CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 140



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 14



celebrada el miércoles, 5 de febrero de 1997



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Economía (Montoro
Romero), para informar de las materias propias de su competencia, previa
remisión del informe correspondiente. Comparecencia cuatrimestral.

(Número de expediente 212/000467) (Página 3782)



Comparecencia del señor Subsecretario de Economía y Hacienda (Díez
Moreno), para informar del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros
el 20 de diciembre de 1996 sobre la privatización de la Compañía
Telefónica de España, S. A., así como del Real Decreto aprobado en el
Consejo de Ministros del 10 de enero de 1997 sobre régimen de
autorización administrativo previo a Telefónica de España, S. A., y
Telefónica Móviles, S. A., para salvaguardar intereses nacionales en una
empresa estratégica. A petición propia. (Número de expediente 212/000433)
(Página 3807)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (MONTORO
ROMERO), PARA INFORMAR DE LAS MATERIAS PROPIAS DE SU COMPETENCIA, PREVIA
REMISION DEL INFORME CORRESPONDIENTE --CORRESPONDENCIA CUATRIMESTRAL--.

(Número de expediente 212/000467.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.

Bienvenido, señor Secretario de Estado de Economía.

Vamos a comenzar la comparecencia cuatrimestral, de acuerdo con el
informe previamente remitido por la Secretaría de Estado. Dicho lo cual y
sin más preámbulos tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Economía, don Cristóbal Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Montoro Romero): Gracias,
Presidente.

Señorías, al deber y al placer de comparecer una vez más ante esta
Comisión para hablar de la economía española se añade en esta ocasión la
satisfacción del mensajero que acude con buenas noticias.

Todo indica que la economía española ha logrado superar, durante 1996, el
retraimiento del ritmo expansivo que arrastraba del año anterior, gracias
a la credibilidad de que goza la política económica, gracias a las
reformas que se han realizado y a su reflejo en los avances registrados
en la corrección de los desequilibrios básicos, empleo, déficit público,
inflación, balanza de pagos y tipos de interés, como a continuación
describiré.

Por primera vez en muchos años se puede afirmar con fundamento que no es
ilusorio esperar para España un largo período de crecimiento sostenido,
asentado sobre bases sólidas como son la menor inflación de nuestra
historia y unos Presupuestos Generales del Estado tendentes al
equilibrio.

Debemos saludar los evidentes progresos que tanto los partidos políticos
como los agentes económicos y sociales estamos haciendo en la comprensión
y aceptación de las nuevas condiciones que implica la progresiva
integración de España en la economía internacional y en nuestra meta
próxima de la Unión Monetaria Europea.

Desde posiciones más coincidentes, el discurso político se llena de
contenido y el diálogo se vuelve más eficaz, como ya se aprecia en los
acuerdos conseguidos y en las conversaciones y negociaciones en marcha.

Hablamos, señorías, de algo que a todos nos interesa. Compartimos,
incluso en amplia mayoría, los objetivos económicos concretos, de ahí que
la satisfacción por el balance económico del año pasado y por las
perspectivas del presente puedo y debo transmitírselas con la libertad y
la seguridad de saber que va a ser recibida con agrado, con el mismo
agrado e interés que el Gobierno está dispuesto a recibir las sugerencias
y críticas que SS. SS. juzguen oportunas para perfeccionar la política
económica.

Me propongo en esta comparecencia resumir, en primer lugar, los rasgos
más importantes de la evolución de la economía española durante 1996 y la
posición alcanzada en el comienzo de este crucial ejercicio 1997,
definido tanto por el comportamiento de las principales magnitudes
económicas, como por las expectativas derivadas de la percepción interior
y exterior de nuestra coyuntura.

Tras una breve referencia a las condiciones del marco internacional,
seguirá un análisis del crecimiento económico desde sus componentes de
demanda y de oferta, la evolución de los desequilibrios básicos, los
rasgos fundamentales del contexto monetario y financiero, para terminar
con la imprescindible e importante referencia al grado de cumplimiento de
los criterios de convergencia de Maastricht.

De manera muy breve, y antes de entrar en mayor detalle, me gustaría, a
modo de guión o esquema, hacer un repaso al actual patrón de crecimiento
económico y a sus efectos sobre los principales agregados
macroeconómicos.

En primer lugar, hemos de destacar el perfil creciente que muestra
nuestra economía en el análisis de su evolución trimestral. A este
respecto hemos entrado en una gradual reactivación, en el sentido de un
crecimiento al alza intensivo en creación de empleo y compatible con una
severa desaceleración de los precios.

Los favorables comportamientos de la inversión y el muy positivo
resultado obtenido por el sector exterior han permitido registrar un
avance de la actividad económica, en términos interanuales, superior al
2,5 por ciento en el cuarto trimestre de 1996. De esta forma, la media
anual del año pasado habría sido del 2,3 por ciento, como previó en su
día el Gobierno.

Este nuevo patrón de crecimiento en el que los principales cuellos de
botella que cercenaron las anteriores fases expansivas de la economía
española, los déficit públicos y exterior, así como las presiones
inflacionistas que se traducían en elevados tipos de interés nominales y
reales no aparecen en este caso a la vista, antes al contrario el sector
exterior, lejos de suponer un freno a la actividad económica, se
configura como uno de los elementos generadores de crecimiento y de
creación de empleo. En la actual fase de recuperación registramos un
superávit por cuenta corriente de 0,7 puntos de PIB, motivado por el
dinamismo de las exportaciones que supera al de las importaciones y al
buen comportamiento registrado por el sector turístico. Ello se une al
superávit por cuenta de capital, arrojando una elevada capacidad de
financiación de la economía española frente al resto del mundo del 1,7
por ciento del producto interior bruto.

La reducción de la inflación unida al tono estricto que mantiene la
política presupuestaria y a la credibilidad que despierta la política
económica asentada en unas bases sólidas de estabilidad política de
España, ha tenido unos efectos positivos sobre los tipos de interés que
han caído intensamente a lo largo de 1996. Ello es especialmente positivo
para una economía que, como la nuestra, está acostumbrada a sufrir unos
costes de financiación mucho más elevados. Los tipos de interés más bajos
sirven de estímulo a la inversión, por lo que apoyan el crecimiento y la
generación



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de empleo y facilitan asimismo el consumo, especialmente la adquisición
de bienes duraderos. Por otra parte, producen un ahorro muy considerable
en el servicio de la deuda pública; además, están produciendo cambios en
la estructura del ahorro en la medida que la renta fija pierde atractivo
y se buscan alternativas en la renta variable. De ahí el importante
crecimiento de los fondos de inversión y la favorable evolución seguida
por la bolsa española.

Otro hecho destacable, sin duda el de más valor, es la importante
creación de empleo que estamos registrando. El clima de recuperación
económica y de mayor confianza permitieron crear casi 200.000 puestos de
trabajo netos el año pasado. La actual negociación sobre la reforma del
mercado de trabajo que se está llevando a cabo entre patronal y
sindicatos, nos hace concebir el futuro del empleo en España con
optimismo, en la medida que debe consolidar las ganancias ya logradas y
solucionar algunos de los problemas aún persistentes, como es la
estabilidad de los nuevos empleos creados.

Para concluir esta primera parte, que ha pretendido ser un resumen de mi
intervención, quisiera destacar que nuestra economía se adentra ya en un
círculo virtuoso impulsado por una cultura de estabilidad económica. Se
trata de un profundo cambio estructural, donde el proceso de creación de
empleo y riqueza no se ve amenazado por la irrupción de desequilibrios en
los fundamentos económicos.

En lo que se refiere a nuestro contexto internacional, en 1996 las
economías de los países industrializados han crecido, en promedio, el 2,4
por ciento, cuatro décimas más que el año anterior. Estados Unidos y
Japón han mostrado el mayor dinamismo. La tasa media de crecimiento para
los países de la Unión Europea ha sido algo menor, aunque se observa una
progresiva aceleración en los dos últimos trimestres del año. El hecho
fundamental ha sido que este contexto de crecimiento moderado ha ido
acompañado de una inflación muy contenida, así como de un gran esfuerzo
de consolidación fiscal, lo que ha originado un comportamiento
fuertemente alcista de los mercados financieros.

Por lo que se refiere a las principales economías europeas, cabe hacer
una distinción clara entre la situación de la economía británica y la de
las economías continentales; mientras que el PIB británico se encuentra
en su quinto año de expansión, en línea con el crecimiento sostenido de
la economía americana y como consecuencia de un importante impulso del
consumo privado estimulado por la mejora de la confianza, las economías
alemana, francesa e italiana sólo están presentando ciertos síntomas de
recuperación en los últimos meses del año. Este proceso de recuperación
justifica la previsión de la OCDE de que el crecimiento de la Unión
Europea se acelere gradualmente hasta alcanzar el 2,7 por ciento en 1997.

En la mayoría de los países industrializados se mantiene la inflación en
niveles históricamente bajos y se han tomado medidas para contener y
corregir el déficit público. Esta política es prácticamente general en la
Unión Europea y ya se da por hecho que la Unión Monetaria arrancará en
1999 con más países de los inicialmente previstos. La Unión Monetaria
Europea merece ahora mayor crédito que hace pocos meses, como se aprecia
en el comportamiento estable de los mercados financieros y en las
expectativas de los agentes económicos, especialmente de los empresarios.

Al igual que está ocurriendo en España, en los demás países industriales,
sobre todo los de la Unión Europea, continúa la tendencia de los
moderados tipos de interés. El comercio mundial creció en 1996 en torno
al 6 por ciento, tres puntos por debajo de la tasa de 1995, y para los
dos próximos años las perspectivas económicas ofrecidas por los
organismos internacionales, como la OCDE, esperan que el comercio mundial
se desarrolle, se acelere, progresando en torno al 7 por ciento.

Regresando a la economía española, en nuestro país hemos percibido que en
el segundo trimestre del año pasado finalizó el bache de crecimiento
económico y comenzó una lenta pero sostenida recuperación que ha
conducido a un incremento del producto interior bruto del 2,3 por ciento,
coincidente con la cifra prevista por el Gobierno. Esta tasa de
crecimiento supera holgadamente la media de los países de la Unión
Europea, por lo que nuestro crecimiento ha supuesto un avance en términos
de convergencia real de España con Europa. Podemos afirmar, pues, que
1996 ha confirmado la superior capacidad de crecimiento, el superior
potencial de crecimiento que acumula, que atesora la economía española,
lo que permitirá acercar nuestro bienestar al de nuestros principales
socios europeos en los próximos años.

El protagonismo de nuestra recuperación económica ha corrido a cargo de
la demanda interna, fundamentalmente de la inversión en bienes de equipo,
mientras el consumo ha seguido despertando de forma gradual. A ello se ha
sumado el excelente comportamiento del sector exterior. Este nuevo modelo
de crecimiento económico que estamos alumbrando, además de sano resulta
particularmente oportuno porque da viabilidad a la corrección decidida de
los desequilibrios de nuestra economía cuando más necesitamos corregir
esos desequilibrios.

La política fiscal de austeridad, ya practicada por el Gobierno durante
1996 y comprometida en los presupuestos para 1997, consiguió reducir el
déficit público del año pasado hasta la cuota prevista del 4,4 por ciento
para el conjunto de las administraciones públicas y permitirá concluir el
actual ejercicio con una cifra compatible con el cumplimiento del
criterio de Maastricht. La satisfactoria corrección de estos
desequilibrios y el patente empeño del Gobierno por llegar con
puntualidad a la cita de la Unión Monetaria Europea y mantener después la
conducta de estabilidad, ha modificado favorablemente la percepción de
nuestra economía y ha mejorado las expectativas de los mercados, sobre
todo de los mejor informados, como son los mercados financieros. Confluye
en este proceso el copioso ahorro interior que estamos registrando, que
sigue acudiendo puntualmente a su cita con la renta fija, pero que va
también destinado a la renta variable.

Aunque la mejoría económica se filtra gradualmente y sus beneficios
comienzan a llegar ya a las economías domésticas, facilitados por los
apreciables resultados en términos de creación de empleo, la contención
de los precios



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y el acceso a un crédito bancario más barato facilitarán ese proceso. El
paro descendió también el año pasado, a pesar del positivo incremento de
la tasa de participación, en definitiva, del ensanchamiento de nuestra
población activa.

El análisis del año 1996, desde la perspectiva de la demanda, parte de
esa identificación de la cifra de crecimiento del 2,3 por ciento que,
insisto, ha cumplido las previsiones que el Gobierno formulara en su
cuadro macroeconómico inicial en mayo del año 1996. Pues bien, a ese
crecimiento del 2,3 por ciento ha contribuido, en primer lugar, una
aportación de la demanda interna de 1,7 puntos, es decir, tres cuartas
partes del total del crecimiento económico conseguido. A lo largo de 1996
ha crecido, ha repuntado el consumo privado de forma sostenida y gradual,
aunque en la medida que este crecimiento permite asentar un horizonte
equilibrado de sostenimiento y de aumento de la actividad económica. El
consumo privado, según estiman nuestros departamentos, creció el 1,8 por
ciento en 1996, siguiendo a lo largo del año un perfil suavemente
acelerado que habría hecho que en la última parte del año, en el último
trimestre, su crecimiento anual habría superado ligeramente el 2 por
ciento.

Entre los factores que están posibilitando este aumento del consumo de
las familias y empresas, podemos destacar, en primer lugar, el mayor
grado de confianza y las mejores expectativas, tanto para consumidores
como para empresarios. Además, contamos con unas condiciones de
financiación que permiten ahorros importantes en la adquisición de bienes
de consumo duraderos, y --como antes mencionaba-- también debo citar ese
crecimiento, esa creación intensa de empleo que aporta renta disponible
para las familias en cuantías considerables.

La tasa de ahorro, ya elevada en 1995, ha seguido aumentando el año
pasado, aunque ligeramente y de este modo habría llegado a finales de
1996 al 21,4 por ciento del producto interior bruto. Este ahorro, debido
a la reducción de la rentabilidad de la renta fija, se dirige a otras
opciones de ahorro, como pueden ser los fondos de inversión o la bolsa,
donde las rentabilidades son mayores, asumiendo, claro está, también
mayores dosis de riesgo.

Es cierto que en los últimos meses del año pasado se ha podido apreciar
una significativa mejoría de la confianza de los consumidores, que ha
permitido cierta recuperación de la media de un año que comenzó plagado
de incertidumbres. Entre las muchas variables que influyen en el consumo
merece destacarse por su indudable interés social la precariedad de los
nuevos empleos que está motivando la negociación en curso entre
empresarios y sindicatos. La actual fragmentación del mercado laboral,
además de injusta, induce a conductas ineficientes en el uso de este
factor productivo, al estimular una rotación innecesaria de los
trabajadores; de este modo, la precariedad es la regla, cuando debería
ser la excepción. La imprescindible y urgente reforma de las normas que
regulan el mercado laboral, deberá simplificar y reducir las diferencias
entre las modalidades de contratación a cambio de permitir la
calificación en las condiciones objetivas de las relaciones laborales en
España.

La economía española es ya, afortunadamente, una economía abierta a las
ventajas y servidumbres de la competencia internacional y no tiene, ni se
desea, otro camino. Consecuente con esta opción, nos vemos obligados a
modificar las estructuras anteriores, propias de otro contexto, so pena
de operar en desventaja.

La estructura del mercado laboral es particularmente rígida, porque hace
cuerpo con el conjunto de pautas sociales y costumbres que pertenecen a
la especie cultural de cada país, de tal manera que los cambios sólo
pueden hacerse a medida que penetra en la sociedad el convencimiento de
que son ventajosos o, en todo caso, ineludibles. Esta digresión, tal vez
excesiva, no tiene, a nuestro juicio, otra finalidad que ejemplificar, en
uno de sus motivos, la lenta reacción del consumo privado y llamar la
atención sobre la necesidad de reformas estructurales, incluso y sobre
todo, cuando las cosas van bien, como están yendo en nuestro país en
nuestra economía. En todo caso, la mejora del empleo y el descenso de los
tipos de interés, entre otras causas, contribuirán a fortalecer la
confianza de los consumidores y podremos contar en 1997 con un mayor
dinamismo del consumo privado, que podría registrar un avance, respecto a
1996, del 2,6 por ciento, estando previsto el crecimiento del 2,3 por
ciento para el año 1997 en el conjunto de la economía.

En cuanto a la inversión, la inversión ha experimentado, en 1996, una
evolución dispar, claramente favorable en bienes de equipo, pero más
negativa en la construcción. La inversión en bienes de equipo tocó fondo
a finales del año 1995 y se ha ido acelerando a lo largo del pasado año,
con el apoyo de los siguientes factores: la elevada rentabilidad de las
empresas, la mejora general de las expectativas, la recuperación de la
demanda, sobre todo, como hemos visto, de la externa, y la sucesiva
reducción del coste del uso de capital, de los costes financieros de las
empresas. La inversión en bienes de equipo registró en 1996 un
crecimiento del 5,5 por ciento, en términos reales. Ello se debe a un
hecho que comentaré de nuevo cuando hable del sector exterior.

La revalorización de los índices de valoración unitaria --los conocidos
IVU-- de exportación, además de tener un efecto sobre la tasa de
crecimiento de las exportaciones, genera el efecto contrario y
equivalente en el mercado interior. El crecimiento de bienes de equipo en
España se calcula a partir del denominado índice de disponibilidad de
bienes de equipo que, a su vez, proviene y se calcula del índice de
producción industrial. Pues bien, el índice de disponibilidad sería la
cantidad de bienes de equipo producida en nuestro país y para llegar a la
tasa de crecimiento de la inversión en bienes de equipo, habría que sumar
a este índice las importaciones de bienes de equipo y restar las
exportaciones. Debido al mayor crecimiento del previsto en las
exportaciones por la sobrevaloración de los IVU, que anteriormente he
comentado, la cifra final de crecimiento de inversión en bienes de equipo
se ve reducida en una proporción similar. Recalco, sin embargo, que este
hecho no supone un menor crecimiento de la actividad económica, sino una
distinta configuración de esa actividad económica. La construcción, en
cambio, arroja el saldo negativo de menos 1,5 por ciento que, no
obstante, esconde notables diferencias entre sus distintas ramas. Mejor



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ha sido el comportamiento de la edificación residencial frente a la caída
de la obra civil, como consecuencia de los retrasos de la licitación
pública derivados de la nueva ley de Contratos del Estado y de los
ajustes presupuestarios que se venían practicando. Las perspectivas para
1997 son mejores. La licitación se ha recuperado durante la segunda mitad
del año pasado, lo que supone que en el presente ejercicio se acelerará
este tipo de construcción. Asimismo, la iniciativa privada compensará los
menores créditos presupuestarios gracias a los mecanismos, gracias a los
instrumentos que se han articulado en los aprobados Presupuestos
generales del Estado para 1997, y gracias también a que la bajada de
tipos de interés animará la demanda de viviendas, a través de la
reducción de costes de los créditos hipotecarios. El Gobierno adoptará
medidas conducentes a estimular la construcción de viviendas en general,
y en especial de las dedicadas al alquiler.

En lo que se refiere al sector exterior, y en particular a la
exportación, como ya he ido anticipando a lo largo de mi exposición, el
sector exterior ha mantenido durante el año 1996 un tono mejor del
esperado; de hecho, ha sido el componente más dinámico de la demanda. Las
exportaciones han subido el 10,3 por ciento frente a previsiones
anteriores más moderadas. El mayor ritmo de crecimiento de las economías
europeas durante el segundo semestre del año, la elevada expansión de los
países en desarrollo, sobre todo los iberoamericanos, y el alto y
sostenido nivel de la competitividad de nuestra economía, han sido las
principales causas de este buen resultado de nuestras ventas a los
mercados exteriores. Como antes avanzaba, al describir la evolución de la
inversión en bienes de equipo, aquí es necesario hacer una aclaración de
carácter técnico. La revisión al alza del crecimiento de las
exportaciones, además de ser explicada por los factores que acabo de
exponer, se debe, en parte, a una revisión de los índices de valor
unitario --de los IVU-- de las exportaciones, a partir del pasado mes de
septiembre. Este índice, los IVU, no son sino el deflactor de las
exportaciones que, como ya he comentado, había sido sobrevalorado. Como
consecuencia de la sobrevaloración del deflactor, la tasa de variación
real de las exportaciones ha crecido más de lo previsto.

En cuanto a las importaciones, han ido subiendo ininterrumpidamente a lo
largo del año, siendo acorde con la evolución de la demanda final de
nuestra economía; por tanto, ahora ciframos en 0,6 puntos positivos la
aportación del sector exterior al crecimiento del PIB, cuando no hace
tantos meses cabía contar con una aportación ligeramente negativa o
neutra.

Desde el lado de la oferta, el crecimiento económico del año 1996 ofrece
los siguientes rasgos: en primer lugar, hemos de destacar la positiva
aportación del sector primario de la economía, que suma seis décimas al
incremento del PIB; en segundo lugar, la industria ha registrado un
comportamiento neutral, aunque su perfil dibuja una línea ligeramente
ascendente a lo largo del año; y en lo que se refiere a los servicios,
este principal sector de actividad económica en España ha registrado un
crecimiento sostenido, lo que ha permitido finalizar el año en tasas de
aumento similares a las del año 1995. En resumen, la recuperación de la
economía española en 1996 reúne claros síntomas de un crecimiento sano y
equilibrado, en el que coincide una recuperación de la demanda interna
con una considerable fortaleza del sector exterior. Ello ha hecho
compatible la aceleración del crecimiento con el mantenimiento de una
elevada tasa de ahorro y un decidido recorte de la inflación que, junto
con la confortable posición financiera frente al exterior, son las
mejores garantías de que la expansión va a continuar este año y en los
próximos ejercicios.

Pasando al examen de la evolución de los principales desequilibrios de la
economía española, resulta especialmente positivo el hecho de contar con
aumentos reales del empleo a partir de un grave decrecimiento real muy
bajo, que estimamos en el entorno del 1,5 por ciento; es decir, a partir
de un crecimiento económico del 1,5 por ciento ya se crea empleo neto en
nuestro país. De esta manera podemos explicar que en el pasado ejercicio,
con un crecimiento del 2,3 por ciento, el empleo, una vez eliminado por
nuestros servicios técnicos el sesgo que ha supuesto el proceso de
renovación de secciones derivado del nuevo censo de población, haya
registrado el pasado año un aumento de al menos el 1,6 por ciento o, lo
que es lo mismo, de más de 190.000 personas, cifra que es, sin duda,
elevada. Este resultado es uno de los mejores cocientes de
empleo/producto de la historia de la economía española. Al tiempo, y
debido al crecimiento de la población activa, el paro ha disminuido en un
número próximo a 35.400 personas. Este incremento de población activa,
que eliminado de nuevo el sesgo de la adaptación de la muestra de la
encuesta de población activa al censo de la población, se cifraría en el
uno por ciento anual, es muy superior al crecimiento de los países de
nuestro entorno. Quiere decirse que en España, además de la creación de
empleo neto, está aumentando nuestra población activa a mayor ritmo que
lo está haciendo en la mayoría de los países de nuestro entorno. Ello se
explica por la todavía baja tasa de actividad femenina, pero también se
explica por las mejores perspectivas económicas que está percibiendo el
conjunto de la ciudadanía, el conjunto de la sociedad.

En los trimestres finales del año el ritmo de creación de empleo sería
algo superior, estimándose en un 2 por ciento, lo que resulta coherente
con el perfil creciente de la actividad económica a lo largo del año
pasado. Esta positiva evolución del empleo se debe a la recuperación del
ritmo expansivo de la economía y, más en concreto, al crecimiento de la
inversión productiva apoyado en las mejores expectativas empresariales.

Entre finales del año 1995 y finales de 1996 la tasa de paro ha
descendido un punto. A España, que luce el sambenito de ser el país
europeo con mayor índice de desempleo, no le sirve de gran consuelo ser
también el país que más lo ha reducido en el año 1996, aunque, y sobre
todo, nos hace concebir esperanza para el futuro. De todos modos,
conviene recordar que este positivo aunque todavía insuficiente resultado
se ha conseguido, como hemos dicho antes, a pesar del apreciable ascenso
de la tasa de participación inducido por las mejores expectativas del
mercado laboral y por la incorporación constante de la población femenina
a la fuerza laboral de nuestro país.




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La inflación, siempre acechante cuando apunta al alza la curva de
crecimiento, ha descendido incluso más de lo previsto, abriendo las
puertas a sucesivos recortes de los tipos de interés que dinamizan la
inversión y el consumo y alivian la carga de la deuda pública. De hecho,
hemos acabado el año 1996 con una tasa interanual del 3,2 por ciento que,
por primera vez en la historia reciente de nuestra economía, ha quedado
por debajo del objetivo mismo que se marcó el Gobierno que, como todos
recordarán, era del 3,4 por ciento. Por tanto, hemos contado con un
colchón del 0,2 puntos. A este hecho, ya de por sí positivo, se añade la
evolución de la inflación subyacente, la que excluye de su seno la
evolución de los componentes más volátiles del índice general, es decir,
de los alimentos frescos y la energía, que queda aún dos décimas por
debajo de dicho índice, hasta quedar situada en el 3 por ciento. Ello nos
hace ser optimistas en el año en curso ya que, debido al patrón de
crecimiento que, como antes explicaba, no genera una espiral
inflacionista, la estabilidad de nuestra moneda en el Sistema Monetario
Europeo, y muy especialmente la eliminación de rigideces en distintos
sectores y mercados de nuestra economía mediante reformas estructurales
que comenzaron --digo comenzaron, ya que no se trata más que de un
comienzo-- nos hace prever que la inflación permanezca en su actual senda
de moderación en el año 1997, por lo que acabar el año con un crecimiento
interanual del 2,6 por ciento parece perfectamente al alcance de nuestra
mano.

El índice de precios al consumo se ha reducido 1,1 puntos en 1996
respecto de 1995, tanto en media anual como en la comparación diciembre
sobre diciembre, a pesar de que los precios de los alimentos sin elaborar
y de la energía se aceleraron en el año. Por consiguiente, el índice de
la inflación subyacente, con un descenso de 1,3 puntos de media anual y
de 1,8 puntos diciembre sobre diciembre, ha bajado más que el índice
general.

La marcha de la inflación a lo largo de 1996 ha ido recogiendo beneficios
de diverso origen que se han ido potenciando en una espiral virtuosa
firmemente tutelada por unas medidas de política económica coordinadas y
rigurosamente orientadas a la estabilización de los precios, como son la
batería de reformas estructurales introducidas en distintos sectores y
mercados que se pusieron en marcha en el pasado mes de junio y que van a
continuar su progreso en el año 1997.

También quiero destacar esta mañana la política de precios administrados
que sigue el Gobierno, que está orientada a garantizar la moderación o
incluso el descenso del coste de una serie de bienes que, como la
energía, el transporte o las telecomunicaciones, conforman el entramado
de costes de nuestro proceso productivo, por lo que los resultados
positivos se dejarán sentir en el año 1997 en la fortaleza de la
competitividad de nuestras empresas.

Puestos en orden cronológico, la senda de desaceleración de los precios
comienza con el descuento en los primeros meses del año de los escalones
alcistas del primer trimestre de 1995, siguen con la bajada de precios de
las materias primas en los mercados internacionales, la reducción de los
costes financieros de las empresas y la cada vez más evidente moderación
salarial que se va registrando hacia mediados de año y que concluyen, en
definitiva, con un crecimiento de la demanda por debajo de lo previsto.

El resultado final ha sido plenamente satisfactorio, sobre todo porque
cumplimos con holgura el objetivo de inflación para 1996, lo que respalda
unas perspectivas optimistas para el ejercicio presente, para 1997, y
sobre todo también facilita el cumplimiento de este criterio de
convergencia para la Unión Monetaria.

En estos primeros meses del presente año existe margen suficiente para
que se produzcan nuevos recortes de la inflación, que estará pronto por
debajo del 3 por ciento, un auténtico hito histórico en nuestro país.

La consolidación, e incluso ulteriores recortes de esta cifra, sólo se
conseguirán con la moderación de los salarios nominales y de los
beneficios, con la perseverancia en la actual política de estabilización
presupuestaria y con nuevos avances de reformas estructurales de carácter
liberalizador que perfeccionen el funcionamiento de algunos mercados aún
demasiado intervenidos y aún excesivamente regulados.

Los riesgos que pueden poner en peligro el objetivo de inflación en el
año 1997 se localizan en la escalada del dólar, que encarece la energía y
otras materias primas importadas. En este caso, habría que impedir que
estos incrementos se incorporen al proceso de formación de precios y
salarios y afecten negativamente a las expectativas de los agentes
económicos.

En cuanto a nuestras relaciones económicas con el exterior, en lo que se
refiere a la balanza de pagos, España ha comenzado 1997 con una posición
cómoda y saneada de su balanza de pagos. La balanza por cuenta corriente
tuvo en 1996 un superávit equivalente a 0,7 puntos de PIB, debido al
menor déficit comercial que se mantiene en niveles históricamente bajos,
en torno al 2,4 por ciento del PIB, y al buen comportamiento del sector
turístico en cuanto al número de visitantes, que se ha incrementado en un
6 por ciento, y el de turistas en un 5 por ciento respecto de 1995. Estas
tasas de crecimiento han duplicado el crecimiento del turismo
internacional. Además, es conveniente destacar el incremento del
superávit en las rúbricas de otros servicios, incremento debido con
seguridad al proceso de inversiones españolas en el exterior, sobre todo
en el sector financiero y en el sector de telecomunicaciones. Uniendo al
saldo positivo por cuenta corriente el de la cuenta de capital, llegamos
a una capacidad de financiación del 1,6 por ciento del producto interior
bruto. Esto significa que la economía española, al contrario de lo que
solía ser habitual, puede continuar la fase expansiva sin tener
restricciones que vengan impuestas por nuestro desequilibrio con el
exterior.

Las reservas exteriores han aumentado de forma muy importante en nuestro
país durante el año pasado. De 38.000 millones de dólares a finales de
1995 hemos pasado a 62.000 millones de dólares al terminar el año 1996,
situando a nuestro país en segundo lugar, tras Alemania, en lo que se
refiere a incremento de reserva de divisas en toda la Unión Europea. Esta
buena situación de la balanza de pagos será una ayuda, y una ayuda de
gran calibre, en 1997



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para mantener la estabilidad de los mercados financieros y para proseguir
en la senda de moderación, de descenso, de los tipos de interés.

Reitero, señorías, una idea que es fundamental en cuanto a garante de
nuestro crecimiento económico en los años venideros, y es la idea de que
el sector exterior, a la vista de los datos que acabo de resumir, lejos
de ser uno de los elementos limitadores de nuestro crecimiento, se está
configurando ya como uno de los motores de crecimiento económico y de
creación de empleo más poderosos que tiene nuestro país, un crecimiento
del sector exterior que, incluso, como vemos ya, puede darse en fases de
bonanza económica.

En lo que se refiere al déficit público, tengo que decir que, con el
estricto cumplimiento del objetivo de déficit público en 1996, la
política económica ha ganado crédito interno y externo en su capacidad
para cumplir también el objetivo previsto en los Presupuestos Generales
del Estado para 1997, que, como es conocido, es alcanzar el criterio de
convergencia de la Unión Monetaria Europea.

Los datos de cierre de déficit público de 1996 llevan al Estado a una
cifra que está dos décimas por debajo del objetivo marcado, que era del
3,5 por ciento del PIB. Por tanto, deja un cómodo margen para compensar
otros posibles desequilibrios de administraciones diferentes de la del
Estado. Ello permite afirmar hoy que el 4,4 por ciento del déficit
público previsto para el conjunto de las administraciones públicas en
1997 será cumplido escrupulosamente.

