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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 124, de 12/12/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 124
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 14
celebrada el jueves, 12 de diciembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Razones que han movido al Gobierno español a rechazar la petición de
extradición tramitada por el Gobierno belga en relación con el ciudadano
de esa nacionalidad Georges Callewaert. De don Ricardo Peralta Ortega,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 181/000110) (Página 3389)
--Causas por las que los documentos remitidos por correo certificado el
día 24-9-96, desde Suiza, por el Ministerio de Justicia y la Policía de
aquel país no han sido recepcionadas. De don Carlos Sanjuán de la Rocha,
del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000218) (Página 3390)
--Medidas acerca de la expatriación de los inmigrantes expulsados el mes
de junio de 1996 a su verdadero lugar de origen. Del mismo señor
Diputado. (Número de expediente 181/000160) (Página 3393)
--Coste presupuestario y partida con cargo a la que se abonaron los
gastos de traslado de los 103 inmigrantes de Melilla. Del mismo señor
Diputado. (Número de expediente 181/000180) (Página 3393)
--Explicación de la noticia de que uno de los inmigrantes expulsados de
España a finales del mes de junio de 1996 ha muerto y otro ha resultado
gravemente herido durante su estancia en Guinea Bissau. De Don Willy
Enrique Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 181/000171) (Página 3393)
--Actuaciones para interesarse por la situación de los 103 inmigrantes
expulsados de España a finales del mes de junio de 1996. Del mismo señor
Diputado. (Número de expediente 181/000172) (Página 3393)
--Datos en que se basa el Director General de la Policía cuando
manifiesta que los índices de criminalidad han aumentado en los primeros
meses del año 1996 como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo
Código Penal. De don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Socialista.
(Número de expediente 181/000163) (Página 3398)
--Instrucciones a los Gobernadores Civiles sobre las prórrogas de las
comisiones de servicios de los funcionarios civiles del Estado. De don
Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 181/000167) (Página 3398)
--Previsiones acerca del aumento del límite de velocidad en autopista de
120 a 140 Km/h. De doña María Jesús Aramburu del Río, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 181/000184) (Página 3399)
--Desalojo de la vivienda que ocupaba un agente de la Guardia Civil en el
barrio de Loreto (Cádiz), con empleo de la fuerza. De doña María Cristina
Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 181/000188) (Página 3400)
--Medidas para mejorar las instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma Valenciana. Del señor
Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 181/000191) (Página 3402)
--Medidas para incrementar las dotaciones de personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la Comunidad Autónoma
Valenciana. Del mismo señor Diputado. (Número de expediente 181/000192)
(Página 3402)
--Explicación de los incidentes del día 23 de agosto de 1996 en Garrucha
(Almería). De don José Antonio Amate Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 181/000211) (Página 3405)
--Plan puesto en marcha por el Ministerio del Interior duplicando los
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.
De la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 181/000220) (Página 3407)
--Establecimiento de tasas para el pago por los ciudadanos de servicios
propios de la seguridad pública. Del señor Villarrubia Mediavilla, del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 181/000222) (Página 3409)
--Política del Gobierno sobre el mantenimiento o cierre de cuarteles de
la Guardia Civil. Del mismo señor Diputado. (Número de expediente
181/000223) (Página 3410)
--Declaración de zona de actuación especial de los municipios de las
comarcas de La Safor y La Ribera, en la provincia de Valencia. De don
Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
181/000225) (Página 3412)
--Medidas para paliar los daños producidos en las comarcas de La Ribera y
La Safor, en la provincia de Valencia. Del mismo señor Diputado. (Número
de expediente 181/000226) (Página 3412)
--Medidas en relación con la actuación de los miembros de la Guardia
Civil que esposaron y detuvieron al alcalde de Favara (Valencia) el día
9-11-96. De don Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 181/000245) (Página 3414)
--Actuaciones en relación con la situación de los 31 marineros mauritanos
abandonados por su armador que se encuentran actualmente en sus barcos en
el puerto de Vigo (Pontevedra). Del mismo señor Diputado. (Número de
expediente 181/000246) (Página 3415)
Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--RAZONES QUE HAN MOVIDO AL GOBIERNO ESPAÑOL A RECHAZAR LA PETICION DE
EXTRADICION TRAMITADA POR EL GOBIERNO BELGA EN RELACION CON EL CIUDADANO
DE ESA NACIONALIDAD GEORGES CALLEWAERT. DE DON RICARDO PERALTA ORTEGA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 181/000110.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.
En primer lugar quiero indicar a SS. SS. que, tras un cambio de
impresiones que hemos tenido los miembros de la mesa con los portavoces
de los grupos, los temas que teníamos pendientes, en el supuesto de que
hoy concluyéramos la sesión de preguntas, y que estaba previsto que
tuvieran lugar el jueves día 19 en sesión de tarde, que eran
comparecencias del Director General de Objeción de Conciencia, del
Secretario de Estado de Seguridad, del Secretario General de
Instituciones Penitenciarias y del Director General de la Guardia Civil,
pasarían a ser consideradas en la primera sesión que tuviéramos en el mes
de febrero, en el próximo período de sesiones.
Por tanto, si hoy culmináramos el orden del día, que está dedicado única
y exclusivamente a preguntas, no tendríamos sesión el día 19, excepción
hecha de si surgiera alguna otra cuestión.
Si hoy no termináramos el orden del día dedicado a preguntas, tendríamos
una sesión para terminarlo el día 19 por la tarde. Pero en principio las
comparecencias a las que he aludido quedarían pospuestas a la sesión a
celebrar en el mes de febrero, en la primera sesión que se determine.
Comenzamos la sesión con la pregunta del señor Peralta Ortega, sobre
razones que han movido al Gobierno español a rechazar la petición de
extradición tramitada por el Gobierno belga en relación con el ciudadano
de esa nacionalidad George Callewaert.
Señor Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, el Gobierno belga solicitó a nuestro
país la extradición del ciudadano de dicha nacionalidad, señor
Callewaert.
La base del fundamento de dicha extradición era la acusación que recaía
sobre dicho ciudadano belga de haber asesinado a tiros a un informador de
la policía de aquel país.
La solicitud que formuló el Gobierno belga recibió un auto judicial
favorable por parte de un Juzgado de nuestro país y, posteriormente, el
Gobierno de nuestro país decide rechazar esa petición con la consiguiente
puesta en libertad de dicho ciudadano.
Según los datos que tenemos, esta decisión causó malestar en las
autoridades belgas, y la propia embajada de dicho país solicitó
explicaciones.
Nosotros desearíamos también conocer exactamente cuáles fueron las
razones por las que el Gobierno de nuestro país decidió denegar la
petición de extradición formulada por el Gobierno belga, un Gobierno
miembro de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Contesta el señor Secretario de Estado de Justicia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Señorías,
sean mis primeras palabras para expresar mi satisfacción y el alto honor
que me produce comparecer por primera vez en esta Comisión de Justicia e
Interior del Congreso de los Diputados.
Voy a proceder a contestar la pregunta de que hemos sido objeto.
En el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 1996, en el que
se decide la no entrega a las autoridades de Bélgica de dicho ciudadano,
se expresa concretamente: Esta propuesta se fundamenta en la habilitación
a la Ministra de Justicia para que los actos de asistencia y cooperación
jurídica internacional con el Reino de Bélgica se realicen con sujeción
estricta al principio de reciprocidad y en la asunción por el Gobierno
del ejercicio directo de la competencia atribuida por los artículos 6 y
18 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva.
El acuerdo, por tanto, constituye un acto concreto de aplicación de los
acuerdos generales de los Consejos de Ministros de 9 de febrero y 31 de
mayo de 1996, publicados respectivamente en los Boletines Oficiales del
Estado de 10 de febrero 1 de junio del mismo año.
Los antecedentes, por hacer un poco de historia, son los siguientes:
En primer lugar, el 10 de mayo de 1993 se recibió documentación del
Juzgado Central de Instrucción número 2 pidiendo a Bélgica la extradición
de don Luis Moreno Ramajo y de Raquel García Arranz, por los delitos de
pertenencia a la banda armada ETA.
El Consejo de Ministros, en su reunión del 25 de junio de 1993, acordó la
continuación del procedimiento, formulándose la petición de extradición.
Tras varias vicisitudes, una resolución del Consejo de Estado belga, de 5
de febrero de 1996, decretó la suspensión de la extradición de los
citados, provocando el conflicto hispano-belga ya conocido en estos
temas, y los acuerdos del Consejo de Ministros citados de 9 de febrero de
1996 y 31 de mayo de 1996.
Las autoridades judiciales belgas expidieron orden internacional de
detención del mencionado ciudadano belga el 10 de julio de 1996.
El reclamado efectivamente es acusado de asesinar el 3 de mayo de 1996 a
una persona en una localidad belga por un ajuste de cuentas.
El 17 de julio de 1996 el Juzgado Central de Instrucción número 2 acordó
acceder a la extradición simplificada.
El acuerdo del Consejo de Ministros ya mencionado de 2 de agosto de 1996
decidió la no entrega, por las razones ya indicadas, en sujeción al
estricto principio de reciprocidad.
Hay que advertir que en estos momentos, y como consecuencia de la actitud
favorable de Bélgica a las propuestas españolas integradas en el Tratado
de Extradición de la Unión Europea y a la firma del mismo, se han
normalizado rápidamente esas relaciones con dicho país en los temas de
referencia, lo que se advierte en que en los dos últimos Consejos de
Ministros se ha acordado la entrega de dos reclamados por Bélgica, a cuya
extradición simplificada se había accedido y cuyas entregas habían sido
aplazadas anteriormente. También se ha acordado en otros tres casos la
continuación del procedimiento de extradición en vía judicial. Me refiero
a procedimientos normales, no simplificados. En este caso, al igual que
en los de Moreno Ramajo y García Arranz por parte belga, habrá que
esperar a la ratificación por ambos países del mencionado convenio de la
Unión Europea.
Además, esas relaciones se han normalizado, sin perjuicio de lo dicho
anteriormente, con motivo de una visita, en septiembre, del Ministro
belga de Justicia al Ministerio de Justicia español, donde hubo una
reunión entre los dos equipos de Justicia y se acordó normalizar esas
relaciones, sobre todo, con la entrada en vigor, en su momento, del
Convenio de extradición europea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor secretario de Estado, por su
respuesta.
Ha hecho usted referencia a antecedentes. Yo creo que es bueno que, por
nuestra parte, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, le manifestemos el pleno respaldo de nuestro grupo a la
posición que mantuvo el Gobierno español reclamando la extradición de
presuntos terroristas de ETA que se encontraban en Bélgica, y no sólo
respecto a la reclamación de la extradición sino respecto a las
actuaciones posteriores, para intentar conseguir que las autoridades, no
sólo del Gobierno belga sino del conjunto de autoridades estatales
belgas, modificaran su posición en relación con este tema. Por tanto,
debe quedar clara nuestra posición en relación con este tema.
Lo que nosotros no vemos correcto, señor Secretario de Estado, es que el
planteamiento de un problema jurídico, como el que había en el caso del
Reino de Bélgica, acerca de si una supuesta motivación política podía
excluir la aplicación del Tratado de extradición, dé lugar a que nuestro
país, sin ningún fundamento jurídico porque estamos en presencia de un
delito común, claramente común, adopte la posición de no extraditar a un
ciudadano. Es decir, que a una actuación incorrecta se conteste con otra
actuación incorrecta. Si hay dos delincuentes libres en Bélgica, que haya
un delincuente libre en España.
Dice usted que ha cambiado la posición del Gobierno belga y que se han
normalizado las relaciones. ¿Quiere decir que este supuesto asesino está
a disposición de la justicia en Bélgica o en España o no sabemos dónde
está el señor Callewaert, a quien se acusa de haber matado a una persona
a tiros?
No sé si es normal o forma parte de la normalidad que no sepamos dónde
está esta persona. Qué duda cabe de que celebramos que el Gobierno belga
haya cambiado su posición en relación con el supuesto móvil político de
los terroristas de ETA, porque su actitud anterior nos parecía
inaceptable. En este sentido, las gestiones llevadas a cabo por el
Gobierno, con el respaldo de todo el Parlamento, a las que usted ha hecho
referencia, son objeto de felicitación por nuestra parte. Sin embargo, le
terminaría preguntando, señor Secretario de Estado, dónde se encuentra
hoy el señor Callewaert, si se halla a disposición de la Policía o, en su
caso, a disposición de las autoridades judiciales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Quisiera
contestarle en dos aspectos.
En primer lugar, respecto a la posición del Gobierno español, hizo uso de
una facultad que tiene atribuida claramente por la Ley de Extradición
Pasiva. De acuerdo con la Ley de Extradición Pasiva, la última palabra en
el tema de extradiciones la tiene el Gobierno y no un órgano
jurisdiccional porque en este tipo de relaciones internacionales no sólo
hay un componente puramente jurídico, sino que diríamos que puede haber
un componente jurídico-político. Esa es la razón de que el Gobierno tenga
la última palabra y de que se aplicara, creo que bien aplicado en este
caso, el principio de reciprocidad, recogido también en esa Ley y en
todas las leyes internacionales en ese tipo de relaciones.
Yo diría más, esa postura de firmeza del Gobierno español en un
determinado momento, curiosamente, fue la que propició el acercamiento
posterior con el Gobierno de Bélgica y la visita del Gobierno belga aquí.
Yo he vivido esa reunión directa y personalmente y por eso digo lo que
estoy diciendo.
En segundo lugar, respecto al paradero del ciudadano belga en cuestión,
ahora mismo no le puedo contestar con fijeza porque, después de haber
denegado una extradición, no somos responsables, pero sí le puedo decir
que tengo noticias de que está detenido en Bélgica.
--CAUSAS POR LAS QUE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS POR CORREO CERTIFICADO EL
DIA 24-9-96, DESDE SUIZA, POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA POLICIA DE
AQUEL PAIS NO HAN SIDO RECEPCIONADOS. DE DON CARLOS SANJUAN DE LA ROCHA,
DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000218.)
El señor PRESIDENTE: El punto segundo se refiere a la pregunta formulada
por don Carlos Sanjuán de la Rocha. Pregunta por las causas por las que
los documentos remitidos por correo certificado el día 24 de septiembre
de 1996 desde Suiza, por el Ministerio de Justicia y la policía de aquel
país, no han sido recepcionados.
Señor Sanjuán.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Presidente, señor Secretario de
Estado, en primer lugar, lamentamos que no sea la señora Ministra de
Justicia la que comparezca ante la Comisión, agradeciendo su presencia,
obviamente. Sólo hemos tenido el gusto de ver a la señora Ministra en
esta Comisión con ocasión de su primera comparecencia para explicarnos
las líneas generales de este departamento y bueno sería que se
acostumbrara a venir con alguna frecuencia --mucho no estamos
preguntando-- por la Comisión de Justicia e Interior.
La pregunta hace referencia a las causas por las que los documentos, que
el señor Secretario de Estado conocerá perfectamente, que fueron
remitidos por correo certificado el día 24 de septiembre de 1996 desde
Suiza por el Ministerio de Justicia y la policía de ese país, no fueron
recepcionados, de manera sorprendente, según se dijo en una nota que
publicó el Ministerio de Justicia, hasta el mismo día 14 de octubre.
Lo curioso es que el día 14 de octubre de 1996 era la fecha en que se
tenía que ver la apelación en la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia
Nacional para decidir si se inculpaba o no, a instancias de la acusación
privada, sobre Banesto en este caso, a personas sobradamente conocidas,
entre otras, el letrado señor Gómez de Liaño y el señor Sitges.
Curiosamente, y sorprendentemente según el Ministerio de Justicia, esta
comisión rogatoria, que era fundamental y clave para saber si se
inculpaba o no a estas personas, no fue recibida sino el mismo día en que
se tenía que ver la apelación. No quiero hacer demasiadas insinuaciones,
pero no hay que ser demasiado malicioso para pensar que la Sala tenía que
decidir sobre esta cuestión y que justamente estos documentos eran
claves, y que aunque, por otro lado, eran conocidos a efectos de opinión
pública, todos sabemos que, en el mundo del Derecho se suele decir que lo
que no está en los autos no está en el mundo. Sin embargo, aun cuando
estaba muy claramente en el mundo, porque todos conocíamos, a través de
la información de los medios de comunicación, lo que nos había dicho el
señor Gallone de la participación del señor Gómez de Liaño y del señor
Sitges en toda la trama Conde en el caso Banesto, esos datos no eran
conocidos en la Audiencia Nacional, diríamos que desde la perspectiva
jurídica, necesaria para producir sus efectos.
Afortunadamente, los jueces fueron receptivos, la Audiencia Nacional fue
receptiva a lo que podían ser los sentimientos generales de los
ciudadanos y aplazaron la resolución sobre el asunto, desde el
conocimiento general que tenían y desde una carta que se aportó. Sin
embargo, a mí también me extraña que el Ministerio Fiscal opinara que se
tenía que decidir en ese momento y que también lo hicieran el Abogado del
Estado y el Fondo de Garantía de Depósitos. Curiosamente, tres
instituciones que, con toda claridad, pueden recibir insinuaciones o
instrucciones respecto a las posiciones a mantener en ese concreto
proceso.
Tengo una gran curiosidad por conocer cómo unos documentos que se envían
el día 24 de septiembre pueden tardar tantísimos días en llegar a España
y llegan, justa y sorprendentemente, después de que todo el mundo se haga
eco de qué pasa con estos documentos, el mismo día en que el tema se ha
visto en la Audiencia, cuando ya no hay pie ninguno para que la Audiencia
pueda analizar esos documentos recepcionados, no traducidos, no remitidos
a la propia Audiencia para que tuvieran constancia en el mundo de los
autos.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado de Justicia tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): En primer
lugar, quería decir también que nada más lejos de la intención, ya que
hace la sugerencia, del Ministerio de Justicia de, en base a determinadas
fechas o al correo o a cualquier otra circunstancia, retrasar la entrega
de ningún documento ni en ese caso ni en el caso de Banesto ni en ningún
otro. Pero dicho eso, yo creo que es bueno que hagamos algunas
puntualizaciones sobre determinadas cuestiones por la imprecisión también
con que se formulan.
El registro general del ministerio tiene aproximadamente 1.000 entradas
diarias, de las que unas cien corresponden a comisiones rogatorias; cien
que en algunos momentos y en algunos días se elevan a trescientas. Pocos
datos se nos proporcionan a nosotros para la identificación de la
documentación que, según se dice, se remite desde Suiza el 24 de
septiembre. No obstante, yo supongo que se trata de las contestaciones a
unas comisiones rogatorias penales del Juzgado Central de Instrucción
número 3, fechadas en Berna el 25 de septiembre de 1996, no el 24 como se
dice en la pregunta, remitidas por el departamento federal de Justicia y
Policía suizos y que fueron objeto de atención por algunos medios de
comunicación social. Desde luego, lo que sí podemos afirmar es que las
unidades de este ministerio que intervinieron en su tramitación, el
registro general y la sección de auxilio judicial, realizaron su cometido
dentro de la normalidad, tanto el primero --clasificación del conjunto de
la comunicación recibida cada día y reparto entre las distintas unidades
del Ministerio, algunas ubicadas en distintos edificios-- como la segunda
--estudio de la documentación, calificación conforme al convenio
internacional aplicable en el caso concreto, incorporación de datos a la
base informática correspondiente y emisión de los documentos de
remisión--, respetando el orden de entrada y bien dentro de un tiempo
razonable.
Por tanto, cabe atribuir al correo internacional la mayor parte de las
fechas transcurridas, salvo que existiera un salto entre la fecha de la
documentación, que es la de 25 de septiembre --después lo veremos--, y la
fecha de entrega de los documentos en correo en Suiza. Desde luego, lo
que no es cometido del Ministerio de Justicia es realizar una indagación
sobre ese particular.
