CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 115



ASUNTOS EXTERIORES



PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO



Sesión núm. 9



celebrada el miércoles, 4 de diciembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan),
para informar sobre:



--Líneas generales de la política de su Departamento sobre Gibraltar, así
como de las medidas previstas para continuar o impulsar el proceso
negociador sobre el contencioso de la colonia de Gibraltar. A petición
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente
213/000140) (Página 3118)



--Estado actual y perspectivas de las relaciones entre España y Cuba tras
el consenso alcanzado en el Comité Político respecto a la posición común
de la Unión Europea (UE) sobre Cuba, y la retirada del plácet al recién
nombrado Embajador de España en La Habana. A petición propia. (Número de
expediente 214/000027) (Página 3130)



Preguntas:



--Medidas para favorecer la democracia en Cuba. Del señor Estrella
Pedrola (Grupo Socialista). (Número de expediente 181/000247) (Página 3130)

Página 3118



--Razón de la cancelación del Programa de Rehabilitación del Centro
Histórico de La Habana (Cuba). Del mismo señor Diputado. (Número de
expediente 181/000250) (Página 3130)



--Razón de la cancelación del Programa de Reconstrucción del Acueducto
Albear, en La Habana (Cuba). Del mismo señor Diputado. (Número de
expediente 181/000252) (Página 3130)



Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores miembros de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados, buenos días. Comienza esta
sesión de la Comisión de acuerdo con el orden del día que todos tienen
entre sus manos y, por supuesto, dando la bienvenida al señor Ministro de
Asuntos Exteriores en esta ocasión.

Antes de comenzar con el orden del día quería decir unas palabras de
congratulación y felicitación. Uno de nuestros compañeros, miembro de
esta Comisión, don Lluís María de Puig, acaba de ser elegido Presidente
de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental, y es para
nosotros una satisfacción, para esta Casa en general y para esta Comisión
en particular, saber que uno de nuestros miembros va a ocupar a partir de
este momento esa distinguida e importante función. Yo quería --estoy
absolutamente convencido de que lo puedo hacer en nombre de todos los
miembros de la Comisión-- congratularme de esta lección y dirigirle unas
palabras de felicitación, esperando que en los próximos días lo pueda
hacer personalmente a don Luis María de Puig. Es una buena noticia para
el Congreso de los Diputados, para la Comisión de Asuntos Exteriores y
para todos los intereses españoles.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES JUAN),
PARA INFORMAR SOBRE:



--LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO SOBRE GIBRALTAR, ASI
COMO DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA CONTINUAR O IMPULSAR EL PROCESO
NEGOCIADOR SOBRE EL CONTENCIOSO DE LA COLONIA DE GIBRALTAR. A PETICION
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000140.)



El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Asuntos
Exteriores, de acuerdo con el orden del día previsto. La primera
comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, a petición del Grupo
Socialista del Congreso, se produce para informar sobre las líneas
generales de la política de su departamento sobre Gibraltar, así como de
las medidas previstas para continuar o impulsar el proceso negociador
sobre el contencioso de la colonia de Gibraltar.

Don Abel Matutes, Ministro de Asuntos Exteriores de España, tiene la
palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente
de la Comisión, señoras y señores Diputados, a petición del Grupo
Socialista comparezco hoy ante ustedes para explicar la política del
Gobierno en relación con la colonia de Gibraltar. Situaré lo más
brevemente posible las coordenadas históricas y jurídicas del
contencioso, para luego concentrarme en el momento actual de la colonia y
en las líneas de una política a seguir en el futuro.

En relación con los aspectos históricos, el problema de Gibraltar --y hay
que recordarlo una vez más--, única colonia existente en Europa, es un
vestigio de los conflictos dinásticos del Antiguo Régimen. El Tratado de
Utrecht, desigual e injusto, recordemos que le fue impuesto al Rey de
España. Desde entonces y a lo largo de nuestra historia ha sido
permanente la reivindicación de la soberanía sobre el enclave sin
distinción ideológica o de credo político del Gobierno de España. Los
descendientes de los gibraltareños originales se encuentran ahora en San
Roque y en los demás municipios de la comarca, mientras que la actual
población de la colonia procede de distintas regiones del Mediterráneo y
fueron traídos a ella por los británicos para satisfacer las necesidades
de la guarnición.

Los aspectos jurídicos del contencioso, piedra angular de la justa
reivindicación española, pueden sintetizarse del modo siguiente. Según el
Derecho internacional general, Gibraltar es un territorio bajo soberanía
del Reino Unido sobre el que existe una reivindicación por parte de
España y sobre cuyos límites existe, asimismo, una controversia. El
título de soberanía británico deriva del artículo X del Tratado de
Utrecht, que contiene tres cláusulas fundamentales. Primera, cesión a
perpetuidad --y cito textualmente--, dando la propiedad absolutamente
para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción
ni impedimento alguno. Luego hay una limitación de la cesión --segundo
aspecto--: que la propiedad se ceda sin jurisdicción alguna territorial y
sin comunicación abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Es
en esta cláusula en la que basa España el cierre de la verja en 1969.

Tercer elemento: derecho de tanteo. Si en algún tiempo a la Corona de
Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier
modo la propiedad de dicha



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ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por ese tratado que se
dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para
redimirla. Esa cláusula impide no sólo la independencia sino cualquier
otro fórmula, por imaginativa que sea, que no haya sido previamente
acordada con España. La soberanía sobre el territorio cedido o es
británica o es española. El Reino Unido coincide con España en la
interpretación de esta cláusula, y así continúa poniéndolo de manifiesto
el Gobierno británico en sus intervenciones en el Parlamento. Está claro,
por lo tanto, que el único título para la presencia de Gran Bretaña en
Gibraltar es el Tratado de Utrech, tratado que el Reino Unido
prácticamente nunca ha dejado de violar, dicho sea por otra parte, sea en
la limitación territorial de la cesión, sea en la limitación de la
soberanía que contiene. España, como veremos más adelante, ha reaccionado
a estas violaciones aplicando de forma más estricta la letra y el
espíritu del tratado.

En cuanto a los límites del territorio cedido, la controversia afecta
tanto al istmo como a las aguas judisdiccionales y al espacio aéreo.

España nunca ha reconocido la ocupación ilegal por los británicos de unos
800 metros en el sur de la zona neutral, en cuyo extremo norte erigieron
la verja en 1908. En esta zona usurpada a España construyeron, durante la
guerra civil española, el aeródromo en 1938, y el Reino Unido alega la
posesión continuada desde 1838 y la aquiescencia española. Pero España no
reconoce la validez de la prescripción en el Derecho internacional y
refutó eficazmente la tesis británica de la aquiescencia, recopilando en
los libros rojos de 1965 y 1967 las numerosas protestas españolas por las
violaciones de lo dispuesto en el Tratado de Utrecht. El límite marcado
por la verja no constituye para España una frontera internacional. Al
restablecerse las comunicaciones terrestres el 5 de febrero de 1985, el
Gobierno español dejó nueva constancia de esta reserva al respecto.

Por lo que se refiere a las aguas jurisdiccionales y al espacio aéreo,
España sólo reconoce como propias del Reino Unido las aguas del puerto,
cedido en Utrecht, y el espacio aéreo situado en la vertical del Peñón.

Para Naciones Unidas, tema fundamental, Gibraltar es un territorio
sometido a un proceso de descolonización desde que en 1946 el Reino Unido
lo registrara como territorio no autónomo en aplicación del capítulo XI
de la Carta, y en 1963 el Comité de Descolonización de Naciones Unidas
decidiera estudiar el problema de Gibraltar. La Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó entonces toda una serie de resoluciones, que ya ha
sentado la siguiente doctrina. Primero, la situación de Gibraltar es de
naturaleza colonial. Segundo, la situación colonial de Gibraltar destruye
la unidad nacional y la integridad territorial de España y es
incompatible con el párrafo sexto de la Resolución 1.514, de 1960, sobre
descolonización en general. A ese propósito quiero recordarles que
Gibraltar y las Malvinas son los únicos casos en que la ONU no ha
reconocido el derecho a la autodeterminación. Es el principio que
defiende el Gobierno británico.

La cuestión de Gibraltar debe ser resuelta --estamos todavía en la
doctrina de la ONU-- mediante negociaciones bilaterales entre España y el
Reino Unido. La IV Comisión de Naciones Unidas aprueba anualmente una
decisión instando a la potencia administradora y a España a llevar a
término el proceso de descolonización y restaurar así la integridad
territorial de España, quebrantada, como hemos visto, por un conflicto
dinástico. En las negociaciones deben tenerse en cuenta, ciertamente, los
intereses de la población de la colonia. Para la Unión Europea Gibraltar
es un territorio europeo al que se le aplica la normativa comunitaria, en
virtud del artículo 272.4 del Tratado de Roma, y cuyas relaciones
exteriores son responsabilidad del Reino Unido. Con ocasión de la entrada
de España en las Comunidades Europeas, ambos Gobiernos realizaron un
canje de notas, el 13 de junio de 1985, un día después de la firma del
Tratado de Adhesión, para dejar constancia de que la adhesión de España
no implicaba ninguna modificación en sus respectivas posturas y no
afectaba al proceso negociador previsto en la declaración de Bruselas.

Por tanto, la dimensión actual del problema --tercer aspecto-- es cuál es
la realidad de la colonia, hoy muy distinta de la que existía antes de la
apertura de la verja y al iniciarse el proceso de Bruselas. En las
últimas elecciones a la Asamblea Legislativa de Gibraltar, mayo de este
año, y con el 88 por ciento de las 18.000 personal gibraltareñas, Peter
Caruana se convirtió en el nuevo Ministro Principal. Según declaraciones
del anterior Ministro Principal, señor Bossano, la colonia tiene una
población de 28.051 habitantes, de los cuales 20.000 son gibraltareños,
4.000 británicos y 3.000 extranjeros, aproximadamente. La opacidad de la
economía real de Gibraltar impide disponer de cifras fiables, porque
entre otras cosas estas cifras o no se publican o las que se publican no
incluyen las finanzas ocultas. Pero con los datos publicados, la renta
per capita puede estar alrededor de los 20.000 dólares. Ese territorio
tiene oficialmente como principales fuentes de ingresos el turismo,
comercio y los servicios del Centro Financiero. Si además tenemos en
cuenta que durante los últimos años el Ministerio de Defensa británico ha
reducido sensiblemente su presupuesto destinado a la base militar, y es
previsible que continúe esta tendencia, tendremos una idea de las
dimensiones se esta economía organizada con ayuda y asesoramiento
británico, y de su carácter opaco. Durante la etapa de gobierno del
anterior Ministro Principal, las actividades ilícitas constituyeron uno
de los pilares de la economía gibraltareña y, lo que es más
extraordinario, con la tolerancia británica. Hoy los aspectos más
visibles de estos tráficos parecen estar controlados, aunque perviven
otros tan importantes como veremos después.

Pero es que, además, de ese Centro Financiero tenemos referencias
recientes. En una conferencia que tuvo lugar en septiembre en Cambridge,
Reino Unido, en la que se discutía la corrupción, opacidad y situación de
verdadera ilegalidad en el funcionamiento de los paraísos fiscales
controlados por el Reino Unido, el Director de Estudios Políticos de la
Universidad de Exeter, señor Tupman, y otros participantes se refirieron
muy especialmente al Centro Financiero de Gibraltar en los siguientes
términos: «Permitir que oscuros traficantes se aprovechen de lo que es
esencialmente una anomalía medieval o colonial es o una demostración de
incompetencia o un criminal desprecio por



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lo que realmente está ocurriendo en el mundo». Pidieron estos
intelectuales que el Reino Unido suprimiese el secreto bancario, teniendo
en cuenta el control que ejerce en los centros off-shore de sus
territorios dependientes. Según los ponentes, la supresión del secreto
bancario, lejos de provocar el colapso económico de estos territorios,
haría que prosperasen como centros legales.

Por otra parte, SS. SS. recordarán las recientes declaraciones del juez
Garzón en Ginebra sobre el blanqueo de dinero de las mafias rusas en
Gibraltar y su denuncia del sistemático obstruccionismo de toda
investigación por parte del Reino Unido y de las autoridades locales del
Peñón, negándose el Reino Unido a tramitar las comisiones rogatorias que
le dirige la justicia española. De hecho, las estadísticas publicadas
revelan que la actividad bancaria de la colonia, que se inicia
tímidamente en 1987 y despega en los años 1990 y 1991, cuenta con
depósitos que alcanzan los 600.000 millones de pesetas.

Señorías, ¿cómo no exigir trasparencia cuando existen en Gibraltar
alrededor de 50.000 sociedades anónimas opacas, tras la mayoría de las
cuales están los mecanismos operativos no sólo de fraude fiscal español
sino, además, la financiación de importantes tráficos ilícitos? ¿Cómo no
exigir al Reino Unido que haga, de una vez, frente a sus
responsabilidades y acabe con esta situación?
Pasemos a la otra fuente de ingresos: el turismo. Las estadísticas
indican que el 80 por ciento de los ingresos por este concepto provienen
del turismo de españoles. Este turismo comercial español procede
fundamentalmente de Andalucía, foco de la campaña turística a la que se
han lanzado las autoridades del Peñón en su esfuerzo por aprovechar, en
beneficio propio, el enorme desarrollo turístico de la zona comprendida
entre Cádiz y Málaga. Las cifras anuales, de 1995 en concreto, muestran
que la totalidad de salidas por el puesto de control de policía de La
Línea es de 5.900.000 personas, de las cuales son españoles 2.600.000. El
número de extranjeros es de 3.300.000, de los cuales son británicos
2.900.000. Los primeros ocho meses de 1996 arrojan cifras similares. Como
indican las cifras, y teniendo en cuenta que se produce una coincidencia
casi exacta entre salidas y entradas a España desde el Peñón, puede
afirmarse que no se trata de turismo en el sentido convencional de la
palabra, sino que estos tránsitos tienen carácter comercial y ciertamente
representan el capítulo más importante para la economía gibraltareña. La
incidencia de ese trasiego sobre los municipios del área, especialmente
La Línea, es negativa, una competencia desleal y propia de la imposición
de una servidumbre de paso.

Respecto al proceso negociador con el Reino Unido, en abril de 1980
España y Reino Unido acuerdan, en la Declaración de Lisboa, iniciar
negociaciones para solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar, así
como la suspensión de las medidas españolas y el restablecimiento de las
comunicaciones directas. Se acuerda igualmente que la futura cooperación
estará basada en la igualdad y reciprocidad de derechos. La Declaración
de Bruselas, de noviembre de 1987, precisa el significado de los tres
puntos de la de Lisboa y establece su aplicación simultánea. Es decir, el
inicio de las negociaciones queda definido como el establecimiento de un
proceso negociador en el marco del cual serán tratadas las cuestiones de
soberanía. El plural «cuestiones» alude a la soberanía sobre el istmo y
la soberanía sobre el territorio cedido por el Tratado de Utrech. Por
último, se institucionalizan las reuniones anuales de los ministros para
supervisar la marcha del proceso.

Hasta ahora se han celebrado nueve sesiones. El 22 de enero próximo está
prevista la próxima reunión en Madrid. Como sabrán SS. SS., las reuniones
del proceso de Bruselas se celebraron con presencia de autoridades
locales de uno y otro lado de la Verja hasta que, en 1988, el anterior
Ministro Principal señor Bossano, contrario a cualquier negociación
bilateral sobre el futuro de la colonia, decidió que no hubiera
representación local gibraltareña. Desde esta fecha las reuniones han
tenido lugar sin esa presencia local. Comienza entonces una etapa de
automarginación de los gibraltareños del proceso negociador y, al propio
tiempo, de intento de construcción de un proyecto quimérico: la
autodeterminación. Doce años después de iniciado el proceso, precisamente
el 27 de noviembre, las cuestiones de soberanía todavía no han sido
abordadas, mientras que la cooperación, que era lo que tenía que ir en
paralelo con la discusión sobre soberanía, ha producido avances
espectaculares en un período muy corto. Además, esta cooperación no se ha
producido en beneficio mutuo. Ha servido para dotar a la colonia de una
posición económica y de un bienestar antes inimaginable, y mucho menos
ahora que han disminuido las transferencias a la guarnición. Esas nuevas
circunstancias producen una apariencia de autosuficiencia económica
proporcionada, en parte, por esa economía fraudulenta que ha dado alas a
una clase política que, incómoda por el estigma colonial, pretende hacer
de la colonia un estado libre asociado al Reino Unido, con status sui
generis en la Unión Europea, por supuesto en contra de y sin contar con
España y, por lo tanto, por lo que decía al principio, en clara violación
del tratado.

Es obvio y no haría falta repetirlo que, como en el pasado, cualquier
alteración del status de Gibraltar, llevado a cabo fuera del marco de las
negociaciones entre los dos países, sería un acto hostil de suma
gravedad. La España democrática ha demostrado suficientemente, durante
los últimos dieciséis años, su talante negociador y aperturista. Por
ello, el Gobierno español no dudará en adoptar las medidas oportunas para
defender los intereses nacionales. En el canje de notas, al que se
procedió al día siguiente de la adhesión a las Comunidades Europeas, se
deja constancia de que la adhesión de España no afectaba al proceso
negociador previsto en la Declaración de Bruselas.

El pretendido respeto del Reino Unido a los deseos de los gibraltareños,
de hecho, puesto que está en clara violación del tratado, es una excusa
para tener encapsulado el proceso, sin avances en las cuestiones de
soberanía y al margen de nuestras relaciones bilaterales. La llamada
Constitución, que en 1969 el Reino Unido concedió a Gibraltar, se
proponía garantizar el respeto británico a los deseos de los
gibraltareños, en un contexto político determinado, en el que España era
un régimen autoritario. Es decir, se concede un derecho de veto en un
contexto histórico



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concreto, y ese veto se está utilizando hoy en otro marco donde el Reino
Unido y España son miembros de la Unión Europea y aliados en la OTAN.

Sólo la protección de intereses opacos justifica esta situación. Esta
Constitución establece que los gibraltareños tendrán derecho a opinar
sobre su propio futuro, pero en cuanto al futuro del territorio, la
capacidad de decisión queda exclusivamente en manos del Parlamento
británico. Es decir, no se concede a la población el derecho a decidir el
futuro jurídico y político de un territorio, cedido en Utrech, que no les
pertenece.

Es importante subrayar que España, miembro del Consejo Europea, de la
Unión Europea y de la OTAN, garantiza el respeto a los derechos y
libertades fundamentales, de la misma manera que lo puede hacer cualquier
otro Estado miembro de la Unión Europea. El marco histórico de la llamada
Constitución del 69 ha quedado, por tanto, superado. Es surrealista
pretender que, en este marco, otros países pueden garantizar mejor que
España los derechos y los intereses legítimos de los gibraltareños.

España nunca ha negado su existencia a los gibraltareños, con sus
derechos, intereses, sentimientos y peculiaridades, como pretenden
hacerles creer algunos, sino que, muy al contrario, ya en la época del
Ministro Castiella, pero sobre todo en esta fase negociadora actual,
España ha mostrado total flexibilidad a la hora de salvaguardar los
derechos de los que son titulares los habitantes de Gibraltar, individual
y colectivamente, así como a la hora de garantizar su nacionalidad
británica, bilingüismo, usos, costumbres, instituciones, autogobierno,
etcétera.

El Gobierno español ha declarado, una y otra vez, que no alberga
intención alguna de absorber o anexionar a la población de Gibraltar. No
queremos hacer españoles a los gibraltareños. El Gobierno español es
consciente de que las características de la población de Gibraltar,
ajena, como se ha visto, al estatuto jurídico internacional del Peñón,
hace que el régimen de autogobierno de Gibraltar deba ser enfocado con
criterios específicos. Serán consultados, se decía ya en época de
Castiella, sobre cualquier decisión que afecte a su status personal y a
su identidad, de acuerdo con los compromisos contraídos por el Gobierno
británico al respecto. Posteriormente, España fue presentando propuestas
concretas --el Ministro de Exteriores Morán presentó formalmente una
imaginativa fórmula de soberanía compartida-- que, fuera de duda,
ratifican que España, desde un principio, ha brindado a los gibraltareños
la garantía más amplia imaginable para preservar, ahora y en el futuro,
su estatus personal, su forma de vida, así como otros intereses y
sentimientos.

Esperamos que el nuevo Ministro Principal sepa aprovechar el mandato
otorgado por el electorado para poner fin a un período estéril, de
retórica antiespañola, que pretende encontrar sus raíces en un pretendido
hostigamiento a los gibraltareños, que no existe por parte de España y
que, como sabe el señor Caruana, conduce a un escenario de vía muerta.

Los gibraltareños tienen una oportunidad histórica que difícilmente
volverá a presentarse.

Respecto a los años de enfrentamiento y las consecuencias de la
tolerancia británica a las iniciativas gibraltareñas, el proceso de
Bruselas, que acaba de cumplir doce años, debido al enfrentamiento
provocado por el anterior ministro, no ha producido ningún fruto en los
últimos ocho años. Esta situación de bloqueo en todos los temas, y sobre
todo en los de soberanía, ha impedido el normal desarrollo económico de
la colonia. Un ejemplo significativo de lo que les digo es el aeropuerto,
en el que sigue sin ponerse en marcha el Acuerdo de uso conjunto
hispano-británico de 1987, tras largas y difíciles negociaciones. Su
puesta en marcha habría permitido no sólo el desarrollo y ampliación de
este aeropuerto sino su incorporación a la política de liberalización del
tráfico aéreo acometido por la Unión Europea. Tanto es así que la propia
Unión Europea siempre ha desestimado los intentos del anterior Ministro
Principal de pasar por alto el acuerdo hispano-británico en la aplicación
de las correspondientes directivas. Resulta paradójico que el bloqueo de
la aplicación de este acuerdo lo siga presentando como un triunfo en lo
gibraltareño cuando el único perjudicado ha sido el Peñón. Lo que no
puede pretenderse es que bajo la supuesta utilización comercial se
vulneren o ignoren aspectos básicos del contencioso. El aeropuerto está
en el istmo ocupado ilegalmente por el Reino Unido. Por tanto, ninguna
actuación podría vulnerar nuestra reivindicación de soberanía sobre el
istmo.

