevantes y cuáles son los supuestos
concretos en que se deben o no poner en conocimiento de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores estos supuestos de importancia para los
operadores bursátiles.
Por todo lo cual, y concluyendo señor Presidente, hemos de decir que ha
sido correcta y afortunada la actuación de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y de su presidente. Ha existido ciertamente
contaminación en los mercados bursátiles, ha existido desconcierto. No
hablaría de asimetría, sino de diferentes efectos de la rumorología en
los corros bursátiles, porque no nos engañemos, no solamente en el caso
español, en cualquier tipo de operación bursátil de esta envergadura,
hubiera acaecido donde hubiera acaecido, pensando incluso en las bolsas
de Nueva York o Londres, donde existe una disciplina mucho más acentuada
e históricamente mucho más pronunciada que en España, los rumores también
tienen efectos importantes dentro de las operaciones bursátiles y,
evidentemente, la operación en concreto habida en el caso español que,
además, tienen un componente muy importante de sector público, que tiene
un componente muy importante de servicio público, tampoco se puede
sustraer a todo tipo de rumores que se puedan generar a respecto.
Sin lugar a dudas, ha habido un adecuado comportamiento de la Comisión,
por otra parte, están correctamente iniciados los expedientes
sancionadores, independientemente de su resultado; es más, tal vez se
deban iniciar nuevos expedientes sancionadores como consecuencia de lo
que pueda resultar de estas informaciones reservadas que se han abierto
para conocer si han existido o no posibles informaciones privilegiadas.
También, es preciso señalarlo, no ha existido ni una sola peseta de
incremento para el sector público en este caso vía Endesa respecto a la
oferta pública de adquisición de acciones como consecuencia de estos
desafortunados acontecimientos que hemos vivido en el pasado mes de
octubre.
Agradecer una vez más al señor Presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores su presencia en esta Comisión.
Si me lo permite, señor Presidente, pedirle a usted y a los grupos
parlamentarios que la memoria correspondiente a 1996 de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores sea presentada por el Presidente de esa
Comisión en su lugar natural de presentación en esta casa que es la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, y que a lo mejor pronto será
también de turismo.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Troconiz, en cuanto a su última
petición este Presidente no tiene ninguna duda de que la comparecencia
del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá
hacerse en la Comisión de Economía, ninguna duda, pero cuando esta
Comisión requiera su presencia para conocer la actuación de la Comisión
acerca de cualquier empresa o entidad que cotizando en el mercado de
valores tenga algo que ver con el objeto y la materia de la Comisión de
Industria vamos a pedirle que comparezca en la Comisión de Industria,
como no podía ser de otra forma y creo que usted estará de acuerdo en
ello.
Ahora procede conocer las respuestas del Presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a todas las preguntas y observaciones que
han hecho los portavoces y para ello le concedo este último turno de
intervención y pasaríamos luego al último punto del orden del día. Tiene
usted la palabra señor Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández-España): Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco a todos los grupos sus intervenciones y las preguntas y
comentarios que han planteado. Me van a permitir que vaya por el mismo
orden en que han intervenido.
En primer lugar, en el caso de Izquierda Unida, S. S. ha planteado con
toda razón una pregunta sobre la posible existencia de algún tipo de
responsabilidad por parte de la comisión al no haber adoptado medias en
este período que media entre el 10 y el 17 de octubre.
Quiero decir que no había razón alguna para desconfiar de la información
de Endesa. Endesa es una sociedad que había venido cumpliendo
perfectamente sus obligaciones de información. Es más en la primera OPA
sobre Sevillana se habían producido circunstancias similares, con una
noticia que había saltado a la prensa, y un hecho relevante depositado
por Endesa en el cual se confirmaba la existencia de negociaciones que
después condujeron a la primera OPA de Endesa sobre Sevillana. Además,
querría resaltarle que la obligación de depositar información veraz
corresponde al emisor. No es el regulador el que tiene que poner en duda
esa información, es el mundo al revés, aquel en el cual el regulador
tiene que dudar de la información que le presenta un emisor y tiene que
realizar una actividad para chequear su veracidad.
Dicho todo esto, la Comisión durante estos días, como ya dije, siguió, a
través de los sistemas que tiene establecidos, la evolución de los
valores y era consciente de los altos volúmenes y de las fuertes subidas
de precio. Sin embargo, se planteó y se desechó la posibilidd de
suspender los valores, porque suspender la cotización de un valor es
extraordinariamente negativo; es extraordinariamente negativo para los
inversores, que pierden la posibilidad de vender sus valores, de obtener
liquidez, y en los mercados modernos es especialmente negativo porque
existe un gran número de derivados que están basados, sobre todo, sobre
la acción de Endesa, y suprimir la cotización es suprimir la posibilidad,
para las personas que tienen derivados, de cubrir sus posesiones
abiertas. Suspender un valor como Endesa, Sevillana, Fecsa, que
representan --tengo aquí los datos-- el 15 por ciento de ponderación en
el Ibex y el 12 por ciento de negociación en el mercado, es una medida de
inusitada gravedad. Y póngase S. S. en la posición de la Comisión en
estos días. En una balanza tenía que sopesar un hecho relevante,
oficialmente registrado con el texto que yo ya les he leído y en el cual,
con claridad, se decía que no existían ni planes concretos ni se había
adoptado decisión alguna. Frente a esto, es cierto que había rumores y
había oscilaciones en el mercado, pero en esta balanza, si hubiéramos
dado crédito a los rumores y hubiéramos suspendido la cotización,
podríamos haber actuado con una ligereza y una irresponsabilidad
manifiesta, porque si, efectivamente, después sí era cierto, como debería
haberlo sido, el hecho relevante ¿cuál era la justificación que podría
haber aducido la Comisión para haber realizado esta medida inusitada en
los mercados españoles?
Yo he repasado muchas veces con los equipos técnicos de la Comisión,
cuyas recomendaciones seguí --y con eso no quiero decir que no asuma
plenamente la responsabilidad por todo lo acaecido, la asumo--, si en
estos días la actuación de la Comisión fue la apropiada, y le puedo decir
que si en este momento, con los niveles de información que teníamos
entonces, se vuelven a plantear otra vez los mismos hechos, cada una de
las decisiones adoptadas por la Comisión yo volvería a recomendar que se
adoptaran.
Con esto paso a las palabras de felicitación del señor Hernández Moltó,
que quiero agradecerle. La Comisión es un órgano independiente dentro de
la Administración del Estado y está orgulloso de la independencia de la
que disfruta; es un órgano joven en historia, pero que mira hacia atrás
con orgullo a los ocho años en que ha existido.
Su señoría me pregunta en primer lugar sobre la política de publicidad de
la Comisión en materia de apertura de expedientes. Es un tema difícil,
puesto que aquí hay varios intereses que hay que balancear. Está, por un
lado, el interés de la información, de que el mercado esté correctamente
informado. Están, por otro lado, valores muy trascendentes jurídicamente
--el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al honor, a la
fama--. No es fácil encontrar un equilibrio entre los varios intereses en
juego. La posición que ha adoptado la Comisión procede de la propia Ley
del Mercado de Valores. Como S. S. bien sabe, la Ley del Mercado de
Valores obliga a que los hechos relevantes sean públicos. Los hechos
relevantes son los hechos de las sociedades cotizadas en bolsa. En las
sociedades cotizadas en bolsa el derecho a la intimidad se halla diluido
por el interés de los inversores para tener una información amplia,
fidedigna, exacta de todos los hechos relevantes. Por eso, en estos casos
en los cuales se trata de infracciones muy graves realizadas en el
mercado, entiende la Comisión que el derecho del mercado a ser informado
de algo que indubitadamente son hechos relevantes prevalece sobre ese
otro legítimo derecho que es el derecho a la intimidad. Por eso, en los,
gracias a Dios, pocos casos en los cuales la Comisión ha tenido que abrir
expedientes por infracciones muy graves, la Comisión ha adoptado la
posición, después de sopesarlo mucho, de que esta apertura de expediente
constituye un hecho relevante que el mercado debe conocer.
Quiero decir con todo énfasis a S. S. que esta medida de publicidad es
una medida congruente con las prácticas de otros reguladores y que es una
medida en la cual no hay presión alguna de naturaleza política y menos
presión alguna de naturaleza política en el caso de Endesa. Las
decisiones de Endesa, como dije antes, resultaron de la propuesta de los
servicios de inspección, fueron adoptados por unanimidad por el consejo
de la Comisión y no son producto de ningún tipo de presión, ni ha habido
ningún tipo de presión.
En cuanto a la finalización del expediente, no es cierto --y las noticias
de prensa puedo desmentirlas-- que la Comisión haya dicho que el
expediente esté cerca de su finalización. Los expedientes, por su propia
naturaleza, son procedimientos complejos. El expediente más breve que se
ha cerrado en la historia de la Comisión ha durado siete meses. La media
se acerca más al año, y esto se debe a que precisamente el ordenamiento
jurídico prevé una serie de trámites en garantía de los propios
interesados. La Comisión tiene el mayor interés en cerrar los expedientes
con la máxima celeridad. Depende no solamente de la diligencia de la
Comisión, que va a poner la máxima, sino también de
las propias solicitudes de trámites por parte de los expedientados.
Me pregunta el señor Hernández Moltó sobre las relaciones con la SEPI.
