Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 110, de 13/11/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 110
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 7
celebrada el miércoles, 13 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia designada para informar sobre la proposición
de ley reguladora de la renovación y modernización de la flota pesquera
atunero-congeladora. (Número de expediente 124/000001) (Página 2974)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a arbitrar ayudas al sector de la avellana de la comarca
valenciana del Alt Maestrat (Castellón). Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000167) (Página 2974)
--Sobre remisión a la Cámara de un plan de ayudas al sector de ganado
vacuno. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000150) (Página 2978)
--Relativa a la disminución de la edad necesaria para generar el derecho
al cobro de la prima especial en beneficio de los productores de carne de
vacuno y reconocer el aumento de derechos a España. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/000127) (Página 2978)
--Por la que se insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para
que la Unión Europea negocie un aumento de los cupos de captura de
bacalao para la flota española en aguas de las Islas Svalbard. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000198)
(Página 2982)
--Relativa a la protección de la flota pesquera. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número
de expediente 161/000159) (Página 2985)
--Sobre recorte presupuestario y suspensión de la inspección de buques de
pesca. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/000145) (Pagina 2988)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE LA
PROPOSICION DE LEY REGULADORA DE LA RENOVACION Y MODERNIZACION DE LA
FLOTA PESQUERA ATUNERO-CONGELADORA. (Número de expediente 124/000001.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 7 de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca con el primer punto del orden del día, que
es la ratificación de los miembros de la ponencia de la proposición de
ley reguladora de la renovación y modernización de la flota pesquera
atunero-congeladora. Dichos miembros son los siguientes: por el Grupo
Popular, don Carlos Mantilla Rodríguez, don Hipólito Fariñas Sobrino y
don Luis Marquínez Marquínez; por el Grupo Parlamentario Socialista, doña
Ana Isabel Leiva Díez y don José Blanco López; por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don José Luis Centella Gómez;
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), doña Carmen
Solsona i Piñol; por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), don José Juan
González de Txabarri Miranda; por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, don Luis Mardones Sevilla, y por el Grupo Parlamentario Mixto,
don Guillerme Vázquez Vázquez.
¿Ratifican SS. SS. los miembros de la Ponencia? (Asentimiento.) Quedan
ratificados los miembros de la ponencia de la proposición de ley
reguladora de la renovación y modernización de la flota pesquera
atunero-congeladora.
Antes de iniciar la discusión del segundo punto, y si ustedes lo
consideran oportuno, les comunico que procederemos a fusionar las
votaciones de las seis proposiciones no de ley, que se realizará no antes
de las 12 de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A ARBITRAR AYUDAS AL SECTOR DE LA AVELLANA DE LA COMARCA
VALENCIANA DEL ALT MAESTRAT (CASTELLON). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000167.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el segundo punto: proposición no de ley
relativa a arbitrar ayudas al sector de la avellana de la comarca
valenciana del Alt Maestrat (Castellón). Para su defensa, tiene la
palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Unión Valenciana presentó en septiembre esta
iniciativa cuando aún se estaba en plena negociación y debate por la
problemática que desde hacía varios años atravesaba el sector de la
avellana en el Estado español.
La avellana se encuentra integrada, desde el ingreso de España en la
entonces CEE, en la organización común de mercados de frutas y
hortalizas, donde ha habido problemas por todos conocidos debido a la
entrada de este producto en la Unión Europea por parte de terceros
países, en particular de Turquía, y de otros en menor cuantía. Cuando se
presentó esta proposición el 10 de septiembre de 1996 estaba en pleno
debate, como digo, entre los productores de avellana de distintas
comarcas del Estado español, mayoritariamente de Cataluña, donde está
radicada la mayor parte de las explotaciones, más de 20.000 hectáreas
dedicadas a este fruto seco. También había cierta polémica sobre los
graves problemas económicos de pérdida continua de renta por parte de los
agricultores de una comarca del norte de la Comunidad Valenciana, en la
provincia de Castellón, del Alt Maestrat.
Han pasado dos meses y es verdad que ha fructificado un acuerdo que de
alguna manera viene a compensar en parte o a paliar alguno de los graves
problemas que afectan a las comarcas productoras de la avellana en el
Estado español. Eso vaya por delante. Pero el motivo entonces de aquella
iniciativa, que sigue estando vigente en estos momentos, dos meses
después, es la problemática que afecta a una de las comarcas productoras
en mucho menor grado que las de Tarragona, que es la provincia de
Castellón, donde hay un grupo de municipios, en la comarca del Alt
Maestrat, con una actividad dedicada a este fruto seco de algo más de
1.200 hectáreas. Dentro del cómputo global puede tener poca importancia,
pero la producción final
agraria en la comarca afectada de Castellón sí la tiene en municipios
como Benasal, Culla, Torrent y Besora y otros términos municipales
limítrofes en el norte de la provincia de Castellón.
Creo que no es cuestión de remarcar las causas de estos graves problemas,
porque ha habido varios debates sobre la problemática de los frutos secos
en la Comisión Mixta, en el Senado, en el Congreso, así como en la OCM de
frutas y hortalizas. Pero nosotros creemos se debe sobre todo a la
competencia directa de importaciones turcas que entran en territorio de
la Unión Europea sin tasas y con un arancel muy reducido gracias a sus
elevadas cosechas, influyendo negativamente en el precio del mercado
español y perturbando la renta de los agricultores afectados. Esta
lamentable tendencia se reforzará todavía más con la aplicación de los
acuerdos del GATT, la ampliación del contingente de avellanas de Turquía
sin aranceles, debido a la ampliación de la conformación de la Unión
Europea en quince estados miembros, y el reciente acuerdo de asociación
entre la Unión Europea y Turquía.
Todo esto se ha debatido hasta la saciedad y es necesario arbitrar
medidas. Una de esas medidas, en los acuerdos que se alcanzaron,
afortunadamente era el establecimiento de ayudas económicas directas que
compensaran la pérdida de renta agraria de agricultores. Pero en esta
proposición que hoy debatimos, presentada en el mes de septiembre, Unión
Valenciana piensa que el tema no debe darse por resuelto, como se ha
planteado, y retirar la iniciativa porque no tiene sentido. Si se ha
estudiado y valorado el fondo de la proposición, se comprenderá lo que
solicitamos en su día, porque la negociación estaba haciéndose en aquel
momento. Ahora demandamos que se abra una vía de diálogo, ya que ha
habido un acuerdo, pero en él se ha tenido en cuenta por parte del
Gobierno central a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es la más
productora. Ello es legítimo, lícito y perfectamente asumible, sobre todo
porque es donde más fuerza se ha ejercido puesto que su repercusión
económica es mucho más importante.
Nosotros lo que solicitábamos es que hubiera habido diálogo,
conversación, acuerdo, consenso entre el Ministerio de Agricultura y la
Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana por cuanto en una
parte muy importante de la Comunidad Valenciana, aunque en el cómputo sea
casi insignificante, los productores de la avellana de la comarca del Alt
Maestrat, en Castellón, tenían algo que decir, podían haber participado,
podían haber aportado información. Aunque se beneficien en última
instancia de los acuerdos alcanzados a nivel global para todo el Estado,
sí pensamos que ese diálogo, ese acuerdo se tenía que haber mantenido con
todas las comunidades autónomas en las que se produce este fruto seco, la
avellana, en mayor o menor medida.
Esa era la intención de la iniciativa de Unión Valenciana, que se
mantiene perfectamente vigente porque no ha habido tal diálogo. En
nuestra proposición de ley lo que solicitamos es que haya un acuerdo
amplio y global para dar solución o paliar en alguna medida los efectos
de la entrada discriminada de este producto de terceros países, e insisto
en que dicho acuerdo se tenía que haber tratado, consensuado con todas
las comunidades autónomas afectadas. Ese es el punto principal de la
proposición no de ley que presentó Unión Valenciana: que haya un acuerdo,
que haya un diálogo, que se mantengan conversaciones con todas las
comunidades afectadas y, en este caso, con la Comunidad Autónoma
Valenciana a través de su Consellería de Agricultura, que no ha sido
consultada, sus opiniones no han sido contrastadas ni valoradas las
peticiones de los agricultores del norte de Castellón, que no difieren en
gran medida de las de los agricultores de Tarragona. Son comunidades
limítrofes y tienen un problema común. Creo que ha faltado un poco de
sensibilidad por no haber tenido en cuenta, repito, las demandas de una
comunidad autónoma que representaba a un núcleo importante de
agricultores dedicados a la producción de avellana.
Espero que esta proposición sea tenida en cuenta en el sentido de que aún
haya posibilidad de diálogo, de debate y de que la Comunidad Valenciana
sea tenida en cuenta y consultada en algo que le afecta. Por tanto,
pedimos esa sensibilidad.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la
palabra su portavoz.
La señora LEIVA DIEZ: En este caso la portavoz va a ser Olga Mulet.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Señora Mulet, tiene la palabra.
La señora MULET TORRES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para explicar la
enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley que estamos
debatiendo, relativa a arbitrar ayudas al sector de la avellana de la
comarca valenciana del Alt Maestrat (Castellón).
Señor Presidente, no voy a utilizar mi tiempo para reiterar las palabras
del proponente sobre la formalización e inicio de estas ayudas, pero sí
quiero hacer constar y recalcar que éstas se producen con motivo de la
negociación de la OCM de frutas y hortalizas, y tras la moción aprobada
en junio pasado en el Pleno del Congreso, consecuencia de la
interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobada
por consenso de todos los grupos parlamentarios y que incluía la adopción
de una serie de medidas relativas al sector de la avellana, que recogía
el mantenimiento de un régimen específico para dicho sector en la OCM,
así como un régimen de ayudas más allá del horizonte de los diez años
previstos. Recogía, asimismo, la previsión de una ayuda compensatoria
directa de la pérdida de renta de los productores de avellana y el mayor
control de las importaciones.
En estos momentos se está negociando entre la Comunidad Autónoma
Valenciana y el Ministerio de Agricultura la inclusión de los productores
de avellana de las comarcas de Castellón entre los beneficiarios de las
ayudas complementarias en los siguientes términos: Unión Europea
Feoga-Fondos
de Garantía, 75 por ciento; Generalitat Valenciana, 16,66 por ciento, y
Ministerio de Agricultura, 8,33 por ciento, siendo el total de 41.824.992
pesetas. Son cinco comarcas de Castellón (Alt Maestrat, Alt Millás,
L'Alcalatén, Els Ports y Baix Maestrat), que tienen una superficie total
de 229.367 hectáreas y 25.389 habitantes, siendo la superficie
susceptible de acogerse a esta medida de 1.200 hectáreas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda que,
aunque compartiendo la preocupación del señor Chiquillo, defensor de la
proposición no de ley, va más allá de lo que supondría la inclusión de
los productores de avellana de la provincia de Castellón entre las
comarcas beneficiarias del Plan de ayudas complementarias.
Es evidente que las actuales negociaciones, caso de llegar a un acuerdo
de financiación, ayudarán al mantenimiento del cultivo de la avellana en
dichas comarcas, que son importantes en estos momentos, pero todavía
insuficientes para su sostenimiento en estas comarcas en un futuro no muy
lejano.
Señorías, por las cifras que he mencionado queda claro que no es la
actividad más importante en su desarrollo económico, pero sí una de las
actividades complementarias más considerables, sobre todo teniendo en
cuenta la pequeña dimensión física de las explotaciones, su elevada
parcelación y la disminución de la población activa agraria,
especialmente en los estratos más jóvenes, lo que da lugar a un
envejecimiento creciente de nuestros agricultores.
Estamos hablando de unas comarcas deprimidas por su falta de industria.
Esta se concentra en las ciudades costeras, por lo que las poblaciones
del interior se están enfrentando a importantes problemas de
despoblamiento. Frente a ello se han desarrollado y se vienen
desarrollando programas entre los que cabe destacar el programa Líder.
Nos encontramos frente a producciones particularmente sensibles por su
impacto social y territorial, por tanto, debemos defender con rigor e
intensidad los principios de solidaridad y cohesión social que conlleva
una convivencia democrática, defender más mecanismos de apoyo que
permitan estabilizar las rentas y las producciones agrarias, es decir,
hacer funcionar el principio de solidaridad financiera.
Toda la problemática expuesta anteriormente nos debe hacer reflexionar,
pensar que debemos continuar aplicando actuaciones que superan el ámbito
agrario. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista, en la enmienda que
presentamos, proponemos que se proceda por parte de las administraciones
implicadas a la realización de un plan integrado que estudie la
viabilidad del cultivo de la avellana en estas comarcas y sus
alternativas, partiendo de analizar la situación actual del sector para
detectar sus necesidades, fijar las necesidades del mercado y actuaciones
que permitan su estabilización y elaboración de un plan de reconversión
de la avellana con diversas actuaciones según la localización y/o
situación económico-social de las explotaciones. Estas actuaciones
deberían continuar complementándose y canalizándose hacia la búsqueda y
protección de otros sectores económicos que puedan adaptarse a las
características propias de las zonas de interior y de montaña de las que
estamos hablando, favoreciendo la economía y, por tanto, creando puestos
de trabajo, factor imprescindible para su estabilización, su
mantenimiento y su futuro desarrollo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: Como a nuestro grupo le ha llegado hace unos
minutos esta enmienda del Grupo Socialista y, por tanto, no hemos tenido
tiempo prácticamente ni de leerla, teniendo en cuenta que la votación
será a las 12, nos permitirán que la podamos estudiar para ver si se
puede integrar y votarla positivamente, en el caso de que el grupo que ha
hecho la proposición la aceptase.