En el año 1996, cumplir el objetivo del déficit fijado en el programa de
convergencia está significando un esfuerzo corrector mucho más intenso
que el realizado en ejercicios anteriores. En 1996, el déficit público ha
registrado una contención de 2,2 puntos porcentuales del producto
interior bruto. Para darse cuenta de la magnitud del proceso de ajuste
presupuestario producido entre 1995 y 1997 basta decir que el déficit
público va a reducirse en 3,6 puntos porcentuales del PIB. La sustancial
reducción del déficit público conseguida el año pasado ha recaído
íntegramente en su componente estructural primario, dado que, a este
respecto, la incidencia del ciclo económico ha sido neutral y la carga de
intereses de la deuda también se ha mantenido en el mismo nivel que el
año anterior, un 5,4 por ciento del producto interior bruto. Quiero
subrayar el hecho de que, como digo, la reducción del déficit público
descansa exclusivamente sobre su componente estructural. El ciclo
económico todavía no ha facilitado la reducción del déficit público en
España.

La política fiscal y presupuestaria del Gobierno está concebida para que
el déficit público continúe reduciéndose en 1997 y en los años
siguientes, pasado el examen de Maastricht, tanto para fomentar la
estabilidad interna como para garantizar en el futuro la contribución de
nuestro país a la estabilidad de la Unión Europea. El recientemente
aprobado pacto de estabilidad y crecimiento, que prolongará más allá de
la exigencia temporal de Maastricht el compromiso de consolidación fiscal
de los países que conformen la Unión Monetaria, servirá de base para que
los gobiernos acometan las reformas necesarias y perseveren en las
políticas de austeridad conducentes al equilibrio de los presupuestos a
final de siglo.

El Gobierno se propone seguir reduciendo el déficit estructural primario
durante los próximos años, además de contar con la previsible ayuda del
ciclo expansivo y la paulatina contracción de los intereses de la deuda
pública. Ya en 1997 el proceso de consolidación fiscal debe conducir a un
recorte de la participación de la deuda pública, del peso de la deuda
pública en el producto interior bruto.

El contexto monetario y financiero de la economía española también ha
mejorado sustancialmente durante 1996 en todos los frentes. Los tipos de
interés a largo plazo --10 años-- han bajado tres puntos porcentuales
entre diciembre de 1995 y diciembre de 1996; ahora están claramente por
debajo del 7 por ciento. El diferencial con los tipos alemanes se ha
reducido hasta el entorno de un punto básico, cuando en diciembre de 1995
era de 3,9 puntos y en marzo de 1996 todavía era de 3,4. Sin duda, éstas
son marcas históricas.

El tipo de interés del Banco de España ha descendido, en diversos
escalones, un total de 3,25 puntos desde diciembre de 1995, de 2,5 puntos
desde marzo. El tipo de intervención decenal está hoy en el 6 por ciento,
mientras que, en la medida en que continúen las mejoras en los
fundamentos económicos, cabe esperar que incluso pueda continuar
reduciéndose en los próximos meses. Esta reducción de los tipos oficiales
en buena parte --2,6 puntos-- se ha ido trasladando a los tipos de los
activos del sistema bancario, de manera que el beneficio y el estímulo
del abaratamiento del crédito ya ha llegado a empresas y particulares. El
coste de la subrogación de hipotecas se ha visto favorecido, no sólo por
los inferiores tipos de interés, sino por una rebaja del 50 por ciento en
el coste de notarios y registradores y por la disminución de la comisión
de cancelación anticipada de créditos hipotecarios. El diferencial de
tipos a corto plazo, si bien ha venido contrayéndose de forma paulatina,
permanece en cotas todavía altas, unos 285 puntos básicos. Podríamos
esperar que, de seguir en la línea de mejora de los desequilibrios
básicos de nuestro país, los tipos de interés a corto continúen en una
tendencia descendente.

Los mercados bursátiles han revalorizado la cotización de sus títulos en
un 40 por ciento a lo largo del año pasado gracias a la bajada de los
tipos de interés, a la saneada situación financiera, a la rentabilidad de
las empresas y, en general, a las favorables perspectivas de la evolución
de la economía española. El ahorro, como antes he dicho, se ha mantenido
a buen nivel y cada vez acude a la renta variable con más confianza.

Una política presupuestaria y monetaria equilibrada ha estabilizado la
cotización de la peseta en valores compatibles con el mantenimiento de la
competitividad de la economía española, pero sacando los frutos que da
una moneda fuerte en la reducción de la prima de riesgo que exigen los
inversores extranjeros.

Comienza, pues, 1997 en un contexto monetario y financiero mucho más
favorable que el de hace un año. El progreso aún posible en el recorte de
la inflación y la confirmación del proceso de consolidación
presupuestaria, de



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reducción del déficit público, darán margen adicional para una bajada de
los tipos de interés en 1997, bajada de tipos de interés que seguirá
estimulando nuestro crecimiento económico.

De cuanto se ha dicho hasta aquí puede deducirse que la valoración del
grado de cumplimiento de los criterios de convergencia no puede ser sino
muy positiva. Los criterios de convergencia no son otra cosa que una
medida de corrección de los desequilibrios económicos que acabamos de
analizar. El balance de dicho análisis ha sido la decidida tendencia
hacia la corrección de todos los desequilibrios y, en algunos casos, como
en inflación y tipos de interés, a un ritmo incluso superior al que se
esperaba.

Partiendo de este balance global positivo, voy a pasar a describir
detalladamente la evolución de cada uno de los criterios.

En cuanto a inflación, el Tratado de la Unión Europea establece que la
inflación de los países que entren a formar parte de la Unión Monetaria
no podrá superar en más de un punto y medio la inflación de los tres
países con mayor estabilidad en los precios. Por tanto, se trata de un
criterio móvil, es decir, que no existe un valor de referencia fijo, al
depender no sólo de nuestros progresos en el control de precios, sino
también de la evolución que experimenten los países de referencia. No
cabe duda de que un peor comportamiento de aquellos países en términos de
inflación nos facilitaría el cumplimiento de los objetivos, pero nosotros
debemos actuar suponiendo el mejor comportamiento posible de nuestros
socios comunitarios, de tal modo que, si no ocurriera así, estaríamos
cumpliendo el criterio con más holgura, con los consiguientes beneficios
en términos de competitividad, sin habernos arriesgado a un
incumplimiento. Teniendo esto en cuenta, el Gobierno ha adoptado y
adoptará las medidas necesarias para proseguir con la actual tendencia de
reducción de la inflación, impidiendo que se produzcan tensiones que la
lleven por encima de ese umbral de 1,5 puntos respecto a la inflación de
los países más estables. En diciembre de 1996 el valor de referencia
estaba en 2,65 por ciento; la inflación media anual española se sitúa en
el 3,5 por ciento, lo que supone que estamos sobrepasando el umbral
máximo permitido en tan sólo 0,85 puntos, mientras que en el mes de
noviembre de 1996 lo superábamos en 1,1 y un año antes en 2,3. Ello da
idea de la fuerte corrección que se está produciendo mes a mes y de lo
cerca que estamos ya del cumplimiento del criterio de convergencia en
materia de inflación. La valoración de la situación presente, las
perspectivas de la inflación y la previsible estabilidad macroeconómica
derivada de las políticas económicas del Gobierno y la que se tiene que
derivar de la moderación salarial, han llevado al Banco de España a
formular como objetivo de medio plazo de la política monetaria el situar
la tasa interanual de crecimiento de los precios, medida por el índice de
precios al consumo, cerca del 2 por ciento en el transcurso de 1998, para
lo cual a finales de 1997 estaríamos próximos al 2,5 por ciento, lo que
ya habría hecho posible el cumplimiento del criterio de convergencia
sobre inflación.

En cuanto a los tipos de interés a largo plazo, el Tratado de la Unión
Europea establece que éstos no podrán superar en más de dos puntos la
media de los tres países con mayor estabilidad de precios. La sustancial
mejora que se ha producido en el contexto monetario financiero de la
economía durante 1996, y en lo que llevamos de 1997, ha permitido
reducciones en los tipos de interés paralelas a las que registraban
nuestros socios comunitarios con mayor estabilidad de precios, de modo
que seguimos cumpliendo este criterio sin problema.

En concreto, dado que los tipos de interés de dichos países, Suecia,
Finlandia y Alemania --que son los países que sirven para calibrar este
criterio de convergencia--, registraban una media del 7,1 por ciento, el
valor de referencia se situaba en diciembre pasado en 9,11 por ciento,
mientras que en España en esa misma fecha los tipos a largo plazo estaban
en el 8,7 por ciento. Este criterio se cumple y se seguirá cumpliendo
como se irá confirmando a medida que la inflación y la reducción del
déficit público permitan una evolución positiva de los tipos de interés a
largo plazo de nuestro país.

En cuanto a las finanzas públicas, el Tratado de Maastricht establece
que, para acceder a la Unión Monetaria, se deberá contar con unas
finanzas públicas saneadas, lo que se ha concretado en dos requisitos: la
ratio déficit público respecto al PIB no debe superar el 3 por ciento y
la ratio deuda-PIB no deberá superar el 60 por ciento.

En diciembre de 1996, tan sólo cuatro países cumplían el criterio del
déficit: Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda y Holanda; Italia y Grecia se
encontraban muy alejados, mientras que el resto tenían unos déficit
comprendidos entre el 3,3 por ciento y el 4,6 por ciento del producto
interior bruto.

Como antes puse de manifiesto, España ha registrado en 1996 un déficit
del 4,4 por ciento, cumpliendo estrictamente lo establecido en el
programa de convergencia. Esta cifra, frente al 6,6 por ciento registrada
en 1995, da una idea del esfuerzo realizado el año pasado para colocarnos
en la senda correcta de consolidación fiscal que nos permitirá cumplir el
criterio del 3 por ciento en 1997.

La reducción prevista del 2,3 por ciento en el programa de convergencia a
lo largo de dos años, 1995 y 1996, se ha producido en su práctica
totalidad en el año 1996, es decir, hemos acumulado el ajuste del
presupuesto en el año 1996, dado el incumplimiento que se produjo en 1995
del déficit que no se atuvo al programa de convergencia al ser la cifra
real de déficit de un 6,6 por ciento. A la vista del logro de 1996, una
reducción adicional del déficit del conjunto de las Administraciones
públicas de 1,4 puntos porcentuales en el año 1997 aparece como un
objetivo al alcance de nuestra mano y el Gobierno no escatimará esfuerzo
alguno para conseguirlo.

En lo que se refiere a la deuda pública, únicamente Luxemburgo, Francia y
Reino Unido cumplían el criterio de deuda al finalizar el año 1996 y
algunos países considerados como candidatos seguros a la Unión Monetaria
Europea, como Bélgica, alcanzan ratios del 130,6 por ciento del PIB, muy
superiores al nuestro.

En el caso español la deuda pública alcanzaba a fines de 1996 un 69,3 por
ciento del producto interior bruto, lo que supuso un aumento de cuatro
puntos del PIB respecto del



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año 1995. Este incremento de la deuda del año anterior se explica por
varios factores: en primer lugar, se ha debido a un deflactor del PIB más
positivo de lo esperado, por lo que la cifra resultantes es algo menor.

En definitiva, la ratio se ha visto afectado. En segundo lugar, se ha
registrado un crecimiento de las emisiones de deuda superior al
inicialmente previsto, debido a la necesidad de financiar parte del que
se ha conocido como agujero presupuestario descubierto en el mes de
julio. Los pagos ascienden a más de 400.000 millones de pesetas. En
tercer lugar, está el saldo de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco
de España, que ha subido un billón de pesetas si lo comparamos con el
correspondiente al cierre del año 1995. Este saldo es superior a lo
estrictamente necesario para financiar el déficit público. Quiero decir
que el incremento del saldo de la cuenta del Tesoro del Banco de España
no se ha debido a la necesidad de financiar el déficit público. En cuarto
lugar, la reducción de los tipos de interés en la última parte del año
aconsejó al Tesoro desviar parte de la financiación proyectada en divisas
a emisiones en pesetas. Al contabilizarse éstas por su valor nominal, el
cambio en la combinación de instrumentos supone un aumento de la deuda
pública de unos 35.000 millones de pesetas. En quinto lugar, el
crecimiento de la deuda del Estado ha sido superior a las necesidades de
endeudamiento del período, a causa de la asunción, el primero de enero de
1996, de deudas contraídas por diversas empresas y entes públicos,
totalizando cerca de 450.000 millones de pesetas. Esta es la famosa
asunción de deudas que era práctica de los presupuestos anteriores.

Señor Presidente, señorías, 1996 ha sido un año bueno para España. La
política de liberalización económica emprendida por el Gobierno y la
notable reducción del déficit público han abierto la vía para la
consecución de un crecimiento económico sano y equilibrado, generador de
empleo. Además, hemos afirmado nuestra candidatura a la Unión Monetaria,
generando una confianza internacional que es clave para nuestra
recuperación económica futura. Los resultados obtenidos confirman al
Gobierno en su voluntad de aplicar a lo largo de la legislatura las
políticas económicas que están permitiendo despejar nuestro horizonte.

Junto a nuestros socios parlamentarios, continuaremos trabajando para que
1997 confirme la esperanza que 1996 ha abierto.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición, realizar
preguntas u observaciones?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.

Les recuerdo a los señores portavoces que disponen de un tiempo de diez
minutos para realizar sus intervenciones.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Montoro, por su intervención.

Trataré de responder en la mía a algunas de las inquietudes que usted ha
expresado y haré alguna valoración no sólo del año 1996, sino del momento
en el que estamos y de los problemas que tenemos que afrontar en 1997.

Desde una posición que es de largo tiempo conocida --y es que el grupo al
que represento siempre ha estado porque España formara parte en la
primera hora de la Unión Económica y Monetaria--, diré que estamos ante
objetivos felizmente cada vez más compartidos y celebramos que ésta sea
una posición que ya no se ponga en duda por quienes hoy forman parte del
Gobierno. Por tanto, en esa dirección es verdad que hay unos objetivos
compartidos en los cuales siempre estaremos dispuestos a colaborar.

Cuando usted, señor Montoro, se refiere al momento presente --lo mismo
que cuando hace algo menos de un año en esta misma Comisión de Economía y
Hacienda nos expuso cómo estaban las cosas, cuál era la política del
Gobierno, qué se estaba haciendo y cuáles eran los primeros resultados--,
habla de aquello que usted entiende como uno de los elementos
fundamentales desde el punto de vista de la generación de confianza: la
creación de un clima de entendimiento entre las fuerzas políticas, entre
las fuerzas sociales, de abandono de la crispación que dé credibilidad al
nuevo clima que el Gobierno pretende crear.

A la luz de lo que ha ocurrido y, sobre todo, de lo que viene ocurriendo
desde enero de 1997, uno tiene la tentación, y quizá incluso la
obligación, de señalar hasta qué punto hay una enorme distancia entre los
discursos y las realidades tristes que finalmente se imponen. Porque
estos días --y espero que estos hechos acaben por ser coyunturales--
estamos asistiendo a declaraciones que de nuevo vuelven a poner de
manifiesto el que la crispación se ha instalado en la vida política
mediante actuaciones que tienen su origen en el Gobierno. Cuando, después
de lo que ha ocurrido las semanas pasadas, el Vicepresidente Primero del
Gobierno habla de contundencia y de actuaciones sin complejos y de nuevo
vuelve a mencionar actuaciones delictivas y responsabilidades políticas,
naturalmente no se está apostando por la creación de un buen clima,
porque nadie en este país ni, lo que es más grave, en el exterior puede
entender cómo el Gobierno se puede comportar como la oposición de la
oposición.

Si usted lee la prensa internacional de estos días --siguiendo aquella
expresión del Presidente del Gobierno según la cual como teníamos un
problema lo hemos resuelto, aunque ahora más bien lo que ocurre es que
como no teníamos algunos problemas los hemos creado-- observará que no
acaba de entender qué diablos ocurre en este país cuando el Gobierno hace
lo que hace en un momento en el que al menos los mercados financieros
estaban interpretando que las cosas iban razonablemente bien en nuestro
país. Esto contribuye, indubitadamente, señor Montoro, a crear un clima
nada proclive, nada propicio a la confianza ni a la racionalidad del
entendimiento político y económico en nuestro país. No se entiende
dentro, mucho menos se puede entender fuera. Lea la prensa económica
internacional de estos días a propósito del nuevo clima de enfrentamiento
y de crispación que se ha creado por acusaciones del Gobierno sin pruebas
e infundadas.

Segundo, si en estos días uno tuviera que utilizar algunas de las
palabras --y sabe usted que a mí no me gusta hacer un debate ratonero,
dialéctico en el peor de los sentidos de la palabra; lo digo coloquial y
amistosamente--, si uno



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tuviera que recordarle las alabanzas que usted ha hecho a las
modificaciones en la prima de riesgo de nuestro país respecto de
Alemania, tendría que decirle que usted las fundaba en algunos momentos
en la baja de unos cuantos puntos básicos. ¿Cómo se interpretaría si uno
tuviera que tomarse al pie de la letra análisis poco rigurosos que se han
hecho con un carácter triunfalista para poner de manifiesto que estamos
en el mejor de los mundos posibles cuando la prima de riesgo en unos
pocos días, desde la creación del clima de crispación que ustedes han
vuelto a inaugurar de nuevo, y tras los acontecimientos de Davos y
algunas declaraciones han significado de nuevo que hemos pasado de casi
ochenta puntos de diferencial con el bono alemán a algo más de cien,
según los datos de ayer? ¿Tendríamos que sacar la conclusión de que ahora
vamos muy mal a la vez que antes íbamos muy bien? Yo, señor Montoro, no
quiero sacar esa conclusión. Lo que quiero hoy es advertir seriamente al
Gobierno de que éste no es el camino de la convergencia, lo mismo que no
es el camino de muchísimas cosas, pero, desde luego, el de la
convergencia, no, porque esto afecta a la confianza interna y afecta
también a la confianza internacional. Y este grupo político, el
socialista, ha dado pruebas más que repetidas de estar por alcanzar
objetivos que nos importan a todos, pero tienen ustedes que hacer el
esfuerzo por reconvertir la situación económica y política que se ha
creado mediante el reconocimiento de que éste no es el camino en el que
tenemos que movernos.

Dejo de lado algunas de esas cuestiones para adentrarme en algunos
aspectos más técnicos. Usted se ha referido hoy también a un mundo sobre
el que yo entiendo que como Secretario de Estado de Economía le
corresponda exclusivamente decir los aspectos positivos. Señor Montoro,
quiero reconocerle desde la oposición que yo me alegro de los aspectos
positivos y que, además, hay aspectos positivos que compartimos
felizmente. Para que nadie lo ponga en duda, porque nosotros no hacemos
política de cuanto peor, mejor, sino todo lo contrario, diré que los
éxitos que tengan ustedes en este caso serán éxitos compartidos, entre
otras cosas porque buena parte de lo que está ocurriendo en este país ni
siquiera es el resultado inmediato de una política económica diferente o
de una política económica como la que ustedes han hecho. Cualquier
analista independiente, que no sea ni del PP ni del PSOE, pero que tenga
algo que ver con la política económica, sabe que lo que está ocurriendo,
en términos de corrección de los desequilibrios básicos, estaba
prefigurado por las políticas que se venían siguiendo anteriormente, y
que 1996, del que usted ha hecho un balance claramente positivo, es un
año en el que ni siquiera hay unos nuevos presupuestos, sino una prórroga
presupuestaria, prórroga presupuestaria que hizo, por cierto, el Gobierno
anterior porque no hubo presupuestos, pero que ha permitido, a la luz de
los datos que hoy tenemos, la corrección de bastantes de los problemas
que teníamos planteados en nuestro país.

Usted dice: el año 1996 se ha producido un crecimiento --y voy a pasar
revista a algunas de las cosas que usted ha dicho--, se ha producido una
recuperación con un perfil de aceleración del crecimiento que ha llegado
en el último trimestre, según sus estimaciones, al 2,5 por ciento, lo que
permitirá cumplir un crecimiento medio de la economía del 2,3 por ciento.

Déjeme que ponga en duda esa cifra, déjeme que la ponga en duda entre
otras cosas porque ustedes son los únicos que la avalan y hay otras
muchas instituciones dispuestas a no creer esa cifra hoy de acuerdo con
datos de diferentes servicios de estudios, incluido el del Banco de
España. ¿Qué es más probable? Que nos movamos en el entorno del 2,1 o del
2,2 por ciento, pero en un país en el que no sabemos ni siquiera cuál es
el porcentaje de economía sumergida y si estamos en el 10 o en el 20 por
ciento de acuerdo con estimaciones diversas, no vamos a discutir por una
décima o dos.

Lo que sí quiero señalarle, señor Montoro, es lo que me parece más grave,
el que desde que ustedes llegaron al Gobierno han hecho ya tres
previsiones del resultado de 1996 y todavía no han acertado en ninguna,
que yo sepa. Hicieron una previsión en mayo de 1996, otra en septiembre y
otra, la que ahora están haciendo sobre lo que de verdad ha ocurrido en
el año 1996. Si uno tuviera que tomar sus propias declaraciones, las del
Ministro de Economía y Hacienda y Vicepresidente Segundo del Gobierno,
tendría que recordarles que ustedes estaban haciendo una apuesta por un
perfil de crecimiento económico radicalmente distinto del que ha
ocurrido, una apuesta por un perfil de crecimiento en el que la demanda
interna tomara el relevo de la demanda exterior. Es más, en mayo de 1996,
primer cuadro macroeconómico que ustedes elaboran, creen y apuestan por
un perfil ligeramente contractivo del sector exterior. En las previsiones
de septiembre de 1996 modifican el perfil contractivo, también
ligeramente, en una décima del sector exterior, y hoy nos están contando
--y yo me alegro de que el sector exterior tire, ya que no tira la
demanda interna-- que es el sector exterior quien, efectivamente, ha
contribuido a hacer posible esa tasa de crecimiento del 2,3 por ciento
que usted dice y que yo, hoy por hoy, no me la creo.

¿Qué es lo que ocurre, señor Montoro? Que no se ha cumplido ninguna de
sus previsiones. Es más, en sus propias palabras ustedes apostaban porque
este año se produjera claramente un importante crecimiento acelerado de
la demanda de consumo interno a lo largo del año, y hoy nos cuenta las
excelencias de que todavía puede haber crecido la tasa de ahorro. No se
han cumplido sus previsiones en los términos en los que ustedes los
habían planteado.

Si tuviéramos que hablar de errores en la previsiones, señor Montoro,
esto pone de manifiesto que la política que ustedes han hecho no ha
conseguido los resultados que ustedes anticipaban, deseaban y creían que
eran los buenos, con independencia de que, felizmente para todos, el
sector exterior haya tirado más de lo que ustedes anticipaban. Esto me
parece importante, señor Montoro, para poner de manifiesto el que, por un
lado, el consumo lamentablemente todavía no crece lo suficiente, usted
dijo --lo tengo anotado-- que para el Gobierno era clave un crecimiento
del consumo y que ésa era la diferencia política que se quería introducir
con la nueva estrategia de crecimiento, el que los ciudadanos
experimentaran que la recuperación económica tenía un efecto sobre el
consumo, objetivo que, como



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usted puede imaginarse, yo comparto, pero lo que quiero es señalar que,
lamentablemente, no se ha cumplido.

Segundo, si analizamos este crecimiento en términos de su composición
sectorial hay que concluir que es un crecimiento nada glorioso. Ya
sabemos que el año anterior hubo un decrecimiento absolutamente brutal
del sector primario, en 1995 el sector primario tuvo una caída del 11 por
ciento. Este año hay una recuperación. ¿En qué términos? ¿Un 16, un 17
por ciento, como ustedes valoran? Imaginemos que es así. Lo que es
razonable --y ya se lo anticipé en una comparecencia-- es que el
crecimiento del año 1996 estaría en buena parte influido por una
aportación significativa del sector primario. ¿0,6 puntos aproximadamente
del crecimiento? Quizás. ¿Qué quiere decir eso? Teniendo en cuenta este
anómalo comportamiento de 1995 y la recuperación de 1996, si nos
olvidamos del sector primario, lo que ocurre es que ha habido un perfil
escasamente serio de recuperación, que prácticamente nos da una tasa de
casi la mitad de crecimiento real de la economía no agraria respecto del
año 1995. ¿Por qué? Porque el sector industrial --sus estimaciones me
parecen optimistas-- ha tenido un decrecimiento en el año 1995. Los
últimos datos del índice de producción industrial hacen pensar que las
cifras del informe de coyuntura no están excesivamente ajustadas porque
se observa todavía un perfil de menor crecimiento del que desearíamos. En
segundo lugar, en el informe de coyuntura analizan que el crecimiento del
sector servicios se ha ralentizado en el año 1996.

¿Qué quiere decir esto, señor Montoro? Que es bastante heroico sostener,
con los datos en la mano, hoy por hoy, que en el último trimestre se ha
producido una recuperación que nos permita llegar al 2,3 por ciento y
que, en todo caso, el crecimiento en el que estamos es modesto en
términos de economía. ¿Es verdad que se ha producido en un clima de
recuperación de equilibrios básicos? Sí, es verdad. ¿Eso es bueno y
prefigura una etapa que puede ser buena? Sin duda, Señor Montoro, se lo
quiero reconocer y, además, me quiero alegrar por ello conjuntamente con
usted, pero no hagamos un canto al año 1996, pues es un año en el que,
como alguna vez le dije, ustedes se estaban curando en salud en el
crecimiento y en algunas otras cosas. Rebajaron enormemente la
previsiones que existían, justificadamente por el cambio en la coyuntura
internacional, pero además rebajaron, incluso artificialmente, por encima
de lo que era razonable, algunas de las cosas que después tampoco se han
cumplido. Naturalmente, esto no es imputable a su política económica sino
a que habían establecido previsiones por ejemplo en materia de empleo
notablemente contradictorias con la realidad misma del año 1995. Recuerde
que, en materia de empleo, habían previsto, en mayo de 1996, un
crecimiento del empleo --no hablo de si medido en términos EPA, hablo en
términos homogéneos, como usted lo ha dicho-- del 1,1 por ciento durante
1996. Felizmente, evalúan hoy la tasa de crecimiento, a través de la tasa
de afiliación a la seguridad social, al menos en un 1,6 en términos
medios anuales. Eso daba lugar no a las 126.000 personas de crecimiento
medio del empleo, que curándose en salud prefiguraron en mayo, sino en
todo caso --quiero recordárselo, señor Montoro-- por debajo de las cifras
del año 1995, como corresponde a un perfil de crecimiento mucho más
modesto, en términos reales, que el que se produjo en 1995.

Alguna consideración sobre la inflación. Creo, señor Montoro, que es un
motivo de satisfacción para todos que la inflación pase a los niveles en
los que se está situando. Quiero recordarle que en diciembre de 1996 no
tuvimos una mejora neta respecto de lo que ocurría en noviembre, no hubo
una mejora adicional, es decir, toda la mejora se produjo en el mes de
noviembre y no en diciembre. En consecuencia, estamos en la misma tasa de
crecimiento interanual en diciembre que en noviembre, aunque es verdad
que el dato del año es claramente positivo; además, con una reducción
adicional en la inflación subyacente que hace posible creer hoy que, en
los primeros meses de 1997, pueda descender por debajo del 3 por ciento,
lo cual será sin duda un hito absolutamente indispensable para que el
perfil de crecimiento de los precios en el año 1997 sea compatible con
los objetivos de convergencia. Es verdad, señor Montoro, que hay que
señalar algunas cosas que en el informe de coyuntura están bien
analizadas, y en esto le alabo. Hay una caída en el escalón de inflación
derivada de la subida que se produjo en enero de 1995 en impuestos
indirectos, lo que ha facilitado, felizmente también, la caída posterior;
hay un hecho muy importante que ha tenido una influencia positiva, como
son las buenas cosechas; hay una caída de costes financieros; hay una
utilización, a veces nada económica, absolutamente política, de los
precios administrados, incluso contra los márgenes de beneficio de las
empresas sometidas a precios administrados. Esto es muy discutible
económicamente, es muy deseable en términos del objetivo político que
queremos conseguir, pero obviamente se presta a una crítica sobre la que
luego volveré.

En todo caso, hay un hecho muy importante en el año 1995: que la
inflación importada, con un comportamiento muy razonable de la peseta o
con una peseta que no calificaré de fuerte sino de sólida, ha sido
notablemente menor para un país que tiene, a pesar de todo, una gran
dependencia en materias primas y en energía; sobre todo, hemos tenido una
débil demanda que ha actuado de una manera especialmente positiva sobre
la reducción de la inflación.

Analicemos el tema de la inflación. Esto es muy importante, señor
Montoro. ¿Cuáles son los sectores en los que se ha producido un mejor
comportamiento? Olvidemos los componentes más volátiles, incluso algunos
que nos han dado disgustos, sea la energía o sean las vacas locas, y
analicemos aquello que depende mucho más de nosotros. Han sido los
sectores abiertos a la competencia, como las manufacturas, los que han
tenido el comportamiento más idóneo en términos de reducción de la
inflación. De hecho, en las manufacturas se ha producido un crecimiento
medio de los precios del 2,7 por ciento, una tasa inferior a la media.

Los alimentos elaborados han tenido incluso una reducción notable sobre
lo que venían experimentando anteriormente, pero en los servicios, señor
Montoro, no hemos avanzado prácticamente nada, hemos avanzado en los
primeros meses del año 1996 y, a partir de la mitad de 1996 --no me
resisto a decir que ustedes han estado gobernando



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prácticamente desde la mitad de 1996--, no hay un solo avance en materia
de reducción de la inflación en el área de servicios. Esta se queda
prácticamente estancada en el 3,6 ó 3,7 y no baja. Es decir, que toda la
propaganda, señor Montoro, sobre la política de introducción de
competencia en los sectores no sometidos a competencia es, hasta hoy,
pura ficción: ni un solo efecto en términos de IPC, ni uno. La inflación
en materia de servicios está absolutamente como estaba y las mejoras se
han producido en la primera mitad del año 1996. Hay que recordar que
sectores tan relevantes, desde el punto de vista de la inflación, como el
turístico crecen al 14,7 por ciento en el año 1996; que los servicios
financieros han crecido, a pesar de los pesares, al 10,3 por ciento; o
que otros servicios, como los médicos, lo han hecho al 7,7 por ciento,
etcétera. Lo sabe usted, está también, en parte, en el informe.

Señor Montoro, seguimos teniendo ahí un problema. Sé que es un problema
difícil, no quiero hacer ninguna demagogia, lo que quiero señalar aquí,
señor Montoro, es que la debilidad de la demanda y la competencia
exterior son las que han tenido algún efecto, en absoluto las reformas
estructurales, fundamentalmente en la reducción de la inflación en los
sectores sometidos a la competencia. En todo lo demás, discurso, ninguna
realidad y datos nada positivos en esta dirección, lo cual significa que
tenemos que seguir haciendo un esfuerzo.

Los precios administrados, señor Montoro --está también en su informe--,
han tenido un comportamiento en absoluto congruente con el objetivo que
deseamos. Se ha hecho una política bastante artificial, se ha obligado a
algunas empresas a no repercutir el margen en determinadas elevaciones de
costes o incluso se han alterado los mecanismos habituales de fijación de
los precios administrados. Si los precios administrados que están
sometidos a autorización han tenido un crecimiento medio en el año del
2,6 por ciento y, para el año que viene, se anuncia un comportamiento
neutro o quizás incluso negativo a base de modificar las normas de
fijación de esos precios, me pregunto si eso es sostenible en el tiempo.

Ni siquiera le voy a criticar, lo que digo es que si usted dice que, a
partir de ahora, la bombona de butano, porque lo dice el Ministerio de
Industria o el Consejo de Ministros, no sube o incluso la bajamos, muy
bien, pero eso será una decisión estrictamente política, no tiene nada
que ver con los costes ni con la competencia. Esto es lo que me preocupa,
señor Montoro, ya se lo señalé otra vez. Me preocupa, en primer lugar,
que no se haga todo lo que se puede hacer, por ejemplo, en materia de
electricidad, porque se puede hacer bastante más de lo que han anunciado;
en segundo lugar, me preocupa que hagan algunas cosas que después se
vuelvan como un bumerán y acaben por volver a hacer saltar las
elevaciones de precios que se habrían producido.