La constitución de un espejismo de economía autosuficiente que permitiera
el despegue hacia la autodeterminación tuvo que ser financiada. ¿Por
quién? Por España, es decir, a costa de España, fundamentalmente por la
vía de los ilícitos, cuyo crecimiento espectacular provocó por fin
--justo es reconocerlo-- la actuación de Londres y la amenaza de una
mayor intervención de la metrópolis en el gobierno del Peñón. Hay que
recordar que el tradicional contrabando de tabaco aumentó
espectacularmente a partir de la llegada de Bossano y se deslizó
progresivamente hacia el narcotráfico, gracias a la permisividad, con las
lanchas rápidas que lo transportaban.

Dadas las dimensiones del problema, en 1994 se aprobó una declaración
conjunta en la que, por primera vez, reconocían los británicos la
existencia de un grave problema de ilícitos y, en especial, de drogas en
la zona. Se crea un mecanismo efectivo para erradicar estos tráficos con
participación de las autoridades locales de uno y otro lado de la verja.

El entonces Secretario Sir Douglas Hurd, por propia iniciativa, definió
el mecanismo con la fórmula «dos banderas, tres voces», fórmula a la que
España nunca ha dado ni dará su aprobación, ya que trataba de consolidar
la presencia gibraltareña como parte independiente del Reino Unido en el
proceso negociador. El grupo de trabajo correspondiente que trata de esta
materia en el proceso de Bruselas es, como todo el proceso, bilateral.

Hay dos delegaciones y está claro que la composición de la delegación
británica y de la española es decisión de cada uno de los países. Como
SS. SS. sabrán por mi anterior comparecencia sobre el tema, las
autoridades gibraltareñas aprovecharon esa supuesta y nunca acordada
fórmula para exigir que las reuniones fueran tripartitas. Las tres
primeras reuniones, en Sevilla, Londres y Sevilla, no sólo no produjeron
ningún resultado sino que durante los cinco primeros meses del año pasado
se produjo un incremento espectacular



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de esos tráficos, por lo que España denunció la situación a la Comisión
Europea y en Naciones Unidas. A raíz de esta denuncia, los británicos
decidieron suprimir los aspectos más visibles de los tráficos,
deshaciéndose de las lanchas rápidas que tenían su base en Gibraltar.

Da la impresión de que el actual Ministro Caruana ha comprendido las
consecuencias de la política de su antecesor y, con el apoyo de las
urnas, trata de reconducir la economía gibraltareña hacia cauces más
ortodoxos. El desarrollo de una economía basada en medios lícitos, como
he puesto de manifiesto, se fundamenta en gran medida, y pretende hacerlo
todavía más en el futuro, en los ingresos procedentes del turismo
comercial español. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Al Gobierno
español le gustaría una acción decidida que diera transparencia a ese
entramado de 50.000 sociedades anónimas y los bufetes que los tutelan.

Insisto en que más que un deseo es una exigencia imprescindible para
asentar las bases sanas de un diálogo.

Señorías, la economía gibraltareña necesita estabilidad política,
accesos, en suma, oxígeno. Cuanto antes el Reino Unido y los
gibraltareños lleguen a la conclusión de que sólo España puede
proporcionar ese marco, antes empezaremos a negociar sobre bases serias.

Lo que sí está claro es que entre los intereses de nuestro país no está
asegurar la prosperidad de los gibraltareños sin que en paralelo se
produzcan avances en la recuperación de la soberanía. Espero que estas
palabras no sean tomadas a la ligera.

En este contexto, ¿qué política seguir? En primer lugar, la referencia de
obligado cumplimiento en este tema es que nuestro objetivo ha sido y
deberá ser la recuperación de la soberanía en sus dos aspectos: sobre el
istmo y sobre el Peñón. Estamos, pues, ante un interés nacional que ha
contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas de nuestro país y
confío que ese apoyo continúe con independencia de cuál sea el signo del
Gobierno. Por lo tanto, el contencioso de Gibraltar debe ser objeto de
una política de Estado y en este sentido el Gobierno está convencido de
que contará con el apoyo de nuestro Parlamento.

¿Y qué pasa con el proceso de Bruselas entre tanto? Es el instrumento
negociador que hay que mantener. No caigamos en la trampa de especular
sobre fórmulas alternativas que permitirían hipotéticos avances. El eje
de la cuestión es la soberanía, y británicos y gibraltareños ha
boicoteado ese aspecto sustancial de la negociación. Esto nos lleva a la
conclusión de que el marco no haya sido el adecuado o que otro marco
fuera a garantizar el éxito en mayor medida. No es un problema de
viabilidad del proceso, sino de voluntad negociadora. En este sentido, la
presencia de una representación gibraltareña será siempre bienvenida.

Terminaría así la etapa de autoexclusión y automarginación de las
autoridades locales. Sin embargo, también es imprescindible que esta
presencia sea constructiva. Es decir, hay que negociar sobre la soberanía
y sobre cooperación al mismo tiempo, y no son admisibles vetos a priori
sobre ningún tema. El próximo 22 de enero está prevista en Madrid la
novena sesión formal entre el Reino Unido y España. El Presidente del
Gobierno español y el Primer Ministro británico así lo acordaron el
pasado día 27. Confiemos en que estemos ante una nueva etapa donde todos,
y no sólo España como hasta ahora, asuman sus responsabilidades.

La lucha contra los ilícitos continúa siendo un objetivo primordial. Para
ello pondremos un especial énfasis en los aspectos no visibles de estos
tráficos: evasión fiscal, blanqueo de dinero, financiación del tráfico de
drogas, realización de ese tráfico, etcétera. Por ello la coordinación
interdepartamental, que ha funcionado muy bien, continuará siendo la
clave del éxito. Yo confío en que el Reino Unido, en el marco de sus
amplias competencias sobre seguridad y orden público en la colonia, haga
su parte de la tarea.

Para terminar voy a referirme al status de Gibraltar en la Unión Europea.

Al territorio cedido por el tratado se le aplican las disposiciones del
artículo 272.4, en tanto que territorio europeo cuyas relaciones
exteriores asume el Reino Unido, con las siguientes particularidades
derivadas de la adhesión del Reino Unido: no forma parte de la Política
Agrícola Común, no se le aplica el IVA, no forma parte de la Unión
Aduanera ni de la Política Comercial Común y, como consecuencia de su
situación colonial, sus habitantes están además excluidos de las
elecciones al Parlamento Europeo. La parte del istmo ilegalmente ocupada
es naturalmente territorio español al que se le aplica del Derecho
comunitario como territorio en virtud del artículo 272.4, es decir, como
parte de España.

Al día siguiente de la firma del Tratado de Adhesión de España se
procedió a un canje de notas, como les he dicho, en el que se manifestaba
que dicha adhesión no afecta al proceso negociador bilateral. Por carta
de 31 de enero de 1985 al Presidente de la Comisión y para su
comunicación a todos los miembros, el Gobierno español notificó
oficialmente que nada en el proceso negociador iniciado en Bruselas puede
ser interpretado como un reconocimiento español de la soberanía británica
sobre el istmo. La aplicación del Derecho comunitario al Peñón no puede
desconocer, tal y como ha hecho el Tribunal de Justicia, que hay límites
y características peculiares que se derivan del carácter colonial del
territorio y de la controversia que sobre su soberanía existe entre los
dos Estados miembros. Por ello Gibraltar no es ni puede ser el
decimosexto Estado de la Unión y las autoridades locales de Gibraltar no
pueden reconocerse como autoridades legitimadas para establecer
relaciones de carácter interestatal con las autoridades de otros Estados
miembros. A estos afectos sólo cabe admitir como autoridades competentes
las de la metrópolis, las del Reino Unido, y evidentemente el Gobierno
español no puede permitir intentos subrepticios de las autoridades
locales y del Reino Unido para enriquecer el status de la colonia en la
Unión Europea. Todos aquellos temas que se derivan de la soberanía sobre
el territorio son responsabilidad del Reino Unido y no de las autoridades
locales. Quiero referirme en concreto a la justicia, que corresponde al
Reino Unido, con independencia de su organización administrativa o la
expedición de tarjetas de identidad que ni siquiera el Reino Unido expide
para sus ciudadanos y, por tanto, no podemos aceptar como tales las
expedidas por las autoridades locales de Gibraltar. Por otra parte, es
obvio, y no por ello voy a dejar de reiterarlo, que en la aplicación de
directivas comunitarias las autoridades competentes en las



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materias que regulan estas directivas, financieras, seguros, etcétera, no
pueden ser otras que las británicas.

En cuanto al Campo de Gibraltar y los municipios vecinos, frecuentemente
olvidamos hasta qué punto la servidumbre del Peñón impone costes no
deseados a nuestros ciudadanos, especialmente a los habitantes de todo el
entorno y muy particularmente de La Línea. Por ello, el propósito del
Gobierno es prestar una especial atención a aquellos sectores donde la
incidencia del fenómeno gibraltareño es más grave, en particular
infraestructuras y servicios.

Creemos, señorías, que en el marco de una política de Estado es deseable
una coordinación local, autonómica y estatal, y desde luego sólo el
esfuerzo de todos durante mucho tiempo, el que haga falta, puede permitir
solucionar todas estas cuestiones que llevan también tanto tiempo
pendientes.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro por esa detallada
exposición.

¿Grupos que desearían tomar la palabra en ese trámite? (Pausa.)
El señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Perdón, señor Presidente. Es una petición
de comparecencia del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Mardones. Ha sido un error de la
Presidencia.

El Grupo solicitante, que es el Grupo Socialista, tiene la palabra en
primer lugar; concretamente, su nombre, don Salvador de la Encina.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Agradecemos al señor Matutes su
comparecencia ante esta Comisión, solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista, para informar de un asunto prioritario no sólo para el
Ministerio de Asuntos Exteriores sino para la Administración española en
general.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestarle su estímulo para
que el Gobierno de España continúe con su tarea de decidida voluntad
negociadora ya iniciada, como ha indicado anteriormente, hace doce años
con motivo de la declaración conjunta de Bruselas de 27 de noviembre de
1984. Usted ha manifestado que en los próximos días, concretamente el 22
de enero, se producirán nuevas conversaciones con el Ejecutivo británico
sobre el contencioso de Gibraltar. El Grupo Parlamentario Socialista
quiere conocer cuál es la política que el Gobierno piensa mantener, así
como si tiene previstas medidas tendentes a impulsar el proceso
negociador, del que se cumplen doce años, como ya se ha mencionado
reiteradamente, desde el momento en que Madrid y Londres se comprometen a
tratar cuestiones relacionadas sobre todo con la soberanía.

Aunque no hemos podido conocer a través de los medios de comunicación ni
por sus palabras hoy aquí si el Presidente Aznar en su reciente visita a
Londres trató algo distinto a los temas de política comunitaria, a los
temas europeos, nos hubiera gustado saber algo más, incluso por los
medios de comunicación y sobre todo con su presencia hoy aquí. No sabemos
exactamente, lo digo con cierta ironía, si el Presidente habrá hablado en
catalán o en inglés, pero imaginamos que al menos la química debería
haber funcionado para facilitarle a usted el día 22 de enero el encuentro
con el Ministro de Asuntos Exteriores británico, señor Malcolm Rifkind.

Ojalá, como digo, haya funcionado la química y le facilite poder abordar
asuntos distintos a los tratados, eso sí, por el Presidente referidos a
la Alianza Atlántica, la Conferencia Intergubernamental para la revisión
de Maatricht, el proceso de la moneda única europea o el contencioso con
Cuba. Imaginamos que en estos temas se habrá avanzado más, sobre todo
respecto al contencioso acerca de la soberanía de Gibraltar, porque no
hemos podido oír nada ni a usted ni al señor Presidente hasta ahora
acerca de esa visita. Esperemos que luego en la réplica nos pueda
concretar algo.

También estamos convencidos, por qué no, de que las medidas que se
adopten o se prevean por parte del Gobierno continuarán estando en la
línea de generar un clima de confianza y amistad. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista consideramos que ello no es incompatible con el
continuo y constante deseo de recuperar Gibraltar, sin que este asunto
tenga que convertirse en una inútil obsesión en las relaciones
bilaterales, aunque, eso sí, insistiendo tenazmente en trasladar a los
británicos que este contencioso está frenando el desarrollo de una
relación que debería de ser mucho más importante para ambos países y que,
sin lugar a dudas, se está convirtiendo en un obstáculo en sí mismo para
los progresos de la Unión Europea.

No es la primera vez, señor Ministro, ni desgraciadamente será la última,
que nos informa y debatimos sobre Gibraltar en esta Comisión. Este
contencioso de la última colonia de Europa es un proceso largo, a veces
lento y otras incluso con desaires, como el producido a la delegación
española que se trasladó a Londres la última semana de septiembre para
tratar asuntos relacionados con Gibraltar. Después de estar sentada
durante tres horas en el Foreing Office se debió volver a España sin tan
siquiera ser recibida.

Señorías, este contencioso está marcado por la doble desconfianza. Por
una parte, nos encontramos, como usted ha dicho anteriormente, con la
automarginación de las autoridades locales de la Roca, quienes quizá,
como consecuencia de las medidas restrictivas aplicadas durante los años
sesenta, han propiciado que en Gibraltar haya crecido una generación, a
partir de entonces, que se siente alejada de España y que vive todavía
anclada en los esquemas del pasado, todo ello a pesar del gesto de buena
voluntad que realizó el anterior gobierno, abriendo la Verja en el año
1982, primero para los peatones, y luego el 5 de febrero de 1985 para el
tránsito rodado.

Por otra parte, vemos la desconfianza que ha ido acumulando España a lo
largo de todo este proceso negociador, así como incluso resquemor
respecto a la posición británica que siempre ha usado un doble lenguaje,
y no ya porque no se avance o se avance de manera más lenta en



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un problema complejo, sin duda, y además histórico --287 años--, sino
porque cada vez que se ha dado un paso adelante inmediatamente la parte
británica ha tratado de desvirtuarlo, incluso, yo diría, de incumplirlo
claramente. Así ha ocurrido con la declaración de Lisboa de 10 de abril
de 1980, con la declaración del uso conjunto del aeropuerto, al que luego
me referiré, de 2 de noviembre de 1987, o con el acuerdo sobre la
prevención y represión del tráfico ilícito de drogas de 1989. No
obstante, señor Ministro, esa desconfianza que existe creo que debe ser
sobrepasada porque estamos de acuerdo en que el contencioso sobre la
soberanía de Gibraltar no debe impedir que España y Gran Bretaña tengan
relaciones en otros aspectos sobre una base sana. Eso es lo que hizo el
anterior Gobierno socialista, pues el Reino Unido es socio de la Alianza
Atlántica; tiene responsabilidades muy grandes sobre los temas de
Gibraltar. El Grupo Parlamentario Socialista cree que no sería adecuado
que las relaciones bilaterales entre los dos países, que sin duda tienen
que estar marcadas siempre por esta profunda mancha, no tuvieran también
otros cauces para seguir resolviendo otros problemas, como los que
estamos convencidos que el Presidente Aznar habrá tratado en su visita a
Londres.

Por tanto, nos congratulamos, señor Ministro, de que la recuperación de
la soberanía del Peñón y la restauración de la integridad territorial
española vaya a seguir siendo objeto de preocupación prioritaria del
Gobierno. No le quepa duda de que gozará del respaldo del Grupo
Parlamentario Socialista y, estoy seguro, del de las demás fuerzas
políticas porque pensamos que éste es un tema de Estado. No obstante,
creo que debemos seguir trasladando esta fórmula de consenso y de
unanimidad con suficiente fuerza para que el Gobierno británico sepa que
en este tema existe una única posición política. Como digo, la política
del Peñón es de Estado y no de partido, de ahí que nos alegremos de que
continúen con la política internacional que el Grupo Parlamentario
Socialista había emprendido años atrás.

No me voy a extender excesivamente en este aspecto porque el relato que
ha hecho el señor Ministro es perfectamente aceptable. No obstante,
creemos necesario realizar algunas consideraciones y preguntas referidas
a Gribaltar y, por ello, voy a concretar un poco más, aclarando que en
términos generales compartimos, aunque con matizaciones, el análisis que
el Ministro ha hecho. Los aspectos a los que me refiero, que los
consideramos muy importantes por la incidencia que tienen en la comarca
del Campo de Gibraltar y en Cádiz, se refieren a la cooperación en
beneficio mutuo.

En primer lugar, señor Ministro, creemos que, afortunadamente, la
posición de España en estos momentos debe ser aprovechada de cara a los
encuentros bilaterales. Sin duda, en los últimos meses se han producido
hechos que nos hacen vislumbrar algunas esperanzas en relación con el
posible estancamiento en la gran mayoría de los temas, originado sobre
todo por la actitud de las autoridades de Gran Bretaña, que hacía que la
cooperación en beneficio mutuo...




El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, permítame una brevísima
interrupción.

Tenemos una cierta limitación en el tiempo. Por obligaciones del señor
Ministro, tenemos que acabar hacia las doce, y tenemos una importante
comparecencia inmediatamente después. ¿Le podría, humilde pero
firmemente, solicitar que fuera preciso en estas últimas preguntas?
Gracias.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Sí, señor Presidente, pero considero que
para los tres temas que voy a plantear, por muy breve que sea, debo
necesitar al menos cinco minutos. Además, considero que son muy
importantes para la comarca del Campo de Gibraltar y, por supuesto, para
los intereses de España que ya hemos dicho que en el aspecto de la
soberanía está suficientemente claro. Voy a intentar ser concreto, pero
permítame al menos cinco minutos.

Después de las últimas elecciones producidas en la Roca, se supone, al
menos por los gestos iniciales que está haciendo el Ministro Principal
actual, Peter Caruana, que la situación empieza a cambiar y parece que el
estancamiento de estos temas puede relanzarse. Este hecho, unido al
trabajo intenso y eficaz desarrollado desde el Gobierno civil de Cádiz, y
por supuesto con la incansable labor del Ministerio de Asuntos Exteriores
anterior, ha originado que, por ejemplo, un tema tan preocupante para la
comarca como la lucha contra el tráfico ilícito procedente de Gibraltar
haya descendido considerablemente, hasta el punto de que Gibraltar,
encabezado por su actual Ministro Principal, y los ayuntamientos de la
comarca hayan restablecido las relaciones humanas y se muestren
interesados en concretar proyectos comunes, dentro del marco de las
competencias de la mancomunidad de municipios, sobre todo en beneficio de
La Línea de la Concepción, que es, como ha dicho anteriormente el
Ministro, la ciudad que sufre toda la servidumbre y todas las
consecuencias negativas de este problema. Es cierto, por tanto, que las
relaciones diarias de los que vivimos cerca, yo diría de los que vivimos
el difícil problema del contencioso día a día, ha mejorado sensiblemente
e incluso se baraja la posibilidad de poner en marcha algunos proyectos.

En una comarca con siete municipios, 250.000 habitantes y,
desgraciadamente, una alta tasa de desempleo, la plasmación de las
potencialidades que tiene la zona, siempre que redunde en mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, será bienvenida.

Ahora bien, tampoco es menos cierto que esa buena voluntad,
manifiestamente expresada por pequeños gestos --importantes, pero
pequeños-- de las autoridades locales de Gibraltar, debe de pasar por ir
solucionando o permitiendo solucionar temas distintos al de la soberanía
y que tienen una incidencia práctica en ambos lados de la frontera. Desde
el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la puesta en marcha
del acuerdo de Bruselas de 2 de diciembre de 1987, sobre la utilización
conjunta del aeropuerto, es uno de esos puntos en los que el Gobierno
debe exigir que se pase de las buenas palabras a los hechos concretos. En
este sentido, le queremos preguntar al señor Ministro si se tiene la
intención, por parte del Gobierno español, de incidir profundamente en
este tema, si se exigirá con suficiente fuerza y qué posición adoptará el
Gobierno



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si se sigue incumpliendo tal acuerdo, que se debe básicamente, como ha
indicado el señor Ministro, a la negativa de las autoridades locales de
Gibraltar.

Por otra parte, parece que atrás han quedado los intentos del anterior
Ministro Principal, Joe Bossano, de influir, a través de lobbies
establecidos en foros internacionales, como el Comité de los 24 o la IV
Comisión de la Asamblea General de la ONU, para hacer llegar sus tesis,
tratando unilateralmente de cambiar el status de Gibraltar basándose,
entre otras razones, en una pretendida autosuficiencia económica, que se
ha demostrado irreal y ficticia. Señor Ministro, esto nos preocupa,
porque esta tesis ha terminado originando una escandalosa base de
operaciones para el contrabando de tabaco y de droga, que el Gobierno
socialista --lo dijimos en la anterior legislatura y lo reiteramos
ahora-- denunció continua y constantemente en distintos foros
internacionales --por supuesto en esta Cámara-- y que originó
innumerables gestiones para lograr la colaboración del Reino Unido a la
hora de frenar y hacer desaparecer dicho tráfico ilícito. Debemos también
reconocer que, hoy día, gracias a ese trabajo conjunto que se hizo --y
por qué no decirlo-- a la colaboración de las nuevas autoridades
gibraltareñas, afortunadamente se ha mejorado mucho en este campo. Pero
desearíamos preguntarle al señor Ministro: ¿Se va a continuar sin bajar
la guardia en esta lucha? ¿Se continuarán reforzando las medidas para
combatir los tráficos ilícitos relacionados con Gibraltar y se va a
exigir una mayor colaboración del Reino Unido? Fue solamente a partir del
año 1984 cuando se hizo patente esa colaboración. ¿Se prevé la
coordinación adecuada con Interior para aumentar las dotaciones
humanas...?