Entrando en el debate sobre el tema de las ayudas a las avellanas en las
comarcas del norte de la Comunidad Autónoma Valenciana, me gustaría
expresar, en primer lugar, en mi condición de Diputado de Cataluña, mi
solidaridad hacia los productores de avellana de esas zonas, que tienen
la misma problemática que los de la provincia de Tarragona, ya que son
provincias limítrofes con las mismas características de terreno y de
cultivo.
No voy a entrar a explicar la problemática real de los frutos secos,
porque ya lo hemos hecho en el Pleno y en Comisión en varias ocasiones.
De hecho, el problema que tenemos encima de la mesa es el resultado de la
situación en la que nos incorporamos a la Unión Europea y de que Turquía
tuviese un carácter preferencial en el momento de esa incorporación con
sus propios productos.
En el caso de la avellana, la filosofía del Tratado de Roma, que consagra
el principio de la preferencia comunitaria, no existe, y hay que aplicar
lo que sería el eje fundamental de la reforma de la PAC, cuando se habla
del mantenimiento de las rentas agrarias. En esa línea es en la que se
actuó en su momento y sería bueno que esas zonas productoras de avellana
del norte de las provincias de Valencia y de Castellón también pudiesen
incluirse en las líneas de ayuda.
Me gustaría explicar un poco que las ayudas a favor del sector de la
avellana, en el caso de Cataluña, se recogen en una orden del
Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya de noviembre
del año 1995, y están sostenidas sobre un programa zonal del avellano
que, a su vez, está incluido en un programa que el Ministerio de
Agricultura presentó a finales de 1994 y que aprobó la Comisión Europea
en noviembre de 1995. Este programa global se presentó en el marco del
reglamento comunitario 2.078/92, y asciende a 300 millones de pesetas, de
los cuales la Generalitat aporta el 50 por ciento y el otro 50 por ciento
va con cargo al Feoga-Garantía. Por tanto, estamos hablando de un plan a
nivel de todo el Estado español, y la Comunidad Valenciana tuvo la
posibilidad, cuando se abrió el plan, de haber presentado la
documentación. Pero a mí no me toca en este momento valorar la situación.
Hace unos meses, y básicamente en el marco de la reforma de la OCM de
frutas y hortalizas, hubo una sensibilidad y unas presiones importantes
hacia el ministerio para que, en el momento de la aprobación de esa OCM
de frutas y hortalizas, se tuvieran en cuenta también los frutos secos. Y
aunque la cantidad que se destinó a los mismos fue muy pequeña, por
primera vez en la historia, al hablar de frutas y hortalizas, se habló de
frutos secos. A pesar de que la vigencia de las ayudas fue muy corta,
hasta finales de 1998, hubo un primer paso importante, que fue la
inclusión de los frutos secos dentro de lo que sería la OCM de frutas y
hortalizas. Se pidió una ampliación del programa zonal por valor de 300
millones de pesetas, de los cuales se logró que 150 los aportase el
Feoga-Garantía y los otros 150 los aportase el MAPA y las diputaciones de
Tarragona y Gerona. Por consiguiente, estamos dentro de un plan que,
pienso, no es un plan de Cataluña, sino que es un plan a nivel estatal.
Mi máxima satisfacción sería que el Gobierno de la Comunidad Autónoma
Valenciana llegase a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con la
Unión Europea y que los productores de avellana del Maestrat, de la parte
norte de Castellón, tuviesen el mismo tratamiento que en este momento
tienen los productores de las comarcas de Tarragona.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Efectivamente, como ya han citado los que me han
precedido en el uso de la palabra estamos hablando del cultivo de la
avellana en comarcas muy singulares, en este caso en una comarca concreta
de la Comunidad Autónoma Valenciana, como es el caso del Maestrat en
Castellón.
El avellano es un cultivo que, como ya se ha dicho antes, aunque en sí
mismo no tiene una gran importancia, sí la tiene para las comarcas donde
se produce, porque en muchos casos no hay cultivo alternativo, y aparte
del valor económico está cumpliendo una labor social importante y una
función medioambiental de lucha contra la erosión, etcétera.
Por desgracia éste es un cultivo que está en regresión. Ha disminuido su
producción en un 34 por ciento en los últimos diez años. Las
explotaciones son pequeñas, entre diez y cuatro hectáreas por
explotación, y las llevan adelante pequeños agricultores.
Hay una serie de ayudas para los frutos secos en general, y para el
avellano en particular, como son los planes de mejora de la calidad y la
comercialización de los frutos cáscara, siguiendo el reglamento
comunitario 1.035/92. Estos planes, que se crearon en el año 1989, fueron
financiados conjuntamente por el Feoga y por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación con un aporte de 150 millones de
pesetas anuales. Por supuesto, el cultivo del avellano de la provincia de
Castellón está incluido en estos planes de mejora.
Dentro de la reciente reforma de la OCM de frutas y hortalizas, a
petición de la delegación española, que fue presidida por la Ministra de
Agricultura, se ha conseguido una nueva ayuda de 150 ecus por tonelada,
que viene a ser unas 25.000 pesetas por tonelada, al avellano con
cáscara, financiado totalmente por la Unión Europea, con la excusa de que
los precios son muy inferiores a los que tendrían que ser para resultar
rentables y mantener estos cultivos.
También, cuando entre en vigor la nueva OCM de frutas y hortalizas, el
avellano se va a poder beneficiar de los fondos operacionales que recoge
esta propuesta de OCM, cofinanciados con Bruselas al 50 por ciento junto
con los productores, y celebrar unos programas operacionales cumpliendo
los objetivos que dice la citada propuesta de OCM de frutas y hortalizas
en cuanto a cultivo, comercialización, etcétera.
Es más, señorías, recientemente, en septiembre de este año, y a ello se
ha referido el defensor de esta proposición de ley, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una línea de actuación para
los frutos secos, en cofinanciación, y tengo que decirlo claramente, con
las comunidades autónomas, no con una comunidad autónoma, sino, repito,
con las comunidades autónomas. Por tanto, podía acogerse cualquier
comunidad autónoma. Este programa complementa los ya existentes y atiende
a las demandas del sector.
Todavía tenemos recientes las manifestaciones de productores de avellana
en la provincia de Tarragona que se encerraron demandando más ayudas para
el sector. Pues bien, estas ayudas, que están dentro de lo que se
denominaron medidas de acompañamiento de la PAC, en lo que se refiere al
reglamento comunitario 2.078/92, en su artículo 2, determinan las medidas
que pueden incluirse en los regímenes de ayuda cofinanciados por la Unión
Europea --a un 50 por ciento, como ha sucedido en el caso de Cataluña, o
a un 25 por ciento nacional y 75 por ciento Unión Europea en el caso
objetivo 1, como ocurre en la provincia de Castellón-- dentro de los
denominados programas plurianuales agroambientales.
Como ya se ha descrito anteriormente, ha habido un programa zonal
suscrito por la Comunidad catalana financiado al 50 por ciento con la
Unión Europea; este programa zonal se ha duplicado, aportando de 150 a
300 millones la Unión Europea y duplicando la aportación nacional: los
150 millones de la Generalitat catalana más 100 millones que ha aportado
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 37,5 millones la
Diputación de Tarragona y 12,5 millones la Diputación de Gerona para un
plan de cinco años.
Señorías, quiero hacer constar que, una vez iniciado este debate, se nos
acaba de presentar la enmienda aportada por el Grupo Parlamentario
Socialista, que difiere, en cierta manera, de lo planteado en la
proposición no de ley, lo cual me parece que no es excesivamente
correcto, porque no ha habido tiempo para estudiarla y, por tanto, para
tomar posición frente a ella, aunque, como la votación será al final de
todos los debates, la podremos estudiar.
De la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, como tal,
señorías, rechazamos las expresiones vertidas por el proponente de falta
de sensibilidad, de diálogo, de consenso por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca
y Alimentación. Todo este tipo de iniciativas, señorías, siempre parten
de las propuestas de las comunidades autónomas, porque no es ni mucho
menos el ministerio quién para decir a una comunidad autónoma que inicie
un trámite, una petición de ayudas, como en el plan zonal hubiera sido el
caso.
En consecuencia, frente a esta proposición no de ley, tenemos que decir
que el ministerio está totalmente abierto a incluir la comarca de
Castellón en un plan zonal, lo ha estado siempre y lo va a seguir
estando, por lo que, en sí, la proposición no de ley no tiene razón de
ser, ya que pide algo como que se pongan de acuerdo, cuando el ministerio
está decidido a ponerse de acuerdo, y tiene que ser una iniciativa de la
Consellería valenciana la que lo tramite. Por tanto, nos guardamos para
el final el voto hasta ver si se acepta la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista y estudiarla detenidamente.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, corresponde al grupo
proponente manifestar si acepta o no la enmienda o, si lo prefiere,
posponemos esa decisión para después de las doce del mediodía. (La señora
Leiva Díez pide la palabra.)
La señora Leiva tiene la palabra.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, quería decir, respondiendo a
manifestaciones de diferentes portavoces en esta iniciativa, que el Grupo
Socialista ha cumplido con la normativa de esta Cámara, puesto que hay
plazo hasta las ocho de la tarde del día anterior para presentar las
enmiendas. Por tanto, nos hemos ajustado al Reglamento. Los portavoces de
cada grupo son los que tienen que preocuparse, desde las ocho de la
mañana en que están operativos los servicios de la Cámara, de pedirlas y
tenerlas con más tiempo. (Rumores.) Sólo quiero decir eso.
Por nuestra parte, no hay inconveniente en que no se pronuncien en este
momento los grupos debido a que no se ha dispuesto de las enmiendas con
el tiempo suficiente, y lo hagan a la hora de la votación.
El señor PRESIDENTE: Señora Leiva, yo creo que, en este caso, le
corresponde al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto manifestarse. Nadie
ha criticado al grupo proponente de la enmienda. No obstante, dejamos al
señor Chiquillo, como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, que se
manifieste.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor Presidente.
Si la votación va a ser a partir de las doce, yo creo que es bueno que la
iniciativa, corregida o mejorada por la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, se estudie y, a las doce, fijáramos cada uno
nuestra postura.
Yo, de entrada, soy receptivo a la enmienda presentada, la asumo en su
integridad, pero respeto y entiendo que los demás grupos quieran
estudiarla en profundidad y a las doce la votaremos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
En consecuencia, la enmienda queda en suspenso hasta después de las doce,
que la aceptará o no el grupo proponente o incluso me imagino que la
podrá matizar.
--SOBRE REMISION A LA CAMARA DE UN PLAN DE AYUDAS AL SECTOR DE GANADO
VACUNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000150.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, debate
de la proposición no de ley sobre remisión a la Cámara de un plan de
ayudas al sector del ganado vacuno.
Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro grupo presentó esta
proposición no de ley y la registró en la Cámara el 18 de julio, creyendo
que era un problema de primer orden que debía ser discutido.
En estos momentos, como portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, retiro esta proposición no de
ley, porque entiendo que el debate ya se produjo ayer en el Pleno,
gracias a que el Partido Socialista goza de un cupo suficiente como para
poder presentar proposiciones no de ley en Pleno, y fue objeto de debate.
Lamento que no fuera aprobado el contenido que expresa nuestra
proposición no de ley. Por tanto, queda retirada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla. Queda retirada del orden
del día esta proposición no de ley.
--RELATIVA A LA DISMINUCION DE LA EDAD NECESARIA PARA GENERAR EL DERECHO
AL COBRO DE LA PRIMA ESPECIAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE CARNE DE
VACUNO Y RECONOCER EL AUMENTO DE DERECHOS A ESPAÑA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/000127.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número cuatro del orden
del día, proposición no de ley relativa a la disminución de la edad
necesaria para generar el derecho de cobro de la prima especial en
beneficio de los productores de carne de vacuno y reconocer el aumento de
derechos a España.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, como
firmante de la proposición no de ley, señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas y señores
Diputados, la importancia económica
del sector hace que estemos insistentemente atentos a todo lo que sea
defensa de los intereses de nuestros ganaderos y que pueda permitir que
las posibilidades profesionales faciliten cada vez más que los jóvenes
vean en esa actividad un trabajo que compense sus esfuerzos.
Nosotros creemos, al hilo de la actualidad y de los acontecimientos, como
no podía ser menos, y del trabajo de esta Cámara, atenta siempre a lo que
debe de ser la preocupación de los ciudadanos, que España pasa por un
momento importante, que si es bien aprovechado podría ocurrir que de esta
situación de crisis generalizada en Centroeuropa, pero también en el Sur
y en el Este, la necesidad pudiera acabar siendo una virtud; es decir,
nosotros no sabemos por qué milagros, algunos habrá, y cuáles han sido
las atenciones de los distintos gobiernos españoles para conseguir
resolver una dificultad tan grande y casi una pandemia, como la ocurrida
con la carne de vacuno y otras, y que tengamos una situación casi
privilegiada. Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, lo que no ha
ocurrido en otros tiempos, España se podría convertir, desde luego, en
aquel lugar en el que la calidad de nuestros productos fuese una garantía
no solamente para los ciudadanos y consumidores españoles, sino también
para que nuestros productos pudieran tener libre comercio y pudieran ser
demandados por el resto de nuestros ya conciudadanos europeos. Por ello,
tenemos que insistir en el esfuerzo que estamos poniendo en ayudar al
Gobierno a que sus negociaciones en Europa puedan ir en buena dirección,
para que nuestra ganadería tenga esos alicientes que decía anteriormente
y para que los jóvenes, nuestras cabañas y nuestras explotaciones
ganaderas tengan esas garantías, por otro lado, económicas, técnicas, y
que, en todo caso, demos un salto cuantitativo importante para conseguir
tener la capacidad no solamente de poder competir con otras ganaderías,
sino que, como decía antes, aprovechar esta situación, este momento en
que España está en buenas condiciones sanitarias para tirar hacia
adelante del consumo y de la exportación. (El señor Vicepresidente,
Amarillo Doblado, ocupa la Presidencia.)