No quiero dejar pasar la oportunidad de aclarar una información a la que
probablemente se refiera, publicada el pasado 15 de noviembre sobre este
asunto en un diario madrileño, el cual, aprovechando la publicación de la
fotocopia de un oficio de 1 de octubre de la subdirección general
de Cooperación Jurídica Internacional y otro de la secretaría de gobierno
de la Audiencia Nacional, afirma textualmente en el artículo que las
acompaña: El material documental de la comisión rogatoria deambuló entre
el 1 de octubre y el 15 de octubre, sin que oficialmente se reconociera
su recepción, según se desprende de las cartas intercambiadas por el
Ministerio de Justicia y la secretaría de gobierno de la Audiencia
Nacional. Pues bien, lo cierto es que dichos oficios se refieren a la
comisión rogatoria número 2.727/95, que no había sido objeto inicialmente
de atención periodística, y aunque solicitada también por el Juzgado
Central de Instrucción número 3 en el asunto que nos ocupa y otros, y
dilegenciada en Ginebra, nada tiene que ver con las comisiones rogatorias
números 377/95 y 3.060/95, fechadas el 25 de septiembre en Suiza, que hoy
nos traen a esta Comisión, y cuya remisión fue ampliamente recogida por
los medios de comunicación.
Además de otras comisiones rogatorias, quiero también puntualizar que
sobre este tema el propio Juzgado Central de Instrucción número 3 ha
solicitado en este asunto ocho más. Si es necesario yo les leo los
números; es decir, la 6.019/94, 19/95, 191/95, 777/95, 1.118/95,
2.727/95, 3.060/95 y 6.664/95. Quizá el desconocimiento de todas ellas,
en este caso por parte del periodista, es lo que haya dado lugar al error
de información publicada.
Estoy a su disposición para cualquier otra puntualización.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Secretario de Estado, quedo
absolutamente descontento y disconforme con su respuesta. Yo no le he
pedido que responda a un periodista, ni a la información que el periódico
«El País» pudiera dar en la fecha que usted ha indicado del 15 de
noviembre. La pregunta que presenta este Diputado es del día 25 de
octubre de 1996 y no tiene absolutamente nada que ver con la respuesta
que me da respecto de una información periodística, que yo puedo o no
haber leído. Por consiguiente, qué me cuenta de la 2.727, comisión
rogatoria, y en eso tengo que darle la razón porque efectivamente la
comisión rogatoria en vez del día 24, es del día 25 de octubre, el mismo
día justamente por el que pregunto. Y lo hago porque si el día 25 de
septiembre sale una comisión rogatoria de Suiza, el día 14 de octubre
todavía no se ha recibido en España. Y ustedes dan una nota que dice:
Sorprendentemente esa comisión rogatoria, hasta el día de hoy
--justamente en que se tiene que ver en la Audiencia nacional esta
cuestión-- no la hemos recibido, y hoy mismo hemos dado traslado de ella.
Lo que yo quiero saber es qué pasa para que desde el día 25 de septiembre
hasta el día 14 de octubre una comisión rogatoria de esta importancia
haya estado deambulando por donde sea o por culpa de Correos, pero los
que no tienen culpa son los suizos. Está demostrado y probado que la
expidieron, que la mandaron a España el día 25 de septiembre. Lo que
queremos saber es qué es lo que ocurre con este tema que podía haber sido
muy importante. Si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decide
que, a la vista de que no se han recibido los documentos, no se inculpa,
declara ya que se abra el juicio oral y que, por consiguiente, no van a
estar inculpadas estas dos personas, el tema habría tenido una grandísima
importancia. Es de alabar que la Audiencia Nacional tuviera la
sensibilidad que tuvo. Lo que yo quiero saber es qué sensibilidad tuvo el
Ministerio de Justicia respecto de esta cuestión. Porque, además, en la
Audiencia Nacional, en la vista pública, el Ministerio Fiscal se opone
rotundamente al aplazamiento; el Abogado del Estado, se opone
rotundamente al aplazamiento y el abogado del Fondo de Garantía de
Depósitos se opone tajantemente al aplazamiento. A mí eso me llama
considerablemente la atención. Lo que quiero saber es lo que ocurrió. No
me cuente si «El País» da una información equivocada. Haber dado una nota
en su momento, contestando a «El País» e informando de que la comisión
rogatoria de la trama suiza no estuvo deambulando por el Ministerio de
Justicia catorce días antes de llegar a la Audiencia. Me alegra mucho de
que sea así, si es así, pero quiero saber dónde estuvo desde el día 25
hasta el día 14, y si ustedes han abierto un expediente y una
investigación, porque el tema podía haber sido extraordinariamente
importante, y para el Grupo Socialista lo sigue siendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Señor
Sanjuán, yo le he contestado a usted, no a un periodista. He traído a
colación una información periodística porque alguno de los datos que allí
suscitaban los ha manejado usted, incluso una nota del ministerio
respecto a otra cosa distinta. Pero voy a ser más concreto, porque desde
la perspectiva del Ministerio de Justicia, éste no responde de lo que
tarda el correo ni desde Suiza a España, ni cuando se introduce esto en
Suiza, pero sí le voy a responder más concretamente.
La información facilitada entonces fue de la no constancia de entrada de
dicha documentación. Ahí hay un error que quiero deshacer. La fecha de
entrada en la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, que es el
órgano competente, lo cual no quiere decir que sea el órgano que recibe
en primer lugar la documentación --la fecha exacta de entrada en el
registro general del ministerio, así consta, fue el 7 de octubre--, es el
14 de octubre --ésta es la realidad-- y dicha Subdirección entregó la
documentación al órgano judicial al día siguiente. Ello significa que el
ministerio, en el plazo de cinco días hábiles, recepcionó, tramitó y
entregó la documentación. A mí me parece un tiempo dentro de lo que es
usual y habitual, poco significativo, máxime teniendo en cuenta que la
comisión se solicitó por España el 23 de febrero de 1995, las autoridades
suizas para cumplimentarla tuvieron 582 días y la Audiencia Nacional,
para su traducción, me parece que tardó un par de semanas.
Por tanto, en cuanto a las medidas que se van a adoptar respecto a este
tema, le puedo decir que, en principio, el órgano
a que me he referido anteriormente se va a separar en dos secciones, una
para las comisiones rogatorias penales y otra para las comisiones
rogatorias civiles, de tal manera que pueda agilizarse más todavía, si
cabe, y se puedan diligenciar estos temas con más rapidez, aunque
insisto, no considero que sea un tiempo excesivo ni fuera de lo usual.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Con eso terminan las preguntas dirigidas al señor Secretario de Estado de
Justicia.
--MEDIDAS ACERCA DE LA EXPATRIACION DE LOS INMIGRANTES EXPULSADOS EL MES
DE JUNIO DE 1996 A SU VERDADERO LUGAR DE ORIGEN. DE DON CARLOS SANJUAN DE
LA ROCHA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
181/000160.)
--COSTE PRESUPUESTARIO Y PARTIDA CON CARGO A LA QUE SE ABONARON LOS
GASTOS DEL TRASLADO DE LOS 103 INMIGRANTES DE MELILLA. DEL MISMO SEÑOR
DIPUTADO. (Número de expediente 181/000180.)
--EXPLICACION DE LA NOTICIA DE QUE UNO DE LOS INMIGRANTES EXPULSADOS DE
ESPAÑA A FINALES DEL MES DE JUNIO DE 1996 HA MUERTO Y OTRO HA RESULTADO
GRAVEMENTE HERIDO DURANTE SU ESTANCIA EN GUINEA BISSAU. DE DON WILLY
ENRIQUE MEYER PLEITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000171.)
--ACTUACIONES PARA INTERESARSE POR LA SITUACION DE LOS 103 INMIGRANTES
EXPULSADOS DE ESPAÑA A FINALES DEL MES DE JUNIO DE 1996. DEL MISMO SEÑOR
DIPUTADO. (Número de expediente 181/000172.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos las preguntas dirigidas al Secretario de
Estado de Seguridad.
La primera pregunta, la número 3 del orden del día, se refiere a las
medidas acerca de la expatriación de los inmigrantes expulsados en el mes
de junio de 1996 a su verdadero lugar de origen. La formula el señor
Sanjuán de la Rocha, que tiene la palabra.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Intentaré hacer a la vez la pregunta
siguiente, que trata del coste presupuestario y de la partida con cargo a
la que se abonaron los gastos del traslado de los 103 inmigrantes de
Melilla, por no reiterar la cuestión excesivamente y porque, además, es
un tema que viene de lejos, pero que nos sigue preocupando
extraordinariamente a los socialistas.
En el mes de junio, por orden del Ministerio del Interior, 103
inmigrantes irregulares fueron expulsados de España. La operación fue
calificada por el Ministro del Interior, que compareció en esta Comisión
el día 29 de julio de 1996, de no modélica y de operación a no repetir.
Fue lo que más nos agradó --y así lo hizo saber nuestro portavoz-- de la
intervención del señor Ministro, saber que operaciones de este tipo no
iban a volverse a repetir en nuestro país. Fue la primera intervención,
por decirlo de alguna manera, del Gobierno del Partido Popular y creo que
el Partido Popular quiso demostrar ahí una cara de firmeza --se dijo:
había un problema y lo hemos solucionado-- para solucionar problemas de
orden público, vamos a llamarlos así, aunque me cuesta mucho calificar de
orden público problemas que puedan afectar a inmigrantes.
Lo más grave del tema y lo que nos preocupó diría que a todos los grupos
de la Cámara, y especialmente se lo hicimos saber así al señor Ministro
del Interior, era el hecho no ya tanto de la expulsión, la forma en que
se había realizado, que a nuestro juicio estaba plagada de
irregularidades, sino la circunstancia y el hecho de que a muchas de
estas personas se las había trasladado a países que no eran los de su
nacionalidad. Se hizo esto con relación al mayor número de los
inmigrantes expulsados. No tengo el dato exacto ahora mismo, pero fueron
más de sesenta los que fueron expatriados, expulsados de España a países
que no eran los de su nacionalidad, mandados a Africa, como si Africa
fuera un punto geográfico pequeño, cuando todos conocemos la inmensidad y
la tremenda diversidad de ese continente, las guerras étnicas, las
diferencias tribales, etcétera.
En aquel momento el portavoz socialista y todos los socialistas hicimos
saber que lo que más nos preocupaba y que era una responsabilidad del
Gobierno español y de toda España era el seguimiento de lo que iba a
pasar con estas personas trasladadas a naciones que no eran las suyas
propias y que íbamos a vigilar y a estar atentos a lo que pasaba. Sin
duda ninguna la intervención de nuestro portavoz y la de todos motivó que
el Ministro del Interior diera una respuesta más concreta sobre esta
cuestión y nos llegó a decir --puesto que era el tema que más nos
preocupaba-- que no teníamos que preocuparnos tanto, porque prácticamente
los problemas relacionados con la expatriación y la vuelta a sus naciones
de origen de estos ciudadanos inmigrantes en España estaban resueltos y
que no quedaban más que catorce o dieciséis personas, no se sabe muy bien
de su intervención si se refería a una cifra u otra, que estaban en
Guinea Bissau, pero que doce, que eran cameruneses, iban a ir a Camerún
ya de manera inmediata y que quedarían tres o cuatro, que en función,
precisamente, de que pertenecían a nacionalidades o a países que estaban
en guerra o con graves conflictos, era mejor que estuvieran en ese país,
Guinea Bissau.
La sorpresa del Grupo Socialista y diría que de todos fue que a primeros
de septiembre supimos que todos continuaban en Guinea Bissau; que todos
los que habían llegado en los dos aviones que los habían trasladado desde
España, ciudadanos de Nigeria, de Camerún, de otros muchos
países, en el mes de septiembre --y la comparecencia del Ministro es el
día 29 de julio-- estaban todavía en Guinea Bissau. En aquella fecha el
Grupo Socialista presentó ya una pregunta --es ésta--, primero para el
Pleno, que no entró por cuestiones de cupo, y después en Comisión. Yo
diría que el Ministerio del Interior estuvo mudo, quieto, como si no
pasara nada. Parecía que seguía sin importar esa cuestión. Tuvo que
ocurrir que veintitantos días después, el mismo periódico, «El País», que
estaba haciendo un seguimiento de ese tema, publica que ha habido una
manifestación de estas personas en Guinea Bissau, que han protestado, y
que como consecuencia de la protesta y de la manifestación uno de los
inmigrantes ha muerto, otro ha resultado gravemente herido, varios están
en el hospital y algunos han desaparecido. Entonces, el Ministerio de
Interior sí interviene; la noticia ya es desde todos los puntos de vista,
desde el punto de vista humano, fundamentalmente, un auténtico escándalo.
Hasta entonces no se interviene por el Ministerio del Interior, que
entonces sí envía a una persona, parece ser que la misma que había
acompañado a los inmigrantes en los aviones, que había pactado con las
autoridades de Guinea Bissau el recibimiento de estas personas, que
también había pactado en Malí la recepción de otras personas, para que
intente solucionar el problema y que sean enviados a sus lugares de
origen.
Hicimos una pregunta oral en el Pleno el pasado 30 de octubre. La
respuesta que nos dio el Ministro Rajoy no pudo ser, a nuestro juicio,
más desafortunada y, desde luego, menos satisfactoria; lo dije así en ese
momento. No podía creer lo que decía. Por otro lado, fue bastante dura la
referencia a que como consecuencia de haberse manifestado, uno había
muerto y que eso era prácticamente responsabilidad del que había muerto,
por haberse manifestado y haber protestado porque tres meses después
todavía estaban en ese país, sin poder ser enviados a sus países de
origen. Se nos dijo en la contestación a esa misma pregunta que el tema
ya estaba resuelto, que podíamos estar tranquilos --también se nos dijo
el día 29 de julio que podíamos estar tranquilos-- y que habían sido
trasladados ya a sus países de origen, que ya quedaban tres o cuatro de
Liberia, de países que estaban en guerra.
Quiero saber qué es lo que ha ocurrido de verdad, que responda el
Ministerio del Interior, qué es lo que ha pasado con estas personas, que
de verdad nos explique por qué el día 29 de julio aquí se nos dijeron
unas cosas, faltando a la verdad a la Cámara y a la Comisión, que no eran
ciertas, y por qué razón ahora tenemos que comulgar con la fe de que lo
que nos dijeron el día 30 de octubre es verdad o lo que nos va a decir
usted ahora. La pregunta no se refiere sólo a los inmigrantes de Guinea
Bissau; se refiere también a otros ciudadanos que fueron expatriados a
Senegal, que tampoco era el país de su nacionalidad. Queremos saber si
continúan en Senegal o si ya han sido repatriados a sus países de origen.
Esperamos su respuesta, señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Ha llegado a la Mesa la posición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la que
solicita intervenir con motivo de dos preguntas, las números 5 y 6, sobre
el mismo tema.
Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Represento a mi compañero Willy Meyer. La verdad es que las preguntas que
tenemos registradas tienen tanta relación con las formuladas por el Grupo
Socialista que consideramos que es un buen momento para que el
responsable del Ministerio del Interior nos pueda contestar en la misma
intervención.
La pregunta número 5 trata de obtener alguna explicación sobre la noticia
de que uno de los inmigrantes expulsados de España ha muerto y otro ha
resultado gravemente herido durante su estancia en Guinea Bissau. La
pregunta número 6 es sobre las actuaciones para interesarse por la
situación de los 103 inmigrantes expulsados de España a finales del mes
de junio de 1996.
En la línea expuesta por el anterior interviniente, nuestro grupo ya
expresó, en la comparecencia del Ministro del Interior sobre este mismo
asunto, su honda preocupación por la situación que se había generado en
su momento, cuando se produjo la expulsión, y, ahora, con estas
preguntas, queremos conocer, digamos, las consecuencias que ha ocasionado
aquella salida de España de estos 103 inmigrantes, calificados como
ilegales, después de transcurrido un cierto tiempo de estancia en esos
países, que en su momento el ministerio consideró los adecuados para
recibir a los inmigrantes.
Según los datos de que disponíamos --son datos de la propia comparecencia
que esperamos que usted concrete--, se hablaba de cuatro lugares de
recepción: 39 de los inmigrantes a Camerún, 19 a Malí, 24 a Senegal y 21
a Guinea Bissau. También se habló en su momento de que se iban a abrir
investigaciones por la Dirección General de la Policía, por el Ministerio
del Interior, para conocer y poder explicar la evolución de todo este
proceso de expulsión y de que se nos proporcionarían esos datos.
Lamentablemente, el tiempo transcurrido ha hecho que creciera la
preocupación, la alarma por conocer las consecuencias de la decisión del
ministerio, ya que tenemos referencia por los medios de comunicación de
algún suceso como el que se refleja en la pregunta, relativo a que alguno
de estos inmigrantes haya podido morir.
El Ministro ya reconoció que no fue una operación modélica, pero,
independientemente de que con esa definición ya asume, digamos, una
autocrítica, nosotros queremos saber si hemos superado ese listón, ese
nivel de defecto en la operación que hace calificarla como no modélica y
hemos llegado a alcanzar unos límites mucho más graves, como para poder
calificarla incluso como una operación sangrienta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Entiendo
formulada por el señor Sanjuán
la pregunta número 4, relativa al coste presupuestario de la operación,
aunque no la ha formulado exactamente. (Asentimiento.) Muchas gracias.
En primer lugar y pese a ser reiterativo, procederé a resumir a SS. SS.
el desarrollo de la operación de expulsión y devolución de los 103
inmigrantes ilegales que se encontraban en Melilla a finales del pasado
mes de junio.
Como saben SS. SS., partieron cinco aviones con el objeto de efectuar la
operación de devolución y expulsión de los inmigrantes subsaharianos. El
primero, partió con destino a Senegal con 14 ciudadanos extranjeros a
bordo, procediéndose a entregar cinco ciudadanos de este país a las
autoridades senegalesas, continuando el viaje a Guinea Bissau, donde
fueron entregados nueve ciudadanos de distintas nacionalidades. En el
segundo avión, que partió hacia Guinea Bissau tras hacer escala en
Senegal, se encontraban 19 nigerianos, que fueron entregados en Guinea
Bissau. En cuanto al tercer avión, transportaba 19 ciudadanos de
distintas nacionalidades, que fueron entregados a las autoridades
senegalesas. El cuarto avión viajó con destino a Malí, con 19 ciudadanos
de esta nacionalidad, que fueron entregados a las autoridades de dicho
país. Por último, el quinto avión viajó con destino a Camerún, con 32
extranjeros a bordo, de los cuales 10 fueron entregados a Camerún, ya que
allí reconocieron su nacionalidad, y los restantes, que no reconocieron
en su momento su nacionalidad, continuaron hacia Guinea Bissau.
Por consiguiente, de los 103 inmigrantes ilegales que fueron expulsados
desde España a distintos países subsaharianos, la mayoría fueron
entregados en sus países de origen, y, señor Sanjuán, únicamente fueron
entregados a Guinea Bissau y a Senegal ciudadanos de otras
nacionalidades, con el compromiso explícito de las autoridades de esos
países de proceder a su repatriación.
A riesgo de ser obvio y de repetir, una vez más, lugares comunes, quiero
señalar que es enormemente difícil proceder a la expulsión a su país de
origen de alguien que no quiere reconocer su propia nacionalidad. Tenemos
muy presente que Africa es un continente particularmente complicado;
también lo sería Europa, también lo sería América. Es decir, si nosotros
dudamos de si la nacionalidad de un ciudadano de un país latinoamericano
es argentina o uruguaya, es mucho más fácil que esto se produzca en
Argentina o en Uruguay que dentro de España. Esta fue la razón por la que
se eligieron esos países de acogida.
Por lo que se refiere a todos los ciudadanos que fueron entregados a las
autoridades senegalesas, totalizaron 19, 15 del Zaire, tres de Costa de
Marfil y uno de Mauritania; todos ellos, señor Sanjuán, fueron
repatriados de forma inmediata a sus lugares de origen. De ello estamos
absolutamente seguros, como así nos lo ha manifestado el embajador de
España en Senegal, en Dakar, que ha ido siguiendo constantemente la
evolución de estos 19 inmigrantes ilegales.