En el año 1997 tenemos, además, un problema. En este momento hay una
revalorización del dólar y esto plantea un problema serio, de inflación
importada, especialmente en el área energética y en el área de las
materias primas. Esto es algo que yo sé que a ustedes les preocupa. El
tema de la inflación no es como para hacer un canto solamente al pasado.

Los datos de comportamiento de la peseta y del dólar hacen prever una
inflación importada que no sé en este momento valorar, pero que me
preocuparía desde luego si estuviera en su pellejo, porque es un tema
serio, sobre todo teniendo en cuenta algunos otros problemas.

Usted ha dicho que, medido por los tres países que mejor comportamiento
de inflación han tenido entre noviembre y diciembre del año 1996 en la
Unión Europea, hay una mejora en nuestro cumplimiento de los objetivos de
convergencia y del diferencial. Es verdad que ésta es la forma de
medirlo, pero le recuerdo que tenemos la ventaja de que esta forma de
medición, la medición con el IPC transitorio, algo nos beneficia y esto
probablemente nos puede dar algo de margen. Pero yo no estaría demasiado
tranquilo, porque éste es un año muy complicado y si parece razonable que
se pueda cumplir el perfil de decrecimiento de los precios en los
primeros meses, sin embargo las previsiones son más bien de una
aceleración de nuevo de los precios, especialmente si se produce una
recuperación de la economía como la que ustedes y yo deseamos en la
segunda mitad del año 1997, lo que nos llevaría a que el índice de
precios en 1998, según las previsiones más fiables hoy, pudiera ser
incluso superior al de 1997. Esto nos sitúa ante un perfil de precios en
el que la batalla está muy lejos de haber sido ganada y en el que,
además, la evolución de la peseta en relación con el dólar y,
especialmente, la evolución de la energía pueden producir disgustos
serios en lo que es probablemente uno de los mayores logros de la
política que todos, ustedes y nosotros, hemos venido haciendo en este
país para reducir la inflación.

Tercero, señor Montoro, el déficit. Dicen ustedes que se ha cumplido el
déficit en términos de contabilidad nacional. Quizás. ¡Ojalá que sí! ¡Qué
menos que se cumpla en términos de contabilidad nacional! Si no lo
estuviéramos cumpliendo en términos de contabilidad nacional no sé dónde
estaríamos en este momento. Tengo dudas razonadas y razonables sobre cómo
se ha cumplido ese objetivo, pero quiero que entienda, señor Montoro, que
tengo una dificultad imposible de superar cuando a la vez que quiero
hacer un análisis riguroso no quiero contribuir a la pérdida de
credibilidad de uno de los elementos más serios que tenemos en este país.

Ya hablamos en la discusión de los presupuestos de cómo han llegado
ustedes a lo que han llegado. Usted ha vuelto a mencionar una palabra que
no le acepto, señor Montoro, como usted sabe muy bien, y le ruego que la
retire. Utilice eufemismos, hasta ahí podemos entendernos; de alguna
forma hay que hablar, pero de agujeros nada.

Es verdad que ustedes han hecho un enorme ejercicio imposible de aceptar,
que es el de trasladar al pasado y al futuro los problemas del déficit,
con la contabilidad creativa y con tantas otras cosas. ¿Que ahora dicen
que se cumple el déficit en términos de contabilidad nacional en el año
1996? ¡Ojala! ¿Que incluso está una o dos décimas por debajo de las
previsiones? ¡Ojalá! Ahora bien, cuando uno analiza lo que ya la
Intervención General de la Administración del Estado ha dicho en materia
de déficit de caja, a ustedes no les queda más que reconocer que todo lo
que habían dicho simplemente no lo han cumplido. Lo tengo que decir con
rigor. El déficit de caja es un desastre, señor



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Montoro; un desastre. No han cumplido ni las previsiones de mayo ni las
de septiembre ni las de hace un mes; ninguna. No las han cumplido porque
han superado todas las cotas que ustedes mismos se habían dado. No crea
que la herencia recibida, el decreto-ley o lo que usted ha llamado antes
de una forma imposible de aceptar, lo explica, porque incluso en sus
propios términos, cuando en septiembre de 1996 presentaron los
presupuestos, hicieron unas previsiones de evolución de ingresos y de
gastos que tampoco se han cumplido. No se han cumplido por el gasto ni
por el ingreso. No se han cumplido, entre otras cosas, porque lo que
ustedes creyeron que era una afrenta y que nosotros les veníamos diciendo
desde los decretos-ley de junio y de julio, ha tenido una seria
influencia sobre el resultado en términos de caja, como está reconocido
por quien haya hecho el informe de coyuntura y como anteriormente lo
reconoció el Banco de España. Se han caído, señor Montoro, los ingresos y
se han caído especialmente algunos ingresos, precisamente aquellos en los
cuales ustedes pusieron mucho énfasis y que merecieron por nuestra parte
que dijéramos que estaban haciendo legalmente --nadie ha puesto en
cuestión que no lo hicieran legalmente-- concesiones, regalos fiscales a
objetivos, a personas, a colectivos que significaban, sin embargo, una
pérdida de ingresos en este país que íbamos a pagar entre todos.

Esto hoy es evidente. El déficit real ha crecido un 16,4 por ciento. Como
la teoría del agujero es falsa, sin duda alguna éste es el déficit de
este año, que ha crecido respecto del año anterior, a pesar de que
ustedes en la literatura oficial están difundiendo todos los días estas
cosas e incluso han conseguido que la Unión Europea les acepte algunas.

Si se hace el descuento de la influencia del decreto-ley 12/1996, resulta
que la reducción del déficit de caja respecto del año anterior es tan
sólo del 2,7 por ciento, que es algo radicalmente distinto de lo que
ustedes habían previsto no ya en mayo, no ya en el cuadro macroeconómico,
sino en la presentación de los presupuestos cuando hicieron aquello del
presupuesto base a partir del cual había que hacer las proyecciones de
ingresos y de gastos.

Ustedes preveían unos ingresos, preveían un déficit de 3,17 billones de
pesetas y éste se ha convertido en 3,68. El déficit real, descontados los
pagos, es de 3 billones 80.000 millones de pesetas, que significa una
desviación de más de medio billón de pesetas respecto de las previsiones
no del Partido Socialista, no del Gobierno anterior, sino de las
previsiones del Gobierno del Partido Popular del mes de septiembre, de
anteayer, como quien dice. ¿Por qué, señor Montoro? ¿Por el análisis
malvado y lleno de malquerencia que hace el Partido Socialista de su
política? No, por lo que ustedes paladidamente ya reconocen en este
momento: que ha habido una caída radical en los ingresos por IRPF.

Usted y yo tuvimos una discusión, creo que fue en su última
comparecencia, en la que me decía ¡qué menos que el crecimiento del IRPF
para 1997 se produzca al ritmo del PIB nominal! ¡Qué menos!, me decía
usted. ¿Recuerda cuánto ha crecido el PIB nominal en 1996? Algo más del 6
por ciento. (El señor Secretario de Estado de Economía, Montoro Romero:
Un 5,8.) Bueno, un 5,8 por ciento. Pongamos la diferencia sobre el
deflactor y sobre el PIB real, lo que a lo mejor nos hace variar algunas
décimas. ¿Cuál es el crecimiento del IRPF, señor Montoro? El 0,8 por
ciento. ¿Cree usted que a partir de la constatación de lo que ustedes han
gestionado en 1996 tienen credibilidad hoy sus previsiones de crecimiento
de ingresos para 1997? Con sus propias palabras, señor Montoro, si no es
posible superar esto y además están dispuestos a seguir justificando lo
que en su propio informe está, el que han producido reducciones a través
de modificaciones en las retenciones fiscales, en los módulos, en el
régimen de las plusvalías, en las rentas del capital inmobiliario o en
tantas otras cosas; si esta realidad que es la que está en la raíz de la
explicación de por qué se ha producido esto sigue para los próximos años,
¿es posible creer, señor Montoro, la cifra de ingresos que ustedes daban?
Recuerde que en septiembre habían previsto nada menos que un crecimiento
de los ingresos del 7,8 por ciento y recuerde, señor Montoro, que la
realidad es del 3,9 por ciento. Recuerden que en el IRPF nos estaban
dando un 6,3 por ciento, y el resultado es un 0,8 por ciento. Esto es,
mejor que cualquier otra cosa, lo que explica el déficit, más de medio
billón de déficit respecto de sus previsiones de anteayer. Esto es lo que
ha ocurrido en caja, señor Montoro. Transformado a contabilidad nacional,
me dirá, esto es lo relevante para Maastricht. Lo único relevante que hay
en el mundo no es lo que ocurre en Maastricht, señor Montoro; lo
relevante es todo, y el déficit en caja está encubriendo o está poniendo
de manifiesto en este momento la enorme presión que existe sobre el
déficit en contabilidad nacional y la dificultad de su sostenimiento en
el tiempo. Señor Montoro, teniendo en cuenta que en Sociedades y en IVA
apenas se han mantenido las previsiones ligerísimamente por encima, esto
me lleva a que estamos ante un problema serio, no solamente ante un
problema de elasticidad de los ingresos en relación con el PIB, sino ante
un problema de política, un problema de opciones, de prioridades y de la
adecuación de su política a los objetivos que, repito de nuevo, podemos
compartir.

En esta dirección me preocupa 1997 y me preocupa mucho porque no es
creíble hoy tampoco o no es suficientemente creíble, señor Montoro, que
ante los cambios en las previsiones de crecimiento de las economías
mundiales y de las europeas, se pueda seguir pensando con realismo en un
crecimiento del tres por ciento de la economía española. Recuerden lo que
acabamos de saber prácticamente hace unos días del comportamiento de la
economía alemana. La economía alemana no solamente no ha crecido lo que
se decía que iba a crecer --ha tenido un perfil de crecimiento no
precisamente de recuperación después del bache de 1993: en 1994 creció en
un 2,9, en 1995 un 1,9, en 1996 solamente un 1,4--, sino que, lo que es
más grave, ha terminado el año con un crecimiento cero en el último
trimestre, es decir, estancada, y las previsiones de crecimiento de la
economía, que se daban en el entorno del 2,4 o del 2,6, se están
rebajando en estos momentos por los institutos alemanes que usted conoce
hasta el 2, y con cierto optimismo. ¿Será posible que la economía alemana
tire del resto de la economía europea? Salvo la economía británica, la
economía alemana, la francesa, la italiana y la española, que está mejor,
están en crecimientos inferiores



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a los que habíamos previsto todos, usted, yo y otros. Señor Montoro, en
estas circunstancias, ¿sigue siendo realista o es menos realista hoy que
hace tres meses defender un crecimiento de la economía del tres por
ciento? Y si ese crecimiento de la economía del tres por ciento, que
ojalá se logre y se supere, es menos realista, ¿no será aún mucho menos
realista defender un crecimiento o un comportamiento del déficit y una
evolución de los ingresos como la que está prevista en los presupuestos
para 1997?
Esto me preocupa, señor Montoro, por muchas cosas, me preocupa, como creo
que le preocupa, lo diga usted o no, a usted también, porque
evidentemente estamos ante un escenario en el que todavía no está escrito
todo y hay muchas cosas que pueden ocurrir este año todavía, por ejemplo,
que ante las dudas sobre la evolución de las economías y el cumplimiento
del déficit, etcétera, empiecen a producirse enormes nerviosismos en los
mercados monetarios y financieros, que la declaración de alguien que no
nos quiera muy bien o que no nos desee en Davos tenga los efectos que
puede estar teniendo y que los comportamientos de especial crispación por
parte de algunos miembros de este Gobierno tengan también efectos
negativos en términos de perspectivas económicas.

Señor Montoro, yo creo que tenemos algunos problemas. Sabe usted que este
grupo, haciendo muchas veces de tripas corazón, está dispuesto a seguir
apostando por lo que es una causa general nacional, que compartimos, nos
guste o no nos guste lo que ustedes hacen o dicen, pero eso no les da una
patente de corso para pretender que comulguemos con ruedas de molino. Yo
quiero, señor Montoro, seguir contribuyendo responsable y razonablemente
a que este país entre en la primera fase en la Unión Económica y
Monetaria, pero me gustaría que me conteste al menos a alguna pregunta.

¿Van ustedes a hacer un ajuste presupuestario a partir de los nuevos
datos de la economía internacional, de los nuevos datos de la evolución
del déficit y de los nuevos datos de evolución económica de nuestro país,
como daba la impresión que ya concedía el Secretario de Estado de
Presupuestos en declaraciones de ayer o de anteayer? Segundo, ¿creen
ustedes que eso es posible, con la actual política que están llevando a
cabo en materia de ingresos y con la renuncia a ingresos, que
naturalmente hacen que el aumento del déficit de caja sea un problema
estructural, no coyuntural, porque ustedes han renunciado permanentemente
a ingresos, a la vez que una parte de los gastos que se han reducido son
gastos que no se pueden reducir permanentemente, salvo que el capítulo 1
lo mantengan indefinidamente congelado? Lo digo en passant o de paso,
señor Montoro, por eso de que la reducción del déficit puramente
estructural solamente se puede entender en el sentido de que el
crecimiento económico de este año no ha sido tan fulgurante como para
haber ayudado a que la evolución de los ingresos y la reducción de gastos
sea muy intensa, pero pretender que ustedes han hecho una política de
elevación de ingresos fiscales o una política de reducción permanente de
gastos, que es en lo que consiste una reducción del déficit estructural,
simplemente me parece ciencia-ficción, lo diga usted o lo diga el propio
informe de coyuntura. Más bien lo que tenemos es un problema de pérdida
permanente de ingresos, que forma parte de una política que ustedes han
hecho, que ciertamente tiene beneficiarios objetivos y que me parece que
es profundamente desafortunada para alcanzar los objetivos de
convergencia en materia de déficit. A la vista del resultado de lo que
está ocurriendo en Seguridad Social, a la vista del resultado de la caída
de los ingresos y de lo que está ocurriendo con el déficit de caja, me
parece que tenemos algunos problemas en este país que debieran llevarnos
al menos a una valoración moderada y desde luego nada triunfalista de los
problemas. Tenemos algunos problemas en la inflación, tenemos problemas
serios en el déficit, señor Montoro, el crecimiento económico no está en
absoluto garantizado y ciertamente tenemos todos que seguir arrimando el
ascua a una sardina, que es la común.

Termino por donde empecé, señor Montoro. Si quiere el Gobierno al que
usted representa que nuestra responsabilidad con este país y desde luego
con el Gobierno sea una responsabilidad como la que es razonable exigir a
quien comparte los objetivos, no pueden estar llevando a cabo todos los
días un comportamiento que signifique añadir crispación a los problemas
más difíciles que tiene este país. Yo no voy a hacer ninguna demagogia
con lo que ha ocurrido en Davos o con las tonterías que algunos están
diciendo en este momento. Creo que este país tiene derecho a estar en la
primera hora si cumple los objetivos, y en esa política van a tener el
apoyo de la oposición, van a tener naturalmente el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista, y no vamos a aceptar que nadie nos diga que no
podemos estar en la primera hora porque tenemos que estar acompañados por
otros países del sur, del norte, del este o del oeste. No es posible, no
lo aceptaremos, políticamente hablando. A la vez, señor Montoro, quiero
que entienda usted que la política de responsabilidad que estamos
haciendo en esta cuestión no puede verse correspondida por la crispación
de la vida económica, de la vida política, irresponsable e injustamente
y, además, con consecuencias enormemente negativas, señor Montoro, sobre
la confianza de los operadores internos y de los operadores
internacionales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, para orientar la intervención
de mi grupo parlamentario creo que dispongo de diez minutos y voy a
intentar hacerlo en ese breve tiempo que usted ha dispuesto para que los
grupos fijen su posición. Hay quien piensa que todavía tiene un
Reglamento a su disposición como para hacer una intervención tan larga y
luego recomendarnos a los demás grupos y a las instancias políticas del
país un cierto clima de posición política que creo que debían aplicarse a
ellos mismos. Si la situación de la economía y el análisis económico que
hemos hecho del momento y del curso que hemos cerrado de 1996 son tan
optimistas o positivos en sus previsiones en estos momentos, ¿por qué no
reconocemos que las orientaciones que se le están dando a la economía con
las últimas medidas son positivas? ¿Por qué no dejamos



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de criticar y de cuestionar el acierto de determinadas decisiones en
materia económica, adoptadas en los últimos seis, siete u ocho meses,
cuando hoy, en el debate que estamos haciendo, constatamos que las
magnitudes económicas nos están indicando que la evolución de la economía
española está siendo buena? ¿Por qué no reconocemos lo que es obvio, lo
que es una realidad ya, hoy, en las cifras macroeconómicas?
Señor Secretario de Estado, perdone usted esta introducción en nombre de
mi grupo, pero tras esta larga espera para intervenir he tenido que hacer
esta observación inicial, porque me parecía justa. Yo le doy la
bienvenida. La suya ha sido una buena intervención. Me imagino que en su
interior sentirá que ha sido incluso satisfactoria. Yo le sitúo a usted
uno o dos años antes, cuando estaba en la oposición, haciendo sus
discursos políticos en representación del Partido Popular, y hoy nos
viene y nos expone un balance de la situación económica que a cualquier
secretario de Estado de Economía le debe producir cierta satisfacción
hacer, porque, como ve, no sé si son los vientos o no, pero el diseño, el
análisis, la perspectiva que ofrece hoy la economía española son
altamente positivos. Mi grupo lo valora, es decir, compartimos ese
análisis económico.

El país puede entrar en la Unión Económica y Monetaria. Estamos en una
buena orientación para poder garantizar la incorporación de la economía
española en la Unión Económica y Monetaria. Que los mercanos no titubeen
ni tengan ninguna incertidumbre en esta predicción, porque vamos a tomar
todas las medidas necesarias que estén a nuestro alcance y que estén al
alcance de la capacidad soberana de la economía española y de las
autoridades económicas para garantizar la incorporación de España a la
Unión Económica y Monetaria. Ahora bien, usted ha diseñado un contexto de
la economía en los próximos meses. Vamos a propiciar una tendencia a la
baja y a la reducción del déficit público. Vamos a experimentar también
una tendencia de contención de precios y de inflaciones moderadas,
incluso contenidas a la baja, y esto también es cierto, y se va a dar
como consecuencia todavía una progresiva reducción de los tipos de
interés con los efectos que ello tiene sobre el crecimiento económico y
básicamente sobre la inversión. Y no es triunfalismo, señor Secretario de
Estado, poder afirmar hoy que este balance que usted nos ha presentado y
las perspectivas para 1997 nos permiten apuntar prácticamente que, con
mucha certeza, el país está en buenas condiciones para entrar en la Unión
Económica y Monetaria. No obstante, señor Secretario de Estado, quisiera
hacer algunas observaciones al informe que nos ha remitido y a su
intervención, algunas consideraciones o comentarios cautelares en los que
mi grupo quiere poner el acento del análisis político del momento.

Quisiera transmitirle a usted y a los miembros de la Comisión que todo el
informe del que hemos podido disponer pone de manifiesto un dato muy
interesante que no debiéramos dejar de valorar, que es la importancia que
tiene el saldo exterior en nuestra economía, la evolución que están
teniendo en estos momentos las exportaciones y las importaciones, que
junto con el análisis de este saldo exterior y con la evolución que
tienen los gastos de no residentes en España y los gastos de los
residentes en el exterior, prefiguran una economía que se está
internacionalizando a unas velocidades galopantes. Este es el dato más
interesante, señorías, para el futuro. Nuestra economía va a crecer, si
crecen las exportaciones. Nuestra economía crecerá en un futuro y se
estabilizará, si se hace más presente en el mercado internacional, con lo
cual hay que intensificar todas aquellas decisiones y medidas que puedan
orientar y favorecer que la sociedad española se proyecte y se haga más
presente en los mercados económicos internacionales. En este sentido
quiero constatar que la tasa interanual de crecimiento en las
exportaciones es un dato muy importante que nos permite recuperar el
saldo exterior y reducir por primera vez desde mucho tiempo y a partir
del segundo trimestre de 1996 el déficit que habíamos ido acumulando en
el saldo exterior. Por tanto, la economía se orienta hacia una buena
dirección. Si observamos la espectacular evolución de los gastos de no
residentes en España, turismo y viajes básicamente, vemos cómo más de 3,5
billones de pesetas proceden de esta dinámica económica, 62 millones de
personas, un 6 por ciento de crecimiento del número de extranjeros en
España durante el año 1996, que da un balance nominal de crecimiento del
10 por ciento. Este ámbito de la economía está creciendo nominalmente en
unos porcentajes muy importantes, como también los gastos de los
residentes en el exterior, que están aumentando a tasas del 14,5 por
ciento.

Señorías, señor Secretario de Estado, hay que tomar, pues, muchas más
medidas y decisiones que ayuden a aprovechar esa dinámica de
internacionalización de la economía española. Hay que tomar muchas más
decisiones estructurales que ayuden a que la economía se haga más
presente en el ámbito internacional. Nuestro futuro está en esta
dirección. El crecimiento del empleo en la economía española está en
función de que seamos capaces de estar mucho más capacitados para
penetrar en los mercados europeos internacionales. Yo quisiera que nos
centráramos no sólo en el análisis de la economía interior, en cómo va el
consumo o cómo funciona nuestra dinámica interna, sino que por primera
vez en España, cuando analicemos la economía, nos proyectáramos en el
mercado internacional. Esto es lo que hace el Bundesbank en Alemania
cuando analiza la situación económica o lo que hacen Estados Unidos o
Japón. España no debe tener en estos momentos ninguna duda en valorar
políticamente que es más importante diseñar nuestra estrategia económica
de penetración y de crecimiento en el exterior que nuestro mercado
interno. El mercado interno será un mercado de reposición, ya no será un
mercado de gran expansión. La gran expansión nos viene por ser capaces de
orientar la economía española con capacidad de competir en los mercados
internacionales, y ello requiere, señor Secretario de Estado, más
medidas: medidas sectoriales, medidas en la línea de favorecer ese
proceso, medidas de estímulo a sectores; un cambio de mentalidad de la
política económica, un cambio de mentalidad en las decisiones y en los
compromisos desde la instancia política para defender y propulsar la
acción económica de los intereses de la economía y de la sociedad
española en el mercado internacional. Esta es la sugerencia



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que le transmitimos, que se intensifique ese cambio de mentalidad y que
se haga real con medidas y decisiones que puedan aprovecharse en esa
dirección.

Una segunda observación que quisiera hacerle es la relativa al mercado
interno, donde quisiera apuntarle nuestra preocupación por la evolución
que está experimentando el sector de la construcción. Ahí, quizás, está
el punto negro de nuestra coyuntura en este momento, ese punto negro que,
por los datos que usted nos ha dado, si hacemos el análisis del valor
añadido bruto referido al sector de la construcción, no nos presenta unas
perspectivas positivas. (El señor Vicepresidente, Martínez Sanjuán, ocupa
la Presidencia.) Es más, tenemos tasas interanuales de valor añadido
bruto de un 4,8 en términos negativos y tasas trimestrales del 6 por
ciento también en términos negativos. Es verdad que, como usted ha dicho,
a partir del tercer y cuarto trimestre de 1996 ya se constata un
incremento de la licitación oficial con tasas realmente importantes; de
súbito ha habido un incremento importante de licitación oficial que
permite apuntar que vamos a tener una recuperación de ese sector, pero
todavía no existe. Si estudiamos los índices del clima de expectativas
del sector de la construcción, vemos que todavía es negativo, con tasas
del 14 y 15 por ciento. Es decir, este sector se proyecta todavía con
escepticismo hacia el futuro. No obstante, España tiene el gran problema
de promover el mayor acceso por parte de la población a la vivienda.

Nuestro grupo quiere transmitirle que es importante tomar medidas
sectoriales, dirigidas directamente a cambiar las expectativas del sector
de la construcción. Usted ya lo ha apuntado, incluso ha sugerido en su
intervención que deberían tomarse algunas decisiones. Nuestro grupo
quiere estimularle al Gobierno y a usted personalmente para que el plan
nacional de la vivienda no se retrase ni un día, si es posible, y que
contenga medidas de muchos órdenes pero especialmente tributarias;
medidas tributarias que podrían ayudar a activar tanto la demanda como la
oferta en el ámbito del sector, ponderando especialmente aquellos ámbitos
donde más nos interesa promover una reactivación, que es en vivienda y
preferentemente en vivienda de alquiler, como usted ya ha indicado. Por
tanto, desde nuestra posición política le quiero transmitir esta
prioridad; prioridad para que en los próximos treinta, cuarenta o
cincuenta días el plan nacional de la vivienda pueda ver la luz, con
medidas interesantes que puedan activar este sector, que es el que en
estos momentos nos preocupa, del cual se desprendería una repercusión
general en toda la economía, creando más expectativas de empleo y
generando más actividad económica en el mercado interior.

Señor Secretario de Estado, en tercer lugar, quisiera hacerle una
observación en cuanto al mercado laboral. Nos preocupa la desigual
evolución que experimenta el mercado de trabajo. Las estadísticas, los
datos y su mismo informe ponen de relieve cómo los costes laborales están
evolucionando de forma desigual en nuestra economía en función de cuál es
la naturaleza del contrato de trabajo. Es importante que el diálogo
social en estos momentos saque a la luz unas importantes conclusiones.

Políticamente mi grupo quiere levantar la voz ante la sociedad y ante la
opinión pública sobre la trascendencia de este proceso de diálogo social
entre sindicatos y empresarios. A ver si por primera vez en este país los
ámbitos sociales representados por los sindicatos y los empresarios
pueden configurar un marco de acuerdo, para comprometerse en el momento
económico en que nos encontramos. Ha habido responsabilidad en el ámbito
político. Hemos sido capaces de establecer unos marcos de consenso
político, en los cuales ha podido orientarse una política económica que
usted presenta como positiva, pero es muy importante que el compromiso de
empresarios y sindicatos se vincule al momento económico y se
responsabilicen, estableciendo un marco de acuerdos que permita hacer la
reforma que la situación requiere. En ese sentido, señor Secretario de
Estado, todos los grupos políticos deberíamos responsabilizarnos e
incidir en el momento en que estamos para que empresarios y sindicatos
puedan concluir con unos compromisos que nos permitan avanzar en esta
dirección.

Quisiera transmitirle una cuarta observación, sobre los tipos de interés.

Ha hecho una valoración muy brillante de la evolución de los tipos de
interés. Ya hubieran deseado otros secretarios de Estado anteriores haber
realizado el marco de presentación que ha expuesto usted en torno a este
tema, pero mi grupo quisiera más, quiere decirle más cosas al Gobierno.

Está muy bien lo que se ha hecho, cómo no. Ahora bien, como usted ha
puesto de relieve, todavía nos falta terminar de ajustar a la baja el
proceso de reducción de los tipos de interés. Hay margen para ello, un
margen de un 0,75 o de un punto, y a lo largo de los próximos meses
deberíamos determinar el contexto económico necesario para que las
autoridades monetarias pudieran proceder a este ajuste a la baja. Esto
quiere decir control del déficit público y control de la inflación. En lo
que se refiere al déficit público, pedimos que el Gobierno sea muy
escrupuloso en el cumplimiento de los presupuestos que hemos aprobado. Es
tal la exigencia de mi grupo en este sentido que le anticipo que vamos a
presentar unas proposiciones no de ley en esta Comisión urgiendo al
Gobierno a que nos dé a conocer las actuaciones internas que se están
adoptando ya en estos momentos a nivel de ministerios para poder
garantizar que se van a cumplir las previsiones presupuestarias. No va a
haber ninguna actitud de relajamiento en cuanto a hacer efectiva la
previsión presupuestaria que se ha acordado y con la que nuestro grupo se
ha comprometido. Por lo tanto, no esperemos al mes de junio o a diciembre
para ver cómo termina la evolución de la previsión presupuestaria. Ahora
que estamos a comienzos del mes de febrero, vamos a exigirles y a
compartir con ustedes ese proceso de control y de seguimiento de la
aplicación presupuestaria, porque de ello se desprende el clima de
confianza hacia los mercados para poder aplicar ese ajuste final de
reducción de los tipos de interés.

Creo, señor Secretario de Estado, que la bajada de los tipos oficiales se
ha traducido a los mercados, pero en algunos aspectos todavía podía
haberlo hecho más. La población nos lo dice. Han notado la reducción de
los tipos aplicables a los productos que se comercializan por
instituciones financieras, pero no con la intensidad ni con la celeridad
que desearían. En ese sentido, quiero apuntarle un



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dato interesante. El tipo que se aplica hoy a los descubiertos todavía no
se ha ajustado a la baja. Un tipo efectivo sobre descubiertos situado en
torno al veinte y pico por ciento es desmesurado y podría ajustarse. Es
un dato puntual que pone de relieve que todavía hay margen para poder
terminar de ajustar a la baja los tipos de interés en los mercados.

La última observación que quisiera hacerle en cuanto al informe económico
que ha expuesto es la relativa a las previsiones de incorporación a la
Unión Económica y Monetaria. Según su análisis cumplimos en inflación; en
tipos de interés podemos cumplir y cumplimos; cumplimos también en el
déficit público, al menos en cuanto a las previsiones de estar por debajo
del tres por ciento del PIB. Lo que no sé exactamente es si en cuanto a
la deuda acumulada vamos a cumplir. Podemos hacerlo porque tenemos un
margen de actuación muy pequeño y el porcentaje que hemos de ajustar es
muy bajo. Hay muchos países que tienen un problema mucho mayor que el
nuestro. Quisiera saber qué vamos a hacer para conseguir esos nueve
puntos que hemos de reducir de endeudamiento acumulado sobre el PIB, qué
medidas se pueden tomar a lo largo del año para terminar de ajustar ese
69,3 por ciento de deuda pública acumulada y situarnos por debajo del 60
por ciento. No vaya a ser que Bruselas se acoja a ese punto para dar a
los mercados una cierta incertidumbre de que España, a lo mejor, no entra
en la Unión Económica y Monetaria. Podemos hacerlo por la previsión de la
inflación, podemos hacerlo por la previsión de los tipos de interés y
podemos hacerlo, también, por la previsión del déficit público. En cuanto
a la deuda, despejemos la incógnita. Digámosles a los mercados y a las
autoridades europeas que esos 9,3 puntos de endeudamiento lo vamos a
reconducir en un determinado sentido. Le pregunto qué se va a hacer al
respecto.

Finalmente, quiero comentar algún aspecto muy concreto en cuanto a la
evolución de la peseta en relación con otras monedas europeas. Como se
aprecia en el informe que ha hecho, entre finales de noviembre de 1996 y
el 15 de enero de 1997, los datos del mercado nos han indicado que la
peseta se depreció frente al dólar americano en un 3,24 por ciento. En la
posición efectiva de la peseta, tanto frente a países desarrollados como
frente al conjunto de la Unión Europea, la peseta registró una
depreciación. Por lo tanto, hemos tenido una importante ganancia de
competitividad, del 0,43 y del 0,20, respectivamente. Puede afirmarse que
la reciente apreciación de la peseta frente al marco no ha tenido ninguna
consecuencia negativa para el nivel general de la competitividad global
de la economía española, pero hay previsiones e incertidumbres en los
mercados de cómo puede evolucionar finalmente la paridad de nuestra
peseta antes de entrar definitivamente en la Unión Económica y Monetaria.