Por todo esto, nosotros creemos que no nos podemos quedar atrás en
relación a lo que ya otros países han conseguido. ¿Respecto de qué?
Respecto de lo que pueden ser las ayudas, las primas, todos los derechos
que se generan y que la Unión Europea viene atendiendo porque ha visto
que éste es un aspecto estratégico, una parte de la economía que hay que
atender, y en la que nosotros, por nuestra entrada posterior en la
Comunidad Económica Europea, hemos tenido que ir como hemos podido.
Por eso, en estos momentos creo que deberíamos de juntar todos nuestros
esfuerzos para defender aquellos méritos que «otros hicieron antes»
(entre comillas lo que acabo de decir), que tuvieron como resultado el
que sus producciones tuviesen esos dos tramos de prima, y que el Gobierno
actual pueda tener ante la Unión Europea la capacidad de solicitar la
modificación del Reglamento 805/68 en el sentido de refundir en una sola
las dos primas o tramos existentes, rebajar la edad de los diez meses
actuales a siete y que se conceda a España el número suficiente de
derechos para satisfacer las necesidades que tal rebaja de edad pudiera
producir.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una de las condiciones fundamentales
que se debe exigir y aspirar a tener es la igualdad de las condiciones
dentro de los mercados.
Los españoles ahora estamos en unas condiciones privilegiadas o en una
plataforma como para poder hacer exigencias dentro de la Unión Europea.
¿Por qué tomamos estas medidas y estas iniciativas? Porque queremos unir
nuestros esfuerzos, porque queremos que la negociación de nuestros
representantes en la Unión Europea vaya avalada por el conjunto de la
Cámara o de las Cortes Generales para que esta negociación les sea mucho
más fácil. No es lo mismo negociar desde la acción, aunque legítima,
unilateral de un gobierno que cuando va totalmente respaldado ante otros
gobiernos de la Unión Europea. Esta sería una propuesta para estudiar en
otro momento, una de las cuestiones en las que nos tendríamos que poner
de acuerdo; cuando se está hablando de las políticas de Estado se está
diciendo que aquello que es de interés general de un país debe ser
discutido internamente entre las fuerzas políticas, pero cuando éstas ya
han conseguido un acuerdo, debe ir en la dirección de ser apoyadas por
todas ellas.
No quiero magnificar este asunto que nos trae hoy, pero sí quisiera
aprovechar esta ocasión para que desde esta Comisión, de la que van a
depender los asuntos que aquí tratamos con la Unión Europea, hiciéramos
grandes esfuerzos para discutir aquellos asuntos que los negociadores, es
decir, el Gobierno de España va a tener que discutir también dentro de la
Unión Europea.
Por eso, nosotros venimos a dar soporte a éstas y otras ideas que iremos
trayendo aquí para que nuestros representantes en la Unión Europea vayan
con la fuerza suficiente del apoyo mayoritario del Congreso de los
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: En primer lugar, quiero aseverar que estoy
de acuerdo con la filosofía que ha presentado el portavoz del Grupo
Socialista en la línea de que sería bueno que fuéramos juntos en esos
temas que ha dicho de Estado, a lo mejor no son tanto de Estado, pero
temas importantes para la gente que queremos la agricultura, la ganadería
y la pesca, para que la ministra, cuando vaya a negociar, lleve el
respaldo de toda la Cámara. No siempre es posible, pero es deseable. Por
tanto, nos sentiremos satisfechos si se llega a ese acuerdo. Nosotros
estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para que eso sea así,
para que la Ministra de Agricultura o el responsable de agricultura en
cada momento, cuando vaya a negociar a la Unión Europea, tenga el máximo
respaldo de las Cortes, eso como mínimo es un soporte moral que da
fuerzas al negociador. Después las votaciones van como van.
Una vez dicho eso, me gustaría profundizar un poco más en el tema y
asegurar que la situación en que nos encontramos,
y estoy hablando del bovino de carne, es el resultado básicamente de la
reforma de la PAC, porque en cuanto se aprueba ésta, ese sector sale muy
perjudicado. No estoy hablando de la integración de España en la
Comunidad Económica Europea, sino de la reforma de la PAC de los últimos
años.
¿Por qué ha sido perjudicado? Porque a nosotros se nos ha impuesto un
modelo de producción de carne que no es el propio de las regiones del
sur, de países con baja pluviometría. Es un modelo pensado para los
países del norte, para Irlanda, para Inglaterra y otros.
¿Por qué digo esto? Porque mientras que en el Estado español el 70 por
ciento de la producción de carne de bovino se realiza a través de la
estabulación, no a través del pastoreo, se nos obliga, si queremos cobrar
las primas, a utilizar el sistema extensivo de pastoreo, que es el propio
de los países del norte. Se nos obliga también a tener dos hectáreas por
ternero, y como las primas básicas son de 90 unidades, eso quiere decir
que cualquier productor que quiera tener la máxima prima posible sobre 90
terneros tiene que tener 45 hectáreas, y ésa tampoco es la media de los
agricultores españoles. Y aquí comienza una problemática derivada de
buscar, de arrendar fincas para poder cumplir con una normativa que no es
la propia de España, pero sí es la propia de otros estados; estados que
además producen tres y cuatro veces la cantidad de carne que consumen y,
por tanto, tienen grandes excedentes, mientras que en el Estado español
no es así. Somos un país que no tiene excedentes, pero produce carne de
excelente calidad, y en el momento de la reforma de la PAC se nos impone
un modelo que no es el propio.
A partir de aquí tenemos los primeros problemas para ver cómo nuestra
ganadería es capaz de competir con la de otros países situados en el
norte que tienen muchas facilidades para tener unas primas que hacen que
nuestra ganadería, que no puede cumplir unos requisitos que no son
propios de nuestra producción, no puede competir en ese momento. Ese es
el gran problema que hay al respecto.
He estudiado la proposición no de ley que ha presentado el Partido
Socialista y hay algunas cosas que no acabamos de entender. Dice en un
apartado: Las primas puede provocar que los ganaderos, para acceder a las
mismas, retengan los animales hasta los diez meses, lo que no ahorraría
recursos a la Unión Europea y además produciría mayor cantidad de
excedentes cárnicos.
En el Estado español todos los terneros se llevan al matadero, se
sacrifican a los diez meses aproximadamente y no a los cinco, seis o
siete meses. Otra cosa es que se vendan o que cambien de productor; pero
en todo caso, lo que no hacen es sacrificarlos. Por tanto, esa afirmación
de que provocaría que pasasen más meses es normal; pasará en una u otra
ganadería, pero no se sacrificarán antes de esos meses que son los
normales. Por eso no entiendo a qué se refieren.
En la propuesta de resolución pide al ministerio y a los grupos que demos
soporte a esa propuesta para que la ministra pueda negociar en el sentido
de refundir en una sola prima las dos existentes. Si mis informaciones no
fallan, eso ya se ha logrado.
Respecto a que se conceda a España el número suficiente de derechos para
satisfacer nuestras necesidades, algo se ha aumentado. Creo que son
58.000 el número de reses que tenemos de más. Seguramente que no es la
cantidad que todos deseamos, pero si algo se pudiese modificar, pienso
que debería ser el diseño de producción en base a una superficie que nada
tiene que ver con la producción histórica del Estado español. Por tanto,
ése es nuestro sentimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Como portavoz de la Comisión de Agricultura,
y también en aras a la economía parlamentaria, ayer sugería la portavoz
del Grupo Socialista que, dado que en la parte dispositiva de la
proposición no de ley lo que se pedía era refundir en una sola las dos
primas existentes o tramos y rebajar la edad de los diez meses actuales a
los siete, nuestro grupo estaba de acuerdo en votar a favor de esta
proposición no de ley del Grupo Socialista, pero como en el último
Consejo de Ministros de Agricultura se acordó ya suprimir el segundo
tramo de la prima al vacuno macho y aumentar el importe del primero, la
primera parte de la proposición no de ley parece ser que ya está
conseguida.
En segundo lugar, también en lo referente a la edad, a la que aludía el
señor Companys, parece ser que lo que se aprobó en el Consejo de
Ministros es que si la ayuda se paga en el momento del sacrifico, no se
tendrá en cuenta la edad del animal y solamente se exigirá que el peso
mínimo sea de 200 kilos. Esto son noticias muy recientes; todavía no
tenemos el acuerdo en la mano, pero eso es así.
Lo que nosotros consideramos es que por mucho que se haya incrementado la
cantidad de terneros con derecho a prima en un 10 por ciento --también
esto ya nos lo comunicó la ministra en la última comparecencia, que
parece ser que afectaría a una cantidad de unos 50.000 animales--, lo
cierto es que todavía estamos a años luz del derecho a prima que tienen
otros países del entorno europeo. Por tanto, en ese sentido creemos que
sí se debe hacer un esfuerzo, y para esto quiero decirle al Diputado,
señor Madrid, que contará con nuestro grupo, y supongo que con el Grupo
Popular, con Convergència i Unió y con todos los grupos de la Cámara.
Cuando una cosa afecta a intereses económicos para el campo, siempre lo
hemos considerado como un interés de Estado, y en ese sentido no creo que
haya ningún problema en que continuemos negociando para que a España se
le conceda un mayor número de primas.
Nosotros pensamos que en el marco estatal se debe ir hacia unas políticas
en las que, aparte de que todas las decisiones comunitarias no nos
perjudiquen, no nos discriminen, se realicen campañas a favor de que las
denominaciones de origen se vayan extendiendo y de que la calidad es
importantísima.
Nosotros, señorías, estamos en la Comisión de Agricultura, representamos
en ese sentido al pueblo español y a
los intereses del campo español, pero también defendemos los intereses de
los consumidores, y creo que es importantísimo que vayamos a potenciar
políticas que más allá de la producción a ultranza primen políticas de
calidad. Es cierto que no tenemos las condiciones para hacer ganadería
extensiva como se realiza en los países de nuestro entorno, y es cierto
que la legislación comunitaria en ese sentido nos perjudica, pero también
es cierto que tenemos gran parte de nuestro territorio en proceso de
desertización, de despoblación y que normalmente está en zonas más bien
húmedas que deberíamos aprovecharlas para incrementar la ganadería
extensiva, y en ese sentido tenemos todavía un gran camino que recorrer.
Incidiríamos en un producto de mayor control, mayor calidad y además
contribuiríamos al equilibrio territorial y también a detener los
procesos de desertización y despoblación, repito, que se producen en
grandes zonas de nuestro territorio.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya está a favor de la proposición no de ley del Grupo Socialista,
pero la consideramos innecesaria por cuanto que lo que se recoge en ella,
si las revistas especializadas, que supongo que tienen SS. SS. a su
disposición, no nos engañan, ha sido aprobado en el último Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): La proposición no de ley que
plantea el Grupo Socialista pretende que se modifique el Reglamento 805,
de 1968, para que los productores puedan cobrar primas por los terneros
sacrificados con menos de diez meses, y nosotros vamos a apoyar esta
proposición no de ley porque nos parece que es justo y necesario que la
Unión Europea modifique esta situación.
Yo no sé si, como se está diciendo en este momento por la anterior
portavoz, ya se aprobó en el seno de la Unión Europea; en todo caso,
hasta ahora no era así. En concreto, para una comunidad como la nuestra
es un problema muy importante, porque en Galicia sí que se sacrifican
muchos terneros entre los siete y los diez meses, ya que es la carne que
demanda el mercado; por cierto, una carne de calidad que muy bien podría
ser distribuida en estos momentos en que la crisis de las llamadas vacas
locas está creando los problemas que está creando.
Nosotros nos interesamos por este problema con anterioridad --y lo digo
para aclararlo, porque aquí también se habló de esta problemática--, y el
ministerio reconoce que, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma lo
que se está planteando es un problema real, que se están sacrificando
esos terneros antes de los diez meses, y la respuesta que nos dio es que
se presentarían delante del consejo propuestas para rebajar las
exigencias de edad. También se nos decía en esa respuesta que,
efectivamente, era muy difícil conseguir esa rebaja. Yo no sé si ahora ya
se lograron todos los objetivos. En todo caso, nosotros vamos a apoyar
esta proposición no de ley porque nos parece necesaria y justa, y porque,
desde luego, da respuesta a una demanda que está planteada por los
productores de carne de vacuno de nuestra comunidad autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra la señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: En la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista se insta al Gobierno a plantear ante la Unión
Europea tres asuntos referidos a la prima especial en beneficio de los
productores de carne de vacuno. El primero sería refundir los dos tramos
de la prima existente en uno solo. El segundo, rebajar la edad de
percepción de la prima de los diez a los siete meses. Y el tercero,
incrementar el número de derechos de esta prima para España.
Quiero señalar que todo lo que se ha pedido, como ha dicho la portavoz de
Izquierda Unida, ya ha sido aprobado en el último Consejo de Ministros de
la Unión Europea.