En cuanto a la situación de aquellos que fueron entregados en Guinea
Bissau, el proceso de su repatriación sufrió una serie de retrasos, a los
que el Ministerio del Interior era ajeno. ¿Por qué ocurrieron esos
retrasos? Fueron motivados por los propios inmigrantes ilegales, que
pretendían su inmediato regreso a España y no reconocían en modo alguno
cuál era su nacionalidad. Es decir, las autoridades de Guinea Bissau
evidentemente no actuaron con la debida diligencia, porque,
independientemente del reconocimiento que en su día hizo el Ministro del
Interior, de que la operación distaba de ser modélica, reconocido
públicamente por el Ministerio del Interior y se arrepiente una vez más,
independientemente de esto, aunque ya sé que S. S. va a decir que no
basta el arrepentimiento, como de hecho no basta el arrepentimiento,
hemos hecho todo lo posible para remediar esa situación, pero el Gobierno
español tenía una confianza en las autoridades de Guinea Bissau, una
confianza que esas autoridades en cierta forma han defraudado.
Los desgraciados incidentes que sucedieron en septiembre pasado y que
ocasionaron la muerte de uno de los inmigrantes y las heridas graves de
otro no fueron sino un escalón más en una espiral de problemas que el
Gobierno de Guinea Bissau no parecía poder resolver. En todo momento, el
Ministerio del Interior, a través de nuestra embajada en Dakar y de
nuestro cónsul honorario en Bissau ha ido siguiendo la evolución de estos
acontecimientos, pero, como no nos bastaba este seguimiento y con el
objeto de solucionar definitivamente la situación y hacer un seguimiento
de la misma sobre el terreno, fue enviado un funcionario del Ministerio
del Interior, con el objeto de exigir de las autoridades de aquel país la
adopción de las medidas necesarias para dar traslado a estas personas a
sus países de origen, como habían prometido hacer y como habían pensado
hacer en todo momento y así nos lo habían dicho.
Las nacionalidades de estos cincuenta ciudadanos entregados en Guinea
Bissau eran las siguientes: cinco ciudadanos de Guinea Conakry, que
partieron inmediatamente de su país, en las fechas inmediatamente
posteriores a su llegada a Guinea Bissau; 23 nigerianos, que salieron el
día 16 de octubre de su país; 14 cameruneses a los que se dieron otros
tantos salvoconductos expedidos por la embajada de Camerún en Dakar, de
lo cual estamos totalmente seguros por la intervención de nuestra
embajada en Dakar, para poder salir de Guinea Bissau; y un ciudadano de
Malí, respecto al cual se mantuvieron contactos con la embajada de dicho
país, a fin de documentarle también en Dakar y que pudiera continuar su
viaje sin problemas. Por lo visto, queda en este momento un ciudadano de
Togo y uno de la República Centroafricana. A estos dos ciudadanos se les
ha enviado ya por valija diplomática desde Dakar la documentación
correspondiente para salir del país. Por último, en cuanto a los cuatro
ciudadanos liberianos y un ciudadano ruandés, hay que partir del hecho de
que todavía estos países se encuentran en guerra. A estos efectos, como
consecuencia de las gestiones realizadas por parte del Ministerio del
Interior con las autoridades de Guinea Bissau, se han ofrecido dos
posibles vías de solución, que son, primera, que estos extranjeros
permanezcan en territorio Guinea Bissau, aportándoles la documentación
necesaria, y una segunda que consiste en poner a estas personas en manos
del Acnur, a fin de que este organismo se haga cargo de la situación,
siendo esta última solución la que finalmente parece que va a ser
adoptada.
Señorías, quiero reiterarles que el Ministerio del Interior en ningún
momento se ha desentendido de la situación de estos inmigrantes. Hasta
que el proceso de repatriación se ha visto concluido, un funcionario del
propio departamento, de acuerdo y en contacto con la embajada en Dakar y
el consulado honorario de España en aquella república de Guinea Bissau ha
permanecido allí, vigilando el proceso de repatriación, buscando una
solución definitiva del problema. Por consiguiente, en primer lugar, creo
que queda claro el interés del Gobierno y queda claro también el
reconocimiento por parte de nuestro Gobierno de que esta operación no ha
sido modélica y de que el Gobierno de Guinea Bissau no ha hecho frente a
sus responsabilidades y a sus obligaciones, como nos había de alguna
forma acreditado que iba a hacer.
Quiero responder al señor Sanjuán a la pregunta relativa al coste
presupuestario y a las partidas con las que se abonaron los gastos
ocasionados por el traslado de estos inmigrantes ilegales. En relación
con esta cuestión y por lo que se refiere a las dietas por desplazamiento
a diferentes países africanos de funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, debo señalarles que el importe total de las dietas
correspondientes a las cinco expediciones asciende a 1.754.650 pesetas,
que fueron satisfechas con cargo al concepto dietas que en el presupuesto
de la Dirección General de la Policía existe al efecto.
Por otra parte, y en cuanto al medio de transporte utilizado para el
traslado de los extranjeros, este se llevó a cabo en aviones militares
pertenecientes al Ministerio de Defensa, concretamente tres del tipo
CN-235 Nurtanio y dos Hércules, que salieron desde Málaga hacia la base
militar de Gando en Gran Canaria y, posteriormente, hacia los países de
destino de los extranjeros. El coste de los diferentes elementos, como
gasolina, dietas de los respectivos pilotos, gastos de alojamiento,
etcétera, fueron satisfechos con cargo a las partidas presupuestarias
correspondientes del Ministerio de Defensa. El coste de la hora de vuelo
en los aviones Hércules asciende a 508.526 pesetas y el del Nurtanio
CN-235 asciende a 299.934 pesetas.
En cuanto a la cuestión de si se ha pagado a un funcionario o gobierno
extranjero por aceptar a los inmigrantes, quiero señalar que no ha
existido tal pago a gobierno extranjero alguno.
Deseo llamar la atención, a título de ejemplo y como comparación, que
durante 1995 se gastaron un total de 219 millones de pesetas en
operaciones derivadas de la expulsión de inmigrantes ilegales en España,
lo que supone una media de 220.000 pesetas por inmigrante.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuán, aunque vamos recuperando el exceso de
tiempo empleado en las preguntas anteriores, rogaría a SS. SS. que se den
cuenta de que estamos en un trámite de preguntas.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Soy consciente de ello. Son diez minutos
los que creo que otorga el Reglamento por cada pregunta; pienso que he
consumido menos de veinte minutos por las dos preguntas. De cualquier
manera, voy a intentar emplear el menor tiempo posible.
Señor Secretario de Estado, no ha contestado a la segunda pregunta. Me ha
hablado de cuánto cuestan las horas de vuelo de los aviones Hércules y
del otro tipo de avión en los que estas personas fueron repatriadas o
trasladadas de España. Cuánto cuesta la hora de vuelo de un avión
Hércules se lo puedo preguntar al Ministro de Defensa o puedo encontrarlo
en cualquier revista militar especializada. Lo que le he preguntado a S.
S. es cuánto costó el traslado de esta operación o, en definitiva,
cuántas horas de vuelo hicieron, cuántas horas extraordinarias se
pagaron, porque las horas de vuelo son horas normales; aquí hubo horas
extraordinarias, dietas especiales, y, sobre todo, usted me ha dicho que
no se pagó a nadie. No es verdad. El Ministro reconoció que Malí se dio
una cantidad de dinero a cada uno de los inmigrantes para que se quedaran
allí, ¿Cómo puede usted decir ahora que no se ha pagado ninguna cantidad
a nadie? Si es público y notorio y se ha dicho por activa y por pasiva,
por todos los lados. El Ministro dijo que era de gastos reservados
--perdón, pudo insinuar que era de gastos reservados-- y desde esa
perspectiva no tenía por qué decirnos cuánto era. Muchas veces es mejor
no decir nada que decir una inexactitud, y estoy siendo
extraordinariamente correcto. No se nos quiera vender cosas que
claramente no son. Se dio dinero a los inmigrantes en Malí para que se
quedaran allí, hecho público, notorio, reconocido y expuesto por todos
los medios de comunicación. Aquí se ha pagado a funcionarios de otros
países para que aceptaran a estas personas y se les pagó para que
cumplieran unas obligaciones que, como usted dice, luego no cumplieron.
Pero las obligaciones eran nuestras y si la obligación era nuestra,
nosotros no podíamos trasladar a diferentes países de los de su
nacionalidad a estas personas; a la mayoría no una minoría. Usted mismo
ha dicho que fueron 51 personas a Guinea Bissau y 19 a Senegal; 51 y 19
son 70, y la totalidad fueron 103. Se trasladó a la inmensa mayoría a
países que no eran de su nacionalidad. Por la urgencia, por la prisa,
porque teníamos un problema y había que solucionarlo, y al final nos
encontramos con 41 problemas y uno irreversible, el de la persona que
murió; absolutamente irreversible es ese problema ya. Es nuestra
responsabilidad; lo dijimos, lo advertimos y nos considerábamos
corresponsables, porque somos ciudadanos de este país. Corresponsables de
haber expulsado a personas de la manera en que se hizo. Era una
corresponsabilidad de todos y desde la Cámara dijo el portavoz socialista
que era una corresponsabilidad de todos y que intentaríamos por todos los
medios estar encima de ese tema, para que se solucionara y que no
ocurriera lo que desgraciadamente ocurrió. Sin embargo, hasta el mes de
octubre, en que aparece una persona muerta, otra herida, y lo señalan los
medios de comunicación, el Ministerio del Interior no hace nada, no envía
a ese funcionario. Yo no sé lo que hizo nuestro cónsul honorario en
Guinea Bissau; desde luego nada. El embajador en Senegal quizá se
ocuparía de las 19 personas que había en Senegal y de las 14 ó 15 de
Zaire, etcétera, pero desde luego de los que estaban en Guinea Bissau no
se preocupó absolutamente nadie y ése es un tema que ustedes van a tener
que ir arrastrando --se lo digo sinceramente-- para que no se vuelva a
repetir.
Tuvimos no hace mucho una comisión y se lo dije con relación a otra
cuestión: no cambiemos modos y hábitos de actuación democrática de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o de actuaciones que han sido
generadas por un consenso general durante todos los años de la transición
democrática en España sobre la manera de hacer las cosas. No pretendan
ustedes ser distintos, tan distintos; lo son suficientemente, pero, de
verdad, no lo sean tanto en esto, porque es una cuestión que al final
afecta a personas, a hombres y mujeres, a ciudadanos.
Señor Martí Fluxá, espero su respuesta con relación al tema de las
partidas, del coste total. No me diga usted que durante el Gobierno
socialista se gastaron 219 millones de pesetas, 219 ó 2.019 millones, es
igual; por hacer las cosas bien se puede uno gastar el dinero que quiera,
porque ¿cuánto cuesta un muerto? ¿Cuánto cuesta la vida de esa persona?
¿No era mucho mejor haber esperado 10, 15, 20 ó 25 días hasta haber
acreditado la nacionalidad en España y haberlos trasladado, aun cuando
nos hubiera costado más, a Nigeria, a Camerún, etcétera? Sin duda
ninguna, sí.
Y nada más. Lamentar que el Ministro del Interior --que hoy no está aquí
presente, pero trasládeselo usted-- el día 29 de julio de 1996 no nos
dijo la verdad. Concretamente dijo: ¿Cuántos quedan en la fecha de hoy? A
esta hora, según nuestras informaciones, en Guinea Bissau, quedan
exactamente 12 cameruneses, porque al no haber aceptado en el primer
momento su nacionalidad se complicó el trámite correspondiente de la
aceptación, otra vez, por parte de Camerún. Los cuatro de Liberia están
en Guinea-Conakry, porque según el comité de ayuda a los refugiados de la
guerra de Liberia --Liberia está en guerra--, no pueden ser entregados a
su país esos liberianos. Los de Ruanda quedan en Guinea Bissau. Es decir,
en estos momentos, 29 de julio de 1996, quedan 14 personas en Guinea
Bissau. En el mes de septiembre quedaban 41. El día veintitantos de
septiembre se produce la triste manifestación donde muere una persona, un
nigeriano, y hasta el mes de octubre, según la información que nos dio en
su momento el señor Rajoy y ahora usted, no son repatriados a sus países
de origen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: En la línea de la brevedad que usted nos propone,
de las explicaciones que hemos recibido se saca la conclusión de que nos
quejamos, nos lamentamos, del modo en que se realizó la expulsión de los
emigrantes y de nuevo, en el día de hoy, nos tenemos que lamentar por
otro suceso y es la muerte de uno de los que expulsamos de España,
además, según algunas declaraciones, en un país, de auténticas garantías
democráticas, un país en el que se trataría a esas personas con el
reconocimiento de los derechos internacionales para este tipo de
ciudadanos.
Lamentamos de nuevo --y ya es la segunda vez que lo hacemos-- que en el
ministerio haya ocurrido un acontecimiento tan lamentable como el que nos
ocupa en estos momentos. Nosotros, después de la crítica y del análisis
que efectuamos en su momento por el método que utilizó el Gobierno para
la expulsión, en estos momentos sólo nos queda decirle que no sirve el
lamento, que ya se ha visto claramente que todo lo que empieza de la
forma que ha empezado este caso termina mal, lo único que nos pueden
decir es que podría haber acabado peor. Lamentablemente no nos sirven las
explicaciones que usted nos ha dado. Estamos esperando las
responsabilidades que tienen que decantarse por este tipo de
acontecimientos y de alguna forma también la finalización de este
proceso, porque como usted mismo ha dicho, todavía hay una serie de
ciudadanos sin ubicar en sus países de origen y no sabemos si la medida
que dice quizá se adopte sea que un organismo internacional se haga cargo
de ellos.
Estaremos al tanto de la evolución de los ciudadanos que quedan por
ubicar y también estamos receptivos a que ustedes superen ya el mensaje y
el discurso del lamento para asumir el de las responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Sanjuán,
como le suelo decir con mucha frecuencia es mucho más lo que nos une que
lo que nos separa y sobre todo a los que hemos tenido responsabilidades
en temas que afectan al Ministerio del Interior, esas uniones y
solidaridades son incluso a veces mayores.
Es compromiso firme del actual Gobierno que los modos democráticos de
nuestros cuerpos y fuerzas en ningún momento puedan cambiar y que en
ningún momento prácticas que se han logrado después de veinte años de
democracia puedan sufrir por ningún tipo de decisión de este Gobierno ni
de ningún otro Gobierno, del Partido Popular o de cualquier otro partido.
No queremos ser distintos. No somos tan distintos en muchas de esas
prácticas y no tomamos en aquel momento otra decisión más que la
expulsión; una expulsión que como bien señaló el Ministro del Interior
pudo tener errores en su ejecución pero era un problema que en aquel
momento tenía la ciudad de Melilla, un problema importante, un problema
de seguridad ciudadana, concepto que nos es mucho más atractivo que el
concepto de orden público.
Me habla de haber faltado a la realidad en cuanto al uso de fondos. Yo lo
que le he dicho, señor Sanjuán --y me reitero--, es que en ningún caso se
ha pagado a funcionario o Gobierno extranjero. Ha sido así. No ha
existido tal pago a Gobierno extranjero alguno.
En cuanto a algo más que una insinuación sobre el uso de fondos
reservados, en el caso de que se emplearan serán explicados por el
Ministro de Interior en la comisión respectiva, comparecencia que, por
otra parte, se solicitó en sucesivas ocasiones y que creo que ya se
formalizó en el día de ayer.
El día 29 de julio el señor Mayor Oreja no faltó a la verdad. Afirmó como
bien ha señalado citando sus palabras y según nuestras informaciones, que
a nosotros en
aquel momento las autoridades de Guinea Bissau --le vuelvo a decir--
faltaron a su palabra y a la responsabilidad que nos habían demostrado.
Así nos informaron en una conversación con Guinea Bissau que se tuvo la
misma mañana de la intervención del señor Ministro y no fue así, como
luego se ha demostrado. Por ello hemos seguido uno tras otro, el caso de
todos los emigrantes que allí se encontraban. En este momento ésta es la
situación, pero no porque nos la haya transmitido una autoridad de Guinea
Bissau, ni siquiera nuestro cónsul honorario, sino porque un funcionario
del Ministerio del Interior así nos lo ha dicho un funcionario, que se ha
encontrado durante tres semanas o un mes en Guinea Bissau para
comprobarlo.
En cuanto al futuro, a qué va a pasar con los emigrantes, como señalaba
el representante de Izquierda Unida y mostraba su interés, es la
movilidad de unos ciudadanos en libertad. Algunos de ellos se encontrarán
en su lugar de origen, otros en Guinea Bissau, otros a lo mejor han
regresado a Melilla, a Ceuta o incluso ya a la Península y se encuentran
en España o en Francia. Es decir, la situación en Guinea Bissau es en
este momento la que les hemos descrito. Sobre lo que han hecho luego los
103 emigrantes en uso de su propio albedrío y su propia libertad no puedo
tener en este momento más noticia que la que podía tener también de los
centenares o miles de emigrantes que en su día fueron expulsados de
España.
En cualquier caso, señorías, quiero que quede esa idea de mirar al
futuro, asumiendo absolutamente la responsabilidad y la culpa, si la hubo
en algún caso. De hecho, a partir del momento en que se produjo esa
expulsión, evidentemente no se ha vuelto a producir ninguna otra de esa
característica, como saben muy bien SS. SS.
Vuelvo a repetir que es compromiso del Gobierno tener especial cuidado en
el cumplimiento de las normas como, por otra parte, no puede ser de otra
forma y que así será en el futuro en todos y cada uno de los casos en los
que nos encontremos frente a supuestos de emigración ilegal.
Nada más, señor Presidente.
--DATOS EN QUE SE BASA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA CUANDO
MANIFIESTA QUE LOS INDICE DE CRIMINALIDAD HAN AUMENTADO EN LOS PRIMEROS
MESES DEL AÑO 1996 COMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO
CODIGO PENAL. DE DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000163.)
--INSTRUCCIONES A LOS GOBERNADORES CIVILES SOBRE LAS PRORROGAS DE LAS
COMISIONES DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO. DE DON
SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 181/000167.)
El señor PRESIDENTE: La Mesa ha sido notificada que la pregunta número 7,
que fue formulada en su día por el señor Barrero, ha sido retirada.
Pasamos, entonces, a la pregunta número 8 formulada por el señor De la
Encina Ortega que tiene la palabra.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas
tardes, señor secretario de Estado.
Señor secretario, desearíamos conocer si desde el Ministerio del Interior
se cursaron sugerencias o instrucciones de manera generalizada a los
gobernadores civiles o con carácter muy específico a alguno de ellos,
como el de Cádiz, sobre las prórrogas de las comisiones de servicio de
los funcionarios civiles del Estado.
Nada más, señor secretario.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): El Ministerio
del Interior no ha impartido, en general, instrucciones ni sugerencias a
los gobernadores civiles, ni en particular al Gobernador Civil de Cádiz,
sobre las prórrogas de comisiones de servicio desempeñadas por
funcionarios civiles del Estado, ya que corresponde a los propios
gobernadores civiles dentro del ámbito de sus respectivas competencias
decidir si las necesidades de los servicios a su cargo justifican dichas
prórrogas.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, nos alegramos
de su respuesta y le debo decir que, como no podía ser de otra manera,
era la esperada, pues nunca habíamos dudado de que, desde su ministerio o
de cualquier otro, se pudieran cursar instrucciones distintas de las
establecidas en la legislación vigente sobre las prórrogas de las
comisiones de servicio a los funcionarios civiles del Estado. No llegamos
a entender entonces cómo por los máximos responsables del partido que
sustenta el Gobierno al que usted representa se traslada insistentemente
a los medios de comunicación que el cese de un funcionario civil del
Estado que ocupaba entonces la vicesecretaría general del gobierno civil
de Cádiz, cargo al que había llegado en comisión de servicio un año
antes, se debía sencillamente a que no se le había renovado la confianza
política y que, por ello, se le denegaba la prórroga de comisión de
servicio, a pesar de que la plaza no había sido cubierta y permanecía
vacante.