El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, le ruego que vaya concluyendo.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy concluyendo, señor Presidente.

Me referiré solamente al tercer aspecto, aunque hubiera deseado referirme
también a otros relacionados con los tráficos ilícitos, recordando
solamente que existe una proposición no de ley, de 18 de junio,
presentada a esta Comisión por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas conducentes a la
persecución del contrabando, que esperamos que se aplique.

Señor Presidente, permítame dos minutos para referirme a un tema que, en
palabras de un ex Diputado de Izquierda Unida, el señor Espasa Oliver,
constituía lo que él llamaba la nueva piratería del siglo XX y era la
elusión fiscal que desde Gibraltar se hace. Pensamos que Gibraltar se ha
convertido en el lugar de elusión del Tesoro público. El hecho de que
existan 52.000 sociedades, muchas de ellas ficticias --como recientemente
ha puesto de manifiesto el Ejecutivo respondiendo a una pregunta
parlamentaria--, hace necesario que España, en este tema, a pesar de las
últimas reformas introducidas en el sistema bancario, exija a las
autoridades británicas que se acabe con esta situación. Señor Ministro,
¿tiene previsto reivindicar a su homólogo, en su próximo encuentro,
cuestiones relacionadas con este tema? ¿Le exigirá un posicionamiento al
respecto? ¿Seguirá sensibilizando al ministro sobre este tema?
Por último, señor Ministro, quiero decirle que pensamos que en este tema
se debe hacer política de Estado y esperamos que, a diferencia de lo que
hizo otro grupo parlamentario, hoy en el poder --que no hizo política de
Estado, sino política partidista, sobre todo allí donde se sufre el
problema, en el Campo de Gibraltar--, cambie la actitud por parte de ese
partido, una vez que está en el Gobierno. Lo que sí le decimos es que,
por parte del Grupo Parlamentario Socialista, va a tener el apoyo
necesario, cuando sea necesario; por supuesto, no cuando se planteen
cuestiones como el posible cierre de la Verja, como usted dejó entrever
en su momento. Mientras tanto, en cuanto a la soberanía y la recuperación
territorial de la colonia de Gibraltar, por supuesto que tendrá el apoyo
del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, señores miembros de la Comisión,
el artículo 74 del Reglamento establece que «La duración de las
intervenciones en una discusión sobre cualquier asunto o cuestión, salvo
precepto de este Reglamento en contrario, no excederá de diez minutos».

Usted no es miembro de esta Comisión y no sabe que aquí, normalmente, no
funcionamos con el Reglamento en la mano porque procuramos, en respeto de
todos, mantener los tiempos dentro de una prudencia que permita que todos
participen y que todos tengan su ocasión de hacerlo. Por eso me he visto
obligado a recordarle la utilización del tiempo. Ruego al resto de los
grupos parlamentarios que sean precisos. Se puede ser muy preciso y
contundente en las afirmaciones, sin necesidad de excederse en la
utilización de los tiempos. (El señor Yáñez-Barnuevo García pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Sí, señor Yáñez; supongo que para una cuestión de
orden.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Efectivamente, señor Presidente, porque
su última intervención introduce un factor nuevo sobre el que no digo que
tengamos un debate, pero sí es importante que aclaremos. La tradición de
esta Comisión --en la que es muy veterano el señor Presidente de la misma
en esta legislatura, y cuyo sistema no digo que sea bueno o malo, sino
que así ha sido con muchos presidentes-- es no limitar el tiempo de
intervención, sobre todo en comparecencias. Yo, personalmente, soy
partidario de tener...




El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, voy a terminar la
cuestión de orden y, luego, el Presidente, en función de sus
competencias, decidirá lo que le parezca conveniente.

A mí me parece un poco excesivo utilizar el tiempo justo cuando ha habido
una intervención de un Diputado socialista --que además no es miembro de
la Comisión, como usted ha recordado--, porque usted mismo, como



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portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, ha hecho muchísimas
intervenciones de duración superior a los diez minutos. Si ahora
establecemos un criterio de diez minutos habrá que determinarlo en una
reunión de Mesa y portavoces, para que sepamos con qué criterios se hace,
si es que son nuevos los criterios que se van a establecer.




El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, los criterios no son nuevos, con
simplemente de prudencia, y reconocerá usted que al final la prudencia la
interpreta el Presidente. Mi preocupación exclusiva es que todos los
grupos tengan exactamente la misma ocasión para expresar sus puntos de
vista dentro de una razonabilidad, y la interpretación de la
razonabilidad, afortunada o desgraciadamente, está en mis manos.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, voy a ahorrar tiempo en el
debate de la Comisión.

En primer lugar, señor Ministro, le agradezco esta amplia información,
con todo el recuerdo del análisis histórico y político que nos ha trazado
S. S., con el que hemos quedado perfectamente instruidos.

Al hilo de su intervención, señor Ministro, como usted bien sabe, y
simplificando, Gibraltar, en la política española y en la que se genera
en el Reino Unido, tiene tres renglones fundamentales: el político, el
económico y el militar. Usted ha hablado ampliamente del problema
político y del problema económico --llamo económico a todas esas
interrelaciones con tráfico, comercio, contrabando, blanqueo de
capitales, droga, etcétera--, y luego está el tema militar.

Para ahorrar tiempo voy a ir a la esencia de las preguntas. Primera
pregunta, sobre el aspecto político: en las conversaciones que han tenido
el primer ministro británico con nuestro Presidente del Gobierno
recientemente y usted con el ministro de Asuntos Exteriores británico ¿se
ha ofrecido una contraprestación a cambio del apoyo británico a la
propuesta española contra Cuba en el sentido de que se haga sordina sobre
temas de Gibraltar? No vaya a parecer que en este momento a la política
exterior española le importa más ir contra Cuba que contra Gibraltar.

La segunda pregunta es de orden económico, señor Ministro. Usted se ha
referido precisamente a las restricciones que el asunto de la Unión
Europea, en sus aspectos financieros, económicos, monetarios, etcétera,
pueda entrañar en Gibraltar. ¿Se ha pensado que, una vez que se llegue a
la moneda única, puede existir en Gibraltar el euro y los bancos
británicos que operan en Gibraltar estén plenamente integrados en la
Unión Monetaria europea y, por tanto, tengamos la misma moneda a un lado
y a otro de La Línea? ¿Qué postura puede tomar España ante una actuación
económica y una convergencia --vamos a llamarla así-- de la economía de
raíz británica que existe en Gibraltar que tenga que homologarse con la
Unión Europea?
Le haría una tercera pregunta, señor Ministro. ¿Se podrían plantear, a
nivel de la Unión Europea, unas medidas conjuntas entre los países
miembros de la Unión Europea contra la actual situación, ya permanente y
crónica, de Gibraltar, como se ha hecho con la iniciativa española sobre
el caso cubano? Es decir, solicitar de todos los socios europeos una
política armónica y común, porque en este caso parece que España
solamente hace el planteamiento de Gibraltar en régimen bilateral, una
relación directa con el Reino Unido de la Gran Bretaña, como si el Reino
Unido de la Gran Bretaña y España no formaran parte de la Unión Europea,
donde se tienen que debatir también asuntos comunes.

El tercer aspecto, que el señor Ministro no ha tocado pero que es el otro
aspecto fundamental de Gibraltar, es el militar, porque para el Reino
Unido Gibraltar, como territorio y como modus vivendi en lo económico y
en lo político, es el soporte físico de una base militar. ¿Este tema se
va a plantear en el Consejo de la Alianza Atlántica de diciembre para que
esa base militar británica sea OTAN o sea base británica? Para que no
prospere ningún subterfugio de los británicos de sacar de la OTAN una
base militar y mantenerla allí como una base colonial.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Ante todo muchas gracias, señor Ministro,
por su información precisa y extensa. Más que repetir conceptos
expresados muy concretamente nuestro grupo quiere manifestarle en todo
caso su apoyo más decidido en la línea de seguir avanzando en este
proceso y en esos objetivos que usted ha definido. Sin embargo, no
quisiéramos dejar de hacer algunas precisiones.

Primero, que entendemos que la cuestión de Gibraltar es una cuestión no
resuelta, es uno de los grandes problemas históricos de España y, por
tanto, pendiente de resolución. Segundo, que es evidente que la evolución
de las estructuras de defensa y seguridad en Europa por un lado y la
integración económica en general por otro han de permitir un notable
avance en la situación, y nosotros estamos convencidos de que esto debe
ser así. En todo caso, nos gustaría saber su posición en el sentido de,
caso de que el proceso de negociación de Bruselas llegara a un callejón
sin salida, si hay en estos momentos algún planteamiento para cambiar el
ámbito de este proceso, el ámbito de la relación por el tema de
Gibraltar, en uno más amplio de la Unión Europea. Es una cuestión que
también nos interesaría conocer. De todas formas, y en tercer lugar, no
sería tolerable, señor Ministro, que Gibraltar se convirtiera en un
simple paraíso fiscal en la mismísima frontera, o menos aún en un centro
cuya principal vía de financiación y subsistencia fuera el blanqueo de
capitales, el contrabando, el tráfico de drogas, como usted muy bien ha
dicho.

Vuelvo a repetirle que nuestro grupo le manifiesta su más decidido apoyo
para cambiar, modificar y presionar para corregir esta lamentable
situación. Sabemos que no siempre es fácil que desde el Gobierno
británico se tome conciencia de la situación, y mucho menos que se
reconozca



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como tal. Por eso creemos que en la habilidad de la diplomacia española,
en su mano y en la de todos los funcionarios de su ministerio, está
alcanzar resultados concretos en el más breve tiempo posible.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Muñoz-Alonso.




El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Ministro, gracias por su presencia en
la Comisión y por sus explicaciones sobre el tema de Gibraltar. Ha hecho
una completa, adecuada y correcta definición histórica y jurídica del
contencioso y ha recordado algunas cosas bien conocidas pero que yo creo
que es importante tenerlas siempre a la vista: que Gibraltar es una
colonia, la única y última colonia existente en Europa, que los
habitantes originarios fueron expulsados; ha recordado la permanente
reivindicación de la soberanía española; que el Tratado de Utrecht es el
único título para la presencia británica; ha insistido en la
imposibilidad, por tanto, de cualquier veleidad de independencia, en el
no reconocimiento, incluso por las propias Naciones Unidas, del derecho
de autodeterminación --lo ha calificado como un proceso quimérico--; ha
insistido, que me parece muy importante, en que el territorio no
pertenece a la población, en el derecho de tanteo que en base al propio
Tratado de Utrecht tiene España. Yo creo que todo esto es importante
recordarlo, porque parece que hay una decidida voluntad, tanto por parte
de los gibraltareños como por parte, en ocasiones, del mismo Reino Unido,
de olvidar estos hechos básicos. Parece que hay en este sentido una
voluntad decidida de llevarlos al olvido, porque evidentemente, si se
llevaran al olvido, cambiaría totalmente la calificación del contencioso
y de nuestras reivindicaciones. Ha insistido, y creo que es también
importante, en las actividades ilícitas que han sido, y quizá de alguna
manera siguen siendo, un pilar de la economía gibraltareña. Este es un
asunto que se ha tratado reiteradas veces en esta Comisión. Posiblemente
algunos de esos tráficos ilícitos han disminuido, pero es evidente que,
por ejemplo, el blanqueo de dinero continúa. También se ha referido al
carácter peculiar del turismo que va a Gibraltar y que impone a los
municipios de la zona una servidumbre de paso muy negativa desde
cualquier punto de vista.

Todo esto necesariamente nos lleva a la conclusión de que el Reino Unido,
tanto después de la declaración de Lisboa como después de la de Bruselas,
ha mantenido una actitud negativa y nuevamente amistosa. Basta con
recordar que las cuestiones de soberanía que, según la declaración de
Bruselas, habían de abordarse en las conversaciones están vírgenes,
todavía no se ha llegado a ellas. De alguna manera tenemos que concluir
que el Reino Unido no ha tomado nota ni ha sacado ningún tipo de
consecuencia del hecho evidente de que desde hace ya bastantes años somos
socios y aliados. Pienso que es interesante también que haya reiterado,
señor Ministro, las garantías de España a los gibraltareños y esa
afirmación de que no queremos hacer españoles a los gibraltareños, que
creo que es importante para entender todo el proceso.

Creo que hay que mencionar el significativo y grave hecho de la no
aplicación del acuerdo de 1987 de uso conjunto del aeropuerto. Que el
Reino Unido no haya abordado esta circunstancia es muy importante. Creo
también que es notable la voluntad inglesa del anterior Ministro Hurd de
imponer la doctrina de las tres voces, a la que España se ha negado, que
evidentemente es un intento que rompe también las bases jurídicas de la
presencia británica allí.

Mi grupo parlamentario apoya los objetivos y los medios de la política
del Gobierno en relación con este contencioso, no por la razón obvia de
que somos el grupo que sustenta al Gobierno, sino también porque esa
política es la más adecuada, la más conveniente, la más razonable y sin
ninguna duda la que defiende de una manera más amplia los intereses
nacionales de España. Queremos, por tanto, insistir en la necesidad de
recuperar la soberanía, en eso que ha dicho usted de que no hay por qué
asegurar la prosperidad de los gibraltareños si al mismo tiempo y
paralelamente no se producen avances significativos y simultáneos en la
recuperación de la soberanía. En este sentido esperamos que este Gobierno
dé --estamos convencidos de que lo va a hacer-- pasos significativos en
esa dirección, unos pasos que anteriormente no se han dado (el anterior
Gobierno no consiguió avances en este terreno). Quiero recordar que hace
unos pocos meses una revista tan significativa como The Economist decía
que el actual Gobierno español estaba mucho mejor situado que su
predecesor socialista para tratar adecuadamente el problema de la Roca.

Estamos, sin embargo, muy convencidos, y me felicito de oírlo en los
otros grupos parlamentarios, de que nos hallamos, sin ninguna duda, ante
una cuestión de Estado y que, por tanto, va a contar siempre con el apoyo
del Parlamento.

Creemos también en el valor del proceso de Bruselas. Simplemente
añadiría: a condición de que el Reino Unido juegue limpio, cosa que hasta
ahora ha sido, en buena medida, dudoso. Por eso esperamos que la próxima
reunión, que se va a celebrar en Madrid el 22 de enero de 1997, sea el
principio de una nueva etapa en la que se avance en unos objetivos que
están planteados, y que el propio Reino Unido no puede negar, porque son
los únicos fundamentos de su presencia allí.

Quería preguntarle al señor Ministro si hay alguna prueba de esa voluntad
negociadora nueva del Reino Unido, y si tiene algún significado en el
contexto de nuestras futuras negociaciones el que --y hoy nos enterábamos
de la noticia-- haya sido nombrado un nuevo gobernador en la colonia que,
por primera vez, es un civil; medida que, parece ser, no ha gustado a los
gibraltareños.

Quería señalar también, en relación a los tráficos ilícitos, la
importancia de esa transparencia, que solicita el señor Ministro, para
esas 50.000 sociedades opacas que existen en la colonia y que están
dedicadas a tareas que rondan con la ilicitud.

Quiero también señalar la especial atención que ha pedido para los
problemas del Campo de Gibraltar, cosa que nosotros evidentemente
apoyamos y suscribimos.

Quiero insistir, señor Presidente, en que el actual Ministro Principal de
la colonia, señor Caruana, parece evidente



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que ha cambiado el estilo. Pero yo quisiera recordar aquí que, a juzgar
por sus palabras y por sus propios gestos no ha cambiado, en absoluto,
los adjetivos de lo que ha sido la política de las autoridades
gibraltareñas hasta ahora. Está llevando a cabo el señor Caruana, según
determinadas informaciones y según algunos análisis, una hábil y sutil
actuación «diplomática», entre comillas, en distintos sectores, algunos
de ellos españoles, intentando, en todo caso, tener una voz propia, esa
voz propia que no le corresponde, a la que no tiene derecho, porque
sería, por la vía de los hechos, asumir la teoría de las tres voces a que
antes aludíamos. Quiero recordar, por ejemplo, que hace sólo algunas
semanas el señor Caruana dio una conferencia en Sevilla y que tuvo un
encuentro con un consejero de la Junta de Andalucía, encuentro que si por
parte del señor Caruana me parece que él hace lo que puede, por parte del
consejero de la Junta me parece bastante imprudente y que no tiene
demasiado sentido.

Quisiera citar alguno de los mensajes que dejó caer el señor Caruana en
esa intervención en Sevilla. Volvió a insistir en la idea de la
autodeterminación; en el rechazo categórico de cualquier atisbo de
soberanía española; se refirió , incluso, a Gibraltar como Estado; habló
de la invalidez del Tratado de Utrecht, afirmando categóricamente que
estaba derogado por la Carta de las Naciones Unidas --no sé de dónde pudo
sacar esa afirmación--; se refirió a la descolonización, pero se refirió
a la descolonización como un proceso bilateral entre Londres y Gibraltar;
habló de una reforma de su «Constitución» entre comillas, de 1969;
aludió, halagando a sus anfitriones, a un posible entendimiento directo
con la Junta de Andalucía en relación con pensiones de los ex
trabajadores españoles en Gibraltar e, incluso, se atrevió a decir que el
tráfico ilícito en realidad era de la costa española hacia Gibraltar y
que había una serie de lanchas rápidas, incluso, creo que utilizó la
palabra pateras, que iban en esa dirección. Por supuesto, negó la
existencia de cualquier blanqueo de dinero, atribuyéndolo a propaganda
española. E incluso, todavía más, creo que se están llevando a cabo
algunas maniobras en torno a la reestructuración de la OTAN. Parece que,
en algún momento, se ha querido llevar al plano puramente bilateral,
entre el Reino Unido y España, la supresión posible o segura del mando
del Gibmed, atribuyéndose en este caso el Reino Unido más papel del que
le corresponde en un proceso global de la Alianza Atlántica y queriendo,
en virtud de eso, sacar alguna contrapartida, manteniendo a disposición
de la Alianza la base militar. Y aquí vuelve a aparecer el señor Caruana
y dice --y tomo una frase suya--: el precio de permitir a España la
integración en la estructura militar es el término de la agresión de
España. El llama agresión a la reivindicación permanente de los derechos
españoles.

Yo sólo quiero insistir, y estoy seguro que es el pensamiento del señor
Ministro, que España no debe hacer ninguna concesión sin contrapartidas,
como bien ha señalado aquí en su intervención. Reitero nuestro apoyo a la
política que está llevando a cabo el Gobierno. Todo hace pensar que va a
ser, en adelante, una política mucho más efectiva, que va a conseguir
unos frutos que, hasta ahora, no se habían alcanzado.

Termino, señor Ministro, agradeciendo, una vez más, su presencia y sus
explicaciones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señorías, por el carácter no sólo íntegramente constructivo de sus
intervenciones sino porque las mismas, además, han revelado expresamente
que nos encontramos ante una política de Estado, que sigue siendo una
política de Estado y que, por ello mismo, viene marcada por una
continuidad, una continuidad, yo diría, en lo esencial y hasta en lo
accidental, si bien no son de descartar futuras variaciones en la medida
en que las circunstancias lo permitan o lo aconsejen.

También quisiera pedirles excusas por la extensión de mi intervención,
pero he creído conveniente pasar revista a todos los aspectos del
problema, tanto los históricos como los jurídicos, como muy bien ha
recordado el señor Muñoz-Alonso, y hemos de evitar que la inmediatez, la
urgencia de los temas nos desvían de las cuestiones importantes; por eso
era bueno hacer un repaso a los títulos, ciertamente legítimos e
incontestables, reconocidos por las Naciones Unidas, que, al respecto,
tiene España. En todo caso, procuraré compensar ahora con una
intervención más breve.

Efectivamente los primeros ministros, señores Major y Aznar, hablaron de
muchísimos temas y, si no se ha producido una intervención parlamentaria
al respecto es porque no ha habido ninguna solicitud y porque tampoco lo
merece el tema, puesto que se trataba de un encuentro bilateral más, como
los que se tienen frecuentemente entre los jefes de Estado y de Gobierno
de los países principales de la Unión Europea. Se habló de la Conferencia
Intergubernamental, se intercambiaron posiciones, se habló de la Unión
Monetaria, del deseo de incrementar y mejorar las relaciones bilaterales
y se constató el desacuerdo total en relación con el tema de Gibraltar
que acordaron pasarlo a los ministros, quienes ya teníamos previsto
nuestro encuentro el 22 de enero en el marco del proceso de Bruselas. Por
tanto, yo quisiera, cortar cualquier vinculación que no ha existido ni
existirá, lógicamente, entre este tema y el de la política de la Unión
Europea, con relación a Cuba. El respaldo del Primer Ministro Major
simplemente hay que interpretarlo como una muestra más de la solidaridad
de los Quince en relación con el tema cubano. Quiero recordar, además,
que la posición del Gobierno británico, en relación a la propuesta
española, era la de endurecerla y no mantenerla en ese carácter
únicamente constructivo, moderado y no coactivo que tenía. En cualquier
caso, nada tenía que ver el tema de Cuba, que se trató de paso porque
coincidía con la reacción del Gobierno de Cuba y la denegación del
plácet, acordado ya a nuestro embajador Coderch, con el tema de
Gibraltar.