Sé que ahora estamos a trece meses del momento en el que valoraremos la
situación de la economía para incorporarnos. Trece meses son muchos meses
en el mercado monetario internacional. Quisiera anticiparme y animarle a
que vigile muy estrechamente este tema, no sólo desde la perspectiva de
observador externo al proceso, sino en la de que se constituya una
estrategia política de cómo llegar a garantizar el final de la paridad de
nuestra moneda para incorporarnos plenamente a la Unión Económica y
Monetaria. En función de cómo se consolide la paridad monetaria de
nuestra moneda en relación con el marco o con las demás monedas, vamos a
establecer el techo de salida para poder relacionarnos en el contexto
internacional con más capacidad de competir. He indicado que nuestro
futuro está en el campo internacional, en el que la dinámica de
crecimiento se está acelerando. La paridad de la peseta en relación con
las monedas será buena parte de la clave de nuestro crecimiento y
expansión futura. Por eso quisiera indicarle, señor Secretario de Estado,
que este punto es muy importante, que deberíamos tener una estrategia
política muy clara para defender los intereses propios del país en ese
proceso.

Estas son las principales observaciones que puedo hacer sobre la
presentación del informe por parte del Secretario de Estado. Quiero
animar a todos los grupos a ser optimistas ante la situación económica, a
efectuar las críticas políticas, lógicas, que debe hacer todo grupo
político, que administra su situación en función de si está asumiendo
responsabilidades de gobierno o si está en la oposición, pero no nos
pasemos en las críticas no fundamentadas, en un momento en que las
medidas tomadas en los últimos seis o siete meses están reflejando que la
economía está teniendo una buena evolución. Animo al portavoz del Grupo
Socialista (que tenía razón cuando decía que no contribuyamos nosotros a
generar mayor inestabilidad donde hasta la fecha no la había) a que
contribuya por su parte valorando positivamente las medidas que se toman
y que no las cuestione y debilite ante la opinión pública por razones
políticas cuando en el fondo las medidas están siendo de manera
constatable positivas y tienen efectos positivos en los mercados. Hagamos
todos ese ejercicio de responsabilidad.

También animo --y para ello uso las palabras que ha dicho el portavoz del
Grupo Socialista-- a que desde el Gobierno no se activen análisis y
posiciones que puedan contribuir a generar climas, digamos, que no nos
ayuden. Estamos de acuerdo en eso; pero también queremos que se hagan las
reflexiones y las valoraciones positivas reconociendo que las medidas que
se toman en el mes de junio y en el contexto de los Presupuestos
generales del Estado están definiendo un marco económico positivo para la
economía española.

Esta es, señor Presidente, la conclusión y la reflexión de nuestro grupo
en este momento de la comparecencia del Secretario de Estado de Economía.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo Vasco (PNV), el
señor Zabalía tiene la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, en nombre de mi grupo
parlamentario quiero agradecer la presencia del Secretario de Estado de
Economía y el informe de coyuntura que nos ha presentado y hacer algunos
comentarios al respecto después de la exposición que ha



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hecho y de lo que se desprende de este informe de coyuntura.

Quiero sumarme al optimismo que expresa el Secretario de Estado y al
optimismo que nos pide el señor Homs, portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Desde luego no hace falta, por lo que a mí
respecta, que haga ningún esfuerzo para ser optimista, porque lo soy. La
marcha de los indicadores macroeconómicos hoy en día parece que empuja
hacia esa línea y también parece que así lo están entendiendo todos los
mercados a través de las alzas que se han producido en los últimos meses.

Sin embargo, permítanme ambos --Secretario de Estado y señor Homs-- que
se más moderado que ustedes en este optimismo, movido, quizás, por un
elevado grado de prudencia que me produce el análisis detenido de la
situación económica española y las posibilidades reales de entrar en el
primer grupo de la tercera etapa de la Unión Monetaria.

Es indudable que la economía, en términos globales, está mejorando;
incluso se ha terminado el año 1996 con datos que mejoran las previsiones
que había hecho el Gobierno. En concreto, la inflación por ejemplo, ha
alcanzado el 3,2 por ciento, tres décimas por debajo de las previsiones,
la más baja cifra en el último cuarto de siglo y que rompe una barrera en
principio del 4 por ciento, que parecía infranqueable; incluso ha roto la
barrera del 3 por ciento. Esperemos que esta trayectoria no se quiebre y
podamos finalizar el año 1997 con tasas que pueden estar entre el 2,4 y
el 2,5 por ciento. Esto nos daría una situación inmejorable para cumplir
con el requisito de convergencia, siempre y cuando la media de inflación
de los tres países con mayor estabilidad en precios se mantenga en torno
a unas previsiones del 1,5 por ciento, y siempre y cuando, además, el
comportamiento del precio de los crudos y el crecimiento de los salarios
sean moderados, aspecto este último que no parece evolucionar muy
favorablemente en este principio de año y de ahí mi primera preocupación.

La otra gran variable a controlar es el déficit de las administraciones
públicas. Según el informe de coyuntura presentado se estima que en el
cierre del ejercicio pasado el porcentaje respecto al producto interior
bruto alcanzará el 4,4 por ciento, cifra que coincide con el déficit
previsto y es también una buena noticia. Sin embargo, la duda radica en
el cumplimiento del objetivo de déficit de las comunidades autónomas. El
importante endeudamiento de las administraciones territoriales pueden
poner en peligro el cumplimiento de objetivo del déficit público del 3
por ciento para 1997, requisito que es imprescindible para entrar en la
Unión Monetaria. Por tanto, el Gobierno deberá controlar la evolución del
endeudamiento y del déficit de las comunidades autónomas, exigiendo un
estricto cumplimiento de los objetivos presupuestados. Por cierto, se ha
especulado en los últimos días sobre la posible aplicación de medidas
sancionadoras para aquellas comunidades autónomas que no cumplan con el
objetivo del déficit presupuestado y a este respecto me gustaría saber si
efectivamente existen algunas medidas en esta línea.

En cualquier caso, rebajar el déficit público del 4,4 al 3 por ciento es
un objetivo muy difícil de lograr, sobre todo por el componente
estructural del mismo. Es cierto que este año las necesidades de
endeudamiento de la Administración central se reducirán, dado el
incremento que ya sufrió el pasado año propiciado por la bajada de los
tipos de interés y que, por tanto, se reducirá la ratio deuda-producto
interior bruto; pero no será suficiente si no se persiste y se ahonda en
medidas de carácter estructural.

Otra de las inquietudes de mi grupo parlamentario radica en la fuerza de
la economía española. Lo dijimos en el debate de totalidad de los
Presupuestos generales del Estado y lo volvemos a reafirmar cuatro meses
después. A pesar de la evolución positiva del crecimiento del producto
interior bruto, la estimación para 1996 está en torno al 2,2 ó 2,3 por
ciento. Es cierto que la demanda externa se ha comportado mejor de lo
previsto y puede preverse que aporte una décima al producto interior
bruto. También es cierto que la recuperación del empleo y la bajada de
los tipos de interés, junto con el buen comportamiento de la inflación,
empujan el consumo y la inversión, pero de cualquier forma, con los datos
que tenemos hoy y las previsiones de crecimiento de los países
industrializados, no podemos pensar en alcanzar el 3 por ciento previsto
en los presupuestos. No lo decimos sólo nosotros, lo están diciendo la
mayor parte de los analistas económicos y de los organismos
internacionales y nacionales que se dedican a analizar la coyuntura
económica. No estaría mal, por tanto, y nosotros nos conformaríamos, con
alcanzar el 2,8 por ciento de crecimiento para el año 1997 que, en
cualquier caso, es superior a las previsiones de crecimiento en la OCDE,
que están en el 2,2 por ciento, y en la Unión Europea, que están en el
2,7 por ciento.

Eso hace, por tanto, necesario intensificar la adopción de reformas
estructurales de la economía española que permitan alcanzar mayores
niveles de competitividad de nuestras empresas, de lo contrario, en el
mejor de los casos, mantenemos una reducción de la tasa de desempleo del
orden de un punto al año; es decir, tardaríamos más de diez años en
alcanzar la media de paro de la Unión Europea. Esto socialmente no es
admisible; intensificamos la creación de empleo o todo lo demás será un
fracaso. No es suficiente que en 1996 haya descendido en 160.000 el
número de parados, ni que en ese mismo año las colocaciones registradas
hayan aumentado en un millón, con la consideración de que de ellos
650.000 empleos fueron de carácter eventual, es decir, con contratos en
precario. Tampoco es suficiente que haya aumentado el número de afiliados
a la Seguridad Social en más del 2 por ciento; no es suficiente porque el
ritmo de recuperación del mercado laboral es muy lento y esto nos hace
establecer objetivos que contemplan tasas de paro del 21,5 por ciento
para 1997, como está recogido en los presupuestos, con una reducción que
antes situaba en un punto, pero es todavía menos de un punto. Si tenemos
en cuenta que en el año 1994 la tasa de paro era del 24,2 y las
previsiones para 1997 son de 21,5, en esos cuatro años vamos a reducir
menos de tres puntos. Por tanto, se hace imprescindible además de
conseguir mayor aceleración del crecimiento económico profundizar en la
reforma laboral y acelerar su puesta en funcionamiento.

A este respecto me gustaría saber cómo están las medidas de política de
empleo anunciadas por el Gobierno en el



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segundo plan de medidas económicas, y que comprendía toda una serie de
medidas de reforma en política de empleo, en política social, todo el
tema de liberalizaciones; el tema de la modernización del sector público,
de la administración; todo el tema de la reforma de la fiscalidad para
las pequeñas y medianas empresas. Es decir, ese segundo plan de medidas
económicas que tiene anunciado el Gobierno me gustaría saber,
concretamente en el tema de la política de empleo, cómo las va a llevar a
cabo y, desde luego, tiene que hacerlo de una forma muy rápida, yo diría
que inmediata.

A esto habría que añadir un alto grado de serenidad en la vida política,
que ha dado seguridad y tranquilidad en los mercados. Es indudable que
situaciones de crispación política no favorecen el establecimiento de un
clima adecuado para impulsar la actividad económica. Lo hemos comprobado
en la legislatura pasada y no sería, por tanto, deseable que por
intereses partidistas traslademos a la sociedad situaciones de
confrontación en momentos en que nuestra mayor preocupación es
precisamente resolver los problemas reales que preocupan hoy al ciudadano
y creo que en esto tenemos que hacer un esfuerzo todos. Debemos devolver
otra vez la serenidad a la vida política y dedicarnos a lo que
verdaderamente el ciudadano quiere que nos dediquemos que es a resolver
sus problemas.

Finalmente, no quisiera terminar esta breve intervención, que se ajusta
al tiempo que el Presidente ha dado al principio, sin expresar la
preocupación que nos producen las declaraciones, cada vez más habituales,
de líderes políticos europeos y que el portavoz socialista ha dicho que
son tonterías, pero son tonterías que a mí me gustaría oírlas al revés.

Algunos líderes europeos están haciendo planteamientos políticos para
expresar que, al final, van a ser los elementos determinantes en la
decisión de los países que van a entrar en la Unión Monetaria. Desde
luego, son, como digo, manifestaciones de líderes políticos y de
personajes de cierto peso en la opinión pública económica; no lo está
diciendo cualquiera.

Hace unos días, aparecía en los diversos medios de comunicación una
especie de mapa de la Unión Monetaria analizando la integración por
bloques. Se habla de dos y hasta de tres bloques que, en definitiva,
marcan una primera velocidad para los países del centro y norte de Europa
y una segunda velocidad para los países del sur, donde estarían España e
Italia, Portugal, Grecia y, quizás, el Reino Unido y Dinamarca. Esto
puede parecer que son tonterías, indudablemente, pero son tonterías que
empiezan a preocupar y, desde luego, la depreciación de la peseta el
pasado lunes frente a la moneda alemana, en conjunto alrededor de 1,06
puntos, se puede interpretar como la huida de inversores ante el
cuestionamiento de que la peseta y la lira puedan estar en el euro. Está
claro que las condiciones para poder acceder a la tercera fase de la
Unión Monetaria son los parámetros de convergencia que hay que alcanzar
en 1998; eso parece que nadie lo duda y, además, es lo que está
establecido en el Tratado de Maastricht; la inflación, los tipos de
interés, el déficit público, la deuda pública y la fluctuación monetaria
son los parámetros que hay que cumplir. Pero también es cierto que,
además de cumplir estos requisitos, es necesario demostrar una
trayectoria de rigor presupuestario y de control sobre el déficit público
que garanticen no sólo llegar en un momento determinado, sino la
estabilidad económica europea, y así se acordó en la Cumbre de Dublín con
el pacto de estabilidad. Por tanto, ¡ojo!, que no es solamente cumplir en
un momento determinado una serie de condiciones, también habrá que
analizar a cada uno de esos países la trayectoria que ha llevado para
poder llegar en un momento determinado a esas magnitudes económicas. Esto
puede interpretarse como una ponderación de los requisitos de acceso, y
en el fondo, comporta un planteamiento de decisión política, lo que, a mi
modo de ver, puede resultar peligroso. Por tanto, no debemos estar al
margen de las intrigas políticas que pueden subyacer por ahí,
concretamente, entre Francia y Alemania; no debemos de estar al margen de
estas intrigas. No debemos dar menos importancia de la que, en principio,
puede parecer que tienen estos comentarios. No será cierto al final, como
se dice, que España no va a entrar si no entra Italia, y esto es una
tontería, pero, ¡cuidado!, no vaya a dejar de ser una tontería.

A medida que se acercan las fechas, los rumores crecen, la incertidumbre
también, y los mercados lo están diciendo. Por consiguiente, sería
conveniente que el Gobierno estuviese atento a estos movimientos y
abordase cualquier intento de politizar la selección de los países que
van a entrar en la Unión Monetaria. El proceso de construcción europea no
puede estar sujeto a los vaivenes de criterios que no estén prefijados,
porque si ya en estos momentos tienen poca credibilidad ante la opinión
pública el proceso de integración europea, todavía podría tener menos, y
esto creo que es peligroso. En consecuencia, animo al Gobierno a que esté
atento y dé la importancia que pueden tener a todos estos movimientos y a
todas estas sugerencias que están apareciendo últimamente en la opinión
pública y que, desde luego, a mí personalmente, a nuestro grupo
parlamentario, empiezan a darle una sensación de que cuando el río suena,
agua lleva.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.

Recuerdo a los portavoces que quedan por intervenir que a las doce, según
el orden del día, estaba prevista la comparecencia del señor
subsecretario. Vamos a ver si conseguimos agilizar los debates, sin
perder eficacia y rigor, para intentar cumplir el horario previsto.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, de acuerdo con su
recomendación, voy a ser brevísimo.

En primer lugar, agradecer la comparecencia del señor Secretario de
Estado de Economía, así como su informe sobre la coyuntura.

La posición del Grupo de Coalición Canaria coincide fundamentalmente con
lo que se ha expresado aquí por los portavoces del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y Grupo Vasco (PNV), que me han precedido en el uso
de la palabra; por tanto, creo que estamos todos de acuerdo en que el año
de 1996 ha sido un año bueno para España, no solamente



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desde el punto de vista económico, sino también por la paz social habida.

Creemos que prueba de ello está en el reconocimiento internacional de los
aspectos positivos predominantes en nuestra economía. La agencia de
calificación norteamericana Moody's asignó por primera vez al Reino de
España la máxima calificación habida hasta ahora. Eso es plausible, es
materia de optimismo y materia de satisfacción, pero cuidado con los
últimos acontecimientos que se están produciendo en materia monetaria y
en materia de política europea. Estoy seguro de que el Gobierno va a
hacer de la profesión de sastre una actividad muy intensa, tanto en
medidas de economía interna como de economía externa, que no voy a
enumerar aquí, porque coincido plenamente con las medidas que se han
citado como propuestas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Grupo
Vasco (PNV).

No cabe la menor duda de que el déficit se cerró en 1996 por debajo de lo
previsto, lo cual facilita el camino hacia Maastricht. Es verdad que en
términos de contabilidad nacional, y en términos de caja tenemos la
cuestión de que ese déficit creció precisamente por los 600.000 millones
de pesetas pagados por el controvertido tema de las primas únicas.

Quisiera hacer una pequeña elucubración sobre el número mágico de los
200.000 millones, aunque no sé si estos comentarios afectarían más al
Secretario de Estado de Presupuestos. Estamos de moda por los 200.000
millones, 200.000 millones es el controvertido tema. Doscientos mil
millones son las dos liquidaciones trimestrales de la Seguridad Social
que no se han ingresado; cerca de 200.000 ha sido el incremento de gastos
de personal --el 5,9--, de los cuales la mayor parte se debe a
cotizaciones no pagadas en el año 1995; cerca de 200.000 millones es el
déficit de la Seguridad Social y más de 200.000 millones es el descenso
de ingresos patrimoniales, porque la previsión era de 1.180 millones. Yo
me pregunto si se hubiesen pagado en 1995 los setecientos y pico mil
millones; si se hubiesen pagado en 1995 los 200.000 millones de pesetas a
los que acabo de hacer alusión, más los gastos de cotización que no se
pagaron en 1995 sino en 1996, el déficit en este momento estaría muy por
debajo de los 2.000 millones de pesetas.

Termino, señorías, mi pequeña intervención haciendo los votos que se han
hecho aquí por todos los grupos políticos. Es necesario que nos serenemos
en esta hora tan crucial del futuro de nuestro Estado, de nuestra España,
porque estamos jugándonos algo importantísimo, como es el Estado del
bienestar, el prestigio de España y, sobre todo, la dignidad de ser un
pueblo que tiene la cabeza sobre los hombros y no podemos levantarnos
todos los días con discusiones, con descalificaciones y actitudes
negativas que no conducen a nada.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Gracias, señor Gómez, por
haber cumplido eficazmente su anuncio de ceñirse al tiempo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Le aseguro, señor Presidente, que hubiera
ceñido mi intervención al informe de coyuntura que ha presentado el señor
Secretario de Estado, pero en ningún caso puedo eludir que aquí se han
hecho pronunciamientos por parte del portavoz socialista, tanto al inicio
de su intervención como al final, sobre el clima de crispación que se ha
instalado en la vida política española.

A mí me parece, señor portavoz, que usted respira por el daño que puede
haber sufrido la imagen del Partido Socialista al conocer la opinión
pública que durante sus mandatos se ha tratado a unos contribuyentes de
manera distinta a otros contribuyentes. (Varios señores Diputados del
Grupo Socialista: ¡Otra vez!--Un señor Diputado del Grupo Popular: ¿Quién
lo ha sacado?)



El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señor Aguirre, S. S. conoce
bien que éste es un trámite de comparecencia del Secretario de Estado y
que los grupos parlamentarios deben referirse a su intervención. Le
rogaría que no entrara en un debate cruzado.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: No se trata, señor Presidente, de entrar en
un debate cruzado, sino de poner de manifiesto que mi grupo entiende que
la crispación se crea por aquellos que cometen los hechos, no por
aquellos que los denuncian; por tanto, creo que no puede pasar
desapercibido para mi grupo parlamentario que tanto al comienzo de la
intervención del portavoz socialista como al final, en la despedida y
conclusión de esa intervención, se hayan hecho afirmaciones en relación
con que se ha producido una crispación por una operación realizada por el
Gobierno, crispación que genera desconfianza, que surge de postulados
infundados. Señor Presidente, como mínimo, tendrá que permitirme que
salga al paso de ese tipo de afirmaciones. Por tanto, señor Eguiagaray,
le reitero que sería bueno preguntarse si la crispación la crea quien
comete los hechos o quien los denuncia. (Rumores.--El señor Borrell
Fontelles: ¿Qué hechos?)
Habrán comprobado que este portavoz ha sido respetuoso y cortés con la
intervención del portavoz socialista, por tanto, rogaría a SS. SS. que
tuvieran la misma actitud respecto a este portavoz. (El señor Borrell
Fontelles: Diga qué hechos.)
Entro ahora en la intervención de la mañana de hoy del señor Secretario
de Estado, al que doy la bienvenida, relativa al informe de coyuntura, y
yo recomendaría a los señores Diputados, sobre todo a aquellos que han
opinado que se puede estar creando desconfianza en la economía española,
que tuvieran a bien leer el editorial del Frankfurter Allgemeine del día
21 de enero de 1997, es decir, prácticamente de anteayer. Este editorial
tiene frases tan descriptivas como las que voy a permitirme leer en esta
intervención. Dice el editorial: En relación con España, el país parecía
sumido en una maraña de problemas económicos, escándalos de corrupción y
crisis políticas; hoy, los economistas del norte de Europa se frotan los
ojos sorprendidos cuando miran más allá de los Pirineos. El escenario ha
cambiado --agrega dicho editorial--; bajo la hégira de un banco emisor
independiente la tasa de inflación ha caído al nivel más bajo desde
hace 30 años, incluso la peseta ha recuperado



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su fuerza, y las reservas de divisas en Madrid han aumentado el pasado
año en un 62 por ciento, con lo que España, después de Alemania, es el
país que ha acumulado mayor volumen de divisas en Europa. Y sigue
diciendo: El dinero más barato de todos los tiempos surte el efecto de un
gran programa de impulso económico sobre la economía, que, a su vez,
crece con más fuera que en el resto de Europa, algo con lo que hasta hace
poco no contaba nadie. España se ha convertido hoy en un serio candidato
para el grupo de salida hacia la Unión Económica y Monetaria. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
A las personas que tienen dudas sobre cuál es en este momento la
credibilidad y la fiabilidad de la economía española en los mercados yo
les recomiendo que lean este tipo de editoriales, y supongo que no les
cabrá ninguna duda acerca de cuál es la línea editorial del periódico
alemán al que he hecho mención ni sobre el prestigio de dicho periódico
cuando emite opinión y toma posición sobre las economías de otros países.

Considero que hay que ser optimista y no dar una visión que intente
sembrar dudas sobre la evolución de la economía española. A este
respecto, retomo algunas palabras de la intervención del portavoz
socialista en la anterior comparecencia, en la que también tuvo la
tentación, a la que hoy ha sucumbido, de decir, de forma sutil pero
contundente, lo siguiente: Tenemos unas perspectivas de avance en el IPC
que no son especialmente buenas en este momento y probablemente haya
razones para temer que podamos terminar el año con un interanual que
supere el 3,7.

Incluso creo recordar que cuando en 1996, en el mes de septiembre,
estábamos teniendo esta misma comparecencia ya había habido
pronunciamientos no sólo del Gobierno, no sólo de los grupos
parlamentarios, sino del Banco de España y de otros institutos económicos
diciendo que uno de los elementos que caminaba por una senda de
corrección muy apreciable era precisamente la inflación. Hoy hemos
asistido a la ceremonia de intentar construir una serie de argumentos ya
no sólo para no reconocer que la inflación del año 1996 ha estado incluso
por debajo de las previsiones que tenía el Gobierno, sino para sembrar
dudas sobre cuál puede ser la evolución de la inflación en 1997. Yo me
pregunto en voz alta por qué esas dudas y por qué no atienden un poco más
a los informes que en materia de inflación han podido escuchar en esta
Cámara al Gobernador del Banco de España. No es sólo el Gobierno del
Partido Popular, sino que otros grupos que me han precedido en el uso de
la palabra también opinan que este indicador de la economía española
marcha francamente bien y que para 1997 el objetivo es cumplir con el
criterio exigido en Maastricht.

Por tanto, señorías, desde mediados de 1996 hemos asistido a una quiebra
de la desaceleración del crecimiento económico que se estaba produciendo
en el primer semestre, quiebra que se ha confirmado al cierre de 1996 y
que, además, ha venido acompañada de varios factores. A este grupo le
produce satisfacción poder reconocer en voz alta que se ha producido la
corrección de desequilibrios básicos de la economía española, como pueden
ser el empleo, el déficit público, la inflación, la balanza de pagos y
los tipos de interés. Por tanto, clarísimamente, ha habido un acierto de
las políticas económicas puestas en marcha por el Gobierno y un acierto
también en el cumplimiento de las previsiones realizadas por el Gobierno
nada más tomar responsabilidades.

En este sentido, quiero recordar --porque parece ser que por otros
portavoces no se quiere recordar de esa manera-- que para el año 1996
había algún grupo de esta Cámara que en torno al cecimiento económico
ponía unas cifras muy superiores a las que después han resultado ser; es
decir, que han sido otros los que se han confundido en la previsión del
crecimiento económico para 1996. Yo quiero volver a traer aquí el
argumento y la realidad de que nada más tomada posesión el Gobierno el
Partido Popular se produjo la revisión del tipo de crecimiento económico
que iba a tener el ejercicio de 1996, revisión que pasó a ser del 2,3.

Finalmente, el crecimiento económico es del 2,3. Ahora bien, ya podemos
escuchar claramente dos cosas: una, que la oposición no se lo cree y,
otra, que, además, considera que el crecimiento económico está respaldado
por un modelo de crecimiento distinto al que había anticipado el
Gobierno. Yo quisiera pedirle a la oposición que tenga a bien no intentar
mezclar lo que fue el debate de presupuestos para 1997, en el que se
formuló un modelo de crecimiento que guarda diferencias sensibles con el
modelo de crecimiento que ha imperado en 1996. Por tanto, no entremos en
la ceremonia de la confusión, porque lo que se ha producido en el anuncio
del señor Secretario de Estado en anteriores comparecencias era relativo
a un modelo de crecimiento concerniente al ejercicio de 1997, y lo que
estamos analizando hoy aquí es un modelo de crecimiento concerniente a
1996.

Consideramos de igual forma, señor Secretario de Estado, que resulta
revelador el comportamiento del sector exterior, pero aquí nuevamente
quiero remitirle --porque parece ser que el portavoz socialista ha
llamado la atención en este extremo del informe--, a la comparecencia del
mes de septiembre de 1996 y pedirle que se relea las últimas páginas en
las que, en un cruce de interrogantes al Secretario de Estado, se le
formuló la concerniente precisamente a cuál era su opinión respecto a la
evolución del sector exterior para el año 1996, sobre la que, según
algunos portavoces de esta Comisión, ya habíamos interpretado que podía
estar produciéndose una contribución positiva y no una contribución
neutra, como se estaba destacando hasta la fecha; había indicios
suficientes para pensar que al cierre del año 1996 iba a haber una
contribución positiva. Si retomamos aquellas palabras pronunciadas por el
Secretario de Estado en aquella comparecencia de septiembre de 1996,
veremos que ya anticipó que era muy probable que la contribución del
sector exterior pudiera ser positiva. Por tanto, las cifras de la
evolución del sector exterior al cierre del ejercicio de 1996 han venido
simple y llanamente a confirmar la previsión que ya había realizado el
Secretario de Estado en este mismo tipo de comparecencias.

Por consiguiente, señoras y señores Diputados, mi grupo considera que el
patrón de crecimiento que se ha producido en 1996 todavía tiene en el
consumo privado --y lo lamentamos-- una lenta reacción, y así se lo
queremos



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hacer ver al señor Secretario de Estado, acompañado de un ligero aumento
del ahorro y de un comportamiento de la inversión bastante dispar. En
este sentido, tenemos que hacer una llamada de atención a que la
evolución favorable del capítulo de bienes de equipo tiene que ser
anotada con satisfacción, pero, por el contrario, también tenemos que
lamentar que la evolución de la construcción sigue dando indicadores
negativos. En este punto nos quisiéramos sumar a la intervención del
portavoz de Convergència i Unió en el sentido de que sería muy prudente
que por parte del Gobierno se produjera un conjunto de medidas que
pudiera amparar, blindar, impulsar, en definitiva, al sector de la
construcción, sobre todo en lo concerniente a los bienes residenciales y
a la caída que se ha producido en todo lo relativo a obra civil.

Ya hemos hablado del comportamiento del sector exterior entre
exportaciones e importaciones y, por tanto, sólo quedaría decir que
dentro de este patrón de crecimiento vemos con satisfacción el
comportamiento del sector primario y el comportamiento y el crecimiento
del sector servicios, y también tenemos que abrir un interrogante sobre
la evolución que ha tenido el sector de la industria durante el período
de 1996.

Por tanto, insistiendo, señor Presidente, se ha producido un conjunto de
indicadores que satisface profundamente al Grupo Parlamentario Popular;
creemos que el crecimiento económico ha venido acompañado de una
corrección de los desequilibrios básicos de empleo, aunque consideramos
que las correcciones que se están registrando en los indicadores de
empleo todavía son claramente insuficientes, y llamamos la atención sobre
el dato de que se crea empleo con umbrales de crecimiento más bajos que
en períodos anteriores. Tenemos que mostrar nuestra satisfacción por la
evolución de la inflación, aunque, sin ningún tipo de duda, no dejamos de
reconocer que dentro del horizonte de la inflación existe el riesgo del
comportamiento del dólar como uno de los elementos que podrá tensionar,
pero ahí están los informes del Banco de España que nos abren la
esperanza y nos alientan para que el comportamiento de la inflación en
1997 sea dentro de los objetivos que nos marca nuestra senda de
convergencia con Europa. También es satisfactorio el comportamiento de la
balanza de pagos y nosotros consideramos que los cumplimientos
escrupulosos de los objetivos de déficit también sirven para generar una
satisfacción en torno al comportamiento del año 1996, y sobre todo estos
datos queremos hacer un principal hincapié en el comportamiento de los
tipos de interés por la repercusión que tiene en las economías
domésticas, por la repercusión que tiene en el servicio de la deuda, por
la repercusión que tiene en la capacidad de financiación de las empresas.

En definitiva, creemos que este elemento está contribuyendo
clarísimamente a que por primera vez comiencen las economías domésticas a
sentir los beneficios de la mejoría de la economía española.

Señor Secretario de Estado, en el punto final de este primer turno de
intervención del Grupo Popular, quisiéramos decirle que es preciso para
el año en curso reforzar los rigores y los controles en la ejecución
presupuestaria, y es preciso, igualmente, intentar estar muy atentos a la
evolución de la formación de precios, llamada de atención que también
queremos hacer extensiva a todos aquellos agentes sociales que participan
de manera directa en este proceso de formación de precios y, por qué no
decirlo, en el proceso de las moderaciones salariales. Creemos que
estamos en la senda correcta para que en 1997 se pueda cumplir el deseado
objetivo de todas las fuerzas políticas de alcanzar en la primera fase la
incorporación a la Unión Económica y Monetaria, y entendemos que las
medidas que han sido tomadas y las que se tomarán tienen que tener como
horizonte cumplir a rajatabla todos los objetivos que tenemos en el marco
de nuestra convergencia europea, y considero que se ha producido un punto
de inflexión clarísimo en la percepción que tienen las economías
internacionales respecto de la credibilidad y de la fiabilidad de la
economía española. Hoy prácticamente nadie duda que la economía española
está en situación de entrar en esa primera fase, y probablemente las
tensiones que se están produciendo o las hostilidades que se pueden
percibir en algunas declaraciones que provienen del entorno europeo,
fuera de nuestras fronteras, son precisamente porque por primera vez se
está visualizando con toda claridad que España está en condiciones de
acceder en la primera fase de la Unión Económica y Monetaria.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y observaciones
realizadas, tiene la palabra el señor Secretario de Estado de Economía.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Montoro Romero): Señorías,
celebramos esta comparecencia en un momento que nada tiene de rutinario.

Todos somos conscientes de que estamos empezando un año, un ejercicio, el
de 1997, que es un ejercicio decisivo para la historia de España, lo va a
ser para la historia política y lo va a ser también para la historia
económica. En ese sentido, acometemos un período que, en claves
económicas, no podemos perder. Nos jugamos demasiado como país como para
que se nos frustre esto que he llamado en mi primera intervención una
esperanza y, en definitiva, que frustremos las ambiciones de la sociedad
española de ganar una recuperación económica que ha comenzado con firmeza
para conseguir integrarnos como lo que somos, un primer país europeo, en
un desafío que se llama la Unión Monetaria Europea en el tiempo convenido
en nuestros tratados internacionales, en el Tratado de la Unión Europea.

Por tanto, decía que no estamos haciendo un análisis cualquiera de la
evolución económica del pasado ni estamos haciendo una previsión que
podamos ir corrigiendo, modulando, sin más, sin mayores consecuencias, de
lo que va a ser la evolución económica del año 1997. El año 1997 es
decisivo, es clave para la historia de España. Desde el Gobierno tenemos
el convencimiento de la importancia de lo que está en juego, y me alegra
percibir en las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios
que existe esa misma convicción, que existe lo que han llamado objetivos
compartidos y, en definitiva, el sentido de la responsabilidad



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cuando una sociedad vive un momento tan clave como el que se sintetiza en
un momento de su tiempo, que es el ejercicio de 1997.

