CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 138



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 13 (extraordinaria)



celebrada el miércoles, 29 de enero de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia, a petición del Gobierno, del señor Secretario de Estado de
Hacienda (Costa Climent), para dar cuenta de la incidencia de la línea
interpretativa marcada por el Tribunal Supremo sobre el funcionamiento de
determinados servicios de la Agencia Tributaria. (Número de expediente
212/000443.)



Comparecencia, acordada por la Diputación Permanente, a solicitud de los
Grupos Parlamentarios Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Mixto, del señor Secretario de Estado de Hacienda (Costa Climent) y del
señor Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(Bermejo Ramos), para informar de la prescripción de expedientes de la
Inspección de Tributos por un valor aproximado de doscientos mil millones
de pesetas. (Números de expediente 212/000456 y 212/000457.)

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Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señoras y señores Diputados, buenos días, comienza la sesión.

Vamos a celebrar en el día de hoy la comparecencia, a petición del
Gobierno, del señor Secretario de Estado de Hacienda para dar cuenta de
la incidencia de la línea interpretativa marcada por el Tribunal Supremo
sobre el funcionamiento de determinados servicios de la Agencia
Tributaria, así como la comparecencia, acordada por la Diputación
Permanente, a solicitud de los grupos parlamentarios Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, del mismo señor Secretario de
Estado de Hacienda y del señor Director General de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, para informar de la prescripción de
expedientes de la Inspección de Tributos por un valor aproximado de
doscientos mil millones de pesetas.

Dada la similitud de contenido entre ambas comparecencias, la Mesa, oída
la Junta de Portavoces, ha decidido que se celebren acumulándolas. El
debate se ordenará en los siguientes términos. En primer lugar,
intervendrá el señor Secretario de Estado de Hacienda, don Juan Costa;
posteriormente lo harán, si así lo tienen a bien, por supuesto, el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Mixto, y
luego, de mayor a menor, intervendrá el Grupo Socialista, el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Vasco (PNV), el Grupo de
Coalición Canaria y, por último, el Grupo Popular, para formular los
términos de la comparecencia, en lo que se refiere al Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Mixto, así como para
sentar posiciones, formular preguntas, observaciones o reclamar
aclaraciones por parte de los demás grupos parlamentarios, tanto al señor
Secretario de Hacienda cuanto al señor Director General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, don Jesús Bermejo.

Una vez que por ambos se contesten todas aquellas preguntas, posiciones,
aclaraciones u observaciones que se hayan formulado, se celebrará un
nuevo turno de intervenciones por los diferentes grupos parlamentarios en
el mismo orden que he señalado con anterioridad y al final contestarán
tanto el señor Secretario de Estado de Hacienda como el Director General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y siempre, en último
lugar, el señor Secretario de Estado de Hacienda, al menos, lógicamente,
que en el curso del debate se suscitase algún tipo de incidencias en el
orden del mismo.

Dicho lo cual, si les parece a SS. SS. y si no hay ninguna apostilla a
realizar en relación al orden establecido por la Mesa hace unos
instantes, vamos a proceder a iniciar estas comparecencias.

Cedo la palabra al señor Secretario de Estado de Hacienda, don Juan
Costa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Buenos días,
señoras y señores Diputados.

Con el permiso del señor Presidente, y a petición del Gobierno y de la
Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, comparezco ante SS.

SS. con objeto de dar una explicación completa y detallada de los hechos
que afectan a determinados expedientes en los que, de acuerdo con la
doctrina de los órganos jurisdiccionales, se habría producido la
prescripción de los mismos con graves consecuencias económicas para la
Hacienda pública.

Cada fecha 5 de julio de 1996 fue aprobado el acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se encomienda a la Secretaría de Estado de Hacienda
el desarrollo y ejecución de un plan bianual para la mejora del
cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario y aduanero,
creando una comisión para su coordinación y seguimiento. En el apartado
3.º del referido acuerdo, y dentro de los denominados criterios
operativos y de organización inspiradores del desarrollo y ejecución del
plan, se señala, como punto 3.º, la agilización de plazos en las
actuaciones de todos los órganos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y el acercamiento de las mismas al nacimiento de la obligación
tributaria. A raíz de ese mandato, encargué al actual equipo directivo de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria la elaboración de un
estudio riguroso y detallado de la situación existente en relación con la
incidencia del transcurso de los plazos en los distintos procedimientos
que se desarrollan en el citado ente público, en particular en materia de
inspección, en el que se indicase el número de expedientes que podrían
estar afectados por retrasos o demoras en las situaciones, así como la
cuantificación de la deuda tributaria en ellos descubierta y los efectos
económicos de los criterios mantenidos por los órganos jurisdiccionales
en materia de prescripción, con referencia a retrasos injustificados
detectados en los procedimientos de inspección. Ello fue lo que motivó
que la Dirección General de la Agencia me informara, tras el adecuado
análisis, de la trascendencia de determinados hechos, lo que motivó que
el Gobierno decidiera informar a la opinión pública y a las Cortes
Generales sobre los retrasos advertidos y sobre los efectos de las
consecuencias que los mismos pueden producir para la Hacienda pública.

El informe que presento ante SS. SS. tiene por objeto el análisis
objetivo de las causas por las que se han venido produciendo
sistemáticamente graves retrasos y dilaciones injustificadas en
determinados procedimientos de inspección, así como las consecuencias que
tales hechos tienen en el orden jurídico y económico a la vista de la
consolidación de una doctrina administrativa y jurisprudencial que data
del año 1991.

Para analizar esta cuestión, considero conveniente comenzar explicando a
SS. SS. el contenido del artículo 31 del Reglamento general de
inspección, que en sus apartados 3.º y 4.º señala que se considerarán
interrumpidas las actuaciones inspectoras cuando la suspensión de las
mismas se prolongue por más de seis meses, considerándose no producida la
interrupción de la prescripción cuando la citada suspensión no sea
justificada, con los efectos que ello pueda producir en el ámbito
económico.

Como SS. SS. conocen, el mencionado artículo del Reglamento general de
inspección ha sido interpretado de



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forma sustancialmente homogénea por la jurisprudencia a lo largo de los
últimos años, y es hoy interpretado por el Tribunal Supremo, en su
sentencia de 28 de febrero de 1996, de una manera que, en palabras del
propio Alto Tribunal, permite hablar de una solución inequívoca al
problema.

Recordarán SS. SS. que la cuestión doctrinal planteada en torno a la
interpretación de este artículo se centra en el momento en que ha de
entenderse que se produce la conclusión del procedimiento de inspección.

Así, mientras una parte minoritaria de la doctrina venía entendiendo que
éste concluye con la formalización del acta sin que exista plazo
determinado para su liquidación, otra, mayoritaria en la doctrina y en la
jurisprudencia, sostiene que la finalización del procedimiento se produce
en el momento del acto de liquidación. La cuestión es fundamental, por
cuanto que la interrupción injustificada durante un plazo superior a seis
meses, dentro del procedimiento de inspección, permite hablar de la no
interrupción del plazo de prescripción del tributo inspeccionado, y
consecuentemente su prescripción si en tal momento hubiera transcurrido
el plazo de cinco años.

La sentencia señala que el principio constitucional de seguridad jurídica
establecido en el artículo 9.3 de la Constitución exige una solución
inequívoca al problema. Cito textualmente: «No se oculta a la sala que,
en torno a tal cuestión, se han sostenido posiciones contradictorias, por
lo que el principio de la seguridad jurídica, del que es garante el
artículo 9.3 de la Constitución, se resiente en tanto no se llegue a una
solución inequívoca.» El Tribunal no se plantea duda alguna al respecto,
y cito literalmente de nuevo: «Resulta incuestionable que, a partir del 1
de julio de 1986, incumbe a la Inspección de los tributos la práctica de
las liquidaciones resultantes de las actuaciones de investigación y
comprobación, y, por ende, tal función, inicialmente gestora, se
convirtió en una actuación de la inspección de los tributos.» Sigo
citando: «Sin duda, esto hizo que la Dirección General de Tributos, en
informe de 18 de julio de 1991, mantuviera que resulta imprescindible
fijar con toda claridad el momento temporal en que terminan las
actuaciones de comprobación e investigación tributaria. Entiende este
centro directivo que el momento temporal en que se produce la terminación
de las actuaciones de investigación y comprobación tributaria es el de
notificación del acto administrativo de liquidación.»
Los términos en que se produce la sentencia del Tribunal Supremo permiten
afirmar que su contenido tiene como objetivo sentar criterio, y que la
misma participa de una naturaleza similar a la de cualquier sentencia
dictada en un recurso de unificación de doctrina, toda vez que viene a
clarificar una cuestión en la que, aun cuando abrumadoramente era
mayoritaria la tesis mantenida por el Tribunal Supremo, no dejaban de
existir sentencias aisladas que, en cuestiones concretas, contradecían la
misma.

Ahora bien, lo que debe quedar claro en estos momentos es, por un lado,
los hechos, es decir, qué retrasos se han producido en el procedimiento
de inspección --retrasos que en determinados casos han superado los cinco
años--, causas que permitan que estos retrasos se produzcan, adecuación
de las medidas que, en su caso, pudieran haber sido adoptadas para evitar
dilaciones injustificadas, tanto con relación al momento como con
relación al contenido, y, por otro, las consecuencias que dicha
paralización comporta en cuanto al cobro e importe de las deudas
tributarias descubiertas.

Con objeto de aclarar estas cuestiones es necesario que exponga, siquiera
brevemente, por orden cronológico, los antecedentes y pronunciamientos
que sobre este particular existían y de los cuales podían tener
conocimiento exacto y puntual todos los gobiernos anteriores.

En primer lugar, con fecha 18 de julio de 1991 fue emitida una resolución
por la Dirección General de Tributos en relación con una consulta de la
antigua Dirección General de Inspección. Esta consulta establecía --como
he comentado antes-- que el momento temporal en que se produce la
terminación de las actuaciones administrativas de investigación y
comprobación tributaria es el de la notificación del acto administrativo
de liquidación. Es decir, el 18 de julio de 1991 la Dirección General de
Tributos --por tanto, la Administración General del Estado-- establece,
de forma explícita y pública en una resolución, que el procedimiento
inspector --en concreto, las actuaciones de comprobación e
investigación-- concluyen con la notificación del acto de liquidación.

Esta doctrina nunca ha sido contradicha o variada por el precitado centro
directivo ni, consecuentemente, por el Ministerio de Economía y Hacienda.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria asume dicha doctrina, de
forma pacífica y generalizada, a la hora de practicar las
regularizaciones derivadas de la amnistía fiscal del año 1991. No se
conoce que se planteara duda alguna por parte de los órganos de la
agencia sobre el acierto de la resolución de la Dirección General de
Tributos. Sin embargo, y curiosamente, se permitió, o se defendió, que
esta doctrina, cuando los contribuyentes la alegaban a efectos distintos
de la regularización y que obligaba a que los órganos liquidadores
contestaran y finalizaran sus expedientes en un determinado plazo, no
resultara, o no se quería que resultara de aplicación. Para justificar
esta situación no puede alegarse que la Dirección General de Tributos
definiera el momento de conclusión del procedimiento inspector a los
solos efectos de determinar el ámbito de aplicación de la regularización
tributaria del año 1991. La Ley de Renta del año 1991 no habilitó a la
Administración para modificar, a los solos efectos de la amnistía fiscal,
las normas reguladoras del procedimiento inspector. No es posible
sostener que este procedimiento pueda durar más o menos, terminar en un
momento u otro, según los interesados se hayan acogido o no a una
regularización fiscal. El procedimiento inspector tiene la duración que
determinan las normas, y sea cual sea esta duración, la Administración no
puede y no debe nunca, bajo ningún motivo, interpretar discrecionalmente
las normas reguladoras del mismo según sus conveniencias.

Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Valencia, en una resolución de 30 de septiembre de 1991, vino a declarar
de nuevo que las actuaciones inspectoras concluían no con la
formalización de las actas,



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sino con la aprobación de la correspondiente liquidación, por lo que,
transcurridos más de seis meses desde aquella formalización, el
procedimiento inspector debería entenderse caducado y por no producida la
interrupción de la prescripción. Sobre este mismo particular, y en igual
sentido, se pronunció, con fecha 28 de diciembre de 1992, el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, el cual anuló, por prescripción, una
liquidación practicada con un retraso de más de seis meses desde el día
en que se levantaron las actas. A mayor abundamiento y en relación además
con esta misma sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con
fecha 20 de abril de 1993, la Dirección General del Servicio Jurídico del
Estado remitió un informe justificando la imposibilidad de interponer
recurso contra la citada sentencia por considerar, entre otras razones,
que la doctrina sentada por la sala no era errónea y dañosa para el
interés general.

Ante estos pronunciamiento, el departamento de inspección elaboró un
informe en abril de 1993. En este informe concluía señalando: Las
posibilidades de que en vía jurisdiccional prospere la prescripción de
liquidaciones practicadas por la inspección con retraso superior a seis
meses son muy elevadas. En parte contribuye al aumento de dichas
posibilidades el texto de la resolución de la Dirección General de
Tributos, de 18 de julio de 1991, correcto en sí.

En todo caso, el conocimiento y preocupación sobre esta cuestión, así
como sobre las consecuencias económicas que podrían resultar de la
aplicación de los criterios de los órganos jurisdiccionales, no se
limitaron al departamento de inspección financiera y tributaria. En esta
línea es obligado citar el escrito de fecha 19 de abril de 1993 de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
remitido al servicio jurídico del Estado, que finalizaba diciendo: Las
consecuencias que para la Agencia Tributaria pudieran derivarse de la
proliferación de fallos del mismo tenor que el de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón serían especialmente graves.

Estos datos demuestran claramente a SS. SS. que desde 1991 la propia
Administración y los tribunales alertan al menos sobre las graves
consecuencias económicas que podría tener para la Hacienda pública la
paralización injustificada de expedientes de inspección. Sin embargo, no
se adoptó ningún tipo de instrucción en ese momento que obligara,
exigiera o impulsara a los órganos de la agencia a promover la
tramitación de, al menos, aquellos expedientes que, por su cuantía,
naturaleza e importancia pudieran resultar más relevantes dentro del
conjunto de los tramitados en esas fechas por la inspección de los
tributos.

A partir de 1993 los pronunciamientos de los tribunales superiores de
justicia, así como diversos fallos de la Audiencia Nacional, se suceden
en el tiempo, recogiendo las tesis manifestadas en 1991 por la Dirección
General de Tributos. Así, en concreto, los tribunales superiores de
justicia, en el período entre 1992 y 1996, fallan en quince ocasiones en
contra de los intereses de la Agencia Tributaria, en contra del criterio
mantenido por dicha agencia y a favor del criterio mantenido en la
Dirección General de Tributos en la resolución de 1991. En la misma
línea, la Audiencia Nacional falla en cuatro ocasiones en contra de los
derechos económicos de la Hacienda pública admitiendo la prescripción de
las actas y de las deudas tributarias y recogiendo también el criterio
mantenido por la Dirección General de Tributos en 1991, y en la misma
línea, como todos ustedes saben, se pronuncia el Tribunal Supremo el
pasado 28 de febrero, que explícitamente cita y recoge la resolución de
la Dirección General de Tributos de 1991.

En el documento de traspaso de poderes sobre la situación de la Agencia
Tributaria se menciona de manera explícita la sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de febrero de 1996 sobre los expedientes paralizados en el
departamento de inspección. En este documento se manifestaba literalmente
lo siguiente: Estamos ante la primera sentencia del Tribunal Supremo y,
por tanto, sin jurisprudencia sobre el tema. No obstante, la insistencia
en este criterio por parte de diferentes tribunales superiores de
justicia hace presumibles pronunciamientos del Tribunal Supremo en el
mismo sentido. Desde hace tiempo y como consecuencia de dichos
pronunciamientos, la agencia ha venido adoptando las medidas necesarias,
con lo que se ha conseguido que la totalidad de los órganos liquiden
dentro del plazo reglamentario, con la única excepción de la delegación
de Madrid, donde se han desarrollado planes de actuación especiales para
resolver el problema.

Del texto transcrito se desprende, señoras y señores Diputados, por un
lado, que se admite la consolidación de la doctrina de los órganos
jurisdiccionales en contra de los derechos de la Hacienda pública, según
la cual y tal y como antes he explicado, la paralización injustificada de
los expedientes en las oficinas técnicas por un plazo superior a seis
meses determinaría la prescripción en los supuestos en los que hubieran
transcurrido más de cinco años. Se sostiene que se ha conseguido que la
totalidad de los órganos liquiden dentro del plazo reglamentario --luego,
lamentablemente, la situación no es exactamente así-- y se afirma que
existe una única excepción en la delegación de Madrid, en donde, por otra
parte, se han desarrollado planes especiales durante 1995. Sin embargo,
nada dicen, por ejemplo, de la Oficina Nacional de Inspección.

El 15 de marzo de 1996, antes del traspaso de poderes, fue elaborado un
informe por la delegación de Madrid bajo el título Información preliminar
sobre datos de la oficina técnica de Madrid. Este informe analizaba las
consecuencias de la línea interpretativa operada por los tribunales en
relación con el artículo 31 del reglamento general de inspección,
cuantificando los perjuicios económicos circunscritos al referido ámbito
de la delegación especial de Madrid en los siguientes términos --les
recuerdo que es un informe de fecha 15 de marzo de 1996--: El número de
actuaciones afectadas es muy difícil de calcular en un primer momento,
dado que, por otra parte, las actas correspondientes a conceptos
distintos, del Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la Renta, abarcan
varios ejercicios, siendo necesario proceder a desagregar en cada
situación individual la cuantía correspondiente a cada una de ellas.

Asimismo --manifiesta el informe-- no existe constancia



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de registro mecanizado de la totalidad de las actuaciones, tanto por el
contribuyente como por la prescripción, que puedan haber supuesto una
interrupción de la misma, por lo que los datos reales serán inferiores,
afectando a un número máximo de contribuyentes --1.917-- y a una deuda
tributaria máxima de 10.062 millones de pesetas --manifestaba el informe
de la delegación especial de Madrid.

Los datos contenidos en este documento, a pesar de su importancia, no
fueron puestos en conocimiento del Gobierno en el informe de fecha 3 de
mayo de 1996, y en todo caso, como luego veremos, la valoración que se
realiza internamente es inferior a la que efectivamente resulta del
análisis efectuado. En cualquier caso, los servicios de control interno
de la Agencia Tributaria emiten diversos informes desde 1992 en relación
con los retrasos y paralizaciones de expedientes de la inspección y, por
tanto, en relación con el incumplimiento de los plazos legales de
resolución, que, como saben SS. SS., son de un mes. En esta línea, en el
informe de noviembre de 1992 se constatan importantes retrasos, que
suponían la existencia en la delegación de Madrid, a 30 de septiembre de
1992, de deudas pendientes de liquidar por un importe superior a 67.000
millones de pesetas. Entre las causas de los retrasos considerados
entonces como determinantes se encontraban la falta de medios materiales,
la baja dotación de la oficina técnica y la baja motivación de su
personal.

En octubre de 1993, el servicio de auditoría interna volvió a incidir
sobre los retrasos y las insuficiencias en la oficina técnica de Madrid,
que constituían un cuello de botella en el proceso de tramitación de los
expedientes en curso. En mayo de 1994 se vuelve a tratar esta cuestión en
un informe sobre organización de las delegaciones de Madrid y Barcelona.

El informe, que tuvo una importante difusión y fue objeto de debate en
los niveles directivos de la agencia, reflejaba claramente que los planes
que se habían puesto en marcha no habían dado los frutos esperados, ya
que el retraso medio de los expedientes seguía siendo de un año y ocho
meses. Por último, el informe destacaba que, desde el punto de vista de
la lucha contra el fraude, era necesario resaltar la absoluta necesidad
de reducir al máximo los plazos que transcurren entre la fecha de firma
de las actas de disconformidad y la fecha del acto de liquidación.

En octubre de 1994 se emite un nuevo informe sobre la oficina técnica de
la dependencia regional de inspección de la delegación de Madrid. Este
informe puso de manifiesto de nuevo la persistencia en las carencias de
recursos humanos que permitiesen la correcta tramitación de los
expedientes, así como los retrasos medios, que oscilaban entre 690 días
en los supuestos normales y 1.387 días cuando se requerían segundos
informes a los actuarios, y se destacaba además en dicho informe la falta
absoluta de control sobre los expedientes.

El 14 de marzo de 1996, es decir, un año y medio después, los servicios
de control interno emiten una nueva nota sobre la informatización de la
gestión administrativa de la inspección en Madrid y en la Oficina
Nacional de Inspección. La nota se realizó al detectarse que los
proyectos en curso suponían tan sólo una solución parcial, que sería
insuficiente para resolver las graves deficiencias de falta de control
existentes. Se detectan problemas tales como la carencia de una
aplicación que diese soporte integral a la gestión administrativa de las
actas; la absoluta falta de garantías acerca del proceso de tramitación
de las actas, de los posibles extravíos de actas pendientes; el
mantenimiento excesivo de actas en situaciones que puedan comportar
riesgo; la inexistencia de instrumentos que proporcionen datos sobre la
situación de las actas y los riesgos de prescripción asociados a los
retrasos en la gestión.

La información que se acaba de poner de manifiesto sugiere una serie de
conclusiones. (Rumores.--Varios señores Diputados: A ver, a ver.) En lo
que deriva de las actuaciones llevadas a cabo por los servicios de
control interno puede afirmarse que ha existido desde el año 1992, en
relación con Madrid, una clara percepción de problemas, debilidades y
riesgos inherentes a la gestión y al control de las actas, que han sido
advertidos de forma sistemática y reiterada en los sucesivos informes.

Las medidas adoptadas nunca acometieron problemas de fondo. Esta
afirmación queda reflejada en los siguientes puntos: en la evolución de
los expedientes en curso en Madrid, que no ha flexionado de forma
positiva; en datos a 31 de diciembre de los distintos años los
expedientes de la oficina técnica de Madrid son 6.000 en 1992, 4.900 en
1993, 4.800 en 1994, 10.500 en 1995 y 5.700 en 1996.

A la vista de los datos se observa que recurrentemente se han producido
nuevos empeoramientos. Desde luego las medidas, únicamente restringidas a
la oficina técnica de Madrid, que sólo es una fase del proceso, nunca
llegaron a afrontar de forma integral los problemas primordiales
relativos al control de la gestión y a evitar cualquier tipo de riesgo en
relación con las actas.

Respecto al ejercicio 1995, se denota igualmente por los servicios de
control un estancamiento y paralización en el número de expedientes. Los
plazos de resolución mencionados en el informe de 1994 no mejoran
sustancialmente tras las medidas adoptadas, pues se mantienen en más de
500 días en los casos normales, en algunos casos en 700, y en 1.268 días
en las actas de disconformidad con complementos de actuaciones. En
general del conjunto de los informes y de las pocas medidas adoptadas se
deduce un escaso interés por el respeto a los plazos en materia de
gestión de las actas y a su control.

Por último, es una cuestión particularmente relevante el hecho constatado
en estos informes de la existencia de elevados riesgos asociados a una
casi total ausencia de control sobre la situación de los expedientes en
tramitación. Desde 1991, tanto la propia Administración como los
tribunales advierten de las consecuencias que puede tener el hecho de que
los procedimientos de inspección se paralicen durante plazos superiores a
seis meses. Sin embargo, no se toman las medidas concretas, aun cuando,
como ya he dicho, los servicios de control interno de la agencia habían
puesto de manifiesto el problema que se planteaba en determinadas
oficinas técnicas en sus informes de diciembre de 1992, diciembre de
1993, octubre de 1994 y marzo de 1996, alertando en todos ellos de la
gravedad del problema



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y de la importancia de los retrasos que, con independencia de las
consecuencias que pudieran producir desde el punto de vista económico,
eran inadmisibles, por razones de seguridad jurídica y de respeto a los
derechos de los contribuyentes.

En síntesis, como reacción al problema suscitado, se producen dos
comunicaciones y dos planes especiales. En cuanto a las comunicaciones
hay que señalar que una es en febrero de 1995, en la que se le dirige una
carga a los inspectores regionales, dando traslado de la sentencia de
noviembre de 1994 de la Audiencia Nacional; en marzo de 1996 hay otra
comunicación a las delegaciones especiales de la agencia de la sentencia
del Tribunal Supremo en 1996. Respecto de los planes, los
correspondientes a los años 1993 y 1994, en los que se proponía la
adopción de medidas de diversa índole, tanto en relación con cuestiones
previas a la entrada de expedientes, como respecto de otras referentes a
estrictas cuestiones de organización interna, no producen los efectos
necesarios.

Por otra parte, y respecto de la Oficina Nacional de Inspección, no se
adopta plan alguno debiendo significarse que es en esta oficina donde se
comprueban los fraudes más graves e importantes desde el punto de vista
económico. Como luego se verá, nada menos que el 40 por ciento de su
gestión queda invalidada por retrasos injustificados en la tramitación de
expedientes.

La comunicación de febrero de 1996, a que he hecho referencia, no era más
que una carta rutinaria elaborada por la Subdirección General de
Ordenación Legal en la que se remitía una copia de la sentencia de la
Audiencia Nacional de noviembre de 1994, en la que únicamente se
comunicaba a los inspectores regionales textualmente: Os traslado la
sentencia para ir minimizando los efectos que pueda suponer la
consolidación de esta línea jurisprudencial.

El 15 de marzo de 1996 se remite un oficio a los delegados especiales de
la agencia en los que textualmente se señala: La sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de febrero de 1996 no constituye jurisprudencia en el
sentido técnico-jurídico del término. No obstante, no deja de suponer un
importante pronunciamiento judicial que, sin duda, influirá decisivamente
en las sentencias que sobre este tema se dicten en el futuro.

Todas las actuaciones que en esta fecha se desarrollan se limitan a
solicitar, como conclusión al oficio de remisión, que se adopten todos
los medios precisos para que las actas extendidas por la inspección sean
objeto de una oportuna liquidación en el plazo reglamentariamente
previsto y, en todo caso, inferior a seis meses.

Recapitulando nuevamente lo dicho, conviene reiterar que todas las
actuaciones en el período de 1991 a 1996, en relación a un posible
perjuicio muy grave, quedaron limitadas a unos planes de actuación en
Madrid, completamente insuficientes, como denotan los resultados, a una
carta de remisión de una sentencia de la Audiencia Nacional y a un oficio
de remisión de la definitiva sentencia del Tribunal Supremo, de cuya
trascendencia se hace especial énfasis. Es evidente que no se corrigieron
los problemas allí donde realmente existían y que las medidas adoptadas
no sólo fueron insuficientes sino que se adoptaron con tanto retraso en
el tiempo que resultaron igualmente inútiles. Desde esta perspectiva los
expedientes que se agilizaron ya estaban perjudicados por el transcurso
de períodos de liquidación muy superiores a los seis meses.