Existe un contacto entre el director de la División de Mercados
Secundarios de la Comisión y el director financiero de la SEPI el martes
por la tarde con la finalidad de preguntarle si la SEPI tenía alguna
información adicional. La contestación fue que no existía ningún hecho
que comunicar.
Me pregunta S. S. también sobre la responsabilidad de la SEPI, el
Ministerio y Endesa. La contestación a esto es muy clara. La Ley del
Mercado de Valores, en su artículo 82, impone la obligación de depositar
hechos relevantes al emisor de los valores, en este caso a Endesa. La
decisión de lanzar o no lanzar una OPA es una decisión del consejo de
administración de Endesa. Por tanto, la responsabilidad sobre la
información correcta o incorrecta y la responsabilidad sobre la adopción
o no de los acuerdos de lanzar las OPA jurídicamente están centradas en
los órganos de Endesa --su presidente ejecutivo, su consejo de
administración.
En cuanto al comienzo del período de investigación --no sé si quedó del
todo claro en mi intervención-- la Comisión está investigando desde el 23
de septiembre, no desde el 10, sino desde el 23 de septiembre. Después de
un análisis técnico de la evolución de los mercados, se estimó por los
servicios de inspección que ésta era la fecha apropiada para comenzar las
investigaciones y se han revisado todas las operaciones realizadas a
partir del 23 de septiembre hasta el día en que se aprueba en el Consejo.
Paso a contestar al señor Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán. Le
agradezco sus palabras de prudencia; la prudencia es una de las virtudes
fundamentales de todo regulador.
El señor Sánchez i Llibre se refiere a unas conversaciones mías y al
reflejo que tuvieron en la prensa. Creo que en ellas también apliqué el
criterio de prudencia que debe en todo momento ser la guía del presidente
de un órgano regulador. Fíjese S. S. en que en ningún momento la Comisión
ha hecho declaración alguna, ha emitido juicio de valor alguno ni sobre
las conductas de las personas implicadas en los expedientes ni sobre el
desarrollo de los mismos. Sí he hecho referencia en esas conversaciones
con periodistas a la existencia de altos volúmenes de contratación e
incrementos fuertes del precio, eso que en el argot de los reguladores y
del mercado se llama contaminación. Y eso, en la experiencia de los
reguladores, son indicios de asimetrías informativas.
Sí he hecho referencia durante estas conversaciones, y creo que en esto
coincidirán conmigo todos los miembros de la Comisión, en que no tengo
simpatía por actuaciones en el mercado en las cuales se utiliza
información privilegiada. Y creo que en esas conversaciones también
resalté lo que hoy ha sido el leit motiv de mi intervención: que para
luchar contra la utilización de información privilegiada, que es la más
noble de las tareas de la Comisión, no se puede actuar solamente ex post,
intentando después demostrar su existencia; se puede, se debe y se hace,
pero eso no es suficiente; es también imprescindible actuar antes para
evitar que existan informaciones privilegiadas, y para ello es necesario
que se informe a través de hechos relevantes inmediatos, veraces y
fidedignos.
Su señoría planteaba la cuestión de si la sanción, en su caso --y es en
su caso porque no puedo en forma alguna prejuzgar cuál va a ser el
resultado del expediente--, podría perjudicar a Endesa y a la
privatización. Sinceramente, estoy plenamente convencido de que las
actuaciones de los reguladores investigando y, en su caso, sancionando,
que son ingratas, son positivas para los mercados, porque incrementan la
confianza de los inversores, atraen capital, atraen inversores
institucionales del tipo necesario en grandes privatizaciones.
Estoy plenamente convencido de que, aparte de que el derecho exija la
apertura del expediente, estas formas de actuar de la Comisión
incrementan el atractivo del mercado español para los inversores y, a la
postre, facilitan las operaciones de colocación de acciones a inversores.
Con esto termino, señor Presidente. Agradezco al señor Fernández de
Troconiz sus palabras, y le agradezco, además, que cuando dice que la
actuación de la Comisión fue correcta, afortunada e impecable haya
añadido: y no es perfecta. Y es cierto, no es perfecta. La Comisión no es
perfecta en su capacidad de descubrir todas las operaciones irregulares
que se puedan haber realizado. Es imposible, dentro de las decenas de
miles de operaciones que se realizan, poder detectar todas aquellas que
tengan un elemento irregular. Pero creo que a la Comisión se le tiene que
aplicar el mismo principio que aparece en el «Fausto» de Goethe: A quien
siempre con denuedo se esfuerza, a ése, se le puede salvar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente ¿me permitiría cinco segundos
para pedir una aclaración de una información que nos ha dado, porque,
caso de que haya sido un error, puede tener consecuencias?
El señor PRESIDENTE: ¿Podría ser un minuto, señor Hernández Moltó? Tiene
la palabra.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Mucho menos, señor Presidente. A la pregunta de
si había información, he entendido al señor Presidente decir que se
dirigió al director financiero de la SEPI, que le comunicó que no había
información relevante. Lo digo porque si esa información es así es del
máximo interés, no vaya a ser que fuera otra empresa y no la SEPI.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández-España): Usted me preguntó, en concreto, si
había habido algún contacto con la SEPI, y la contestación fue que el
martes 15 por la tarde --posterior al jueves 10--, el director de la
División de Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se
dirigió al director financiero de la SEPI para preguntarle si había
alguna noticia, y la contestación fue que no la había. Era una pregunta
concreta y una contestación concreta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Armesto.
No habiendo más intervenciones ni cuestiones a tratar, le agradecemos su
presencia y las explicaciones que nos ha dado.
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PRIVATIZACIONES (GAMIR
CASARES) PARA INFORMAR SOBRE LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS, A
SOLICITUD DEL GOBIERNO, EN LOS EXPEDIENTES DE PRIVATIZACION DE EMPRESAS
PUBLICAS Y AQUELLOS QUE ESTEN EN CURSO EN EL MOMENTO DE LA COMPARECENCIA,
ASI COMO INFORMAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO Y ASPECTOS
GENERALES RELACIONADOS CON EL MISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000425.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el último punto del orden del día, que
se refiere a la comparecencia del presidente del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, a petición del Grupo Socialista, para informar sobre los
distintos trabajos realizados, a solicitud del Gobierno, en los
expedientes de privatización de empresas públicas y de aquellos que estén
en curso en el momento de la comparecencia, así como informar sobre el
funcionamiento del propio Consejo y aspectos generales relacionados con
el mismo.
En primer lugar, debo darle la bienvenida en nombre de todos los miembros
de la Comisión e indicarle que, en el seno de esta Comisión, se va a
constituir la subcomisión que va a hacer las funciones de seguimiento.
Esta presidencia desea que esta subcomisión, con la comisión que usted
presida, pueda tener unos estrechos lazos para conducir con la máxima
eficacia posible esa etapa de conocimiento y de resolución acerca de
todas las privatizaciones que se vayan a llevar a cabo en el país.
Ahora hay que centrarse en el objeto de la comparecencia. Vamos a
administrar ese turno dándole una intervención al presidente del Consejo
Consultivo de Privatizaciones y luego los distintos grupos, empezando por
el proponente y terminando por el Grupo Parlamentario Popular, van a
hacer uso de la palabra si lo desean.
Tiene la palabra para hacer su informe acerca del motivo de la solicitud
de comparecencia que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PRIVATIZACIONES (Gamir
Casares): Parece lógico empezar con una nota de satisfacción por volver a
esta Comisión. En la legislatura pasada, desde el otro lado de la mesa,
tuve ocasión de compartir con los que estaban en aquel momento en la
Comisión trabajos intensos a lo largo de ella. Esta nota de satisfacción
no viene desde la nostalgia, porque el trabajo actual es también sin duda
muy atractivo e interesante, sino desde el aprecio y consideración a esta
Comisión y a todos sus miembros.
Sin más preámbulos empiezo con el tema por el que he sido requerido a
comparecer. La primera parte del mismo tiene que ver con los informes y
trabajos realizados respecto a las privatizaciones. En la actualidad hay
dos tipos de informes. Uno de ellos es el informe preceptivo y no
vinculante que realiza el Consejo después de la propuesta normalmente del
agente gestor y antes de la aprobación del Consejo de Ministros. Al
respecto ha habido dictámenes sobre Gas Natural, dos distintos sobre
Telefónica, sobre Minas de Almagrera, sobre Sefanitro y sobre Iongraf,
que es una filial de Inespal.
Como también se me pregunta por los trabajos en curso, debo decir que en
este momento están los temas de Surgiclinic, que es una empresa a través
de la cual se buscó colocar a excedentes de plantilla relacionados con el
mundo de Santa Bárbara. En este momento estamos tratando también el tema
de Sodical, que es la Sodi relacionada con Castilla y León, el tema de
Repsol, y, en un orden distinto, se nos han hecho consultas, aparte de
esos informes preceptivos y vinculantes (el Gobierno, la Comisión
Delegada o cualquier agente gestor puede consultarnos sobre cualquier
otro tema), sobre si nos consideramos competentes o no para el caso de
Potasas de Subiza, que es una filial de Potasas de Navarra, en cuanto que
se transfiere desde la Administración central a la administración
autonómica para su liquidación posterior. Estamos estudiando estos cuatro
últimos temas y normalmente los informes se terminarán a lo largo de este
mes. Quizá el de Repsol se termine a primeros del próximo mes, porque
hemos pedido información complementaria que aún tenemos que recibir.