¿Qué medidas se pueden tomar para impulsar el proceso de negociación? Al
margen de la reserva que tiene



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siempre toda conversación diplomática, lo cierto es que no hay medidas
mágicas al respecto por parte de España; de lo único que se trata es de
que se mantengan los compromisos y los acuerdos ya adoptados en el
proceso de Bruselas, es decir, que se reúnan dos delegaciones, con plena
libertad en cuanto a su composición interna, por tanto dos voces, y que
al propio tiempo que de los temas de cooperación se hable de los temas de
soberanía, como también estaba acordado, y ninguna cuestión previa.

Si tuvimos que afrontar una situación incómoda en relación con la
anulación de la reunión técnica, a la que se ha referido el señor De la
Encina (que no era reunión del proceso de Bruselas, eran las famosas
reuniones técnicas que se producen en el marco de la cooperación para
perseguir ilícitos) fue debido exclusivamente a las dificultades internas
de la propia delegación británica. Lo mismo ocurrió con la reunión, que
también se abortó, del anterior Gobierno español en Sevilla en el mismo
marco. No sería de descartar que pudiera producirse una situación
parecida. En este caso quien habría perdido el viaje sería la delegación
que ha viajado; unas veces corresponde que se celebre aquí y
alternativamente allá. Cada vez que una de esas reuniones se anula por
alguno de esos problemas, en los que España no puede ceder porque haría,
naturalmente, cesión de una posición importante y de principio, quien
pierde el viaje siempre es la delegación que se ha desplazado para nada.

En todo caso, está claro que las soluciones vienen por la vía de
incrementar la cooperación, que es justamente lo que deseamos, pero no
queremos que sólo se hable de cooperación. Es evidente que hay que
mejorar e incrementar las inversiones en la zona, ésa es una de las
medidas que favorece, además, a todo el espacio geográfico en torno al
Peñón. Además del aeropuerto de Málaga está muy cerca de esta zona el
propio aeropuerto de Jerez y es evidente que una buena autovía que
comunique la zona del Campo de Gibraltar con el aeropuerto de Jerez, el
enlace de las autopistas de Sevilla y el resto de la red de autovías
nacionales, ciertamente contribuye a mejorar la situación en la zona
ofreciendo alternativas y, sobre todo, es un gran estímulo para el gran
puerto de Algeciras, uno de los grandes puertos europeos en el sur del
continente que hay que intentar potenciar.

Está claro --volviendo a las preguntas de varias de SS. SS.-- que se
continuará y reforzará, en la medida necesaria, la persecución de los
ilícitos. Mientras haya ilícitos habrá controles, tanto más estrictos y
más largos cuanto mayor sea la detección y la influencia de estos
ilícitos, lo cual, además, contribuye a recordar a algunos habitantes,
muchos habitantes de Gibraltar que no se puede estar siempre a las
maduras y no aceptar las verdes; no se puede pretender gozar de un
estatuto fiscal, de unas ventajas aduaneras, de ciertos privilegios en
suma, y al propio tiempo querer gozar de todas las ventajas de un
residente en España, que lo único que tiene que hacer, por tanto, es
comprarse una gran villa en Sotogrande, llevar una gran vida de burgués
español, no pagar impuestos y luego, simplemente, hacer diez o quince
kilómetros en coche, cruzar en un minuto la verja y volver por la tarde
después de esas actividades. Ciertamente, tienen que asumir las mismas
ventajas y el status de que gozan podrán disfrutarlo bajo soberanía
española, pero, naturalmente, no pueden negarse a que se complete un
proceso de descolonización, bien sancionado en sus principios y en sus
detalles por Naciones Unidas, aunque esto tiene que comportar algunos
inconvenientes en los aspectos de la vida cotidiana. Por eso,
naturalmente, España entiende que va a seguir ejerciendo todos sus
derechos en la persecución de esos ilícitos en la medida que justamente
no se produzca la reacción adecuada y la colaboración necesaria no sólo
en la persecución de tráficos, sino en toda manifestación de ilícitos al
respecto o de opacidad fiscal y financiera.

Es evidente que la utilización conjunta del aeropuerto es el primer gran
gesto que pedimos a las autoridades locales que hasta ahora han rehusado
la puesta en marcha de este Convenio, ejerciendo ese famoso --y no
aceptado por nosotros--, derecho de veto que les han concedido las
autoridades británicas.

Respondiendo al señor Mardones, es evidente que el problema político ya
está contestado, que hay ciertamente un problema económico, pero no
constituye ningún problema económico la posible o eventual utilización
del euro por parte de las autoridades o los bancos de Gibraltar, por
cuanto el euro, que nace con vocación de moneda estable y de reserva,
previsiblemente va a ser utilizado en todo el mundo, desde Estados Unidos
hasta Japón, en virtud de las propias garantías que ofrezca como moneda
estable y, por tanto, con la condición más aceptada de toda moneda.

Respecto al problema militar, es cierto, hoy por hoy, que la base militar
de Gibraltar está adscrita a la OTAN, y en ese contexto quien tiene la
palabra respecto del futuro de esta base son ciertamente las autoridades
británicas, que tienen dos opciones: si desean que continúe siendo base
OTAN, naturalmente tendrá que depender del mando regional y subregional
correspondiente, en este caso el futuro mando subregional español, y en
el supuesto de que ese status no les interese, ciertamente tienen todo el
derecho del mundo a separar esa base de la cadena de bases de la OTAN y
que quede entonces reducida exclusivamente a una base británica, lo que
ha sido siempre antes de que fuera adscrita a la OTAN, lo cual
probablemente tendrá unos costes económicos adicionales para el
presupuesto británico. En todo caso, es una decisión libre y autónoma que
ellos, los británicos, van a tomar y que no afecta en nada a la seguridd
de España y al control por parte del submando regional del Estrecho, por
cuanto las tecnologías modernas ciertamente hacen que el control del
Estrecho se haga en las entradas al este y al oeste del Peñón, a
bastantes kilómetros y, por tanto, independientemente de cual sea el
status de esta base.

Respondiendo al señor Burballa, diré que no es previsible en estos
momentos ningún cambio de status o política especial de la Unión Europea
respecto de Gibraltar. Ya me he referido al status que tiene este
territorio en el seno de la Unión Europea en tanto que territorio
británico, pero ajeno y al margen, por tanto, de las principales
políticas de la Unión Europea, tanto de la política agrícola común como
de la Unión Aduanera y de otros aspectos.




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Ciertamente, no tengo nada más que comentar, sino darle las gracias,
porque creo que aquí se enfoca el problema con absoluta identidad de
criterios, repito, en lo esencial y en los matices. No me atrevo tampoco
en estos momentos a dar un significado al nombramiento del nuevo
gobernador, a que se refería el señor Muñoz-Alonso. En todo caso, creo
que a priori es mejor que sea un civil, por cuanto el problema de
Gibraltar, entre el Reino Unido y España, no es en ningún caso un
problema militar, sino que es un problema político y jurídico.

Tengan la seguridad en todo caso de que ese Gobierno, como han hecho, sin
duda, todos los gobiernos anteriores que, además, han gozado del apoyo
del Parlamento, no pretende ni va a hacer ninguna concesión sin la
correspondiente contrapartida, todo ello siempre en la idea de ir
procediendo a una progresiva recuperación de la soberanía y, al propio
tiempo, contribuir en la medida de lo posible a un mayor bienestar de los
españoles del Campo de Gibraltar y, en la medida que ello pueda ser y sea
compatible con el ordenamiento jurídico vigente, al propio bienestar de
los gibraltareños, cuyo status en todo momento este Gobierno y todos los
gobiernos anteriores siempre han sido partidarios de mantener y
reconocer.




--ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y CUBA TRAS
EL CONSENSO ALCANZADO EN EL COMITE POLITICO RESPECTO A LA POSICION COMUN
DE LA UNION EUROPEA SOBRE CUBA, Y LA RETIRADA DEL PLACET AL RECIEN
NOMBRADO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA HABANA. A PETICION PROPIA. (Número de
expediente 214/000027.)



PREGUNTAS:



--MEDIDAS PARA FAVORECER LA DEMOCRACIA EN CUBA. DEL SEÑOR ESTRELLA
PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA). (Número de expediente 181/000247.)



--RAZON DE LA CANCELACION DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CENTRO
HISTORICO DE LA HABANA (CUBA). DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO. (Número de
expediente 181/000250.)



--RAZON DE LA CANCELACION DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO
ALBEAR, EN LA HABANA (CUBA), DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO. (Número de
expediente 181/000252.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día, que
contempla la comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos
Exteriores ante la Comisión correspondiente para informar sobre el estado
actual y las perspectivas de las relaciones entre España y Cuba tras el
consenso alcanzado en el Comité Político respecto de la posición común de
la Unión Europea sobre Cuba, y la retirada del plácet al recién nombrado
Embajador de España en La Habana. Al respecto existen tres preguntas
formuladas por el Vicepresidente y miembro de esta comisión el señor
Estrella Pedrola, que, de acuerdo con el propio señor Estrella Pedrola,
serán respondidas por el señor Ministro ya que él mismo ha renunciado a
su exposición.

Procederemos de manera que el señor Ministro, aparte de sustanciar su
comparecencia, responderá a las preguntas del señor Estrella, y el señor
Estrella tendrá la palabra en primer lugar en el momento que acabe el
señor Ministro. Posteriormente, entraremos en el turno habitual de grupos
parlamentarios de menor a mayor.

Señor Ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, para
esta comparecencia también tenía una larga y bien documentada
intervención preparada por mí y por mis servicios para dejar muy matizado
el tema. No obstante, habida cuenta de las exigencias de horario y porque
conozco que SS. SS. tienen una información también muy completa y muy al
día del problema, voy a intentar resumir mi intervención y exponer, por
tanto con brevedad, los que me parecen ejes esenciales de la cuestión.

Como SS. SS. conocen muy bien, el diálogo político e incluso las
negociaciones que se iniciaron para un acuerdo de cooperación con Cuba se
rompieron en el pasado mes de febrero cuando el Vicepresidente de la
Comisión Ejecutiva, señor Marín, constató según propia declaración que no
había ninguna voluntad de acometer unas mínimas reformas, que era lo que
se pedía al régimen cubano en aquellas circunstancias, y que no tenía
sentido continuar aquel diálogo y aquellas conversaciones.

Desde entonces, el diálogo entre la Unión Europea, sus instituciones y
Cuba ha permanecido roto, bloqueado, inexistente. En ese contexto hay que
enmarcar la decisión de la Unión Europea en relación con una iniciativa
española de recuperar ese diálogo y procurar, al propio tiempo, adoptar
una posición común que facilite no sólo la continuidad de la ayuda
humanitaria sino también abrir mayores posibilidades de incrementar la
cooperación, al tiempo que se sigue solicitando al Gobierno cubano una
mejora en la situación de los derechos humanos, tratamiento a la
disidencia política y el acometimiento de algunas reformas en orden a ir
preparando por el propio régimen cubano una ordenada y pacífica
transición a la democracia.

La iniciativa española, ciertamente enriquecida como es la costumbre, sin
ninguna excepción en mi ya larga vida comunitaria de más de diez años,
enriquecida como se hace siempre por sugerencias y aportaciones de sus
miembros, mejorando y completando el documento, en ningún caso
desvirtuándolo en el espíritu ni en la letra, la iniciativa española es,
repito, aceptada unánimemente por la Unión Europea en un plazo récord de
14 ó 15 días. Me parece que el documento circula por primera vez el lunes
o martes, 11 ó 12 de noviembre, y el 25 de noviembre se



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aprueba ya, por unanimidad de los Quince en el Comité Político, sin
ninguna rectificación ni adición, pasa al Coreper, el Comité de
Representantes Permanentes de embajadores de los Quince, que lo ratifica,
y decide proponerlo al Consejo para su aprobación en la primera fecha que
haya Consejo. Eso ocurre en el transcurso de la pasada semana, en la
reunión del Coreper pasa como punto A, lógicamente se hubiera aprobado
como punto A en el próximo Consejo de Asuntos Generales que vamos a tener
pasado mañana día 6, pero habiendo antes un Consejo de Ministros de
Economía y Finanzas y no necesitando debate el tema puesto que pasaba por
punto A, el Consejo del Ecofin lo adopta el pasado lunes.

Quisiera destacar de la posición común de la Unión Europea, se trata de
una posición coherente en el sentido de que sigue siendo totalmente
congruente con la idea de, por un lado, incrementar la ayuda a Cuba y,
por otro, exigir una mejora en las reformas conducentes a esa transición
pacífica a la democracia; es un documento moderado, no se contempla
ningún tipo de acción desproporcionada y es un documento muy positivo
porque, además de ser todas medidas proporcionadas, ninguna de ellas es
coercitiva o de castigo, sino que todas ellas están contempladas en
positivo.

Ese documento es el resultado de una política autónoma de la Unión
Europea, en este caso a iniciativa de España, y nada tiene que ver, más
bien al contrario, es opuesto a las líneas que han presidido la actuación
de Estados Unidos en relación con Cuba, cuyos dos ejes principales, como
ustedes saben, son el embargo comercial y la ley Helms-Burton. La Unión
Europea ha combatido la Ley Helms-Burton desde el primer día y ha
presentado un recurso, una protesta para que sea ventilada en el seno de
la Organización Mundial de Comercio por su carácter unilateral y
extraterritorial. El Gobierno español siempre ha votado en contra del
embargo. Uno de los efectos de esa iniciativa española es que en Naciones
Unidas, en la votación de Nueva York del 15 o el 16 de noviembre y con
dicha iniciativa española ya presentada, se consigue por primera vez en
la historia que la Unión Europea, los Quince voten también unánimemente
en contra del embargo comercial propugnado por Estados Unidos a Cuba.

Siempre había habido algunos países que se abstenían, en determinado caso
algún voto en contra, en este caso, repito, por primera vez en la
historia, y mucho tiene que ver esa iniciativa española, se consigue una
posición común de los Quince que arrastra a aquellos países más ambiguos
en la condena del embargo comercial a Cuba. Por tanto, es el fruto de una
política autónoma, la que por otra parte ha sido tradicionalmente de la
Unión Europea en su política de cooperación con terceros países.

En este contexto, después de la aprobación del documento por el Comité
Político el pasado lunes, día 26 (a las seis horas yo mismo en una rueda
de prensa en Bruselas doy cuenta a los periodistas de esa posición común)
se produce una reacción en Cuba, consistente en un ataque a miembros del
Gobierno español y la retirada del plácet ya acordado al embajador
Coderch. El argumento fundamental que se da en la nota verbal, que se
comunica a la Embajada española antes de hacerla pública, es la supuesta
injerencia en los asuntos internos de Cuba que suponían las declaraciones
del embajador Coderch formuladas 26 días antes --no lo olvidemos--, el 30
de octubre y publicadas en un diario nacional. Al propio tiempo se
formula queja sobre la actitud del Gobierno español de propugnar esa
política en Cuba, a la que ya me he referido, y sobre la posición común
que acaba de ser adoptada.

Entiendo --así lo manifesté-- y sigo entendiendo que la reacción cubana
resulta absolutamente desproporcionada, y hasta cierto punto falta de
lógica, por los argumentos que se dan en la misma, aunque está prevista
en la Convención de Viena tanto la no concesión del plácet a un embajador
como la retirada de este plácet una vez concedido, un acto poco
frecuente, poco amistoso y que no está justificado --repito-- por el
contenido constructivo, moderado y positivo de la posición común europea.

En ese contexto la reacción del Gobierno y la mía propia consistió en no
añadir leña al fuego, no caer en la tentación de una escalada verbal, una
escalada de la tensión que no habría ayudado a los intereses de España,
ni a nuestros deseos de que en Cuba se inicie de modo más activo el
proceso de reformas, y en todo caso nuestro deseo de mantener en todo
momento el diálogo político con Cuba.

Para resumir, voy a hacer un balance de lo ocurrido estos días. Creo que
la situación de tensión ya se ha calmado, ya ha desaparecido en un
momento determinado. A la luz de unos supuestos rumores de que España
estaba dispuesta aparentemente a conceder visados al pueblo cubano para
salir de Cuba, la Embajada de España fue rodeada por varios centenares de
manifestantes, en los que se vio algunos infiltrados. Por parte de
nuestro embajador todavía en funciones, señor Mirapiex, se solicitó, del
canciller Robaina protección especial, recordando la responsabilidad que
tiene todo Gobierno de asegurar la inviolabilidad y la integridad de las
personas y de los bienes de toda misión. Yo mismo ordené al Director
General para Iberoamérica que entregara una nota verbal a la embajada de
Cuba en Madrid para recordarle exactamente y por escrito los mismos
extremos; lo cierto es que la reacción de las autoridades cubanas fue
correcta y proporcionaron la protección que necesitaba la Embajada. Esa
tensión alrededor de la Embajada fue disminuyendo progresivamente, de tal
modo que ya desapareció al día siguiente.

Desde entonces, y aquí quiero insistir en lo desproporcionado y lo
ilógico de esa reacción, se han producido declaraciones apaciguadoras por
parte de distintas autoridades cubanas, y tengo entendido --lo he visto
publicado en medios nacionales de la mayor solvencia y prestigio-- que el
propio embajador de La Habana en Bruselas habría hecho declaraciones en
el Parlamento Europeo muy favorables a la posición común de la Unión
Europea, lo que muestra una vez más lo carente de fundamento de esas
críticas.

En definitiva, señorías, creo que la Unión Europea y España en este caso
han sido coherentes con su posición en favor de la causa de la libertad,
la democracia y los derechos humanos en todo el mundo en general y muy en
especial cuando estamos hablando de países hermanos. Creo que se ha
reforzado la imagen de España, no de este Gobierno,



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de este Ministro o de este dirigente, ante los países iberoamericanos por
la capacidad de España para conducir a la Unión Europea hacia las tesis
españolas. Se ha reforzado en el seno de la Unión Europea el interés y la
autoridad especial que tiene España siempre que hablamos de temas
iberoamericanos, y en estos momentos conviene seguir reduciendo la
tensión, evitar la escalada, que resulta obvio porque se ha logrado. Es
importante seguir manteniendo con mucha firmeza nuestra posición a la
errónea política norteamericana del embargo y de la ley Helms-Burton, y
en estas circunstancias creo procede una vez más que todos leamos a fondo
el documento que refleja la posición común, veamos cómo lo podemos poner
en práctica, que es ya una obligación para cualquier Gobierno de los
Quince y, en su aplicación, qué aspectos más positivos y más eficaces
podemos destacar, siempre dentro del respeto al documento.

Dicho esto no quiero terminar sin responder a las cuestiones del Diputado
señor Estrella que estaban pendientes. Por lo que se refiere a la
supuesta cancelación del programa de rehabilitación del centro histórico
de La Habana, me alegro de poder comunicar a S. S. que la información de
que dispone al respecto es equivocada. En efecto, el programa relativo al
plan maestro de revitalización integral de La Habana vieja, acordado en
1994 a través del convenio suscrito entre la oficina del historiador de
la ciudad de La Habana y la Agencia Española de Cooperación
Internacional, no ha sido cancelado, por el contrario se mantiene en
vigor, quedando todavía pendientes de ejecución algunas, ya pocas,
acciones previstas en el mismo. En tal sentido el proyecto tiene asignada
una partida de 20 millones de pesetas al objeto de poder concluir los
trabajos previstos.

En relación a la pregunta relativa al programa de reconstrucción del
acuerdo Albear, también contrariamente a lo difundido por algunos medios
el proyecto para la rehabilitación de diversos tramos del acueducto nunca
ha sido cancelado, sino que se ha decidido suspender su ejecución hasta
tanto las autoridades españolas y cubanas correspondientes, es decir la
Embajada de España y el Instituto nacional de recursos hidráulicos de
Cuba, lleguen a un acuerdo sobre las condiciones a que deberá estar
sometida la gestión de la subvención española, por importe de 100
millones de pesetas, prevista para este fin. El malentendido relativo a
este proyecto se puede deber, quizá, a su inclusión en la respuesta a la
pregunta sobre los programas de cooperación con Cuba que el Gobierno
había decidido suspender, formulada, señor Estrella, el pasado 16 de
julio. Como se indica anteriormente, la inclusión de dicho proyecto
estaba subordinada a la posibilidad y circunstancia de que las
autoridades españolas y cubanas correspondientes llegasen a un acuerdo
sobre las condiciones a que debía ajustarse la gestión, el pago de dicha
subvención, si había retornos, en qué condiciones; si se producía el pago
al contado antes de las obras o, por el contrario, se efectuaba por
certificaciones y a medida que éstas se fueran certificando. Precisamente
ayer día 3, me informan mis servicios que se sometió a las autoridades
cubanas una propuesta de acuerdo, preparada sobre la base del informe
relativo a ese proyecto, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente.

En relación con este proyecto, estamos ahora pendientes de la respuesta
cubana.

Eso es cuanto quería informales, brevemente para no alargar
innecesariamente este debate.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, aunque no es una práctica habitual
en este Parlamento --me refiero a la constancia formal o informal de los
documentos que no han sido pronunciados, pero sí han sido escritos--
¿podríamos contar con el texto íntegro de su intervención, la que no ha
leído en aras a la brevedad? La Presidencia se encargaría de distribuirlo
a los miembros de la Comisión, que seguramente lo recibirían con gran
interés.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Con mucho gusto,
no hay ningún inconveniente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

El señor Estrella tiene la palabra.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, con toda brevedad.

