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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 143, de 12/02/1997
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 143
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles, 12 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de Ley
de modificación del artículo 8.o de la Ley del contrato de seguro, para
garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la
redacción de los contratos. (Número de expediente 122/000022) (Página 38687
)
Aprobación, con competencia legislativa plena, de la proposición de Ley
de modificación del artículo 8.o de la Ley del contrato de seguro, para
garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la
redacción de los contratos. (Número de expediente 122/000022) (Página 38687
)
Debate y votación sobre la solicitud de comparecencia de don Rodrigo de
Rato Figaredo, Ministro de Economía y Hacienda, para informar sobre las
consecuencias económicas y de todo tipo de las normas fiscales sobre
Sociedades adoptadas por las Diputaciones Forales del País Vasco, y en
concreto sobre la localización de actividades en el territorio nacional.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000069) (Página 3869)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda (Costa Climent)
para informar de las materias competencia de esta Comisión relativas al
sistema tributario, previa remisión del informe correspondiente.
Comparecencia cuatrimestral. (Número de espediente 212/000478) (Página 3874)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda (Costa Climent)
para explicar las razones que han llevado al Gobierno a interponer
recursos contencioso-administrativos contra las leyes forales que
aprueban el Impuesto de Sociedades en los territorios históricos del País
Vasco. A petición propia. (Número de expediente 212/000445) (Página 3874)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY
DE MODIFICACION DEL ARTICULO 8.o DE LA LEY DEL CONTRATO DE SEGURO, PARA
GARANTIZAR LA PLENA UTILIZACION DE TODAS LAS LENGUAS OFICIALES EN LA
REDACCION DE LOS CONTRATOS. (Número de expediente 122/000022.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.
Vamos a comenzar a ver los asuntos incluidos en el orden del día de la
Comisión de hoy.
Comenzamos por el punto primero, ratificación de la ponencia encargada de
informar la proposición del ley de modificación del artículo 8.o de la
Ley del Contrato de Seguro, para garantizar la plena utilización de todas
las lenguas oficiales en la redacción de los contratos.
¿Se ratifica la designación de la ponencia, señoras y señores Diputados?
(Asentimiento.)
Se ratifica por asentimiento.
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, DE LA PROPOSICION DE LEY
DE MODIFICACION DEL ARTICULO 8.o DE LA LEY DEL CONTRATO DE SEGURO, PARA
GARANTIZAR LA PLENA UTILIZACION DE TODAS LAS LENGUAS OFICIALES EN LA
REDACCION DE LOS CONTRATOS. (Número de expediente 121/000022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al segundo punto del orden
del día, consistente... (Rumores.)
Ruego a los señores asistentes a la Comisión que no forman parte de la
misma como comisionados que o guarden silencio o salgan de la sala.
El segundo punto del orden del día consiste en la aprobación, con
competencia legislativa plena, de la proposición de ley de modificación
del artículo 8.o de la Ley del Contrato de Seguro, para garantizar la
plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los
contratos.
El informe de la ponencia, si no lo tengo mal entendido, ha sido
consensuado entre los diferentes grupos políticos y no existe ninguna
enmienda viva al respecto.
¿Desea algún grupo hacer uso de la palabra, bien para defender el texto
del informe de la ponencia bien para consumir un turno de explicación de
voto?
El señor Pedret tiene la palabra.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Presidente, señores comisionados, con
la brevedad evidente que el trámite conlleva, quiero manifestar la
satisfacción de nuestro grupo por encontrarnos en esta proposición de ley
en un ambiente de consenso entre todos los grupos políticos.
Es lo cierto que a todos, en el debate corto pero intenso de la ponencia,
nos ha llevado al acuerdo la defensa del derecho de los ciudadanos de
este país a expresarse en las lenguas que les son propias en todos los
ámbitos de la vida y, desde luego, en un acto de comercio importante como
es la suscripción de una póliza de seguros. Por otro lado, era necesario
cohonestar la legislación propia con las obligaciones impuestas por las
directrices europeas y, en este sentido, se ha incluido la posibilidad de
que el tomador solicite la redacción de la póliza, además de en algunas
de las lenguas oficiales declaradas como tales en el lugar donde se
contrae, en otra lengua, evidentemente de la Unión Europea. Ello ha sido
pactado de forma especialmente satisfactoria para nuestro grupo por
cuanto en toda la redacción del artículo queda clara la preponderancia de
la protección del derecho del tomador de la póliza a la plena comprensión
de la misma, en concordancia, por tanto, con todo lo establecido en
nuestra legislación de consumo respecto a la protección de los derechos
de los consumidores y usuarios, del tomador de la póliza en este caso.
Para concluir la intervención, repetimos nuestra satisfacción por el
ambiente de consenso pleno y por el resultado, bueno desde el punto de
vista político, bueno desde el punto de vista técnico y jurídico, a que
ha llegado la ponencia. Sin embargo, no puedo acabar mi intervención sin
hacer mención de un pequeño incidente técnico --un lapsus calami, se
llamaba antes, supongo que será ahora de ordenador-- por cuanto en el
texto de la ponencia falta el último inciso del párrafo del artículo 8.o
de la Ley reguladora del seguro, que es el que enlaza con los párrafos
siguientes, de contenido no discutido en la ponencia. Simplemente, a
continuación de un punto y seguido debería decir: «... contendrá como
mínimo las indicaciones siguientes»,
puesto que si olvidamos esta línea la redacción el artículo resulta
absolutamente incoherente.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, le ruego repita el texto que propone
como enmienda oral.
El señor PEDRET I GRENZNER: Sí, señor Presidente.
Exactamente en un punto y seguido, a continuación del redactado tal como
consta en la ponencia, deberá decir: «... contendrá, como mínimo, las
indicaciones siguientes», que es el texto que figuraba en la proposición
de ley y que no se discutió para su modificación en la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, efectivamente, me comunica el letrado
que existe un error mecanográfico en el texto del informe de la ponencia
que ha sido facilitado a los señores Diputados.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Nuestro grupo hoy se siente satisfecho por el
consenso alcanzado en esta Comisión sobre esta cuestión. Damos un paso
positivo de reconocimiento de un derecho fundamental de las personas en
España, para que en todo momento de la actividad económica se puedan
expresar en la lengua que les sea propia en su cotidiano quehacer. Para
nosotros es una satisfacción el texto alcanzado porque, en primer lugar,
reúne el consenso de todos los grupos políticos y, en segundo lugar, se
ajusta perfectamente a la Constitución y a lo que nosotros entendemos que
debe ser la preservación de un derecho fundamental y básico: que el
ciudadano se pueda expresar en su lengua propia.
Nos satisface que lo resolvamos en esta legislatura, no pudimos hacerlo
en la anterior. Quizás en aquel momento las precipitaciones o el poco
acierto del debate no nos facilitó alcanzar ese consenso. A pesar de que
había tres grupos, el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Nacionalista
Vasco y el Grupo de Convergència i Unió, que reclamaban su interés por
alcanzar un consenso en esta materia, no se pudo lograr. Sin embargo, en
esta legislatura se consigue y se resuelve una cuestión que no debería
haberse planteado en su momento porque ésta es y debe ser una cuestión
que jamás se suscite en esta Cámara, debe ser un tema sobradamente
superado y entendido como para que no tengamos que seguir discutiéndolo.
Señor Presidente, señorías, nos satisface ese consenso ya que a la vez
que proporciona la posibilidad de utilizar la lengua propia, también
permite que se pueda hacer a instancias del tomador, lo cual resuelve
también un problema importante, porque no dejamos el uso del derecho a la
libre decisión de la entidad aseguradora sino que se preserva y se da
fuerza al acto voluntario del tomador a que, además de poder utilizar la
lengua ordinaria del ámbito territorial en el que viva, pueda hacerlo en
otra lengua. Por consiguiente, estamos preservando un derecho desde la
perspectiva de la persona, no desde la perspectiva del uso abstracto de
una lengua en un ámbito territorial.
Nos parece acertada la redacción final, y tan sólo quisiera, señor
Presidente, apuntar que debería tomarse en consideración una pequeña
corrección en la redacción final: la Directiva 92/1995, no es del año
1995, sino de 1996. También estoy de acuerdo con la observación que ha
hecho el portavoz socialista en cuanto a incorporar el último inciso del
párrafo del artículo 8.º de la Ley reguladora del seguro, porque, si no,
queda colgado el texto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Merino.
El señor MERINO SANTAMARIA: Señor Presidente, intervengo brevemente en
nombre del Grupo Parlamentario Popular para mostrar nuestra satisfacción
por el acuerdo unánime alcanzado en el debate de ponencia que,
lógicamente, ahora se traslada aquí para su aprobación en esta Comisión
con competencia legislativa plena. El Grupo Parlamentario Popular ha
contribuido, junto con otros grupos, a la mejora técnica y jurídica del
texto de la proposición de ley. Así, he de mencionar nuestras enmiendas
números 5, 6 y 7 presentadas a la exposición de motivos y,
fundamentalmente, esta última, al producirse la plena equiparación de las
lenguas de las comunidades autónomas en donde existe más de una lengua
oficial. El artículo único, modificatorio del artículo 8.º de la Ley del
Contrato del Seguro, establece, de acuerdo con la legislación
comunitaria, Directiva 92/1995, que la póliza se redactará en la lengua
oficial que elija el tomador del seguro de las que existen en el lugar
donde se formalice y, si lo solicita, en otra lengua distinta. Se adecua
a la legislación comunitaria, se equipara a las lenguas oficiales de las
comunidades autónomas donde haya más de una, se introduce libertad de
elección y, finalmente, se recoge el derecho adicional a otorgar en otra
lengua favoreciendo así la movilidad de los comunitarios.
Finalmente, también estamos de acuerdo con lo expresado por el portavoz
del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el texto del informe de la
ponencia.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el informe de la
ponencia y el dictamen de la Comisión, a través de la Presidencia de la
Cámara, será remitido al Senado para, en su caso, la formulación de
enmiendas.
--DEBATE Y VOTACION SOBRE LA SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE DON RODRIGO DE
RATO FIGAREDO, MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA, PARA INFORMAR SOBRE LAS
CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE TODO TIPO DE LAS NORMAS FISCALES SOBRE
SOCIEDADES ADOPTADAS POR LAS DIPUTACIONES FORALES DEL PAIS VASCO, Y EN
CONCRETO SOBRE LA LOCALIZACION DE
ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000069.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día
consistente en el debate y votación sobre la solicitud de comparecencia
de don Rodrigo de Rato Figaredo, Ministro de Economía y Hacienda, para
informar sobre las consecuencias económicas y de todo tipo de las normas
fiscales sobre sociedades adoptadas por las diputaciones forales del País
Vasco, y en concreto sobre la localización de actividades en el
territorio nacional. Como saben SS. SS., por parte del pleno de esta
Comisión se delegó en Mesa y Junta de Portavoces la posibilidad de
aceptación de las solicitudes de comparecencia formuladas por los grupos
parlamentarios. En principio, la competencia es del pleno de la Comisión,
y, en el supuesto de que existiese discrepancia dentro de la Mesa y Junta
de Portavoces, se acordó asimismo que por parte del pleno de la Comisión
se debatiese y, en su caso, se votase acerca de la solicitud de
comparecencia formulada por algún grupo parlamentario. No habiendo
existido unanimidad en Mesa y Junta de Portavoces acerca de esta
comparecencia solicitada por el Grupo Socialista, el asunto se devuelve
al pleno de la Comisión para su debate y ulterior votación.
Por consiguiente, señoras y señores Diputados, ¿algún grupo quiere
solicitar la palabra para formular su posición en este punto? Por el
Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: El Grupo Parlamentario Socialista solicitó en
septiembre la comparecencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía, señor De Rato, en esta Comisión para informar de un
tema de suficiente actualidad tanto en dicho mes como en posteriores
meses, respecto a cómo veía el Grupo Parlamentario Socialista las
decisiones tomadas en materia fiscal, posiblemente de una forma legítima
o no tan legítima por parte de las diputaciones forales del País Vasco,
que considerábamos que podían incurrir en contradicciones respecto al
sistema fiscal español, produciendo una serie de consecuencias poco
deseables en un momento en el que se avanza hacia la armonización fiscal
europea, en el que se avanza hacia una cierta homogeneidad en la toma de
decisiones en materia fiscal. Aunque las diputaciones forales, de acuerdo
con el concierto económico vigente, pueden desarrollarlo, sin embargo
había una serie de elementos lo suficientemente importantes como para que
hubiera en el Congreso de los Diputados un posicionamiento de los grupos
parlamentarios después de oír directamente al Ministro de Economía del
Gobierno español cuál era la posición del Gobierno respecto a este tema
tan importante. Es verdad que en aquellos momentos se opinaba sobre la
interposición por parte del Gobierno central, como ya lo habían hecho
anteriores gobiernos, de diferentes recursos respecto a las decisiones en
materia de fiscalidad en el Impuesto de Sociedades adoptadas los meses
anteriores por las diputaciones forales del País Vasco.
Queríamos que se produjera en esta Cámara, no con ánimo de establecer una
guerra ni una lucha entre el Parlamento español y las diferentes
diputaciones forales, sino que estimábamos conveniente una clarificación
y un posicionamiento político del Gobierno, a través del Ministro de
Economía, respecto a un tema que ha creado tantos ríos de tinta a lo
largo de estos últimos meses y que posiblemente vuelva a reverdecer en un
próximo futuro en relación con decisiones que se han tomado, muchas de
ellas incluso a espaldas de esta Cámara, posiblemente de una forma
legítima, entre diferentes partidos políticos que apoyan al Gobierno
sobre decisiones que van a ser de una gran importancia tanto en la
construcción del Estado como en lo que se refiere al sistema fiscal
español.
Nuestro grupo parlamentario estimó que sería interesante y positivo
conocer la postura del Gobierno para saber cuáles eran los pasos que en
aquel momento pensaba dar el Gobierno de España en relación con un tema
tan complicado pero tan importante para España como es la armonización
fiscal, la toma de decisiones en materia fiscal. Bien es cierto que a lo
largo del último trimestre del año, una vez conocida y presentada esta
solicitud de comparecencia, ha habido intentos entre los grupos
parlamentarios de llegar a un acuerdo en relación a quién debía
comparecer. Nosotros hemos mantenido en todas las reuniones de Mesa y
Junta de Portavoces, siendo coherentes con el planteamiento que a través
de la Lofage ha presentado el Gobierno, que debería ser el Ministro de
Economía y Vicepresidente Segundo del Gobierno quien compareciera en
relación a este importante tema, algo de lo que no ha sido posible
convencer a los otros grupos parlamentarios.
Por primera vez en lo que va de legislatura se ha traído a la Comisión
que ésta decida si se acepta o no una comparecencia, en este caso del
Ministro de Economía, para abordar esta cuestión. A nosotros nos parece
que no es, y lo digo con todos los respetos, una fórmula inteligente por
parte de los grupos parlamentarios que sea la Comisión, a través de una
votación, la que admita o no esta comparecencia. Por eso, como ha sido
habitual en las reuniones previas de Mesa y Junta de Portavoces en
determinadas ocasiones, mantenemos la petición de comparecencia del señor
Rato para informar de esto.
A la vista de que no ha sido posible el consenso para que pudiera venir
el Ministro de Economía para abordar esta cuestión, el Gobierno, a través
del Secretario de Estado de Hacienda, y para una cuestión colateral o,
por lo menos, bastante concordante con el tema que fue objeto de nuestra
petición de comparecencia, ha pedido comparecer. Parece ser que, de
acuerdo con el orden del día y con la decisión adoptada ayer en la Mesa,
a continuación comparecerá el Secretario de Estado para hablar de la
problemática relacionada con los recursos presentados por el Gobierno.
Sin desmerecer ni obviar la capacidad del Secretario de Estado de
Hacienda para informar a la Comisión de un tema de actualidad de la
suficiente importancia, creemos que debiera haber sido el Vicepresidente
del Gobierno, el Ministro de Economía, señor Rato, quien compareciera en
esta Comisión.
Tenemos la sensación, y lo decimos con cierta perplejidad y con poca
satisfacción, de que un ilustre parlamentario, que en las anteriores
legislaturas, y ahora también, ha tenido una habilidad reconocida, desde
el punto de vista parlamentario, para venir a la comisiones, como es el
señor Rato, en su nueva situación de Vicepresidente del Gobierno tiene
una cierta alergia a venir a la Comisión de Economía. Lo decimos con
pesar y con dolor, en el sentido de que parece que se está tratando de
hurtar la presencia del Ministro de Economía en esta Comisión. Diríamos
que hay una especie de blindaje por parte del Gobierno para hablar, a
través del Ministro de Economía, de ciertos temas que creemos que
debieran ser objeto de debate en la Comisión de Economía.
Por todas estas razones, señor Presidente, nosotros mantenemos que
debiera ser el Ministro de Economía quien compareciera en esta Comisión,
a expensas de la votación que quiera hacer de una forma democrática esta
Comisión respecto a la solicitud presentada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte. ¿Son ustedes primos?
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: No, señor Presidente.
Estando de acuerdo en el fondo de lo que manifiesta el señor Martínez
Sanjuán, porque nuestro grupo lo está en que en esta Cámara se traten los
problemas que se plantean en la sociedad y que en esta Comisión se traten
los problemas suscitados en todo el entorno económico, estando de acuerdo
también con lo que manifiesta el señor Martínez Sanjuán de que es
importante que en esta Cámara se conozca la postura del Gobierno en el
tema que ha planteado, sin embargo entendemos desde mi grupo que el tema
específico sobre el Impuesto de Sociedades del País Vasco podría suscitar
comparecencias diversas en el futuro sobre otras figuras impositivas que
se pudieran tratar en el ordenamiento fiscal vasco. Siendo importante que
se conozca en esta Cámara, que SS. SS. conozcan cuál es la postura del
Gobierno en torno al sistema impositivo vasco y cuáles son las acciones
que el Gobierno ha adoptado para defender los derechos del mercado único,
también entendemos que esa respuesta del Gobierno tiene que venir dada
por el cauce que el Gobierno ha manifestado, en esa delegación de
competencias, que tienen los Secretarios de Estado.