Destacaría que el primer informe --el de Gas Natural-- lo emitimos casi a
finales del mes de noviembre y que, por tanto, en un período de tres
meses la Comisión habrá realizado aproximadamente diez dictámenes o
informes, que implican un trabajo bastante intenso. Como conocen,
normalmente estos expedientes de privatización van acompañados --y no
exagero-- de miles de páginas, en el sentido literal de la expresión, que
no sólo hay que leer, sino que hay que analizar. Después, lo que hemos
hecho muchas veces en la práctica ha sido solicitar información
suplementaria a los agentes gestores, sea a nivel de la dirección, sea a
nivel de técnicos. Ello implica que detrás de cada informe se han
invertido muchas horas de trabajo.
Voy a citar una frase muy famosa dicha por un gran político español en su
momento, en la transición política. La frase es que hay situaciones en
que se exige a uno que ponga los grifos al mismo tiempo que da el agua.
Quizá, con toda humildad, en esta primera época nos hemos encontrado ante
la situación de que teníamos al mismo tiempo que montar el Consejo,
contratar al personal laboral, montar el sistema de ordenadores, etc.,
etc., y redactar dictámenes. Es decir, poner en marcha el Consejo, poner
los grifos al mismo tiempo que dábamos el agua y producíamos informes.
Sería excesivamente extenso analizar informe a informe. Quisiera destacar
que los informes suelen tener objeciones o recomendaciones que es posible
que hayan sido
de lo más periodístico. Lo que decimos en los informes se publica y sobre
ello los medios de comunicación han destacado a menudo las objeciones que
se planteaban. Escogiendo tres entre muchas, podríamos citar, por
ejemplo, que sobre el tema de Gas Natural un determinado periódico
tituló: «El Consejo de Privatizaciones cuestiona la selección de asesores
en Gas Natural.» Sobre el tema de Telefónica, un periódico tituló: «El
Consejo de Privatizaciones objeta la OPV de Telefónica.» Otro conocido
periódico en lengua catalana tituló: «El Consejo de Privatizaciones pone
condiciones a la venta del paquete estatal de Telefónica y critica que el
núcleo duro de accionistas sea el coordinador de la operación.»
Es lógico que periodísticamente lo que se destaque sean las objeciones o
las recomendaciones que hacemos. Además, en cierto grado es positivo,
porque demuestra a la opinión pública el carácter de independencia, de
rigor, con que se realizan los informes. Pero también quiero decir, en
aras a la verdad y a colocar cada cosa en su sitio, que en los cinco
temas que han ocasionado estos seis informes el dictamen ha sido que se
cumplían suficientemente las condiciones de publicidad, de transparencia
y de concurrencia; es decir, que el agente gestor había montado la
operación adecuadamente, de acuerdo con lo exigido por la decisión del
Consejo de Ministros en la que está basada el proceso de privatizaciones.
Dentro de los planteamientos que hemos hecho y que han tenido un impacto
mayor, el primero es el relativo a todo el campo de los asesores,
coordinadores generales, colocadores, etcétera. Quizá se han destacado
dos puntos básicos. Primero, nuestra insistencia en el sentido de que
todos los asesores se nombren por sistemas concurrenciales. En este tema,
nos encontrábamos con una tradición: no era así en la legislatura pasada,
y hemos hecho mucho hincapié en introducir la concurrencia en la elección
de cualquier asesor, incluso en el asesor jurídico, que se nombre. Y
segundo y quizás lo que más se destacó fue el planteamiento que
realizamos en su día sobre el posible conflicto de intereses, si se era
al mismo tiempo miembro de lo que a veces se denomina núcleo duro (y en
otra expresión accionista estable de la empresa) y ser coordinador
general de la operación. El primero de nuestros informes fue el de Gas
Natural. Ya allí mencionábamos el problema del posible conflicto de
intereses, y lo desarrollamos más en el dictamen de Telefónica, hasta el
punto de que en ese caso pedimos información extra sobre las funciones de
los coordinadores generales; información que pedíamos que se nos
suministrara cuando acabara la operación. La verdad es que la SEPPA se
adelantó, nos suministró antes y con bastante detalle dichas funciones. Y
no sólo nos dio la información, sino que tomó una serie de decisiones
sobre cuáles eran las funciones de los coordinadores y de los
colocadores, que eran hasta diez, las funciones de la SEPPA, del asesor
de toda la operación, etcétera, y a la vista de toda esa información
pensamos que el posible conflicto de intereses quedaba muy disminuido.
Digo esto porque una personalidad de gran importancia, que acaba
precisamente de comparecer, ha planteado este tema en recientes
declaraciones. Quiero recordar simplemetne que con todas las aportaciones
y con todos los detalles y matices con que él ha abordado este asunto --y
era lógico esperarlo por la calidad del Presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores--, nosotros, como es lógico y como es
nuestra obligación, lo habíamos planteado precisamente en noviembre del
año pasado.
Otro campo distinto es el tema de las comisiones. Creemos que hay que
incrementar la competencia en el terreno de las comisiones. No obstante
por nuestros informes, no ya redundantes sino machacones, por ejemplo en
las comisiones de colocación, cuando existe una OPV, etcétera, sino sobre
todo por la actuación de los agentes gestores, el hecho es que las
comisiones han ido disminuyendo. Las comisiones en el caso de Gas Natural
fueron superiores a las de Telefónica y en el de Telefónica normalmente
resultarán superiores a las de Repsol. Todas ellas, sin duda, son, a su
vez, inferiores a las comisiones de las colocaciones de las mismas
empresas en la legislatura anterior. Repito que el mérito no es solamente
de nuestra insistencia en los informes, sino sobre todo de la gestión de
los agentes gestores. Es importante todo lo que redunde al final en la
cantidad neta que obtiene la Administración pública, en que sea mayor esa
cantidad; es decir, parafraseando a un conocido Diputado del Partido
Socialista, que las joyas de la abuela --el resto de la frase no le
pertenece-- sean vendidas a un precio auténticamente real y se saque el
máximo dinero, incluso buscando que estos flecos, entre comillas la
palabra flecos, como pueden ser las comisiones, que tienen sin duda
importancia, se vayan reduciendo a lo largo de un proceso competitivo,
introduciendo más concurrencia.
Por otra parte, hemos planteado la conveniencia de profundizar en alguno
de los puntos de los tres aspectos, que son de nuestra competencia, sea
en la publicidad, sea en la transparencia o sea en la concurrencia. A
menudo decimos: esta operación tiene suficiente concurrencia. Por
ejemplo, el Banco Mundial dice que para la elección de asesores es
suficiente con cuatro ofertas y eso se cumple. Hay suficiente
concurrencia, pero consideramos que debía haber habido más, que debían de
haber quedado más claros los elementos de preselección de los candidatos,
etcétera. Es suficiente la competencia, pero se puede profundizar. En
este aspecto habría diversos ejemplos en lo que llamamos profundización
de los elementos de concurrencia, transparencia o publicidad a lo largo
de nuestros informes. Un tema que tuvo cierta transcendencia pública fue
el de Sefanitro (aparte de lo que luego comentaré sobre valoraciones).
Hablamos de la acción activa que tiene que tener el agente gestor antes
de que se le presente la OPA. Se había realizado una acción activa, sin
duda, pero para otros casos recomendamos que se hiciera esa acción activa
y se profundizara más; es decir, se había cumplido suficientemente el
principio de concurrencia, pero se podía profundizar más al respecto.
Otro tema distinto en el que hemos insistido en varios de nuestros
informes --y nos alegramos de haberlo hecho--, es el de las
contingencias. ¿Qué son las contingencias? Pues son los vicios ocultos
que muchas veces el comprador saca ex post y por los cuales reclama
cantidades al vendedor. Ese tema lo desarrollamos con mucha amplitud
en el informe de Iongraf, porque a veces asuntos que parecen pequeños
tienen una problemática muy compleja. Al final era un management buy out,
una venta a los directivos. En ese caso, ese tema era de especial
importancia y consideramos que se había negociado bastante bien en lo
relativo a las contingencias, pero apuntamos que dado que era un caso de
management buy out, creíamos que se debía profundizar aún más en el tema
de las contingencias. Este informe es anterior a que saliera a la luz
todo el problema de lo ocurrido con la privatización de Sidenor en la
legislatura pasada y las, contingencias afloradas después de dicha
privatización. Nos alegramos realmente de lo que comentábamos sobre el
tema de Iongraf, a la vista de que en la práctica --y no solamente en el
tema de Sidenor, sino en otros que han sido menos difundidos en la
opinión pública-- no se negocian bien las contingencias.
Y para no ser más extenso mencionaré un último tema: el de las
valoraciones. El acuerdo del Consejo de Ministros sobre privatizaciones
dice que una empresa debe tener un valor externo claro antes de
privatizarse. Este es un punto que yo recuerdo que en la anterior
legislatura no solamente se discutió, sino que personas muy metidas en la
realidad del mundo de las privatizaciones negaban la necesidad de la
valoración previa. De hecho, nos hemos encontrado con casos que provienen
de la anterior legislatura en los que no había valoración previa.