Respecto al primer asunto --y ahora pasaré a detallar los mismos-- se
aprobó la supresión del segundo tramo y que se incrementará la prima
única a 135 ecus. Asimismo, quiero señalar que en las propuestas de la
Comisión sobre el paquete de precios 1996-1997 ya se incluía esta medida,
y que la misma ya había sido aprobada desde el primer momento por el
Gobierno por su indudable interés para España.
Referente a la segunda propuesta, también fue defendida por el Gobierno
español desde el inicio de la discusión del paquete de precios, con la
variante de que se solicitó reducir la edad en vez de a los ocho meses a
los siete, por considerarse más viable. En este sentido, se organizó, en
el mes de marzo pasado, la visita de un funcionario comunitario a Galicia
para que viera el problema sobre el terreno. Esto se ha conseguido
también en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea, no
directamente, pero sí en la práctica a través de la prima Herodes, por el
sacrificio de animales jóvenes de unos 140 ó 150 kilos que estarían
comprendidos entre los seis o siete meses.
El incremento de la cuota ha sido una de las prioridades también del
Ministerio de Agricultura y ha sido motivo de numerosas entrevistas,
intervenciones y negociaciones entre representantes españoles y
comunitarios. Todo ello ha llevado a que la semana pasada se aprobara el
número de terneros primables hasta alcanzar el 603.674, lo que supone un
incremento de 52.000 terneros primables, es decir, un 10 por ciento.
Quiero resaltar asimismo que España sería el único Estado que
incrementase su límite anual en animales con derecho a esta prima. Todos
los demás bajarían, excepto cuatro países que serían Grecia, Austria,
Portugal y Reino Unido. Igualmente quiero resaltar que una primera
valoración nos da un resultado claramente positivo para los intereses
españoles por cuanto se incrementaría el número de terneros primables y
además se mantendría la opción para continuar incrementando dicho número
hasta alcanzar el número suficiente para nuestro país.
En resumen, se puede decir que no es necesario aceptar esta proposición
no de ley que plantea el Grupo Socialista. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Como SS. SS. habrán observado, tan atentos a todo
lo que se produce en esta Cámara, incluso también a las cuestiones
burocráticas y de calendario, esta proposición no de ley está presentada
el 26 de junio de 1996. Evidentemente, se han modificado durante este
tiempo algunas de las cuestiones, incluso de los fundamentos, que hemos
establecido como motivación para llegar a esta resolución. ¿Qué quiero
decir con esto? Que ya sabemos, es verdad, que se ha conseguido que las
primas sean unificadas, que estos tramos existentes...
El señor PRESIDENTE: Señor Madrid, tiene la palabra para hacer
precisiones. Ya sabe que no hay réplica.
El señor MADRID LOPEZ: Quiero decirle, para terminar, que queremos hacer
la siguiente propuesta a la vista de esa modificación de la proposición
no de ley, que diría lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que gestione ante la Unión Europea que a España se le
conceda el número suficiente de derechos para satisfacer las necesidades
del sector del vacuno.» Es decir, en aras a llegar a un acuerdo, haría
llegar esta propuesta, que ya se adecua mucho más a la situación actual,
y si el resto de los grupos considera que así se llega a una situación de
acuerdo, nosotros estaríamos dispuestos a ello. En aras a eso es por lo
que intervengo en estos momentos, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Madrid, le rogamos que haga llegar una copia a
la Mesa y también a los diferentes grupos parlamentarios y si acepta, se
votará la propuesta que nos presente a la Mesa.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
QUE LA UNION EUROPEA NEGOCIE UN AUMENTO DE LOS CUPOS DE CAPTURA DE
BACALAO PARA LA FLOTA ESPAÑOLA EN AGUAS DE LAS ISLAS SVALBARD. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000198.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto quinto del orden del día,
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que tome las
medidas necesarias para que la Unión Europea negocie un aumento de los
cupos de captura de bacalao para la flota española en aguas de las islas
Svalbard.
Para su defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Efectivamente, como usted acaba
de decir, con esta proposición no de ley queremos de alguna manera dar
respuesta a la situación en que se encuentra en este momento la flota
bacaladera.
Yo creo que todas SS. SS. ya conocen que las posiciones de las flotas
españolas en general van retrocediendo según pasa el tiempo, que,
efectivamente, no se respetan los derechos históricos en el seno de la
Unión Europea, y desde nuestro punto de vista, desde luego, la Unión
Europea tampoco defiende nuestros derechos en relación a terceros países.
Es perceptible que la pesca pesa poco en la política del Gobierno español
y en la Unión Europea, por supuesto. Por lo tanto, la flota bacaladera se
ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo de los años. Quedan poco más
de once parejas en estos momentos. Esos barcos son fundamentalmente
gallegos y vascos y las tripulaciones, por cierto, el 90 por ciento,
gallegas. Disminuyen, por tanto, los cupos de captura, el tiempo de
trabajo, y la situación de esta flota, tanto para armadores como para
trabajadores, está al límite.
Recientemente hubo un nuevo acuerdo sobre pesca en aguas de la NAFO que
se firmó en San Petersburgo, que no hizo más que ratificar la situación
--los cupos de captura de bacalao siguen disminuyendo--, y, por lo tanto,
nos encontramos, como siempre, ante un problema político y de un problema
de mercado. En concreto, la flota bacaladera pierde posiciones,
disminuyen sus capturas y otros países, por ejemplo Noruega, aumentan sus
exportaciones de bacalao, por cierto, a bajo precio, tanto al Estado
español como a Portugal. Para nosotros es fundamental que el Gobierno
tome decisiones en defensa de esta flota y con esta proposición no de ley
tratamos de que se negocie un aumento en la cuota de captura en aguas de
las islas Svalbard hasta cuando menos la cuota fija de 15.000 toneladas,
que era la asignada al Estado español antes de la adhesión al Mercado
Común Europeo, hoy Unión Europea, porque desde nuestro punto de vista es
necesario para asegurar su actividad e impedir su desaparición y porque
esta flota, además, tiene derechos históricos.
Sus señorías saben que en este momento la Unión Europea participa en la
pesquería de las islas Svalbard con un 3,4 por ciento del TAC de bacalao
ártico que se fija anualmente y que desde el año 1988, en que la cuota
española fue de 10.900 toneladas --y luego, en los años siguientes, fue
disminuyendo y en los años 1994, 1995 y 1996 ha aumentado hasta 11.500
toneladas--, siempre estuvo por debajo de esa cuota histórica.
Hay que decir también que la presencia de la flota española en aguas de
las islas Svalbard siempre fue mayor que la de otras flotas comunitarias,
que hay derechos de pesca reconocidos en el Tratado de París del año 1920
al que se adhirió el Estado español en 1925, por el que se permitía el
acceso de todos los Estados firmantes en igualdad de condiciones a la
pesca en esas aguas, derechos de los que desde nuestro punto de vista la
Unión Europea hizo dejación en perjuicio de esos Estados miembros. Para
nosotros es hora de que la Unión Europea rectifique esa postura y para
eso creemos que el Gobierno debe de presionar para conseguir un cupo de
captura, como decía antes, en las aguas de las islas Svalbard, cuando
menos, de 15.000 toneladas para ir asegurando algo el futuro de esta
flota que se encuentra, como todos ustedes saben, en niveles
absolutamente mínimos. En ese sentido va la proposición no de
ley del Bloque Nacionalista Galego que propone que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que la
Unión Europea negocie el aumento de los cupos de bacalao para la flota
española en aguas de las islas Svalbard, de manera que se asegure la
actividad de esta flota en sus niveles históricos.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas. Para su defensa damos la palabra en primer lugar al portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, señor Blanco, que ha presentado una
enmienda de sustitución.
El señor BLANCO LOPEZ: Señorías, en efecto compartimos la preocupación
expresada por el señor Vázquez en relación con la flota bacaladera. Tanto
es así que con motivo de la reunión de NAFO en San Petersburgo, hemos
solicitado la comparecencia del Gobierno para que explicara las
condiciones y las circunstancias en que se había desarrollado tal
reunión. Por cierto, todavía estamos esperando que el Gobierno comparezca
para explicar de forma pormenorizada cuáles son los objetivos que desde
el ministerio se tiene con relación a la pesca como fue anunciado por la
ministra en su comparecencia. Por lo tanto, también compartimos la
reflexión del señor Vázquez de que parece que la pesca no es del interés
de esta Comisión y, por lo tanto, del Gobierno; si no, no se entendería
un retraso tan excesivo a la hora de comparecer ante esta Comisión.
No voy a hacer una explicación histórica sobre la participación de España
en la pesquería de las islas Svalbard, que se deriva de la adhesión de
nuestro país el 2 de noviembre de 1920 al Tratado de París. A lo largo de
estos años, a partir del año 1920, hubo muchos altibajos en este tema
muchas veces como consecuencia de tratados internacionales, como el que
se produce en el año 1977, por el que se amplían las aguas
jurisdiccionales hasta las 200 millas, al amparo del derecho
internacional. En aquel momento se vinieron manteniendo diferentes
posiciones, y tras una negociación de Noruega con los demás países
resultó que países como España y la Unión Soviética siguieron pescando en
las islas Svalbard y países como Alemania, Francia y Reino Unido pasaron
a pescar dentro del mar de Noruega. Algunos se preguntarán qué tiene que
ver esto con la situación de nuestro país. Sí tiene que ver porque en el
año 1986, cuando España ingresa en la antigua Comunidad Económica
Europea, hoy Unión Europea, y como consecuencia de la política pesquera
común, se produce una negociación con Noruega, de tal forma que se
establece un TAC para la pesquería del bacalao y como consecuencia de
este TAC los países que antes mencioné --Alemania, Francia y Reino
Unido-- no solamente participan de la pesca dentro del mar de Noruega
sino también de la pesca en el caladero de las Svalbard. Esto tiene como
consecuencia la disminución de posibilidades para nuestro país. Yo
comparto, por lo tanto, la preocupación de la flota bacaladera en el
sentido de que sus posibilidades de pesca van disminuyendo
paulatinamente.
Entiendo, y por eso el Grupo Socialista presenta una enmienda, que no
solamente se puede corregir esta situación en relación con las
posibilidades de pesca por parte de nuestro país en las islas Svalbard,
sino que también se tienen que ampliar dichas posibilidades a otros
países para que se pueda equilibrar la situación en cuanto a necesidades
y en cuanto a la actividad económica tradicional que ha venido realizando
tanto la flota vasca como la gallega. Por eso hemos presentado una
enmienda que trata de ampliar el sentido de la proposición no de ley al
efecto de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que, en
defensa de la actividad de la flota pesquera española, gestione ante la
Unión Europea la mejora y la ampliación de las cuotas de bacalao, sin
restringirlo exclusivamente a las islas Svalbard.
Nuestro grupo solicita al señor Vázquez que tenga en consideración esta
enmienda, porque si bien es cierto que existe un problema específico en
relación a las islas Svalbard y que nuestra flota no está en los niveles
que se sitúan históricamente en el entorno de 15.000 toneladas,
entendemos que se podría ampliar el contenido de esta proposición no de
ley y hacerlo extensivo a otras pesquerías.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una segunda enmienda titulada de
modificación, aunque es una sustitución de la totalidad del texto. Por
tanto, se entendería que es una enmienda de sustitución.
Para su defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular señor
Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: En principio, haciendo un poco de historia
de la flota bacaladera, es cierto que ha tenido unas reducciones
considerables. En la década de los setenta se podían encontrar hasta 128
parejas bacaladeras, a partir de la década de los ochenta había 80
parejas bacaladeras y hoy hay solamente 11 y, además, de forma oficiosa,
porque muchas de ellas tienen que acumular cupos de una pareja a otra
para que sea rentable una captura. Estamos ante una situación gravísima
de esta flota y la postura del portavoz del Grupo Socialista achacando en
este caso al Gobierno actual la desidia, según parece, referente a la
flota pesquera bacaladera y en general --porque se refiere al tema NAFO,
del que hablaremos luego--, cuando menos, me hace sonreír irónicamente.
Tenemos que recordar al portavoz del Grupo Socialista que la reducción de
la flota pesquera bacaladera ha sido importantísima y, curiosamente,
durante el Gobierno socialista --intento aquí quitar hierro a la
cuestión--, y no por culpa de él, sino durante el Gobierno socialista.
Tenemos que recordar que a comienzos de la década de los ochenta se
comentaba que en los bancos de Terranova, en Canadá, se podía caminar
sobre las aguas porque había tal cantidad de bacalao que así lo permitía.
Ya sabemos que el bacalao ha desaparecido de esas aguas y todavía no
sabemos por qué. Los informes científicos que aporta Canadá a la NAFO son
estupendos para reducir cuotas, pero desconocemos esos informes para
justificar que las cantidades de bacalao existentes en sus caladeros
hayan desaparecido de forma tan rápida. Es cierto que ha sido una
situación anómala, que se espera recuperar, y de ahí que en NAFO --quiero
volver a recordar al portavoz del Grupo
Socialista-- se hayan reducido las capturas en un 40 por ciento, pero
tienen significación para la flota bacaladera española, puesto que en los
pasados años no se ha ido a pescar la cuota que nos correspondía debido a
que no era rentable.
