CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 129



EDUCACION Y CULTURA



PRESIDENTE: DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET



Sesión núm. 10



celebrada el miércoles, 18 de diciembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Sobre declaración de la ciudad de Almería como sede de los Juegos del
Mediterráneo del año 2005. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 161/000189) (Página 3536)



--Por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas de fomento y
protección de los deportistas de alto nivel. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número
de expediente 161/000239) (Página 3539)



--Sobre medidas para el acceso de las personas afectadas por minusvalías
o impedimentos de carácter físico a las enseñanzas de educación física
universitarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000147) (Página 3543)



--Sobre promoción y recuperación del Festival de Cine de Autor de
Benalmádena (Málaga). Presentada por el mismo Grupo Parlamentario.

(Número de expediente 161/000171) (Página 3547)

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--Sobre mantenimiento en las Administraciones Públicas de los monumentos
histórico-artísticos desafectados por Defensa. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000174) (Página 3550)



--Sobre la salvaguarda de los restos arqueológicos descubiertos en las
obras de remodelación de la Plaza de Oriente de Madrid. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000178) (Página 3555)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE DECLARACION DE LA CIUDAD DE ALMERIA COMO SEDE DE LOS JUEGOS DEL
MEDITERRANEO DEL AÑO 2005. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

(Número de expediente 161/000189.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con la tramitación del conjunto de
proposiciones no de ley que teníamos previsto para el día de hoy, a las
que se añade la que ayer dejamos pendiente.

Para que no haya lugar a equivocaciones, si les parece, podemos fijar la
votación de todas las proposiciones que vamos a discutir, si las cosas
funcionan con normalidad, alrededor de la una. En ese momento se harán
las votaciones y será entonces cuando los grupos parlamentarios pasarán a
la Mesa, si tienen la amabilidad, las correspondientes notas de
sustitución de Diputados.

Aun cuando dichas proposiciones vienen en un determinado orden, las vamos
a adecuar a las necesidades y conveniencias de todos y cada uno de los
miembros de la Comisión, de ser posible. En consecuencia, si el señor
Arqueros está en condiciones, empezamos por la suya y, si no, por otra.




El señor ARQUEROS OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente, estoy en
condiciones.




El señor PRESIDENTE: Entonces, si le viene a usted bien, empezamos por el
debate de la proposición no de ley sobre declaración de la ciudad de
Almería como sede de los Juegos del Mediterráneo del año 2005.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor Presidente, ¿en qué orden
continuaríamos?



El señor PRESIDENTE: Sería necesario un esfuerzo sobrehumano para que le
pudiera decir en qué orden se va a seguir. Es evidente que, a la vista de
la presencia de los ponentes, iremos ordenando el debate, pero es normal
que, hecha esta excepción con nuestro querido amigo don Manuel Arqueros,
recuperemos el orden que teníamos establecido.

Don Manuel, tiene usted la palabra.




El señor ARQUEROS OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente, lo de querido
amigo es correspondido.

Con la venia, señorías, vengo a defender la proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular, relativa a que se tome el acuerdo por el
que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de la nación para que
apoye la candidatura de la ciudad de Almería como sede de los Juegos del
Mediterráneo del año 2005.

Es ésta una pretensión y un deseo unánime de Almería capital y de su
provincia, que se ha plasmado en una resolución, unánime también, del
Ayuntamiento de Almería, en un acuerdo unánime del Parlamento andaluz, a
una proposición no de ley del Grupo Popular debatida en las sesiones
celebradas los días 19 y 20 de diciembre de 1995. Fue igualmente aprobada
por unanimidad la moción presentada por el Grupo Popular en el Senado el
día 21 de diciembre de 1995. El Grupo Popular presentó en la anterior
legislatura una proposición no de ley para ser debatida en esta Comisión,
relativa al apoyo institucional y declaración de la ciudad de Almería
como sede de los Juegos del Mediterráneo del año 2005, según figura en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales» del 1 de diciembre de 1995,
proposición no de ley que no llegó a ser debatida en el Congreso debido a
la acumulación de trabajo, al orden cronológico de las iniciativas
parlamentarias y a la posterior disolución de las Cortes Generales. En la
iniciación de esta VI Legislatura ha vuelto el Grupo Popular a presentar
en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley que hoy
debatimos y sobre la que deseo, a la vez que se lo ruego a los demás
grupos de la Cámara, que la votación final tenga el mismo resultado de
unanimidad habido en el Ayuntamiento de Almería, en el Parlamento andaluz
y en el Senado.

Con la mayor brevedad posible paso a exponer los principales fundamentos
en que se basa la petición contenida en la proposición no de ley.

Como se dice en el preámbulo de la proposición, la provincia de Almería
está bañada por 215 kilómetros de litoral mediterráneo. El Mare Nostrum,
a través de las costas almerienses, impregnó de cultura mediterránea no
sólo a España sino a gran parte de Europa, como lo acreditan los
numerosísimos yacimientos arqueológicos. Almería ha



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sido paso y asentamiento de pueblos y culturas: ibérica, fenicia, griega,
cartaginense, romana, visigótica, bizantina, árabe y cristiana. Por ello
la capital de la provincia, la antigua Urci fenicia, está impregnada de
toda la cultura mediterránea y europea que la hacen, por sí sola,
candidata y merecedora para que sea designada como sede de los juegos
mediterráneos del año 2005.

Almería se está preparando decididamente para los Juegos del
Mediterráneo, acontecimiento cultural y deportivo, y en el año 2005 hará
50 años que no se celebran en España los citados juegos, ya que la última
vez que tuvieron lugar fue en Barcelona, en el año 1955. De ser designada
sede, para Almería significaría una gran promoción cultural, deportiva,
incluso urbanística, como ya ha acontecido en otras ciudades españolas
donde se han celebrado eventos de igual o similar trascendencia en los
ámbitos socioeconómicos, culturales y deportivos.

Almería y su entorno tienen infraestructura hostelera suficiente para
albergar a la gran cantidad de personas que un acontecimiento de este
tipo haría afluir para la celebración de los juegos, desde la ciudad de
Vera pasando por Garrucha, Mojácar, Almería capital, Roquetas de Mar, El
Ejido y Adra, que cuentan con establecimientos hosteleros de primera
calidad entre los existentes en España. Téngase en cuenta que en los
juegos la participación es de veintidós nacionales, más de 70.000
visitantes y 16.000 personas participantes, deportistas, atletas,
representantes federativos, jueces, miembros de los respectivos comités
olímpicos, periodistas, siendo las competiciones de veinticuatro
modalidades deportistas distintas.

Almería ha sido, además, la primera ciudad en dar a conocer su
iniciativa, de tal forma que ya está constituida una asociación
denominada Almería-2005, que se está ocupando de la logística y futuras
fuentes de financiación. El próximo día 20 de este mes está prevista la
elección del logotipo de los juegos.

Hay noticias referentes a que ciudades como Niza y Cannes en la Costa
Azul francesa y la ciudad croata de Rijeka aspiran también a ser sede de
los Juegos del Mediterráneo en el año 2005, por lo que ante tal rivalidad
y otras posibles que puedan surgir se hace más necesario el apoyo del
Gobierno español para defender, promocionar y conseguir que Almería sea
sede en el año 2005. Los Juegos del Mediterráneo para España, para
nuestros deportistas y nuestros atletas son un hito más en su preparación
y en la mejora de sus actuaciones, que se vienen sucediendo desde la
Olimpiada de Barcelona en los campeonatos y en las diversas competiciones
de índole nacional, continental y universal.

Hay ciudades cercanas a la capital que, además de contar con una buena
infraestructura hotelera, están bien comunicadas entre sí y en ellas se
pueden realizar competiciones deportivas de vela, ya que la provincia de
Almería cuenta con numerosos clubes náuticos bien dotados encuadrados en
la Real Federación Española de Vela. Existen campos de fútbol,
polideportivos y otras instalaciones en ciudades tan importantes como
Roquetas de Mar, Vicar, El Ejido y Adra, que han solicitado a sus
ayuntamientos ser subsedes de los Juegos del Mediterráneo del año 2005,
circunstancia esta que facilitará el mejor desarrollo de los juegos y la
mayor participación de la ciudadanía en el disfrute de los mismos, con el
consiguiente desarrollo de todo orden que un evento de esta envergadura
conllevaría para Almería y su provincia.

Almería es una provincia que tiene cerca de 500.000 habitantes y su
capital 175.000, caudal de población importante a la que sin duda habrá
que sumar, como ya he dicho, más de 70.000 visitantes y 16.000
participantes entre deportistas y acompañantes. Se ha de destacar la
labor del ayuntamiento almeriense y principalmente la de su alcalde don
Juan Megino en preparar y promocionar en las instituciones privadas,
públicas, provinciales, autonómicas, nacionales, así como en
internacionales, los proyectos almerienses para los Juegos del
Mediterráneo del año 2005.

Por todo lo expuesto y por no alargarme más, vuelvo a solicitar a los
comisionados que voten favorablemente la proposición no de ley que se
está debatiendo consistente en que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno de la nación a que se apoye la candidatura de la ciudad de
Almería como sede de los Juegos del Mediterráneo en el año 2005. Desde
luego, este apoyo que se solicita al Gobierno español debe ser ante todas
las instancias tanto nacionales como internacionales.

Con mi agradecimiento anticipado y el de todos los almerienses por el
resultado de la votación que estoy seguro será positivo, tan sólo me
queda dar las gracias a los componentes de la Comisión en nombre de
Almería y de su noble pueblo.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra? (Pausa.) No hay turno en
contra.

¿Grupos que quieren fijar su posición? (Pausa.)
Empezaremos por el señor González de Txabarri, que tiene la palabra.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Intervengo brevemente para
manifestar el voto favorable del Grupo Parlamentario Vasco a esta
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para
que la ciudad de Almería pueda ser en el año 2005 sede de los Juegos del
Mediterráneo. En todo caso quisiera hacer una consideración que he
formulado más de una vez en esta Comisión y es que el desarrollo de este
tipo de regiones y de comarcas difícilmente se puede basar en eventos
deportivos o culturales de este tenor. Desde el Grupo Parlamentario Vasco
reiteramos que se recurre excesivamente a este tipo de acontecimientos
para cubrir otra serie de lagunas. Nos gustaría conocer en esta misma
Cámara iniciativas de otro tenor, de otro toque en orden a que estas
regiones o comarcas puedan conocer desarrollos más armónicos. Quisiéramos
hacer notar otra vez, aunque a veces se levanten polvaredas como en
alguna intervención en relación con los juegos en Sevilla, etcétera, que
deben compaginarse otros criterios --y haríamos bien los miembros de esta
Comisión en reafirmarlo así en nuestras intervenciones--, porque es
verdad que el humo de las pajas nos puede despistar y nos puede llevar a
hacer consideraciones que en orden al desarrollo armónico de los pueblos
y de los



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ciudadanos pueden inducir a error. Difícilmente, señor Presidente, el
País Vasco puede ser sede de unos Juegos del Mediterráneo. En definitiva,
no se nos podrán achacar juicios de intención desde dicha perspectiva,
toda vez que afirmamos nuestro apoyo a la iniciativa que aquí se
sustenta, y esperemos que al instar el Congreso al Gobierno a que haga lo
posible para que estos Juegos del Mediterráneo tengan su sede en el año
2005 en Almería el Gobierno, además de este ruego, pueda tener otra serie
de consideraciones en orden al desarrollo armónico de estas regiones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió don Ricardo
Burballa tiene la palabra.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señorías, intervengo para manifestar el
apoyo del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió a la
iniciativa del proponente consistente en que Almería sea sede de los
Juegos del Mediterráneo del año 2005. No podía ser de otra manera dado el
énfasis, el ardor y toda la erudición que el proponente ha expresado en
su intervención, y nuestro grupo ha de estar al lado del pueblo de
Almería, que pretende hacer de este acontecimiento deportivo seguramente
un faro que potencie el deporte y que también potencie la convivencia
entre los pueblos y las culturas que hay en torno a este mar que para
nuestro grupo y para Cataluña es tan querido y apreciado. La cultura
catalana se basa en gran parte de su componente en los factores
mediterráneos. Nuestro grupo siempre dará su apoyo más ferviente a
cualquier cosa que signifique potenciar este centro de culturas y
desearíamos que en estos juegos del año 2005, que deseamos se celebren en
la ciudad de Almería, el factor cultural y de identidad de nuestra
cultura quede tratado y pueda expresarse en su máximo nivel.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña
Inés Sabanés tiene la palabra.




La señora SABANES NADAL: Nuestro grupo quiere expresar también la
posición favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular. Nosotros siempre estamos a favor de que la decisión de
desarrollar un acontecimiento deportivo de estas características es algo
que corresponde fundamentalmente a las ciudades y entendemos también que
el éxito o el fracaso depende de eso fundamentalmente, de saber recoger y
dar forma a un deseo y en este caso a una ilusión colectiva. A nuestro
entender, una parte del éxito de las Olimpiadas de Barcelona se debió a
esto, éxito que se concretó en este caso, por ser más complejo a nivel
organizativo, en la formación de voluntarios, en muchos años de
preparación, con un mayor nivel de conocimiento y participación para toda
la ciudadanía.

En definitiva, nosotros consideramos que también debe suponer un esfuerzo
colectivo, pero parece por la intervención que ha hecho el representante
del Grupo Popular que se camina en esta línea y, por tanto, a nosotros
sólo nos quedaría decir que al apoyar la iniciativa estaríamos a favor y
siempre nos hemos manifestado en esta línea, de que exista una
planificación racional en el tiempo, de que se estudie convenientemente
el diseño y las necesidades y, sobre todo, de que los equipamientos
necesarios estén pensados en términos de rentabilidad y compatibilidad en
el futuro para que sean instalaciones recuperables para el deporte para
todos, que, en definitiva, es la función máxima de los recursos públicos
en este sentido. En todo caso para nosotros la función esencial es un
desarrollo deportivo equilibrado y global para todas las comunidades y
para todas las regiones, y la posibilidad de organizar acontecimientos
deportivos debe encuadrarse en ese contexto. Por tanto, deseamos que se
dé un mayor nivel de desarrollo deportivo en toda la Comunidad Autónoma
de Andalucía y que en ese sentido se invierta especialmente en Almería.

En otro tenor, deseo manifestar nuestro acuerdo absoluto con la
proposición presentada.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Jerónimo Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Para manifestar, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, nuestro apoyo a esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular en relación a que el Gobierno de la nación apoye la
candidatura de Almería como sede de los Juegos del Mediterráneo del año
2005. Vamos a dar este apoyo de forma gustosa y me gustaría dar, al
menos, dos o tres razones brevemente.

Vamos a hacerlo para mantener la tradición del Partido Socialista en
relación con este asunto. No olvidemos que quien toma la iniciativa,
quien hace la primera propuesta para que se celebren los Juegos del
Mediterráneo en Almería es la corporación anterior, presidida por un
alcalde socialista. (El señor Guerra Zunzunegui: ¡Faltaría más!) De ahí
nace la iniciativa, bien es verdad que apoyada por todos los grupos del
Ayuntamiento de Almería, pero la iniciativa la tomó el alcalde socialista
de la ciudad hace ya algún tiempo. En segundo lugar, lo hacemos para
mantener otra tradición, el apoyo a esta candidatura, manifestado en todo
momento y desde el inicio por el Grupo Parlamentario Socialista en el
Parlamento andaluz; también la apoyaron otros grupos, pero la iniciativa
fue nuestra. En tercer lugar, lo hacemos para que salga adelante una de
las propuestas que el Partido Socialista llevaba en su programa
electoral. En el programa electoral que presentamos en las últimas
elecciones figuraba de forma explícita que el Gobierno, en el supuesto de
haber ganado las elecciones, apoyaría que la ciudad de Almería fuese la
sede de los Juegos del Mediterráneo del año 2005. Por tanto, la
iniciativa se toma donde se toma, los apoyos se producen donde se
producen, lo trasladamos al programa electoral con el que nos presentamos
a las elecciones celebradas hace unos meses, por estas tres razones, muy
queridas por nosotros, vamos a apoyar con todo ardor que se apruebe esta
iniciativa.

Si me permite el señor Presidente, también tenemos otra razón, que ya no
es propia del Partido Socialista, por el cambio de rumbo del Partido
Popular en un asunto como éste. Nos alegramos de que el Grupo
Parlamentario Popular haya cambiado de rumbo en el sentido positivo de
pedir a su Gobierno que apoye la sede de los Juegos del Mediterráneo



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en la ciudad de Almería. Además, es un cambio de rumbo reciente, porque
hace unos días el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 1997 en la que se pedía
que figurase una partida de 50 millones, un dinero inicial para ir
preparando este acontecimiento del que estamos hablando. Curiosamente, el
Grupo Parlamentario Popular votó en contra de esta enmienda, poco
significativa, de 50 millones, para poner la primera piedra a favor de la
celebración de los Juegos del Mediterráneo en Almería en el año 2005.

Desde luego, nosotros nos congratulamos, y por eso vamos a apoyar sin
ningún tipo de problema esta iniciativa, de que el Partido Popular haya
cambiado de rumbo, haya rectificado en estos últimos días esta posición
por la que hace tan poco tiempo, insisto, cuando se sometió a votación
una enmienda del Grupo Socialista para favorecer este evento, votó en
contra. Nos congratulamos de que haya cambiado de posición y ahora
presente una iniciativa en positivo.

Por todas estas razones y alguna otra que por no alargar más la
intervención no explico, vamos a votar favorablemente la proposición.




El señor PRESIDENTE: Queda finalizado el debate de esta proposición y,
como hemos dicho anteriormente, alrededor de la una se producirá la
votación de la misma. (El señor Arqueros Orozco pide la Palabra.)
¿Señor Arqueros?



El señor ARQUEROS OROZCO: Si me lo permite, quisiera pronunciar unas
palabras de agradecimiento.




El señor PRESIDENTE: Era tal la confianza que tenía S. S. en esta
Comisión que, si no recuerdo mal, el agradecimiento ha quedado ya
reflejado en el «Diario de Sesiones» en sus palabras preliminares. Ahora,
si no es para abrir ningún debate y porque ésta es también la Comisión de
la cordialidad, tiene un minuto.




El señor ARQUEROS OROZCO: Al representante del Grupo Vasco he de decirle
que Almería ha experimentado un empuje vertical y hacia arriba. De estar
hace treinta años, entre las tres últimas provincias en la cola de la
economía española, hoy día se encuentra en mitad de la tabla sin haber
tenido acontecimientos deportivos. Euskadi puede ser sede de los Juegos
del Mediterráneo siempre que lo solicite.

A Convergència i Unió quiero darle las gracias y decirle que los
almerienses que trabajan en Cataluña, que son muchísimos, se lo van a
agradecer y que, por supuesto, en el año 2005, la cultura mediterránea
será una de las banderas.

A Izquierda Unida también quiero darle las gracias y manifestarle que
efectivamente los equipamientos deportivos que queden hechos serán para
el disfrute de la ciudadanía en el futuro.