Nosotros hemos insistido mucho en esa valoración previa. Hemos insistido
incluso en el caso de Sefanitro, que era un valor que estaba en bolsa
(sobre Telefónica como es lógico no hemos pedido una valoración previa,
porque está en bolsa y el free float, la cantidad que se intercambia, es
muy amplia) y en el que existió un proceso de OPA, con tres valoraciones,
la de la primera oferta de OPA, la de la segunda y la de mejora de la
primera OPA. A pesar de ello, consideramos que no había una valoración
externa e informamos que era insuficiente. Aquello hizo que se convocara
a dos asesores externos que hicieran dos valoraciones, que se enviaran
las mismas y entonces sí se cumplió adecuadamente el tema de la
valoración externa. A veces nos hemos encontrado con que el precio de
venta luego no tuvo que ver con la valoración externa. Cuando esto ocurre
hay que explicar sus causas con toda claridad. No quiero remitirme a
temas como Enagás, pero sí es importante, como un elemento más de lo que
llaman los ingleses el real value, de mostrar que se ha vendido a un
valor que es lo que realmente vale. Estamos en situaciones en las que se
transfiere del dominio público al dominio privado, que es lo que implica
una privatización.
Como es lógico, luego estaré a la disposición de SS. SS. sobre cualquier
otro punto de los informes que hemos tratado. Sobre los que están en
curso no puedo adelantar cuál va a ser el informe final, porque es
colectivo, e incluso arriesgar una opinión personal me parecería
inadecuado, por respeto a mis compañeros de consejo. Sí quiero recordar
simplemente que Sodical plantea un caso especial al tratarse sólo en
parte de una privatización. La Administración pública central hace una
venta a la Administración autonómica, pero en cierto modo es una
privatización porque las cajas de ahorro forman parte del paquete del
grupo comprador.
Insisto en que Surgiclinic plantea problemas. Sinceramente, considero que
es muy necesaria una política que tienda a colocar excedentes de mano de
obra en el caso de Santa Bárbara, caso que conozco bastante bien, pero
este cauce la verdad es que no ha tenido éxito. Ha habido fondos de hasta
1.000 millones de pesetas y se han colocado dos personas, dos ingenieros,
en esta empresa y ahora se plantea su privatización en esta situación.
El caso de Repsol es muy amplio, pero como el informe no lo terminaremos
hasta primeros del mes que viene me parece inadecuado adelantar más al
respecto.
Voy a ser muy breve respecto a las funciones y aspectos generales. Sobre
este tema me parece que por cortesía al Pleno de esta Cámara yo no debo
volver a entrar en aquellos elementos y aspectos generales que fueron
tratados en la sesión del Pleno del 26 de noviembre, en la que los
portavoces parlamentarios se definieron e incluso se realizó una votación
al respecto. Como es lógico, cualquier grupo parlamentario puede plantear
el tema que estime oportuno, pero personalmente me remito a lo allí
dicho. Parto de lo allí analizado, hablado y votado incluso.
Sobre los temas de funcionamiento interno, ya he mencionado varios
aspectos. Se puede añadir que normalmente existen reuniones quincenales
del pleno del consejo e incluso más frecuentes, que hay una comisión
formada por el presidente y los ponentes --para cada uno de los asuntos
se nombran ponentes entre los consejeros--, que se reúne semanalmente e
incluso a veces más de una vez a la semana; que el consejo, aparte de
contar con los consejeros, cuenta con un mínimo staff, en total diez
personas, de las que hay cinco asesores, personal administrativo,
etcétera; que aunque ya se habló del presupuesto en aquella sesión del 26
de noviembre, quiero recordar que es de 150 millones, muy inferior, como
ya se dijo allí, al de muchos organismos, por ejemplo, creados en la
legislatura anterior. No quiero reiterar lo que ya se dijo, a no ser que
alguna de SS. SS. quiera que replantee actualizadas las cifras que se
dieron en la Cámara el 26 de noviembre, porque pertenecían al año pasado
y ya se conocen las del actual presupuesto.
Estamos instalados en una oficina en la avenida de Burgos, 8.º bis,
exactamente el 11.º derecha. Es un piso que tiene 300 metros útiles. La
remuneración de los consejeros se efectúa sobre la base, como se dijo el
26 de noviembre, de dietas e indemnizaciones. La del resto del personal
está sujeto a contratos laborales. El consejo, además, se ha dotado de un
sistema de incompatibilidades, que une el conflicto de intereses con
problemas de eficacia.
Yo acabaría diciendo que el Consejo Consultivo de Privatizaciones es un
organismo creado desde el principio de economía del gasto público,
principio propugnado por el artículo 31.2 de nuestra Constitución y que
creo que el consejo está resultando eficaz en su trabajo de ayudar a
conseguir el objetivo buscado por el Gobierno, que es que el proceso de
privatización se realice siguiendo los principios de transparencia,
publicidad y concurrencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Hernández Moltó, en representación del grupo proponente.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias al Presidente del Consejo
Consultivo de Privatizaciones al que ganas me dan de llamar Luis, porque
evidentemente estamos casi en la casa.
El señor PRESIDENTE: Todo puede ser en un futuro. (Risas.)
El señor HERNANDEZ MOLTO: Ya veremos cómo se va transformando el órgano.
En cualquier caso, bienvenido a su primera comparecencia en esta
Comisión, de las muchas que ya le anuncio va a tener que realizar, porque
entendemos que las funciones que desempeña tienen un sentido en la
proximidad y en la rapidez, más que en el análisis histórico
retrospectivo de actos que producen una gran riqueza intelectual sólo a
nivel de la melancolía que crea conocerlos, sobre todo por la impotencia
que da el no haber podido participar en este tipo de decisiones, aunque
en ese nivel de melancolía y de nostalgia está también la subcomisión que
se ha generado en esta Comisión para el seguimiento de privatizaciones,
que tendrá más que ver con los historiadores que con los parlamentarios.
Dicho esto, ya sabe usted, señor Gamir, que nosotros estamos en contra
del Consejo Consultivo de Privatizaciones, lo hemos dicho en alguna
ocasión. Estamos en contra, aunque, también lo hemos dicho y lo
reiteramos hoy, reconocemos el derecho político, estaría bueno, y la
capacidad política del Gobierno para dotarse de órganos de actividad,
como este que se ha generado. Si estamos en contra de que se haya
constituido, como usted bien sabe, lo estamos aún más de este terreno
resbaladizo, complejo, en el que se mueve, en ese terreno excesivamente
original, valga el término. Estando en contra de que exista y de que sea
así, sin embargo, yo creo que somos más sinceros que el propio Gobierno,
que yo pienso que es realmente quien no quiere que exista. Por eso da pie
a este tipo de situaciones absolutamente complejas. Que el Gobierno no
quiere que exista el órgano es evidente, porque, si no, se le dotaría de
todos los atributos que probablemente debería tener un consejo de esas
características, pero, evidentemente, no parece que esté muy dispuesto a
hacerlo. Por eso nosotros hemos querido ser consecuentes y sinceros con
la Comisión y con el mismo consejo consultivo al darle la envergadura y
la categoría que pensamos que debe tener una función como la que se está
desempeñando. Yo creo que es mucho más útil para el propio consejo que
esa función se desempeñe en el sitio donde usted está colocado hoy, es
decir, con el reconocimiento de una autoridad política y administrativa
de este país, que en el terreno sombreado donde no sabemos si, como la
lamprea, es carne o pescado, es decir, no sabemos si es órgano o no es
órgano.
Yo estaba repasando, en este debate al que hacía referencia el señor
Gamir de 26 de noviembre, el circense discurso parlamentario del portavoz
del Grupo Popular --en aquel momento, por cierto, aunque era tema
industrial, fue el señor Troconiz y no sé si le pidió autorización al
Presidente de la Comisión de Industria para intervenir (Risas.); tiene
que ver con el debate pasado, es una licencia que nos permitimos a estas
horas de la mañana--, en el que, hizo referencia al consejo, porque es la
primera vez que usted viene a explicarnos de verdad qué es el consejo,
pero en aquel decreto de junio, de modernización del sector público
empresarial, el ministro pasó como por ascuas. Entonces, la única cita de
autoridad es la que está escrita, en la que menciona, de una manera muy
peliculera, a los «ocho magníficos profesionales que voluntariamente
colaboran en las tareas públicas de Gobierno». Esta es la primera
definición a la que este Parlamento se aproxima respecto al Consejo
Consultivo de Privatizaciones.
Haciendo un repaso de todo este tipo de dependencias administrativas
estoy convencido de las dificultades que usted debe tener para funcionar.
Desde luego, si podemos ayudarle para que las facilite y las agilice,
cuente con nosotros, porque esto es como decía algún Diputado, hoy ya
ausente de esta Cámara en importantes tareas: ¡Al suelo, que vienen los
nuestros! (Risas.) En cuestiones de este tipo, señor Gamir, si los suyos
no le ayudan, cuente con nosotros, se lo digo de verdad, cuente con
nosotros para que, ya que el consejo consultivo está creado, aunque no
estemos de acuerdo con que exista y menos con que sea así, que por lo
menos podamos hacerlo no alegal o ilegal, como concluyó aquel debate del
26 de noviembre, sino legal, útil y eficaz y, a ser posible, sin que eso
vaya en nuestro desdoro como Diputados, ni en el del Gobierno como
responsable público o, por cierto, de usted como Diputado, y es que yo no
me resigno a que el consejo tenga las características que su grupo
parlamentario define cuando dice que no estamos ante un órgano. Dice: «El
Consejo Consultivo de Privatizaciones es algo simple, es algo sencillo.