Entendemos que flaco favor hacen al Gobierno, y en este caso al
Ministerio del Interior, aquellos máximos representantes del partido en
el Gobierno en Cádiz cuando se erigen en portavoces del gobierno civil y
reiteran públicamente que un funcionario tiene que salir de allí porque
no se le renueva la confianza política y desde el gobierno civil no se
desmienten pública y categóricamente tan graves afirmaciones que, sin
lugar a dudas, vulnerarían los derechos fundamentales de un funcionario
en razón de sus
ideas políticas. Y es que, señor secretario de Estado, mucho nos tememos
que si bien será cierto que desde el Ministerio del Interior se está
ajeno a esta cuestión, no es menos cierto que las peregrinas
argumentaciones esgrimidas en privado y verbalmente por el gobernador
civil de Cádiz para justificar su decisión, basadas en directrices del
ministerio, incardinadas en la austeridad del gasto público, la supuesta
amortización de una plaza eminentemente técnico-jurídica y tan necesaria
como era ésta, porque se encargaba de instruir expedientes de extranjería
e inmigración ilegal en una provincia tan problemática en este aspecto
como es Cádiz, esconde en el fondo lo que tan incomprensiblemente han
reconocido públicamente en todos los diarios de la provincia de Cádiz los
dirigentes provinciales del Partido Popular. Por ello, entendemos que si
desde el Ministerio del Interior no se cursaron sugerencias específicas a
los gobernadores civiles en torno a las comisiones de servicio de sus
funcionarios, lo que acaeció en el caso de Cádiz obedeció a una clara y
manifiesta desviación de poder de su titular, motivado por
consideraciones ideológicas, y todo ello por tratarse de un funcionario
público que anteriormente había sido alcalde socialista de Cádiz durante
16 años, en el período de 1979 a 1995.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la libertad
ideológica, con independencia del puesto de trabajo que desarrollen los
funcionarios públicos, es un derecho fundamental consagrado en la
Constitución española y que su vulneración, si se quiere solapadamente
como puede ser este caso, es un ataque muy grave al máximo ordenamiento
jurídico.
Termino ya, señor secretario de Estado, diciéndole que no hemos
pretendido formular una consulta de índole estrictamente jurídica ni
hacer consideraciones que tengan carácter singularizado, porque ello
vulneraría el artículo 186 del Reglamento del Congreso, sino que
pretendemos aclarar si desde un gobierno civil se ha actuado movido por
ese loable interés de querer aplicar la austeridad que el Gobierno y en
especial el señor Barea tantas veces nos anuncia o si, por el contrario,
las razones han sido las esgrimidas por los dirigentes provinciales del
Partido en el Gobierno diciendo que no se prorroga la comisión de
servicio de ese funcionario por la falta de confianza política que en él
se tiene.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fuxá): Señor De la
Encina, desconozco las declaraciones a que se hace referencia de un alto
representante del partido que sustenta al Gobierno. Lo que sí le puedo
decir --y me reitero-- es que en ningún caso el Ministerio del Interior
ha dado consignas, ni mucho menos consignas de tipo político, en cuanto a
la remoción de cargo o puesto ocupado por un funcionario.
De cualquier forma, y como sabe S. S., en la Administración general del
Estado el procedimiento normal en la provisión de puestos es el concurso,
configurándose las comisiones de servicio como un sistema absolutamente
temporal, su duración no puede exceder de dos años y es excepcional, en
el caso de urgente e inaplazable necesidad.
Desconozco en este momento si el puesto que hasta ahora ocupaba el
funcionario al que antes hacía referencia ha sido ocupado ahora en un
concurso o se ha amortizado, por la política de ahorro que la actual
Administración se ha impuesto. Me preocuparía mucho más si hubiera sido
cubierto, como parece decir S. S. en este momento, por otro funcionario
de ideología similar al Partido Popular o perteneciente al Partido
Popular. Si tampoco es así, eso me tranquiliza más.
En cualquier caso, le vuelvo a decir que ni la concesión de las mismas ni
la prórroga de la comisión de servicio constituyen en sí un derecho del
funcionario, sino que es una posibilidad de que dispone la Administración
para, en tanto se produce la cobertura del puesto con carácter
definitivo, atender al servicio en caso de urgente e inaplazable
necesidad. En este caso que se ocupaba de las competencias de esa
importancia, muy lógicamente no podían ser tampoco ejercitadas por un
funcionario en comisión de servicio.
Por último y para concluir, de acuerdo con los argumentos expuestos, los
gobernadores civiles, en el ámbito de sus competencias, son los
responsables de decidir si las necesidades de los servicios a su cargo
justifican o no un nombramiento o una prórroga de una comisión de
servicio, sin que reciban ningún tipo de instrucción por parte del
Ministerio del Interior. Es decir, me extrañaría si en el cese de este
funcionario hubo algún tipo de presunción ideológica, igual que me
extrañaría si en su nombramiento hubiera habido algún tipo de
consideración ideológica. Esto es lo que puedo decir a S. S. en este
momento.
--PREVISIONES ACERCA DEL AUMENTO DE LIMITE DE VELOCIDAD EN AUTOPISTA DE
120 A 140 KM/H. DE DOÑA MARIA JESUS ARAMBURU DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 181/000184.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número nueve había sido formulada en su
día por la señora Aramburu y parece que va a ser expresada en este
momento por la señora Almeida, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora ALMEIDA CASTRO: La señora Aramburu se ha tenido que ir a gran
velocidad para poder llegar a Sevilla y por eso, en esta tarde un poco
dificultosa de billetes, nos ha dejado para hacer la pregunta.
La pregunta es simple. Hemos oído noticias a nivel de expresión pública
sobre la posibilidad de plantearse por el Gobierno, a través de la
Dirección General de Tráfico, un aumento de la velocidad en las
autopistas españolas. Queríamos saber si hay algún proyecto concreto y
qué razones han llevado o pueden llevar a esta decisión.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Nada como la
gran velocidad a que se ha marchado la señora Diputada para poder hablar
en este tema también de grandes velocidades.
La posición del Ministerio del Interior ante el posible cambio de los
límites de velocidad en las autopistas va a ser de total y absoluto
respeto a las conclusiones que emita un grupo de expertos que en su día
se constituyó al efecto. Como consecuencia de dichas conclusiones, los
límites pueden rebajarse, mantenerse o ser superados ligeramente. No
obstante, no creemos que en ningún caso las conclusiones de ese informe
sean recomendar al Gobierno acceder a los 140 kilómetros por hora que
menciona la señora Diputada, velocidad que no está reglamentada en
ninguno de los países europeos, de los cuales sólo Francia, Austria e
Italia tienen como límite máximo la velocidad de 130 kilómetros por hora
en autopistas, con la sola excepción también de Alemania, que no
establece límite máximo genérico en autopistas, si bien establece algún
tipo de limitación en puntos muy concretos.
Como sabe S. S., el 17 de octubre de 1995 y con motivo del debate de una
moción consecuencia de una interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Popular, sobre política general que aplicaría el Gobierno para mejorar la
situación de la seguridad vial, se instó al Gobierno a proponer la
adopción de determinadas medidas. Una de ellas fue abrir este debate al
que antes me refería sobre la conveniencia de revisar los límites
genéricos de velocidad en carretera y autopista para conseguir prestigiar
el funcionamiento de la norma actualmente más incumplida del Código de la
Circulación. Así fue, se ha constituido este consejo, ha celebrado hasta
este momento --yo creo-- tres reuniones y las conclusiones todavía no han
sido elevadas al Gobierno, pero reitero a S. S. que en principio se
trataría de mantener el actual límite o tal vez aumentarlo ligeramente,
pero nada más que eso.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Solamente decir que teníamos una preocupación,
porque justo con motivo del último puente, que es cuando siempre se dan
las cifras, hemos sabido que la mortandad a consecuencia de vehículos de
motor es de casi 5.000 personas anuales y que la mayoría de ellas son por
exceso de velocidad. Eso nos preocupa, por un lado, por la propia esencia
de defensa de la vida humana que está significando este tipo de
accidentes y, por otro lado, porque el exceso de velocidad conlleva un
mayor gasto de carburante y una mayor emisión de contaminación que
también nos preocupan dentro de los niveles en que estamos. Yo creo que
todas esas cosas, aunque nos gusten mucho los coches nuevos que hay para
correr, debemos verlas dentro del desarrollo sostenible que a mí me
parece que también hay que valorar y, por tanto, queríamos mostrarle
nuestra preocupación, no por el hecho de que se pueda correr más, sino
por las consecuencias que pueda tener en la vida de las personas y en el
desarrollo ecológico que nosotros creemos hay que proteger.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Tomo nota de la
preocupación del Grupo Izquierda Unida que es preocupación también del
Gobierno, y haremos lo posible para que estas cifras, que son realmente
siniestras en cuanto a la mortandad por carretera, puedan ir descendiendo
en la medida de lo posible.
--DESALOJO DE LA VIVIENDA QUE OCUPABA UN AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL EN EL
BARRIO DE LORETO (CADIZ) CON EMPLEO DE LA FUERZA. DE DOÑA MARIA CRISTINA
ALMEIDA CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000188.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 10 también es formulada por la
señora Almeida, y tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Esa es una pregunta bastante diferente y
estamos preocupados, porque además es una pregunta que se ha pospuesto
tanto que desde que se hizo el asunto está menos vigente. Sin embargo, es
verdad que para toda una familia esto ha supuesto un trauma enorme. El
día 16 de septiembre de 1996 se procedió al desalojo por desahucio de un
guardia civil, de don Fernando Lagares, a nuestro entender no en las
mejores condiciones y, además, alegando algunas causas de las que todavía
ni siquiera habían sido resueltas por los Tribunales.
Nosotros creemos que en este desahucio, donde hubo la participación de 20
guardias civiles, algunos de ellos de paisanos, llegaron a tirar muebles
por las ventanas, no tiene nada que ver lo que es el ejercicio de un
derecho que al fin y al cabo se tendría que hacer a través de los
juzgados, con la invasión por parte de compañeros del cuerpo a otro
guardia civil, como es don Fernando Lagares, alegando que tenía que
abandonar la casa que ocupaba.
Queremos saber si ha tenido conocimiento de esta situación, cuáles han
sido las razones de tal violencia, y si era de tan urgente necesidad como
para no esperar el resultado de recursos contencioso-administrativos que
estaban y están todavía pendientes por parte de este ciudadano.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martín Fluxá): Señora
Almeida, voy a relatarle los hechos tal como han llegado a conocimiento
del ministerio y de esta secretaría de Estado.
Los pabellones de la Guardia Civil ubicados en la calle Carlos Haya, de
Cádiz, donde residía el señor Lagares, están asignados como viviendas
oficiales al alojamiento del personal del cuerpo en situación de
actividad y destinados en el 23 Tercio y 231 Comandancia, con sede en
dicha ciudad. El pabellón 3.º B, del inmueble número 5, dentro del
régimen de pabellones establecido por la Dirección General de la Guardia
Civil, en orden general número 54, de fecha 8 de agosto de 1994, está
clasificado como de unidad; por tanto, se asigna, por razón del empleo
del adjudicatario, en el grupo de cabos y guardias. Dicho pabellón fue
adjudicado con fecha 6 de noviembre de 1989 a don Fernando Lagares Pérez
por razón de su destino en la 231 comandancia de la Guardia Civil en
Cádiz.
Este guardia civil pasó a su actual situación de reserva el 5 de abril de
1994, es decir, hace dos años y medio. Esta resolución fue publicada en
el «Boletín Oficial» número 78, de 11 de abril de 1994, según resolución
1604466/94, y fijó su residencia en Jerez de la Frontera, próximo al
lugar donde se había retirado, en la Plaza de Andara, número 1, 9.º
derecha. Por tanto, causa baja en su destino y cesa en el derecho a
ocupar vivienda oficial, pero el 5 de abril de 1994, es decir, hace dos
años y medio.
Desde la fecha de pase a la situación de reserva se le notificó en varias
ocasiones por escrito, y con esa lentitud típica de la Administración, y
muchas veces también y por desgracia de la Guardia Civil, la obligación
de desalojar el pabellón oficial en virtud de esa Orden General del
Cuerpo que regulaba el régimen de pabellones oficiales, manifestando el
mismo su negativa a abandonar voluntariamente el pabellón y que su salida
del mismo --reiteró en diferentes ocasiones-- no sería de otro modo que
por la fuerza.
Conviene señalar también en este punto que, conforme al artículo 17 de la
orden general de pabellones de la Guardia Civil, el adjudicatario de un
pabellón cesa en su derecho a ocuparlo por alguna de las causas que
expresa el artículo 8 de la misma disposición, y una de esas causas es la
baja del interesado cuando éste causa baja en la unidad a la que está
asignado el pabellón. Por tanto, según el ordenamiento vigente, procedía
al desalojo del pabellón, lo que fue debidamente notificado al
adjudicatario, tal y como establece el artículo 20 de la orden aplicable.
Estas notificaciones se fueron produciendo una tras otra, y la última
realizada fue mediante un escrito, expediente número 2/1995, de 17 de
octubre, de la Asociación general de personal. En todas ellas se
notificaba una y otra vez la orden de desalojo y se daba el plazo de un
mes para llevarlo a cabo, durante una serie de meses, durante una serie
de años. El reiterado incumplimiento de esta orden motivó la presentación
en el Juzgado de Instrucción número 4 de la solicitud de mandamiento de
entrada y desalojo de sus ocupantes.
En virtud de un auto, con fecha de registro 5 de enero de 1996,
ratificado con fecha 6 de septiembre de 1996 (reitero a S. S. la cantidad
de meses que van pasando entre una resolución y otra), el pasado día 16
de septiembre, como bien señalaba, se procedió al desalojo del pabellón
oficial, sito en la calle Carlos Haya, número 5, 3.º B que ocupaba el
guardia civil. En dicho auto se señala, por una parte, que al interesado
se le había dado el trámite de audiencia y que había hecho uso de su
derecho a la interposición de los correspondientes recursos en vía
administrativa. La parte dispositiva del auto, en cuya virtud se
procedió, autorizaba la entrada en el domicilio de don Fernando Lagares a
fin de proceder al lanzamiento de sus ocupantes, que se debía llevar a
cabo por parte de funcionarios del cuerpo de la Guardia Civil.
Para concluir, señoría, quiero poner de manifiesto, primero, los dos años
y medio que pasan desde que se produce el pase a la reserva del
funcionario de la Guardia Civil correspondiente y el momento en que se
ejecuta y, segundo que, durante el desalojo, que se realiza por el
capitán de la unidad orgánica de la policía judicial y personal de la
Comandancia de Cádiz, no se empleó en ningún momento ni violencia a las
personas ni fuerza en las cosas.
En un principio no se produjo ningún tipo de incidentes, hasta que el
guardia civil en reserva y su hijo mostraron una actitud agresiva, según
me informa el jefe de la Comandancia, amenazando e insultando a la fuerza
actuante. Ante esta actitud, los agentes --que además lo hicieron con una
presencia judicial-- procedieron a la detención de ambos por resistencia
a la autoridad y se dio cuenta de ello a la unidad orgánica de policía
judicial de Cádiz, mediante un escrito de 18 de septiembre.
En cuanto al desalojo del mobiliario, se realizó por personal del equipo
de mantenimiento de la Comandancia empleándose, según me informan, el
material adecuado y depositando todos los enseres del domicilio en un
lugar señalado por los propietarios adonde fueron trasladados por un
camión requerido al efecto al Ayuntamiento de Cádiz.
Por último, quiero señalar a S. S. que el guardia civil Fernando Lagares
recibe mensualmente la cantidad que corresponde con arreglo a su empleo y
situación administrativa, por lo que en modo alguno puede hablarse de
desamparo de su familia. No se hizo más que cumplir con los
procedimientos legalmente establecidos en la normativa vigente y el
funcionario de la guardia civil don Fernando Lagares Pérez recibió el
mismo tratamiento que la ley establece para todos sus compañeros que se
encuentran en la misma situación. Se han respetado escrupulosamente las
disposiciones vigentes en la materia y se ha dado cumplimiento a los
mandatos judiciales con respeto estricto del derecho a la tutela judicial
efectiva del interesado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Almedia.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias por la información que me da,
pero tengo que decirle se la han pasado escrita y no coincide en absoluto
con la que yo tengo.
En primer lugar, suena raro que, sin haber ningún procedimiento de
repente, se pida una orden de desalojo por un juzgado de instrucción y
vayan 20 guardias civiles a hacer el desalojo de un piso. Tenemos que
decir que los pabellones de Capitán Haya no son tales pabellones, son
pisos alquilados que tiene la Guardia Civil; no son esos pabellones
militares. Son casas alquiladas por la Guardia Civil para su personal. El
señor Lagares nunca ha sido dado de baja. El está en la reserva activa
esperando el llamamiento. No están en ningún caso dado de baja del
cuerpo.
En segundo lugar, es una persona que tiene cuatro hijos, uno de ellos
minusválido. ¡La que se armaría allí! Dice que hubo violencia. No, es que
hubo 20 guardias civiles con
una actitud absolutamente fuera de lugar. Es innecesario que, yendo el
juzgado, vaya tanta gente a la casa. ¡Por supuesto que puede haber
nervios! Este hombre está enfermo de los nervios, que es la causa de que
esté en esos momentos en la reserva, y al ver esa situación, con un hijo
minusválido, que tiran a su mujer al suelo, sí se puede producir una
situación de tensión. Además se llevan detenidos a la Comandancia de la
Guardia Civil al padre y al hijo, con lo cual aumenta todavía más la
tensión. Los tienen una hora allí encerrados, no hay ninguna actuación
judicial y se les manda a la calle.
No creemos que haya sido todo tan sencillo, tan bueno. Creemos que,
primero, se había hecho uso de recursos. Con posterioridad, el día 26 de
abril, el juzgado le da el trámite para la suspensión del acto
administrativo; es decir, que las cosas no estaban tan claras ni había
una necesidad tan evidente como para que no haya otro enfrentamiento, que
es lo que nosotros nos tememos. ¿Que eso no es así? Pues le podemos decir
que los vecinos del barrio en que viven se han manifestado durante dos
días ante la violencia que ha tenido la Guardia Civil. Que me diga aquí
que esto es un paseíllo militar, que venga, que voy, le pongo todo
colocado en su sitio, me llevo los muebles con un guardamuebles, no es lo
que pasó allí, en Capitán Haya. O se lo han contado por otro lado, o,
desde luego, lo que hubo allí fue un acto de fuerza frente a una persona
con muchas necesidades, con cuatro hijos a su cargo, en un piso que es
alquilado y que no es un pabellón de la Guardia Civil, que no se daba la
situación de baja y que creemos que esa actuación fue un abuso de poder,
fue sin respeto de los derechos de este funcionario de la Guardia Civil,
aunque haya estado más o menos tiempo, porque es verdad que cuando uno
tiene cuatro hijos se tiene que plantear a dónde va a ir. Estuvieron unos
cuantos días durmiendo en las casas de los vecinos, precisamente por esta
situación.
No creemos que un guardia civil tenga que ser tratado así por los
compañeros de su cuerpo, y más cuando está en una situación de
enfermedad, en una situación de reserva, pero no en situación de baja del
cuerpo, por lo que, en nombre de este ciudadano, y como responsable de
seguridad queremos manifestarle nuestra protesta por esta forma de
actuación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
Presidente, señora Almeida, muchas gracias.
Estoy de acuerdo en que entre la versión que tiene S. S. y la versión de
la Guardia Civil hay alguna diferencia. De cualquier forma, le quiero
decir que entre el año 1994 y el año 1996 hay un plazo de tiempo en el
cual esta situación se podía haber arreglado, a lo mejor, de una forma
mucho más amigable por las dos partes: por parte del guardia civil en
cuestión y por parte de la Dirección General de la Guardia Civil.
Por otro lado, que fueran los pabellones en cuestión propiedad o no de la
Guardia Civil es irrelevante. Es un sitio que ocupa alguien que está en
activo. Tal vez ésa fuera la razón por la que desocupaban a esos señores
y que motivó al jefe de puesto, o al jefe de la Comandancia, en aquel
momento, a instarle, durante más de dos años, a que procediera a
abandonar el lugar.