Haciendo un breve recordatorio histórico, referente a Svalbard en
concreto, tenemos que decir que el acuerdo bilateral de Noruega con los
Diez en aquel momento de la Unión Europea se transformó en un reglamento
de junio de 1980, que entró en vigor en junio de 1981, con una vigencia
de diez años, y para denunciar el cual había que hacerlo con una
antelación de nueve meses. Esa denuncia no se llevó a efecto y, por
tanto, la validez de este acuerdo es hasta el 16 de junio de 1997. En él
se regulaba la actividad de la flota pesquera comunitaria en aguas de
Svalbard y de Noruega, así como la de Noruega en aguas comunitarias.
Con la adhesión de España y Portugal al Mercado Común, la Unión Europea
ahora, se acuerdan unas nuevas cuotas de pesca para estos países con
vigor a partir de primero de marzo de 1986. En este acuerdo se pretendía
que se incluyese la autolimitación de la actividad comunitaria en aguas
de Svalbard. España rechaza esta postura y durante 1986 la propia
Comunidad Europea propone diversas alternativas, buscando un TAC que
lograra la conformidad de todos los países pesqueros que estaban
involucrados en él. El reparto se logra el 18 de agosto de 1987 y tenía
en cuenta todos los derechos históricos del Tratado de París de 1920. Se
llega a un TAC total del Artico que se fija en el 3,3 para la flota
comunitaria. A España le corresponde más del 52 por ciento de este TAC,
aproximadamente el 1,7. Con el ingreso de Alemania Oriental en la Unión
Europa se modifica el TAC, pasando a un 3,46, del cual a España le
corresponde aproximadamente el 50 por ciento.
Está claro que no fue la mejor solución y de ahí que España, gobernada en
aquel momento por el Gobierno Socialista, protestara enérgicamente y se
consiguió un suplemento de sus cuotas, denominadas las cuotas de
cohesión. En eso estamos en este momento. Por tanto, hay un TAC fijado.
Ese TAC es invariable, o, dicho de otra manera, si se variase ese TAC,
variarían también los porcentajes que le correspondería a cada uno de los
países, ya que volvemos a repetir que el reparto ha sido consensuado por
todos ellos. De ahí que no se puede pretender que España de forma
unilateral se adjudique más cuota para su flota, porque iría en
detrimento de los demás. Repetimos que la única solución para que España
pudiese tener más participación en las capturas de bacalao en Svalbard
sería incrementar este TAC, lo que repercutiría favorablemente en todos
los demás.
Por eso decimos que nosotros no podemos aceptar la proposición no de ley
del Bloque Nacionalista Galego tal como está presentada, ya que no se
puede instar a la Unión Europea a que se incrementen las cuotas de España
de forma unilateral. Vuelvo a reiterar una vez más, y es una de mis
grandes pretensiones, la necesidad de que España tenga informes
científicos que puedan ser contrastados con informes de otros organismos
internacionales que nos ponen siempre enfrente. Si nosotros logramos
incrementar ese TAC, Dios quiera que la flota pesquera bacaladera pueda
alcanzar esas 15.000 toneladas que habla el señor Vázquez, que son tan
necesarias para que pueda subsistir, porque la flota bacaladera tiene
gravísimos problemas no solamente para los armadores, sino para sus
tripulaciones.
Podíamos seguir hablando de NAFO, pero lo que nosotros pretendemos es que
el Gobierno español, los técnicos españoles, allá donde estén, en los
organismos internacionales, presionen a la Unión Europea para que se
intente mejorar las cuotas que le corresponden a nuestra flota pesquera
bacaladera no solamente en Svalbard, sino en todos los tratados que pueda
llevar a cabo con terceros países y con los que hay actualmente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra la señora
Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señorías, intervendré muy brevemente sólo para
expresar nuestra posición sobre la solicitud al Gobierno para que tome
las medidas necesarias para que la Unión Europea negocie un aumento de
los cupos de capturas de bacalao para la flota española en aguas de las
islas de Svalbard, de forma que asegure sus actividades en sus niveles
históricos. El Bloque Nacionalista Galego, que presenta esta proposición
no de ley, aduce que los recursos de bacalao en aguas de las islas
Svalbard son lo suficientemente importantes como para negociar el
aumento.
Por otro lado, la Unión Europea a reducido las cuotas últimamente, como
consecuencia de los recientes acuerdos tomados en el seno de la NAFO, lo
que evidentemente va en perjuicio de los intereses del Estado español y
de las flotas gallega y vasca, con la consiguiente repercusión social y
económica. Sin embargo, parece que los acuerdos con la Unión Europea
obligan a negociar estos temas conjuntamente con los Estados miembros y
también hay que contar con las organizaciones internacionales de gestión
de pesquerías.
Por todo ello, aunque consideramos justas las reivindicaciones del Bloque
Nacionalista Galego, entendemos que estas peticiones deben hacerse no
sólo ante la Unión Europea sino en el seno de las organizaciones
internacionales competentes. Esperamos que con las enmiendas presentadas
pueda llegarse a un acuerdo y votaremos en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra su portavoz, señor
Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, intervendré también brevemente
para mostrar nuestro apoyo a la propuesta del Bloque Nacionalista Galego.
Aprovecho para recordar que ya hemos realizado otras intervenciones,
tanto en Comisión como en Pleno, y también nos sumaríamos a la propuesta
del Grupo Socialista por la tardanza, que ya es algo más que eso, de la
Ministra de Agricultura en comparecer ante esta Comisión para explicarnos
si este
Gobierno tiene o no tiene política pesquera. Realmente, la tardanza puede
indicar que todavía la señora ministra debe estar estudiando y
aprendiendo qué es lo que hay que hacer con la pesca, porque no tiene
otra explicación.
Nuestro grupo apoya la proposición no de ley, como decía, recordando que
no es un caso aislado, que la pesca en nuestro país viene sufriendo las
consecuencias de los problemas de la Unión Europea con terceros países.
Estamos ante un tema concreto, pero lo podíamos trasladar a otros ámbitos
en los que también la pesca viene sufriendo esas consecuencias de una
política de la Unión Europea que utiliza la pesca como elemento de canje
para acordar otros temas. Nuestro país no puede seguir devaluando su
flota continuamente. No podemos trasladar la gente de la mar que
continuamente este Gobierno y los anteriores van dando marcha atrás y
siempre vamos de derrota en derrota. Por tanto, nosotros pensamos que
esto no puede ser sólo cuestión de la administración pesquera.
El portavoz del PP quizá ha puesto el dedo en la llaga, que no es otra
cosa que ver cuál es nuestro papel, qué peso tenemos en la Unión Europea
desde el momento en que se hizo la integración hasta el momento actual.
Ahí radica el problema. Estamos convencidos de que nuestro Gobierno no va
a la Unión Europea a defender el sector pesquero; va a otro tipo de
intereses que hasta estos momentos no conocemos, porque, terminando como
empecé, para poder ver qué papel juega España en materia de pesca en la
Unión Europea, tenemos que saber cuál es la política de este Gobierno,
tanto hacia el interior como hacia el exterior, tema que, por desgracia,
por la voluntad de la ministra de no comparecer en esta Comisión, todavía
no conocemos. Por tanto, esperemos que con la aprobación de esta
proposición no de ley por lo menos se pueda hacer reflexionar al Gobierno
sobre que la pesca también existe.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo proponente, para ver si aceptan estas
enmiendas, tiene la palabra su portavoz, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Presidente, quisiera
explicar a SS. SS. que nosotros planteamos esta proposición no de ley
como una demanda concreta: que se aumenten las cuotas de capturas en
aguas de las islas Svalbard hasta los niveles que había anteriormente,
por lo menos hasta las 15.000 toneladas. Es una demanda que además
plantea, en concreto, no solamente el bloque Nacionalista Galego sino el
sector interesado, es decir, el sector bacaladero. Si nosotros
quisiéramos plantear una proposición sobre los caladeros en general, ya
lo hubiéramos hecho. Nosotros también reconocemos que los demás grupos
políticos pueden hacerla en ese sentido. Si en su día la llegan a
plantear, obviamente nosotros la apoyaríamos, pero estamos hablando de
esta cuestión en concreto. Por cierto, he de recordar a SS. SS. que para
la pesca del bacalao hay un excesivo número de caladeros a los que
recurrir.
Por lo tanto, las enmiendas que están proponiendo los dos grupos suponen
la sustitución de nuestra proposición y diluyen la reivindicación que en
concreto queremos plantear y que nos parece necesario que el Gobierno
aborde. Por eso, no vamos a aceptar esas enmiendas, aunque, si esos
grupos parlamentarios en su día proponen iniciativas en el sentido de sus
enmiendas, naturalmente apoyaríamos, cómo no, que se negociase éste y
otros caladeros para la flota bacaladera, pero ahora estamos hablando del
caladero de las islas Svalbard.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna matización por parte del portavoz del Grupo
Popular?
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Intervendré brevemente, porque no deseo
abrir el debate.
No pretendemos sustituir su enmienda sino ampliarla. Es decir, deseamos
que la flota bacaladera pueda pescar en Svalbard como en otra parte
cualquiera del mundo donde haya bacalao. Ojalá pudiéramos pescar en
Rusia.
El señor PRESIDENTE: Como han sido rechazadas las enmiendas, en su
momento se votará la proposición no de ley del Grupo Mixto.
--RELATIVA A LA PROTECCION DE LA FLOTA PESQUERA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000159.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día, debate de
la proposición no de ley relativa a la protección de la flota pesquera.
Para su defensa tiene la palabra, en nombre del grupo proponente,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, su portavoz, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, voy a defender esta
proposición no de ley que presentamos en el mes de agosto. La presentamos
ante la sorpresa que nos produjeron las continuas violaciones que por
parte de la flota pesquera italiana se dan en materia de redes de deriva.
La presentamos asimismo por nuestra idea de lo que debe ser la protección
de nuestros recursos marítimos, sorprendidos por el poco interés que
parece tener el Gobierno en estas actuaciones. A ello hay que añadir el
cúmulo de situaciones en las que vemos que nuestros intereses pesqueros y
nuestros recursos son perjudicados por otros países sin que el gobierno
español haga nada o muy poco por evitar la indefensión de nuestros
pescadores. Esta situación de desamparo provoca que los pescadores en
nuestro país tengan que enfrentarse a estos infractores casi con el único
auxilio de los grupos ecologistas, mientras que los medios materiales,
tanto de la Armada española como del Ministerio de Agricultura y Pesca,
permanecen ociosos, sin justificar, por supuesto, lo que les cuestan a
todos los españoles. Podemos hacer alusión a temas como la crisis del
fletán, las periódicas tensiones que hay en el golfo de Vizcaya o lo que
aquí nos trae, que son las redes italianas de deriva en aguas de
Mallorca. Estos son ejemplos de esta desidia,
como decía, y de la debilidad y desamparo, que son aún más graves por
cuanto el Gobierno español parece ser que no es capaz de asegurar el
cumplimiento de una legislación que en este caso nos es favorable, y
vemos que nuestros pesqueros rápidamente sufren las consecuencias. Por
todo esto, presentamos una proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que los buques y
aeronaves de la Armada y del Ministerio de Agricultura y Pesca den
protección de modo efectivo y permanente a nuestra flota pesquera y
garanticen el cumplimiento de las normas españolas e internacionales en
aguas españolas. En segundo lugar, también proponemos que se dirija
inmediatamente a la Unión Europea para que, por los medios oportunos, se
haga cumplir al Gobierno italiano con la obligación de controlar y
sancionar las irregularidades cometidas por su flota pesquera y que
verifique el cumplimiento que de la normativa internacional hacen los
pescadores italianos.
Creemos, y no voy a repetir argumentos del punto anterior, que el
Gobierno español debe ser más activo en la defensa de nuestros intereses
ante la Unión Europea ante terceros países o, en este caso, ante los
miembros de la Unión Europea. Esta proposición no de ley, si el Gobierno
asumiese lo que en ella se pide, podría servir de instrumento para que
cuando nuestra ministra acuda a Europa lo haga respaldada por toda la
Cámara y no solamente por su grupo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición.
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: Nuestro grupo también es sensible a la
preocupación que ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre los temas relativos a la
pesca y, de forma especial en este momento, sobre las barbaridades que se
están produciendo en el mar Mediterráneo. Esto ya lo denunciamos cuando
tratamos la proposición no de ley sobre el tema del atún rojo en el
Mediterráneo, que también está dentro de esta problemática, y lo iremos
repitiendo tantas veces como sea necesario.
El problema que tenemos es que el Estado español es un Estado de Derecho
y, por tanto, hay unas normativas a las que nos tenemos que acoger. La
Administración española sólo puede actuar dentro de lo que son sus aguas
territoriales. Por tanto, en el caso del Mediterráneo, sólo se puede
actuar en 12 millas; fuera de las aguas territoriales sólo puede actuar
sobre barcos de pabellón español. La Unión Europea tiene competencia
sobre aquellos temas que ha legislado en todo el Mediterráneo y
difícilmente puede intervenir sobre barcos con pabellones de terceros
países que estén faenando en el Mediterráneo. Esta es la situación
actual. De esto se desprenden, a mi entender, dos problemáticas que van
paralelas: por un lado, incumplimiento de la normativa comunitaria
vigente por parte de algunos buques comunitarios, y centrando más el tema
diré que son básicamente arrastreros italianos los que utilizan mallas a
la deriva con longitudes más allá de lo permitido y los que están
cometiendo en este momento verdaderas barbaridades básicamente en la zona
de las islas Baleares. Por tanto, pienso que debe de haber una actuación
puntual importante en esta zona.