Al PSOE también quiero darle las gracias. Tengo que decir que fue este
Diputado, en la legislatura pasada, en el último período en que el
Ayuntamiento de Almería fue gobernado por el PSOE, el que formuló una
pregunta escrita al Gobierno sobre cuándo había sido solicitado por el
Ayuntamiento de Almería que fuera sede del 2005. Después de unas
manifestaciones del alcalde de Almería, se me contestó que no había sido
solicitado. Posteriormente, sí se solicitó, pero la iniciativa partió del
Diputado que está hablando ahora mismo. El rumbo lo tenemos fijo, pues en
Almería sabemos mucho de rumbo y de timones. Sabe S. S. que los
presupuestos han sido restrictivos, aunque esperamos y contamos con tener
ayudas económicas. El Parlamento nacional, con respecto a enmiendas de
presupuestos ha sido imitado por la mayoría socialista en la Junta de
Andalucía, ya que el Parlamento andaluz no ha presupuestado ninguna
cantidad para los Juegos del Mediterráneo del 2005.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE MEDIDAS DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000239.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a retomar el orden del día.

Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de
medidas de fomento y protección de los deportistas de alto nivel, a
instancias del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, que nos quedó pendiente del día de ayer.

Doña Inés Sabanés, por el grupo proponente, tiene la palabra.




La señora SABANES NADAL: Voy a intervenir, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para defender una proposición
no de ley que trata fundamentalmente sobre lo que, a juicio de nuestro
grupo, deberíamos entender como medidas de protección para los y las
deportistas de alto nivel cuando nos estamos refiriendo a niños y niñas
adolescentes o jóvenes menores de dieciocho años, en definitiva, cuando
estemos hablando de menores de edad. La enorme repercusión social que ha
alcanzado el deporte ha hecho que la obtención de una medalla o un título
tenga consideración no sólo de un éxito personal, sino como una muestra
de prestigio para el país al que pertenece. Eso ha llevado a que la
mayoría de países de nuestro entorno adopten unas medidas especiales de
fomento y protección para este tipo de deportistas clasificados por
diferentes normativas como de alto nivel.

La Ley española de 1990 introdujo, a través del Decreto-ley de
deportistas de alto nivel, de noviembre de 1995, unas disposiciones que
hacen referencia fundamentalmente a una serie de aspectos y siempre y
cuando tengan reconocidos por una comisión de evaluación del deporte de
alto nivel, creada por el mismo decreto, la condición de deportistas de
alto nivel. Las medidas se refieren a su relación con la incorporación y
prestación del servicio militar, a la prestación social sustitutoria, al
seguimiento de sus estudios,



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reservándoles plazas en la universidad, en un 3 por ciento o un 5 por
ciento en licenciaturas de actividad física y del deporte; en institutos
y centros de formación profesional y universidades tienen prioridad para
cambios de horarios, así como flexibilidad para el límite de permanencia,
estando exentos de pruebas físicas; existen para este colectivo medidas
para la incorporación al mercado de trabajo y para su inclusión en la
Seguridad Social. Es evidente, pues, que las medidas pretenden dar
facilidades para que compatibilicen su carrera deportiva con los
estudios, siguiendo el criterio de propiciar las modificaciones horarias
necesarias y justificar aquellas ausencias que fueran imprescindibles
para la compatibilidad en período de competición. Asimismo, hacen
referencia al servicio militar y a la inserción en el mundo del trabajo.

También es evidente que esas condiciones especiales no son operativas en
el seguimiento o protección de los propios deportistas mientras están en
activo fundamentalmente, sobre su derecho a la información, valoración de
todas las posibilidades o sobre los perjuicios que pudiera provocarles la
inestabilidad en sus estudios para el futuro, cuestiones que alcanzan
trascendencia principalmente cuando hablamos de modalidades deportivas de
especialización temprana. Esto tiene una enorme importancia porque, de
forma general, este decreto de promoción y protección, prácticamente
obvia esta circunstancia, y la situación de un deportista de élite, que
tenga, por ejemplo, en algunos casos, justificada su inasistencia a clase
en determinados períodos de competición, tiene una lectura bien diferente
según se trate de un deportista de una edad o de un deportista de edad
temprana, que se puede situar entre los 11 y 15 años; es decir, en este
caso, siempre habría que utilizar el criterio de protección y máximo
beneficio para el deportista menor de edad.

En esta línea de trabajo y en ese término de protección incide la
Directiva europea de junio de 1994, que es verdad que exceptúa del ámbito
estricto del trabajo las actividades culturales y deportivas, pero hace
puntualizaciones importantes en ese contexto, como que los Estados
miembros deben determinar, por vía legislativa o reglamentaria, las
condiciones de trabajo de niños dedicados a actividades deportivas o a
actividades culturales, así como las modalidades de procedimiento de
autorización y que, en todo caso, hay que tener en cuenta que no
perjudiquen la salud, la seguridad, el desarrollo de los niños y de las
niñas y que no puedan afectar a su asistencia escolar, a su participación
en programas de orientación profesional o a que sus aptitudes se
aprovechen para la enseñanza que están recibiendo.

Hay también una recomendación más antigua sobre derechos de la infancia
que, en lo que hace referencia a la actividad deportiva, considera
necesario que el deporte de alta competición sea una opción libremente
elegida y que para reducir los peligros para la salud y los
inconvenientes para la educación de los niños, niñas y adolescentes y
jóvenes menores de edad, los métodos y períodos de entrenamiento deberán
de estar convenientemente reglamentados.

Finalmente, la última resolución sobre deporte en 1994, también de la
Comunidad Europea, se detiene a considerar que al estar exceptuada
precisamente la consideración de trabajadores para los menores de edad,
hay que poner especial interés y esfuerzo para que el deporte no pueda
conducir a la explotación de menores ni a una presión excesiva con
relación a los resultados deportivos.

La proposición no de ley que nuestro grupo presenta creemos que incide en
esta línea de trabajo y viene a matizar una cuestión que es fundamental y
muy importante, digna de ser tenida en cuenta dentro del colectivo de
deportes de alto nivel, específicamente unas condiciones especiales para
los deportistas menores de edad. En ese sentido, nosotros entendemos que
tienen que tener un tratamiento multidisciplinar que permita un carácter
de seguimiento y evaluación continuada de su situación y que globalmente
ese análisis comprende aspectos físicos, psíquicos y de desarrollo
formativo y, si es necesario, deberían también tener, según indica la
Carta de Derechos de los Niños, asesoramiento jurídico y posibilidad de
informarse o de solicitar mediación ante posibles conflictos, si ello
fuera necesario.

La proposición no de ley, por tanto, establece, en un primer punto, que
cuando hablemos de menores de edad, es necesario ampliar en el
decreto-ley los requisitos, que son muy estrictos en su conjunto, y que
la especial dedicación en estas edades, a los únicos efectos de
protección, pudiera ser calificada de deporte de élite y sólo a esos
efectos, es decir, que para cuando hablemos de menores de edad, la
consideración de deportistas de alto nivel se pueda ampliar únicamente a
efectos de protección, y se seguiría un criterio que no se base en la
clasificación tan estricta que tiene, exclusivamente por los resultados
deportivos, sino también por la especial dedicación en estas edades. En
el segundo punto, nosotros planteamos una fórmula para hacer posible ese
control, que es la creación de un observatorio. Finalmente, creemos que
con la introducción de elementos se corrige y completa el concepto de
promoción y protección que tiene que estar referido no sólo al deporte
sino del deportista y, en este caso, a la promoción y protección del
deportista menor de edad.

Estamos convencidos de que todos los grupos apostamos por combatir con
rigor y prevenir los efectos negativos con que pudiera verse amenazado el
deporte y compartimos la necesidad de mejorar específicamente aquellos
sectores que, en este caso, por su edad y por sus esfuerzos de
dedicación, necesitan especial protección y seguimiento.




El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
A esta proposición no de ley no se ha presentado enmienda alguna.




La señora GIL I MIRO: Hay una enmienda.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay una enmienda? Vamos a ver dónde está la
enmienda. ¿In voce? (El señor González Pérez pide la palabra.)
Señor González.




El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Presidente, ayer tuvimos reunión los
grupos parlamentarios y acordamos



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modificar la parte resolutiva de la proposición no de ley y parece ser
que hay unanimidad en todos los grupos y, si le parece, leo el texto que
quedaría. Si la ponente, en este caso, lo considera oportuno, seguimos
con el debate y pasaríamos posteriormente a la votación. Si le parece,
leo cómo quedaría el texto. Ayer lo hablamos y no parece que haya
problema alguno.




El señor PRESIDENTE: No creo que haya inconveniente alguno en admitir a
trámite una enmienda in voce, de la que va a dar lectura el señor
González.

Señor González, dé lectura a la enmienda in voce, por favor.




El señor GONZALEZ PEREZ: Quedaría de la siguiente forma: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno: 1. A desarrollar, al amparo de la Ley
del Deporte y las disposiciones sobre deportistas de alto nivel, un
apartado específico para el tratamiento de deportistas reconocidos como
de alto nivel, según Real Decreto 1711/1995, menores de edad por cuya
dedicación puedan ser equiparables a efectos de protección. Aquí se
suprime simplemente una letra, la «o». El segundo punto quedaría como
sigue: A la creación, en el seno de la comisión de evaluación del deporte
de alto nivel, de una subcomisión de control y seguimiento, de los/as
deportistas de alto nivel en edades tempranas y menores de edad.

Esto es lo que ayer concretamos y así es como quedaría el texto de la
resolución al final.




El señor PRESIDENTE: ¿Están suficientemente informados con respecto a
esta enmienda y hay algún grupo parlamentario que quiera fijar su
posición? (Pausa.)
En primer lugar, y por el respectivo orden, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, señorías, nuestro
grupo, en aras a unirse a este consenso en torno a un tema como es el
tratamiento del deporte de alto nivel en edades tempranas o con menores
de edad, ha aceptado esta redacción --de hecho, votaremos favorablemente
a la misma--, pero no quisiéramos dejar pasar esta ocasión sin decirle a
la Diputada del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que ha
propuesto la iniciativa que de ninguna manera deberíamos dar la impresión
de que el tratamiento que se da en España y en las comunidades autónomas
al deporte de alto nivel --por cierto, las comunidades autónomas han
hecho un gran esfuerzo en los últimos años para fomentar el deporte-- se
ha hecho de una forma aleatoria o inconveniente.

Hemos avanzado muchísimo en el tratamiento del deporte de alto nivel y,
en este momento, podemos asegurar que cualquier plan de tecnificación, de
perfeccionamiento, cualquier centro de alto rendimiento que esté
trabajando con deportistas de alto nivel, sean de la edad que sean, están
siguiendo las metodologías, los sistemas de entrenamiento más punteros en
la inmensa mayoría de las especialidades deportivas que aseguran que el
nivel del deporte en el Estado es similar al del resto del mundo.

Hablar de menores de edad o de edades tempranas cuando se habla de alto
nivel puede llevar a equívocos, porque, señora Diputada, para usted, ¿es
deporte de alto nivel la práctica de la natación a los 16 años o la
práctica de la gimnasia artística a los 14? Hablar de períodos
evolutivos, hablar de tratamientos de distintas etapas de la vida y del
desarrollo es algo que nos puede llevar verdaderamente a un terreno
delicado, porque en esto encontraríamos seguramente muchas discrepancias.

Nuestro grupo hubiera preferido que la referencia hubiera sido más
genérica, en el sentido de afinar en todas las fases de la evolución del
deportista, el tratamiento que se da al deporte de alto nivel. Tengo que
decirle que en Cataluña funciona, desde hace mucho tiempo, un centro de
alto rendimiento, el CAR de San Cugat, ampliado en este momento, que ha
incorporado desde el principio todos los sistemas pedagógicos, con un
centro de enseñanza tanto en Sant Cugat como en la residencia Blume,
médicos, psicológicos y con todo tipo de tratamientos complementarios a
la parte específicamente deportiva, que aseguran un sistema riguroso de
tratamiento de los deportistas en todas las edades, y no lo digo
personalmente, sino que lo reconocen así todos los técnicos de
asociaciones internacionales y los entrenadores que han estado trabajando
y que trabajan en estos centros.

Por tanto, nos sumamos al consenso, pero queremos dejar bien claro que la
inmensa mayoría de los centros que en este momento están trabajando el
alto nivel están trabajando bien. En todo caso, lo que sí pediríamos es
que en aquellos en que esto no se ha conseguido, es decir, en aquellos
que no tienen incorporado al sistema de entrenamiento propiamente
deportivo un sistema que afecte al perfeccionamiento del individuo, tanto
en su fase académica como en su fase de convivencia o en otras fases de
desarrollo físico y personal, lo introdujeran.

Esto es lo que queríamos que se recogiera y creemos que éste es el
sentido que va a tener la proposición no de ley. Por tanto, nuestro voto
va a ser favorable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Jerónimo Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Aunque también hemos entrado en el consenso de
esa enmienda in voce que leía el portavoz del Grupo Popular, me gustaría
decir dos o tres cosas en relación con el contenido de la iniciativa del
Grupo de Izquierda Unida.

La proposición no de ley que estamos tratando tiene por objeto ahondar en
las medidas de protección que ya se contemplan, tanto en el Real Decreto
1856/1995, al que todo el mundo ha hecho referencia, como en una
resolución de la Unión Europea, la resolución A30326/94, que dice
textualmente, y así se expresa en la exposición de motivos de la
iniciativa, que debe cuidarse de forma especial que el deporte no
conduzca a la explotación de menores, ni a una presión que resulte
excesiva en relación con los resultados deportivos. Por tanto, estamos
plenamente de acuerdo con



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el fondo de la iniciativa que pretende ahondar en estas medidas de
protección.

Bien es verdad que para que esto se lleve a cabo propone la creación de
un observatorio permanente, que también es algo que nos parece razonable,
en el seno de la comisión de evaluación del deporte de alto nivel que
existe; comisión de evaluación que, como SS. SS. saben, tiene una
composición bastante variada. Está compuesta por once miembros; el
presidente es el presidente del Consejo Superior de Deportes; el
vicepresidente, que es el que sustituye al presidente cuando éste está
ausente, es el propio vicepresidente del Consejo, y luego hay diez
vocales con una composición muy variada; tres vocales nombrados por el
Consejo, dos vocales, personas del mundo del deporte de reconocido
prestigio, nombrados también por el Consejo, dos representantes de
federaciones deportivas, un representante de comunidades autónomas, un
representante del Comité Olímpico Español y un deportista. Por tanto,
esta composición es muy heterogénea y puede cumplir perfectamente las
funciones de evaluación del deporte de alto nivel. La iniciativa proponía
crear, dentro de esta comisión de evaluación, un observatorio específico
que hiciese un seguimiento en relación con los menores de edad que
participan en competiciones de alto nivel y pedía que ese observatorio
fuera un observatorio permanente. Nos parece razonable la propuesta de
que exista un observatorio y que sea de carácter permanente.

Nosotros teníamos algunos problemas, y en la reunión que tuvimos ayer así
lo manifestamos, en relación con dos cosas que se proponían en la
iniciativa. En la iniciativa se decía que en ese observatorio permanente
quedasen excluidas las federaciones y los clubes. Esto no nos parecía
razonable, porque, si estábamos intentando crear un observatorio dentro
de la comisión de evaluación y en esta comisión están presentes las
federaciones, no tenía mucho sentido que una subcomisión o un
observatorio, dentro de esa comisión, excluyese, de entrada, a un
representante de las federaciones, que podía o no formar parte de ese
observatorio, porque eso iba a depender del criterio que siguiese la
propia comisión de evaluación para nombrar esa subcomisión, que es como
se va a llamar ahora, o ese observatorio permanente que proponía la
iniciativa. Ahí manteníamos nuestras reservas.

Lo mismo ocurre en las funciones de mediación que se atribuían al
observatorio, ya que, por un lado, se le atribuían unas funciones de
observar el funcionamiento, en qué condiciones trabajaban, etcétera,
estos menores que participaban en competiciones de alto rendimiento y se
decía que si hubiese problemas el observatorio debería participar en
funciones de mediación. Esto nos planteaba también algún problema y así
lo manifestamos, pero en aras del consenso vamos a votar favorablemente
esta iniciativa, si es que Izquierda Unida acepta a trámite esta enmienda
in voce que ha sido leída por el portavoz del Partido Popular, porque lo
que sí que hemos logrado ha sido establecer con esta iniciativa un órgano
especializado, bajo la fórmula de subcomisión, dentro de la comisión de
evaluación, para que ahonde en estas medidas de protección que deben
tener los menores que participan en competiciones deportivas de alto
rendimiento. En aras del consenso lo aceptamos, repito, pero lo que no
nos parece razonable es que esta subcomisión no sea de carácter
permanente, pero puesto que entre los grupos hemos llegado a la redacción
que se ha leído, votaremos favorablemente, pero, insisto, nos parece que
hubiera sido mejor haber dado un paso más y que esta subcomisión hubiese
tenido carácter de subcomisión permanente dentro de la comisión de
evaluación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ PEREZ: No voy a definir lo que se considera como
deporte de alto nivel, pero sí quiero poner de manifiesto que la
actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte es
ejercida, como todos sabemos, por el Consejo Superior de Deportes en
estrecha colaboración, en este caso, con las comunidades autónomas, que
procuran los medios necesarios para la preparación técnica y el apoyo
científico y médico de los deportistas considerados de alto nivel.

Hemos tocado un tema específico que a todos nos es sensible, como es el
del menor dentro del ámbito del deporte. En aras a ese consenso se ha
producido el debate fuera del ámbito de lo que es la Comisión para llegar
a un acuerdo que es perfectamente factible. Ha habido una serie de
manifestaciones que sí me gustaría dejar claras. Da la sensación de que
el deporte de alto nivel, si no conlleva, tiene muchas posibilidades de
llevar a lo que es la explotación de menores cuando los deportistas son
de temprana edad. Yo, sinceramente, ni lo veo ni lo creo, porque dentro
de ese trabajo que realizan las comunidades autónomas, federaciones,
entrenadores, tutores, etcétera, se procura y se cuida mucho de que estos
menores de edad, que están destinados a conseguir los objetivos
deportivos que todos esperamos para que sean los representantes en un
futuro del Estado español en las competiciones internacionales, tengan
todo lo que un niño necesita para su desarrollo habitual, tanto
educativo, psicológico como deportivo. Nos consta que el trabajo que se
viene desarrollando en este sentido está muy bien regulado y siempre se
busca que el niño que se dedica al deporte de alto nivel no vea
entorpecido su desarrollo habitual, psíquico, educativo o deportivo,
precisamente con la ayuda de estas personas que están a su alrededor.

Todos estamos sensibilizados y precisamente por eso hemos llegado a este
acuerdo. El tema de la subcomisión dentro de la comisión puede
representar un seguimiento permanente de cuál es el desarrollo deportivo
de estas personas, que no viene contemplado específicamente en lo que es
el ámbito del deporte de alto nivel, pero sí entra en el conjunto de lo
que es el deporte de alto nivel, aunque sea referido a los menores.

He de agradecer el talante de la portavoz de Izquierda Unida en el
momento que se hizo la propuesta de modificación de la proposición no de
ley y en aras a ese consenso que estoy absolutamente convencido que va a
presidir prácticamente todos los actos que llevemos a cabo en esta Cámara
en el ámbito del deporte, porque nos unen muchísimas



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más cosas de las que nos separan. Quiero reconocer el planteamiento de la
portavoz de Izquierda Unida y el del resto de los grupos.

Hemos vivido un episodio no hace muchas fechas, donde ha surgido un
timbre de alarma que quizá se haya magnificado. Como consecuencia de unas
afirmaciones realizadas por una gimnasta, María Pardo, que pertenecía al
equipo de gimnasia rítmica, declaraciones que a su vez fueron desmentidas
por la propia capitana del equipo, Marta Baldo, donde se reconocía que lo
que es el deporte de alto nivel y a edades tempranas supone unos
sacrificios grandes, no sólo a aquellos deportistas de alto nivel que son
personas hechas. Lo que sí está claro es que cualquier tipo de deporte en
el ámbito del alto nivel significa y comporta unos sacrificios grandes.