Asimismo, por las informaciones que me dan, aunque a lo mejor no
coinciden con las de S. S., este señor tenía otro domicilio en Jerez de
la Frontera; es decir, que era otro lugar donde vivía, o sea, que
mantenía los dos domicilios. Suena raro que una persona necesitada y con
cuatro hijos, uno de ellos subnormal, tenga dos domicilios, pero la
explicación también puede ser que era más confortable o más cómodo para
él el primer piso y no se avenía a abandonarlo.
De cualquier forma, coincido con S. S. en que, en ningún momento, pueden
producirse ni situaciones de violencia ni situaciones de riesgo. Acepto
por ello la protesta de S. S. y la transmitiré, con mucho gusto, a la
Dirección General de la Guardia Civil.
--MEDIDAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA. DEL SEÑOR
PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA). (Número de expediente 181/000191.)
--MEDIDAS PARA INCREMENTAR LAS DOTACIONES DE PERSONAL DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA. DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente 181/000192.)
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta Ortega ha comunicado a la Mesa su
disposición para formular de forma conjunta las preguntas números 11 y
12, para lo cual tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, señor Martí Fluxá, Secretario
de Estado de Seguridad, yo creo que si la oposición denuncia deficiencias
en algunas instituciones del Estado cabe pensar que cumple, en mayor o
menor medida, su papel de denuncia, su papel de oposición. Yo quisiera,
para reforzar la autoridad de mis preguntas, señor Martí Fluxá, no
utilizar palabras de la oposición y utilizar las expresiones de
autoridades del Estado designadas por el propio Gobierno.
Por lo que se refiere a los efectivos policiales, el actual delegado del
Gobierno de la Comunidad Valenciana, don Carlos González Cepeda, el
pasado día 15 de noviembre, decía, según transcribieron los medios de
comunicación: Sobre los efectivos policiales de la comunidad, aseguró que
se seguirá reivindicando mayor número de personal, porque,
desgraciadamente, nuestra comunidad ha sido, en temas de seguridad, un
poco dejada de lado por parte del anterior Gobierno, ya que se dio
prioridad a otras zonas,
como fue Barcelona, en su momento, o Sevilla, en detrimento de Valencia.
Afirmó, en este sentido, que la comunidad autónoma vería satisfechas sus
necesidades si recibiera un total de entre 250 y 300 policías nacionales
y guardias civiles. Esto, por lo que se refiere a efectivos.
Por lo que se refiere a las instalaciones, el mismo delegado del Gobierno
no fue menos contundente. Calificó de deplorable el estado de
determinadas sedes policiales valencianas y estimó que más del 50 por
ciento de las casas cuartel de la Guardia Civil y de las comisarías del
Cuerpo Nacional de Policía necesitan de una rehabilitación importante. El
representante del Gobierno, según el periódico, consideró prioritario
avanzar en la remodelación y modernización de las infraestructuras
policiales, así como en la reestructuración de las casas cuartel. Insisto
en eso de considerarlo prioritario.
Estas eran expresiones del delegado del Gobierno el pasado mes de
septiembre. A primeros de octubre, toma posesión el nuevo jefe superior
de policía de Valencia y, en grandes titulares, el periódico dice que, en
su toma de posesión, el jefe de policía denuncia que en Valencia se
trabaja en edificios tercermundistas. La situación debe ser ciertamente
preocupante porque, después de estas manifestaciones del Jefe Superior de
Policía del pasado mes de octubre, el día 8 de este mes de diciembre, el
gobernador civil de Alicante dice que la insuficiencia de medios
materiales y humanos, sobre todo en lo que respecta a la Guardia Civil,
se plantea como un problema a solucionar con urgencia, junto con las
pésimas condiciones que presentan los cuarteles, envejecidos en extremo.
Se trata de cuarteles tercermundistas en algunos casos, insiste el
gobernador civil, y así no se puede seguir.
A la vista de estas manifestaciones, que me imagino que habrán dado lugar
a una cierta preocupación en la ciudadanía por proceder de quien proceden
y por afectar a un tema tan importante como el de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, me gustaría saber, señor Martí Fluxá, qué
medidas va a tomar el Gobierno en relación con los temas citados de
dotación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
la Comunidad Valenciana y de instalaciones materiales para dicho
personal.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Peralta,
mi contestación tiene que comenzar diciendo que el sueño de todo delegado
del Gobierno, el sueño de todo jefe superior de policía, cuando llega a
un lugar, es tener el máximo número posible de efectivos; las comisarías
y los cuarteles respectivos de la Guardia Civil, la mejor situación y en
orden de revista, y, para cualquiera de los ciudadanos de esos lugares,
exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando, por desgracia, hay que
administrar un presupuesto, siempre es mucho más complicado llegar a un
reparto con el que todo el mundo esté contento.
Voy a pasar a explicarle detalladamente cuáles son las obras previstas
por la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de que luego pueda referirme
también a los efectivos personales.
Por lo que se refiere específicamente a las previsiones de
infraestructura para 1997, la Guardia Civil no tiene previsto construir
nuevos cuarteles. En lo concerniente a obras de conservación y
mantenimiento, se van a ir atendiendo conforme vayan surgiendo, teniendo
en cuenta la gravedad y urgencia de las mismas y en función de las
consignaciones presupuestarias que se otorguen a este tipo de necesidades
en los presupuestos próximos de 1997.
Por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, en Valencia capital
se ha previsto realizar obras de adaptación del inmueble situado en la
calle Zapadores, número 48, para trasladar allí la Agrupación de
Caballería, ubicada actualmente en el paseo de la Alameda, así como los
servicios médicos, almacén de vestuario y material dependientes de esa
Jefatura Superior de Policía. En esa misma ciudad de Valencia, y en el
edificio de la Jefatura Superior, se pretende realizar obras de mejora en
la galería de tiro, con el fin de acomodarla a las exigencias de la
normativa vigente, para lo que se precisa la reforma de la zona de
parabalas, sistema de renovación de aire y revestimiento del suelo. Por
otra parte, en el inmueble de la comisaría local de Gandía se ha previsto
ejecutar obras de reparación de saneamientos verticales en los aseos, así
como la reforma de la renovación de aire en los calabozos.
En la provincia de Alicante se tiene el proyecto de ampliar el actual
inmueble de la comisaría provincial, mediante la construcción de un
edificio anejo en la zona del patio actual, con tres plantas comunicadas
con el inmueble principal. También para este cuerpo, las obras de
conservación y mantenimiento se van a ir acometiendo conforme se precisen
y de acuerdo con las cantidades que, a estos efectos, figuran en los
próximos presupuestos.
En lo que se refiere a la materia de recursos humanos, quiero
manifestarle, señoría, que las diversas plantillas del Cuerpo Nacional de
Policía de la Comunidad Autónoma Valenciana están dotadas en la
actualidad con los recursos humanos necesarios para cumplir las funciones
que tienen encomendadas, funciones de garantizar el libre ejercicio de
derechos, la protección de la seguridad ciudadana, en un número de
efectivos que se corresponden con el nivel de provisión de otras
plantillas similares en cuanto a población y conflictividad. No obstante,
este catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía hoy
vigente establece previsiones cuyas dimensiones pueden responder con
carácter general a una satisfacción óptima de las necesidades operativas
del Cuerpo Nacional de Policía. Esto daría lugar a un incremento de
efectivos, es decir, las plantillas no están totalmente cubiertas y, si
tenemos disponibilidad presupuestaria, lograríamos durante el ejercicio
próximo de 1997 cubrir los efectivos de esas plantillas policiales. De
cualquier forma, las actuaciones para dotar de personal a las unidades
del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Autónoma Valenciana deben
encuadrarse dentro de planteamientos globales, que atiendan a una
priorización de necesidades y a las posibilidades derivadas de los
efectivos reales disponibles, nuevos ingresos, promoción interna y pases
a la situación de segunda actividad.
De cualquier forma, señoría, es voluntad del Gobierno que durante el año
1997 los efectivos policiales para una serie de cuestiones relacionadas
con la seguridad ciudadana sean incrementados en la zona fundamentalmente
de Valencia capital.
Por otro lado, en cuanto al estado o la situación de comisarías y de
dependencias policiales, que mucha gente las califica como
tercermundistas, tengo que decir que no han estado en el Tercer Mundo; es
decir, algunas están en situaciones que distan mucho de ser ideales o que
distan mucho de ser perfectas, pero no todas se encuentran en tan triste
situación.
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Yo le tengo que felicitar, señor Martí Fluxá. No
sé si usted hizo algún estudio freudiano para ser capaz de interpretar
los sueños del delegado del Gobierno y del jefe superior de policía,
porque si no tendré que pensar que dice usted que cuando hablan están
durmiendo y se encuentran soñando. En todo caso, señor Martí Fluxá, si es
verdad que la obligación de todo delegado del Gobierno, por no decir el
sueño, es pedir mejores medios, yo creo que la obligación de todo cargo
de la Administración es atender las necesidades. Yo no me puedo creer,
señor Martí Fluxá, que haya sido un sueño del delegado del Gobierno, un
sueño del jefe superior de policía, y un sueño del gobernador civil de
Alicante calificar de tercermundista la situación en que se encuentran
más del 50 por ciento de los cuarteles de la Guardia Civil en la
provincia de Alicante y buena parte de las instalaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, según el delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana y según el jefe superior de policía de Valencia, en
Valencia. Alguna razón tendrán; y si no tienen ninguna razón, señor Martí
Fluxá, sinceramente, no sé cómo se les mantiene en su puesto, permitiendo
que hagan públicamente ese tipo de afirmaciones. Sinceramente, ¿cree
usted que es bueno para la ciudadanía que los responsables de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en una comunidad autónoma, en una
provincia, en la tercera capital del Estado, digan que la situación es
deplorable, que las instalaciones son tercermundistas, instalaciones que
no sólo son para los funcionarios, son para la ciudadanía en general? Si
no hay razón para decir eso, ¿cómo es que se les mantiene? Y si hay
razón, y yo tengo que decirle, señor Martí Fluxá, que me consta que hay
razón, no es de recibo la respuesta que me ha dado usted. Que me diga
usted que las obras de acondicionamiento y mejora se van a producir a
medida que aparezcan... No, no, es que ya están planteadas. Según lo dice
el delegado del Gobierno, nombrado por ustedes, el gobernador civil,
nombrado por ustedes, el jefe superior de policía, nombrado por ustedes,
ya están planteadas las situaciones. Y la respuesta, señor Martí Fluxá,
más allá de la voluntad y de las palabras que usted diga aquí, está en
los presupuestos del Estado.
¿Sabe que la dirección general de la Guardia Civil sólo prevé hacer
inversión en la Comunidad Valenciana en la provincia de Castellón y por
un importe de 9.200.000 pesetas? Es una situación tercermundista, según
el gobernador civil de Alicante: más del 50 por ciento de los cuarteles
de la Guardia Civil no tiene prevista ningún tipo de dotación.
Por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, las inversiones
previstas en los presupuestos para la dirección general de Policía hacen
referencia sólo a Valencia y por un importe de 31 millones de pesetas.
Nada para Alicante y nada para Castellón. Esta es la realidad, señor
Martí Fluxá.
En cuanto a dotaciones de personal, me dice que las plantillas están
cubiertas actualmente de una forma adecuada. Debe ser que lo que afirma
el delegado del Gobierno, cuando dice que hacen falta de 250 a 300
funcionarios, es (no quisiera creerlo) el sueño normal de esta persona,
pero tampoco quisiera atribuirle ese sueño a ninguna circunstancia
extraña, impropia de una autoridad. No es así, señor Martí Fluxá.
Le quiero recordar otro dato. Muy recientemente, el gobernador civil de
Castellón tenía que salir en los medios de comunicación a dar respuesta
al clima de preocupación que existía en la ciudadanía por el número de
mujeres asesinadas en Castellón. Cuando se le decía que había crecido
espectacularmente el número de asesinatos, tenía que decir que no
estábamos muy lejos de la rayita de la media del país. Estas son
realidades, señor Martí Fluxá; y en relación con eso me dice que es
voluntad del Gobierno, quizá, poder incrementar la plantilla en Valencia,
simple voluntad.
Tengo que decirle, señor Martí Fluxá, y ahora ya son palabras de un grupo
de la oposición que coincide con lo que le decían los propios
funcionarios y autoridades designadas por ustedes, que la situación que
tenemos en estos momentos en la Comunidad Valenciana no es satisfactoria.
Requiere, por parte del Gobierno, que se tomen medidas urgentes, tanto en
lo que se refiere a dotaciones de personas como a las instalaciones, en
beneficio, en primer lugar, de los ciudadanos, pero también de los
propios funcionarios.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Peralta,
no hace falta hacer estudios freudianos para saber qué es lo que piensa
un delegado del Gobierno, un alcalde o un jefe superior de policía. Es
decir, lo mejor para el lugar donde se encuentra. ¿Cómo puede ser de otra
forma? Naturalmente que busca eso. ¿Qué busca el Gobierno? El Gobierno
tiene una serie de obligaciones, un presupuesto que cumplir y unos fines
que realizar. En esos fines está la seguridad de todos y cada uno de los
españoles, incluidos, evidentemente, los de la Comunidad Valenciana, como
no puede ser de otra forma, y una de las preocupaciones fundamentales del
Gobierno es lograr ese grado de tranquilidad dentro de la Comunidad
Valenciana.
Me habla de presupuestos, me habla de cantidades que teníamos que haber
invertido. ¡Qué más hubiera querido el actual Gobierno, señor Peralta,
que más hubiera querido
yo que disponer para la Guardia Civil de los 21.000 millones que para
inversiones tuvieron en el pasado durante más de un ejercicio algunos
directores de la Guardia Civil! Yo me encuentro, para ese mismo concepto,
con unas cantidades absolutamente testimoniales. Con esas cantidades
testimoniales podremos arreglar tres tejados en Castellón, un tejado en
algún otro lugar y, con mucha buena voluntad y cooperación, como ha
sucedido por ejemplo en el caso de un municipio de Granada, hacer de
común acuerdo con el Ayuntamiento un nuevo cuartel de la Guardia Civil.
Pero con 1.400 millones, con un número de cuarteles de la Guardia Civil
próximo a los 2.300 ó 2.400, es muy difícil hacer maravillas.
Sobre los 31 millones a que se refiere de Valencia, vuelvo a decirle lo
mismo. ¡Qué más hubiera querido que disponer de muchos más millones! Este
es el único presupuesto posible que hemos podido aprobar en las actuales
circunstancias. Y vuelvo a decirlo, nada le hubiera sido más grato al
Gobierno que aumentar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía,
aumentar la plantilla de la Guardia Civil y hacer cuarteles, como se
hicieron en su día en Teruel o en Barcelona, donde hubo unas inversiones
absolutamente mastodónticas en cuarteles de un lujo afroasiático. Eso en
este momento no es posible. Tendremos que vivir y hacer un cesto con los
mimbres que nos hemos encontrado. Estamos encantados de hacerlo y lo
haremos con la mejor voluntad posible.
En cuanto a la seguridad ciudadana, naturalmente que es preocupación del
Gobierno y es voluntad del Gobierno hacerlo. Esa voluntad es la que
quiero dejar clara en estos momentos, es decir, que no por los escasos
presupuestos que tenemos vamos a dejar de cumplir nuestras obligaciones.
Las plantillas serán incrementadas en las necesidades que sean evidentes
y claras a juicio del Gobierno. Así se hará. En cuanto a las obras,
haremos también, en la medida de nuestras posibilidades, que esas
instalaciones no sean tercermundistas. Pero no sólo es el caso de la
Comunidad Valenciana. Nosotros nos hemos encontrado con un número de
cuarteles de la Guardia Civil en situaciones infrahumanas, en muchos
casos. De acuerdo que, en otros casos, nos hemos encontrado con obras
mastodónticas. Muy bien; pues durante esta legislatura intentaremos hacer
todo lo que esté en nuestra mano para evitar ese desnivel y esos
desequilibrios.
Nada más.
--EXPLICACION DE LOS INCIDENTES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 1996 EN GARRUCHA
(ALMERIA). DE DON JOSE ANTONIO AMATE RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTA-RIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000211.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, formulada por el señor Amate.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Señor Secretario de Estado de Seguridad, es
verdad que posiblemente esta pregunta haya perdido vigencia, haya perdido
actualidad, ya que los hechos que la motivan se produjeron hace casi
cuatro meses, en el mes de agosto. Sin embargo, he mantenido la pregunta
porque creo que tiene actualidad, puesto que actuaciones como las que se
produjeron en el puerto de Garrucha, en la provincia de Almería, se están
repitiendo con preocupante frecuencia.
Usted ha dicho a mi compañero, Carlos Sanjuán, que no habían cambiado los
modos ni los comportamientos democráticos en la defensa de la seguridad
del Estado, pero vuelvo a decirle que actuaciones como la de Garrucha se
produjeron hace un par de semanas al reprimir una manifestación de
estudiantes, en la que hasta un periodista fue agredido. (La señora
Vicepresidenta, Fernández de la Vega Sanz, ocupa la Presidencia.)
Los hechos a los que me refiero en la pregunta se produjeron el 23 de
agosto. Fueron unos incidentes, a mi juicio, graves. La Guardia Civil
cargó contra un grupo de trabajadores que estaban concentrados en el
puerto de Garrucha reivindicando que siguiera una obra, aprobada por la
Junta de Andalucía, de ampliación de un muelle comercial. No sé quién
ordenó a la Guardia Civil que cargaran contra estos trabajadores, pero
las consecuencias pudieron ser bastante graves. Hubo alrededor de ocho
trabajadores que necesitaron asistencia de los servicios de urgencia, y
no llegó a mayores quizá porque al final la sensatez se impuso.
Lo que le pregunto es cómo puede usted explicar que se produjeran
aquellos incidentes, totalmente innecesarios, y, sobre todo, quién dio la
orden a la Guardia Civil de cargar de aquella forma contra aquellos
trabajadores.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): En primer
lugar, como cuestión previa, quiero decir a S. S. que no se dio orden
alguna a la Guardia Civil para su intervención, y que su actuación fue en
autodefensa al ser agredidos sus efectivos, resultando uno de ellos
desarmado y derribado en el transcurso de una manifestación cuyos hechos
voy a relatar a continuación.
Como sabe S. S., la localidad de Garrucha vive en una situación de
tensión provocada por las obras de ampliación del puerto, un puerto
administrado por la empresa pública Puertos de Andalucía, de la Junta de
Andalucía. Se oponen a esta obra, señoría, el ayuntamiento, la cofradía
de pescadores y las asociaciones ecologistas, por entender que la
ampliación del puerto, con la finalidad de incrementar su capacidad de
exportación de yeso, exclusivamente, va a producir unos efectos negativos
para la pesca y para el turismo, sectores en los que se basa la economía
municipal. Es decir, en primer lugar, hay una lucha en este municipio de
Garrucha entre estos dos sectores, totalmente enfrentados.
El pasado día 8 de junio, comunicada previamente al gobierno civil se
celebró una manifestación convocada por el Ayuntamiento de Garrucha,
contrario a las obras para la ampliación de este puerto, sin que ocurra
ningún tipo de incidentes. Días más tarde, viendo que ese tipo de
manifestaciones
se van a poder seguir sin ningún tipo de oposición, el 23 de agosto se
vuelve a comunicar también al gobierno civil y de acuerdo con la ley
orgánica 9/1983 de 15 de julio, la celebración de otra manifestación,
otra vez en contra de las obras de ampliación del puerto, otra vez
convocada también por el Ayuntamiento de Garrucha y esta manifestación
discurría, entre otras vías públicas, por una parte de la carretera del
puerto.