Me consta ha habido diferentes reuniones no sólo por parte de la actual
ministra, sino también del anterior ministro con la señora Bonino para
ver si realmente se solucionaba ese tema. Incluso el Gobierno italiano
tiene en marcha todo un proyecto para el desmantelamiento de la flota
arrastrera que se dedica a este tipo de acciones, pero se ve que los
resultados no deben ser los adecuados y continúan llevando a cabo ese
tipo de barbaridades. El año pasado se logró que hubiese un barco que
controlase ese tipo de pesca en el Mediterráneo, por lo que sería bueno
que, en la próxima temporada, se continuase por parte de la Unión Europea
y, si hace falta, con el soporte de buques españoles un mejor control del
Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar cerrado, un mar en el que, como
se sabe, es difícil mantener el equilibrio de sus recursos. Por tanto, si
queremos que en el futuro continúe el equilibrio biológico de las
especies, habrá que darle un tratamiento muy especial al tema. También lo
que preocupa muchísimo es la falta absoluta de control hacia los barcos
con pabellón de terceros países, ya que ésos, a mi entender, están
cometiendo también verdaderas barbaridades.
La Unión Europea y los organismos internacionales que tienen como misión
la conservación de las especies marinas creo que tendrían que
involucrarse más para promover recomendaciones mucho más estrictas al
respecto para poder asegurar el mantenimiento del equilibro de las
especies que en este momento existen en el Mediterráneo. Eso no se está
haciendo y, por tanto, hay una desprotección importantísima, no tanto, a
mi entender, por parte de la Unión Europea, si exceptuamos la acción de
los arrastreros italianos, sino básicamente por causa de barcos de
terceros países, sobre todo asiáticos, que llegan aquí con sus buques
frigoríficos y cometen verdaderas barbaridades.
Pienso que habría que ir más allá y ver si se puede encontrar un status
quo para el Mediterráneo donde se regule el uso de las artes, el uso de
las vedas, los tamaños, las cuotas, en un plan global de participación de
todos los países y que fuese de obligado cumplimiento para todos los
buques. Ya sé que éste es un tema muy complicado, pero, a mi entender,
ésa va a ser la única solución, porque la Unión Europea sólo tiene
competencias en barcos comunitarios, nosotros sólo tenemos competencias
sobre nuestros barcos y dentro de las 12 millas, la ampliación de estas
12 millas comportaría unos problemas importantísimos en el Mediterráneo.
Por tanto, habrá que buscar una solución si queremos salvar el
Mediterráneo.
Nosotros participamos de esta idea. Pero en lo que no estaríamos de
acuerdo es en que el Estado español conculcase el derecho con una
actuación de la fuerza. Lo que no se puede es ver qué país es el que pone
más barcos al lado de sus pescadores, porque entonces la Marina se
dedicaría a hacer cosas que no le corresponden. Creo que el derecho tiene
que ir por encima de la fuerza, porque si ésos fueran los principios,
quienes podrían pescar serían aquellos países
que fuesen capaces de poner la Marina más cerca de los pescadores.
Siempre ha habido problemas en las aguas internacionales y yo pienso que
lo que hay que hacer es que los organismos competentes al respecto
legislen, que estas legislaciones sean de cumplimiento y, en todo caso,
que las normativas que castiguen el incumplimiento sean cada vez más
importantes. Yo creo que éste es el camino a seguir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: En efecto, señorías, compartimos la inquietud
expresada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y, por ello, podría resultar obvio reiterar la necesidad de que
el Gobierno de España cumpla con la normativa vigente y que presione a la
Unión Europea, al efecto de que ésta establezca los mecanismos oportunos
y haga también cumplir la normativa en cuanto a las labores de inspección
y control. Resulta, desde nuestro punto de vista, una obviedad tener que
reiterar lo que es ya de por sí una obligación del Gobierno de España en
la legítima defensa de sus intereses y en la legítima defensa y
protección de un sector como al que nos estamos refiriendo.
Tuvimos oportunidad de discutir sobre estos temas en dos iniciativas que
hubo recientemente en esta Cámara; una, cuando acordábamos, como ha
expresado el portavoz de Convergència i Unió, el tema de la pesca del
atún rojo en aguas del Mediterráneo, y otra cuando debatimos una
iniciativa en relación a las labores de inspección, presentada por el
Grupo Mixto. En aquella ocasión todos coincidíamos en la necesidad de que
la normativa que existe se aplicara y no se fuera permisivo, porque se
estaban vulnerando derechos que, a nuestro juicio, es necesario que se
respeten.
Es verdad, señorías, y lo expresaba también el portavoz de Convergència i
Unió, que tenemos limitaciones en cuanto a la posibilidad de actuación
desde el punto de vista del Estado, dado que, fuera de las 12 millas en
el Mediterráneo, obviamente no tenemos competencias para que el Gobierno
de España pueda realizar actuaciones, pero no es menos cierto que
formamos parte de un contexto europeo, que es la Unión Europea, donde
tenemos que avanzar en la necesidad de que ciertas actuaciones y ciertas
artes se dejen de aplicar. Todos sabemos cómo en reiteradas ocasiones, y
se ha puesto de manifiesto en esta Comisión, se han utilizado redes de
enmalle a la deriva, y esto es un problema. Precisamente los italianos
son uno de los países que más aplican este tipo de artes y es necesario
avanzar, aunque ya se han dado pasos importantes, en la exigencia de la
erradicación de este tipo de artes.
Lamento que no esté aquí el portavoz del Grupo Popular, porque, con
ocasión de la intervención anterior, se refirió a alguna afirmación mía.
Yo creo que es hora de afrontar los retos que tenemos como país; no es
hora de ir recordando algunas posiciones, porque, con relación a este
tema, he releído ahora una intervención parlamentaria del portavoz del
Grupo Popular en la que manifestaba que el 1.º de enero de 1996 deberían
de estar suprimidas las redes de enmalle a la deriva. Ahora tiene la
ocasión, como Gobierno, de profundizar en la eliminación o de influir en
la Unión Europea para que esto suceda. Echamos en falta, en el proyecto
de modificación del reglamento de medidas técnicas, que este tema no se
aborde con la profundidad con la que se debería de abordar, pero, en
cualquier caso, como Grupo Parlamentario Socialista, queremos reiterar
nuestra disposición a seguir cooperando en la legítima defensa de los
intereses del sector en avanzar en la eliminación de este tipo de
actuaciones que ponen en peligro los intereses de nuestro país.
En este sentido, a pesar de reiterar que es obligación del Gobierno
cumplir con lo previsto en la normativa vigente, como según dice la
expresión, lo que abunda no daña, nosotros hoy votaremos afirmativamente
a la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz,
el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Señor Presidente, intervengo para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya relativa a la protección del sector pesquero.
Créanme, yo no salgo de mi asombro, me quedo totalmente perplejo, y que
conste que le he escuchado atentamente, señor Centella Gómez, y no
alcanzo a ver que las afirmaciones que S. S. refleja en el texto de esta
proposición coincidan para nada con la realidad; al menos, yo lo puedo
contrastar así. Hay gran cantidad de afirmaciones que, cuando menos,
según mi modesta opinión, resultan incorrectas, puesto que se acusa de
forma generalizada a las autoridades españolas de falta de actuación a la
hora de defender y proteger a nuestros pescadores y los recursos
marítimos. Desamparo, ociosidad, desidia, debilidad, incapacidad,
indefensión son objetivos con los que S. S. califica las actuaciones de
vigilancia e inspección marítima. Puedo asegurarle que en nuestra opinión
es una falta absoluta de rigor referirse en esos términos a estas
actuaciones y constituye de por sí motivo más que suficiente para creer
que no ha lugar a que se formule esta proposición no de ley.
Por otra parte, parece que se quiere dar la impresión, en otro apartado
del texto, de que el personal destinado a estas funciones está tomando el
sol o está de vacaciones o cosa similar, cuando la realidad es muy otra,
a saber: los servicios de inspección nacional mantienen un programa de
vigilancia en el caladero mediterráneo; la Secretaría General de Pesca
Marítima, por otra parte, conjuntamente con el Estado Mayor de la Armada,
lleva a cabo operaciones aéreas y marítimas dentro del límite de las 12
millas de nuestras aguas, así como en las aguas internacionales
adyacentes, lo cual es obvio y evidente; inspectores de pesca marítima
vigilan a bordo de patrulleros de la Armada, helicópteros de apoyo y
vigilancia pesquera; el Northern Desire, barco fletado por la Unión
Europea, por otra parte, realizó labores de vigilancia con inspectores no
sólo españoles sino también italianos y pertenecientes a otros países
de la Comunidad Europea, inspecciones que se han llevado a cabo en aguas
internacionales precisamente.
En conclusión, por no seguir enumerando actuaciones tanto por parte de
los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación como de Defensa,
tengo que señalar que a lo largo de este año se ha actuado en 96
ocasiones en buques extranjeros, a saber: 51 franceses, 26 palangreros de
diferentes nacionalidades y 19 volanteros italianos, de los últimos de
los cuales se han levando siete actas de inspección por presunta
infracción que posteriormente se remitieron a las autoridades, que como
me consta que el señor Centella sabe son las que tienen la capacidad
sancionadora en estos casos. Además, el desarrollo de estas tareas se ve
favorecido o mejorado por la actuación de la propia Armada, que incluye
la vigilancia pesquera en prácticamente todas sus actuaciones de
vigilancia marítima, lo cual es evidente y no es nuevo, por otra parte,
puesto que ya se venía haciendo asiduamente con anteriores gobiernos y,
de la forma explicada, continúa haciéndose. Hay que señalar que cada uno
de estos buques tienen un promedio de permanencia en el mar de unos 20
días al mes, aproximadamente. En consecuencia, esa ociosidad de los
medios materiales a los que el señor Centella se refiere no veo que se
produzca en la realidad, a menos que alguien crea, si el señor Presidente
me permite un medio chiste, que el personal sale a nado a hacer las
inspecciones; medio chiste, sin que a nadie le parezca mal y para
distender un poco el debate.
No es una defensa partidista, como antes señalaba, no estoy defendiendo
únicamente al Gobierno actual; estoy defendiendo además otras actuaciones
que vienen manteniéndose en la misma línea. Por tanto, no considero que
tenga mucha razón el señor Blanco cuando se refiere a una actuación
parcial de este Gobierno. ¿Que a partir del 1.º de enero tienen que estar
suprimidas las redes de enmalle a la deriva? Evidentemente, y ése es
nuestro objetivo. El ministerio está trabajando en este sentido. No es
fácil, por otra parte, usted lo sabe. Las negociaciones son multibanda,
no en una sola línea, y se está trabajando muy duramente. De todas
maneras, yo también podría señalarle que, antes del 1.º de enero de 1996,
otros gobiernos han tenido la capacidad de poder haberlo negociado en
otras circunstancias y no lo han hecho. A mí me gustaría no tener que
haber dicho esto, porque no venía a cuento en este momento.
En su exposición, se refieren también a hechos como las tensiones habidas
en el golfo de Vizcaya o la crisis del fletán. Su señoría y yo sabemos
que Izquierda Unida, desafortunadamente para ellos, no ha sacado
representación en la Comunidad Autónoma gallega. Si hubiesen tenido
Diputados, hubiesen sabido que recientemente, en Vigo, se ha realizado un
homenaje precisamente a la Armada por sus actuaciones concretas y
específicas en estos dos lugares. Está claro que no ha lugar a semejantes
afirmaciones, cuando además quien ha realizado este homenaje ha sido la
Unión de Cooperativas del Mar de toda España, que está constituida
aproximadamente por unas 200 cooperativas, que tiene unos 15.000
asociados, que son pescadores y armadores de pesca, o sea, que no
pertenecen a otros sectores. Ellos son los que han tributado el homenaje,
merecido por otra parte. Yo no entiendo estas erróneas, cuando menos,
afirmaciones.
Con respecto a la normativa, para terminar, señor Presidente, tengo que
decir que el Gobierno y concretamente la señora ministra insisten en una
posición que reiteradamente se viene manteniendo ante la Comisión Europea
para que las flotas pertenecientes a la Unión que faenan en el
Mediterráneo cumplan con rigor toda la legislación comunitaria. En el mes
de agosto último, se formuló una enérgica protesta ante la comisaria de
Pesca, señora Bonino, para que cada país vigile adecuadamente la labor de
sus flotas pesqueras. Por otra parte, en el pasado mes de junio, la
delegación italiana anunció la elaboración de un plan de reconversión de
su flota que utilice este tipo de artes. El Gobierno español está
trabajando muy duramente, como me consta, para que se produzca esta
erradicación y que sea puesto en práctica lo antes posible el plan,
controlándose incluso la destrucción de estas redes que infringen la
normativa para que no puedan ser vendidas y posteriormente reutilizadas
en el mismo banco por terceros países.
Señor Presidente, concluyo diciendo que la firmeza con la que el
ministerio y este Gobierno están defendiendo los intereses pesqueros
españoles es más que evidente. Por tanto, nuestra posición en este caso
no puede ser otra que en contra de la proposición concreta que aquí hoy
se presenta.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, si me permite, sólo para decir
que esa parte final del portavoz sí puede ser un medio chiste.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por sus matizaciones, señor Centella.
--SOBRE RECORTE PRESUPUESTARIO Y SUSPENSION DE LA INSPECCION DE BUQUES DE
PESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000145.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto séptimo del orden del
día, proposición no de ley sobre recorte presupuestario y suspensión de
la inspección de buques de pesca.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor
Navarrete. (El señor Mantilla Rodríguez pide la palabra.)