Sobre la primera pregunta, medidas que pensaba adoptar el Gobierno para
favorecer la democracia en Cuba, entiendo que su pertinencia queda
sobradamente justificada, dado el hecho de que el propio Gobierno ha
decidido la comparecencia del Ministro en esta comisión para hablar de
las relaciones de España con Cuba. Si el Ministro sitúa esas acciones en
el ámbito de la acción común de la Unión Europea, tengo que decirle que
realmente ha sido un logro del Gobierno conseguir que se produzca una
acción común, algo que aunque no tiene relevancia sustantiva sí tiene un
evidente carácter instrumental. Dicho eso, habrá que decir también que
entre lo que el Gobierno presentó, salido al parecer de Moncloa, y lo que
ha aprobado definitivamente la Unión Europea ha habido un tránsito
bastante considerable: donde el Gobierno conminaba en su primer texto, la
Unión Europea estimula; donde el Gobierno propugnaba el palo, la Unión
Europea propugna la zanahoria. En definitiva, el Gobierno ha acabado
adoptando y haciendo suyo un texto que refleja la posición europea de
hace un año. El Gobierno ha realizado un viaje a ninguna parte. Si el
Ministro está satisfecho y hace suya esta posición, me parece muy bien.

En lo que se refiere a las preguntas sobre el centro histórico de La
Habana y el acueducto Albear, señor Ministro, quien induce a error es su
propio ministerio, porque este Diputado formula dos preguntas; en una se
pide saber cuáles son los proyectos de cooperación con Cuba que se han
suspendido y en otra, presentada al mismo tiempo, se pide conocer cuáles
son los proyectos de cooperación con Cuba que se mantienen. Las dos
preguntas dan las dos caras de las decisiones políticas. Se deduce
claramente que los proyectos que no están en la lista de los que se
mantienen y sí están en la de los que se suspenden, no constan como
proyectos que el Gobierno desea mantener.




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El Ministro ha hecho una serie de aclaraciones que agradezco. Se lo
agradezco por lo que se refiere al centro histórico de La Habana porque
no tenía sentido suspender o anular este proyecto, que afecta
precisamente a lo que es el referente de la presencia histórica y
cultural de España en La Habana.

En cuanto al acueducto Albear, resulta un tanto más sorprendente la
respuesta del Ministro porque no se daba ninguna aclaración en la
respuesta que se dio por escrito a este Diputado. Yo querría recordar que
este acueducto, que fue premiado como obra maravillosa a finales del
siglo pasado, era considerado, precisamente por quien ahora es uno de los
dirigentes de la afamada Fundación hispanocubana, el señor San Gil, a la
sazón entonces embajador de España, como uno de los proyectos
emblemáticos de cara a las celebraciones del centenario en 1998. Decía el
señor San Gil que es 100 por ciento humanitario, con más de medio millón
de beneficiarios. Creo que todas esas razones avalan que ese proyecto se
mantenga, se realice y que España no permita que ese proyecto lo realice
otro país que no sea el nuestro.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean utilizar la palabra? (Pausa.)
Quería pedir a todos una utilización razonable del tiempo. Yo creo que
ganamos todos; no se trata de decir cuánto más o menos sino simplemente
que los argumentos sean utilizados y no repetidos.

El señor Rodríguez, por el Grupo Mixto, tiene la palabra.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Empezaré por agradecer el tono del señor
Ministro y dar por buenas sus palabras en relación con que la posición
española está subsumida en un documento de la Unión Europea, de reciente
aprobación por el Consejo, aunque desconocemos los términos exactos y
matizados de este documento.

De todas maneras, pensamos que subsumir la posición del Estado español en
un documento o una posición oficial de la Unión Europea en este tema no
es de recibo, porque todos pensamos que, en Cuba, como en general en toda
Latinoamérica pero particularmente en Cuba, la última colonia del Estado
español, fue donde curiosamente quedó mayor atracción por España.

Irónicamente, esta atracción se realiza a través de unos españoles que
emigraron masivamente a la isla, sobre todo en el siglo XIX y parte del
XX, gran parte de los cuales eran gallegos. Por tanto, cualquier posición
del Estado español en relación con la isla ha de tener muy en cuenta esta
relación humana y cultural que, en el caso concreto de mi país,
repercutió notablemente en su toma de conciencia interna. Podríamos ir a
las actas de este Congreso de los Diputados y observar cómo los gallegos
servimos incluso para sustituir a la mano de obra negra desde el año 1853
hasta el setenta y tantos y las denuncias respectivas que hubo en este
Congreso de los Diputados en relación con este comercio de carne humana
del Estado español, compuesta por niños, por mujeres y por jóvenes de muy
corta edad.

Digo todo esto porque no se puede subsumir la opción del Estado español
en la opción de la Unión Europea, aunque ésta fuese correcta, que lo
dudamos y lo dudamos por una cuestión. Desgraciadamente, hay una
tendencia en los grandes espacios regionalizados y unidos del mundo (en
concreto en este caso en la Unión Europea, también en Estados Unidos y
por supuesto en otra áreas) a considerar que los pueblos tienen que
marcar el paso que les tocan otros y no precisamente el que ellos
quieren. En este sentido, queremos recordar al señor Ministro que estamos
tremendamente preocupados por el hecho de que en el mundo no se respete
por lo menos el derecho de cada pueblo a ser soberano. En el caso de
Latinoamérica, el régimen de Fidel Castro no es, ni más ni menos, que el
último eslabón de una serie de regímenes políticos que hubo en la década
de los sesenta, que acabaron todos precisamente por la injerencia
norteamericana. Pienso que a todos ustedes les suenan los nombres de
Velasco Alvarado o de Omar Torrijos, que no eran precisamente comunistas,
o todo el proceso político anterior en Argentina y en Brasil, acabando
precisamente en dictaduras nada respetuosas con los derechos humanos.

En tercer lugar, hablando de derechos humanos, es preocupante el cinismo
de que está haciendo gala el mundo democrático en general y en particular
el Estado español, en este caso. El proceso de internacionalización está
llevando a que haya muy poca autonomía de las partes que constituyen el
mundo y nos gustaría preguntar al señor Ministro por qué el Estado
español y la Unión Europea no hacen una consideración tan radical, por
ejemplo, con todos los grupos armados de Angola, que contra cualquier
legalidad democrática están sometiendo ese país a una guerra cruenta,
alimentada desde fuera y seguramente el primero por Estados Unidos. En
segundo lugar, por qué razón no aplican también la cuestión de los
derechos humanos a Turquía o por qué toleraron, con anuencia total, que
el jefe de las Fuerzas Armadas de un Estado democrático fuera el
responsable de múltiples asesinatos y de acabar con un régimen
democrático, como fue el caso del señor Pinochet, en Chile, por no hablar
de los militares en Argentina o incluso de la última invasión de Panamá
precisamente para encarcelar a un colaborador de la CIA que al final se
volvió patriota, como el señor Noriega Varela, o por qué no hablar de
Arabia Saudí o de Argelia, donde tampoco los resultados electorales
democráticos valen para nada.

En definitiva, señor Ministro, le digo esto desde la creencia de que en
el mundo en que vivimos es muy necesario mantener una posición de cierta
equidad, de cierta neutralidad, porque estamos viviendo una situación muy
dramática, con concentración de poder e injerencia en los asuntos
internos de todos los países, que no está conduciendo ni a la felicidad
ni al respeto por los derechos humanos.

En ese sentido, me gustaría preguntarle si la posición española va a
seguir manteniéndose como un Estado dentro de la Unión Europea, pero con
sus peculiaridades, debido a toda la dialéctica de la que le hablé antes
--no hay que olvidar que incluso el régimen franquista contra posiciones
impertinentes de sus embajadores mantuvo cierta



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actitud por lo menos de cuidado y de intercambios comerciales con Cuba--,
y si el Estado español va a mantener estas relaciones económicas y estos
intercambios comerciales con el Gobierno cubano, con el Estado cubano, no
con ONG o asociaciones por el estilo, que ya sabemos todos que son
apéndices de determinado tipo de gobiernos, de Estados o de
organizaciones privadas, que son muy légitimas, pero no se puede
sustituir un Estado por ayudas humanitarias a través de ONG.

En segundo lugar, quería saber si ustedes van a optar por apoyar una
evolución desde dentro en lo que sea normal evolucionar y no una ruptura
desde fuera al servicio de personajes tan nefastos --y son palabras del
señor Fraga Iribarne-- como el señor Mas Canosa o toda la emigración de
Miami.

Y, en tercer lugar, y se lo quiero decir con total claridad como
ciudadano del Estado español, contrasta su posición, el tono que usted
emplea, con el tono del Presidente del Gobierno, que se carecteriza por
recurrir a la agitación y, si vale la palabra, cierta insolencia que no
es tolerable en las relaciones diplomáticas. Yo no sé por qué razón un
jefe de Gobierno tiene que aguantar que otro le diga públicamente lo que
tiene que hacer y se lo diga además con una cierta chulería que contrasta
con la posición frente a los mandatarios de China u otros mandatarios, ya
que, puestos a armar el lío, también se podía armar. Es decir, aquí hay
una especie de prepotencia con los débiles o con los que se considera que
están en inferioridad de condiciones y una sumisión con los fuertes que,
desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, es infumable en
las relaciones diplomáticas.

Por fin, ya, para acabar, querría preguntar al señor Ministro si no cree
que por lo menos en la agitación y la propaganda el Estado español metió
la pata soberanamente, sobre todo cuando incluso el Papa se está
preparando para que no le coman el terreno las organizaciones religiosas
anglosajonas o norteamericanas de tipo protestante y por motivos de
interés propio está dispuesto a viajar a Cuba, a pasearse por todo el
país y a decir lo que haga falta en función de los intereses de la
Iglesia católica; o los Estados de la UEO, que no se caracterizan,
precisamente por ser soberanos, que mantuvieron una actitud de cierta
fraternidad con el régimen de Castro que, le vuelvo a repetir, contrastó
vivamente con la posición del Gobierno español que, desde nuestro punto
de vista, fue bastante irritante para un ciudadano español medio que
considere que estamos en un mundo en que el realmente hay que andar con
más cuidado y utilizar el tema de los derechos humanos con un poquito más
de matiz, porque sonroja que se hable de los derechos humanos en Cuba
pasando lo que está pasando en el resto del mundo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Voy a respetar la indicación que nos ha
señalado sobre la brevedad.

Respecto a Cuba, tanto para Coalición Canaria como la opinión pública de
Canarias, todas las cargas de emocionalidad, a favor o en contra, están
sobre la mesa, como bien conoce el Presidente de esta Comisión y el señor
Ministro de Asuntos Exteriores.

Después de escuchar la intervención del señor Ministro, quiero decir que
yo también quiero hacer la mía en el mismo tono, porque es precisamente
el talante que ha expresado el señor Ministro, que me constaba ya de
fechas pasadas, el que nos da un sentido de tranquilidad por su
racionalidad.

En primer lugar, señor Ministro, yo celebro el documento de la Unión
Europea ante lo que personalmente considero una desafortunada medida
diplomática contra Cuba. Este Diputado y su grupo han hecho
reiteradamente declaraciones de principios en cuanto a los deseos de
democratización del régimen político cubano, pero en cambio estamos en
contra de las medidas que se han incoado y que yo califico como
diplomacia provocadora. Es necesario, señor Ministro, recuperar nuestro
talante pragmático en las relaciones internacionales, pero sobre todo con
aquellos países que forman parte de nuestro contexto y convivencia
histórica. Por tanto, no a la diplomacia provocadora. Yo no sé si los
halcones, señor Ministro, son útiles o no en las políticas militares,
pero desde luego donde no son útiles los halcones es en la política
diplomática, y me entiende perfectamente el señor Ministro. Ahuyéntelos,
señor Ministro.

Esta política de serenidad me parece que la acaba de retomar la Unión
Europea, y España se ha sumado a ella, con el famoso documento de la
posición común, que espero que conozcamos, y lo ha retomado de una manera
muy pragmática y con un símbolo: no haber tratado de este documento en la
reunión que creo van a tener el próximo viernes en Bruselas los ministros
de Asuntos Exteriores, como tema político, y haberlo empaquetado como un
asunto puramente económico y financiero. Es decir, lo ha tratado el
Ecofin. Por tanto, las explicaciones del alcance de ese documento, en un
rigor normativo del Reglamento de esta Cámara, tendríamos que llevarlo a
la Comisión Mixta de la Unión Europea Congreso-Senado y pedir las
explicaciones respectivas, no al Ministro de Asuntos Exteriores,
afortunadamente, sino al Ministro de Economía y Hacienda, señor Rato, en
cuyo ámbito la Unión Europea ha despachado el tema; es decir; le ha dado
un carácter fundamentalmente económico. Por supuesto que esto contribuye
a enfriar la situación, como contribuye a racionalizar y enfriar la
situación el talante del que ha hecho gala el señor Ministro Matutes, así
como el que el día 30 del mes pasado en un acto en La Habana tuvo,
también afortunadamente, por parte del dictatorial régimen cubano, el
Ministro de Asuntos Exteriores, don Roberto Robaina, quitándole hierro al
asunto y hablando de que después de la tempestad viene la calma. Pero
claro, la tempestad ha sido que España ha estado incursa por iniciativa
propia en la más grave crisis diplomática española que se ha tenido en
los últimos tiempos, y esta grave crisis diplomática se ha tenido con un
país hispanoamericano que es, ni más ni menos, el primer territorio que
tuvo España en América y el último que hace casi un siglo dejó: Cuba. Por
tanto, esas relaciones se tienen que hacer en otra vía de relación
diplomática.




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Yo no le excluyo al Gobierno español una línea de contundencia
diplomática política en el sentido de hacerla dentro del contexto
histórico, cultural, de civilización de lo que nos son causas comunes, es
decir, un auténtico pleito de familia. ¿Qué lo hay? De acuerdo, pleito de
familia; pero irnos a buscar el apoyo colegial y colectivo de la Unión
Europea me parece que ha sido un tremendo error político; no digo un
error diplomático; algo peor que diplomático: un error político. Porque,
de todos los países de la Unión Europea, el único que habla el mismo
lenguaje, el castellano, el país contra el que va la contundencia, es
España. Con Cuba hablamos el mismo lenguaje y no necesitamos aportes que
nos pueden perjudicar. Afortunadamente, España ha reflejado en el
documento A la posición común, que, como usted bien ha señalado en la
reunión del Ecofin y se pone al principio, no requiere ni discusión. Creo
que hubiera sido una discusión molesta para los ministros de Economía y
Finanzas y, en primer lugar, para el Ministro español, porque no se le
oculta al señor Ministro que de la tarta de exportaciones de la Unión
Europea a Cuba, que supone algo más de 700 millones de ecus, España
exporta casi el 45 por ciento. Estamos exportando, según las cifras del
anuario comercial del pasado año por cerca de 50.000 millones pesetas y
es curioso que el país europeo que nos sigue es Francia, con cerca de
18.000 millones de pesetas, que es uno de los países cuya diplomacia ha
limado más el documento original español, y Alemania, que acaba de firmar
un tratado de protección de inversiones con Cuba, tampoco estaría por la
labor de endurecerse a sí misma lo que espera sea una expectativa en los
próximos años. Cualquier analísis actuarial de una compañía de seguros de
vida tiene ya sus cifras establecidas sobre la duración, el resto de
longevidad del líder cubano, el señor Castro. Por tanto, ahí hay una
tarta y lo que todos deseamos, creo que el señor Ministro coincide con
ello, es que en los próximos años a la política española no la coja con
el paso cambiado en el Caribe y concretamente en Cuba, porque el hueco
que pueda dejar España por un desatino de política agresiva y de halcones
diplomáticos y provocadores puede ser cubierto inmediatamente por Méjico,
Canadá o por los países de la Unión Europea, porque en aspectos de
exportación, de políticas comerciales, no nos podemos fiar de que los
intereses de Francia, del Reino Unido, por poner un ejemplo, y sobre todo
de Alemania, vayan a ser acordes con una especie de romanticismo político
español. Aquí el pragmatismo tiene que estar perfectamente hermanado,
señor ministro, usted me entiende, con el sistema de una relación íntima,
familiar posiblemente, y como todo lo familiar tremendamente emocional,
irritante, porque los pleitos entre hermanos crean esa situación.

Por tanto, lo que queremos, y nos congratularemos cuando así sea, es que
esta situación tenga una rápida salida en bien de los intereses, no sólo
de los que he mencionado de la exportación y de valores económicos de
España, sino por el valor moral, por el referente moral que tiene España,
el Reino de España, como se está demostrando en todas las cumbres
iberoamericanas, en esta política. No podemos ser comparsas ni
resignarnos a asumir un papel de eco de los Estados Unidos en el Caribe.

Nos podrán llamar muchas cosas, pero que no nos llamen colaboradores de
los gringos, señor Ministro. Usted sabe cómo reaccionan los pensamientos
en este tema.

Termino, señor Presidente. Hágase lo posible, señor Ministro, para que
cuanto antes se pueda restablecer la situación diplomática en relación al
embajador español en La Habana. Enfriadas las pasiones, recupérese el
sentido común, que nunca debe estar ausente de las relaciones
hispano-cubanas.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Ministro, intervengo para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre un
tema de especial sensibilidad, como es el del punto de equilibrio
adecuado en la relación entre España y Cuba, y concretamente sobre el
acto realizado por el Gobierno cubano que, entendemos, debe merecer la
reprobación de todas las fuerzas y grupos políticos aquí representados.

Quede claro, pues, desde este preciso instante, desde este momento, el
rechazo de nuestro grupo parlamentario a la denegación del plácet al
embajador español. Nuestro grupo entiende que Cuba no debería ser en
ningún momento motivo de enfrentamiento entre los grupos parlamentarios
de esta Cámara. Por tanto, en este tema creemos que también deberíamos
buscar una posición común.

El señor Ministro conoce perfectamente que nuestro grupo ha intentado
huir en todo momento de posiciones maniqueas en lo concerniente a la
política con Cuba. Estamos convencidos de que ésta es una cuestión
suficientemente importante como para intentar lograr, también en él, el
necesario consenso que la sociedad española sin duda reclama y que el
pueblo de Cuba necesita.

En ningún momento perdemos de vista que en la actualidad Cuba tiene un
régimen político que no cumple los requisitos que exige el pluralismo
democrático. Sin embargo, tampoco creemos que la política de oposición
frontal, la política de bloqueo, de ruptura del diálogo sea el mejor
instrumento para lograr la necesaria evolución democrática que todos
deseamos. Comprenderá por tanto, señor Ministro, que nuestro grupo reciba
con satisfacción el texto finalmente aprobado por el Ecofin, por la Unión
Europea. El texto consensuado se encuentra en la línea que nos parece
correcta, la que siempre hemos defendido. En este sentido, nuestro grupo
cree que sería bueno que este texto, en el que entre otras cosas se
rechazan medidas coercitivas como vía para lograr el cambio político en
la isla y en el que se hace hincapié en la necesidad de incrementar la
cooperación, incluida la económica, sirviera de pauta para lograr el
necesario consenso entre las fuerzas políticas representadas en este
Parlamento.

Usted, señor Ministro, podría decir, y con razón, que el texto finalmente
aprobado por la Unión Europea no hace sino expresar lo que siempre ha
sido su posición. Nos consta que así es y en tal sentido le felicitamos
por el éxito que supone su aprobación. Sin embargo, nuestro grupo no



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comparte los posicionamientos y las declaraciones que no favorecen el
mantenimiento del clima de diálogo en las relaciones España-Cuba ni en
las funciones que estas relaciones requieren.

Con mucho más motivo nuestro grupo no está de acuerdo, en absoluto, con
las públicas manifestaciones de algún Diputado del grupo de la mayoría,
que ha llegado a afirmar que invertir en Cuba es nada menos que inmoral.

Las empresas españolas, señor Ministro, cuando tratan de implantarse en
Cuba, se encuentran con grandes dificultades en lo que constituye un
entorno extremadamente hostil, en donde se echan en falta las
infraestructuras jurídicas, financieras, logísticas y sobre todo humanas
que se necesitan para desarrollar una actividad normal. Estas empresas,
señor Ministro, requieren por parte del Gobierno que, en plena coherencia
con la actitud de los demás Estados de la Unión Europea, y en sintonía
con el documento aprobado, se garantice un marco de seguridad en la
relación bilateral. En opinión de nuestro grupo, España debería liderar
el diálogo con Cuba en el marco de la Unión Europea para propiciar la
apertura del régimen hacia una democracia pluralista que garantice los
derechos humanos, las libertades políticas y que permita mantener los
logros positivos en el campo social conseguidos por el pueblo cubano.

A nuestro entender, la posición de España y de la Unión Europea no
debería basarse más que en el respeto a la voluntad del pueblo cubano, el
diálogo permanente y el alejamiento de posiciones radicales que sólo
defienden intereses particulares. El problema, no debemos equivocarnos,
radica en la relación entre el régimen y el pueblo de Cuba. Con nuestras
acciones debemos impulsar la solidaridad y el diálogo, teniendo presente
que la solución de los problemas cubanos depende básicamente de los
propios cubanos.

En conclusión, nuestro grupo cree que el documento comunitario establece
con meridiana claridad cuál ha de ser la política a seguir y cómo debe
apoyarse la transición a la democracia en Cuba. Lo que pedimos es que en
adelante ésa sea realmente la posición, no sólo del Gobierno, sino de la
más amplia mayoría de esta Cámara.