Esta manifestación, con unos setecientos participantes, transcurría,
según las informaciones que me llegan, con toda normalidad por el
itinerario comunicado, hasta que llega a este punto de acceso a la citada
carretera del puerto. Esta carretera del puerto es la vía de tránsito
público y está ocupada por unas trescientas personas concentradas para
manifestar su apoyo a la ampliación del puerto y que, con una actitud
agresiva, impedían el desarrollo de la manifestación legalmente
convocada. Es decir, por una parte, una manifestación que había pedido la
correspondiente autorización para celebrarse y, por otra, una
manifestación espontánea que aparece por parte de aquellas personas que
están favoreciendo la construcción del puerto.
Esta contramanifestación fue convocada con una absoluta inobservancia de
los requisitos exigidos en la citada Ley orgánica 9/1983 y era, en
consecuencia, completamente ilegal. Los organizadores eran: el encargado
o responsable del puerto de Garrucha, su esposa, que es concejal del
ayuntamiento, y un empresario, único consignatorio del puerto a los que,
previa denuncia de la Guardia Civil, se les ha incoado un expediente
sancionador, de acuerdo con la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la seguridad ciudadana.
La intervención de la Guardia Civil en estos sucesos está amparada
constitucionalmente, como bien saben SS. SS., es decir, cuando interviene
la Guardia Civil es para defender a unos manifestantes en su derecho a
manifestarse, es para defender el derecho a la manifestación de unos
ciudadanos que así lo han pedido libre y voluntariamente y que así se les
ha concedido.
De cualquier forma, debo señalar que la autoridad gubernativa dispuso que
veinte guardias civiles de la Comandancia de Almería estuvieran en las
inmediaciones del puerto, previendo que sucediera este tipo de
actuaciones, Y la actuación de la Guardia Civil frente a las personas que
ilegalmente intentaban impedir el ejercicio legal y legítimo del derecho
de manifestación, reitero, fue la de intentar establecer o abrir una
pasillo entre aquéllas, intentando, por las informaciones que me llegan,
y durante cuarenta y cinco minutos, todas las vías posibles de diálogo y
negociación.
Al ser agredidos en esta tarea los efectivos de la Guardia Civil y ser
desarmado y derribado al suelo un guardia, actuaron puramente como
autodefensa y lanzaron dos botes de humo hacia arriba para evitar todo
contacto con las personas, efectuando, al parecer, algunos disparos con
munición de fogueo, disolviéndose así los contramanifestantes y
continuando la manifestación por el itinerario previsto.
No sé si esta información coincide con la que tiene S. S. pero no puede
hablarse de una carga de la Guardia Civil, puesto que se limita a
utilizar los medios disuasorios a los que antes me he referido.
La consecuencia de estos incidentes fue que ocho guardias civiles
sufrieron contusiones leves, sin que se tenga noticia, en contradicción
con lo que me dice S. S., de que se haya hospitalizado o asistido a
ningún vecino en los centros sanitarios de la comarca. Por otra parte,
tres personas que efectuaron agresiones a los miembros de la Guardia
Civil fueron puestos a disposición judicial.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Tiene la palabra el
señor Amate.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Desde luego, señor Secretario de Estado, si a
mí me hubieran dado la información que le han dado a usted, yo cesaba
automáticamente a quien me hubiera informado, porque le han desinformado.
Tuve la oportunidad de, al día siguiente, acercarme a ese municipio y ver
dos vídeos de dos televisiones locales que lo habían grabado y no se
corresponde con nada de lo que usted ha contado aquí, que supongo que es
lo que a usted le han informado, porque usted no tenía la obligación ni
estuvo allí presente.
No me voy a meter en quién lleve razón en cuanto a la reivindicación del
ayuntamiento o los que se oponen a que se aumente o amplíe el muelle o
los que están a favor de que se amplíe. Eso es un problema que tienen
allí los ciudadanos del pueblo. La verdad es que son unas obras que se
aprobaron por unanimidad por el ayuntamiento hace unos cuantos años y que
ahora el ayuntamiento ha cambiado de opinión, pero están en su derecho de
hacerlo; yo ahí no me meto.
Ya ha habido tres manifestaciones. En dos de ellas, no ha pasado
absolutamente nada y en ésa del 23 de agosto sí que se produjeron esos
incidentes. La manifestación --que es verdad que se comunicó al gobierno
civil-- llevaba un itinerario señalado en la solicitud, en la
información, porque precisamente por esa Ley orgánica ya no hay que pedir
autorización, pero sí se señalaba un itinerario; ese itinerario pasa por
una carretera interior del puerto de Garrucha sobre la que no tiene
autoridad ni el gobierno civil ni nadie, es un puerto transferido a la
Junta de Andalucía, y ese que dice usted que era el encargado del puerto,
que estaba al frente de la manifestación, era la autoridad portuaria de
ese puerto y el que había dado autorización, dentro de los límites de ese
puerto. En la entrada de esa carretera hay un gran letrero que pone:
Prohibido el paso a toda persona ajena a estas dependencias; por ahí es
por donde querían entrar los manifestantes y por ahí es por donde la
autoridad portuaria, que es la única autoridad que tiene poder para
permitir el paso, no le dio autorización para que pasaran. Después de
mucho hablar, y de intentar la Guardia Civil que se fueran los
manifestantes que querían entrar en el puerto, por los motivos que sean
cambian de opinión y cargan contra los que estaban concentrados allí con
autorización del director del puerto, de la autoridad portuaria.
Por tanto, ni era un capataz el que estaba allí al frente de eso; era en
unos terrenos donde el gobierno civil no tenía
capacidad para autorizar que se pasará; era solamente la autoridad
portuaria la que tenía esa capacidad; no se ve en ninguno de los vídeos
de las televisiones locales que desarmaran a ningún guardia civil ni que
le tiraran al suelo; sí se ve un vídeo donde un guardia civil, a una
distancia de menos de medio metro, le pone un fusil con una carga de una
bomba de humo a un chaval de menos de dieciséis años; en la tensión
nerviosa, si se le escapa el tiro le vuela la cabeza. Por eso le decía yo
al principio, señor Secretario de Estado, que no se llegó a incidentes
más graves gracias a la sensatez de los ciudadanos de Garrucha.
A quien le haya dado esa información totalmente sesgada, yo, si estuviera
en su lugar, le cesaba en veinticuatro horas.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Amate,
estoy de acuerdo con S. S. en que la versión que me han dado la Guardia
Civil y el gobierno civil de Almería difiere considerablemente de a
versión que tiene S. S. Por tanto, me comprometo en este mismo momento a
pedir una explicación exacta y esos vídeos, que estoy seguro de que
estarán en posesión del gobierno civil. (El señor Amate Rodríguez: Yo se
los entrego.) Se lo agradezco mucho, pero también estarán en posesión del
gobierno civil y probablemente de la comandancia del puesto de la Guardia
Civil.
De cualquier forma, es destacable que en Garrucha existe un problema
ineludible. Es un problema que habrá que resolver de alguna forma y con
la mejor voluntad de todas las partes en cuestión, de todos los afectados
por la ampliación del puerto. Es también lamentable que, probablemente
por unas oposiciones ideológicas --en este momento, desconozco qué color
político tiene el Ayuntamiento de Garrucha, junto con el puerto que
depende de la Junta de Andalucía, pero me imagino ya de qué color puede
ser--, por un tipo de ataques ideológicos o diferencias de posiciones
basadas puramente en la ideología, pueden sufrir ciudadanos totalmente
inocentes que se ven manipulados por unos y por otros en manifestaciones,
en un sentido y en otro, en las cuales puede haber heridos y puede haber
una serie de problemas causados por estas actuaciones, que, repito, son
lamentables desde cualquier punto de vista.
Por ello, señor Amate, me comprometo a pedir un vídeo de la cuestión, a
hacer un estudio sobre qué sucedió exactamente y a tomar las decisiones
correspondientes.
--PLAN PUESTO EN MARCHA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR DUPLICANDO LOS
EFECTIVOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA EN GUIPUZCOA, VIZCAYA Y NAVARRA.
DE LA SEÑORA LASAGABASTER OLAZABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 181/000220.)
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Pasamos a la
siguiente pregunta, formulada por la Diputada doña Begoña Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la duplicación
de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en Guizpúzcoa, Vizcaya y
Navarra.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: La pregunta hace referencia a una
información aparecida en un medio de comunicación el 20 de octubre de
1996, según la cual el Ministerio del Interior procedía a aplicar un plan
por el que se producía una duplicación de los efectivos antiterroristas
del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.
No pretendo que usted me dé todos los detalles del plan, por sentido
común y por la eficacia, eficiencia y seguridad que se precisa, pero sí
que nos dé una explicación sobre esta información, sobre la realidad de
esa duplicación de efectivos antiterroristas. ¿A qué servicios hace
referencia esa duplicación de efectivos? ¿Cómo concuerda esa duplicación
de efectivos con la propia noticia, que señala que el peso de la lucha
antiterrorista recaerá en agentes que ya están en esas comisarías? ¿Qué
supone de modificación respecto al esquema existente anteriormente? ¿Cómo
concuerda esta noticia del plan de duplicación con sus propias
declaraciones --creo que han sido suyas y, si no es así, son de algún
miembro del Ministerio del Interior--, según las cuales se admitía que
existía o que existe una sobredimensión de parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y, en concreto, del Cuerpo Nacional de Policía?
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Como bien sabe
la señora Lasagabaster, en el País Vasco, la policía autónoma ha asumido
con carácter integral sus competencias en las tres provincias de la
comunidad autónoma, manteniendo el Cuerpo Nacional de Policía las
siguientes: en primer lugar, las relacionadas con el terrorismo; en
segundo lugar, las que afectan a extranjería, documentación y fronteras;
los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y las
investigaciones que tengan un carácter extracomunitario, fundamentalmente
las relacionadas con la delincuencia organizada.
A diferencia de lo que sucede en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
Navarra, el Cuerpo Nacional de Policía conserva todas las competencias
que le atribuye la normativa vigente en aquellas localidades donde
actualmente se encuentra desplegado, dándose la circunstancia de que en
esta comunidad se está produciendo un agravamiento de actos violentos,
constituyendo una zona especial de actuación de la banda terrorista ETA y
grupos que colaboran y cooperan con la misma.
Esta última circunstancia y el distinto nivel de competencias en ambas
comunidades autónomas aconsejan llevar a cabo una reestructuración en los
servicios del Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Policía de Bilbao,
que sería eficaz para las tres provincias vascongadas, y Pamplona. Esta
reestructuración se va a basar en las siguientes premisas: primero, y
dentro de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, se va a proceder a
reforzar las brigadas provinciales de información de Bilbao, San
Sebastián y Vitoria, dedicadas básicamente a labores antiterroristas.
El aumento de funcionarios que pueda conllevar este reforzamiento se
cubrirá detrayéndolos principalmente de las actuales brigadas de
seguridad ciudadana, cuya competencia ha sido asumida por la Policía
autónoma vasca. Igualmente, se van a reforzar las brigadas provinciales
de extranjería y documentación en orden a mejorar y potenciar el
cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Schengen, se
crearán comisarías mixtas hispanofrancesas en la frontera de Irún y se
cubrirán las necesidades derivadas de la consideración de fronteras
exteriores de los puertos de Bilbao y Pasajes.
Segundo, y respecto a la Jefatura Superior de Policía de Pamplona, el
mantenimiento con carácter globalizado de las competencias del Cuerpo
Nacional de Policía y el recrudecimiento de actos violentos provocados
por sectores de la denominada izquierda abertzale aconsejan igualmente
una reestructuración de los servicios policiales con los siguientes
fines: Potenciar la brigada provincial de información. El trabajo de esta
unidad estaría encaminado al desarrollo de una política policial de tipo
preventivo, centrada principalmente en el seguimiento permanente de
aquellos colectivos y actividades ciudadanas que sirven de caldo de
cultivo a los actuales movimientos y organizaciones próximos a las bandas
terroristas. En segundo lugar, en Navarra pretendemos dotar adecuadamente
a la brigada provincial de seguridad ciudadana de los medios materiales y
humanos necesarios que permitan dar respuesta puntual a los problemas
actuales, basados en las alteraciones públicas constantes y en una
confrontación sistemática con las instituciones. Los efectivos con que
cuenta actualmente dicha brigada en Pamplona se verían reforzados
mediante la adscripción de dos grupos de la unidad de intervención
policial, que ahora se encuentran en Bilbao. Además, se adscribirán a la
Jefatura Superior de Policía de Pamplona las siguientes unidades, que
ahora tienen su sede en Bilbao: el equipo de desactivación de explosivos,
el equipo de subsuelo, el grupo de guías caninos, el grupo operativo
especial de operaciones (GOES) y la base de helicópteros. En este
momento, se están llevando a cabo los estudios pertinentes, en orden al
traspaso de los efectivos de estas unidades, de una a otra jefatura.
En conclusión, puedo asegurar a la señora Diputada que tales actuaciones
van a suponer una reordenación en la adscripción de los efectivos de las
distintas unidades con que cuentan las jefaturas superiores de Policía de
Bilbao y Pamplona, sin que suponga en modo alguno un aumento en la suma
de los efectivos de ambas jefaturas.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Si no he entendido mal, porque no soy
una experta en esta materia, he entendido que básicamente en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en concreto, en Bilbao, lo que van a reforzar es
el tema de información, deduciéndolos de aquellas unidades que
efectivamente han reconocido que estaban sobredimensionadas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Nutriéndolos.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sí, nutriéndolos, digámoslo así.
Nutriéndolos supongo que significa que aquellos que están
sobredimensionadas, como usted me ha respondido en alguna otra pregunta,
que son la unidad de intervención policial, guías caninos, etcétera, es
decir, una reordenación de los propios servicios que ya existen en
Bilbao.
Respecto a Navarra, me dice usted que se van a incrementar en todos los
campos, tanto en la información como en los campos operativos de
intervención policial, guías caninos, etcétera.
Me gustaría saber cómo se corresponde, en la medida en que parece ser que
la información es lo que más les preocupa en este momento, con unas
declaraciones. Digo si se puede tratar de coordinar --es una pregunta sin
ningún calificativo--, si se puede tratar de coordinar esta necesidad de
información con la información que pueda ser obtenida por parte de los
servicios de la Ertzaintza. Lo digo por cuanto que el propio consejero de
Interior, que supongo que conoce mejor que yo esta materia, ha señalado
que, en su opinión, se podría proceder a una reducción del 40 por ciento
de los efectivos de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional.
Mi pregunta es: ¿Requieren una mayor dimensión los servicios de
información o podría producirse una coordinación con los servicios de
información de la Ertzaintza, dado que, al parecer, según la opinión del
señor Atutxa (yo no soy experta en este tema pero entiendo que él puede
conocer también esta cuestión), se podría producir una reducción del 40
por ciento de los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): La coordinación
es un sueño de todos los que hemos ocupado el lugar que en este momento
ocupo, y veo que el señor Belloch en esta cuestión comparte mi inquietud
y comparte mi preocupación. Sería absolutamente ideal conseguir esa
coordinación con los servicios de información de la Ertzaintza, y le
puedo asegurar que estamos trabajando en esa línea.
La idea, señora Lasagabaster, es fundamentalmente dimensionar en sus
justos términos nuestros efectivos, tanto en el País Vasco como en
Navarra. Es decir, nos hemos dado cuenta de que en Navarra hay que
potenciar todo lo que hay, mientras que, en cambio, en el País Vasco hay
una serie de fuerzas, que se dedicaban fundamentalmente a la seguridad
ciudadana, y esa seguridad ciudadana ya no es
competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por lo
tanto, los que se dedicaban a seguridad ciudadana se pueden dedicar bien
a las materias que todavía tiene el Estado, que era Policía del Estado,
tanto Policía como Guardia Civil, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, o bien pedir el traslado a otros lugares.
Lo que parece que es inútil es señores que se dedican a la seguridad
ciudadana, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuando ya no
tienen competencias en materia de seguridad ciudadana estos Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto es lo que hemos buscado, ni más ni
menos.
En cuanto a la cuantía de las reducciones, en cuanto a los porcentajes de
las reducciones, serán los que sean necesarios. Puedo asegurar que, dada
la escasez de los efectivos con que cuenta la Secretaría de Estado de
Seguridad, intentamos por todos los medios que no haya en ningún caso
efectivos ociosos, en ningún lugar, ni en el País Vasco ni en ningún
otro.
Creo que con esto contesto a la pregunta de la señora Diputada.
--ESTABLECIMIENTO DE TASAS PARA EL PAGO POR LOS CIUDADANOS DE SERVICIOS
PROPIOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA. DEL SEÑOR VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL
GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000222.)
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Pasamos a la
siguiente pregunta que formula el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el establecimiento
de tasas para el pago por los ciudadanos de servicios propios de la
seguridad pública.
Tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Secretario de Estado, para el
Grupo Socialista hay servicios esenciales y básicos, entre los que se
encuentran la protección y seguridad de los ciudadanos, que deben ser
financiados por vía de impuestos y, además, de forma progresiva conforme
recoge y mandata la Constitución española.
No nos es ajena su voracidad, la de su Gobierno, no la suya, lógicamente,
en el intento de implantación de nuevas tasas, de incremento de los
impuestos indirectos que no pone sino de manifiesto la regresividad y el
talante de lo que, por otra parte, es lógico en un Gobierno conservador.
El día 21 de octubre --y no el 28 de diciembre en este ambiente
distendido en el que nos encontramos, porque podría sonar a broma, sería
de mal gusto, pero parece que no es tal broma-- nos despertamos y nos
levantamos con unos llamativos titulares en unas declaraciones
entrecomilladas del Director General de la Guardia Civil, el señor
Valdivielso, en las que manifiesta que el Estado tiene que garantizar
unos mínimos de seguridad, pero que, a partir de ahí, el resto de la
seguridad que se la paguen los ciudadanos, para lo cual el Gobierno está
estudiando implantar unas tasas para la prestación de servicios públicos
de seguridad.
Ahí viene nuestra inquietud, porque luego desarrolla tal titular --que
podría ser una cuestión de un error de prensa y ¡qué va!--: hay que
olvidar, entrecomillado, que el principio de la seguridad es gratis, la
seguridad hay que pagarla, hay que implantar nuevas tasas; en fin no me
voy a extender mucho más.
La pregunta es muy concreta y quisiera que nos aclarara qué tipos de
servicios de seguridad pública son los que los ciudadanos tendrían que
pagar, qué considera el Gobierno que son esos mínimos, según el Director
General de la Guardia Civil, de servicios que sí debe garantizar el
Estado, a partir de cuándo tienen que pagar los ciudadanos tasas, por qué
tipos de servicios, por ejemplo, por llamar a la Guardia Civil; porque a
lo mejor sale más barato dejarse llevar, depende de lo que tengas, que
llamarla.
Esta sería la cuestión y nos gustaría que nos lo explicara con claridad,
a ser posible, claro, y si lo comparte o bien se trata de una broma de
mal gusto y desautoriza estas declaraciones, entiendo que desafortunadas,
del Director General de la Guardia Civil.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): En primer
lugar, permítame, señor Diputado, hacer unas disquisiciones de tipo legal
sobre el concepto de tasas. La tasa es un tributo cuyo hecho imponible
consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades en
régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien a los
sujetos pasivos cuando concurran los siguientes elementos o las
siguientes circunstancias: Primero, que sean de solicitud o recepción
obligatoria por los administrados. Segundo, que no puedan prestarse o
realizarse por el sector privado; igualmente rigen una serie de
principios, como puede ser el tema de equivalencia, es decir, que las
tasas tienden a cubrir el costo del servicio o de la actividad que
considera el hecho imponible, la capacidad contributiva, la legalidad,
etcétera.
Por todo ello, hay que decir que sí cabe esa posibilidad de establecer
unas tasas para la prestación de servicios públicos, siempre que se
realice en una serie de términos previstos por la ley. Pero, señoría,
sobre las tasas por prestación de servicios de seguridad conviene
realizar dos matizaciones: En primer lugar, en caso de que alguna vez se
planteara la posibilidad de cobrar alguna tasa por cuestión de seguridad,
en cualquier lugar tenemos que tener muy claro que el ciudadano es
acreedor de la seguridad que las circunstancias demanden y no cabe
referirse a prestación individualizada de la seguridad pública en ningún
caso. Por tanto, en ningún caso se va a poder cobrar una tasa por esa
llamada a un cuartel de la Guardia Civil o por cualquier otro tema que se
refiera a la seguridad en general, así considerada.