En mi análisis he tratado de trazar, en primer lugar, un cuadro económico
realista; he traído a SS. SS. cifras, resumen de una actividad económica,
que reflejan realmente un clima social diferente. Un clima económico no
tiene sentido si no responde a un clima social diferente. Esas cifras son
las que he traído esta mañana aquí. Esas cifras pueden y deben recibir
opiniones libres y diferentes, pero las cifras revelan hechos y esos
hechos nos están diciendo que la España del año 1996 ha crecido por
encima de ese 2 por ciento, en términos reales, en volumen; que la
inflación ha descendido hasta cotas que no conocíamos, hasta mínimos
históricos; que se han creado casi 200.000 empleos netos, y la cifra que
he traído esta mañana aquí es prudente, puesto que es posible que, en
cálculos definitivos, incluso la tuviéramos que elevar, pero nunca la
tendríamos que reducir en una evaluación más completa, cuando podamos
hacerla, a partir del conocimiento definitivo de la EPA del conjunto del
año 1996. Es una cifra y un hecho irrevocable que el déficit del Estado
se ha reducido en una magnitud y por unas vías que también eran
desconocidas en la historia económica y en la historia política de
España. Estas son cifras irrefutables que resumen un período de la
historia de España, el año 1996.

También he querido testimoniar en mi primera intervención, y trasladarlo
a la Cámara, la confianza con la que debemos mirar el futuro, porque ese
futuro se está construyendo sobre unas bases muy sólidas, que se resumen
en este excelente comportamiento de la exportación, en la creación de
empleo desde umbrales de conocimiento muy bajos --ésta es una situación
realmente nueva, desconocida en nuestra historia--, desde unos tipos de
interés que no conocíamos desde que la economía se regía por unos
parámetros propios de regímenes dictatoriales, y con una inflación que es
una gran novedad. Insistiré ahora en lo que significa tener un país con
una baja inflación para que todos los grupos podamos valorarlo de la
manera más correcta, pero, sobre todo, para que demos la importancia que
tiene al hecho de que un país se adentre con una baja inflación en
relación a lo que va a ser la construcción de su futuro económico, a lo
que van a ser las premisas sobre las que se asiente el bienestar social.

Esta mañana he trazado aquí el mapa de un país que es competitivo y que
tiene que serlo más, de un país que tiene una holgura financiera, que
tiene una capacidad de financiación; entre todos, tenemos que conseguir
que esa holgura financiera no sólo no se retraiga sino que se amplíe y, a
partir de ahí, podamos seguir financiando nuevas actividades, nuevas
inversiones, nuevas empresas y nuevos empleos; de un país que está
mirando de manera distinta a su futuro económico; es decir, un país que
está asentado en unas expectativas, en una percepción, nacional e
internacional, diferente de la que tenía hace muy poco tiempo, muy pocos
meses.

Este es el resumen, un resumen que, más que producirnos satisfacción, nos
tiene que confirmar que tenemos que seguir trabajando para que lo que
significan estos hechos estructurales, asentados en cifras verídicas,
podamos verlo confirmado efectivamente en un futuro inmediato --antes lo
he dicho--, para ganar una recuperación económica intensa en la creación
de empleo, un futuro que se llama el futuro de la Unión Monetaria
Europea, futuro irrenunciable para España.

Veo con satisfacción que los objetivos son compartidos y creo que todas
las intervenciones de SS. SS., incluso su tono, revelan lo que es, en la
España de este comienzo de 1997, un concepto sobre el que se construye la
recuperación económica; ese concepto se llama estabilidad política. La
estabilidad política es realmente el asiento que permite tomar decisiones
en materia de política económica que den lugar a una nueva economía, más
creadora de empleo y más vigorosa en la creación de bienestar social. Sin
esa estabilidad política, los países no tienen ningún futuro. Las
intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios que han hecho uso
de la palabra, que agradezco sinceramente, son claramente expresivas de
la estabilidad política que hoy disfruta España y que es apreciada
internacionalmente, en primer lugar, por los mercados que están mejor
informados, los financieros, que son también los más exigentes a la hora
de valorar el presente y el futuro económicos y la realidad política de
un país.

Digo esto porque lo que ocurre hoy realmente es que somos vistos como un
país que es firme candidato a la Unión Monetaria Europea. Hoy, todos los
analistas --y subrayo la palabra todos--, dentro y fuera de España, creen
que España va a cumplir los criterios de convergencia. Hace muy pocos
meses, eso no era así. La gran mayoría de los expertos, dentro y fuera,
pensaban que no cumpliríamos los criterios de convergencia y hoy todos
los analistas, como subrayan algunos medios de comunicación cuando hacen
esas encuestas, piensan que España va a cumplir esos criterios de
convergencia, porque realmente en estos meses hemos sabido acercar esos
criterios de convergencia al alcance de nuestras manos, los hemos hecho
posibles. Insisto que esa misma encuesta realizada a comienzos de 1996
habría dado el resultado exactamente opuesto. La gran mayoría de los
expertos no opinaba que España pudiera cumplir el criterio de inflación,
no veía verosímil que España pudiera cumplir el criterio del déficit
público. Hoy se está viendo que eso puede ser una realidad. Ese juicio es
el que se revela en una evolución diaria del tipo de interés a largo
plazo de nuestro país, en una evolución de la prima de riesgo/país, que
es la que en definitiva sintetiza lo que debe ser el nuevo orgullo de
España de merecer esa confianza internacional de los mercados, esa prima
de riesgo situada en torno a un punto --en su terminología cien puntos
básicos--, que es la que expresa este gráfico (El señor Secretario de
Estado muestra a los miembros de la Comisión unos gráficos), en una
evolución bastante representativa del proceso, la evolución de la prima
de riesgo en nuestro país, con una caída vertiginosa, que se produce
precisamente cuando en España se confirma la perspectiva de un país que
tiene estabilidad política, en primer lugar, y que, en segundo lugar,
está tomando decisiones de política económica conducentes a corregir sus
desequilibrios básicos. Esta figura resume perfectamente esa evolución de
la



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prima de riesgo. Esta otra figura, que dejaré a SS. SS. para que puedan
examinarla, refleja la evolución de los criterios de convergencia de la
economía española. El rombo de mi derecha expresa la situación del año
1995 en cuanto a la distancia que separaba a España del cumplimiento de
esos criterios; el cambio de la forma de la figura del rombo de mi
izquierda refleja el acercamiento, realmente espectacular en el término
de un año, de esos criterios de convergencia. En definitiva, son los
hechos que están asentando la confianza internacional de España.

Sobre esos hechos se discute, sobre esos hechos las opiniones son libres
y sobre esos hechos se mezclan argumentos que algunos llaman de
crispación política. Lo que yo tengo que decirles esta mañana es que no
confundamos los términos. Hay crispación política cuando no se toman
decisiones económicas, cuando no hay base política para tomar decisiones
económicas. En este país --y las intervenciones de SS. SS. han sido
exponente de ello esta mañana-- hay capacidad política para seguir
tomando decisiones económicas, para seguir aplicando políticas económicas
que sigan generando esa confianza. En eso es en lo que yo quisiera
insistir esta mañana. Aquí están los hechos que revelan las cifras de
nuestra economía, la evolución de los desequilibrios básicos de nuestra
economía. Insistir en que este asunto es crispación política o no, la
verdad es que cuando veo esta evolución de la prima de riesgo/país, no
tengo más remedio que sonreírme desde la confianza. No confundamos las
cosas señorías, porque una cosa es que en un país haya discrepancias
políticas, y eso es muy sano y muy democrático, y otra cosa es que se
tomen decisiones. En la España actual hay capacidad política para seguir
tomando decisiones económicas como las que se han tomado hasta ahora,
como las que han soportado los presupuestos de 1997, que son las que
están asentando esa credibilidad y esa confianza internacional en
nuestros mercados.

Ahí está la evolución de la peseta para revelar que movimientos como los
referidos por alguna de SS. SS. son movimientos circunstanciales, son
movimientos que se corrigen a los pocos días, son movimientos que no
tienen mayor importancia, a no ser que vengan ya de cambios más
profundos, como es la propia fortaleza del dólar. Pero insisto en que,
cuando se han producido esos movimientos, el Gobierno ha reaccionado con
la tranquilidad y la confianza de saber que las cosas van bien y que la
peseta volvería a estar en posiciones que nos seguirían dando un margen
de competitividad suficiente. No confundamos lo que son variaciones de un
día. Esas son variaciones que son como las flores que se marchitan en muy
pocas semanas, a veces no duran ni siquiera una semana en su brote. No
confundamos esto. Estamos en un movimiento de fondo, en un movimiento de
credibilidad, de confianza, sobre esas bases que he tratado de resumir de
esa manera.

A ese respecto, en lo que quiero insistir es en la idea de que en el
debate político --puesto que estamos ahora en un debate político en la
Cámara-- la oposición está para construir una alternativa, el Gobierno
está para explicar sus opciones y los grupos que soportan al Gobierno
están para explicar, como han hecho esta mañana, las líneas fundamentales
sobre las que se debe construir la acción de Gobierno. Pero yo quisiera
insistir en que, cuando el Grupo Socialista dice reiteradamente que
compartimos los objetivos, que tenemos los mismos objetivos --y hay que
celebrar que eso sea así--, sería el momento de que explicaran a la
sociedad cómo se consiguen esos objetivos, es decir, en qué consisten las
políticas conducentes a esos objetivos. Este sería el momento de hacerlo,
porque realmente lo que da verosimilitud a un planteamiento de objetivos
compartidos son acciones explicativas, no el sembrar dudas sobre las
cifras; eso no da credibilidad, eso no asienta ese compartir objetivos.

Lo que hace que los objetivos sean compartidos y sean creíbles es la
explicación de cómo se camina realmente hacia ellos, y además no tenemos
mucho tiempo para llegar a buen puerto en la consecución de esos
objetivos. El tiempo ha sido muy escaso. Lo vamos consiguiendo, y éste es
el principal mensaje de tranquilidad y confianza que yo quería trasladar
esta mañana a la Cámara, pero en un debate político también quería
escuchar alternativas desde la oposición. ¿Qué hacemos en materia de
inflación? A mí me gustaría escuchar una alternativa del Grupo Socialista
en cuanto a que recomendara al Gobierno acciones nuevos en materia de
inflación. ¿Qué hacemos en relación con el gasto público? Si no tenemos
que moderar ese gasto público, sí tenemos que subir los impuestos. Creo
que ya llevamos suficiente período de Gobierno y de oposición como para
escuchar alternativas, para oír y atender esas alternativas, como he
dicho en los primeros párrafos de mi intervención inicial. Es el momento
de las iniciativas, no es el momento de sembrar dudas.

Y es que hay dudas, señor Eguiagaray, que mantenemos casi eternamente, y
por eso también me sonrío. Yo comprendo que esto de la economía es un
poco pesado cuando cambiamos el tipo de discurso y nos vamos a los
contenidos algo más técnicos, pero es que hay una duda que yo no puedo
por menos que volver a suscitar, que es la relativa a la contabilidad
nacional. Es algo muy básico de lo que es una economía de un país. Lo
importante, señor Eguiagaray, son las cifras en contabilidad nacional,
que son las que reflejan el comportamiento del sector público en el
conjunto de la economía de un país. Lo demás está al servicio de esto. En
ese sentido, no entiendo las dudas sobre la evolución del déficit
público. Ya tuvimos una discusión parecida cuando presentamos los
Presupuestos Generales del Estado y yo no sé si hemos entendido
conceptualmente qué es la contabilidad nacional, porque usted dice con
tono un tanto peyorativo que en contabilidad nacional se cumple el
déficit, pero que luego está el déficit de caja. ¡Es que es al revés,
señor Eguiagaray! Lo importante del déficit del Estado, de las cifras del
Estado, es su traducción a la contabilidad nacional del país, porque ¿qué
es lo que refleja cómo está un país? La contabilidad nacional,
obviamente. Creo que eso es tan elemental que, a veces, en el discurso
político lo deberíamos introducir con toda rotundidad, no porque lo pida
Maastricht, señor Eguiagaray, sino porque es lo que resume lo que hace el
Estado por la economía de un país, expresión que tiene sus cifras en la
contabilidad nacional. Es algo tan elemental como esto.

Digo esto porque además el Gobierno, como usted sabe, está presentando
conjuntamente desde hace varios



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meses las cifras de evolución del déficit público y su traducción a la
contabilidad nacional y esto lo hace porque lo importante, insisto, es la
traducción a la contabilidad nacional. ¿Que antes no se hacía así? Mal
hecho antes. Eso hay que hacerlo siempre en términos de contabilidad
nacional, porque si no producimos incluso confusiones en la opinión
pública, confusiones que llevan a debates políticos falsos, como, por
ejemplo, el fallo de la recaudación del IRPF. Cuando dos administraciones
públicas se deben entre sí, eso no es déficit público en contabilidad
nacional. ¿De acuerdo? Insisto en esta idea que parece que es algo más
técnica, pero es que tenemos que ponernos de acuerdo de una vez por
todas, porque si no estamos transmitiendo a la opinión pública una imagen
falsa sobre lo que es el déficit público.

El déficit público, señorías, es la diferencia entre gastos e ingresos
observada desde los derechos devengados, en términos de contabilidad
nacional, con el resto del mundo que no son administraciones públicas.

Eso es el déficit público, conceptualmente hablando. Lo digo para que SS.

SS. preparen sus siguientes intervenciones identificando lo que es
déficit público en contabilidad nacional de lo que es déficit de caja,
porque observo unos problemas conceptuales que no me dejan de asombrar
cuando SS. SS. han estado tanto tiempo en un Gobierno, y realmente lo
importante es una contabilidad nacional, que es la que expresa el
bienestar de los españoles. Quiero decir que si una administración le
debe a otra, eso no es déficit público. De ahí vino la gran confusión
cuando, en el año 1993, se produjo en nuestro país el afloramiento de
déficit ocultos por los gobiernos socialistas. Aquello fue realmente un
dislate, porque no se entendió lo que era contabilidad nacional y lo que
no lo era. Esta fue una discusión que tuvimos en el pasado reiteradamente
tras ese afloramiento de los déficit públicos.

Lo que quiero decir es que un déficit se genera cuando se genera el
derecho a la obligación de pago o se genera el derecho del ingreso. Es
tan sencillo como esto. Aprovecho esta ocasión en la Cámara para intentar
clarificar este extremo, porque sigo viendo elementos de confusión y
mezclamos churras con merinas continuamente. Este Gobierno está haciendo
un ejercicio de clarificación presentando mensualmente la evolución de
las cuentas públicas en clave de contabilidad nacional; más claridad es
imposible. Eso es lo que importa, señorías, a un país. Después vendrán
los ajustes entre administraciones públicas y realmente habrá que buscar
un balance saneado de cada administración pública y lo que es su
contribución al déficit general de las administraciones públicas; tan
sencillo como esto. Pero no confundamos más a la opinión pública, porque
cuando ustedes insisten en que la evolución del IRPF ha producido una
quiebra de ingresos, volvemos otra vez a confundir a la opinión pública.

Una cosa es que determinadas administraciones públicas no hayan ingresado
el 31 de diciembre los pagos correspondientes al IRPF; y otra cosa es que
eso haya generado unos derechos que están en contabilidad nacional. Eso
es tan lógico, tan elemental como que esas administraciones van a pagar
ese IRPF al Estado, por tanto no existe ningún problema en el IRPF, como
lo califican ustedes, porque se ha cambiado la normativa y ha producido
una quiebra en la recaudación del IRPF. Pero, ¿de qué estamos hablando?
Cuando existe esta deuda pendiente eso es contabilidad nacional, son
derechos asegurados por la propia administración que debe. En ese
sentido, no hay problemas. No confundan ustedes a la opinión pública en
estos puntos porque es importante que la opinión pública sepa lo que es
el impuesto sobre la renta, lo que es contabilidad nacional, y, a partir
de ahí, hablemos de la credibilidad de las cifras. Lo digo a efectos de
que clarifiquemos de una vez un debate de contabilidad nacional y lo
llevamos a sus justos términos, señorías. Yo me ofrezco a que creemos una
célula de trabajo en el seno del Parlamento donde expliquemos estos
conceptos para ver si podemos traducirlos, a través de los medios de
comunicación, con tranquilidad, a la sociedad, pero digámoslo a la
sociedad porque, si no, estamos mezclando unos asuntos que es
sorprendente que todavía estén planteados en esos términos.

Igual pasa con otro asunto que trae usted a colación aquí hoy relativo al
IRPF y a, como S. S. dice, quienes han sido privilegiados con este
tratamiento, lenguaje que antes se refería al amiguismo; es decir, hemos
cambiado el régimen de las plusvalías el 7 de junio en España y esto ha
producido un tratamiento de favor. Ustedes dicen que eso derrumba la
recaudación. ¿Cómo que derrumba la recaudación? Vamos a ser coherentes en
los planteamientos.

En primer lugar, estará el efecto directo del cambio del tratamiento de
la plusvalía. Hasta que no se hace la declaración correspondiente a todo
el ejercicio de 1996 eso no se ve. ¿Estamos de acuerdo en eso? (El señor
Hernández Moltó: ¡No!) ¿Cómo que no? Esto se hará cuando se liquide el
impuesto. (Rumores.)
Otro tema es el desplazamiento entre activos financieros que se esté
produciendo en España, asunto de gran importancia y trascendente en la
economía española, el tratamiento fiscal del ahorro, asunto que hay que
cambiar. El primer cambio fue el de 7 de junio, al dar un régimen fiscal
de plusvalías diferente.

En España existe un desplazamiento hacia los fondos de inversión. ¿El
desplazamiento es posterior al 7 de junio? No, existe en España un
desplazamiento hacia los fondos de inversión, muy rápido, muy intenso,
antes del 7 de junio. Antes del 7 de junio se está produciendo ese
desplazamiento. Es más, a la persona que destinaba sus ahorros en los
fondos, el régimen fiscal anterior le eximía de impuesto si permanecía en
el fondo quince años. Esto lo hemos cambiado. Ahora damos un tratamiento
fiscal incluso peor a ese fondo. Una cosa es que exista una traslación de
activos financieros en la economía española y otra cosa es el régimen
fiscal de las plusvalías, que en absoluto tiene que ver como fuerza
fundamental en cuanto a la traslación de activos financieros. No tiene
que ver, y ahí está el movimiento hacia fondos, que es un movimiento muy
anterior. Aprovecho para introducir estas explicaciones porque creo
conveniente que la sociedad española vea estos asuntos como son, como
asuntos muy importantes, ya que estamos configurando el ahorro en España
de otra manera y la fiscalidad tiene su importancia obviamente, pero no
es



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el elemento decisivo en ese movimiento y en esa traslación.

La bajada de tipos de interés afecta a la recaudación del IRPF. Es obvio
que lo afecta porque es un rendimiento de capital mobiliario sujeto a
retención a cuenta. Es obvio que cuando bajan los tipos de interés hay
una de las fuentes que se resiente en el impuesto sobre la renta, pero
vale la pena que se registre ese resentimiento porque es muy positivo
para la sociedad, para la economía española, que bajen los tipos de
interés. ¿No estamos de acuerdo en que tienen que bajar los tipos de
interés? Si estamos de acuerdo en que tienen que bajar, estaremos de
acuerdo en que se resienta esa fuente de ingresos del impuesto sobre la
renta y, por tanto, estos alarmismos que se lanzan sobre la evolución del
impuesto sobre la renta no tienen sentido. Existe una configuración del
ahorro, insisto, señorías, y estamos construyendo un tratamiento fiscal
diferente del ahorro en España para promover el ahorro a largo plazo
frente al ahorro a corto plazo. Estos dos asuntos clarificados, y confío
en que ya lo estén (primero qué es contabilidad nacional, un asunto tan
sencillo como éste, y, segundo, por qué se producen cambios en el sistema
financiero español, por qué se modifica la diferente configuración del
ahorro en España), espero que podamos progresar en un debate político en
el que conozcamos cuáles son las iniciativas de la oposición a ese
respecto, qué tenemos que hacer, porque, además, tenemos la Cámara
también abierta a esas opciones con la creación de la subcomisión para la
previsión social complementaria en nuestro país en la que se tienen que
diseñar esas fórmulas de futuro del tratamiento del ahorro a largo plazo
en España.

En lo que se refiere a la evolución de las variables económicas
generales, señorías, también he explicado (comprendo que es más aburrido
pero no sé si el señor Eguiagaray ha recibido esa explicación porque ha
insistido en dos partes de mi intervención anterior) que lo que está
haciendo nuestro país es conseguir una alta producción de bienes de
equipo que se está exportando y que había una sobrevaloración en los
deflactores de esas exportaciones. Esa es una de las causas de por qué se
cambia el cuadro macroeconómico que presentamos en septiembre en relación
con éste. Tampoco hace falta tener unos conocimientos profundos de
economía para entender esta explicación. En definitiva, estamos dándole
más realismo a la valoración de las exportaciones y, obviamente, eso
perjudica la cifra de inversión en bienes de equipo. Esa es la causa de
la modificación del cuadro en la vertiente de inversiones. También quiero
transmitirles la tranquilidad de que esto ocurra. Es muy bueno que España
venda en el mundo bienes de equipo, es muy bueno que el conjunto de
bienes de equipo producidos en España se puedan distribuir y entren con
facilidad en esos mercados.

Quiero detenerme en la evolución de la inflación porque vale la pena que
intentemos introducir una explicación en nuestro planteamiento en la
Cámara porque hay un gran cambio en marcha en la economía española. El
cambio es el siguiente: el año 1997 va a ser el primero en el que la
inflación, el deflactor del PIB, va a quedar por debajo del crecimiento
real de la economía. Esto es una gran variación, así se cambia un
escenario económico. Eso quiere decir que en los ejercicios siguientes la
inflación irá por debajo del crecimiento en términos reales en volumen de
la economía. Eso será definitivo en el trazado de los presupuestos de los
próximos años y hará que podamos garantizar el poder adquisitivo de los
pensionistas y de los funcionarios públicos, que podamos conseguir que
los presupuestos sean austeros, que el gasto público reduzca su
participación en el producto interior bruto y consigamos reducir el
déficit público sobre la base de austeridad en el gasto. Esta expresión
sencilla es fundamental en la configuración económica de un país: la
inflación irá por debajo del crecimiento de la economía en términos
reales. Esa es la gran variación, ése es el cambio estructural que se
produce cuando la inflación realmente es baja y cuando se generan
expectativas bajistas de la inflación.

La evolución de la inflación en el año 1997 puede y debe ser positiva,
pero debe serlo con la colaboración de toda la sociedad. El Gobierno ha
tomado medidas para garantizar que eso sea así, ha tomado decisiones
firmes para conseguirlo y vemos con satisfacción las posibilidades de
evolución de los precios de nuestro país. Por cierto, comprendo que el
señor Eguiagaray, que ha sido responsable del ramo durante varios años,
vea con cierta envidia lo que ha hecho el Gobierno en materia de precios
administrados. Lo comprendo porque es muy humano que eso sea así. Pero a
mí me gustaría decirle al señor Eguiagaray que no pierda de vista la
evolución de la cuenta de resultados de esas empresas y la cotización que
están recibiendo esas empresas en la Bolsa española y en los mercados
internacionales, una revalorización muy positiva que demuestra que se
puede armonizar una política inteligente de precios administrados con la
recuperación de la confianza, no sólo en esas empresas, sino en el
conjunto de un país.

Agradezco las intervenciones de los portavoces de Convergència i Unió,
del Partido Nacionalista Vasco, de Coalición Canaria y del Grupo Popular
porque revelan, en primer lugar, una coincidencia de diagnóstico y, en
segundo término, que tenemos que acercarnos al futuro económico con
realismo. Dicho en pocas palabras, tenemos que seguir trabajando. Yo les
puedo decir esta mañana que el Gobierno está trabajando y espera contar
con su colaboración y sus iniciativas en las materias que han planteado.

Efectivamente, hay que estimular la construcción. Hay que favorecer a
este sector. En los presupuestos del Estado hemos diseñado fórmulas para
que la inversión pública se vea apoyada con iniciativas privadas; pero
tenemos que seguir y por eso estamos preparando un conjunto de medidas de
todo tipo que configuran un nuevo plan de vivienda, que van desde el
cambio de ordenamiento legal hasta medidas tributarias dedicadas a
promover la construcción en España y, especialmente, la construcción de
viviendas en alquiler; mercado que está menos desarrollado y es
fundamental para que nuestros jóvenes encuentren una vivienda, para que
los españoles se puedan mover en el territorio nacional cuando encuentren
un trabajo y, en definitiva, para vertebrar mejor nuestra sociedad.

Tenemos que seguir también en la aplicación de reformas estructurales,
como la reforma del mercado de trabajo,



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por la vía del diálogo. Aquí tenemos mucho que progresar. Debemos
modernizar las relaciones laborales para conseguir lo que ya se está
consiguiendo, que el crecimiento económico redunde en una creación
intensa de empleo. El Gobierno confía en el desarrollo de ese diálogo
para promover la reforma de las relaciones laborales en España. Estamos
convencidos de que ese diálogo va a fructificar en el sentido de que va a
permitir modernizar las relaciones laborales y, de esa manera, conseguir
en 1997 esa recuperación económica y entrar en la Unión Monetaria
Europea.

Hay una preocupación, que también han expresado SS. SS., que es la
relativa a determinadas críticas que España está recibiendo en foros
internacionales en cuanto a sus posibilidades de acceso, en el tiempo
convenido, a la Unión Monetaria Europea. Yo quiero resaltar un hecho:
observen SS. SS. que esas críticas no son de contenido económico. Ninguna
de esas críticas consiste en afirmar que España no va a cumplir los
criterios de convergencia. Nadie es capaz de ir a un foro internacional a
decir que hay un país, España, que no va a cumplir esos criterios de
convergencia. Esto es un gran cambio en relación a la situación de hace
pocos meses. Este es un cambio cualitativo que se ha producido. Ahora las
críticas se hacen en otro terreno. No son críticas desdeñables, no son
críticas que debamos menospreciar, pero se hacen en otro terreno. Se
hacen en el terreno de lo que sería estrictamente la clave política.

Ante esas críticas lo que tiene que hacer el Gobierno de España es
trabajar para demostrar, en primer lugar, que España va a estar en la
Unión Monetaria Europea, que vamos a cumplir esos criterios de
convergencia y que, por tanto, mezclar una convergencia que tiene claves
económicas con claves políticas no tiene mayor sentido. No se puede hacer
esto. Ningún político de Europa puede decidir el contenido de una unión
monetaria. Esa unión monetaria es un proceso de convergencia
fundamentalmente económica. Por tanto, cumpliendo los criterios de
convergencia tenemos la seguridad de que España va a estar donde debe
estar: en la primera línea de países que van a construir una Unión
Monetaria Europea en el plazo convenido. Por eso decía que nuestro
trabajo es la labor de cada día, la toma de decisiones en materia de
política económica para garantizar que vamos a cumplir esos criterios de
convergencia y a desvirtuar la naturaleza de esas críticas.

Alguna de esas críticas tiene una interpretación económica. Se dice que
un país que tiene tanta tasa de paro no puede ir a una estabilidad
monetaria, a una estabilidad de tipo de cambio. Este argumento es
completamente falaz, porque estamos desmostrando que somos un país que
cuando cumple los criterios de convergencia crea empleo. Esta es una de
las modificaciones fundamentales que se están dando en nuestro país en el
corto plazo. A medida que reducimos la inflación y el déficit público, se
crea empleo. Por tanto, nadie puede amenazar con un futuro de no creación
de empleo cuando vamos por esa senda de convergencia. Precisamente a
través del cumplimiento de los criterios de convergencia es como se
corrige el gravísimo problema social que tiene nuestro país de falta de
empleos, especialmente para nuestros jóvenes. El futuro, pues, está ahí.

Está en la Unión Monetaria Europea y estamos trabajando para ganar ese
futuro.

Quería finalizar diciendo que el Gobierno seguirá tomando decisiones en
materia de liberalización económica que sean de aplicación de los
presupuestos del Estado para el año 1997, garantizando que esos
presupuestos nos abran la vía de la reducción del déficit público, y
promoviendo aquellas reformas estructurales que garanticen que España va
a seguir mereciendo la confianza que hemos ganado en pocos meses de ser
un firme candidato para la Unión Monetaria Europea en los plazos
convenidos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Concluida esta comparecencia vamos a pasar, a
continuación, a celebrar la comparecencia del señor Subsecretario de
Economía y Hacienda, solicitada por el Gobierno, a los efectos de
explicar la privatización de la Compañía Telefónica Nacional de España.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DIEZ
MORENO) PARA INFORMAR DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL
20 DE DICIEMBRE DE 1996 SOBRE LA PRIVATIZACION DE LA COMPAÑIA TELEFONICA
DE ESPAÑA, S. A., ASI COMO DEL REAL DECRETO APROBADO EN EL CONSEJO DE
MINISTROS DEL 10 DE ENERO DE 1997, SOBRE REGIMEN DE AUTORIZACION
ADMINISTRATIVO PREVIO A TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A., Y TELEFONICA
MOVILES, S. A., PARA SALVAGUARDAR INTERESES NACIONALES EN UNA EMPRESA
ESTRATEGICA, A PETICION PROPIA. (Número de expediente 212/000433.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, reanudamos la sesión
con el segundo punto del orden del día de la Comisión, consistente en la
comparecencia del señor Subsecretario de Economía y Hacienda, para
informar del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 20 de
diciembre de 1996, sobre la privatización de la Compañía Telefónica de
España, S. A., así como del Real Decreto aprobado en el Consejo de
Ministros de 10 de enero de 1997 sobre régimen de autorización
administrativo previo a Telefónica de España, S. A., y Telefónica
Móviles, S. A., para salvaguardar intereses nacionales en una empresa
estratégica. A petición del Gobierno.

Tiene la palabra el señor Subsecretario de Economía.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Buenos días,
señorías. Algunas de SS. SS. pueden sentir una cierta frustración al no



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ver comparecer en nombre del Gobierno a otras personas que esta modesta
que comparece, para explicar lo que el enunciado de la comparecencia
establece. Intentaré suplir esta frustración aportando toda la
información que pueda y que SS. SS. me demanden.

Ante todo, quiero decir que una política de privatizaciones es una opción
ideológica tan válida como otra cualquiera, tan válida al menos como la
alternativa de política de nacionalizaciones. En este punto basculan las
políticas en razón de los tiempos y de las circunstancias. Quiero
recordarles que en el discurso de investidura el Presidente del Gobierno
ya manifestó con toda nitidez que era necesaria una reordenación del
sector público empresarial, con la finalidad de contribuir a una mejora
de la eficiencia general de la economía, continuar e impulsar el camino
de la desregulación y la privatización emprendido desde nuestro ingreso
en la Comunidad Europea, es decir, desde 1986. En este sentido, concluía
este punto diciendo: El Gobierno elaborará un plan estratégico de
privatizaciones presidido por los criterios de máxima transparencia,
incremento de la eficacia de las empresas, mayor competencia de los
sectores en los que opera, teniendo siempre en cuenta los intereses
generales.