El Gobierno busca un grupo de profesionales independientes, pero
independientes de verdad. No porque la norma diga que el consejo nombrará
personas independientes, estos profesionales pasan a ser independientes;
lo son porque efectivamente son independientes.» Este es un concepto
marxista de Groucho, porque, la verdad, es absolutamente ininteligible,
pero ésta es la definición que esta Cámara tiene de lo que es el Consejo
Consultivo de Privatizaciones. Es un consejo acerca del que no me resigno
a pensar de verdad qué es lo que quieren decir, repito, en desdoro de
todos nosotros, de la Cámara, del Gobierno, de los funcionarios de la
Administración pública.
Se dijo en el debate que había razones políticas para que existiera el
consejo, porque «encontrar a magníficos profesionales en España, que
están actualmente, bien en la universidad, bien en la empresa privada,
bien en sus despachos profesionales, para que se incorporen a la
Administración a colaborar en este asunto tan importante para el futuro
de la economía española, señor Hernández Moltó» (se refería a mí don
Fernando) «que estén dispuestos a incorporarse con esa dedicación y con
un régimen de incompatibilidades como el que ustedes plantean, es
imposible». Es decir, don Luis, parece que usted no debería estar tampoco
en ese consejo, porque yo creo que usted es un gran profesional; sin
embargo, está sometido al régimen de incompatibilidades que cualquiera de
los Diputados de esta Cámara o cualquier director, delegado territorial,
gobernador civil o asesor ministerial tienen. Pero hay más: «Y como no
hay
profesionales que sean capaces» (vuelvo a sacar el tema por aquello de
lavar el honor de esta Cámara) «y estén dispuestos al régimen de
incompatibilidades que supondría su incorporación a la Administración...
entendemos que es una buena manera de innovar... entendemos que es una
magnífica forma de crear estructuras organizativas de consultoría
respecto del Gobierno perfectamente factibles sin necesidad de llegar a
regímenes de contratación específica, sin tener necesidad de llegar a
incorporaciones a la Administración, para que actúen como titulares de
cualquier tipo de órganos administrativos, en este caso de un órgano
colegiado» --ése que no era un órgano--. Digo esto en tono de humor,
señor Gamir, para que usted vea el nivel de dificultad en el que nos
movemos. Es una dificultad que genera dudas, compréndalo; genera las
dudas de no saber el nivel de trascendencia de sus opiniones, de
vinculación de sus opiniones.
Su propia comparecencia aquí hoy pone de manifiesto las limitaciones que
usted tiene para el trabajo --ya digo, si quiere apoyarse en este grupo,
nosotros estaríamos dispuestos--, porque esto parece más una tertulia en
la que se nos informa a bote pronto de algunas de las cosas que se han
aprobado que un órgano, como dice el señor Troconiz, que pueda informar
de una manera adecuada a esta Cámara y a la opinión pública. Dije
entonces y digo ahora que la responsabilidad que ustedes tienen es ni más
ni menos que velar e informar sobre el proceso de transparencia, de
legalidad, de oportunidad, de rentabilidad de la venta del patrimonio
público empresarial de este país, que tiene unas consecuencias económicas
de primer orden, sin lugar a dudas, pero tiene unas consecuencias
políticas y también sociales.
Ya comprenderá que extrañe esta situación de ambigüedades, de
voluntarismo. Le recuerdo que el Consejo Consultivo de Privatizaciones
fue bautizado como una ONG financiera, pero era a tenor de la definición
del voluntariado que el Partido Popular le achacaba a los consejeros;
repito, siete u ocho magníficos voluntarios. Yo creo que esto requiere
algo más. Le agradezco sinceramente su comparecencia hoy aquí, pero
queremos poner en evidencia lo que nosotros pensamos --utilizaré el
término porque la consideración que tengo para con el Presidente me
limita a pensar que cualquier palabra no medida pudiera ser un acto de
falta de deferencia, no--: señor Gamir, reconózcamelo, el procedimiento
es un poco chapucero. Aquí hemos dicho que hay algunos informes. El
Partido Popular, en el famoso debate de marras, se limitaba a pedir los
informes al ministerio. El Parlamento tiene un procedimiento adecuado,
reglado, para recibir informaciones. No tendríamos que ir detrás de
usted, aunque sus consejos valdrían la pena, o del Ministro de Industria
--que, por cierto, no sabemos dónde está últimamente--, a ver de qué se
nos informa. Yo creo que esto debería tener un procedimiento más
adecuado. Ya, de entrada, le diré que aun no creyendo en el Consejo
Consultivo de Privatizaciones y no estando de acuerdo con su
funcionamiento, es posible que fuera una buena iniciativa por su parte
comprometerse a una periodicidad en la información. Yo no sé si es
complementario con esta nostálgica y melancólica subcomisión para el
seguimiento de privatizaciones, de cuyo impulso inicial a donde ha
quedado hay diferencia y cuya propuesta de creación será aprobada por el
Pleno de la Cámara dentro de poco. Es posible que haya que empezar ya a
sintonizar este nivel de frecuencia en la información. No puede ser que
se citen como datos de interés científico documentos que no están al
alcance de todos los Diputados --lo digo porque se me citaron en el
Pleno--, no debería ser así.
Yo creo que deberíamos empezar a normalizar, si es que se puede
normalizar este procedimiento, aunque yo tengo auténticas dudas de que se
pueda hacer, pero si se puede normalizar, señor Gamir, cuente con
nosotros. Ahora, en el proceso de normalización, debemos tener algunas
garantías, porque por el buen nombre de la comisión y por el buen nombre
de los consejeros, no me parece adecuado ni razonable que según el
procedimiento que hemos seguido, nos sorprendan de la noche a la mañana
con que personas cuya categoría científica no pongo en duda --sí su
independencia política, pero estaría bueno que aquí la gente fuera
político-independiente; independientes políticamente hablando no son más
que los que no creen en el compromiso--, con una solvencia científica a
toda prueba eran consejeros del Consejo Consultivo de Privatizaciones
--por cierto, parece que alguno ha dejado de serlo; yo no sé si se han
producido altas o bajas, porque no nos lo ha comunicado usted, o quien
corresponda, porque ya entenderá, don Luis, que yo a usted no le hago
ningún reproche; si usted padece la falta de voluntad política del
Gobierno y de su grupo (El señor Presidente del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, Gamir Casares: Me causa S. S. ternura.) y que, al margen
de esto y para no complicar la tarea de los servicios taquigráficos, de
la noche a la mañana el país se sorprenda con que consejeros consultivos
que, voluntaria, desinteresada e independientemente, han contribuido a
realizar esos magníficos informes, de pronto, sean consejeros de esas
empresas públicas. Simplemente, no me parece legítimo y no me parece...
--lo dejo en suspensivos, porque serían cosas gruesas--, porque pone en
tela de juicio lo que se está diciendo. ¿Alguien puede pensar que no está
condicionado un consejero que trabaja, que informa, que asesora, que
tutela un proceso de privatización de una empresa de la que está
destinado a ser consejero? Y no me refiero a Sodical, hablo de
Telefónica, por ejemplo. Lo digo para compensar. Ya sé que a usted, que
es el héroe de ese consejo, por su condición de parlamentario, no le es
dado ese tipo de reconocimientos, pero eso está sucediendo.
Lo que digo, señor Presidente, ya formalmente, del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, es que no debemos seguir así, no podemos seguir así. Si
éste es un órgano, o lo que sea, que va a seguir funcionando, dotémosle
de garantías, evitemos la falta de sorpresas, dotémosle de solvencia y de
confianza suficiente para que podamos de verdad mirar ese consejo sin el
riesgo o el temor de que mañana podamos descubrir que algún otro
consejero que voluntaria, desinteresada e independientemente esté
informando sobre los procesos de privatización esté situado en la nueva
etapa privada y todos puedan tener la duda de si aquella decisión se
adoptó por interés público, por interés general o por otros intereses
menos confesables.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Señor Rodríguez, por el Grupo Mixto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Seré muy breve en mi intervención en nombre
del Bloque Nacionalista Galego.
Aunque la conclusión del señor Hernández Moltó nos ha llenado de luz
sobre alguna cuestión, sin embargo no participamos de la tesis de que el
Gobierno no quiera un Consejo Consultivo de Privatizaciones, y no es por
llevarle la contraria al señor Hernández Moltó, que sabe que todas las
veces que pueda eximirme de llevársela lo haré. Nos gustaría dejar claro
que estamos asistiendo a una evolución del sistema económico y político
que en otras épocas no había empacho en llamar desde cualquier órbita
metodológica sistema capitalista, que se caracteriza por ser muy
burocrático, de tal forma que podemos asistir a que un Gobierno es capaz
de intentar hacernos creer --no sé si solamente a los Diputados o a
algunos grupos minoritarios de la sociedad-- que un órgano que depende
del Gobierno puede actuar con una mínima neutralidad e independencia, y
lo que es más, no sé si aspira a que sus opiniones o sus decisiones
sirvan para dar legitimidad a las actuaciones prácticas del mismo
Gobierno. Nosotros creemos que con este tipo de órganos se trata de
pintar con una legitimidad social aquello que no tiene tal legitimidad y
dar un aire de neutralidad a aquello que es abiertamente partidario, y
está claro que en el actual conflicto del Estado español es abiertamente
partidario de defender la privatización de las empresas públicas, aquello
que quedaba sin privatizar y que aún seguía siendo importante en el caso
de algunas empresas, la última de ellas Telefónica, con consecuencias que
veremos cuáles son, desgraciadamente, en un futuro que no estamos
controlando desde dentro del Estado.