Con independencia de los graves errores políticos producidos desde 1985
fundamentalmente (La señora Aroz Ibáñez: ¿Cuáles?--Rumores.) en la
configuración y diseño de la política tributaria, las principales razones
de carácter general que han llevado a que se produzca esta lamentable
situación se pueden resumir en las siguientes. En primer lugar, una clara
falta de voluntad e impulso político para resolver el problema.

(Rumores.) Tal y como ya conocen SS. SS., tanto la Administración como
los tribunales alertaron de las posibles consecuencias, muy graves, que
el retraso y la paralización de los expedientes de inspección podían
acarrear, pero desde 1991 hasta 1996 no se tomaron las medidas oportunas,
aun cuando el propio servicio auditoría interna de la agencia había
puesto de manifiesto la gravedad del problema, tal y como he mencionado
con anterioridad.

En segundo lugar, la clara inexistencia de mecanismos de unificación de
criterios para garantizar un trato tributario idéntico al conjunto de los
contribuyentes (Rumores.) y facilitar la aplicación del sistema
tributario por la inspección de los tributos. Al contrario, se utilizaron
criterios administrativos dispersos, según se estimase conveniente en
cada circunstancia. Así el criterio de la Dirección General de Tributos
se aceptó como válido para la amnistía fiscal de 1991 y se quiere hoy
negar simultáneamente para aquellos contribuyentes que lo alegaron a
efectos de prescripción o para exigirle a la Administración diligencia en
el cumplimiento de sus plazos.

En tercer lugar, una absoluta falta de control en la tramitación de las
actas. Tengan en cuenta SS. SS. que los datos relacionados con las actas
se encontraban informatizados sólo hasta la firma de las mismas. A partir
de ese momento no existía ningún mecanismo de control que informase
acerca del estado de tramitación de las liquidaciones.

En la Oficina Nacional de Inspección el asunto era especialmente grave,
teniendo en cuenta la importancia de los expedientes tramitados en esa
oficina, que es la responsable de los fraudes fiscales más graves. A 31
de diciembre de 1995, en concreto, había 228 expedientes vivos, de los
cuales se encuentran prescritos, con arreglo a los criterios de los
órganos jurisdiccionales, 132.

Quiero poner de manifiesto a SS. SS. la gravedad y la trascendencia de la
falta de control en la gestión de las actas. Piensen ustedes que un acta
es como un talón nominativo (Varios señores Diputados: ¡Ah!) que se
extiende, del que dispone y lo tiene la Administración, y que lo
diligente es presentarlo con rapidez al cobro, y no tenerlo quizá
guardado en un cajón o no tener la más mínima idea ni la más mínima
noción de en qué situación se encuentra y qué actuaciones pueden llevarse
en concreto con relación a ese talón nominativo.

De lo expuesto creo que pueden concluirse un conjunto de hechos: que los
servicios de control interno de la Agencia Tributaria vienen constatando
desde 1992 la existencia de retrasos injustificados en los procedimientos
de inspección,



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que oscilan entre 2 y 3,5 años, llegando en algunos casos a superar los 5
años; que la Dirección General de Tributos, los tribunales
económico-administrativos, los tribunales superiores de justicia, la
Audiencia Nacional, el departamento de inspección, la Dirección General
de la Agencia, la Dirección General del Servicio Jurídico, alertaron con
constancia y reiteración sobre las consecuencias económicas que podían
resultar de esos retrasos; que a pesar de que las alarmas fueron
contundentes o existían desde el año 1991, no se adoptaron las medidas
necesarias, lo que ha provocado que, de acuerdo con el criterio de los
órganos jurisdiccionales, estén prescritas deudas tributarias por un
importe superior a 200.000 millones de pesetas.

Quiero manifestar, en cualquier caso, que el Gobierno ha dado
instrucciones para que en todas las liquidaciones que se hayan recurrido
ante los tribunales económico-administrativos o bien ante la jurisdicción
contencioso-administrativa se desarrollen cuantas actuaciones sea posible
por la Abogacía del Estado en defensa de los derechos económicos de la
Hacienda pública. Para ello se utilizarán todos los vehículos jurídicos
que puedan resultar aplicables. Igualmente, señalo a SS. SS. que se ha
iniciado el expediente de declaración de lesividad para interponer
recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEAC de 16 de
diciembre de 1996. Sin embargo, quiero manifestar a SS. SS. que sí se
debe ser consciente y afirmar con toda contundencia que la consolidación
de la doctrina jurisprudencial reiterada por los órganos jurisdiccionales
y marcada y confirmada por el Tribunal Supremo significa,
lamentablemente, la prescripción de todos aquellos expedientes donde
puedan constatarse paralizaciones superiores a seis meses (El señor
Eguiagaray Ucelay: No señor.) y, consecuentemente, la imposibilidad de
hacer efectivo su cobro. (Rumores.)
Quiero manifestar, asimismo, que el Gobierno garantiza la independencia
de los tribunales económico-administrativos, que gozan de plena autonomía
funcional.

En ningún caso se pueden fijar desde el Gobierno sus criterios
interpretativos, ni tampoco incidir en el sentido de sus fallos. La
reciente resolución de 16 de diciembre de 1996, en la que el propio
Tribunal Económico-Administrativo asume plenamente los criterios
establecidos por la sentencia del Supremo de 28 de febrero de 1996, no es
más que un ejercicio de la función propia del tribunal, que es la
independencia en la resolución de las cuestiones que a él se le planteen,
con total respeto al ordenamiento jurídico y a las interpretaciones que
hacen los órganos jurisdiccionales. La decisión tomada por el tribunal
central de modificar un criterio anterior al conocer una sentencia del
Supremo es una manifestación del ejercicio de su plena autonomía e
independencia que el Gobierno está dispuesto a mantener y garantizar en
beneficio del conjunto de los ciudadanos.

En todo caso, y dada la intención más clara ya rotunda del Gobierno de
evitar cualquier duda respecto de la situación planteada en relación a
los expedientes perjudicados, quiero informar a esta Comisión sobre el
detalle de los referidos expedientes, con omisión de todos los datos
identificativos de los mismos que pudieran ofrecer información protegida
y en estricto cumplimiento de las normas que regulan el deber de secreto
sobre información tributaria.

La cuantificación de la deuda prescrita, correspondiente a liquidaciones
emitidas entre 1991 y 1996 (por tanto, dejamos de lado todo el período en
el que se encontraba en vigencia el reglamento general de inspección,
que, como todos ustedes saben, es desde el 1 de enero de 1986), según la
Dirección General de Inspección, es de 202.822 millones de pesetas.

Por lo que respecta al detalle por expedientes, puedo informarles de lo
siguiente. Con relación a actas de disconformidad tramitadas en los
períodos comprendidos entre 1991 y 1996, en la Oficina Nacional de
Inspección se tramitaron 1.514 expedientes, de los que se encontrarían
prescritos, con arreglo al criterio de los órganos jurisdiccionales, 602,
es decir, un 40 por ciento; de la deuda total liquidada (271.857
millones), se encontrarían prescritos, con arreglo al criterio de los
órganos jurisdiccionales, 110.755 millones de pesetas, es decir, un 41
por ciento.

Hay que decir que en la Oficina Nacional de Inspección, que es el órgano
encargado de gestionar y de responsabilizarse de los fraudes más graves,
como consecuencia de paralizaciones injustificadas o de retrasos, se
produce, con arreglo al criterio de los tribunales, una prescripción del
40 por ciento de los expedientes y una prescripción del 41 por ciento de
la deuda total liquidada.

Con relación a la Oficina Nacional de Inspección de Barcelona, donde se
tramitan, en el período 1991-1996, 436 expedientes, el número de
expedientes que total o parcialmente se encuentra prescrito, con arreglo
al criterio de los órganos jurisdiccionales y a la información detectada
y hallada a lo largo de la evaluación económica efectuada por la
Dirección General de Inspección, sería de 171, es decir, un 31 por
ciento. De la deuda total liquidada (84.967 millones), la deuda que se
encontraría prescrita, con arreglo al criterio de los órganos
jurisdiccionales, sería de 46.527 millones de pesetas, es decir, el 55
por ciento. Llamo de nuevo la atención a SS. SS. de que, lamentablemente,
con el criterio de los órganos jurisdiccionales, cuando estos asuntos
tengan que ser declarados prescritos, Hacienda podría dejar de ingresar
un 55 por ciento de las deudas liquidadas por la Oficina Nacional de
Inspección durante el período 1991 a 1996.

En la delegación especial de Madrid, en el período 1991-1995, del número
total de expedientes tramitados (9.298), 3.877 se encontrarían
prescritos, con arreglo al criterio de los órganos jurisdiccionales, es
decir, un 42 por ciento; de la deuda total liquidada (187.200 millones),
38.537 millones se encontrarían prescritos, es decir, un 20 por ciento.

Llamo la atención de SS. SS. de que, sin embargo, en la delegación de
Madrid, donde existe una mayor avalancha de contribuyentes y, por tanto,
se gestiona un mayor número de casos, aunque desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo no tan importantes como los de la Oficina
Nacional de Inspección, la deuda prescrita es sólo del 20 por ciento.

En la delegación especial de Cataluña, en el período 1990-1995, el número
de expedientes totales es de 12.933; el número de expedientes prescritos
es sólo de 147, es decir,



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solamente se encontraría prescrito en la delegación de Cataluña el 1 por
ciento de los expedientes; y de la deuda total liquidada, que es 103.000
millones de pesetas, se podrían encontrar prescritos 7.000 millones de
pesetas, es decir, un 7 por ciento. Con relación al resto de las
delegaciones, no existen datos significativos sobre deudas tributarias
liquidadas que puedan encontrarse prescritas con arreglo al criterio de
los tribunales.

Les voy a proporcionar información adicional de carácter estadístico. En
la Oficina Nacional de Inspección de Madrid, que como he manifestado a
SS. SS. es el órgano encargado de liquidar los contribuyentes más
importantes, que centraliza y gestiona la mayor parte de la recaudación y
que, por lo tanto, se dedica a la investigación y a la comprobación de
los fraudes más graves, del número total de expedientes tramitados,
1.514, se encuentran prescritos 602, es decir, el 40 por ciento. De la
deuda propuesta por la inspección en actas, 438.529 millones, la que
finalmente se acordó en actos de liquidación fue de 271.000 millones, es
decir unos 150.000 millones de pesetas menos del importe propuesto por
los actuarios. La deuda que se encuentra prescrita es de 110.000 millones
de pesetas, como he dicho antes, un 41 por ciento.

Con relación a la Oficina Nacional de Inspección de Cataluña, la deuda
propuesta por las actuaciones de la inspección fue de 207.000 millones de
pesetas. Sin embargo, la deuda finalmente liquidada como consecuencia de
los acuerdos de liquidación fue de 84.967 millones, de los que se
encuentran prescritos 46.526, lo que supone un 55 por ciento.

En el caso de las delegaciones de Madrid y Barcelona no existen
diferencias significativas en ningún caso entre las deudas propuestas por
la inspección y las deudas que finalmente se liquidan. Sin embargo, sí
quiero destacarles que en el caso de expedientes de importe superior a 50
millones de pesetas en Madrid existe un número total de contribuyentes
por actas de disconformidad de 440, de los que se beneficiarían de la
prescripción, con arreglo al criterio de los órganos jurisdiccionales,
172, es decir el 39 por ciento. El número de expedientes superior a 50
millones de pesetas es de 1.449, de los que 488, es decir el 34 por
ciento, se beneficiarían de la prescripción. Con relación a Cataluña la
situación es distinta, como he dicho al principio. El número de
contribuyentes es de 3.233 y sólo se encuentran afectados por la
prescripción 56, es decir, un 2 por ciento.

Dentro de esta cifras globales a las que he hecho referencia, en las que
se encontraría prescrita, con arreglo al criterio de los órganos
jurisdiccionales, una deuda de 202.000 millones de pesetas, se encuentran
las actuaciones correspondientes a determinados productos financieros,
englobados bajo la denominación genérica de primas únicas, como todos
ustedes conocen. El número de expedientes total que se gestionó y liquidó
fue de 30, de los que se encontrarían prescritos, con arreglo al criterio
de los órganos jurisdiccionales, 22. Es decir, el 73 por ciento de esos
expedientes se encontrarían prescritos con arreglo al criterio de los
órganos jurisdiccionales. (Rumores.) El número total de contribuyentes
afectados es de 16, habiendo prescrito los expedientes de 14 de ellos, es
decir el 88 por ciento, que se beneficiarían de la prescripción. La deuda
propuesta por la inspección fue de 258.525 millones. La deuda finalmente
liquidada fue de 103.725 millones de la que se encuentran prescritos
71.929 millones de pesetas, es decir, el 69 por ciento.

Para ilustrar más el conocimiento de SS. SS., quisiera ponerles algunos
ejemplos, sin dar la información concreta que debo proteger con relación
a cada uno de los contribuyentes. No voy a destacar los casos más
importantes desde un punto de vista económico, porque no son los más
significativos en cuanto al conjunto, aunque sobre ellos sí debía de
haberse prestado un celo y una atención especial. Pongamos el ejemplo de
un contribuyente, la sociedad A, una persona jurídica, a la que se
liquida el concepto Impuesto sobre Renta del año 1989. Se inician las
actuaciones en 1991 y se levanta un acta el 31 de enero de 1992, con un
importe de 6.600 millones de pesetas. Sin embargo, el acuerdo de
liquidación, es decir la confirmación del acta que teóricamente debe
producirse en el plazo de un mes, se produce el 2 de noviembre de 1994,
casi tres años más tarde, y la deuda se rebaja a 1.590 millones de
pesetas. Esta deuda resultaría prescrita íntegramente de acuerdo con el
criterio aplicado por los órganos jurisdiccionales. Llamo la atención de
SS. SS. de que es posible que por la complejidad de algunos expedientes
se produzcan retrasos de varios meses, incluso se podría aceptar un
retraso de seis meses o de un año, pero en un caso de 6.000 millones de
pesetas de liquidación el retraso que se produce es de cerca de tres
años. Probablemente en esos casos, que son los más graves y los
importantes, es donde debería prestarse una mayor atención para cumplir
los plazos.

Pondría también el ejemplo de un contribuyente, persona física, que
podemos llamarla Carlos, que presenta una declaración del Impuesto sobre
la Renta en el año 1989. Se levanta un acta en marzo de 1994. El acta se
liquida en julio de 1995, es decir, quince meses más tarde, cuando tenía
que haber sido dictada en el plazo de un mes, como todos ustedes saben, y
prescribe una deuda de 95.287.000 pesetas. Les pongo el ejemplo de otro
contribuyente, la sociedad B, que liquida su Impuesto sobre Sociedades
del año 1984. Se levanta un acta en diciembre de 1989 y el acta se
liquida en julio de 1993, es decir, tres años y medio más tarde de
levantar el acta, cuando el acuerdo tenía que haber sido dictado en el
plazo de un mes. La deuda prescrita es de 113 millones de pesetas. Quiero
llamar la atención a SS. SS. sobre la trascendencia de estos retrasos. Un
contribuyente que presenta su declaración en el año 1984 y, sin embargo,
la Administración tarde nueve años, después de la presentación de la
declaración en confirmarle si tiene o no razón. (Rumores.) Les voy a
poner otro ejemplo de otra persona jurídica, la sociedad C, por el
Impuesto de Tráfico de Empresas del año 1985. El acta se formaliza en
julio de 1989 y el acta se liquida en abril de 1994. Es decir, cerca de
cinco años después de la emisión del acta se produce el acuerdo de
liquidación, cuando todos ustedes saben que el acuerdo de liquidación
tiene un plazo tasado reglamentariamente para que se produzca, cuando la
importancia del expediente



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hace que se encuentre prescrita con arreglo al criterio de los tribunales
una deuda de 305 millones de pesetas. (Rumores.) Para finalizar les voy a
poner el ejemplo de otro contribuyente, la sociedad D, a la que se le
comprueba por el Impuesto sobre Sociedades el período 1983-84. Se levanta
un acta en mayo de 1991 de 4.150 millones de pesetas. Cuatro años y medio
después, en diciembre de 1995, se confirma ese acta de 4.150 millones de
pesetas, cuando tenía que haber sido confirmada en un plazo reducido.

Todo el importe de ese acta, lamentablemente, con arreglo al criterio de
los órganos jurisdiccionales, se encontraría prescrito.

Tras esta exposición, quizá algo prolija, quiero exponer algunas de las
soluciones que ha adoptado el Gobierno, sin excederme demasiado para no
alargarme, porque creo que lo importante es que hablemos de los hechos y
que el Parlamento y SS. SS. sean los que articulen las medidas y las
consideraciones, así como las valoraciones que deban extraerse de todos y
cada uno de esos hechos. (Rumores.--El señor Caldera Sánchez-Capitán:
¿Las valoraciones, el Parlamento?) El Gobierno ha articulado
instrucciones para evitar que situaciones como la descrita puedan volver
a producirse. Para ello se han dictado órdenes a la inspección el 4 de
julio, el 12 de diciembre, el 16 de enero y en todas se les conmina a que
por la especial importancia que tiene para la gestión de los derechos de
la Hacienda pública en ningún caso se deje transcurrir un plazo superior
a seis meses entre la firma de las actas de disconformidad y la fecha de
notificación, y para ello en todas las instrucciones se les ordena dar
absoluta prioridad a todos aquellos expedientes en los que no se haya
producido esta contingencia.

Es evidente la voluntad del Gobierno para evitar que ni una sola de las
actas que se incoe por los funcionarios de la inspección pueda quedar
perjudicada por el incumplimiento de los plazos reglamentarios, y para
ello no sólo se está dando absoluta prioridad a los expedientes no
prescritos, sino que además se han cursado instrucciones desde el
departamento de inspección para que todas las actas consten formalizadas,
mediante el correspondiente procedimiento informático establecido que
garantice el control y la adecuada gestión de la totalidad de las actas.

Con el fin de evitar que en el futuro puedan producirse situaciones de
estas características, se ordenó también, de acuerdo con el plan bianual
de lucha contra el fraude, un informe que analizara el impacto técnico y
económico de las medidas de agilización de plazos, propuestas por el
Consejo de Ministros en el mes de julio de 1996.

A la vista de este informe se adoptaron decisiones como medidas sobre
efectivos personales, dirigidas a la dirección del departamento de
inspección para proceder a realizar una reasignación de medios
personales. Un mandato expreso a la dirección de informática tributaria,
de inspección y del económico financiero para que proceda a realizar un
conjunto de actuaciones urgentes, como la reasignación y dotación
adicional de medios materiales para los órganos de inspección. La
elaboración e implementación inmediata de un plan de informatización que
permita conocer en tiempo real el estado de tramitación de todos los
expedientes, con mecanismos de control informatizados y con mecanismos de
alarma en supuestos de dilaciones indebidas o no justificadas en su
tramitación. La asunción por la Agencia Tributaria, con carácter previo a
su entrada en vigor, del mandato legal contemplado en el proyecto de ley
de derechos y garantías del contribuyente para que salvo en supuestos
excepcionales, especialmente motivados, el procedimiento de inspección en
su globalidad nunca pueda exceder de doce meses.

Adicionalmente quiero señalar a SS. SS. que se ha puesto en marcha un
plan complementario de medidas donde se encuentran la reordenación y
modernización de la Oficina Nacional de Inspección para garantizar la
unidad de criterio en la resolución de los expedientes en el ámbito de la
Oficina Nacional de Inspección, por tanto un trato tributario a todos los
contribuyentes idéntico; el restablecimiento de la Unidad de vigilancia y
represión del fraude fiscal; la reorientación del sistema retributivo de
los funcionarios, acomodándolo a la importancia que necesariamente tiene
el concepto de deuda liquidada frente al tradicional de deuda instruida
en el que la responsabilidad y los criterios retributivos fijaban o eran
alcanzados en el momento de formalizar el acta, con independencia de que
ese acta se mantuviera en un cajón o en un armario paralizada de manera
injustificada; la participación de la Agencia Tributaria en un órgano de
composición mixta que crea el Ministro de Economía y Hacienda para
garantizar que el criterio administrativo, técnico y tributario sea único
y, en todo caso, previo y conocido al inicio de cualquier actuación de
comprobación para garantizar, por un lado, la unidad de trato a los
contribuyentes y, por otro, que no pueda justificarse la interrupción de
actuaciones por la complejidad de los expedientes o la importancia o la
dificultad técnica de los casos; la creación de un grupo de trabajo que
además tiene que desarrollar nuevos procedimientos de la inspección de
tributos para garantizar el cumplimiento de sus adecuadas funciones y el
respeto y el derecho a los contribuyentes y, lo que en mi opinión es más
importante, la elaboración de un plan de modernización y racionalización
de la Agencia Tributaria para adecuar su estructura organizativa a las
necesidades derivadas de los nuevos retos que implica la asunción del
plan de lucha contra el fraude, con la finalidad de conseguir una
administración tributaria transparente, moderna y eficaz, próxima al
ciudadano.

Este plan, que el Gobierno se compromete a presentar ante el Parlamento
en el plazo de 45 días, contemplará, entre otras, las siguientes
actuaciones: estudio de las necesidades a corto, medio y largo plazo de
la Agencia Tributaria en el ámbito de recursos humanos y medios
materiales; configuración y desarrollo de sistemas normativos y
operativos de control de la gestión de los tributos que impidan
eficazmente actuaciones de carácter discrecional y preserven la
independencia y corrección de la gestión tributaria y adaptar, desde
luego, la Agencia Tributaria al nuevo sistema de corresponsabilidad
fiscal.

Quiero subrayar ante SS. SS., antes de finalizar mi intervención, dos
ideas que considero fundamentales. Creo que los hechos demuestran con
rotundidad las consecuencias



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económicas de la falta de equidad fiscal de una gestión inadecuada de los
intereses de la Hacienda pública y creo que el Gobierno ha tomado las
medidas necesarias para que en el futuro no se vuelvan a producir, y ello
en cumplimiento de su promesa de lograr una Hacienda transparente,
moderna, eficaz y próxima al ciudadano.

Ese es el mensaje que a mí me preocupa. Me preocupan los hechos por su
gravedad, por las importantes consecuencias económicas que tienen para
los intereses del conjunto de los ciudadanos; me preocupan esos hechos
porque ponen de manifiesto una falta de equidad en la aplicación del
sistema tributario; me preocupan esos hechos porque han conducido a que
en la práctica el sistema tributario haya garantizado o favorecido la
impunidad de los defraudadores, y eso es lo especialmente grave.

(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Pero lo que me preocupa
especialmente, señoras y señores Diputados, es que analizando esos hechos
seamos todos capaces de garantizar que en el futuro la Agencia Tributaria
pueda trabajar con una mayor transparencia, se pueda reafirmar su
independencia y garantizar su eficacia en el cumplimiento de los
intereses generales.

Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor Presidente. (Varios
señores Diputados de los bancos del Grupo Popular: Muy bien, muy
bien.--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado de
Hacienda. Muchas gracias también a los señores Diputados que han hecho
uso de la palabra, paralelamente al Secretario de Estado, dentro de lo
que en el lenguaje parlamentario se conoce por rumores --de los que
espero hayan tomado buena nota los servicios taquigráficos-- y que tanta
riqueza, sin lugar a dudas, dan a la vida parlamentaria.

Dicho lo cual, y como habíamos acordado en un principio, damos la palabra
al señor Saura, del Grupo de Izquierda Unida.




El señor SAURA LAPORTA: Señor Presidente, quiero agradecer la presencia
del Secretario de Estado de Hacienda a petición propia y también como
resultado de la petición de comparecencia que el Grupo Mixto y nuestro
grupo parlamentario formulamos en la Diputación Permanente pasada, pero
quiero anunciar de entrada que tengo la sensación, creo que incluso la
convicción, de que hoy en esta Comisión de Economía vamos a perder el
tiempo o vamos a perder la oportunidad que teníamos. En ese sentido, como
luego argumentaré, creemos absolutamente necesario que el resultado final
de esta comparecencia del Secretario de Estado en la Comisión de Economía
sea la firma por parte de todos los grupos parlamentarios de la petición
de una comisión de investigación.

Digo que posiblemente vamos a perder el tiempo, porque, señor Costa, era
necesario --nuestro grupo así lo dijo en la Diputación Permanente-- que
con 48 horas, con 24 horas de antelación el Gobierno, la Secretaría de
Estado de Hacienda, nos facilitara un informe previo. Usted aquí hoy nos
ha dado una serie de informaciones por las que --sin querer dudar de la
veracidad de las que usted ha dado, pero seguramente con necesidad de
mayor información en otras y posiblemente también discrepando de otras--
no es posible valorar en profundidad, en definitiva, lo que el Gobierno
dice. Posiblemente hoy vamos a asistir otra vez a una guerra en relación
a informes y a documentos que sólo tienen dos grupos parlamentarios de
esta Comisión: el grupo parlamentario que sustentó al anterior Gobierno y
el grupo parlamentario que hoy sustenta al actual Gobierno. Dicho de otra
manera, es posible que esta Comisión de Economía derive en un
enfrentamiento entre Gobierno actual y Gobierno anterior, sin que el
resto de grupos parlamentarios hayamos tenido la oportunidad de analizar
en profundidad el contenido de las denuncias que el Gobierno ha hecho.

En ese sentido, quisiera hacer una consideración previa, pero no quisiera
que por previa pasara como poco importante. Quiero decirle, señor Costa,
con todos los respetos, que el Gobierno del Partido Popular, el Ministro
de Economía y Hacienda y usted mismo se han equivocado de forma muy grave
en la manera en que han efectuado esta denuncia. Una denuncia de la
magnitud, de las dimensiones políticas, económicas y fiscales, como la
que ustedes han hecho, no se puede efectuar en una rueda de prensa. Una
denuncia de las características de la que ustedes han hecho no puede
derivar en un goteo de informaciones en los medios de comunicación, no
puede derivar en un debate partidista donde parece que aquello que
importa no es si se han perdido o no 200.000 millones de pesetas, sino
quién es el responsable de que se hayan perdido.