Insisto, para finalizar, en que Cuba no debe convertirse en un motivo de
enfrentamiento entre las fuerzas políticas en España, porque eso
precisamente no beneficiaría, sino todo lo contrario, a los cubanos.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Ministro de Asuntos Exteriores, me
congratulo, como han hecho otros grupos parlamentarios, del tono
utilizado en su intervención. Sin embargo, quiero decirle que supone un
precario paño caliente a la carrera de despropósitos que, por parte de
destacados representantes del Partido Popular, e incluso de
representantes del Gobierno, se está produciendo en relación con Cuba. Es
injustificable, señor Ministro, esa escalada de provocaciones al Gobierno
cubano que ha caracterizado estos últimos meses.

Señor Ministro, el Gobierno cubano es un Gobierno legítimo que representa
legítimamente a su pueblo en todos los foros internacionales. El pueblo
cubano sufre, próximamente hará 40 años, el mayor embargo conocido en la
historia de la humanidad. Es verdad que los cubanos están sufriendo
carencias graves. No obstante, no son ningún elemento de propaganda las
cifras de desarrollo humano, de desarrollo social, de desarrollo
sanitario que Cuba exhibe frente a países tan poderosos como Estados
Unidos; esos son derechos humanos: el derecho a la vida, el derecho a la
salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Son elementos
imprescindibles para tener acceso a una vida digna. No son de recibo, de
ninguna manera, los criterios del doble rasero, el cinismo y la
hipocresía instalados en las relaciones internacionales. Otros grupos
parlamentarios lo han hecho, pero yo no puedo dejar de reflejar aquí lo
inaceptable que es para cualquier persona con un mínimo de sentido común
que las iras del Gobierno español se dirijan contra un pueblo, contra el
pueblo cubano, mientras se mantienen relaciones preferentes con países
que están a la cabeza de las violaciones de los derechos humanos. Y no
estamos hablando de presos políticos. Estamos hablando de tortura, como
en el caso de Israel, legalizada en su ordenamiento jurídico, estamos
hablando de matanzas, estamos hablando de países que violan derechos
humanos tan gravemente como Israel, como Marruecos, como Indonesia, como
un larguísimo listado de países en América Latina.

El señor Aznar, señor Ministro, se ha buscado un socio conflictivo para
sus propios intereses de moderación, de centro político, como gustaba
exhibir en la campaña electoral. El Gobierno del Partido Popular, y
fundamentalmente en relación con Cuba, está alineándose con la extrema
derecha del mundo, y no solamente en el sentido político, sino en el
sentido más indigno, de personas como el señor Mas Canosa, acusado --no
por Izquierda Unida, sino por la propia prensa estadounidense-- de haber
financiado todas las contras y aparatos paramilitares, habidos y por
haber, en América Latina; acusado de narcotráfico, de tráfico de dinero
negro y de hechos tan oscuros como el asesinato del periodista Manuel de
Dios Unánue, en Nueva York, en el año 1992, cuando investigaba las
vinculaciones del señor Mas Canosa con el narcotráfico.

La lista de provocaciones ha tenido una sede privilegiada en nuestro
país: la Casa de las Américas. Una sede pública, dependiente de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, y también bajo el patrocinio de la Comunidad de Madrid y
del Ayuntamiento de Madrid. La presentación del libro del señor Vargas
Llosa. La universidad Friedrich Hayek, que, si consultamos la página que
tiene en Internet, se podrá ver que está dedicada exclusivamente a
promover la ley Helms-Burton en el mundo y que ostenta en su ideario
principios como los siguientes: promover, en Cuba, una nueva sociedad
basada en los tres pilares de la civilización contemporánea del
capitalismo democrático: economía de mercado, democracia política y
sistema de moral y cultura judeocristiana. La fundación del señor Mas
Canosa, patrocinada por representantes destacados del Partido Popular,
cerrando



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la entrada al público que no contara con invitaciones de la propia
fundación, acreditando a la prensa desde la propia sede del Partido
Popular en la calle Génova, es solamente el precedente de las ostentosas
y fanfarronas declaraciones del futuro --en aquel momento-- embajador en
Cuba, señor Coderch, anunciando, de una manera que viola ostentosamente
--insisto-- todos los principios de la Convención de Viena, que abriría
la Embajada de España a la disidencia cubana. Esperamos, señor Ministro,
que su talante, el diálogo, el respeto a la soberanía, la no injerencia
en asuntos internos de otros países sea ese mínimo histórico que debe
caracterizar a las relaciones internacionales, mínimo por debajo del cual
no pueden comprenderse las relaciones con Cuba.

Me sumo a las opiniones de que es un penoso triunfo el que exhibe el
Gobierno español, buscando la coartada de la Unión Europea para cambiar
de plano el talante y el contenido de las relaciones bilaterales entre
España y Cuba. Esperamos que en estos tiempos de pensamiento único, en el
que el autodenominado líder de la comunidad internacional, el Presidente
de los Estados Unidos, impone los dictados a los supuestos países
soberanos, mantenga, en el caso de España y Cuba, ese mínimo de soberanía
y de independencia que --se ha repetido en numerosas ocasiones en esta
Cámara-- han mantenido gobiernos españoles, independientemente de
ideologías políticas y de apoyos partidarios. Señor Ministro, con Cuba,
el Gobierno del Partido Popular está escribiendo una de las páginas más
negras de la diplomacia española y de las relaciones de Cuba con
Iberoamérica.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Yáñez.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Ministro, por su
comparecencia sobre el tema de Cuba. Sabe el señor Ministro que en marzo
no había un problema con Cuba, después lo ha habido; ojalá estemos en el
momento de reencauzarlo. De sus palabras --y digo, como los demás--,
matizadas y de buen tono, entiendo una especie de rectificación entre
líneas, no tanto de su propia posición, que, como sabe bien el señor
Ministro, desde hace seis meses, siempre he dicho que era una posición
sustancialmente correcta, sino de la posición de otros miembros de su
propio Gobierno y, desde luego, de su partido y del grupo parlamentario.

Pero como algo que se intenta cerrar es bueno, para que no se reproduzca,
que no se cierre en falso, sí aprovecharemos esta comparecencia para
hacer algún análisis sobre los extremos que ha tratado el señor Ministro.

En primer lugar, yo creo que es una buena enseñanza distinguir, en éste y
en otros casos, entre situación interna de un país tercero y las
relaciones de España con ese país. A veces no es fácil establecer esa
línea, es cierto, pero tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo en el
mundo diplomático, donde se trata de evitar los excesivos ideologismos y
las provocaciones o eso que decía Luis Mardones, los halcones, que en
diplomacia no son precisamente quienes más ayudan a solucionar los
problemas o a no crearlos. La situación interna de Cuba es la que es, y
creo que en eso hemos coincidido bastante. Nosotros pensamos --y lo voy a
decir al comienzo de mi intervención-- que en Cuba, obviamente, no hay
una democracia representativa ni una democracia real, que hay una
violación de los derechos del hombre, que hay presos políticos y que todo
eso nos debe preocupar, como nos debe preocupar en el conjunto de la
humanidad. Muchas veces, en esta Comisión, se han traído a colación casos
de violación de derechos humanos en muchos países del mundo, y no
entendemos que haya injerencia, en relación a un país tercero, cuando se
trata de derechos humanos, pero yo creo que eso es compatible con
salvaguardar las relaciones entre dos países. En ocasiones, basta con
hacer las cosas y no decirlas, o repartir los papeles. Hay cosas que
puede hacer un partido y que no puede hacer un gobierno --es algo que
parece bastante obvio--, porque ese gobierno tiene relaciones
diplomáticas estables con ese otro país. Yo creo que en estas semanas y
en estos meses últimos --algunos intervinientes anteriores lo han dicho--
se han visto tal cantidad de despropósitos y de disparates, que uno se
queda sorprendido porque, al cabo de veinte años de democracia en España,
la situación de Cuba se haya convertido en un tema tan apasionado en el
ámbito político, dándose la curiosa situación de personas que alzan su
voz y gritan desaforadamente contra la dictadura cubana, cuando no se les
oyó en las postrimerías del franquismo, cuando tanta falta nos hubiera
hecho a los demócratas que esas voces se alzaran con la misma fuerza y
pasión. Las denuncias de hoy no exculpan, yo creo, el silencio de ayer de
algunos.

Vamos a entrar un momento en la cronología. Señor Ministro, yo creo que
el origen de todo lo que ha ocurrido, de este desgraciado episodio
--esperemos que sea sólo un episodio--, fue la visita del Vicepresidente
de los Estados Unidos a Madrid, en mayo último, porque es cuando el
Presidente del Gobierno decide --podía haberlo hecho de otra manera--
anunciar públicamente lo que algunos conocíamos porque era posición del
Grupo Popular. No es que fuera sorpresa, pero es el momento elegido y las
circunstancias de la presencia, en el mismo acto, del Vicepresidente de
los Estados Unidos, para anunciar el cambio de política en relación a
Cuba, en el sentido de endurecer la posición o de enfriar las relaciones
con Cuba.

Yo voy a hacer varias preguntas al Ministro. ¿Eso fue pura coincidencia,
o indicaba un mensaje de aproximación a la posición norteamericana?
Porque el Presidente no podía ignorar que se iba a dar --no por nosotros,
sino por el conjunto de la sociedad, los medios de comunicación, los
editoriales-- esa interpretación general a la opinión pública de pérdida
de autonomía tradicional, errónea o acertada, en relación a la posición
de España con Cuba y alineamiento con la posición norteamericana.

Segunda pregunta: ¿en qué consiste realmente ese cambio? ¿Cuál es la
variación en relación a la cumbre de Madrid, cuándo aún gobernaba el
Partido Socialista, que el 16 de diciembre de 1995 dice sobre Cuba:
considera conveniente continuar el diálogo y la cooperación con Cuba, con
objeto de apoyar activamente el proceso de reforma en curso, alentar el
respeto de los derechos humanos y las libertades



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fundamentales y ampliar el ámbito de la iniciativa privada y el
desarrollo de la sociedad civil. Con este fin pide a la Comisión
--Europea, claro-- que presente un proyecto de mandato para un acuerdo de
cooperación económica y comercial durante el primer semestre de 1996 que
el Consejo examinará a la luz de la evolución de la situación política y
económica de Cuba?
Por cierto, en los documentos de la cumbre de Madrid había otra parte, en
relación a América Latina en general, en la que se decía en el punto b)
--no he visto que ahora se esté trabajando en esa dirección--: en su
cooperación, la Comunidad Europea da una importancia especial y
prioritaria a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Esa posición que tenía la Unión Europea en diciembre de 1995 y que en la
visita de Al Gore el Gobierno español dice que va a cambiar, ¿en qué iba
a cambiar? Porque la posición era la de presión sin coacción, la del
diálogo, la de la mano tendida, tanto al Gobierno como a la oposición
interna y externa de Cuba.

No voy a hacer referencia al conjunto de episodios, declaraciones y tomas
de posición que algunos Diputados han calificado como diplomacia
provocadora; voy a centrarme en la propuesta que presentó el Gobierno
español en la Unión Europea. En realidad, señor Ministro, todo el mundo
sabe --ha sido publicado, pero además nosotros lo sabemos por otras
fuentes-- que el Gobierno español presentó tres propuestas sucesivas,
cada una corrigiendo y suavizando la anterior. ¿Puede decirnos el señor
Ministro en qué se diferenciaba dicha propuesta de la que ustedes
recibieron del enviado especial del Gobierno norteamericano, embajador
Stuart Eizenstat? Porque el embajador Eizenstat presentó una propuesta
que también es conocida, una posición del Departamento de Estado del
Gobierno norteamericano sobre esta cuestión, y podemos establecer la
comparación punto por punto entre esa posición norteamericana y la
primera posición del Gobierno español. No estoy diciendo que usted la
aprobara o que usted la presentara, pero querría saber cuál es la
diferencia entre una y otra. En ese sentido, de acuerdo con la respuesta
que usted ha dado a la pregunta anterior, ¿quién redactó la primera
propuesta del Gobierno? ¿Se pactó ese texto en la visita de Al Gore en
mayo último, y por qué, si es que eso existió?
Quince días después --ahora ya muy rápidamente-- la presidencia irlandesa
cambia la propuesta española, suavizando los contenidos y alejándose de
la posición norteamericana. Usted expresa entonces su satisfacción, señor
Ministro, pero es que una semana después, ante la avalancha de enmiendas
de varios países, entre ellos Francia, Suecia y Bélgica, que suavizan aún
más el texto, usted también expresa la satisfacción por ese ya tercer o
no sé si cuarto texto. Al final se aprueba el texto definitivo en el
Consejo de Ministros de Finanzas, y por cierto no es baladí la forma.

Como usted sabe, señor Ministro, en política exterior las formas son muy
importantes, y que se apruebe en el Consejo de Ministros de Finanzas no
es tampoco demasiado bueno; total, haber esperado cuatro días, cuando ya
había un consenso de los Quince, para haberlo aprobado, en vez del día 2,
el día 6 en el Consejo de Asuntos Generales de Ministros de Asuntos
Exteriores, que son los competentes, hubiera sido, como presentación,
estéticamente, mejor.

Ese tercer o cuarto texto suscita también su declaración de la enorme
satisfacción que le produce esa aprobación, y nosotros nos congratulamos
--estupendo--, pero ha expresado usted la satisfacción en documentos que
sucesivamente han sido distintos, evidentemente enriquecidos, pero sobre
todo suavizados y moderados o mesurados en su trayectoria. Además ese
documento, que va a ser el oficial de la Unión Europea, ¿en qué afecta a
la política que mantiene actualmente la Unión Europea con Cuba? Porque el
Comisario, señor Marín, responsable de las relaciones con Cuba, entre
otros sitios, ha dicho que no ve variación con la política que él ha
seguido en los últimos tiempos. Es decir, el coste de todo este
desbarajuste, todo este batiburrillo, para llegar a la misma conclusión
que se tenía antes, parece excesivo.

Otra pregunta que me parece de la mayor importancia, señor Ministro: ¿en
qué afecta esta posición a los trece países de la Unión Europea --todos,
salvo Bélgica y Luxemburgo-- que tienen acuerdos bilaterales, comerciales
y de cooperación con Cuba, incluyendo garantías de inversiones, muy
recientemente Alemania? Yo sólo en esta pregunta, si me permite, le puedo
adelantar que creo que no afecta en nada, porque ningún país juega a los
dados con sus intereses, y lógicamente los países se han salvaguardado
muy bien sus propios intereses en acuerdos bilaterales, comerciales y de
cooperación con Cuba --trece de los quince--, luego no digo que ese
documento sea papel mojado; es una declaración de principios que está
bien, pero que ya se había hecho con anterioridad.

Por cierto, señor Ministro, esos procesos, esas peripecias para conseguir
determinados objetivos, cuando se han hecho en las circunstancias en que
se han hecho, dan lugar a debilitar nuestra posición en otros asuntos. Le
voy a poner un solo ejemplo que antes hemos debatido, pero me ha parecido
muy obvio. Cuando el señor Aznar va a Londres, fundamentalmente --así lo
entendió la opinión pública, y más la opinión pública informada-- a
hablar por primera vez como Presidente del Gobierno con su homólogo
británico del tema de Gibraltar, el tema de Gibraltar se cae porque el
señor Major, muy hábilmente, dice: señor Aznar, cuenta con nuestro apoyo
respecto a Cuba, nuestro apoyo total y completo. Con lo cual le deja sin
respuesta para el tema de Gibraltar. ¿Cómo le iba a plantear el tema de
Gibraltar, si acababa de recibir un apoyo incondicional en el tema de
Cuba? ¿Ve usted cómo a veces los efectos no deseados de una determinada
decisión hay que tenerlos en cuenta? De hecho, en los medios de
comunicación, tanto ingleses como españoles, se ha destacado el tema de
Cuba o el tema de que los pescadores españoles deben aprender a hablar
inglés, pero nadie ha hablado de qué ha ocurrido con el tema de Gibraltar
en la primera visita oficial del nuevo Presidente del Gobierno español a
Gran Bretaña.

Voy a terminar muy pronto con el tema de las relaciones con América
Latina y de la cumbre, porque el señor Ministro no ha hecho mucha
referencia a ello; sólo quiero decir que, como las relaciones con América
Latina son entrelazadas muy sutilmente, a la vez fuertes y frágiles, a
veces



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decisiones de este tipo las ponen en peligro gratuitamente, como las ha
puesto --me va a permitir el señor Ministro-- o las está poniendo en
peligro con la comunidad intelectual, cultural y artística de toda
Iberoamérica, con escasísimas excepciones, el cese fulminante del poeta y
escritor Félix Grande como director de Cuadernos hispanoamericanos. ¿Qué
necesidad había de ello, si dentro de tres o seis meses, creo, se iba a
jubilar anticipadamente? Son cosas que uno no entiende, porque uno lo
entiende cuando hay un objetivo político de alguna decisión, y lo pongo
como ejemplo de lo que ha existido con Cuba. Al final ojalá podamos
cerrar esta crisis pronto y bien, pero ¿para qué todo ese follón que se
ha formado por algunos?
Sobre el embajador, yo no querría terminar mi intervención sin reiterar
lo que públicamente dijimos pero que ahora repetimos en sede
parlamentaria, nuestro desacuerdo con la decisión del Gobierno cubano,
que lamentamos, pues efectivamente es un gesto inamistoso, y nosotros
hacemos causa común con el Gobierno español en su actitud, tanto en su
actitud de desacuerdo, de desagrado con esa agresión del Gobierno cubano,
como en su relación de calma, de serenidad, de frialdad en la respuesta y
de no caer en la tentación, sugerida más que abiertamente por algunos
incluso de su propio ámbito, de una reacción castiza, pasional, visceral,
de romper relaciones o de otras medidas que hubieran producido una
escalada tremendamente peligrosa.

Termino, señor Presidente, con dos propuestas, señor Ministro, para
restablecer ese consenso que usted implícitamente está proponiendo,
aunque no lo ha dicho con estas palabras. Creo que tiene que haber dos
circunstancias que se produzcan de manera permanente: una, evitar
declaraciones contraproducentes, y dos, dialogar con la oposición sobre
el futuro de la relación con Cuba; con la oposición y con los grupos que
apoyan al Gobierno que, como usted habrá observado, señor Ministro, son
grupos que mantienen una posición muy diferenciada con relación al Grupo
Popular en el tema de Cuba y cuya voz hay que tener en cuenta también en
esta cuestión por razones democráticas.

En cuanto a las declaraciones contraproducentes, señor Ministro, algunas
han sido de usted mismo, cosa excepcional porque no suele tener salidas
de tono. Utilizar, en una cosa tan delicada, la expresión de que se
produciría un baño de sangre en Cuba si no se va por este camino, o
hablar de buenos y malos españoles en relación a que se esté o no de
acuerdo con la política del Gobierno, me recuerdan los libros de
formación del espíritu nacional que el juez Navarro Esteban escribía para
gran placer y satisfacción de entonces y de ahora, sobre todo de ahora. O
cuando el señor Aznar habla de intereses nacionales, vamos a ver qué
intereses nacionales, de qué estamos hablando; que pregunten a los
operadores económicos españoles en Cuba dónde se están jugando los
intereses nacionales.

En cuanto al diseño de futuro y dialogar con la oposición voy a hacer una
propuesta muy concreta, señor Ministro. Usted ha dicho y el Gobierno ha
reiterado que están en contra del embargo norteamericano y que la
posición de la Unión Europea es contraria a la ley Helms-Burton. Se va a
iniciar una próxima cumbre con los Estados Unidos en desarrollo de la
relación transatlántica. ¿Por qué no lleva el Gobierno español, la Unión
Europea, la propuesta a Estados Unidos del levantamiento del embargo
unilateral que mantiene con Cuba, si es ésa la posición del Gobierno
español? Siendo consecuente, estoy desarrollando la lógica del propio
Gobierno, que dice que han fracasado las políticas durante muchos años.

La primera que ha fracasado estrepitosamente es la del embargo, la del
bloqueo, que tiene 30 años. Luego hay que cambiar la posición. Además,
curiosamente esto interesa a las empresas norteamericanas. Este es un
buen argumento para decir al Gobierno de los Estados Unidos que es un
buen momento para levantar el embargo unilateral que mantiene con Cuba.

Estas propuestas, señor Ministro, son algunas de las ideas que podían
restablecer un consenso en relación a Cuba, que nosotros estamos
dispuestos a suscribir.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Yo creo, señor Ministro, que estamos ante una
situación en la que, como muy bien ha dicho el fundador de nuestro
Partido, el señor Fraga, hay que «poner las cosas en su marco». A mí me
parece que aquí alguien ha desmarcado un poco el debate, y a ese alguien,
a la señora Maestro, yo quisiera hacerle alguna pequeña precisión.

Como decía muy bien San Agustín ex abundantia cordis loquitur lingua, es
decir, lo que se tiene dentro sale naturalmente afuera. A mí me parecía
una trágica Antígona la señora Maestro por su tono, cuando ha hecho
algunas aseveraciones extremadamente graves o peligrosas. Por ejemplo, yo
no puedo estar de acuerdo en esas «páginas negras» que el Partido Popular
está escribiendo, según ella, en la diplomacia en este momento respecto a
Cuba, no porque no haya razones objetivas suficientes para poder
contrastar la realidad con las páginas, no menos negras --mejor dicho,
mucho más negras, si es que este supuesto vale para la alocución-- de
unos tratos internacionales y unos comportamientos interiores de algunos
países, que ella ha obviado, por ejemplo, como China o como Vietnam, a la
hora de hacer paralelismos con respecto a otros.