Como muy bien ha dicho el señor Martínez Sanjuán, posteriormente hay una
comparecencia del Secretario de Estado para hablar de esto, no de un tema
colateral y concordante, como ha manifestado S. S. Yo digo que no es un
tema colateral, sino concordante; va a venir a hablar de cuál es la
posición del Gobierno ante esa figura impositiva de sociedades del País
Vasco. Desde mi grupo parlamentario estamos dispuestos a facilitar
cualquier tipo de comparecencia en esta Comisión, pero entendemos que
esas comparecencias tienen que estar acordes con las funciones que cada
uno de los miembros del Ministerio de Economía desempeñe. No podemos
hacer que en esta Comisión se produzcan, una tras otra, comparecencias
del señor Vicepresidente del Gobierno, del Ministro de Economía, porque
hay Secretarios de Estado capacitados para ello. A mi grupo parlamentario
le parece, y lo hemos manifestado a lo largo de los dos últimos meses en
las reuniones de Mesa y portavoces, que este tema tendría que explicarlo,
porque es de su competencia, el Secretario de Estado de Hacienda. El
Grupo Socialista ha entendido que no era competencia del Secretario de
Estado de Hacienda hablar del Impuesto de Sociedades y que se debía
mantener la petición de comparecencia para el señor Ministro. Nosotros
entendemos que no y mi grupo va a votar que no a esa comparecencia,
porque el Secretario de Estado de Hacienda, señor Costa, tiene las
competencias en esta materia y el señor Martínez Sanjuán podrá tener
cumplida respuesta de este tema y de las acciones del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Muy brevemente voy a explicar nuestro voto, que
va a ser en contra de la comparecencia del señor Rato. Nosotros, por
principio, no tenemos intención de vetar comparecencias de nadie en
ningún momento, pero a lo que no estamos dispuestos es a abrir debates
sobre algo que no tiene que debatirse, y en esta Cámara y en estos
momentos menos todavía, como es poner en entredicho el concierto
económico del País Vasco y el Estatuto de Autonomía. Creo que el Partido
Socialista --y no quiero abrir un debate cruzado-- se está confundiendo y
lo que tenía que hacer es trasladar precisamente ese debate al País
Vasco, donde ellos, junto con otras fuerzas políticas, aprueban estas
normas forales.
Por lo tanto, como he dicho al principio, nos negamos a debatir nada que
vaya a poner en cuestión algo que está recogido en la Constitución, en el
Estatuto de Autonomía y en el concierto económico, leyes aprobadas en
este Parlamento.
De cualquier forma, no nos vamos a negar a que, en la comparecencia del
señor Costa, podamos entrar en debate sobre la legalidad y la
conveniencia de los recursos que se están poniendo ante las normas
forales de las diputaciones vascas. Desde ese punto de vista, apoyaremos
que el señor Costa nos explique los motivos del Gobierno para establecer
estos recursos de una forma permanente y automática.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Solamente quiero fijar la posición de nuestro
grupo ante un debate que creemos que no es positivo hacerlo en el tono de
confrontación. Aquí está hablándose de la actitud del Gobierno y de las
medidas que el Gobierno ha adoptado para defender un criterio fiscal más
o menos armónico en todo el Estado. Hoy comparece el Secretario de
Estado, pero no descartamos que, en función de la evolución de esta
discusión, tenga que pedirse esta comparecencia. Hoy nos parece
totalmente innecesaria
la discusión de si comparece el Vicepresidente o el Secretario de Estado.
Por eso, no vamos a respaldar la propuesta de comparecencia hoy, aunque
no descartamos, insisto, que la evolución de los acontecimientos pueda
producir otro posicionamiento.
No es bueno que pueda parecer a los ciudadanos que el Gobierno utiliza el
arma de recurso desde la propia estructura del Estado contra una
comunidad autónoma para negociar, presionar o actuar y, luego, poder
retirarlo. Esto no puede ser; si hay condiciones para recurrir una
actuación, se recurre y, si no las hay, no se hace.
En todo caso, creo que la vida autonómica en nuestro país necesita más
distensión que tensión. Por eso, actuaremos en función de lo que nos
responda hoy el Secretario de Estado y nos vamos a abstener en la
votación que nos proponen hoy como confrontación. El camino se hace
andando y los conocimientos que tengamos estarán en función de lo que hoy
se nos aporte por parte del Secretario de Estado como posicionamiento del
Gobierno. Otra cosa es que el devenir del tiempo nos lleve a que el
Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía nos explique su política
fiscal y la actuación para evitar que pueda haber competencias desleales
a nivel fiscal. Es verdad que el primer sitio para debatir esto deben ser
los parlamentos autónomos, que tienen competencias para hacerlo. Por
tanto, llévense los debates a los distintos sitios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Sanjuán. ¿A qué efectos?
El señor MARTINEZ SANJUAN: A efectos de puntualización.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Artículo 72 bis del Reglamento.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Para una intervención muy breve por cerrar el
debate, en la medida de lo posible. Quiero dejar muy claras, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista, dos cuestiones. Una,
respetamos la forma de pensar e interpretar este tipo de comparecencias
del Grupo Parlamentario Vasco respecto a que estas cuestiones no se deben
discutir aquí y que son decisiones en materia fiscal adoptadas por las
diputaciones forales. Sin embargo, respetamos las decisiones que
establece el concierto en la capacidad normativa de determinados
impuestos por parte de las diputaciones forales, algo tendrá que ver el
Gobierno de la nación, que ha presentado unos recursos respecto a
determinadas decisiones adoptadas por las diputaciones forales en materia
impositiva con relación al Impuesto de Sociedades. Es verdad que
decisiones que están tomadas en un parlamento o en unas diputaciones
forales tienen incidencia y pueden ser, por lo menos, habladas u opinadas
en otro sitio que no sea aquél donde se han tomado las decisiones.
Insisto, no queremos crear una falsa interpretación respecto a la validez
del concierto en los términos actuales, pero sí respecto a los límites de
determinadas decisiones que se toman y que pueden tener trascendencia,
desde el punto de vista económico y el fiscal, en el conjunto de todo el
territorio español.
Por último, quisiera hacer una reflexión sobre las palabras del señor
portavoz del Grupo Parlamentario Popular manifestando nuestra sorpresa en
la medida en que esta comparecencia ha sido dialogada, tratando de
sustituir la comparecencia del Ministro de Economía, solicitada por el
Grupo Parlamentario Socialista, por la del Secretario de Estado de
Hacienda, de cuya capacidad importante para hablar de determinadas
cuestiones no dudamos. La prueba está en que es la persona que ha
trasladado la opinión del Gobierno en determinadas negociaciones
políticas para la revisión del concierto, para el acuerdo con
representantes del Partido Nacionalista Vasco para la modificación del
concierto, que parece que fue factible allá por el mes de octubre. No le
quitamos legitimidad en la medida en que parece que el propio Gobierno ha
decidido que fuera la persona que lleve determinado tipo de negociaciones
y que conocerá bien los acuerdos a que se ha llegado respecto a la
modificación del concierto.
Sin embargo, sí queremos llamar la atención respecto al argumento que ha
utilizado el Grupo Parlamentario Popular. Parece que no vendrá a esta
Comisión el Ministro de Economía para hablar de determinadas cuestiones
porque, es verdad, hay una serie de secretarios de Estado. Cuando se
trate de comercio, puede venir perfectamente el Secretario de Comercio;
cuando sean cuestiones de tipo fiscal, será el Secretario de Estado de
Hacienda, y cuando sean cuestiones que afecten a la marcha de la
economía, al proceso de convergencia, entrada en la Unión Monetaria,
etcétera, hay un Secretario de Estado de Economía. Desde el punto de
vista de responsabilidades económicas del Ministerio, el Ministro está
blindado, o por lo menos representado, por los diferentes secretarios de
Estado. Esto nos debiera llevar a una reflexión.
¿Cada vez que el Grupo Parlamentario Socialista solicite la comparecencia
para una cuestión de tipo económico, bien sea política económica,
política monetaria, política fiscal, representativas de la decisión de un
Gobierno, no va a venir nunca el señor Rato, porque siempre va a tener
unos secretarios de Estado que realmente representen al Gobierno o al
Ministro? Esto nos lleva a un límite verdaderamente peculiar. ¿Significa
esto que, cada vez que el Grupo Parlamentario Socialista quiera pedir la
comparecencia del señor Ministro de Economía para hablar de cuestiones
políticas vinculadas a la economía, va a venir siempre un Secretario de
Estado? Es lo que verdaderamente nos va a llevar a la reflexión.
El Grupo Parlamentario Socialista no se ha caracterizado, ni se va a
caracterizar, por crear una especie de filibusterismo parlamentario de
hacer comparecer al Ministro de turno para cualquier cuestión que pueda
estar vigente en los medios de comunicación o respecto a la marcha de la
economía. Yo llamo a la sensatez de los grupos parlamentarios, en este
caso fundamentalmente al Grupo Parlamentario Popular, para no introducir
un precedente que en la anterior legislatura no se produjo, que tampoco
se había producido hasta ahora en esta Comisión, que, mediante la
votación legítima y democrática en las comisiones, se trate
de hurtar el debate evitando determinadas comparecencias, en este caso el
Ministro de Economía y Hacienda. Vamos a respetar, como no podía ser
menos, la decisión que surja, pero nos parece que se introduce un
criterio bastante preocupante y peligroso para el funcionamiento
democrático de esta Comisión y de este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy a responder a estas breves
puntualizaciones del señor Martínez Sanjuán.
En primer lugar, me gustaría que el señor Martínez Sanjuán repasara los
«Diarios de Sesiones» de la Comisión de Economía cuando él era
Presidente, las comparecencias del Ministro de Economía en esta Comisión
y los temas sobre los que informaba. Mi grupo parlamentario no está en
absoluto en desacuerdo con que el Ministro de Economía comparezca para
explicar los temas de política económica general. De hecho, desde que
empezó esta legislatura hasta hoy, el Ministro de Economía ha comparecido
en multitud de ocasiones, tanto en Pleno como en Comisión, para informar
de temas de política económica general. Nosotros estamos absolutamente de
acuerdo, me parece que el Grupo Socialista está desvirtuando este debate
y no quiere conocer el fondo de la cuestión, sino que le preocupa quién
es el que comparece. Mi grupo va a apoyar cualquier comparecencia que se
ajuste a los niveles competenciales de cada uno. El Ministro de Economía
vendrá a comparecer cuando se trate de política económica general, y mi
grupo lo apoyará, pero no estamos dispuestos a convertir la Comisión de
Economía en una continua comparecencia del señor Ministro de Economía
para informar de temas puntuales. Para ello están los Secretarios de
Estado, que darán al señor Martínez Sanjuán cumplida cuenta de cuál es la
situación del Impuesto de Sociedades en el País Vasco y cuáles son las
acciones que el Gobierno ha adoptado.
Yo entiendo que el señor Martínez Sanjuán pretenda llevar el debate a
otro punto que no sea aquel para el que se pide la comparecencia.
Después, en la comparecencia del Secretario de Estado, podremos conocer
cuáles son las acciones del Gobierno en este tema, y eso es lo
importante, no si comparece el Ministro o el Secretario de Estado. Mi
grupo apoyará siempre las comparecencias, las hemos apoyado siempre, pero
entendemos que tienen que comparecer las personas que tienen competencias
para esos temas, y en este caso recae sobre el Secretario de Estado de
Hacienda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ¿tienen derecho los grupos a
fijar posición?
Simplemente quiero, en nombre de mi grupo, expresar que nos parece muy
bien que comparezca en esta Comisión el Secretario de Estado de Hacienda,
estamos deseosos de que ya lo haga porque estamos dilatando un debate
absurdo, y, en ausencia de cualquier miembro del Gobierno, nos parecería
bien apoyar la iniciativa que se ha planteado, pero, en presencia del
Secretario de Estado de Hacienda y estando ya a punto de poder conocer
sus observaciones, nuestro grupo ruega a los demás grupos que cerremos
este debate y escuchemos al Secretario de Estado de Hacienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por retirar la palabra absurdo del
debate, porque eso sí que supone alusiones, en cuanto no cabe duda de que
es un juicio de valor sobre la conducta de una persona o sobre el decoro
o dignidad de un grupo parlamentario. Muchas gracias por retirar la
palabra «absurdo».
Dicho esto, vamos a someter el asunto a votación. La votación se
producirá en los términos de comparecencia del señor Vicepresidente
segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda para los asuntos
formulados por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud de comparecencia del
señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, la solicitud de un grupo
parlamentario para que comparezca el Ministro de Economía ha sido
sometida a votación. En cambio, la solicitud del Gobierno para que
comparezca el Secretario de Estado de Hacienda ¿no se someterá a
votación?
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, no ha lugar.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Lo que digo es que si la decisión de la Mesa
de no aceptar la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista para que
comparezca el Ministro de Economía tiene que ser sometida a la votación
de la Comisión, no habiéndose llegado a un acuerdo en la Mesa, o en todo
caso a un acuerdo unánime, parecería razonable que se volviera a producir
una votación para convalidar la decisión de la Mesa por virtud de la
cual, en cambio, se trata de distinta forma la solicitud del Gobierno de
comparecencia del Secretario de Estado de Hacienda.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, déjeme que le explique cómo
funciona el Reglamento de la Cámara. Las solicitudes de comparecencia del
Gobierno no se someten a votación; sí se someten a votación las
solicitudes de comparecencia formuladas por un grupo parlamentario. La
Mesa de la Comisión no acepta comparecencias del Gobierno, lo que hace es
fijar el orden del día de la Comisión exclusivamente. Ustedes, en uso
legítimo de su
derecho a votación en la Mesa, votan en contra de un orden del día, no de
la comparecencia.
Ruego al señor Eguiagaray que estudie en profundidad el Reglamento de la
Cámara.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Perdóneme, señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, el tema está discutido, y, además,
no ha lugar a discusión porque es el Reglamento de la Cámara.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: No pretendo discutir con usted, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Espere a que le dé la palabra, señor Eguiagaray.
Tiene usted la palabra.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Unicamente le pretendo decir que el señor
Secretario de Estado de Hacienda no es un miembro del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, usted dice que el señor Secretario
de Estado de Hacienda no es un miembro del Gobierno. La práctica
parlamentaria, que es el complemento indispensable por el cual se nutre
el ordenamiento parlamentario, ha entendido, y precisamente como
consecuencia de la costumbre parlamentaria, del uso parlamentario que se
hizo en tiempos en que la Cámara estaba regentada, en cuanto a su
Presidencia, por ilustres miembros del Grupo Socialista, que el
Secretario de Estado, a efectos parlamentarios, tiene la consideración de
Gobierno, así como también los subsecretarios, porque se ha venido
asimilando, a efectos parlamentarios y por analogía, que subsecretarios y
secretarios de Estado tienen la consideración de Gobierno porque así los
considera el Reglamento de la Cámara, sin embargo, por lo que se refiere
a las preguntas formuladas al Gobierno, y por asimilación se ha venido
haciendo así por costumbre parlamentaria, en lo que se refiere a las
comparecencias.
Si quiere usted, seguimos hablando y discutiendo sobre el trámite
parlamentario, sobre el derecho parlamentario y sobre el Reglamento de la
Cámara, pero imagino que no es el momento ni el lugar.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (COSTA
CLIMENT) PARA INFORMAR DE LAS MATERIAS COMPETENCIA DE ESTA COMISION
RELATIVAS AL SISTEMA TRIBUTARIO, PREVIA REMISION DEL INFORME
CORRESPONDIENTE. COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL. (Número de expediente
212/000478.)
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (COSTA
CLIMENT) PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A
INTERPONER RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS CONTRA LAS LEYES FORALES
QUE APRUEBAN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES EN LOS TERRITORIOS HISTORICOS DEL
PAIS VASCO. A PETICION PROPIA. (Número de expediente 212/000445.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, a continuación, a celebrar dos
comparecencias del Secretario de Estado de Hacienda, una cuatrimestral,
como consecuencia de la proposición no de ley que en su día aprobó esta
Comisión, y otra a solicitud del Gobierno.
Suspendemos teóricamente la Comisión, que no prácticamente, para que el
Secretario de Estado de Hacienda ocupe su posición correspondiente en la
Mesa. Ruego al señor Costa que lo haga, para poder continuar con la
celebración de la Comisión.
Buenos días, señor Costa, señor Secretario de Estado de Hacienda. Una
comparecencia es del señor Secretario de Estado de Hacienda para informar
de las materias competencia de esta Comisión de Economía y Hacienda
relativas al sistema tributario, previa remisión del informe
correspondiente. Otra comparecencia es del mismo señor Secretario de
Estado para explicar las razones que han llevado al Gobierno a interponer
recursos contencioso-administrativos contra las leyes forales que
aprueban el Impuesto de Sociedades en los territorios históricos del País
Vasco.
El señor Costa me formula la sugerencia de que ambas comparecencias las
exponga en una sola intervención. No hay ningún inconveniente por parte
de esta Presidencia, si bien y por supuesto, en el turno de fijación de
posiciones, formular preguntas u observaciones, bien podrán hacer uso de
la palabra dos portavoces por cada grupo parlamentario o bien consumir
dos turnos, uno para cada una de las comparecencias, en la medida en que
efectivamente el objeto de las mismas no es similar ni mucho menos.
Dicho esto, tiene la palabra el señor Secretario de Hacienda, señor
Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Muy buenos
días, señoras y señores Diputados.
Voy a hacer referencia, en primer lugar, a las razones por las que el
Gobierno ha presentado una serie de recursos contencioso-administrativos
contra un determinado número y conjunto de normas forales de los
territorios históricos del País Vasco, y posteriormente informaré sobre
las actividades desarrolladas por la Secretaría de Estado de Hacienda a
lo largo del último cuatrimestre.
En concreto, los recursos que han sido presentados por el Gobierno contra
normas forales de los territorios históricos del País Vasco corresponden:
tres, a normas forales generales en materia tributaria; tres --y son
probablemente los más importantes--, contra las tres normas forales del
Impuesto de Sociedades; un recurso contra la norma foral de fundaciones
de Alava --la normativa de fundaciones de Guipúzcoa y Vizcaya fue
recurrida por el anterior Gobierno--; dos, contra normas forales de
actualización
de balances de Vizcaya y Guipúzcoa y un recurso contra la norma foral de
medidas tributarias de Vizcaya.
En cuanto a la fundamentación jurídica y las razones por las que han sido
presentados estos recursos, quiero, primero, manifestar el absoluto y
pleno reconocimiento del Gobierno, dentro del marco constitucional, de la
autonomía y de la capacidad normativa de las diputaciones forales en
materia tributaria y, en concreto, en materia del Impuesto de Sociedades,
que, como todos ustedes saben, es un tributo concertado de normativa
autónoma.