Por otra parte, nadie desconoce que en torno a las privatizaciones y su
alternativa de nacionalizaciones se han vivido en la historia
contemporánea, europea y española, muy diversas situaciones. No es
preciso recordar la situación de Europa al término de la II Guerra
Mundial, con la consiguiente política de nacionalizaciones. No es preciso
recordar tampoco cómo la llegada del gobierno socialista a Francia, en
1981, originó también un importante programa de nacionalización, mitigado
después con el llamado gobierno de cohabitación, presidido por el
entonces primer ministro, Jacques Chirac. Cómo, por el contrario, la
llegada de la señora Thatcher al Reino Unido supuso un amplísimo programa
de privatizaciones, que, en términos generales y visto desde la
perspectiva histórica, dio la vuelta a la economía del país. Y cómo en
nuestro propio país la política de nacionalizaciones ha sufrido muy
diversas alternativas. Por remitirnos a tiempos recientes, la llegada del
Partido Socialista al Gobierno en 1982 supuso unos inicios de
nacionalizaciones. Recordemos el caso de la red de transporte de alta
tensión, que dio origen a la creación de la sociedad Red Eléctrica de
España y otras nacionalizaciones más conflictivas, como pudo ser el grupo
de Rumasa, pero al final del período hay una auténtica política de
privatización que se manifestó en muy diversos sectores. No es, por
tanto, la política que pretende realizar el Gobierno del Partido Popular
una política nueva, sino que podemos afirmar que es una política ya
iniciada por el Gobierno anterior.

Tampoco se puede desconocer que vivimos, no sólo en España sino en
nuestro entorno europeo, un momento de especial intensidad de las
privatizaciones. No sólo me refiero a la situación en la Europa
comunitaria, sino que me refiero también a los procesos que se están
viviendo en los países de la Europa central y oriental, por no mencionar
a los países de Iberoamérica, precisamente donde algunas empresas
españolas, entre ellas Telefónica, está expandiéndose en esta actividad.

Creemos, por otra parte, que el peso del sector público es excesivo en
España. Un 46 por ciento del producto interior bruto es mucho porcentaje.

Creemos, asimismo, que con la privatización se puede conseguir una mayor
y más eficaz asignación de recursos, que es precisa la globalización de
nuestra economía y que los regímenes de liberalizaciones en determinados
sectores nos obligan necesariamente a liberalizar los nuestros. En este
proceso amplio de apertura y liberalización la privatización juega como
un instrumento, si no único, al menos esencial.

Por otra parte, los principios en que se inspira la Comunidad Europea las
libertades de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales,
determinan que una vez conseguidas esas libertades hasta un porcentaje
muy elevado --me estoy refiriendo al Acta Unica europea y a la
constitución del mercado único en 1992-- el propio principio y su
dinámica obliga también a ampliar el ámbito de aplicación de tales
libertades. Concretamente, la libre circulación de servicios en la
Comunidad Europea se ha entendido siempre desde una perspectiva
llamémosle individual. Se liberalizaban servicios de banca, servicios de
seguros y prestaciones de servicios profesionales. Pero ha llegado un
momento en que a punto de conseguirse esa libertad de circulación, a
punto de suprimirse los obstáculos que impedían la libre circulación, el
propio concepto de libertad se ha transformado hasta el punto de que en
este momento podemos hablar de una libre prestación de servicios, pero de
servicios públicos que, como su nombre indica, no solamente tiene un lado
pasivo --servicio universal, prestación al usuario--, sino que tiene
también una perspectiva activa de que cualquiera pueda prestar servicios
públicos en cualquier país. En definitiva, estamos enfrentando un
concepto de intervención a un concepto de regulación, y a ello me
referiré posteriormente.

Quiero también destacar ante SS. SS. que la política de privatizaciones
no tiene ni prioritaria ni exclusivamente un fundamento presupuestario,
no son motivos presupuestarios los que nos llevan a privatizar, son, ante
todo y sobre todo, fundamentos o principios de política económica. Se
privatiza porque entendemos que deben enmarcarse estas medidas dentro del
amplio marco de las reformas estructurales, dentro de los objetivos de
apertura de sectores, dentro de los objetivos de liberalización de
sectores. No privatizamos para cubrir déficit presupuestarios, no
ignoramos las consecuencias, pero no es éste el motivo y hay una razón
muy evidente: los principales conceptos o partidas resultantes de la
privatización no serán computables a efectos de Maastricht, a efectos de
contabilidad del sistema europeo de cuentas. Siendo conscientes de ello
nuestra idea y nuestro propósito es una programación a tres años, incluir
no solamente un ejercicio tan vital como puede ser el de 1997, sino tener
en cuenta el pacto de estabilidad en los años sucesivos, de manera que el
resultado de tales privatizaciones pueda tener repercusión en tales
ejercicios y no en el ejercicio vital de 1997. Por tanto, insisto, son
razones de política económica más que de política presupuestaria las que
inspiran la que está realizando en este momento el Gobierno.

Por supuesto que es una política condicionada al menos a dos elementos:
en primer lugar, las exigencias del mercado.




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No se puede privatizar cuando se quiera, sino cuando se pueda. En segundo
lugar, el contexto internacional. No podemos privatizar una empresa como
Telefónica sin tener en cuenta los planes anunciados o conocidos de los
países de nuestro entorno.

En cualquier caso, hay un elemento clave y esencial. Estamos hablando de
privatizar actividades o sectores públicos de carácter económico. En
ningún caso se ha contemplado ni se va a contemplar lo que puedan
considerarse servicios de carácter social. Me estoy refiriendo a la
enseñanza, la sanidad, la política de pensiones o de prestaciones
sociales. El ámbito de lo social queda excluido del programa que el
Gobierno pretende llevar a cabo.

Tal vez para enmarcar la privatización de Telefónica sería conveniente
exponer, por el método de las diferencias, algunas ideas. En primer
lugar, tenemos un programa de privatizaciones. Existe un acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 en el que se establece un
programa de modernización del sector público, en el que se crea la
Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, en el que se
establecen una serie de principios que habrán de inspirar el proceso en
su conjunto, como son los principios de publicidad, transparencia y
concurrencia, separación de gestores de las empresas y agentes
privatizadores, principio de corrección de desequilibrios
presupuestarios, principio de salvaguardia de los intereses económicos
generales y patrimoniales, principio de protección de accionistas y de
terceros, principio de continuidad del proyecto empresarial, principio de
ampliación de la base accionarial capitalismo popular y principio de
sujeción al control de las operaciones.

Junto a estas medidas se crea el Consejo Consultivo de Privatizaciones;
se establece que la Intervención General de la Administración del Estado
deberá informar todas las operaciones que se efectúen, sin perjuicio de
las competencias del Tribunal de Cuentas o del control parlamentario que
pueda realizarse en ejercicio de las competencias de las Cámaras.

En definitiva, como he dicho, no se puede confundir programa con
calendario: hay un programa de privatizaciones y el calendario estará en
función del mercado y del contexto internacional. Sin embargo, puedo
anticiparles que en este momento y para el año 1997 estamos trabajando
por supuesto en la operación en curso de Telefónica, en la privatización
de Telefónica Internacional y de Aldeasa; antes del verano intentaremos
la privatización de Repsol y a finales de año intentaremos la
privatización del 15 ó 20 por ciento de Endesa, condicionado, repito, a
las condiciones de mercado y al contexto internacional.

Una segunda diferencia que me gustaría destacar es que tenemos la
intención de privatizar en sentido estricto. Entendemos que no se
privatiza cuando el Estado permanece en la sociedad a privatizar.

Queremos dar señales claras al mercado, lo venimos haciendo, se ha hecho
con la ley de presupuestos, con las medidas económicas de carácter
urgente aprobadas en junio y queremos seguir dando estas señales claras e
inequívocas de que lo que hacemos lo hacemos en sus términos estrictos y
privatizar es pasar de una empresa dominada o poseída por el Estado a una
empresa que ejerza su actividad con plena libertad empresarial.

Por eso no nos planteamos permanecer en la Compañía Telefónica ni con el
5, 10 ó 3 por ciento, ni con cinco, siete o dos consejeros. Entendemos
que mientras el Estado de cualquier manera participa en una compañía no
es solamente el porcentaje accionarial, no es solamente el número de
consejeros que pueda tener, sino que es el paraguas del Estado el que
puede determinar la confusión entre lo que es una compañía privada o lo
que no lo es. Por tanto, hemos analizado y conocido las críticas que de
contrario se formulan y nos reiteramos en nuestra posición y decisión de
privatizar en los términos estrictos.

También es importante destacar el objetivo de transparencia en los
procesos de privatización. Ya he mencionado los trámites que contiene el
acuerdo de Consejo de Ministros de junio de 1996, cómo existen dictámenes
preceptivos del Consejo Consultivo de Privatizaciones y cómo interviene
la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de
Cuentas. En definitiva, aspiramos a que de toda operación de
privatización esté a disposición de las instituciones un auténtico
cuaderno de bitácora donde quede justificada por documentos oficiales y
certificaciones cualquier decisión tomada, los fundamentos de esa
decisión y las alternativas a la misma.

Queremos también abordar la política de capitalismo popular y la
entendemos no como una mera difusión de la propiedad, no como una mera
transferencia de la propiedad pública al mayor número posible de
accionistas, sino como un cambio de mentalidad. Queremos que el pequeño
inversor se acostumbre a pensar en régimen de riesgo. A ello obedece,
entre otras medidas, el nuevo régimen fiscal de las plusvalías.

Entendemos que pasar de la renta fija a la variable debe ser una opción
consciente, una opción libre y en función de las propias necesidades, de
los propios objetivos del inversor y no en función de un sistema fiscal.

Finalmente, en la idea de diseñar este contexto o marco en el que nos
estamos moviendo, querría destacar que el resultado económico de las
privatizaciones será conocido hasta la última peseta. El acuerdo de
Consejo de Ministros de junio de 1996 prohíbe expresamente que el
resultado económico de las privatizaciones sea destinado a gasto
corriente.

Tenemos la idea de invertir en infraestructuras, tanto del Ministerio de
Fomento como del Ministerio de Medio Ambiente. Dicho de otra manera,
queremos cambiar acciones por kilómetros de autovía o por obras
hidráulicas; queremos compensar la pérdida de dividendos con la no
obligación de pagar intereses por deuda, cancelando aquella deuda más
cara, habida cuenta de la bajada de los tipos de interés y, por tanto,
del tipo de la deuda; y queremos depositar en la cuenta de la propia
Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales o en la cuenta del
Tesoro el sobrante de las privatizaciones, para poder utilizarlo en años
sucesivos.

Tan no es razón de política presupuestaria la política de privatizaciones
que es posible que el resultado económico de este ejercicio de 1997 no
sea utilizado en su totalidad, sino que pueda ser consignado para futuros
ejercicios en esta idea de conectar el año 1997 con el plan de
estabilidad en ejercicios sucesivos.




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Ruego a SS. SS. que perdonen este preámbulo para meterme de pleno en lo
que es la operación concreta que me trae a esta comparecencia.

Es probable que se desconozca que la compañía Telefónica nunca ha sido
una sociedad estatal y que Telefónica nunca ha tenido mayoría societaria
del Estado. No me voy a remontar a 1924, en el que, con un capital de un
millón de pesetas y 20.000 acciones se constituye la compañía, pero
quiero decir que, desde este primer momento, la compañía se encuentra
participada por la americana International Telegraph and Telecom (ITT).

Esta presencia desde el primer momento de una compañía privada hace que
el modelo de Telefónica española sea muy distinto al modelo de las
telefónicas de los países de nuestro entorno. Esta participación
accionarial del Estado en Telefónica ha evolucionado, pero siempre se ha
mantenido en unos márgenes muy similares: en torno al 30, 32, 33, 34 por
ciento. De hecho, solamente se produce un pico en los años cincuenta, en
que se llega hasta el 44 por ciento.

La década de los sesenta y de los setenta contempla el fenómeno de las
matildes y las sucesivas ampliaciones de capital. El Estado no ha ido a
todas las ampliaciones de capital, de forma que, a finales de la década
de los cincuenta, la participación del Estado se diluye y se baja hasta
el 16 por ciento. La alusión y mención del fenómeno de las matildes lo
determino por cuanto que el capital de Telefónica ha sido
fundamentalmente aportado por los accionistas, aunque el Estado siempre
ha sido uno de ellos, mayoritario en minoría. Por tanto, no puede tener
un tratamiento similar la Compañía Telefónica de España con las compañías
telefónicas o similares de otros países que han vivido una historia muy
distinta. De hecho, puedo decir que, a primeros de los ochenta y como
consecuencia de la crisis del petróleo, la acción Telefónica tiene su
valor más bajo en la historia, exactamente 256 pesetas, y que en la
década de los noventa se inicia la proyección internacional de
Telefónica, pero teniendo en cuenta que algunos accionistas significados,
como el Banco de España o la Caja Postal, en estos primeros años del
noventa venden toda su participación. Finalmente, para terminar este
rapidísimo recorrido histórico, en 1995 se hace la primera privatización
de Telefónica; se saca al mercado un 12 por ciento del capital que en ese
momento tenía el Estado en la compañía, que era el 31,8 por ciento, aun
cuando sólo llegó a colocarse un 10 por ciento como consecuencia del no
funcionamiento de lo que se llama el green shoe, es decir, un porcentaje
que se reservan los coordinadores globales a efectos de su decisión
posterior.

¿Cómo se ha producido el proceso de privatización de Telefónica? Muy
rápidamente quiero informarles de que el 27 de septiembre el Consejo de
Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales
--en adelante SEPA-- acordó la convocatoria de 30 entidades, entre
bancos, sociedades y demás entidades financieras que participan en este
tipo de proceso; convocó un concurso basado en una serie de criterios
objetivos como son los relativos a su experiencia sectorial, conocimiento
de la empresa, diseño y participación en ofertas públicas de venta
anteriores y propuesta de colaboración, que incluían los servicios a
prestar, el equipo humano disponible, así como los honorarios. En un
consejo posterior de 11 de octubre, se adjudicó a la firma ABN Amro
Rothschild el carácter de asesor de la operación y, posteriormente, en un
consejo de 24 de octubre, se adjudicó y se seleccionó a las sociedades
Argentaria, BBV y La Caixa el carácter de coordinadores globales del
tramo nacional y, a la sociedad Goldman Sachs el carácter de coordinador
global del tramo internacional. En ambas selecciones, selección del
asesor y selección de las coordinaciones globales, constan en el acta los
criterios seguidos para la valoración, así como los fundamentos de la
decisión tomada.

Posteriormente, se procede a la designación del banco agente, banco
agente que cumple importantes funciones, por cuanto tiene que centralizar
todas las solicitudes de compra minorista; tiene que recibir las cintas
magnéticas de todas las entidades que participan en la operación para
casarlas; tiene que ejecutar el prorrateo, en su caso; tiene que realizar
los servicios de cobro y pago y todo lo que son las operaciones de
compensación y liquidación a través de las correspondientes entidades. El
concurso para la designación del banco agente fue restringido entre los
coordinadores globales nacionales y se adjudicó a Argentaria, que llevará
a cabo estas funciones a través del Banco Exterior. Asimismo, en la
sesión celebrada por SEPA el 2 de diciembre de 1996, en que se hizo esta
selección, constan los criterios objetivos de la misma y los fundamentos
de la decisión.

Con posterioridad, se procede a la selección de directores de tramo,
tanto nacionales como internacionales, y a la firma de los
correspondientes contratos de aseguramiento. En conjunto, participan en
ese aseguramiento 25 entidades y, a través de diversos acuerdos del
consejo de SEPA de 8 de noviembre, de 5 de diciembre y de 10 de enero, se
llega a formular este esquema de participación que es habitual en este
tipo de operaciones.

El Consejo Consultivo de Privatizaciones emitió dos dictámenes. El
primero el 26 de noviembre, que versó sobre la selección del asesor y de
los coordinadores globales, y el segundo el 16 de diciembre, cuyo
dictamen versó sobre la selección de directores de tramo, sobre el
proyecto de real decreto de autorización administrativa previa, sobre la
composición del sindicato y en ambos dictámenes se concluyó que la
actuación se había producido respetando los principios de publicidad,
transparencia y libre competencia.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que debe
autorizar, previo al Consejo de Ministros, toda operación de
privatización, acordó e informó el 19 de diciembre de 1996, y el Consejo
de Ministros del día siguiente, 20 de diciembre, acordó, por una parte,
transferir de la Dirección General del Patrimonio del Estado a SEPA las
acciones a privatizar y autorizó a SEPA a realizar una oferta pública de
venta hasta el límite de las acciones transferidas. El mismo día 20 de
diciembre se notifica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la
que permanentemente, de manera oficiosa u oficial, hemos mantenido
informada de todos los pasos que se han ido dando, y, finalmente, el
consejo de administración de SEPA otorgó,



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en sus reuniones de 20 de diciembre, los correspondientes poderes y
autorizaciones de venta hasta el límite del 20,9 por ciento del capital.

Simultáneamente a esta tramitación, se produce la del Real Decreto
8/1997, de 10 de enero, que es también objeto de explicación en esta
comparecencia. Quiero destacar de este real decreto que no es sino una
aplicación de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, que regula el régimen
jurídico de las enajenaciones y participaciones públicas, desarrollado
por el correspondiente reglamento de 15 de septiembre del mismo año. Un
precedente de este real decreto fue utilizado ya en la privatización de
Repsol y, por tanto, ha servido de inspiración para la redacción de
nuestro propio texto.

El Consejo de Ministros, en la reunión del 20 de diciembre, tuvo
conocimiento de este proyecto que debía someterse a información pública,
que se sometió a información pública durante un plazo de 20 días,
publicado en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, se dio la
oportunidad a todo interesado a hacer alegaciones en este proceso, que
fue dictaminado por el Consejo de Estado en la reunión del 9 de enero y
que finalmente se aprobó en la reunión del Consejo de Ministros del día
siguiente, 10 de enero del presente año.

En este real decreto se establece su aplicación a Telefónica
Internacional y a Telefónica móviles, ámbito subjetivo. En cuanto al
objeto o ámbito de decisión, se establece que durante un plazo de 10 años
será precisa autorización administrativa para que la compañía pueda
adoptar decisiones relativas a: su disolución, fusión o escisión; la
sustitución de su objeto social; la venta de activos básicos, que se
enumeran en los anexos, o la adquisición por cualquier accionista de más
de un 10 por ciento del capital social. Esta autorización corresponderá
otorgarla al Ministerio de Fomento, previo informe del Ministerio de
Economía y Hacienda. Y en el artículo 6, último de este real decreto, se
establece expresamente la compatibilidad del régimen de autorización
administrativa con diversas cláusulas del contrato de concesión vigente:
la cláusula séptima, que se refiere a las obligaciones de Telefónica en
cuanto a su régimen patrimonial; la cláusula decimosegunda, relativa al
derecho de Telefónica a suscribir contratos y acuerdos; la decimotercera,
en relación con el delegado del Gobierno, y la decimocuarta, en relación
con el régimen contractual.

Finalmente, tengo que decir que el folleto de la oferta pública de venta
se presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 17 de
enero. El folleto supongo que es conocido y, por tanto, no les amenazo
con su lectura y simplemente me limitaré a describirles en dos minutos
las condiciones básicas de la OPV, aunque, como digo, imagino que SS. SS.

las conocen, porque un resumen oficial de este folleto ha sido publicado
profusamente en la prensa. Lo que se privatiza es el 20,9 del capital de
Telefónica en manos del Estado, que supone 196.738.320 acciones; es
decir, que se realiza una oferta pública hasta este límite. De este 20
por ciento, un 12 por ciento --un 3 por ciento del capital--, que es el
llamado técnicamente green shoe, es decir, una reserva que se hace para
un momento posterior a la privatización en tramo minorista, no ha sido
asegurado, como querían las entidades bancarias; es decir, que el Estado
ha ahorrado unos 200 millones de pesetas por entender que el éxito de la
operación estaba casi tan garantizado que no era preciso este
aseguramiento, y, como saben, la Sociedad Estatal de Participaciones
Patrimoniales debe reservar un mínimo de este porcentaje para atender el
bonus de fidelidad, que constituye uno de los incentivos dados al tramo
minorista. Por tanto, es posible que, al término de la operación, si no
se ejercita el green shoe, el Estado mantenga el 3 por ciento del capital
y, en todo caso, debe mantener durante un año un porcentaje suficiente
para atender el bonus de fidelidad en el caso de que éste se produzca,
porcentaje mínimo que no alcanza al 1 por ciento, debe de estar en torno
al 0,50 ó 0,60 por ciento, en función de cómo se distribuyan las acciones
en el prorrateo. Este es el tamaño de la oferta.

La aprobación del decreto de autorización administrativa es un elemento
importante, como consta en el folleto. La colocación se ha distribuido
por tramos: un tramo minorista y un tramo institucional. En principio, el
tramo minorista será el 50 por ciento, expandible al 60 por ciento e
incluso más allá. Hay flexibilidad entre los tramos y, a la vista del
éxito en la colocación del tramo minorista, es posible, aunque todavía no
ha llegado el calendario, que el tramo minorista supere el 60 por ciento
de la colocación, y el resto, el tramo institucional, se divide a su vez
en dos tramos: tramo nacional y tramo internacional. El tramo
internacional está dividido en cuatro grandes grupos: Estados Unidos,
Reino Unido, por la importancia de la plaza de Londres, Europa y resto
del mundo.

El precio al que se determinará la adquisición se establecerá, según el
procedimiento previsto y detallado en el folleto, teniendo en cuenta el
menor de los siguientes: un precio máximo que se fijará el día 10 de
febrero, un precio medio ponderado de la Bolsa el 17 de febrero, menos un
4 por ciento y el precio institucional, que se determinará según la
cotización de la Bolsa de Madrid el día 17 y, en el caso de que hubiese
grandes alteraciones, la posibilidad de que fuese una media de cotización
de los tres días anteriores.

Como también saben los incentivos del tramo minorista, según sea general
o de empleados, consisten en una rebaja del 4 por ciento en el precio y
un bonus de fidelidad de una acción por cada 20 adquiridas si mantienen
tal adquisición o el equivalente durante un año en el tramo general y en
el tramo de empleados un descuento del 6 por ciento y un bonus de
fidelidad de una por cada 15 acciones. Como digo, el 10 de febrero se
fijará el precio máximo; el 11 de febrero se inicia lo que es
auténticamente la OPV, es decir, la confirmación de los mandatos; el 15
de febrero se tomará la decisión sobre el prorrateo y tamaño de los
tramos; el 17 de febrero se fijará el precio y el 21 de febrero se
procederá a la liquidación y firma de los documentos de cierre.

Antes de entrar en el último grupo de consideraciones me gustaría
informarles de que, en cuanto al coste de la operación, teniendo en
cuenta que los datos son provisionales porque dependerá del tamaño de los
tramos y de los gastos, especialmente de la campaña marketing, los costos



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de asesoramiento general ascienden a 383 millones de pesetas
aproximadamente y los de marketing a 3.767 millones de pesetas
aproximadamente, es decir, unas 37 pesetas por acción según la cotización
vigente, el equivalente a un 1,23 por ciento del tramo minorista; que el
coste de los incentivos es igual, porque son los mismos que se
concedieron en la OPV anterior --éste es un descuento más que un coste--,
y que, en materia de comisiones, teniendo en cuenta esta provisionalidad,
el coste alcanzará los 15.220 millones de pesetas.

A continuación, y para terminar, quería señalar lo siguiente. Desde
diversos sectores se ha dicho que la preocupación de quien declara es que
se garantice la prestación universal del servicio de telefonía básica y
que, además, el proceso de privatización se desarrolle de forma que
queden garantizados los intereses generales de nuestro país y de nuestros
ciudadanos. En opinión del Gobierno existen cuatro grupos de intereses
perfectamente definidos y diferenciados, pero compatibles. En primer
lugar, los intereses de los usuarios, los intereses de esos 12 millones y
medio de ciudadanos que tienen firmada una póliza de abono con la
compañía, aunque la utilización del teléfono prácticamente alcanza a toda
la población adulta; en segundo lugar, los intereses de los accionistas y
de los empleados de la compañía, cuya base ha sido extraordinariamente
ampliada; en tercer lugar, los intereses de la propia compañía, los
intereses del proyecto empresarial de la compañía habida cuenta de que es
la primera empresa española con amplia repercusión, especialmente en
Iberoamérica, y por último, los intereses generales del Estado.

El Gobierno cree que, teniendo en cuenta la diferencia, pero la
compatibilidad, repito, de esos intereses, se puede atender a ellos desde
las siguientes perspectivas. En primer lugar, el contrato vigente de
Telefónica con el Estado. Es completamente distinta la participación
accionarial del Estado en la compañía de lo que es el contrato de
concesión vigente entre la compañía y el Estado, contrato que es de 1991,
que se publica en el Boletín Oficial del Estado en enero de 1992 y que
tiene una duración de 30 años; es decir, que abarcará hasta el año 2022.

Si alguna de SS. SS. y yo mismo no nos cuidamos mucho, probablemente no
veremos esta fecha. Hablo del contrato vigente, que es posible que haya
que modificar a resultas del proyecto de ley general de
telecomunicaciones, que vendrá en breve al Parlamento --después me
referiré a ello--, por lo que es indudable que el Parlamento tendrá
ocasión de incidir en este proyecto de ley y, como consecuencia de este
proyecto de ley, se podrá modificar el contrato. Y en este punto quiero
deshacer un error que he leído en algunos sitios. Nuestra Constitución,
en su artículo 38, establece como principio general el de la libre
empresa y economía de mercado. Esto significa que, en principio, las
actividades económicas están sometidas a la libertad del mercado. Sin
embargo, el artículo 128 del mismo texto constitucional reconoce la
iniciativa pública en la actividad privada y económica, lo que quiere
decir que el Estado, cuando considere que una actividad en principio
privada tiene interés público y otras consideraciones, puede declarar
servicio público dicha actividad, lo que se llama la publicatio. Para
ello es necesaria una ley, porque esta ley supondrá una excepción a un
derecho reconocido de actividad empresarial libre o economía de mercado.

Para declarar servicio público de actividad no es preciso acudir al
segundo inciso del artículo 128 cuando habla de las reservas de recursos
o servicios iniciales, porque este término reserva está utilizado en la
Constitución en mi modesta opinión para no utilizar el término
nacionalización.

De manera que cuando un servicio es tan esencial que el Estado entiende
que debe asumirlo, lo asume a través de la nacionalización, pero si yo
quiero declarar una actividad económica servicio público solamente me
hace falta una ley al amparo del artículo 128: la iniciativa pública en
la actividad económica. Ahora bien, una vez declarada servicio público
una actividad, el titular del servicio es el Estado, y su prestación
puede hacerse por vía directa o indirecta, directamente el Estado a
través de su propia organización, o indirectamente mediante concesión,
autorización, licencia o cualquiera de las técnicas que proporciona el
Derecho administrativo.

De manera que en este caso estamos ante un supuesto de concesión, la
compañía Telefónica tiene concedido el servicio público en virtud de un
contrato, toda concesión es un contrato, ese contrato está vigente y el
actual contrato lleva funcionando desde 1991. ¿Es que el contrato no
protege los intereses de los usuarios? ¡Nos habíamos dado cuenta desde
1991! ¿Es que el contrato no tiene previsiones de protección para los
usuarios? Permítanme, SS. SS., recordarles lo que son obligaciones del
concesionario contenidas en el contrato: El concesionario está obligado a
prestar el servicio atendiendo a motivaciones de interés general de
naturaleza no económica; a mantener la seguridad en el funcionamiento de
las redes y servicios; a mantener la integridad e interoperabilidad del
sistema; a proteger los datos y el secreto de las comunicaciones; a
prestar el servicio con continuidad, disponibilidad; calidad, y calidad
en la forma que prevean los reglamentos; a prestar obligatoriamente
servicios finales y prestaciones de facilidades básicas universales; a
prestar los servicios con un nivel superior al umbral de tolerancia y al
umbral mínimo de calidad; y, finalmente, para el servicio telefónico
básico se le impone la obligación de que será objetivo general y
prioritario abarcar en su área de cobertura todo el territorio nacional,
facilitando a todos los ciudadanos el acceso al servicio. Estas son
obligaciones vigentes y son obligaciones impuestas al concesionario cuya
vigilancia, y sanción en caso de incumplimiento, corresponde al
departamento competente, el Ministerio de Fomento, aplicando la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones.

En segundo lugar, no solamente entendemos que esos grupos de interesados
pueden estar protegidos a través de un contrato vigente, sino que lo
estarán más, si cabe, cuando se apruebe el proyecto de ley general de
telecomunicaciones, que ya estamos estudiando en la Comisión General de
secretarios de Estado y subsecretarios, y que espero que en un plazo no
más allá de un mes o mes y medio pueda venir a la Cámara. En el artículo
3.º de este anteproyecto se prevén como objetivos de la ley definir y
garantizar las obligaciones de servicio público, en especial de servicio



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universal, y en el Título III del proyecto se regula el servicio
universal extendiéndolo a que todos los ciudadanos puedan solicitar y
obtener la prestación del servicio telefónico, tener la posibilidad de
emitir y recibir llamadas y la transmisión de voz, fax y datos; a que se
disponga de una guía telefónica unificada, actualizable e impresa; a que
exista una oferta suficiente en teléfonos públicos en todo el territorio
nacional; a que los usuarios discapacitados tengan acceso al servicio y a
que el cliente, el usuario pueda conservar su número de teléfono en caso
de cambio de operador. Se reconoce en este proyecto a Telefónica como
operador inicialmente dominante, y se le impone la obligación de
garantizar la continuidad, la capacidad técnica y la cobertura del
servicio universal en todo el territorio nacional. No me extiendo en más
regulaciones de este texto habida cuenta de que por el momento sólo es un
anteproyecto, pero, como digo, espero que llegue pronto a esta Cámara.

Junto a la existencia de un contrato vigente y a la posibilidad de un
inmediato proyecto de ley general de telecomunicaciones está la vigente
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, comisión creada en el Real
Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, en el que se le atribuyen competencias
en materia de arbitraje, en materia de propuesta de tarifas, en materia
de asesoramiento en temas de libre competencia y la posibilidad de
recibir denuncias de cualquier usuario. Esta Comisión tiene ya aprobado
su reglamento, el 6 de septiembre de 1996, y está en pleno
funcionamiento.

En cuarto lugar, el propio decreto antes mencionado, de régimen de
autorización administrativa, supone una protección a la propia empresa
como tal. ¿Qué se pretende básicamente con este decreto? Con este decreto
se pretende salvaguardar a la empresa Telefónica de posibles actuaciones
hostiles a través de OPA una vez privatizada. Como ustedes saben, en el
mundo internacional de las telecomunicaciones se mueven inmensas masas de
dinero. No es impensable que, una vez privatizada Telefónica, cualquier
grupo hostil pudiese lanzar una OPA sobre Telefónica a la que ni siquiera
pudieran responder lo que son las entidades del grupo estable. Con este
real decreto limitando la posesión de más del 10 por ciento, obligando a
autorización administrativa previa se está garantizando la continuidad
del proyecto empresarial y especialmente la presencia de Telefónica en el
mercado iberoamericano.

En quinto lugar, existe un plan culminado de telefonía rural. Sus
señorías lo conocen, fue aprobado en 1993 y preveía su culminación, como
así se ha hecho, a finales de 1996. En este plan se señalaba como
objetivo básico concluir en 1996 con la extensión del servicio urbano a
la totalidad del territorio nacional utilizando los medios convencionales
y tecnológicos de los servicios móviles y contando con la imprescindible
colaboración de las entidades territoriales. Añade este plan y este
objetivo que el año 1996, al quedar constituida España como una única
zona urbana telefónica, habrá desaparecido no solamente la tarifa en
extrarradio, sino incluso el propio concepto de extrarradio, ya que
entonces cualquier ciudadano residente en el medio rural español podrá
disponer del servicio telefónico en su domicilio con los mismos precios y
plazos que los residentes en las capitales de provincia.

Me he preocupado por conocer si efectivamente este plan ha sido culminado
en 1996 y tengo en mis manos un informe que esencialmente dice:
Finalizado el 31 de diciembre pasado el período de ejecución de dicho
plan, el objetivo ha sido cumplido en su totalidad, pudiendo afirmarse
que a fecha de hoy no existen diferencias en cuanto a plazos y tarifas en
la prestación de este servicio en zonas rurales. Asimismo, como dato de
interés puede señalarse que a 31 de diciembre de 1996 se habían instalado
en España un total de 196.721 teléfonos rurales correspondientes al plan.