Desactivada esa alarma en cierta medida por aquellas declaraciones que
hizo la gimnasta, y reconociendo que, efectivamente, hay personas que
psíquicamente no soportan la presión de los entrenamientos, de los
regímenes alimenticios y de la presión que supone obtener algún tipo de
recompensa en forma de medalla o de diploma olímpico, etcétera, vamos a
intentar profundizar en el tema a través de lo que se va a aprobar en
esta Comisión para que así nos quede en todo caso --y quizá la expresión
no sea la más adecuada, pero la voy a utilizar-- la conciencia tranquila
de que ponemos los medios para que estos pequeños tengan todas las
garantías para que su desarrollo sea absolutamente normal.

He de manifestar, por último, y el portavoz de Convergència i Unió ha
hecho referencia a ello y va a ser algo que se va a regular posiblemente
a partir de enero de 1997, que los centros de tecnificación del Consejo
Superior, en concreto el que se acaba de inaugurar en Madrid, van a
concentrar a partir del mes de enero a estos atletas en residencias, en
este caso en la residencia Joaquín Blume, de Madrid, como también en las
distintas comunidades autónomas, y va a tener un tutor que va a hacer un
seguimiento específico de cuál es el desarrollo, tanto deportivo como
educativo, de los gimnastas y trasladará aquellas necesidades que son
independientes al propio entrenador o entrenadores, en este caso.

En aras al consenso creo que hemos conseguido un avance importante con
respecto a los menores deportistas de alto nivel. El voto del Grupo
Popular en este caso va a ser favorable a esa propuesta que se ha hecho
in voce anteriormente.




El señor PRESIDENTE: Señor González, si puede, nos hace llegar a la Mesa
la redacción definitiva del acuerdo, dando por supuesto que si tiene que
manifestar algo sobre la enmienda la señora Sabanés, tiene la palabra.




La señora SABANES NADAL: Dos cosas, señor Presidente. Se me había
olvidado presentar otra enmienda que creo que es de sentido común, sobre
el primer punto, relativa a lo que se dice de desarrollar en coordinación
con las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Es una corrección de estilo que no llega a adquirir
el carácter de enmienda.




La señora SABANES NADAL: En segundo lugar, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en ningún caso ha querido entrar en la valoración y en el
análisis de la situación de hoy, sino que ha querido avanzar un tema al
que creíamos que había que dedicarle esfuerzos. Para tranquilidad del
representante de Convergència i Unió ha introducido dos criterios para
tener en cuenta la protección de los menores, que son el nivel deportivo
que le reconocen y la especial dedicación. Con eso queremos decir que no
vale la práctica normalizada de cualquier deporte, sino una especial
dedicación que cuantificará convenientemente la subcomisión.

Finalmente, sólo decir que hemos tratado de avanzar. Hay que tener en
cuenta que algunas veces, sin dramatismos, y no cuestiono lo que se ha
venido haciendo, lo dije en su momento y creo que estamos de acuerdo,
pueden entrar en contradicción los intereses del niño o la niña con los
intereses deportivos. Sobre ello de alguna manera hay que establecer una
protección. El consenso es bueno. A nosotros nos gustaba más la
proposición tal como la formulábamos, pero hemos valorado que por encima
de todo es importante introducir ese elemento sobre el que poder trabajar
que es importante hacerlo en consenso.




El señor PRESIDENTE: Damos por aceptada la enmienda y será objeto de
votación. (El señor González Pérez pide la palabra.)
Yo soy absolutamente herético, heterodoxo y todo lo que ustedes quieran,
pero no hasta el extremo de, con una proposición de ley, alargar tanto el
debate. Ha quedado todo tan clarito, tan clarito que le puedo asegurar
que yo estoy convencido. (Risas.)
Dígame usted, señor González.




El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente. Como detrás de los
dos puntos que se proponen en el acuerdo de todos los grupos venían unos
párrafos, se sobreentiende que quedan suprimidos. Quedaría el texto
resolutivo justo en lo que se ha entregado en la Mesa, a excepción de lo
que ha propuesto la portavoz de Izquierda Unida con referencia a las
comunidades autónomas. Lo que quedaría definitivamente sería eso, con la
corrección relativa a la coordinación con las comunidades autónomas, y el
resto del texto, lo que serían los dos párrafos que no tienen punto de
referencia, quedarían suprimidos.




El señor PRESIDENTE: Exclusivamente el punto primero y el punto segundo.

Así es, señor González.




--SOBRE MEDIDAS PARA EL ACCESO DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR MINUSVALIAS
O IMPEDIMENTOS DE CARACTER FISICO A LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACION FISICA
UNIVERSITARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000147.)



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El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la proposición no de ley sobre
medidas para el acceso a las personas afectadas por minusvalías o
impedimentos de carácter físico a las enseñanzas de educación física
universitaria, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Tiene la palabra la señora Sabanés para la presentación de esta
proposición no de ley.




La señor SABANES NADAL: Esta proposición no de ley trata de corregir una
situación que se está produciendo y que es importante para un amplio
colectivo que viene haciendo una demanda en este sentido.

Es obvio que en la incorporación de las personas con minusvalías al mundo
deportivo se han producido unos grandes avances y eso se concreta no sólo
en su participación en el deporte en general, sino incluso en el deporte
de competición y alta competición con sus propias modalidades y
competiciones. No obstante, a nuestro grupo le preocupa que esa situación
de avance generalizado no se haya completado con lo que para nosotros es
muy importante en el contexto del deporte, que es la formación, la parte
académica, para la incorporación de estas personas a la posibilidad de
formarse como licenciados de educación física, como técnicos deportivos u
otras modalidades en el campo de la formación profesional.

Entendemos que el real decreto de 27 de noviembre, que regulaba la
incorporación de las enseñanzas de educación física a la universidad y el
acceso de estudiantes a estos estudios, igual que el real decreto de 8 de
abril que se ocupa del desarrollo de estudios y titulaciones para
técnicos deportivos y, por otra parte, la Logse, en su artículo 31,
establecen las condiciones de acceso a la formación profesional
específica de aquellos alumnos y alumnas que, no reuniendo los requisitos
académicos, pudieran acceder a través de una prueba regulada por las
administraciones educativas. En todos los casos que he citado, del
desarrollo de esa misma legislación se deriva la posibilidad de
establecer pruebas de aptitudes personales para la actividad física y el
deporte. Eso quiere decir que hoy esas pruebas personales de aptitud para
la actividad física y el deporte se concretan en unas pruebas
normalizadas en las que la baremación de apto o no apto, que es verdad
que se realiza en la mayoría de los casos, significa tener también una
normalidad en la posibilidad de ejecución de estas pruebas. Por tanto, se
establecen criterios normalizados hacia la actividad física y el deporte.

Sin embargo, las personas afectadas por minusvalías, impedimentos de
carácter físico, incluyendo en este caso --y es muy importante para
nosotros-- las de carácter ligero, se ven en la práctica impedidas o con
serias dificultades de acceso a este tipo de estudios y, en el mejor de
los casos, al amparo de la actitud voluntaria de determinados centros
que, sensibles a las características de estas personas, pudieran
establecer variaciones con carácter excepcional.

Entendemos que, a su vez, la Ley de Integración Social de los
Minusválidos establece --y es muy clara al respecto-- medidas que tiendan
a la promoción educativa, cultural, laboral y social de los minusválidos
y que se lleve a cabo la integración en las instituciones de carácter
general; y más concretamente en el ámbito educativo, que es el que nos
ocupa, se establece que el minusválido se integrará en el sistema
ordinario de la educación general, recibiendo, en su caso, los programas
de apoyo y recursos que la ley le reconoce. Solamente cuando la
profundidad de la minusvalía lo haga imprescindible, la educación se
llevaría a cabo en centros específicos. A estos efectos, funcionará la
conexión con los centros ordinarios dotados de unidades de transición
para facilitar la integración de los alumnos y alumnas en centros
ordinarios.

Creo que prácticamente estaríamos también todos de acuerdo en que es
claro lo que la ley establece y no tiene ningún sentido para nosotros que
la formulación de unas pruebas específicas de aptitud física no contemple
unas pruebas adaptadas para personas con minusvalías, que en ningún caso
deberían estar excluidas de la posibilidad de acceso a estos estudios,
fundamentalmente si tenemos en cuenta que, en el más alto nivel de
rendimiento y alta competición, existen pruebas adaptadas, competiciones
e incluso grandes acontecimientos de carácter deportivo.

Por tanto, esta proposición no de ley no pretende otra cosa que corregir
esta situación, que entendemos que es anómala, y que debería estar
regulada con carácter oficial en todos los casos. Por eso, la proposición
plantea, primero, que en todos los estudios de carácter universitario,
medio o de formación profesional, o los específicos de técnicos
deportivos relacionados con las ciencias de la actividad física y el
deporte, que para su acceso tengan establecidas pruebas de aptitud
física, se deben corregir todos los textos y normativas legales,
añadiendo que se formularán pruebas físicas adaptadas a personas con
minusvalías y, evidentemente, que desde el Ministerio de Educación y
Cultura se lleve a cabo el correspondiente análisis y graduación de las
diferentes minusvalías a efectos de establecer las pruebas de acceso que
hagan compatible y posible la realización de los diferentes estudios con
las suficientes garantías.

Entendemos también que no existe un problema real en la aplicación de la
proposición no de ley que presentamos, porque a estas alturas
prácticamente todos los centros universitarios y no universitarios deben
estar adaptados para personas con minusvalías. Por tanto, el acceso, la
circulación y la posibilidad de ejecutar estos estudios no presentaría en
sí mismo un problema importante, por cuanto que ahora el problema que se
presenta no es tanto por la posibilidad de desarrollar estos estudios a
personas con minusvalías, sino lo que significan las pruebas de acceso
que tienen un concepto fundamentalmente normalizado.

Por tanto, entendemos que no habría ningún problema y que además se
seguiría una tendencia con lo que hemos venido diciendo y, de alguna
manera, declarando todos en estas y otras comisiones en cuanto a lo que
sería nuestra actitud, nuestro pensamiento y nuestro concepto de la
integración de las personas con minusvalías. En este campo, todas las
directivas, todas las resoluciones y todas las recomendaciones europeas
hacen especial hincapié en la necesidad de fomentar y hacer que las
personas con minusvalías estén plenamente integradas en el ámbito del
deporte.




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No tendría sentido, pues, que estén excluidas del ámbito que para
nosotros es una oferta enormemente importante. Nosotros no concebimos el
deporte sólo en su aspecto competitivo, sino globalmente, y, por tanto,
su incorporación a lo que sería poder ejercer como profesionales en este
ámbito de una forma indiscriminada para nosotros sería de una enorme
importancia.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay presentada una
enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, que va a defender a
continuación el señor González.




El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Presidente, espero, porque así lo he
hablado anteriormente también con la portavoz de Izquierda Unida, que sea
aceptada esta enmienda.

Podemos decir que, con carácter general, lo expuesto en el preámbulo de
la proposición no de ley, así como los objetivos de la misma son, en
principio, muy adecuados y se correlacionan con algunas disposiciones ya
adoptadas en materia de política educativa y con actuaciones en curso
para adaptar la legislación a esta situación.

En la actualidad, y para estudios universitarios, el Real Decreto
1.005/91, de 14 de junio, por el que se regulan los procedimientos para
el ingreso en los centros universitarios, ya reserva un 3 por ciento de
plazas para alumnos que tengan un grado de minusvalía igual o superior al
65 por ciento, merma parcial o total del habla, o pérdida total de
audición. Esta reserva es genérica para todos los centros y estudios
universitarios.

En principio, la proposición no de ley extiende la limitación a todos los
minusválidos, sea cual sea el grado o nivel de esa minusvalía. De ahí
viene parte de lo que es nuestra enmienda al texto de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Hay que considerar que un elemento fundamental es conciliar el acceso de
estos alumnos a los estudios relacionados con el deporte, con la garantía
de que puedan obtener la formación adecuada y que, a su vez, puedan
insertarse, obtenida esta formación, en el mercado de trabajo, realizar
las actividades que estimen convenientes y para que se capacite la
formación tras la obtención del título.

Por lo que he dicho anteriormente, en el Consejo de Universidades ya se
ha planteado la posibilidad de incluir en las directrices generales
propias de los títulos de licenciados en ciencias de la actividad física
y del deporte y en el de maestro, especialidad en educación física, unas
especificaciones para que alumnos con minusvalías puedan cursar esa
titulación, ya que su planteamiento no contemplaba estrictamente este
supuesto; o bien incluir en los diferentes planes de estudios homologados
por las diferentes universidades un itinerario curricular específico.

Esta solución a nosotros nos parece más adecuada y podría formularse con
o sin modificación de las correspondientes directrices generales propias
de los títulos en el primer trimestre del año 1997.

Lo dispuesto en la proposición no de ley sobre órganos calificadores
específicos que determinen el nivel real de las minusvalías y la
adecuación a los estudios no nos parece en cierta medida acertado, o por
lo menos realista, y sí parece más razonable que en la posible
modificación de las directrices generales propias de los títulos en
materia e itinerarios diferentes en función de las distintas minusvalías
se garantice de una forma adecuada la formación con planteamientos
generales del título a las discapacidades de los alumnos.

En todo caso, la relación entre el nivel de discapacitación y la
adecuación para cursar los estudios debería ser premeditada y acreditada
por los procedimientos ordinarios y no establecer discriminaciones en
relación con otros colectivos, ya que lo que pretendemos en cierta medida
es que haya una igualdad de rasero en estos aspectos.

Las observaciones que he hecho anteriormente pueden extenderse igualmente
a la formación profesional y a las enseñanzas de técnicos deportivos, ya
que, en todo caso, tenemos tres apartados y de lo que se trata es,
primero, de una reserva de cupo específico para su acceso; en segundo
lugar, buscar la mejor adecuación entre formación y capacidad del alumno
y, en tercer lugar, adaptar los planes de estudios correspondientes a las
diferentes capacidades.

Para terminar, tengo que decir que es conveniente plantearse el efecto
que una adecuación formativa para alumnos específicos y titulaciones
específicas pueda tener para el conjunto de otras titulaciones de
cualquier otro nivel educativo.

Lo que en cierta medida pretendemos, y esperamos que sea aceptado por la
portavoz de Izquierda Unida, es garantizar adecuadamente el acceso a las
personas afectadas por minusvalías o impedimentos físicos a la enseñanza
de la educación física universitaria y avanzar, dar un paso más en todo
lo que se refiere a la minusvalía, pues cuando llegan las parolimpiadas a
todos nos gusta ver el alto nivel deportivo que tienen nuestros
parolímpicos, estando dentro del ámbito de la crème, por decirlo de
alguna forma, de esos países que tienen un desarrollo muy superior al
nuestro. Vamos avanzando poco a poco y cada cuatro años, cuando se
celebran las parolimpiadas, obtenemos resultados. ¿Por qué no considerar
que los propios discapacitados puedan ser enseñantes de titulaciones
deportivas?



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición al respecto?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señorías, en el momento de presentarse
esta proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda
Unidad-Iniciativa per Catalunya se hablaba de enseñanzas de educación
física universitarias. En el actual texto de la enmienda, a la que
anticipo que nuestro grupo dará su apoyo si a la vez se acepta una
enmienda in voce que voy a enunciar inmediatamente --es puramente de
estilo, en el mismo sentido de lo que ha hecho antes la Diputada
Sabanés--, al hacer incidencia en temas como la formación profesional o
las titulaciones de técnicos deportivos, y para velar por las
competencias que en este tema tienen o pueden tener el Estado y las
comunidades



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autónomas, nuestro grupo propondría que el enunciado de la enmienda que
ha presentado el portavoz del Grupo Popular fuera del siguiente
contenido. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el
marco de sus competencias, promueva... Y, a partir de aquí, que figuren
las dos cosas, el acceso y las modificaciones normativas necesarias, que
son los dos puntos en los que se fundamenta la enmienda.

De todas formas, quiero hacer algunas consideraciones complementarias. El
acceso a los estudios de ciencias de la educación física y el deporte, en
estos momentos, con el antecedente que nosotros planteamos en el
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, tanto en su centro de
Barcelona como en su centro de Lleida, está regulado por una serie de
vías legalmente contempladas: la de los aspirantes que hayan superado las
pruebas de acceso a la universidad en el curso académico correspondiente
o en convocatorias anteriores, la de los aspirantes extranjeros, la de
los títulos universitarios equivalentes, la de los deportistas de élite,
que, como SS. SS. saben, tienen una reserva del 5 por ciento de plazas
totales, y la vía para aspirantes con minusvalías, que, como se ha dicho,
afectan minusvalías iguales o superiores al 65 por ciento, o a la pérdida
total del habla o de la audición. Esto es lo que contiene el artículo 7.1
del Real Decreto 1060/1992. El ingreso en los INEF --facultades o centros
adscritos-- mediante la reserva de plazas prevista para aspirantes con
minusvalía, es igual al ingreso de aspirantes por vía normal; es decir,
tienen que hacer las pruebas de acceso y, evidentemente, este requisito
dificulta enormemente, según el grado de minusvalía --si hablamos del 65
por ciento, de forma obvia--, el hecho de que se pueda obtener la
calificación de apto en las pruebas de acceso. Solamente en el caso de
tener una pérdida de la audición o una pérdida del habla y la audición
conjuntamente --una sordomudez-- se pueden tener opciones reales de
superar las pruebas. No obstante, en la actualidad, el principal problema
no reside tanto en la reserva del número de plazas para minusvalías, que
ya hemos dicho cuál es, sin que se tengan que hacer las pruebas de
acceso, dado que el real decreto que regula estas pruebas otorga potestad
para que cada centro las regule, sino que la dificultad consiste más bien
en hacer que, una vez que se haya optado por estos estudios, no se
conculque el principio de igualdad de oportunidades y se dé carta de
naturaleza a la marginación y a la inadaptación en función de los
actuales planes de estudio y curricula académicos. Esta marginación e
inadaptación parece fundamentarse en aspectos como la dificultad de
acceso a las instalaciones, la supresión de barreras arquitectónicas, que
en algunos casos está normalizada y en otros muchos no y, por tanto,
significaría hacer un gran esfuerzo de tipo económico, y en aspectos como
la libertad de cátedra o las exigencias académicas e, incluso, en temas
de la propia convivencia.

Evidentemente, el actual plan de estudios, tal como está planteado, ha
conducido al fracaso gran número de experiencias de este tipo, a pesar de
que en estos momentos hay un caso en el INEF de Cataluña de un alumno con
una minusvalía que está haciendo tercero, pero es porque ha tenido un
determinado ámbito familiar, un determinado tratamiento y, evidentemente,
una determinada posibilidad de adaptación. En opinión de nuestro grupo,
la solución tiene que venir por la vía de la adaptación del plan de
estudios, que en este caso tiene una carga práctica muy elevada, de más
del 60 por ciento; de la adaptación de las pruebas de aptitud para
entrar, y del conocimiento, cada curso y con la antelación suficiente, de
las personas que pretenden ingresar y de la minusvalía de la que son
portadores, para hacer la adaptación específica de las pruebas y poder
valorarlas posteriormente a efectos de curriculum.