En general, el fundamento jurídico en el que se ha basado la
interposición de los recursos a que he hecho referencia está constituido
por la posible vulneración que pueda ser imputable a algunas de las
normas forales con relación a determinados principios generales y de
armonización fiscal expresamente formulados en el concierto económico con
las diputaciones forales del País Vasco. Entre otros, como todos ustedes
saben, estos principios en los que pueden estar basados los recursos son:
en primer lugar, atender a la estructura general impositiva del Estado;
en segundo lugar, la coordinación, armonización fiscal y colaboración con
el Estado; en tercer lugar, que las normas no impliquen menoscabo de las
posibilidades de competencia empresarial ni distorsionar la asignación de
recursos y el libre movimiento de capitales y mano de obra; en cuarto
lugar, que atiendan las normas a los principios de la política económica
general, y, en quinto lugar, que las normas no impliquen una diferencia
de presión fiscal con relación a la aplicable en el ámbito del territorio
común. Obviamente, todos estos principios traen causa del marco
constitucional, del bloque de constitucionalidad y, por supuesto, de las
normas, y de los criterios recogidos en la Constitución y en el Estatuto
de Autonomía.
Como todos ustedes saben, la actualización general establecida en materia
de regímenes forales y en concreto con las diputaciones forales debe
llevarse a cabo en el marco de la Constitución y de los estatutos de
autonomía y hay que partir del pleno reconocimiento de la Constitución y
del pleno amparo y respeto a los derechos históricos de las relaciones
forales.
Quiero manifestar que las razones por las que los recursos se han
interpuesto y las razones que pueden justificar o no el mantenimiento de
esos recursos son claras. En primer lugar, los criterios seguidos por
anteriores gobiernos y, por tanto, por la Administración del Estado en la
interposición de recursos contra normas de las diputaciones forales.
Obviamente, ése es un factor que hay que tener en consideración. No
parece razonable que en principio, sin ninguna modificación o
actualización del marco normativo del concierto y sin un pleno desarrollo
de la política tributaria, no deban tenerse en cuenta --como no puede ser
de otra forma-- los criterios y las razones que han fundamentado los
recursos interpuestos en el pasado por gobiernos anteriores a este
Gobierno.
En segundo lugar, creo que cualquier modificación del concierto que pueda
efectuarse en el futuro a través de los trámites legalmente establecidos,
que como todos ustedes saben son un acuerdo entre el Estado y las
diputaciones forales en la comisión coordinadora de cupo y posteriormente
un proyecto de ley que debe ser votado por el Parlamento, puede influir
también en los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de
fundamentar o mantener recursos presentados.
Y, por supuesto, en tercer lugar, las líneas de la política tributaria
que desarrolle el Gobierno. Como es obvio, si el Gobierno viene
desarrollando determinadas medidas de mejora del marco tributario en
materia, por ejemplo, de fiscalidad empresarial, lógicamente esas
modificaciones que se introduzcan deben ser tomadas en consideración a la
hora de mantener en el futuro los recursos que pueden haber sido
presentados.
En todo caso, creo que lo importante es manifestar que ésos son los tres
principios y las tres razones que tienen que tomarse en consideración a
la hora de valorar la decisión de presentar o interponer un recurso
contra normas de las diputaciones forales del País Vasco. Es decir, los
criterios seguidos por Gobiernos anteriores en materia de recursos; en
segundo lugar, las posibles modificaciones que puedan introducirse en el
ámbito del concierto económico en materia de actualización y que, como
todos ustedes saben, tienen que ser introducidas a través de un acuerdo
en comisión coordinadora de cupo y posteriormente a través de la
correspondiente tramitación del proyecto de ley en el que se recoja y
refleje ese acuerdo; y, en tercer lugar, las líneas de la política
tributaria que el Gobierno venga aplicando o pueda aplicar en el futuro.
En todo caso, quiero manifestar a SS. SS. que la intención del Gobierno
es reducir al máximo la conflictividad y la litigiosidad con comunidades
autónomas y, por supuesto, en este caso concreto con diputaciones forales
del País Vasco. Para eso lo que se les ha comunicado a los representantes
de Gobierno del País Vasco es la posibilidad de que cuando vayan a
introducirse modificaciones tributarias importantes, modificaciones
tributarias de calado, con carácter previo a la aprobación por los
Gobiernos respectivos de esas modificaciones, existan contactos
institucionales, exista un mayor diálogo institucional que pueda permitir
aproximar posiciones si hay alguna divergencia o, en cualquier caso, dar
razones por ambas partes sobre los criterios o sobre la posición que se
puede mantener con relación al contenido de determinadas normas para, en
la medida de lo posible, esos conflictos reducirlos o eliminarlos por la
vía del diálogo institucional en lugar de esperar a que las normas sean
aprobadas por cualquiera de las administraciones y luego se proceda a una
política de hechos consumados en la que creo que a ninguno nos interesa
estar inmersos.
Con relación a la segunda cuestión que motiva mi comparecencia en esta
Cámara, que es la de analizar las principales actividades desarrolladas
en el ámbito de la Secretaría de Estado de Hacienda a lo largo del último
cuatrimestre, puse a disposición de la Presidencia de la Comisión y de la
Cámara una documentación que refleja los principales datos de las
diferentes actividades desarrolladas por la administración tributaria en
el ámbito del último cuatrimestre y que voy a pasar a analizar de manera
concisa intentando aportar algunas justificaciones que pueden ilustrar el
contenido de la documentación que les ha sido facilitada a las señoras y
señores Diputados.
Con relación a la evolución de la recaudación tributaria, quiero
manifestar que los 12 billones 664.000 millones de pesetas ingresados en
1996 suponen una tasa de incremento del 4,4 por ciento respecto del año
anterior, pero esta tasa se eleva al 6,7 por ciento una vez considerados
determinados factores de homogeneización entre los que quiero destacar el
retraso en ingresos por retenciones del trabajo de determinados entes
institucionales, pero básicamente de la Seguridad Social, y especialmente
las mayores devoluciones realizadas en 1996, que han crecido en un 10 por
ciento con relación a 1995.
En lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en
concreto a las retenciones del trabajo, éstas presentan una tasa de
variación en términos nominales del 2,8 por ciento, una tasa que,
eliminados los factores a los que he hecho referencia, pasa a ser del 7,9
por ciento. Esta tasa de variación está en correspondencia con la
evolución de la masa salarial, que presenta tasas de variación positivas,
como todos ustedes saben, fundamentalmente como consecuencia del buen
comportamiento del empleo, por su crecimiento en 1996.
En lo relativo a las retenciones de capital se han ingresado 13.877
millones de pesetas menos que en 1995 y, como ustedes saben, la tasa de
variación respecto del año anterior es negativa, del 1,6 por ciento. En
esta evolución han influido fundamentalmente dos factores que creo
resulta importante destacar. En primer lugar, un incremento de las
devoluciones a no residentes de retenciones del capital, que han crecido
en torno al 30 por ciento y que, por lo tanto, incide negativamente en la
tasa de evolución. En segundo lugar, como todos ustedes saben, la
evolución a la baja de los tipos de interés que se ha producido a lo
largo de 1996 y que disminuye la rentabilidad financiero-fiscal de
determinados instrumentos financieros.
Respecto a los pagos fraccionados, quiero destacar el buen comportamiento
que han tenido. Los 413.000 millones de pesetas de recaudación en 1996 se
encuentran plenamente en línea con la cifra esperada, con una tasa de
variación negativa del 5,5 por ciento. Esta tasa obedece a que en enero
de 1995 los ingresos por pagos fraccionados procedentes del cuarto
trimestre de 1994 no estaban incididos por el cambio de tratamiento de
las actividades agrarias que, como todos ustedes saben, pasaron a estar
liberadas de pagos fraccionados. Por lo tanto, en la base de comparación
de 1996 con relación a 1995 se produce una disminución en términos
nominales de la recaudación imputable a pagos fraccionados debido al
hecho de que en los primeros meses de 1995 se recogió el efecto de pagos
fraccionados por actividades agrícolas que, sin embargo, no se han
producido al quedar exonerados de pago fraccionado en 1996.
Por lo que respecta a la recaudación por cuota diferencial neta, ésta ha
sido inferior en 31.000 millones de pesetas a la del mismo período del
año 1995, fundamentalmente por el fuerte aumento de las devoluciones en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, donde el Gobierno ha
hecho un esfuerzo por agilizar y anticipar al máximo la gestión de las
devoluciones del Impuesto sobre la Renta.
En materia de Impuesto sobre Sociedades, la recaudación por la cuota
diferencial neta ha sido superior en 118.000 millones de pesetas a la del
mismo período del año anterior, es decir, un 8,7 por ciento. Si
analizamos la recaudación bruta, es decir, antes de la minoración de las
devoluciones, ésta es de un billón 337.000 millones de pesetas en 1996,
frente a un billón 189.000 millones de pesetas en 1995, lo que supone una
tasa de variación del 11,4 por ciento. Esta recaudación está influida,
desde luego, por el buen comportamiento de la actividad económica y por
las modificaciones introducidas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
que modifica el comportamiento y la regulación de los pagos a cuenta en
dicho impuesto.
En relación al IVA, los ingresos por importaciones han sido de 902.850
millones de pesetas, con una tasa de variación del 2,2 por ciento, que
viene condicionada, como es lógico, por la evolución de las importaciones
de terceros países, que en el período de enero a noviembre tienen una
tasa de variación del 5,6 por ciento con respecto al mismo período del
año anterior.
En operaciones interiores los ingresos por IVA han sido de dos billones
718.000 millones de pesetas, con una tasa de variación, por lo tanto, del
8,9 por ciento. La recaudación bruta antes de minorar las devoluciones es
de tres billones 826.000 millones de pesetas, frente a tres billones
522.000 millones de pesetas en 1995, lo que supone una tasa de variación
del 8,6 por ciento. Estas tasas de variación, como todos ustedes pueden
comprobar, exceden notablemente a las del consumo privado para 1996, en
el que la tasa de crecimiento es de un 5,46 por ciento en términos
nominales, como consecuencia, fundamentalmente, de las mejoras de gestión
introducidas a lo largo de 1996.
En materia de impuestos especiales me gustaría referirme, en primer
lugar, al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que presenta una tasa de
variación del 6,1 por ciento, que viene motivada en parte por la
actualización y subida de tipos que se produjo a través del Real
Decreto-Ley de 28 de diciembre de 1995, sobre medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera.
Con relación a los impuestos sobre alcohol y labores de tabaco, la
recaudación se ha comportado de manera extraordinariamente positiva. Ha
ascendido a 545.602 millones, lo que supone un crecimiento del 16,42 por
ciento respecto a 1995. Quiero destacar que la tasa de crecimiento ha
ascendido al 21,6 por ciento a partir del 1 de agosto, lo que demuestra
que la subida de tipos acordada por el Gobierno a mediados de 1996 se ha
trasladado íntegramente a la recaudación, manteniéndose congelado el
nivel de consumo y sin haber aumentado el nivel de contrabando que, de
hecho, en materia de labores de tabaco se ha reducido en un punto con
relación al mismo período del año anterior.
Si pasamos al ámbito de las actuaciones desarrolladas a través de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último cuatrimestre de
1996 y en el conjunto del período, quiero destacar, en primer lugar, las
actuaciones llevadas a cabo en el área de inspección financiera durante
1996 y su comparación con los resultados producidos en 1995.
Como ustedes pueden comprobar en la documentación que les he
suministrado, el número total de contribuyentes comprobados durante 1996
ha ascendido a 80.982, lo que supone una disminución con respecto a 1995
del 5,45 por ciento. En la misma línea, el número total de actas incoadas
durante 1996 ha ascendido a 118.331, lo que supone también una
disminución del número de actas incoadas con respecto a 1995 del 26,21
por ciento. Ahora bien, pese a que tanto el número de contribuyentes
inspeccionados como el número total de actas incoadas ha sido inferior al
total de 1995, sin embargo, el volumen de deuda instruida por los órganos
de inspección ha ascendido a 455.000 millones de pesetas, lo que supone
un crecimiento de un 4,69 por ciento con relación a 1995. Pero, es más,
si analizamos el nivel de fraude descubierto, es decir, el nivel de cuota
descubierta y dejamos de lado el importe de las sanciones y de los
intereses de demora que puedan influir en el fraude descubierto, que como
todos ustedes saben viene modificado como consecuencia de la reforma de
Ley General Tributaria, que ha implicado una reducción generalizada de un
30 por ciento de las sanciones, el nivel de fraude descubierto en 1995
fue de 210.756 millones de pesetas y en 1996 de 253.444 millones de
pesetas. Es decir, el nivel de fraude descubierto ha crecido en un 20 por
ciento en 1996.
Creo que estos datos ponen de manifiesto, por otra parte, la mejora
cuantitativa experimentada a lo largo del último cuatrimestre del año,
especialmente del período agosto-diciembre de 1996 y una mejor selección
de contribuyentes y áreas de fraude. Como les indiqué en mi anterior
comparecencia, la deuda instruida hasta agosto de 1996 era un 16 por
ciento inferior a la de 1995, mientras que, como les he mencionado, la
deuda finalmente instruida en el conjunto de 1996 ha crecido con relación
a 1995 y la cuota de fraude descubierto ha crecido en un 20 por ciento.
Por lo tanto, a lo largo del último semestre del año se ha hecho un
esfuerzo extraordinariamente importante en la mejora de la selección de
los contribuyentes y en la mejora de la selección de las áreas de fraude
para alcanzar unos datos de descubrimiento del fraude ostensiblemente
superiores a los de 1995.
Dentro del área de gestión me gustaría destacar la evolución mensual de
las devoluciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Como pueden comprobar por la documentación que les he suministrado, en la
campaña del Impuesto sobre la Renta de 1995 en el mes de julio se
duplican las devoluciones tanto en número como en importe. La evolución
en los meses sucesivos también ha sido muy favorable, alcanzándose en el
mes de octubre del 72 por ciento y en noviembre el 83 por ciento, frente
al 61 por ciento y al 79 por ciento respectivamente de la campaña
anterior. En concreto, de la documentación que les he suministrado se
desprende que las devoluciones superaron en 160.000 millones de pesetas
en el mes de octubre de 1996 a las habidas en 1995 y a 31 de diciembre
las devoluciones en 1996 superaron a las de 1995 en 105.000 millones de
pesetas.
Por lo que respecta al porcentaje de devoluciones emitido a 31 de enero,
que es la fecha de finalización en estos momentos, como todos ustedes
saben, del plazo legal para devolver, el porcentaje ha sido superior al
96 por ciento, correspondiendo el 3 por ciento restante a declaraciones
en las que o los contribuyentes no han aportado la documentación
necesaria, o no han atendido los requerimientos efectuados por la
Administración, o tienen deudas pendientes en período ejecutivo, o
existen discrepancias entre los datos declarados y los que figuran en las
bases de datos. En todo caso, quiero destacar que, a mi juicio, de los
datos anteriores se desprende con claridad la existencia de una notable
agilización respecto a la campaña anterior en la gestión de las
devoluciones, básicamente con dos objetivos: por un lado, devolver
mayores importes y, por otro, hacerlo también con una mayor rapidez, es
decir, con una mayor cercanía o proximidad temporal al momento de
presentación de la declaración del Impuesto sobre las Renta de las
Personas Físicas.
En los datos siguientes del informe que les he suministrado figura, en
primer lugar, el resultado de las actividades de control desarrolladas
por las oficinas gestoras de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Este resultado indica que durante 1996 se ha mejorado, se ha
incrementado, como consecuencia de actuaciones directas de la Agencia
Tributaria en el área de gestión, una recaudación superior a 173.000
millones de pesetas para el Tesoro público, lo que supone un 20 por
ciento más de recaudación derivada de los actos propios de gestión con
relación a la que se produjo en el mismo período en el año 1995. El
resultado se desglosa, como pueden comprobar, en 86.000 millones de
pesetas de ingresos derivados de actos de liquidación de la Agencia
Tributaria, un 18 por ciento más que el ejercicio anterior; 65.000
millones de pesetas por minoración de devoluciones solicitadas en las que
los contribuyentes no tenían derecho a percibir esa devolución, y como
consecuencia de los actos de gestión y de comprobación se ha reducido el
importe de esas devoluciones, lo que supone un 24 por ciento de efecto
recaudatorio directo más en el Tesoro que en 1995; y 21.000 millones de
pesetas de ingresos de autoliquidaciones en virtud de requerimientos, lo
que supone casi un 12 por ciento más que en el año anterior. Quiero poner
de manifiesto también que en los ingresos producidos como consecuencia de
requerimientos a contribuyentes, habiéndose realizado un menor número de
cartas de comunicación explicando la necesidad de efectuar determinados
ingresos fiscales, es decir, con una mejor selección de los
destinatarios, se ha producido, sin embargo, un mayor incremento de la
recaudación.
Si analizamos los datos correspondientes al área de recaudación, pueden
comprobar la evolución de la recaudación desarrollada por la Agencia
Tributaria a lo largo de tres períodos diferenciados. En la evolución
comparada entre 1996 y 1995, durante los meses de enero a junio, el
importe de los nuevos derechos a cobrar que tenían que ser gestionados
por la Agencia Tributaria se redujo en casi un 8 por ciento, mientras que
los derechos gestionados, es decir, la actividad de gestión efectivamente
realizada disminuyó en torno al 11 por ciento. Esta situación produjo que
los derechos pendientes de gestión a finales de junio
de 1996 ascendieran a más de un billón de pesetas. En el segundo semestre
de ambos años, sin embargo, la evolución de los componentes antes
analizados registra un comportamiento radicalmente distinto, ya que si
bien los nuevos derechos a cobrar crecieron en un 35 por ciento, el
importe de los derechos gestionados por las oficinas de recaudación
superó en el último semestre de 1996 en un 21 por ciento el volumen de
derechos gestionados por las oficinas de recaudación en igual período del
año anterior, lo que se tradujo en una disminución, con relación a junio,
de los derechos pendientes de gestión, que pasaron a ser de 967.000
millones de pesetas. Creo que estos datos ponen de manifiesto el
importante esfuerzo que se ha intentado realizar en materia de gestión
dentro del área de recaudación.
Para finalizar con el área de recaudación, quisiera hacer referencia a la
gestión en materia de aplazamientos durante los períodos de 1996 y 1995,
donde lo más sobresaliente es la clara reducción en el importe de
aplazamientos solicitados y en el importe de aplazamientos concedidos,
consecuencia, entre otras razones, de la mejoría experimentada en la
situación económica y de la reducción en los tipos de interés, así como
de su reflejo en la tesorería de las empresas y de los contribuyentes en
general.
Respecto al área de aduanas e impuestos especiales, quiero manifestar que
el resultado de las actuaciones de investigación y de inspección ha
experimentado un notable crecimiento, un 47 por ciento. Es decir, el
resultado de las actuaciones de investigación y de inspección del área de
aduanas e impuestos especiales, y por tanto la mejora de la recaudación
imputable al trabajo de la inspección, ha crecido en un 47 por ciento, lo
que pone de manifiesto también la mejor selección de los contribuyentes a
comprobar y una mayor eficacia a lo largo de ese período en las
actuaciones de comprobación.