Como yo tampoco dudo de la capacidad intelectual ni del rigor científico
del señor Gamir, lo que sí pienso es que los magníficos profesionales,
desgraciadamente en esta etapa histórica mucho más que en otras, tienen
todos también sus anteojos ideológicos y políticos, y en este aquelarre,
en esta fiesta donde lo único existente a nivel del pensamiento es una
determinada tendencia, no cabe duda de que los magníficos profesionales
son todos abiertos partidarios de las privatizaciones, lo cual no hace
dudar de su categoría intelectual pero sí de su ubicación política,
aunque sea hoy ésta la ideología dominante.
En definitiva, señor Presidente, desde el Bloque Nacionalista Galego, sin
ira de ninguna clase pero con claridad, pensamos que la economía del
gasto público ganaría mucho con la desaparición de este órgano, haría
realmente responsable al Gobierno de sus actos sin necesidad de muletas y
no nos daría el lamentable espectáculo de ver el descaro y la
representación de ser consejero consultivo y acabar siendo consejero del
consejo de administración de una empresa de la que se han manejado datos
muy privilegiados.
Por tanto, y acabo, por economía, por publicidad y por transparencia era
mucho mejor que el Gobierno diese la cara ante el Parlamento, nos
informase directamente y, en todo caso, si tenemos que soportar
socialmente sus decisiones, que cada uno supiese a qué atenerse sin
ninguna clase de intermediarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, agradezco la comparecencia
del señor Gamir en esta Comisión de Industria. No le vamos a dar la
bienvenida, porque él es una persona de sobra conocida en el Congreso de
los Diputados y con una gran experiencia en esta Comisión. Por tanto, le
agradezco de antemano esta comparecencia.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pensamos que
pueden ser útiles los trabajos de este consejo consultivo, que van
orientados básicamente a la racionalización y la modernización del sector
público empresarial español; que sus conclusiones, que, repito, no van a
ser vinculantes pero sí consultivas, pueden serle de utilidad al Gobierno
del Estado español para poner en marcha estos mecanismos de privatización
en los que se van a mover miles de millones de pesetas y entendemos
sinceramente que todo lo que sea aportar soluciones, luz, informes y
dictámenes va a ser necesario para dicho proceso de privatización.
Quiero hacer un ruego al Presidente del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, que pienso que puede ser de gran utilidad para la
Comisión de Industria. Como ha dicho uno de los ponentes que me ha
precedido en el uso de la palabra, hoy hemos ratificado la creación de
una subcomisión para el seguimiento de privatizaciones y este Diputado
entiende que los informes consultivos que puede hacer este consejo que
usted preside pueden ser de gran utilidad a esta Comisión. Si el
Presidente no ve inconveniente en esta propuesta, creo que sería muy
interesante que dichos informes fueran remitidos a la Comisión de
Industria, para poder hacer uso de ellos en el futuro trabajo de esta
comisión de seguimiento de privatizaciones que yo pienso, desde la
perspectiva del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que va a ser de gran
utilidad para la Cámara y, en definitiva, para la economía española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Igualmente voy a sumarme a la bienvenida a nuestro
compañero y amigo Luis Gamir, Presidente del Consejo Consultivo de
Privatizaciones.
Nuestro grupo sí quería hacer una primera reflexión sobre alguno de los
comentarios, análisis o sugerencias que han hecho algunos grupos a
propósito de esta comparecencia.
Han hablado algunos intervinientes de que el procedimiento es un poco
chapucero, de que puede haber posicionamientos en contra e incluso de que
el Gobierno quiere que no exista; se trasladan permanentemente sombras o
cuestiones susceptibles de mejora, pero siempre con un
tinte, quizá, desde nuestro punto de vista, excesivamente catastrofista.
¿Por qué decimos esto del tinte excesivamente catastrofista? Porque
creemos que cualquier debate sobre conceptos como transparencia, control,
independencia, planteado en términos absolutos es imposible, es irreal.
Creo que difícilmente íbamos a encontrar ningún grupo de esta Cámara, ni
el Gobierno, un sistema que fuera absolutamente transparente o que fuera
absolutamente controlable en todos sus estadios. Sería difícil imaginar
esa perfección absoluta que parece que se demanda por parte de algunos
grupos de la Cámara.
Para nuestro grupo es más interesante ver si el Gobierno va en la buena
dirección comparando la situación que heredó el Gobierno en cuanto a las
privatizaciones y en cuanto a las formas o cauces de controlar esas
privatizaciones, si el Gobierno está mejorando la situación anterior, en
cuanto a estos conceptos de control, de transparencia o de independencia,
respecto a lo que ocurría anteriormente; creemos que ése es el auténtico
debate político que se puede producir en esta Cámara. Porque, señorías,
las privatizaciones no han empezado con el Gobierno del Partido Popular.
Las privatizaciones han supuesto la movilización y la venta de patrimonio
público en los últimos años por importe de 2,3 billones de pesetas. Más
de 70 empresas públicas han pasado a ser privadas en estos años,
empezando por aquella Textil Tarazona de 1985 y terminando en los últimos
años, desde 1993 hasta 1996, por Argentaria, Trasatlántica, Endesa,
Repsol, Ence, Telefónica, Sidenor, Lesa, Repsol y Argentaria.
Privatizaciones han existido también con el Gobierno anterior. Por tanto,
tenemos una forma de comparar, si este Gobierno está yendo en la
dirección correcta de aumentar la transparencia, el control y la
independencia de los órganos que han de velar por un mejor desarrollo de
estos procesos tan importantes para el patrimonio público.
¿Cuál era la situación anterior, a juicio del Grupo Popular? La situación
anterior se caracterizaba fundamentalmente por los intentos de algunos
grupos de la Cámara, me refiero a la V legislatura, por, primero,
trasladar a esta misma Cámara un plan estratégico de privatizaciones, que
el proceso de privatizaciones no fuera un permanente goteo de casos
aislados, sin una conexión entre ellos, sino que fuera un plan
estratégico que apostillara también una auténtica política industrial. Se
empezó este intento en el Senado por parte del Grupo Popular con una
interpelación, la 670/53, donde se pedía ese plan detallado y también la
institución de controles parlamentarios, de criterios de transparencia y,
en definitiva, se buscaba incentivar la competitividad del sector público
empresarial.
El Grupo Socialista se opuso entonces a este plan, porque lo denominó un
listado de empresas a privatizar y, además, decía entonces el portavoz
del Grupo Socialista en el Senado que esa fórmula del plan estratégico
sería la antítesis de lo que es la gestión empresarial, que debe ser
siempre sigilosa a la hora de estudiar las circunstancias, las
posibilidades y su interés en acudir a un mercado de capitales. Decía
también entonces el portavoz socialista que, si se hiciera un listado
público en el que se constataran las empresas que se van a privatizar, se
rompería automáticamente su estrategia. Es decir, que para algún grupo de
la Cámara, en la anterior legislatura, la información, la transparencia,
era sinónimo de incapacidad de las empresas para desarrollar su propia
estrategia y, por tanto, se desaconsejaba esa información y esa
transparencia, por considerarla perjudicial para el buen fin y desarrollo
de esas empresas.
Hubo más proposiciones en la V legislatura en el mismo sentido ya en el
Congreso y de nuevo el Grupo Parlamentario Socialista calificaba de
innecesario ese plan, en la medida en que era suficiente ya con la
información que se contenía en los Presupuestos Generales del Estado, con
la información que se mandaba habitualmente a la Cámara y, por tanto, no
se veía la necesidad de aumentar esos controles parlamentarios.
Sin embargo, la insistencia de los grupos de la Cámara, mediante una
iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, apoyada por el
Grupo Parlamentario Popular y otros grupos, dio lugar a que efectivamente
se acabara obligando al Gobierno, mediante una resolución del año 1994, a
que presentara ese plan estratégico que diera racionalidad a sus
evidentes intenciones y sus evidentes hechos consumados privatizadores.
En esta resolución se obligó al Gobierno a presentar este plan, un
informe respecto a la racionalización y modernización del sector público;
exigía un plan de competitividad del sector público, principios
estratégicos, económicos y sociales que aconsejan el mantenimiento de
algunas empresas como públicas o su paso al sector privado.
Este acuerdo del Congreso de los Diputados de la legislatura anterior
exigía que el Gobierno presentara este plan el 31 de diciembre de 1994.
El Gobierno no cumplió este mandato de la Cámara y en la comunicación que
envió al Congreso, en el punto 2 c), expresamente volvía a manifestar que
no consideraba oportuno hacer público un plan global de privatizaciones.
Y continuaba diciendo: El Estado tomará las decisiones oportunas, caso a
caso y a medida que las circunstancias del mercado, las condiciones
específicas de cada empresa y la oportunidad de consecución de los
objetivos de su política industrial así lo aconsejen.
Una vez más esta Cámara se veía imposibilitada para conocer esos
procesos, como pretendíamos algunos grupos, desde una perspectiva de
estrategia global, racional y mediante unos cauces también estables de
información a la Cámara y con el control y la participación de todos los
grupos.