Por tanto, la sensibilidad que nuestro grupo tiene ante el problema es
obvia. Siempre hemos sido abanderados a la hora de dar un tratamiento
normalizado a las minusvalías, integrando en la sociedad a las personas
que sufren cualquier tipo de discapacidad y, en este sentido, si se
acepta la enmienda in voce que hemos planteado, votaremos a favor de la
enmienda de modificación presentada por el Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Jerónimo Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: El sistema educativo español, en general, tiene
unas notas características muy claras y podíamos hablar de muchas de
ellas, pero en este momento estamos debatiendo en relación con los
estudios de educación física y deportes y me gustaría decir que, en este
aspecto, una de las notas características ha sido el tremendo esfuerzo
que se viene llevando a cabo a lo largo de los últimos años en la
integración del diferente, del disminuido, del discapacitado, en el
sistema educativo español, un esfuerzo que podíamos calificar de muy
importante, tanto desde el punto de vista de su regulación en leyes y
normas de otro tipo, como desde el punto de vista de los recursos
destinados a hacer posible la integración de los disminuidos en el
sistema educativo español, insisto, a todos los niveles. Hitos
importantes han sido la propia Ley 13/1992, de Integración Social de
Minusválidos, y, también, las grandes leyes educativas aprobadas en los
últimos años, como la LODE y la Logse o, si queremos ir más lejos, el
decreto de integración de 1983, que es el que inicia el camino de la
normalización en relación con el acceso a los estudios de las personas
con dificultades, con todo tipo de discapacidades.

Hoy traemos a debate en esta Comisión una iniciativa que se refiere a un
aspecto muy concreto: facilitar el acceso a los estudios en relación con
la educación física y el deporte en los diversos ámbitos, tanto en el
universitario como en el de la formación profesional, a aquellas personas
que tengan una serie de discapacidades. Yo pienso que, con la legislación
que existe en estos momentos, es suficiente para que, si existe voluntad
política por parte de las administraciones competentes --el Gobierno de
la nación o los gobiernos de las comunidades autónomas--, este acceso se
produzca con normalidad, pero, siguiendo el dicho de que lo que abunda no
daña, tampoco está mal que aprobemos una iniciativa como ésta, en la que
instemos al Gobierno a que estudie la situación presente y, después de
ese estudio, se pongan los medios oportunos para favorecer,



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que siempre será bueno, el mejor acceso de los disminuidos, de los
discapacitados, a los estudios relativos a la actividad física y
deportiva. Unicamente hay un problema serio de verdad, ya que creo que
para el resto se han buscado vías de solución, mecanismos para poder
solucionarlos; en cuanto al acceso físico a las instalaciones, la verdad
es que se ha hecho mucho para favorecer la posibilidad del acceso físico
más fácil a todo tipo de discapacitados, a las instalaciones docentes y
deportivas. La integración en el sistema educativo también es posible,
insisto, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista
de la aplicación de los recursos necesarios para ello. Donde únicamente
hay un problema es en cómo adaptar o aplicar las pruebas donde existen
--que no existen siempre-- para poder acceder a determinados estudios,
especialmente para poder acceder a los estudios que se imparten en los
INEF. El verdadero problema está ahí.

Hoy vamos a aprobar una iniciativa de Izquierda Unida, enmendada por el
Grupo Parlamentario Popular, que pretende mejorar esa situación. Yo
insisto en que, puesto que es una norma que viene a incidir sobre otras
ya existentes y que pretende contribuir a ayudar a todos los
discapacitados para acceder de forma más fácil a este tipo de estudios,
la vamos a apoyar, y lo vamos a hacer con pleno convencimiento, pero
creemos que en estos momentos lo esencial no sólo es aprobar una norma de
este tipo, sino aplicar las ya existentes por parte de las
administraciones. Hay legislación abundante, suficiente, amplísima, de la
más avanzada de los países de nuestro entorno para hacer posible la plena
integración de las personas con discapacidades físicas en cualquier nivel
o modalidad de nuestro sistema educativo. Por tanto, repito, creo que lo
esencial es que las administraciones apliquen los recursos de que
disponen para hacer esto posible.

Sin embargo, como una norma más, en este caso una petición al Gobierno
para que haga un estudio y aplique adecuadamente estos recursos, no está
mal; insisto, vamos a apoyar esta proposición bajo la formulación que
traía la iniciativa de Izquierda Unida o bajo la de la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, si esta enmienda es aceptada a
trámite por el grupo que presenta la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Acepta el grupo proponente la enmienda y la
corrección?



La señora SABANES NADAL: Me gustaría que leyera los dos párrafos, con la
enmienda incorporada de Convergència i Unió.




El señor PRESIDENTE: ¿Puede proceder a su lectura?



El señor GONZALEZ PEREZ: Según la nota que me ha dejado el portavoz de
Convergència i Unió, quedaría así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, en el marco de sus competencias, promueva las medidas
oportunas que permitan el acceso a las personas discapacitadas. Esa es la
modificación inicial que se hace. Quedaría, por consiguiente: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de sus
competencias, promueva las medidas oportunas que permitan el acceso a las
personas discapacitadas a los estudios de carácter universitario, de
formación profesional y de técnicos deportivos, de tal modo que las
convocatorias de acceso a las enseñanzas en el ámbito de la actividad
física y del deporte de carácter universitario, formación profesional y
de técnico deportivo reserven al menos un 3 por ciento de plazas para
personas con discapacidades. El punto 2 diría: Promover las
modificaciones normativas necesarias para que se posibilite la regulación
de los sistemas de acceso y, en su caso, las adaptaciones curriculares
para la consecución de lo anteriormente expuesto.




El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés.




La señora SABANES NADAL: Lo aceptaríamos, fundamentalmente por el
consenso que significan estas enmiendas, pero quiero señalar que no me ha
quedado clara una cuestión: es decir, en el marco de las modificaciones
legislativas queda un tema que creo que tiene cierta urgencia, que son
las minusvalías ligeras, que ahora mismo no tienen necesidad de demasiada
adaptación ni curricular ni de los sistemas de acceso y que, sin embargo,
tienen un impedimento real.




El señor PRESIDENTE: Parece que eso quedará para otra proposición no de
ley.




La señora SABANES NADAL: Seguiremos en el control parlamentario los
resultados.




El señor PRESIDENTE: Exacto. Como parece que en ésta hemos llegado a
acuerdo y queda bastante legislatura, por ahora, habrá ocasión de
conformarlo. En Consecuencia, queda pendiente de votación para la una.




--SOBRE PROMOCION Y RECUPERACION DEL FESTIVAL DE CINE DE AUTOR DE
BENALMADENA (MALAGA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000171.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la promoción no de ley
sobre promoción y recuperación del festival de cine de autor de
Benalmádena, de la que es proponente el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y para su defensa tiene la
palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Es para mí una satisfacción poder defender en
esta Cámara esta iniciativa y, por si alguien no lo supiese, quisiera
empezar explicando que Benalmádena es un municipio de Málaga, de gran
importancia turística en la actualidad, que está enclavado en la Costa
del Sol y que, como todos los pueblos blancos andaluces, tiene una
especial belleza.




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El Ayuntamiento de este municipio en el año 1970, cuando todavía no había
consolidado su potencial turístico, promovió y desarrolló un importante
festival de cine de autor. Festival en el que se volcó toda la población,
todo el municipio, que llegó a convertirse en un acontecimiento de una
verdadera cultura popular, con la participación que en él se daba de
gente de todo tipo. Por tanto, podemos decir sin exagerar que cientos de
jóvenes, no sólo malagueños sino otros andaluces, no sólo en él
aprendieron cine, sino que se formaron en una cultura y en una
convivencia democráticas. Y todo esto, señorías, en unos tiempos en los
que precisamente no era fácil --era bastante más difícil que en los
actuales-- defender determinados valores.

Por otra parte, es evidente que el cine de autor de que estamos hablando
no entra en los canales comerciales, y no siempre es por motivos de
rentabilidad económica, ni mucho menos por motivos de calidad artística,
sino porque este tipo de cine es un cine molesto. Y lo es porque en la
práctica demuestra que se puede hacer un cine de calidad diferente, un
cine alternativo al que puede salir de las grandes factorías americanas y
también porque este tipo de cine rompe los esquemas de una sociedad que,
reconociendo formal y legalmente la igualdad de oportunidades para la
creación artística, sin embargo, impone una censura basada en los
recursos económicos y en las posibilidades de difusión.

Por tanto, los festivales de cine deberían tener una importancia para
nosotros no sólo comercial, como plataforma de difusión de una
determinada industria, sino que deberíamos profundizar en su capacidad
para llevar un determinado tipo de cine a lugares donde los canales de
comercialización es evidente que nunca lo llevarían. En este sentido,
ayer mismo apoyamos la proposición no de ley del Grupo Popular que venía
a reconocer la necesidad de que la Administración apoyase, incluso
económicamente, a los festivales españoles y, por tanto, la consecución
de estímulos en el marco de la Unión Europea. Creemos sinceramente que,
si esto hubiese ocurrido, el festival de cine de Benalmádena no hubiese
desaparecido.

Sin embargo, hoy queremos concretar algo más esta proposición no de ley
que se aprobó ayer, y por eso queremos proponer que sea la propia
Administración central, por supuesto en coordinación con las
administraciones locales y autonómicas, la que impulse la recuperación de
este festival. De esta manera, aparte de lo que hemos afirmado, creemos
también sinceramente que la Administración central, el Gobierno central,
serían vistos en la periferia no sólo como algo que nos cobra los
impuestos y al que tenemos que exigir --la mayoría de las veces, eso sí,
con poco éxito-- que nos haga carreteras o que termine de una vez el
saneamiento integral que todavía falta en la Costa del Sol.

Entendemos que con esta iniciativa el Gobierno central tiene una
magnífica oportunidad para impulsar un festival de cine que, bajo la
dirección de don Julio Diamante, fue pionero en su género, que alcanzó un
prestigio internacional en la defensa de un cine renovador, de un cine
avanzado. Por él pasaron importantes directores, sirvió para conocer
cinematografías que en aquellos momentos eran totalmente desconocidas, no
sólo en nuestro país, sino en toda Europa, como la japonesa o la
sudamericana. Podemos decir que películas como La batalla de Argel o La
batalla de Chile están ligadas a la memoria de este festival, por lo que
se trata de un festival que en su día aportó importantes cosas a la
consolidación del sistema democrático de este país.

Por otra parte, no podemos obviar que la recuperación turística del
festival también puede ser importante desde el punto de vista turístico.

Estamos hablando de una zona que tiene que buscar complementos a un
turismo de sol y playa y donde este festival de cine puede ser un evento
que motive el desarrollo de un tipo diferente de turismo. De este modo,
cuando pretendemos recuperar el festival de cine, pretendemos que se
recupere con todas sus consecuencias, que siga siendo un festival donde
haya diversos ciclos dedicados a conocer autores y que sirva de
plataforma para la entrada en nuestro país de un cine alternativo,
diferente al que entra por los canales de comercialización, y por eso
creemos que, si se aprueba esta proposición no de ley, que insta al
Gobierno para que promueva y recupere el desaparecido festival de cine de
Benalmádena y se haga con todos los esfuerzos necesarios, tanto políticos
como presupuestarios, no sólo habremos desarrollado un importante
acontecimiento de cultura verdaderamente popular, sino que también
habremos hecho justicia con aquel festival que, por desidia de las
instituciones, desapareció.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren fijar su posición sobre este
tema?
La señora Solsona, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra.




La señora SOLSONA I PIÑOL: Nuestro grupo parlamentario es partidario de
promover cualquier manifestación artística y cultural, como puede ser en
este caso el festival de cine de Benalmádena, renovador y vanguardista,
en su día, que dio a conocer al gran público autores inéditos en nuestro
país. Sin embargo, creemos que las manifestaciones culturales y
artísticas locales deben surgir de las iniciativas locales. Por tanto, no
nos parece que una proposición no de ley sea el mecanismo más adecuado
para que, desde el Gobierno, se inste a resucitar un determinado
festival.

Corresponde al pueblo de Benalmádena, a sus asociaciones culturales,
entidades locales y a su Ayuntamiento la posible recuperación del
festival, y es competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía el
promocionarlo. En nuestra opinión, corresponde al Gobierno la
planificación global y el apoyo genérico a todos los festivales que
puedan desarrollarse en el Estado español, como ya se aprobó ayer en esta
misma Comisión. Por tanto, no apoyaremos esta proposición no de ley que
se refiere a un determinado festival.




El señor CENTELLA GOMEZ: ¿Estamos en el turno en contra?



El señor PRESIDENTE: Ha sido una manifestación de posición. Y la posición
puede ser a favor o en contra. No



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obligatoriamente la manifestación de la posición en contra supone turno
en contra. Turno en contra sería si se hubiera opuesto a todos y cada uno
de los argumentos de fondo. Pero lo que ha manifestado es una posición de
otro tipo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Clotas.




El señor CLOTAS I CIERCO: Al plantearse en esta Comisión la puesta en
marcha, de nuevo, del festival de Benalmádena, lo primero que quiere
hacer el Grupo Socialista es rendir un cierto homenaje a lo que
representó dicho festival. Lo han dicho tanto el portavoz que ha
presentado la iniciativa como la representante del Grupo Catalán. En la
memoria de todos está lo que Julio Diamente --quiero que su nombre esté
al comienzo de mis palabras-- consiguió en ese festival. Creo que en
aquel momento, muy distinto del actual, consiguió un prestigio nacional e
internacional. No fue un festival local, sino que sirvió para todas las
personas que amaban el cine en España. Introdujo no solamente un cine
minoritario, sino un cine que luego no ha sido tan minoritario, pero que
en aquel momento era difícil de ver. Aparte de las películas citadas,
creo que Fassbinder se vio por primera vez en Benalmádena. De manera que
no hay ninguna duda sobre el papel, hoy casi histórico, que tuvo ese
festival, ni ya nadie le podrá negar su importancia, y creo que en eso
hemos de rendirle todos un homenaje.

Otra cosa muy distinta es la propuesta que hoy nos trae Izquierda Unida.

Por muchos motivos es distinta. En primer lugar, porque la situación del
cine ha cambiado muchísimo. Incluso hoy en día alguna parte de ese cine
se ve con más normalidad, las televisiones lo transmiten, y tenemos
serias dudas de que hoy un festival de las características que tuvo el de
Benalmádena cumpliera ese mismo papel. De hecho, hay un precedente
negativo. No recuerdo en qué año exacto de los ochenta se puso en marcha
durante unos años el festival con más ayudas que al principio, porque fue
también con intervención de la Junta de Andalucía, y ese festival ya no
tuvo la resonancia, aunque le orientaban más o menos los mismos
principios.

Como muy bien ha dicho la representante del Grupo Catalán, creemos
también que no parece que sea una iniciativa de esta Cámara lo que deba
poner en marcha un festival local, aunque luego pueda tener, como todos
los festivales, la repercusión internacional o nacional que sea. De modo
que, por estos motivos, el Grupo Socialista, que no desea oponerse a una,
creemos, muy bien intencionada iniciativa, pero tampoco lo vemos con
suficiente claridad para dar nuestro apoyo, se va a abstener, lo que es
un voto de homenaje a ese festival y a la vez de un cierto escepticismo
de que éste sea el procedimiento y el momento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Rodríguez-Salmones.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Nosotros nos sumamos a las palabras
que ha dicho la señora Solsona y también el señor Clotas sobre la
importancia que tuvo este festival de Benalmádena, así como el
reconocimiento a su director y promotor Julio Diamente. Todo ello fue muy
simbólico, en los años setenta sobre todo, cuando era tan difícil ver
cine y especialmente este tipo de cine. Creo que el señor Clotas ha hecho
una exposición importante, como antes la hizo el señor Centella.

Sin embargo, nuestro voto no puede ser afirmativo. Vamos a votar en
contra de esta propuesta. Decía muy bien el señor Centella, cada vez que
hablaba, en su día, en su día, en su día. Efectivamente, en su día, pero
las cosas, como bien ha dicho también el señor Clotas, han cambiado
notablemente. Ahora este tipo de cine, gracias a Dios, es accesible y no
tendría mucho sentido recuperar esto. Insistimos ayer en que bienvenidos
sean si se recuperan tantos festivales como haya, pero desde el ámbito de
la Administración central no parece necesario hacer un apoyo muy
especial. Ojalá se recuperara, con todos los apoyos locales, de cajas de
ahorro, etcétera.

Nosotros querríamos decir dos cosas más por lo que no sólo no nos vamos a
abstener, sino que vamos a votar en contra. Pensamos, y lo decía la
señora Solsona, que en el ámbito parlamentario y, por tanto, en el ámbito
en el que debemos controlar, e instar a la Administración central, las
iniciativas que debemos presentar deben ser más bien de carácter general
y no descender a cada una de las cuestiones. Esto lo hemos repetido en
esta Comisión con motivo de la recuperación de edificios concretos, de
actuaciones concretas en un pueblo o en un colegio. Creemos que la
iniciativa de ayer sobre certámenes en general se puede desarrollar tanto
como se quiera, pero es un poco competencia tanto de la Administración
central como de esta Cámara. Como precedente, aunque es hasta incómodo
votar en contra de iniciativas locales que parecen en sí mismas buenas y
a veces necesarias --en este caso no lo creemos, pero podrían serlo--, no
querríamos que esta comisión se dedicara a presentar o discutir
iniciativas muy concretas, sino intentar que, salvo excepciones, que
habrá múltiples, pero no pueden ser todas, nos movamos en el ámbito
global.

Por otro lado, concretamente este festival, además de lo dicho de en su
día, fue realmente pionero, excelente y merece nuestro homenaje y en
especial Julio Diamente, porque sabemos que siempre hay una persona que
es el motor de estas iniciativas y en este caso fue él. Como bien sabe el
señor Centella, en el Ayuntamiento de Málaga se presentó una iniciativa
similar y lo que se acordó por unanimidad fue impulsar un festival
internacional de Málaga. No voy a entretener aquí sobre si se celebraba
en Benalmádena, sobre la situación de Benalmádena, de Torremolinos, del
Ayuntamiento de Málaga, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que, por
unanimidad, se decidió apoyar el festival internacional de Málaga que,
por otro lado, tiene una cinemateca con una programación, a lo largo de
todo el año, dando un cine importante y que está cubriendo lo que en
parte cubría el festival de Benalmádena de cine de autor.

Insisto en la necesidad para nosotros de no entrar en iniciativas
concretas que no dependan de la Administración central, pero nuestro
apoyo estaría más en la promoción de este festival internacional de
Málaga, de acuerdo con lo que ha aprobado por unanimidad su Ayuntamiento,
aunque



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es competencia autonómica y local. Pero en el marco de los certámenes y
en el apoyo a ellos, tema del que hablábamos ayer, creemos que lo que
tiene más sentido es lo que por unanimidad aprobó el Ayuntamiento de
Málaga.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez-Salmones. (El señor
Centella Gómez pide la palabra.)
¿Quiere tener un minuto, señor Centella? Porque como su experiencia en
esta comisión ha sido siempre en temas en los que no cabe réplica y le
puede estar produciendo un traumatismo, le voy a dar un minuto, porque
además han sido tres contra usted. (Risas.)
Señor Centella, tiene usted un minuto.




El señor CENTELLA GOMEZ: Sabe S. S. que no me causan traumas estos
debates.

Quiero decir, simplemente, que me sorprende que alguien piense que en
estos momentos el cine de autor tiene cabida en los canales comerciales.

Evidentemente, eso no es cierto, y el cine de autor necesita hoy el mismo
apoyo que necesitaba cuando el festival de cine de Benalmádena lo
defendió. Hoy, el cine de autor sigue siendo molesto a quien de verdad
dirige la industria cinematográfica y hay una censura económica en la
industria cinematográfica y, en función de ello, ésta es una iniciativa,
no para Benalmádena, sino que es una iniciativa global para el cine
español, para el cine que puedan ver los españoles y, por tanto, creía
que cabía perfectamente.