Si analizamos los datos relativos a las principales actuaciones
realizadas en materia de gestión catastral, notamos que el descenso en el
número de municipios revisados no es un dato significativo, ya que como
pueden comprobar las señoras y señores Diputados, en 1996 se han revisado
los municipios con mayor volumen de unidades urbanas, lo que se ha
traducido en que el número de dichas unidades urbanas revisadas haya
crecido un 13 por ciento, también con relación a 1995. Asimismo, quiero
destacar que se ha producido una reducción en los incrementos medios del
valor catastral con relación a 1995. Por otra parte, en el resto de los
datos relativos a gestión catastral se constata el importante incremento
en la labor de conservación del catrastro en 1996, tanto en la
tramitación de las declaraciones presentadas por particulares como en las
actuaciones de inspección catastral. Quiero señalar que esto es
importante. El Gobierno cree que es mejor incidir en la actualización y
en el mantenimiento del catrastro, en su adecuación a la realidad, y no
sólo en la revisión catastral. No tiene mucho sentido realizar una gran
cantidad de revisiones catastrales y, sin embargo, que los datos del
catastro en los municipios revisados no se actualicen durante un período
muy significativo de años, puesto que no reflejarían la realidad de las
unidades urbanas y rústicas en el ámbito de los diferentes términos
municipales.
Para finalizar esta intervención previa, quisiera, única y
exclusivamente, rendirles cuentas de las principales iniciativas
normativas que ha desarrollado el Gobierno a lo largo del último
cuatrimestre en el área de la Secretaría de Estado de Hacienda. En primer
lugar, el pasado 21 de diciembre fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» el Real Decreto 2.458/1996, de 2 de diciembre, por el que se crea
el Consejo para la defensa del contribuyente. Como ustedes saben, el
Consejo para la defensa del contribuyente supone una auténtica novedad
dentro de las administraciones tributarias de nuestro entorno, siendo su
principal objetivo facilitar a los ciudadanos todos los cauces posibles
para hacer llegar a las autoridades y responsables de los diferentes
órganos que integran la administración tributaria cualesquiera quejas,
reclamaciones, sugerencias o propuestas que deseen hacer llegar a los
responsables políticos de la administración tributaria, con el objetivo
de que éstos tengan un conocimiento directo de cuál es la percepción que
tiene el ciudadano sobre las actuaciones en materia de gestión
tributaria, y también un conocimiento sobre cuáles son sus principales
inquietudes en materia de relaciones con la administración de los
tributos. También se ha procedido a la aprobación del real decreto por el
que se desarrollan las normas para la actualización de balances,
recogidas en el Real Decreto-Ley 7/1996. Como todos ustedes saben, el
real decreto expone claramente los principios inspiradores de las normas
de actualización y persigue la eliminación del impacto de la inflación en
la contabilidad de las empresas, adecuando sus balances a la realidad
económica y garantizando de ese modo una mejor capacidad de acceso a los
mercados financieros. El Gobierno también ha aprobado una reforma de la
tabla de retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Como ustedes saben, al margen de una simplificación de la tabla y una
reducción del número de contribuyentes que van a estar sometidos a
retención --en la totalidad de los casos contribuyentes con rentas
bajas--, se produce una reducción de la tabla de retenciones en un 2,7
por ciento, por encima de la previsión de inflación para 1997.
Por otra parte, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
Gobierno en esta Comisión, y por el acuerdo del Consejo de política
fiscal y financiera del pasado 23 de septiembre, se remitieron a esta
Cámara los proyectos de ley de reforma parcial de la Lofca y de cesión de
tributos, que, como muy bien conocen SS. SS., se materializaron en la Ley
Orgánica 3/1996 y en la Ley 14/1996. El Consejo de Ministros, con fecha
16 de enero de 1997, aprobó el proyecto de ley de garantías y derechos
del contribuyente, el estatuto del contribuyente. La próxima entrada en
vigor de este proyecto de ley, con las modificaciones que las señoras y
señores Diputados tengan por conveniente introducir a lo largo de la
tramitación parlamentaria, supondrá la consolidación definitiva de un
nuevo marco para las relaciones entre la Administración y el ciudadano,
inspirado en la mejora de la seguridad jurídica, en la transparencia en
la gestión y en una mayor calidad de los servicios que una administración
pública viene obligada a prestar con la máxima eficiencia posible. Quiero
destacar que ese estatuto del contribuyente, entre otras cuestiones,
establece
la reducción de los plazos de los procedimientos de inspección fiscal, la
equiparación de los tipos de interés que debe pagar el ciudadano a los
que debe recibir cuando la Administración es la morosa, o los acuerdos
previos en materia de valoración para reducir la conflictividad en
materia tributaria y la obligación de pagar intereses de forma automática
cuando el contribuyente no reciba su devolución en un plazo de tiempo
determinado. Saben ustedes también que en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y en la Ley de medidas fiscales, administrativas y
de orden social se han introducido, a lo largo de la tramitación en esta
Cámara, importantes medidas en materia tributaria, que han sido
suficientemente debatidas y de las que todos ustedes tienen pleno
conocimiento.
Con esto quiero poner fin a mi intervención, señor Presidente. He
intentado hacer un análisis de las principales actuaciones que se han
desarrollado en materia de hacienda a lo largo del último cuatrimestre y,
como no puede ser de otra forma, me encuentro a su plena disposición para
suministrarles cualquier aclaración o contestarles a cualquier cuestión
adicional que deseen plantearme con motivo y con ocasión de mi
intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones, formular preguntas y
observaciones, ¿qué grupos parlamentarios desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: En relación con la primera parte de la
intervención del señor Secretario de Estado de Hacienda, el Grupo
Socialista toma nota de sus manifestaciones.
Por lo que se refiere a la segunda comparecencia, no voy a entrar, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a discutir las cifras
cuantiosas que el Secretario de Estado de Hacienda aporta como respaldo
de una excelente gestión --según él-- en el segundo semestre del año
1996. Quisiera trascender un poco del significado concreto de esas
cifras, no sin comentar --ya lo pongo de manifiesto-- algún cambio en
determinados porcentajes de incremento de algunos impuestos en concreto.
Quisiera, en nombre del Grupo Socialista, llamar la atención sobre el
significado que tiene la recaudación global e incluso alguna recaudación
de impuestos concretos a lo largo del año 1996.
En primer lugar, llama la atención el hecho de que la recaudación nominal
se haya incrementado en un 4,4 por ciento. En términos reales eso
significa que la recaudación del Estado ha avanzado un 1,2 por ciento y
es en cierto modo preocupante que la misma esté un punto por debajo del
crecimiento real de la economía, que de acuerdo con los datos que podemos
manejar hoy y que nos proporciona el Banco de España, ha estado en torno
al 2,2 por ciento. Creo que ése es un hecho que debe llamar a alguna
reflexión por cuanto que puede significar que los ingresos tributarios
toman un rumbo en nuestro país que, querámoslo o no, acabará afectando al
gasto, teniendo como tenemos una limitación, que todos compartimos, del 3
por ciento en lo que se refiere al déficit. Este dato del crecimiento
nominal global de la recaudación tributaria líquida realizada por el
Estado a lo largo de los doce meses del año 1996 creo que arroja alguna
sombra de duda sobre la capacidad y evolución que los ingresos pueden
sufrir en los próximos años.
Además, señorías, el Gobierno ha tomado una serie de decisiones en
materia fiscal que no se van a reflejar --no están reflejadas,
obviamente--, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
como en el de Sociedades, en las cifras de recaudación del año 1996, por
razones evidentes, o al menos, en casi todos los casos, la plena
incidencia de esas modificaciones normativas en el Impuesto sobre la
Renta y en el de Sociedades lucirá en toda su extensión y significado más
bien en la recaudación del año 1997, lo que añade un punto más de
preocupación a estas dudas que estoy manifestando en estos momentos.
Señorías, creemos que el partido que soporta al Gobierno vino sosteniendo
durante estos años una teoría sobre la evolución de la recaudación y
sobre la evolución de los ingresos de la Hacienda pública
extraordinariamente peligrosa, a efectos del cumplimiento de los
objetivos de déficit. A fin de cuentas además el Gobierno del Partido
Popular ha acabado convirtiendo en argumento propio, como era de esperar,
las creencias y las ideas que el Partido Popular tenía respecto a una
cuestión fiscal muy concreta. Me refiero, señorías, a la idea de que
reducir los impuestos --y en particular reducir los impuestos no a todos
los sujetos pasivos, sino a aquellos que obtienen rentas de capital--
proporciona una recaudación mayor. Este es un error, señorías, que
difícilmente se puede seguir sosteniendo. Ustedes lo han hecho, señor
Secretario de Estado, con mucha profusión en el pasado, y tratan de
llevarlo a la práctica en la medida en la que pueden --ahí está la nueva
tributación de las rentas por plusvalías--, siendo así que la experiencia
ha demostrado claramente una y otra vez en este país y en otros países
donde la reducción de los impuestos fue mucho más considerable --sobre
todo en lo que se refiere a la imposición de las ganancias de capital--
que la reducción de esas tarifas impositivas, la reducción de los tipos
no conduce a un aumento de la recaudación. Y no sólo no conduce de hecho
--como también lo prueba sobradamente la evidencia empírica de tantos
países--, sino que tampoco está justificada la reducción de los impuestos
por causas que se dirijan a la incentivación del ahorro de las familias o
del ahorro privado. Eso no es así, ese argumento ni ha funcionado nunca
ni está funcionando en estos momentos y, por tanto, es un poco
preocupante, señorías, que en estas condiciones este país tenga que
aceptar que una reducción de los impuestos sobre todo los que gravan las
rentas del capital vaya a conducir a un mayor crecimiento de la economía,
a un mayor crecimiento del ahorro nacional y, en definitiva, como dicen
ustedes muy reiteradamente, a un incremento del empleo. Eso no es así,
señorías, e insisto en que nos preocupa que en ese contexto en el que el
déficit tiene un techo que todos aceptamos no haya una política de
ingresos que conduzca a un fortalecimiento de los mismos y proporcione al
menos un cuadro
normativo que garantice su evolución, al menos, en idénticos términos
reales en los que crece la economía nacional, porque sin duda esa
situación acabará afectando al gasto inevitablemente.
Señorías, ustedes proporcionan esta mañana a los medios de comunicación y
a cuantas personas tenemos acceso a esa documentación una serie de
afirmaciones respecto a la evolución de los ingresos en la que afirman
tajantemente --lo ha hecho también, aunque lo ha matizado después, el
Secretario de Estado-- que los ingresos por IRPF han subido en el año
1996 un 5,8 por ciento. Eso no es así. En términos nominales, la
recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha
crecido un 0,8 por ciento en el año 1996. Bien es verdad que ustedes
matizan con dos argumentos, el primero el retraso en las liquidaciones de
retenciones por parte de la Seguridad Social y de las comunidades
autónomas y el segundo --un poco más chocante todavía--, que tiene que
ver con el aumento de las retenciones --supongo que aquí estamos hablando
de recaudación en términos netos, no con otro tipo de argumentos--. Claro
está que ustedes introducen ese nuevo concepto de recaudación bruta y
homogénea. El lenguaje castellano coloquial, tan rico en expresiones, a
estas cuestiones en lugar de matices las llama pamplinas, de manera que
lo que queda, señorías, es que la recaudación nominal en el año 1996 ha
avanzado un 0,8 por ciento. Esa es la cruda realidad de la cifra del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1996. Además, el
otro día escuché al Secretario de Estado de Economía justificar ese
tímido avance de la recaudación del IRPF en razón de la reducción de los
tipos de interés y, consiguientemente, de la reducción de las retenciones
en la fuente de las rentas del capital. Sin embargo, en lo que hoy
conocemos por las cifras que se nos proporcionan, no ha sido muy elevada
esa disminución como consecuencia de la reducción en las retenciones de
los rendimientos del capital, escasamente 20.000 millones de pesetas. Por
tanto, señor Secretario de Estado, hay otras causas en esa timidez en el
avance de la recaudación por IRPF que nosotros no liquidaríamos con esos
dos argumentos de lo bruto y lo homogéneo, a que anteriormente me
refería.
En último término, señorías, y con esto quiero concluir, a la vista de
algunas cifras de recaudación y de la correspondencia de dichas cifras
con las medidas que ustedes han adoptado a lo largo del año 1996, en
particular en los presupuestos y en los decretos 7 y 8 del año 1996 y
desde luego de las decisiones que han tomado en relación con las
retenciones en el mes de enero y, añado una cosa más, de la necesidad que
este país tiene de proporcionar un cierto vigor al consumo para que, de
una vez por todas, esa variable macroeconómica asuma el papel que le
corresponde en el empuje y en el crecimiento de la actividad económica, a
la vista de todas esas cuestiones previas, creo que es obvio que ustedes
están atrapados en la contradicción entre el ahorro y el consumo. Tienen
que decidirse por una de las dos cosas, porque las dos a la vez no se
pueden fomentar, como es obvio, ya que los dos objetivos son radicalmente
antagónicos. O se incentiva el ahorro y, por tanto, se vuelven los pasos
atrás en materia de reducción del gravamen de las rentas del capital --de
acuerdo con esa concepción errónea suya a la que yo anteriormente me
refería-- o se incentiva el consumo, y ustedes, en el mes de enero, por
la vía de las retenciones, toman la decisión de insuflar 80.000 millones
adicionales en los bolsillos de las familias españolas, para aumentar,
transitoriamente bien es verdad --insisto en el término,
transitoriamente--, sus rentas disponibles, en una medida que puede
tener, separada de la anterior, su lógica. Está muy bien que por alguna
vía se trate de que el consumo privado no crezca a tasas tan tímidas como
la del 1,2 por ciento a que está creciendo en estos momentos, pero,
señoría, le repito que las dos cosas a la vez son imposibles de
perseguir. O ustedes incentivan el ahorro o se deciden a empujar el
consumo. Por favor, señorías, una de las dos cosas, pero, insisto, las
dos cosas a la vez no tienen lógica alguna.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Voy a hacer una intervención muy breve y
relativa fundamentalmente a la primera parte de la intervención del señor
Secretario de Estado, para dejar constancia de qué poco nos gustan esos
recursos contencioso-administrativos que están pendientes, para dejar
constancia, en nombre de mi grupo, de cómo respaldamos la libertad del
Gobierno vasco, en este caso de las diputaciones forales, para dictar su
normativa, y de qué poco partidarios somos de la utilización de esos
instrumentos que se pueden acabar convirtiendo en simples instrumentos de
presión, como es acudir a la vía contencioso-administrativa, a la vía
jurisdiccional. Por tanto, quiero expresar desde aquí nuestro pleno
respaldo a la utilización de los instrumentos legales que el concierto
atribuye a los órganos de Euskadi, a los órganos del País Vasco. Incluso
si entráramos en el fondo de las normas que están en discusión, también
tendría que dejar constancia de que, en realidad, muchas veces --y así se
está comprobando-- las normas que se han recurrido y, en general, las
normas dictadas por los órganos competentes en Euskadi, básicamente las
diputaciones forales, son precursoras de lo que después se acaba
generalizando al resto del Estado español. Por tanto, no sólo desde un
punto de vista competencial no nos parece correcto el planteamiento de la
utilización de esa vía contencioso-administrativa, sino que, sin entrar
en el detalle ahora de cada una de las normas recurridas, en su gran
mayoría, respecto de lo que es el contenido de esas normas, están en
perfecta consonancia con lo que está ocurriendo en el resto de Europa y
son muchas veces un avance de lo que va a ser necesario implantar --si no
se ha implantado ya-- en el resto del Estado español.
Sólo quería hacer esta observación, de un cariz netamente político, para
dejar claro que no nos parece un instrumento correcto y que somos mucho
más partidarios de acudir, como efectivamente sugería el propio
Secretario de Estado de Hacienda, a la vía del diálogo, pero por ambas
partes, y mantener siempre abierta la vía del diálogo, descartando una
vía que es perfectamente legítima, la interposición
del recurso, pero que en términos políticos no nos parece la más
correcta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Dado que voy a utilizar el turno de mi grupo
parlamentario para contestar a la comparecencia del Secretario de Estado
de Hacienda en las dos cuestiones que ha planteado, si me lo permite el
señor Presidente, empezaré por la última, a la cual voy a dedicar muy
breve espacio de tiempo, que es el análisis de la evolución de la
recaudación tributaria, en la que parece que se están corroborando los
datos de la economía española que ya teníamos a diciembre de 1996, que
son buenos, que nos hacen ser optimistas. Estamos viendo que el margen
del buen comportamiento de la inflación y del déficit público va por la
senda de lo que estaba previsto y de lo que queríamos que sucediese, si
bien es cierto que el buen comportamiento de la inflación se debe
--creo--, entre otras causas, a la elevación en el mes de julio de los
impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, así como al margen de
maniobra de estos impuestos, pero creo que es conveniente recordar que
precisamente este margen de maniobra de los impuestos especiales es muy
bajo, alrededor del 15,7 por ciento de lo ingresado por tributos
presupuestados. Por tanto, no podemos basarnos en estos aumentos para ser
optimistas de cara al futuro de los ingresos tributarios. No podemos, por
tanto, mantener un presupuesto de ingresos sobre la base de estos
ingresos de impuestos especiales.
Por lo demás, en la previsión de ingresos tributarios que se contiene en
los Presupuestos Generales del Estado para este año no parece que podamos
ser excesivamente optimistas, dado que se contempla un efecto
multiplicador en la recaudación de más de un punto sobre el producto
interior bruto, es decir, hay un incremento del 7,6 por ciento sobre la
previsión de recaudación del año 1996, y todo ello contando con que se
mantenga la previsión de ingresos tributarios a final del año 1996. Desde
luego, me gustaría que, al margen de las comparaciones que figuran en el
informe que ha presentado el Secretario de Estado de Hacienda sobre
recaudación efectiva del año 1995, también se expresaran las diferencias
sobre las previsiones de recaudación establecidas en los Presupuestos
Generales del Estado. Creo que independientemente de ver la evolución
real de la recaudación tributaria de un año a otro, es conveniente
mantener la línea de comparación de la recaudación efectiva con respecto
a lo presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado, que es donde
al final se establece el déficit público. Yo creo que también sería
conveniente para un futuro hacer esa relación con respecto al presupuesto
inicial de recaudación que se ha efectuado. Las diferencias en las
previsiones de recaudación de 1996 en relación con las reales a mi modo
de ver hacen que no seamos excesivamente optimistas de cara al
cumplimiento del presupuesto inicial de 1997, que se puede efectuar
precisamente a finales de 1997, y éste es un dato que me gustaría que se
incluyera en los informes de la Secretaría de Estado de Hacienda.