Finalmente, se aprobó una resolución al final de la legislatura, en la
que se instaba al Gobierno para que presentara el referido plan en un
plazo de tres meses y se constituyera una ponencia especial en el seno de
la Comisión de Industria, Energía y Turismo para el seguimiento de los
procesos, una ponencia a la que se hacía llegar documentación sobre los
procesos de privatización que se iban produciendo y que, por otra parte,
tampoco tuvo ninguna efectividad, porque fue al final de la legislatura.
En definitiva, señorías, a juicio de nuestro grupo, la situación con la
que se encuentra el Gobierno no es precisamente que se caracterice por la
gran transparencia del proceso,
el gran orden del proceso de privatizaciones que se había venido
siguiendo hasta ahora, ni tampoco por los grandes instrumentos de control
con participación de todos los grupos de la Cámara que se habrían podido
hacer operativos. Más bien casi podíamos decir que la única información
real que pudo tener esta Cámara sobre los procesos de privatización en la
legislatura anterior era aquella que se producía en las comisiones de
investigación, comisiones de investigación en contra del criterio del
Partido Socialista, como la de Intelhorce, por ejemplo, que permitió
saber qué es lo que había pasado con determinados procesos, pero no un
cauce tan singular y tan excepcional como es una Comisión de
Investigación.
Simplemente haciendo esta referencia de antecedentes de cara a llamar la
atención sobre lo irreal que resulta el debate planteado en términos
absolutos y que es preciso comprobar si el Gobierno está mejorando la
situación anterior o realmente la está empeorando, nuestro grupo tiene
que manifestar, sin ningún tipo de duda, que el Gobierno del Partido
Popular está mejorando muy sustancialmente la situación que padecía esta
Cámara en cuanto a la información sobre procesos de privatización y
también en cuanto a lo que ha sido racionalizar ese proceso y dotarle de
unos criterios claros y objetivos para llevarlo a término.
En ese sentido, nos ha ilustrado el Presidente del Consejo Consultivo
cómo se han fijado los criterios objetivos de funcionamiento. El propio
órgano del Consejo Consultivo de Privatizaciones es un instrumento que se
establece para buscar un cauce de cierta estabilidad y también de
prestigio, con independencia de si van a tener mayores controles de los
que tenían hasta ahora. Asimismo nos ha manifestado cómo lleva realizando
ya un intenso trabajo, en la medida en que en muy pocos meses de
funcionamiento han hecho cerca de nueve o diez informes sobre procesos
concretos de privatización. La existencia de este órgano es una primera
prueba de que se ha mejorado mucho la situación que se padecía
anteriormente.
Lamentamos que se reproduzca de nuevo en el debate de hoy el que ya se
produjo en Pleno, el régimen de funcionamiento y la idoneidad o no del
Presidente de este consejo. Eso, señorías, no lo ha decidido el Partido
Popular, sino esta Cámara, el Pleno del Congreso de los Diputados, cuando
votó mayoritariamente la resolución que se refiere a ese régimen de
funcionamiento y la perfecta compatibilidad del actual Presidente del
consejo para desempeñar ese cargo. Luego no es el Partido Popular, sino
esta Cámara, cuyo honor no tiene que lavar ningún grupo en particular, la
que ha determinado cuál es el funcionamiento y quién la persona idónea
para desempeñar esta función, desde el punto de vista de las
compatibilidades.
Situación actual. Hay un plan estratégico de privatizaciones, que elimina
una cierta arbitrariedad o una política de improvisación de ir dando
lugar a procesos de privatización exclusivamente para obtener fondos con
que ir tapando agujeros; hay un plan estratégico que apuesta por una
política industrial, que introduce criterios objetivos y cauces y órganos
estables para el control de todo el proceso.
En segundo lugar, existe una diferencia importante --ya ha hecho mención
de ella el Presidente del consejo hoy-- respecto a la situación anterior
y es que, entre esos criterios objetivos, se establece la necesidad de
una valoración externa previa, cosa que antes no se producía. Es una
garantía importantísima, en cuanto a velar por la integridad del
patrimonio público que se va a poner en manos del sector privado.
Y, en tercer lugar, existe otra gran diferencia que se refiere a alguna
mención que se hacía a la independencia de los consejeros o de alguno de
los órganos. Nos ha llamado mucho la atención esa apelación a la
independencia, porque se ve como un riesgo que algún consejero del
Consejo Consultivo de Privatizaciones pueda acabar siendo en el futuro
consejero de alguna de las empresas privatizadas. Es posible que sea un
riesgo y si se produce ese riesgo habría que analizar si ha habido algún
tipo de motivación espuria a la hora de esa transmisión. Pero hay que ver
lo que ocurría antes, y voy a poner un caso muy concreto que además está
siendo noticia estos días en los periódicos. El caso Sidenor. Con el
modelo anterior, insisto, como referencia para valorar si el Gobierno
camina en la buena dirección, quien determinaba si la privatización se
llevaba adelante o no y a quién, no era ni esta Cámara ni ningún consejo
consultivo de privatizaciones; ni siquiera el Gobierno. Eran los propios
directivos de las empresas públicas los que decidían a quién había de
venderse esa empresa pública. Ni siquiera el accionista. En el caso
concreto de Sidenor, les diré, señorías, porque ha aparecido en la
opinión pública, que además del escándalo que supuso la falta de
transparencia con la que se llevó todo el proceso, del que nunca se dio
cuenta en esta Cámara, a pesar de las peticiones expresas de este grupo y
en particular del Diputado que les habla, se ha sabido ahora que la
empresa que compró Sidenor está reclamando al Estado más de dos mil
millones de pesetas, casi tres mil, que es más de lo que pagó por la
sociedad Sidenor, con la particularidad de que esa reclamación se
fundamenta en la alegación de que ha habido vicios ocultos por parte del
Estado en esa transmisión, que han vendido una manzana que tenía algún
gusano, y se nos reclama esa indemnización de más de tres mil millones de
pesetas. Y fíjense, señorías, los riesgos de independencia que aquí se
citan entonces no eran riesgos, eran situaciones que entendemos que esta
Cámara tendrá que investigar y que este grupo va a pedir que se
investigue porque los mismos directivos, los mismos consejeros que dieron
lugar a la privatización de Sidenor siguen siendo los consejeros con el
nuevo accionista y son los que reclaman ahora a la Administración central
por vicios ocultos. Es decir, los mismos gestores se autorreclaman a sí
mismos por vicios ocultos, señorías. Ahí sí hay riesgos que hay que
investigar de independencia quizá afectada por sombras, no de lo que está
haciendo ahora el Gobierno; en principio, que esta Cámara sepa, no ha
habido ningún hecho similar como el que acabo de relatar que, insisto,
pediremos que esta Comisión de Industria investigue sin tardanza.
Por tanto, señorías, vamos a ver en qué se pueden mejorar --y voy
terminando ya, señor Presidente-- los cauces que ya están en
funcionamiento. El Consejo Consultivo de Privatizaciones tiene un papel
que jugar importantísimo en cuanto a ese control por personas realmente
independientes
y de una gran valía profesional, que esos procesos se desarrollan velando
por el patrimonio público, velando por la concurrencia y velando por la
transparencia y la objetividad, y desde luego a nuestro grupo le parece
razonable toda aportación constructiva de cualquiera de los grupos de la
Cámara para seguir avanzando y profundizando en estos conceptos; será
bien recibida. En cualquier caso, señorías, no nos gustaría que, porque
se ve que hay algo que mejorar, se descalifique por completo el
funcionamiento del Consejo, porque se está viendo que realmente va a
servir y va a ser útil.
Hay también otro órgano que va a ser puesto en funcionamiento en breve,
acordado por esta Comisión, como es la subcomisión para el seguimiento de
las privatizaciones y, por tanto, en la medida en que esa subcomisión se
ha constituido con la voluntad lógicamente del Grupo Parlamentario
Popular, es expresa la voluntad política del partido que apoya al
Gobierno de buscar el mayor número de cauces que permitan seguir
avanzando en esos objetivos loables de transparencia, de control y de
independencia de todo el proceso.
Por último, señorías, en cuanto a las consecuencias o la primera
valoración que podemos hacer de la información que ha dado el Presidente
del consejo sobre los informes ya realizados, queremos insistir en un
dato que también creemos que debe tranquilizar a los grupos
parlamentarios, que es que, en lo que se ha hecho hasta ahora, además de
que parece que el consejo ha tenido una intervención intensa en cuanto a
algunas recomendaciones para seguir mejorando en esa transparencia del
proceso, el patrimonio público, reconviniendo o rectificando algunas
previsiones que se han demostrado equivocadas, que se hacían en la
legislatura anterior por parte de algún grupo, no padece cuando se
anuncia un plan estratégico de privatizaciones, sino que, al contrario,
en estos días hemos sabido que ha aumentado en el último año en un billón
de pesetas respecto a lo que era la titularidad anterior de aquellas
empresas que cotizan en bolsa. Por tanto, los controles que ha
establecido el Gobierno sobre el plan estratégico no están mereciendo
ningún tipo de juicio negativo ni por la sociedad ni por los operadores,
sino más bien al contrario, se está valorando como muy positivo el camino
emprendido por el Gobierno, un camino que hay que continuar y que hay que
profundizar.