Me sorprende que desde todo el arco parlamentario se piense que éste no
es el momento. Pero, en fin, de sorpresas está la vida llena. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Como es natural, esta proposición se votará, junto
con las demás, alrededor de la una de la tarde.




--SOBRE MANTENIMIENTO EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LOS MONUMENTOS
HISTORICO-ARTISTICOS DESAFECTADOS POR DEFENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000174.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre
mantenimiento en las Administraciones públicas de los monumentos
histórico-artísticos desafectados por Defensa, introducida a instancias
del Grupo Parlamentario Mixto, para lo cual tiene la palabra el señor
Rodríguez Sánchez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, una de las primeras
iniciativas que presentó en esta Cámara el Bloque Nacionalista Galego fue
una proposición de ley que intentaba modificar lo que es la ley de la
Gerencia de Infraestructuras de Defensa, y no precisamente para
contradecirla desde el punto de vista filosófico, sino para completarla
con una enmienda de adición; enmienda de adición que venía a clarificar
lo que la propia ley contenía cuando hablaba de que, en todos los casos,
las enajenaciones se comunicarán previamente al Ministerio de Economía y
Hacienda, que podrá optar por mantener los bienes en el Patrimonio del
Estado para afectarlos a cualquier otro servicio de la Administración. Y,
además, el Bloque Nacionalista Galego, cuando presentaba esta enmienda de
adición que clarificaba que entonces se podía hacer cesión a otras
administraciones, en concreto, autonómicas o locales, de aquellos bienes
desafectados por Defensa que tuvieran un valor histórico-artístico, lo
hacía en consonancia con el artículo 77 de la Ley del Patrimonio del
Estado, que habla de que, por razones de utilidad pública y de interés
social, podrá cederse a las comunidades autónomas y a las corporaciones
locales, para el cumplimiento de sus fines, los bienes inmuebles del
Patrimonio del Estado sitos en su propio territorio; y, ademas, para
poner en armonía toda esta ley con la Ley del Patrimonio Histórico
Español, de 1985, donde habla claramente de que no se puede tolerar, bajo
ningún punto de vista, la expoliación, esto es, la pérdida, destrucción o
perturbación social de un bien de interés cultural.

Que fuera una fuerza política gallega la que presentase esta enmienda de
adición en este sentido, no es casual. No se trata, en absoluto, del
prurito o de la intencionalidad de no soportar que el Ministerio de
Defensa pueda actuar a su antojo, a su capricho, al margen del resto de
la Administración y, en concreto, del Gobierno, sino que se trata de un
gravísimo problema que, en el caso del territorio gallego, existe, con
una trascendencia que posiblemente no haya en otra parte del Estado
español y, además, concentrado en una comarca, especialmente en la
comarca de Ferrol-Terra, que padece un gravísimo deterioro económico y
social. Para darles una idea, lo que es la ciudad, está más de la mitad
afectada por bienes de Defensa que están paulatinamente abandonados o en
proceso de abandono. Nadie se opuso en la sociedad a que Defensa
especulase con terrenos, pusiese en pública subasta grandes fincas
urbanas, pero la sociedad está escandalizada de forma mayoritaria de que
se pongan a subasta bienes de interés cultural que, afortunadamente,
nadie compra y, sobre todo, que incluso las instituciones, por
unanimidad, siempre solicitaron que estos bienes de interés cultural se
les trasladasen, por un precio simbólico o bien gratuitamente, habida
cuenta de que no había dinero en las arcas municipales o en las
autonómicas para comprar tantos bienes de interés cultural y, sobre todo,
para después poder hacer frente a todo el proceso de deterioro que tiene
encima, es decir, a todo el proceso de expoliación en el que llevan
inmersos desde hace más de diez años. Por otra parte, una sociedad como
la de Ferrol-Terra tiene en estos monumentos histórico-artísticos parte
fundamental de su conciencia histórica.

Tienen en sus manos, tanto la Mesa, como el Grupo Parlamentario Popular,
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
Grupo Parlamentario Socialista, como tuvo en su día el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una muestra ilustrativa de
lo que estamos hablando: en concreto, una fotografía del castillo de San
Felipe. Como su nombre indica, es una construcción emblemática, de
arquitectura de los siglos



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XVI y XVIII, de los momentos en que las costas gallegas tenían un valor
estratégico fundamental para la monarquía hispánica frente a la pérfida
Albión, y ya se sabe cuál fue la política oficial de la monarquía
española de los pactos de familia hasta el siglo XVIII e incluso bien
entrado el siglo XIX.

Pues bien; esto nada más que es una muestra ilustrativa de la cual la
fotografía no da idea cabal. Esa foto alberga una ciudadela en la que hay
hasta hoteles --y hay que decirlo así-- para animales, una granja enorme
en la que hay perfectamente delimitado espacio para gallinas, conejos,
cerdos, mulas, caballos, etcétera, de tal manera que esa ciudadela podía
mantener asedios por mar y por tierra de cuatro y cinco meses,
tranquilamente. Hay una esplendorosa plaza que tiene cabida para más de
2.000 personas, con un reloj de sol, como pueden comprobar en la
fotografía, como si fuese una torreta, porque en la plaza no se ve, al
estar perfectamente oculta por todo el entramado de murallas, murallas
que tienen más de cuatro metros de ancho, que nada tienen que envidiar a
las mejores murallas feudales que aparecen en la película Brave heart,
grandes espacios de campo, muchísimas dependencias para albergar desde
exposiciones de carácter arqueológico o artístico hasta cualquier
cuestión relacionada con la hostelería, y podíamos seguir así enumerando
cantidad de usos polivalentes que podía tener esta fortaleza-ciudadela.

Pero es más, la memoria histórica de esa zona lo vincula también a la
guerra civil. En ese lugar fueron fusilados muchos cientos de personas,
hasta el extremo de que hay gente mayor de edad que no quiere visitar el
castillo, porque le recuerda épocas terribles de la reciente historia de
España. O, yendo más cerca, fue prisión militar para los suboficiales,
mientras que el castillo que tiene enfrente, del siglo XIX, una joya
también de la arquitectura militar, fue, hasta hace poco, prisión militar
de los oficiales. Este castillo está situado, prácticamente, a 1.000
metros del monte de Brión, donde hubo una batalla histórica contra los
ingleses, desde donde se contempla una panorámica de la ciudad de Ferrol
y, sobre todo, de su parte cartesiana, dieciochesca, impresionante, con
la vista de la ría de Ares, de la ciudad de A Coruña, de toda la marola,
del océano abierto, a un kilómetro del observatorio de Montefaro, también
abandonado por los militares y en proceso de destrucción que, aunque no
sea una joya artística, sí se ve desde allí una panorámica fundamental de
todo el océano y de toda la costa y, por tanto, podríamos integrarlo
perfectamente en toda una ruta turística de un valor incalculable, en
primer lugar, para todos los habitantes de la zona y, en segundo lugar,
para todos los habitantes de Galicia, del Estado español y del
extranjero. Les digo todo esto para que sepan que, además, estamos
hablando de un importante patrimonio turístico, ecológico y de una
infraestructura con valor polivalente.

Siento no poder presentarles una fotografía del monasterio de Santa
Catalina, joya barroca, porque, desgraciadamente, no se puede visitar, a
no ser con permiso de la respectiva autoridad militar de A Coruña, a
pesar de que está abandonado y de que solamente tiene vigilancia
intermitente. Pero les puedo asegurar que, en todos estos casos, no hay
comprador posible de tipo privado y que todas las instituciones, por
unanimidad, y todos los partidos políticos llevan solicitando
repetidamente su entrega, de una forma simbólica o a través de la fórmula
que se estime oportuna, a las administraciones locales y autonómicas
respectivas.

Ustedes observarán que en nuestra proposición no de ley hay dos puntos
que tienen un carácter general dentro de esta visión de que el patrimonio
histórico artístico se mantenga preferentemente dentro de la
Administración pública y, en particular, estas dos joyas artísticas a las
que antes me referí. Ustedes deben saber que hay muchísimas más, pero
éstas son de carácter prioritario y significaría un gasto económico para
estas administraciones, pero también una gran posibilidad de promoción
turística, artística e incluso de desempeño de funciones de carácter
paracientífico. La propia Universidad de Santiago de Compostela solicitó
en muchas ocasiones la posibilidad de que algunos departamentos del
castillo se emplearan en centros de investigación de carácter marino.

Señorías, yo les aseguro que si hay una iniciativa positiva, en el
sentido de que la sociedad afectada pueda hacerse cargo de toda esta
problemática, será un triunfo después de muchos años de solicitarlo por
unanimidad, de muchos años de concienciarnos nosotros mismos de ese gran
patrimonio histórico con el que contamos y del que muchos ciudadanos no
eran ni siquiera conscientes.

Puedo asegurarles que el día que las Administraciones locales o
autonómicas puedan acceder a la recuperación de estos edificios hoy
abandonados, estarán muy gustosas de contar con la presencia de toda la
Comisión de Educación y Cultura, para que puedan hacer una visita a la
ría de Ferrol, a todo su entorno, y sepan realmente de la importante
contribución con la que ayudamos a una ciudad y a una zona especialmente
deprimida.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, que va a defender don
Antonio Cárceles, al que le damos la palabra.




El señor CARCELES NIETO: El Grupo Popular es sensible a esta iniciativa
que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Mixto, tiene su origen más
inmediato en el pasado 17 de septiembre, cuando el Pleno de la Cámara
rechazaba la proposición de ley presentada entonces. Justamente dos días
después tiene entrada la presente proposición no de ley. El problema
quizá no se refiere a un aspecto legislativo, sino de materialidad.

(Rumores.)
Perdón, señor Presidente, parece que hay una confusión. No estamos en
posición de defensa de ninguna enmienda, que no hemos presentado.




El señor PRESIDENTE: El error ha sido del señor Presidente, que les ha
atribuido a ustedes una enmienda que es del Grupo Parlamentario
Socialista; pero ya que ha empezado usted, acabe, y a continuación le
daré la palabra al Grupo Parlamentario Socialista. Pedimos disculpas por
el error.




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El señor CARCELES NIETO: No se trata, quizá, de un aspecto de técnica
jurídica o legislativa, sino de materialidad. Es decir, la experiencia
nos demuestra que la Gerencia de Infraestructuras de Defensa ha sacado a
pública subasta en diversas ocasiones distintos bienes de interés
cultural, y de no interés cultural, que han quedado desiertos, porque las
Administraciones locales o comunidades autónomas, por un problema
presupuestario, el mismo por el cual no se están manteniendo
convenientemente estos bienes de interés cultural, no pueden abordar ese
problema; y es un problema que tenemos, pero de materialidad. No se trata
de que con una proposición de ley, que en un momento determinado
planteara una dificultad técnica legislativa o jurídica, se resolviera un
problema cuya solución nuestra legislación prevé claramente. Ni se trata
tampoco de un mandato de carácter parlamentario que pudiera imponer la
realidad de lo que no existe. No sería posible; si una administración no
es capaz de admitir una cesión en las condiciones que dice la
legislación, evidentemente, no se puede producir.

En cualquier caso, ya anunció el Gobierno en su plan de defensa nacional
que trataría de favorecer la solución a estos problemas mediante
estímulos, para que las Administraciones públicas que estuvieran
interesadas pudieran hacerse cargo de estos bienes, y que siempre lo
miraremos desde el punto de vista positivo, a iniciativa del Gobierno o
de cualquier grupo parlamentario.

En definitiva, nosotros entendemos que no podemos forzar la realización
con éxito de un problema que las propias administraciones no están
dispuestas a asumir por un problema única y exclusivamente de coste
financiero.

Quiero recordar a los señores miembros de la Comisión que el reglamento
del Patrimonio del Estado, en sus artículos 154 al 164, prevé y establece
el procedimiento de cesiones gratuitas con derecho a reversión en favor
del Estado. Hay que presentar una memoria justificativa de para qué se
quiere la cesión, qué apoyos económicos tiene esa administración para
hacer realidad la solicitud de esa cesión. Por tanto, está a disposición
de todas las Administraciones públicas el instar la vía que la propia
reglamentación del Patrimonio del Estado nos permite.

La propia ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, sobre la
realidad del abandono de determinados bienes de interés nacional, ya
prevé la ejecución subsidiaria, por parte de la Administración que tenga
competencia en la materia o, en su caso, llega a prever la expropiación
forzosa.

En definitiva, si todo eso está previsto en la ley, ¿por qué no se
produce? Por un problema de dinero. Porque las Administraciones públicas
no son capaces en un momento de asumirlo. Ejemplos los tenemos de sobra
en todo el territorio español. En el caso del castillo de San Felipe, ya
hay unas conversaciones con las administraciones afectadas y parece que
está en vías de solución.

Solamente favoreciendo los convenios, solamente tratando de cooperar,
tratando de coadyuvar, se puede dar salida a este problema. No por una
regulación expresa vamos a resolver un problema de materialidad que no
tiene cobertura financiera o presupuestaria; es imposible.

Nosotros creemos que sobre este particular la propia dinámica de los
hechos, el propio establecimiento de conversaciones entre las
administraciones que estén interesadas en tener y ocupar ese patrimonio
histórico, dará solución a este problema que, en definitiva, como
probable cultural, nuestro país tiene, nosotros lo reconocemos, y creemos
que es lamentable que no podamos resolver adecuadamente esta situación.




El señor PRESIDENTE: La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista va a
ser defendida por don Jerónimo Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Me he acercado a la Mesa porque no encontraba la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Si no existía era imposible que la encontrara.




El señor NIETO GONZALEZ: Al no existir, yo creo que favorecerá que
saquemos adelante esta iniciativa a través de la enmienda del Grupo
Socialista.

Tras la intervención del señor Rodríguez, que ha hecho una larga y
detallada exposición en relación sobre todo con el punto 3 de esta
proposición no de ley que él presenta, sí quisiera decir que estamos ante
una iniciativa que plantea tres cuestiones distintas.

Hay una primera cuestión, planteada en el punto 1, que se refiere a que
en el proceso de enajenación del patrimonio de Defensa, gestionado a
través de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, los monumentos
histórico-artísticos que hayan sido declarados bienes de interés cultural
--se dice-- permanezcan en el Patrimonio del Estado. Esa es la primera
cuestión que plantea la iniciativa.

La segunda, que la afectación de estos bienes a cualquier otro servicio
de la Administración pueda ser realizada a favor de las comunidades
autónomas o de las corporaciones locales, previa petición de éstas, bajo
la fórmula que se estime adecuada. Y en la iniciativa se proponen varias
(convenios, consorcios), con el fin de su adecuada protección,
restauración y uso.

En tercer lugar, se hace una petición concreta. La aplicación de estos
principios, contemplados en el apartado 2, mediante la negociación con
las autoridades locales de Ferrol, en un caso, y Ares, en otro, o con la
propia Junta de Galicia, en relación a la posible cesión del castillo de
San Felipe y el monasterio de Santa Catalina.

Por tanto, se plantean tres cuestiones que conviene aclarar, porque en
relación con el primer punto, desde nuestro punto de vista no hay nada
que objetar. Ya existe una previsión en relación al mantenimiento de este
tipo de bienes de interés cultural bajo el patrimonio del Estado; existe
una previsión ya contemplada en la legislación aplicable al caso,
concretamente el artículo 3.º de la Ley 32/94, por la que se modifica la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa, que lo contempla así. Dice
esta ley que con todo tipo de bienes que vayan a ser enajenados por parte
del Ministerio de Hacienda podrá optarse por mantenerlos en el



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patrimonio del Estado, para posteriormente afectarlos. Es decir, existe
una reserva optativa en favor del Ministerio de Hacienda para que estos
bienes se mantengan en el seno de patrimonio y después puedan ser
afectados a otros usos.

Por tanto, el punto 1 nos parece adecuado, viene a reafirmar lo que ya se
contempla en la Ley 32/94, aunque con un carácter más taxativo, más
claro, pidiendo, exigiendo, instando al Gobierno a que ello sea así. Así
pues, este punto 1 no lo hemos enmendado, porque creemos que se ajusta
estrictamente a la legalidad, a la Ley que en estos momentos regula la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa.

Los puntos 2 y 3 los hemos enmendado --tienen
SS. SS. el texto de la enmienda-- por una razón muy sencilla de carácter
legal. Hemos tratado, a través de estas enmiendas, de salvar la
legislación reguladora de la gerencia de infraestructuras de la defensa.

Hemos tratado de adaptar el contenido del punto 2 a lo que dicen tanto la
Ley 28/84, como la que modifica a ésta, la Ley 32/94, y en ese sentido
hemos presentado una enmienda a la que doy lectura. El punto 2 quedaría
redactado de la siguiente forma: Promover la firma de convenios con las
comunidades autónomas y/o con las corporaciones locales para la cesión de
las referidas instalaciones desafectadas por el Ministerio de Defensa, de
forma que puedan ser debidamente protegidas, restauradas y destinadas a
uso público, de conformidad con lo establecido en la legislación
reguladora de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.

Por tanto, a través del punto 2 lo que hacemos es salvar la legislación
existente en esta materia y proponer una fórmula de cesión, que es la de
convenio. Proponemos esta fórmula por toda una serie de razones, en
primer lugar, porque creemos que, además, esta fórmula se adecua
perfectamente al régimen patrimonial de este tipo de bienes. En segundo
lugar, por los abundantes precedentes que existen. En la pasada
legislatura, según la memoria del Ministerio de Defensa, se firmaron 31
convenios que afectaron a 110 propiedades similares a lo que a través de
esta iniciativa se pretende, es decir, que se haga el convenio
correspondiente para su uso por otra administración distinta de la
militar. Por tanto, existen precedentes abundantes. A lo largo de los dos
años y poco que duró la pasada legislatura se firmaron, insisto, 31
convenios, que afectaron a 110 propiedades.

Por tanto, este punto 2 pretende, por un lado --insisto--, salvar la
legislación existente y, por otro, seguir desarrollando lo que se ha
venido haciendo tradicionalmente, que es el establecimiento de convenios
entre el Ministerio de Defensa y las corporaciones locales o autonómicas
para el uso de estos bienes.

Al punto 3, que se refiere en la iniciativa del señor Rodríguez a la
cesión de la Xunta o a los ayuntamientos correspondientes de dos de estas
instalaciones, hemos presentado una enmienda muy simple, que pide que se
sustituya la expresión «la fórmula» --que es muy genérica--, por la de
«los correspondientes convenios». Pedimos en el punto 3 que entre
Patrimonio del Estado y en su caso la Xunta o los ayuntamientos se firmen
dos convenios singulares, uno que afecte al Castillo de San Felipe, en
Ferrol, y otro que afecte al Monasterio de Santa Clara, en Ares, para la
cesión, mediante la fórmula de convenio, de estas dos instalaciones.

Además, creemos que esto es difícilmente rebatible o que difícilmente en
esta Comisión se puede votar en contra de estas propuestas, teniendo en
cuenta que tenemos un precedente de hace unos días, creo que fue el día
18 de noviembre, cuando en la Comisión de Defensa se aprobó una
iniciativa en relación con la cesión al Ayuntamiento, mediante la fórmula
de convenio de un acuartelamiento en Jerez de la Frontera. Este
acuartelamiento está también desafectado por Defensa, pertenece a
Patrimonio, lo ha solicitado el Ayuntamiento y lo que aprobó la Comisión
de Defensa fue simplemente la firma de un convenio para que se haga
efectiva la cesión al Ayuntamiento y se le dé el uso pertinente, que en
el caso de Jerez va a ser educativo, va a ser destinado a la instalación
de unos centros universitarios.