En ese sentido, insisto, señor Costa, usted hoy ha perdido la oportunidad
de, tras un informe previo, hacer un gran debate. Porque si ustedes no
hacen todo esto, si ustedes siguen en la línea que hasta ahora han
mantenido, parecerá que detrás de todo esto la actitud del Gobierno no es
la de solucionar un problema, sino una actitud simplemente de erosionar
al anterior Gobierno. Y en ese sentido quiero decir que posiblemente
quien más se ha equivocado ha sido el propio Presidente del Gobierno, el
señor Aznar, cuando dice que con estos 200.000 millones de pesetas no
hubiera habido necesidad de congelar el salario de los funcionarios, pues
hace una instrumentalización tan burda que incluso quita razón y
credibilidad a los fundamentos que la propia denuncia del Gobierno pueda
tener. El Gobierno tiene la obligación de demostrar dos cosas: en primer
lugar, si se va a producir una falta de ingresos por negligencias del
anterior Gobierno y, en segundo lugar, demostrar si estas negligencias
son producto, como ustedes han dicho, del amiguismo. Son dos cosas
distintas. Lo que usted nos ha dicho hoy, con alguna información, con
algunos datos, es que ha habido negligencias gravísimas, importantísimas,
hasta el punto de que yo pienso que su intervención eleva a otro nivel
este debate. Si todo lo que usted ha dicho en relación a la falta de
control de los mecanismos de inspección, en relación a los reiterados
informes que, según usted, se han efectuado por los servicios internos de
auditoría --que nuestro grupo no conoce--, informes que usted dice que se
han reiterado y que no se han tomado medidas, si es cierto, como usted ha
dicho, que en relación a expedientes, a inspecciones levantadas de
cuantía importantísimas,



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si es cierto, digo, que esos expedientes no fueron prioritarios en la
acción de la Agencia Tributaria, si es cierto todo esto y otras muchas
cosas que usted ha dicho, evidentemente aquí existen negligencias y
responsabilidades políticas. De eso nuestro grupo no tiene ninguna duda.

Por tanto, desde ese punto de vista --y luego lo desarrollaré--, ése es
el debate que a nosotros nos interesa.

Pero ustedes han dicho otra cosa, han dicho que éstos eran, dicho
llanamente, los amigos del anterior Gobierno. Esto usted aquí hoy no lo
ha podido demostrar, y si no puede hacerlo, para aclarar lo otro que yo
decía que era lo importante, rectifique. Nosotros no queremos saber aquí
qué amigos han salido más favorecidos, si los de este Gobierno o los del
anterior, esto no nos interesa; y si alguien tiene pruebas que lo
demuestre. Si ustedes tienen pruebas de que el anterior Gobierno ha hecho
amiguismo díganlo y vayan al juzgado, si no, señor Costa, rectifique hoy
y aquí. Y a partir de una rectificación podemos entrar en el debate
profundo que hoy se plantea la sociedad española, y éste es: ¿es justo el
sistema fiscal? Entendiendo por sistema fiscal español no sólo las leyes,
sino cómo se aplican las leyes y, en ese sentido, qué papel juega la
Administración tributaria.

Por tanto, primera reflexión, señor Costa. Usted hoy ha dado una serie de
informaciones, insisto, que elevan, a nuestro entender, la preocupación
por algunas negligencias, atrasos o irregularidades de la anterior
Agencia Tributaria; en ese sentido, pensamos que ahí es necesario
investigar. Usted no ha aclarado el tema del amiguismo. Insisto, crítica
frontal, desacuerdo frontal en cuanto a la forma en que ustedes han hecho
esto.

A partir de aquí, quisiera situar cuáles son los dos grandes objetivos o
con qué actitud nuestro grupo parlamentario ha estado, está y va a estar
en este debate de trascendencia fundamental. Queremos retransmitirles dos
ideas. Pensamos que es necesario un esclarecimiento urgente y riguroso de
los hechos denunciados, donde todos los grupos parlamentarios tengamos
los mismos medios de información; es decir, ni este Gobierno ni el
anterior nos pueden pedir que nos pongamos del lado de sus posiciones si
el resto de grupos parlamentarios, en todo caso, nuestro grupo
parlamentario, no tiene la necesaria información. Por tanto,
esclarecimiento, y esclarecimiento no como un ejercicio de retórica o
teórico: vamos a hacer el ejercicio teórico de esclarecer. No, no.

Queremos un esclarecimiento para mejorar ostensiblemente la lucha contra
el fraude fiscal. No es un esclarecimiento retórico, dialéctico o
filosófico; queremos esclarecer para incrementar la lucha contra el
fraude fiscal. Estos dos objetivos, estos dos mandamientos los
quisiéramos resumir en uno: el objetivo central que para nosotros debe,
finalmente, cumplir esta investigación, este debate, es avanzar en España
hacia un sistema fiscal mucho más justo; porque decimos aquí hoy que el
sistema fiscal en el Estado español tiene graves incrustaciones de
injusticia. Ese es nuestro objetivo. En función de eso planteamos el
esclarecimiento, la comisión de investigación y que todo el mundo
rectifique aquello que ha de rectificar para hacer posible la consecución
de este objetivo.

En ese sentido --como he anunciado al comienzo de mi intervención--, el
Grupo Mixto y nuestro grupo parlamentario hemos firmado la petición de
una comisión de investigación --que nos gustaría, que sería conveniente,
que quisiéramos que el resto de los grupos parlamentarios también
firmaran--, comisión de investigación con tres objetivos: en primer
lugar, esclarecer los hechos; en segundo lugar, promover las
responsabilidades que hubiere, sean del anterior Gobierno o sean de éste;
y, en tercer lugar, una comisión parlamentaria que, con este objetivo que
les formulaba de avanzar hacia un sistema fiscal más justo, propusiera
reformas e iniciativas que se pudieran visualizar desde la sociedad como
que de verdad el Parlamento, el Congreso de los Diputados, avanza hacia
un sistema fiscal más justo.

Creo que la necesidad de la comisión de investigación es obvia; se hace
patente por la complejidad de argumentaciones técnicas y jurídicas; se
hace patente por el rumbo que ha tomado este debate en estos quince días,
rumbo que ha pasado, como me decía un ciudadano, de la estupefacción a la
indignación y a la confusión. El primer día estupefactos, el segundo día
indignados y hoy entre estupefactos, indignados y confusos. Pues bien,
hemos de acabar con la estupefacción, con la indignación y con la
confusión. Creo que la propia intervención del Secretario de Estado, por
algunas cosas que dice, por otras que no dice, por otras con las que no
estamos de acuerdo, pone de manifiesto que hoy aquí no se va a producir
este esclarecimiento.

En todo caso, quiero insistir en que, según el parecer de nuestro grupo,
el Secretario de Estado, más allá de los 600 expedientes, lo que ha
dicho, desde el punto de vista político, es que la Administración
tributaria era un caos. Lo simplifico para que se entienda: que la
Administración tributaria era un caos. Una afirmación de estas
características, es decir, que ha funcionado mal, que no ha funcionado,
que ha habido atrasos, que ha habido negligencias, etcétera, significa
que el Secretario de Estado nos dice hoy, en definitiva, que ha habido
una gran ineficacia en la lucha contra el fraude fiscal. En un país como
el nuestro, que como ustedes saben tiene uno de los mayores niveles de
fraude fiscal, que el Secretario de Estado de Hacienda diga hoy, en sede
parlamentaria, que en los años anteriores ha habido una gran ineficacia
en la lucha contra el fraude fiscal exige una comisión de investigación.

En todo caso, la razón de la petición de la comisión de investigación la
puedo hacer también de forma más clara. Dicho en otras palabras, entre
millones de personas de este país hoy existe la percepción, la convicción
de que, más allá de la batalla dialéctica partidista entre el Gobierno
actual y el Gobierno anterior, se ha producido, se va a producir, se está
produciendo una situación de injusticia fiscal. Esto es lo que piensa la
gente de la calle. Ya veremos quién tiene razón. Alguien dice: los
anteriores y los de ahora. Porque la gente piensa --me lo decía esta
mañana una señora en un bar--: los que pagamos siempre somos los mismos y
siempre son los mismos los que no pagan. Este es el problema que existe
hoy en este país.

En ese sentido, el centro del debate, la conclusión de esta comparecencia
y de la comisión de investigación ha



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de ser conocer cuál ha sido la eficacia de la Administración tributaria a
la hora de aplicar el sistema tributario para luchar contra el fraude
fiscal. Esta es la pregunta que ha de responder la comisión de
investigación y, en caso de que la comisión de investigación llegue a la
conclusión de que ha habido grandes niveles de ineficacia en la
Administración tributaria, exigir las responsabilidades a que haya lugar.

Pero, insisto, nuestra petición de comisión de investigación, sobre todo
después de escuchar la intervención del Secretario de Estado, trasciende
la información de los 600 expedientes. Lo que hoy está en cuestión en el
Estado español --pienso yo-- es el carácter justo del sistema tributario
español a la luz de esta denuncia, entendiendo por sistema tributario
justo no sólo las leyes que lo integran sino también la aplicación de
estas leyes. Toda falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias
afecta gravemente al principio de justicia, pero, en este caso, aún en
mayor medida por cuanto estamos hablando de contribuyentes de elevada
capacidad económica que han dispuesto de cuantiosos medios económicos
para mantener un pulso con la Hacienda. La cifra de 300 millones de media
de deuda tributaria pone en evidencia que se trata de rentas que no
tienen su origen en el trabajo sino en otras fuentes. Si a ello unimos
los regalos fiscales que ha legislado este Gobierno para empresarios,
plusvalías y rentas de capital; si recordamos la amnistía fiscal que
mediante ley se otorgó en el año 1991; si recordamos que el anterior
Gobierno desistió de ir a los tribunales ante cuestiones importantes de
forma incomprensible, como se hizo en el año 1994; si tenemos presente la
incapacidad permanente de la Administración para hacer frente a la
elevada bolsa de fraude fiscal, entonces podremos decir que la gestión de
este Gobierno y de los anteriores ha conducido a una manifiesta situación
de injusticia, en la que las rentas del trabajo son las que soportan cada
vez más el peso de los impuestos. Por esto, insisto, la primera gran
conclusión de nuestro grupo parlamentario es la necesidad de que este
debate sirva para avanzar en un sistema fiscal más justo, con los
objetivos que he dicho antes: esclarecimiento riguroso, responsabilidades
y reformas.

También queremos exigir al Gobierno, y lo solicitaremos en la comisión de
investigación, que se vaya más allá de los 600 expedientes, que se aporte
una relación de los derechos prescritos de la Hacienda pública. Como
ustedes conocen perfectamente, en un derecho prescrito es obligación
tramitar el oportuno expediente, que ha de estar archivado. Por tanto, es
muy fácil saber de qué cuantías hablamos, cuál es su naturaleza, en qué
ejercicio se han producido, cuáles han sido los recursos afectados y
conocer los eventuales informes de control financiero que se hayan podido
elaborar por la Intervención General. Sólo un trabajo parlamentario
riguroso y urgente en esta línea va a hacer posible aumentar la
credibilidad de la Administración tributaria y combatir las actitudes
antifiscales que puedan existir en determinados sectores de la sociedad.

Para finalizar, señorías, quiero decir que el Gobierno ha de aportar a
esta comisión de investigación las suficientes pruebas para demostrar los
dos extremos a que antes me he referido: las negligencias fiscales,
tributarias, políticas, que se hayan podido cometer y que ha habido
amiguismo y, si no ha sido así, rectificar. En cualquier caso, nuestro
grupo parlamentario va a exigir responsabilidades si las denuncias que se
han efectuado no se pueden demostrar y, con la misma contundencia, va a
estar al lado del Gobierno si de verdad se demuestra que han existido
negligencias políticas en la etapa anterior. Decimos esto desde la
autoridad moral y política de haber sido, ser y esperamos continuar
siendo uno de los grupos políticos que ha insistido más en la necesidad
de luchar contra el fraude fiscal. Los «Diarios de Sesiones», que están
archivados, se pueden consultar y ver perfectamente cómo nuestro grupo
parlamentario ha hecho de esto una gran batalla, pero también con un
objetivo político, ya que en estos momentos desde la derecha, desde los
planteamientos neoliberales, se está pretendiendo desmontar el Estado de
bienestar social por insuficiencia de recursos financieros y la
fiscalidad y la lucha fiscal están situados en el centro de la batalla
entre lo que son posiciones progresistas y posiciones conservadoras o
neoliberales. Esta es nuestra actitud.

Por último, a pesar de que solicitamos la comisión de investigación,
quisiéramos pedir al señor Costa que, si puede, en su intervención
posterior nos aclare alguna información que a nuestro parecer ha sido
confusa. Usted ha hablado de cifras y de prescripción y yo no he sido
capaz de saber si eran prescripciones ciertas o prescripciones que se van
a suceder si existen nuevas sentencias. He estado absolutamente
confundido y pienso que ése es un dato importante, por lo que le ruego
que diga claramente qué cifras, qué cuantías están prescritas y cuáles
van a estar prescritas en el caso de que exista jurisprudencia. En todo
caso, señor Costa, no nos puede dar tres ejemplos, como usted nos ha
dado. Lo que nos ha de decir es que de los 600 expedientes hay 20 con un
retraso de tres meses, 100 con un retraso de cuatro meses, etcétera. Nos
los ha de decir todo. Y también es importante que nos diga la
distribución de las cuantías económicas por expedientes; por ejemplo,
inspecciones de más de 1.000 millones, ¿cuántos expedientes hay? ¿Cinco,
catorce, trece? Expedientes de 500 a 1.000 millones, ¿cuántos hay? En
definitiva, que usted facilite mayor información, puesto que, pienso,
después de su intervención hemos quedado confundidos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señoras y señores Diputados, en primer
lugar quiero agradecer al Secretario de Estado de Hacienda, señor Costa,
que haya comparecido, tanto a petición propia como a petición de dos
grupos, como es necesario según el Reglamento, para explicar unas
afirmaciones, unas manifestaciones que por encima de todo han creado una
gran preocupación a los ciudadanos, independientemente de su ideología.

Obviamente hablo en nombre de Eusko Alkartasuna, pero, en este caso,
también de José María Chiquillo, de Unión Valenciana, que firmó la
solicitud de comparecencia y que no ha podido estar aquí, y de Pilar
Rahola, portavoz de esta Comisión, así como de todo el Grupo Mixto,



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porque en este asunto es evidente que estamos absolutamente de acuerdo.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Lasagabaster.

Señoras y señores Diputados, una cosa es que haya rumores y otra cosa es
impedir absolutamente que se pueda escuchar al interviniente, por lo cual
les ruego absoluto silencio para poder escuchar adecuadamente a la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: No se preocupen, señorías, porque voy a
ser breve --creo que se han dicho ya determinadas cuestiones, aunque voy
a reiterarlas-- por dos circunstancias. Primero, porque si normalmente
las comparecencias, como ustedes saben probablemente mejor que yo, suelen
ser para pedir información, pero también para trasladar una opinión, en
este caso es evidente que la comparecencia se estaba pidiendo para que se
hiciera llegar a los Diputados y Diputadas unas informaciones
absolutamente básicas y necesarias para aclarar unas manifestaciones
terriblemente graves de por sí en la medida en que no se había informado
de esto para nada. Parto de la siguiente base. En primer lugar, el
Secretario de Estado de Hacienda, señor Costa, el 14 de enero hace una
afirmación grave sobre Hacienda, uno de los pilares de cualquier Estado,
en relación a una grave negligencia del Ejecutivo anterior respecto a la
gestión y al control del sistema tributario en general; y una segunda
afirmación grave, que creo que es en este caso reiterada también por el
Presidente del Gobierno, respecto de los beneficiados de esa posible
negligencia; beneficiados que, según palabras textuales que yo no
comparto en el lenguaje, pero así se dice, son amiguetes. Creo que son
dos acusaciones diferentes y son dos acusaciones graves.

Todos estamos de acuerdo en que la gestión de Hacienda es terriblemente
importante, como la que desarrolla cualquier otro departamento en el
Gobierno. A mi entender, y al del partido que represento, estamos
especialmente sensibilizados no por nada, sino simplemente porque, por
ejemplo, el éxito de nuestro concierto económico depende de que
gestionemos correctamente, porque independientemente o no de lo que
gestionemos pagamos lo mismo, con lo cual --repito-- estamos
especialmente sensibilizados en la correcta gestión tributaria. Por eso
es un tema que realmente nos parece grave.

Como cuestión de forma, señalaba que lo primero que hicieron ustedes,
después de haber hecho una serie de estudios iniciados a partir del 5 de
julio de 1996, fue informar a la opinión pública y a las Cortes.

Permítame que discrepe del modo de informar que ustedes han considerado
conveniente o de cómo han realizado esa información. Un gobierno que se
considere responsable tiene que dar una información seria si descubre,
después de una serie de estudios, una serie de cuestiones según su
entender negligentes y que además benefician a unos supuestos amigos del
anterior Gobierno. En ese sentido comparto la crítica de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya de que no se puede ir a una rueda de
prensa y hacer estas dos manifestaciones sin ningún otro dato.

A mayor abundamiento, usted dice que quería informar a la opinión pública
y a las Cortes, pero curiosamente usted no viene a las Cortes
inmediatamente, como entiendo que debiera ser lo lógico y lo normal, con
ese estudio que según dice han realizado ustedes. No acuden a las Cortes
inmediatamente, no el 14, probablemente el 15 o el 13 de enero, antes de
que ocurra, para trasladar una serie de argumentos y de estudios --que
por supuesto ni conocemos en concreto ahora ni conocíamos antes-- a fin
de que los demás partidos podamos tener ocasión, primero, de estudiar y,
segundo, de valorar qué es lo que ha ocurrido. Por eso digo, señor Costa,
con el mayor respeto, que discrepo total y absolutamente del segundo
punto de su actuación estratégica: informar a la opinión pública y a las
Cortes. Hoy es la primera vez que se nos informa de este asunto, 15 días
más tarde, si no recuerdo mal, de que se lanzaran estas graves
manifestaciones --digo graves en el sentido de que crean confusión y
preocupación--, estas graves acusaciones en una rueda de prensa.

Quiero diferenciar sustancialmente las dos manifestaciones o acusaciones
que ustedes han realizado. En primer lugar, usted nos ha relatado el
porqué de la negligencia. Nos ha hecho un relato exhaustivo de cómo ha
ido evolucionando la doctrina y la jurisprudencia y ha señalado que hay
una interpretación sustancialmente homogénea. No voy a entrar en ese tema
--por supuesto no soy ninguna experta en esta materia--, pero sí en lo
que es jurisprudencia y no es jurisprudencia. Aunque en el futuro pueda
llegar a haber jurisprudencia, me parece que hoy por hoy no existe, y en
la medida en que usted habla de interpretación sustancialmente homogénea,
es un criterio al menos subjetivo. Pero es posible que sea así. Si no
recuerdo mal usted nos ha relatado --he intentado recogerlo
literalmente-- más de 10 ó 12 informes, instrucciones, consultas y cartas
que se han ido remitiendo dentro de la propia Administración tributaria.

Me parece que hoy no va a ser el día --se lo digo sinceramente--, como
indicaba mi compañero el señor Saura, de que podamos nosotros hacer un
análisis político y una valoración política de cuál ha sido la actuación
del Ejecutivo anterior. Lo digo sinceramente porque en este momento lo
que tendríamos que hacer es obtener toda esa serie de documentos, que no
han sido públicos, y de los que lógicamente esta Diputada no ha tenido
conocimiento porque ni estaba antes en el Gobierno ni está ahora, ni
pretende defender a nadie en concreto. Lo que pretende es que con esa
serie de documentos, y con ese análisis que ha habido respecto a la
jurisprudencia y a la doctrina sobre ese asunto, podamos ver, primero,
qué es lo que se podía hacer, qué era lo adecuado hacer, y valorar en
cada momento qué es lo que se ha realizado. No se puede a posteriori, a
través de una serie de instrucciones, informes, etcétera, pensar si era o
no correcto, sin ver en cada momento cuáles eran las circunstancias y si
no se analiza detalladamente qué pasos se siguieron desde 1991. Por eso
no voy a entrar en ninguna valoración, pero sí me gustaría que en esa
comisión, que el Grupo Mixto está dispuesto a apoyar, se analizaran esos
temas, y en virtud de lo que observemos



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y nos atengamos a cada momento temporal podamos decir si hubo o no
negligencia, si hubo o no falta de diligencia, en cuántos expedientes,
cuál fue la casuística de cada uno de ellos y analizar al final los
resultados.

En segundo lugar --todavía me parece mucho más grave--, usted, con todos
los respetos, no ha probado para nada la segunda acusación que
realizaban, que era el hecho de que esta negligencia tenía una relación
directa de beneficio para unos supuestos amigos del anterior Ejecutivo. Y
lo digo con toda sinceridad. No he oído nada que implique una relación
directa y que suponga una consecuencia o una conclusión como la que
ustedes están realizando. No digo ni que haya ni que no haya, que sea o
que no sea, no estoy en condiciones en este momento de decir nada, pero
creo una cosa, y es que esas manifestaciones o afirmaciones, vengan de
quien venga --todavía es más grave si vienen del Gobierno, sea el que sea
en cada momento--, o se prueban o no se dicen, o si se dicen se
rectifica. ¿Por qué? Porque lo único que generan en todos los ciudadanos
es, al final, bien una falta de credibilidad en la propia institución,
bien una sensación de que aquí no nos enteramos de nada.

Respecto a la primera cuestión, agradezco todas las informaciones y el
relato de los distintos informes, direcciones, directrices, instrucciones
y consultas, y me gustaría que nos fueran remitidos para que pudiéramos
estudiar en cada momento qué se consideraba oportuno hacer, qué era lo
que el sentido común, a tenor de lo que estaba pasando, permitía hacer
para valorar finalmente si hubo o no negligencia o falta de diligencia.

Respecto al segundo tema me gustaría, como ha dicho el señor Saura, que
si no se ha probado, por favor se rectifique. Lo digo como higiene mental
para defender unas instituciones, porque lo primero que tiene que hacer
no ya un partido, sino un gobierno, es transmitir a los ciudadanos las
manifestaciones que sean correctas y se puedan probar, puesto que si no
lo único que generan es un descrédito de las instituciones. Lo digo
independientemente de quién sea el partido que esté en el gobierno.

Concluyo, porque en este caso me parecía y me sigue pareciendo mucho más
importante la información del señor Costa, manifestando que no hacemos
análisis políticos en este momento. No tenemos ni tendremos --téngalo por
seguro-- ningún reparo en concluir lo que sea. Si ha habido negligencia,
entendemos que habrá que pedir responsabilidades políticas, y si fuere
necesario y se derivare eso, otro tipo de responsabilidad. No tendremos
ningún reparo, pero sí queremos que esa valoración lo sea con
conocimiento de causa y cuando todos los grupos tengamos las mismas
oportunidades y hagamos un trabajo serio; si no no seremos creíbles. En
segundo lugar, me gustaría que en la relación de beneficiados --por
llamarlo de alguna manera--, una de dos: o se arbitren sistemas que
permitan determinar cuáles eran los montantes, los expedientes, qué
características tenían, etcétera, cumpliendo obviamente el anonimato que
exigen las leyes tributarias o, si no se puede hacer, que simplemente se
rectifique; si no, creo que en este tema no habrá perdido un partido ni
dos, habrá perdido todo el mundo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Buenos días, señor Costa.

Decía ayer el portavoz del Gobierno, al que usted parece presentar en
este acto, que hoy quedaría demostrado que el anterior Ejecutivo llevó a
cabo una amnistía fiscal. Esa misma declaración la hizo dos días antes
desde Bruselas el señor Rato. Quiero decirle, señor Costa, que usted no
ha demostrado nada.

Quería empezar por decirle, puesto que ha ilustrado lo que a su juicio ha
ocurrido con algunos ejemplos --eso sí, bien seleccionados-- que si
tomamos el caso A o el B o el C de los varios que ha citado, ¿puede usted
aquí y ahora, señor Costa, confirmar a esta Cámara, a esta Comisión, que
tiene pruebas claras, contundentes, indubitadas, de que el retraso en el
expediente A o en el B o en el C o en el D, o en alguno de los que no ha
citado pero podría haber citado, se debió a instrucciones políticas del
Gobierno Socialista? Porque si usted no tiene pruebas --y ya ha dicho en
los días anteriores que no tenía ninguna y hoy no las ha aportado--
usted, señor Costa, es también responsable de una gran calumnia, de un
gran montaje político y de algo totalmente intolerable en términos
políticos en una democracia: acusar de delitos sin pruebas al Gobierno
anterior, y además de delitos imposibles de cometer salvo con la
complicidad de los funcionarios que, naturalmente, son inocentes.

(Rumores.)
Señor Costa, yo no sé qué hace usted aquí --y déjeme que se lo diga desde
el respeto que siempre he tenido, personalmente y en mi condición de
representante de los ciudadanos, a quien es un Secretario de Estado, a
cualquiera que lo sea, puesto que creo que ésa es una importante
función--, ya que usted no es un miembro del Gobierno y está aquí porque
el Gobierno y su grupo parlamentario lo han querido. Estamos aquí ante un
debate político en el que un gobierno --no necesariamente usted sino un
gobierno--, el Presidente del Gobierno, el Ministro de Economía y
Hacienda y otros que sí son miembros del Gobierno acusan de delitos al
Gobierno anterior y a usted le obligan a venir aquí a hacer el papelón de
dar la cara por quienes hablan desde Bruselas, desde Madrid, desde
Barcelona, desde no importa dónde, pero no vienen a la Cámara a dar
cuenta de por qué han dicho lo que han dicho.

¿Por qué el señor Aznar ha mentido a los españoles al decir que hay
200.000 millones de pesetas de derechos firmes que se dejarán de
recaudar? ¿Por qué el señor Aznar ha mentido al decir a los españoles que
hay 200.000 millones de pesetas que han prescrito cuando todavía ni
siquiera es verdad que hayan prescrito? ¿Por qué el señor Aznar ha
mentido al decir que el Gobierno socialista anterior otorgó una amnistía
fiscal, y que la otorgó además no a todos sino a los amigos y, en versión
de algunos, no del señor Aznar exactamente, a los amiguetes del Partido
Socialista Obrero Español? ¿Y por qué el señor Aznar ha mentido cuando
dijo que si no se había subido el sueldo a los funcionarios era por este
problema de los 200.000 millones de pesetas? Estas son cinco preguntas
que se pueden completar con



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muchas otras a otros miembros del Gobierno, de la Administración y del
Partido Popular, preguntas que forman parte de una gran mentira que no es
una mentira cualquiera, sino que es una mentira en la que se acusa de
delitos, señor Costa. No estamos hablando de un debate político en el que
se tienen unas opiniones que se confrontan con otras. Ustedes están
utilizando --y usted es el que en este momento tiene que dar la cara por
todos ellos-- todos los medios a su alcance, los públicos y los privados,
todas las tribunas menos el Parlamento, hasta hoy, para difundir algo que
ha reconocido ya usted mismo que no puede probar porque no tiene pruebas,
y esto es lo que es grave, señor Costa.