En segundo lugar, ha hablado de despropósitos y provocaciones, porque se
condicione la ayuda a los cubanos a la observación de los derechos
humanos y a las razones democráticas. A mí me parece que despropósitos y
provocaciones en ese caso no cabe ninguno, puesto que nuestra normativa
acerca de la cooperación económica establece justamente esa
condicionante; es decir, conditio sine qua non: que haya una ayuda
condicionada a las reformas internas de orden democrático y al respeto de
los derechos humanos. Ergo, me parece a mí que la conclusión es falsa.

En tercer lugar, la legitimidad de un Gobierno, que ella ha esgrimido,
hablándose de Fidel Castro, no depende de la soberanía de un pueblo,
entiendo yo, porque si ella lo argumenta así, no tiene argumento. Es
decir, un pueblo se manifiesta soberanamente cuando elige un gobernante
por la vía electoral democrática. Ergo, no sirve ese argumento para
justificar la permanencia de ese gobernante. Simplemente



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el reconocimiento internacional será un reconocimiento internacional, vía
de la cortesía o de los intereses que explícitamente manifiestan los
Estados, porque éstos suelen tener intereses y no ideologías.

Y por último, a mí me parece que aquí se han exagerado algunos
planteamientos respecto a la política del Gobierno del Partido Popular
con Cuba.

Miren ustedes, los problemas vienen de lejos, de muy lejos. El gallego
señor Castro, que es tan astuto como otro gallego que nos agració con su
presencia en este país durante tantos años, casi como el gallego Fidel
Castro, «democráticamente» establecido --y lo digo subrayadamente-- en la
Isla, no me parece a mí que haya sido un modelo de comportamiento con su
patria de origen o con su país. Y si usted quiere analizar la historia de
este señor, ésta es abundante en datos y referencias.

Por ejemplo, los conflictos que mantuvo ya con el régimen anterior,
fueron conflictos que fueron salvados muy dignamente por aquel régimen
respecto a su comportamiento y, evidentemente, muy indignamente por el
señor Fidel Castro. Yo pertenezco a una familia, uno de cuyos --no digo
progéneres, porque no sería correcto--, pero sí un tío mío canónigo de La
Habana fue expulsado el año 60, a las tres de la madrugada, por el mero
hecho de ser sacerdote y español, después de un incidente de Castro con
el embajador Lojendio. Por tanto, que no me hablen de derechos humanos en
un personaje que empieza así, cuando España siempre le prodigó ayuda y
apoyo.

En segundo lugar, señora Maestro, mire usted la literatura del tema. Aquí
podemos hacer un gran debate sobre esta cuestión, que no lo voy a hacer,
pero no se fije usted en Vargas Llosa, ni en su amigo Gabo --y todo el
mundo sabe quién es Gabo en la literatura de este país--, sino fíjese en
otros, en René Domund, «Juan Vivés», pseudónimo, en su libro titulado Les
maîtres de Cuba, que publicó hace 15 años en Francia, y verá usted lo que
se dice allí de este régimen y sus orígenes; o mire usted a Carlos
Franchi, por cierto asesor del Partido Socialista italiano durante mucho
tiempo, hombre de izquierda siempre, y lea lo que dice de ese régimen; o
váyase usted a Herberto Padilla, que tuvo que hacer su propia
autodepuración, o a Carlos Alberto Montaner, que es de otra ideología,
pero en cuyo «Informe Secreto sobre la Revolución Cubana», le incito a
usted a que se lea el discurso donde él juzga a Fidel Castro textualmente
lanzando los ataques ante la invasión soviética en Praga, y lo que dice
al día siguiente cuando cambia el escenario. Simplemente le cito esos dos
textos y saque usted misma las conclusiones acerca de este personaje que
nos ilustra como buen gallego y, yo diría buen español internacional.

En tercer lugar --y aquí me desentiendo de este argumento ad hominem--,
quisiera decirle que aquí en nuestras relaciones anteriores, señor
Ministro, ha habido muchas incidencias. Uno no puede olvidar, por
ejemplo, las crisis de las embajadas, y yo vi a los «marielitos», y cómo
se compensó a los «marielitos». La salida de un «marielito» suponía el
desembolso de sus amigos o de sus familiares en Costa Rica o en Miami
(por cierto, quiero decir que no tengo la menor simpatía por los señores
de Miami, que quede bien claramente en el «Diario de Sesiones»: que no
profeso ninguna simpatía a estos señores), de 2.500 dólares, per cápita,
por cada uno de los «marielitos» que salían en el momento de solicitar la
salida. Cuando se les acabaron los dólares, empezaron las pateras y los
espectáculos lamentables que todo el mundo está conociendo en los últimos
tiempos.

En resumen, quisiera decir a este respecto que existe una crisis de
realismo político que se está estableciendo acerca de este problema. Creo
que España ha otorgado un trato, y lo subrayo, de favor privilegiado a
Fidel Castro y a Cuba, por razones de fraternidad, no digo de maternidad,
porque en definitiva allí están muchos hijos de españoles, de sangre
española, que se ha visto «compensados» con una serie de «realidades».

Realidades como, por ejemplo, que la deuda mayor que España han tenido
durante muchos años con un país de Iberoamérica ha sido, justamente, con
Cuba. En estos momentos rondamos los 130.000 millones. A mí me gustaría
saber, y el señor Ministro que lo argumente, si es o no es así, si ha
habido alguna moratoria, si ha habido algún trato de favor, si ha habido
alguna condonación en esa deuda, si ha habido ventajas y ventajas, como
ocurre en los tratos entre madres e hijos o hermanos.

A mí me gustaría saber, por ejemplo, si en el orden de prelación en la
genética de este proceso se ha producido, sí o no --y contéstelo usted,
señor Ministro--, un precedente grave que, a lo mejor, desarticula toda
la argumentación que se ha usado en este debate. Señor Ministro, ¿quién
empezó a decir «no», a conversar con el Gobierno cubano, nosotros o el
señor Castro? ¿Quién fue el que empezó a decir «no» y a negarse durante
varios meses a sentarse a la mesa con el Presidente del Gobierno, señor
Aznar? A lo mejor está claro, y explica muchas cosas que ahora no se
entienden, tal vez, por parte de alguna señoría.

¿Qué ocurre en este caso? Que ciertamente hay intereses, hay españoles
afectados, más de doscientos empresarios ubicados en la Isla. En este
momento se da aquí un superávit a favor de España muy elocuente: de
veintiún mil y pico millones de pesetas en la balanza de pagos; hay en
este momento inversiones, que en este año se han triplicado en relación
con las del año anterior. Ergo alguien gobierna este Gobierno y este país
que permite la triplicación de las inversiones a favor de Cuba,
naturalmente, por parte de España: han pasado de 590 millones a 1.400 y
pico millones de pesetas en los primeros nueve meses de este año. Es
decir, hay elementos claros que hacen al propio Gobierno cubano responder
de alguna manera al Gobierno español, a través del señor Robaina,
diciendo: No se pongan ustedes nerviosos, aquí hemos movido la ficha. (A
lo mejor mal, porque, claro, si resulta que alguien que movió ficha mucho
antes, hace tres, cuatro o cinco meses, pidiendo esa entrevista personal
y el otro negándola, obviamente el que la negó tiene que mover ficha,
porque el anterior peticionario ya lo hizo en su momento.)
Consecuentemente, hay unas cuestiones de lógica interna en este proceso
que vale la pena meditar y reflexionar seriamente. ¿Existen garantías de
que no se esté produciendo en este momento, por ejemplo, alguna
manipulación, digamos, por parte de ciertos intereses en la Isla? Voy a
exponer, simplemente, una hipótesis de trabajo. Conozco



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bastante bien ese mundo; conozco bastante bien Norteamérica, Sudamérica
y, sobre todo, Centroamérica, y le puedo asegurar que no tengo muy claro
que no haya intereses escondidos ante esta batalla --que, evidentemente,
implica al Gobierno español--, por parte de ciertos señores que, a lo
mejor por terceras personas, están ya posicionándose, haciendo
inversiones en Cuba. Y le pongo un ejemplo: amigos, muy amigos de los
norteamericanos --cuya Ley Helms-Burton no admitimos y explícitamente lo
ha dicho el Gobierno en varias ocasiones--, son los canadienses; amigos
muy amigos son los mejicanos; y empresarios canadienses y mejicanos están
operando dentro de la Isla de forma creciente e importante. Luego, a lo
mejor, hay terceros intereses detrás de estos señores que no se
corresponden justamente con los que están encima de la mesa en este
momento; porque, al menos, si somos buenos analistas, veremos que
canadienses, mejicanos y norteamericanos firmaron un Tratado NAFTA de
libre comercio; consecuentemente, puede ser muy fácil camuflar intereses
por parte de terceras personas.

Quisiera decir que en este caso existen una serie de perversas
interpretaciones acerca de lo que ha ocurrido, y no siempre claras. Si he
hecho antes alusión a los marielitos y a los gusanos, que obviamente
tenían razones objetivas después de la crisis de las embajadas,
especialmente la de Perú, no es menos cierto que, a continuación, ha
habido una serie de tratos por parte del anterior Gobierno español, que
ha mantenido un trato muy benefactor, muy beneficioso, muy
condescendiente con el señor Castro; puesto que no sé yo que se hayan
resuelto los problemas de derecho a la propiedad que tenían los españoles
en la Isla, y que de los que en su momento fueron desposeídos dura o
brutalmente por el «demócrata» señor Castro. En cambio, nosotros hemos
seguido manteniendo ese trato de favor con el señor Castro y con Cuba a
cambio de no recibir la compensación por las pérdidas que han tenido los
españoles en sus propiedades. Por ejemplo, no se nos escape --y si me
equivoco que me corrija el señor Ministro-- que el proceso del señor Mas
Canosa ha sido un proceso desvirtuado a posteriori, no una petición de
principio a priori, sino desvirtuado a posteriori. ¿En qué me baso? En
una razón muy simple. Quien vende Sintel al señor Mas Canosa no es el
Partido Popular, es el PSOE, es el Presidente de Telefónica durante el
Gobierno del PSOE, y el Partido Popular se encuentra con la paella ya
guisada. Por tanto, no confundamos los términos, aclaremos las
situaciones. ¿Es que ha cambiado la condición objetiva del señor Mas
Canosa después de perder los socialistas el Gobierno? Yo no lo sé, las
transformaciones o los transexualismos de ese orden no los acabo de
comprender. Pero lo que sí es cierto es que, si antes era malo, después
puede ser malo; pero, si antes era bueno y después es malo, a mí no me
rige eso en cabeza organizada aristotélicamente.

¿Qué quiero decir con ello? Que, evidentemente, aquí hay muchas cosas que
están por aclarar, y que a mí me gustaría que en un debate serio, a lo
mejor con el señor Ministro o con quien fuera, se pudieran poner sobre la
mesa y ver exactamente cuál es la dimensión del problema objetivo con
Fidel Castro y con Cuba. Nosotros somos partidarios del buen
entendimiento con Cuba, de la mejor ayuda humanitaria posible a Cuba, de
la menor intromisión posible en Cuba, pero todo eso condicionado al bien
entendido de que cualquier apoyo va condicionado a la no permanencia de
cuarenta años en el poder, sino a la reforma política.

Termino, señor Presidente, diciendo que en el caso actual está muy clara
cuál ha sido la posición que ha tenido España respecto a la Ley
Helms-Burton; está muy claro. No está tan claro, sin embargo, a qué
obedece esa Ley, y no está tan claro cuál será, a partir de la reelección
de Clinton, el futuro de esa Ley. No está tan claro. Vamos a ver en qué
queda. Pero creo que en este caso la postura de España ha quedado
refrendada aquí, y de alguna manera consensuada, porque han ido matizando
su postura los grupos políticos, después de las medidas adoptadas en
Bruselas --y especialmente por la postura de la Unión Europea al
respecto-- que se circunscriben, y termino, en tres aspectos: Primero, se
trata de una iniciativa común hacia Cuba en pro de su transición
democrática. Esos son los textos. Segundo, se aumentará gradualmente la
cooperación económica y el diálogo político a medida que evolucione hacia
la democracia la isla de Cuba. Según tengo entendido se manifiesta así en
esa exposición. Tercero, se insta a las autoridades cubanas a la tutela
de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el pluralismo
político, la suspensión de los delitos políticos, etcétera. Solamente el
señor Fraga ha liberado de las cárceles a más de 300 personas condenadas
por delitos políticos. Creo que esto es algo serio y no equiparable a
ninguno de los comportamientos que manifiesta ningún país de la Europa
occidental, o al menos de la Unión Europea.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, quiero aclarar un error que
cometí en la intervención.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, tiene la palabra brevemente.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quiero decir que el gallego Rodríguez, del
Bloque Nacionalista Galego, dijo UEO donde debía decir UEA, por la
celeridad de la intervención.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias,
señorías, por el tono de sus intervenciones que, no obstante, teniendo en
cuenta algunas de las observaciones hechas, me obligan a puntualizar para
dejar las cosas claras, aunque hubiera preferido no tener que hacerlo, a
pesar del escaso tiempo de que dispongo.

En primer lugar, quisiera referirme a las preguntas del señor Estrella,
dos preguntas planteadas y contestadas hace cosa de un mes.

Efectivamente, los dos temas, Habana vieja y acueducto Albear, se
incluyeron en la contestación



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que dio el Gobierno entre los proyectos suspendidos, en línea con lo que
acabo de contestar ahora, nunca como proyectos cancelados.

Tengo que destacar que produce una cierta sorpresa la posición común
europea, porque lo que para unos no supone ningún cambio y, en
consecuencia, para ese viaje no harían falta estas alforjas, para otros
es una gran agresión. Lo que ha ocurrido, ciertamente, es que ha habido
un cambio, pero en ningún caso una agresión; un cambio constructivo,
positivo y moderado, yo diría que justificado o exigido no tanto porque
la Unión Europea haya cambiado, sino porque justamente lo que ha cambiado
es la posición de Cuba, cuya situación, en términos de derechos humanos,
en términos de libertades, en términos de nivel y calidad de vida de los
cubanos, se ha venido deteriorando progresivamente. Todo ello exigía,
ciertamente, una rectificación. Por tanto, ha habido cambios. No había
diálogo, queremos que lo haya, y sin dramatismos y sin descalificaciones
se ha procedido a esa posición común sobre la que luego me extenderé.

Quisiera destacar de un modo claro y firme que no ha habido varios
documentos. No ha habido varios documentos, señor Yáñez, y yo le
agradecería mucho que me facilitara alguna de las supuestas versiones a
las que S. S. se ha referido; alguna habrá, supongo yo, de las múltiples
a las que S. S. se ha referido. Yo sólo conozco una, yo sólo he aprobado
una y ése es el documento, en definitiva, que se ha aprobado después de
haber sido enriquecido en múltiples aspectos, en ningún caso
descafeinado. Yo quiero destacar que ese documento se ha aprobado en
quince días, después de esos enriquecimientos. Para adoptar una posición
común se precisa como mínimo de un mes y pico y, normalmente, entre dos y
tres meses. Esa es la tramitación normal de una posición común, y nunca
se ha dado el caso de que ante la posición común sobre un tema, sobre una
propuesta efectuada por un Estado miembro, no haya habido enseguida la
reacción de todos los demás países que quieren aportar a ese documento
sus propias sensibilidades y su propio enriquecimiento, y ha habido
enriquecimiento de todos los matices. Por ejemplo, donde el texto decía
liberación de los presos políticos, la modificación de que ha sido objeto
a la iniciativa española, texto finalmente consensuado, dice liberación
de todos los presos políticos; no de los presos políticos, sino de todos.

En el documento inicial se hablaba de la necesidad de instaurar la
democracia en Cuba, en el texto final se precisa la necesidad de
instaurar la democracia pluralista en Cuba, justamente para precisar más
que no nos estamos refiriendo a determinadas democracias populares de
partido único, sino que nos estamos refiriendo a la única democracia que
todos conocemos. Si luego resulta que porque el texto de la iniciativa
española decía que se propugnará una evolución hacia la democracia hay
una sugerencia más precisa que se acepta, y que dice se propugnará una
transición pacífica a la democracia, si alguien cree que con ese cambio
de redacción lo que se ha hecho ha sido dar la vuelta al texto,
ciertamente cada cual es libre de interpretar las cosas como quiera, pero
yo creo que eso es rizar el rizo y no se corresponde con la realidad. El
documento aprobado responde a la iniciativa española en su letra y en su
espíritu. Habrá algunas expresiones atenuadas y, como les acabo de
demostrar claramente, ha habido otras que han sido reforzadas y otras
simplemente clarificadas. Esa es la cuestión.

Ha habido muchas intervenciones y muy interesantes que me obligan a dar
estas explicaciones. Se ha hablado de los derechos soberanos de los
pueblos. Nadie va a discutir estos derechos soberanos de los pueblos. Mi
pregunta es ¿y cómo expresan mejor los pueblos sus derechos soberanos que
a través de unas elecciones libres? Eso es justamente lo que propugna el
documento como el final del proceso de reformas, del que sólo se habla
que se inicien, ni siquiera se pide que se completen, sino que se inicien
estas reformas. Porque si aquí resulta que hay el líder supremo, que es
quien en cada momento interpreta cuál es el derecho soberano de los
pueblos, yo creo que los pueblos como tales no necesitan de
intermediarios ni de intérpretes.

¿Que hemos de tener en cuenta la relación humana y cultural con Cuba?
Efectivamente, eso es lo que intentamos, porque se trata, como muy bien
he dicho en otras ocasiones --y aquí se asume--, de una relación de
familia, y en esa relación de familia lo primero que nos preocupa y quien
más nos preocupa es la suerte del pueblo cubano, del pueblo cubano en su
globalidad, y ahí no hay ninguna injerencia. Se produciría injerencia si
quienes quisiéramos conducir este proceso fuéramos otros, si además
dijéramos cómo tienen que proceder a ello. Lo único que pedimos desde
fuera es que se inicien reformas democráticas y que para hacer estas
reformas democráticas se cuente ¿con quién? Con el pueblo cubano, con
todo el pueblo cubano. Eso es lo que ha pedido España, lo que ha asumido
la Unión Europea, como hicimos en su momento con Argentina y con Chile,
ejemplo al cual se ha referido uno de los portavoces. Yo quiero recordar
que en mi etapa de Comisario de Cooperación mantuve la congelación de
toda clase de cooperación con Chile en tanto en cuanto se mantuviera la
dictadura, y ni siquiera se concertó ayuda humanitaria; lo único que hubo
fueron ayudas a grupos de la oposición para que fueran consolidándose y
para favorecer un mínimo diálogo político; ni siquiera teníamos diálogo
político con el propio régimen.

Se habla de Angola y de grupos armados. Justamente habría que recordar
quiénes fueron los primeros grupos armados que actuaron en Angola en lo
que sí se puede calificar de una clara injerencia, y quién mandó grupos
guerrilleros casi a toda Africa, que todavía está pagando las
consecuencias, y a buena parte de Centroamérica y a otras zonas.

¿Derechos humanos en Turquía? Naturalmente que los ha pedido España. Los
está pidiendo en el Parlamento Europeo a través de sus Diputados de los
distintos grupos. Yo mismo en tanto que Presidente de la Comisión de
Política Exterior y Seguridad Común los estoy pidiendo en el Consejo y
los pedí en el dictamen que hice en el año 1989 sobre la demanda de
adhesión de Turquía diciendo que si no había un mayor respeto por los
derechos humanos en Turquía no tenían posibilidad de integrarse en la
Unión Europea. Lo estamos pidiendo cada día. En estos momentos yo
quisiera decir, en honor a la verdad, que estaríamos



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muy satisfechos con que Cuba se iniciaran, aunque no se culminaran, unas
reformas conducentes a una situación parecida a la que hay en Turquía o
en Israel, con las limitaciones que pueda haber en Turquía. Israel,
realmente, es una democracia que hoy no discute nadie y tiene sus
problemas, los derechos humanos, y otro tipo de problemas. Pero fijándome
en el caso de Turquía y de otros países, ya desearíamos que Cuba llegara
a unos estándares similares, aunque no fueran completos, donde los
sindicatos pudieran hacer en un momento dado una huelga general, donde se
celebraran elecciones y se presentara un gran número de opciones
políticas. Eso es justamente lo que pretendemos para Cuba, como lo
hicimos, repito, con el apoyo de todos los demócratas españoles, quiero
recordar, para Chile y para Argentina, y en esos casos con mayor énfasis
porque, repito, estábamos hablando de la familia.

Por tanto, ¿vamos a mantener el diálogo? ¡Naturalmente que sí! Mejor
dicho, vamos a intentar retomarlo. Quisiera decir que en la actuación del
Presidente del Gobierno, a la que algunos se han referido, no ha habido
prepotencia, ha habido diálogo, ha habido intercambio de opiniones en
tono irónico en algún caso, y todos estamos encantados con ese encuentro
con el Papa que ya refleja yo diría que un primer quiebro, un primer
reconocimiento de que la situación no puede mantenerse, tal como hasta
ahora, indefinidamente, y que finalmente haya querido hacer este
movimiento ante el Santo Padre a mí me parece perfecto y aplaudimos que
mejore la situación de la Iglesia católica en Cuba, que está jugando un
papel muy importante en la defensa de los derechos humanos y en la
distribución de la ayuda humanitaria.

El hecho de que la posición común se hubiera aprobado, finalmente, en el
Consejo de Economía y Finanzas es puramente accidental y no obedece a que
sea un enfoque económico. El Consejo de Economía y Finanzas sólo se puede
ocupar de las cuestiones económicas internas de la Unión. Todo lo que son
cuestiones externas e incluso las económicas pertenecen al Consejo de
Asuntos Generales, y no ha habido precipitación alguna salvo el deseo de
los Quince miembros de la Unión Europea de explícitamente, a través de
esta aprobación, sin discusión y en otro consejo, cosa que se ha hecho
otras veces, pero ganando unos días, demostrar palpablemente el unánime
apoyo de que goza la iniciativa española en el seno de la Unión. Esa es y
no otra la interpretación.