En cuanto al resto de los temas que ha planteado en este informe no voy a
entrar en ellos. Como tendremos ocasión suficiente de estudiar la
situación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
precisamente en la comisión de investigación que se creó ayer y
dispondremos de una información suficiente y más detallada sobre estos
datos en su momento, no voy a entrar en su análisis.
Me voy a centrar en lo que ha sido la primera parte de su intervención,
los recursos que presenta el Gobierno, habitual y permanentemente, contra
las leyes forales de las diputaciones forales vascas. Ante todo, yo
quiero agradecerle el reconocimiento expreso de la capacidad tributaria
de las diputaciones forales vascas, algo que, por otra parte, es obvio.
También quiero agradecer la voluntad del Gobierno en reducir al máximo,
he entendido, esta conflictividad. Yo, más que a reducirla al máximo, a
lo que le animo es a que la elimine, porque creo que, al final, todos
entenderemos, por lo menos eso espero que se produzca después de mi
intervención, el hecho de la ineficacia, de la inoportunidad que
significan los recursos contra las normas forales vascas, que al final no
suponen sino más trabajo para la propia Administración tributaria.
Creo que sería preciso hacer algunas puntualizaciones de cara a que luego
se puedan entender y comprender mucho más algunas de las cuestiones o
razonamientos que nosotros hacemos en nuestra capacidad, demostrada, de
normativa y normalización de las leyes forales vascas. No voy a entrar,
porque lo he dicho al principio, en antecedentes ni en profundizar sobre
el funcionamiento del régimen del concierto económico, pero creo que es
necesario saber una serie de cosas, y es que el concierto económico es un
instrumento legal que regula las relaciones de orden financiero y
tributario entre el Estado y el País Vasco y, por tanto, constituye la
manifestación del reconocimiento de una soberanía circunscrita en el
ámbito tributario y financiero equivalente al propio Estado. No nace de
un proceso de avanzada descentralización de competencias, no es un
sistema de cesión de tributos estatales, ni es un sistema de
descentralización fiscal; no es ningún privilegio, tampoco es un capricho
singular. Es un derecho del pueblo vasco. En la práctica significa que
las instituciones vascas establecen, regulan y recaudan sus ingresos
públicos para financiar, con riesgo unilateral --porque, efectivamente,
eso existe--, su actividad pública y aportan al Estado en concepto de
cupo una contribución para financiar las cargas del Estado. Por tanto, el
sistema del concierto económico es específico, pero solidario, y esto
tiene que quedar claro, es específico pero solidario. El País Vasco paga
religiosamente el cupo y contribuye con su aportación al Fondo de
Compensación Interterritorial, que es el instrumento de solidaridad
arbitrado por la Constitución. Señorías, yo les aconsejo que saquen copia
del «Diario de Sesiones», se lo guarden a mano y, de vez en cuando,
cuando tengan dudas se lo repasen.
A partir de aquí no nos preocupa tanto el ataque a las normas forales
vascas a través de los recursos presentados por el Gobierno, y no sólo de
los recursos, porque, al fin y
al cabo, los recursos van en una vía en la que al final alguien dice si
tienen razón o no, sino las manifestaciones habituales de ciertos
políticos en contra de las normas forales vascas, que en el fondo no es
más que un ataque al concierto económico, un ataque que no ofrece
cuestionamiento alguno sobre la utilidad y necesidad de un sistema
tributario moderno basado en el principio de complementariedad de la
política económica industrial. Yo creo que nadie pone en duda la eficacia
de las normas forales vascas. Todavía no he oído ninguna crítica sobre la
efectividad de las normas forales vascas. Así lo hemos entendido nosotros
siempre y así lo entiende también la Unión Europea, en cuyo Libro Blanco
sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo señala las ventajas
competitivas derivadas de la materialización de la economía y de la
modificación del peso relativo de la carga fiscal que influye sobre los
factores de competitividad que soportan las empresas. Esto está
reconocido en Europa y en todos los sitios. También lo entiende así, creo
yo, el Partido Popular y también creo que podría entenderlo así el
Partido Socialista, que son los que van a estar permanentemente, supongo
yo --y que me perdone el resto de los grupos parlamentarios--, en el
Gobierno en el futuro. Aprovecho para decirles que, por favor, no se
copien, porque, como decía el Secretario de Estado, una de las razones es
que plantean los recursos por seguir con los criterios del anterior
Gobierno. En otras cosas no siguen los criterios del anterior Gobierno ni
al siguiente día de estar en el Gobierno. En consecuencia, por favor, no
los sigan, que por lo menos no sea ésa la disculpa.
Si hacen un repaso de todas las medidas que hemos propuesto y que hemos
puesto en marcha, como ya se ha dicho por el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, verán que son medidas que luego las van ustedes
copiando, y me parece muy bien, porque eso da razón al hecho de que son
medidas efectivas y que deben tomarse. Por tanto, si no se adoptan, es
por algunas otras cuestiones que pueden ser de tipo recaudatorio o de
decisiones políticas, pero no porque las medidas en sí sean malas. Así,
si las repasamos vemos que deflactan las tarifas del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, cosa que nosotros ya hemos propuesto mil
veces; el tratamiento dado a la imposición ya lo teníamos nosotros en la
tributación de los dividendos, lo han puesto ustedes; las incentivaciones
a la inversión en gastos de formación, investigación y desarrollo, en
creación de empleo, en activos fijos, en actualización de valores de
activo de las empresas, en reducción de los tipos impositivos del
Impuesto sobre Sociedades, sobre lo que se armó una polvareda tremenda
para que dos meses después vaya el Gobierno y reduzca al 30 por ciento la
tasa del Impuesto sobre Sociedades. Es decir, van detrás nuestro, y no me
paree mal, pero, por favor, no recurran porque, como se ve, en el fondo
son medidas prácticas y necesarias en nuestra economía. Desde luego,
nuestro compromiso futuro es apoyar fiscalmente la actividad empresarial
y la internalización de las empresas, y eso vamos a seguir haciéndolo;
independientemente de que existan o no existan recursos, lo vamos a
seguir haciendo.
Se ha dicho que la reforma del Impuesto sobre Sociedades está en contra
de la unidad de mercado. En el fondo, no es que se esté en desacuerdo con
la orientación de la reforma, sino que lo que se está pretendiendo es
desequilibrar la existencia del propio concierto económico, y eso es lo
que nos parece muy grave. La unidad de mercado no exige bajo ningún
concepto la uniformidad fiscal, y lo ha señalado reiteradamente el propio
Tribunal Constitucional. No voy a hacer una referencia detallada para no
alargarme, pero, desde luego, sí creo que es importante oír lo que dice
el Tribunal Constitucional en una sentencia del 1 de julio de 1986: La
unidad de mercado no supone uniformidad, ya que la misma configuración
del Estado español y la existencia de entidades con autonomía política,
como son las comunidades autónomas, supone necesariamente una diversidad
de regímenes jurídicos. En esta línea hay más sentencias del Tribunal
Constitucional que vienen a corroborar esto. Y si nos referimos a la
unidad de mercado en el ámbito europeo la diversidad tributaria es aún
superior, y las directivas comunitarias en materia de armonización, de
imposición indirecta se cuentan con los dedos de la mano. Por lo tanto,
señorías, no hace falta demostrar más la importancia, la necesidad que
tienen unas normas fiscales que van en la línea de lo que en las
diputaciones forales estamos haciendo.
También se nos achacan otras cosas. Que Euskadi es un paraíso fiscal. La
afirmación es totalmente falsa. la Comunidad Autónoma vasca soporta las
consecuencias de su gestión tributaria. La eficacia o ineficacia que
tengamos en gestionar nuestros recursos, inmediatamente tiene una
incidencia en las arcas de la comunidad. Por lo tanto, si somos
efectivos, recaudaremos más y si no, menos, y lo tendremos que sufrir
nosotros.
Se dice que significa un agravio comparativo para empresas que se
instalen en el País Vasco con estas normas forales. ¿Han estudiado
ustedes los proyectos de inversión de empresas extranjeras cuando vienen
a instalarse al Estado español? ¿Han visto en qué número de prioridades
está el estudio de la normativa fiscal? Nosotros sí, porque tenemos mucha
necesidad de que vengan inversiones al País Vasco. Está detrás
fundamentalmente de la localización geográfica, está detrás del propio
mercado, porque una empresa viene a producir y a vender, y lo que está
mirando es el mercado. Está detrás de lo que tiene de industria auxiliar
ese territorio. Está detrás del estudio del nivel de formación
profesional de las personas de ese territorio. Detrás de todo eso está el
estudio de la fiscalidad, y no sólo en lo que nosotros hemos visto en el
País Vasco, sino también en todas las encuestas que hay en Europa. Por lo
tanto, despejemos todas esas incertidumbres que algunos maliciosamente
están propagando por ahí. Las empresas no se trasladan de un lugar a otro
de la noche a la mañana y por las buenas porque tengan unos incentivos
fiscales. No se puede hablar de paraísos fiscales cuando tenemos un tipo
impositivo en el Impuesto de Sociedades del 32,5 por ciento. Las cosas
suelen ser mucho más complejas que todo esto.
La política fiscal del gobierno vasco y de las diputaciones forales
vascas está enfocada al apoyo a la política industrial, que es a eso a lo
que se debería llegar. Nosotros, como saben, tenemos unas necesidades de
reindustrialización
quizás mucho mayores que otras partes del Estado. Hemos sufrido unos
procesos de reestructuración muy importantes y necesitamos
reindustrializar el tejido económico del País Vasco. Así que, señorías,
de paraísos fiscales nada. No tenemos voluntad de construir ningún
paraíso fiscal en el País Vasco. Desgraciadamente, no nos lo podemos
permitir.
Les daré algunos datos. Las previsiones de recaudación en el año 1996
ascienden a 810.000 millones de pesetas, que es un 11,4 por ciento
superior a lo presupuestado en 1995. En concreto, en el Impuesto de
Sociedades se prevé un incremento del 19,8 por ciento, lo que supone un
diez por ciento de la recaudación de los tributos concertados, porcentaje
que, como sabe el Secretario de Estado de Hacienda, es muy similar al de
otros países de la OCDE. Con esto quiero decir que de paraísos fiscales,
absolutamente nada.
No voy a entrar en el tema, por otra parte tan vidrioso, de establecer
uno de los criterios que ha mencionado el Secretario de Estado de
Hacienda, la presión fiscal global efectiva. Si quieren lo discutimos
algún día, pero lo que hay que tener en cuenta en este caso es que
nosotros no somos los que recurrimos. El que recurre es el que tiene la
carga de la prueba, es el que tiene que demostrar que existe más presión
fiscal en el resto del Estado que en el País Vasco, pero no lo hagan
porque se van a encontrar que es totalmente al revés. Existe más presión
fiscal global efectiva en el País Vasco que en el resto del Estado. Por
eso los tribunales no les dan nunca la razón. No han ganado ni un solo
pleito, ni lo van a ganar. No recurran porque no van a ganar, y lo saben.
Quiero terminar este turno con algunas conclusiones para ver si de una
vez deshacemos esos entuertos. Tenemos capacidad normativa tributaria
reconocida. Las normas son buenas para aumentar la competitividad
empresarial. El Estado, en cuanto puede, las copias o las hace parecidas.
Euskadi no es un paraíso fiscal. Lo único que quiere es recomponer su
tejido industrial. No existe mayor presión fiscal global en el País Vasco
que en el resto del Estado. Al revés. Existe mayor presión fiscal en el
País Vasco con respecto al Estado. Si no, que me demuestren lo contrario.
Los tribunales no le han dado nunca la razón a este Gobierno ni al
anterior en un solo recurso. Nunca han ganado un pleito. A partir de aquí
sólo voy a hacer una pregunta: ¿Por qué se recurre? Parece ser que no
queda más que una explicación: por razones políticas. Pero yo ahí no
puedo entrar.
Por mi parte, nada más. No sé si habré convencido a SS. SS. en algo, pero
eso es lo que pretendía en una comparecencia de este tipo que quizá puede
aclarar ciertas cosas y puede establecer unos comportamientos y unas
actitudes distintas de las que hasta ahora se están manteniendo. No lo
utilicen como herramienta contra un sistema fiscal, que en el fondo es lo
que se está debatiendo o lo que algunos quieren debatir: el sistema
fiscal, el sistema del concierto económico del estatuto de autonomía. Por
esa vía no vayan porque tienen la batalla perdida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señoras y señores Diputados, quiero
agradecer al Secretario de Estado de Haciena las dos comparecencias y la
información que nos ha ofrecido en relación a su gestión y a la del
Gobierno en esta materia, pero me voy a centrar en la primera.
Antes de entrar en el fondo, me gustaría plantear una cuestión de
procedimiento que tiene relación tanto con lo que estamos hablando ahora
como con lo que hemos debatido antes sobre la comparecencia o no del
señor De Rato, casualmente con una pregunta que, desconociendo el orden
del día de esta Comisión, había formulado al señor De Rato la semana
pasada para la sesión de control de esta semana. La pregunta era sobre
las normas forales relativas al Impuesto de Sociedades y su retirada.
Curiosamente, como nos dice el señor Secretario de Estado de Hacienda
--yo ya no quiero ni decir mis propias palabras porque, a lo mejor, estoy
confundida--, éste es un tema que hace referencia a cuestiones
impositivas, de armonización fiscal y empresariales. La respuesta que
tengo es que el señor De Rato --no sé por qué hemos hecho el debate
anterior-- no responde a esa pregunta, a pesar de que dos preguntas
anteriores las responde él. Va a responder el señor Rajoy. En esta sesión
podíamos haber debatido, no si el señor Secretario de Estado de Hacienda
nos explica o no este tema, sino por qué no viene el señor Rajoy, el
señor Romay o cualquier otro. No es de recibo que en una sesión de
control no conteste a estas preguntas el ministro encargado de esas
materias. Me lo tomaría a broma o con sentido del humor si fuera una
cuestión personal, pero, en la medida en que representamos a lo que
representamos cada uno de nosotros y el Gobierno, no puedo permitir que
un ministro, un vicepresidente, que tiene a su cargo estas materias, no
conteste a las preguntas y se lo rifen a los chinos entre los ministros,
porque ya no sé cómo lo hacen. No creo que sea de recibo. La capacidad de
asombro y sorpresa en cuanto a las formas y procedimientos del Gobierno
al que está representando en este momento ya era amplia, pero ahora es
infinita. No sé qué cuestión política hay detrás por la que no quiera
responder el señor Vicepresidente, porque entiendo que no será personal
--el señor Rato es muy educado y contesta a todos los Diputados, ya sean
de grupos mayoritarios o minoritarios--, pero es sorprendente que en este
tema, como bien ha señalado usted, que es de competencia pura y
exclusivamente del Ministerio de Economía y Hacienda, conteste el señor
Rajoy. Siento que no pueda ir usted a contestar, pero ya no sabemos ni a
quién tenemos que dirigir las preguntas. Esto por lo que respecta al
procedimiento.
En cuestión de fondo, como no quiero hacer muy extensa esta intervención,
parto de la base de lo que ha dicho el señor Zabalía en cuanto a
soberanía, a derecho histórico y a capacidad tributaria. Esto, no sólo
por lo que tenemos ya legislado en el estatuto de autonomía o en la Ley
de 1981, de concierto económico, sino simplemente por una disposición de
la Constitución, que supongo que todos ustedes respetan profundamente, la
disposición adicional primera, de respeto a los derechos históricos.
Evidentemente, tenemos ese derecho histórico, es específico, es
profundamente solidario en el ejercicio del mismo y creo
que esa soberanía tiene que mantenerse siempre. (El señor Vicepresidente,
Martínez Sanjuán, ocupa la Presidencia.)
Voy a seguir sus propios razonamientos. No voy a entrar, como no lo ha
hecho usted, en los argumentos jurídicos o técnicos del mantenimiento de
estos siete recursos, porque estoy segura de que los abogados de las
diputaciones lo harán muy bien y de que no hay un solo argumento ni
fundamento jurídico o técnico que se mantenga en pie. De hecho, es
significativo que hasta ahora, como bien ha dicho el señor Zabalía, no se
haya ganado ningún recurso. Por otra parte, es curioso que también el
propio tribunal superior, en lo que se refería a suspensiones cautelares
de recursos interpuestos por otras comunidades autónomas, ya en este
tema, no en otros, viene a señalar que el régimen fiscal especial de las
haciendas forales tiene una apoyatura normativa de rango constitucional,
y por supuesto legal, que permite la potestad normativa en estas
materias. Esto, respecto a las medidas cautelares sobre estos temas
suscitados por otros recurrentes, que no significan nada, lo sé, pero es
un avance. Creo que no hay fundamentos jurídicos para que se sostenga.
Siguiendo su razonamiento, usted ha dicho que están recurriendo por una
serie de principios: el mantenimiento de la estructura general
impositiva, la armonización fiscal y evitar el menoscabo en las
competencias empresariales. Sus razones son de principio, pero
curiosamente usted da una serie de argumentos contradictorios. No sé si
he entendido mal y me excuso si ha sido así. Dice: Son razones de
principio, pero ya veremos cómo se va negociando la actualización del
concierto económico y ya veremos qué hacemos con los recursos.
Seguidamente añaden: Ya veremos qué modificaciones hacemos en el régimen
común, porque eso puede afectar o no a los recursos.
Mire usted, o es de principio o no es de principio. Lo que ustedes están
haciendo y lo que nos ha venido a explicar es que están utilizando los
recursos jurídicos para cuestiones políticas, y eso es un error. Es un
error político porque no genera nada, es un error económico porque
produce lo que ustedes consideran tan inoportuno, que es la falta de
credibilidad en los empresarios, la falta de confianza del mercado y, por
tanto, la no estabilidad. Gracias a Dios que, como consecuencia de los
múltiples recursos que se han ido interponiendo a lo largo de los años,
ni los empresarios creen en la posibilidad de que esos recursos
prosperen. Digo gracias a Dios porque, si no, ustedes estarían haciendo
lo contrario de lo que preconizan en otros temas, estarían generando un
problema en la confianza de los mercados y, sobre todo, una falta de
estabilidad, con lo que me sorprenden sus razones y las contradicciones
que llevan consigo.
En segundo lugar, habla de que quieren reducir al máximo la litigiosidad
con las diputaciones forales. Yo diría que no tienen por qué haber,
máxime cuando son ustedes conscientes, en concreto el Partido Popular, de
que no tienen fundamento jurídico. Me habría bastado decir aquí, como
primera afirmación, que, a lo mejor, tendría que realizar esta defensa el
Partido Popular del País Vasco, porque curiosamente apoya todas esas
normas forales y, al parecer, el especialista en temas fiscales señala
que rechaza esos recursos. ¡Sorprendente!