No hemos venido hoy aquí --al menos yo no había venido hoy aquí-- a hacer
un debate, que me parece que a los ciudadanos no hace sino confundirles,
sobre la caducidad, sobre la prescripción, sobre el procedimiento de
inspección o el de liquidación, sobre los inspectores actuarios o los
inspectores jefes, sobre la oficina técnica, sobre la Oficina Nacional de
Inspección, sobre lo que ocurría en Madrid, en Barcelona o en no sé qué
otro sitio, sobre el Tribunal Económico-Administrativo regional de
Valencia o el central o sobre la Audiencia Nacional o el Tribunal
Supremo. No hemos venido a eso, aunque sea relevante y a alguna de esas
cosas me voy a referir. (Rumores.) Hemos venido, creo, señor Costa --y
ésta era su obligación--, a demostrar al menos que todas las acusaciones
hechas por el Presidente del Gobierno, por el Ministerio de Economía y
otros miembros del Gobierno al que usted sirve eran acusaciones
delictivas que se fundaban en bases ciertas, conocidas y demostradas, y
usted no ha podido demostrar nada de todo eso. Luego es evidente que
estamos aquí para dilucidar un problema político que no es la
responsabilidad del Gobierno anterior, que ésa es imposible de demostrar
porque no hay responsabilidad, sino la responsabilidad del Gobierno al
que usted sirve, cuando acusa sin pruebas, cuando sin tener datos que
puedan demostrar sus gravísimas acusaciones de delito se permite
sostener, como ha sostenido contumazmente, acusaciones gravísimas que
significan no solamente calumnias sino que significan algo más: un
concepto de la política, señor Costa, que muchos queremos que no exista
en este país. (Rumores.) Si se miente en este país por el Presidente del
Gobierno, si se miente por el Ministro de Economía, si se miente por
algunos representantes del Partido Popular que hoy están aquí y que en
este momento pretenden que yo no siga hablando (Rumores.), si se miente
por algunos de ellos, ¿qué concepto pueden tener los ciudadanos de la
política? ¿Es que en política cree usted, señor Costa, que vale todo? Por
ejemplo, ¿vale decir que han prescrito los expedientes que no han
prescrito, aunque usted añada la coletilla de «de acuerdo con los
criterios jurisprudenciales de los tribunales»? ¿Me quiere usted decir a
qué grado de engaño quiere llevar a los ciudadanos? ¿Me quiere usted
decir si es posible que se pueda sostener que vale todo y que como ya se
sabe que la política es un gran teatro en el que unos actúan defendiendo
una causa y otros actúan defendiendo otra, según la concepción de
algunos, se puede acusar a aquellos que no pueden defenderse porque no
pueden acceder a los datos que ustedes están manejando en función del
secreto, en función del sigilo que hay alrededor de estas cuestiones por
imperio de la ley, e incluso se hacen acusaciones graves para después
acudir al fácil recurso de decir que no se pueden desvelar los
expedientes que han servido de base para estas gravísimas acusaciones?
¿Sabe usted, señor Costa, cómo se llamaba a este proceso en tiempos
pasados? Un proceso inquisitorial. (Rumores.) Un proceso en virtud del
cual se acusaba a alguien, por ejemplo, de ser hereje, se le condenaba a
la pira y se le decía que allá él si se podía defender o no, porque la
carga de la prueba recaía sobre el acusado, no sobre el acusador. Esto
que se ha utilizado en otros tiempos, no solamente en la Edad Media sino
también en algunos regímenes dictatoriales, señor Costa, es una de las
prácticas que han instaurado ustedes con este malhadado asunto, que va a
salir mal para ustedes, ya que han incurrido en una grave responsabilidad
que no pueden justificar porque no tienen ninguna prueba.

Y está en cuestión algo más. Está en cuestión una institución básica en
una democracia, como es el sistema fiscal, al que se refería el señor
Saura, y está en cuestión también el buen nombre y el crédito de una
institución central que es base de un Estado democrático, como es la
Hacienda pública. Y ustedes, cuando acusan de delitos imposibles de ser
cometidos sin la complicidad directa --no sólo implícita, sino directa--
de los funcionarios, están ustedes acusando --de ahí el enorme malestar--
a una buena parte del cuerpo de inspección de este país (Rumores.) de
haber sido cómplice de instrucciones, escritas o no escritas;
naturalmente, de esas que el portavoz de su Gobierno decía: Ni al que asó
la manteca se le ocurriría meter esto en una caja fuerte por escrito.

Pero, entonces, ¿de cuáles? ¿De las no escritas? Esto es, los
funcionarios que tenían que liquidar las actas a tiempo, según su
criterio, ¿incurrieron, para favorecer a los amigos y amiguetes del PSOE,
en responsabilidad penal? ¿O es que la obediencia debida existe en temas
delictivos? Señor Costa, estamos hablando de cosas muy gordas, pero muy
gordas, señor Costa. (Aplausos.--Rumores.) Señor Costa, si los ciudadanos
pueden tener la sospecha de que la Hacienda pública de un país se pone al
servicio de los intereses partidistas de un gobierno, entonces, señor
Costa, este país va muy mal. Y cuando ustedes hacen lo que han hecho,
cuando ustedes afectan a la moral fiscal, cuando ustedes afectan a la
conciencia de los ciudadanos sobre que pudiera ser posible que alguien
quisiera favorecer a sus amiguetes y perjudicar a los que son sus
adversarietes, cuando alguien pudiera tener la sospecha de lo que hoy se
acusa al ex presidente Nixon --aquel Dick el tramposo--, de haber hecho
exactamente aquello que ustedes hoy no pueden probar, pero que la gente
piensa que estarían ustedes tentados de hacerlo, señor Costa, estamos
ante un problema muy serio. Muy serio, por la moral de quienes tienen que
trabajar al servicio de la Hacienda pública; muy serio, por la moral de
los ciudadanos para creer a sus gobiernos; muy serio, señor Costa, porque
están ustedes dejando que se perjudiquen, además, expectativas de derecho
de la Hacienda pública.

Hoy usted no ha demostrado nada; pero, desde luego, todos los que le
hayan oído --que ya le vienen oyendo estos



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días-- y los que oigan o lean esta comparecencia sabrán, especialmente si
están defendiendo los intereses de los presuntos defraudadores, que
tienen en usted el mejor aliado objetivo (Rumores y protestas.), porque
usted está defendiendo, hoy y aquí, exactamente la causa contraria a los
intereses de la Hacienda pública, a los intereses de los expedientes que
dice usted querer defender. No se puede proclamar en público, señor
Costa, que ha prescrito lo que no ha prescrito. No se puede proclamar en
público que la Hacienda pública no tiene ningún derecho, ninguna razón
jurídica, cuando usted, a la vez --pretende hoy que le creamos--, dice
que da instrucciones a los abogados del Estado para seguir defendiendo,
con criterios radicalmente contrarios a los que usted expone, la causa de
la Hacienda pública. Es usted el mejor abogado de los defraudadores
fiscales. (Rumores.) Perdón, de los presuntos defraudadores fiscales.

Señor Costa, éste es el problema ante el que estamos.

El señor Aznar mentía ante los españoles, hacía demagogia barata al
acusar a los socialistas de beneficiar a los amigos y, además, de
imposibilitar la subida de sueldos de los funcionarios. El señor Rato,
responsable máximo de la Hacienda pública de este país, su jefe y miembro
del Gobierno, con responsabilidad en este campo, mentía igualmente al
acusar a los socialistas también de producir una amnistía fiscal al
declarar prescritos los expedientes y al anunciar lo que después se
reveló falso. Además, era una enorme contradicción. No solamente
anunciaba que ya había jurisprudencia, sino que, al mismo tiempo, decía
que, por si no la hubiera, todavía tendrían una sentencia esa tarde o al
día siguiente, que después no tenía nada que ver con la eventual
jurisprudencia ni con el asunto que hacía referencia a esta cuestión,
sosteniendo incluso contra los servicios jurídicos de Hacienda, no
obstante la irrelevancia de la sentencia del Tribunal Supremo para crear
jurisprudencia en este tema --me refiero a la discusión de los días
pasados--, como usted también ha mantenido, el que hoy hay ya
jurisprudencia firme que permite decir que serán incobrables 200.000
millones de pesetas. Lo cual supone afirmar que, de no existir incluso
esta discusión, ustedes hubieran cobrado 200.000 millones de pesetas,
cosa que, naturalmente, no es cierta. No es cierta, primero, porque nunca
ha habido una relación del cien por cien entre las actas levantadas por
la inspección y los derechos reconocidos, especialmente cuando se trata
de actas en disconformidad; segundo, porque no hay jurisprudencia y,
tercero, porque está por demostrar que, si alguna vez existe esta
jurisprudencia, eso vaya a tener el efecto que ustedes están dando por
hecho, precisamente para producir este debate público en perjuicio del
Gobierno anterior, de acuerdo con su voluntad.

Si usted, señor Costa, no tiene pruebas y, por lo tanto, tampoco el señor
Rato ni el señor Aznar, ¿por qué han mentido? Esta es la pregunta
relevante, señor Costa, no la discusión, a la que me voy a referir dentro
de un momento, sobre aspectos técnicos. El problema político de este país
es: ¿Por qué el Presidente del Gobierno, sin pruebas, miente? (Rumores.)
¿Por qué el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda
miente, cuando no tiene pruebas y cuando reconoce, con usted, que no
tiene pruebas? Hemos pasado de un debate sobre la acusación de un delito
grave a la pretensión, por ustedes, en estos días, de que esto no es un
problema de acusación de delito, sino uno de los muchos debates políticos
sobre posibles negligencias con resultado, de hecho --para no incurrir en
la responsabilidad de la acusación de un delito sin pruebas--, de una
amnistía fiscal. Señor Costa, es así como no se puede hacer política, es
así como no se puede trabajar y es así como no se puede funcionar en las
relaciones entre un gobierno y su antecesor o entre un gobierno y la
oposición.

Pero yo quiero referirme también a la técnica. Demos un espacio no
solamente a la política, sino también a la técnica, a la que usted ha
dedicado una buena parte de su intervención. Usted ha hecho una
interpretación pro domo propia, naturalmente, de lo que ha ocurrido con
esta cuestión. Ha hecho una interpretación de qué pasa con el reglamento
de la inspección en relación con Ley General Tributaria y con diferentes
pronunciamientos de distintos tribunales, unos administrativos... Por
cierto, un tribunal administrativo, señor Costa --y aprovecho para
rectificar al señor Rato--, tiene todo el respeto; desde luego, el mío,
que he sido Ministro de las Administraciones Públicas, y también el de
todos los ciudadanos. Pero tiene una cosa que le diferencia de un
tribunal de justicia y es que no es un tribunal de justicia. Es un
tribunal administrativo, de gente dignísima por cierto, a poder ser y,
como es natural, si nada demuestra lo contrario, pero no tiene nada que
ver con un tribunal de justicia. Tendrá que ver en algunos criterios y en
la obligación de aplicar la jurisprudencia, pero también es un órgano que
depende de la Administración, y utiliza y aplica los criterios
mayoritarios y dominantes de la Administración.

Pues bien, ¿qué ha ocurrido en este período, señor Costa? Lo que ha
ocurrido ¿se lo explico yo o dejamos que se lo explique, para que todo el
mundo lo entienda, quien tiene autoridad en esta cuestión? Por ejemplo,
un periódico proclive de favorecer la causa del Partido Socialista: El
Mundo (Risas.), y alguien que tiene en este momento responsabilidad en la
Agencia Tributaria: la Directora General de Inspección, Pilar Valiente.

Entrevista publicada el 16 de enero de 1997. El periodista le pregunta:
¿Cómo se explica que Hacienda haya perdido una recaudación de 200.000
millones de pesetas? Ella contesta --y ésta es la explicación--: Ha
habido una modificación en la interpretación de un precepto en el
reglamento de inspección. Dicho precepto --lo voy a leer, aunque es muy
aburrido-- señala que «las actuaciones de inspección no pueden permanecer
paralizadas más de seis meses. Si esto fuera así, debe entenderse que las
actuaciones no se iniciaron. Por lo tanto, en ese caso no se interrumpe
el período de prescripción...» Dice del delito fiscal, pero no tiene que
ser necesariamente del delito fiscal. «Ese precepto, que hasta ahora
afectaba solamente a la actuación inspectora» --estoy hablando de una
entrevista en 1997 y dice hasta ahora--, «es decir, la fase de
instrucción o investigación de los hechos imponibles, se ha ampliado, por
una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 1996» --¿no, señor
Costa?--, «a



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una fase que no se corresponde con el proceso estricto de inspección,
sino que abarca desde que se firman las actas hasta que se dicta el acto
administrativo».

¿Lo dice la doctrina rancia de los antiguos del Partido Socialista o de
quienes anteriormente tuvieron responsabilidad en la Agencia Tributaria?
No, lo dice su Directora General de Inspección. ¿Por qué le buscamos no
sé cuántos pies al gato, señor Costa, si sabemos todos que esto que se ha
discutido doctrinalmente desde hace muchos años y que ha tenido
diferentes pronunciamientos, por cierto muy contradictorios, es una
cuestión pendiente de ser confirmada, si se confirma, por ulteriores
sentencias del Tribunal Supremo? Pero sacar de ahí, señor Costa --esto es
lo grave--, la conclusión, en virtud de un problema conocido, viejo --si
usted fuera de Bilbao, le diría que más viejo que la ría de Nervión--, de
que ahí ha habido una conducta dolosa de la Administración tributaria, de
sus responsables anteriores, del señor Solbes, Ministro de Economía y
Hacienda anterior, del Partido Socialista o del Gobierno socialista
anterior, es simplemente falso de toda falsedad, como dice Pilar
Valiente, su Directora General de inspección.

Pero hay muchos más argumentos, señor Costa. Si yo quisiera al menos
poner en un cierto orden de magnitud de qué estamos hablando, usted ha
mencionado que hay 600 actas en las que se han producido retrasos --luego
vuelvo sobre la interpretación de los retrasos y sobre las sentencias de
distintos tribunales--, y desde el año 1990 hasta abril de 1996 --no
tengo todos los datos--, ¿sabe usted cuántas actas se habían producido?
--probablemente lo recuerda mejor que yo--. Más de 885.000 actas. Usted
me está hablando de que hay 600 actas en las que se hubiera producido un
problema de plazo y de eventuales posibles futuras prescripciones.

Póngalo en relación con la deuda tributaria implicada por el conjunto de
actas de inspección levantadas en esos años y póngalo sobre todo en
relación con los medios existentes y, naturalmente, con el volumen de
actas a las que se refiere la inspección.

Déjeme decirle alguna cosa más sobre los temas técnicos. La doctrina
administrativa incluso, no solamente la actuación de los tribunales,
hasta el año 1994, sostenía --me refiero a una revista que usted conoce
--Crónica Tributaria --que la prescripción se producía de acuerdo con la
doctrina tradicional permanentemente defendida por los órganos de
Hacienda todavía hasta hoy. Se han producido muchos pronunciamientos de
los tribunales, se han producido pronunciamientos muy variados, usted ha
citado uno, por ejemplo, el primero, del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Valencia, del 30 de septiembre de 1991 o del
29 de noviembre del mismo año. ¿Sabe usted qué ocurrió con ese
pronunciamiento tan temprano, según usted? Que fue rectificado por el
Tribunal Económico Administrativo Central en fechas 19 de enero de 1992 y
26 de febrero del mismo año.

Se ha referido usted a pronunciamientos de tribunales económicos
administrativos regionales. En Aragón, en Madrid y en otros sitios hay
tribunales en los años siguientes dando la razón a la Administración
frente a los contribuyentes. Es verdad que hay algunos pronunciamientos
recurridos de tribunales superiores de justicia, pero también, en fecha
tan tardía, según usted, como el 10 de noviembre de 1993, el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña zanja la cuestión en un asunto
particular a favor de la Administración defendiendo la doctrina
tradicional. Y el Tribunal Económico Administrativo Central, que modifica
su criterio, el que había mantenido en fechas como el 2 de marzo de 1994
y en pronunciamientos anteriores, incluso después de la sentencia de la
Audiencia Nacional del 22 de noviembre de 1994, luego confirmada por la
del Supremo de febrero de 1996, el Tribunal Económico Administrativo
Central, digo, el 21 de diciembre de 1994 sigue manteniendo el mismo
criterio que en los pronunciamientos anteriores. ¿Cuándo se ha producido
cambio en el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central,
señor Costa? Cuando han llegado ustedes. No me haga preguntarle si usted
le dio instrucciones al Tribunal. (Protestas.) Me da igual, constato un
hecho: que después de la sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal
ha seguido defendiendo ese criterio.

Y me alegra que me diga, señor Costa, que van a proceder a la declaración
de lesividad del pronunciamiento del Tribunal Económico Administrativo
Central de diciembre de 1996, solamente que su incoherencia ya es
manifiesta porque si usted dice que no tiene razón la Hacienda, que
tienen razón quienes reclaman ante la Hacienda, usted tiene muy poquita
legitimidad pública hoy para defender la declaración de lesividad.

(Protestas.) ¡Qué le vamos a hacer! No se pueden defender una cosa y la
contraria con coherencia, se pueden defender para quedar bien,
dependiendo de ante qué público, pero con coherencia no, señor Costa.

Este es el problema, como es el problema que su famoso pronunciamiento,
el informe de julio del año 1991 de la Dirección General de Tributos --es
conocido, usted lo ha pormenorizado--, no solamente no modificó el
criterio de la Hacienda, sino que no tenía que ver con ello, aunque usted
quiera ver hoy, seis años después, un pronunciamiento temprano de la
Hacienda en relación con una discusión controvertida, porque aquello
tenía que ver con los problemas de regularización tributaria, y
obviamente en aquel momento la Hacienda pública, en defensa probablemente
de los intereses de todos los españoles, tenía bastante interés en que
todo el mundo pudiera regularizar, en el mayor plazo posible, su posición
con la Hacienda pública.

Después del pronunciamiento de 1991, los tribunales económicos
administrativos, el Central y los regionales, y naturalmente la Abogacía
del Estado, y naturalmente la Dirección General de la Inspección, y
naturalmente el criterio dominante de la Hacienda, fue el seguir
defendiendo no aquella doctrina, sino la doctrina a la que estaban
obligados porque, de haber defendido la contraria, habría afectado
negativamente los intereses de la Hacienda pública, esto es, los de los
españoles, y además no estaban obligados a aplicar una doctrina que
todavía no tenía un pronunciamiento jurisprudencial suficiente ni
muchísimo menos.

Dejemos las cuestiones técnicas sobre lo que significó la resolución o el
pronunciamiento de 1991, que no es una norma jurídica, que es el valor de
una instrucción de un órgano



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jerárquicamente superior, que no impidió que el Tribunal Económico
Administrativo Central, que es quien dicta en materia administrativa el
criterio que tiene que seguir la Hacienda pública, siguiera manteniendo
hasta 1996, como acabo de poner de manifiesto, exactamente el mismo
planteamiento. Volvamos, señor Costa, para no perdernos en el marasmo de
los elementos técnicos a lo que es relevante. Lo que es relevante hoy es
que, como ustedes han producido una acusación delictiva tan seria, como
no quieren quedar mal políticamente, como no quieren pedir disculpas y
como no quieren reconocer que han mentido, tienen, lamentablemente para
los españoles y para las relaciones políticas, objetivo interés en perder
todos los pleitos. (Protestas.) Lamentablemente, el señor portavoz del
Gobierno ha dicho que esta broma va a costar a los españoles 5.000
pesetas por persona. Ya he dicho la falsedad de las cifras. Si alguien en
este momento tiene interés político en perder 5.000 pesetas por español,
o como se quiera computar, es precisamente usted y el Gobierno que dice
defender. Usted tiene interés en que se pierda, porque usted está
proclamando a los cuatro vientos la falta de razón de la Hacienda pública
para defender sus criterios.

Usted no me ha dicho, por ejemplo, si está dispuesto su Gobierno a
sostener, como en el voto particular de la sentencia del Supremo, del que
fue ponente el magistrado señor Gota --se dice--, la nulidad del artículo
31 del Reglamento de la Inspección y producir en consecuencia no
solamente la eliminación de las deudas sobre los criterios
interpretativos, teniendo en cuenta que efectivamente los criterios de
prescripción no se pueden resolver por su reglamento y menos si la
interpretación que acaba por hacerse de ese reglamento es lesiva para los
intereses de la Hacienda pública. ¿Por qué no van ustedes por esa
dirección? Tienen una dirección. Una dirección incluso jurídica. ¿Están
dispuestos a utilizarla para que sea creíble algo de lo que ustedes
dicen? Porque políticamente por cada peseta que pierdan van a convertirla
en una acusación a la gestión anterior y al Gobierno socialista. Y eso es
lo que les hace particularmente sospechosos, sobre todo, cuando defienden
en público los criterios contrarios a los que dicen haber instruido a los
abogados del Estado, para dar credibilidad a sus posiciones.

Sólo pueden tener razón política si pierden todos los pleitos, sólo
pueden tener razón política si hay una jurisprudencia que les dé la
razón. Ni hoy han perdido los pleitos, ni hay jurisprudencia. Lo que no
está claro es que quieran utilizar todos los recursos jurídicos y
políticos a su disposición para defender los intereses de la Hacienda que
son, en este caso, los de los españoles.

Estamos, señor Costa, ante un problema de responsabilidad política. Yo ni
siquiera quiero que se sienta usted especialmente aludido, porque me
parece que hay muchos por encima de usted que le han obligado a hacer un
papelón absolutamente imposible de sostener. Pero usted ha dicho una cosa
con mucha contundencia hace unos días que, si uno lee entre líneas las
declaraciones de otros de su partido y de su Gobierno, probablemente le
ha valido algún coscorrón. Usted ha dicho que no tiene ni una sola prueba
de actos delictivos, y hoy lo ha vuelto a reiterar. Eso, déjeme señor
Costa decirle que en este contexto casi le honra, pero naturalmente usted
es quien, por haberlo dicho, siendo responsable directo de la Hacienda,
ha dejado absolutamente en cuadro las acusaciones del Presidente del
Gobierno, las acusaciones del Ministro de Economía y las de todos sus
compañeros de partido.

Usted, señor Costa, tiene que ser consciente de que no es con usted con
quien va esta cuestión. Usted tiene que ser consciente de que aquí hay un
problema de responsabilidad política del señor Aznar y del señor Rato.

Usted tiene que ser consciente de que este tema no va a poder quedarse en
un debate sobre negligencias, sobre plazos de caducidad o de
prescripción. No estamos ante un problema técnico, señor Costa, estamos
ante una forma de hacer política, ante una manera de entender la
responsabilidad de un Gobierno y el juego entre el Gobierno y la
oposición y cuando el poder político es utilizado para acusar sin pruebas
a la oposición y al Gobierno anterior, estamos creando un enorme abismo
en perjuicio de todos. Este país tiene que decidir. Este país, señor
Costa, tiene que decidir si lo que quiere es tener una política que se
deslice, cada vez más, hacia el lodazal; tener una política en la que
valga todo (Rumores.); tener una política en la que, no obstante el
reconocimiento paladino de que no tienen pruebas, siguen acusando de
delitos o si, por el contrario, tenemos que inaugurar una etapa en la que
aquel que mienta, y que se demuestre que ha mentido, tenga que reconocer
su responsabilidad política ante el Parlamento. (Rumores.)
El señor Rato, como el señor Aznar, han mentido, señor Costa y vamos a
exigir la responsabilidad. Vamos a exigir la responsabilidad política. La
responsabilidad política tendrá que quedar mucho más clara de lo que
usted ha podido, y entre todos hoy conseguiremos dejar claro, con una
comisión de investigación. Una comisión de investigación que permita que
la oposición no contribuya al desastre que ya han generado en la
percepción de los ciudadanos sobre la Hacienda pública. Nosotros no
queremos afectar al deber de confidencialidad de los datos de la Hacienda
pública. Nosotros, señor Costa, utilizamos los medios legales y, como
usted sabe, el artículo 113.1 e) de la Ley General Tributaria, en su
versión de 20 de julio de 1995, establece, no obstante el deber de
confidencialidad y la prohibición de ceder los datos o comunicarlos a
terceros, un deber general de colaboración con las comisiones
parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. Esto,
en armonía con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento del
Congreso, en el cual se establecen mecanismos para que las comisiones de
investigación puedan conocer y mantener, no solamente el secreto de los
datos, sino también de las deliberaciones que allí se hagan, deberá
permitir el que quede claro a los ojos de todos el que ustedes no tienen
pruebas de delito, el que ustedes han mentido contumazmente, el que el
Partido Socialista y los responsables de la gestión anterior no han
tenido, ni tuvieron jamás, la intención de discriminar a los ciudadanos y
que, naturalmente, ninguna resolución que haya tenido que ver con cambios
en los criterios, todavía hoy no jurisprudenciales, pero sí cambios
doctrinales o de algunos tribunales, es el



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fruto de una decisión consciente para afectar a amigos o amiguetes,
incurriendo en lo que serían los tipos penales de cohecho, de
prevaricación o de delito contra la Hacienda pública.

Señor Costa, estamos hablando de cosas muy gordas, muy serias. Queremos
una comisión de investigación, no para que usted nos cuente el caso A, el
caso B, o el caso C, elegido al azar y a su conveniencia, sino para que
sepamos los 600 o los más expedientes que puedan existir y sepamos quién
ha sido responsable de la decisión en cada uno de ellos, quién fue el
funcionario que tuvo que tomar la decisión... (Protestas.) Perdón, sepan
ustedes que la confidencialidad fiscal no tiene que ver con el problema
de la responsabilidad administrativa. Sepan ustedes eso. Y sepan ustedes
que ha habido responsables... Por cierto, no se lo tome usted a mal,
señor Bermejo, pero usted también ha sido responsable de la decisión de
determinados expedientes que pasaban por la oficina nacional o por la
unidad del fraude. Usted, como otros muchos. No le cito a usted más que
porque está aquí, sin ninguna animadversión, porque me parece que éste no
es un problema de los funcionarios, sino que es fundamentalmente un
problema de este Gobierno que está acusando sin pruebas y generando el
descrédito, el malestar y la indignación por una acusación que solamente
puede sostenerse con la complicidad activa de funcionarios. (Rumores.)
Queremos saber, señor Costa, quién tenía la responsabilidad de cada una
de las instancias en las cuales se paralizaron, según usted, y si puede
sostener el señor Bermejo u otros que recibieron instrucciones políticas
para paralizar expedientes. Quiero que lo digan. Quiero que oigan todos
los españoles que como eso no es verdad, como ustedes no podrán
demostrarlo porque es falso --tengan o no tengan en este momento algún
papel, es falso de toda falsedad--, ustedes han mentido al hacer las
gravísimas imputaciones que han hecho. Y cuando un Gobierno miente,
cuando un Gobierno miente gravemente, imputa delitos a otros y no tiene
pruebas para sostenerlo --señor Costa, aplique usted el cuento--, estamos
ante un proceso que yo no quiero aventurar cómo puede terminar, pero se
sabe cómo empiezan algunas cosas y es difícil dilucidar cómo pueden
terminar.