Contiene también algunas consideraciones sobre el abono social, bastante
desconocido yo creo. Las personas que tengan una edad que supere los 65
años y unos ingresos determinados tienen derecho a una reducción
importante, lo que se llama abono social, que tal vez convendría
difundir.

Sobre todo este panorama, sobre la existencia de un contrato, sobre la
existencia de una Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones,
sobre la existencia de un plan cumplido sobre un proyecto de ley general
que está en camino, existe también un argumento para defender esos
intereses en juego, y es la propia competencia. Todos sabemos que la
propia competencia es la que determina, por una parte, la calidad en la
prestación de los servicios y, por otra parte, la bajada del precio. La
potestad tarifaria se mantiene en manos del Gobierno a propuesta de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Como ejemplo querría
recordar aquí solamente que hace apenas año y medio un teléfono móvil
valía 400.000 pesetas, y en este momento la promoción de muchas
actividades económicas supone el regalo del teléfono móvil como tal. Ello
quiere decir que la competencia con la introducción de un segundo
operador en telefonía móvil ha supuesto una excepcional bajada de
precios.

Termino, señorías, diciendo lo siguiente: Se enfrenta una concepción de
prestación directa de los servicios, con participación directa en las
empresas prestatarias del servicio, a una concepción de prestación
indirecta de los servicios mediante concesión y respetando el carácter
privado de la concesionaria porque entendemos que eso es más eficaz y va
más con el tiempo que vivimos. Una concepción de intervención se enfrenta
a una concepción de regulación. Entiendo que ambas concepciones son
legítimas desde el punto de vista democrático. Nosotros participamos de
una concepción regulatoria y no interventora y queremos dar oportunidad a
la empresa privada de ejercer dentro del marco de su concesión y del
ordenamiento jurídico sus propias actividades concedidas.

Por último, como información a la Comisión, deseo manifestarles que, en
el día de ayer --los datos se conocen a partir de las siete de la
tarde--, se ha superado ya el millón de solicitudes de suscripción de
mandatos revocables, exactamente 1.027.305 inversores han solicitado
participar en la OPV. El volumen de estas peticiones alcanza los 2
billones 151.583.511.959 pesetas en el tramo minorista general; en el
tramo minorista de empleados, jubilados y el propio fondo de Telefónica,
hay un total de 15.629 peticiones, que alcanza un importe de
27.772.756.388 pesetas.

Nada más.




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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición, formular
preguntas u observaciones?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.




El señor PEREZ RUBALCABA: Quisiera comenzar, cómo no, por agradecer la
presencia del Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda, que ha
sido amable y ha venido a explicarnos, en nombre del Gobierno, un proceso
por el cual, como él mismo conoce (veo que ha manejado los datos de las
intervenciones que hemos tenido en el Parlamento en relación con el
mismo), hemos manifestado reiteradamente nuestras preocupaciones.

En su intervención, empezaba por decir que igual teníamos una pequeña
frustración; no sé si ha empleado esta expresión. Bueno, es una
frustración ya minimizada por el paso del tiempo, no frustración que
tenga que ver con su persona sino porque, ciertamente, queríamos
establecer un debate sobre una decisión política, que entendemos no
corresponde al Subsecretario de Economía y Hacienda aunque, con toda
seguridad y siendo un hombre cualificado, como ha demostrado en esta
intervención, ha colaborado a que la decisión del Gobierno tuviera el
correspondiente soporte técnico. Sin embargo, ése no es el debate que
queríamos aquí, el debate era otro y seguimos diciendo lo mismo que
decíamos hace unos días en la Diputación Permanente. No es sensato, no es
razonable que el Estado adopte no la decisión de privatizar una parte de
su paquete de acciones en Telefónica, sino la decisión de marcharse de
Telefónica, y que un miembro del Ejecutivo que ha decidido eso, decisión
esencialmente política, no venga al Parlamento a explicarlo. Repito que
tengo palabras de agradecimiento para el subsecretario, que ha hecho una
exposición interesante que hemos seguido con atención, pero lamento
decirle, señor subsecretario, que no era ése el debate que queríamos yo y
otros grupos de la Cámara, el debate era distinto. Es una decisión
política; entiendo que usted la comparta e incluso la justifique, pero no
la ha tomado usted sino el Consejo de Ministros. Ese debate no se ha
celebrado aquí y lo lamento profundamente.

Dije en la Diputación Permanente que cuando se produjera el debate sería
irreversible porque ciertamente estaría lanzada la OPV. Ya lo es, ya no
vale la pena que discutamos usted y yo o el Ministro. Espero verlo alguna
vez en el Parlamento, le aseguro que lo perseguiré, como objetivo
legítimo y creo que, además, como obligación de la oposición. Ya no tiene
sentido que debatamos sobre un decreto que no vamos a poder modificar ni
una proposición de ley que venga al Parlamento, usted lo sabe, porque el
decreto establece las reglas de un juego que ya se ha empezado a jugar y,
si introdujéramos modificaciones, seguramente alguien se quejaría, con
razón, de que le están cambiando las reglas del juego en pleno proceso, y
eso no es posible.

Por tanto, es un debate frustrante en un doble sentido, porque se celebra
tarde y porque se celebra a un nivel político que, entiéndalo bien --en
modo alguno quiero desmerecerle--, no es el correcto ni el adecuado. Sigo
sin entender por qué en lugar de usted no se ha sentado el Ministro de
Fomento. No puedo entender por qué no se ha sentado el Ministro de
Fomento o el Vicepresidente económico a explicarnos lo que usted nos ha
explicado y a debatir políticamente, conmigo y con el resto de grupos
políticos de la Cámara, por qué han tomado ustedes esa decisión. Créame,
no lo puedo entender.

No voy a entrar en la discusión que ya tuve con el portavoz del Partido
Popular en la Diputación Permanente, que entiendo usted se ha leído,
entre otras razones porque el martes se verá en el Pleno de esta Cámara
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista donde, entre
otras cosas, discutiremos algunos de los temas que usted ha tocado de
pasada. Por tanto, no voy a entrar a fondo, no quiero hacer una
intervención muy larga. Creo que mis argumentos son conocidos; algunos
mencionaré al hilo de su intervención, no sin antes recalcar, una vez
más, que no entiendo muy bien por qué no está aquí el Ministro de Fomento
para explicarnos esto, no lo entiendo, si no es porque hay una
desconsideración al Parlamento, que me parece extraordinariamente grave.

Repito, no tiene nada que ver con su persona y mucho menos con su
explicación, que entendemos ha sido correcta aunque no la compartimos.

Señor subsecretario, no se empeñe en modelizar esta discusión, en decir
que aquí hay dos modelos, el a y el b. No es ésa la derivada que queremos
darle a la discusión. Nosotros queríamos simplemente hacer un
planteamiento al Gobierno --a través de una proposición no de ley lo
hicimos; creíamos que ese debate debía haberse celebrado antes--, que era
el siguiente: Telefónica es una compañía muy importante, está en un
sector estratégico para la vida económica de nuestro país, afecta como
usted ha reconocido a muchos españoles, a la vida de los ciudadanos, a su
futuro, porque en función del acceso a las telecomunicaciones estará en
buena parte el desarrollo de nuestras regiones, de nuestros territorios,
es un sector plagado de incertidumbres, en un proceso de liberalización
extraordinariamente complejo, con incertidumbres empresariales y en estas
condiciones y tratándose de este sector tan complejo, tan delicado y de
tanta importancia, no entendemos por qué la Administración del Estado no
se queda presente en el consejo de administración, que es donde se van a
decidir algunas de las cosas que más nos interesan cara al futuro. Ese es
el debate. Igual nosotros no lo hubiéramos hecho, pero no es ése el
debate que yo quiero establecer con usted. Entendemos que se avance en el
proceso de privatización. Repito, igual nosotros no lo hubiéramos hecho,
pero es perfectamente entendible y no es el debate que queremos.

Entendemos que eso podría mejorar la gestión, ésa es una discusión
distinta, repito que no queremos discutir aquí el modelo de
privatizaciones, pero no entendemos por qué nos vamos del todo. No vale
que me diga que aquí se está o no se está. No es verdad. No es verdad
porque eso pondría en cuestión toda la política de liberalización y de
privatización de las telecomunicaciones en Europa. No es verdad, y no me
vale que me diga que nuestra Telefónica tiene un origen distinto que el
resto de las europeas. Tampoco es cierto. Eso no afecta a la discusión de
fondo que aquí tenemos. Los países de Europa no se van porque todos ellos
tienen el mismo prudente razonamiento que el



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Grupo Socialista tiene en esta Cámara y que, por cierto, algunos
Diputados del Partido Popular creo que comparten, por una elemental
prudencia, porque es un sector clave y porque estar dentro tiene sentido.

Ustedes han empleado una técnica para defender los intereses generales
que ya le dije el otro día al portavoz del Partido Popular no es, a
nuestro juicio, correcta. No es que lo hayan hecho mal, sino que creemos
que algunas cosas se han dejado fuera del tintero. Por cierto, le diré
que el Parlamento no tiene que leer el BOE para ir a un concurso o a
una... no sé cómo se llama técnicamente. (El señor Aguirre Rodríguez:
Oferta.) No, no es una oferta. Es cuando se publica una norma para que la
gente opine. No es ésa nuestra fórmula. Nosotros no vamos a una
exposición pública. El grupo parlamentario no comenta al Ministerio de
Economía qué piensa sobre un decreto que han publicado en el BOE. Venimos
aquí y lo discutimos. Cuando ese decreto se publicó nosotros ya teníamos
presentada la proposición no de ley en el Parlamento; por tanto, ya
queríamos ese debate político. El Gobierno no lo ha querido. Esa es la
realidad. No lo ha querido porque sabe perfectamente cuál es nuestra
posición y porque además hemos hablado de esto y estamos hablando
permanentemente, con poco éxito por cierto, de la política de
telecomunicaciones. Por tanto, no vale eso. Nosotros somos representantes
de los ciudadanos y nuestra lógica administrativa no es la misma que la
que tiene un ciudadano cuando lee el boletín.

El decreto creo que está mal redactado --lo dije el otro día--, protege
unas cosas y no protege otras, hace énfasis en cosas que permiten
albergar dudas sobre otras, pero en fin, sobre este debate, repito, ya
desgraciadamente no podemos entrar. El problema de fondo es que resulta
insuficiente. El decreto no protege algunas cosas que nosotros queremos
proteger; es insuficiente. No protege el futuro. En el futuro, en el
consejo de administración de Telefónica se tomarán decisiones claves para
el sector de las telecomunicaciones en España, decisiones estratégicas
sobre política de inversiones, sobre política tecnológica, sobre política
de I+D, sobre política de compras, y la pregunta es quién va a estar ahí
para defender los intereses del Estado en una compañía que tiene el 90
por ciento de los activos en materia de telecomunicación. Le voy a decir
algo más: incluso para favorecer la competencia, se favorecerá más si
está el Estado que si no está. Se lo garantizo y de eso discutiremos
seguramente en el futuro en este Parlamento. Incluso, por paradójico que
le parezca, para eso.

Hay más cosas. Usted ha argumentado que protegemos los derechos de los
ciudadanos o sus inquietudes, los de los inversores, habla de algunas
cosas que me gustaría comentar, como del contrato vigente. Es verdad que
está vigente el contrato y es cierto que el decreto de autorizaciones lo
deja vigente. No es menos cierto que en el folleto de la OPV Telefónica
anuncia que va a renegociar el contrato antes del 31 de diciembre de
1998. Por tanto, no me hable del contrato como una garantía porque
tenemos que renegociarlo. Es verdad que el Ministro de Fomento dijo a los
pocos días que efectivamente estaba pensando que había que renegociarlo,
no porque se acabe el contrato, en modo alguno, sino porque el marco de
liberalización obliga a renegociar el contrato. Por tanto, el contrato
nos vale hasta que se empiece a renegociar; luego no. Y la pregunta es:
¿cómo cree usted que el Estado defenderá mejor sus derechos cuando
renegocie el contrato con Telefónica? ¿Estando dentro del consejo o
estando fuera? Yo creo que estando dentro. Y de ese contrato nos va mucho
a nosotros, al conjunto de los ciudadanos de España, y desde luego a los
de las zonas rurales, a los que usted se refería mucho. Es un argumento
que vale para pocos meses y que su propio Ministro y el folleto de la OPV
se han encargado de desmentir.

Tampoco me vale, señor subsecretario, que me diga tienen un proyecto de
ley en la Comisión de Subsecretarios. ¡Pues bien! Por cierto, entre
paréntesis debo reconocer que me ha alarmado usted, porque hoy en la
Comisión de Infraestructuras hemos estado discutiendo las enmiendas al
proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones y usted nos
anuncia ya que hay otro en la mesa de la Comisión de Subsecretarios.

Cuando salga de aquí llamaré al señor Ministro de Fomento y le preguntaré
a qué estamos jugando. Seamos serios. ¿Tiene sentido que hoy una Comisión
del Parlamento esté trabajando en las enmiendas de un proyecto de ley de
liberalización cuando el Gobierno nos anuncia que tiene otro preparado?
Permítame le diga que como parlamentario, que además soy partidario de
una política de consenso en un campo tan importante como éste, me siento
hoy más burlado que nunca. Ustedes sacan normas por decreto, publican una
orden ministerial el lunes por la mañana donde dejan sin competencias a
la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones o publican un
decreto-ley sobre todo el mundo de la televisión digital, por cierto en
un afán intervencionista que contrasta notablemente con sus posiciones
hoy. Ese rasgo de liberalismo búlgaro --si me permite la expresión y que
me perdonen los búlgaros-- del decreto-ley se compadece muy mal con los
argumentos que usted ha expuesto hoy y que me parecen perfectamente
legítimos, pero en fin, ésa es su política de telecomunicaciones. No nos
enteramos de que privatizan, no discutimos si nos quedamos o no en un
tema como éste. Encima discutimos un proyecto de ley y ya tienen ustedes
otro preparado. Seguro que usted comprende esta queja, porque es nuestro
trabajo y nos sentimos no diré engañados, que no es la expresión
parlamentaria adecuada y seguro que el Presidente no me la autorizaría,
pero sí frustrados, por utilizar un término que usted empleó. Pero, en
fin, de eso hablaremos esta tarde con el Ministerio. ¡Vaya broma! Toda la
mañana mis compañeros negociando enmiendas y usted me anuncia que ya está
otro anteproyecto en la mesa de subsecretarios.

Tampoco vale que usted diga que en el proyecto de ley que el Gobierno
está estudiando garantizan lo que a mí me preocupa. Eso se garantiza
antes de privatizar, no vaya a ser que luego tengamos algún problema, no
vaya a ser que aunque usted nos ha leído ese artículo que suena tan bien
por el cual se obliga a Telefónica a determinadas cosas, alguien nos diga
desde Telefónica: Oiga, que ya somos privadas y que usted me hace a mí
concesiones de un servicio público, pero hay dos operadores, por ejemplo,
y ¿qué pasa con el segundo operador? Por tanto, ¡ojo! En todo caso,
reconozca



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conmigo que aunque eso se pueda hacer es más lógico hacerlo antes. Me
está usted diciendo: No se preocupen, señores socialistas. Lo que a
ustedes les preocupa lo garantizaremos en un proyecto de ley que tenemos
en la mesa de subsecretarios. Y yo le digo: ¡Hombre! Seamos razonables.

Hagámoslo antes de privatizar y no tendremos ningún conflicto. Si no los
habrá, se lo aseguro; seguro que los hay.

Ha hablado usted de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, del
mercado de las telecomunicaciones. Estoy encantado. Lo único que le pido
es que no sigan quitándole competencias por orden ministerial porque si
no poco vamos a hacer, pero no es ése el tema.

Le agradezco la lectura que ha hecho del Plan Nacional de
Telecomunicaciones, que haya reconocido que es una política que ha dado
resultado, que hoy hay teléfonos donde no los había. Espero poderlo
utilizar alguna vez como un ejemplo de la herencia recibida en positivo y
le agradezco que lo haya hecho, creo que habla en su favor.

El tema de la competencia ya lo he mencionado. No creo que sea un buen
argumento. Más bien al contrario, se podría volver en contra, pero el
tema de fondo no es ése. Nosotros creemos que todavía caben soluciones y
pensamos que todavía podemos dar una batalla política, en el mejor
sentido de la expresión. Seguimos creyendo que es importante para los
ciudadanos de este país que haya representación de la Administración del
Estado en el consejo de administración de Telefónica y con nosotros
parece que lo creen los gobiernos de toda Europa e incluso algunos tienen
debates parlamentarios con actas donde casi se dicen cosas como las que
estoy diciendo yo aquí por todos los grupos parlamentarios de países, por
cierto, cuya práctica política en materia económica es tan liberalizadora
o más como la que mantiene en este momento el Gobierno español. Creemos
que eso es importante y que hay vías para hacerlo. Por tanto,
propondremos a la Cámara el martes un debate para que se preocupe de este
asunto. Ojalá lo ganemos y ojalá encontremos un acuerdo con el Partido
Popular y en contra de sus afirmaciones drásticas de que lo mejor es irse
del todo ojalá encontremos una fórmula entre Thatcher y Kohl, le decía el
otro día al señor Aguirre. Vamos por Kohl. No les pido que vayan a la
izquierda europea, nos quedamos en la democracia cristiana, pero seamos
un poco prudentes. Estemos donde se van a decidir cosas importantes para
los españoles. Eso no entorpece que la gestión mejore ni que se logren
las cosas que usted quiere y que nosotros también queremos. No lo
entorpece, créame. No pasa nada. Si estamos ahí dentro renegociaremos
mejor el contrato e incluso favoreceremos la liberalización; estoy
seguro. Hasta ahora así ha sido. Usted ha estado presente en el consejo
de administración de Telefónica y sabe que a veces la batalla desde el
Estado se hace en favor de la liberalización y de la competencia, dentro
del consejo de la compañía.

Ese es el planteamiento, ése es el debate y ésa es la pregunta que
haremos en el Parlamento, que siguen sin contestarme. Usted lo ha hecho
parcialmente y no me vale su respuesta; no porque no tenga el rango
adecuado, que no es eso, sino porque técnicamente no la considero
correcta. Así como en materia autonómica no somos capaces de que no
conteste el Gobierno cuánto cuesta el nuevo modelo de financiación, aquí
me siento igualmente frustrado. ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué no nos
quedamos, como Alemania y como Francia, para estar ahí por prudencia? ¿No
sería mucho más razonable que largarnos del todo? En fin, yo creo que ése
es el debate y ese debate --repito, agradeciéndole sinceramente su
presencia aquí-- espero poder tenerlo con el Gobierno en el Pleno del
Parlamento, el martes.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Creo que ustedes están confundiendo, de manera
reiterada, iniciativa con precipitación. Hay una gran precipitación que,
incluso cuando se intenta teñir de eficacia, empieza a sonar a falta de
sensibilidad democrática, es decir, empieza a parecer como un humus, un
tufillo de cierto autoritarismo. Por ejemplo, hoy hemos estado
discutiendo en otra Comisión el proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones y ya se ha dicho aquí que hay otro texto encima de la
mesa, que no conocemos y no sabemos si va a enmendar el que hoy hemos
hecho posible que pase al Pleno de la semana que viene. En todo caso,
señor Subsecretario de Economía y Hacienda, ha ocurrido algo extraño, a
nuestro juicio algo esperpéntico. Cuando se inició el debate de este
proyecto de ley en el Pleno, ya se había publicado, ese día o el día
anterior, el reglamento de la Ley de telecomunicaciones por cable, que se
cambia sustancialmente en este proyecto de ley, y se había publicado
también el reglamento de funcionamiento de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones. Es decir, antes de empezar el trámite de debate, un
día antes o el mismo día, se publican los reglamentos en el Boletín
Oficial del Estado. Hasta el mismo Conde de Romanones estaría
escandalizado porque, al menos, él hacía los reglamentos una vez
aprobadas las leyes, aunque, efectivamente, se reservaba muchos cambios y
muchas matizaciones que afectaban a la estructura profunda de la propia
ley. Estamos funcionando a un nivel absolutamente peligroso, no desde el
punto de vista de la eficacia --que ustedes presumen de ella--, sino
desde el punto de vista de la sensibilidad democrática y de cierto
tufillo de autoritarismo.

Usted ha hablado de transparencia como el rasgo diferencial de la
política de privatizaciones del Gobierno sustentado en el Partido
Popular, y ha dicho que realizan señales claras al mercado y contactos
con una serie de instituciones. ¿Por qué no lanzan ustedes señales claras
al Parlamento español, que es la sede de la soberanía popular? ¿Por qué
no hacen ustedes señales claras al Congreso de los Diputados? ¿Cómo se
puede hablar de transparencia cuando no hay debate de cara a la
privatización de la Telefónica de España, S. A., cuando ya se está
realizando, cuando está todo acordado, cuando estamos en la dialéctica de
los hechos consumados y se viene aquí, fundamentalmente, a un debate
técnico, a toro pasado, y cuando no



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hay posibilidad --según ha dicho usted-- de rectificar el tiro. Muerto el
perro, se acabó la rabia. Eso no es transparencia. Ese debate hay que
hacerlo aquí previamente, como se pidió, y no se puede andar, en viso de
no se sabe qué tipo de eficacia, con las prisas, con las precipitaciones
y con los golpes de mano que se están dando a una serie de cuestiones
absolutamente claves y estratégicas que afectan a las telecomunicaciones
de este país. Por tanto, no hay transparencia, no ha habido debate en
este Parlamento, y este Parlamento se ha tenido que tragar este sapo
monumental de la privatización total del 20,9 por ciento de participación
del Estado en Telefónica y el abandono de la representación del Estado en
el consejo de administración de Telefónica. Es un enorme sapo, señor
subsecretario, que los trabajadores, los políticos de izquierda, los
políticos en general y los ciudadanos, no acabamos de entender. Hoy
mismo, a las cinco de la tarde, a las puertas del Congreso de los
Diputados habrá una concentración de trabajadores del sector de
telecomunicaciones, empezando por Telefónica, pero vienen ya frustrados,
sin posibilidad alguna de hacer siquiera un debate previo.

Hablando de precipitaciones, señor Subsecretario, se ha producido hasta
una precipitación que ha obligado a Comisiones Obreras a presentar un
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo. Es precipitación sobre precipitación, es ir rompiendo cualquier
tipo de cautela formal que, a nuestro juicio, ya afectan a la propia
esencia democrática o pueden afectarla. Por lo menos la imagen que se
está dando es de un principio no elegante, es de que se empieza a
conectar con cierto autoritarismo.

Por ejemplo, cuando la sociedad tenedora SEPA lanza todo este tema, esta
sociedad formula la operación ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en fecha 1 de enero de 1997 y resulta que el acto de aprobación
por el Consejo de Ministros, con fecha 20 de diciembre de 1996, no ha
sido publicado oficialmente. Es otro ejemplo más de precipitación, de
falta de cautela con respecto a las normas democráticas, a las normas
procesales, lo que quiere decir que, aunque consta la comunicación a que
se ha aludido anteriormente por el SEPA, no aparece la publicación
oficial de la resolución del Consejo de Ministros. En función de esto, se
pide, por parte de Comisiones Obreras, la suspensión de toda esta
operación, la impugnación de este acto de la Administración pública,
sujeto, naturalmente, al Derecho administrativo.

Es un ejemplo más de que no es lo mismo iniciativa política que
precipitación, en absoluto, y que, de cara a lo que debe ser el papel de
este Congreso, el papel del Parlamento, no se están cumpliendo ni los más
mínimos trámites, ni la más mínima cortesía parlamentaria, por así
decirlo. Esto, por una parte, señor Subsecretario.

Por otra parte, usted ha establecido una dicotomía que a mí me ha
sorprendido muchísimo, porque esa dicotomía nunca ha partido en su
exposición de lo que debe ser, y es en este caso de forma clara, un
servicio público esencial. La dicotomía es que ustedes están vendiendo,
privatizando empresas del ámbito económico, aunque nunca privatizarán
empresas que rocen lo social, etcétera, y en este ámbito económico, de
forma directa, como si fuese una empresa más, un negocio más, mete a
Telefónica. A mí me parece que usted, que conoce perfectamente a
Telefónica, lo que no tiene claro es el concepto de servicio público
esencial, y si ese concepto funciona así en ustedes, me da la impresión
de que el nuevo borrador de anteproyecto de la ley general de
telecomunicaciones puede estar empezando a cambiar el concepto de
servicio público esencial y el concepto de alcance universal del
servicio, me temo muy mucho eso en función de los guiños, de las señales
que hay que lanzar constantemente al mercado como único punto referencial
de la credibilidad de una operación; no al Congreso, no al Parlamento, no
a los representantes de la soberanía popular, sino al mercado. En función
de eso, Telefónica es una empresa normal que gana dinero. Pues no.

Telefónica --usted lo sabe-- posee un inmovilizado material que alcanza
más de tres billones de pesetas, lo que supone en este momento el 90 por
ciento de los activos de las telecomunicaciones en España, con una
inversión anual de 400.000 millones de pesetas; es decir, el 90 por
ciento de los activos con respecto a la estrategia de telecomunicaciones
de este país depende de una sola empresa que, por lo visto, hace negocio
y gana dinero. No es así, señor Subsecretrario. Es la primera empresa de
España por sus gastos en investigación y desarrollo, cosa que también se
le olvida a usted a la hora de decir que están privatizando un simple
negocio; es una empresa, repito, que invierte más de 20.000 millones de
pesetas anuales en investigación y desarrollo, es una empresa que tiene
casi 70.000 trabajadores, y cualquier operación de privatización, como
usted bien sabe, supone siempre una reducción muy seria de la plantilla,
en función de esta dialéctica del negocio, en función de esta dialéctica
de la rentabilidad económica, con independencia de la rentabilidad social
o de los principios del servicio público como uso universal.

Ya circulan por Telefónica papeles, anteproyectos que hablan del despido
de 12.000 trabajadores o de la reducción de plantilla, si usted quiere,
de 12.000 trabajadores, y se está operando en los cargos de dirección de
la empresa a todos los niveles, como usted sabe ya, una reconversión cada
vez menos encubierta que está procediendo a un vuelco total de la
estructura organizativa de Telefónica de España, Sociedad Anónima.

Igual le digo que es la empresa que debe protagonizar --ustedes lo dicen
cuando hablan de la plataforma digital liderada por Telefónica-- la
evolución tecnológica de las telecomunicaciones en este país. Es cierto
que es así. ¿Por qué entonces ahora se le deniega ser una empresa que
gana dinero? Y eso en un momento en que --usted lo saben perfectamente--,
aunque se hable de una protección, de que no se puede comprar más del 10
por ciento, se está privatizando Retevisión desde una plataforma de
privatización absolutamente inaceptable; en un momento en que también
están privatizando Telefónica de España, teniendo en cuenta las
políticas, por ejemplo, de Francia y de Alemania, y que nos podemos
encontrar con que France Telecom y Deutsche Telekom, en función de sus
inversiones aquí en operadores españoles, en empresas españolas, puedan
marcar, porque son empresas fuertemente participadas por



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el dinero público y van a seguir así, la estrategia de telecomunicación,
la estrategia de investigación más desarrollo de este país. Así de claro,
eso puede pasar, incluso con esos porcentajes que ustedes dicen que
protegen totalmente, y no es así, y en función de las sucesivas
liberalizaciones que ustedes anuncian, una de las cuales usted ha
anunciado aquí, puede ser incluso muy superior el grado de desprotección
en el próximo futuro.

Nosotros no vamos a discutir tanto como el señor Pérez Rubalcaba en el
sentido de si se hace mejor o peor la privatización; nosotros no estamos
de acuerdo con la posición del Partido Socialista, una posición a la
defensiva; nosotros no estamos de acuerdo con el texto consensuado entre
Partido Popular y PSOE que hoy se ha discutido en la Comisión de
Infraestructuras en el sentido de que aceptan empezar a privatizar como
mínimo el 51 por ciento de Retevisión, y de ahí en adelante, sin ningún
tipo de protección real, sin ningún decreto como este del 10 de enero y
sin ninguna protección con respecto a los derechos adquiridos de los
trabajadores en función, por ejemplo, de datos concretos como el segundo
convenio. No estamos de acuerdo con esa privatización que aceptan, a la
vez, Partido Popular y Partido Socialista, no estamos de acuerdo con la
posición del PSOE con respecto a que se debe privatizar, aunque de una
manera transparente, Telefónica Internacional, el 23,7 por ciento que
creo que está todavía en manos del Estado; no estamos de acuerdo.

Simplemente están discutiendo ustedes quién privatiza mejor, y no estamos
de acuerdo, repito, con esa venta que se está haciendo. Ahí el Partido
Socialista dice que por lo menos el Estado conserve el 5 por ciento,
nosotros creemos que no, que el Estado ha debido conservar --ya la cosa
es irreversible, estamos en un punto de no retorno-- el 20,9 por ciento
que tenía a finales del año pasado, siempre por encima --y aquí entramos
otra vez en colisión con los principios de servicio público, etcétera--
de las acciones que tiene el núcleo duro de Telefónica, que en este
momento están en un 16 ó 17 por ciento, que sin duda le van a dar un
sesgo de liberalización total a Telefónica, en el marco de toda la
política que están llevando a cabo ustedes, que va a afectar a todos los
niveles de los que yo le he hablado.

También el servicio universal, que no está protegido totalmente, señor
Subsecretario. Por ejemplo, se ha complementado el servicio universal de
telefonía básica con técnicas análogas que ahora hay que cambiar por
digitales en la telefonía móvil, etcétera. ¿Con qué garantías se va a
hacer eso en función de los criterios del servicio universal y no de los
criterios del mercado, a los que usted ha situado como matriz de su
intervención? Si ésa es la matriz de su posición, como ha sido la matriz
de su intervención --lanzar mensajes claros al mercado constantemente,
ése ha sido el punto de referencia--, ¿por qué no vamos a creer que de
ahora en adelante, y en función de que la tecnología va avanzando y hay
cambios insospechados que ahora mismo no tenemos previstos, esas
situaciones pueden conducir a una telecomunicación igual para todos y no
a una telecomunicación distinta para unos que para otros, permitiendo,
por tanto, una falta de cohesión en lo social y en lo territorial? ¿Por
qué nos lo vamos a creer? No es posible creerlo, cuando ustedes, repito,
lo han situado todo bajo la óptica de las leyes del mercado en un proceso
rapidísimo de liberalización.

No hable usted del modelo del entorno diciendo que son posiciones
diferentes cuando no es verdad, ya lo ha dicho antes el señor Pérez
Rubalcaba, y ahí están los ejemplos de Francia y de Alemania, que a
partir de esa situación, en un momento especial que todo se está
reordenando, tendrán posiciones privilegiadas de cara a determinar --como
lo van a hacer desde los bancos centrales y desde el banco central
Europeo a nivel financiero y económico-- en el próximo futuro en el
sector de las telecomunicaciones. Y nosotros vamos a estar aquí
colonizados, sin herramientas para defendernos, en función de una teoría
de la economía global que nos va a poner de rodillas cuando empezábamos a
tener una situación privilegiada de cara al desarrollo de la
investigación, etcétera, en este país.

Señor Subsecretario, nosotros pensamos que el proceso que se está
acometiendo es un proceso precipitado e irresponsable. Desde ese punto de
vista nos vamos a oponer a ello con todas las fuerzas que tengamos en
contacto con las protestas de los niveles correspondientes, porque no es
aceptable lo que se está haciendo en función de los términos que le he
expuesto anteriormente. No hay justificación. La única justificación que
ha dado aquí es una justificación técnica que tampoco compartimos, como
le he dicho.