Me habla también, yo creo que con cierta ligereza, de la necesidad de
defender los intereses españoles. Creo que eso es positivo. Quiero
recordar que el comercio con Cuba no se ve afectado, igual que las
inversiones. En este caso, el Gobierno siempre ha sido respetuoso con el
régimen de libertades que tenemos, que tienen nuestros empresarios y que
tienen nuestros ciudadanos. Y a mí no me preocupa ese aviso de que
cuidado que no nos coja con el paso cambiado. Yo creo que lo que
contribuye a defender objetivamente, a medio y largo plazo, los intereses
de los empresarios españoles es justamente que se inicie la transición
ahora. Todos hemos dicho --muchas autoridades cubanas en conversaciones
privadas lo reconocen-- que una transición después de desaparecido Castro
introduce unos elementos muy preocupantes de inestabilidad; una situación
en la que se puede producir un ajuste de cuentas. Si en algún momento yo
me he referido al derramamiento de sangre, frase por la que he sido
criticado, quisiera explicarla en su contexto. Precisamente hablando del
peligro de inestabilidad, en el caso de desaparición del Jefe del Estado
sin que se hayan iniciado estas reformas y el peligro del ajuste de
cuentas subsiguiente, cuando se me ha preguntado si eso podría dar lugar
a una situación tal he dicho que no lo sé. Son especulaciones, pero si se
quiere hasta una situación de derramamiento de sangre. No lo he hecho
para llamar a ningún demonio, ni familiar ni extrafamiliar, sino para
explicar que el mejor escenario que pueden tener los actuales inversores
españoles en Cuba y de otros países es que se inicie un proceso de
reformas que asegure un clima de estabilidad en el momento en que se
produzca el cambio o la desaparición del actual Jefe de Estado.

Quiero confirmar al señor Burballa que el punto de equilibrio, al que con
tanta mesura se ha referido, es justamente el que pretendemos con nuestra
posición. Le agradezco, además, las amables palabras que ha tenido para
el señor Coderch, cuyas declaraciones eran sensatas, razonables y las
puede suscribir cualquier demócrata. Luego resultaba que el título de la
entrevista estaba un poco sacado de contexto y pudiera dar lugar a una
mala interpretación, como si sólo se fuera a hablar de una oposición.

Está muy claro, en resumidas cuentas, lo que dice en esa entrevista: voy
a hablar con el Gobierno cubano. Me gustaría aportar cuantas ideas pueda
para ayudar a una transición pacífica a la democracia, y en este sentido
también vamos ha hablar con la disidencia, que es lo que han hecho todos
los embajadores de España y de otros países en Cuba y en cualquier otro
país, sea o no sea democrático.

Ciertamente que los efectos del embargo son negativos y por ello estamos
en contra, porque además de negativos e injustos son contraproducentes.

Pero no olvidemos que las carencias que padece la población cubana no son
tanto consecuencia de este embargo cuanto de la falta de reformas y de la
incapacidad para intentar insertar la economía cubana en el mundo actual.

Es cierto que se hicieron progresos en el pasado en campos muy
importantes como la educación y la sanidad. Desgraciadamente no como
consecuencia de los buenos resultados económicos del sistema. Conozco muy
bien este tema y lo estudié a fondo en mi época de Comisario. En aquel
momento el régimen cubano estaba recibiendo una transferencia neta,
externa, de la Unión Soviética en función de cuyos acuerdos podía vender
a la Unión Soviética el azúcar a un precio que era aproximadamente tres
veces el precio internacional. En función de esos acuerdos podía comprar
a la antigua Unión Soviética el petróleo aproximadamente a la mitad del
precio internacional, en torno a los 10 dólares, que no sólo compraba
para su consumo sino que lo hacía en cantidades mucho mayores porque
luego revendía estos excedentes con un buen beneficio. Esa transferencia
neta no era resultado del sistema económico sino de esa ayuda, porque en
cierto modo el escaparate del comunismo en América es lo que justifica
que hubiera unas rentas importantes que se podían destinar --repito-- a
mejorar la educación y la sanidad.




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En ningún caso eran el resultado de la eficacia del sistema, porque puede
comerciar libremente con toda la Unión Europea, con el resto de América y
con el resto del mundo, excepto con Estados Unidos. El problema es que no
es una economía eficaz, que no es capaz de producir, de exportar y de
tener buenos resultados.

Por tanto, condenando, como lo hemos hecho, en múltiples ocasiones esta
política, quiero contestar a la invitación que se me ha formulado en el
sentido de por qué no se le ha sugerido a Estados Unidos que la cambie.

No sé lo que habrán hecho gobiernos anteriores porque no tengo
información. A lo mejor han hecho esta sugerencia. No me consta. Este
ministro que les habla ya la ha hecho. La ha hecho al señor Warren
Christopher. Le ha explicado que tanto la ley Helms-Burton como el
embargo son, además de injustas --inaceptables para un Estado soberano
como nosotros--, medidas contraproducentes porque ayudan a encastillarse
y a que no se acometan reformas. Yo me he negado a discutir la
cooperación con Cuba con el señor Eizenstat, al que también se ha
referido el señor Yáñez, para que vea que hay claramente un desmarque,
justamente porque había el embargo y la ley Helms-Burton en vigor. Yo le
dije al señor Eizenstat, y lo hice público en la rueda de prensa, que si
quería que habláramos de cooperación con Cuba podíamos hacerlo, siempre y
cuando todos pusiéramos los contadores a cero; que los Estados Unidos
retiraran el embargo y la ley Helms-Burton y todos, partiendo de cero,
veríamos cuáles podían ser las políticas de cooperación con Cuba, pero
que no me pidiera que discutiéramos la cooperación que España estaba
haciendo mientras los Estados Unidos unilateral y equivocadamente ya
habían decidido unas políticas de cooperación que --repito-- a mí me
parecían injustas y contraproducentes. De forma que esa invitación ya la
he hecho por anticipado. No sé si otros gobiernos anteriores lo han
hecho, pero yo he hablado muy claro de esta cuestión.

Las supuestas ideas que hemos recogido del señor Eizenstat yo diría que
son más bien al revés, porque lo que hemos pretendido que haga la Unión
Europea es justamente lo que España venía haciendo con Cuba desde el mes
de mayo en que tomó posesión este Gobierno, varios meses antes de recibir
al señor Eizenstat, y que hemos sugerido a nuestros socios europeos que
aplicaran. Por tanto, verá usted que de las medidas que el señor
Eizenstat propuso, unas se están aplicando. ¿Cuáles? Las que cuando vino
aquí el señor Eizenstat ya estaba el Gobierno español aplicando. Todas
las demás no se aplican, como por ejemplo exigir un código de conducta a
los inversores en Cuba, de modo que no se pudiera aceptar el principio de
que el Gobierno cobra por su cuenta y luego le da una pequeña parte de lo
que ha percibido, como ocurre, según mis informaciones, en la hostelería.

Estas medidas no se aceptaron porque no nos parecieron compatibles con un
régimen de libertades para nuestros inversores.

Efectivamente, en marzo no había problema con Cuba. No había nada. Es que
no había diálogo. Se había roto desde febrero. Pero sí había habido
problemas antes, como muy bien ha recordado el señor Milián, cuando la
crisis de las embajadas, donde un alto dignatario de España fue tildado
de lacayo del capitalismo y además donde se produjeron insultos muy
graves para un ministro de Asuntos Exteriores, de grata memoria para mí.

En la visita de Al Gore no hubo ni aproximación ni seguidismo en el tema
Helms-Burton. Lo he explicado ya en varias ocasiones. Yo acababa de hacer
unas declaraciones que salían en el Telediario de las tres de la tarde y
a las cuatro menos cuarto, cuando se estaba dando la rueda de prensa, un
periodista estadounidense le preguntaba al Presidente Aznar: acabo de oír
a su Ministro de Asuntos Exteriores decir que la ley Helms-Burton es
inaceptable para España y que la combatirán por su carácter
extraterritorial y unilateral. ¿Qué tiene que decir a eso el Presidente
Aznar? El Presidente Aznar dijo: yo no tengo nada que añadir a las
palabras del Ministro de Asuntos Exteriores. Comiendo ya le he
manifestado esa misma posición española al Vicepresidente Al Gore, que me
ha dicho que quería un margen de tiempo para ver si podía producir alguna
rectificación, margen de tiempo que yo gustosamente le concedo. Esa fue
exactamente la expresión del señor Aznar. Usted comprenderá que ahí no
hubo seguidismo en modo alguno.

¿En qué afecta, por tanto, esa posición a la anterior? como he dicho, es
nueva. Hay una serie de novedades en línea con lo que España estaba
practicando en su relación con Cuba. Aparte de que en la posición común
se habla de que se intensificará el diálogo actual --voy a hacer entrega
al Presidente de la Comisión para que les facilite copia a todos
ustedes--, se dice: La Unión Europea aprovechará las oportunidades que se
le presenten para recordar a las autoridades cubanas pública y
privadamente sus responsabilidades fundamentales en lo que respecta a los
derechos humanos y, en particular, a la libertad de expresión y
asociación. Alentará la reforma de la legislación interna, incluyendo el
Código Penal cubano, y en consecuencia la derogación de todos los delitos
políticos --aquí ha habido una enmienda que acaba en todos los delitos
políticos--; la liberación de todos los presos políticos --también hay
otra enmienda-- y el cese del hostigamiento y castigo de los disidentes.

Mientras tanto, se muestra dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria
--la ayuda humanitaria continuará como ha continuado en España-- sujeta a
previos acuerdos en lo que se refiere a su distribución. Se mantendrán y
se reforzarán las actuales medidas, que aseguran la distribución a través
de las organizaciones no gubernamentales, las iglesias y las
organizaciones internacionales. Se toma nota de que la Comisión Europea
procederá sobre la misma base. Se dice más adelante: A medida que las
autoridades cubanas progresen hacia la democracia, la Unión Europea dará
su apoyo a este proceso e intensificará la cooperación, en particular la
cooperación económica. Se manifiesta el deseo, en todo momento, de
incrementar esa cooperación. No hay una sola frase que yo considere
atacable en todo este documento. Cordialmente, desafío a cualquier
demócrata a que me diga dónde está el ataque, dónde está la medida
coercitiva, dónde está el planteamiento negativo, pero ciertamente ha
habido algunos cambios, como SS. SS. acaban de ver.




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Me pregunta por el cese de Félix Grande, realizado por el Secretario de
Estado de Cooperación. No creo que tenga nada que ver con Cuba, pero sí
he tenido ocasión de ver una explicación clara del propio Secretario de
Estado de Cooperación, reflejada en varios medios de comunicación. Le
ruego que se dirija a él, parlamentaria o privadamente, y estoy seguro de
que le facilitará esa explicación.

Como muy bien decía el señor Milián, efectivamente hay una deuda en estos
momentos de 130.000 millones de pesetas. Es una deuda exagerada si se
tienen en cuenta los baremos internacionales que se emplean para
determinar el grado máximo de crédito que se pueden dar a un país, que
están en función de su capacidad exportadora --la de Cuba es muy baja y
tiene un déficit comercial muy grande con España-- o en función de la
capacidad de endeudamiento que tiene un país por sus propios baremos de
creación de riqueza. Tanto en un caso como en otro el nivel de deuda
actual sobrepasa varias veces, muchísimas veces, lo que habrían sido los
montantes máximos razonables. Esa deuda --contesto a la pregunta que se
me formula--, viene incrementándose, desde hace varios años, y viene
siendo sistemáticamente impagada. Lo único que se está pagando son los
créditos revolving, de los que hay que pagar una parte para dejar un
hueco y que se pueda entrar en la parte liquidada para beneficiarse del
crédito, para campañas de azúcar y este tipo de campañas. Esas son las
únicas que se pagan. Por eso, el porcentaje de impagados está en torno al
setenta y tantos por ciento, porque se pagan algunos de los créditos
revolving.

En definitiva, señorías, ha sido necesario que yo hiciera estas
puntualizaciones para que sepamos dónde estamos. Hay un Gobierno que
intenta ser coherente con su política exterior, intenta ser razonable con
lo que son principios de la Unión Europea, con lo que son principios
adoptados hace menos de un mes en la cumbre iberoamericana. Quiero
recordar en estos momentos que varios líderes iberoamericanos ya se han
pronunciado en términos elogiosos sobre la posición de España, algunos de
ellos ciertamente poco acusables de derechistas. Quiero citar a Jaime Paz
Zamora, ex Presidente de Bolivia y candidato a las futuras elecciones
presidenciales; quiero citar a Oscar Arias, que al mismo tiempo condenó
la reacción desproporcionada del Gobierno cubano al retirar el plácet ya
concedido. Dicho esto, hay que dialogar.

Buenos y malos españoles. Yo pronuncié esta frase en un contexto que
también hay que explicar. Cuando el Presidente del Gobierno español es
insultado --lo fue con expresiones ciertamente poco respetuosas-- cuando
España está siendo atacada injustamente como país (en esos días dijo el
propio Presidente Castro que España había vendido Cuba en 1898 --cuando
nos costó una guerra que nos produjo un trauma que tardamos más de
cincuenta años en superar-- por cuatro reales a los americanos y que
ahora, un siglo más tarde, la volvíamos a vender y está claro que nuestra
política no es precisamente la de los Estados Unidos); cuando España
estaba siendo atacada y siendo objeto de unas medidas desproporcionadas,
dije que lo que me parecía es que un buen demócrata y un buen español, en
aquel momento, aunque no compartiera la política del Gobierno, tenía que
estar al lado del Gobierno de España, no del Gobierno del partido tal o
del partido cual. En ese contexto y en positivo. No hablé de malos
españoles ni de malos demócratas, hablé de que yo creía que, en aquellos
momentos y en aquella precisa circunstancia, era de buen español, de buen
demócrata estar al lado del Gobierno de España. Por lo tanto, puntualizo:
fue en ese contexto.

Hechas estas puntualizaciones, lo que debemos de hacer ahora es ver si
superamos este debate, retomamos ese diálogo, ayudamos al Gobierno cubano
a iniciar este proceso de reforma y, desde fuera, con medidas positivas,
impulsamos estas reformas.

Al respecto, quiero terminar citando una frase que me parece
particularmente interesante, que fue la que le dijo el señor D'Alema al
señor Castro con motivo de su reciente desplazamiento a Roma para ver al
Papa. Le dijo: Desengáñese, señor Castro, tiene que proceder a reformas
democráticas. Eso es lo que exigen los valores de la izquierda en estos
momentos. Esta frase es la que yo hago mía por el bien del propio Castro,
pero sobre todo por el bien del pueblo cubano que es, en definitiva, el
que debe interesarnos y preocuparnos a todos. (El señor Yáñez-Barnuevo
García pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Señor Yáñez?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, solamente para una
aclaración.

Yo le había hecho una pregunta señor Ministro sobre si el Gobierno
español pensaba hacer a los Estados Unidos una petición formal, a través
de la Unión Europea, sobre el levantamiento del embargo. El me ha
contestado que lo que ha hecho con el Secretario de Estado
norteamericano, pero ése no es el contexto de mi pregunta; yo preguntaba
si el Gobierno español iba a llevar, en el contexto de la relación
trasatlántica que se reinicia pronto, la posición de la Unión Europea
para pedir a Estados Unidos en esa mesa, en esa negociación, el
levantamiento del embargo, es decir, una petición formal. Una vez más,
señor Ministro, la diferencia en las formas y en la calidad del contexto
es muy importante. No es lo mismo una conversación suya con el señor
Christopher que una petición formal de la Unión Europea a los Estados
Unidos.

Por último, señor Ministro, yo creo que no valora del todo el esfuerzo de
moderación que hacemos. Sería muy fácil, porque la inmensa mayoría de la
opinión pública coincide con nuestras posiciones en relación a Cuba y no
ha apoyado ni respaldado las posiciones del Gobierno y del Grupo Popular
en estos meses. Creo que ustedes deberían saberlo y darse cuenta. Si sus
palabras son una rectificación tácita o encubierta, yo las acepto como
tal y no le pido que conteste, pero no insista sobre otras cosas porque
nos obliga a replicar.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario quiere hacer uso de
la palabra, por un espacio brevísimo de dos minutos?
Tiene la palabra el señor Rodríguez.




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El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Sin entrar a debatir, sí quiero aclarar dos
cosas en nombre del Bloque Nacionalista Galego.

Cuando se habla de democracia, esperamos que no se reduzca al
reconocimiento de la partitocracia, es decir, el pluralismo político en
forma de partidos. La democracia también consiste en derechos humanos
elementales, como poder comer todos los días, trabajar y poder ser
tratado respetuosamente. Miradas así las cosas, creo que la democracia
brilla por su ausencia en muchísimos sitios, no solamente en Cuba.

En segundo lugar, el ejemplo de Angola es sintomático de cómo los
resultados electorales valen cuando conviene al sistema imperial porque
usted sabe muy bien que los resultados electorales en Angola llevaron a
unos acuerdos, que incluso contaron con el aval de la ONU, y que ahora,
unilateralmente, una de las partes no respeta. Por lo tanto, creo que el
régimen cubano está actuando con todas las cautelas y con todos los
miedos a que, si se realiza un proceso de apertura, esa apertura pueda
ser en una sola dirección; y la apertura no es el libre mercado, es
integrarse en la economía internacional, pero desde la perspectiva
nacional y al servicio del propio país. No creo que ése sea el proyecto
que se le está planteando.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: En el mismo sentido no tengo más remedio que
manifestar mi profunda sorpresa por las palabras del señor Matutes
haciendo un canto a la situación democrática de Turquía y otros países de
esas características, simplemente porque se celebran elecciones con
partidos políticos que se presentan. Los derechos humanos, señor
Ministro, las libertades democráticas circulan entre otras cosas por esa,
pero por otras previas muchísimo más importantes. Yo rogaría al señor
Ministro que aparte de leer otro tipo de informes lea los informes sobre
derechos humanos de organismos internacionales que evidentemente no
sitúan a Cuba ni muchísimo menos a la cabeza de las preocupaciones de las
violaciones de los derechos humanos en un mundo convulso como este.

Termino, señor Presidente. Mejoras en la situación democrática de los
países y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos son necesarios
en todos, incluido el nuestro, en relación, por ejemplo, con la
vulneración de la voluntad popular que ha supuesto la integración de
España en la estructura militar de la OTAN.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Quiero agradecer
una vez más el tono en que ha discurrido este debate.

Ciertamente España no tiene ningún inconveniente en propugnar una
posición común de la Unión Europea para plantear a Estados Unidos en
relación con el embargo. No tenga duda de que los Estados Unidos conocen
perfectamente nuestra oposición respecto a la ley Helms-Burton, que en
estos momentos, como sabe S. S., está recurrida en la Unión Europea, en
la Organización Mundial de Comercio. Hace 15 días tuve ocasión de conocer
cuál era la posición de los aliados europeos cuando unánimemente los 15
miembros de la Unión Europea votamos en contra del embargo en las
Naciones Unidas. Lo conoce muy bien y cualquier propuesta oficial que se
haga en este sentido contará con mi apoyo. Además estoy dispuesto a
plantearlo, aunque provocará alguna sonrisa irónica, porque justamente
las políticas europeas y americanas son muy distintas en relación con
Cuba. Yo no tengo ningún inconveniente en hacerla e informalmente primero
voy a plantear la conveniencia de que eso se haga. Luego resulta que
también hay que cuidar mucho las fórmulas y procurar gastar la pólvora en
iniciativas que puedan tener mejor suerte. Estados Unidos no tiene
ninguna duda ni el más mínimo temor respecto de que pudiera cambiar la
posición europea en relación con la condena unánime del embargo en esos
momentos.

Al señor Rodríguez he de decirle que cuando hablamos de democracia nos
referimos a la democracia pluralista y yo mismo conozco los defectos que
tiene el pluripartidismo, pero no hay otra forma de organizar la libre
convivencia y el respeto a la libertad de asociación más que a través de
ese pluripartidismo que --lo dijo Churchill-- es el peor de los sistemas
si excluimos todos los demás conocidos. Si alguna vez encontramos alguno
mejor quizá también yo cambie. En estos momentos me estoy refiriendo a la
democracia pluralista, igual que los demás miembros de la Unión Europea.

Yo respeto las palabras de la señora Maestro, pero quisiera puntualizar
una vez más que no hago ni he hecho ni voy a hacer un canto a la
situación de los derechos humanos en Turquía; lejos de mi intención. Me
he mostrado muy crítico ahora y siempre en cuanto a esta situación y lo
dejé por escrito cuando tenía la responsabilidad de pronunciarme, como
Comisario competente, sobre la demanda de adhesión de Turquía. Esa era
una de las razones por las que Turquía no podía entrar en la Unión
Europea. Lo que le decía es que en el tema de libertades, de derecho de
asociación, de sindicación, de huelga, votos, ciertamente estaba muy por
delante del de la situación cubana y ése es un hecho para mí
incontestable, aunque ya veo que no estamos de acuerdo al respecto.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro, por su presencia en la
Comisión de Asuntos Exteriores y por sus explicaciones.

Con ello llegamos al final de esta sesión. Antes de hacerlo quería pedir
a los miembros de la Mesa que se queden un momento para ver con ellos la
continuación del trabajo de la Comisión.

Señoras y señores Diputados, se levanta la sesión.




Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.