El señor PRESIDENTE: Para un turno final de respuestas a las
consideraciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor
Gamir, a quien rogaría, puesto que ya es una hora muy avanzada y seguro
que todas SS. SS. tienen compromisos, que fuera breve, en la medida de lo
posible.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PRIVATIZACIONES (Gamir
Casares): Señor Presidente, ante todo quiero agradecer el tono y la forma
en que, tanto en los casos de discrepancia como en los de no
discrepancia, se han producido las intervenciones. Yo hablaré en el mismo
tono y en la misma forma, incluso desde el afecto personal a cada uno de
los comparecientes, cualquiera que sea su grado de discrepancia política
con lo que aquí haya dicho.
Se ha mencionado que este organismo tiene caracteres originales. A veces
hay que salir un poco a Europa, ocurre que hay organismos bastantes
similares al Consejo de Privatizaciones en diversos países. Francia tiene
una comisión de privatizaciones que cuando se creó tenía unas funciones
muy parecidas a las del nuestro. Al cabo del tiempo ha pasado a tener
algunas funciones vinculantes y no solamente consultivas. Están nombrados
todos sus miembros por el Ejecutivo; se supone que actúan con
independencia y en algún caso con independencia suficiente como para
informar en contra --como así ha aparecido en todos los medios de
comunicación-- algún proceso de privatización. Portugal tiene también un
órgano consultivo muy parecido al español, nombrados todos sus miembros
desde el Ejecutivo y que realiza funciones consultivas sobre cómo se
realiza el proceso de privatización. Italia tiene también otro órgano
consultivo nombrado a su vez desde el Ejecutivo, que informa sobre los
temas a privatizar. Alemania tiene un sistema diferente, pero se puede
considerar que la comisión consultiva, nombrada sin duda desde el
Ejecutivo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, absorbe estas
funciones de informar sobre los procesos de privatización. De forma que
en Europa esto no tiene nada de original en la práctica, con las
diferencias de cada país.
Por otra parte, se ha hecho una larga referencia a lo ya tratado el 26 de
noviembre. Yo me remito a lo dicho el 26 de noviembre por unos y otros.
Está en el «Diario de Sesiones» y las votaciones correspondientes
también. Por respeto a lo que ha dicho el Presidente sobre la brevedad en
esta intervención, me remito a ello.
Agradezco lo que se ha dicho sobre la solvencia científica de los
consejeros. Ni que decir tiene que me comprometo a venir al Parlamento
con la periodicidad que esta Comisión, la subcomisión que se acaba de
crear, o cualquier otro órgano me convoque. He sido convocado por el
Senado; de forma que habrá bastante continuidad en estas intervenciones.
Como es lógico, estoy a disposición del Parlamento.
Solamente haré una referencia más extensa, con permiso de la Presidencia,
al tema que se ha planteado sobre los Consejeros Gaspar Ariño y Sagardoy,
porque me parece que es necesario.
El Consejo se autorregula a sí mismo, lo cual es bastante especial en la
situación española, menos en la situación de otros consejos parecidos en
el extranjero. En la autorregulación hemos planteado un sistema de
incompatibilidades que se basa en dos principios: el de conflicto de
intereses y el de eficacia. El de conflicto de intereses dice que cuando
hay interés en algún tema, incluso por razones familiares o personales,
tiene que abstenerse en ese procedimiento el consejero. Aún más; hemos
dicho que cuando un consejero tenga que abstenerse con cierta frecuencia,
debe optar por el puesto de consejero del Consejo de Privatizaciones o
por el del órgano que le lleva a tener que abstenerse con frecuencia. Ya
ha habido dos situaciones: una, la persona que les habla, que en mi
opción decidí dejar el otro puesto; era consejero en una determinada
sociedad
de valores y bolsa. También ha habido otro consejero, que era miembro del
consejo de una entidad financiera muy conocida. En este caso --se trata
de Andreu Max Collel--, ha decidido al contrario, ha tomado la decisión
de seguir perteneciendo al consejo de esa entidad financiera y ha
presentado su dimisión como consejero del Consejo Consultivo de
Privatizaciones.
En los casos de Gaspar Ariño y de Sagardoy, el mismo día que fueron
nombrados consejeros de Telefónica los dos me remitieron una carta, como
Presidente del Consejo y a las personas por las que fueron nombradas, los
dos Ministros de los que procede su nombramiento, poniendo su cargo a su
disposición. Son los ministros que les nombraron los que tienen que tomar
la decisión, pero su cargo está a su disposición y hay dos alternativas:
que no actúen y que se abstengan desde el principio en cualquier tema que
tenga que ver con Telefónica, llámese Tisa o Retevisión --de momento no
vamos a hacer más informes sobre Telefónica o sobre cualquier tema
relacionado con ese campo-- o que se acepte el hecho de que han puesto su
cargo a su disposición.
Yo quisiera, en todo caso, destacar la elegancia de que el mismo día en
que tomaron posesión de sus cargos de consejeros de Telefónica pusieron
su cargo a disposición del consejo y de los ministros correspondientes.
Por último, se ha argumentado que éste es un organismo que depende del
Gobierno y que como tal no puede actuar con independencia. En Europa
existen órganos parecidos --y he enumerado algunos-- y se suele
considerar que actúan con independencia, con la independencia de que, a
pesar de ser nombrados por el Gobierno, por prestigio profesional, por
decoro profesional, por la categoría individual de sus miembros, sus
dictámenes los hacen con independencia. Y he citado los casos de Francia,
Italia, Alemania, Portugal, etécetera, con organismos parecidos al
nuestro.
Por otra parte, los hechos son tozudos. Nuestros informes han sido
independientes. No solamente han sido independientes; la forma en que han
sido recogidos por los medios de comunicación --y, dada la hora, no
quiero cansar a SS. SS. con una larga serie de recortes de prensa que
tenía preparados-- recoge mucho más la parte crítica. Había independencia
en nuestras objeciones y recomendaciones al respecto, recogidas, según
hemos visto, con titulares que incluso exageraban lo que nosotros
planteábamos. Insisto, los consejeros, cuyos nombres todos conocen, su
capacidad científica y su dignidad profesional, han sido el elemento
básico de esa independencia.
Por cierto, nosotros no tratamos el tema de fondo, privatizaciones, sí,
privatizaciones, no; cada uno puede tener las ideas que quiera al
respecto. Nosotros tratamos el tema de las garantías, tratamos el tema
de, si se produce el proceso de privatización (una vez decidido, y no
somos nosotros quienes lo decidimos), que tenga garantías en cuanto a
concurrencia, publicidad y transparencia.
Es cierto que cualquier otro tema sobre privatizaciones nos puede ser
sometido. Ahora bien, nuestra función básica es garantizar lo antes dicho
y ni siquiera decidimos al respecto.
Comprendo la opinión sobre la desaparición de este consejo. Ahí solamente
me tengo que remitir a que este tema se encuentra entre los tratados por
el Pleno del 26 de noviembre, en el que hubo una votación al respecto y
su resultado es de todos conocido.
En cuanto a la opinión del señor Sánchez i Llibre, quiero asegurar que
tiene la mayor colaboración con la subcomisión citada.
En cuanto a los informes, el Consejo Consultivo de privatizaciones, en su
capacidad de autorregulación, ha regulado el carácter público de esos
informes. Entrego estos documentos al Presidente para que los haga llegar
a quien lo estime oportuno dentro de la comisión. Falta el informe de
Iongraf, que dentro de unas horas lo tendrá; en este momento no está en
esta carpeta, aunque están todos los demás.
Quiero agradecer las palabras de aquellos que han considerado oportuno
pronunciarse en términos positivos sobre el consejo. Finalizo diciendo
que, si bien es cierto que nuestros informes han contenido objeciones y
recomendaciones, debo destacar que al final han sido positivos hacia los
agentes gestores del Gobierno, en el sentido de que hemos encontrado que
se producía la transparencia, la publicidad y la concurrencia debidas en
los cinco procesos sobre los que hemos informado. Y también he de
agradecer algo que se ha mencionado, lo que el Gobierno quiere o no
quiere. Me refiero al cuidado, incluso, si se me permite la expresión, la
delicadeza con la que desde el Gobierno se ha cuidado de la independencia
del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.
Vamos a distribuir a los portavoces de los distintos grupos los informes
que se nos han entregado en estos momentos.
Yo le agradezco la brevedad, pero a la vez también la exactitud de las
respuestas que nos ha dado. Estoy seguro, señor Gamir, de que la
coincidencia de su doble condición de Presidente del Consejo Consultivo
y, a su vez, de Diputado de esta Cámara, tendrá una gran ventaja para los
trabajos futuros de esta subcomisión. Al menos, esa doble coincidencia
debe ser, en ese sentido, una ayuda para que la subcomisión que va a
tener que hacer el proceso de seguimiento de las privatizaciones tenga en
su persona una gran vía de comunicación y de relación, para poder hacer
con la máxima eficacia la función política de conocimiento y seguimiento
de los trabajos de esta subcomisión.
Le agradezco su presencia, le auguro grandes éxitos y le digo que, con
esta subcomisión que se va a constituir con su persona y los miembros de
su consejo, vamos a tener una grande y estrecha relación; sin duda, va a
ser muy positiva para el futuro de la transferencia, que todos deseamos,
del proceso de privatización.
Señorías, gracias, por su presencia y se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.