Señor Navarrete, un momento, por favor, que el señor Mantilla va a
plantear una cuestión de orden.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Es una opinión basada en datos reales. Esta
proposición no de ley no corresponde a esta Comisión, es a la de Fomento
porque la propuesta que traen es única y exclusivamente competencia de la
Dirección General de la Marina Mercante. Por tanto, esta Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca no tiene nada que ver con ese tema.
El señor PRESIDENTE: Esta iniciativa se ha remitido a la Comisión de
Agricultura y no hemos tenido ningún tipo de objeciones por parte de
ninguno de los grupos, la
primera es la que plantea el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El
proponente quiere seguir defendiéndola.
El señor NAVARRETE MERINO: Naturalmente.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, se discutirá y se votará. No hay ninguna
objeción por esta Presidencia. No hay duda de que ésta es una Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Está relacionada con la pesca. La
Presidencia de la Cámara no ha hecho objeción en cuanto a la discusión en
esta Comisión. Por tanto, procedemos a su debate y, en su caso, a su
votación. Muchas gracias, de todas formas, por la apreciación que nos ha
hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Navarrete, tiene la palabra.
El señor NAVARRETE MERINO: Debiera añadir a la correctísima
interpretación que se ha hecho por el Presidente de la Comisión que según
el Reglamento por el que nos regimos, la calificación la hace la Mesa de
la Cámara y, en segundo lugar, es muy frecuente que haya proposiciones en
las que hay diferentes puntos de conexión con distintos departamentos
ministeriales. Es evidente que en esta proposición no de ley se está
planteando un tema de capacidad pesquera. Por consiguiente, tan legítimo
sería que la Mesa de la Cámara lo hubiera dirigido a la Comisión de
Fomento, a la comisión correspondiente, la que trata los temas de ese
departamento, como que haya venido a esta Comisión. Me temo que detrás de
la objeción formal sobre la competencia lo que hay es una desatención al
ruego que se contiene en la proposición no de ley que procedo a explicar
rápidamente, puesto que su contenido está desarrollado detalladamente en
el texto que se ha publicado en el Boletín de la Cámara.
Para que un barco pesquero del tipo al que se refiere esta proposición no
de ley --son los barcos al fresco que faenan muy cerca de la costa por
regla general y que son barcos de economía modesta-- pueda estar
realizando su actividad legítimamente es preciso que la licencia le
habilite para navegar dentro de la zona correspondiente, que la
tripulación tenga las titulaciones mínimas establecidas en las normas,
que los barcos de esta clase sean despachados mensualmente y que tengan
un certificado de navegabilidad que tiene una vigencia de un año y unos
meses y que es expedido por la autoridad de la Marina mercante.
Como se indica en la proposición no de ley, el 31 de mayo se comunica a
las asociaciones provinciales de armadores y a la federación provincial
de cofradías de pescadores de Huelva, que son los que se ponen en
contacto con la oficina parlamentaria del Partido Socialista, que con
motivo de dificultades económicas queda suspendido el despacho de los
barcos de pesca en el puerto de Punta Umbría, y hay que interpretar que
otros puertos de la provincia de Huelva como son el Rompido, el Terrón,
Isla Cristina, Punta del Moral y Ayamonte están afectados, aunque no se
dijera, por la misma norma, lo que implica también que los barcos para
ser despachados tienen que gastar gran cantidad de fuel-oil y de tiempo
en desplazarse hasta el puerto de Huelva, navegando ilegalmente, porque
van sin despacho hasta dicho puerto. En segundo lugar, se comunica que
también con motivo de esas dificultades económicas, quedan suspendidas
las visitas de la inspección de buques a los puertos de base donde
anteriormente se realizaba. Esto plantea --repito que se trata de barcos
de economía muy modesta-- además de los gastos de desplazamiento que
realizarían los barcos, una estadía en un varadero de Huelva que cuesta
del orden de las 400.000 pesetas día, mientras que en sus puertos de
base, cuando tienen que sacarlos a seco para realizar la correspondiente
inspección, los costos son notablemente inferiores, entre 20.000 y 50.000
pesetas día.
Si esto sucede en el mes de mayo, que se ha agotado el dinero para estas
finalidades, es de suponer que hasta el final del año en que nos
encontramos se van a ir acumulando los barcos afectados por este recorte
presupuestario, con lo cual estamos ante una primera e importantísima
consecuencia política: la filosofía que rige los recortes que se están
realizando por el Gobierno del Partido Popular, donde se puede decir que
el remedio es peor que la enfermedad, porque como se evidencia en este
caso concreto, el recorte provoca la paralización de la flota pesquera de
Huelva, que es una de las más importantes que hay en nuestro país.
Ante esta situación y ante la protesta del sector afectado por el recorte
se proponen dos fórmulas que se detallan en la proposición no de ley, las
dos absolutamente ilegales, con lo que estamos también ante una segunda e
importante consecuencia política, por un lado, la repercusión en la
generación de riqueza económica que hay en nuestro país por la
arbitrariedad de determinados recortes y, por otro, que los recortes
generan actividades atípicas o por decirlo más claramente manifiestamente
ilegales, porque lo que se le propone a los armadores es que lleven los
barcos a un varadero y sin la intervención de la inspección de buques
realicen las obras de reforma o reparación, que en otro caso habrían
aconsejado los inspectores de buques, que ellos estimen precisas y que
sean certificadas por el varadero, a la vista de lo cual se le dará un
certificado sui generis, que tampoco tiene cobertura legal, por un tiempo
de duración inferior al previsto en las leyes. Repito, son obras
ejecutadas no por indicación de la inspección de buques, sino porque el
armador considera que es la obra que tiene que realizar, la certifica el
varadero y le da el visto bueno el organismo administrativo
correspondiente.
Segunda alternativa que se le sugiere: que mediante avisos el inspector
se desplace a los puertos como había venido ocurriendo, pero que en este
caso los gastos de desplazamiento de la inspección de buques corran por
cuenta de los armadores. En este caso nos encontramos ante una cosa mucho
más grave. No se trata solamente de algo ilegal; se trata de algo
inconstitucional, porque se ha hecho nacer un tributo no amparado por una
previsión legislativa y, además, ese tributo que se está cobrando, como
consecuencia de su atipicidad legal y de su inconstitucionalidad,
convierte al que lo reclama y al que lo paga en autores de un delito que
se conoce con el nombre de exacción ilegal.
Como a la fuerza ahorcan, los armadores no tienen más remedio que decir:
estamos de acuerdo, y fijan unas condiciones que son que el servicio sea
prestado por los inspectores
y capitales marítimos, que los armadores abonarán exclusivamente los
gastos de desplazamiento sin incluir dietas, que esos gastos les sean
reembolsados en un plazo de tres meses y que al cabo de esos tres meses
la situación vuelva a la normalidad. Es decir, la modesta economía de los
armadores de los barcos de pesca al fresco de Huelva los convierte en
entidades financieras que hacen anticipos al Estado de aquellos gastos
que los presupuestos deben cubrir y para lo que ellos, como todos los
españoles, pagan sus impuestos y tasas.
¿Por qué llegan a este acuerdo? Por varias razones elementales: sus
barcos pueden ser apresados por la Dirección General de Aduanas, por la
Dirección General de la Guardia Civil, por la Marina, por las fuerzas
policiales o militares de otros países como Marruecos y por los barcos de
vigilancia de la Unión Europea, que encontrarían que estos barcos, si no
llegan a ese acuerdo, no están despachados legalmente y no tienen los
certificados de navegación que les son exigibles. Las multas pueden
llegar hasta cinco millones de pesetas y además puede ser apresada la
tripulación. Otra alternativa que tienen es dejar los barcos amarrados en
puerto, no ganarse la vida y establecer la correspondiente suspensión de
relaciones laborales con las tripulaciones. Imagínense ustedes el lío que
han organizado con este recorte presupuestario: inconstitucionalidad,
delito, posibilidad de paralización de la flota, suspensión de las
relaciones laborales. La verdad es que era tan notorio cómo se tenía que
resolver el asunto, incluso el acuerdo al que se llega apuntaba una
duración de tres meses, que cuando vienen a vernos colaboramos con ellos
y presentamos la proposición que estamos viendo en estos momentos, en la
seguridad de que esto serviría como un acicate para que los departamentos
correspondientes adoptaran las previsiones y nos viéramos obligados --en
este caso con mucha satisfacción por nuestra parte-- a retirar la
proposición no de ley porque el problema se había resuelto. Mi sorpresa
esta mañana cuando llego aquí es al ver la argucia de declarar la
improcedencia de que la proposición no de ley sea vista por esta
Comisión. Lo cual quiere decir que ustedes no han rectificado nada,
ustedes no han corregido nada, ustedes no tienen respuesta para esta
situación que estamos planteando. Por consiguiente --termino ya sin
perjuicio de lo que me corresponda decir en el turno de réplica--, les
solicitamos que depuren las responsabilidades de quienes han generado
esta situación, de quienes han establecido una exacción ilegal, que
organicen la economía de los departamentos implicados de manera que esta
situación se resuelva pasado mañana, porque no hay derecho a que se hayan
planteado, y que, naturalmente, los anticipos que hayan realizado los
armadores se los devuelvan también pasado mañana.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: En principio, he tenido una pequeña sorpresa
porque creía, así me lo habían indicado, que hoy no se vería esa
proposición no de ley y que iría a la Comisión de Infraestructuras. En
todo caso, si la Mesa ha decidido debatirla, nuestro grupo,
evidentemente, no se va a oponer a ello y, por tanto, empezaría por lo
que hace referencia a esa proposición no de ley. De hecho, he quedado
sorprendido al leerla y la verdad es que me cuesta un poco entender si
realmente es así. Por tanto, tengo que expresar una cierta sorpresa al
respecto.
Lo primero que me gustaría dejar claro es que, a mi entender, no hay
recorte presupuestario. En todo caso, lo que hay es falta de
disponibilidad presupuestaria, porque el presupuesto del año 1996 es un
presupuesto prorrogado del año anterior, el que había en 1995 aumentado o
no aumentado, y siguiendo lo que sería la normativa presupuestaria. Por
tanto, estaríamos ante un presupuesto prorrogado, que en esa partida
tendría falta de disponibilidad, hecho que en un momento determinado
podría provocar falta de medios en la comandancia de Marina o en la
capitanía de Marina para realizar su cometido. Entonces, aquí se abre el
debate, a mi entender, de si las comandancias de Marina o las capitanías
de Marina tienen que continuar haciendo una de sus labores, que sería
ésa, y en ese caso habría que dotarlas para que pudiesen cumplir con su
cometido. Los trabajos que con el ordenamiento actual tienen encomendadas
las capitanías de Marina se tienen que realizar, a nuestro entender, con
prontitud y con la máxima atención, sobre todo con el sector pesquero, y
en ningún caso se pueden formular de forma arbitraria medidas que
intenten trasladar al sector pesquero los costes del traslado de los
funcionarios públicos. Entendemos que eso tampoco es de recibo y, por
tanto, habrá que adecuar las partidas presupuestarias para que no se den
estas situaciones. No estaríamos de acuerdo en que de forma unilateral se
pusiesen en marcha unas tasas, como ha explicado el portavoz del Grupo
Socialista, que evidentemente irían en contra de toda la normativa
vigente. En todo caso, baso mi intervención en las palabras del portavoz
del Grupo Socialista y dando por cierto lo que ha dicho. Por tanto,
entendemos que tiene que haber las previsiones presupuestarias necesarias
para que la comandancia de Marina pueda realizar con éxito sus
competencias, pero sobre todo no se pueden cargar los gastos sobre un
sector, como el pesquero, que pasa por situaciones difíciles y que, sobre
todo, no puede estar días y días o muchas horas parado esperando pasar
sus propias previsiones. De todas formas, si ustedes me permiten, yo iría
un poco más lejos al respecto.
En este momento hay comunidades autónomas que disponemos de competencias
plenas en pesca profesional y deportiva. Si el Estado no quiere que las
comandancias de Marina hagan esas funciones, hay comunidades autónomas
que ya las hemos pedido y, por tanto, entendemos que a aquellas
comunidades autónomas que se encuentran en condiciones y que tienen
competencias plenas en pesca profesional y en pesca deportiva, se les
podría traspasar también las competencias que en ese momento tienen las
capitanías de Marina por lo que se refiere a la inspección al despacho de
embarcaciones.
Esto es lo que puedo decir en función de la intervención del portavoz del
Grupo Socialista, y esperemos a ver qué explica el portavoz del Grupo
Popular para tener una idea
más clara sobre si realmente la situación es de la magnitud que se ha
expresado en este momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Quiero reiterar la postura de nuestro Grupo
en el sentido de que consideramos que la proposición no de ley es
competencia única y exclusivamente del Ministerio de Fomento y en
especial de la Dirección General de la Marina Mercante, que es quien
tiene estas competencias, como dice el mismo portavoz del Grupo
Socialista. Como tenemos que entrar en debate, me va a permitir, señor
Presidente, que haga una serie de elucubraciones.
Es cierto que hubo una drástica reducción de los dineros correspondientes
a desplazamientos, dietas e indemnizaciones por razón del servicio, de
estar destinados a servicios periféricos. Pero si analizamos un poco la
evolución de los distintos gastos adjudicados a cada uno de los
departamentos de la Dirección General de la Marina Mercante, señorías,
durante el primer trimestre de 1996 con respecto al primer trimestre de
1994 y 1995 podemos llegar a unas conclusiones tremendamente curiosas,
que son las siguientes.