La última precipitación, y termino, señor Presidente, conectando con la
primera queja que realizaba el señor Rubalcaba, es que su falta de
sensibilidad --tienen mucha sensibilidad para lanzar mensajes a los
mercados, pero poca para lanzar mensajes a este Parlamento-- ha llevado a
que esta comparecencia sea vacía, no por su presencia, que técnicamente
ha sido de buen nivel, sino porque el discurso, en función de la
estrategia de futuro, debiera ser el que le diera fondo, con el debate
cruzado con los responsables políticos que en el área de Gobierno,
empezando por los vicepresidentes, adoptaron toda esta serie de medidas
que, poco a poco, de manera no planificada y sobre lo hecho, van
generando una estrategia precipitada que puede conducir a consecuencias
muy graves en temas esenciales para nosotros: el empleo, la
universalización del servicio y el servicio público esencial en sectores
como éste que, a nuestro juicio, son claves para el próximo futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Quiero agradecer, en primer lugar, la
comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda
para que nos informe sobre el proceso de privatización de las diferentes
empresas públicas, así como, en particular, de la privatización del
último tramo de Telefónica.

Deseo manifestar, en primer lugar, que el debate político sobre las
privatizaciones o sobre el plan de modernización del sector público, como
así lo ha definido el Partido Popular y lo definía el Partido Socialista
en la anterior legislatura como plan de racionalización del sector
público,



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ya ha tenido lugar en esta Cámara, concretamente no en esta Comisión,
pero sí en un debate importante y profundo a través de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo, en la cual el Ministro, señor Piqué, nos
informó detalladamente de todo el proceso de modernización que afectaba a
empresas que están dentro de la órbita del Ministerio de Industria, que
antes lo conformaban las empresas del SEPI, así como también del proceso
de privatización de las empresas que hoy están enmarcadas dentro de otro
organismo de nueva creación, empresas que antes pertenecían a Patrimonio
del Estado, al Ministerio de Economía, y, como muy bien ha definido el
señor Subsecretario, están en la órbita del organismo público SEPA.

Nosotros, desde Convergència i Unió, repito, apoyamos e impulsamos el
plan de racionalización del sector público empresario español en la
anterior legislatura en la que gobernaba el Partido Socialista, y así lo
hemos manifestado también en esta legislatura, impulsando el plan de
modernización del sector público empresarial español fomentado por el
Gobierno actual del Partido Popular.

En la privatización de Telefónica es una cuestión de forma y no de fondo
la que separa las políticas del anterior gobierno socialista y la del
actual del Gobierno del Partido Popular. El Gobierno Socialista estaba
decidido también a impulsar la privatización de Telefónica en función de
una ley que en su época de legislatura la denominamos como ley de régimen
jurídico de enajenación de participaciones públicas de determinadas
empresas, entre las que estaba incorporada Telefónica, dado su carácter
estratégico dentro del panorama político y económico español. Si la
privatización dependiera del gobierno socialista, quizá estaríamos
comentando en esta Cámara si sería necesaria la presencia del Estado en
un uno, en un dos o en un tres por ciento, pero el Gobierno del Partido
Popular, y así nos lo ha manifestado el señor Subsecretario, pretende
privatizar el cien por cien de la participación que en estos momentos
corresponde al Estado, ya que en función de la definición que nos ha
manifestado el señor Subsecretario creen perfectamente defendibles los
intereses de los usuarios, los de los accionistas, los de la compañía y
los intereses generales del Estado básicamente en otros condicionantes,
por lo que no va a hacer falta, repito, la participación del Estado en la
futura compañía de telefonía española. Ellos entienden que a través del
contrato vigente que existe entre el Estado y Telefónica es posible
defender y mantener los intereses estratégicos de una compañía como
Telefónica. También es cierto, y así lo ha manifestado el señor
Subsecretario, que quizás a través de la Comisión Nacional del Mercado de
Telecomunicaciones es posible defender los cuatro puntos fundamentales de
los intereses antes mencionados.

Desde Convergència i Unió también entendemos que con la reglamentación
que se pueda incorporar a la anterior Ley del régimen jurídico de
enajenación de participaciones públicas de determinadas empresas es
posible mantener y defender los intereses de los usuarios en una compañía
como la que se va a conformar después de la privatización total de
Telefónica Española, S. A. También entendemos, desde Convergència i Unió,
que si partimos de la base de que va a existir una liberalización del
sector de las telecomunicaciones en España y va a existir un segundo
operador, sería ir contra las reglas del mercado que en una empresa de
telefonía existiera una participación del Estado con ciertos privilegios
y en el segundo operador, que se pudiera conformar con el cien por cien
de accionistas privados, no estuviera presente el Estado. Estaríamos en
un proceso de disfunción que podría ir en contra de los intereses
generales del Estado. Pero éste es un debate que vamos a mantener en el
Pleno de la próxima semana a través de una proposición no de ley
presentada por el Partido Socialista. Es allí donde políticamente cada
grupo vamos a definir la postura en cuanto al futuro accionariado de
Telefónica. Sí puedo adelantarles que, desde nuestro grupo parlamentario,
entendemos que los intereses de los usuarios, los intereses generales de
la compañía y los intereses generales del Estado quedarán perfectamente
delimitados con los tres o cuatro mecanismos que estarán en manos del
Estado para poderlos defender, y de esta forma poder privatizar el cien
por cien de las acciones que están en poder del Estado. Tal como nos ha
dicho el señor Subsecretario, existe hoy, afortunadamente, muchísima más
demanda que oferta para que se pueda llevar con éxito la operación de
venta especial de dichas acciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo del PNV, tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero agradecer también al Subsecretario de
Estado de Economía y Hacienda su presencia y las explicaciones que nos ha
dado.

No voy a entrar en el tema de la conveniencia o no de esta comparecencia
y de su nivel, porque creo que el representante de un gobierno siempre es
la persona cualificada en ese momento para dar explicaciones, y eso es lo
que él, personalmente, ha venido a hacer aquí. No voy a entrar en eso. Lo
que sí quiero decir es que a mí me parece que en el tema de la
privatización, cuando está ya enfocado de alguna forma dentro de otra
Comisión en el Parlamento, como es la Comisión de Industria, no
deberíamos caer en la tentación de abrir debates permanentes, porque esto
puede repetirse otra vez cuando haya una próxima privatización de una
empresa pública. Este creo que es un aspecto que debe quedar
absolutamente claro en un debate que, además, de alguna forma ya se ha
producido, y donde yo creo que es clara la posición de cada grupo
parlamentario con respecto a lo que entendemos que debe ser un proceso de
privatización y lo que entendemos por dimensión del Estado. Es decir, yo
creo que no debíamos de abrir todo este debate permanentemente en el
Parlamento.

Desde luego, hay que tener en cuenta que empezamos en un proceso de
privatización determinado y claro que está, por otra parte, definido en
los programas de todos los partidos políticos sobre la posición que
tenemos todos de cara a este proceso. Se abre, además, este proceso con
una empresa que es de una importancia y de una dimensión en la que todos
estamos de acuerdo, tanto a nivel de componente económico dentro del
Estado como de componente social. Por tanto, es un momento importante, en
donde empezamos a ver todo un proceso de privatizaciones que van



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a tener un seguimiento posterior. Desde nuestro punto de vista creo que
el programa de privatizaciones que ha emprendido el Gobierno debe de
representar uno de los ejes fundamentales de su política industrial.

Estamos de acuerdo con que esta política industrial debe tener, como
instrumento, precisamente todo este programa de privatizaciones en el
cual está empeñado el Gobierno. Hay que sanear las finanzas públicas, hay
que modernizar el sistema productivo, hay que introducir la
competitividad en los mercados, eliminando los monopolios y limitando el
poder del Estado en la economía, que, como ya ha dicho el Subsecretario
antes, está alrededor del 50 por ciento, el 46 y pico. Entendemos que
esto debe ser así y en ese sentido apoyamos la política del Gobierno.

Todos conocemos las nefastas consecuencias del mantenimiento de empresas
públicas que han existido, unas en régimen de monopolio en épocas
anteriores y otras concurriendo en sectores económicos en clara
competencia, competencia, además, desleal con el resto de las empresas
del sector. En cualquier caso, han absorbido ingentes recursos públicos
en actividades muchas veces ruinosas, aunque no sea éste el caso de
Telefónica, pero ésa ha sido la política de empresa pública que hemos
conocido. De todas formas, como digo, no voy a profundizar en estos
temas, porque creo que es un planteamiento de política general y no es el
momento de hacerlo. Lo que sí está claro es que se ha demostrado la falta
de eficacia del Estado en el papel de empresario, tenemos que ser
críticos en este aspecto.

Lo que hoy se nos presenta es todo el proceso de privatización de
Telefónica. Como digo, es importante que el Parlamento conozca de primera
mano todo el proceso. No estamos hablando de una empresa cualquiera,
estamos hablando de una empresa con un componente social muy importante,
tanto por los empleados que tiene como por los accionistas que va a
tener, sobre todo accionistas minoritarios, y también los usuarios y el
sector al que pertenece, uno de los sectores que va a ser clave en la
política industrial, en la política económica del futuro en nuestro país.

Por tanto, considero que el Parlamento debe de tener una información
extensa y puntual sobre el plan de privatizaciones y no sólo sobre ese
plan sino sobre todo su proceso. La transformación que esta decisión
conlleva es importante. Esta no ha sido una empresa estatal --y ya se ha
dejado constancia de ello--, siempre ha sido una sociedad anónima pero,
indudablemente, con un accionariado que le daba la gestión de la compañía
al Estado. Por ello, pasar a ser una empresa absolutamente privada es un
paso que requiere que se tengan unos conocimientos de todo este proceso y
del futuro que va a tener la compañía, y es cuando surgen estos problemas
de los que, de alguna forma, ha dejado constancia el Subsecretario en el
sentido de dar respuesta a algunos de los interrogantes que se pueden
tener.

En primer lugar, habría que plantearse que este plan se tiene que ajustar
a todos los requisitos y normas que garanticen la seguridad jurídica de
todo el proceso, que creo que es necesario; en esto puede surgir la duda
de si en este momento la legislación que existe para un proceso de
privatización es la adecuada o habría que hacer alguna reforma al
respecto.

En segundo lugar, la transparencia y la claridad en los procedimientos.

Hay que dejar establecidas las previsiones para preservar los intereses
particulares, que siempre en estos casos suelen aflorar y para ello hay
que informar al Parlamento y hacerle partícipe, repito, de todo este
proceso de privatización.

En tercer lugar, debe evitarse la creación de monopolios u oligopolios
también en el sector privado, no vayamos a trasladar una situación de un
monopolio público a un monopolio privado. Es necesario establecer
aquellos requisitos para que la concentración de las participaciones
accionariales esté suficientemente garantizada y no se pueda producir
esta situación.

En cuarto lugar, la privatización de una empresa como Telefónica, que
como digo ha acaparado el monopolio de un sector clave en el futuro como
es el de las telecomunicaciones, requiere una estrategia previa de
reordenación del sector, y en esto se está en estos momentos. Pero hay
que incidir más en que exista una coordinación entre el proceso de
privatización y el proceso de reforma, de reconversión, de reordenación
del sector de las telecomunicaciones. Tiene que haber ahí, como digo, una
coordinación.

En quinto lugar, la viabilidad de la compañía. Indudablemente hay que
salvaguardar --y esto también se ha dicho-- los intereses de los usuarios
o consumidores, de los pequeños accionistas y de los trabajadores. Para
ello sí hubiese sido conveniente --no sé si existe, lo desconozco-- tener
un plan estratégico de la compañía para la nueva etapa. Esto tiene que
estar en estos momentos elaborado si se quiere, de alguna forma, tener la
compañía ya enfocada de cara a la nueva etapa.

En sexto lugar, el Gobierno debe garantizar un cierto control en la
gestión, y aquí entraríamos en la discusión sobre si debe de participar o
no en el accionariado. No voy en estos momentos a abrir el debate porque
ya se ha apuntado que posiblemente lo haya en el Pleno del Parlamento,
pero todos somos conscientes de que de alguna forma el Gobierno tendrá
que llevar un control en la gestión. En principio parece adecuada la
tenencia temporal de acciones privilegiadas, creo que puede ser
suficiente siempre que permita el control de los activos, la regulación
del empleo o la libre transmisión de acciones; es decir, todas aquellas
actuaciones que inmediatamente se vayan a poner en marcha en este nuevo
proceso de la compañía y, desde luego, tenemos que estar muy atentos a
esos movimientos, el control de esa gestión no se puede perder. ¿A través
de qué? De las normas establecidas, de la legislación que en estos
momentos existe. ¿A través del accionariado? Esa sería la pregunta. Tengo
mis dudas de que a través de una participación, porque habría que definir
cuál, cuánto, por qué esa participación y no otra, cuál sería el
verdadero sentido del Estado dentro del consejo de administración, cuál
es el verdadero sentido. En una empresa privada, cuando alguien participa
en el accionariado, está de forma clara para obtener una rentabilidad a
una inversión. No creo que ése fuera precisamente el objetivo del Estado,
participar para sacar una rentabilidad en la inversión de esta compañía;
entonces, habría que pensar que está para establecer una



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especie de garantía en el futuro por si esta compañía no va por los
caminos que debe ir o tiene dificultades que pudieran ocasionar
influencias negativas en la sociedad. Esto lo hemos visto en muchas
ocasiones y yo lo he denunciado. Incluso cuando el Estado ha vendido
empresas nunca ha dejado de estar, en ese aspecto, responsabilizado por
la marcha de esas empresas; y hemos conocido aquí procesos de
privatización mediante los cuales se han vendido y se han recomprado otra
vez empresas primero públicas y luego privadas. ¿Por qué? Por el
componente social que tenían esas empresas. Creo que eso es lo que hay
que tener suficientemente claro.

Aquí, al final, lo que estamos haciendo es defender los intereses de
todos estos colectivos, estamos defendiendo los intereses de una empresa
que va a ser motor fundamental en una parte importante de la economía. A
partir de ahí hay que establecer los controles de gestión y los controles
que den esa fiabilidad a la marcha de la compañía en el futuro. ¿Cómo se
debe hacer eso? Se podría discutir, pero no es única y exclusivamente a
través de una participación accionarial que, además, habría que
definirla. Pero, como digo, no voy a entrar más en este debate porque
posiblemente lo tendremos en el futuro.

En conclusión, el futuro de Telefónica y del sector de las comunicaciones
es, como decía antes, el futuro de una parte muy importante de nuestra
economía, y el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso en todo este proceso
de privatización. Tiene que ser muy cuidadoso también en el proceso de
reordenación del sector de las comunicaciones. Es necesario que en este
proceso se den todas las explicaciones que hagan falta.

Desde luego, en mi opinión, lo que tendría que hacer el Parlamento es no
seguir exclusivamente con este proceso hasta que se acabe el mismo, sino
que tendríamos que ir mucho más lejos; creo que nuestra responsabilidad y
la del Gobierno, así como la del Parlamento como garante de los intereses
generales, nos obliga a participar activamente en este momento y en el
futuro. El proceso de privatizaciones debería tener un instrumento de
seguimiento dentro del Parlamento, como puede ser la propia Comisión de
Industria o la de Economía, quizás a través de una subcomisión que fuera
el interlocutor del Parlamento y del Gobierno para seguir todos los
procesos de privatizaciones que en este momento se han iniciado. Creo que
esto es importante y que de esta forma evitaríamos la polémica sobre la
necesidad de información en momentos determinados, que puede ser tarde o
pronto pero en lo que nunca nos ponemos de acuerdo. Hay que eliminar esta
incertidumbre; el proceso previo de privatizaciones se ha iniciado. Es
importante que el Parlamento tenga conocimiento e información sobre ello,
y se pueden establecer unos instrumentos mediante los cuales tanto el
Gobierno como el Parlamento tengan una información puntual de todos los
procesos, ahora de Telefónica y en el futuro de las que vengan. Esto es,
desde mi punto de vista, y de cara al futuro, lo que deberíamos hacer en
el Parlamento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Aguirre.

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, lo primero que tengo que
hacer es agradecer la presencia del señor Subsecretario, pero también
quiero agradecer el tono en el que han realizado sus intervenciones los
portavoces de otros grupos. No sé si obedecerá a que la hora es
excesivamente avanzada o a que realmente hay una voluntad política de
bajar el volumen y entrar en el camino del diálogo, que es donde se
pueden interpretar estas posiciones.

Señor Subsecretario, no sé si usted ha pretendido darnos un titular, pero
si no lo ha pretendido lo ha logrado, al decirnos que enfrentaba el
concepto de intervención al concepto de regulación. Considero que ésta es
una afirmación política interesante, que mi grupo respalda, y que viene a
identificar con mucha claridad cuál puede ser un modelo de privatización
enfrentado a un modelo distinto, aunque alguien no quiera entrar en el
debate de la existencia de los modelos.

A mi grupo le ha causado satisfacción escuchar una afirmación tan rotunda
y cerrada del Subsecretario, cuando se ha referido a que no existirán
privatizaciones en el ámbito de lo social, y ha mencionado expresamente
sanidad, pensiones y educación.

Le agradezco la comparecencia en su doble vertiente: en la vertiente en
la que nos ha hecho una exposición general sobre cuál es la política de
privatizaciones y la vertiente en la exposición particular y concreta
para la que había pedido la comparecencia, en relación con Telefónica. En
ese sentido, tengo que saludar que nos haya anticipado cuál puede ser el
programa previsto de privatizaciones para 1997 que actualmente estamos
debatiendo sobre Telefónica y las futuras de Telefónica Internacional,
Aldeasa, Repsol y parcialmente Endesa. Es para nosotros también una
satisfacción poder comprobar que estamos en una línea de aplicación de
los recursos que busca el saneamiento y que no obedece a razones de
política presupuestaria. El haber escuchado que el objetivo de estos
recursos sería una mayor dotación de infraestructuras, una mayor dotación
de obras públicas, la cancelación de deuda o, como usted mismo nos ha
anticipado, que sería posible que en el propio ejercicio todos los
recursos no se hubieran aplicado y que tuvieran que pasar a cuentas del
Tesoro para esperar su aplicación en futuros ejercicios, nos parece una
medida muy prudente y bastante sensata.

Entrando en concreto en la privatización que nos ha enunciado, sobre la
que tengo que resaltar que todos los grupos han hecho un subrayado
especial respecto a la calidad técnica de la exposición, debo reconocer
que las medidas a las que usted ha hecho mención para poder garantizar
los servicios y el interés general que ofrece Telefónica, tanto a
usuarios como a accionistas --y subrayo lo que ha dicho usted-- y a
empleados al propio proyecto empresarial y, por qué no decirlo también, a
los intereses generales del Estado; los mecanismos que usted ha
mencionado: contrato vigente de Telefónica, el amparo propio del artículo
128 de la Constitución, el futuro proyecto de ley de telecomunicaciones,
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y lo que yo creo más
importante, los dos últimos, el decreto de autorización administrativa y
el plan de



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telefonía rural, son instrumentos que vienen a garantizar el interés
general y el servicio universal.

El debate en el que nos encontramos no es en sí mismo un debate que haya
gozado de falta de consideración respecto a esta Cámara. Para recordarlo
pondré un ejemplo. Cuando se produjo el tramo de privatización de
Telefónica, anterior al que usted ha mencionado, no desmereció la
presencia en aquella ocasión, una vez vencido ya el período de
privatización, del Secretario General de Comunicación, que fue el que
vino en representación del Gobierno Socialista; nos pareció oportuna
aquella comparecencia en el tiempo y en el rango. Señor Subsecretario, su
presencia, aparte de estar avalada por una información técnica que ha
merecido el elogio de todos los portavoces, es muy parecida a las que se
han producido en anteriores tramos de privatización de esta compañía.

Se nos decía en un momento determinado que el decreto se podía considerar
insuficiente, por aquello de que no garantizaba en demasía la protección
a futuras operaciones de esta compañía. Nuestra opinión no es ésa; es la
contraria. Creemos que está suficientemente garantizado, pero nos
alegramos de que el discurso de algunos portavoces abrace la convicción
de que en el horizonte inmediato se pueden buscar y caben soluciones.

Nosotros así lo entendemos. Si no es mala mi información en este momento,
está en curso la puesta en marcha, en el marco de la Comisión de
Industria, de una subcomisión dedicada expresamente al seguimiento de la
evolución de las privatizaciones, de su impacto y de su transparencia y,
por tanto, pensamos que el Parlamento va a tener información cumplida de
todo el proceso que se ha iniciado en el programa que nos ha comentado
usted al principio de su intervención.

No tengo mucho más que añadir, señor Subsecretario. Quiero felicitarle
por la intervención que, insisto, ha tenido un nivel técnico elogiado por
todos los portavoces y agradecer su presencia en la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Por último, el señor Subsecretario de Economía y
Hacienda contestará a las diferentes preguntas y observaciones que han
sido formuladas por los diferentes grupos parlamentarios.

Tiene la palabra el señor Subsecretario de Economía y Hacienda.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Señor
Presidente, con carácter general, deseo agradecer a todos los Diputados
intervinientes el tono con que se han dirigido a mi persona y a la misión
que en este día me ha traído a la Comisión.

Resumiendo un poco algunas cuestiones horizontales que han sido abordadas
por diversos intervinientes, quería concluir lo siguiente. El señor
Rubalcaba, con la habilidad parlamentaria que le caracteriza, dice que no
quiere entrar en debate, pero entra en él con toda su argumentación. Nos
vamos de Telefónica porque entendemos que los intereses de los usuarios,
de los accionistas, que sobrepasarán el millón, de los empleados, de la
compañía y del servicio universal están suficientemente garantizados. Lo
están no por una disposición expresa única, sino por un conjunto de
diversos instrumentos, como son la subsistencia de un contrato; la
subsistencia de una declaración y reconocimiento legal del carácter de
servicio público de telefonía; el reconocimiento de la aplicación de los
conceptos y de la extensión del contenido del servicio universal; la
existencia de una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que
garantizará el juego de la libre competencia en este mercado; la
existencia de planes ya cumplidos en cuanto a extensión rural de la
telefonía y por lo que supone, en sí mismo, la introducción de
competencia en un mercado tan competitivo --valga la redundancia-- como
el de las telecomunicaciones.

Quiero resaltar que el hecho de que el Estado desaparezca del capital
social de Telefónica no supone la modificación ni la transformación del
carácter de servicio público y esencial que puede tener esta actividad.

Pero, extremando el argumento, podríamos llegar a la conclusión de que el
Estado debía estar presente en el capital y en los consejos de todas las
sociedades que prestan también servicios públicos esenciales. ¿Por qué no
estamos presentes en las sociedades eléctricas? ¿Es que es más esencial
la electricidad o es más esencial el teléfono? ¿Por qué no estamos
presentes en sociedades de transporte? ¿Por qué no estamos presentes en
sociedades que suministran gas, que suministran agua potable? Por tanto,
estamos en un proceso en rápida evolución que justifica plenamente, por
nuestro entorno económico nacional e internacional, la decisión tomada.

El señor Rubalcaba, que es un admirado político con una fuerte
preparación científica, hace comparaciones que no son homologables.

También el señor Alcaraz las ha hecho. ¿Qué pasa con las sociedades
similares en Francia y en Alemania, como se ha expuesto? No es comparable
la situación, señor Rubalcaba. Francia prestaba el servicio mediante un
organismo que sólo con muchas cautelas puede asimilarse a una sociedad
anónima. El Gobierno francés posee el cien por cien de ese organismo e
inicia ahora la privatización de France Télécom. No habría capacidad
financiera no solamente en Francia sino en algunos otros países europeos
de absorber una privatización total de France Télécom. France Télécom
puede ser cuatro veces la dimensión de Telefónica española. Sería
financieramente imposible que el Gobierno francés deseara una
privatización total. Inicia un primer paso desde una posición
completamente distinta. El primer paso nosotros ya lo hemos dado, lo
dimos en 1995. Para nosotros es un último paso y por la dimensión de
nuestra participación, está plenamente justificada.

Parecidas razones abogan la falta de homologación con el ejemplo alemán.

La prestación del servicio telefónico en Alemania hasta épocas muy
recientes ha sido prácticamente un organismo administrativo, una
dependencia administrativa o incluso un ministerio de telecomunicaciones,
y sólo recientemente se ha transformado dicho organismo en sociedad
anónima, de manera que mediante ampliaciones de capital a las que no ha
acudido el Estado se ha podido diluir esa participación del cien por cien
para rebajarla hasta un 80 ó 85 por ciento, que es en la actualidad. Por
tanto, no sólo por la dimensión económica de estas entidades



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sino por su proceso iniciado más tarde que nosotros y partiendo, además,
de situaciones distintas a las nuestras, creo que el ejemplo no es
homologable. Si nosotros garantizamos --y en ello incluyo al Parlamento--
que quedan salvaguardados los intereses en presencia, creo que nos
podemos marchar perfectamente de Telefónica.

El contrato con Telefónica, indudablemente, se puede renegociar --lo he
anticipado también--. Su señoría ha dicho que a finales de 1998. Tenemos
todavía dos años de contrato en los que podemos ver la experiencia de la
actuación de la compañía en esta etapa y, efectivamente, si en el
Parlamento sale aprobada, en términos similares o análogos a los que
llegue la ley general de telecomunicaciones, el servicio universal tendrá
una cobertura jurídica y regulada porque entendemos precisamente que la
función del Estado es tal regulación.

Son dos proyectos distintos de los que S. S. ha mencionado. Una cuestión
es la tramitación como proyecto de ley de un decreto-ley ya aprobado y
convalidado --y respondo también al señor Alcaraz--. El decreto-ley entra
en funcionamiento, en vigor, en aplicación desde el momento de su
aprobación. El hecho de que después tenga que convalidarse en el
Parlamento o que el Parlamento decida que se tramite como proyecto de ley
no le quita ninguna vigencia a su contenido. Por tanto, es perfectamente
posible el desarrollo reglamentario de las previsiones contenidas en un
decreto-ley sin que el Parlamento ultime su tramitación como proyecto de
ley porque, entonces, dejaríamos prácticamente sin virtualidad a la
urgencia extraordinaria y necesaria que justifica la aprobación de un
decreto-ley.

El señor Alcaraz ha utilizado unos términos con un tono muy suave y
amable, pero suponen una artillería gruesa. Ha calificado el proceso o la
actuación de irresponsable, de autoritaria, de esperpéntica, sin
sensibilidad democrática, de golpe de mano y de saco monumental. Yo no
puedo ponerme al nivel de S. S. porque, entre otras cosas, a mí no me
ampara la inviolabilidad, pero creo sinceramente que no merece esa
calificación este proceso precisamente porque se ha anunciado y no puede
sorprender a nadie; se ha discutido en este Parlamento, aunque no se haya
discutido en la Comisión de Economía; no ha sido una sino varias
iniciativas las que han permitido exponer ante el Parlamento lo que son
los programas y las operaciones concretas de privatizaciones; existe en
tramitación la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de
Industria y Energía; hemos intentado --cosa que hasta ahora no se había
hecho-- crear un consejo consultivo que, desde un punto de vista objetivo
e independiente, permita decirnos si estamos haciendo las cosas con
objetividad y transparencia o no; y hemos creado los mecanismos de
control y de garantía no solamente del proceso en sí mismo sino del
destino --lo más importante--, del resultado de tales privatizaciones.

Por todo eso, señor Alcaraz, con todo el respeto, creo que ni el proceso
en general ni esta operación en concreto, merecen tales calificativos.

Desconozco el contenido y la fundamentación del recurso
contencioso-administrativo que han interpuesto determinados sindicatos,
sí puedo decirles que el fondo de pensiones de Telefónica, en cuyo comité
ejecutivo participan los sindicatos, ha sido enormemente beneficiado por
la privatización al reservarse un tramo dentro del tramo minorista. No sé
si este recurso va también contra esa generosidad del Estado o, por el
contrario, se acepta lo que es beneficioso y se impugna, en base a no sé
qué motivo, lo que no resulta aceptable. Lo que está claro es que la
notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores se hace el 20
de diciembre de 1996 y no el uno de enero, es decir, el mismo día que el
Consejo de Ministros aprueba el acuerdo por el que se transfiere este
patrimonio a SEPPA y se autoriza a SEPPA la OPV, se notifica como hecho
relevante a la Comisión del Mercado de Valores, y precisamente la
permanente relación y contactos con la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para que en ningún caso sean desconocidos los pasos que se van
dando, es una prueba más de este deseo de transparencia y de información.

Yo comprendo --lo he dicho-- que hay opciones políticas, que hay opciones
concretas y que el proyecto concreto de Telefónica pueda no gustar a
algún grupo parlamentario, pero lo que no se puede negar es que sí ha
tenido buena acogida entre, al menos, un millón de españoles, que supongo
que representan un millón de padres de familia o parecido; por tanto,
creo que, cuando ha tenido una respuesta, no estaba tan mal enfocado
esto. En todo caso, lo más importante es saber determinar cuáles son las
funciones de cada uno. Desde el exterior, por no ser Diputado, entiendo
el Parlamento en funciones de regulación, en funciones de normación,
aprobando las leyes, y veo al Ejecutivo adoptando y resolviendo los
acuerdos. Como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
yo no veo al Parlamento discutiendo si deben ser cinco, seis, tres o
cuatro los consejeros de Telefónica que deben permanecer, si el
porcentaje de permanencia debe ser el 3, el 5 o el 10 por ciento, si el
tiempo de permanencia debe ser un año, dos, cinco, diez o toda la vida.

Yo entiendo que el Gobierno asume su responsabilidad diseñando una
operación, dando fundamento a esa decisión, justificando sus decisiones,
fundamentándolas, dejándolas por escrito y dejándolas autentificadas.

En cuanto al portavoz del PNV, tengo que decir que agradezco mucho su
intervención. He tomado buena nota de esa especie de decálogo que nos ha
enumerado. De hecho, nuestra intención es llegar a un tipo de
reglamentación genérica de operaciones de privatización, de manera que se
sepa públicamente que para privatizar cualquier cosa tenemos que
atenernos a esos criterios generales, a esas directrices, a esas
instrucciones. Algunas de ellas ya las hemos cumplido; desde luego,
procuramos que el proceso tenga la máxima seguridad jurídica y que queden
protegidos y garantizados los intereses en presencia. En cuanto a
garantías de futuro o cierto control de gestión, estará en función de
muchas circunstancias; no es fácil un control directo, pero al Gobierno
siempre le es posible un control indirecto porque precisamente ya están
creados y funcionando los mecanismos para ello. En un sector liberalizado
de telecomunicaciones, la presencia de una Comisión Nacional del Mercado
de Telecomunicaciones, a ejemplo de lo que ocurre en otros países, tal
vez es el instrumento más indispensable y más eficaz.




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Finalmente, la existencia de una subcomisión a crear en breve dentro de
la Comisión de Industria y Energía, como también ha mencionado el
portavoz del PNV, permitirá un seguimiento más puntual de cualquiera de
las operaciones que desarrollemos.

Agradezco al señor Aguirre su intervención. Creo que, efectivamente, el
debate está en torno a intervención o regulación; los tiempos son tiempos
de regulación y que con ello no se hurta la competencia de ningún órgano
constitucional ni, por supuesto, del Parlamento. La regulación implica la
creación de un marco normativo y, dentro de ese marco normativo, que los
actores se muevan con libertad, pero entendiendo que servicio universal
no es solamente universalidad para el prestatario, sino también para el
prestador. Es tal vez un matiz poco meditado. Cuando hablamos de servicio
universal estamos pensando en que el servicio llegue a un precio
asequible a todo posible usuario, pero también estamos hablando de que el
servicio universal implica que cualquier operador económico pueda actuar
en competencia dentro de un marco establecido precisamente en la
actividad reguladora.

Nada más, señor Presidente. No quiero extenderme, pero sí deseo reiterar
y renovar mi agradecimiento a las palabras que personalmente me han
dirigido los diversos portavoces.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario de Economía y
Hacienda.

Se levanta la sesión.




Eran las tres y media de la tarde.