Por último, habla de que sería necesario un diálogo institucional. El uso
de la palabra es importantísimo. No tengo, ni jamás he tenido, ningún
problema en hablar, ni en el orden individual ni en el colectivo. Creo
que hablar viene bien siempre, aunque sea con el diablo, en este tema o
en cualquier otro. Ahora bien, hablar es una cosa, pero que el diálogo
signifique que las diputaciones forales, que son las que tienen la
competencia según la Ley de territorios históricos, tienen que estar
sujetas a ese diálogo, no. Hablamos de lo que quieran, pero somos
soberanos para utilizar nuestra capacidad y potestad tributaria. Que
quede claro eso.
Por lo demás, aunque no voy a entrar ahí porque es una cuestión interna
de partidos, supongo que ustedes cumplen pactos, pero sí puedo entrar
cuando su desarrollo se realiza a través de gobiernos. Si las
negociaciones son a través de gobiernos, que representan a todos los
ciudadanos, puedo entrar. Espero que, como el desarrollo de las
negociaciones se produce a través de gobiernos, cumplan lo que hayan
negociado. En ese seguimiento de anteriores gobiernos, sorprende que, en
unas cuestiones, haya que cambiar todo y, en otras, simplemente haya que
hacer seguimiento porque sí, no se sabe por qué. Lo único que hace esto
es generar desconfianza hacia las actuaciones y hacia el espíritu que
tiene que llevar el respeto de los derechos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, tanto en su Estatuto de Autonomía como en lo que se refiere
al concierto económico. Difícilmente podremos tener confianza en que el
Gobierno al que usted ahora representa vaya a cumplir las normas ya
aprobadas cuando vemos lo que pasa, día tras día. Hablando tanto de
crispación, lo único que crea esto es un clima de desconfianza que hace
que no sea posible que tengamos a bien creerles todo lo que dicen. Si ni
siquiera cumplen las normas legales, como puede ser un estatuto de
autonomía y recurren constantemente las normas forales relativas a
capacidad tributaria, veo difícil que podamos tener esa confianza que
tanto nos reclaman.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Secretario de Estado, tanto para el segundo tema
--lo ha tratado en primer lugar-- como para la comparecencia
cuatrimestral, así como los datos e informes que ha suministrado a esta
Comisión, que contribuyen a mejorar la realidad de la visión de que
disponemos en esta Cámara sobre los ingresos tributarios.
Me referiré, en primer lugar, a la segunda comparecencia. Quiero mostrar
mi satisfacción porque el Grupo Socialista, después de un debate previo
sobre quién debía comparecer, se ha mostrado bastante satisfecho con la
comparecencia del Secretario de Estado, pues no ha hecho ninguna pregunta
adicional y se ha limitado a tomar nota. Muestro mi satisfacción, pues
pone a las claras que la comparecencia
del Secretario de Estado era la correcta para este tema.
A mi grupo parlamentario le parece correcta la postura del Gobierno, que
hemos conocido a través del Secretario de Estado. Mi grupo, a pesar de lo
que algún otro portavoz ha manifestado, tiene una sola voz respecto a
esta cuestión, allí y fuera de allí, no como otros grupos, que participan
allí en el gobierno y fuera hacen otro discurso.
Se ha hablado de los recursos. Yo quiero manifestar que a mi grupo
parlamentario los recursos no le parecen un prejuicio, sino que piden un
juicio sobre la constitucionalidad y los derechos forales. Yo no hablaría
de los recursos en el sentido de si se ganan o se pierden. Lo que pide el
Gobierno en este tema es el juicio de los tribunales para saber si esas
normas se ajustan a los principios constitucionales, a los principios del
derecho foral.
Mi grupo parlamentario --y en eso quiero dejar muy tranquilo al portavoz
del Grupo Vasco (PNV)-- es absolutamente respetuoso con las normas
constitucionales, con las normas autonómicas, con el derecho foral y con
la capacidad, por tanto, de regulación fiscal de las diputaciones vascas.
A nosotros nos encontrarán en el camino de procurar el crecimiento de la
economía del País Vasco, pero también queremos que no se produzcan
discriminaciones ni rupturas en la unidad de mercado, y para ello el
Secretario de Estado ha apuntado un tema que nos parece muy importante,
que es el diálogo institucional, y, a ser posible, previamente a la
aprobación de las leyes. En ese sentido, quiero insistir en esta Cámara
--ya que el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha hablado de
que quería explicar a SS. SS. cómo funcionaban el derecho foral y el
sistema tributario en el País Vasco-- en que a mi grupo le gustaría que
hubiera un mayor diálogo institucional previo a la aprobación de las
leyes. Posiblemente esta segunda faceta de los recursos no se produciría.
Procurar el crecimiento y evitar la discriminación tienen una receta
fácil: diálogo institucional. Se va a caminar hacia una mayor
armonización fiscal en el seno de la Unión Europea, y es bueno que en el
territorio español se dé una cierta armonización compatible con la
corresponsabilidad fiscal, con la autonomía, con el derecho foral vasco,
que no rompa la unidad de mercado y no establezca ventajas de unas
comunidades frente a otras. Para eso hay una receta simple: diálogo,
consenso. El Gobierno y el grupo parlamentario al que represento está por
esa tarea, por procurar el diálogo. Quiero decir a los portavoces de los
dos grupos vascos que han intervenido que en mi grupo van a encontrar
siempre esa capacidad de diálogo, como han tenido hasta el momento, y nos
gustaría que el Gobierno vasco fuera receptivo al mensaje de lo que desde
el Gobierno español se está procurando, que es un mayor diálogo
institucional, y que contribuyera a que ese diálogo institucional se
produjera previamente. Eso sería un excelente camino de futuro, de
armonización del sistema tributario vasco y del sistema tributario del
resto de España, que, desde luego, contribuiría a que episodios como los
recursos no se volvieran a producir.
Sobre la segunda comparecencia --la primera en el orden del día--, quiero
señalar que tras el informe y la intervención del Secretario de Estado
queda claramente de manifiesto que los ingresos tributarios han ido por
la buena senda. Hay grupos que llevan tiempo hablando de dificultades en
la recaudación que parece que se alegrarían de que la economía no fuera
bien, de que los datos de recaudación no se comportaran correctamente,
pero los datos que hoy conocemos, los datos que conocimos ayer al recibir
el informe, son claros y contundentes: los ingresos tributarios se están
comportando bien. Yo pediría a otros grupos --si está permitido en este
trámite lanzar propuestas a otros grupos-- que dejaran de sembrar dudas
sobre el comportamiento de los ingresos tributarios. Hoy he oído que,
tras el conocimiento de los ingresos de 1996, se decía que no han ido del
todo mal, pero que para 1997 van a ir muy mal. Mi grupo entiende que los
ingresos se han comportado bien y que en 1997 previsiblemente seguirán
esta buena senda.
Los datos económicos --antes el portavoz del Grupo Socialista hablaba de
la incidencia del sistema fiscal sobre el crecimiento y el empleo-- van
bien, así como el crecimiento y la creación de empleo, y si hay una
incidencia del sistema tributario o del sistema fiscal sobre el
crecimiento y el empleo, habría que concluir que las reformas que se han
producido en el segundo semestre sobre el sistema tributario o fiscal han
contribuido a que ese crecimiento y ese empleo vayan por la buena senda.
En ese sentido quiero felicitar al Secretario de Estado, porque me
parece, recogiendo la afirmación del portavoz del Grupo Socialista de que
hay una incidencia, que la incidencia ha sido positiva y que, por tanto,
vamos por un camino excelente, que en 1996 ha concluido con un
crecimiento adecuado, superior a la media europea, con una creación de
empleo positiva, con unos datos macroeconómicos positivos y,
especialmente, con un déficit público ajustado a las previsiones y al
plan de convergencia. Los ingresos han contribuido de forma muy
importante a ese buen comportamiento del déficit público.
Nos parece muy positivo el comportamiento de las retenciones del
rendimiento del trabajo, que indican una mejoría del empleo, así como el
comportamiento del IVA, porque indica que el consumo, aunque levemente,
va por la buena senda y que esa recuperación económica que se está
produciendo está siendo percibida por los ciudadanos.
Para mi grupo es especialmente importante señalar, porque nos parece un
dato excelente, el comportamiento de las devoluciones. Tan excelente nos
parece ese dato que en el proyecto de ley de derechos y garantías del
contribuyente hemos alabado que se aceleren los plazos de devolución. El
comportamiento de las devoluciones del IRPF de 1995, producidas en 1996,
ha sido extraordinario. Es justo reconocerlo, es un dato por el que el
Secretario de Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria
merecen la mayor de las felicitaciones. Es importante que los ciudadanos
que han adelantado dinero a la hacienda pública puedan ver cómo el dinero
que es suyo y que les tienen que devolver es devuelto en el menor plazo
posible. El que un ingreso de enero de un año les sea devuelto año y
medio después, nos parece un plazo razonable como para no seguir
alargándolo.
Los datos que se han aportado sobre el funcionamiento de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria son positivos, a pesar de que, como
ya otro portavoz ha puesto de manifiesto, en la comisión de investigación
se elaborarán propuestas para el mejor funcionamiento de la agencia, que
probablemente llevarán a dotarla de mayores medios materiales y humanos
para que pueda cumplir con mayor diligencia sus obligaciones. Tanto las
actas de inspección como la gestión en la agencia parece que van por el
buen camino.
Las modificaciones legislativas que el Secretario de Estado ha mencionado
que se han producido en el último semestre ya hemos tenido ocasión de
debatirlas en esta Cámara, tanto la reforma de la Lofca, como la Ley de
Cesión de Tributos, como la Ley de Acompañamiento. Nos parece que en el
último semestre se han producido reformas legislativas importantes,
reformas legislativas que van en la línea de una reforma global del
sistema fiscal. Desde luego, yo no estoy de acuerdo con algunas
manifestaciones hechas esta mañana en esta sala de las que parece
derivarse una propuesta de subir impuestos frente a otra que puede tener
el Grupo Parlamentario Popular de bajarlos. Mi grupo parlamentario es
partidario de esta segunda posición. A nosotros nos gustaría bajar los
impuestos y bajarlos más, porque así lo hemos manifestado siempre, bajada
de impuestos que tiene que ser acompasada al cumplimiento del objetivo
del déficit público. Desde luego, aquí sí veo una discrepancia con algún
otro grupo que está en la línea de subir los impuestos; nosotros estamos
en la línea de bajarlos.
Además, somos partidarios no sólo de bajar los impuestos, sino de
entender que esa bajada de impuestos no tiene por qué promover el consumo
o el ahorro. Nos parece que consumo y ahorro no son realidades distintas,
que puede haber consumo y puede haber ahorro a la vez, y que de un buen
comportamiento del consumo y del ahorro se puede derivar un mayor
crecimiento económico y una mayor creación de empleo. En ese camino es en
el que está nuestro grupo parlamentario.
Agradezco nuevamente al Secretario de Estado la comparecencia de hoy.
Quiero animarle a que en futuras comparecencias nos siga suministrando
unos datos tan valiosos para entender el funcionamiento de los ingresos
tributarios y el funcionamiento de la Agencia a que siga trabajando en
esa reforma tributaria que en esta Cámara ya estamos viendo plasmada en
proyectos de ley. Dentro de pocos días se acaba el plazo para la
presentación de enmiendas a otro proyecto de ley que nos parece
especialmente importante en los derechos y garantías del contribuyente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para contestar las
intervenciones de los grupos, tiene la palabra el señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): En primer
lugar, quiero agradecer a todos los intervinientes el tono que han
mantenido en sus intervenciones, con independencia del contenido o de las
valoraciones políticas que pueden haber hecho. Creo que es importante
reconocerlo al principio de mi intervención.
Voy a intentar contestar a las manifestaciones más importantes que se han
hecho a lo largo de las intervenciones de los diferentes portavoces de
grupos parlamentarios. Empezaré por el Grupo Parlamentario Socialista,
que es el que ha iniciado el turno de intervenciones.
La primera cuestión que querría manifestar al señor Martínez Noval es que
lo que usted califica como pamplinas en definitiva no es más que
transparencia. El Gobierno lo que intenta es ser transparente y
proporcionarles a todos ustedes los suficientes elementos de juicio para
que puedan hacer las valoraciones oportunas y además correctas. Yo creo
que la principal obligación de un Gobierno es suministrar información
para que las señoras y señores Diputados puedan tener los suficientes
elementos de juicio para hacer valoraciones correctas y ojalá, a lo largo
de los años en que han tenido responsabilidades de Gobierno, hubieran
actuado con la misma transparencia con la que pretende actuar este
Gobierno en todas y cada una de sus intervenciones.
El comportamiento de los ingresos tributarios lo califica como malo y por
debajo del crecimiento real de la economía. Yo creo que cuando menos es
una afirmación extraordinariamente arriesgada y que desde luego no se
corresponde con la realidad. Usted me puede decir que lo de hablar de
recaudación en términos homogéneos no es una invención, una invención
interesada, y yo le tengo que decir que no, en ningún caso. Estará usted
de acuerdo conmigo en que, si este Gobierno ha hecho un esfuerzo y ha
incrementado las devoluciones en un diez por ciento, eso afecta a la
recaudación líquida, reduce la base del año 1996 y, por lo tanto, afecta
a la tasa nominal de variación de la recaudación. Si se han incrementado
ostensiblemente o ha habido algún cambio en la política tributaria,
alguna modificación normativa --y me he referido a una, al hecho de
liberar a los agricultores de pagos fraccionados, que fue una medida
aprobada por el anterior Gobierno--, y eso se ha traducido en una
recaudación en el mes de enero de 1995 que no se efectúa en el mes de
enero de 1996, es un factor que habrá que tomar en consideración.
De todas maneras, señor Martínez Noval, usted que es un buen conocedor de
la economía y que sabe interpretar perfectamente las cifras y los
cuadros, quiero que se quede tranquilo. Tengo que decirle que en 1996 el
comportamiento de la recaudación de los ingresos tributarios no solamente
ha sido bueno, sino extraordinariamente positivo, en relación a las
previsiones y al avance de liquidación que elaboró y efectuó este
Gobierno.
Voy a intentar darle algunos datos que avalan esta situación. La
diferencia de 280.000 millones de pesetas que existe en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas corresponde a una serie de conceptos a
los que voy a hacer referencia. En primer lugar, a derechos liquidados en
1996 pero que no han sido ingresados por deudores institucionales,
básicamente la Seguridad Social, y que estaban contemplados en el avance
y en la previsión de recaudación para 1996 y que, a efectos de
contabilidad nacional y de los cumplimientos de los objetivos de déficit
público,
no tiene incidencia. Estamos hablando de una cifra de 242.000 millones de
pesetas. En segundo lugar, porque ha habido mayores devoluciones del
Tesoro a no residentes. Han crecido un 30 por ciento --se lo he intentado
decir antes-- y, como es obvio, eso incide en la recaudación líquida, en
la recaudación neta de retenciones. Si hay más devoluciones a no
residentes, hay menor recaudación de retenciones del capital mobiliario.
En tercer lugar, por supuesto, a los tipo de interés y porque además se
ha superado el programa de devoluciones que figuraba en el avance de
recaudación para 1996. Eso justifica la diferencia en 280.000 millones de
pesetas en el Impuesto sobre la Renta, una de cuyas causas, vuelvo a
decir, no tiene incidencia en términos de contabilidad nacional, que es
la correspondiente a los derechos liquidados pero no ingresados por
deudores institucionales, por importe de 242.000 millones de pesetas.
En el Impuesto sobre Sociedades la recaudación ha sido superior en 14.000
millones de pesetas a la prevista por el Gobierno en septiembre. En el
IVA, la recaudación ha sido 25.000 millones de pesetas por encima de la
prevista por el Gobierno en el mes de septiembre. En tráfico exterior, ha
habido una reducción de 11.000 millones de pesetas con relación a los
datos inicialmente previstos por el Gobierno. Luego hay 49.000 millones
de pesetas adicionales de mayores ingresos presupuestarios que se
producen en el mes de diciembre, pero que, como todos ustedes saben,
tienen que ser contabilizados, asignados y distribuidos por impuestos;
49.000 millones de pesetas más que deben sumarse y que figuran sumados en
la ejecución de 1996 al conjunto de los datos de recaudación tributaria.
Todo esto hace que la diferencia real entre el avance de liquidación y
los datos correspondientes a diciembre de 1996 sea de 185.000 millones de
pesetas por debajo. Si tenemos en cuenta que hay 242.000 millones de
pesetas de derechos liquidados por deudores institucionales, vemos que la
recaudación ha sido superior en 55.000 millones de pesetas a la prevista
por el Gobierno en septiembre de 1996. Por lo tanto, el comportamiento de
la recaudación, quieran ustedes o no, señor Martínez Noval, ha sido
extraordinariamente positivo en 1996 y ha contribuido a que por primera
vez se cumpla un objetivo de déficit y que el Gobierno, además, en el
déficit del Estado se sitúe en 3,3 por ciento frente al 3,5 por ciento
previsto.
Me dice también que las modificaciones normativas que ha venido adoptando
el Gobierno hacen que peligre la recaudación en 1997 y que van a afectar
negativamente a la recaudación. Lo primero que quiero hacer es
tranquilizarle. No se preocupe, que la recaudación en 1997 va a funcionar
correctamente con arreglo a las previsiones del Gobierno. Puede estar
extraordinariamente tranquilo y, además, le voy a dar algunos datos que
justifican esa tranquilidad que tiene el Gobierno. En concreto, con
relación a los datos del mes de enero, que son los datos de recaudación
de que dispone la agencia tributaria en estos momentos, el avance de
recaudación, nos encontramos con una recaudación de un billón 131.000
millones de pesetas, en el mes de enero, superior en 21.000 millones de
pesetas a la prevista para el propio mes de enero, que es de un billón
110.000 millones de pesetas. En el mes de enero la recaudación se ha
comportado de forma positiva, no sólo en línea con las previsiones, sino
ligeramente superior, en 21.000 millones de pesetas, que refleja una tasa
de variación del 6,8 por ciento para el mes de enero de 1997.