Las responsabilidades políticas, señor Costa, en este caso, no son las de
los funcionarios, no son las de una discusión sobre la prescripción, son
las de un Gobierno que acusa sin pruebas, falsamente, de delitos que no
puede probar y eso, en democracia, es un tema muy grave, salvo que esto
sea la ley de la selva, señor Costa, esto sea la Edad Media y usted sea
el Gobierno que representa a la Inquisición de entonces. (Rumores y
protestas.) Salvo que eso sea así, y salvo que ésa sea la opción de los
españoles, quedará claro que en democracia no se puede funcionar así, que
la Hacienda pública es una institución respetable, que no se puede mentir
en política, que no se puede engañar, que no se puede convertir esto en
basura y en lodazal. Tendrán ustedes que pagar por ello sus
responsabilidades políticas. Hoy empieza, señor Costa, con esta triste
comparecencia en la que le hacen a usted jugar un papel que ni siquiera
le corresponde quienes no han tenido la dignidad y el valor de tomarse la
institución parlamentaria en serio para venir a dar cuenta de gravísimas
acusaciones como las que se han sostenido.

Señor Costa, no se lo tome personalmente. He pretendido no faltarle lo
más mínimo al respeto; tomar en cuenta la dignidad que más allá del papel
que le toque a usted hacer o crea usted debe hacer en esta cuestión
corresponde a un Secretario de Estado, pero éste es un problema --no lo
digo por ningunearlo, que no es ésa mi intención, créame-- del señor Rato
y del Presidente del Gobierno, éste es un problema del Gobierno, éste es
un problema político de primera magnitud, y hay muchas cosas que están
pendientes de que esto se resuelva bien.

A mí me gustaría, para terminar, señor Costa, que el señor Aznar
reconociera que no dijo la verdad, que no tenía razones para decir lo que
dijo, que no tenía fundamento y que, por tanto, se retiraran las graves
acusaciones que se produjeron. Si no, señor Costa, créame, esto es sólo
el comienzo de lo que tendrá que venir hasta que todo quede claro.

(Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Quisiera, señor Presidente, agradecerle al
Secretario de Estado su intervención, quizá el tono de la misma, el rigor
y la seriedad de su exposición, porque creo que va a contribuir a serenar
este debate y a resituarlo donde debiera estar.

Nuestro grupo se posicionó inicialmente ante este conflicto con un cierto
desánimo, con un cierto escepticismo y preocupación por la polémica
política que estaba suscitando. Hemos visto cómo este conflicto ha
devuelto la crispación al debate político en un momento crucial de la
vida política en el país, en que nuestra sociedad, debido a las
necesidades que requiere de mayores consensos en la toma de decisiones
clave para preparar al país para su incorporación al siguiente milenio,
ve cómo entramos en una espiral de confrontación política entre los dos
principales partidos de nuestra sociedad.

Nuestro grupo expresó ya su preocupación por esta previsible evolución
que iba tomando el diálogo político en nuestra sociedad, pero también por
la confusión que estaba generándose en torno a una cierta desorientación
de la población al no saber exactamente qué sucedía de todo lo expuesto y
de las acusaciones realizadas, debilitando su confianza en la
Administración tributaria, y debilitando su seguridad jurídica en las
obligaciones frente al Estado. Por otra parte, también observaba nuestro
grupo que se resentía el estado de ánimo, quizá podríamos decir --entre
comillas-- la «moral» de los profesionales de la inspección al quebrarse
en cierto modo su credibilidad ante la sociedad.

Ante todo ello, nuestro grupo ya expresó --y tuvo oportunidad de hacerlo
en el debate que tuvimos en la Diputación Permanente-- que no
participaríamos en este flujo de acusaciones y descalificaciones e
improperios entre partidos políticos. Nuestro grupo creía que lo
procedente era comparecer ante esta Cámara; que el Gobierno nos expusiera



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exactamente en esta Cámara cuáles eran las razones, los argumentos, las
pruebas y los comportamientos que se habían detectado y que habían dado
pie a estas acusaciones formuladas por parte del Gobierno; que eso se
hiciera en esta Cámara, repito, en el Congreso de los Diputados, para
luego extraer las conclusiones que fueran oportunas.

Hoy, señorías, hemos conocido la exposición detallada de los hechos,
pruebas y argumentos que tiene el Gobierno. En ese sentido agradecemos,
en buena parte, el alcance de la exposición que ha hecho hoy el
Secretario de Estado. Pero de todo ello sacamos unas primeras
conclusiones.

Nuestro grupo cree que, a la luz de lo expuesto esta mañana, no se
desprenden pruebas de actuaciones dolosas o de prevaricación de
responsabilidades o de responsabilidades políticas del anterior Gobierno
socialista. Tampoco puede hablarse, en cierta forma, de que conozcamos
pruebas de favoritismos a determinados amigos del anterior gobierno, por
no tener consistencia esta valoración. Pero quiere decir nuestro grupo en
este momento que tampoco tiene consistencia las críticas, o las
valoraciones políticas, o acusaciones semejantes que hemos escuchado
últimamente por parte del Partido Socialista, cuando se critican
determinadas medidas del Gobierno del Partido Popular, medidas recientes
económicas o fiscales, calificándolas o tildándolas también de
amiguismos.

Señorías, abandonemos esta jerga política porque no nos conduce a nada
más que a crispar el país sin fundamento y sin razones que lo puedan
probar. De lo contrario, si planearan dudas en el Gobierno --que no ha
sido así por la exposición que ha hecho el Secretario de Estado--, o
tuviera el Partido Socialista alguna duda de las medidas adoptadas en
cuanto a utilizar fundamentalmente este argumento fundado del amiguismo,
tendría obligación de acudir a los Tribunales, cerrar el debate político
en esta Cámara y trasladarlo a la Fiscalía del Estado o a los Tribunales
de Justicia.

Dicho esto, señorías, el Secretario de Estado ha expuesto cuáles son los
argumentos y las razones que han llevado al Gobierno a formular estas
acusaciones. Tampoco es cierto que nada haya sucedido. En eso le damos la
razón al Secretario de Estado. No es verdad que nada ha sucedido,
señorías. Han sucedido cosas que tienen gravedad e importancia. No se
puede considerar que se han cometido posibles errores de actuación o de
negligencia en la gestión de anteriores responsables políticos y no
extraer esta Cámara ninguna conclusión. No se puede obviar, a la luz de
la información que nos ha dado hoy el Secretario de Estado --que
valoramos de grave e importante--, que estamos ante una situación que nos
va a llevar a una prescripción de 600 expedientes iniciados con
anterioridad a 1996, de los que previsiblemente la Hacienda tributaria
dejará de poder ingresar un volumen importante de recursos estimados en
torno a 200.000 millones de pesetas.

Señorías, esta circunstancia no puede dejar de ser valorada políticamente
por esta Cámara. Esto no es un hecho menor del que podamos salir sin
extraer conclusiones políticas de importancia y de trascendencia para el
futuro. Esta Cámara no puede quedar al margen de este hecho expuesto por
el Secretario de Estado de Hacienda. ¿Es importante o no conocer y saber
de la posibilidad de prescripción de 600 expedientes incoados en la
Administración tributaria? ¿Es o no importante el valorar políticamente
que de ello se puede desprender una consecuencia de caída de la
recaudación en 200.000 millones de pesetas? Nuestro grupo entiende que
sí, que es importante y que de ello debemos extraer valoraciones y hemos
de reflexionar políticamente.

Quizá esto no suceda por voluntad expresa de ningún responsable político,
y ahí el Secretario de Estado no ha expuesto ninguna prueba que pueda
llevar a nuestro grupo a identificar una voluntad expresa de un
responsable político del anterior Gobierno del cual se pudiera desprender
una actuación dolosa. Pero eso sucederá, señorías; la caída de 600
expedientes sucederá, y la bajada de la recaudación sucederá. Algo debe
constatarse que ha ido mal. Algo debe exponerse en esta Cámara que
explique que esto sucederá y qué es lo que ha llevado a esta situación.

¿Negligencia? Pues negligencia, pero algo debe explicar que esto va a
suceder, algo debe justificarlo.

Al parecer, la segunda Sentencia del Tribunal Supremo va a aparecer
inmediatamente. No sabemos cuál va a ser su contenido, no podemos
prejuzgarlo, señorías, pero con toda probabilidad va a aparecer esta
segunda Sentencia. Entonces se van a causar los efectos anunciados por el
Gobierno: van a prescribir estos expedientes y va a caer la previsible
recaudación que podía haberse generado con ellos. ¿Quién es el
responsable? Seguro que el actual Gobierno no, seguro que no, porque son
expedientes incoados con anterioridad. Pero algo no ha funcionado bien
para que luego las cosas concluyan de esta forma que se nos anuncia.

El conflicto, señorías, cree nuestro grupo parlamentario que es más
profundo que una simple dejación de actuación política, que quizá sí la
haya habido, nuestro grupo cree que estamos ante una controversia también
jurídica que arrastramos de hace años sobre la prescripción de deudas por
inactividad de la inspección, en que la Hacienda pública ha errado su
comportamiento ante esta circunstancia.

Se ha generado mucha polémica jurídico-técnica en los últimos años, como
ha puesto de manifiesto el propio Secretario de Estado al hacer su
exposición de toda esta polémica jurídico-técnica y doctrinal. Todo el
ámbito profesional, señorías, sabía de las dos grandes tesis doctrinales
interpretativas de la prescripción de las deudas tributarias. Todos los
profesionales conocían las posibles consecuencias al respecto. La primera
tesis, la que venía defendiendo la Agencia Tributaria entendía que las
actuaciones inspectoras finalizaban con la firma en disconformidad de un
acta. Es decir, las consecuencias de prescripción por inactividad
inspectora en plazo superior a seis meses sólo podía aplicarse en las
actuaciones desarrolladas en la primera fase en que termina el acta de
inspección. Una vez firmada el acta, podía demorarse tiempo indefinido el
informe técnico y la liquidación del inspector jefe sin que ello tuviera
ningún efecto sobre la prescripción de la deuda presuntamente contraída
por el contribuyente. La sociedad sabía de esta interpretación doctrinal.

Pero también está la segunda posición doctrinal, la que venían
sosteniendo los profesionales



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de la asesoría fiscal y jurídica, incluso, como ha dicho el Secretario de
Estado en su intervención, la Dirección General de Tributos, en el
sentido de que las actuaciones inspectoras finalizan con la notificación
al contribuyente de la liquidación practicada por el inspector jefe. En
consecuencia, cualquier interrupción de las actuaciones inspectoras
superior a seis meses, anterior a la notificación de la liquidación,
permitiría la prescripción de las deudas tributarias si hubieran
transcurrido los cinco años desde el plazo de la declaración en términos
voluntarios.

El tema, señorías, es complejo, como ha puesto de manifiesto la
intervención del Secretario de Estado. No puede hacerse una
simplificación política de todo ello. La jurisprudencia, en primer lugar,
no está consolidada, como se ha dicho ya en varias intervenciones, aunque
mi grupo quiere decirles, señorías, que no nos engañemos, el debate
jurídico está muy resuelto. No nos llevemos a engaño, no volvamos a
cometer otro error en esta Cámara, que tiene la responsabilidad de
formular los marcos legales. El debate doctrinal, el debate jurídico está
concluido. Está muy clara la interpretación futura que habrá que hacer
sobre esta polémica interpretativa de las dos posibles doctrinas
mantenidas hasta ahora, pero tampoco está resuelta la interpretación
sobre los contenidos de muchas de estas actas, con lo cual nuestro grupo
cree que no debíamos anticiparnos en la valoración económica que se
podría desprender de todas las prescripciones, aunque sí reconoce que la
prescripción de 600 actas, como ha dicho el Secretario de Estado, para
una estimación de recaudación decaída de 200.000 millones es una
conclusión políticamente importante como para que esta Cámara tome alguna
decisión.

De todo ello se deduce que la Agencia tributaria erró en su
interpretación y cautelarmente las autoridades políticas del anterior
gobierno hubieran podido instar actuaciones administrativas en previsión
de lo que se nos venía encima, pero eso no se realizó y todo el mundo lo
sabía. Incluso lo constató la Dirección General de Tributos, como ha sido
expuesto. Hacienda no quiso rectificar, no quiso evidenciar cautelarmente
ninguna actuación que pudiera delimitar su propio criterio interpretativo
para no favorecer las resoluciones que venían produciéndose en los
tribunales --15 resoluciones, como ha dicho el Secretario de Estado-- en
contra de su interpretación doctrinal. Ante esa posición, el Gobierno no
instruyó ninguna rectificación de la posición de la Agencia tributaria.

Esa actitud --dígase prepotencia, dígase error, dígase patinazo, dígase
negligencia-- debe ser valorada por esta Cámara y debe tener sus
responsabilidades. Esa actitud de dejación política o de tozudez en la
posición mantenida por la Agencia tributaria nos lleva a la irreparable
conclusión que nos ha expuesto el Secretario de Estado, 600 expedientes
están a punto de prescribir y, con ello, 200.000 millones de deuda
tributaria van a perderse.

¿Cómo va a interpretar la sociedad esta conclusión? ¿Qué va a pensar el
ciudadano medio cuando lea en los medios de comunicación que quien tuvo
recursos para ir a la vía judicial, al final ha terminado prescribiendo
su deuda tributaria, y quien no lo hizo terminó pagando? ¿Puede esta
Cámara quedar pasiva ante esa evidencia? Este es el debate político de
fondo. La opinión pública española no va a ver con agrado cómo 600
expedientes, por tener acceso a una capacidad económica de asesoramiento,
por interpretaciones y polémicas doctrinales, sin duda fundadas, terminan
prescribiendo, cuando previamente ni la agencia ni los responsables
políticos tomaron las decisiones cautelares.

Estamos de acuerdo, señor Secretario de Estado, que puede haber una línea
profunda de reflexión sobre cosas que se podrían hacer y no se han hecho,
o cosas que funcionaban mal y que a partir de ahora debemos rectificar.

Hay que cambiar los procedimientos, eso lo sabe toda la sociedad.

¿Cuántas veces, señorías, les han sido expresadas las opiniones
personales de ciudadanos que han tenido oportunidad de experimentar una
relación directa con la Agencia tributaria y con la Hacienda pública y
nos han transmitido su preocupación por los procedimientos? ¿Cuántas
veces, señorías, podríamos haber tomado decisiones en esta Cámara, y
también el Gobierno, para cambiar algunos de los criterios aplicables en
los procedimientos de recaudación? Nuestro grupo entiende que hay que
tomar medidas a la luz de lo expuesto por el Secretario de Estado. Sin
duda hay que esclarecer con mayor profundidad lo expuesto y hay que sacar
conclusiones sobre las reformas profundas que hay que impulsar en la
Agencia tributaria.

El Secretario de Estado ha anunciado algunas medidas. Son insuficientes,
señor Secretario de Estado. Si no hacemos nada más que lo que ha
anunciado, dentro de un año nos vamos a encontrar con que también van a
prescribir las actas incoadas en los plazos en que el Gobierno del
Partido Popular ha empezado a gobernar. Hay que tomar más decisiones, hay
que reformar la Agencia tributaria y hay que cambiar los procedimientos.

Simplemente quiero apuntar que la polémica doctrinal y la discusión
jurídico-técnica que el Secretario de Estado nos ha expuesto, ha dado
lugar a quince sentencias de los tribunales, a la sentencia del Tribunal
Supremo y a una pronta sentencia que va a terminar de degenerar la
jurisprudencia sobre la materia. En el último debate sobre la Ley General
Tributaria, existiendo el fondo de esa polémica jurídica, esta Cámara no
debatió esta cuestión. La prescripción de las actas no fue objeto de
discusión en esta Cámara, no fue objeto de ninguna enmienda por los
grupos parlamentarios. Siendo tan importante el problema y tan graves sus
consecuencias, no abordamos la revisión del marco legal vigente para
cerrar el debate jurídico-doctrinal de la prescripción de las actas en
estos casos.

Señor Secretario de Estado, nuestro grupo entiende que hoy se ha dado un
paso de clarificación, se ha resituado la identificación del problema,
que sin duda es grave. No podemos obviarlo políticamente. La consecuencia
de ello nos debe llevar --si es a abrir una comisión de investigación no
nos vamos a oponer-- a tomar medidas para revisar la Agencia tributaria,
revisar los procedimientos y orientarlos hacia un futuro en donde podamos
dar mayores garantías a los ciudadanos en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales. No obstante, señor Secretario de Estado, se está
poniendo de manifiesto que las formas en esa polémica son



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muy importantes. Nuestro grupo quisiera pedirle al Gobierno, al Grupo
Popular, al Grupo Socialista y a todos los grupos que sepamos conducir el
debate a partir de esta sesión, y si es necesario hagamos más incluso en
el contexto de una comisión, como ha sido solicitada, para no cometer los
errores que se han cometido, para no derivar las cosas en críticas que
son aparentes y no ir al fondo de los problemas y resolverlos con
eficacia para el futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero agradecer, antes de mi intervención, la
comparecencia del Secretario de Estado de Hacienda ante esta Comisión
para aclarar unos hechos que están creando alarma social.

Después de lo oído hasta ahora me reafirmo en dos cosas. La primera, que
es necesaria una comisión de investigación. Nosotros lo adelantamos y en
estos momentos corroboro que es absolutamente necesario. Del debate de
hoy no va a salir nada claro para la opinión pública. Hay que depurar
responsabilidades, porque a partir de ahora existen responsabilidades de
alguien, y a la opinión pública no le podemos decir que ha habido
equivocaciones o malas interpretaciones, existen responsabilidades y hay
que depurarlas.

También me reafirmo en algo que para mí significa una cierta
satisfacción, porque cuando aparecieron estos hechos lo primero que hice
fue ver si las haciendas forales vascas y la navarra también tenían
problemas de este tipo, y comprobé que no, lo cual para mí es una
satisfacción y me reafirma también en el hecho de que a veces se
interpreten mal las normativas forales que nosotros empleamos. Y estas
normativas forales, que van encaminadas hacia el contribuyente, a
favorecer al contribuyente en sus relaciones con la administración, se
pueden realizar porque precisamente la gestión de las haciendas públicas
vascas lo permite.

Estas son las dos reafirmaciones que en un primer momento me vienen a la
memoria después de los acontecimientos y de los hechos que estamos
viviendo, porque no hay que desdeñar, que eludir el hecho de que la
denuncia que ha hecho el Secretario de Estado --y no sólo él, sino
también los máximos dirigentes del Gobierno-- es grave, muy grave. Se
está hablando de amnistía fiscal encubierta por 200.000 millones de
pesetas, y esto requiere una explicación clara, suficiente y completa
ante el Parlamento.

La denuncia, como digo, es grave, porque pone en evidencia actuaciones
que según quién y cómo las haya realizado comportan responsabilidades que
pueden ser administrativas, políticas e incluso penales. Por tanto, como
representantes que somos de los ciudadanos debemos de exigir llegar al
esclarecimiento de los hechos y a la asunción de las responsabilidades
que de ellos se deriven.

Se ha puesto en marcha un mecanismo de denuncia y esto no se puede parar.

No se puede echar marcha atrás y concluir con un debate que a veces se
centra en un tema jurídico tributario y que creo que, aun siendo
importante, no es lo que preocupa a la ciudadanía. Sea cual sea la
resolución final sobre las actas de inspección, se cobren o no, de
cualquier forma hay que aclarar y depurar responsabilidades.

Se ha hablado de presunta amnistía fiscal, de favores a ciertos
contribuyentes; se ha hablado, además, de favores a contribuyentes
defraudadores; en definitiva, se han denunciado públicamente hechos que
hoy son de dominio público y que, por tanto, requieren un esclarecimiento
público, porque de no hacerlo, entre otras cosas, se sentaría un
precedente grave sobre la Administración de tributos de cualquier
gobierno, y también de los futuros. Ante cualquier situación de retraso
en actuaciones, de falta de diligencia en los procedimientos, de
resoluciones judiciales contradictorias a los intereses de la
administración, siempre quedaría la duda sobre los motivos que dieron
lugar a esa situación: negligencia, cohecho e incapacidad material, con
lo cual quedaría abierta la etapa de corrupción pública que todos
queremos y estamos dispuestos a depurar --eso creo yo-- y, desde luego, a
pasar página alguna vez.

No se puede, como digo, echar tierra sobre este asunto, porque está en
juego la credibilidad de la Administración tributaria, está en juego la
credibilidad del Gobierno, de éste y del anterior, y al final incluso la
credibilidad del propio Parlamento. La sensación que se está
transmitiendo a la sociedad es que tienen razón los que opinan que
Hacienda no somos todos, los que opinan que aquí hay contribuyentes de
primera y segunda clase, que es mucho más productivo defraudar 20.000
millones que un millón, que siempre sale ganando el que defrauda sobre el
que cumple religiosamente con sus deberes como ciudadano ante la Hacienda
pública; en resumen, que, como decía hace unos días un humorista de
prensa, en contraposición al eslogan de que Hacienda somos todos parece
que hacienda somos los tontos. Esto no es así, aunque desgraciadamente
muchas veces lo parezca.

Por todo ello es necesario esclarecer los hechos. Se están poniendo en
entredicho algunos principios de todo Estado democrático y de Derecho
recogidos en la Constitución y las leyes. Se está poniendo en entredicho
el que todos somos iguales ante la ley. Se está poniendo en entredicho el
principio de justicia tributaria para el sostenimiento de las cargas del
Estado mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios
de igualdad. Se quiere que se conozca públicamente --con lo cual estamos
yendo en contra del derecho a la intimidad-- quiénes son estos
contribuyentes afectados por este caso. Desde luego ellos no son los
culpables de lo que está sucediendo, por lo menos directamente, y estamos
en contra de la publicación de estas listas, porque también lo estuvimos
en su momento, cuando se reformó la Ley General Tributaria, en la
publicidad de la identidad de las personas o entidades que están incursas
en infracciones o en procesos por supuestas infracciones tributarias, y
por muchas razones estamos en contra de esto y lo dijimos en su día. Por
tanto, tampoco creo que ahora sea el momento de romper con esta forma de
pensar. No estamos por la labor de que se conozcan públicamente en los
medios de comunicación las listas de éstos, por muy defraudadores que
sean.




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Sin embargo, y a pesar de la gravedad y la importancia que tiene todo
esto, hay otra preocupación, por lo menos para mí y también para mi grupo
parlamentario, y es saber los motivos de fondo que propician llegar a
estas situaciones, por qué se llega a estas situaciones, cuáles son estos
motivos de fondo. En primer lugar, una legislación tributaria compleja,
densa, diseminada en innumerables normas y poco flexible para dar
respuesta a los hechos imponibles que la causística de una economía de
mercado impone. Por poner un ejemplo, tenemos la tributación de gran
variedad de productos financieros que mueven miles y miles de millones, y
aquí nos encontramos con las primas únicas que han salido estos días a
colación, si se consideran o no contratos de seguro. ¿Cómo podemos estar
jugando con miles y miles de millones sin saber los hechos impositivos
reales, sin que sepa el ciudadano la forma de tributación que tienen?
Por cierto, me gustaría, ya que se ha hablado de las primas únicas como
uno de los elementos fundamentales de estas seiscientas actas y de estos
200.000 millones --que creo recordar que se dijo que eran alrededor de
60.000--, saber cuáles son las otras figuras impositivas que están en
esas seiscientas actas, cuáles son los hechos impositivos, aparte de
primas únicas, que están incursas en este proceso. Eso nos gustaría
saberlo también.

De todas formas, hay que tener en cuenta también que en el momento en que
se produce una situación en la que aparece un hecho imponible y que no
está claramente regulado, se debe de dar respuesta desde la
Administración. Incluso el propio sujeto pasivo o contribuyente, si obra
de buena fe, debería de provocar esta respuesta inmediata de consulta
previa a la propia Administración tributaria y evitar las situaciones que
al final han sido las consecuencias de lo que se ha producido, porque no
hay que olvidar de dónde procede todo esto. Es necesario que exista una
seguridad jurídica que muchas veces no se da y que no conduce más que a
situaciones como las que conocemos.

Al final, todo esto desemboca en una serie de acumulación de expedientes
que no se pueden digerir en plazos y en forma por parte de la
Administración tributaria, en complejos y costosos procesos judiciales a
los que sólo pueden acceder precisamente los que decía antes cuando me
refería a los contribuyentes de primera clase, porque los de segunda
desde luego no están en esos seiscientos expedientes. Esto es importante
y hay que tenerlo en cuenta también.

Al hilo del afloramiento, por llamarlo de alguna forma, de la situación
de estos expedientes, nos gustaría conocer cuántos pueden estar todavía
en la antesala de llegar a prescribir, y en tal caso cuál es su
cuantificación. Habrá que saber cuál es la situación no sólo de estos
seiscientos expedientes, no vaya a ser que dentro de un mes tengamos
otros seiscientos. Hay que saber cuál es la situación.

Desde luego, la prescripción de las actas, que ha sido el motivo
fundamental de los comentarios y debates de técnica jurídico-tributaria,
no vienen más que a confirmar esa inseguridad jurídica, a que hacía
referencia antes, en que nos movemos. Desde luego, es una inseguridad
jurídica que está, creo, incrementada en la parte del derecho fiscal de
que se trata.

Existe una deficiente actuación de la Administración de tributos --y esto
quiero matizarlo, porque no quiero responsabilizar en este momento a
nadie-- que es incapaz de preservar los derechos de la propia
Administración y, desde luego, que propicia que puedan existir estas
situaciones de prescripción por falta de una respuesta apropiada en
tiempo y forma. No entendemos cómo puede haber una dilación, entre la
firma de las actas y las liquidaciones, de uno, dos o seis años; no lo
entendemos. Desde luego, comprobando esto --vuelvo a reiterar-- con
nuestras administraciones, la media es de un mes. No entendemos cómo se
puede producir esta situación, que va o bien en perjuicio de la
Administración, como puede ser este caso, o de todas formas en perjuicio
del contribuyente, pero, desde luego, en perjuicio de uno de los dos;
estas dilaciones van en perjuicio de uno de los dos o a veces de los dos.

Ahora bien, ¿cuál es el motivo de esta aparentemente inadecuada actuación
de la Administración Tributaria? También se ha hablado de esto. Aquí
abrimos un abanico de posibilidades. ¿Es incompetencia? ¿Es que la
Administración Tributaria no tiene un personal suficientemente
cualificado para poder hacer una labor importante y necesaria como la que
tiene la Hacienda estatal? Yo creo que no es ése el caso. No pongo en
duda la capacidad del personal, de los funcionarios de la Agencia
Tributaria. ¿Qué es entonces? ¿Falta de medios materiales y humanos?
También se ha dicho esto. Es posible, no lo sé, pero también es grave; y
también si existe falta de medios materiales y humanos hay
responsabilidad. ¿Existieron directrices superiores --y éste es el gran
debate entre los dos partidos en estos momentos mayoritarios, el Partido
del Gobierno y el Partido Socialista-- que hicieron que se paralizaran
los expedientes. ¿Habrá que saberlo también. Yo quiero no creer en ello,
porque sería lamentable y, desde luego, muy grave, pero ahí están las
incógnitas y hoy no se va a saber si esto es así. ¿Ha habido otros
motivos, que también se han apuntado en alguna ocasión, como, por
ejemplo, problemas laborales dentro de la Administración, que hayan
paralizado o ralentizado la labor de los órganos de la Administración, de
la Agencia Tributaria, de la Oficina Nacional de Inspección o de las
unidades regionales de inspección? ¿Ha habido problemas laborales que han
paralizado la actuación y por eso existen expedientes que no se han
podido tramitar? ¿Qué más motivos pueden existir? Desde luego, en
cualquier caso, ninguno justificable.