¿Por qué motivo puede cobrarse una tasa? Por una concesión de una
licencia de caza, por una concesión de
una licencia de armas, por una concesión de un Documento Nacional de
Identidad, por una concesión, o por un otorgamiento, o por una
distribución de un pasaporte, pero en ningún caso es voluntad del
Gobierno, yo creo que queda suficientemente claro, cobrar una tasa por la
seguridad per se. Es decir, por la seguridad que suponga llamar a la
policía, por la seguridad que suponga llamar a la Guardia Civil en un
momento dado, por presentar una denuncia, porque un guardia te ayude a
encontrar algo sobre lo que se ha presentado una denuncia por robo. Ese
tipo de cosas está absolutamente fuera de cuestión.
Por tanto, es absoluta voluntad del Gobierno, y en este caso estoy
totalmente de acuerdo con S. S., que exista un conjunto de servicios
mínimos que todo Estado debe prestar sin contraprestación
individualizada, sin tasa alguna. Sin embargo, también es de justicia que
el coste de una prestación, de un servicio de seguridad específico,
individualizado, por ejemplo, la licencia de armas, pueda recaer en parte
sobre los beneficiarios del acto o de la licencia en cuestión, en lugar
de ser financiado por la totalidad de los impuestos generales que pagan
todos los ciudadanos. De cualquier forma, estos casos son supuestos
excepcionales y no de tipo general.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Rapidísimamente, porque casi vamos a
coincidir, aunque espero que no sirva de precedente, con la intervención
del Secretario de Estado.
Respecto a la primera parte de la intervención sobre la calificación
jurídica, el hecho imponible y demás de lo que es una tasa, puedo decirle
que también lo conozco, más o menos. Pero la posibilidad, efectivamente,
abarcaba algunas hipótesis peligrosas de implantación de nuevas tasas. En
cualquier caso, señor Secretario de Estado, en aras a la brevedad sí le
agradecería que, como es compartida, esta opinión se la traslade al señor
Valdivielso porque no concuerda, en absoluto, con lo que él había
manifestado públicamente. Y me alegro de que sea sólo una mala pasada,
una broma o un globo sonda de éstos a los que nos tienen acostumbrados
últimamente, y que al menos hasta después de Navidades nos dejen
tranquilos.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
Villarrubia, me comprometo a transmitir sus observaciones al señor López
Valdivielso y, una vez más y peligrosamente, sigo coincidiendo con S. S.
--POLITICA DEL GOBIERNO SOBRE EL MANTENIMIENTO O CIERRE DE CUARTELES DE
LA GUARDIA CIVIL. DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente
181/000223.)
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Pasamos a la
siguiente pregunta, también del señor Villarrubia, sobre política del
Gobierno en el mantenimiento o cierre de cuarteles de la Guardia Civil.
Tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy a intentar intervenir con la misma
brevedad.
Señor Secretario de Estado, de entrada, además de que nos gustaría
conocer definitivamente la voluntad del Gobierno sobre esta cuestión,
sobre el mantenimiento o no de los cuarteles de la Guardia Civil, sí
quisiera manifestarle el malestar que nos ha creado una situación que
consideramos una absoluta falta de respeto, en el fondo y en la forma, a
la actividad parlamentaria, en este caso más directamente al Diputado que
formula la pregunta.
Ha habido, como en tantas otras ocasiones, distinto tipo de
manifestaciones, porque ante esta Cámara el director general de la
Guardia Civil, el señor Valdivielso, manifestó en una comparecencia en el
mes del septiembre, el día 28, más o menos, que no era su voluntad
proceder al cierre de cuarteles de la Guardia Civil con carácter general,
salvo que, consensuadamente, negociadamente y de acuerdo con todas las
instituciones, pudiera llevarse a cabo, pero siempre de forma negociada.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Una vez más, y leo textualmente, dice: Desde el punto de vista económico
resulta insostenible y desde el estratégico también, ya que hay algunos
puestos con tres o cuatro guardias, en los que lo único que pueden hacer
es autoproteger el cuartel. Tengo previsto eliminar un centenar de
cuarteles más en todo el país. Sin embargo, esta medida apenas afectará a
Castilla y León. Y como estaba en mi provincia, Palencia, dijo: y desde
luego a Palencia nada.
Ingenuamente, hacemos la pregunta y le preguntamos el número total,
cuántos iban a ser en Castilla y León y, por si acaso, si era verdad que
ninguno en Palencia. Y nos contestan, con tiempo, porque se puede tener
mala información y en un repente cualquiera puede equivocarse. Pero no,
transcurridos todos los plazos reglamentarios, tarda dos meses y pico en
contestar, con tan mala fortuna que me contestan unos días antes de la
festividad de la patrona de la Guardia Civil, diciendo que en total
pretende cerrar 181 cuarteles --los desglosa por comunidades autónomas--,
en concreto, en Castilla y León, 18 y --¡qué mala suerte para este
Diputado!-- de los 18 de toda la comunidad, en Palencia, 11. Naturalmente
se produce una pequeña alarma, empiezan a llamar de un lado y de otro,
salen los titulares. Todo eso pasa el 10 de octubre y la patrona era el
día 12. Se produce un pequeño jaleo y me contesta hasta el alcalde del
Ayuntamiento de Palencia mandatado por la Guardia Civil, quien me dice:
Señor Diputado, esa información no es adecuada, eso es lo que quería
hacer el otro Gobierno. (Risas.) Esto es algo que se habló y tiene, está
escrito, no es broma. El día 16 me contestan a la pregunta --la pregunta
es sobre qué pretende hacer el Gobierno del Partido Popular, no qué
pretendíamos o qué planes había antes-- con cuatro líneas más y diciendo
que eso era lo que quería hacer el Gobierno anterior, ¿eh? Corregimos el
error en la contestación por escrito, pero creo que por un mínimo respeto
se debe exigir que por el mismo conducto parlamentario se vuelva a
rectificar, si hay que rectificar, que no había nada que rectificar, sino
que era una razón de mera oportunidad para volver a decir nuevamente que
no van a cerrar ningún cuartel.
No es el tema de fondo el que más me ha preocupado para formular esta
pregunta, sino la falta de seriedad y respeto, porque incluso en el fondo
probablemente podamos coincidir y materias como la seguridad y el tema
relativo a los cuarteles de la Guardia Civil creo que requieren un rigor
y una seguridad y no se puede ir como corcho del río a la deriva; ésta es
una frase de Arturo Pérez-Reverte, no es mía, pero es muy aplicable en
este caso a las actuaciones, una vez más, del Partido Popular. En ese
sentido quiero que me explique, si es que lo sabe y conoce --supongo que
sí-- el porqué de estos vaivenes, de manifestaciones en función del lugar
en que se encuentran y, sobre todo esa falta de respeto cuando se formula
una pregunta, se contesta por escrito y se adelantan terceros o
intermediarios políticos utilizando otras instituciones para desmentir y
buscar otros titulares de prensa que no han desmentido por escrito.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para
la Seguridad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Martí Fluxá): Voy a
intentar poner cierto orden en esa especie de galimatías que me ha
transmitido el señor Diputado.
Le puedo decir que desde 1991 hasta la fecha se han cerrado en España 596
cuarteles y con esta cifra la fase de cierre generalizado ya ha sido
cubierta. La política que se va a aplicar en este sentido es la de
examinar cada caso concreto atendiendo fundamentalmente a tres criterios
que intentaré desarrollar y que son los siguientes: racionalidad,
eficacia y operatividad.
Como saben SS. SS. existe una constante demanda social en los pueblos
respecto a la permanencia de los puestos de Guardia Civil. Es una demanda
absolutamente justificada ya que en materia de seguridad la cercanía de
las instituciones de los individuos constituye un valor absolutamente
esencial y esa sensibilidad es compartida por el Ministerio del Interior.
Sin embargo --como muchas veces hemos repetido--, la escasez de recursos
hace difícil mantener muchos de estos puestos. No compartimos la opinión
de que un puesto por tener un número limitado de efectivos deja de tener
sentido o ya no sirva para nada, por el contrario, proporciona
tranquilidad y seguridad a los ciudadanos.
Como antes he dicho seguiremos los tres criterios de racionalidad,
eficacia y operatividad. Una racionalidad en la distribución de la
plantilla, de acuerdo con la demanda social; una eficacia entendida como
intentar lograr los mejores resultados en los servicios que se requieren
y operatividad como capacidad para conseguir el exacto cumplimiento de
las misiones que la Guardia Civil tiene encomendadas.
De la aplicación de estos criterios pueden derivarse en los próximos años
decisiones puntuales en relación con determinados acuartelamientos, pero
--reitero-- no existe un plan de cierre generalizado de cuarteles. Por lo
tanto, no se puede hablar de número ninguno. Respecto a este último
aspecto el Ministerio del Interior también está abierto a todo tipo de
convenios de colaboración con comunidades autónomas, entes locales o
provinciales para lograr esa construcción de cuarteles a la que antes nos
referíamos e intentar paliar, en suma, los problemas presupuestarios que
tenemos y conseguir esa presencia de cuarteles en muchos lugares de
España, manteniendo ese contacto con gente que puebla la España rural,
porque este contacto también forma parte de la propia idiosincrasia de la
Guardia Civil.
En este espíritu y con esa finalidad estamos buscando una serie de
mejoras en los cuarteles con las cantidades que antes no referíamos, pero
para reparación y mantenimiento correspondiente al año próximo no tenemos
más que 772 millones de pesetas. No obstante, esperamos que en los
próximos ejercicios --yo no sé si porque también pretendo soñar que el
presupuesto del año 1998 sea mejor que el de 1997-- el presupuesto
correspondiente a la Guardia Civil nos permita atender durante las
próximas anualidades las atenciones que precise el Cuerpo. Pero le
reitero a S. S. que no existe ningún plan de cierre generalizado de
cuarteles.
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia Mediavilla.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Brevísimamente, porque de nuevo lo que
procedería una vez más sería que trasladara estos mismos criterios y esta
opinión al señor Director General de la Guardia Civil, a ver si se entera
y nos enteramos todos un poco. De todas formas, y termino, no me ha
contestado a lo que a mí me ha preocupado más. Porque, sin duda, los
criterios que ha dicho ahora, sin contestar concretamente y sin decir si
se van a cerrar o no, no lo han dejado claro, y me gustaría que, si
puede, nos los aclarara un poco más en este sentido. Los criterios
globalmente pueden ser compartidos por nuestro grupo, pero no desde luego
la forma de actuar que yo le he denunciado cuando he ampliado la
pregunta, y que no son opiniones porque están por escrito, en sendas
respuestas firmadas por el Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes. Ese desprecio a la función parlamentaria y esa forma de actuar yo
creo que debe ser corregida y que en temas de este tipo no se puede andar
sujetos a esos vaivenes que hemos comentado y que hay que actuar con
rigor. Eso no lo tiene claro el Director General, porque por un lado
habla de las tasas en servicios públicos y, por otro, dice que hoy cierro
cien cuarteles, luego contesta con 181 en función de dónde se encuentra
y, según dé el aire, la veleta apunta en una u otra dirección. Esto nos
parece que es poco serio.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
Villarrubia, una vez más transmitiré su queja al señor Valdivielso. De
cualquier forma
quiero decirle que tampoco me gusta a mí la forma en la que se han dado
esas contestaciones. Es decir, me parece poco presentable ese tipo de
error, dando informaciones correspondientes al anterior Gobierno, y una
falta de respeto que no tiene por qué producirse. Espero que no se vuelva
a producir y tomaré todas las medidas para que, en la medida de mis
posibilidades y en el campo de mis responsabilidades, no se vuelvan a
repetir.
Le vuelvo a decir que en absoluto es voluntad del Gobierno cerrar ningún
cuartel. No hay una política generalizada de cierre, pero estoy seguro de
que si hay algún caso puntual en el cual haya que producir ese cierre por
una serie de circunstancias, si eso es así, su grupo comprendería
perfectamente las condiciones y las razones que nos han movido a actuar
así en cuanto que compartimos los principios generales por los cuales un
cuartel de la Guardia Civil puede o no cerrarse y un despliegue de la
Guardia Civil debe o no realizarse de una forma o de otra.
--DECLARACION DE ZONA DE ACTUACION ESPECIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LAS
COMARCAS DE LA SAFOR Y LA RIBERA, EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. DE DON
RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000225.)
--MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN LAS COMARCAS DE LA RIBERA Y
LA SAFOR EN LA PROVINCIA DE VALENCIA POR LAS LLUVIAS DE LOS DIAS 10, 11
DE SEPTIEMBRE DE 1996. DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente
181/000226.)
El señor PRESIDENTE: Las preguntas números 17 y 18 me parece que, según
expresión del propio señor Peralta Ortega, pueden formularse
conjuntamente. (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario de Estado, conoce
perfectamente, con independencia de que fueron temas de desgraciada
actualidad en su momento, porque las propias instituciones han hecho
llegar su solicitud a las distintas autoridades administrativas, en
concreto a la Administración central, que en los primeros días de
septiembre en algunas comarcas del País Valenciano, en concreto en La
Safor y en La Ribera, se produjeron fuertes lluvias que dieron lugar a
inundaciones, que tuvieron especial gravedad en determinadas localidades,
en concreto en Tabernes de Valldigna como consecuencia del desbordamiento
del río Vaca, al existir un muro de contención que produjo un incremento
de los efectos de riada y, además, las instalaciones de la autopista A-7
y de la vía férrea actuaron también como muro de contención. Esta
situación, que tuvo especial gravedad en Tabernes de Valldigna, también
se planteó con preocupación y ocasionó graves daños en otros municipios
cercanos como fueron Simat de la Valldigna o Benifayó.
Los ayuntamientos de estas ciudades, por unanimidad de las distintas
fuerzas que los componen, aprobaron una resolución en términos más o
menos coincidentes --variaba en cuanto a la descripción de los daños
específicos sufridos en cada una de estas localidades--, pero todas ellas
se dirigían a las distintas administraciones solicitando la adopción de
medidas para compensar y paliar los daños que habían sufrido.
Yo desearía saber, señor Secretario de Estado, qué medidas se piensan
adoptar por parte de la Administración central, en cuyo nombre comparece
usted en esta Comisión, para paliar los daños producidos en esas comarcas
de La Ribera y La Safor por las lluvias de los días 10 y 11 del pasado
mes de septiembre y, en concreto, si tienen tomada decisión acerca de la
solicitud de declaración de zona de actuación especial en dichos
municipios y en concreto en el de Tabernes de Valldigna.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): No quiero
aburrirles con una larga exposición de todos los acontecimientos que
llevaron a los hechos desafortunados de la riada. Me voy a limitar a
contestar en relación a las actuaciones del Gobierno de acuerdo a las
solicitudes que en su día se presentaron.
En la Dirección General de Protección Civil se recibieron sendos
escritos, remitidos por el Ministerio de la Presidencia el 13 y el 19 de
noviembre, de los ayuntamientos de Tabernes de Valldigna y de Cullera, en
los que se solicita, por un lado, la declaración de zona catastrófica
para este último y, por otro, la aplicación de una serie de medidas de
carácter extraordinario, al amparo de lo previsto en el Real decreto
692/1981, de 27 de marzo, sobre coordinación de medidas con motivo de
situación de emergencia o de naturaleza catastrófica y la declaración de
zona de actuación especial para Tabernes de Valldigna.
En relación con estas solicitudes, es decir, con la adopción de medidas
de carácter excepcional por parte del Gobierno de la nación, cabe
manifestar lo siguiente: La declaración de hecho o zona catastrófica a
que hace sucinta referencia el citado Real Decreto 692 y,
consecuentemente, la aplicación de las medidas extraordinarias que en el
mismo se contemplan, entre las que se encuentra la declaración de zona de
actuación especial con los beneficios establecidos en la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario de 11 de enero de 1973, que bien conoce S. S.,
constituye una medida de excepción. Como tal, se reserva exclusivamente
para aquellas situaciones en que, por la gravedad, extensión o diversidad
de daños producidos, por la pluralidad de los sectores afectados, por la
pérdida o inminente riesgo de pérdida de vidas humanas, por la
interrupción de comunicaciones y servicios públicos esenciales, se
hiciera indispensable una actuación conjunta e inmediata de las diversas
Administraciones públicas para restablecer, en el plazo más breve
posible, la normalidad alterada. En este ámbito
de actuación se enmarcan, por ejemplo, las actuaciones del Gobierno,
siendo el referente más próximo el decreto promulgado con motivo de la
catástrofe sufrida en el término municipal de Biescas, el pasado verano.
En el presente caso, el Gobierno valora, y muy especialmente, la
importancia y la magnitud de los graves daños causados por las lluvias en
las comarcas valencianas de La Ribera y La Safor. Sin embargo, no parece
que se den estos supuestos de excepcionalidad que aconsejen medidas
distintas a las que son de normal aplicación por los departamentos
ministeriales correspondientes en el ámbito de sus competencias, como
pueden ser las actuaciones que ya han sido realizadas por el Ministerio
de Fomento o las que en el ámbito de cooperación económica del Estado a
las inversiones de las entidades locales pueda realizar el Ministerio de
Administraciones Públicas. Todo ello, señoría, al margen de las
indemnizaciones que corresponden a través del Consorcio de la
Compensación de Seguros o por pólizas en vigor del Seguro Agrario
Combinado.
Al mismo tiempo, también quiero señalar que, por razón de su competencia,
corresponde también a las administraciones autonómicas y locales valorar
la situación y adoptar las medidas de apoyo que pudieran corresponder. En
este caso, el Gobierno valenciano ha dictado un acuerdo el 25 de octubre
de 1996 en el que se aprueban determinadas ayudas de apoyo y financiación
en beneficio de empresas afectadas por las inundaciones y el Decreto
191/96, de 25 de octubre, por el que se establecen ayudas para paliar los
daños producidos en actividad agraria a causa de las lluvias
torrenciales.
Quiero señalar, por último, señoría, que el Ministerio del Interior, a
través de la Dirección General de Protección Civil, está concediendo las
ayudas previstas ante situaciones de este tipo, entre ellas, las
previstas en la orden ministerial de 18 de marzo de 1993, destinadas a
sufragar los gastos de emergencia de los ayuntamientos afectados, así
como para la reparación de viviendas y reposición de enseres de las
familias que con escasez de recursos económicos hayan sufrido daños por
estos conceptos.
Los expedientes de todas estas ayudas ya están siendo instruidos por la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias por su contestación, señor Secretario de
Estado. Suele ser una cierta cláusula de estilo por parte de las
distintas administraciones, tanto de las anteriores como por parte de las
actuales, cuando se producen acontecimientos graves y se solicita la
declaración de zona catastrófica, manifestar que efectivamente se
reconoce la gravedad pero que no concurren las circunstancias que motivan
la declaración de zona catastrófica. Esto es más o menos lo que ha venido
usted a decir. Ha hecho usted hincapié en que el Gobierno valora la
magnitud de los daños producidos por las lluvias en las comarcas de La
Ribera y La Safor, pero no entiende el Gobierno que concurran estas
circunstancias.
Yo quiero decirle, y me gustaría creer que será tomado en consideración
por usted --no tendría el menor inconveniente, al contrario, una gran
satisfacción, en coincidir con usted en esta materia--, que la localidad
de Tabernes de Valldigna no sólo ha tenido daños con motivo de estas
últimas lluvias de pasado mes de septiembre, sino que esta localidad ha
sufrido ya cuatro acontecimientos similares: uno en el año 1982, con
motivo, como usted sabe, de la rotura de la Prensa de Tous, la famosa
pantaná en la terminología propia; otra situación similar en el año 1987,
otra en 1989 y ésta en el año 1996. En cuatro ocasiones esta ciudad ha
sufrido acontecimientos de graves daños producidos por el agua. En
ninguna de estas cuatro ocasiones la Administración central ha estimado
oportuna la declaración de zona catastrófica. Esto, como usted conoce,
supone que no se tiene un determinado nivel de protección y que, en
consecuencia, los particulares tienen que correr con una parte más o
menos significativa --en función de la cobertura que pueda haber de
seguros que se hayan buscado los particulares o en virtud de la
posibilidad de acogerse a otro tipo de fórmulas o de ayudas que haya
podido acordar la Administración autonómica-- de daños ajenos a ellos,
debidos a circunstancias que no sé si podremos calificar de
catastróficas, pero que desde luego son ajenas a la voluntad de los
ciudadanos. Evidentemente esta sucesión y reiteración de acontecimientos
sitúa a la localidad de Tabernes de Valldigna y a otras localidades
limítrofes, pero en concreto a ésta, en una situación particularmente
difícil.