En el caso que estamos comentando hoy la fórmula es exactamente la misma.

Lo que pedimos al Gobierno es que de forma urgente se ponga de acuerdo
para firmar el convenio correspondiente con las autoridades autonómicas
gallegas o con las autoridades locales o de Ferrol y Ares para que haga
lo propio con estas dos instalaciones militares que, insisto, están
desafectadas, abandonadas y además, como decía el proponente, en un
estado bastante lamentable de conservación.

Por todas estas razones, señor Presidente, pido, primero, al grupo
proponente que acepte estas enmiendas y, segundo, al resto de los grupos
que las apoyen.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), la
señora Gil i Miró tiene la palabra.




La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, a la vez que vamos a expresar
nuestra postura, queremos también hacer una enmienda in voce al punto 3
de la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego,
de sustitución, que diría: Estudiar concretamente esta posibilidad en el
caso del Castillo de San Felipe (Ferrol) y del Monasterio de Santa Clara
(Montefaro, Ares), para que pudieran ser debidamente protegidos,
restaurados y destinados a servicio público.

Respecto a nuestra fijación de postura, quisiera, en primer lugar, en
nombre de los componentes de mi grupo en esta Comisión, dejar clara mi
admiración por la insistencia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego
en la defensa de aquellos temas que considera importantes y simbólicos
para Galicia y para la colectividad gallega.

Creo que en esta ocasión lo que propone trasciende, además, el ámbito de
su país y creo que puede mejorar todos los aspectos relativos a los
monumentos considerados bienes de interés cultural, que están en las
diversas administraciones, no sólo en Defensa y que pueden caer en un
peligroso descuido por parte de las propias administraciones.

Nosotros estamos seguros de que si se aprueban las dos enmiendas
presentadas por el proponente, la llamada de atención del Diputado sobre
la desafectación de este patrimonio



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del Estado será escuchada --esperamos-- y desarrollada con prontitud por
el Gobierno actual del Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor CENTELLA GOMEZ: Muy brevemente porque no vamos a repetir los
argumentos que aquí se han dado, que creo que alcanzan el máximo
consenso.

Simplemente quiero felicitar al Bloque por esta iniciativa y recalcar que
la ciudadanía difícilmente comprende que, ante la falta de equipamientos
sociales y de todo tipo que sufren nuestras ciudades, la Administración
pretenda especular con una serie de bienes que además en su gran mayoría
fueron de origen municipal.

Decía el representante del Grupo Popular que la cuestión viene a ser
económica, pero es que precisamente de eso se trata, de evitar que se
negocie con estos edificios y que los convenios a la larga no se
conviertan precisamente en intentos de que la Administración haga
negocio.

También quisiera aprovechar esta breve intervención para dejar constancia
de la necesidad de que se resuelva de una vez el traspaso a la ciudad de
Málaga de una serie de edificios que se vienen reclamando desde hace
años. En ese sentido anunciamos la presentación de una proposición no de
ley, aunque también quisiéramos dejar abierta la posibilidad de que la
Alcaldesa-Diputada o la Diputada-Alcaldesa, Celia Villalobos, encontrara
en este marco la posibilidad de realizar su primera iniciativa
parlamentaria en esta legislatura. En ese caso nosotros estaríamos
perfectamente dispuestos y encantados de poderla apoyar.




El señor PRESIDENTE: Vamos a preguntarle al proponente qué manifiesta con
respecto a la enmienda principal y a la subsidiaria.

Tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: En primer lugar, quiero agradecer las
palabras y la posición constructiva de todos los grupos parlamentarios
respecto de un problema que, vuelvo a repetir, no es baladí, sino muy
grave, por lo menos en la sociedad a la que pertenezco.

En segundo lugar, quiero decir que, efectivamente, en casos como éstos
--que a veces son difíciles de entender desde fuera de Galicia--, lo que
hace falta es que lleguen muchos ecos y muchos tantanes a determinados
lugares para que se acepte incluso una cosa elemental: un diálogo
concreto y práctico. Yo les puedo asegurar que, hasta ahora, la cantidad
de comunicaciones que llegaron al Ministerio de Defensa y al Ministerio
de la Presidencia fueron innumerables. Yo sé que hay países que quedan
excesivamente lejos, que hay fórmulas de atender determinado tipo de
peticiones y que en otros casos no se es tan sensible. Efectivamente, si
hay 31 convenios y 110 propiedades similares, que fueron atendidas, en
este caso les puedo asegurar que, si no fueron atendidas, no es por falta
de petición de la propia sociedad. En este sentido, yo valoro muy
positivamente las enmiendas, porque tienen una capacidad de instar a que
esto se resuelva, ya que, como quedó claro, existe suficiente cobertura
legal.

Por tanto, nosotros aceptamos la enmienda del Grupo Socialista al punto
2, aceptamos también la enmienda de Convergència i Unió en relación con
el punto 3, y hacemos una sugerencia, para que se vea que por nuestra
parte hay un espíritu totalmente constructivo: que en el punto 1 figure
lo que solicita el Grupo Parlamentario Popular de mantener
preferentemente los monumentos histórico-artísticos que hayan sido
declarados BIC, desafectados por el Ministerio de Defensa, en el
Patrimonio del Estado para afectarlos a cualquier otro servicio de la
Administración. Como estamos seguros de que todo esto va a valer para que
esta situación salga del impasse, lo aceptamos con mucho agrado y, desde
luego, con agradecimiento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cárceles.




El señor CARCELES NIETO: Parece que se alcanza el consenso sobre las
manifestaciones del señor Rodríguez y sobre el punto 3, en relación con
el cual existen dos posiciones, una enmienda del Grupo Socialista y otra
de Convergència i Unió. A nosotros nos parece más razonable la de
Convergència i Unió, que abre otras posibilidades, pero con un matiz que
me gustaría que quedara recogido, y es que, en cuanto al Monasterio de
Santa Catalina, se dijera en la propia iniciativa lo siguiente: una vez
desafectado. Porque lo cierto es que hoy está afectado. Está afectado y
pertenece al Cuartel General del Ejército de Tierra. El Castillo de San
Felipe sí está desafectado, pero el Monasterio de Santa Catalina, no.

Creo que el señor Rodríguez no tendrá inconveniente en que, respecto al
Monasterio de Santa Catalina, se diga: una vez desafectado. Si lo está,
entra de plano y, si no lo está, debe figurar una frase que diga una vez
desafectado, porque el promover un convenio cuando un bien está afectado
al Ministerio de Defensa sería un salto en el vacío, ya que, en virtud de
la legislación, no es susceptible de producir ese convenio. En cualquier
caso, en el primer extremo de la proposición no de ley, en cuanto a lo
que el señor Rodríguez manifiesta de mantener preferentemente, estamos de
acuerdo.

Respecto al punto 2, también estamos de acuerdo con la enmienda propuesta
por el Grupo Socialista.

En relación con el punto 3 de la proposición no de ley, estamos de
acuerdo en sustituir el texto por el propuesto por Convergència i Unió.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, ¿le parece bien colocar la cautela:
una vez desafectado?



El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Es una cautela, pero tengo conciencia
clarísima de que está abandonado y desafectado. Otra cosa es que Defensa
--y no nos vamos a meter en esto-- siempre mantenga unos hipotéticos
objetivos respecto de cierto tipo de bienes inmuebles, pero, como digo,
yo no me voy a meter en ese debate, porque entonces entraríamos en harina
grave.




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El señor PRESIDENTE: Pues, como no hay ningún problema, redáctenlo y
háganlo llegar a la Mesa para que se pueda votar a la una, con el resto
de las proposiciones de ley.




El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, ¿la Mesa podía leer cómo
queda?



El señor PRESIDENTE: La proposición diría así: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a: 1. Mantener preferentemente los monumentos
histórico-artísticos que hayan sido declarados BIC, desafectados por el
Ministerio de Defensa, en el Patrimonio del Estado para afectarlos a
cualquier otro servicio de la Administración. ¿De acuerdo?
(Asentimiento.)
Segundo --la propuesta íntegra del Grupo Parlamentario Socialista--: 2.

Promover la firma de convenios con las comunidades autónomas y/o con las
corporaciones locales para la cesión de las referidas instalaciones
desafectadas por el Ministerio de Defensa, de forma que puedan ser
debidamente protegidas, restauradas y destinadas a uso público, de
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Tercero --según la redacción presentada a instancia del Grupo Catalán
(Convergència i Unió)--: 3. Estudiar concretamente esta posibilidad en el
caso del Castillo de San Felipe (Ferrol) y del Monasterio de Santa
Catalina (Montefaro-Ares), una vez desafectado, para que pudieren ser
debidamente protegidos, restaurados y destinados a servicio público.

Quedaría así. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.--El señor Nieto González
pide la palabra.)
Señor Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Quedando así, nosotros retiramos nuestra
enmienda al punto 3 y que quede la enmienda que presenta Convergència i
Unió.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo. La redacción leída sería entonces la
definitiva, que luego votaremos.




--SOBRE LA SALVAGUARDA DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DESCUBIERTOS EN LAS
OBRAS DE REMODELACION DE LA PLAZA DE ORIENTE DE MADRID. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000178.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en la última proposición no de ley, sobre
la salvaguarda de los restos arqueológicos descubiertos en las obras de
remodelación de la plaza de Oriente de Madrid, a instancia del Grupo
Socialista del Congreso.

Para su defensa, tiene la palabra doña Clementina.




La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: El Grupo Parlamentario Socialista
presentó la proposición no de ley sobre las medidas que, en nuestra
opinión, deberían adoptarse en relación con los restos arqueológicos
descubiertos o por descubrir en la sobras de remodelación de la plaza de
Oriente de Madrid, que fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales» el 30 de septiembre de 1996.

En la exposición de motivo se decía que el área urbana afectada por el
proyecto de la plaza de Oriente, plaza de Felipe IV y calles
perimetrales, así como las embocaduras de acceso por las calles de Carlos
III, Felipe V y Bailén, ocupa un amplio espacio, donde se asentó el
primer núcleo urbano de Madrid. Su subsuelo, como han puesto de
manifiesto los trabajos arqueológicos realizados, alberga vestigios de
una importancia decisiva para comprender la génesis y posterior evolución
de la ciudad.

Nos encontramos ante una excavación de características especiales, tanto
por su extensión, superior a 5.000 metros cuadrados, como por el lugar
emblemático que ocupa, al afectar al corazón de la originaria villa de
Madrid desde la inicial fase islámica, correspondiente al siglo XI, hasta
la actualidad. Los restos arqueológicos que han aparecido o pueden
aparecer, clasificados de menor a mayor antigüedad, en los diversos
niveles del subsuelo corresponden a lo siguiente. En primer lugar, a las
realizaciones arquitectónicas urbanas efectuadas en el área a lo largo de
los siglos XIX y XVIII, concretamente, a las obras realizadas durante el
reinado de Carlos III por Francisco de Sabatini, correspondientes a la
construcción de una exedra frente a la fachada este de palacio, la
apertura de la calle nueva y construcciones anejas al alcázar, como las
caballerizas, construidas durante el siglo XVIII, y que discurrían desde
esta zona hasta el cruce de la Cuesta de San Vicente. En segundo lugar, a
las ejecuciones realizadas en la época de los Austrias, fundamentalmente
las relacionadas con el traslado de la corte a Madrid por Felipe II, en
el siglo XVI, que comprenden una serie de dependencias anejas al Alcázar
Real, como son la Casa del Tesoro, el pasaje de la Encarnación y el
convento de San Gil. En tercer lugar, al recinto amurallado medieval,
correspondiente a la Muralla del primer recinto fortificado, de los
siglos IX y X, y las cercas bajomedievales.

En cuarto lugar, los restos arqueológicos del núcleo urbano de época
musulmana correspondientes a una talaya descubierta y a parte del
asentamiento islámico todavía no excavado que se localizaría en la zona
de las calles Rebeque y Mayor.

En quinto lugar, los restos correspondientes a la Edad del Bronce, y en
sexto lugar, los yacimientos paleontológicos de las eras terciaria y
cuaternaria, correspondientes a las terrazas del Manzanares.

Por todo ello, el área urbana de la que hablamos constituye, señorías, un
importantísimo espacio urbano, testigo de la historia de Madrid y
escenario privilegiado de la vida cortesana y palaciega de la capital de
España, que cuenta, dada su importancia histórica, con una especial
protección legal que, desgraciadamente, y éste es el motivo de esta
proposición no de ley, no ha sido capaz de evitar la destrucción de
algunos restos arqueológicos de extraordinaria importancia.




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En primer lugar, la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, obliga
a la protección y conservación de los valores históricos y arqueológicos
y se concreta en los bienes de interés cultural, entre ellos la zona
arqueológica del recinto histórico de la Villa de Madrid, con declaración
por decreto de 20 de mayo de 1993.

En segundo lugar, la Muralla de Madrid, declarada monumento nacional por
resolución de 15 de enero de 1954.

En tercer lugar, el entorno de los monumentos nacionales como el Palacio
Real, el Teatro Real y el Convento de la Encarnación, dependientes del
Ministerio de Cultura. A su vez, el Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid, de 1985, contiene las siguientes determinaciones: Primero, el
área de protección de yacimientos arqueológicos de máximo nivel, que
obliga a realizar excavaciones completas antes de la concesión de
autorización de obras. Segundo, los jardines existentes, catalogados en
el Plan general como de interés histórico y protegidos con una normativa
que impide cualquier alteración de sus características actuales.

La Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, establece claramente la
competencia en este tema de la Ministra de Cultura. El artículo 2.º 1
dice que, sin perjuicio de la competencias que correspondan a los demás
poderes públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la
Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en los
artículos 46 y 44, 149.1.1.ª y 149.2 de la Constitución, garantizar la
conservación del patrimonio histórico español. A su vez el apartado 2 del
artículo 2.º establece que en relación al patrimonio histórico español la
Administración del Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar
su colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre
sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa
a los fines señalados en el párrafo anterior.

Por su parte, el artículo 4.º establece que, a los efectos de la presente
ley, se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en
peligro de pérdida o destrucción de todos o algunos de los valores, de
los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el
cumplimiento de su función social. En tales casos, la Administración del
Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las
comunidades autónomas, en cualquier momento podrá interesar del
departamento competente del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma
correspondiente, la adopción, con urgencia, de las medidas conducentes a
evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la
Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y
protección tanto legal como técnica del bien expoliado.

Pues bien, señorías, nos encontramos ante una triste e irreparable
realidad. La Ministra de Cultura se ha desentendido de este tema por
considerar, tal como manifestó en su respuesta a una pregunta oral en
Pleno del Congreso, formulada el 9 de octubre, que este asunto no era de
su competencia, a pesar de que es gravísimo, máxime cuando, entre otras
importantes irregularidades, el 8 de agosto de 1996 se producía un daño
irreversible al patrimonio histórico de todos los españoles al autorizar
un jefe de servicio --no estaban entonces presentes ni el director ni el
subdirector de Patrimonio-- la demolición de los restos de la Casa del
Tesoro y de un muro defensivo islámico. Esta demolición fue precedida por
una primera, autorizada por el director general de Patrimonio, señor
Rueda, el 26 de abril de 1996, es decir, dos días después del informe
emitido por cuatro técnicos de la Dirección General de Patrimonio, en el
que manifestaban, a la vista de los informes emitidos por los dos
directores de las excavaciones arqueológicas de la plaza de Oriente, doña
Ester Andreu y don Manuel Retuerce, que en el caso de los restos de
cimentación encontrados ante la Puerta del Príncipe --decía el informe--
no hay que restarles importancia, ya que si nos encontramos ante
elementos defensivos, habría que aplicar lo relativo a monumentos
históricos declarados, puesto que la Muralla de Madrid fue declarada
monumento histórico artístico por decreto de 15 de enero de 1954.

Por su parte, el complejo de la Casa del Tesoro se define también en este
informe como un conjunto palaciego único en el mundo, comparable al resto
de los de Europa durante los siglos XVI a XVIII. A su vez, en informe
emitido el 2 de julio de 1996, el director de excavación, Manuel
Retuerce, abogaba por la conservación de la fachada occidental de la Casa
del Tesoro, del pasaje de la Encarnación y del corredor abovedado
paralelo a aquélla, y decía literalmente: por el carácter artístico,
monumentalidad visual y carácter histórico de la misma, que no supone --y
cito literalmente el informe--, en absoluto, la paralización en esta zona
del proyecto municipal, sólo la modificación de una parte de las trazas
diseñadas de antemano, sin conocer cuáles eran los restos arqueológicos
que podrían aparecer tras la preceptiva excavación arqueológica de la
zona afectada. En todo caso --concluía Retuerce en su informe-- la
situación sería similar a la de cualquier otro solar del centro histórico
sujeto a la normativa vigente, tanto de la Comunidad Autónoma de Madrid
como de la del propio Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el desarrollo de
cualquier proyecto --decía Retuerce-- ha de ir en consonancia con los
restos arqueológicos que se puedan encontrar y se decida dejar in situ,
visibles o no, y nunca al revés. No se siguió esta recomendación y,
desgraciadamente, la piqueta siguió implacable con un proyecto que
parecía querer desconocer la historia sobre la que se asienta. La Casa
del Tesoro y los restos defensivos, quizá parte de la Muralla, situados
cerca de la Puerta del Príncipe, desaparecieron para siempre cuando
podrían sin duda haberse salvado si hubieran sido oídas las muchas voces
que se alzaron pidiendo su conservación.

Señorías, una actuación así, en pleno corazón de la historia de Madrid,
sería incomprensible en otras capitales europeas, donde la importancia de
los yacimientos encontrados ha aconsejado modificar proyectos iniciales.

En ciudades como París, Atenas, Lisboa o Roma así es como han actuado las
autoridades competentes, con sensibilidad. Aquí no ha existido esa
sensibilidad por parte de los responsables, de los gobernantes del PP,
que en este caso creo que no han hecho honor a un epíteto muy querido por
ellos, el de conservadores.




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Señorías, teniendo en cuenta que el marco legal que ordena el área de la
plaza de Oriente establece que la competencia sobre las exigencias,
informes y autorizaciones corresponde al Ministerio de Cultura, además de
a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, consideramos que esta
Comisión debe conocer todos y cada uno de los informes emitidos,
incluidos, desde luego, los dictámenes desfavorables a realizar las obras
planteadas y que denunciaban la gravedad de la desaparición de restos
arqueológicos definidos de extraordinaria importancia por todos los
expertos.

Por todo ello y en consecuencia, instamos al Gobierno a: 1.º Informar a
esta Comisión de todos los informes técnicos disponibles sobre el
proyecto de remodelación de la plaza de Oriente, emitidos por diversos
organismos y administraciones, entre ellos los de la Dirección General de
Bellas Artes, del Ministerio de Cultura; los efectuados por diversos
departamentos del Patrimonio Nacional; los elaborados por los directores
de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la plaza de Oriente;
el de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; el de la Real
Academia de la Historia; y, en su caso, los de la Dirección General de
Arquitectura de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Dirección General de
Patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la comisión
de expertos formada por historiadores y arqueólogos, nombrados también
por la Comunidad Autónoma de Madrid, para el seguimiento de las
excavaciones y para dar información sobre la importancia de los hallazgos
y sugerencias respecto al tratamiento que debería darse a los mismos.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna petición de turno en contra o entramos
en la fijación de posiciones?
Tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones, por el Grupo Parlamentario
Popular.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Para un turno en contra.