De cualquier forma y sea el motivo que sea, la situación es la que
conocemos hoy, una situación grave, que necesita un esclarecimiento, que
necesita depuración de responsabilidades. Por tanto, es preciso y urgente
acometer, desde el Gobierno, actuaciones que vayan encaminadas a evitar
que en el futuro esto pueda volver a ocurrir. Esas actuaciones pasan por
reformas legislativas que cumplan con los principios constitucionales que
antes he comentado, unas figuras impositivas justas y adecuadas a las
necesidades de la economía, con una legislación clara y precisa. Existen
muchos problemas por falta de desarrollo reglamentario. En estos momentos
todavía no tenemos el desarrollo reglamentario



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del Impuesto sobre Sociedades; no tenemos el desarrollo reglamentario de
la Ley del Seguro. Existen actuaciones que deben corregirse. Se necesita
una normativa fiscal que conjugue los derechos y las obligaciones del
contribuyente con los derechos y las obligaciones de la Administración.

Se necesitan reformas que deben concretarse en el Impuesto sobre la
Renta, que deben concretarse en el desarrollo de la ley de reforma del
Impuesto sobre Sociedades, que deben concretarse en una adecuación y
actualización del Impuesto sobre el Valor Añadido, una de las figuras
impositivas con más fraude que existe en estos momentos. Hay que abordar
la reforma de la Ley General Tributaria, que en parte se hizo en la
legislatura pasada pero que todavía está pendiente de la reforma total.

Hay que poner en marcha las medidas de lucha contra el fraude fiscal.

Todas estas cosas las tiene que hacer el Gobierno inmediatamente, sin más
dilación; todo esto es necesario. Como hemos dicho repetidas veces desde
nuestro Grupo Parlamentario, es una necesidad imperiosa, porque no se
pueden pedir esfuerzos a los ciudadanos, al contribuyente de a pie si no
se da un cambio, además, en el talante de la propia Administración, y me
atrevo a decir de los funcionarios, en el trato hacia el administrado, un
trato que debe ser de cliente, también lo he dicho en muchas ocasiones:
el contribuyente es un cliente de la Administración y como tal hay que
tratarle, hay que favorecerle en el cumplimiento de sus obligaciones, hay
que informarle adecuadamente y con amabilidad, hay que preservar sus
derechos. Y así podríamos continuar con un largo etcétera hablando de las
deficiencias de la Administración.

Como no quiero alargarme en esta intervención, solamente me voy a referir
a un tema sobre el que también me gustaría una aclaración. Quizá no me la
pueda dar el Secretario de Estado de Hacienda y sea más bien una pregunta
para el Secretario de Estado de Presupuestos, pero desde luego tiene
relación con lo que estamos tratando en estos momentos. Me refiero a las
consecuencias presupuestarias de esta presunta falta de ingresos de
200.000 millones de pesetas, si se produce. Como digo, quizá sea una
pregunta que no me pueda contestar usted, señor Costa, pero sí se la
traslado al Gobierno. ¿Cómo se contabilizan las actas de inspección
firmes? ¿Aparecen como salvedad en la previsión de ingresos en el
ejercicio presupuestario? ¿Se dota de aprovisionamiento en caso de
prosperar los recursos (esto creo que no lo permite la Ley General
Presupuestaria, pero puede ser admisible como un principio de prudencia
valorativa) o, por el contrario, se aplica el principio de caja y se
registran los ingresos netos en cada ejercicio? Como digo, quizá no me
pueda contestar, señor Costa, pero a mí me preocupa, porque del
tratamiento contable puede depender directa o indirectamente la previsión
de déficit público que, desde luego, se puede pensar que va a estar de
alguna forma influida por esta situación.

Esta es una reflexión sintetizada que hacemos desde nuestro grupo
parlamentario sobre estos hechos y que se resume en que deben
esclarecerse y depurarse responsabilidades, en que deben acometerse
reformas legislativas en la normativa fiscal, en que debe intensificarse
la lucha contra el fraude, que debe haber un cambio de talante en las
relaciones entre la Administración y el contribuyente. Desde luego, todo
esto es lo que vamos a proponer que se estudie en la comisión de
investigación que vamos a solicitar, porque hoy estamos, como creo que se
ha dicho en algún momento, iniciando un proceso, pero éste es sólo el
comienzo. Hay que esclarecer los hechos, saber, efectivamente, dónde
están los problemas, quiénes son los responsables y también establecer
todas aquellas reformas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.




El señor PRESIDENTE: Me parece que no hay ningún representante en la sala
del Grupo de Coalición Canaria. (Pausa.) Por consiguiente, cedo la
palabra al representante del Partido Popular, señor Martínez-Pujalte. Si
no le importa, señor Martínez-Pujalte, vaya usted interviniendo, aunque
durante su intervención se ausentará breves momentos el señor Secretario
de Estado de Hacienda.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En primer lugar, quiero dar las gracias
al Secretario de Estado por su intervención aquí esta mañana y quiero
manifestar que la información suministrada nos ha parecido abundante y
rigurosa para aclarar los hechos que han supuesto un quebranto para la
Hacienda pública de 200.000 millones de pesetas por la prescripción de
algunas actas, información rigurosa, abundante y tan clara que ha hecho
que los grupos parlamentarios le hicieran muy pocas preguntas para su
segunda intervención.

Los hechos ocurridos son una manifestación de que existía un sistema que
facilitaba la impunidad de los defraudadores, y especialmente de los
grandes defraudadores. Había unos hechos que demostraban la mala gestión
de los anteriores responsables de la Hacienda pública, porque, como se ha
manifestado aquí esta mañana, el asunto no va contra el señor Costa, sino
contra los antiguos responsables de la Hacienda pública. Existía esa mala
gestión que producía un descontrol que permitía la discriminación de unos
contribuyentes frente a otros, y eso produce regalos fiscales, y aquí,
esta mañana, se ha hablado de regalos fiscales por parte de algunas leyes
nuestras; regalos fiscales se producen cuando hay unos señores que pagan
y otros que no pagan (El señor De Grandes Pascual: Exactamente.); regalos
fiscales se producen cuando por negligencia se dejan prescribir unas
actas, lo que me lleva a recordar aquella parábola evangélica del
administrador infiel, y algún administrador infiel había en el Gobierno
anterior.

Señorías, señor Presidente, aquí hemos asistido, una vez más a la puesta
en escena del numerito de la irritación. Cada vez que aparece algún
escándalo, el Grupo Socialista se lleva las manos a la cabeza, demuestra
una gran irritación y pretende que el acusador sea el acusado. Miren,
señorías, aquí no vale demostrar enfado e intentar acusar al acusador;
ese numerito ya lo hemos visto demasiadas veces y a mí me trae a la
cabeza al caballero encorbatado al que ven sustrayendo un objeto y,
cuando le imputan el hecho, dice que no y, además, reclama su
honorabilidad. Claro, este argumento se cae por su peso cuando el objeto
estaba en su bolsillo. (El señor Cuesta Martínez: El pijama



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de Londres.) Ustedes ya han dado demasiadas veces el numerito de la
irritación. Ya en el año 1993, cuando un diario puso de manifiesto un
incremento injustificado del patrimonio del señor Roldán, salió un
ministro del Partido Socialista muy ofendido manifestando que no quedaba
ninguna duda de que el patrimonio del Director General de la Guardia
Civil era absolutamente ortodoxo. Ha quedado absolutamente demostrado.

(Aplausos.--Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
En el año 1992 fue el propio Presidente del Gobierno entonces, señor
González, quien, un mes después de las denuncias del caso Mariano Rubio,
declaraba que el ex Gobernador del Banco de España era perfectamente
honorable y acusaba al Partido Popular de querer empañar la vida
democrática y de jugar con las instituciones. Incluso el portavoz
socialista de aquel entonces en la Comisión de Economía le dijo al señor
Mariano Rubio en esta sala: Usted tiene nuestro reconocimiento y nuestra
consideración a su honorabilidad personal y profesional y, sin duda
alguna, le invitamos a seguir con ese rigor y con esos atributos que yo
creo que son garantía para que, desde el puesto que ocupa como Gobernador
del Banco de España, pueda seguir contribuyendo a dar credibilidad al
sistema. En una sesión posterior de la Comisión le pidió que le mirara a
los ojos por su actitud poco clara. (El señor Hernández Moltó: Y no
pudo.) Igual pasó en el caso Renfe. También se llevaron las manos a la
cabeza y reclamaron la honorabilidad de una persona y el Presidente del
Gobierno dijo que era injustamente tratada y que todo era producto de una
maquinación. La portavoz del Gobierno dijo que era una hipótesis
descabellada y, después, ese señor tuvo que dimitir por alterar el precio
de las cosas, malversación de fondos públicos y prevaricación. Sobre
Filesa, el Presiente del Gobierno declaró que estaba seguro de que su
partido no recibía comisiones empresariales a cambio de concesión de
proyectos y que todo respondía a una campaña orquestada contra ellos. Las
cosas se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban, como ha dicho
el portavoz del Grupo Socialista, pero ustedes tienen una veintena de
procesos judiciales abiertos. Algo saben de cómo acaban.

Señores del Grupo Socialista, y perdonen que me refiera a ustedes, pero
es que ustedes se han referido a nosotros, no quiero ocupar más tiempo en
seguir juzgando el numerito de la irritación, pero se cae por su propio
peso, porque ya lo han repetido demasiadas veces, y no quiero dedicar más
tiempo a desmontar la patraña dialéctica de intentar acusar al acusador.

Aquí los únicos acusados son la Administración socialista anterior y los
responsables políticos de esa Administración socialista que permitieron
que la Hacienda pública dejara de percibir 200.000 millones, porque de lo
que no hay ninguna duda es de que esos 200.000 millones no están en las
arcas del Estado, cuando son hechos imponibles de hace ocho, siete, cinco
o cuatro años, y unos contribuyentes han pagado y otros no han pagado.

Algo tendrán que decir los anteriores responsables. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)
Mi grupo entiende que el trabajo realizado por los inspectores de
Hacienda para poner al descubierto toda una serie de bolsas de fraude fue
y es excelente. A partir de ese momento, de las actuaciones de los
inspectores, aquellas actas, firmadas en disconformidad, quedaron
pendientes de que se emitiera el acto administrativo definitivo y, en ese
proceso, estuvieron paralizadas sin razón alguna, repito, sin razón
alguna, un tiempo medio de dos años y medio. Como muy bien ha explicado
esta mañana el Secretario de Estado, sonaron las alarmas, pero los
responsables políticos entendieron que esa alarmas eran irrelevantes,
entendieron que esas alarmas no significaban que se podía perder el
dinero, entendieron que esas alarmas debían de ser para otras cosas, y el
resultado evidente y absolutamente cierto es que la Hacienda pública ha
dejado de ingresar más de 200.000 millones de pesetas.

¿Cómo se explica que unos dirigentes políticos del Ministerio de Hacienda
no actuaran con celeridad y pusieran los medios para que las actas se
liquidaran en tiempo y forma y no sufriera quebranto la Hacienda pública?
¿Hubo incapacidad, hubo negligencia o hubo intencionalidad política? Eso
lo tendrán que explicar, porque para los administrados no es admisible
que durante esos años la Administración tributaria viniera retrasándose
sistemáticamente en la tramitación de los expedientes de inspección
cuando hay un reglamento que establece un plazo de un mes para contestar,
y aunque los tribunales digan que hasta los seis meses no prescriben, los
responsables políticos debían haber puesto los medios para que las actas
se liquidaran en el tiempo que establece el reglamento de inspección. Al
contribuyente se le exige que cumpla rigurosamente con los plazos que
establecen las normas. Por ejemplo, cuando un acta se firma en
disconformidad, el contribuyente tiene un plazo reglamentario para hacer
sus alegaciones y, si se pasa un día, no se admiten. La Administración,
de la que ustedes eran responsables, tardaba dos, tres y cuatro años en
responder, lo que hizo que la Hacienda pública perdiera 200.000 millones
de pesetas, que es el hecho relevante, ahí es donde hay que centrar el
debate. El debate hay que centrarlo en lo que de verdad ha sucedido, que
no es otra cosa que las arcas públicas van a ver quebrantados sus
intereses.

Los actuales responsables del Gobierno han visto cómo les han dejado en
los cajones expedientes ya prescritos y cuya prescripción va a ir siendo
reconocida por los tribunales si éstos siguen manteniendo la doctrina
jurisprudencial de manera contundente, como la carta firmada por la
anterior directora de la Agencia Estatal Tributaria ponía de manifiesto
que ustedes sabían, ya que en ella decía que desistían de unos procesos
porque la doctrina imponía que no iban a ser cobrados. Los españoles
están absolutamente escandalizados por el hecho de que mientras hay
ciudadanos que pagan sus impuestos religiosamente y hay ciudadanos a los
que se realizan actas de inspección con liquidación definitiva que estos
ciudadanos ingresan en el Tesoro --el señor portavoz del Grupo socialista
ha hablado de 800.000 actas de inspección--, hay otros señores, 600, que
no van a ingresar el dinero porque eso ha prescrito. Ahí hay
responsabilidad y negligencia. Además, justo es decirlo, han prescrito
actas de contribuyentes poderosos, de contribuyentes favorecidos
económicamente (El señor Hernández Moltó: ¿Quién?, ¿quién?), actas que
estaban paralizadas en la Oficina Nacional de Inspección y, señorías, la



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Oficina Nacional de Inspección realiza inspecciones a contribuyentes con
volúmenes superiores a 10.000 millones de pesetas. A nuestro grupo le
parece que los anteriores responsables del Ministerio de Hacienda tenían
alguna responsabilidad en hacer que las actas de inspección que estaban
en la Oficina Nacional de Inspección, de contribuyentes muy, muy
favorecidos económicamente, no se perdieran para la Hacienda pública. (El
señor Cuesta Martínez: ¡Qué pena!)
El Secretario de Estado ha explicado claramente los hechos y ha puesto de
manifiesto un problema de la Hacienda pública. Además, ha intentado
esbozar algunos de los problemas de la mala gestión y de la mala política
de los responsables de la Agencia Tributaria, problemas que han llevado a
que el sistema fiscal fuera un paraíso para grandes defraudadores y eso
compete a los anteriores responsables políticos. El debate que se está
celebrando acerca de esto no es sobre los calificativos o los juicios de
valor de unos y otros, sino sobre unos hechos y los porqués de los
mismos. (La señora Aroz Ibáñez: ¿Paraíso fiscal? ¡Qué insensatez!--El
señor De Grandes Pascual: Sí; eso, eso.) Nosotros queremos hablar de por
qué no se pusieron los medios para que la Hacienda pública pudiera
ingresar el dinero correspondiente a los presuntos fraudes fiscales
investigados por los inspectores de Hacienda. Desde que el Secretario de
Estado dio su primera rueda de prensa poniendo en conocimiento de la
opinión pública el problema, del que podía derivarse un quebranto para la
Hacienda pública, los señores del Grupo Socialista no han hecho otra cosa
más que negar, verter insultos e intentar cambiar el fondo del debate,
desde los hechos hasta las intencionalidades de las denuncias. Ayer, sin
ir más lejos, aparecían las patéticas declaraciones del señor Ciscar.

Todas sus declaraciones están inmersas en un hálito de tristeza y en un
carácter luctuoso conocido públicamente. Hablaba sobre la intencionalidad
de las denuncias y no se paraba a preguntarse por qué responsables de su
partido fueron incapaces --porque aquí hay que hablar de incapacidad de
los anteriores responsables de la Hacienda pública-- de defender los
intereses de la Hacienda pública en la función de su responsabilidad.

Ellos eran responsables de que esas actas hubieran estado ingresadas. Hoy
estamos aquí porque el dinero de esas actas no está en las arcas, por eso
estamos aquí, y son hechos imponibles de hace muchos años.

Los datos que hoy ha aportado el Secretario de Estado de Hacienda ponen
de manifiesto que el Gobierno anterior no sólo era un mal gestor del
gasto público, como todos los ciudadanos ya conocen, sino que eran unos
malos gestores en el cobro de los impuestos, y unos ciudadanos han
terminado pagando y otros no. Los hechos son tozudos. El porqué de la no
aplicación de soluciones lo tendrán que explicar los responsables
políticos de los gobiernos donde se permitió esa situación. (El señor De
Grandes Pascual: Ese es el tema.) Ahí está el debate. (El señor De
Grandes Pascual: Ahí, ahí.) Los señores del Grupo Socialista se quieren
salir de ese debate hacia otro. El debate está en por qué se permitió que
esas actas no fueran cobradas. Hoy estamos en la situación de que las
arcas públicas no han ingresado 200.000 millones.

Cada uno es libre de presuponer la intencionalidad que quiera. Los
ciudadanos pueden presuponer cualquier intencionalidad, y pueden hacerlo
porque los antiguos responsables socialistas no han dado ninguna
justificación razonable a unos hechos denunciados por el Secretario de
Estado y que son graves, hechos graves y reconocidos por todos los grupos
de la Cámara, hechos que suponen una injusticia enorme y discriminan a
unos ciudadanos frente a otros. No sabemos por qué sucedía eso. Por eso
se hacen las valoraciones del hecho. No sabemos cuál era el trasfondo,
como no sabemos si el mal uso de los fondos reservados era para entregar
ese dinero a la madre Teresa de Calcuta, pero el dinero desapareció.

(Risas.--Varios señores del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.)
La comparecencia que hoy estamos celebrando ha clarificado la situación,
de la que la opinión pública viene hablando en las últimas semanas, y ha
quedado claramente de manifiesto que el Grupo Socialista hoy y en las
últimas semanas está nervioso. Ha insultado, ha echado balones fuera,
pero no ha dado ninguna explicación razonable de por qué permitieron una
situación que yo calificaría de deleznable. No parece razonable seguir
diciendo que no se ha cobrado ese dinero, único argumento que esgrimen,
porque creían que no existían plazos para su cobro. El señor Costa ha
puesto de manifiesto que saltaron suficientes alarmas para que se hubiera
hecho algo. De hecho, cuando decidieron liquidar las actas se hizo en un
plazo razonable y breve. Ello demuestra que si antes no se liquidaron fue
porque no hubo voluntad política para hacerlo. Cuando se liquidaron las
actas era tarde, y todos esos derechos de cobro encerraban en sí el
cartel de incobrables. De hecho, la carta de la directora anterior de la
Agencia Tributaria, que hoy se reproduce en ABC, demuestra que también
los anteriores responsables eran conocedores de ese efecto incobrable de
las actas de inspección. (Varios señores Diputados del Grupo Popular:
¡Muy bien!)
Mi grupo cree que sólo hay tres motivos posibles para que sucedieran esos
hechos: indolencia, negligencia o intencionalidad. No voy a juzgar cuál
es el motivo que llevó a que esto sucediera, pero me gustaría que el
Grupo Socialista lo aclarara. En cualquier caso, se ha puesto de
manifiesto que el Gobierno anterior causó un grave perjuicio por su
incapacidad y por su negligencia política a las arcas públicas. Los
ciudadanos se están preguntando el porqué de la situación y el porqué --y
esto es lo grave-- de la discriminación de unos ciudadanos frente a
otros.

Estamos celebrando un debate en el marco de una situación económica
excelente. Estamos celebrando el debate en un marco económico que a
nosotros nos favorece. Es una situación económica absolutamente buena y
favorable para el Estado español. Nosotros no habríamos entrado en este
debate si el señor Costa no hubiera puesto de manifiesto unos hechos que
quizás a los anteriores responsables les parecía que debían permanecer en
secreto. Ese hecho es que los expedientes han estado paralizados. Ese
hecho es que las arcas públicas van a ver quebrantados sus intereses en
200.000 millones.

El señor González dijo que éste era un mal tema. Para nosotros,
efectivamente, no es un tema agradable, pero



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para los señores socialistas, para los antiguos responsables de la
Hacienda pública no sólo no es agradable, sino que les quema en las
manos, porque es a los anteriores responsables de la Hacienda pública a
los que les compete este hecho y son ellos los que tienen que dar
explicaciones. Si por ustedes hubiera sido, probablemente este tema no
habría salido nunca a la luz. Mi grupo agradece que este tema salga a la
luz para conocimiento de la opinión pública, porque nunca se debió haber
consentido. El anterior Presidente de Gobierno, el señor González, se
enteraba de los hechos por los periódicos. Ahora este Gobierno, y este
grupo lo agradece, quiere ser trasparente. Este grupo parlamentario
entiende que ser trasparente es un excelente camino. Nos han acusado de
mentir una y otra vez. (El señor Hernández Moltó: Nombres, nombres.) Toda
la intervención del señor Eguiagaray ha consistido en verter insultos
contra miembros de mi grupo parlamentario. No vamos a tolerar insultos,
señor Eguiagaray, porque los ciudadanos saben bien quién ha estado
mintiendo en los últimos años (El señor Michavila Núñez: ¡Muy bien!),
saben bien quién ha estado mintiendo tras la aparición de los escándalos
y tienen ustedes la credibilidad que les corresponde: nula. (Varios
señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!) Aquí el Grupo Socialista
no ha respondido a la pregunta sobre qué hacían cuando recibían inputs de
los problemas que existían en la Hacienda pública, qué agilidades
imprimían para la solución de los problemas. Hay pruebas suficientes, y
después de la primera intervención del señor Costa más abundantes, aunque
ya sé que a algunos portavoces, sobre todo al portavoz del Grupo
Socialista, no le ha importado la intervención, ya traía su discurso
preparado. (Una señora Diputada: No como tú.--Rumores.--El señor Borrell
Fontelles: ¿Y usted?) Parece que no le ha aportado ningún dato. Había
pruebas suficientes, después de la primera intervención del señor Costa,
de que hubo negligencia política (Risas.) y esta negligencia supuso un
quebranto para la Hacienda pública. (Rumores.)
Mi grupo, señorías, va a estar de acuerdo en la creación de una comisión
de estudio, de una comisión de investigación que aclare los hechos y que
ponga los remedios para que esto no suceda nunca más, para que nunca más
en España pueda haber unos ciudadanos que paguen sus impuestos
religiosamente y otros, por negligencia de los anteriores responsables de
la Hacienda pública, vean cómo se les han perdonado sus presuntos
fraudes. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)



El señor PRESIDENTE: Concluido el trámite de fijación de los términos de
las comparecencias, posiciones, preguntas y observaciones, entiendo que
queda liberado de realizar ningún tipo de intervención el señor Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la medida
en que ni por los grupos que solicitaron su comparecencia ni por los
demás grupos parlamentarios se ha fijado ningún tipo de términos sobre
los que debería realizar una intervención ni tampoco se ha realizado
ninguna pregunta u observación, a pesar de que por el señor Eguiagaray se
le ha citado, pero en términos en absoluto de demanda de pregunta, o al
menos así lo entiendo yo, señor Eguiagaray, sino más bien de hacer un
tipo de alusiones en relación a las cuales tampoco viene al caso que se
entre en un trámite al respecto.

Por todo lo cual, a continuación tiene la palabra el señor Secretario de
Estado de Hacienda para contestar a las preguntas u observaciones que le
han sido realizadas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Muchas
gracias, señoras y señores Diputados, por sus manifestaciones y
valoraciones a lo largo de las distintas intervenciones.

Creo que del conjunto de las intervenciones se puede extraer, en primer
lugar, que el Gobierno ha puesto de manifiesto unos hechos que son
incontestables. Se ha aludido a que hizo las comunicaciones con carácter
inicial informando a la opinión pública en lugar de haber comparecido
directamente en el Parlamento. Yo única y exclusivamente quiero
manifestar que esa información a la opinión pública tenía como objetivo
dos razones: una, comunicar que el Gobierno iba a pedir una comparecencia
en el Parlamento para informar sobre unos hechos que son especialmente
graves a juicio del Gobierno y, dos, detallar inicialmente el contenido y
la situación de esos hechos. Espero que SS. SS. estén de acuerdo conmigo
en que la información que he intentado suministrarles a lo largo de mi
comparecencia, una información detallada, con muchos elementos de juicio,
con muchos hechos y con muchos datos, pone de manifiesto que este
Gobierno ha guardado la información a suministrar al Parlamento y no la
ha hecho pública con anterioridad a los medios de comunicación.

Quiero manifestar también que en alguna de las intervenciones se ha hecho
referencia a la necesidad de poner en marcha más medidas para evitar que
este tipo de situaciones puedan producirse en el futuro. Desde luego la
voluntad del Gobierno es informar y suministrar a esta Cámara todos los
datos y todos los informes que consideren necesarios para que puedan
tener un adecuado análisis de los hechos producidos, puedan extraerse las
conclusiones y las valoraciones políticas que los grupos parlamentarios
consideren convenientes y, al mismo tiempo, se pueda hacer un trabajo de
propuestas con el objetivo de garantizar que el funcionamiento de la
Administración tributaria sea transparente, con el objetivo de reforzar y
reafirmar la independencia de la Agencia Tributaria y con el objetivo de
conseguir que funcione con mayor eficiencia en el futuro.

Se ha hecho referencia a algunas informaciones concretas y si algún
representante tiene interés en obtenerlas el Gobierno las suministrará y
las pondrá a disposición del Presidente de esta Comisión, al igual que un
certificado de la Agencia Tributaria y de la Dirección General de
Inspección sobre las cuestiones y los hechos a que he hecho referencia,
con independencia de que con posterioridad las señoras y señores
Diputados tengan por conveniente solicitar datos adicionales.

Se ha hablado también de qué consecuencias presupuestarias puede tener el
hecho de que un importante número de expedientes esté prescrito por el
transcurso del



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tiempo y por el hecho de que dichos expedientes hayan sido paralizados
durante un período superior a seis meses. La realidad es que esas deudas
tributarias figuraron como deudas contraídas en los ejercicios
correspondientes a aquellos en los que se dictaron los actos de
liquidación.

Quiero hacer algunas consideraciones que me parecen muy importantes. La
primera que voy a hacer, señor Eguiagaray, es que usted ha hecho
imputaciones de calumnias, y de delito. Yo le voy a decir una cosa: No
vaya por ese camino. Si usted tiene alguna imputación concreta de
calumnias o delito frente a mí vaya a los tribunales, presente una
querella y que se resuelva en los tribunales, pero no me haga esa
imputación de calumnias o de delitos. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Quiero manifestarle también que agradezco el tono de su intervención,
aunque he visto una cierta condescendencia por el hecho de que este
Gobierno haya querido que el Secretario de Estado de Hacienda informe a
los parlamentarios sobre unos hechos. Hay que tener en cuenta que el
Secretario de Estado de Hacienda es el Presidente de la Agencia
Tributaria y mi obligación y mi intención era suministrarle la mayor
información posible, porque creo que los hechos son importantes, aunque
usted a lo largo de su intervención haya intentado obviarlos. No ha hecho
ninguna referencia a los hechos. ¿No le parecen graves y escandalosos los
hechos, señor Eguiagaray? Yo creo que son hechos extremadamente graves,
que son muy importantes, con independencia de las valoraciones políticas
que a usted le interese extraer de esos hechos. Yo desde luego he venido
a esta Cámara para informar sobre unos hechos y ponerme a su disposición
para suministrarle toda la información que usted considere conveniente
para hacer una valoración adecuada y un análisis sobre los mismos.