Yo creo, señor Martí Fluxá, que, con independencia de las ayudas que haya
podido dotar en el ámbito de sus competencias la Generalitat Valenciana,
con independencia de esas otras medidas de carácter general existentes,
nos encontramos ante un supuesto que tiene circunstancias específicas, y
es su reiteración. Yo le quiero decir que si no hay declaración de zona
catastrófica porque no concurran los supuestos especiales previstos en
virtud de los antecedentes, ya que habla usted de la administración de
recursos y demás, le recordaré que durante la tramitación de los
Presupuestos del Estado para el año que viene el Grupo Popular no ha
tenido inconveniente en votar una enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en virtud de la cual se incrementan en
1.358 millones de pesetas las dotaciones a entes locales de Cataluña, con
objeto de reparar daños por inundaciones del año 1994. Nosotros creemos
que los daños que se han producido en las comarcas a las que estamos
haciendo referencia en el mes de septiembre de 1996 justifican
sobradamente que por parte de la Administración central del Estado se
destinen y se provean los fondos adecuados. Me permitiría pedirle que se
mire con interés y con dedicación a estas circunstancias, estudien de
nuevos los expedientes y vean la posibilidad de atender, en la medida de
sus competencias y en la medida de las necesidades de los ciudadanos, los
problemas que sufren en estas localidades.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Estoy de
acuerdo con S. S. en que ha
habido una concatenación de hechos desafortunados y que ha habido cuatro
sucesos que han ido minando la situación en la comarca de La Safor, y
concretamente en Tabernes de Valldigna.
En este caso concreto, señor Peralta, nos tenemos que ceñir, porque así
nos lo dicen las leyes, a los daños ahora producidos, que han sido
fundamentalmente una serie de daños agrícolas importantes, cuantificados
en la cifra cercana a los tres o cuatro mil millones de pesetas, pero que
de cualquier forma yo le pido que lo compare a las últimas resoluciones
del Gobierno en la declaración de otras zonas catastróficas.
Es decir, los daños de Tabernes de Valldigna, los daños en estas zonas de
La Ribera Alta y La Safor no pueden compararse con los tremendos daños
sufridos en el caso de Biescas o en algún otro, en los cuales este
Gobierno, y anteriores gobiernos, declararon zonas catastróficas.
Por ello, yo estoy de acuerdo en que la situación puede ser dura y
complicada, pero también se han arbitrado una serie de ayudas para todos
ellos. ¿Que esas ayudas son insuficientes? Naturalmente que lo son,
siempre lo son. También lo son cuando se declara una zona castastrófica.
Nunca nadie puede paliar la pérdida de vidas humanas o las enormes
pérdidas materiales que se han producido en otros lugares y en otras
circunstancias.
En este caso, ésta es la situación, señor Peralta. Yo veo que es muy
difícil que en este momento el Gobierno pueda reconsiderar esta decisión.
De cualquier forma, me comprometo a pedir a las autoridades y a los
expertos del Ministerio del Interior que se haga un nuevo estudio de la
situación para ver si hay algún resquicio por donde se pueda conceder
alguna ayuda suplementaria a las que ya se han dado por parte de la
Administración central, como de la autonómica y local.
--MEDIDAS EN RELACION CON LA ACTUACION DE LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA
CIVIL QUE ESPOSARON Y DETUVIERON AL ALCALDE DE FAVARA (VALENCIA) EL DIA
9-11-96. DE DON RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000245.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 20 también ha sido formulada por
el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario de Estado, conoce usted
perfectamente que el pasado día 9 de noviembre el alcalde de la localidad
de Favara, en Valencia, fue detenido y esposado por una patrulla de la
Guardia Civil de Tráfico como consecuencia de la intervención de este
alcalde sobre la actuación que llevaba a cabo dicha patrulla, actuando en
ese momento en relación con un grupo de personas.
El alcalde se acerca a interesarse por la situación que hay allí. Se
dirige a un funcionario de la Guardia Civil en la lengua propia de la
comunidad autónoma, en valenciano, y es tratado de forma absolutamente
improcedente, exigiéndole que hable en castellano y termina siendo
esposado y retenido durante una hora, hasta que la presencia de la
autoridad inmediata superior de la Guardia Civil pone término a esa
situación.
Desde luego éste es un incidente excepcional. No nos cabe la menor duda
de que afortunadamente la actuación de la Guardia Civil no se produce de
ninguna manera en la forma y en los términos en que ocurrió en el caso al
que aquí nos referimos. Para nosotros es particularmente satisfactorio
poner de manifiesto que esta valoración la hace el propio alcalde que
sufrió este mal sueño, por utilizar esa expresión que tantas veces hemos
reiterado a lo largo de la tarde.
Nos consta, asimismo, que por parte del propio delegado del Gobierno se
anunció inicialmente su voluntad de acudir a una cena de desagravio, de
homenaje --la expresión que queramos darle--, en torno al alcalde de
Favara. Desgraciadamente no pudo finalmente acudir porque circunstancias
ajenas se lo impidieron. Nosotros valoramos esa reacción por parte del
delegado del Gobierno, pero nos gustaría saber, señor Martí Fluxá, qué
medidas ha acordado el Gobierno en relación con este incidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): La relación de
estos hechos absolutamente excepcionales que ha dado el señor Peralta
coincide con la relación de los hechos que por parte de la Dirección
General de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Valenciana ha sido dirigida a esta Secretaría de
Estado.
Como bien sabe, señor Peralta, la situación está en este momento en manos
de la autoridad judicial, que tiene tanto la versión del alcalde como la
de los testigos presentes en el incidente y de los miembros de la Guardia
Civil actuantes. Es voluntad de la Dirección General de la Guardia Civil
y de la Secretaría de Estado iniciar una serie de investigaciones para
que se diriman las posibles responsabilidades, pero al haber comenzado la
actuación judicial, al haberse judicializado esas actuaciones, hemos
tenido que detener esta primera investigación.
De cualquier forma, yo creo que en este caso también nos encontramos ante
una concatenación de circunstancias tristes y desfavorables. Por una pare
a lo mejor puede ser una excesiva prepotencia por parte de la fuerza de
la Guardia Civil de Tráfico que se encontraba allí en ese momento y, por
otra parte, una falta de diálogo y de flexibilidad por parte del alcalde.
El alcalde insulta a los guardias, probablemente después de un
acaloramiento y de haber sido forzado a ello por una serie de
circunstancias. No sé si alguien puede verse forzado a insultar a
alguien, pero hay que reconocer que está en una situación absolutamente
incómoda y en ese momento es hasta defendible que pueda pronunciar
determinadas palabras. De cualquier forma ni los requerimientos a que
hablara en castellano
ni el que se hiciera de una forma prepotente --insisto en la palabra--
por parte de la Guardia Civil justifican esa otra actuación.
Por tanto, yo aquí lo que propondría al señor Diputado es esperar la
decisión de los jueces. Creo recordar que en estos momentos está la causa
en el juzgado número dos de Sueca. En el momento en que haya una decisión
judicial, como no puede ser de otra forma, la Guardia Civil, el
Secretario de Estado de Seguridad y el Ministerio de Interior actuarán de
la forma oportuna que corresponda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Martí Fluxá, valoro sus manifestaciones en
la medida adecuada. Sobre todo que me diga que la relación de hechos que
tiene usted es coincidente con la que yo le ha dado. Si eso es así, señor
Martí Fluxá, no debemos esperar a que se produzcan resoluciones
judiciales, porque si no cabría la posibilidad de que el recurso a las
autoridades judiciales sea un recurso que sirva para perpetuar
situaciones que no se deben perpetuar. No es de recibo, señor Martí
Fluxá, que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
actúen con un exceso de prepotencia. Es una situación que no se puede
permitir. No se puede permitir que en una comunidad autónoma que por
voluntad de sus ciudadanos tiene una lengua propia, un agente de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dirija a un ciudadano y
mucho menos a un alcalde exigiéndole que hable en castellano. Eso no se
puede permitir, señor Martí Fluxá. Yo celebro, por tanto, que coincida
con esa relación de hechos.
Yo he comenzado mi intervención diciendo que me consta que ésa es una
situación excepcional, que me consta que la Guardia Civil no actúa así
por voluntad de sus miembros y por instrucciones de su Dirección. Yo
quiero que eso quede claro. He dicho que ésa es la opinión que tiene el
propio alcalde que se vio implicado. Pero si yo he dicho eso --y lo he
dicho en nombre del alcalde--, creo, señor Martí Fluxá, que por parte de
la Dirección de la Guardia Civil, debería decirse que esa situación
excepcional se corta inmediatamente, y esto no impide que actúen los
tribunales. Le voy a decir más, señor Martí Fluxá, ya que ha hecho usted
referencia a los tribunales. Efectivamente, ayer se celebró la vista del
juicio en el juzgado de Favara. La fiscal, sin necesidad de terminar la
toma de declaración a todos los testigos, pidió la absolución del alcalde
de Favara.
Yo no creo, señor Martí Fluxá, que la solución sea decir que es
responsabilidad de usted, que es responsabilidad de las autoridades
competentes, adoptar medidas disciplinarias en relación con esa gente;
tendrán ustedes que valorar qué se hace. Lo que sí le digo, señor Martí
Fluxá, es que debe quedar claro, y sería bueno que se hiciera público,
que la Guardia Civil se compromete claramente a que no haya ninguna
actuación de exceso de prepotencia por parte de un agente de la Guardia
Civil, que no haya la menor actuación contraria al empleo y a la
promoción del valenciano en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Valenciana, y que por parte de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado se actuará, en relación con los alcaldes, con el
respeto y con la consideración que en el ámbito de competencias de cada
uno dos instituciones básicas en el funcionamiento de un Estado, como son
las autoridades democráticas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, se deben mutuamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
Presidente, hay un término que el señor Peralta ha usado con frecuencia y
al que quiero también referirme en este momento, que es la palabra
excepcionalidad; es decir, la actuación fue excepcional, la actuación
está siendo en este momento, como bien ha señalado, analizada por los
jueces y tenemos que esperar esa sentencia. La resolución de la fiscal la
conozco en este momento porque me lo dice usted; la sentencia se
producirá muy probablemente en las próximas semanas y por ello yo creo
que en ese momento podremos tomar también una decisión.
Estoy totalmente de acuerdo en que no es de recibo la prepotencia, pero
estará el señor Peralta de acuerdo conmigo en que tampoco es de recibo el
insulto. Muchas veces una reacción de prepotencia se debe a una situación
insultante, a una situación también de prepotencia por parte de la
autoridad en cuestión.
Yo creo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han dado, desde
hace veinte años --vuelvo a insistir en ello--, muestras de ese talante y
de esa voluntad democráticas, de ese talante y de esa voluntad de
respetar todas y cada una de las lenguas que forman parte de nuestro
patrimonio cultural y mucho más de esas lenguas que son, por voluntad del
pueblo valenciano, cooficiales dentro de la Comunidad Autónoma del País
Valenciano.
Reitero una vez más la voluntad del Ministerio del Interior de lograr que
las actuaciones de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se
ajusten siempre no sólo a los parámetros de estricta legalidad y respeto
escrupuloso de los derechos individuales, sino también a los principios
de atención y servicio al ciudadano, alejando siempre toda actitud que
pueda ser calificada de soberbia o de prepotente. Por ello, le vuelvo a
reiterar mi voluntad de, una vez conocida la resolución judicial, tomar
las decisiones oportunas para que un caso de este carácter no se vuelva a
producir nunca más.
--ACTUACIONES EN RELACION CON LA SITUACION DE LOS 31 MARINEROS MAURITANOS
ABANDONADOS POR SU ARMADOR QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN SUS BARCOS EN
EL PUERTO DE VIGO (PONTEVEDRA). FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA
(GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número
de expediente 181/000246.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 21, que es la última, corresponde
también al señor Peralta Ortega, que tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señor Secretario de Estado,
quisiera saber qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno en relación con
la situación de los 31 marineros mauritanos que se encuentran abandonados
por su armador en los barcos atracados en el puerto de Vigo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Como bien sabe,
señoría, el día 16 de octubre del año 1996, la central sindical de
Comisiones Obreras denunció al Gobierno civil de Pontevedra la situación
de 31 marineros que, a bordo de cinco buques de bandera mauritana, se
encontraban atracados en el puerto de Vigo. El 22 de octubre, la empresa
armadora solicitó, a través de la Comisaría de Policía de Vigo,
autorización y tránsito para sus tripulantes. La Comisaría concedió dicha
autorización.
Los marineros que se encontraban en dichos buques se hallaban en
deficientes condiciones higiénico-sanitarias, careciendo además de
alimentos, ropa de abrigo, agua y energía eléctrica. Por ello, por parte
del Gobierno civil de Pontevedra se realizaron las gestiones pertinentes
para que, por la autoridad portuaria de Vigo, se procediera al suministro
de agua y energía eléctrica. Cruz Roja suministró alimentos y mantas y se
procedió a la atención médica, solicitada por quince de los tripulantes.
Todas estas circunstancias se pusieron en conocimiento de la Embajada de
Mauritania en España. Este caso se debe, fundamentalmente, a un tipo de
conflicto laboral entre los marineros mauritanos de unos barcos de
bandera mauritana y el armador, también mauritano, de estos mismos
buques. Todo ello, dentro de un ámbito exclusivamente laboral, de
problema laboral entre las dos partes.
Comisiones Obreras denunció la existencia de estos problemas y, por ello,
tras la intervención de la Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales de Pontevedra, la Xunta de Galicia y la Capitanía marítima de
Vigo, se constató que los buques se encontraban también retenidos por el
Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y por el
Juzgado de Primera Instancia de Vigo.
El 24 de octubre de 1996, estaba previsto el retorno a su país de origen
de cinco tripulantes de uno de los buques, pero éstos se negaron a
abandonar dicho buque mientras no se les abonaran los salarios
pendientes. Los días 27 y 28 de octubre, se produjeron determinados
actos, que podrían constituir sabotajes, por lo que el 8 de noviembre de
1996, el Gobierno civil de Pontevedra solicita a la Capitanía marítima de
Vigo que exija a los armadores mauritanos el nombramiento de un
representante legal con capacidad suficiente, a fin de preservar la
seguridad de los buques.
Como puede apreciarse por el relato de hechos, señorías, el conflicto
existente debe dirimirse en una sede puramente jurisdiccional, sin que en
ningún momento pueda desconocerse la atención y seguimiento pormenorizado
de la situación que ha llevado a cabo el Gobierno, tratando de buscar
soluciones, buscando mediación para aquellos aspectos puntuales que son
de su competencia.
Por otra parte, como seguramente sabe ya S. S., ayer, día 11 de
diciembre, el gobernador civil de Pontevedra celebró una reunión con los
representantes de la organización sindical de Comisiones Obreras pensando
ya en buscar una solución definitiva al conflicto. Con este espíritu, hoy
se ha celebrado una entrevista entre el representante de los armadores y
una delegación de los marineros afectados para llegar a un punto de
encuentro en las diferentes posturas. A la hora de iniciar la celebración
de esta reunión de la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara,
todavía no sabía el resultado definitivo, pero por informaciones que me
dan, tanto por parte del Gobierno civil como de la Dirección General de
Trabajo de la Xunta de Galicia, en principio se había llegado a un
acuerdo sobre las bases generales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Martí Fluxá, es verdad que se trata de un
problema de carácter laboral, pero no es menos cierto que, a la luz de
ese problema, se descubre toda una situación, a la que usted ha hecho
referencia, de deficientes condiciones higiénico-sanitarias, falta de
alimentos, falta de energía eléctrica, falta de agua; una situación, nos
atreveríamos a decir, típica de lo que se conoce como explotación, que se
produce en Vigo, en nuestro país. Señor Martí Fluxá, no podemos ni
debemos ser ajenos a esa situación. Si es verdad que, en el terreno de la
legislación laboral, puede haber dificultades para que intervengan las
autoridades de nuestro país como consecuencia de la legislación, no es
menos cierto que la voluntad política de intervenir puede encontrar otros
mecanismos y, sobre todo, puede propiciar soluciones, incluso a esos
problemas en los que no hay capacidad de intervenir, los de carácter
laboral.
Usted ha venido a decir que ayer se celebraba una reunión para solucionar
los temas laborales y que hoy --y me gustaría que se hubiera encontrado
una solución-- se estaba celebrando una reunión entre los armadores y los
representantes de los marineros afectados. Señor Martí Fluxá, en estos
casos, que desgraciadamente se producen y no sabemos si en el futuro van
a ir a más, el Gobierno español debe intervenir, debe dejar clara su
voluntad política de no permitir que se produzcan este tipo de
situaciones. En esa intervención, por supuesto, debe respetar la ley,
pero en muchos casos se puede ir con esa voluntad política más allá de la
ley en beneficio de situaciones que son inadmisibles. Yo celebro el que
se haya manifestado esa voluntad política. Quizá hubiera deseado que se
hubiera manifestado antes. Si hubiera sido así, estoy convencido de que
esa solución, que deseo se haya encontrado hoy, se habría encontrado
antes. Simplemente deseo que sirva de referencia y de lección de cara al
futuro para intentar impedir
que 31 marineros mauritanos o de cualquier nacionalidad, eso es lo de
menos, tengan que pasar por el calvario de estar durante más de dos meses
en la situación en que han permanecido en el puerto de Vigo.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Yo creo, señor
Peralta, que no hemos sido ajenos a las situaciones personales. De hecho,
en la breve exposición que he realizado de las circunstancias y de los
hechos en cuestión, he mostrado cómo a través del Gobierno civil y de
organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, se ha ayudado en lo
posible a las situaciones personales de los marineros mauritanos que se
encontraban a bordo de estos buques. Ha costado mucho trabajo encontrar
soluciones, en este caso concretamente, por la escasa voluntad de los
armadores de llegar a esa solución. Es voluntad del Gobierno que, por
problemas puramente éticos, jamás puedan suceder situaciones de
explotación de ningún tipo en un puerto español o en algún lugar de
España, aunque sea entre ciudadanos extranjeros, porque, por encima de
todo, son seres humanos y, en tanto que seres humanos, es preocupación
del Gobierno defender sus derechos e intentar ayudar en estas situaciones
de crisis que puedan aparecer.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado. Tanto la
Comisión como la Mesa agradecen al señor Secretario de Estado su actitud
al contestar a este número casi innumerable de preguntas que teníamos
pendientes. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) ¿Señor Gil Lázaro?
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, si ningún Grupo Parlamentario tiene
inconveniente --me atrevería a aventurar que no--, quería decir que,
coincidiendo con la sesión de esta Comisión, en el día de hoy ha muerto
en acto de servicio un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, en
Carabanchel. Nosotros desearíamos --y estoy seguro de que todos los
grupos parlamentarios participan de esa iniciativa-- que el señor
Presidente se dirigiera a la familia de la víctima transmitiéndole el
homenaje y el pesar de esta Comisión de Justicia e Interior del Congreso.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy acertada la posición del señor Gil
Lázaro y doy por seguro que todos los grupos están de acuerdo.
El señor BELLOCH JULBE: Sí, por parte de nuestro Grupo, estamos de
acuerdo.
El señor PERALTA ORTEGA: Nosotros también estamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia, en nombre de los grupos y de la
Comisión, así lo hará. Muchas gracias.
Levantamos la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.