Si fuera la primera vez que esta cuestión se planteara, posiblemente
nuestro grupo utilizaría la fijación de posiciones y anunciaríamos
nuestro voto desfavorable. El asunto es importante y por ello vamos a
usar este turno en contra, y creo que es la primera vez que lo hacemos en
la Comisión. Vamos a ir por orden.

En la intervención de la señora Díez de Baldeón --nos ha expuesto los
términos de su proposición prácticamente en las mismas líneas, aplicando
un poco las referencias a las normas legales-- se emplean con una cierta
suavidad formal términos que nos parecen muy graves. La palabra
destrucción, permanentemente colocada en los sitios clave, si estamos
hablando arqueológicamente y desde el punto de vista del patrimonio,
aunque se use como un término normal el verbo destruir, es gravísimo
empleada en estos términos y no podemos admitir. El término piqueta
implacable parece algo coloquial. La piqueta implacable, cuando estamos
hablando de un edificio de la calle Profesor Waksman, puede ser una cosa
mala. En este caso es gravísimo emplear este término. La expresión
desaparición para siempre nos parece muy grave.

Por eso queremos decir que, detrás de una apariencia de actuaciones
razonables, se carga con una cantidad de cosas que no son ciertas. Ahora
voy a explicar por qué. Creo que mejor que detenerme en estos términos
--pienso que no tenemos que hacer aquí un debate científico, sino
político-- va a ser inevitable que, con todo el respeto científico que me
merecen los arqueólogos, y no pienso de ninguna manera entrar en esto,
haga una precisión sobre los mismos porque es importante. Vamos a ir por
orden.

La exposición de motivos que nos ha leído la señora Díez de Baldeón en
síntesis está bien. Insisto en que quiero dejar muy claro que no
admitimos la palabra destrucción. Ahora explicaré por qué. Nos parece
correcta dicha exposición, aunque hay algunas cosas en las que
discrepamos. Nos parece un poco simbólico cómo esto se arrastra y viene
siendo no una alarma, sino una política que desde hace mucho se viene
siguiendo. Se sigue empleando el término monumento nacional cuando ahora
se denominan bienes de interés cultural. Y se sigue hablando
reiteradamente de instar al Ministerio de Cultura que, como se sabe, es
el Ministerio de Educación y Cultura. Con eso quiero decir que aquí hay
una inercia activa, pero me parece anecdótico. La exposición de motivos
vale con las salvedades que he hecho.

Sobre los documentos que se piden. Nosotros somos partidarios de la
transparencia total. Si algo ha sido transparente en esta cuestión desde
1988 hasta ahora, es decir, hace ocho años, ha sido este procedimiento.

Querríamos que se nos dijera una sola cuestión en la que hubiera faltado
la transparencia. Parecería lógico que se remitan los documentos. Pero no
se dice que se remitan los documentos, sino que se pide informar --son
matices importantes-- a esta Comisión de todos los informes. Aquí hay una
redundancia.

La señora Díez de Baldeón y el Grupo Socialista saben que tienen muchos
instrumentos a su disposición para solicitar los informes. Hay unos
impresos para la petición de datos y documentos y se puede hacer todo lo
que se quiera. ¿Se ha negado alguno de estos documentos? Insisto en la
transparencia. El Consejero de la Comunidad de Madrid, en uno de los
últimos debates que fue importante, puso a disposición de la Comunidad
--algunos documentos se señalan con un asterisco en forma de fotocopias--
el expediente íntegro, que está en la Administración competente. En ese
expediente están incluidos los documentos de todos los órganos
consultivos y de todas las administraciones. Para que fuera más fácil,
porque el expediente íntegro representa miles y miles de folios, el
Consejero llevó una relación de los 162 documentos más importantes. Aquí
está esa relación y a través de ella se puede acceder más fácilmente.

Todo el expediente está a disposición de quien lo desee, pero por si
acaso eran muchos los 162 documentos, se dio un resumen de los más
importantes. Estos documentos están a disposición de todos los Diputados,
de todos los ciudadanos madrileños y de quien los quiera pedir.

Esta Cámara tiene los medios suficientes para solicitar los datos y
documentos. También existen las preguntas escritas, las preguntas orales,
etcétera, que todos conocemos perfectamente. Estos documentos están a
disposición de



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esta Cámara por si los servicios correspondientes los solicitan, ya que
pertenecen a otras administraciones. Nos gustaría decir una cosa. La
transparencia ha sido total. Insisto en que aquí están los 162 documentos
más importantes, así como el resumen. Los Diputados los tienen a su
disposición, así como todos los ciudadanos de Madrid y de fuera.

Me gustaría, señores socialistas, que en esta documentación se incluyeran
dos autos judiciales que existen porque son importantes. Este tema ha ido
tan lejos, en los términos que se están planteando, que se han presentado
denuncias de determinados políticos según manifiesta el fiscal, que no
obran en estos autos. A partir de esas denuncias se presenta una querella
--estamos hablando en términos muy graves-- contra dos funcionarios y una
arqueóloga codirectora del proyecto. Se desestima la querella en el
Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid. Recurre la Fiscalía a la
Audiencia y la Sala Tercera --los dos autos son muy ilustrativos-- dicta
un auto en el que de la cruz a la raya desestima íntegramente. A la
documentación que piden nos gustaría adjuntar esta documentación de los
juzgados de Madrid. Sé que es pedir un esfuerzo, pero rogaría a los
Diputados de esta Comisión, que a veces tenemos ciertas obligaciones, que
se lean el expediente y también los dos autos judiciales.

Primer punto, los documentos están entregados, la transparencia es
absoluta, los datos y documentos están a disposición de quien los
solicite y no creemos que haya ningún problema. Otra cosa es que se venga
aquí --no dice que se remita-- a informar de cuestiones que no son
competencia suya. Y así entramos en el segundo punto que es el más
importante, que es el respeto a los ámbitos de actuación de cada
comunidad. Aquí está, si lo desean los Diputados, la relación de los
documentos. Están a su disposición. Su transparencia es total. Los dos
autos judiciales me parece que se deberían incorporar a esta
documentación.

Entramos en el segundo punto, que es el que invade el ámbito de
competencias. Aparentemente se van deslizando términos que a nosotros nos
parecen graves. Por ejemplo, que la Administración central se
desentiende. A lo que se llama respeto competencial se le denomina en
este caso desentenderse. Se dice que se resta importancia. ¿Quién resta
importancia? ¿Cómo se puede decir que se resta importancia a una cuestión
que desde 1988 está siendo vigilada por más de 20 expertos arqueólogos,
historiadores e historiadores del arte? La Administración no se
desentiende, y ahora entro en el ámbito competencial. La Administración
central tiene las competencias que ha dicho la Diputada socialista. Claro
que las tiene y, además, muy expresamente. La Constitución, en el
artículo 149.1 y 2, como usted bien ha dicho, señala muy expresamente la
obligación de los poderes centrales a no desentenderse en el ámbito de la
cultura. Pero ¿cuándo debe actuar? Es decir, ¿cuáles son los límites
entre aprovechar un artículo para entrar en todos los ámbitos y cuál es
el respeto con el que se debe actuar? Naturalmente, eso también está
desarrollado por la ley, y tenemos la Ley de Patrimonio Histórico
Español. Entonces, ¿qué señalamos? Uno, ineludiblemente, es deber
inexcusable de todos los poderes públicos actuar en el más estricto y
escrupuloso respeto de la distribución de competencias; eso es así.

¿Decir que no se tienen competencias es lo mismo que ser incompetente?
Usted se desentiende. No. Actúo con estricto y escrupuloso respeto a la
distribución de competencias, artículo 4.º de la Ley de régimen jurídico
de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo, y eso no
lo tenemos muy claro. Si cada vez que nos interesa llamamos desentenderse
a lo que es respetar los ámbitos de actuación, empezamos a entrar en el
magma. Y, por cierto, hago un inciso. Me parece que con Madrid sigue
existiendo una especie de reflejo pavloviano; Madrid es el centro y el
centro es el Gobierno central. Bien, pues Madrid es una comunidad
autónoma y Madrid es un municipio. Ese mismo respeto que en la plaza del
Obradoiro se daría o que se daría frente a la catedral de Barcelona y que
se está dando todos los días, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene
derecho a exigirlo. No. Madrid es como el Real Madrid; al final, nos
queda esa cosa, insisto, pavloviana de decir: puesto que es Madrid,
Madrid es el Gobierno central.

¿Cuándo debe actuar la comunidad, cuándo debe actuar el ministerio al que
los Diputados socialistas, en su exposición de motivos, siguen llamando
Ministerio de Cultura? También ahí volvemos a ver que es muy clara la
ley. De acuerdo que la Constitución dice que en todo el ámbito es deber
suyo el servicio de la cultura, y eso está muy claro, pero vamos
concretamente a lo que estamos hablando.

La señora ministra ha repetido en esta Cámara, y eso está así desde el
principio, que hay unos bienes, que ustedes llaman monumentos nacionales
y que son los bienes de interés cultural, como es el Palacio de Oriente,
el Teatro Real, esa zona arqueológica y, naturalmente, la Muralla de
Madrid, si existiera y estuviéramos hablando de ella, que en parte
estamos y si tenemos tiempo lo diremos. La vigilancia es total y, desde
el principio, las garantías de lo que está sucediendo con el Palacio
Real, las catas a lo largo de toda la fachada para ver si hay grietas,
existen, están. Es mucho más, no es el Ministerio de Cultura, es
Patrimonio Nacional, y ahora podemos recordar todos lo duro que fue
conseguir los permisos por las garantías que exigía el Patrimonio
Nacional por este Palacio. Ha mencionado la Diputada que nosotros
queremos restar importancia. ¿Cómo vamos a pensar que una paralización es
un retraso? La paralización de las obras sería siempre secundaria si
estos monumentos sufrieran el más mínimo deterioro, pero, cuanto más, si
estamos hablando del Palacio Real. Pero ¿cómo se nos puede decir eso? Y
ése sí que es competencia de la Administración central: el Palacio Real,
el Convento de la Encarnación, la Muralla... (El señor Nieto González:
Todo.) No, no; todo, no, perdón, y pregunte usted a todos sus compañeros
de la Comunidad de Madrid si todo es competencia de la Administración
central. Me gustaría verles en una discusión con sus compañeros de la
Comunidad de Madrid. Por cierto, no voy a extenderme, pero recordemos
cómo a los Diputados de Madrid les pareció mal que interviniera la
Diputada precisamente porque no era de Madrid, porque es una cosa tan de
Madrid, que dijeron: No lo llevemos a un terreno nacional, puesto que
estaba...




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Esa es una cosa tonta que, sencillamente, incide en esto.

¿Qué dice la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985? Establece la
distribución competencial, diciendo que está claro que por el artículo
6.º a la Comunidad Autónoma de Madrid le corresponde, y además lo ha
declarado, está repetidamente dicho y toda la Administración del señor
Leguina ha insistido en ello, el recinto histórico de la Villa de Madrid,
especialmente la zona arqueológica, que se declara en el año 1993, el
conjunto histórico de Madrid, la plaza de Oriente. He hablado de que
Palacio Real, Convento de la Encarnación, Teatro Real, etcétera, sí son
competencia del Ministerio de Educación y Cultura.

¿Cuándo puede la Administración intervenir? También está muy claro en los
artículos 4.º y 6.º de la Ley de Patrimonio, incluso en el artículo 22,
con otros informes, en el título V entero, artículos 40 a 45, e incluso
en las instituciones consultivas, artículo 3.º.2. ¿Cuándo se puede
intervenir? En síntesis, está muy claro: cuando hay exportación ilícita o
expolio. Estamos hablando de que corresponde a otras comunidades. Sin
embargo, hay obligación de intervenir cuando hay exportación ilícita o
expolio. Esto dice el artículo 6.º. Pero el artículo 4.º deja muy claro
qué se entiende por expoliación: toda acción u omisión que ponga en
peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los
bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturben el
cumplimiento de la función social. Si esto sucediera, la ley prevé la
intervención. Por ello, usamos tan alegremente los términos destrucción,
etcétera. Estamos como preconstituyendo la necesidad de que la
Administración intervenga.

¿Nos encontramos con un expolio, término que no usan ustedes exactamente,
pero, puesto que requieren la intervención del ministerio, parece que lo
dan por supuesto, ya que sólo es en caso de expoliación o de expropiación
ilegal? Vamos a ver si hay un expolio. En este tema, señorías, me voy a
alargar un poco. (Rumores.) Dentro de cinco minutos acabo.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, van a gozar ustedes de
todo el tiempo necesario para discutir, pero vamos a hacer un pequeño
esfuerzo.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor Presidente, hago ese esfuerzo,
de verdad, y termino.

Me parece importante porque la palabra expolio va unida a intervención,
por tanto, de la Administración central. Y, ¿si hubiera un expolio?
Señorías, como ha dicho la Diputada socialista, y muy bien, se han
excavado miles de metros cuadrados --tenemos aquí cuántos-- y vamos a ver
cómo se ha hecho esto, porque me parece importante, por ejemplo, para
Diputados que no han podido seguir el problema al no ser de Madrid. La
palabra destrucción, la palabra expolio. De esto se empieza a hablar hace
mucho tiempo, pero en el año 1988, ya empieza a estar sobre el tapete
esta cuestión. Pues bien, desde entonces, todo son precauciones,
precauciones, precauciones y, desde el año 1994, se lleva a cabo en
Madrid la más importante excavación arqueológica que jamás ha tenido
lugar en Madrid, jamás; excavación arqueológica que se hace con todos los
requisitos científicos, con todas las protecciones, absolutamente con
todas, sin una sola discrepancia. Como se pone la palabra piqueta, lo que
normalmente es una excavación, que es una cosa deseable, se le llama aquí
piqueta. Se ha hecho el vaciado a mano, durante dos años han trabajado
más de 20 arqueólogos, historiadores del arte e historiadores. No ha
habido una sola discrepancia. Por cierto, quiero decir una cosa. En la
primera excavación que se hace en Madrid de esta índole salen más de
20.000 piezas importantísimas, gracias a Dios, con motivo de estas obras.

No se va a excavar debajo del Palacio Real pero sí debajo de la calle
Bailén.

Se nos dice, parece que por los grandes defensores del patrimonio
arqueológico, que nosotros somos los de la piqueta en lugar de los de la
excavación minuciosa y perfecta técnicamente y con una sola discrepancia
y ahora entramos en ella porque es la que usted explicó. Se hace una
recuperación preciosa. Y, ¿qué sucede en Madrid después de los años de
administración, concretamente, del señor Leguina? Pues que es la única
provincia de España que no tiene un museo arqueológico, y tiene tela,
tanta pasión por la arqueología y el instrumento básico, y un museo que
hay en todas las provincias españolas, en Madrid no lo hay. Un museo no
es sólo el lugar de exposición, es además el instrumento básico para la
investigación y el estudio.

En la recuperación de todas estas piezas, no hay la menor discrepancia.

Se hace un vaciado a mano, son años de recuperación de tesoros. Les daría
aquí las descripciones que hay en esos famosos informes que piden. No se
preocupen, que no se las doy. (Risas.)
Con todo eso se produce una discrepancia. ¿Qué es destrucción? Ha
empleado expresiones como piqueta implacable y desaparición para siempre.

No, traslado. La discusión es sobre un determinado muro, que en un
principio se cree que es de la muralla árabe, luego de la muralla
cristiana, y por último se ve que es de la Casa del Tesoro. ¿Que es un
tesoro la Casa del Tesoro? De acuerdo, claro que lo es, pero no se va a
destruir sino a trasladar. Aquí la piqueta implacable significa que, como
en cualquier yacimiento arqueológico, con mucho cuidado, las cosas se
siglan, se catalogan, se trasladan y se conservan. Eso es la piqueta
implacable. Cualquiera que oiga los términos dice: aquí ha entrado una
excavadora. No, han entrado unos señores a mano, a restaurar y catalogar,
y a no poder llevar a un museo porque en Madrid no existe. Esa es la
piqueta implacable y el expolio que justificaría, y ahora acabo de
verdad, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Bueno, toda paciencia tiene su premio.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Después de esto, insisto, hay una
discrepancia, y es sobre la conservación in situ. Se llama naturalmente a
un experto; el señor Mora Figueroa viene aquí en el mes de agosto, hace
esas termoluminiscencias, pruebas, dictamina que no es de una determinada
época, sino de otra y que, por tanto, puede ser trasladada. Porque la
atalaya, que ustedes



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conocen bien, se va a mantener in situ, como se mantendría la Muralla si
apareciera, porque el sentido geográfico es importante, no sólo el
arqueológico.

En este caso se va a trasladar. Esa es la discrepancia, y con esa
discrepancia (y aquí ya insisto en que me gustaría poder facilitar a cada
uno de los Diputados un dossier, porque de verdad es muy interesante y yo
lo daría resumido) se ha organizado esto, que por eso nos parece
importante decir: la piqueta, la destrucción, la especulación, la derecha
que no conserva.

¿Qué es lo que sucede aquí, señores? Hay una discrepancia urbanística,
perfectamente lógica. ¿No les gusta el proyecto? Nos parece completamente
legítimo, lógico, supongo que pasará en este y otros mil; éste es más
bonito el lugar, en otro sucedería lo mismo. ¿Hay una discrepancia
política? Nos parece perfectamente lógico. ¿Hay una necesidad de hacer
oposición y, por tanto, de cargar las tintas? Nos parece completamente
lógico.

Coger todo esto y llevar a los tribunales a dos funcionarios y una
codirectora del proyecto, y pedir para ellos las penas previstas --no
quiero mencionar la palabra cárcel porque espero que nunca hubiera
sido--, es de una gravedad que da como miedo. Es decir, contra tres
funcionarios se actúa y se va a los tribunales por una discrepancia
política, por una disconformidad urbanística y por una, y solventada,
discrepancia entre técnicos, por una excavación maravillosa y por una
salvación pieza a pieza y a mano de cada uno de los restos que han
aparecido. Todo esto es la piqueta, la no sé qué y la prevaricación y la
cárcel. ¿Pero señores, de qué estamos hablando? Mantengamos las cosas en
sus términos y podríamos incluso llegar a acuerdos.

Para terminar, quiero decir: uno, los documentos, aquí están; no viene a
cuento, tienen ustedes los formularios de solicitud de documentos, pero
les serían remitidos sin formularios y los tienen sus compañeros de la
Asamblea de Madrid. Dos, no tiene el Gobierno central competencias para
paralizar una obra, que es intervenir brutalmente en ella, cuando no se
ha producido nada contrario a Derecho, refrendado incluso en este caso
por dos tribunales.

Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que estamos montando? Yo no quiero
hacer juicios de valor, pero me parece que estamos entrando a utilizar
unos términos muy graves y que ya lo último, que es acudir a los
tribunales, me parece que es una cuestión que casi mete miedo.




El señor PRESIDENTE: Yo creo que estarán de acuerdo ambas partes en que
haya un turno de réplica y dúplica que sea equitativo, que es preferible
a que sea amplio y generoso. Hay que votar a la una y con esta mecánica
no vamos a poder. Yo creo que es suficiente con cinco minutos para cada
una.

Doña Clementina, tiene usted sus cinco minutos de réplica.




La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Me va a ser difícil en cinco minutos
poder contestar como me gustaría, pero voy a intentar por lo menos
sintetizar lo máximo posible.