En el departamento adscrito al propio director general con respecto al
primer trimestre de 1994, el primer trimestre de 1996 tuvo un incremento
del 121 por ciento y con respecto a 1995, del 43,93 por ciento; es decir,
que el propio departamento duplica sus gastos con respecto a 1994 y casi
llega al 50 por ciento con respecto a 1995. Posiblemente esto sea debido
a que no fuese suficiente ese decreto de blindaje de los altos cargos
socialistas que iban a cesar en sus puestos con el nuevo gobierno y
tuvieron que recurrir a absorber la práctica totalidad del dinero
destinado a la dirección general en el cargo de director general y
unidades de apoyo. Si seguimos así, la secretaría general tiene un
incremento del 90 por ciento con respecto a 1994 y de un 71 por ciento
con respecto a 1995. La Secretaría General de la Seguridad Marítima, un
64 por ciento y un 130 por ciento, precisamente donde estaban personas
muy vinculadas con el responsable de todos los hechos que está
pretendiendo denunciar el portavoz socialista. Porque hay que recordar
que esa persona ha sido designada por el Gobierno socialista y esa
persona ha sido ya cesada por el Gobierno Popular. (Rumores.) Eso está
claro. Y seguimos, por favor. Yo no les he interrumpido, señorías. Por
ejemplo, el presupuesto destinado a las capitanías marítimas ha tenido un
decremento del 49 por ciento con respecto a 1994 y de un 72 por ciento
con respecto a 1995. Dicho de otra manera, los importes destinados en el
primer trimestre de 1996 por el Director General de Marina Mercante,
designado por el Gobierno socialista, han representado un 71 por ciento
menos con respecto a 1995 para las capitanías marítimas. Y ése es el
señor que ha tomado la decisión de restringir las dietas a los
inspectores. Sin embargo, las inspecciones, gracias a la buena
disposición del personal encargado de realizarlas, se han llevado a cabo
con toda normalidad. Es más, la Dirección General de la Marina Mercante
dice que ha tenido muy claro desde un principio que no era posible bajo
ningún concepto repercutir los gastos de traslado de los inspectores a
los propios usuarios, por lo que está en condiciones de informar que
ninguna capitanía marítima, incluida la Capitanía Marítima de Huelva, ha
cobrado ni solicitado contribución económica alguna a los armadores de
los buques pesqueros para costear los gastos de desplazamiento o de
cualquier otro tipo realizados por los inspectores de buques. Por tanto,
tengo por escrito y firmado por responsables de la Dirección General de
Marina Mercante que no se ha pedido ninguna contribución a los armadores
para ayudar o coadyuvar a la inspección de sus buques pesqueros.
Por último, quiero decir, señor Presidente y señorías, que se está
tramitando una generación de créditos por importe de 32 millones de
pesetas para satisfacer las necesidades relativas a los gastos de
locomoción e indemnización por razón de servicio, que ya ha sido aceptada
por la Dirección General de Presupuestos.
Somos conscientes de que hubo negligencias, somos conscientes de que pudo
haber error de planteamiento, pero también con esa conciencia, el
Gobierno, apoyado por el Grupo Popular, está intentando corregir errores,
así lo ha puesto de manifiesto y así ha tomado las decisiones pertinentes
para que este caso no vuelva a ocurrir. Porque reiterando la postura del
portavoz de Convergència i Unió, tenemos que decir que estamos hablando
de un presupuesto de 1996 prorrogado desde 1994.
Por tanto, señorías, señor Presidente, termino diciendo que nuestro grupo
no solamente no va a apoyar la proposición no de ley, sino que tenemos
que decir que no corresponde a la realidad y que si hay errores, éstos
son debidos única y exclusivamente a una mala utilización de un cargo por
personas afines al gobierno socialista. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien! --El señor Companys Santfeliú pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer alguna matización? ¿Algún tema de
orden?
El señor COMPANYS SANTFELIU: Yo sé que no tengo derecho, pero, en todo
caso, me gustaría antes de votar dar una explicación de voto, porque aquí
ha habido dos intervenciones absolutamente opuestas. Por tanto, me
gustaría matizar el tema, si es posible.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: No lo voy a consumir. Quiero decir lo
siguiente: si ha habido irregularidades hay que denunciarlas, pero, en
todo caso, eso no se puede trasladar al sector. Por lo tanto, nosotros
estaríamos en contra.
El señor Mantilla ha expresado en ese momento que no se ha cobrado ni se
va a cobrar. Por lo tanto, nosotros damos un voto de confianza en esa
línea. Pero si eso no fuese así, nosotros, evidentemente, estaríamos en
la línea de la denuncia. En todo caso, estaríamos absolutamente en contra
de que, siendo una de las competencias propias del Estado, en ese momento
tuviese que terminar pagándolo los propios armadores o los propios
pescadores.
Por lo tanto, en este momento vamos a apoyar la propuesta del señor
Mantilla, pero siempre con la confianza de que realmente ese problema
esté subsanado. (El señor Navarrete Merino pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna matización, señor Navarrete?
El señor NAVARRETE MERINO: Quiero contestar a los argumentos que ha
expuesto el representante del Grupo Popular, me parece obvio.
El señor PRESIDENTE: No hay debate. Tiene que ser simplemente una
matización en cuanto a la proposición no de ley porque no hay debate;
simplemente una explicación de la posición, e incluso usted, que ha sido
portavoz de su grupo, una explicación de la proposición no de ley. Es lo
que viene a decir el Reglamento. Si quiere usted abundar en lo
manifestado, hágalo, pero entiendo que debates no, por favor, porque todo
lo que es la fijación de posiciones está totalmente manifestado por los
grupos parlamentarios. Unica y exclusivamente puede hacer algunas
precisiones o matizaciones sobre la proposición no de ley, pero no reabra
el debate, por favor, porque, en definitiva, no lo hay.
El señor NAVARRETE MERINO: Debo decir que no entiendo nada porque,
primero, se establece una hipótesis de blindaje de contratos como
explicación de lo sucedido. Yo creo que la explicación es bastante más
clara. Tengo aquí en mi poder un oficio del Director General de la Marina
Mercante que dice que en lo sucesivo, para los viajes de los inspectores
de buques, se acredite la necesidad del desplazamiento, la justificación
documental de la actividad específica, se concrete el barco que se ha
visitado, el astillero, el taller, la empresa, el nombre de las personas
con las que se mantuvo contacto durante la visita, fotocopia del
resguardo de la correspondiente tasa. Y todo esto hace pensar que la
Dirección General de la Marina Mercante considera que se pueden estar
planteando gastos de desplazamiento o de dietas que no tienen una exacta
cobertura legal.
Segundo, nos explica el representante del Grupo Popular que es...
El señor PRESIDENTE: Se trata simplemente de que explique su proposición
no de ley, pero, por favor, no reabra el debate.
El señor NAVARRETE MERINO: Nos ha dicho, primero, que este recorte no
existe. Tengo en mi poder el documento --lo refiero en la proposición no
de ley y, además, lo pongo a su disposición, a la de la Dirección General
de la Marina Mercante y a la de la Capitanía Marítima de Huelva--, el
oficio que se dirige a las cofradías y a las asociaciones de armadores
diciéndoles que en lo sucesivo no se deben realizar visitas de la
inspección de buques. Luego el recorte se ha producido, y se produce en
el año 1996.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que son opiniones contrarias. Intercámbiense
documentaciones y finalicemos, por favor, con esa matización.
El señor NAVARRETE MERINO: Concluyo ya. Ese recorte no se produce en 1995
sino en el año 1996 y, por consiguiente, el presupuesto era,
evidentemente, suficiente. Y, además, quien lo ordena es la Capitanía
Marítima del puerto de Huelva.
Por tanto, lo que encontramos en las explicaciones del grupo que apoya al
Gobierno es una manifestación de eso que ahora se llama contabilidad
creativa o ingeniería financiera y que no es más que el timo de la
estampita pasado por el tamiz. (El señor Mantilla Rodríguez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sabe usted que, en virtud del artículo 73 y por
alusiones, le tengo que dar la palabra al Grupo Popular pero por un
minuto, y, por favor, no reabramos el debate ni haga alusiones porque si
no, no vamos a terminar nunca.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Hemos dicho que es cierto que hubo un
recorte importante en dietas y desplazamientos debido a que los cargos
responsables de la Dirección General de la Marina Mercante durante el
primer trimestre de 1996 utilizaron esos dineros para otros menesteres y
no para destinarlos a dietas y desplazamientos. Estamos diciendo que se
intentó corregir esta situación, que se ha aprobado un suplemento de
crédito de 32 millones de pesetas y que las inspecciones se han venido
realizando con normalidad pese a ello. Por tanto, decimos que sí hubo
reducciones porque --repito-- ese dinero se ha utilizado para completar
ese famoso decreto de blindaje. Es lo que estábamos comentando antes.
Lamento mucho que no me haya entendido el portavoz socialista.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, por alusiones, artículo 73. Aquí
se ha hablado de temas que nada tienen que ver con la proposición no de
ley y ha habido una alusión clara al Grupo Socialista. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Y también al Grupo Popular.
La señora LEIVA DIEZ: Sólo quiero decir que cuando el Grupo Popular no
tiene argumentos tiene que echar la culpa al Gobierno anterior.
El señor PRESIDENTE: Le voy a cortar la palabra, señora Leiva, porque en
este momento no tiene sentido reabrir ningún tipo de debate. No hay
ningún debate y vamos a proceder a la votación, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, por alusiones. Un minuto nada
más.
El señor PRESIDENTE: No, cerramos el debate.
Simplemente quisiera decir al señor Mantila, por una cuestión de orden a
la que antes hice alusión, que leyese el artículo 194 en cuanto a la
admisibilidad de proposiciones
no de ley y la calificación por la Mesa. Es lo que ha hecho la Mesa. A
nosotros como Comisión se nos ha remitido por parte de la Mesa y, por
tanto, la hemos debatido.
La verdad es que no se ha producido ninguna reclamación a lo largo de
estos días, desde su publicación en el mes de julio y, por tanto, se ha
debatido. (El señor Pascual Monzó pide la palabra.)
¿Es para una cuestión de orden, señor Pascual? Entiendo que no procede en
estos momentos conceder la palabra a ningún portavoz.
Vamos a proceder a la votación del segundo punto del orden del día:
Proposición no de ley relativa a arbitrar ayudas al sector de la avellana
de la comarca valenciana de Alt Maestrat. Ha habido dos enmiendas, aunque
la presentada por su grupo no la tenemos aquí. Va a intervenir su grupo
para que hable de la enmienda por cesión de la palabra del señor
proponente. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Se me acaba de comunicar ahora mismo por el
portavoz del Grupo Popular una enmienda in voce, por llamarla de alguna
manera, respecto a la avellana. Por eso estamos pidiendo la palabra para
que el resto de grupos tengan conocimiento de ella. Lo que me gustaría
--yo he hablado con él-- es que el portavoz del Grupo Popular lo
comunicara al resto de miembros de la Cámara para que puedan expresar su
posición, y en particular la mía.
El señor PRESIDENTE: Usted es el grupo proponente. Si va a aceptar la del
Grupo Popular y lo considera oportuno, hacemos un receso de cinco minutos
y se reparte dicha enmienda para que pueda ser estudiada. (La señora
Leiva Díez pide la palabra.)
Por favor, no me corte. Como decía, hacemos un receso de cinco minutos,
estudian los portavoces la enmienda presentada y el grupo proponente
después nos dirá si la acepta. En definitiva, votaremos lo que nos diga
el grupo proponente.
La señora LEIVA DIEZ: Para una cuestión de orden, señor Presidente.
Antes ha habido dudas con una enmienda a esta proposición no de ley del
Grupo Mixto, señor Chiquillo, que debo decir que se ha presentado dentro
de plazo y que es la del Grupo Socialista. El portavoz del Grupo Popular
cuando ha fijado su posición respecto a esta proposición no de ley no ha
anunciado ninguna enmienda in voce. Por tanto, el Grupo Socialista
considera que no procede admitir esta enmienda, puesto que ni siquiera lo
ha anunciado en su exposición el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos.
Ruego a los portavoces de los grupos que se acerquen a la Mesa. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda transaccional aceptada
por todos los grupos que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que, a petición de la Consellería de Agricultura de
la Generalitat Valenciana, y de acuerdo con la nueva línea de actuación,
abierta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el pasado
mes de septiembre, para los frutos secos, en cofinanciación con las
comunidades autónomas inicie y financie un plan zonal para la Comunidad
Autónoma Valenciana y, en concreto, para los productores de avellana en
la provincia de Castellón, similar al ya existente en otras comunidades
autónomas.
Este es el texto de la transacción de todos los grupos, que seguidamente
vamos a proceder a su votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley, número 4 en el orden del día, relativa a la carne
de vacuno, según el texto propuesto por el portavoz del Grupo Socialista
que dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que
gestione ante la Comisión de la Unión Europea que a España se le conceda
el número suficiente de derechos para satisfacer las necesidades del
sector vacuno.
Votamos esta proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la captura del bacalao.
Como no se ha aceptado ninguna enmienda a esta proposición no de ley,
votamos el texto propuesto por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición no de ley relativa a la protección de la flota
pesquera, propuesta por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votación de la proposición no de ley, que figura con el
número 7, relativa a la inspección de buques de pesca.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Completado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.