Tampoco he notado en su intervención la posibilidad de hacer alguna
alegación y suministrar a la opinión pública alguna explicación de esos
hechos. ¿O es que ustedes no tienen ninguna explicación sobre cuáles son
los motivos por los que se pueden haber producido? (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!) ¿Es única y exclusivamente una cuestión puramente
jurídica? ¿Estaríamos discutiendo si determinados derechos económicos de
la Hacienda pública han prescrito y están perjudicados, si se hubieran
establecido los mecanismos necesarios para garantizar que la
Administración tributaria pudiera cumplir con los plazos? No estaríamos
discutiendo cuestiones jurídicas. No estaríamos hablando de si la
prescripción se produce cuando se retrasa un expediente durante más de
seis meses o cuando se paraliza. No se habrían perjudicado los derechos
económicos de los ciudadanos españoles.

Yo lamento muchísimo haber tenido que venir aquí a poner de manifiesto
una información y unos hechos que son incontestables y es que expedientes
importantes, desde el punto de vista económico de la Administración
tributaria, estaban paralizados por períodos absolutamente
injustificados. Quizá ustedes habrían preferido que los silenciara este
Gobierno. Quizá ustedes habrían preferido que no hiciéramos referencia a
esa situación, que mantuviéramos esa información archivada en un armario
o en un cajón, pero desde luego este Gobierno no cree que sea actuar con
transparencia y con honestidad no informar a los ciudadanos españoles
sobre unos hechos que tienen unas graves consecuencias económicas, aunque
la responsabilidad de este Gobierno también es informar para que las
Cortes y los grupos parlamentarios puedan plantear las medidas que
consideren convenientes para hacer sus valoraciones y evitar que este
problema vuelva a plantearse en el futuro.

A mí me gustaría, señor Eguiagaray, dado que el objetivo de mi
comparecencia era hablar sobre hechos y situaciones concretas, que haga
usted también una valoración de esos hechos y de esas situaciones
concretas y quizá, si lo considera conveniente --no tengo obligación de
pedírselo ni el más mínimo derecho a hacerlo-- que suministre alguna
explicación que pueda clarificar, en su opinión, por qué ha ocurrido esa
situación.

Me dice usted también que estamos desistiendo, que no estamos defendiendo
los derechos económicos de los ciudadanos españoles, que estamos poniendo
en peligro los derechos económicos de los ciudadanos españoles. Mire,
este Gobierno no ha renunciado ni ha desistido de ningún recurso que
defienda los intereses de los ciudadanos españoles y ustedes --y usted lo
sabe bien porque era miembro del Gobierno-- en 1994 y en 1995 desistieron
en los tribunales de recursos económicos de los ciudadanos españoles por
importe de 15.000 millones de pesetas. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.) Yo, señor Eguiagaray, le intento trasladar la voluntad del
Gobierno, el interés y la firme convicción de hacer todo lo posible por
utilizar cualquier vehículo y cualquier mecanismo legal para defender los
derechos económicos de los ciudadanos españoles, pero la realidad, señor
Eguiagaray, es que si se hubiera prestado la debida atención a las
alarmas que empezaron a saltar desde 1991 no estaríamos discutiendo esas
cuestiones jurídicas y no tendríamos ningún problema a la hora de
defender los derechos económicos de los ciudadanos españoles. Eso es lo
que me parece extraordinariamente preocupante.

Usted pone de manifiesto dudas sobre si las actas han prescrito o no han
prescrito y yo quiero ser contundente con relación a esa afirmación.

Lamentablemente, hoy, con el criterio de los órganos jurisdiccionales,
esas deudas tributarias han prescrito (El señor Eguiagaray Ucelay: No.),
y la prescripción --quiera usted o no-- se produce por el mero transcurso
del tiempo. Si ha transcurrido el tiempo, han prescrito y si no ha
transcurrido el tiempo, no han prescrito. El hecho de que las
prescripciones de oficio tengan que ser declaradas con posterioridad, en
el momento en el que se analicen las liquidaciones, no es lo relevante.

La realidad es que la prescripción es un mecanismo automático. Por el
mero transcurso del tiempo se produce la prescripción y esos derechos
económicos de la Hacienda pública, lamentablemente, con el criterio de
los órganos jurisdiccionales, en estos momentos se encuentran prescritos.

Créame usted, señor Eguiagaray, que el Gobierno no está entusiasmado con
esta situación. Este Gobierno, desde luego, hubiera preferido no tener
ningún problema en materia de gestión de derechos económicos de la
Hacienda pública, habría preferido no tener que comparecer



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en el Parlamento para informar sobre unos hechos que ustedes parece que
prefieren silenciar. Se lo digo de verdad, se lo digo con toda la
sinceridad del mundo, señor Eguiagaray. Es un problema muy gordo --usted
lo ha dicho--; pero el problema gordo no es que estos hechos se hayan
hecho públicos (Rumores.), que es lo que probablemente ustedes
preferirían, que no se hablara sobre esos hechos y sobre las
consecuencias económicas. El problema es que esos hechos se han producido
y que ahora tenemos la obligación de intentar resolverlos y de garantizar
que en el futuro nunca vuelvan a plantearse. (Rumores.) Lo que más me
sorprende, señor Eguiagaray, es que ustedes se hayan puesto una venda en
los ojos y que sigan con ella. Ustedes, por comodidad, se han puesto una
venda en los ojos y quieren acudir a interpretaciones jurídicas que en
estos momentos han sido cuestionadas por los órganos jurisdiccionales.

Por comodidad, se han puesto una venda en los ojos, pero lo lamentable
del caso es que a los ciudadanos españoles, en este caso, esa comodidad
les va a salir muy cara. Eso es lo verdaderamente lamentable y eso es lo
que, en mi opinión, deberíamos discutir aquí y deberíamos evitar que
volviera a producirse en el futuro.

Me dice usted que hemos echado por tierra el trabajo de funcionarios y el
trabajo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. ¿Me quiere
volver a decir, con esa afirmación, que deberíamos haber silenciado esos
hechos? Yo creo que no se pueden silenciar esos hechos, una vez conocidos
y una vez detectados. De todas maneras, también le voy a decir una cosa,
señor Eguiagaray. Ustedes --y lo han demostrado durante muchos años--
saben qué es desacreditar y politizar las instituciones y los
funcionarios. (Rumores.) Este Gobierno no tiene la más mínima intención
de desacreditar las instituciones; ésa ha sido su imputación, señor
Eguiagaray. Este Gobierno lo que no quiere es ocultarles unos hechos a
los ciudadanos españoles y a la opinión pública, y creo que eso es una
responsabilidad política. (Rumores.) Me dice que han faltado a la verdad
con los hechos. Yo creo que los hechos son incontestables. Ustedes, de
nuevo, están fingiendo y están repitiendo el mismo número. Cuando se
producen unos hechos, intentan silenciarlos y ocultarlos; cuando esos
hechos son denunciados por alguien lo que hacen es manifestar indignación
y cuando, finalmente, esos hechos son incontestables, lo único que les
preocupa es encontrar algún responsable para salvar su cara ante la
opinión pública. Eso es lo único que les preocupa. (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien, muy bien!-- Rumores.) En todo
caso también le voy a decir una cosa, señor Eguiagaray. No quieran
ustedes comparar los hechos que se denuncian con actuaciones como las que
acostumbra a realizar su partido y a las que nos tienen totalmente
acostumbrados. Yo le preguntaría a usted, por ejemplo, si mintió o no
--si está usted de acuerdo conmigo-- el señor González cuando
manifestaba, en las pasadas elecciones, que si el Partido Popular ganaba
las elecciones iba a recortar las pensiones de los jubilados españoles.

¿Mintió el señor González en ese momento? ¿Ustedes le van a exigir alguna
responsabilidad política al señor González, como han dicho que nosotros
deberíamos aplicar? (Risas.--Rumores.) Estará usted de acuerdo conmigo en
que informar sobre el hecho de que no haya habido ni se hayan detectado
controles suficientes para garantizar una correcta gestión de las actas y
del hecho de que, aplicando el criterio de los órganos jurisdiccionales,
unos derechos económicos de la Hacienda pública estén perjudicados, eso
no puede ser, en ningún caso, faltar a la verdad.

Me habla usted también de si ha habido o no una amnistía fiscal. Los
efectos de la prescripción, como usted y las señoras y señores Diputados
saben muy bien, son que una deuda tributaria no se va a pagar. Esos son
los efectos de una prescripción y, desde luego, son los mismos efectos
que los de una amnistía. Pero lo que me sorprende --y se lo digo con
absoluta franqueza-- es que se escandalicen al hablar de amnistía.

Ustedes, en 1991, aprobaron una amnistía fiscal, que supuso reducir las
deudas tributarias de las personas que se acogieron a esa amnistía
fiscal, y que les ha costado a los ciudadanos españoles entre 250.000 y
500.000 millones de pesetas. Por lo tanto no entiendo cómo puede
sorprenderse ante determinadas afirmaciones y cuando se manifiesta que
una prescripción produce el efecto de que una deuda tributaria no se va a
pagar. Esa es la realidad, señor Eguiagaray.

Le gustará a usted el debate o no, le gustará que hablemos sobre hechos o
no, le gustará el criterio de los órganos jurisdiccionales o no. Todo eso
nos puede gustar o no, pero yo creo que de lo que hay que hablar es de
hechos concretos y sobre qué soluciones se pueden poner en marcha para
garantizar que esos hechos no vuelvan a plantearse en el futuro.

Me sorprende también la indignación que manifiesta su grupo parlamentario
cuando se ha aludido, en el debate político y por parte de los grupos
parlamentarios, a términos como los de amigos o amiguismo --se lo digo
con absoluta franqueza--, cuando ustedes, a lo largo de los últimos
meses, han convertido el término amigos en el centro del discurso
político de su partido. (Rumores.) Ante la falta de alternativas, ante la
falta de propuestas, ante la falta de ideas, ustedes han convertido el
debate político y el centro de su discurso político en la palabra amigos.

Yo podría ponerle muchísimos ejemplos de en qué ocasiones le han imputado
a este Gobierno amiguismo en sus decisiones políticas o, incluso, en
decisiones administrativas. Ustedes han hablado de regalos fiscales que
tienen nombres y apellidos, y han mencionado personas físicas concretas;
ustedes han manifestado que los proyectos presupuestarios que elaboraba
este Gobierno tenían como objetivo pagar apoyos económicos y pagar a
amigos; ustedes han manifestado que queremos regalar tres billones de
pesetas a empresas concesionarias y a empresas eléctricas que son
nuestros amigos. Me sorprende la indignación que manifiestan ustedes
cuando, en el debate político, se utiliza un término que es al que
ustedes nos han acostumbrado a lo largo de los últimos meses. (Aplausos.)
Me sorprenden también algunas de las manifestaciones que ha hecho a lo
largo de su intervención como, por ejemplo, si no nos planteamos declarar
nulo el reglamento general de inspección. El reglamento general de
inspección



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lo hicieron ustedes (El señor Eguiagaray Ucelay: ¿Y
qué?--Risas.--Rumores.) Me imagino que cuando hicieron el reglamento
general de inspección tenían la convicción profunda de que se atenían a
la ley y no la vulneraba. (Rumores.) También creo que si los tribunales
están aplicando el reglamento general de inspección, no lo harán por
comodidad y que, desde luego, habrán valorado cualquier incidencia
posible, pero le voy a decir, señor Eguiagaray, que vamos a estudiarlo
muy a fondo. Y es posible que, para defender los derechos económicos de
la Hacienda pública y para justificar nuestros recursos, incluso tomemos
nota de ese argumento que ha puesto encima de la mesa, de ése y de
cualesquiera otros que su grupo o cualquier otro grupo político puedan
proporcionarle al Gobierno.

Señoras y señores Diputados, quiero acabar esta intervención manifestando
que el Gobierno ha hecho un esfuerzo por informar sobre unos hechos
graves, unos hechos que le preocupan y que pueden tener unas importantes
consecuencias económicas, unos hechos que no podían ser silenciados, que
no debían ser ocultados a la opinión pública. Lo importante es que todos
aprendamos de esos hechos, que cada uno extraiga sus conclusiones y sus
valoraciones políticas, y que seamos capaces, entre todos, de poner en
marcha las medidas para garantizar que esos hechos no vuelvan a
plantearse en el futuro.

Muchas gracias, señor Presidente. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien,
muy bien!--Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Secretario de Estado de Hacienda.

¿Grupos que desean consumir un nuevo turno? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra la señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Señor Presidente, voy a intervenir de forma muy
breve.

El señor Costa no ha contestado o no ha entrado en el detalle de algunas
preguntas, pocas preguntas concretas, que nuestro grupo ha realizado, y
ha dicho que va a remitir al Presidente de la Comisión, y por tanto a los
grupos parlamentarios, la información que hemos solicitado. De todas
maneras, quiero decir que entiendo que, más allá de la contestación
concreta a preguntas que hemos realizado, el Gobierno debe facilitar un
dossier de información que fundamente sus acusaciones. Me parece que éste
es un tema clave, no se puede despachar la información que hace
referencia a una denuncia de esta magnitud simplemente con una
comparecencia de dos horas y media por parte del Secretario de Estado. En
este sentido espero que la comisión de investigación tenga acceso a toda
la información necesaria y que los grupos parlamentarios podamos,
insisto, emitir opinión sobre los contenidos de fondo.

Señor Costa, de todo el debate que ha habido, y especialmente de su
intervención, quiero resaltar dos aspectos. Usted dice al Partido
Socialista que éste no ha entrado en los hechos. Yo pienso que en la
intervención de hoy tal vez ha entrado poco, pero usted no ha entrado en
el otro hecho: ¿qué ocurre con las acusaciones de amiguismo? Este puede
ser un diálogo de autistas, donde hay dos grupos parlamentarios, insisto,
que corresponden al actual Gobierno y al anterior Gobierno, que hablan en
planos distintos. De su intervención de hoy ha quedado como mínimo en el
aire, bastante probado, que existen suficientes datos de que ha habido un
funcionamiento defectuoso, irregular en muchos casos, de la
Administración tributaria, que ha faltado control y seguimiento en la
lucha contra el fraude, hasta el extremo de que el panorama que usted ha
descrito --lo he dicho en mi primera intervención-- es de una gravedad
extrema. El panorama que usted ha descrito de cómo ha funcionado la
Administración tributaria es de una gravedad tal que por sí sola merece
la comisión de investigación con objeto de investigar responsabilidades,
pero sobre todo con objeto de hacer propuestas para que no se vuelvan a
repetir. Hasta aquí de acuerdo.

Ahora bien, una cosa es esto, señor Costa, y otra muy distinta es lanzar,
como el Gobierno ha hecho, acusaciones de amnistía fiscal y en definitiva
de presuntas prevaricaciones. Si ustedes no pueden demostrar esto han de
retirarlo. Yo le vuelvo a insistir en que usted rectifique, y
posiblemente la rectificación ha de ser del Gobierno, del propio
Presidente del Gobierno y del Ministro de Economía. En ese sentido le
pido, si a usted le parece bien, que les transmita al Presidente del
Gobierno y al Ministro de Economía que, en nombre de nuestro grupo, les
pedimos que las acusaciones de graves delitos que no se puedan probar las
retiren, no en base, insisto, a juegos florales, sino para facilitar de
verdad el esclarecimiento de los hechos que usted dice que han pasado y
que hay que aclarar. Es decir, o ustedes rectifican y retiran aquello que
no pueden demostrar o mucho me temo que la continuación de este debate,
aunque sea en la comisión de investigación, va a estar teñida en buena
parte de este discurso bipolar, en buena parte autista. Dicho de otra
manera: sólo la rectificación en el debate de lo que no se puede
demostrar va a permitir hacer el debate de aquello que posiblemente se ha
de demostrar y se ha de rectificar.

No quiero decir nada más, simplemente constatar que de los dos grandes
problemas que hoy veníamos a discutir aquí el Secretario de Estado ha
dado información insuficiente o que ha de aclarar y que hemos de discutir
en relación a irregularidades de la Administración tributaria, pero creo
que hoy el Secretario de Estado no ha aportado ninguna prueba que pueda
demostrar que aquí ha habido por parte del anterior Gobierno amiguismo, e
insisto, si el Gobierno lo pudiera demostrar también nos tendría a su
lado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Simplemente, para concluir, me gustaría
reiterar dos cuestiones: una, que no vamos a emitir ninguna valoración
política respecto de los hechos. Tal y como ha dicho el señor Costa,
agradeceremos recibir la documentación para valorar y analizar todo lo
que ha sido esta larga historia y ver a través de los informes qué
análisis se pueden realizar, y si



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coincidimos en la interpretación del señor Costa y del Gobierno en ese
sentido lo valoraremos posteriormente.

Y en segundo lugar, respecto a las formas, yo creo que nadie se puede
poner una venda en los ojos, ni el Gobierno, ni la oposición ni nadie, y
es bueno que lo conozcan los ciudadanos, sea lo que sea,
independientemente de las valoraciones futuras. Pero también es cierto
que el Gobierno tiene que tener especial cuidado en cómo pone de
manifiesto determinados hechos, es decir, los hechos son los hechos y las
formas son las formas. Yo creo que hay que tener una cierta preocupación
respecto de cómo se pone de manifiesto, qué contenidos se ponen de
manifiesto y qué tipo de hechos se explicitan. En ese sentido, sí me
gustaría que el Congreso hubiera recibido información anteriormente.

Por último, vuelvo a reiterar lo de los amiguetes, y lo digo con la plena
convicción de que normalmente esta Diputada jamás utiliza, a la hora de
criticar o dar la opinión que tiene respecto de políticas del Gobierno ni
de proposiciones de la oposición, unos comentarios personales, sino que
hace una crítica, una valoración respecto a las políticas concretas. En
ese sentido he dicho, para que no quede duda, que, sea el que sea el
partido que esté en el Gobierno o sean los que sean los que estemos en la
oposición o en cualquier lugar, creo que tenemos que cuidar nuestro
lenguaje, porque al final podemos desprestigiar las instituciones. Creo
que es una reflexión que tenemos que hacer todos, en este caso el
Gobierno, porque el Gobierno tiene una especial responsabilidad en muchos
temas y porque, a resultas de todo esto, los ciudadanos al final no van a
considerarnos ni a otorgarnos un cierto crédito que yo creo que las
instituciones --no nosotros, quizá-- se merecen.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Costa, yo he tratado de mantener el
debate en un tono al que me parece que usted no ha hecho justicia en su
última intervención (Rumores.), fundamentalmente porque me parece que
usted ha hecho el ejercicio, hoy voluntario, en su primera parte de hacer
un recuento de hechos y de interpretaciones debidamente seleccionados,
sin duda alguna, para aparentar tener razón, pero en todo caso en una
voluntad de mantenerse en un tono más bien gris y sobre todo técnico
alrededor de hechos, de plazos, de funcionamiento de administraciones,
etcétera. Entiendo que es un papel desagradable y probablemente no les
hubiera agradado a sus compañeros de grupo que se mantuviera en esa
dirección. He tratado incluso de sacarle a usted de esta discusión no,
como le he dicho antes, en el terreno personal, por minusvalorar su
capacidad, ni sus ideas, ni lo que usted es o deja de ser ni su propia
ideología, sino simplemente por decirle que no es un secretario de
Estado, que no es miembro del Gobierno, quien tiene que sostener las
imputaciones que han hecho un Gobierno y su Presidente contra otro
Gobierno anterior. Ese es el papel en el que usted está simplemente
desentonando desde esa perspectiva, y dicho sea con el mayor respeto.

Pero a continuación su alegato final, señor Costa, es un intento de
desviar la atención. ¿Desviar la atención de qué? De lo único importante.

La discusión administrativa ya la vamos a hacer, créame que la vamos a
hacer, pero de lo que estamos hablando aquí es de política, estamos
hablando de la acusación firme, hecha contumaz y sostenidamente por el
Presidente del Gobierno y por el Ministro de Economía y Hacienda, de
hechos que son calificables de delito contra el Partido Socialista y el
Gobierno anterior. No pretenda que sea yo quien tenga que dar cuenta de
lo que ustedes han hecho y a la vez han reconocido no pueden demostrar, y
usted hoy mismo, una vez más. No pretenda que sea yo quien tenga que dar
cuenta de unos hechos que, como mucho, merecen una discusión desde el
punto de vista de la Administración, en este caso de Hacienda, de los
criterios de la Administración, de los criterios de los tribunales,
etcétera, cuando, como antes decía, esgrimiendo un argumento que me
parece de autoridad no en mi propio favor, sino de lo que ustedes están
pensando. La Directora General de la Inspección sigue sosteniendo el
mismo argumento interpretativo de lo que ha ocurrido en este período que
la Administración pasada.

Y déjeme que le añada algo que antes no he citado. Cuando a Pilar
Valiente, Directora General de la Inspección, en esa misma entrevista le
preguntan: por tanto, en esta polémica, ¿usted cree que se ha producido
por parte del Gobierno anterior una utilización política de la
inspección?, que es el único fundamento que permitiría sostener con rigor
y con seriedad sus imputaciones delictivas, naturalmente contesta, como
no puede menos de contestar una proba funcionaria y alguien que
pertenezca con rigor a la inspección, como sin duda alguna contestaría
igualmente el señor Bermejo: La inspección no se dejaría utilizar
políticamente, sus funcionarios cumplen con su papel, independientemente
del partido que esté en el Gobierno. ¿Cómo no, señor Costa? Porque si no,
si quiere usted que nos metamos en esa cuestión y quiere usted que
hablemos de los plazos, de lo que ocurrió y de lo que dejó de ocurrir, no
me diga que son escandalosos los hechos, dígame que lo que es escandaloso
es que, produciéndose cambios de criterio, no se adopten medidas para
remediarlo. Pero ésas es reconocido que se adoptaron, como lo ha dicho
hasta el señor Martínez-Pujalte, como naturalmente ha figurado en su
propio informe y como sin duda alguna tendría que reconocer quien le
acompaña a usted en esta comparecencia. ¿O es que el señor Bermejo --que
lo cito porque es el que está delante, sin ningún otro afán-- no tenía
responsabilidad por que se resolvieran en plazo todos los expedientes que
pasaban por él? ¿Es que puede decir que acaso no incurrieron en posibles
elementos de prescripción, según su interpretación, algunos de los que
pasaran? ¿Pero recibió alguna instrucción de alguien? ¿Recibió alguna
instrucción política para dejar caducar, según su interpretación,
expedientes? No, no, y no podrán decir otra cosa distinta, ni él ni
quienes estuvieron al frente de las oficinas técnicas y tuvieron, por
tanto, la responsabilidad de liquidar dentro del plazo de los seis meses,
según la interpretación sobrevenida de algunos tribunales que todavía ni
siquiera es firme.




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Yo, señor Costa, no voy a aceptar convertirme en quien tiene que
demostrar mi inocencia. No. Esto en la Edad Media y en la Inquisición.

(Rumores.) Por tanto, vaya usted a esa época del pasado si quiere
transformar lo que en este momento son acusaciones delictivas en la
necesidad de un grupo político y de un partido que sostuvo al Gobierno
anterior en demostrar su inocencia. Si usted tiene pruebas, simplemente
--y ha dicho ya paladinamente que no las tiene-- manténgalas, y si no,
sabe usted que lo que tiene es precisamente que responder, usted, el
señor Rato y el señor Aznar, de unas acusaciones políticas graves,
gravísimas, señor Costa, que usted no puede sostener más que desviando la
atención hacia problemas de interpretaciones que no se sostienen hoy más
que haciendo y cometiendo de nuevo las falacias en las que usted ha
vuelto a incurrir.

Ha pedido incluso que le reconozca que ustedes no han filtrado
información, y vuelve a citar la primera página del «ABC», cuyo origen ya
empiezo a conocer, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho. Pero es que
a la pregunta que le ha formulado otro representante de un grupo
parlamentario para que diga con claridad si han prescrito o no han
prescrito ha contestado con una falacia: de acuerdo con los criterios
jurisprudenciales han prescrito. ¿Usted es el Tribunal Supremo?
(Rumores.) ¿Es usted el Tribunal Supremo o está pidiendo a gritos que
alguien le dé la razón, en contra de los intereses de la Hacienda y a
favor de los intereses de los presuntos defraudadores? Esto es lo que
hace usted una y otra vez, porque sabe que es imposible sostener, porque
lo decían ustedes mismos la semana pasada por esa sentencia por la que
suspiraban: va a venir, ya viene la segunda para ratificar el criterio
que estamos defendiendo nosotros, y no llegó, el que están suspirando por
que alguien confirme lo que están deseosos que ocurra: que se pierdan los
derechos de la Hacienda. Esto, señor Costa, es grave. Pero yo no quería
haber entrado en esta cuestión.

El representante del Grupo Parlamentario Popular, como argumento para
justificar algunas posiciones, recurre a debates que tienen que ver con
asuntos que simplemente han sido objeto de discusión política e incluso
de procesamientos judiciales. Algunos que han motivado decisiones muy
serias del Gobierno anterior, algunos que han llevado precisamente a la
cárcel, por decisión del Gobierno anterior, a personas que hoy...

(Rumores.) Señor Presidente, a mí me gustaría tener, cuando digo cosas
que no son falsas sino verdad, un cierto amparo.




El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, dados los términos del debate...




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente. Entiendo su
dificultad.




El señor PRESIDENTE: Perdóneme, no es un problema de dificultad. Tenga
usted en cuenta que, a lo largo de esta Comisión, los rumores y las
alusiones por rumores se han contestado también con rumores. En esta
medida, si usted quiere, puedo reclamar del grupo que le increpa que
guarde silencio.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: No dudo, en absoluto, de su buen hacer.

Gracias, señor Presidente.