En concreto, en el Impuesto sobre la Renta la recaudación ha sido de
888.000 millones de pesetas frente a los 864.000 previstos; en Impuesto
de Sociedades, 12.000, frente a los 11.000 previstos; en IVA e impuestos
especiales, 199.000, frente a los 208.000 previstos; pero esto se produce
por el hecho de que, como todos ustedes saben, los plazos de ingreso en
IVA y en impuestos especiales finalizan el 30 de enero y muchas de las
liquidaciones no se registran en los datos de contabilidad de la Agencia
hasta el mes de febrero; y en otros conceptos tributarios la recaudación
ha sido de 32.000 frente a los 26.000 millones de pesetas previstos.
Por lo tanto, yo quiero tranquilizar a las señoras y señores Diputados
diciendo que el comportamiento de la recaudación en el mes de enero de
1997 se encuentra en línea con las previsiones del Gobierno y, desde
luego, con el esfuerzo que debe aportar contribuirá al cumplimiento de
los objetivos de déficit para 1997.
Me alegra comprobar que afirma que se han reducido los impuestos como
consecuencia de las medidas que ha venido adoptando el Gobierno. Y éste
piensa seguir así, modernizando nuestro sistema tributario y reduciendo
los impuestos. No puedo estar de acuerdo con la afirmación que ha hecho
de que estas reducciones afectan a unos pocos; en ningún caso, y le puedo
poner muchos ejemplos. La congelación sobre los impuestos de
hidrocarburos hace que en términos reales los ciudadanos españoles cuando
llenen sus depósitos de gasolina en 1997 paguen menos impuestos sobre
hidrocarburos de los que pagaban en 1996. La reducción de los módulos
afecta a 2 millones de contribuyentes españoles. No son unos pocos y
probablemente afectará a los que pueden hacer un mayor esfuerzo por
mejorar el comportamiento del empleo en 1997.
La reforma de las plusvalías beneficia a la totalidad de los
contribuyentes españoles y, desde luego, particularmente a los
contribuyentes con rentas más bajas. Piensen ustedes que hay un mínimo
exento de 200.000 pesetas que, como es obvio, solamente puede afectar a
los contribuyentes con rentas bajas, que son los que pueden obtener
plusvalías más reducidas. Usted sabe que la reducción de las retenciones
del trabajo personal afecta a un número extraordinariamente importante de
ciudadanos españoles, a todos aquellos que tienen la condición de
asalariados. No podemos hablar de unos pocos, y el hecho de que haya
300.000 trabajadores más en 1997 que no van a pagar retenciones creo que
es una buena noticia, por lo menos para esas familias que van a ver una
mayor correlación entre las retenciones que soportan y los impuestos que
finalmente tienen que pagar.
El comportamiento del Impuesto sobre la Renta en 1996 ha sido muy
positivo. Ha existido una tasa de crecimiento del 5,8 por ciento, que se
encuentra en torno al crecimiento de la economía en términos nominales en
1996. Desde luego, razones como la modificación del régimen
de tributación de las plusvalías no han incidido de ninguna forma en el
comportamiento de la recaudación. De hecho, por ejemplo, en el mes de
enero, las retenciones del capital han crecido un 5,5 por ciento con
relación al mismo período del año anterior. Por lo tanto, no creo que
pueda hablarse de que una reforma del régimen fiscal es lo único que
incide o lo único que puede tener capacidad de incidencia en el
comportamiento, o en la inversión, por ejemplo, a través de los fondos de
inversión.
Solamente para ilustrar a las señoras y señores Diputados les diría que
en el período 1991-1992-1993 los fondos de inversión crecieron un 232 por
ciento, un 62, un 64 por ciento, muy por encima de la tasa actual de
crecimiento, que es del 53 por ciento. El hecho de que en 1993-1994
crecieran los fondos de inversión un 76 por ciento, cuando no existía el
régimen fiscal aplicable para las plusvalías que diseñó el Gobierno,
claramente no puede permitir que de manera simple, sin tener en cuenta la
situación actual, el contexto y otros factores, se pueda hacer
afirmaciones como que la recaudación va a peligrar por medidas
tributarias adoptadas por el Gobierno.
En cualquier caso, yo lo que quiero poner de manifiesto es que me parece
muy importante que el Grupo Socialista tenga claro cuál es el mensaje del
Gobierno, tenga claro que el Gobierno lo que quiere es reducir los
impuestos, tenga claro que el Gobierno y el Partido Popular piensan que
reducir los impuestos no tiene por qué traducirse en una pérdida de
recaudación. De hecho, incluso ustedes, repasando los «Diarios de
Sesiones» de esta Casa, han hecho esas mismas afirmaciones en algunas
comparecencias de anteriores gobiernos. Creo que probablemente la única
diferencia es que el discurso del Gobierno se mantiene firme en la
oposición y en el Gobierno y además existe unidad de discurso.
¿Por qué la reducción de las retenciones del trabajo personal para todos
los asalariados españoles? ¿Sólo por el consumo? No. Yo creo que no es
una cuestión de consumo; es una cuestión de justicia tributaria. Piense
usted que si no reducimos las retenciones lo que vamos a conseguir, y es
lo que se ha producido en la campaña pasada de la renta, es que crezcan
mucho las declaraciones con derecho a devolución que el conjunto de las
declaraciones presentadas, que crezcan mucho más las declaraciones con
derecho a devolución que las declaraciones con obligación de ingresar o
las declaraciones positivas. De lo que se trata es de que Hacienda no
tenga en su poder el dinero de los contribuyentes cuando no le
corresponde tenerlo porque finalmente va a tener que devolvérselo; se
trata de eso, lisa y llanamente: de intentar trabajar con una mayor
adecuación, para que los ciudadanos españoles no estén pagando
retenciones anticipando sus impuestos y luego tengan que esperar a
procesos de comprobación y a la gestión de los tributos para que se les
devuelva unas cantidades que han pagado en exceso, como revela
perfectamente el hecho de que el 80 por ciento de los contribuyentes esté
presentando declaraciones con derecho a devolución en estos momentos. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.) Favorecer el ahorro y favorecer
el consumo no son cuestiones absolutamente incompatibles. Desde luego, un
mayor crecimiento de la actividad económica puede permitir un buen
comportamiento del ahorro y un buen comportamiento del consumo. Creo que
hay que ver, es obvio, señor Martínez Noval, todas las cosas en su
contexto y, además, usted sabe muy bien que unas tasas de ahorro elevadas
es el mayor seguro para garantizar en el futuro unos comportamientos
sostenidos del consumo.
En cualquier caso, agradezco el tono de su intervención y lo que hago es
ponerme a su disposición, si quiere que le aclare alguna otra duda o
cuestión. La intención del Gobierno ha sido suministrarles la mayor
información posible. Creo que la información pone de manifiesto que el
comportamiento y el trabajo realizado en materia de gestión tributaria ha
sido muy positivo a lo largo del último semestre. Me parece que tiene que
seguir en la misma línea y para eso yo creo que lo importante es sumar y
no cuestionar aspectos que en estos momentos se están comportando de
manera razonable y positiva.
Con relación a las intervenciones del representante del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Gobierno ha manifestado
en su intervención su voluntad por apostar por la vía del diálogo. La vía
del diálogo institucional es absolutamente imprescindible. Las señoras y
señores Diputados saben que la filosofía en la que se fundamenta el
concierto son los principios del pacto, el pacto entre el Estado y las
diputaciones forales. Y desde esa perspectiva, como cualquier pacto, la
mejor forma, la mejor vía para resolver cualquier conflicto o cuestión
que se pueda plantear en su interpretación o en su aplicación es la del
diálogo institucional, sin desmerecer en ningún caso las posiciones de
ninguna de las partes. Pueden estar equivocadas y, probablemente, por la
vía del diálogo se puede poner la luz sobre la mesa y evitar conflictos
que, en mi opinión, son absolutamente innecesarios. Pero el diálogo es
imprescindible, y el diálogo institucional es lo que realmente responde a
la filosofía del concierto.
El hecho de que los criterios de armonización o los criterios a los que
deben atenerse las diputaciones forales a la hora de elaborar sus
disposiciones sean genéricos y muy amplios responde, precisamente, a la
filosofía del concierto, que es la filosofía del pacto, y como tal tiene
que mantenerse dentro del diálogo institucional para evitar malos
entendidos o interpretaciones erróneas por cualquiera de las partes a las
que puedan afectar.
He seguido con mucha atención la intervención del representante del
Partido Nacionalista Vasco. Creo que muchas de las afirmaciones que ha
hecho a lo largo de su intervención no se corresponden o no tiene por qué
corresponderse con declaraciones que puedo haber hecho yo en esta Cámara
o con declaraciones del Gobierno. En su intervención quizás ha
manifestado una posición política muy clara, muy definida y absolutamente
respetable, y que el Gobierno respeta, pero no creo que sea el resultado
de afirmaciones o de declaraciones que pueda haber hecho el Gobierno en
esta Cámara, en los medios de comunicación o ante la opinión pública, por
lo menos en muchos de sus aspectos o en algunas de las matizaciones a las
que ha hecho referencia. Creo que ha sido más bien un planteamiento
político global de cómo interpreta el Partido
Nacionalista Vasco el ejercicio de las competencias que, a nivel
constitucional y a nivel estatutario, tiene claramente reconocidas y que
el Gobierno, como no puede ser de otra forma, no sólo va a reconocer y a
respetar, sino que va a hacer lo posible por garantizar en todos los
extremos.
No puedo poner en duda, en ningún caso, que el sistema de cupo sea un
sistema solidario; yo no lo he puesto en duda. En cualquier caso, es un
sistema reconocido y recogido en la Constitución española y que el
Gobierno tiene la obligación de respetar, y estoy convencido de que
también todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Tienen un sistema
específico y tienen una peculiaridad que reconoce la Constitución
española, y lo que hay que hacer es garantizar que ese sistema específico
se ejerza con arreglo a las previsiones constitucionales estatutarias y
las que recoge la Ley del concierto y la Ley de metodología para la
determinación del cupo. En esa línea es en la que está el Gobierno, como
muy bien sabe usted, señor Zabalía, por las conversaciones o los
intercambios de impresiones que hemos mantenido.
Me achaca que el Gobierno cambia de criterio con relación a la política
de otros gobiernos y que, sin embargo, se ampara en el hecho de que debe
tenerse en consideración el criterio seguido en algunos recursos
planteados a la hora de interponer nuevos recursos. Yo creo que estas
cuestiones se resuelven por la vía del diálogo, pero convendrá usted
conmigo en que, si el Gobierno no interpone unos determinados recursos o
no cuestiona o no valora la posible, en algún caso, incidencia o
extralimitación, con arreglo a los principios del concierto, que han
tenido en cuenta gobiernos anteriores a la hora de presentar sus
recursos, es prácticamente lo mismo que desistir del contenido de esos
recursos. De lo que tenemos que ser capaces es de sentarnos alrededor de
una mesa y, por la vía del diálogo institucional, resolver todas esas
cuestiones. Y usted sabe perfectamente que este Gobierno se ha sentado
con representantes de las diputaciones forales y representantes del
Gobierno vasco para valorar, en algunos casos muy concretos y muy
definidos, si estaba justificado o no el mantenimiento de recursos
presentados por el anterior Gobierno. Por ejemplo, en materia de
fundaciones, en materia de la Ley General Tributaria o con relación a la
regulación de la actualización de balances que hicieron las diputaciones
forales en el pasado. El Gobierno se ha sentado para valorar la
posibilidad de desistir de esos recursos; usted lo sabe. Yo creo que lo
que hay que hacer es fijar unos criterios globales y homogéneos, pero
este Gobierno tiene que respetar, como no puede ser de otra forma, los
criterios mantenidos por anteriores gobiernos y no puede, implícitamente,
desautorizar los criterios mantenidos por anteriores gobiernos si no
obedece, por lo menos, al resultado de una clarificación de posiciones,
en la que, por supuesto, todos podemos estar equivocados.
Me dice que lo que hace el Gobierno es copiar todo lo que hacen las
diputaciones forales. Desde luego, yo tengo que valorar positivamente las
iniciativas de las diputaciones forales que se traducen en una mejora de
la fiscalidad para garantizar el crecimiento de la actividad económica,
para garantizar el empleo o para mejorar nuestra competitividad a nivel
internacional. En algún caso, las diputaciones forales pueden ponerse por
delante del Gobierno; en otros, no. Los hechos reflejan que, después de
la extraordinaria labor legislativa en el ámbito tributario que se ha
venido desarrollando a lo largo del último semestre --fundamentalmente de
1996--, en el que hemos adoptado medidas muy importantes desde el punto
de vista de la modernización del sistema tributario, han sido las propias
diputaciones forales las que posteriormente han incorporado esas
modificaciones a su normativa tributaria autónoma. Las medidas de fomento
a la internacionalización de la empresa española, medidas de exención
para eliminar la doble imposición económica a nivel internacional, fueron
aprobadas y puestas en vigor antes por el Gobierno; al margen de que
usted saber perfectamente que, en la anterior legislatura, el Partido
Popular vino planteándolas desde 1994. Creo que la iniciativa de la
reforma del régimen de las plusvalías ha sido claramente de este
Gobierno, o la de aprobar una actualización de balances, que las
diputaciones forales en estos momentos deciden incorporar para 1996. Son
medidas en las que el Gobierno ha tenido la iniciativa, pero a este
Gobierno no le duelen prendas en reconocer que algunas de las medidas que
ustedes pueden adoptar deben ser valoradas positivamente e incorporadas
al conjunto del territorio común, por razones obvias. La reducción del
tipo de las pequeñas y medianas empresas es una medida que este Gobierno,
en la legislatura pasada, a través del Grupo Parlamentario Popular,
planteó y defendió en la reforma del Impuesto sobre Sociedades, y ustedes
la hicieron suya --creo-- a través de una iniciativa que presentó el
propio Partido Popular en el País Vasco para establecer un tipo reducido
para la pequeña y mediana empresa.
Uniformidad no es la mejor fórmula o la garantía del principio de
igualdad. En eso todos estamos de acuerdo, como no puede ser de otra
forma, porque de manera reiterada lo reconoce la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Lo que yo quiero poner de manifiesto es que,
aunque el factor fiscal en ningún caso es el elemento último o importante
a la hora de la toma de decisiones --usted así lo ha reconocido y el
Gobierno es consciente de esa realidad--, es un factor que incide, como
muchos otros, y por lo menos habrá que valorar si tiene alguna incidencia
en la localización de las inversiones y en el comportamiento de la
actividad económica. Yo creo que hay que darle la importancia que tiene,
no más; pero alguna tiene y en alguna ocasión habrá que tomarla en
consideración. En todo caso, quiero decirle que hay medidas de carácter
general en las que podemos estar más o menos de acuerdo, en las que a lo
mejor las diputaciones forales del País Vasco van por delante de lo que
plantea el Gobierno, con incentivos mejor estructurados, mejor regulados
o más atractivos, pero puede haber alguna otra que sea cuestionable. En
concreto, la de los centros de coordinación es una medida que puede tener
una incidencia muy directa, no sólo entre el territorio común y el
territorio de las diputaciones forales sino, como muy bien sabe usted,
incluso dentro de las propias diputaciones forales, donde la regulación
no es uniforme y algunas han renunciado a incorporar esa medida y otras
no lo
han hecho, con las consecuencias que eso puede producir dentro del propio
territorio del País Vasco y que usted conoce muy bien.
Me dice que se recurre por motivos políticos. En ningún caso, señor
Zabalía. No se recurre para tener argumentos de negociación. Se recurre
por los tres motivos a los que he hecho referencia al principio. En
primer lugar, porque hay unos recursos interpuestos y no puede desistirse
tácitamente de ellos, porque se fundamentan en unos criterios que este
Gobierno tiene que respetar; son de anteriores gobiernos. En segundo
lugar, porque hay un proceso de actualización del concierto económico,
que habrá que tomar también en consideración y que puede incidir en la
posición del Gobierno y en la posición del conjunto de las
administraciones públicas españolas o de los ciudadanos españoles. En
tercer lugar, porque lo que hay que hacer es intentar resolver esos
conflictos por la vía del diálogo institucional. Estoy seguro de que
usted está absolutamente de acuerdo conmigo en que, si este Gobierno y
las diputaciones forales se sientan para aproximar posiciones sobre la
reforma del Impuesto sobre Sociedades, en territorio común y en
territorio de las diputaciones forales, probablemente, muchos
malentendidos no tienen por qué producirse o se pueden aproximar
posiciones e intentar buscar un régimen más armónico, en cualquier caso,
por la vía de la aproximación por ambas partes.
A la representante del Grupo Mixto quiero agradecerle, en primer lugar,
la manifestación de agradecimiento, por mi intervención y por los datos
que le he suministrado, que ha hecho de manera explícita a través de sus
primeras palabras. Desde luego, yo creo que el Gobierno tiene capacidad y
la legitimidad suficiente para decidir, ante una pregunta, quién es el
responsable para contestarla. En cualquier caso, políticamente, usted lo
puede valorar como crea más oportuno. Yo no voy a cuestionar el contenido
de la valoración política que pueda hacer, pero sí quiero llamar su
atención sobre algo que creo que es lo importante. Yo creo que lo
importante es el contenido de las respuestas y el contenido de la
información que da el Gobierno. Esto puede ser una cuestión, no me
atrevería a hablar de un problema, en la que la política tributaria tiene
incidencia, es el núcleo central, pero también es una cuestión de
administraciones públicas en la que estamos hablando del ámbito
competencial de diputaciones forales y del Estado. Por tanto, también
tiene alguna relación con la política del Ministerio de Administraciones
Públicas. En cualquier caso, con independencia de esta valoración, estoy
seguro de que lo que más le importa a la señora Diputada es el contenido
de la información que pueda suministrarle el Gobierno en la sesión de
control.
Dice que no he hecho referencia a fundamentos jurídicos y más bien me he
referido a cuestiones políticas. Lo que he intentado ha sido poner de
manifiesto las razones o los principios que puedan justificar los
recursos y luego he dicho que el mantenimiento y la interposición de esos
recursos tienen que ser contemplados y valorados dentro de lo que es la
política de reformas tributarias que esté implantando a nivel nacional el
Gobierno. Desde luego, si el Gobierno, como ha apuntado el señor Zabalía,
asume alguna medida tributaria de las diputaciones forales, no tiene
ningún sentido mantener un recurso que pueda cuestionar esa decisión. El
recurso se interpone por comparación con la realidad tributaria en un
momento determinado, pero si ésta cambia, un recurso puede perder su
validez o su virtualidad. ¿Por qué? Porque el mismo régimen tributario
similar o más armónico se está aplicando en todo el territorio común. Ese
es un factor que hay que considerar.