La señora portavoz del Grupo Popular hace tres bloques con tres
cuestiones fundamentales: una primera en que dice que no es cierto que no
se haya actuado con transparencia por parte de las autoridades
competentes del Partido Popular, tanto del ayuntamiento, como comunidad y
ministerio; segunda, que no es competencia de la ministra; y tercera, que
no se ha producido destrucción o expoliación.

Voy a intentar, si se me permite, contestar a cada uno de los temas.

Respecto a la transparencia, yo lo siento pero no la ha habido. Este es
un debate en el que no solamente son las fuerzas políticas, tanto de
Izquierda Unida, como del Partido Socialista y los grupos Socialista e
Izquierda Unida en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, sino que
200 arqueólogos en un reciente congreso han denunciado que no se ha
actuado correctamente. Tan no se ha actuado correctamente y no ha habido
transparencia que eso ha motivado la dimisión, como usted bien sabe,
entre otros, del codirector de las excavaciones, señor Retuerce, quien
hace su informe el 2 de abril de 1996 y a continuación se retira porque
no está en absoluto de acuerdo en cómo se están poniendo las cosas y cómo
se está actuando.

No ha habido transparencia en el sentido de que Izquierda Unida solicitó
la comparecencia de la señora ministra y ustedes votaron en contra, con
lo que se sentó además un precedente. Por primera vez en la historia de
esta Comisión de Educación y Cultura no asiste una persona competente a
la misma para explicar las razones.

Si ustedes quieren transparencia, por favor, que venga aquí la
responsable máxima del Ministerio de Cultura que, perdónenme, y éste es
otro punto del debate, sí tiene todas las competencias en este tema,
según establece la Ley de Patrimonio Histórico Español, que en su
artículo 4.º dice claramente que se entiende por expoliación (y se lo voy
a aclarar a usted porque dice que es fuerte que yo diga expoliación) toda
acción u omisión que ponga en peligro la pérdida o destrucción de todos o
alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico
español.

Dice que, en tales casos, la Administración del Estado (yo supongo que
usted cree que la Ministra de Cultura es Administración del Estado), con
independencia de las competencias que correspondan a las comunidades
autónomas, tiene la obligación de conservar esos bienes de interés
cultural, esos bienes que están protegidos por el patrimonio, entre otros
la Muralla de Madrid, que desde el año 1954 es patrimonio nacional. Sí es
competencia de la señora ministra, y estamos aquí entrando en el otro
asunto que usted planteaba.

Dice que no ha habido destrucción y que yo he usado la piqueta
demoledora. Si me permite, creo que es casi un eufemismo hablar de
piqueta en este caso, porque según nos enseñaban las fotografías de la
prensa de esos días, lo que se estaban utilizando en ese momento eran
martillos neumáticos, que es bastante más fuerte que excavar con cuidado.

Se excavó con cuidado pero se destruyó con martillos neumáticos. Se ha
destruido y aquí le tengo que hacer una aclaración importante, porque
usted está confundiendo dos restos encontrados: uno es doce metros que
todos los expertos, incluido el informe del señor Mora, dicen que



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son cimentación de un resto de muralla defensiva; todos los textos
históricos dicen que la muralla defensiva corría cerca de la Puerta del
Príncipe, atravesando parte de la calle Bailén. Eso es lo que el martillo
neumático destruyó, y eso no se ha llevado a ninguna parte, entre otras
cosas porque los restos de cimentación no tienen mayor valor, son algo
así como el Muro de Berlín, que lo podemos conservar, si queremos, en
pequeñas piececitas para los turistas, pero que no se puede conservar en
ningún lugar. Eso es destrucción, señora portavoz del Grupo Popular.

Igual es destrucción --y esto es lo que usted confunde-- el resto de esa
cimentación de muralla con parte de la fachada occidental de la Casa del
Tesoro. La Casa del Tesoro fue un conjunto palaciego excepcional, lo
dicen todos los expertos. No sé si usted sabrá que entre otras en sus
dependencias se pintaron «Las hilanderas»; es un resto muy importante.

Estaba tan bien conservado que aparecen enteras las ventanas y las
jambas. En su informe Retuerce --que a continuación dimite-- dice que es
perfectamente compatible la conservación de la fachada de la Casa del
Tesoro con el proyecto de la plaza de Oriente. No estamos hablando de un
sitio más de Madrid, señora portavoz del PP, estamos hablando del corazón
de Madrid. ¿Se imagina usted una actuación semejante cerca del Louvre, en
París, y que hubieran entrado las piquetas con los informes de todos los
expertos en contra?
Lo lamento, pero creo que es insensibilidad, es un atentado --me van a
permitir que lo diga-- al patrimonio histórico de todos los españoles
porque se podría haber conservado; se podría haber compatibilizado el
proyecto y la remodelación de la plaza de Oriente con la conservación de
los restos más importantes.

No sé si usted también sabrá que en su informe la señora Andreu y el
señor Retuerce están en contradicción sobre qué restos tienen que
conservarse, porque mientras la señora Andreu dice que debe conservarse
la cimentación de lo que considera muralla, el señor Retuerce dice que
debe conservarse la fachada occidental de la Casa del Tesoro; son dos
cosas distintas que usted une. Uno dice que debe salvarse una cosa y otro
habla de conservar otra. Y ¿sabe usted cuál es la decisión final de ese
jefe de servicio? Acabar con las dos: con la fachada occidental de la
Casa del Tesoro y con el resto de lienzo de muralla.

Esto es lamentable. Teniendo en cuenta, además, que el resto de lienzo de
muralla, si lo es, que además todos los estudios de termoluminiscencia lo
situaron en el siglo X, es resto defensivo, que al final termine
desapareciendo es realmente grave. Estamos en una situación creo que
excepcionalmente grave y lo que aquí ha habido en el mejor de los casos
ha sido omisión en un asunto que no es un tema más, no es que
desaparezcan unas piedras más, sino que desaparece un vestigio
fundamental según dice todo el colegio de expertos. Quisiera que ustedes
no traigan solamente unos cuantos informes selectivos; me gustaría que
trajeran todos los informes. Formalmente, señor Presidente, pido a la
Mesa que esta Comisión pueda conocer todos los informes disponibles para
que evaluemos todos, incluidos también los informes de los dos directores
de la excavación de la plaza de Oriente, de los cuatro expertos de
patrimonio y, por supuesto, también los restantes informes para que esta
Comisión tenga conocimiento de causa en un tema que es excepcionalmente
importante.

Si le parece muy interesante este tema, a mí también. Soy doctora en
historia del arte y le puedo asegurar que cuando se producen casos como
éste no hago sino lamentar, en nombre de todos los españoles, que ocurra.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo
Popular, por cinco minutos.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Creo que sin ser historiadores del
arte todos tenemos la voluntad de conservar, de sacar a la luz y
mantener, esto no es patrimonio de los historiadores del arte, sino de
muchos más ciudadanos.

Que el Palacio de Oriente es una de las joyas nacionales, al lado de las
cuales Versalles y Buckingham parecen dos mansiones rurales, es evidente
y desde luego creo que sobra el énfasis, porque parece que es una cosa
que sólo el Partido Socialista aprecia.

Hay discrepancias y se refiere a todo el colegio. Los informes están a
disposición de todos, que se estudien y que se llegue a la conclusión a
que cada uno quiera llegar. Desde luego el ministerio los conoce, lo
sigue, lo vigila.

Se dice que se ha actuado conforme a derecho. ¿Que hay discrepancias
científicas? Supongo que a miles, cien arqueólogos pensarán cien cosas y
diez mil diez mil cosas. Me parece que eso es irrelevante.

Que la Casa del Tesoro es un tesoro... (La señora Díez de Baldeón García:
Era un tesoro.) Sigue siendo porque los sillares se trasladan, las jambas
de las puertas de granito que están muy bien lavadas se trasladan.

Por cierto, me molesta decir esta cosa porque me molesta repetir debates,
pero como bien se ha dicho, el primero que arrampa con la Casa del
Tesoro, que es un tesoro, es Sabatini, porque tiene que hacer una
ampliación en la calle Bailén. Quedan unos muros y se trasladan estos
muros. Entonces quedará muchísimo más, es una casa preciosa que por lo
visto Felipe II dice que se haga para que no huela todo el Alcázar a
freiduría. Por lo visto allí sucedía lo que en las casas pequeñas, que
todo huele a cocina. Es un tesoro y se traslada esa pieza de muro.

En cuanto a la destrucción, no me parece que sea el momento de discutir
entre dos arqueólogos; desde luego yo no lo soy. Sí vuelvo a citar la
sentencia de la Sala Tercera de la Audiencia --no un juzgado de
instrucción-- que además de desestimar íntegramente y con transparencia
total de todos los documentos, incluidas las sentencias --que están a su
disposición--, dice textualmente: ni la inobservancia del deber de
cuidado y previsión exigibles para evitar un daño --está hablando de más
cosas pero concluye que no se ha producido-- máxime cuando éste como
resultado tampoco está acreditado. ¿Más?



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
en este tema? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la señora Solsona
tiene la palabra. Pido brevedad.




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La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor Presidente, hemos escuchado con mucha
atención esta discusión parlamentaria; no queríamos entrar en ella, pero
sí matizar dos conceptos.

Primero, que la salvaguarda de los restos arqueológicos de la plaza de
Oriente es competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y de su
ayuntamiento. Nos parece evidente que nadie tendrá más interés que ellos
en respetar y defender su patrimonio histórico-artístico.

En segundo lugar, no entraremos en la discusión arqueológico-técnica,
pero como SS. SS. saben nuestro grupo se distingue por defender
constantemente las competencias autonómicas, en este caso de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Es este organismo quien debe respetar la legislación
vigente y su pasado histórico, y si no lo hiciera es a él a quien deben
pedírsele responsabilidades.

No tenemos nada más que decir.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanés, por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




La señora SABANES NADAL: Voy a intervenir en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para
fijar nuestra posición respecto a la proposición no de ley planteada por
el Grupo Socialista.

Por otro lado, es de sobra conocida nuestra opinión respecto a lo que
nosotros consideramos como una agresión al patrimonio histórico de la
ciudad de Madrid. Nuestro grupo solicitó en su momento la comparecencia
de la señora Ministra para recabar el punto de vista del Ministerio de
Educación y Cultura y para esclarecer en lo posible este punto
contradictorio y controvertido. Señora Salmones, déjeme matizarle que
después del dilatado y enorme expediente técnico y también de opinión
deberíamos llegar a la conclusión, por lo menos, de que es controvertido;
que es un tema controvertido me parece una opinión general.

No creo que hoy podamos resolver aquí en su conjunto toda la controversia
que ha levantado ese tema y nos parece que precisamente la virtualidad de
la proposición no de ley es facilitar a esta Comisión información,
transparencia, prevención y prudencia en el tema de la plaza de Oriente.

Déjeme decirle que nosotros también consideramos en todo momento cierto
agravio a la ciudad de Madrid evadir, complicar y dilatar a la hora de
tratar este tema con toda transparencia y rigor que los acontecimientos
requerían y requieren en el seno de esta Comisión del Parlamento.

Como Diputada por Madrid que vive en esta ciudad, y a la que considero
como otra ciudad cualquiera, con independencia de que en ella concurran
la condición de capital y sede el Gobierno, creo que me corresponde
decirles una obviedad: estoy absolutamente convencida de que lo que
desean y esperan los ciudadanos y ciudadanas de Madrid de este Parlamento
es el mismo grado de sensibilidad que el resto de las ciudades en el
tratamiento de los temas que les afectan. Aquí se han tratado con toda
sensibilidad los problemas de Santiago, Elche, Almería, Barcelona,
Valencia, etcétera; es un argumento perverso alegar techo competencial
para evitar el tratamiento en profundidad de un problema; es la
utilización contraria de lo que significa el techo competencial y lo
contrario de lo que todos deseamos en esta Comisión. Los ciudadanos y las
ciudadanas de Madrid precisamente desean que ese tema se aclare, que se
actúe con transparencia y se trate en todos los lugares donde existan
competencias. A nosotros, en este momento, nos parece que éste es el eje
del debate: el tratamiento que debemos y podemos dar desde esta Comisión.

Desde luego, apelo a la sensibilidad de todos los grupos, la misma que ha
tenido nuestro grupo cuando aquí se han formulado muchas iniciativas que
correspondían a otras ciudades y a otras comunidades.

Me parece importante reconocer que, por más que queramos insistir en
circunscribir este tema y lo sucedido en relación con la plaza de Oriente
al ámbito exclusivo de la Comunidad de Madrid o del ayuntamiento, existen
suficientes elementos legales y competenciales por parte del Ministerio
de Educación y Cultura para que se considere procedente y, además, de
interés el tratamiento en esta Comisión y en el Congreso, con el fin de
aportar el máximo conocimiento de todo lo que ha acontecido en la plaza
de Oriente desde 1988.

No me voy a extender en los contenidos de la ley, a lo que todo el mundo
ha hecho referencia aquí. Creo que la portavoz del PSOE ha explicado
exhaustivamente en todo lo que se apoya la posibilidad de intervención
del Estado en este tema y, como digo, no me voy a extender en esto, pero
sí quiero aclarar y completar la información en relación con una pregunta
de este grupo parlamentario en la anterior legislatura al Ministerio de
Educación y Cultura. Entonces, se dijo textualmente que las competencias
del departamento de Educación y Cultura dimanan de la existencia en ese
conjunto monumental, integrado además de por la plaza y sus jardines por
el Palacio de Oriente y el Teatro Real, y que la competencia le
corresponde por el artículo 6.o b) de la Ley del Patrimonio Histórico
Español. En ese sentido --se decía--, la existencia de estos monumentos
hace competente al Ministerio de Educación y Cultura y, por tanto, antes
de iniciar el proyecto será necesario recabar la información y aprobación
del proyecto por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Si eso es
importante para el inicio del proyecto, es más importante todavía cuando
se trata de la conservación de restos arqueológicos aparecidos en el
transcurso de las obras y que son decisivos para la conservación de la
historia de nuestra ciudad.

Nosotros pensamos --ya lo dijimos en su momento-- que, con independencia
de lo que queramos decir, de lo que queramos alegar y hablar de
competencias, no se quiere entrar en el problema. La ley no deja margen
para obviar la información y la transparencia en esta Comisión y en este
Congreso. Por tanto, adhiriéndose a la proposición no de ley, nuestro
grupo ha requerido y requiere en este momento toda la información, toda
la transparencia y toda la posible valoración por parte de esta Comisión
y de este Congreso de todas las actuaciones. A los ciudadanos de Madrid,
que amablemente acoge a todos, no les debería quedar ninguna duda del
apoyo que este Congreso y esta



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Comisión les van a prestar en un tema que realmente les afecta. Además,
apelo a los compromisos de transparencia adquiridos por el Partido
Popular, compromisos que siempre ha reiterado que son elemento clave de
su actitud y de su talante. Nos gustaría que esos compromisos se
concretaran en facilitar --simplemente facilitar-- a esta Comisión y a
este Congreso todo lo necesario para poder valorar este asunto y nosotros
creemos que eso está perfectamente recogido en la proposición no de ley
presentada por el Partido Socialista y, en este sentido, manifestamos
nuestra opinión totalmente favorable.




El señor PRESIDENTE: Ha culminado el debate de las proposiciones y, en
consecuencia, reposen SS. SS. hasta la una menos cinco --daremos tiempo a
que lleguen el resto de comisionados-- en que comenzaremos las
votaciones.

Muchas gracias.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión, señoras y señores Diputados.

Habiendo tomado nota de las sustituciones, empezamos las votaciones.

Votación de la proposición no de ley sobre declaración de la ciudad de
Almería como sede de los Juegos del Mediterráneo del año 2005, del Grupo
Parlamentario Popular del Congreso.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de
medidas de fomento y protección de los deportistas de alto nivel, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
en la forma en que ha quedado consensuada en virtud de las enmiendas
presentadas y admitidas por parte proponente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley sobre medidas para el acceso de las personas
afectadas por minusvalías o impedimentos de carácter físico a las
enseñanzas de educación física universitarias, también en la forma en que
ha quedado como resultado del debate en virtud de las enmiendas
presentadas, tanto in voce como formalmente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley sobre promoción y recuperación del festival de cine
de autor de Benalmádena, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 20; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.

Proposición no de ley sobre el mantenimiento en las Administraciones
públicas de los monumentos histórico-artísticos desafectados por Defensa,
del Grupo Parlamentario Mixto, en la forma en que ha quedado como
resultado del debate y asunción de las diferentes enmiendas.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley sobre la salvaguarda de los restos arqueológicos
descubiertos en las obras de remodelación de la Plaza de Oriente de
Madrid, del Grupo Socialista del Congreso. (La señora Sabanés Nadal pide
la palabra.) Señora Sabanés.




La señora SABANES NADAL: Solicito votación separada de los dos puntos que
componen la proposición: el primero hace referencia a la información y el
segundo a la paralización.




El señor PRESIDENTE: Así procederemos.

Votamos el primer punto de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 16; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a votar el segundo punto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 16; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Pido la palabra para explicación de voto.




El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, tiene la palabra por un
minuto, señor Guerra Zunzunegui, porque explicación de voto en una
proposición no de ley en la que han intervenido todos los grupos y han
manifestado su posición..., pero no importa.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, al haberse votado dos
apartados, uno de los cuales pedía información, queremos dejar bien
claro, y lo ha indicado la señora portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en su exposición, que la información está a disposición de las
señoras y señores Diputados, porque no tienen más que



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rellenar el impreso correspondiente. (La señora Gil i Miró: Ya lo ha
dicho.) Sí, pero como se han oído en la sala algunas cosas improcedentes,
quiero que conste en el «Diario de Sesiones».




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer explicación de voto el señor Romero?
(Asentimiento.) Explique su voto, señor Romero.




El señor ROMERO GONZALEZ: Explicamos nuestro voto y manifestamos sorpresa
por haber hecho difícil que nuestro grupo parlamentario y otros grupos de
esta Comisión obtengan información de manera ordinaria. En consecuencia,
reiteraremos por escrito hoy mismo, a la vista de que tiene que ser por
escrito (Rumores.), la petición de información de todos los dictámenes
que deben obrar en manos de nuestro grupo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para su explicación de voto la
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señora Sabanés.




La señora SABANES NADAL: Quiero lamentar que nuestro discurso sobre los
deseos de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid no haya tenido ningún eco
en los grupos parlamentarios. Entendíamos que había mucha diferencia
entre la petición de información y el segundo punto de la proposición no
de ley para que los grupos pudieran actuar en consecuencia.




El señor PRESIDENTE: Señora Gil i Miró, tiene usted el mismo derecho que
todos los demás a utilizar un turno de desahogo revestido de explicación
de voto. (Risas.)



La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, aunque no sea ciudadana de Madrid.

Sólo es para decir que, si nuestro grupo quiere información, y la quiere,
la solicitará mediante una petición y no consideramos que se deba hacer
una proposición no de ley para pedir información.




El señor PRESIDENTE: Sabe usted que cada uno se administra las
iniciativas como buenamente quiere.

Antes de que se muevan, ésta es la última reunión de este período de
sesiones y no creo que sea excesivo que, por parte de la Mesa, les
deseemos unas felices fiestas y les agradezcamos su colaboración en este
período. Esperamos contar con ustedes y con el mismo ímpetu en el
siguiente.

Muchas gracias a los servicios de la Cámara, a nuestros queridos
taquígrafos y estenotipistas, y a los medios de comunicación.

Se levanta la sesión.




Era la una y diez minutos de la tarde.