Lo que quiero decir, señor Presidente, señor Costa, es que cuando no hay
mejores argumentos se utilizan argumentos odiosos. Lo que es lamentable
es que, a comienzo de 1995, en un documento fiscal hecho público por el
Partido Popular se estuviera pidiendo a gritos una amnistía fiscal para
los defraudadores de Hacienda en materia de facturas falsas por IVA, en
primas únicas y en tantas otras cosas de ingeniería financiera, algunas
como las cesiones de crédito que ya empezaban y se habían hecho populares
y que posteriormente, ante el escándalo motivado por semejante documento
y la crítica hecha por el Gobierno anterior, sus responsables y los
responsables del Partido Socialista, ustedes no tuvieran el valor de
ponerlo en su programa electoral. Pero esto que puedo sostener con
pruebas y con documentos y que está en todas las hemerotecas, señor
Costa, no voy a convertirlo en un argumento para aceptar la
responsabilidad, porque no la tengo, ni la tiene mi partido ni el
Gobierno anterior, por hechos por los que ustedes no asumen la
responsabilidad.

¿Cuál es su problema, señor Costa? Recuerde que durante mucho tiempo
tuvimos la responsabilidad de la Hacienda; recuerde que algunos Diputados
que se sientan en estos escaños y que tuvieron responsabilidad en la
Hacienda fueron de los más duramente criticados por ustedes precisamente
por su afán de hacer que no quedara nada debajo de las alfombras de los
defraudadores; recuerde que ustedes tuvieron una auténtica cruzada contra
la Hacienda pública de la época cuando se empeñaron en levantar actas por
primas únicas y otro tipo de figuras de ingeniería financiera. ¿Quiere
que le recuerde declaraciones de alguno de los que se sientan por ahí?
¿Quiere que se lo recuerde y hacemos aquí un espectáculo de lo que han
dicho? (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Sí, sí!) Bueno, en
otro momento, si les parece. (Risas y protestas.) ¿Quieren que les diga
lo que decía el señór Martínez-Pujalte hace algún tiempo o lo que decía
el señor Costa? ¿Quieren que les recuerde lo que decía el señor Rato?
Pues decía que lo que había que hacer era una regularización fiscal y que
la Hacienda pública se tenía que olvidar de un conjunto de derechos que
había reclamado y que estaba con muchas dificultades tratando de exigir
ante los tribunales. Eso se decía en la Cámara y se decía fuera. Y se
acusaba incluso de una voracidad digna de mejor causa a quienes tenían la
responsabilidad de la Hacienda al servicio de los ciudadanos. Una vez que
algunas de aquellas reclamaciones tienen que ser sustanciadas o son
objeto de recurso, aquéllas pretenden ustedes, como ya lo decían en el
año 1995, que queden sin efecto.

Nosotros les informamos de este problema. Los documentos que en el
traspaso de poderes tuvieron usted y el Ministro de Economía de Hacienda
decían, por si era necesario que ustedes se enteraran, que había una
discusión



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doctrinal con planteamientos en los tribunales. Naturalmente que las
auditorías que usted ha mencionado en repetidas ocasiones de los años
1992, 1993 y 1994 no surgieron por arte de birlibirloque, señor Costa;
surgieron porque los responsables de la Hacienda estaban preocupados por
el funcionamiento de los servicios y las encargaron y sacaron las debidas
conclusiones y tomaron las medidas para afrontar los hechos y adoptaron
normas de procedimiento, medidas personales, incluso modificación de
alguno de los responsables de las dependencias en las cuales se producían
retrasos. Esto lo saben. Y si no me he referido hoy tanto a ello, señor
Costa, es porque es conocido. Lo he hecho a lo largo de estas semanas en
distintas comparecencias ante los medios de comunicación. A alguna se ha
referido usted. Lo que es lamentable es oír en su boca que las que
hicieron los anteriores responsables eran meramente por razones
rutinarias; en cambio, las que ustedes hacen, o han hecho desde que
llegaron, resulta que son por razones de convicción. Cuando la anterior
Directora de la Agencia Tributaria o la Dirección de la Inspección o el
Subdirector correspondiente transmite, precisamente por instrucciones de
sus superiores, que hay que hacer frente a algunas resoluciones
judiciales que están poniendo en riesgo problemas de la interpretación
que ha sido la tradicional, no es un tema rutinario, señor Costa. ¿Por
qué cree que esos probos funcionarios de Hacienda, los inspectores, son
menos responsables de lo que pretende ser usted? ¿Por qué? ¿Y por qué de
ahí pretende construir todo un enorme entramado del que pretende
fundamentar nada menos que la comisión de un delito en beneficio de los
amigos?
Ha terminado usted hablando de amigos. Las imputaciones sobre amigos en
su boca, en la del Presidente del Gobierno y en la del Vicepresidente son
imputaciones en las que se presumen (usted lo dice implícitamente, otros
lo han dicho explícitamente) actuaciones dolosas. Cuando nosotros hemos
hablado de amigos --y parece que les molesta-- estamos hablando de
actuaciones que tienen su reflejo en el «Boletín Oficial del Estado»
(Risas.) Sí, señor Martínez-Pujalte, en el «Boletín Oficial del Estado».

Cambios en la legislación que significan beneficios para algunos, a
nuestro juicio en perjuicio de la mayoría, pero en todo caso con sujetos
y grupos identificables. Les digo cuál es el último, del que todavía no
se ha hecho ni siquiera eco la opinión pública: lo que ocurre con la
famosa supresión y modificación de una norma tradicional en la Ley
General Tributaria, que es la elevación al íntegro de las retenciones
(artículo 5 de la ley 13/1996, recién aprobada), por virtud de la cual
ustedes --para seguir con su terminología y no porque yo crea que es la
propia-- amnistían fiscalmente a gentes que tenían actas incoadas que
tienen que ver con muchos miles de millones y que significa --no se
enfade, señor Michavila, si es que es así; le daré las cifras incluso, si
le preocupa-- que ustedes van a perdonar deudas planteadas ya, deudas
incoadas ya, por una interpretación con efecto retroactivo de normas
fiscales que estaban anteriormente en vigor y que ahora se ponen en
marcha.

Señor Costa, cuando hablamos de estas cosas, yo le ruego que crea que mi
intención es que se haga la luz. Si usted cree que se puede imputar al
Gobierno anterior la comisión de un delito --y su segunda intervención da
la sensación de que pretende sostener lo que sostenía el señor Aznar y el
señor Rato, en contra de sus declaraciones anteriores--, siga por ese
camino. Créame que esto no termina aquí. Yo le animo a que inste una
modificación del reglamento de la inspección. El argumento que ha
utilizado es bastante fútil. Si el reglamento de la inspección se
interpreta en contra del sentido que se le dio, y desde luego en contra
de la Ley General Tributaria por sentencia de los tribunales o criterios
sobrevenidos, pero en todo caso en perjuicio de los intereses de la
Hacienda pública, no veo por qué no se puede instar la modificación o la
declaración incluso de nulidad. Discútanlo. Me alegro de que diga que
está dispuesto a hacerlo. Yo verificaré si lo van a hacer. Lo que es
verdad, señor Costa, es que usted aquí hoy ha venido, como decía el
portavoz del Gobierno, a demostrar que en estos escaños hay un conjunto
de delincuentes, y usted no lo puede demostrar porque es indemostrable y
porque además es falso. Por eso usted, el señor Rato y el señor Aznar
tienen responsabilidades políticas que tendrán que ser depuradas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Voy a ser breve porque pocas argumentaciones
nuevas se pueden aportar a este debate. No obstante, quisiera decir, en
primer lugar, que nuestro grupo político va a abogar en todo momento, y a
partir de ahora mucho más, por intentar hacer los máximos esfuerzos para
restablecer el diálogo político situado en la confrontación basada en los
argumentos de que no ha habido evidencias que nos puedan crear dudas o
inseguridades sobre actos delictivos, pero sí puede haber mucho debate
político y mucha confrontación sobre los criterios interpretativos sobre
las responsabilidades de cómo se ha funcionado durante estos años en
determinadas actuaciones de la Agencia Tributaria. Este es el marco que
yo creo que la sesión de esta mañana ha clarificado y ha delimitado.

Creo que de la discusión y de la exposición preferentemente del
Secretario de Estado no se han puesto en evidencia elementos que nos
puedan aportar a ese debate dudas sobre actitudes dolosas o
responsabilidades penales por estos comportamientos; al menos hasta la
fecha no ha habido esas evidencias y esas pruebas. Pero sí ha habido el
reconocimiento de una situación muy importante, que no podemos obviar, y
que nuestro grupo no va a obviar. No vamos a ponernos una venda en los
ojos --como decía el Secretario de Estado-- ante esta realidad, porque no
podemos hacerlo, porque los ciudadanos extraerían unas conclusiones muy
fundadas frente a una actuación de una cierta inhibición política ante la
realidad.

Es cierto que ha habido un debate --y lo hay-- doctrinal,
jurídico-técnico, en torno a todo este proceso. También es cierto que hay
responsabilidades políticas y que



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puede discutirse si ha habido o no negligencias. En estos ámbitos de la
reflexión nuestro grupo está de acuerdo en prolongar el debate e incluso
constituir esa comisión que pueda permitir a esta Cámara dar a la opinión
pública más información sobre las certidumbres de todo lo que ha sucedido
y arrancar las inseguridades y las ambigüedades que pudiera haber. Pero,
señorías, no nos engañemos, de todo ese conjunto de hechos van a
desprenderse consecuencias importantes, van a desprenderse conclusiones
importantes, y vamos a tener que tomar decisiones importantes.

El Secretario de Estado en su intervención ha reiterado muchísimas veces
que ha habido retrasos. Ha habido retrasos en el elemento central de la
discusión que hemos mantenido, en el momento de emitir ese informe
técnico por el inspector jefe, en la fase de conocimiento del
levantamiento del acta hasta la fase de la comunicación al ciudadano de
la liquidación de esta acta. Y ha dicho que en varias ocasiones ha habido
retrasos hasta de cinco años. Señorías, ¿nos hemos preguntado en alguna
ocasión o nos preguntamos hoy si la Agencia Tributaria tenía medios
suficientes como para poder emitir los informes técnicos en un plazo de
30 días? ¿Podía físicamente la Agencia Tributaria cumplir ese plazo de 30
días para emitir esos informes técnicos? No nos extrañemos si esa Cámara
política que tiene que tomar decisiones jurídicas y resoluciones de
actuación, si esta Cámara no toma conciencia de si teníamos o no
capacidad para actuar en esos plazos, ¿cómo nos extraña luego que se
hayan dilatado tanto?
El Secretario de Estado no ha dicho en ningún momento que tengamos
evidencias de instrucciones precisas que puedan imputar responsabilidades
penales porque las autoridades políticas han instruido decisiones para
que el comportamiento fuera éste. No es verdad. Pero todo el mundo sabe
que la Agencia Tributaria actuaba de esta forma, y todo el mundo sabe que
el Gobierno conocía esta realidad, sobre todo la sociedad conocía esta
realidad. No podemos obviar que las cosas eran de esta forma. ¿Se podían
haber tomado medidas entonces? Probablemente sí. No se tomaron. ¿Por qué
no se tomaron? Lo cierto es, señorías, que a partir de ahora nuestro
grupo desearía que el debate se resituara, no renunciando a
responsabilidades políticas, ni del Gobierno del Partido Popular ni de la
oposición; no que haya renuncias de posiciones previas por los grupos
políticos. Pero, por favor, resituemos el debate para que intentemos que
las cosas a partir de ahora no sean como lo han sido hasta la fecha,
porque si no dentro de un año vamos a tener también prescripciones como
consecuencia de que no se han podido emitir dictámenes en el plazo de 30
días después de haber levantado un acta de inspección y en el período
previo al conocimiento de la liquidación de esta acta. Y esto va a
suceder si no tomamos medidas.

Por tanto, insto a toda la Cámara, a todos los grupos, a que resituemos
ese debate; que nos alejemos del debate de los amiguismos, que hace daño
al sistema y a la democracia, señorías, y nos proyectemos claramente en
el debate de las responsabilidades políticas, en el debate de las
exigencias, de lo que se debía haber hecho y no se ha hecho, de las
consecuencias económicas de esta situación, y apoyemos ese mensaje que el
Secretario de Estado nos ha aportado de tomar decisiones para reformar
profundamente los procedimientos, las actitudes y el sistema en que hoy
se opera por parte de la Hacienda pública. En esa dirección, señor
Secretario de Estado, va a tener todo el apoyo de nuestro grupo; lo va a
tener. Lo tiene en la preocupación en torno a la exposición de los hechos
que nos ha presentado, en torno a las consecuencias graves que tiene, en
torno al deseo de rectificar y en torno a la voluntad de que en esta
Cámara el debate político permita definir un marco legal distinto.

Señorías, tenemos en la Cámara la Ley del Estatuto del Contribuyente. Ahí
podemos reconducir el marco legal que hoy definen los procedimientos de
prescripción. Hagámoslo.

Nuestro grupo desearía que la crispación política no nos hiciera
imposible alcanzar un consenso en el debate parlamentario, en cómo
definir a partir de ahora los criterios fundamentales de cómo, cuándo y
de qué forma deben prescribir los procedimientos inspectores. Esta es, yo
creo, la conclusión que hemos de sacar esta mañana. Se ha delimitado la
frontera de dónde debe situarse el debate político. Creo que no se ha
renunciado a la exigencia política de asumir responsabilidades, ni de
exigirlas por parte del Gobierno, ni de exigirlas por los demás grupos
políticos a quien corresponda, y sobre todo de profundizar, señorías, en
lo que hay que hacer a partir de ahora. Nuestro deseo sería que fuéramos
eficaces en lo último.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, PNV, ya tiene la palabra el
señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, a estas alturas a que hemos
llegado, y que yo preveía que íbamos a llegar, no tiene demasiado sentido
continuar con el debate porque no vamos más que a reiterar las posiciones
que ya hemos expuesto y porque lo fundamental es que ha quedado claro que
se va a crear una comisión de investigación y que a través de ella vamos
a retomar, a canalizar o a responsabilizarnos en el Parlamento del
esclarecimiento de estos hechos, de denunciar las responsabilidades y de
establecer los mecanismos legales y administrativos que son necesarios
para preservar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Lo que debemos
hacer en estos momentos es transmitir a la opinión pública que el
Parlamento se hace cargo de la responsabilidad del esclarecimiento de
estos hechos desde el ámbito político. En este sentido, agradecería a los
dos grupos mayoritarios, al Partido Popular y al Partido Socialista, que
no se sigan tirando los trastos a la cabeza en los medios de
comunicación, que ya existe una comisión de investigación y que la dejen
trabajar en el esclarecimiento de estos hechos, no vayamos a confundir
todavía más a la opinión pública. Entiendo que puede ser atractivo leer
todos los días chismes de este tipo, pero en este momento el tema es
grave, es importante, y no debemos ir por esa línea. Por tanto, les pido
a los dos que pasen de momento la página de los insultos, de los agravios
comparativos, y que dejen trabajar al Parlamento en esta línea.




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Como digo, la opinión pública está confundida y no necesita de mayores
ingredientes para ello.

No digan, señor Costa, por favor, que cada contribuyente español va a
tener que pagar 5.000 pesetas; no digan esas cosas, porque yo le tengo
que decir que los contribuyentes vascos en las diputaciones forales
vascas no van a pagar 5.000 pesetas; no digan esas cosas porque están
llamando la atención en un hecho sobre el que algún contribuyente ya me
ha preguntado si en la declaración de la renta van a figurar esas 5.000
pesetas. Por favor, no vayamos por esa línea. Lo importante es que
creemos la comisión rápidamente y que empecemos a trabajar en ella. Esa
es la opinión de mi grupo parlamentario. Y señor Presidente, no hace
falta que me vuelva a dar la palabra porque con esto cierro mi
intervención en el día de hoy.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En primer lugar quiero manifestar que si
la alusión que ha hecho el señor Eguiagaray a mi persona, hablando de que
yo pedí una cierta amnistía fiscal, es tan verdad como el resto de los
argumentos que se han dado esta mañana, todo es una mentira, todo es una
patraña, y usted, señor Eguiagaray, se debería ir de esta Cámara sabiendo
que ha engañado a los ciudadanos y que nos ha engañado a nosotros, porque
no tiene ninguna prueba, porque es radicalmente falso de toda falsedad,
como usted dice, que este portavoz haya pedido una amnistía fiscal.

(Rumores.)
Usted dice que mi grupo ha elevado el tono. Si no es elevar el tono
hablar de mentira una y otra vez... Mi grupo cree que hablar de mentira y
hablar de calumnia no es hacer política. Mi grupo entiende la política
como defensa de los intereses de los ciudadanos. Nosotros en este caso no
estamos por gusto; estamos en defensa de los intereses de los ciudadanos.

La negligencia política de los anteriores responsables de la Hacienda
pública ha llevado a un quebranto y a una discriminación de unos
ciudadanos frente otros. Y hay evidencias de sobra probadas sobre el
reconocimiento de la incapacidad de los anteriores responsables
políticos.

El señor portavoz del Grupo Socialista habla una y otra vez de que les
estamos acusando de delito. Nosotros no acusamos de delito a nadie,
aunque ustedes están acostumbrados a que estos escándalos acaben en los
tribunales y algunos de ustedes acusados de delitos. Nosotros no hablamos
de delito; hablamos y acusamos de una incapacidad grave para administrar
los intereses de los ciudadanos. Esto es lo que mi grupo parlamentario ha
dicho y dice. Después de los hechos probados esta mañana aquí se ha
demostrado que hay una responsabilidad grave, una negligencia grave, que
ha llevado a un quebranto de los intereses de la Hacienda pública. Me
parece que la intervención del señor Eguiagaray --y se lo digo para que
en la comisión de investigación no vayamos por ese camino-- quiere
derivar toda la responsabilidad de este caso a los funcionarios. Nada más
lejos de la realidad. Aquí había unos responsables políticos que eran los
encargados de defender los intereses de la Hacienda pública. Señor
Eguiagaray, va por muy mal camino hablando de los funcionarios. Mi grupo
parlamentario quiere dejar bien claro que nosotros creemos en la
honorabilidad y en el bien hacer de todos los funcionarios, y que los
únicos responsables son los anteriores responsables de la Hacienda
pública.

En este debate han quedado cinco cosas claras: primera, que la
Administración ha dejado de ingresar 200.000 millones; segunda, que ha
habido una dejación de algunos derechos reconociendo la prescripción por
la anterior Directora de la Agencia Estatal Tributaria; tercera, que ha
habido un trato discriminatorio de unos contribuyentes frente a otros,
llámenlo regalo, amigos o incapacidad en la gestión; cuarta, que ha
habido cuestiones técnicas, cuestiones políticas y cuestiones económicas,
y que las cuestiones económicas son un quebranto para la Hacienda
pública; quinta, que ha habido presuntos grandes defraudadores que fueron
beneficiados por la prescripción. Los hechos sucedían en la Oficina
Nacional de Inspección, donde se inspeccionan empresas con más de 10.000
millones de facturación. No son precisamente de los de menores rentas. A
nuestro grupo le ha parecido escandalosa la denuncia del Secretario de
Estado de que el 40 por ciento de las actas de empresas con esa
facturación prescribían, y nos parece escandalosa la acusación
manifestada hoy en esta sala de que el 88 por ciento de los afectados por
primas únicas han visto cómo sus actas estaban prescritas. El portavoz
del Grupo Socialista ha hablado del gran esfuerzo por levantar esas
actas. El gran esfuerzo no se ha correspondido con una finalización de
los trabajos, más bien con un beneficio para los presuntos grandes
defraudadores. Mi grupo ve indicios de responsabilidad política de los
anteriores gestores de la Hacienda pública. Esos indicios queremos que se
concreten en una comisión de investigación para hablar de
responsabilidades políticas, señor Eguiagaray. No vaya por el camino de
los funcionarios. Los responsables políticos están en sus bancos.

Queremos que esa comisión sirva también para realizar un esfuerzo que
lleve a que la Agencia Estatal Tributaria actúe con transparencia,
independencia y agilidad en la lucha contra el fraude. Mi grupo
parlamentario va a colaborar con todos los grupos para que en España haya
un sistema fiscal más justo y más transparente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Para concluir, tiene la palabra el Secretario de
Estado de Hacienda, señor Costa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor
Presidente, tomo nota de las consideraciones que han hecho los grupos par
lamentarios en sus intervenciones, algunas de nuevo sobrela información.

Manifiesto de nuevo la voluntad del Gobierno de contribuir a suministrar
la información que consideren conveniente para analizar los hechos y
tomar decisiones para evitar que este tipo de situaciones puedan volver a
plantearse en el futuro.




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El señor Eguiagaray ha hecho unas manifestaciones muy concretas. La
primera es que lamenta que yo haya subido el tono del debate. Unicamente
le diría que viera la transcripción de esta sesión y que sacara sus
conclusiones, porque esa afirmación es una prueba más de que ustedes
utilizan dos varas de medir, la que les conviene en cada momento. Desde
luego, el tono de su intervención en cuanto a las imputaciones y las
acusaciones concretas que me ha hecho no ha sido muy moderado.

Me acusa también de desviar la atención sobre los hechos. Lo que ha hecho
usted precisamente ha sido desviar la atención sobre los hechos. Hay que
centrarse en los hechos, en de qué forma se resuelven y cuáles son las
soluciones que vamos a poner encima de la mesa para corregirlos, que es
lo que verdaderamente les preocupa a los ciudadanos españoles.

Centrémonos en los hechos. Desde luego, usted ha desviado la atención de
toda la Cámara a la hora de analizar y calificar mi intervención.

Ha citado a funcionarios como responsables de los plazos y de los
expedientes. Esto no es una cuestión de funcionarios, señor Eguiagaray,
para nada en absoluto. Le voy a poner un ejemplo muy concreto que puede
ilustrar esta afirmación. En oficinas determinadas en las que, como
consecuencia de la política tributaria que ustedes han venido manteniendo
a lo largo de muchos años, el cúmulo de actas de disconformidad era
elevado y en las que no había ningún tipo de control para garantizar el
buen fin y la buena gestión de esos derechos económicos de la Hacienda
pública, la situación es la misma que la de un bombero con una regadera
intentando apagar un incendio en el Empire Estate, exactamente la misma.

Me pregunta si soy yo el Tribunal Supremo o si estoy pidiendo a gritos
que haya una nueva sentencia para perder los derechos de la Hacienda
pública. La voluntad de este Gobierno no es interferir ni influir de
ninguna manera en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. También
han manifestado que quizás con esto lo que intentaba era que no se
consolidara una línea jurisprudencial. Haga usted una reflexión. Desde
luego, este Gobierno no quiere influir para nada en el criterio de los
tribunales, pero es su responsabilidad informar a la opinión pública y no
silenciar los hechos, es su responsabilidad poner encima de la mesa en
esta Cámara unos hechos para que entre todos los grupos parlamentarios
seamos capaces de evitar que situaciones de estas características puedan
producirse en el futuro, que existan las alarmas suficientes para
garantizar que eso no ocurre, y no solamente en el ámbito de los
procedimientos de inspección sino también en otros ámbitos, en el
procedimiento de recaudación o en el control de las devoluciones, para
garantizar que única y exclusivamente se devuelven las cantidades a que
legítimamente tienen derecho los ciudadanos que las solicitan; no
solamente personas físicas, sino también grandes empresas. Esa es la
responsabilidad de este Gobierno. No me diga usted que lo que habría sido
responsable es ocultar unos hechos a la opinión pública y que nosotros
fuéramos los responsables de su gestión al frente de la Hacienda publica.

Eso, desde luego, no habría sido lo responsable de ninguna manera.

Puede recorrer las hemerotecas y buscar peticiones de este compareciente
sobre amnistías fiscales. Estoy seguro de que puede invertir muchos días,
horas y meses y seguramente no encontrará ninguna petición de amnistía
fiscal.

La realidad, nos guste o no, es que, de acuerdo con el criterio de los
órganos jurisdiccionales, en estos momentos han prescrito importantes
derechos económicos de la Hacienda pública. Lo que hace eso es llevarnos
a una conclusión y es que ustedes diseñaron un sistema tributario.

Intentaban convencer a los españoles de que era un sistema tributario
justo donde todo el mundo pagaba en función de su capacidad económica y
lo que han conseguido ha sido, única y exclusivamente, un sistema
tributario en el que siempre pagan los mismos y, además, que garantiza la
impunidad de los defraudadores, porque todo el mundo puede jugar a la
lotería de los seis meses. Eso es lo verdaderamente lamentable.

(Aplausos.)
El señor Eguiagaray ha hecho referencia también al documento de traspaso
de poderes, que apareció publicado en un medio de comunicación. Yo no sé
quién pudo tener la intención y la voluntad deliberada de publicarlo.

Desde luego, en el documento de traspaso de poderes ni se centran los
problemas, ni se analizan los efectos económicos; eso no se hace. Se hace
referencia de forma expresa --lo he dicho en mi intervención-- a una
sentencia, a una insistente línea de los tribunales en un sentido y a los
presumibles pronunciamientos adicionales del Tribunal Supremo. Se hace
referencia a eso, que bien está, pero podía haber dicho un poquito más.

Desde luego, no he calificado en absoluto de rutinarias las actuaciones
de ningún funcionario, lo que creo es que cuando una cuestión es
relevante y puede tener consecuencias económicas importantes para la
Hacienda pública, las instrucciones y los contenidos deberían ser más
concretos. Eso es lo que he dicho, y he manifestado que se ha hecho una
comunicación a través de una orden rutinaria.

Me hace una imputación de delito. No he hecho ninguna imputación de
delito en esta Cámara esta mañana. No sé si usted hace esa manifestación
sabiendo que tiene inviolabilidad. Desde luego, yo no he hecho imputación
de delito en ninguna de mis intervenciones. Quiero que quede eso muy
claro. Si no me ha hecho una imputación de delito le pido disculpas, le
ruego que me disculpe.

Ha hecho referencia a algunas cuestiones que yo calificaría de
anecdóticas, como que se haya aprobado la supresión de la elevación al
íntegro en la ley. Para que usted lo sepa, por si no tenía conocimiento,
ésa era una de las recomendaciones que contenía el informe del plan del
fraude que encargó y elaboró su anterior gobierno. Se lo digo para que
revise y rescate el documento, le eche un vistazo y verá cómo una de las
recomendaciones del grupo de trabajo era suprimir la elevación al
íntegro. Si me he equivocado porque me falla la memoria, le pediré
disculpas públicamente, si no me he equivocado y no me falla la memoria,
me las puede pedir usted a mí.

En cualquier caso, lo que querría transmitirles a las señoras y señores
Diputados es que en el funcionamiento de la Administración tributaria se
han producido unos retrasos



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injustificados y muy largos en los procedimientos de inspección. Esos
retrasos tienen unas consecuencias económicas con arreglo al criterio de
los órganos jurisdiccionales. Lo que hay que hacer es tomar nota, tomar
constancia de esa situación y ser capaces de plantear las soluciones y
las fórmulas para garantizar que los procedimientos se cumplan, para
garantizar que los derechos económicos de la Hacienda pública y de los
ciudadanos españoles no se perjudican en ningún caso y para garantizar,
al final, un sistema tributario más justo y más equitativo, porque es
mucho más eficaz en la lucha contra el fraude y, sobre todo, en la lucha
contra los grandes defraudadores.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Costa.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.