Si el Gobierno no aprueba una actualización de balances, no puede en
ningún caso valorar la posibilidad de si otra actualización de balances
es homologable o no con la que él ha aprobado. En ese contexto es en el
que hay que tomar en consideración esa afirmación. Como he dicho antes,
los criterios en los que se han fundamentado otros recursos también son
importantes, porque si este Gobierno vulnera esos criterios,
implícitamente está desistiendo de esos recursos y creo que eso es
también un factor que hay que tomar en consideración. También hay que
tener en cuenta hacia dónde vamos y hacia dónde avanzamos. La política
tributaria no es una cuestión estática, los cambios tributarios no lo son
y la coincidencia de la política tributaria en la política económica
tampoco. Por tanto, hay que tener en cuenta todos esos factores.
En el País Vasco, el Partido Popular y los representantes del mismo en
las instituciones de las diputaciones forales del Gobierno Vasco tienen
absoluta autonomía para plantear las iniciativas que consideren
oportunas. El Partido Popular no cuestiona la autonomía de sus
representantes en el País Vasco. Hay otros grupos que además tienen
responsabilidades de Gobierno, que han apoyado allí íntegramente
cualquier modificación tributaria y, a lo mejor, desde otra perspectiva
pueden haberla cuestionado a lo largo de muchos años.
El Partido Popular ha mantenido allí una posición que es la que ha
considerado más conveniente: ha apoyado la práctica totalidad de las
medidas adoptadas, aunque haya algunas concretas que, como bien sabe el
señor Zabalía, no fueron apoyadas por el Partido Popular en el País Vasco
y a las que he hecho referencia.
La intención del Gobierno a la hora de plantear o no un recurso no es
generar o abrir un marco de desconfianza o de crispación en ningún caso.
Creo que un recurso se presenta, pero lo que hay que hacer es intentar
resolver esas cuestiones por la vía del diálogo. El recurso es el
instrumento jurídico que tiene a su disposición una parte si cree que el
contenido del pacto no se está cumpliendo fielmente, cosa que deben
decidir los tribunales, pero como buen pacto creo que lo importante es
hablar del contenido del mismo, que las partes se pongan de acuerdo sobre
su contenido y que las partes sean las que resuelvan los conflictos antes
de que sea tarde o haya que acudir a una vía extraña y exógena a lo que
es el propio pacto.
Pienso que con estas consideraciones generales he intentado contestar a
las principales manifestaciones que han hecho los representantes de los
grupos parlamentarios. En cualquier caso, sigo estando, como no puede ser
de otra forma, a su disposición si quieren alguna aclaración o alguna
consideración adicional.
El señor PRESIDENTE: El señor Zabalía tiene la palabra, para un turno
excepcional de puntualizaciones.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente, por el turno
excepcional.
Creo que el turno es excepcional porque lo que estamos tratando así lo es
o debería serlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, es excepcional porque lo dice el
artículo 203 del Reglamento.
Continúe.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: No lo sé, tendría que mirar a ver si es ese
artículo, señor Presidente. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, iba a decirle una impertinencia, y se
la voy a decir: En materia de artículos y fechas, no me equivoco nunca.
(Risas.)
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Lo comprobaré a partir de ahora, señor
Presidente.
Entrando ya, en serio, en las respuestas del Secretario de Estado y
también del portavoz del Partido Popular, he de decir que han basado,
casi, el tema de los recursos en el diálogo. Me parece bien porque ésta
es una palabra que últimamente tiene algunos problemas, hay que dialogar,
dialogar institucional y previamente.
¿Qué quiere decir? Que cuando las diputaciones forales tienen un proyecto
que modifica una norma foral, por ejemplo el Impuesto sobre Sociedades,
el Gobierno vasco, o las diputaciones forales, o los cuatro, o los cinco
--porque también está Navarra--, tendrían que ponerse en contacto con el
Gobierno, explicar qué es lo que pretenden y llegar a acuerdos entre los
dos para poder modificar esa norma. ¿Eso es lo que quiere decir diálogo
institucional? Pero, dado que estamos hablando de que el concierto es un
pacto entre el Estado y las diputaciones forales o el Gobierno vasco,
también el Estado tendría que dialogar con estas instituciones cuando
quiera hacer modificaciones estatales en las leyes, en lo que entiendo
yo, sería el diálogo de ida y vuelta. Entonces se podría plantear el
hecho de que como habitualmente vamos por delante --aunque de las
contestaciones que ha dado el Secretario de Estado, señor Costa, parece
que casi somos nosotros los que vamos detrás de las modificaciones
legislativas en materia fiscal, cosa que sabe que no es así--, podría
darse la situación de que estando de acuerdo con la modificación el
Estado dijera a las diputaciones forales, al Gobierno vasco: Estamos de
acuerdo con esas modificaciones, pero no es el momento para que lo
hagamos nosotros; por tanto, como no es el momento para hacerlo nosotros
en nuestras normas legislativas estatales, ustedes no lo hagan tampoco.
¿Ese sería el resultado del diálogo institucional? Pues explíqueme si es
otra cosa, porque si es simplemente comunicar, dialogar, explicar, creo
que eso ya lo tienen, porque indudablemente ustedes conocen perfectamente
el asunto. El Gobierno a través del partido que lo sustenta conoce todos
los proyectos que las diputaciones forales y el Gobierno vasco están
estudiando establecer. Y lo conocen de primera mano. ¿Por qué? Porque
entre otras cosas son sus propios Diputados, allí en los Parlamentos, en
las Juntas Generales, los que están interviniendo y lo saben también. Por
tanto, conocimiento existe. ¿Qué otro tipo de diálogo tiene que existir?
Vamos a llevar más lejos el tema. La Lofca permite a las comunidades
autónomas de régimen común crear y establecer sus propios impuestos. En
consecuencia, existen impuestos en algunas comunidades autónomas que no
existen en otras. Concretamente, el Impuesto sobre Actividades
Económicas, que grava actividades empresariales, puede variar hasta el
cuádruplo, o sea, pueden existir impuestos en algunas comunidades
autónomas de régimen común que no tengan otras y, además, pueden
establecer unos criterios que no tengan otros. ¿También esas comunidades
tienen que dialogar con el Gobierno, para ver cómo establecen las
corporaciones locales el Impuesto sobre Actividades Económicas? Me parece
muy bien dialogar, pero si detrás del diálogo lo que se pretende es
constreñir la puesta en práctica de unas normas, en este caso tributarias
forales, creo que ésa no va a ser la solución.
Me decía también que para recurrir se basan en los tres principios que
antes ha expuesto, uno de ellos ser respetuosos con los criterios de los
Gobiernos anteriores. Dice: si el Gobierno anterior estaba recurriendo,
nosotros no vamos a romper esa dinámica. Yo sigo pensando que ésa no es
explicación, porque usted mismo dice que se ha sentado con representantes
de las diputaciones forales vascas para revisar los recursos interpuestos
por el anterior Gobierno, algunos de los cuales ya los ha retirado porque
no procedían. Por tanto, no debe existir ese mimetismo, pero existe. Hoy
existe un mimetismo en la Administración tributaria, porque primero
recurren y luego estudian la norma foral. Recurren y luego estudian la
norma foral, cuando tenía que ser al revés, primero estudiar la norma
foral y luego, en todo caso y con sus criterios, recurrir. Y claro,
recurren hasta lo que no tenían que recurrir, como lo han hecho con el
peaje del tres por ciento en la actualización de balances. Estúdienlo,
porque han recurrido mal.
Nos han recurrido porque no hemos puesto peaje en la actualización de
balances. ¿Es que la actualización de balances tiene que tener un peaje,
tiene eso algún sentido? ¿Tiene algo que ver ese tres por ciento de peaje
con la actualización de balances, con lo que es el sentido de la
actualización de balances? ¡Si es simplemente una norma recaudatoria! Una
norma recaudatoria, nada más. Y recurren porque nosotros no lo ponemos
cuando, entre otras cosas, ustedes tampoco lo han puesto nunca. Las seis
veces que ha habido actualización de balances tampoco hubo peajes. Por
cierto, la última actualización de balances del Estado fue en el año
1983, nosotros ya hemos hecho actualización de balances en el año 1991 y
ésta es la segunda, o sea que por detrás, tampoco. Le voy a decir más. Si
hacen números, con ese peaje que han puesto salen más beneficiados. Hagan
números y miren a ver qué implicación tiene sobre la doble imposición.
Aparte de que han incluido otras cosas, por ejemplo actualizar el
circulante de las empresas constructoras. Nosotros no lo hemos puesto, no
hemos actualizado el circulante
y ustedes, en el Estado, sí. Hay diferencias que algunas veces incluso
son a favor de la norma del Estado, pero recurren la norma foral. Por eso
digo que primero hay que estudiar la norma y después recurrir, y no
actuar con ese mimetismo que existe.
Dice que no se recurre por motivos políticos, pero, después de lo que le
he dicho, no me ha rebatido ninguno de los argumentos, ninguno en
absoluto. Capacidad tributaria tenemos, podemos normar. ¿Las normas son
buenas? Creo que sí, no me ha dicho que no lo sean, que son importantes e
interesantes para las empresas. Desde luego no me ha dicho que seamos
paraísos fiscales ni nada parecido.
La verdad es que mi intervención, que dice que ha sido en un ámbito
político, en principio no va contra manifestaciones suyas. Por supuesto
que no va contra intervenciones suyas, es simplemente contra los recursos
que pone la Hacienda estatal, no contra manifestaciones del Gobierno sino
contra los recursos.
Tampoco me demuestra que existe mayor presión fiscal en el Estado que en
Euskadi. Me dice que respecto de las normas forales hasta ahora,
efectivamente, todos los recursos han sido a nuestro favor. Que no han
ganado pleito alguno también es reconocido, aunque eso no quita para que
ustedes sigan recurriendo. Pero, vamos a ver, ¿no dice que el concierto
económico es un pacto? ¿Y en ese pacto no se establece una serie de
cuestiones que están incluidas en la capacidad de autonomía, y en este
caso de regular los tributos? Eso no se recurre. Es decir, no hay
recursos contra modificaciones del concierto económico.
No traslademos el tema a ese segundo objetivo que dice que hay que
actualizar el concierto económico. Por supuesto, y lo estamos haciendo,
pero recurrir normas forales no va en contra de modificaciones del
concierto económico, no va. El concierto económico se modifica en aquello
que en un momento determinado no contempla y que hay que actualizar. Pero
los recursos no van contra el concierto económico y nosotros, con nuestra
normativa tributaria del Impuesto sobre Sociedades no modificábamos el
concierto económico. El concierto económico lo que dice es: ustedes
tienen capacidad normativa en el Impuesto sobre Sociedades, hagan lo que
les dé la gana, salvo..., y pone las limitaciones. Sobre esas
limitaciones que pone es sobre las que tiene que ir a recurrir el Estado,
sobre las limitaciones impuestas para que no hagamos lo que nos dé la
gana. Contra eso no han demostrado nunca que existan esas limitaciones,
nunca, porque no existen y ya lo saben.
Por tanto, los recursos han sido un arma política y lo que yo quiero es
que este Gobierno no siga manejando el arma política para recurrir
automáticamente, de cara a que el resto del Estado vea que están muy
encima de todo lo que en el País Vasco se hace en materia tributaria
--¡ojo, cuidado!-- cuando en realidad tendrían que estar contentos
porque, entre otras cosas, independientemente del lugar donde se hacen
las inversiones, independientemente de los beneficios fiscales que tengan
las empresas vascas, las empresas vascas con beneficios fiscales
invierten en La Rioja, en Cantabria, en Extremadura y en todas partes, y
eso también influye. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No me voy a
alargar más en este tema de los recursos, porque no quiero entrar en
debates de nivel técnico. Los recursos no tienen ningún sentido, ninguno.
¿Que es una capacidad del Estado para recurrir cualquier norma tributaria
de las diputaciones forales vascas? Sí, muy bien, pero creo que tienen
que estudiar más detenidamente, antes de hacerlo. No van a ir ustedes
siempre a los tribunales a perder. Algo falla. ¿Qué es lo que falla? ¿Por
qué recurre permanentemente el Estado y siempre pierde? No sé, yo no iría
permanentemente a jugar un partido que sé que voy a perder; si no tengo
obligación de hacerlo, no lo haría. Creo que con esas cosas hay que tener
cuidado. Lo que hay que hacer es sentarse y dialogar. Pues sí,
dialoguemos todo lo que queramos; desde luego, nosotros somos maestros en
el diálogo, dialogamos siempre, porque creemos en ello. Pero si me dice
que dialogar es imponernos una serie de condiciones cada vez que tengamos
que hacer una norma, creo que eso ya no es una cuestión en la que debamos
estar de acuerdo, por lo menos déjeme no estar de acuerdo.
Por lo demás, yo sé de la buena voluntad del Gobierno, lo sé, entre otras
cosas porque ahora que está revisando los recursos anteriores se está
dando cuenta de su ineficacia y de que no se deberían haber puesto. Por
tanto, creo que vamos en buena línea y lo que espero es que en el futuro
estas cosas se tengan en cuenta y no recurran por recurrir, que antes
vean y estudien la norma y piensen si dentro de dos meses lo van hacer
ustedes. Y me vuelvo a referir a la reducción del Impuesto sobre
Sociedades para pequeñas empresas al 32,5 por ciento, cuando unos meses
después ustedes rebajan al 30, rebajan todavía más. ¡Y recurren la
nuestra!
Creo que en el fondo coincidimos bastante el señor Secretario de Hacienda
y yo sobre todas estas cosas, pero me va a permitir que en estos debates
casi no me haya dirigido a convencerle a usted, que sé que ya lo está,
porque lo que quiero es convencer a otras personas que quizá no tienen
conocimiento suficiente de estos temas, y muchas veces se habla sin
conocimiento de causa.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, he de decirle que no utilice la
primera personal del plural porque he de recordarle que, de acuerdo con
el artículo 66 de la Constitución, las Cortes Generales representan a
todo el pueblo español. En cuanto al artículo 203 del Reglamento, señor
Zabalía, paso a leer su tercer apartado que dice: En casos excepcionales,
la Presidencia podrá... abrir un turno para que los Diputados puedan
escuetamente formular preguntas o realizar aclaraciones...
Señor Secretario de Estado, por último, para contestar al señor Zabalía,
tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): La verdad es
que, en algunos aspectos, su intervención me ha sorprendido, señor
Zabalía. Primero me ha pegado un chorreo, por utilizar una expresión
coloquial, y luego ha reconocido la buena voluntad y la sensibilidad del
Gobierno hacia la competencia y la capacidad que la Constitución y el
Estatuto reconocen a las diputaciones forales en materia tributaria por
razones históricas, por sus derechos históricos. Al final yo creo que
pone en cuestión algunas de las afirmaciones que ha hecho a lo largo de
su intervención. Ha empezado diciendo que vamos a hablar en serio. Yo
creo que hemos intentado hablar en serio a lo largo de todo este debate,
entre comillas, y usted también ha hablado en serio a lo largo de su
intervención precedente. Desde luego, yo he intentado hablar en serio y
explicar unas razones que, las compartamos o no, están ahí y hay que
valorarlas y tomarlas en consideración. Probablemente cuando discutimos y
comentamos cuestiones concretas es mucho más sencillo ponerse de acuerdo.
Usted me ha explicado algunos de los contenidos, por ejemplo, de las
normas de actualización de balances. Respecto a esos contenidos usted
dice: Si se estudiaran los temas antes, no interpondrían recurso alguno.
Yo no solamente le animo a que nos exhorte a estudiarnos los temas antes,
a lo que le animo es a que nos los expliquemos mutuamente antes. Creo que
eso es muchísimo más útil que lo otro.
No puede cuestionar qué actitud en el diálogo puede asumir este Gobierno.
El diálogo es diálogo, es intercambio de impresiones y voluntad para
llegar a acuerdos. El diálogo para este Gobierno, y usted lo sabe muy
bien, no significa intentar imponer posiciones o limitar la capacidad y
las competencias que puede tener la otra parte. Así es como nosotros
interpretamos el diálogo. Estoy de acuerdo en que el Gobierno tiene la
obligación de informar sobre modificaciones importantes que afecten al
territorio común y que luego van a tener que traducirse inexorablemente
en cambios en las diputaciones forales. Si el Gobierno plantea un
proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, como hizo en la
pasada legislatura, y se lo remite antes de ser aprobado a las
diputaciones forales para que lo tomen en consideración y lo valoren
porque inexorablemente van a tener que adaptar su Impuesto sobre
Sociedades a ese marco normativo, yo creo que lo positivo es que hagamos
eso ambas partes y antes de que las medidas sean aprobadas, porque en
muchas ocasiones podemos ponernos de acuerdo en cuestiones o podemos
aproximar posiciones y evitar que haya diferencias que no convencen a
ninguno de los dos. Estoy convencido de eso y creo que ésa es la vía para
resolver los problemas y para eliminar, si es posible, la existencia de
conflictividad, evitando que haya posiciones contrapuestas entre ambas
administraciones. El Gobierno cree que el diálogo institucional debe
basarse en eso.
Usted mismo lo ha dicho, el Gobierno se ha sentado para analizar recursos
interpuestos por anteriores gobiernos. Creo que ésa es la obligación,
creo que tenemos que sentarnos y poner encima de la mesa las cuestiones
que hay pendientes y las discrepancias que pueden haberse producido en el
pasado, y en cuanto hayamos hecho ese ejercicio, probablemente tendremos
más claro cuál es la posición de ambas partes y si estamos de acuerdo o
no sobre el fondo del asunto, que es lo importante.
Desde luego, este Gobierno no quiere actuar por mimetismo, y creo que ha
tenido oportunidad de poner de manifiesto su sensibilidad y el
reconocimiento de las competencias de las diputaciones forales no sólo
ante los representantes de las diputaciones forales o del Gobierno vasco
sino ante toda la opinión pública. Creo que es en eso en lo que hay que
trabajar. Existe un reconocimiento explícito a nivel estatutario y a
nivel constitucional de unos derechos históricos de las diputaciones
forales y de la Comunidad Foral de Navarra, y lo que tenemos que hacer es
trabajar para garantizar que las diputaciones forales y la Comunidad
Foral de Navarra tengan la capacidad y la posibilidad de ejercitar esos
derechos históricos con arreglo a su autonomía y a los principios que los
fundamentan, en lo que el Gobierno también está implicado y quiere
estarlo. Tenemos que trabajar para garantizar que esas competencias y
esas capacidades se desarrollen dentro del marco de los principios que
deben regir en el conjunto del Estado español. Esa es la única intención
y la única voluntad del Gobierno, usted lo sabe, señor Zabalía, y para
eso, desde luego, siempre nos van a tener al frente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Costa.
Con esto damos por concluida esta sesión de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda y también esta sesión de los Martínez, dando las
gracias a las señoras y señores Diputados que aún quedan en la sala.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.